Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 24 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 15

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Marzo de 2015

SUMARIO                                              


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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS DE LA LEY DE PLANEACIÓN.

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Productividad. Intervienen los Senadores Luis Armando Melgar Bravo, Ricardo Urzúa Rivera, Cesar Octavio Pedroza Gaitán.

Para fijar los posicionamientos de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Jorge Aréchiga Ávila, Ángel Benjamín Robles Montoya, Francisco Búrquez Valenzuela, Braulio Manuel Fernández Aguirre.

Para la discusión en lo general, intervienen los Senadores Mely Romero Celis, Zoé Robledo Aburto, Isaías González Cuevas, Mario Delgado Carrillo, Armando Ríos Piter y Miguel Ángel Chico Herrera. Se inserta intervención de los Senadores David Monreal Ávila y Mónica Tzasna Arriola Gordillo. Se remite al Ejecutivo Federal.


PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO.

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, María Lucero Saldaña Pérez, María Elena Barrera Tapia, Ninfa Salinas Sada, Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la actitud de discriminación hacia las mujeres por parte de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, “Kiko Vega”, gobernador de Baja California. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.



























 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (12:27 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del jueves 19 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del día miércoles dieciocho de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de ley al ciudadano Víctor Salinas Balam como Senador de la República.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Especial de Movilidad, el Informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse a la Conmemoración del 77 Aniversario de la Expropiación Petrolera.- Intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Benjamín Robles Montoya del PRD; Francisco Salvador López Brito del PAN; David Penchyna Grub del PRI; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; y Dolores Padierna Luna del PRD.

(Iniciativas)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona la fracción XVI del artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 59 y 59-A de la Ley Aduanera, en materia de importación de autos usados.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que modificaba el artículo 56 de la Ley General de Asistencia Social y los artículos 7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud.

3) De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo por el que da conclusión al proyecto de decreto que reformaba la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a coordinar las acciones pertinentes que permitan a un mayor número de municipios con alta y muy alta marginación que forman parte de las regiones de tierra caliente y norte del estado de Guerrero, acceder al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur anunciado por el Gobierno de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República se congratula por la realización de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero de 2014 en Nuevo Vallarta, Nayarit.

2) Por el que el Senado de la República externa su reconocimiento y congratulación por la reelección de los Estados Unidos Mexicanos como miembro del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para el período 2015-2018.

3) Por el que el Senado de la República se une a la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Angélica de la Peña Gómez, remitió el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates. Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de qué manera ha participado el Estado Mexicano en la Coalición multilateral contra el Estado Islámico en Iraq y Siria y qué acciones ha emprendido en torno a este tema; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar con toda claridad en qué consistirá la participación de México en las Misiones de Paz de la ONU, anunciada por el titular del Ejecutivo Federal durante la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas.- Intervinieron los senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Zoé Robledo Aburto del PRD. La propuesta del Senador Encinas, no se admitió a discusión. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo:

1) Sobre fibrosis quística.

2) En materia de enfermedades cardiovasculares.

3) Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria sobre salud bucal, para la prevención y protección contra la caries dental.

4) El relativo a los brotes de sarampión.

5) Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las medidas necesarias para prevenir entre la población de adolescentes la práctica del “cutting”.

6) Que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico.

7) Que exhorta a la Secretaría de a informar sobre las medidas implementadas para prevenir y combatir la fiebre chikungunya o virus del dolor.

8) Que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al Sistema de Salud del gobierno de Sonora a instrumentar y reforzar las acciones en materia de prevención, detección y atención especializada para el tratamiento adecuado de las personas afectadas por la contaminación del Río Sonora.

9) Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar las condiciones para que se incluya la atención del cáncer de pulmón de células no pequeñas y su tratamiento, en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo, en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedad que genera gastos catastróficos.

10) Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un informe sobre el uso del condón femenino.

11) Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, implementen una campaña nacional de esterilización masiva, permanente y gratuita de perros y gatos con o sin dueño.

En la discusión conjunta de los dictámenes, intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, para referirse al dictamen sobre fibrosis quística; Francisco Salvador López Brito del PAN, para referirse al de enfermedades cardiovasculares; Fernando Mayans Canabal del PRD, para referirse al relativo a los brotes de sarampión; Cristina Díaz Salazar del PRI, para referirse al dictamen sobre cáncer de pulmón; Lucero Saldaña Pérez del PRI, para referirse al dictamen sobre el condón femenino; y Adolfo Romero Lainas del PRD, para referirse a todos los dictámenes. La Presidencia informó que la Senadora Mónica Arriola entregó el texto de su intervención en relación con el dictamen sobre el cáncer gástrico, el cual se insertó en el Diario de los Debates. Los once dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo:

1) En relación con la empresa Clorobencenos, S.A. de C.V., ubicada en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

2) En torno al derrame de hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, del estado de Nuevo León.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea siete dictámenes de la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo:

1) El relativo a los sistemas de alertas sísmicas.

2) Por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos un informe sobre las acciones que se llevaron a cabo para salvaguardar a la población y sus bienes en la temporada de ciclones tropicales 2014.

3) Por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México por su labor de auxilio a las comunidades que sufrieron los embates de los diferentes fenómenos meteorológicos durante 2014.

4) Por el que quedan sin materia dos proposiciones sobre el sismo del 18 de abril de 2014.

5) Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a emitir declaratoria de emergencia para liberar los recursos del FONDEN, para atender las afectaciones generadas por el huracán “Norbert” en Baja California Sur.

6) Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a aplicar los recursos del FONDEN para la atención de las personas que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en el estado de Chiapas.

7) Por el que queda sin materia la proposición sobre los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico “Trudy” en el estado de Guerrero.

Sin discusión, los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a informar sobre el permiso de pesca de fomento para la pesquería de pajarito como carnada para la pesca deportiva en la región de Los Cabos, Baja California Sur.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo:

1) Relativo a la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y promoción de las mujeres del servicio exterior mexicano.

2) En torno a jefas y jefes de familia.

Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI para presentar los dictámenes. Fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los resultados del Programa Oportunidades. Asimismo, de las acciones que llevará a cabo como parte del Programa Prospera.- Intervino la Senadora Lorena Cuellar Cisneros del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres que tome las medidas pertinentes para que la República Popular de China y los Estados Unidos de América detengan la compra y tráfico ilegal del producto denominado “vejiga natatoria o buche”, especie en peligro de extinción y con veda indefinida en México.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Federalismo, con punto de acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República recomienda al gobernador del estado de Tlaxcala atender las disposiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias de ese estado y emitir a la brevedad el reglamento de dicho ordenamiento.

2) Por el que el Senado de la República recomienda al congreso del estado de Tlaxcala evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del estado.

3) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación ejercer sus facultades de investigación y presentar las denuncias penales correspondientes por la deuda de Michoacán de Ocampo.

4) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición para extender una felicitación al estado de Baja California Sur por su 40 aniversario de erección como estado integrante de la Federación.

En la discusión de los cuatro dictámenes, intervinieron los Senadores: Martín Orozco Sandoval del PAN y Lorena Cuellar Cisneros del PRD. Fueron aprobados en votación económica.

 

 

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- La Presidencia informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar diversas propuestas de modificación a los artículos: 7, 11, 17, 20, 41, 43, 68, 70, 86, 91, 100, 149 y 156 del proyecto de ley; y, en el apartado de consideraciones, en las páginas 281 y 287. El Presidente informó que las adecuaciones en la parte considerativa se incorporarán al texto del dictamen. Asimismo, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los Presidentes de las Comisiones dictaminadoras, remitieron propuesta de modificación a los Artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del proyecto de ley. La Asamblea autorizó integrar ambas propuestas al proyecto de ley, para su discusión.

Para presentar el dictamen, intervinieron los senadores: Pablo Escudero Morales, por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: David Monreal Ávila del PT, en contra; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Maria Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Mayela Quiroga Tamez del PRI, a favor; Fernando Torres Graciano del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Anabel Acosta Islas del PRI, a favor; Sonia Rocha Acosta del PAN, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; Gerardo Sánchez García del PRI, a favor; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, a favor; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó a la Asamblea que las modificaciones relativas al artículo 11 se retiraban para quedar en los términos del dictamen. Asimismo, informó que los senadores Benjamín Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros, Daniel Amador Gaxiola y Mónica Arriola Gordillo entregaron los textos de sus intervenciones a este dictamen, los cuales se incorporaron al Diario de los Debates. La Presidencia dio a conocer las reservas al proyecto de ley: Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, los artículos 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, los artículos 5, 7, 9, 19 y 65. Senador David Monreal Ávila del PT, los artículos 23 y 113. Senador Víctor Hermosillo y Celada del PAN, los artículos 24, 53 y 70. Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, el artículo 83. Senador Mario Delgado Carrillo del PRD, el artículo 83. El proyecto de ley fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 110 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención.

En la discusión en lo particular, se presentaron las reservas, intervinieron los Senadores: Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, presentó las relativas a los artículos 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio, las cuales no se admitieron a discusión. La Presidencia dio cuenta con las propuestas de modificación del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT a los artículos 5, 7, 9, 19 y 65, las cuales no fueron admitidas a discusión. Asimismo, la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador David Monreal Ávila del PT a los artículos 23 y 113, no se admitieron a discusión. El Senador Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a los artículos 24, 53 y 70, no se admitieron a discusión. Los Senadores Manuel Bartlett Díaz del PT y el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD, presentaron su reserva al artículo 83; las cuales no se admitieron a discusión. Fueron aprobados en los términos del dictamen los artículos 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 53, 55, 61, 64, 65, 70, 72, 83, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio del proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Productividad, proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley de Planeación.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión. Quedó de primera lectura.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández, Aarón Irízar López y Arquímedes Oramas Vargas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit, así como al Órgano de Fiscalización Superior de ese estado, a investigar y, en su caso, iniciar los procedimientos respectivos a la administración del alcalde del municipio de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a publicar el Programa Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de laicidad.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de chikungunya en el estado de Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a informar sobre los hechos ocurridos en la estación migratoria de Morelia.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza todo tipo de discriminación en contra de las personas que viven con VIH.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informar sobre los recursos con los que cuenta para implementar la modificación a la NOM-033-ZOO-1995 “Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres”.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para emitir un mensaje a la Cámara de Diputados en reconocimiento por el aplazamiento de la votación del dictamen de la Ley General de Aguas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances de los trabajos de rehabilitación en las 11 estaciones de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que asista a una reunión de trabajo a esta Soberanía, a fin de que informe sobre las acciones implementadas para solventar las observaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en torno a la línea 12 del Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre las denuncias que ha remitido a la Procuraduría General de la República; asimismo, un informe sobre las debilidades legislativas que la Procuraduría observe e impidan una actuación amplia y expedita ante lesiones ambientales y observaciones que considere interesantes a esta institución.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones en relación a diversas irregularidades en la contratación de obra pública que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron durante el primer año de ejercicio de las administraciones actuales de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el derrame de solución gastada de cobre en Cananea, Sonora.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe que esclarezca que en cuestión técnica y de competencia, los contratos con la compañía de arrendamiento automotriz Casanova Rent efectivamente fueron realizados bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe en el que detalle la procedencia y condiciones de estancia de animales silvestres y en peligro de extinción que fueron asegurados en el "Club de Animalitos" en Tehuacán, Puebla.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre las estrategias de detección oportuna y tratamiento de la Diabetes tipo 1; y al titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia a que, en el marco de los Programas de Atención a la Salud de niños y adolescentes, se implementen estrategias de información y detección de la Diabetes tipo 1.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un informe en el que explique qué acciones implementará para cumplir a cabalidad las recomendaciones emitidas por el Relator Especial contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en su “Exposición escrita presentada por Amnistía Internacional, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial”.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores Héctor Yunes Landa y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y, en su caso, crear la norma oficial mexicana que establezca las especificaciones de calidad que debe cumplir el piloncillo o panela para consumo humano, que se comercializa en territorio nacional y mercado internacional.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Efemérides)

La Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse al natalicio de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 77 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración del 77 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 77 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 77 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración del 77 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintidós horas con seis minutos y citó a la siguiente el jueves diecinueve de marzo a las doce horas.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron comunicaciones de la Cámara de Diputados, por la que nos informan sobre los siguientes asuntos:

De la elección del Diputado Julio César Moreno Rivera, como Presidente de la Mesa Directiva, de los Diputados Martín Alonso Heredia Lizárraga y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, como Vicepresidentes y del Diputado Luis Antonio González Roldán, como Secretario de la misma, para el tercer año de ejercicio de la actual legislatura.







 

De la aprobación de la prórroga al nombramiento del ciudadano Alejandro Romero Gudiño, como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por un periodo de cuatro años, comprendido del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2019.







 

Y de la modificación en la integración de Diputados ante la Unión Interparlamentaria Mundial.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Señoras y señores Senadores, destaco la presencia en este Pleno, del señor Mario Casillas, Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes; del señor Eric del Castillo, Vicepresidente de la ANDI; del señor Memo Ríos, comediante; del señor Luis de Alba, comediante; y del señor Rogelio Guerra, actor. Nos visitan en este Pleno, ¡bienvenidos todos ustedes!, de verdad, nos sentimos honrados con su presencia.

También nos acompaña el señor Abel Marín, bienvenido, don Abel.

No los invito a tomar tribuna, porque nos desplazarían muy fácilmente.

Gracias, señores.

 





 

VISITA DE LA DELEGACIÓN DEL FORO DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE PODERES LEGISLATIVOS DE CENTROAMERICA Y LA CUENCA DEL CARIBE

Compañeras y compañeros Senadores, se encuentran de visita en el Senado, una delegación del Foro de Presidentas y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, que acuden al Senado para conocer el proceso de armonización de la normatividad en materia de protección a niños migrantes.

Nuestros visitantes se encuentran en el salón anexo y desean ingresar a este recinto, para recibir el saludo del Senado y que se le permita a su presidente pronunciar un mensaje a nosotros.

Solicito a las Senadoras y Senadores Armando Ríos Piter, Salvador López Brito, Gerardo Flores, Pilar Ortega y Ana Gabriela Guevara, es la anfitriona, también ayúdanos, ya está Gerardo Sánchez nombrado, para que incorporen a este recinto a nuestros visitantes.

Les pido, por favor, cumplan con la comisión.

(La comisión cumple)

Honorable Asamblea, damos la bienvenida a los Diputados que integran la delegación del Foro de Presidentas y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

Les pido a las y los señores Senadores ocupemos nuestros escaños; les pido a las y los asesores puedan incorporarse en un sitio que no altere el orden de esta sesión, se los ruego.

Se encuentran con nosotros el Diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Él es el Presidente del Foro de Presidentas y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

Está con nosotros la Diputada Lorelly Trejos Salas, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

El Diputado Manuel Elpidio Báez, de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

La Diputada Karina Sosa, de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El Diputado Jean Paul Briere Samayoa, del Congreso de la República de Guatemala.

El Diputado Miguel Edgardo Martínez Pineda, Vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras.

El Diputado Carlos Emilio López Hurtado, de la Cámara de Diputados de Nicaragua.

La Diputada Kensa El Ghali, de la Cámara de Diputados de Marruecos.

Está también presente el señor Carlos Antonio Ascencio Girón, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de El Salvador en México.

Saludamos la presencia de la Diputada Amalia García Medina, que participa en los trabajos de FOPREL. Bienvenida, Amalia.

Asimismo, saludo la presencia de la comitiva que acompaña a nuestros invitados.

Expreso a todos la bienvenida a nombre del Senado de la República y nos congratulamos por su presencia en esta sesión del Pleno.

Solicito al Diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y Presidente de este Foro, haga uso de la tribuna para dirigir un mensaje a este Pleno.

El Diputado Sigfrido Reyes: Distinguido Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado del Congreso de la República Mexicana; distinguidos miembros de la Mesa Directiva; distinguidas Senadoras y Senadores; colegas Diputados, Diputadas de los Congresos miembros de FOPREL; estimada Diputada Amalia García, de la Cámara de Diputados de México; estimado Embajador Carlos Ascencio:

Realmente constituye un gran honor para mí estar ante la Cámara de Senadores, en esta casa de la democracia mexicana, en este recinto donde se vive el espíritu y la herencia de hombres y mujeres que forjaron la patria mexicana, el espíritu de Hidalgo, de Morelos, de Allende, de los Niños Héroes de Chapultepec, de Juárez que nos dice que: “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, donde se vive el espíritu de los grandes luchadores de la Revolución, de Villa, de Zapata.

Y me complace particularmente este día estar acá en México representando, junto con mis colegas, a sus hermanos centroamericanos y caribeños, un día después que se haya celebrado el día histórico en que México nacionalizó su petróleo, por el Presidente Lázaro Cárdenas, que fue ese hombre que le heredó a la nación mexicana ese recurso que por derecho le corresponde.

Venimos de Centroamérica, de naciones hermanas, de naciones con las que tenemos con México una tremenda identidad cultural, como lo subrayaba el Presidente Barbosa Huerta esta mañana en la inauguración de nuestro evento.

Hace cientos de años, pueblos mexicas emigraron al sur y constituyeron lo que ahora son naciones como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador; por eso somos hombres y mujeres de maíz, por eso compartimos con la nación mexicana rasgos tan esenciales como el idioma náhuatl, como la tortilla, como nuestras tradiciones culturales.

Por eso estar aquí, esta mañana, nos llena de una gran emoción.

Con México compartimos el ideal de construir sociedades prósperas, sociedades democráticas, sociedades seguras, estados donde se respete la ley, donde se protejan los derechos humanos de cada uno de los habitantes.

Sociedades donde se abra cada vez más la participación a los ciudadanos, donde la transparencia en la gestión de los asuntos públicos sea la nota del día.

Felicito al Senado de la República Mexicana porque hemos sabido que, el día de ayer, han aprobado una importantísima ley, como es una ley para favorecer la transparencia, algo que las sociedades modernas reclaman.

Algunos de nuestros países hemos tomado pasos similares en años recientes, y yo les puedo decir que eso sólo trae cosas positivas.

En el caso de mi país, El Salvador, el Congreso, la Asamblea es la institución que más requerimientos recibe de los ciudadanos para saber qué hacen sus Diputados, a dónde viajan sus Diputados, en qué proyectos están trabajando y así en todo el Estado.

Nosotros promovemos, desde nuestras instancias democráticas legislativas, una mayor cercanía con la gente.

También nos une con la nación mexicana el anhelo de preservar nuestra independencia, de reforzar nuestra soberanía y tener un espacio digno en el concierto de naciones.

Hoy en día, América Latina y El Caribe vivimos momentos excepcionales, pasos que hemos dado para fortalecer nuestra integración, nuestra unidad, el haber construido esa comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños es un paso fundamental en esa ruta. Sin embargo, hay que decir que esos valores sagrados de soberanía, de autodeterminación, de no injerencias, encuentran frecuentemente amenazas, encuentran frecuentemente riesgos.

No puedo dejar de mencionar, en este foro, que una nación latinoamericana, la República Bolivariana de Venezuela, ha sido declarada por el gobierno de Estados Unidos como una amenaza; y muchos nos preguntamos, ¿qué amenaza puede ser Venezuela para los Estados Unidos de América, la mayor potencia militar y económica del mundo? O, ¿qué amenaza pudo haber sido Cuba en su momento?

Celebramos esa decisión de Cuba y Estados Unidos de caminar hacia una normalización de relaciones, pero nos preocupa y rechazamos la pretensión de una potencia de inmiscuirse en los asuntos internos de un país latinoamericano, como lo condenaríamos si fuese México o fuese cualquier país de nuestra región, es inaceptable.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se violente de esa manera el Derecho Internacional y los principios básicos que le dan sustento, y que el Estado mexicano ha sido en eso ejemplar en el concierto de naciones cuando ha tenido que defender su autodeterminación.

Con México, las naciones de Centroamérica y El Caribe tenemos relaciones que yo considero no sólo saludables, sino también cada vez más profundas y más fructíferas.

Tenemos un diálogo político del más alto nivel, y en ese sentido, los congresos, los parlamentos, los senados estamos haciendo lo que nos corresponde, abordando la problemática común en materia de desarrollo económico; en materia social; educación; salud; en aspectos productivos, como la integración de nuestra infraestructura; la energía; la ciencia y la tecnología; la preservación del ambiente y la cultura.

La relación creo que está en un momento excepcional, y yo llamo a mis amigos, colegas Senadoras y Senadores, a que continuemos en esa ruta. La diplomacia parlamentaria se ha constituido en el mundo moderno en una herramienta excepcional, valiosísima para superar escollos que a veces los Poderes Ejecutivos no logran superar, y el diálogo parlamentario franco, directo, amistoso, nos ayuda a encontrar rutas y soluciones que a veces los Poderes Ejecutivos tienen más dificultades.

Hoy estamos convocados, y gracias a la hospitalidad del Senado de la República, a discutir un tema que es absolutamente relevante: la problemática de nuestros migrantes, de nuestros hombres y mujeres migrantes, pero sobre todo, de nuestros niños y niñas migrantes que por circunstancias del destino tienen que viajar, muchos de ellos, sin acompañamiento de un adulto responsable, de su padre, de su madre, y son sometidos a condiciones sumamente violatorias de sus derechos humanos.

México enfrenta ese problema, las naciones centroamericanas y caribeñas enfrentamos ese problema, y este encuentro que ha sido promovido por el Senado, y quiero destacar en ello el rol muy especial del Vicepresidente José Rosas Aispuro, de la Senadora Gabriela Cuevas, de la Senadora Ana Gabriela Guevara y con la cooperación muy cercana de la Diputada Amalia García, nos está sirviendo para discutir esa problemática.

México es una nación emisora de migrantes, pero también es una nación de tránsito de migrantes y, en tal sentido, queremos reconocer los avances legislativos que ha tenido México en los últimos tiempos.

En particular, agradecer que ya en la República Mexicana, la migración indocumentada ya no es ni puede ser considerada como un delito. La migración, al final de cuentas, viene explicada por razones estructurales; en nuestras sociedades tenemos problemas graves de desempleo, problemas sociales graves, problemas que no se van a resolver de la noche a la mañana.

Coyunturalmente también estamos sufriendo el impacto de la violencia criminal generada por grupos del crimen organizado, que se ensañan con nuestra gente inocente; grupos que se lucran del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas, y los niños y niñas son seres excepcionalmente vulnerables ante eso.

Y, por otro lado, tenemos miles de familias, particularmente en los Estados Unidos, que quieren ver a sus hijos, que quieren ver a sus niños y niñas, ¿cómo darle solución a eso?

México, como nación de tránsito, ha mejorado en los últimos años el tratamiento a los migrantes y nosotros queremos reconocer ese avance.

Pero al mismo tiempo reconocer que hay retos, que hay desafíos, sobre todo con los migrantes más vulnerables: los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, los niños y las niñas, y que se debe de procurar perseguir y sancionar ejemplarmente a los autores de delitos contra esta gente inocente.

Al mismo tiempo, venimos a proponerle al Senado que creemos un frente común para enfrentar a aquellos que al norte de la frontera mexicana todavía ven al migrante como una amenaza, como un ser ilegal.

Nosotros proclamamos, ante el mundo, que no hay seres humanos ilegales; hay seres humanos que, motivados por circunstancias económicas o de su propia seguridad personal o comunitaria, han tenido que abandonar sus comunidades, pero no es aceptable, en pleno siglo XXI, que consideremos que hay seres humanos ilegales.

Hay una coyuntura muy especial en los Estados Unidos, donde sectores progresistas se han atrevido a dar pasos para defender a nuestra comunidad de migrantes.

Nosotros tenemos que buscar un acercamiento con nuestros sectores, para que lo poco que se ha avanzado no tenga retroceso y que aquellos sectores más radicales, más recalcitrantes contra nuestros migrantes, no tengan éxito.

En fin, señor Presidente, esta ocasión nos sirve para reanudar y reforzar este diálogo político entre nuestros congresos, pero nos debe de servir también para construir propuestas comunes, una agenda común.

Los migrantes, a la hora de defender sus derechos, no podemos andar distinguiendo si son mexicanos, si son nicaragüenses o son dominicanos, son nuestros migrantes y sus derechos no pueden ser conculcados.

Llamo al Senado, a mis colegas, a nuestros congresos, a que reforcemos esa cooperación, ese diálogo y propongamos legislación común, instrumentos internacionales de refuerzo a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Y al Senado de México nuestro agradecimiento por su hospitalidad y nuestros brazos extendidos para que sigamos fortaleciendo la cooperación, la integración y la unidad de nuestros pueblos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Agradezco la intervención del Diputado Sigfrido Reyes.

Señores parlamentarios, integrantes de este Foro de Presidentas y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe: El Senado de la República en México, se siente honrado con su presencia y, desde luego, sabemos del éxito que se encontrará en los trabajos que se desarrollarán el día de hoy en este foro; el tema, es un tema que a todos nos duele: la fragilidad jurídica para los niños migrantes, los niños migrantes no acompañados.

Pero quiero destacar el papel de los congresos en Centroamérica.

Consideren a México un país que cada vez voltea más al sur, voltea más a Latinoamérica, somos pueblos que tienen un mismo origen.

Hablábamos, en la mañana, del color de nuestra piel. Hoy estamos aquí reunidos parlamentarios con el mismo color de la piel.

Si camináramos por el mundo nos podrían identificar como México-centroamericanos o centroamericanos-mexicanos.

Ese es el valor fundamental también de esta reunión, de que entre líderes parlamentarios, como lo son ustedes, podamos encontrar, con los líderes parlamentarios y los parlamentarios de México, la construcción de soluciones comunes.

Los problemas que ustedes tienen son también nuestros problemas, y el esquema de poder entenderlos tiene los mismos elementos que se encuentran en nuestro país.

En nuestro país estamos haciendo esfuerzos institucionales para crear andamiajes legales para resolver los problemas que enfrentamos.

Somos parte de una pluralidad política que se expresa acá en el Senado de la República y que resuelve los temas de su competencia con procedimientos legales.

Entendemos cuál es la problemática y la asumimos, tenemos una posición crítica.

Les he dicho, por la mañana, que nuestra sociedad, la sociedad de los países de Centroamérica y México ya cambió. Quien tiene que cambiar es la política.

Hoy le toca a la política cambiar y nos toca a nosotros, como integrantes de los Parlamentos, provocar esos cambios a través de la ley.

Hagamos del propósito de las leyes el bien común, no podemos encontrar otro propósito en el desempeño de nuestras funciones constitucionales.

Los líderes parlamentarios, aquí presentes, que están en sus escaños, por mi conducto, les dan un saludo. El Senador Emilio Gamboa, el Senador Fernando Herrera, el Senador Manuel Bartlett, el Senador Carlos Alberto Puente y su servidor, nos sentimos honrados y complacidos con su presencia, es una reunión de mexicanos-centroamericanos y de centroamericanos-mexicanos y caribeños.

Gracias por su presencia.

Felicito a los Senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores: a Ana Gabriela Guevara, a José Rosas Aispuro, a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, por el desarrollo del trabajo de este foro.

Bienvenidos, amigas, amigos, hermanos centroamericanos y del Caribe.

Gracias.

Para dignificar su visita a esta Asamblea, solicito a las Senadoras Secretarias impongan a nuestros distinguidos invitados el distintivo que los acredita como Senadoras y Senadores Honorarios de esta Cámara.

(Las Secretarias colocan distintivo)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: También a nombre del Senado, se entregará un regalo al Presidente del Foro. Gracias.

Agradezco la visita que nos hacen los integrantes de la Delegación del Foro de Presidentas y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

Les deseo que su visita al Senado de la República, estoy seguro de ello, será exitosa y de utilidad para sus trabajos parlamentarios.

Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros visitantes cuando deseen retirarse del salón.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Anáhuac del Norte, Campus Estado de México, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Bienvenidos!, alumnos de la Universidad Anáhuac, Campus Estado de México.

También saludamos y damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, por el Senador Omar Fayad y por el Senador David Penchyna.

También saludamos a estudiantes y profesores del Instituto de Ciencias Jurídicas y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett.

Me congratulo con su presencia, paisanas y paisanos.





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En el apartado de iniciativas, se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativa a la no obstrucción de espacios asignados para personas con discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, RELATIVA A LA NO OBSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ASIGNADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, a nombre propio y de diversas Senadoras de la República, es que presentamos esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es una modificación al artículo 47 para que se puedan emitir lineamientos a los gobiernos subnacionales y también al gobierno del Distrito Federal, en materia de desarrollo territorial y de bienes inmuebles, todo esto con el fin de que se garantice el respeto a los espacios asignados a las personas con discapacidad; y en función de ello, por supuesto, se garantice y se respeten los derechos humanos a la accesibilidad y movilidad en las vías públicas.

Y es que en México existen 5.7 millones de personas que poseen alguna discapacidad, 3.3 específicamente presentan discapacidad motriz, y en general 58 de cada 100 personas tienen alguna dificultad para moverse.

Lamentablemente este tipo de discapacidad afecta en mayor medida a los adultos mayores. El 71 por ciento tienen una discapacidad motriz o tienen dificultad para desplazarse.

La discapacidad en México está ligada precisamente al fenómeno del envejecimiento poblacional. Este escenario significa un reto en materia social y en materia sanitaria para el país, ya que se prevé que para las próximas décadas, la población con discapacidad crecerá entre un 10 y un 15 por ciento.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la del 2010, alude a que el 34 por ciento de las personas encuestadas opinan que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Esto significa que una gran cantidad de personas, o siente que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad a plenitud, o en algún sentido o en alguna medida.

Hay una situación en particular que está sucediendo en nuestro país y que tiene que ver con el hecho de que no se permite el libre tránsito a las personas que tienen discapacidad por las vías públicas, y es que hay, por otro lado, un derecho que estamos buscando garantizar y de hecho hemos legislado en este Senado de la República, que tiene que ver con el poder dar la posibilidad a las personas a que accedan a las tecnologías de comunicación y de información.

Así hay muchas empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija, de telefonía celular, de Internet y de televisión que instalan infraestructura en los diferentes espacios, que se les permite una gran cantidad de estos espacios, resultan ser banquetas, calles o espacios, pues, que son para el disfrute de las personas en general, como lo pueden ser parques, plazas o jardines.

En este sentido, sí se está buscando garantizar el derecho a las tecnologías de la comunicación, pero por otro lado, cuando alguna infraestructura está instalada de manera que obstruye el paso de las personas, entonces se violenta ese derecho de accesibilidad y movilidad para muchos millones de mexicanos.

Así lo han señalado, de hecho, algunas autoridades a nivel local y estatal.

El 8 de marzo de este mismo año, el titular del Instituto Colimense para la Discapacidad, en Colima, el maestro Pérez Medina, hizo pública su propuesta de solicitar que se retiren las cabinas telefónicas, específicamente de las vialidades, de las banquetas, en razón a que son un obstáculo para las personas con discapacidad.

En diciembre del año pasado, el Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, también manifestó que en los primeros meses de 2015, se llevaría a cabo la reubicación de casetas telefónicas localizadas en el primer cuadro de la ciudad, porque se colocaron de manera indiscriminada y sin la autorización correspondiente para su colocación.

En el año de 2013, también en el ayuntamiento de Puebla, el cabildo se pronunció por reubicar un total de 70 de las más de 7 mil casetas telefónicas que están instaladas en ese municipio, porque también obstruían la vialidad de las personas con discapacidad.

Esto es una vulneración, pues, a sus derechos, sí de accesibilidad y de movilidad, pero además, es una situación que pone en riesgo la vida misma de las personas que transitan por la calle y que, al existir un obstáculo, tienen que bajar al espacio donde transitan los vehículos. Se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo su integridad personal y, por supuesto, se vulneran los derechos que están tutelados en los artículos 4o. y 5o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano forma parte desde el año de 1981.

Así pues, es un propósito fundamental de esta Soberanía, así como del Estado mexicano, garantizar todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, y cumplir con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lo que estamos proponiendo, es una modificación al artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como una medida legislativa para asegurar, promover y proteger los principios a los que hace alusión la Convención sobre las Personas con Discapacidad.

Se trata de que se puedan establecer lineamientos específicos para la instalación de este tipo de infraestructura: casetas, postes, antenas, todo lo que tiene que ver con los esquemas de las telecomunicaciones, tiene que haber lineamientos para la autorización de la instalación de las mismas.

Y si bien es cierto que, hoy en día, son los municipios quienes tienen la facultad de autorizar la instalación, tiene que haber lineamientos que sean homogéneos a nivel nacional, que vayan acordes con las mismas especificaciones de todo lo que concierne a las telecomunicaciones para que se busque garantizar, vaya, todos los derechos, tanto en materia de comunicación como de accesibilidad y movilidad.

El proyecto de Decreto, pues, consiste en modificar el artículo 147, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 147.- El Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN, establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades competentes en cada caso.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones y lineamientos a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura y obra pública, así como de desarrollo territorial, bienes inmuebles, que garanticen el respeto a los espacios asignados para las personas con discapacidad y a partir de ello se garantice su accesibilidad y movilidad en las vías públicas; así como fomentar la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Ningún concesionario de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.”

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHES, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, Senadoras de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativa a la no obstrucción de espacios asignados para personas con discapacidad, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 13 de diciembre de 2006, el pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las personas con discapacidad y en función de ello se respete su inherente dignidad humana.

El Estado Mexicano firmó dicha convención con fecha del 30 de marzo de 2007 y fue ratificado por el Senado de la República el 17 de diciembre de 2007, de acuerdo a lo señalado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al ser estado parte de la convención, el Estado Mexicano está obligado en adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos los derechos y principios reconocidos en dicha convención, además de abstenerse de actos que sean incompatibles a la convención, ello encuentra su fundamento en el artículo 4°, numeral I, incisos a) y d)1, de la referida convención.

En 2011, la Organización Mundial de la Salud –OMS- y el Banco Mundial –BM-, publicaron el “Primer Informe sobre la Discapacidad”, este informe tiene como fin proporcionar información estadística para la formulación e implementación de políticas públicas tendientes a mejorar el nivel de vida de las personas con discapacidades y en función de ello se logré facilitar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual fue aprobado por las Naciones Unidas en 2006; así mismo, este informe propone medidas administrativas y legislativas para que los estados parte y sociedad civil organizada, desarrollen entornos favorables, espacios de rehabilitación y servicios de apoyo hacia las personas con discapacidad pero sobre todo hacer conciencia de que las personas con discapacidad son poseedores de derechos humanos, en igualdad de condiciones y a través de éstos derechos humanos y sus garantías se respete su dignidad humana.

En el informe se estimó para 2010 que existía más de un millón de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 15% de la población mundial, cifra superior en cinco puntos porcentuales a la estimada por primera vez en 1970 -10% de la población mundial-; en dicho informe se alude que el incremento registrado y observado durante estas cuatro décadas radica principalmente en el envejecimiento de la población mundial, además al aumento de enfermedades crónicas, mismas que se encuentran asociadas a la diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales.

Asimismo, en el Informe sobre la Discapacidad, señala que la discapacidad afecta de forma directa a las poblaciones más vulnerables –entre ellas a mujeres y ancianos del quintil más pobre-, aquejando de manera significativa a los países de ingresos bajos que en los países de ingresos elevados, también menciona que las personas con pocos ingresos, sin una fuente de empleo formal y poca formación académica son propensos de poseer un mayor riesgo a convertirse en personas con discapacidad.2

En 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó el documento titulado “Las Personas con Discapacidad en México, una visión al 2010”, información estadística derivada del Censo de Población y Vivienda 2010, en el se contabiliza un total de 5 millones 739 mil personas que tienen alguna dificultad o discapacidad para hacer actividades cotidianas de manera específica, éstas son: comunicarse, ver, caminar, hablar, escuchar, atender sus cuidados personales y aprender; la población discapacitada representa el 5.1% de la población nacional.

De la información estadística del INEGI, se logra apreciar y constatar la aseveración que hizo la OMS y BM, relativa a que una de las causas del incremento observado en las últimas cuatro décadas sobre discapacidad deriva del envejecimiento de la población mundial. Esta situación no es ajena a la población mexicana, en razón de que la población con discapacidad está conformada por adultos mayores, de 60 y más años de edad, y de adultos, de 30 a 59 años de edad, es decir, 81 de cada 100 personas que padecen alguna discapacidad tienen 30 y más años, y sólo 19 de cada 100 personas con discapacidad son menores de 30 años.

Por lo tanto, la discapacidad en México, ésta ligada al fenómeno de envejecimiento poblacional, escenario que significa un reto en materia social y sanitaria para el país, ya que se prevé que para las próximas tres décadas la población con discapacidad crecerá del 10 al 15% y hasta llegar al 25%.

Específicamente, de los 5.7 millones de personas que poseen alguna discapacidad, tan sólo 3.3 millones de ellos presentan discapacidad motriz, ya sea para caminar o desplazarse de manera propia, significando que 58 de cada 100 personas con discapacidad, tienen una dificultad para moverse. Este tipo de discapacidad afecta y aqueja en mayor medida a los adultos mayores, ya que el 71.4% de las personas con discapacidad motriz son adultos de 60 años y más, es decir, 2.4de los 3.3 millones de personas con discapacidad motriz.3

La Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, señala que el 34% de las personas encuestadas opinan que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, en tanto que el 36.6% percibe que los derechos de las personas con discapacidad son respetados por partes4, es decir, 70 de cada 100 habitantes consideran que no se respetan o sólo se respetan en parte los derechos de los miembros de este grupo de la población.

Lamentablemente, al no ser respetados los derechos y principios generales de accesibilidad, protección de la integridad personal y movilidad personal de las personas con discapacidad, se pone en riesgo y peligro los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de esta población vulnerable, mismos que se encuentran tutelados en los artículos 4° y 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de éste último el Estado Mexicano forma parte de él desde marzo de 1981.

Es preciso que la actual legislación observe lo que señala la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que da a conocer que por accesibilidad, se entiende como las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Asimismo, la misma Ley que protege a las personas con discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras, para ello las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Del proyecto de reforma legal:

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encuentra facultado para emitir recomendaciones hacia los gobiernos estatales y municipales, incluido el Gobierno del Distrito Federal, para el desarrollo de infraestructura y obra pública, y desarrollo de bienes inmuebles y territorial, que fomenten los principios constitucionales establecidos en el artículo 6°, sección B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la competencia, libre concurrencia y cobertura en telecomunicaciones. La iniciativa de reforma legal al artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tiene como objetivo central que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pueda emitir también lineamientos para que el desarrollo de infraestructura y obra pública no obstruya los espacios asignados hacia las personas con discapacidad y en función de ello se garantice, respete y proteja el principio general de accesibilidad, ratificado por el Estado Mexicano en diciembre de 2007 como estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con la finalidad de poseer con mayor claridad el objetivo de esta propuesta de reforma legal a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se muestra a continuación un cuadro comparativo, relativa a la reforma que pretende esta iniciativa:

Texto actual:

Texto propuesto por la iniciativa:

 

TÍTULO QUINTO
De las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones

Capítulo I al VI…

Capítulo VII

Del Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones

Artículo 147.-El Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN, establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades competentes en cada casa.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de sus redes de telecomunicaciones.

 

TÍTULO QUINTO
De las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones

Capítulo I al VI…

Capítulo VII

Del Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones

Artículo 147.- El Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN, establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades competentes en cada casa.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones y lineamientos a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura, así como de desarrollo territorial, bienes inmuebles, que garanticen el respeto a los espacios asignados para las personas con discapacidad y a partir de ello se garantice su accesibilidad y movilidad en las vías públicas; así como fomentar la competencia, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

 

Este proyecto legislativo de reforma al párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, busca que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga entre sus facultades la atribución de emitir recomendaciones y lineamientos de carácter no vinculativo, para que la infraestructura y obra pública que ejecuten los gobiernos estatales y municipales no obstaculice los espacios asignados y señalados hacia las personas con discapacidad, permitiendo así el goce pleno de su accesibilidad en todos los ámbitos de su entorno social, es decir, que logren y puedan participar en igualdad de condiciones respecto a otros individuos5, en razón de que su condición vulnerable los hace más propensos al aislamiento y dependencia económica, ya que su tasa promedio de empleo es del 44% respecto al 75% que poseen las personas sin discapacidad, de acuerdo a un estudio que elaboró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-6.

Además, esta propuesta de iniciativa, es una medida legislativa en el que se compromete el Estado Mexicano para asegurar y promover el derecho humano a la accesibilidad y movilidad personal a las personas con discapacidad, como lo señalan los artículo 4, numeral a), 9, numeral 1, y 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que México es estado parte desde diciembre de 2007.

Finalmente, el proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está alineada y pretende coadyuvar para materializar en el cumplimiento de la estrategia 2.2.4, del objetivo 2.2, de la meta nacional II, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,relativa a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión personal, específicamente para asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, con el fin de garantizar su derecho humano a la accesibilidad.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 147, del Capítulo VII “Del Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones”, del Título Quinto “De las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones”, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

“Artículo 147.- El Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN, establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades competentes en cada caso.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones y lineamientos a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura y obra pública, así como de desarrollo territorial, bienes inmuebles, que garanticen el respeto a los espacios asignados para las personas con discapacidad y a partir de ello se garantice su accesibilidad y movilidad en las vías públicas; así como fomentar la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Ningún concesionario de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.”

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis, Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, Sen. Margarita Flores Sánchez, Sen. Lisbeth Hernández Lecona y Sen. María del Rocío Pineda Gochi.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mely Romero Celis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.


1 Artículo 4.
Obligaciones generales.
1.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de:
  1. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
  2. Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
  3. y i)…

2 OMS y BM. Resumen del Informe Mundial sobre la Discapacidad, 2011. Malta, junio de 2011, pp. 5-9, www.who.int/disabilities/worl_report/2011/summary_es.pdf?ua=1

3 INEGI. Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010. México, 2013, pp. 40-42, 115-116,www.conadis.gob.mx/doc/contenidos//estadistica_las_personas_con_discapacidad_en_mexico_a_2010.pdf

4 CONAPRED. Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México. Enadis 2010. Resultados sobre personas con discapacidad. México, Distrito Federal, Primera Edición, 2012, pp. 26, www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf

5 Tesis aislada (constitucional) 2002519 “Discapacidad. Presupuestos en la materia que deben ser tomados en cuanta por los operadores del Sistema Jurídico Mexicano”. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1.

6 OMS y BM. Resumen del Informe Mundial sobre la Discapacidad, 2011. Malta, junio de 2011, pp. 11-12.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ciencia y Tecnología.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V DENOMINADO “DE LOS ESTÍMULOS FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, AL TÍTULO VIII, EL ARTÍCULO 190 BIS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Muy buen día.

Me presento ante esta Asamblea, para poner a su consideración un proyecto de Decreto por el que adiciona el Capítulo V, denominado: “Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, al Título VIII, el artículo 190 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con el objetivo fundamental de incidir positivamente en los temas importantísimos de competitividad, impulso a la investigación y a la educación, a la innovación, a la creatividad y al desarrollo tecnológico de México.

Nuestro país necesita ser más productivo para poder crecer más, generar mayor riqueza y empleo; para ello, debemos invertir más en ciencia y tecnología e inducir a las empresas a realizar proyectos que incrementen su calidad, competitividad e innovación en este tema.

Actualmente, destinamos tan sólo el .56 por ciento del Producto Interno Bruto, el cual no es suficiente, como tampoco cumple con lo que dispone el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, que señala que se destinará al menos el 1 por ciento del PIB en el tema de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Desde hace décadas, el país invierte en el conocimiento científico y tecnológico menos del .5 por ciento del PIB, como lo comenté; mientras que en otros países, por ejemplo en Finlandia, se destina el 3.96 por ciento; Japón, el 3.44; los Estados Unidos de América, el 2.79 por ciento, según indicadores que tenemos a nuestra mano.

Al respecto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., junto con otras organizaciones e instituciones, han demandado el incremento del presupuesto federal para la ciencia, de modo que se pueda resarcir la pérdida de escaños en el ranking mundial de productividad del Foro Económico Mundial, en el cual México ocupa el lugar número 61.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señala que los países que registran mayor inversión en investigación y desarrollo, se debe a que sus gobiernos han mantenido su apoyo a través de diversos instrumentos y objetivos; de manera que el volumen total del apoyo público otorgado a las empresas, es una combinación de subvenciones directas, financiación de deuda, compras públicas y estímulos fiscales, en su mayoría los apoyos con dinero público fluctúan en un 10 a un 20 por ciento.

Al respecto, esta misma organización recomienda intervenir para mitigar efectos adversos de fallas de mercado, y destacada la importancia de contar con ecosistemas más productivos, por lo que es necesario que existan políticas públicas para incentivar que las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas inviertan parte de sus utilidades en la generación de nuevos conocimientos.

En México, aun cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aumentó su presupuesto para el Programa de Estímulos a la Innovación, de mil 663 millones de pesos, en el 2009, a 2 mil millones, en el 2014, dista mucho de las necesidades que se tienen.

Cabe destacar que desde 2001 a 2008, estuvo vigente un programa que otorgaba estímulos fiscales a las empresas que invertían en ciencia y tecnología, en términos del artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y que presentaban proyectos ante el CONACyT y que eran dictaminados por expertos del registro de evaluadores acreditados y, en su caso, aprobados por un comité integrado por el CONACyT y las Secretarías de Economía, Educación y Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, estos apoyos fueron sustituidos por apoyos directos complementarios a empresas mexicanas.

Por lo anterior, esta iniciativa pretende, además de modificar el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a la vez adicionar el artículo 190 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incorporar estímulos fiscales a las personas físicas y morales que se asocien con universidades o centros de investigación para realizar tareas de investigación y desarrollo.

De esta manera, el incentivo tributario que se otorgue permitirá a las empresas utilizar cuando menos un 20 por ciento de los recursos o el dinero que habitualmente pagan como impuesto a sus utilidades, para invertirlo en este tema.

Por lo anterior es que presento ante ustedes este proyecto de Decreto que consta de los siguientes numerales:

Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo V denominado: “De los Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, al título VIII; y el artículo 190 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Además, se propone reformar el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para que utilice estos recursos a través de incentivos fiscales que vayan a apoyar la ciencia, la tecnología e incentive, como les comenté, la competitividad, el desarrollo, la investigación, la creatividad y la educación en nuestro México.

Le pido a la Mesa Directiva, que el texto íntegro de esta iniciativa esté en el Diario de los Debates, y además agradecer al Senador Luis Armando Melgar Bravo, que me está solicitando sumarse a esta Iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese esta iniciativa a la Cámara de Diputados.

Desde luego, como usted lo ha solicitado, pido a la Secretaría que esta iniciativa suya, se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo, ¿para qué asunto?

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitar al Senador López Brito, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Con todo gusto, señor Senador.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¿Para qué asunto?, Senador Neyra Chávez

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Para el mismo asunto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Para el mismo efecto.

Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente el Senador Luis Armando Melgar Bravo. Con gusto.


1 Perspectivas de la OCDE sobre ciencia, tecnología e industria 2014. Informe Iberoamericano.
Publicado en Noviembre 28, 2014

2 Ídem.

3 “Evaluación del Programa de Estímulos Fiscales al Gasto en Investigación y Desarrollo de Tecnologíade las Empresas Privadas en México (EFIDT)”, Disponible en Página de internet:http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/grupo_trabajo/grupo_de_evaluacion/4/estimulos_fiscales/eva_ext_estimulos_fiscales_calderon.PDFVista el 10 de febrero de 2015

4 Desplazamiento o substitución total de gasto privado por público (crowding-out). Se refiere al resultado en el que las empresas substituyen, peso por peso, fondos públicos por recursos que planeaban gastar Es decir, un programa de estímulos fiscales a la investigación y desarrollo tecnológico no resulta efectivo cuando el gasto de las empresas beneficiarias, incluyen subsidio, resulta igual al que habrían hecho si no se hubiera beneficiado del programa. En este caso, el programa no tiene beneficios para la economía en su conjunto y sí costos ligados a su implementación y al monto de recursos canalizados en forma de subsidios a las empresas. Estos últimos se convierten en sólo rentas para las empresas, sin justificación económica.

5 Chávez Rodríguez Danilo,  Investigador de Políticas Públicas para el Fomento de la Innovación.

6 Chávez Rodríguez Danilo





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social y el artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109, PÁRRAFO PRIMERO Y 242 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

A 17 años de la reforma del sistema de pensiones que se vendió como la gran promesa de futuro y como un modelo justo.

A 10 años de la reforma que prometió un ISSSTE con servicios de calidad, y a poco más de 2 años de la reforma laboral, la realidad es que la gran mayoría de las y los mexicanos no tienen garantizado un retiro, ni para la sobrevivencia, y que los servicios médicos a los que acude el grueso de la población siguen siendo deplorables.

En una reciente evaluación de la reforma laboral, el propio Secretario del Trabajo reconoció que esta no creó los empleos prometidos; 57 por ciento de los mexicanos siguen en la economía informal y el desempleo y la subocupación siguen siendo el destino de millones.

Tenemos frente a nosotros una bomba que estallará en manos de éste o el gobierno que le siga, aunque en contraste contemos con un conjunto de normas, incluyendo convenios internacionales que garantizan empleo decente, salario remunerador y el derecho a la salud, normas que son letra muerta para millones de personas.

La seguridad social está prevista en el artículo 123 constitucional. Consagra el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, así pues, constitucionalmente la seguridad social protegerá a los trabajadores frente a accidentes, enfermedades, cubrirá maternidad, jubilación, invalidez y muerte.

En la realidad tenemos a millones de trabajadores condenados a recibir pensiones muy pequeñas, y a muchos más sin ningún tipo de garantía de retiro.

En lo que hace a los servicios de salud, la obligación del Estado ha sido cubierta. Si exceptuamos al ISSSTE y al IMSS, pues con programas más bien propagandísticos que en los hechos, ni dan medicinas, ni atienden enfermedades graves, como si los más pobres no las padecieran.

Según las leyes, el Sistema de Seguridad Social en México debe ayudar a garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

He aquí la importancia de que el Estado asuma verdaderamente su responsabilidad social como garante del derecho de los ciudadanos a una seguridad social y a un empleo digno.

La inestabilidad en el mercado laboral, ahora con la ayuda de los recortes presupuestales en marcha, tiene sobre sus funestas consecuencias que millones de trabajadores desempleados queden sin la protección de la seguridad social durante periodos prolongados.

Según diversos estudios de opinión, al quedar sin empleo, un trabajador mexicano tarda un promedio de 6 meses en encontrar un nuevo empleo, aunque en muchos casos la búsqueda se prolonga hasta durante un año.

Durante este periodo, además de no tener ingresos, que de por sí ya es una tragedia para los millones de trabajadores y sus familias, pierden también el derecho vital a la salud.

Cuando leemos que 75 por ciento de las pequeñas empresas, que son las que más empleos dan, cierran antes de cumplir cinco años de vida, entendemos que, la mayoría de los casos, la separación laboral ocurre por razones ajenas a la voluntad del trabajador.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2012, la cobertura de seguridad social de la población ocupada era de 36 por ciento, muy similar a la del 2010. El porcentaje decreció para el tercer trimestre de 2014, cuando el porcentaje de población ocupada con acceso a la seguridad social fue de 35 por ciento, según datos del INEGI.

En las últimas tres décadas de neoliberalismo, el PIB por persona ha crecido a una tasa de 0.6 por ciento anual, y el PIB total en 2.2 por ciento, es decir, tres veces menos de lo que necesita el país para satisfacer su demanda de empleo.

Aunque oficialmente se reconocen alrededor de 2.7 millones de desocupados, la realidad es que existen 9 millones de desempleados; en términos porcentuales, la tasa real de desempleo en el país es de 14.9 por ciento, tres veces mayor a la desocupación oficial, que es cercana al 5 por ciento.

Una tasa de desempleo de 14.9 por ciento, implica tres veces más millones de trabajadores y sus familias sin acceso a la seguridad social.

Aunque la reforma laboral no ha creado los empleos prometidos y sí ha apuntalado la arbitrariedad patronal para facilitar los despidos, las cifras del informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, señala que para 2012, el 84 por ciento de quienes aportaban cuotas al IMSS y tenían cuenta individual en alguna AFORE, habían cotizados durante 9.6 años, es decir, 40 millones de cuentas cotizaron al menos 10 años consecutivos. El 69 por ciento, hasta por 5.6 años; el 44.3 por ciento, casi la mitad de la población, habían cotizado por 2 años.

Estos indicadores demuestran la alta frecuencia con la que un trabajador en México puede entrar y salir del mercado de trabajo.

El salario promedio de los trabajadores es pequeño. En suma, para abreviar, contamos con 9 millones de trabajadores desempleados, que viven periodos hasta de un año buscando trabajo sin encontrarlo. Esto hace de México uno de los mercados laborales más inestables del mundo y con mayor empobrecimiento de millones de familias.

De aquí la importancia de esta iniciativa que hoy presentamos, que consiste en que el Estado siga brindando seguridad social a una persona que haya perdido su trabajo, ampliarlo de dos meses, como está hoy, a seis meses. Y que el Estado siga brindando seguridad social por la mitad del tiempo cotizado al IMSS o al ISSSTE, lo que le convenga más al trabajador, según sea el caso.

Ello implica que el trabajador no pierde su cobertura de seguridad social, estará sin empleo, pero al menos tendrá seguridad social, y ya que lo encuentra, podrá seguir teniendo seguridad social. No perderá, tampoco, sus años de cotización, ni perderá su historial médico. El trabajador puede optar también al régimen de cotización voluntaria y así no perdería su cobertura de seguridad social en ningún momento.

Esto significa que aun habiendo perdido su trabajo, el trabajador conservará su derecho a tener acceso a atención médica, a maternidad, a atención quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica. Se está modificando el artículo 109 de la Ley del Seguro Social.

El artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea del ISSSTE, se modifica para ampliar el periodo de conservación del derecho a recibir atención médica y de maternidad quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

También se modifica el artículo 242 de la Ley del Seguro Social.

Y con estas modificaciones, podríamos decir, dada la realidad que estamos viviendo hoy en México de pobreza, sería la hora de enderezar el rumbo, porque estos problemas tarde que temprano estallarán en las manos de este gobierno o del que le sigue.

Es muy importante tomar en cuenta estas sugerencias.

Gracias.

Iniciativa

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

La Senadora de la República, de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, Dolores Padierna Luna integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo y tercero; y se reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social y el artículo 43 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aunque no existe una definición universal de seguridad social, una de las más reconocidas es la proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Partiendo de esta base, la seguridad social protege a los seres humanos contra las privaciones económicas y sociales que ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos. Dicho de otra forma, gracias a la seguridad social, los individuos están en la posibilidad de continuar laborando ante diversas adversidades, y de esta forma, brindar a sus familias acceso a la alimentación, salud, vivienda, educación, entre otros.

Es fundamental destacar que de acuerdo a nuestra Constitución, la Seguridad Social está prevista en el Artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción XXIX y en el apartado B, fracción XI. Adicionalmente, en este mismo artículo se consagra también el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. Se trata entonces de una obligación del Estado mexicano garantizar a la población a ambos derechos. Desafortunadamente, las administraciones neoliberales de la derecha han sustituido los derechos universales por políticas asistencialistas. Adicionalmente, como consecuencias del fallido modelo económico, el acceso a un trabajo digno se ha convertido en un lujo más que un derecho.

La cada vez mayor inestabilidad del mercado laboral genera que millones de trabajadores desempleados queden desprotegidos de la seguridad social durante periodos prolongados antes de volver a encontrar un trabajo. De esta forma, millones de familias pierden la posibilidad de acceder a derechos vitales como la salud y se generan círculos viciosos para el mayor empobrecimiento de la población. Por estas razones, el motivo de la presente iniciativa tiene como finalidad ampliar de 2 a 6 meses el tiempo que un trabajador deberá continuar recibiendo Seguridad Social ante la pérdida de su empleo. Como se explica con detalle a continuación este ajuste responde a las dinámicas que ha traído el neoliberalismo al mercado laboral y que son ajenas a los intereses de los trabajadores. Asimismo busca restituir a nuestro estado las obligaciones sociales que le impone nuestra Carta Magna en materia de seguridad social y derecho a un empleo digno, mismos que los gobiernos neoliberales han ignorado.

1.- Seguridad Social en México.

Aunque el concepto Seguridad Social es amplio y complejo. Sin embargo, una de las definiciones más aceptadas es la que proporciona la Organización Internacional del Trabajo: la seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, además de la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. 1 De esta forma, el Estado protege a los seres humanos contra diversas contingencias que ocasionarían la pérdida de sus ingresos. Este es un derecho fundamental pues permite a los individuos y brindar a sus familias acceso a otros derechos vitales como la alimentación, salud, vivienda, educación, entre otros.

En nuestro país, la seguridad social está prevista en nuestra Constitución, en el Artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción XXIX y en el apartado B, fracción XI que establece que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez vejez y muerte. Adicionalmente, en este mismo artículo se consagra también el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. La del Ley Seguro Social confirma que la seguridad social no se limita a la atención médica sino que abarca diversas protecciones al trabajador:

1. Seguro de enfermedad y maternidad: el cual protege al trabajador y beneficiarios del mismo, cuando ocurre una enfermedad o accidente que no sea de trabajo. Además cubre la maternidad de las aseguradas o beneficiarias y recibe prestaciones en especie para el asegurado como atención médica quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, además de prestaciones económicas como pago de subsidio por enfermedad, que corresponde a 60% del Salario Base de Cotización.

2. Seguro de invalidez y vida. Este seguro corresponde a la invalidez y la muerte del Asegurado o del Pensionado, por invalidez que se deriva de un accidente no de trabajo o cuando se tiene una enfermedad no profesional.

3. Seguro de riesgos de trabajo. El trabajador está cubierto contra cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional desde que fue dado de alta por el patrón. Este seguro cubre la atención medica-hospitalaria, así como en caso de requerirse aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación.2

Como se puede apreciar en las leyes, el sistema de seguridad social en México debe ayudar a garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.3 Entre otras cosas busca proteger a los trabajadores de la muerte prematura, la invalidez, el deterioro de la salud, el desempleo, un salario por debajo del nivel mínimo, la inflación y la falta de ingresos en la vejez. He aquí la importancia de que el estado asuma verdaderamente su responsabilidad social como garante del derecho de los ciudadanos a la seguridad social y el empleo digno.

Desafortunadamente en la práctica nuestro sistema social previsto en la Ley padece de diversas carencias. Uno de los principales es la calidad de los servicios de salud debido a la saturación de la demanda consecuencia del abandono de las últimas administraciones federales. Otra de las principales carencias es su carácter excluyente, es decir, solamente incluye a la población trabajadora de la economía formal. Esta situación es contraria a la definición de seguridad social de la OIT cuya cobertura incluye a todas las personas que reciban ingresos sin importar si sus trabajos se definen como formales o informales. Estas son carencias enormes pues anclar la seguridad social al empleo formal genera la exclusión de este tipo de protección a casi 60% de los trabajadores.

Otra carencia fundamental, y a la que nos enfocaremos en esta iniciativa, son los trabajadores desempleados que cuando terminan su relación laboral pierden la protección de seguridad social. De esta forma quedan desprotegidos, al igual que sus familias, de las múltiples prestaciones señaladas. Esto sucede en la gran mayoría de los casos por razones ajenas a su voluntad y que se encuentran vinculadas a las dinámicas que al mercado de trabajo ha traído el presente modelo económico. A ellos nos referiremos con mayor detalle en el siguiente apartado.

2.- La situación del mercado laboral en México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud cubren al mayor número de la población beneficiada por la seguridad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2012, la cobertura de la seguridad social de la población ocupada era de alrededor de 36 por ciento, muy similar a la de 2010.4 Desafortunadamente porcentaje decreció para el tercer trimestre de 2014, el porcentaje de población ocupada con acceso a la seguridad social fue de 35.1% según datos del INEGI.5 Lo anterior representa grandes desafíos para el país, pues como señalamos aproximadamente 6 de cada 10 personas ocupadas, no cuentan con seguridad social.

Cabe señalar que la población que pierde su empleo padece múltiples dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Esta situación no es fortuita, en las últimas 3 décadas de neoliberalismo, el PIB por persona ha crecido a una tasa del 0.6 por ciento anual y PIB total en 2.2.6 Es decir, tres veces menos de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de empleo. La presente administración no es la excepción, la situación económica nacional continua estancada y en los promedios histórico de la era neoliberal.

Según cifras de la OCDE A enero de 2015 México presenta una tasa de desocupación de 4.4% del total de la población económicamente activa, lo que en comparación con las cifras del año pasado representa un avance mínimo con respecto a la desocupación nacional.7Durante noviembre de 2014, la tasa de desocupación en la economía mexicana se mantuvo en 4.7% de la población activa de acuerdo al INEGI. En números absolutos, 2.5 millones de mexicanos se encontraban desempleados en el penúltimo mes del año pasado; un aumento de 18 mil personas respecto al mes anterior. El foco rojo fueron los jóvenes, de 15 a 24 años, en este caso, la tasa de desocupación pasó de 9.3% en octubre a 9.8% en noviembre del año pasado.8 Al cierre de 2014, INEGI reportó una tasa de desocupación de 4.38% de la población económicamente activa.9

No obstante, las cifras oficiales no son del todo exactas debido a que en palabras del propio Inegi, lo que se mide es la desocupación y no el desempleo. Aunque pareciera un detalle sin importancia la diferencia entre un término y otro implica una distancia teórica, y más importante aún, una distancia numérica. El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, señala en su estudio, La geografía y magnitud del desempleo en México. Desempleo y menos paga por jornadas laborales más largas: resultados a dos años de la reforma laboral, quela tasa de desempleo responde a parámetros de la Organización Internacional del Trabajo. La gran diferencia con la tasa de ocupación presentada por Inegi, es que la tasa de desempleo incluye a la población en edad y condición de trabajar pero que se cansó buscar empleo. Es decir, se trata de todos aquellos a los que el Estado no ha podido garantizarles el acceso a un trabajo digno.

Las diferencias son enormes cuando observamos los datos, en el México oficial se reconocen alrededor de 2.7 millones de desocupados, cuando en la realidad existen casi 9 millones de desempleados. En términos porcentuales, la tasa real de desempleo en el país es de 14.9 por ciento y es tres veces mayor a la desocupación oficial cercana a 5 por ciento.10 Este dato es fundamental para la problemática que pretende subsanar la presente iniciativa. A diferencia de los datos oficiales, una tasa de desempleo de 14.9% implica tres veces más millones de trabajadores y sus familias sin acceso a la seguridad social.

Otra información importante para el desarrollo de esta iniciativa, es el referente al tiempo que una persona que ha sido separada de su trabajo, tarda en encontrar un nuevo empleo. De acuerdo con la encuesta Motivaciones del Mexicano en el Trabajo 2010, el 76% de las personas que buscan trabajo en México tardan 6 meses en encontrarlo, aunque este proceso puede extenderse hasta un año. Esta situación no distingue el nivel de preparación que tenga la persona que busca trabajo sino que es general para el porcentaje señalado. 11

Esta información se confirma para 2012, cuando en un estudio, el 32% de los encuestados mencionó que tardó aproximadamente 6 meses en encontrar su primer empleo una vez que concluyó sus estudios superiores. El 21% de los encuestados tardó entre 6 meses y un año en conseguir empleo. Dentro de esa misma encuesta se recogió que el 54% de aquellos que tardaron 6 meses o más, consideran que esta situación se propicia porque en el país no existen suficientes oportunidades.12 Esto confirma además la imposibilidad del Estado de garantizar un a la población acceso al empleo.

Si bien los treinta años de un pésimo desempeño de la economía habían traído al país inestabilidad laboral, desafortunadamente, el panorama del empleo ha empeorado a partir del cambio en las reglas de la dinámica del mercado laboral establecidas por la reciente reforma laboral. Principalmente transformó los modelos de contratos, dejando a los trabajadores desprotegidos ante un mercado laboral cada vez más inestable. A este respecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que en lugar de promover mayor estabilidad laboral y mejores salarios, la reforma laboral aprobada sólo ofreció nuevas modalidades contractuales que dejarían desprotegidos a los trabadores ante la posibilidad de perder su empleo a corto plazo.13 Así podemos observar que los recientes cambios en la dinámica laboral en México, han obedecido más a las exigencias de los patrones, que a las necesidades de las y los trabajadores. Dicho de otra forma, esta nueva dinámica y principalmente las nuevas formas de contratos, promueven la volatilidad de la permanencia del trabajador en empelo. El trabajador puede ser separado de su fuente formal de ingresos por múltiples causales que favorecen la arbitrariedad patronal además de haberse presentado un rápido aumento de los contratos temporales.

La inestabilidad del empleo es evidente, las cifras del informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), señalaban que para el 2012: el 84% de quienes aportaban cuotas al IMSS y tenían cuenta individual en alguna Afore, habían cotizado hasta 9.6 años (40 millones de cuentas); el 69.7% hasta 5.7 años; el 44.3%, casi la mitad de la población, había cotizado hasta 1.9 años.14 Lo datos anteriores nos indican la alta frecuencia con la cual un trabajador en México puede entrar y salir del mercado de trabajo para acumular tan pocos años promedio de cotización. No extraña que de acuerdo a otros estudios realizados, en promedio, en nuestro país un empleado pasa tres años en un cargo, este periodo de tiempo es uno de los más cortos en el mundo.15

Otros estudios, confirman el incremento de la inestabilidad del mercado laboral mexicano, de acuerdo a investigaciones recientes realizadas en la UNAM, en el pasado un trabajador con 30 años de experiencia había tenido una o dos transiciones (cambios de empleo) a largo de su vida laboral. Actualmente, un joven de 24 años en México podría haber tenido cinco o seis. Cabe señalar, que este mismo estudio confirma que la razón principal se debe a un proceso de deterioro de las condiciones y percepciones de bienestar que viven los trabajadores a como consecuencia de la modificaciones en el mundo del trabajo. 16 Se trata entonces de la nueva estructura del mercado de trabajo y no de la voluntad de los trabajadores.

El otro gran problema de esta situación, que por sí misma ya es grave, es el bajo nivel salarial que existe en nuestro país. Cuando este último se conjuga con la inestabilidad laboral genera círculos vicios de pobreza. El salario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS es de 3.5 salarios mínimos, lo cual equivale a 226.66 pesos diarios, 6,799.8 mensuales, según datos de Consar. 17 Si consideramos que una familia promedio en el país es de3.7 personas, este ingreso mensual de un jefe de familia se encontraría lejos de cubrir los costos indicados por el Coneval para las Canastas Básicas de bienestar de todos los miembros de la familia (2,526 pesos mensuales por persona en zona urbana). Por lo tanto, la capacidad de ahorro es mínima para prevenir el bienestar familiar en los lapsos de tiempo en los cuales se pierde el trabajo. Debido a que en dichos periodos se pierden los ingresos y la seguridad social, ante cualquier contingencia como una enfermedad, incrementan exponencialmente los niveles de pobreza y precariedad de las familias.

En suma, 9 millones de trabajadores desempleados, periodos de hasta un año para encontrar un trabajo, uno de los mercados laborales más inestables del mundo y mayor empobrecimiento de millones familias durante los periodos de desempleo de sus miembros trabajadores. De aquí la importancia de la presente iniciativa, es fundamental brindar protección a los trabajadores que se separan de su relación laboral y se encuentran en situación de fuerte vulnerabilidad. Es importante recordar que el derecho al empleo y la seguridad social están garantizados en la Constitución. Por ello es fundamental que el Estado asuma sus responsabilidades cuando ha fallado en proveerlos como consecuencia de más de 30 años del fallido modelo neoliberal. En otras palabras, no solamente es justo sino una obligación del Estado garantizar a los trabajadores desempleados un periodo de gracia suficientemente amplio, que les facilite sostenerse ante las dificultades del mal funcionamiento económico del país.

Consideramos fundamental que se establezca un período de gracia acorde con el tiempo que el mercado permite para encontrar un nuevo empleo, actualmente es de 2 meses y proponemos que este sea de 6. Así, incluimos la posibilidad de incorporarse al régimen voluntario del seguro social, sin que esto implique perder sus años de cotización ni historial. Se propone en ese sentido modificar el artículo 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para ampliar el período de conservación del derecho a recibir atención médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que requiera.

Asimismo se propone la modificación del artículo 242 de la ley del Seguro Social para hacer expresa la disposición que refiera que en caso de migración del régimen obligatorio al régimen voluntario, el asegurado no perderá sus años de cotización ni su historial.

Es urgente que nuestro Estado recupere sus responsabilidades con los derechos laborales, de ello depende el bienestar de millones de familias en el país. Avancemos hacia la construcción de una democracia de calidad e incluyente, hagamos de nuestra prioridad el México de los trabajadores y sus familias.

Por lo antes fundado y motivado pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA

PRIMERO. Se reforma el artículo 109 párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo y tercero; y 242 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación, entre ocho y cincuenta y dos cotizaciones semanales ininterrumpidas conservará durante un período igual a seis meses posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación a partir de cincuenta y tres cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante un período igual a la mitad del tiempo cotizado, posterior a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

El asegurado que quede privado de trabajo remunerado podrá incorporarse al régimen voluntario sin perder sus años de cotización ni su historial médico a fin de seguir disfrutando de la seguridad social.

Artículo 242.- Todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluido los familiares a que se refiere el artículo anterior y cualquier familiar adicional pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan.

El Consejo Técnico podrá determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.

El Estado contribuirá conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 106 de la presente Ley por familia, independientemente del tamaño de la familia.

Toda persona que, previo a su incorporación al régimen voluntario haya gozado de un seguro de salud, gastos médicos y maternidad, sea público o privado, y se le haya diagnosticado un padecimiento crónico o degenerativo, seguirá gozando a plenitud de los derechos que conlleva este seguro. Asimismo, no perderá su historial médico ni de cotización.

SEGUNDO. Se modifica el artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:

Artículo 43. El Trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o del tiempo para los cuales haya sido designado, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un período de seis a doce meses, conservará durante seis meses siguientes a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud establecidos en el Capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus Familiares Derechohabientes.

El Trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o del tiempo para los cuales haya sido designado, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de seis meses, conservará durante un período igual a la mitad del tiempo cotizado siguiente a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud establecidos en el Capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus Familiares Derechohabientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de sesiones, el 19 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.


1 OIT. Documento original 1991.

2 Colegio de Contadores Públicos de México A.C. Importancia de la Seguridad Social en México. En Excélsior 14 de mayo de 2012. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/2012/05/14/colegio-de-contadores-publicos-de-mexico-ac/833843 Consultado el 18 de enero de 2014.

3 Cámara de Diputados. CEFP. Indicadores sobre seguridad Social en México. 15 de abril de 2013. Disponible en: http://www.cefp.gob.mx/indicadores/gaceta/2013/iescefp0152013.pdf Consultado el 16 de enero de 2015.

4 Ídem.

5 INEGI. Estadísticas de ocupación y empleo. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 Consultado el 16 de enero de 2015.

6 José Luis Calva, en Mauricio Romero “Neoliberalismo, la “fosa” de México”, 11. enero, 2015, http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/11/neoliberalismo-la-fosa-de-mexico/

7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Banco de datos. Para México: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

8 Rosales, Rodrigo A. Desempleo en México, por debajo de la OCDE. En el Economista 13 de enero de 2015. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/13/desempleo-mexico-debajo-ocde Consultado el 18 de enero de 2015.

9 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=599&c=25452

10 Fernández-Vega, Carlos. México S.A. En La Jornada 29 de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/29/opinion/030o1eco Consultado el 4 de febrero de 2015.

11 Moreno, Tania M. Hallar empleo en México lleva seis meses. En CNNExpación 3 de febrero de 2010. Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/02/02/hallar-empleo-en-mexico-lleva-6-meses consultado el 21 de enero de 2015.

12 El 54% de los mexicanos recién egresados considera que existen pocas oportunidades para encontrar su primer empleo. 28 de junio de 2012. Disponible en: http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/06/28/946688/54-mexicanos-recien-egresados-considera-existen-pocas-oportunidades-encontrar-primer-empleo.html Consultado el 4 de febrero de 2015.

13 Gonzáles G., Susana. La Reforma Laboral no promueve estabilidad ni mejores salarios: Cepal. En La Jornada 17 de junio de 2013 disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/17/economia/017n1eco Consultado el 4 de febrero de 2015.

14 Sandoval, Antonio. En México, el empleo es inestable y mal pagado. En El Financiero 12 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html Consultado el 4 de febrero de 2015.

15 “México, segundo lugar en inestabilidad laboral”, Más por Más, 2012 http://www.maspormas.com/noticias/tecnologia/mexico-segundo-lugar-en-inestabilidad-laboral

16 Emir Olivares Alonso , “La inestabilidad laboral, factor para el deterioro del bienestar de trabajadores”, La Jornada, jueves 3 de julio de 2014
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/021n2pol#sthash.EB1ZjO6L.dpuf

17 Sandoval, Antonio. En México, el empleo es inestable y mal pagado. En El Financiero 12 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html Consultado el 4 de febrero de 2015.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 127 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

México se ha convertido en un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones. El sistema político e institucional implementado busca, en gran medida, privatizar los beneficios y socializar las desventajas.

Continuar con esta forma de gobierno, solo evita alcanzar una verdadera democracia o estado de derecho, puesto que en México no existe austeridad en el gasto público, y legislar en esta materia es una necesidad para reivindicar al servicio público.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

Este artículo demanda la necesidad de aplicar el modelo de austeridad, como criterio rector del servicio público, y reducir los altos costos del gobierno, mediante acciones y políticas que acaben con los privilegios de la alta burocracia.

La población no está obligada a mantener al gobierno, al contrario, éste debe fungir como el órgano operador que sirva para la economía y sanear las finanzas públicas del Estado.

Ante este argumento, es pertinente preguntar, ¿qué lugar ocupan en el sistema jurídico mexicano las pensiones que se otorgan a los ex presidentes de este país?

La Constitución Política, en su artículo 127, fracción IV, establece que no se concederán, ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley o Decreto legislativo.

Se entiende entonces que, no existiendo una disposición vigente o Decreto emitido por el Congreso de la Unión, no pueden gozar de compensaciones persona alguna que haya terminado de desempeñar sus funciones como servidor público de la Federación.

El rubro de la compensación, mientras vivan para quienes desempeñaron el cargo de titular del Ejecutivo Federal, quedó estipulado concretamente en el Acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987, con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal; seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del ex presidente, los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos; además dispone la asignación adicional de 25 empleados de la Federación, quienes estarán a su servicio directo; entre ellos debe haber directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos.

Por tal motivo, resulta importante señalar que el régimen de percepciones, compensaciones y apoyos de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal en los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido de manera muy somera en dos Acuerdos Presidenciales: Uno de 1976 y el otro de 1987, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir del ejercicio fiscal de 2001.

Las compensaciones a los ex titulares del Poder Ejecutivo Federal dañan al erario público de manera gravosa y es un insulto para el pueblo de México.

Se requieren medidas impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa que obligue a los Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal, de manera de generar un equilibrio y justicia en la sociedad; recae también en la responsabilidad que se adquiere como legislador promoviendo políticas de mayor igualdad salarial entre los sectores del país.

Los sueldos, percepciones, bonos y compensaciones que recibe la alta burocracia en el país, no se apegan al criterio económico de mercado ni al principio de equidad social, ni al de honrosa medianía económica.

Con las pensiones de los ex presidentes, trabajar 6 años y obtener una pensión mensual por 205 mil 122 pesos, sólo ocurre en México, pero no para toda la población.

Mientras los ex presidentes de la República reciben al mes pensiones que superan 200 mil pesos, un trabajador afiliado al Seguro Social apenas alcanza 2 mil pesos, 5 mil pesos o algo más, dependiendo del salario que perciba, y para alcanzar esta cifra de pensión debió haber trabajado hasta 65 años.

Durante el año 2014, la Federación erogó cerca de 5 millones de pesos en el pago de pensiones de los ex presidentes; y por tal motivo, esta reforma constitucional responde a la demanda de una sociedad por lograr ahorros significativos que se apliquen, en todo caso, a la inversión de proyectos productivos, rescate del campo, soberanía alimentaria, salud pública y educación.

Si bien es cierto que la Constitución Política Federal establece las facultades y obligaciones del Presidente en turno, también lo es que en ninguna de ellas se faculta a conferir apoyos, pensiones o compensaciones a quien haya ejercido dicho cargo, o a sus beneficiarios, después de su periodo de gestión.

La cuestión que queda en el aire es, ¿cuál es la razón por la que se garantiza una pensión de por vida a los ex mandatarios, incluyendo a sus beneficiarios?

No existe una clara motivación ni fundamentación jurídica que permita explicar que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el apartado del Ramo Administrativo, referente al de la Oficina del Presidente de la República, haya una partida presupuestaria que, desde el año 2001, incluya las pensiones y beneficios de los que gozan quienes se hayan desempeñado en el cargo del titular del Poder Ejecutivo.

Y aun existiendo dicha disposición legal que faculte una partida presupuestal para las compensaciones o pensiones de los ex titulares del Poder Ejecutivo, no sería moral y ética dicha disposición ante la lamentable situación por la que atraviesa el pueblo de México.

Se atentaría contra el principio de igualdad que rige al estado de derecho para la población, a sabiendas que los sistemas de pensiones no son equitativos respecto a las compensaciones que gozan los ex titulares y sus beneficiarios.

Por lo anterior, se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 constitucional, en el que se establece que no existirán compensaciones para quienes hayan desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal, o a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables pudieran ser sus beneficiarios.

Por lo anterior, resulta incongruente la existencia de estas compensaciones contrarias a la Constitución Política Federal, para quienes se han desempañado en el cargo de Ejecutivo Federal, pues son marcados los contrastes entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

Lo anterior explica la manera de aplicar la austeridad como criterio rector del servicio público y reducir los altos costos del gobierno mediante acciones y políticas que acaben con los privilegios de la alta burocracia. La población no está obligada a mantener al gobierno, al contrario, éste debe fungir como el órgano operador que sirva para reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado.

Si bien la Constitución Política Federal en su artículo 127, establece que los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a su responsabilidades; también es cierto que la fracción IV, de la misma disposición señala:

“IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.”

De la interpretación de esta fracción se entiende que si no existe disposición vigente o decreto emitido por el Congreso de la Unión, no pueden gozar de compensaciones persona alguna, que haya terminado de desempeñar sus funciones como servidor público de la Federación.

Por tal motivo, resulta importante señalar que el régimen de percepciones, compensaciones y apoyos de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal en los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido en dos Acuerdos presidenciales, uno de 1976y el otro de 1987, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del ejercicio fiscal 2001.1

El rubro de la compensación mientras vivan para quienes desempeñaron el cargo de titular del Ejecutivo Federal, quedó estipulado concretamente en el Acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987, con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal; seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del ex presidente, los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos; además dispone la asignación adicional de 25 empleados de la federación, quienes estarán a su servicio directo; entre ellos debe haber directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos.2

Por otro lado, el objetivo principal del servicio público consiste en aportar un beneficio social a partir de la racional y correcta administración de lo que pertenece a la Nación, de gestionar de forma integral y eficiente las demandas ciudadanas y en este contexto, encauzar el pacto social hacia el sostenimiento de la armonía, la convivencia y la confianza en las instituciones de gobierno.

Si bien en fechas recientes por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se anunció un recorte al gasto público federal por la cantidad de 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas en diversas secretarías,3 esta acción también podría aplicarse en otros sectores de gobierno, como lo son, las compensaciones que se confieren a aquellos que se han desempeñado como titulares del Poder Ejecutivo Federal, de manera que se erradique cualquier prestación.

Sería interesante una cancelación de bonos, viáticos, servicios médicos privados, el uso de aviones, helicópteros, pensiones a los extitulares del Poder Ejecutivo Federal y otras situaciones.

Las anteriores acciones señaladas dañan al erario público de manera gravosa, sin embargo, el Poder Ejecutivo Federal está obligado política y éticamente a no permitir más estos gastos, así como aplicar medidas que aminoren la crisis económica que afecta severamente a la ciudadanía.

Este tipo de situaciones existen como consecuencia de estrategias que solo privilegian a unos cuantos dentro de sectores políticos, descuidando a la mayoría de la población y desatendido la construcción nacional de un desarrollo agrícola, industrial, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad.

Por esta razón, se requiere establecer medidas impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal; puesto que en México no existe austeridad en el gasto público, legislar en esta materia es una necesidad para reivindicar el servicio público.

Así pues, es necesario implementar el principio político y ético consistente en que los funcionarios públicos deban aprender a vivir en la justa medianía y austeridad.

México se ha convertido en un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones, el sistema político e institucional implementado busca en gran medida privatizar los beneficios y socializar las desventajas, continuar con esta forma de gobierno solo evita alcanzar una verdadera democracia o estado de derecho.

Se requiere que en estos tiempos de crisis, se planee desde los poderes públicos formas y valores que fomenten las prácticas de austeridad y ahorro en todas las instituciones de gobierno, que este capital se utilice en la realización de programas sociales en beneficio de la ciudadanía y su desarrollo productivo.

Por otro lado, la manera de generar un equilibrio y justicia en la sociedad, recae principalmente en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores del país, pues los sueldos, percepciones, bonos y “compensaciones” que recibe la alta burocracia en el país, no se apegan al criterio económico de mercado, ni al de la equidad social, y ni al de la honrosa medianía económica.

Lo anterior se demuestra con las pensiones de los ex presidentes; trabajar seis años y obtener una pensión mensual por 205 mil 122 pesos sólo ocurre en México, pero no para toda la población. Mientras los ex presidentes de la República reciben al mes pensiones que superan los 200 mil pesos, un trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apenas alcanza 2 mil pesos, 5 mil pesos o más, dependiendo del salario que perciba y para alcanzar esa cifra debió trabajar hasta los 65 años.4

Durante el año 2014, la federación erogó cerca de 5 millones de pesos en el pago de pensiones de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron voluntariamente a recibir el monto de retiro que les correspondía.5

Por tal motivo, está reforma constitucional responde a la demanda de una sociedad que es lograr ahorros significativos que se apliquen, en todo caso, a la inversión de proyectos productivos, rescate del campo, soberanía alimentaria, salud pública y educación.

Si bien es cierto que la Constitución Política Federal establece las facultades y obligaciones del Presidente en turno, también lo es que, en ninguna de esas se faculta a conferir apoyos, pensiones, o compensaciones a quien haya ejercido dicho cargo.

Aunado a esto, y conforme al principio de legalidad, se entiende que todos los actos de ejercicio del servicio público, deben estar fundados y motivados, existiendo sin excepción, un precepto normativo que lo faculte expresamente.

La cuestión que queda en el aire es, ¿cuál es la razón por la que se garantiza una pensión de por vida a los ex mandatarios incluyendo a sus beneficiarios? No existe una disposición legal, por medio de la cual se pueda actuar y extender dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el apartado del Ramo Administrativo, referente al de la oficina de la Presidencia de la República, partida presupuestaria, que desde el año 2001, incluye las compensaciones y beneficios de los que gozan quienes se han desempeñado en los cargo de titular del Poder Ejecutivo.

En este entendido, resulta incongruente que existan compensaciones contrarias a la Constitución Política Federal para quienes se han desempeñado en el cargo de ejecutivo federal, pues son marcados los contrastes entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población.

En consecuencia, el objetivo de la presente iniciativa va encaminado a que no se concedan compensaciones a quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o sus beneficiarios.

Derivado de lo anterior someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 127. …

I.- a III.- …

IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Tampoco existirán compensaciones para quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables pudiera ser beneficiario.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE LA REFORMA

 

Artículo 127. …

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I.- …

II.- …

III.- …

IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

 

Artículo 127. …

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I.- …

II.- …

III.- …

IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Tampoco existirán compensaciones para quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables pudiera ser beneficiario.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano Alarcón, ¿para qué asunto?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Simplemente para pedirle que verifique usted que hay quórum en esta sesión, porque creo que no llegamos ni cercanamente a la mitad de los Senadores.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto. En cuanto terminemos la ronda de iniciativas, iniciaremos las votaciones y obviamente habremos de verificar el quórum. Con mucho gusto.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, le está pidiendo un Senador que verifique el quórum.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, le pido que me permita desahogar las iniciativas e inmediatamente después vamos a verificar el quórum.

Informo a la Asamblea que en 10 minutos habremos de verificar el quórum, como lo ha solicitado el Senador Javier Lozano Alarcón.


1 Estudio en materia de pensiones, precepciones o compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México. Pag. 18; Junio de 2008, [En línea]. Consultado el 28 de febrero de 2015. Disponible en: file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Pension%20a%20expresidentes%20(4).pdf

2 Estudio en materia de pensiones, precepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México. Pag. 28; Junio de 2008, [En línea]. Consultado el 28 de febrero de 2015. Disponible en: file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Pension%20a%20expresidentes%20(4).pdf

3 Hacienda recorta 124 mil 300 al gasto federal. Periódico “El Financiero”. Publicado el 30 de enero de 2015. [En línea] Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-recorte-gasto-videgaray-precio-petroleo-volatilidad-2015.html

4 Asesores de Ex presidentes disfrutan con salarios de lujo. El Informador, 04 de febrero de 2015. [En línea] Consultado el 02 de Marzo de 2015. Disponible en: http://www.informador.com.mx/economia/2015/574390/6/asesores-de-expresidentes-disfrutan-con-salarios-de-lujo.htm

5 Ibídem.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DECIMOQUINTO Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLACIÓN A LA PRIVACIDAD Y CORRECTO DESARROLLO PSICOSEXUAL DE LAS PERSONAS

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando uno hace referencia a un perjuicio ocasionado a la reputación o la integridad emocional de una persona, generalmente el hecho es tratado con indiferencia, inclusive desdén. Claro, hasta que se sufre en carne propia.

Como Senadora de la República, tengo el firme compromiso y absoluta convicción de velar por la total integridad de mis representados, y para lograrlo, he asumido un enfoque exhaustivo de la esfera de derechos a los que estamos obligados a garantizar.

Es muy importante destacar que la iniciativa que someto a consideración de esta Honorable Asamblea el día de hoy, no tiene una víctima específica, lesiona a ambos géneros, aunque debido al contexto y condiciones que requiere la comisión, las mujeres han sido señaladas como el porcentaje más alto en su afectación.

Ignorar este fenómeno implicaría la indiferencia ante un delito que contiene características de violencia sexual y dolo para perjudicar. Esto significa un alto costo social que como sociedad no nos podemos permitir.

El apoyo a la presente iniciativa debe reflejar la responsabilidad con los valores que como sociedad nos une y lo que estamos dispuestos a hacer para protegerlos.

Con estas palabras, quiero transmitirles las graves consecuencias psicológicas y emocionales de la conducta que busco tipificar, con el objeto de resguardar la parte más íntima de la vida de las personas y eliminar un abuso grave a la confianza y a la privacidad.

Debemos comprender que el atropello a la privacidad va en incremento a nivel mundial, países que han decidido estar a la vanguardia legislativa han empezado a diseñar un marco jurídico que castigue este fenómeno, principalmente desde la materia penal. Es momento de que nuestro país, que esta Cámara de Senadores emprenda acciones de prevención y que no esperemos a que este fenómeno se extienda más.

No necesitamos organizaciones que presionen el trabajo legislativo para demostrar que la innovación a favor de las y los mexicanos está presente en nuestro trabajo diario.

No necesitamos que nuestro país se encuentre en situaciones críticas para responderle a la sociedad.

Se estima que para este año 2015, los dispositivos online alcanzarán los 15,000 millones, una cantidad extraordinaria, se prevé que las máquinas notebooks, smartphones y tablets duplicarán a la población mundial; la tasa del crecimiento del tráfico de Internet entre dispositivos, según estudios, crecerá hasta una tasa del 258 por ciento.

La apertura de este mundo informático nos regaló una de las sorpresas ecualizadoras más importantes de los últimos años: las redes sociales.

Mediante éstas, las personas ejercen derechos humanos que de otra manera no pudieran ser aprovechados en todo su potencial, principalmente la libertad de expresión y el acceso a la información.

Imaginémonos solamente que en un solo día se generan más de 250 millones de twits y 800 millones de actualizaciones en Facebook; imaginémonos que estas cifras cobran relevancia por el surgimiento de un nuevo fenómeno social, al que hoy hago referencia, y que ha afectado de manera grave a un porcentaje importante de personas alrededor del mundo vulnerando sus derechos humanos.

Imaginen que una pareja emocionalmente unida con una relación sana decide captar por cualquier medio, fotográfico o grabado, la imagen de su pareja en un contexto de intimidad, posteriormente llegan a separarse y estas imágenes son compartidas por Internet, sin el consentimiento de la o el sujeto que aparece retratado.

Estas imágenes son compartidas en todos los espacios de la vida de la persona, alcanzando su trabajo, a su familia, a sus amigos.

Me es imposible comunicarles con absoluta precisión, compañeras y compañeros, lo grave que sufre en la conmoción esta persona.

En febrero de este año, el gestor de una de las redes más conocidas de “porno venganza” o “porno vengativo”, en la que los usuarios pueden publicar fotos íntimas de sus ex parejas, fue considerado culpable por un tribunal de California y podría ser condenado hasta 20 años de prisión.

Israel, Filipinas, Japón y más de 15 entidades de los Estados Unidos han emitido ya disposiciones legislativas penalizando esta conducta.

Como derecho humano contemplado en diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y su reputación.

El derecho a la integridad personal como derecho humano, exige el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta.

El ser humano, por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral.

Los Estados Parte de estos tratados internacionales, nuestro país siendo uno de ellos, tienen la obligación de garantizar que toda persona tenga el derecho a la protección de la ley en contra de estas injerencias o ataques.

Se preguntarán, ¿por qué existe legislación tan limitada con respecto a la pornografía no consensual?

Existe una serie de factores como la falta de comprensión acerca de esta gravedad, el alcance y la dinámica del problema, la indiferencia histórica y hostilidad a la autonomía de la mujer, concepciones contradictorias de privacidad contextual y malentendidos de la doctrina.

Al igual que la violencia doméstica y el asalto sexual, las víctimas de estos actos sufren consecuencias negativas en su psicología.

Al publicar imágenes desnudas junto a la información de contacto de una persona, a menudo alienta a extraños confrontar a la persona fuera de línea. Muchas víctimas de la pornografía no consensual se ven acechadas por la realización de llamadas anónimas y correos remitentes que implican demandas sexuales. El miedo en las víctimas puede ser profundo; no existe seguridad al abandonar su hogar.

Las víctimas luchan especialmente con ansiedad y algunas sufren pánico. La anorexia nerviosa y la depresión son enfermedades comunes para personas que sufren de este tipo de acoso.

Las víctimas tienen dificultad para tener pensamientos positivos y realizar su trabajo.

La reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, incluye un párrafo transcendental como la columna vertebral de nuestro sistema protector: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Es en este tenor, donde someto a su consideración la adición de dos artículos al Código Penal Federal, para sancionar con una pena de 2 a 5 meses de prisión y una multa de hasta 100 días, por el delito de abuso por divulgación, a toda persona que fotografíe o grabe mediante cualquier método la imagen desnuda, parcial o total, de una persona, y subsecuentemente distribuya la imagen a cualquier medio virtual o impreso de divulgación pública sin su consentimiento.

Paralelamente, la persona que sin haber capturado la imagen la distribuya a cualquier medio virtual o impreso de divulgación pública sin el consentimiento previsto, será considerada victimaria.

Dentro de este articulado, considero indispensable establecer que el medio virtual o impreso de divulgación pública que publicare dichas imágenes, deberá removerlas de forma inmediata a petición de la víctima y, de no hacerlo, se le impondrán 300 días de multa.

Como legisladores, es nuestra obligación estructurar un marco jurídico que impida la violación de los derechos contemplados en nuestra Constitución y los tratados internacionales, y otorgar a los mexicanos recursos judiciales eficaces para poder resolver las controversias necesarias.

Compañeras y compañeros Senadores: Tenemos una obligación como legisladores, estar a la vanguardia legislativa en los temas culturales que los tiempos modernos nos demandan y que pudieran afectar a la sociedad.

Los avances tecnológicos, la conducta de las personas y la legislación deben ir siempre de manera paralela, a efecto de que el surgimiento de nuevos fenómenos sociales no nos tome desprevenidos y menoscaben el desarrollo de nuestra población.

Agradezco personalmente al Senador Roberto Albores, quien suscribió esta iniciativa, y se suma al esfuerzo para hacer efectiva la protección a un derecho fundamental.

Por nuestro deber, por las y los mexicanos, luchemos por la integridad de cada persona en nuestra sociedad.

Les agradezco y también me hubiera encantado que hubiera más quórum, porque al final los Senadores votamos estas iniciativas.

Muy amable, gracias.

Iniciativa

La suscrita Senadora Mónica TZASNA Arriola Gordillo de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto, y se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal en materia de violación a la privacidad y correcto desarrollo psicosexual de las personas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Se ha estimado que, en menos de un lustro, la población mundial adquirirá los 7.200 millones de personas.

Lo anterior, evidencia un considerable crecimiento; sin embargo, el de los dispositivos electrónicos con acceso a internet, lo será aún más.

Mientras que el año pasado se contabilizaron 7.300 millones de dispositivos online, se ha estimado que para 2015 esta cifra alcanzará los 15.000 millones.

Una cantidad extraordinaria.

Con el incremento de los aparatos tecnológicos, y la diversidad de las opciones por parte de la oferta, se escinde un universo de posibilidades para las personas; a veces, estas posibilidades, se vuelven negativas.

Se pronostica que las maquinas, notebooks, smartphones y tablets duplicarán a la población mundial.

Según un estudio realizado por la empresa global de sistemas, Cisco, internet llegará al hogar principalmente a través de los televisores, con una tasa de crecimiento del tráfico web por el televisor del 101%, en contraposición al 33% de la PC.

La tasa de crecimiento del tráfico de Internet entre máquinas, según el estudio referido, crecerá a una tasa del 258%. 1

La apertura de este mundo informático nos regaló una de las sorpresas ecualizadoras más importante de los últimos años, las redes sociales.

Mediante éstas, las personas ejercen derechos humanos que de otra manera no pudieran ser aprovechados en todo su potencial; principalmente la libertad de expresión y el acceso a la información.

Las redes sociales han llegado a acaparar partes sustanciales de nuestras vidas.

Imaginémonos solamente que, en un solo día, se generan más de 250 millones de tuits y 800 millones de actualizaciones en Facebook.

Lo anterior podría ponerse en mayor perspectiva, inclusive, en el plano económico, de saber que para 2015 la inversión publicitaria en las redes supere los 8 000 millones de dólares.

En 2014 Facebook tuvo un registro de más de mil millones de usuarios, con más de 3 200 millones de comentarios y 300 millones de fotos. Se calcula que hay más de 200 mil millones de fotos en ésta página.

Las cifras que he presentado anteriormente, cobran relevancia por el surgimiento de un nuevo fenómeno social que ha afectado de manera grave a un porcentaje importante de personas alrededor del mundo, especialmente, a las mujeres. 

Lo que se conoce comúnmente como “porno venganza”.

Este acontecimiento sucede cuando una persona divulga, generalmente compartiendo por Internet, imágenes o videos relacionados con la vida sexual de una persona, sin el consentimiento de ésta.

En febrero de este año, el gestor de una de las redes más conocidas de ‘porno venganza’ o ‘porno vengativo’, en las que los usuarios pueden publicar fotos desnudas de sus ex parejas, fue considerado culpable por un tribunal de California y podría ser condenado a 20 años de prisión.

Kevin Christopher Bollaert, de 28 años, colgaba fotos indecentes de las mujeres y les cobraba hasta USD $350 por retirar las imágenes.

Además de las fotos, los usuarios también podían dar a conocer allí el nombre, la edad, el lugar de residencia y el perfil de Facebook de sus víctimas.

Entre otras cosas, Bollaert fue considerado culpable de robo de identidad y chantaje.

Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013 colgó en su web más de 10.000 fotos de mujeres de California y otros estados de Estados Unidos.

Las afectadas contaron durante el proceso los daños psíquicos, el estrés y los problemas que les causó la publicación en sus círculos familiares o laborales.

Este caso es un claro ejemplo de la necesidad de seguir el modelo de varios países que han tomado un paso indispensable para proteger el derecho a un desarrollo psicosexual adecuado, y a la integridad de la vida.

Israel, Filipinas, Japón, y más de 15 entidades de los Estados unidos han emitido ya, disposiciones legislativas criminalizando esta conducta.2

Un estudio realizado por integrantes de la Universidad de Maryland Francis King Carey Escuela de Leyes; a la Universidad de Yale - Yale Information Society Project; la Escuela de Leyes de Stanford “Center for Internet and Society”; y la Universidad de Miami Escuela de Leyes, revela datos interesantes que inclinan el delito perjudicando, particularmente, al género femenino.

Según lo que reporta el estudio, la pornografía no consensual, implica la distribución de imágenes sexualmente gráficas de las personas sin su consentimiento, incluyendo imágenes originalmente obtenidas mediante métodos insidiosos (por ejemplo, grabaciones ocultas o grabaciones de agresiones sexuales), así como imágenes originalmente obtenidas con el consentimiento, por lo general en el contexto de una relación privada o confidencial (por ejemplo , las imágenes que con consentimiento otorga su pareja).

Debido a que el término "porno venganza" se utiliza con tanta frecuencia, como forma abreviada de todas las formas de la pornografía no consensual, se ha popularizado en la época actual. 

El delito se fundamenta esencialmente en la extrema violación a la privacidad de una persona, afectando su reputación, su integridad, su moral, su desarrollo psicosexual y su entorno (familiar, laboral, etc.).

Se preguntarán, ¿Por qué existe legislación tan limitada con respecto a la pornografía no consensual? El estudio explica una serie de factores:

La falta de comprensión acerca de la gravedad, el alcance, y la dinámica del problema; la indiferencia histórica y hostilidad a la autonomía de la mujer; concepciones contradictorias de privacidad contextual; y malentendidos de la doctrina.

Sólo, recientemente, las víctimas de la pornografía no consensual se han manifestado para describir los graves daños que han sufrido, incluyendo el acoso, la pérdida de oportunidades profesionales y educativas, y los daños psicológicos.

Al igual que con la violencia doméstica y el asalto sexual, las víctimas de estos actos sufren consecuencias negativas en su psicología.

Nuestra sociedad tiene un pobre historial en el tratamiento de los daños que implican a mujeres y niñas como sus objetivos primarios. Aunque gran parte se ha avanzado hacia la igualdad, siguen rigiendo condiciones discriminatorias que impiden una protección absoluta.3

“Consecuencias graves de la pornografía no consensual justifican su criminalización. Ésta eleva el riesgo del hostigamiento offline y ataque físico. En un estudio de 1.244 personas, más del 50% de las víctimas informaron que sus fotos aparecieron junto a su nombre completo y perfil social de red; más del 20% de las víctimas informó que sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono aparecieron con las fotos.

Al publicar imágenes desnudas junto a la información de contacto de una persona, a menudo alienta a extraños confrontar a la persona fuera de línea. Muchas víctimas de la pornografía no consensual se ven acechadas por la realización de llamadas anónimas y correos remitentes que implican demandas sexuales. El miedo en las víctimas puede ser profundo; no existe seguridad al abandonar su hogar.

Las víctimas luchan especialmente con ansiedad, y algunas sufren pánico. La anorexia nerviosa y la depresión son enfermedades comunes para personas que son acosadas online. Investigadores han encontrado que la ansiedad de víctimas de acoso cibernético crece con mayor severidad con el paso del tiempo.

Las víctimas tienen dificultad para pensar pensamientos positivos y realizar su trabajo. De acuerdo con un estudio realizado por la Iniciativa de Derechos Civiles cibernéticos, más del 80% de las víctimas de porno de venganza son mujeres, y sufren de una grave angustia emocional y ansiedad.

La pornografía no consensual ha sido, a menudo una forma de violencia doméstica. Con frecuencia, las imágenes íntimas son, a su vez, el resultado de un abusador para coaccionar y extorsionar a su pareja.

En numerosos casos, los abusadores tienen amenazadas a sus parejas con revelar imágenes íntimas cuando quieren acabar una relación.”4

La reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 incluye un párrafo transcendental como la columna vertebral de nuestro sistema protector: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”

Como representantes es nuestra obligación estructurar un marco jurídico que impida la violación a los derechos contemplados en nuestra constitución y los tratados internacionales, y otorgue, a las y los mexicanos, recursos judiciales eficaces para oponer las controversias.

Es por lo anterior que, como Senadora, considero indispensable ejercer acción inmediata para resolver esta violencia sexual que afecta, principalmente, a las mujeres.

Los avances legislativos, como ejemplo, que se han logrado en el Estado de California, en los Estados Unidos de América, han sido criticados por la carencia de elementos punibles en diversos aspectos, limitando su alcance de protección.

En dicha legislación, únicamente se castiga al que captura la imagen, pero no a terceros que pudieran distribuirla. Asimismo, incorporan elementos difíciles de comprobar, como la afectación emocional, o la intención del victimario, que convierten la defensa de la víctima en una odisea.

Los aspectos mencionados anteriormente, han sido corregidos en la presente iniciativa.

En un punto final, me gustaría aclarar el por qué, de establecer una multa económica mayor para los medios virtuales o impresos de divulgación pública. Consideramos que debido a los fines lucrativos, el alcance poblacional por distribución, extensión de las redes y la capacidad financiera inherentes a esas entidades, es necesario que consideren la distribución de las imágenes como una pérdida económica considerable que inhiba la conducta.

Tenemos una obligación como legisladores; estar a la vanguardia legislativa en los temas culturales, que los tiempos modernos conllevan, y que pudieran afectar a la sociedad.

Los avances tecnológicos, la conducta de las personas y la legislación deben ir siempre de manera paralela, a efecto de que el surgimiento de nuevos fenómenos sociales no nos tome desprevenidos y menoscaben el desarrollo de nuestra población.

La unidad de medida utilizada para el cálculo de las multas previstas seguirá la legislación vigente a su entrada en vigor, modificándose al valor de Ia Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar Ia cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, que determine el organismo del artículo 26 inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de aprobarse las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto, y se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

TITULO DECIMOQUINTO

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL

CAPÍTULO I

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro, Violación y abuso por divulgación
Artículo 267.- Comete el delito de abuso por divulgación toda persona que fotografíe o grabe, mediante cualquier método, la imagen desnuda, parcial o total, de una persona y, subsecuentemente, distribuya la imagen a cualquier medio, virtual o impreso, de divulgación pública, sin su consentimiento.

También se considera que comete el delito referido en el párrafo anterior, la persona que, sin haber capturado la imagen, la distribuya a cualquier medio, virtual o impreso, de divulgación pública, sin el consentimiento previsto.

A quien cometa este delito se le impondrá una pena de dos a cinco meses de prisión y hasta cien días de multa.

El medio virtual o impreso de divulgación pública que publicare dichas imágenes, deberá removerlas de forma inmediata a petición de la víctima. De no hacerlo se le impondrán trescientos días de multa.

Artículo 268.- En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes.

Transitorio

ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el19 de marzo de 2015.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez, ¿para qué asunto?

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Para solicitarle me permita incorporarme al proyecto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Mónica Arriola, ¿acepta la incorporación al proyecto del Senador Patricio Martínez?

Pido también a la Secretaría tome nota de las Senadoras y Senadores que se están manifestando: Senadoras Margarita, Lisbeth, Rocío Pineda, Laura Rojas; tome nota la Secretaría, por favor.

Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Dávila, ¿para qué asunto?

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Para ver si es posible que esa iniciativa sea turnada al Comisión Contra la Trata de Personas. Por lo que estoy revisando del contenido, puede también tratarse de explotación de la pornografía y pueda tener vínculos con el asunto de trata de personas.

Yo le pido que pueda ser turnada también a esta comisión.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto, la vamos a turnar con opinión de la Comisión Contra la Trata de Personas, desde luego. Entonces, se turnaría a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Contra la Trata de Personas.

Informo al Pleno que, a juicio de esta Mesa Directiva, hay quórum, pero pregunto al Senador Javier Lozano Alarcón, si mantiene su propuesta de que se verifique el mismo.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Hay quórum.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias. Continuamos con la sesión.


1 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/temas/Sociodem/notatinf212.asp

2 López Serrano, Erick. Porno venganza: ¿Qué es y cómo regularlo?. Nexos.com.mx

3 http://iplj.net/blog/wp-content/uploads/2014/06/C02_Calvert.pdf

4 http://btlj.org/data/articles/29_AR/0929-0952+Stokes_062514.pdf





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con la opinión de la Comisión Especial de Productividad, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley de Planeación.



 

Debido a que este dictamen  se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, iniciamos el posicionamiento de las comisiones dictaminadoras sobre este dictamen.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, para hablar a nombre de la Comisión Especial de Productividad.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Antes que nada, compañeras y compañeros Senadores, quisiera, desde esta tribuna, hacer un reconocimiento a quienes de manera muy precisa, muy puntual, pero sobre todo muy clara, trabajaron en la elaboración de este dictamen.

Quiero agradecer a mi compañero Senador Ricardo Urzúa Rivera, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, por su participación.

Quiero agradecer a Héctor Larios, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, a Raúl Gracia.

Y también al Senador Octavio Pedroza, que tuvo una participación relevante en la elaboración de esta iniciativa.

Compañeras y compañeros: La productividad es hacer más con menos o más con lo mismo, ésta refleja el cambio en la eficiencia, las economías de escala y la variación en la utilización de la capacidad de la producción de una economía.

Nuestro país, desde hace décadas, se encuentra en un dilema: no puede ser que seamos la economía número 12 del mundo y que no estemos creciendo económicamente; y no solamente no crecemos económicamente, sino que somos menos productivos cada año, una economía que no solamente no está creciendo, repito, sino que estamos siendo menos productivos cada año.

La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, va a ser un instrumento mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal promoverá, en forma permanente, la competitividad, el incremento continuo de la productividad, para que esto se refleje de manera transversal en los sectores y en las regiones de nuestro país.

Como la propia ley lo señala, se trata de impulsar la concurrencia y la concertación de acciones con la participación de los sectores público, social y privado, esto en el seno del Comité Nacional de Productividad.

La ley prevé que la política nacional de fomento económico contará con un programa especial para la productividad y la competitividad, un programa que estará a cargo del Ejecutivo Federal, con la opinión de este comité.

Se plantea fortalecer las cadenas productivas y elevar el contenido tecnológico y el valor agregado en la economía, así como el desarrollo económico y el impacto en las diversas regiones el país.

Por otra parte, permítanme señalar que la visión, el espíritu y los objetivos de esta ley, sin duda constituyen el marco privilegiado de otro planteamiento sustantivo, formulado en los pasados meses por el Ejecutivo Federal, y me refiero a la propuesta de creación de zonas económicas especiales para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico y social en la región sur del país, concretamente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al respecto, lo que ha planteado el titular del Ejecutivo Federal es una propuesta inédita en la historia de las políticas públicas del país, es la creación de tres zonas económicas especiales en las regiones, que permitan crear un corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que permitan que se cree la zona económica especial de Puerto Chiapas, y que también permita que los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, de Guerrero y de Michoacán, se constituyan también como una zona económica especial.

Como parte de este mismo compromiso y de la estrategia, el Ejecutivo plantea la necesidad de diseñar y establecer políticas diferenciadas para reconocer que estas regiones, que estos puntos del país necesitan tener una atención especial.

El propósito radica, de manera muy sencilla, en reducir la brecha entre los estados con mayor crecimiento y desarrollo, y aquellos como los del sur-sureste que presentan rezagos importantes.

En otras palabras, se trata de un planteamiento estratégico para combatir la pobreza y la marginación. De esta manera se va a saldar una deuda histórica con los estados del sur en términos de equidad, de igualdad y de justicia social.

Compañeras y compañeros legisladores: México necesita, con urgencia, crecer a tasas aceleradas y poder hacerlo incluso ante un contexto internacional adverso como el que hoy vivimos.

Países como China, regiones como Europa, países como Japón, son hoy motores que están apagando, son motores que ya no están creciendo a la misma velocidad que venían.

Estados Unidos, si bien presenta un dólar fortalecido, podría también ver mermada su capacidad de crecimiento, lo cual no podría y no sería suficiente para que nuestro país crezca.

Justo por eso resulta indispensable fortalecer nuestras capacidades internas y ser más autosuficientes y atractivos en materia de inversión y de desarrollo.

En este sentido, la ley que nos ocupa es, en efecto, un paso para adelante, uno muy importante, pero que no podemos concebir como un destino, como un proyecto acabado que resolverá todas nuestras deficiencias que por hoy tenemos.

Por eso es indispensable que vayamos todavía más allá y que comencemos a diseñar el siguiente avance indispensable a nivel nacional, y me refiero, por ejemplo, a una nueva forma de integrar y de dirigir el gasto público, incluso estableciendo a nivel de nuestra Carga Magna la necesidad y la enorme necesidad de trabajar en un presupuesto base cero.

La Constitución es muy clara, necesitamos un Estado mexicano que crezca, que cuente con todas las herramientas y esta es una que, sin duda, en este momento es necesaria.

Señoras y señores legisladores: Desde luego son más las aportaciones que podemos y debemos hacer desde el legislativo, pero en definitiva la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional es un gran avance.

Décadas de rezago en materia de productividad nos demandan acciones concretas, acciones prontas. Por eso, desde la Comisión Especial de Productividad, damos nuestro visto bueno a esta iniciativa y les damos las gracias a todos aquellos que participaron en su elaboración nuevamente.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Armando Melgar Bravo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Urzúa Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Fomento Económico, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Muy buenas tardes, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que hoy nos ocupa, reviste una trascendencia singular para nuestro país, ya que pone acento en el problema del crecimiento económico nacional y del bienestar de las familias mexicanas.

Cabe señalar que en las últimas tres décadas, la economía mexicana creció menos del 3 por ciento en promedio anual, cifra por debajo de los niveles históricos registrados.

La brecha entre nuestro PIB per cápita respecto a otros países, como Estados Unidos, Corea, inclusive Chile, se ha ampliado gradualmente. La inversión total nacional descendió en casi cinco por ciento y aunque las divisas por concepto de inversión extranjera directa y las exportaciones han aumentado, no se han traducido en un mejor desempeño económico ni en la mejora de la economía familiar.

También cabe señalar, que de acuerdo con el informe anual de competitividad global del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 2014-2015, México se ubica en el lugar 61 de 144 economías analizadas, considerando el Índice Global de Competitividad basado en 12 indicadores que determinan el nivel de productividad el país.

Sin duda, este mal desempeño de la economía nacional está asociado directamente con una baja productividad, mientras que en el periodo 1950 y 1980, nuestra productividad se multiplicó por 2.5 y crecimos a tasas de 6 por ciento anual.

Durante los últimos 30 años, la productividad decreció en 0.2 por ciento anual, y el PIB creció en solo 2.4 por ciento. Entonces, la trascendencia de la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.

La ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 constitucionales, que pone sobre la mesa la principal problemática de la economía nacional, la baja productividad, y como su mismo nombre lo indica, reconoce que la productividad es el sustento de la competitividad.

El propósito central de esta ley, es implementar una política nacional de fomento económico orientada a impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad, potenciar la inversión y promover cambios de la estructura productiva hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad.

Fortalecer las cadenas productivas, así como elevar el contenido tecnológico y de valor agregado a la economía nacional y al desarrollo económico del empleo.

La política nacional del fomento económico contará con un programa especial de productividad a la competitividad, el cual será elaborado en términos por lo previsto en la presente ley, la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y demás disposiciones aplicadas, deberán considerar políticas de carácter transversal, sectorial, regional, cada uno de los objetivos específicos definidos.

Lo anterior solo es posible mediante la concurrencia y concertación de acciones entre los sectores público, social y privado, a través de un Comité Nacional de Productividad y demás mecanismos institucionales, el cual funcionará como un órgano consultivo auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva para la concertación de acuerdos, y la formulación y el seguimiento de la política nacional del fomento económico del programa especial para la productividad y competitividad. Además de consensuar y coordinar los objetivos, estrategias, metas, políticas y acciones del Estado para poder cumplir con los fines de esta ley.

Otro aspecto fundamental de la ley, que hoy planteamos, se trata de impulsar una nueva visión de política pública que integre a toda la economía en un proyecto de nación a largo plazo.

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá como parte del Plan Nacional de Desarrollo una visión de la política nacional de fomento económico activa, con objetivos y metas hasta 20 años, otorgándole la certidumbre de las decisiones públicas y privadas de inversión, así como mejoras, expectativas para la mayoría de los mexicanos.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de que México cuente con una ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.

Sin duda, estamos sentando las bases para impulsar una auténtica política de Estado, en materia de productividad y competitividad, para que permita atraer inversiones, crecer, generar empleos, pero sobre todo beneficios para la mayoría de las familias mexicanas, este es el verdadero espíritu de la ley.

Estamos convencidos de que esta ley coadyuvará a un crecimiento sostenido de la economía mexicana al ser más competitivos y generar riqueza de los empleos formales que demandan los mexicanos.

Quiero agradecer muy sinceramente el impulso decidido de nuestros compañeros legisladores: de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, así como las aportaciones de las dependencias federales, órganos internacionales, instituciones de educación superior y del sector privado, y por supuesto a mis compañeros Senadores integrantes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, Primera, y Especial de Productividad.

Quiero también hacer un gran reconocimiento a todos los secretarios técnicos de dichas comisiones, que tuvieron bien a darnos toda la información correspondiente para esta ley.

Por todo lo anterior, los invito a que continuemos logrando los acuerdos y consensos necesarios para aprobar leyes, como la que ahora se presenta, y que contribuya en el crecimiento económico y a mejorar el bienestar de las familias mexicanas; nuestro país lo necesita.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Urzúa Rivera.

Esta Presidencia aprovecha este momento para saludar a un grupo de integrantes del Colegio de Contadores Públicos de México, invitados por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Sean ustedes bienvenidos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador César Octavio Pedroza Gaitán, para hablar a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias. Con su anuencia, señor Presidente. Apreciables compañeras y compañeros Senadores.

Antes de iniciar esta intervención, es menester hacer un reconocimiento a todas y todos los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras.

El día de hoy, esta Soberanía votará una reforma que, en primer lugar, abona al fortalecimiento del marco jurídico vigente en materia de planeación de las políticas de productividad y competitividad. Es un proyecto construido y consensuado desde hace más de dos años por diversos sectores: el público, el privado, el social; que busca crear una política de fomento económico con visión de largo plazo que impulse un cambio estructural hacia actividades económicas más productivas.

Han quedado establecidos a nivel constitucional, los términos competitividad y fomento al crecimiento económico entre los factores para garantizar el desarrollo nacional integral y sustentable, a fin de fortalecer la soberanía y el régimen democrático del país.

Asimismo, se determina que la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Aunado a lo anterior, quedo registrado que el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Una de las principales coincidencias y acuerdos de las comisiones dictaminadoras, sobre la justificación de esta ley, se basa en el crecimiento económico insuficiente que ha tenido nuestro país en los últimos años, lo que propicia un círculo vicioso que nos impide salir de los niveles de pobreza y el déficit en la generación de empleos formales.

También existe coincidencia en que una de las causales de este bajo crecimiento es la contracción de la productividad, lo que provoca que no sean aprovechados los recursos de nuestra economía de una manera eficiente.

Es incuestionable que la productividad va íntimamente vinculada con la competitividad, por lo que se concluye que si nuestro país estructura políticas públicas efectivas, que eleven su productividad, esto nos llevará a escenarios de franco desarrollo en la competitividad global.

Como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, pero también desde la óptica de la Comisión de Desarrollo Municipal que me honro en presidir, me permito hacer énfasis en las propuestas que contiene este proyecto, para otorgar mayor participación a los municipios en materia de planeación e impulso a las políticas de productividad y competitividad.

Otorga participación a los municipios en el establecimiento de los mecanismos institucionales y de coordinación para acordar compromisos e indicadores de desempeño en los programas.

Toma en cuenta a los municipios en la formulación e instrumentación de una política nacional de fomento económico y del Comité Nacional de Productividad, quien dará seguimiento al Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, emitirá recomendaciones a los municipios respecto al diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios; para potenciar la productividad y competitividad que debemos de desregular.

Estos planteamientos son de mayor relevancia debido a la gran diversidad que prevalece entre las regiones que integran el país, y con mayor razón, ante los más de 2 mil 440 municipios en los que se divide actualmente el territorio nacional.

Si bien refleja una gran riqueza cultural, también pone de manifiesto la enorme brecha de desigualdad que existe en materia, tanto económica como social, entre las comunidades de nuestro país.

Por lo que a partir de la instrumentación de este nuevo marco jurídico, se permitirá a las entidades federativas y, por ende, a los municipios, ser más competitivos y atractivos para la inversión.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2014, emitido por el Instituto Mexicano de Competitividad, en términos generales, existen rezagos en cuanto a incrementar los ingresos propios de los estados, mejorar la calidad de su información presupuestal y su eficiencia administrativa; así como la necesidad de establecer incentivos para mejorar el entorno de negocios.

Según estos resultados, las entidades federativas más competitivas fueron: el Distrito Federal, Baja California Sur, Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro, y a contrario sensu, las menos competitivas fueron: Durango, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Así pues, el dictamen que nos ocupa, pretende implementar una política nacional de fomento económico, con la visión de promover el incremento sostenido de la productividad y la competitividad. Las bondades de este dictamen son claras, y aquí han sido expresadas de manera precisa y contundente.

Sólo me resta decir que este es un tema de la más alta prioridad en la presente Legislatura.

Si bien, ni la productividad, ni la competitividad se logran por Decreto, sólo el trabajo, más trabajo, será lo que permita a nuestro país alcanzar los niveles a los que aspira en la competencia, en el concierto de las naciones.

Compañeras y compañeros legisladores: valoremos este esfuerzo y no desperdiciemos los acuerdos que hemos alcanzado en esta materia, y a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y del grupo parlamentario de Acción Nacional, les pedimos su voto a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedroza Gaitán.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador Ernesto Gándara Camou, quienes asisten al Senado para presenciar el desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes, bienvenidos!

A continuación, iniciamos el posicionamiento de los grupos parlamentarios, y en primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como integrante de la Comisión de Productividad y como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quiero participar de mi voto a favor de esta minuta por la que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación.

Es imprescindible la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales. El crecimiento económico de nuestro país, en los últimos 34 años, ha sido solamente de un 2.7 por ciento en promedio.

De la misma forma, la inversión total nacional, ha descendido en casi 5 por ciento, así como la inversión pública ha tenido un marcado descenso en ese mismo periodo.

Se ha mencionado que la baja productividad, es causa fundamental del mal desempeño de la economía mexicana, ya que existe una gran desigualdad de los niveles de productividad por tamaño de las empresas, por sectores y por regiones del país.

No podemos posponer más la productividad, hagamos una reflexión o recuento, pues en el campo, el minifundio ha sido olvidado y es la base del cimiento, del engranaje de la productividad.

Los programas sólo han sido una mera pose publicitaria de una institución cara, obsoleta e ineficiente, como es la SAGARPA.

La reforma a los artículos 25 y 26 constitucionales, establecen que la competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

En esta ley que hoy discutimos y votaremos, se están impulsando los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad para fortalecer las cadenas productivas, elevar el contenido tecnológico y el valor agregado en la economía nacional.

Se pretende la creación de empleos formales, tan necesarios para la población, así como para su capacitación.

Incrementar la inversión tanto pública como privada y social en infraestructura, capital humano, la formación de competencias, de emprendedores y trabajadores, así como impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas, hacer crecer la economía, aumentar el ingreso de los trabajadores y reducir la pobreza.

La creación de fondos de desarrollo y zonas económicas estratégicas, como es mi estado Tlaxcala, creo que nos permitirá abatir la desigualdad regional, basadas en ventajas competitivas, dinámicas; y en las zonas más rezagadas, promover polos de desarrollo concentrando infraestructura física y logística, incentivando la instalación de grandes empresas para el desarrollo de capacidades tecnológicas.

Es importante que en el Comité Nacional de Productividad, órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo y de la planta productiva para la concertación de acuerdos, la formulación y seguimiento de la política nacional de fomento económico, no sólo participe el Titular del Ejecutivo y los titulares de las Secretarías competentes, sino también el Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y representantes de las organizaciones de trabajadores, de las instituciones académicas y de capacitación para el trabajo, y todos los que tengan este deseo de participar.

Las funciones a desarrollar por este comité son muy amplias, esperando que las cumplan por el bien de nuestro país, que requiere que la mejora de la economía beneficie a nuestra población que lo necesita urgentemente y terminar, o cuando menos iniciar por trabajar para erradicar la desigualdad social y regional de nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el posicionamiento de dicho grupo parlamentario.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su venia, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La productividad y la competitividad son conceptos económicos complejos, cuya materialización depende de la combinación de un conjunto de realidades políticas, sociales y económicas.

Certeza jurídica, niveles altos de educación y bajos índices de inseguridad y corrupción, son algunas de las circunstancias que hacen posible la confianza de los inversionistas para que vengan a emprender los negocios que requieren los mexicanos.

Precisamente en esto radica la importancia de la ley, que el día de hoy se somete a nuestra consideración, pues contribuirá a crear las condiciones para que nuestro país produzca más, y que esos bienes y servicios compitan en igualdad de circunstancias en el mercado internacional con la calidad que caracteriza lo hecho en México.

La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, tiene por objeto establecer mecanismos para la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial.

En este sentido, esta ley contempla enfoques sectoriales y regionales en atención a las características particulares de los diferentes aspectos de la economía nacional y de las diversas zonas del país, con la finalidad de combatir las desigualdades y el rezago que persiste en algunas regiones.

Asimismo, destaca la creación del Comité Nacional de Productividad, ya previsto en la legislación vigente en materia laboral, pero que se recoge como órgano consultivo de la política nacional de fomento económico.

La importancia de este órgano radica en que participará en la elaboración, implementación y seguimiento del programa especial para la productividad y competitividad, además de que podrá emitir recomendaciones vinculantes sobre la política nacional de fomento económico garantizando la participación de todos los sectores interesados.

Compañeras y compañeros Senadores:

Probablemente la mayoría de los mexicanos no conocen la complejidad de los conceptos de productividad y competitividad, pero sí conocen muy bien las necesidades, las carencias y las dificultades que representan administrar el poco o mucho dinero que todos llevamos en los bolsillos.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, me dirijo a esos ciudadanos para asegurarles que esta ley constituye un esfuerzo emprendido por el gobierno del Presidente Peña, que el día de hoy concluirá su proceso legislativo en el Congreso de la Unión, con la finalidad de crear círculos virtuosos entre gobierno, industria y particulares, que generen las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía nacional, pero sobre todo para que sus beneficios sean realmente percibidos por las familias mexicanas.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como todos sabemos, la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, es reglamentaria a la reforma constitucional, en materia de competitividad, aprobada el 15 de mayo del año 2013, y tiene, como aquí se ha expresado ya, por objeto expedir la normatividad enfocada a la promoción permanente de la competitividad, al incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de desarrollo industrial, y lo quiero subrayar, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Varios Senadores, como aquí han expresado también, son los puntos a destacar, aspectos, sin duda, positivos, y que con mucho gusto también vemos con agrado en el grupo parlamentario del PRD, por su carácter innovador, y aunque sin duda pueden ser perfectibles, creo que vale la pena mencionarlos.

Según la minuta que nos llega de la Cámara de los Diputados, el Ejecutivo Federal se encargará de implementar una política nacional de fomento económico en concertación con los sectores privado y social, en coordinación con los estados, con la participación de los municipios y, en su caso, con órganos autónomos.

Esta política habrá de efectuarse a través de un programa especial para la productividad y la competitividad, y deberá enlistar los aspectos, pero también los objetivos que deberán considerarse en el programa referido en materia, insisto, de políticas transversales, sectoriales y regionales; y repito, políticas regionales, algo que vale la pena repetir, porque viene a romper paradigmas.

Sí, compañeras y compañeros, nuevos, modernos e innovadores polos de desarrollo regional es lo que necesitamos en México, y particularmente en las zonas más atrasadas del país.

Por ello, implica concebir eso, las actividades económicas de polos de desarrollo, como demanda el potencial de bienes y servicios, que puedan reactivar e integrar los potenciales productivos y regionales, detonarlas a favor de la creación de empleos y lograr aprovechar los recursos productivos disponibles.

Debemos superar, así lo vemos en el PRD, debemos superar las limitadas experiencias nacionales de polos de desarrollo industrial como el de Lázaro Cárdenas o el de las Bahías de Huatulco, o el de las maquiladoras de la frontera norte del país.

Sí, compañeras y compañeros, aunque algunos actores políticos les cueste trabajo entenderlo, el esquema de desarrollo a partir de maquiladoras ha sido un fracaso, sueldos de hambre, sin detonar el desarrollo regional, ni mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde estas se ubiquen. Eso, lo único que ha significado la maquila en el norte del país.

Para nosotros estas experiencias fallidas, que hoy tratamos de superar con instrumentos como los que se proponen en esta ley, tuvieron, reitero, escasos impactos regionales positivos, ya que dependen de las importaciones extra regionales, y creo que esta minuta que estamos a punto de votar, va en ese sentido, y nosotros lo celebramos, celebramos además que esta ley parte de un análisis serio, de un análisis frío y objetivo, ajeno a subjetividades, a consideraciones, inclusive a prejuicios personales.

Por eso sostenemos, compañeras y compañeros, que resulta fundamental desarrollar un nuevo instrumento de política industrial, lo insistimos para detonar el desarrollo regional, especialmente en zonas como la sur-sureste del país.

Así lo reiteramos nosotros y también varios Senadores de esta región.

Pero, compañeras y compañeros, no nos equivoquemos. Aquí no hay diferencias en materia de productividad, en materia de competitividad, hay que reconocerlo con firmeza, todo el país está reprobado. El norte y el sur.

Y hay que ser muy claros, la diferenciación económica y social que puede existir entre el norte y el sur del país, presente, por cierto, en muchos otros países también, no responde de ninguna manera a vicisitudes locales o regionales.

No es resultado de características orográficas o condiciones estipuladas por la misma naturaleza y mucho menos, es producto del carácter de la población de uno o de otro lugar.

Las razones, compañeras y compañeros, que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación en el sur del país, son, ante todo, corolario de la errada estrategia de desarrollo regional; un esquema, que por cierto, ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias; me refiero al México profundo que actualmente sitúa a varias entidades federativas en un claro estado de postración económica.

Es por eso, compañeras y compañeros Senadores, que estamos a favor de esta ley, porque para nosotros significa un buen primer paso hacia el cambio de paradigma que todos buscamos. Es tiempo, lo queremos subrayar, de que veamos a México en su justa dimensión, aunado a la unidad nacional, a partir de un progreso incluyente, es decir, un progreso para todos.

No olvidemos, compañeras y compañeros legisladores, que el proyecto original de la discusión de la reforma constitucional en la materia, se basó, precisamente, en la construcción de una nueva política industrial, para un mundo globalizado, señalando claramente, así se dijo entonces, que la competitividad es el conjunto de condiciones necesarias, para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Y esta ley, sin duda, para nosotros, honra el espíritu original de esta reforma constitucional. Algo, que nosotros en el grupo parlamentario del PRD, vemos con mucho agrado; y es la clara motivación de crear polos de desarrollo o zonas económicas estratégicas.

Siento, Senador Presidente, compañeras y compañeros, siento que éste es el enfoque adecuado para disminuir la desigualdad regional, a partir de estrategias regionales que se basen en ventajas competitivas dinámica, promoviendo polos de desarrollo en las zonas más rezagadas, concentrando infraestructura física y logística; incentivando la instalación de empresas para el desarrollo de capacidades tecnológicas.

Insisto, éste es un primer momento, así lo entendemos, y así lo celebramos. Después, espero que muy pronto, vendrá la Ley de las Zonas Económicas Especiales, iniciativa, por cierto, que hemos presentado ya varios Senadores de diversos grupos parlamentarios.

Compañeras y compañeros, creo que hoy, pues, tenemos ante nosotros un buen producto legislativo. Quizá no uno perfecto, claro, porque quizás eso no existe, pero sí un buen producto. Algo que también quiero señalar antes de dejar la tribuna, Senador Presidente, algo sumamente importante, más allá de que el Programa Especial para Productividad y la Competitividad contará con un mecanismo concreto de seguimiento y evaluación del impacto en competitividad y en productividad de las políticas públicas del gobierno, es el hecho de que varias recomendaciones del Comité Nacional de Productividad serán de carácter vinculatorio.

En fin, compañeras y compañeros, este dictamen es también muy importante para nosotros, porque aspira, ni más ni menos, a cimentar una política de Estado que realmente contribuya al incremento de la productividad, al incremento de la competitividad nacional, algo que con urgencia necesita el país entero.

Felicito realmente el esfuerzo que estamos haciendo todos en este sentido.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Antes, por favor, permítame Senador.

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para rectificación de hechos.

Deseo expresar mi apoyo y mi coincidencia con lo expresado por el Senador Benjamín Robles Montoya.

Solamente quiero señalar, que no comparto los conceptos que ha vertido sobre la industria maquiladora.

Me parece que es necesario hacer un análisis de lo que ha sido el norte, su desarrollo industrial y el desarrollo de sus recursos humanos, que han sido capacitados y que se han elevado por encima de su circunstancia de estudio, a circunstancias de alto nivel tecnológico, precisamente por la llegada de empresas con tecnología y que, por lo mismo, se han constituido en una riqueza humana, por la capacitación que han dejado.

Si las zonas económicas especiales que se están promoviendo no llevan precisamente este capital tecnológico de las empresas para los recursos humanos, me parece, entonces, que no tendría sentido el desarrollo de estas zonas económicas.

Que por otra parte, se han pedido por algunos Senadores, pero las hemos pedido desde hace años, desde la campaña, de hace tres años, para el establecimiento en diversas zonas del país.

Hago esta rectificación de hechos, porque no creo que la industria maquiladora merezca esas descalificaciones que se han vertido; y por el contrario, merece el aliento, el apoyo y la adecuada reconducción que los tiempos marquen.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez.

Continúa en el uso de la palabra el Senador Francisco Búrquez Valenzuela…

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente, por alusiones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, le informo que no estamos en la discusión de este dictamen. Usted subió a dar el posicionamiento y por respeto di la palabra. Cuando entremos a la discusión del dictamen, usted tendrá el derecho de hacer uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

Le pido nada más que respetemos el propio Reglamento. Estamos en este momento en el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Usted subió a fijar el posicionamiento de su grupo y no hay lugar a discusión.

Por eso le pido que me permita continuar con el desahogo del posicionamiento de los grupos parlamentarios, y una vez que iniciemos la discusión, en lo general, usted tendrá, y cualquier otro Senador, el derecho de poder hacer los comentarios.

Lo anoto para darle la palabra en cuanto iniciemos la discusión en lo general, si usted así lo decide.

En el uso de la palabra, Senador Búrquez Valenzuela.

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero felicitar al Senador Héctor Larios, al Senador Melgar, al Senador Urzúa, al Senador Robles, y a todos los que colaboraron y trabajaron para darle vida a esta ley para impulsar el crecimiento económico sostenido de la productividad y la competitividad

Claro que estamos tocando un tema fundamental, y poniendo el dedo en la llaga. Una llaga muy dolorosa de un país que se acerca a 50 años de bajos crecimientos. De crecimientos insuficientes.

Un país que exporta millones de mexicanos, a encontrar oportunidades en el norte, que no encuentra en su propia casa.

Esta legislación, entre otras cosas, toca el tema de la Ley de Planeación. Se modifica ésta, reconociendo la necesidad urgente de tener una visión de largo plazo, que queda pendiente modificar no solamente para el tema económico, como en este caso, sino para el resto de los temas tratados en el Pan Nacional de Desarrollo, y los Planes Municipales de Desarrollo son programas de gobierno con una visión de 3 años, y de 6 años en los estados y en la Federación.

México no debe de guiarse por los periodos de gobierno, México tiene que tener una visión de mucho más largo plazo, porque los mexicanos aquí viven, aquí permanecen y aquí hacen sus actividades; es un reto seguir con las modificaciones de esta Ley de Planeación.

Productividad y competitividad son los dos temas que nos ocupan:

Productividad tiene que ver más hacia el interior de las personas. Competitividad tiene que ver con el entorno sobre el cual se desarrollan estas personas, los mexicanos, las empresas y la actividad económica, por eso yo prefiero centrarme en el tema de competitividad.

En ese entorno que le debemos de dar a los mexicanos para que esta economía desarrolle y genere los empleos y los ingresos que necesita nuestra gente. Poder desarrollar esos talentos, esa energía creadora que todo mexicano tiene.

¿Cuál es causa? ¿Cuál es efecto? Yo lo en lo personal pienso que la competitividad es la causa, el otro es efecto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?

La competitividad, es la capacidad que tienen los países para atraer inversiones, para retener inversiones, para promoverlas, y sólo con inversiones pequeñas, grandes, producto del autoempleo, de medianas o grandes empresas, es como se forma el empleo, no hay de otra, es con inversión, por eso es fundamental la competitividad.

Para mí es tan importante la competitividad que podríamos decir que podría ser esta la única política industrial, la política económico que necesita un país. Si en el país le damos competitividad a los agentes económicas va haber crecimiento, van a ganar mercados, van a competir contra los mejores del mundo.

¿Y en México qué ha pasado históricamente? Que el gobierno ha sido el rector de la economía y que ha inventado muchas políticas públicas, y los resultados son mediocres, ya lo decía, casi 50 años con crecimientos insuficientes.

Por lo tanto, pues si el gobierno ha sido el rector de la economía ha sido muy mal rector, por eso el rector de la economía tiene que ser cada mexicano, cada ciudadano velando por lo que le corresponde. Por eso cuando el gobierno toma esa función impone modelos y sistemas que no funcionan, máxime en un mundo con tantos cambios, con tanta evolución, con tanta diversidad.

Y yo me preguntaría, y digo con esta legislación, porque una legislación no cambia la competitividad, es una intención, y muy importante la intención. Yo me preguntaría si estamos dispuestos a romper con los viejos paradigmas, con esos sectores rentistas, vividores del presupuesto público, vividores de lo ajeno, con esos modelos impuestos desde el Estado que están sirviendo como una camisa de fuerza al desarrollo de este país.

¿Estamos dispuestos a elevar la competitividad? Si estamos dispuestos tendríamos que cuestionar el modelo económico de la prehistoria que priva en nuestro país, en donde trata a todos los mexicanos como si fuéramos una manufactura de producción en serie, un modelo educativo que lo que logra es preservar el atraso de nuestros jóvenes y de nuestros niños.

Estamos dispuestos a elevar la competitividad fiscal haciendo correcciones a la reforma fiscal, que hicieron que México perdiera en competitividad 50 lugares en la escala de The World Economic Forum, de competitividad entre los países, y donde nos fuimos al lugar 110 de 144 países.

No basta la buena voluntad, se necesita valentía y se necesita una buena visión. ¿Estamos dispuestos a atender la falta de competitividad en el sistema de justicia y en la seguridad?, ese es el entorno en que se mueve la economía, ese es el entorno que se necesita para que se desarrollen los mexicanos y la función básica de este país que está abandonada.

No recuerdo ahorita el lugar en que nos encontramos, pero, por supuesto, en el tema de seguridad y justicia nos encontramos muy atrás del resto de los países con los cuales competimos.

¿Estamos dispuestos a desregular, a quitar muchas legislaciones que obran en contrario de la competitividad, que le quitan flexibilidad a los agentes económicos para organizar la producción como más la juzguen y la crean conveniente?.

En el PAN estamos comprometidos con el progreso de México, y en el PAN estamos dispuestos, y lo hemos estado y lo hemos comprobado con hechos, que le queremos brindar al Ejecutivo todas las herramientas que nos solicite para activar la economía, pero necesitamos la voluntad política de la acción.

Por eso, yo hago votos para que esta legislación nos ponga a todos en la mesa para ahora sí tomar decisiones en el rumbo correcto. México no crece porque se le ha puesto una camisa de fuerza a cada uno de los mexicanos.

Hay que quitársela y liberar esas energías creadoras que cada mexicano talentoso tiene.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Plan de Desarrollo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial, para cumplirlo contiene cinco metas nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.

Además, el documento consigna tres estrategias transversales: democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno y una perspectiva de género.

Es en el primer punto, en la democratización de la productividad, donde se inserta esta nueva normatividad, el dictamen sobre la minuta que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación; busca continuar con la política del Poder Ejecutivo Federal, de fomentar la productividad y la competitividad en sectores y regiones para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.

Esta normatividad, como ya se ha comentado, está enfocada en la promoción permanente de la competitividad, en el incremento continuo de la productividad y en la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Hemos escuchado con atención la intervención de los Senadores de las comisiones involucradas y hemos revisado el dictamen, y ya conocen ustedes el detalle del mismo. Implementación de una Política Nacional de Fomento Económico en concertación con los sectores privados y sociales, en coordinación con los estados, con la participación de los municipios y, en su caso, con los órganos autónomos.

Un progreso especial para la productividad y la competitividad, políticas transversales, sectoriales y regionales, funcionamiento del Comité Nacional de Productividad, del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

Visión a largo plazo, una visión de 20 años de la política nacional de fomento económico por medio del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros.

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, apoyar esta iniciativa del Poder Ejecutivo es un acto de justicia hacia los mexicanos y es un compromiso que muchos hicimos en campaña pensando en transformar a México, ahora lo estamos moviendo desde nuestras trincheras.

Nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen, porque creemos en las bondades de esta nueva ley, principalmente creemos en la búsqueda de impulsar la democratización de la productividad, en términos territoriales, promoviendo y estableciendo polos de desarrollo en las regiones más rezagadas, como ya lo planteó el Presidente Peña Nieto para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y que eventualmente disminuyan la brecha de la desigualdad, sobre todo en el sur del país.

Por eso, invitamos respetuosamente a nuestros hermanos y hermanas Senadoras y Senadores de las distintas fuerzas políticas a votar a favor del dictamen.

Compañeras y compañeros Senadores: todas y todos nosotros actores políticos en nuestras respectivas entidades federativas, somos testigos de las difíciles condiciones que existen para que nuestra gente trabajadora y de esfuerzo noble, tenga prosperidad.

Como ya se dijo en Cámara de Diputados, México necesita un gran impulso a través de políticas de fomento económico y con visión de largo plazo que promueva modificaciones estructurales hacia las actividades económicas más productivas. Esta ley que votaremos, implica establecer una política moderna del desarrollo productivo no sólo para el ámbito industrial, sino también para el comercio, los servicios, el sector primario y el turismo.

El fomento a la productividad y a la competitividad es tema de todos nosotros.

Compañeras y compañeros: Por eso el grupo parlamentario del PRI refrenda su apoyo a esta iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, pues confiamos en que esta ley se convierta en un instrumento jurídico que abone con plenitud al bienestar de las y los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernández Aguirre.

Informo a la Asamblea que hemos concluido el posicionamiento de los grupos parlamentarios, por lo que iniciaremos la discusión en lo general, y también les comento que hay 8 oradores inscritos, todos a favor. De acuerdo al Reglamento, cuando sólo están inscritos en un sentido, ya sea a favor o en contra, serían sólo dos participaciones; en aras de escuchar las diferentes voces, sólo les rogaríamos que en vez de cinco minutos, pudiesen hablar tres minutos para que escuchemos a todas y a todos los que deseen hacer uso de la palabra sobre este tema, donde, reitero, hay 8 oradores inscritos.

Pero antes, para hechos, se le concede el uso de la palabra al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.

Sonido en el escaño del Senador Robles Montoya.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Primero quiero reiterar mi más absoluto respeto al Senador Patricio, se lo he dicho muchas veces.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Permítame.

Pido, por favor, a las Senadoras y Senadores, que permitamos el desarrollo de manera normal de la sesión y que escuchemos con atención a los oradores, por lo cual les pido que guardemos silencio.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Le decía que primero quiero dejar claro el respeto que tengo por el Senador Patricio, y como lo decía ayer en el debate, en la sesión de comisiones unidas, siempre habré de defender el derecho de cualquier Senador de expresarse, según sea su punto de vista.

Pero pareciera que desde ayer hay un diferendo que nada tiene que ver aparentemente con lo que hoy estamos discutiendo.

Y yo respeto su visión, pero para mí es muy claro lo que he dicho, las maquiladoras en el norte han representado un verdadero fracaso, y eso todos debiésemos de aceptarlo.

Le estoy enviando al Senador Patricio, y a quien guste también lo puedo hacer, un documento muy ilustrativo que generó la Canacintra, y que entre otras cosas, en una lámina que a mí me pareció de verdad muy ilustrativo, plantea si México fuera el mundo, qué estados, a qué estados se compararía la República de acuerdo a las naciones.

Pues resulta que Chihuahua se parecería a Barbados, y si vemos los otros estados del norte, andamos igual, por eso sostengo que el tema de la productividad y competitividad en el norte y en el sur es un total fracaso, y que eso es lo que debiésemos estar revisando.

Ayer, él a lo mejor quiso dar a entender otra cosa, pero apuntaba los usos y costumbres, que respetamos mucho en el sur-sureste del país, particularmente en mi estado, Oaxaca, y quizás por eso hoy tuvo deseos de romper el Reglamento; ayer le decía que tenía que leer la ley, hoy le digo que lea el Reglamento y que pida la palabra cuando debe hacerlo; usted tuvo el error de dársela, bueno, ni hablar, yo lo acepto, no tengo ningún inconveniente en discutir estos temas con él de manera personal, porque no tengo diferencia personal con él, y quizás puntos de vista sí, que estoy seguro que en lo que se refiere a esta ley, no son materia de debate, porque creo, como él lo ha expresado, que todos estamos aquí listos para votar un documento, que pasó dos años discutiéndose en la Cámara de Diputados y que ha llegado muy enriquecido por el trabajo de ellos.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Iniciamos, reitero, la discusión en lo general, y en primer término se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI.

Le rogaría que las intervenciones fuesen hasta por tres minutos, para poder escuchar a todas y a todos, y no aplicar necesariamente el Reglamento en el sentido de que cuando todos son a favor, con dos participaciones sería más que suficiente.

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Todos sabemos y hemos escuchado esta tarde, de manera reiterada, que México es un país en el que en los últimos años el crecimiento económico ha estado por debajo de su potencial, 2.7 por ciento en promedio. Esto por supuesto ha dificultado mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos y generarles las oportunidades que se merecen.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país tiene tres décadas de rezago en productividad, a pesar de que se laboran 500 horas más al año que en el resto de los 34 países que integran esta organización, con 1,776 horas en promedio.

El Institute for Management Development, en su informe de 2014, revela que México ocupa la posición 47 de 60 en productividad y eficiencia.

El Informe Doing Business, de la Corporación Financiera Internacional y del Banco Mundial para 2015, señala a México ubicado en la posición 39 de 185, y el Foro Económico Mundial señala a México en la posición 61 de 144.

Es decir, indicadores que no nos hacen sentir orgullosos como mexicanos, que nos están señalando que hay una realidad latente que debemos atender.

Y bien, esta ley que estamos discutiendo el día de hoy y seguramente estaremos aprobando, la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad precisamente viene a atender lo que se nos ha señalado pero de una manera muy puntual con un mecanismo muy concreto que nos garantiza el logro de los objetivos que nos hemos planteado: incrementar la productividad y la competitividad.

Productividad: es entendida como la relación existente entre la cantidad de bienes y servicios producidos, y la cantidad de insumos utilizados.

Competitividad: es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico promoviendo lo que precisamente necesitamos: la inversión y la generación de empleo.

Con este crecimiento es que tenemos el sustento para la productividad en todos los factores.

Ahora bien, entender estos dos conceptos: productividad y competitividad, sí es fundamental, lo valoramos aquí en el Senado de la República; sin embargo, no es suficiente. No es suficiente que desglosemos los conceptos en el Poder Legislativo, que se entiendan en un escritorio de gobierno o en un aula universitaria.

Para que efectivamente logremos incrementar la productividad y la competitividad, necesitamos que se entiendan allá afuera en el campo, en la fábrica, en el pequeño negocio, en los hoteles, en las ferias, en cada actividad productiva.

Necesitamos que estos conceptos tengan significado para las mujeres y para los hombres mexicanos que todos los días batallan por salir adelante, que llevan a cabo una actividad productiva con su sentimiento, con su entendimiento, pero necesitando muchos otros instrumentos de apoyo y de impulso para que puedan salir adelante.

Lo que quisiera señalar, que es lo más valioso de esta nueva legislación, es la creación de un Comité Nacional de Productividad, con integrantes que vienen del gobierno, de las instituciones privadas, de los organismos sociales, de la academia y, por supuesto, de los sindicatos, pero, además, es un comité nacional que tiene objetivos muy precisos, que tendrá mecanismos de seguimiento y de evaluación para que podamos lograr precisamente que se dé el desarrollo pleno como lo necesitamos, así, tal como es nuestro país, con la diversidad y con la riqueza que existe a lo largo del territorio nacional.

En el norte podrá impulsarse en mayor medida la industria.

En el sur podremos lograr que nuestro campo mexicano produzca, comercialice, transforme y exporte todo lo que podemos producir en esa tierra que tanto vale.

En el centro potenciando los servicios.

En el Pacífico aprovechándonos del lugar estratégico que tenemos para el intercambio comercial de mercancías.

Es decir, México tiene potencial en diferentes sentidos.

Con esta nueva ley reconocemos la diversidad cultural, la diversidad en infraestructura y la identidad territorial que tenemos en nuestro país.

Con esta nueva ley estaremos alcanzando el progreso económico, según las capacidades y el potencial, a la vez cuidando el medio ambiente de todo el territorio mexicano.

Este y otros beneficios son los que nos motivan a votar a favor de esta nueva Ley Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competencia de la Económia Nacional reitero, con mecanismos muy concretos que son los que efectivamente ayudarán a los mexicanos a salir adelante.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Romero Celis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

Les pido que podamos ajustarnos al tiempo que hemos comentado. Gracias.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con gusto, señor Presidente.

Yo nunca voy a compartir aquella visión del Senado que limita el diálogo y la discusión, pero intentaré y haré un esfuerzo por apegarme a la regla de los tres minutos.

Creo que desde ayer, que estábamos en la dictaminación, se ha ido generando este debate, justamente porque estamos hablando de productividad y competitividad para todo el país, y un debate que tiene que ver justamente con uno de nuestros problemas más arraigados que es el de la desigualdad entre las regiones, la disparidad que existe entre el norte, el centro y el sur de nuestro país, y esta idea preconcebida de simplemente conocimiento popular que decía antes: “el norte trabaja, el centro gobierna y piensa y el sur descansa”.

Es más falso que nada, no creo que deba de ser la visión que tengamos que tener, ni en la discusión de esta ley, ni por supuesto en el Senado de la República, sería verdaderamente vergonzoso que un Senador pensara así.

Justamente para buscar argumentos que arrebatan esa equivocada idea, hace dos años invitamos al Senado James Robinson, a este autor de la Universidad de Harvard, para presentar el libro: “¿Por qué fracasan las naciones?”

La lógica de Robinson es que todos aquellos que piensan que el fracaso o el éxito de una nación tiene que ver con su geografía, con la etnia a la que pertenece la gente, con una cultura laboral diferente, simplemente se equivocan. Las naciones prosperan o fracasan a partir solamente de una variable: la existencia o no de instituciones extractivas o de instituciones inclusivas.

Las instituciones inclusivas son todas aquellas que crean incentivos justamente para promover la creatividad y el espíritu empresarial, mientras que las extractivas no.

Cuando estuvo James Robinson aquí, en el Senado, en la Comisión Sur-Sureste, le preguntamos una cosa que seguramente muchos se preguntarán: ¿si este modelo de instituciones extractivas e inclusivas podría aplicarse a las regiones de un mismo país, en este caso a las regiones de México?

Y la respuesta que nos daba era: “que sí”.

Y además entregó un ensayo que ha publicó en el Senado, que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer, en el que plantea que si bien el promedio de los países que fracasan tienen instituciones extractivas, dentro de un mismo país puede haber instituciones más extractivas en regiones específicas, y que así ha ocurrido históricamente en el sur, por una razón.

El sur, en particular Oaxaca y Chiapas, y también Guerrero, tuvo una relación muy diferente respecto al movimiento revolucionario y, en ese sentido, en todo el momento histórico de la postrevolución no había necesidad de pacificar una región.

¿Qué es lo que ocurrió?

Se pacífico el norte del país, se resolvieron problemas agrarios del norte del país, entregando dotaciones de tierra en el sur.

Esa es una economía extractiva, esa es una institución totalmente extractiva.

En ese sentido es que creemos que en la discusión de esta ley debemos de ver, uno, a la región sur-sureste como estratégica, no como especial. Es equivocada la visión de que el sur debe de tener un trato especial, debe de tener un trato estratégico; y, dos, que los problemas del sur son problemas de toda la nación, no son problemas nada más de nuestra región.

Por eso, creo que es un ordenamiento adecuado, sí creo que la mejor forma para que esta ley sea positiva y realmente ayude a igualar a las regiones de nuestro país, debe de ser a partir de dos palabras: “voluntad política”.

Esa voluntad política que recibe siempre un rechazo y una resistencia, no sólo en discursos de Senadores, sino muchas veces del gobierno federal.

Con esa óptica va a haber zonas económicas, pero no va a haber intercambios comerciales como lo hay en mi estado: aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, la biblioteca sin libros.

No caigamos en ese error, para eso necesitamos la visión del sur-sureste como una incorporación de gente que está trabajando y que quiere trabajar, y que quiere igualarse a los estados del sur.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, desde su escaño.

El Senador David Monreal Ávila: (Desde su escaño) Señor Presidente, para desistir de mi participación en tribuna, toda vez que es también en sentido positivo, a favor, y pedirle se inscriba el texto de mi participación en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto lo haremos, Senador David Monreal Ávila.

El Senador David Monreal Avila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

La implementación del modelo económico neoliberal, hace poco más de treinta años, ha tenido tiempo suficiente para demostrar sus bondades, a fin de convencer a todos aquellos que han criticado severamente dicho sistema, de qué esto es lo que el país necesita.

Sin embargo, el crecimiento que ha tenido el Producto Interno Bruto en este periodo, a razón del 2 por ciento promedio anual, abre la puerta a la crítica y a la reflexión de la fiabilidad y factibilidad de este modelo económico para México.

Este mísero crecimiento económico, es el que ha llevado a todos los sexenios de la época neoliberal a implementar distintas propuestas para sacar a México del bache del atraso, y llevarlo al “primer mundo”.

De nueva cuenta, se discute una propuesta que tiene, entre otros objetivos, “implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas; así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal.”

Sin embargo el panorama para la economía nacional es en demasía complicado, según el Índice de Competitividad Internacional 2013, México se encuentra estancando en el lugar 32 de 46 economías, y la competitividad per cápita es de 10 mil 47 dólares; datos del estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que México no ha podido crecer de manera sostenida, entre otras cosas debido a las tasas de interés tan elevadas que se han presentado en la últimas décadas.

Para poder contar con una mayor productividad y competitividad se debe contar con innovación y sofisticación en los sectores económicos. En este ramo, el país se encuentra por debajo de la tabla, muy lejos de otras economías como Malasia, China y Costa Rica, ya que la productividad de la economía a la fecha es inferior a lo que se tenía en 1980, y en 2011 la productividad total de los sectores fue apenas del 8.2 por ciento menor a la de 1990.

Lo que busca esta Ley es el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, lo que en teoría permitirá el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, no obstante, surge aquí la interrogante, ¿realmente con estas medidas se tendrá una justa distribución del ingreso y la riqueza?

El problema del pésimo crecimiento económico de México debe atenderse de manera integral, por un lado las estrategias propuestas contribuirán a establecer algunas bases para impulsar el crecimiento sostenido, pero lo que realmente merece ser atendido es generar certidumbre jurídica de que en el país se pueden hacer negocios con estricto apego a la legalidad, y que además los conflictos de interés no sean quien determinen las reglas del juego; donde la corrupción no sea la carta de presentación para los inversionistas o los pequeños empresarios que desean emprender un negocio.

Mientras no existan condiciones, donde el crecimiento económico sostenido contemple que los empleos sean bien remunerados, y en condiciones laborales dignas; donde el crecimiento económico no contemple el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de la nación; y sobre todo, mientras no exista una total y absoluta transparencia en el la inversión del dinero público, las acciones del Comité Nacional de Productividad, los objetivos de esta Ley y las buenas intenciones del gobierno, de nada servirán, ya que México seguirá en el atolladero económico y social.

El tiempo será quien dé la razón, al momento las decisiones tomadas en materia de política económica de los últimos cinco sexenios han demostrado haber sido equivocadas, ojalá y que lo que se está a punto de aprobar, no se sume a la lista de legislaciones y decisiones que sólo siguen arrastrando a millones de mexicanos a la condena de vivir en el atraso económico y pobreza social.

Es cuanto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra al Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Isaías González Cuevas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hablar a favor del dictamen por lo que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

Quiero comentarles que de 1990 al 2011, la productividad del sector comercio, que genera el 20 por ciento del empleo, disminuyó más del 15 por ciento; en manufacturas que genera el 15 por ciento del empleo, permaneció estancada menos .5 por ciento. Mientras que el sector primario disminuyó en 8.4 por ciento, por ello estamos a favor de este marco jurídico para elevar la productividad en nuestro país.

De acuerdo al artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, que aprobamos en el 2012, se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurran en la empresa, en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios.

La definición anterior nos propone para elevar la productividad, que debemos desarrollar con acuerdos de las partes, con sistemas inteligentes que nos permitan optimizar el uso de nuestros recursos y aprovecharlos al máximo con el mínimo costo material, financiero y humano.

Quiero comentarles, por último, que la experiencia que tenemos en el sector laboral es un tanto desigual en donde tenemos convenios de productividad; estos convenios de productividad permiten al trabajador tener mejores condiciones, un mayor nivel educativo y permanente, el mejor manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, mejoramiento continuo de las tecnologías de las empresas que permiten a los trabajadores realizar con eficacia sus actividades.

Eleva el desarrollo económico y social de los trabajadores y su familia. La Ley Federal del Trabajo permite medir la productividad para que los beneficios lleguen a los trabajadores.

Comentarles que en las empresas en donde hay convenio de productividad, en la zona norte, en las empresas de manufacturas de exportación, ahí los salarios son por lo menos cinco salarios mínimos, y con prestaciones como: transporte desde su colonia hasta su centro de trabajo; tienen vales de despensa, tienen bonos de productividad, tienen becas para los hijos y tienen también bonos para los útiles escolares; por lo tanto, nosotros estamos a favor por esta ley.

Ojalá que también todas las Senadoras y los Senadores divulguemos el contenido de lo que significa la productividad, para que se haga una cultura de la productividad en México que tanto necesitamos, y democratizarla como pide el Presidente Peña Nieto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador González Cuevas.

Informo a la Asamblea que la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo ha declinado su participación y hace llegar el documento de su participación, el cual se habrá de insertar de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

La implementación del modelo económico neoliberal, hace poco más de treinta años, ha tenido tiempo suficiente para demostrar sus bondades, a fin de convencer a todos aquellos que han criticado severamente dicho sistema, de qué esto es lo que el país necesita.

Sin embargo, el crecimiento que ha tenido el Producto Interno Bruto en este periodo, a razón del 2 por ciento promedio anual, abre la puerta a la crítica y a la reflexión de la fiabilidad y factibilidad de este modelo económico para México.

Este mísero crecimiento económico, es el que ha llevado a todos los sexenios de la época neoliberal a implementar distintas propuestas para sacar a México del bache del atraso, y llevarlo al “primer mundo”.

De nueva cuenta, se discute una propuesta que tiene, entre otros objetivos, “implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas; así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal.”

Sin embargo el panorama para la economía nacional es en demasía complicado, según el Índice de Competitividad Internacional 2013, México se encuentra estancando en el lugar 32 de 46 economías, y la competitividad per cápita es de 10 mil 47 dólares; datos del estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que México no ha podido crecer de manera sostenida, entre otras cosas debido a las tasas de interés tan elevadas que se han presentado en la últimas décadas.

Para poder contar con una mayor productividad y competitividad se debe contar con innovación y sofisticación en los sectores económicos. En este ramo, el país se encuentra por debajo de la tabla, muy lejos de otras economías como Malasia, China y Costa Rica, ya que la productividad de la economía a la fecha es inferior a lo que se tenía en 1980, y en 2011 la productividad total de los sectores fue apenas del 8.2 por ciento menor a la de 1990.

Lo que busca esta Ley es el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, lo que en teoría permitirá el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, no obstante, surge aquí la interrogante, ¿realmente con estas medidas se tendrá una justa distribución del ingreso y la riqueza?

El problema del pésimo crecimiento económico de México debe atenderse de manera integral, por un lado las estrategias propuestas contribuirán a establecer algunas bases para impulsar el crecimiento sostenido, pero lo que realmente merece ser atendido es generar certidumbre jurídica de que en el país se pueden hacer negocios con estricto apego a la legalidad, y que además los conflictos de interés no sean quien determinen las reglas del juego; donde la corrupción no sea la carta de presentación para los inversionistas o los pequeños empresarios que desean emprender un negocio.

Mientras no existan condiciones, donde el crecimiento económico sostenido contemple que los empleos sean bien remunerados, y en condiciones laborales dignas; donde el crecimiento económico no contemple el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de la nación; y sobre todo, mientras no exista una total y absoluta transparencia en el la inversión del dinero público, las acciones del Comité Nacional de Productividad, los objetivos de esta Ley y las buenas intenciones del gobierno, de nada servirán, ya que México seguirá en el atolladero económico y social.

El tiempo será quien dé la razón, al momento las decisiones tomadas en materia de política económica de los últimos cinco sexenios han demostrado haber sido equivocadas, ojalá y que lo que se está a punto de aprobar, no se sume a la lista de legislaciones y decisiones que sólo siguen arrastrando a millones de mexicanos a la condena de vivir en el atraso económico y pobreza social.

Es cuanto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros:

Creo que no deberían celebrarse las declinaciones de participar, me parece que todo aquello que se dice en tribuna abona a lo que hace este Senado.

Bueno, me parece que la ley que está en discusión, conceptualmente correcta, todo lo que propone es deseable, sin duda que nadie pude estar en contra de que la competitividad y la productividad sean objetivas, que se conviertan en metas específicas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que se conviertan en algo que pretenda seguir la economía mexicana, y de hecho le hace falta.

Sin duda que las pequeñas y medianas empresas, enfrentan un entorno muy desfavorable en nuestro país, lo hemos discutido en varias ocasiones, son muy pocas las que acceden al financiamiento, son muy pocas las que pueden tener una existencia, un período de vida mayor a los dos años.

Tenemos estadísticas de que la gran mayoría de las empresas, tienen un promedio de vida de menos de dos años, y terminan cerrando.

También con los costos en materia de energéticos hay una gran desventaja que enfrentan las empresas mexicanas, en materia de gasolina; en el caso de la gasolina, por ejemplo, está casi al doble que en los Estados Unidos, en energía eléctrica también está por encima de lo que se tiene en otros países como Estados Unidos, la tramitología que tienen que enfrentar las pequeñas y medianas empresas, está más allá de lo que enfrentan en otros países.

En comunicaciones estamos por encima del promedio de la OCDE. El INADEM, de casi 4.7 millones de empresas que hay en todo el país, apenas concursan 50 mil por los apoyos que ofrece el INADEM, nada más que tiene subejercicio; buena parte de los sectores económicos enfrentan mercados monopólicos como la tortilla, refresco, leche, carnes, pollo, huevo, medicamentos, transporte aéreo, electricidad, en fin, las empresas enfrentan un entorno de monopolios.

También un mercado interno muy debilitado por la caída del salario mínimo, prácticamente el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados formales ha caído en un 75 por ciento y ya no les alcanza a más de la mitad, para comprar la canasta básica. Entonces, el sector formal tiene un poder adquisitivo muy bajo.

En materia de inseguridad, todas las empresas enfrentan costos muy importantes, casi 1.27 del PIB es el costo en materia de inseguridad.

En fin, es un entorno bastante complicado. Hay una concentración muy relevante en el número de empresas, apenas mil 127 empresas aportan el 45 por ciento de la producción nacional, lo cual nos habla de una concentración gravísima.

¿Qué me parece valioso de esta iniciativa que se está presentando? Que se genera un espacio donde de debatirán representantes del sector productivo, representantes de la academia y representantes de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Hacienda, para formar este Comité Nacional de Productividad. Me parece que este espacio de encuentro no existe y en esa medida es muy positivo.

También la posibilidad que desde este espacio se genera, un programa especial para la la productividad y la competitividad, que tenga indicadores de seguimiento. Pero además, que este comité pueda hacer recomendaciones, incluso, de carácter vinculatorio.

Me parece que poner en la mesa el tema de la competitividad y la productividad como uno de los objetivos a seguir dentro de las políticas públicas, es algo que debe apoyarse.

Lo que sí, es que hay que estar muy conscientes de que esta ley no va a hacer más competitivo, más productivo a nuestro país; hay mucho que hacer para que ello ocurra.

Quiero recordar que cuando aprobamos la Ley del Órgano de Competencia Económica, se quedó un artículo transitorio en donde esta comisión, se comprometía a enviar estudios de los distintos sectores de nuestra economía donde hay pendientes en materia de competitividad y donde hay todavía mercados monopólicos que a través de ese análisis el Senado pudiera, y el Congreso, por supuesto, pudiera revisar sector por sector, para entonces sí con políticas públicas, específicas, empezar a cambiar el entorno económico de nuestro país, y sí convertirlo en una economía más competitiva, donde los factores de la producción tengan un mejor rendimiento.

Creo que tenemos, además de aprobar esta ley, tenemos que retomar ese compromiso que hicimos con el órgano de competencia, pedirle que nos envíe estos estudios sobre los distintos sectores, y que podamos legislar en la materia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Mario Delgado Carrillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario el PRD, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

La verdad es que me causa sorpresa que haya esta intención tan clara de tener que acabar un debate, que me parece importante y trascendente, tan rápido. Seguramente o no leyeron la iniciativa o no están conscientes de la condición que enfrenta nuestra economía en los últimos, pues ya prácticamente, cuatro sexenios y la mitad del que va.

Recuerdo la frase que dijera Jaime Serra Puche, cuando dijo: “No hay mejor política industrial, que la que no existe”.

O también la posición de Vicente Fox Quesada, cuando planteaba que la mejor política económica tendría que ser la de la “changarrización”.

Yo estoy convencido de que esta iniciativa que estamos a punto de votar, y que votaré a favor, junto con mi bancada, sienta las bases para una nueva dinámica de diálogo.

Solamente fíjense lo que acaba de pasar, el Senador por Chihuahua, Patricio Martínez y el Senador por Oaxaca, Benjamín Robles, discutiendo condiciones de desarrollo, competitividad, productividad, nivel de salarios en un mismo país. Tenemos un país que está totalmente dividido en cuanto a su escala económica. Yo represento al estado de Guerrero, y les puedo asegurar que la lógica de desarrollo de Guerrero es diametralmente distinta a la que tiene Tamaulipas o a la que tiene Sonora.

Por eso el diálogo que plantea esta iniciativa es importante.

Por eso el Comité Nacional de Productividad tiene que ser un foro en el que verdaderamente los mexicanos, las cadenas sectoriales, y sobre todo los territorios, puedan abrir un diálogo serio, franco, propositivo de cómo vamos a garantizar, no solamente darle más competitividad al país, sino cómo vamos a garantizar que esa productividad se genere en condiciones de mejores empleos para las y los trabajadores.

Estoy convencido de que una discusión de este tipo, con los argumentos que se plantearon, con la visión que puede tener Chihuahua, planteando la maquila, tal vez como un área de oportunidad importante que lo ha sido en los últimos 20 años, pero que no ha significado en mucho para un estado como Oaxaca, un potencial de desarrollo, un potencial de crecimiento, sí, eso sí, un área de salida de trabajadores de Oaxaca para que encuentren malas condiciones de vida ahí en Chihuahua.

Ese es el diálogo que requiere este país en materia económica, compañeras y compañeros, y es el diálogo que se debería de estar dando aquí, en el Senado de la República, porque aquí representamos a los estados, aquí representamos a la región, aquí representamos al Sur, que en su marginación, hoy también tiene, y por eso quiero destacar la participación del Senador Búrquez, potenciales de oportunidad con las zonas económicas estratégicas.

Ya lo dijo en el decálogo Enrique Peña Nieto, va por zonas económicas estratégicas.

Compañeras y compañeros: Sé que ya se quieren ir, pero démosle dimensión, capacidad transformadora a ese diálogo, hoy un lugar como Guerrero, que tiene problemas de marginación, que tiene problemas de violencia, que tiene problemas de abandono, solamente puede salir adelante si vemos la competitividad del sector de justicia, si vemos la competitividad de la burocracia, pero si vemos en las zonas económicas estratégicas, nuevos potenciales de inversión que permitan que el Estado mexicano no solamente piense en cachitos, sino piense en un todo.

Esta ley es buena; y compañeras y compañeros, les recomiendo, con todo el cariño que les tengo, que la lean.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Y para finalizar la lista de oradores, se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente.

Un país competitivo, además de generar las condiciones para generar riqueza y crecimiento económico, también debe contar con buen clima de negocios que genere empleos formales y un mayor flujo de financiamiento a proyectos con elevado potencial de crecimiento productivo, para generar beneficios concretos para las familias mexicanas.

Este, es justamente el objetivo de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional que hoy discutimos, y que estoy seguro se aprobará para beneficio de México y los mexicanos.

Asimismo, será posible impulsar la integración de las cadenas productivas de las pequeñas y medianas empresas con el mercado internacional, para incrementar el valor agregado nacional en las importaciones y fortalecer nuestro mercado interno.

Estoy seguro que tendremos un país más productivo, una política de fomento económico moderno, audaz y de avanzada.

Los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor de esta iniciativa, porque constituye uno de los ejes rectores de la política pública del Presidente Peña Nieto.

Compañeras y compañeros Senadores: Esta ley representa un gran paso para continuar abatiendo las desigualdades y optimizando las capacidades que como país tenemos.

En mi grupo parlamentario, estamos comprometidos con las causas que benefician al país, y en eso hemos entrado a nuestros esfuerzos, y lo seguiremos haciendo.

Por todo lo anterior, aprobaremos esta Ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional.

Que no quede duda, esto es lo mejor para México y los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

Agotada la lista de oradores, y en virtud de no haber artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley de Planeación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone la modificación en la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Compañeras y compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que en la reunión de esta mañana, la Mesa Directiva autorizó las siguientes ampliaciones y rectificaciones de turno respectivamente:

Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar en las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y al punto de Acuerdo suscrito por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Martha Elena García Gómez, relativo al presidente municipal de San Blas, Nayarit, para quedar en la Comisión Para la Igualdad de Género.





 

Les informo ahora que las proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a las comisiones correspondientes.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, María Lucero Saldaña Pérez, María Elena Barrera Tapia, Ninfa Salinas Sada, Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la actitud de discriminación hacia las mujeres por parte de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, “Kiko Vega”, gobernador de Baja California. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Las que suscriben, Senadoras de la República de la LXII LEGISLATURA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANABEL ACOSTA ISLAS, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  MELY ROMERO CELIS, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, NINFA SALINAS SADA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la Senadora MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Senadora MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En un evento denominado “Macro Jornada de Servicios, Oportunidad es Baja California”, que se realizó el 9 de marzo de 2015 en la Colonia Obrera de Tijuana, el Gobernador de Baja California felicitó así a las mujeres:

“Porque ustedes son lo mejor que nos ha pasado. Están re buenas para… cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno, haber mijito las pantuflitas. No, no de veras que ustedes son el pilar de la familia y perfectamente lo saben. Muchas felicidades.”1

Hecho que ha causado indignación, pues como se sabe, el manifestarse de esta manera sobre el género referido,  es una de las manifestaciones de la discriminación existente contra las mujeres, cuyo efecto es la exclusión y el trato diferenciado en el acceso y ejercicio pleno de sus derechos.

Lo dicho por el Gobernador de Baja California, lejos de representar una felicitación para las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, ha significado una burla y una ofensa, que sin duda vulnera los derechos humanos de las mujeres en este país, al continuar y normalizar los estereotipos sobre las mujeres mexicanas.

Al respecto, debe hacerse notar que tiene más de 30 años que el Estado Mexicano se comprometió internacionalmente a promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Compromiso que no sólo es del estado federal, sino de todas y cada una de las entidades federativas y de los municipios que conforman la República Mexicana.

Por lo que podemos notar que al día de hoy, con estos dichos, es notorio que no hemos podido lograr que las costumbres y las ideas culturales fuertemente arraigadas en este país, cambien del todo, ni se ha podido lograr que las obligaciones establecidas en la ley tengan un impacto real en el actuar diario de las autoridades.

Ejemplo claro de lo anterior, es la poca sensibilidad de los dichos expresados por el Gobernador de Baja California.

Ahondando; la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres ha sido un elemento de especial interés en el ámbito internacional y nacional, así lo han dejado claro diversos instrumentos jurídicos tales como:

Ámbito Internacional:

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Artículo 1 establece:

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La Convención Belem Do Pará, firmada y ratificada por México, establece que se entiende por violencia contra las mujeres:

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado son derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencia entre otros:

Asimismo en el Artículo 3 de la citada Convención se establece que:

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Por otra parte en el Artículo 4 del texto en comento se señala que:

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia.

Ámbito Nacional:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura en los artículos primero y cuarto, la prohibición de la discriminación por razón de género, condición social, edad, por lo que deberá observarse la aplicación de la igualdad entre mujeres y hombres.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla en su artículo 5 fracción IV establece la definición de violencia, enunciando lo siguiente:

Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

Respecto de la actitud misógina que tuvo el Gobernador para con las mujeres al expresarse de esa manera, la misma Ley manifiesta en su fracción IX:

Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

Asimismo, el artículo 38 establece que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, tienen dentro de sus objetivos:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;

II. Transformar los modelos socioculturales de conductas de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia hacia las mujeres.

No debe olvidarse que el objeto de esta Ley es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático.

Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define está en su Artículo 1 como:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad ofiliación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

En este orden de ideas las “Estadísticas a propósito del… Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre)” del instituo Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que:

● En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

● Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años; 68% de ellas han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua alcanza 80% y el estado de México 78 por ciento.

● 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual pareja.

● La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron entre los 25 y más años de edad (43.4 por ciento).

● Entre las mujeres que se han unido o casado dos o más veces, el nivel de violencia es mayor (54.6%) que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).

● 32% de las mujeres ha padecido violencia sexual por parte de agresores distintos a la pareja, la cual incluye actos de intimidación, acoso y abuso sexual.

● Durante 2013 ocurrieron 1,083 suicidios de mujeres y más de la mitad (54.8%) fueron de jóvenes de entre 10 y 29 años de edad.

Derivado de lo anterior y dada la conducta que el gobernador tuvo al felicitar de esta forma a las mujeres es que debemos impedir que la violencia y discriminación hacia el sexo femenino siga siendo vista como algo natural, cuando en realidad no es.

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-El Senado de la República condena la actitud de discriminación hacia las mujeres por parte de Francisco Arturo Vega de Lamadrid “Kiko Vega” Gobernador de Baja California.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobernador de Baja California para que pida una disculpa pública, por ironizar el papel de la mujer en su estado.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión estatal de Derechos Humanos de Baja California, para que investigue en el ámbito de sus facultades, la conducta del Gobernador de Baja California.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) para que resuelva con celeridad la queja que se ha interpuesto por la conducta de discriminación que hubo por parte del Gobernador de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Atentamente

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Marcela Guerra Castillo Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.-

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Ninfa Salinas Sada

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Sen. Angélica de la Peña Gómez

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Sen. María del Pilar Ortega Martínez

PARTIDO NUEVA ALIANZA

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo


1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/09/1012533




 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a las empresas productivas del Estado, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control del Gas Natural a revisar que en las licitaciones para el tendido de gasoductos, se tomen en cuenta las mejores condiciones que favorezcan a la industria nacional. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación a elaborar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos programas que regulen el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

SenadorDAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo establece que: “Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.

El Convenio 169 sobre pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes firmado en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), concuerda en que todos los gobiernos deben respetar la importancia de las culturas y costumbres de los pueblos indígenas y su relación con los territorios que ocupan, en particular los aspectos colectivos de esa relación.

De la misma manera, deben reconocerse a los pueblos indígenas los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, además de establecer una protección especial de apoyo o asesoría respecto de los trámites, procesos legislativos o judiciales por parte del gobierno para lograr el pleno desarrollo social.

Con el objetivo de consolidar el Estado de derecho en México, es indispensable el acceso a la justicia para reconocer los derechos indígenas y el carácter multicultural de la nación; es necesario fortalecer la mediación, la solución alternativa de conflictos o la conciliación mediante el uso de traductores como procedimiento de instancias que busquen agilizar los trámites legales en los que se vean envueltos personas, comunidades y pueblos indígenas.

Si bien han existido cambios legales en el campo de la justicia para los indígenas, es poco lo que se sabe sobre el impacto de estos, así como de la práctica y aplicación en los sistemas normativos.

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 10 establece que: el “Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes y que para garantizar dicho derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por lo cual, las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que intervenga alguna persona indígena sea asistido gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Las dificultades para acceder a la justicia es uno de los problemas que enfrenta la cultura indígena en México; pues cuando una persona indígena se ve involucrada en un problema legal, encara una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia en instituciones penitenciarias.

En México, existen más de 8 mil indígenas que se encuentran compurgando penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, por carecer de una defensa adecuada, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues solo existen 28 defensores públicos en todo el país que conocen de las lenguas indígenas.1

Los estados con el mayor porcentaje de habitantes indígenas son Yucatán, con 51.4%; Oaxaca, 45.9%; Chiapas, 33.4%; Quintana Roo, 32.7%; Campeche, 21.3%; Hidalgo, 21.2%; Guerrero, 18.1%, Puebla, 18.1%; San Luis Potosí, 13.9%; y Veracruz, 13.5%.2

El número total de pueblos indígenas en el país es de 68, integrados por 11 familias lingüísticas y 364 variantes de las mismas, lo que da muestra de la dimensión y necesidad de atender la problemática que en materia del sistema judicial se ocasiona por la ausencia de hablantes y traductores de lenguas indígenas que se suscitan dentro de este grupo vulnerable.

De entre los años 2013 y 2014, han salido de la cárcel 2 mil 275 indígenas, de los cuales 218 fueron mujeres, que en su mayoría hablan lengua náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil; estos tienen mayor tendencia a vivir en zonas rurales, dedicarse a actividades manuales y se encuentran dentro de los rangos más bajos de pobreza, aunado a esto, se observó que no tuvieron asistencia de intérprete o traductor, ni asesoría jurídica o defensores públicos bilingües.3

Es muy posible que tampoco existiera el apoyo de personal especializado con conocimiento de la cultura, usos o costumbres, tal cual lo marca la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, lo que indica que estas detenciones pudieron haberse realizado de manera arbitraria mediante procesos colmados de irregularidades.

Por ejemplo, en el año 2010 quedaron en libertad Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes estuvieron en prisión tres años y ocho meses por el supuesto delito de secuestro a seis miembros de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI); al respecto, en el año 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que hubo inconsistencias ilegales en el proceso que llevó a su detención,4 por consiguiente, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a pagar indemnizaciones, conforme a lo que establecen la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal.

Un año después de este hecho, un juez Federal ordenó la libertad inmediata a siete indígenas mazahuas, quienes habían permanecido presos durante 4 años en los penales de Nayarit y Veracruz por supuestos delitos de narcomenudeo y portación de armas;5 la sentencia de libertad fue dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, luego de que un análisis pormenorizado determinó que las pruebas no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad.

Otro dato que refleja la situación de los indígenas en el país, es la discriminación que sufren, tal y como lo indica el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en agosto de 2012, año en que se da a conocer mediante la “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) que el 44.1% de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas.6

Dicho porcentaje es más alto, por encima de quienes creen que no se respetan los derechos de personas homosexuales (42.4%), de migrantes (40.8%), adultos mayores (34.8%) y personas con discapacidad (34%).7

Estos resultados dan muestra de la gran problemática que afecta a este sector vulnerable como los son las personas, comunidades y pueblos indígenas, asimismo se pone sobre la mesa la necesidad de implementar mayores acciones y programas en el sistema judicial para evitar que se siga actuando en contra de sus derechos.

Es decir, cuando alguna autoridad judicial conozca de un caso que involucre a personas indígenas, se debe evaluar si el asunto debe ser resuelto por las instituciones indígenas o bien si es de competencia de los sistema judiciales; lo que significa que las autoridades deben conocer los alcances de las normas usos y costumbres de los pueblos indígenas y los procedimientos o resoluciones de conflictos internos respetando su autonomía y la de los derechos humanos.

Existen instituciones orientadas a establecer políticas públicas mediante el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante su Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); es necesario conjuntar estos esfuerzos con la participación del Instituto de Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), pues la visión de estos institutos públicos aportan beneficios a este grupo vulnerable, dentro del marco de cooperación e igualdad jurídica.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial encargado de proporcionar e impartir justicia, federal y estatal a que:

A) Elaboren con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos programas que regulen el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades Indígenas;

B) Promueva programas para aumentar el número de intérpretes, traductores y defensores bilingües en el país.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.


1 Alcántara, Liliana. “Más de 8 mil indígenas en prisión, indefensos”. Periódico El Universal 24 de febrero de 2015. [En línea] Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/mas-de-8-mil-indigenas-en-prision-indefensos-223567.html

2 Ibídem.

3 Garduño, Silvia. “Salen de prisión 2 mil 275 indígenas”. Periódico El Reforma. Publicado el 23 de febrero de 2015. [En línea] Disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=472291&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=472291

4 “Un tribunal federal ordena a la PGR indemnizar a dos mujeres indígenas”. CNN Noticias. Publicado el 20 de noviembre de 2013 [En línea] Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/20/un-tribunal-federal-ordena-a-la-pgr-indemnizar-a-dos-mujeres-indigenas

5 “Juez ordena la libertad a siete indígenas luego de cuatro años presos”. CNN Noticias, Publicado el 06 de junio de 2014 [En línea] Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/06/juez-ordena-la-libertad-a-siete-indigenas-luego-de-cuatro-anos-presos

6 “7 datos sobre los retos que enfrentan los indígenas en México”. CNN Noticias. Publicado el 09 de agosto de 2014 [En línea] Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/09/7-datos-sobre-los-retos-que-enfrentan-los-indigenas-en-mexico

7 Ibídem.





 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Michoacán a que, a través de sus programas federales, coadyuven con la reparación de los daños ocasionados por la tromba que afectó varios municipios de ese estado. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Las que suscribe, senadora MaRIA Del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76, 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, la entrada al país del frente frío número 42 desató una tromba con vientos superiores a los 50 kilómetros por hora, con aguaceros y granizo, generando inundaciones y serios daños a más de la mitad de los municipios de la entidad.

De acuerdo a información de la Dirección de Protección Civil Estatal, los municipios con mayor afectación fueron Morelia, Apatzingán, Uruapan y Zamora. Por su parte, el titular del Ejecutivo Estatal informó a medios de comunicación que al menos 800 viviendas resultaron dañadas y 1,500 personas fueron damnificadas en los municipios de Morelia y Zamora. Además de que 25 de las 32 colonias con alto riesgo de la capital michoacana tuvieron inundaciones y encharcamientos de más de 70 centímetros de altura.

Dado el impacto del fenómeno meteorológico a la población, el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III para Desastres Naturales en diversas comunidades debido a los daños materiales causados por las fuertes lluvias.

Por otro lado, el titular de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Apatzingán, refirió que al menos el 80 % de los cultivos fueron afectados por la tromba, principalmente plátano, limón, mango, maíz y sorgo.

Sin embargo, de acuerdo a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, el tornado acontecido no es considerado como un Fenómeno Natural Perturbador dentro de una situación meteorológica excepcional o extraordinaria, por lo que los daños ocasionados no se pueden cubrir con cargo al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Ante tal contingencia y dada la situación socioeconómica que vive hoy el estado y sus municipios, que rebasan la capacidad financiera para solventar por sí mismo la reparación y la reconstrucción inmediata de los daños, apelamos a la solidaridad de las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Michoacán, para que en la medida de lo posible instrumenten acciones contingentes y den las facilidades para acceder a los diversos programas federales establecidos para tal propósito, como por ejemplo, el Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO y el  Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, por mencionar algunos.





 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a las Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Michoacán, para que a través de sus Programas Federales coadyuven con la reparación de los daños ocasionados por la tromba que afectó varios municipios del estado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. María del Rocío Pineda Gochi.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza, lizette clavel Sánchez, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ma. del rocío pineda gochi, Luciano borreguín González, Ernesto cordero arroyo Y Félix Arturo gonzÁlez canto, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO COLOMBIANO POR LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La mañana del jueves 12 de marzo del presente año, se dio a conocer en diversos medios de comunicación la noticia de una explosión ocurrida en el barrio de Quiroga de la Ciudad de Bogotá, que dejó un saldo de cinco policías y tres civiles heridos, así como afectaciones en la vía pública y daños a inmuebles que se ubican en los alrededores.

2. De acuerdo con declaraciones del comandante de la Policía de Bogotá, Humberto Guatibonza, los hechos fueron ocasionados por una moto-bomba que detonó mientras circulaba una caravana de policías en el barrio de Quiroga. Señaló que una de las líneas de investigación está dirigida a un posible atentado en contra de una caravana de la Policía que circula todos los días en esa zona. El funcionario también mencionó que dada la similitud de los últimos atentados presentados en la ciudad Capital, no se descarta que el Ejército de Liberación Nacional esté detrás de los hechos.

3. Especialistas en seguridad y políticas públicas como Jairo Libreros, señalan que el mercado negro se está inundando de explosivos desde que iniciaron las negociaciones entre Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues sospechan que ante una eventual desmovilización están vendiendo sus explosivos “al mejor postor” para financiar su movimiento político en caso de prosperar el proceso de paz.

4. Por su parte, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, pidió que las investigaciones sean realizadas con prontitud para determinar los móviles de los siete explosivos que han detonado desde enero de este año en la capital de Colombia.

Señaló también que estos sucesos parecen tener motivaciones políticas más que un simple acto delincuencial, y afirmó que no existe razón para pensar que el crimen está incrementándose en Bogotá.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas de 1997, establece en su artículo 2 que comete un delito      quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto     explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, una red de transporte público o una instalación de infraestructura.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde resultaron heridas ocho personas y confía en un pronto esclarecimiento de los hechos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Luciano Borreguín González.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Félix Arturo González Canto.




 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República a que, en coordinación con sus homólogas estatales, replanteen estrategias, programas o acciones eficaces y eficientes que prevengan, investiguen y sancionen el delito del secuestro de manera integral. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo    dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La finalidad de un Estado es la de proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas así como garantizarles su seguridad, en este tenor, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Estado a la prevención, investigación y persecución de los delitos, para cumplir dichas funciones, las instituciones de seguridad pública deben regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia profesionalidad, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal.

Sin embargo, la sociedad mexicana no se siente más segura hoy en día que hace tres años, poco se ha avanzado en la inalienable tarea por parte del Estado de garantizar la seguridad y el orden público, por el contrario, día a día las cifras muestran que el índice delictivo va en aumento. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014,1 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Envipe revela que la preocupación de la población de 18 años y más, es la inseguridad y delincuencia con un 58.1%, desempleo con 46.1% y el aumento de precios con un 37.7%. Asimismo, la percepción de inseguridad en las entidades federativas, al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2014), llegó a 73.3% de la población de 18 años y más. En el 2013, la percepción de inseguridad fue del 72.3 por ciento.

La Envipe arrojó como resultados que durante el 2013 hubo 22.5 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,224 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente diferente a la estimada para 2012, pues en este año se reportó 27,337 víctimas por cada cien mil habitantes.

El mismo estudio dio a conocer datos realmente alarmantes en materia de seguridad, y pone sobre la mesa que no se está cumpliendo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Muestra de lo anterior son los altos índices de secuestro que prevalecen en el país, tan sólo durante el mes de enero de 2015 se presentaron 163 denuncias por casos de secuestros, lo que representa un incremento de 7.23 por ciento respecto a diciembre de 2014, así lo dio a conocer la organización Alto al Secuestro.2

Año tras años las cifras relativas al secuestro se incrementan, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., manifestó que “durante el año 2013 se registraron 74 casos cada 24 horas. En el 2014 la cifra se incrementó a 88 casos al día”,3 la misma organización señala que durante el año 2012 se suscitaron  27,375 casos relativo al secuestro; en el año 2013, 29,711 casos y en el 2014, 32,120 casos.

Por su parte, el observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, señala en su “Reporte sobre delitos de alto impacto Enero 2014”, que durante el periodo diciembre 2013 a enero 2014, el número de secuestros oficialmente contabilizados en el país presentó un repunte de 5.60%. Para enero de 2014, el Estado de México fue la entidad que registró el mayor número de denuncias por el delito de secuestro con 19 casos. En segundo lugar se ubicó Michoacán, en donde se reportaron 17 privaciones ilegales de la libertad. Conjuntamente, ambas entidades concentraron 27.27% de los secuestros oficialmente registrados. Lo anterior significa que aproximadamente 3 de cada 10 secuestros ocurridos en el país durante enero de 2014, ocurrieron en estas dos entidades federativas.4

El gobierno federal conoce el incremento en las cifras del secuestro, tan es así que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016, señaló que: “las denuncias por secuestro prácticamente se triplicaron al pasar de 438 en 2007 a 1,268 en 2012”.5 Es importante señalar que la cifra en materia de secuestros es incierta, pues el mismo coordinador de la Estrategia Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, indicó que por cada secuestro que es denunciado, 10 no son reportados ante las autoridades correspondientes, es decir, no existen cifras fidedignas sobre el número de  secuestro en México.

A pesar de que se incrementaron las condenas hacia las personas que priven de la libertad a otras de manera ilegal, que van de los 80 a 140 años de prisión y multas de 12 a 24 mil días, (artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro), el delito del secuestro no ha disminuido, pues como se menciona párrafos arriba, este delito va en aumento.

Los promoventes de que se incrementarán las penas contra el delito de secuestro argumentaban que “[…] constituye una medida legislativa de política criminal que coadyuvará a la reducción del delito de secuestro, en beneficio del sistema de procuración e impartición de justicia penales pero, sobre todo, de la seguridad de todos los mexicanos”.6

Sin embargo, a 8 meses de la entrará en vigor de las nuevas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, su hipótesis se ve menguada, esto a pesar de que existe a nivel nacional una campaña mediática sobre los beneficios de la cadena perpetua a los secuestradores.

Es innegable que la estrategia para erradicar el secuestro en el país no ha funcionado, de lo contrario no se tuvieran dichas cifras, y es muestra clara de que la sociedad está en franca descomposición, el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce que la problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales, pues los índices de delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos.

Por otra parte, el Gobierno Federal ha incrementado el gasto público para garantizar la seguridad nacional, en el año 2006 ascendió a 50 mil 936.25 millones de pesos, pero para el presente año el monto aprobado se incrementó a 153 mil 419.65 millones de pesos.7

La política en materia de seguridad que ha implementado el gobierno federal ha resultado fallida, y sin duda esta contrariedad está perjudicando al núcleo social impidiendo su progreso y bienestar.

Es evidente que no sólo con endurecer las penas contra el delito del secuestro e incrementar el presupuesto para garantizar la seguridad pública se reducirán los índices de dicho delito, si no se tiene estrategias programas o acciones eficaces y eficientes que redunden en el decrecimiento de las cifras de la comisión de secuestro.

Es decir, México necesita un modelo que prevenga, investigue y sanciones el delito del secuestro de manera integral, con esto se lograría recuperar la confianza de los ciudadanos, al mismo tiempo de que disminuiría la práctica del secuestro en el país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con sus homólogas estatales replanteen estrategias, programas o acciones eficaces y eficientes que prevengan, investiguen y sancionen el delito del secuestro de manera integral. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.


1 Boletín de Prensa Núm. 418/14, 30 de septiembre de 2014  “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre  Seguridad Pública (Envipe) 2014”, [en línea], INEGI, consultado el 4 de marzo de 2015, disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2014/septiembre/comunica11.pdf

2 Flores Raúl, “Repunta secuestro; hubo 163 en enero”, periódico Excélsior, miércoles 25 de febrero de 2015.

3 “Secuestro  por Año”, [en línea], Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., consultado el 4 de marzo de 2015, disponible en  http://www.mexicodenuncia.org/?page_id=103

4 “Reporte sobre delitos de alto impacto Enero 2014” [en línea], Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, justicia y Legalidad, consultado el 4 de marzo de 2015, disponible en http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Documentos/documentos/Reporte-ENE-2014-ONC-WEB-2.pdf 

5 Plan Nacional de Desarrollo 20013-2018, Gobierno de la República, pág. 33.

6 Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo II de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea], Gaceta 89 del Senado de la República; consultado el 6 de marzo de 2015, disponible en http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45935

7 Tépach Reyes “El Presupuesto Público Federal para la Función Seguridad Pública, 2014-2015” [ en línea], Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Cámara de Diputados; consultado el 6 de marzo de 2015, disponible en  http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-02-15.pdf





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia y del Senador Jesús Casillas Romero, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones para evitar accidentes viales, así como programas de capacitación y educación vial. Se turna a la Comisión de Salud.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, SENADORAS integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologísta de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2014, revela de acuerdo con los últimos datos disponibles que los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en niñas, niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad; que por cada persona que fallece a causa de un accidente de tránsito dos personas resultan con una discapacidad.

Tan solo en el año 2013, hubieron 406,426 accidentes vehiculares que produjeron, 15,856 muertes, 142,626 personas heridas de las cuales 31,320 fueron graves. Es decir, diariamente mueren en promedio 43.8 personas y  85.8 quedan heridas.

El consumo del alcohol previo a conducir un vehículo es un factor que aumenta exponencialmente las probabilidades de causar un accidente. En 26,986 accidentes estuvo presente este factor. No debe pasar desapercibido que dicha cifra representa un 31.9% menos en comparación con 2008 lo cual celebramos y reconocemos  estos resultados positivos y conminamos a que siga esta tendencia a la baja.

Asimismo es preciso destacar que 38.7% de las personas fallecidas por accidentes eran usuarios considerados “vulnerables” es decir peatones, ciclistas o motociclistas.

Sobre ellos destacan las siguientes estadísticas:

● Las muertes de peatones constituyen casi una tercera parte de los muertos en accidentes de tránsito.

● Se incrementaron las muertes de motociclistas 87.6% con respecto a 2008.

● Se redujeron 5.75% las muertes de ciclistas respecto a 2008.

Las necesidades actuales generan que las personas busquen todas las alternativas posibles de movilidad, para ello es necesario que se genere una cultura de respeto entre usuarios de automóviles y peatones para la sana convivencia de toda la población.

En 2011 se publicó la Estrategia Nacional sobre Seguridad Vial 2011-2020 con objeto de reducir un 50% las muertes, reducir las lesiones y las discapacidades por accidentes. Adicionalmente este Senado, en 2011 aprobó un punto de acuerdo para establecer el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con la meta de estabilizar y reducir la mortalidad en México y en el mundo prevista por accidentes de tránsito para 2020.

En ese orden de ideas, para alcanzar los objetivos planteados es necesario el esfuerzo conjunto y coordinado de los tres órdenes de gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO.- Se exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones tendientes a reducir la mortalidad y generación de discapacidades producto de accidentes vehiculares.

SEGUNDO.- Se exhorta a los tres órdenes de gobierno para que en el marco de sus atribuciones refuercen los programas de capacitación  y educación vial con objeto de reducir los accidentes vehiculares.

Salón de sesiones del senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel Ávila Ruiz, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Las y los suscritos, legisladores ante la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que de conformidad con el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. De ahí que en términos del segundo párrafo de este precepto constitucional “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Que en términos delo dispuesto en el primer párrafo del artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

Que de conformidad con el artículo 3, del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Canal del Congreso, “es un medio de comunicación de Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo y pertenece a la Nación”.

Que en razón de que el pasado domingo, 15 de marzo, la empresa de radiodifusión Noticias MVS anunció la terminación de la relación contractual que los unía a la periodista Carmen Aristegui, como consecuencia de los siguientes:

HECHOS

Carmen Aristegui generó un espacio de apertura y pluralidad informativa en el espacio matutino de noticias en MVS Noticias, en el que diversas voces manifestaban y contrastaban los sucesos públicos más notorios de la realidad mexicana, también se privilegió el periodismo de investigación, es decir, la búsqueda de información, no solamente limitarse a la reproducción de los boletines de prensa gubernamentales, sino la de ser exhaustivo y rigurosos en la búsqueda de información que generalmente se pretende mantener oculta.

En su espacio de noticias se dieron a conocer informaciones que seguramente incomodaron a más de un servidor público, escándalos de la notoriedad como la llamada “casa blanca”, las asignaciones multimillonarias al Grupo Higa, la ostentosa propiedad del actual Secretario de Hacienda, las denuncias por trata de personas y malversación de recursos públicos en manos del dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez; dio a conocer con puntualidad los sucesos acaecidos en la guardería infantil ABC, en Hermosillo, Sonora; la muerte y desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero y la masacre en Tlatlaya, Estado de México, que han inquietado a los mexicanos entre otras noticias, que sin duda han sido de gran utilidad a la sociedad y la opinión pública, para definir, por ejemplo sus demanda sociales y en muchos casos sentir que su voz es escuchada o al menos expresada, porque por sus micrófonos se expresó parte importante de la sociedad y su pensamiento, razón fundamental para promover los derechos de las audiencias.

Como característica y distintivo de la comunicadora, el pasado 10 de marzo informó de una extraordinaria noticia: el lanzamiento de Mexicoleaks, una plataforma digital, independiente que permitirá a los ciudadanos enviar de manera segura y anónima, información y documentos de interés público a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para que sea investigada, verificada, analizada y compartida.

Dicha plataforma es una iniciativa de Free Press Unlimited, una organización no gubernamental holandesa y un trabajo conjunto de Globaleaks y Associate Whistlebowing Press, que pretende ayudar a periodistas de diversas partes del mundo a la construcción de un mecanismo de comunicación que permita revelar información de interés público.

En entrevista, Albana Shala, Coordinadora de Free Press Unlimited, señaló que pensaron en México porque “es un país con muchos problemas y muchos riesgos para periodistas que son perseguidos o asesinados solo por hacer su trabajo, es decir informar a la gente”.

El grupo de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales que se unieron a esta importante iniciativa cuenta con el prestigio profesional que a través de su labor cotidiana se respaldan: Animal Político, EmeEquis, Más de 131, Periodistas de a Pie, Poder, Proceso, La Red en Defensa de los Derechos Digitales y Aristegui Noticias.

Así pues, Aristegui informó sobre la importante alianza de la cual su equipo de investigación formaría parte y que representa un aire refrescante ante el escenario de concentración que se vive en materia de medios de comunicación en nuestro país, peor aún ante la vuelta de los viejos tiempos en los que por obra y gracia de entes gubernamentales muchos medios parecieran alinearse y cuadrarse ante la versión oficial.

Infortunadamente al día siguiente del anuncio, MVS emprendió una campaña inusitada en contra de la periodista a través de un spot que se repitió una y otra vez durante el día y desplegados en medios impresos, en los que sin nombrarla mencionaba que ésta había caído en engaños y en un lamentable abuso de confianza, al anunciar la alianza con Mexicoleaks. No sólo eso, también se advertía que MVS tomaría “las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, no sean utilizados para fines distintos para los que fueron creados y sirvan a intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa”.

En dicha emisión Aristegui se dijo sorprendida por la manera en que MVS daba a conocer su postura respecto del anuncio del día anterior, “veremos de qué se trata, veremos de dónde viene, veremos cuál es el trasfondo de un mensaje de estas características”, no sin referirse también a su compromiso con la audiencia y con su trabajo de informar.

Este día el desconcierto y la molestia de los radioescuchas no se hizo esperar y a través de las redes sociales, a través del hashtag #EnDefensaDeAristegui, exigieron que la periodista no saliera de la radio.

Parecería que dichas reacciones ayudarían a templar los ánimos, sin embargo MVS lanzó otro spot que a la vez se reprodujo en desplegados de algunos diarios de circulación nacional el 12 de marzo, este menos visceral diciendo que Mexicoleaks no es el problema, pero insistiendo en que era inaceptable el actuar de la conductora pues la administración de la empresa era la única facultada para decidir las alianzas estratégicas.

Aristegui se dijo nuevamente sorprendida y apuntó “Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí no cuenten con nosotros, nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia.”

El mismo día, el ombudsman de la audiencia, Gabriel Sosa Plata, emitió un claro y contundente posicionamiento público sobre el caso. En dicho documento señala que si bien la periodista debió comentar del acuerdo con Mexicoleaks con el director general o los integrantes del Comité Editorial, y pedir autorización siempre y cuando se haya utilizado la marca o los recursos de Noticias MVS, la respuesta de la empresa fue desproporcionada.

De dicho documento hay que señalar los ejes fundamentales:

● El Ombudsman señala que pudo constatar que el logotipo de Noticias MVS no aparece entre los integrantes en el sitio de Mexicoleaks, sino la “Unidad Aristegui/MVS”, lo que haría suponer que participarán en lo individual los integrantes del equipo de investigaciones especiales, lo que a su parecer no implica un uso indebido de recursos humanos o económicos de MVS radio.

● La campaña que se llevó a cabo para dar a conocer la posición de MVS es “inédita y desproporcionada frente a un diferendo sobre el supuesto uso de una marca y el establecimiento de alianzas estratégicas, sin las autorizaciones respectivas de la empresa.”

● La defensoría promueve la libertad de expresión de los periodistas y del medio, sin embargo, “cuando en su derecho de libertad de expresión se utilizan expresiones como “ofensa”, “abuso de confianza”, “intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa” y hasta “engaño” para referirse en decenas de spots y desplegados a sus propios periodistas y conductores, las consecuencias podrían ser distintas.”

● La campaña mediática lanzada bajo las expresiones referidas es “un mecanismo de presión inédito de una empresa hacia algunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico. Un periodista o un conductor que es calificado por su propio contratante como alguien que engaña y que abusa de la confianza, puede dañar su credibilidad, su honra, su profesionalismo, atributos esenciales en su trabajo periodístico. Y dañaría en general la imagen de un medio de comunicación, en este caso de MVS Radio y en específico de Noticias MVS, cuya credibilidad, aceptación, audiencia y confianza de sus anunciantes, está soportada, justo, por la labor de quienes detrás o frente a los micrófonos tienen la tarea de informar sobre los hechos nacionales e internacionales.”

● “Los desacuerdos editoriales o de otro tipo que existen en cualquier empresa periodística no son en general públicos. […] En lugar del diálogo y el acuerdo, la empresa recurrió a la estridencia mediática, sin ninguna aportación al ejercicio de libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Por el contrario, se hizo un daño a la imagen de los periodistas y de la marca que supuestamente se pretendía defender con esta campaña mediática.”

Ese mismo día, 12 de marzo, al terminar la primera emisión, Grupo MVS despidió a Daniel Lizárraga e Irving Huerta, coordinador y reportero respectivamente de la Unidad de Investigaciones Especiales, quienes revelaron el asunto de la Casa Blanca, mansión millonaria que habría adquirido la primera dama de uno de los principales contratistas de esta administración. La empresa argumentó mediante comunicado que la decisión fue en razón de pérdida de confianza.

Ante la desafortunada decisión, al día siguiente, viernes 13 de marzo, Carmen Aristegui rechazó categóricamente el despido de ambos reporteros pues con dicho despido se afecta seriamente el trabajo del equipo, así como la generación de contenidos para la audiencia.

Por si no fuera suficiente MVS presentó nuevos lineamientos para regir la relación entre conductores y ésta, mismos que prácticamente están diseñados para que la conductora se vaya.

En dichas reglas se restan decisiones editoriales a los conductores; aunado a que la contratación tanto de reporteros como corresponsales, comentaristas, analistas, defensor de la audiencia entre otros, será consensuada entre los conductores y el Director de Noticias.

Que existirá una sola Unidad de Investigación cuyos miembros serán elegidos por el Director, en tanto que los conductores sólo pueden hacer sugerencias. También se destaca que todos los trabajos de información y de relevancia informativa deberán presentarlos a la Dirección de noticias; el contenido de los portales de noticias será responsabilidad del Director de noticias y no podrá ser utilizado por los conductores en ningún otro medio o plataforma.

Por todo lo anterior y considerando el valor y la necesidad de contar en México con espacios noticiosos de investigación periodística rigurosa, con información plural y plena apertura de cara a la población y en defensa del derecho a la información de los mexicanos, el Canal del Congreso deberá contar con un espacio noticioso que sea transmitido en canales públicos para garantizar su mayor difusión en el territorio nacional, para lo cual se propone la apertura de ese espacio con la conducción de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores.

Asimismo, y toda vez que en México es un país con alto índice de agresiones a periodistas y medios de comunicación y es obligación y responsabilidad del Estado proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la información, el Canal de Televisión del Congreso de la Unión, deberá suscribir los acuerdos correspondientes y adherirse a la plataforma MexicoLeaks.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión para que disponga destinar de inmediato un espacio diario dentro de la programación del canal de televisión, a efecto de que sea transmitido el programa de noticias bajo la conducción de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones especiales, así como garantizar los recursos económicos y materiales necesarios para el desarrollo de dicha producción, con el propósito de garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión para que instruya a la dirección general del Canal de Televisión a adherirse a la plataforma MexicoLeaks, con el propósito de dar curso a las investigaciones y denuncias que se produzcan en este conglomerado de medios.

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión para que promueva un convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del programa de noticias de Carmen Aristegui en la red nacional de radiodifusoras culturales y educativas del país, así como en los medios que componen el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Daniel Ávila Ruiz.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.




 

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Luciano Borreguín González y Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con la suspensión del "Acueducto Independencia" en el estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Los suscritos senadores ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, LUCIANO BORREGUIN GONZÀLEZ y FIDEL DEMÈDICIS HIDALGO, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos la siguiente PROPOSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ENVÍE UN EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, C. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, PARA QUE EXPLIQUE Y FUNDAMENTE, POR QUE NO HA SIDO ACATADO EL AMPARO EN REVISION 631/2012, RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, RELACIONADO CON LA SUSPENSIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” EN EL ESTADO DE SONORA.

CONSIDERANDOS

El pueblo Yaqui, ubicado en el Estado de Sonora, ha sido castigado en diferentes momentos de la historia, perseguido para ser exterminado, la particularidad del grupo étnico es de fuerza, de lucha y de trabajo como lo han demostrado a través del tiempo y una parte fundamental de esa característica ha estado ligado por generaciones al desarrollo cultural, social que les brinda la sustentabilidad del Río Yaqui.

El Gobierno del Estado de Sonora propuso la creación del Acueducto Independencia, en el año de 2010, para llevar el agua almacenada a la Presa Plutarco Elías Calles, conocida como la Presa el Novillo, esta obra afectó los derechos sobre la Presa la angostura y del rio yaqui, de cuyo caudal les pertenece el 50% dado el contenido del decreto que restituye y titula el territorio a la Tribu Yaqui, emito por el Presidente Lázaro Cárdenas el 30 de septiembre de 1940, publicado el 30 de octubre del propio año y genera daños irreversibles e irreparables a la tribu Yaqui, como lo señala el dictamen pericial, la información documental revisada y las observaciones en el sitio nos permiten asegurar que la obra de trasvase que supone el "acueducto Independencia", se ejecutó sobre una cuenca de alta fragilidad hidrológica, sobre todo en periodos de sequía, con un alto estrés hídrico, capacidades de residencia muy mermadas y condiciones sociales que ponen en grave riesgo la sobrevivencia de la Tribu Yaqui como pueblo originario, organizado, con propia cultura, territorio y gobierno.

Los estudios internacionales sobre desigualdad hídrica han ofrecido datos suficientes de que, en condiciones de estrés hídrico, las pérdidas y carencias en la disponibilidad de agua se recargan sobre los grupos débiles o debilitados en el ámbito económico, social y político, de manera que el estrés hídrico en la cuenca refuerza la desigualdad social hídrica que hasta ahora padece la Tribu Yaqui.

La Tribu Yaqui ha vivido durante más de un siglo una condición de injusticia social persistente, sustentada en un largo proceso de despojo, exclusión, discriminación e incluso en ciertas épocas, masacre y genocidio; situación que plantea una evidente deuda histórica de la sociedad nacional y sonorense con el pueblo yoeme, (Yaqui), que debe atender acciones restitución para revertir dicha injusticia. Lejos de contribuir a ese propósito, el proyecto del acueducto agrava la situación de injusticia hídrica en que se desenvuelve la Tribu Yaqui y atenta contra sus derechos como pueblo originario, plasmados en nuestra Carta Magna, en los tratados internaciones y en la legislación local en materia de derechos de los pueblo indígenas.

Esta situación de injusticia ha derivado en la condición de marginalidad que afecta a la producción agrícola Yaqui. Imposibilitada de ampliar su superficie irrigada, afectada por el abandono estatal en el fomento agrícola y discriminado para acceder a sistemas de financiamiento, la tribu Yaqui se ha visto arrinconada a una condición de agricultura debilitada por el rentismo, el ensalitramiento de suelos, la emigración desventajosa y los desastres por sequía.

El proyecto en cuestión se sustenta en una visión muy estrecha para entender y atender integralmente las carencias de agua en la región. Concebir el agua tan solo como un recurso material, sujeto de apropiación y de comercio, resulta inapropiado cuando se trata del río Yaqui. Para ellos el Río, no solo da nombre al pueblo Yaqui, sino que forma parte de su universo simbólico y constituye el eje de su territorio ancestral; el Río es fuente de la vida, la memoria, el paisaje y el ser del pueblo Yaqui que no puede entenderse sin su presencia generosa. En la medida que la obra significa la pérdida casi total del caudal de su río histórico, constituye una amenaza directa a la identidad, la integridad, la ritualidad, el paisaje y la vida cotidiana de la Tribu Yaqui.

El proyecto que da origen al presente dictamen supone entonces la negación del ejercicio del derecho humano al agua para la Tribu Yaqui. Según los datos oficiales, el abasto de agua doméstica para las poblaciones yaquis se encuentra el 80 y 60 por ciento de cobertura, debajo de otras zonas del estado. Hay datos que indican que las instancias del Estado mexicano han sido omisas para cumplir con esa obligación hacia la Tribu Yaqui, y sin embargo seles pretende cargar el costo de las deficiencias en la administración de los recursos hídricos de la cuenca del río Sonora, donde se localiza Hermosillo, capital del Estado.

Este proyecto del acueducto, supone afectaciones graves sobre los geosímbolos hídricos de la Tribu Yaqui. Las intervenciones exógenas en la cuenca del Yaqui, que se han ido acumulando desde el pasado siglo, han disminuido drásticamente el escurrimiento de agua por los ríos y arroyos de la cuenca, alterando sensiblemente el paisaje, la flora, la fauna y en general el territorio del pueblo yoeme y condenando la extinción al río heredado por sus ancestros, toda vez que en la parte baja de la cuenca su cauce queda completamente seco durante la mayor parte del año.

Hasta ahora, la Tribu Yaqui ha sido mantenida fuera de las decisiones hídricas fundamentales por parte del Estado mexicano en sus distintos niveles, situación que la Suprema Corte de Justicia, en acatamiento del mandato constitucional ha ordenado reparar para el caso que nos ocupa.

Hay varios ámbitos que se verán fuertemente impactados por la extracción del agua del río Yaqui a través del acueducto Independencia: la pérdida de medios de vida en forma de recursos para la agricultura y la ganadería locales, el debilitamiento extremo de la economía doméstica, e incluso del rentismo de tierras, que hasta ahora es una estrategia de sobrevivencia utilizada por los yaquis en condiciones de alta incertidumbre de los mercados agrícolas.

Una parte de la deuda histórica del Estado Mexicano con la Tribu Yaqui tiene que ver con el cauce del río. El río Yaqui ha sido eje primordial del patrón de asentamiento, de la organización comunitaria y de la geografía simbólica de la Tribu. El cauce del río, además de ser el soporte de una serie de procesos ecológicos, es también el escenario en que se construyen redes que dan sentido a la cosmogonía yoeme, que no puede comprenderse sin la alianza montaña, río, mar; que están estrechamente vinculados en términos ecológicos y culturales.

Como la Coordinación Nacional de Antropología ha acreditado en su dictamen, la extracción masiva del agua del río Yaqui y la desecación de una gran parte de su cauce histórico, afectarán aspectos importantes de la tradición, la ritualidad y la vida cotidiana, al hacer virtualmente imposible la realización de fiestas y ceremonias de gran importancia para el pueblo yoeme, al afectar la disponibilidad de plantas medicinales, alimenticias, utilitarias y de uso ritual, y alterar definitivamente el territorio y el paisaje de la Tribu. considerando que cualquier medida de mitigación de los impactos negativos del proyecto en cuestión sobre la cultura, la sociedad, la religiosidad y la vida cotidiana de la Tribu Yaqui, debe partir de garantizar el gasto mínimo ecológico, que permita la restitución del río Yaqui en toda su extensión; la recuperación de la flora y la fauna propias del área próxima al caudal, la realización de los rituales tradicionales asociados con el río y con sus aguas, la explotación de las especies útiles para la construcción, la medicina tradicional y las actividades recolectoras de la yoemia; y la recuperación de los geosímbolos y las marcas territoriales asociados con el río como elemento central del territorio y la cosmovisión yoeme.

Para lograr lo anterior, sería preciso disponer, de acuerdo con las especificaciones que con ese fin puedan hacer los expertos, y considerando siempre la opinión y las determinaciones de la Tribu Yaqui, en el ejercicio de su autonomía y su derecho a la libre determinación, la eliminación, la cancelación y/o cierre del acueducto, buscando otras opciones para hacer frente a las necesidades hídricas que quisieron ser atendidas con el proyecto de cuyos impactos negativos han dado cuenta la Coordinación Nacional de Antropología.

Es preciso atender también, como un impacto indirecto pero visible del proyecto en cuestión, al clima de confrontación y polarización que se ha generado a partir de la construcción y operación del "acueducto Independencia", procurando evitar que su agravamiento pueda exacerbar actitudes de intolerancia, discriminación y encono, en condiciones en que la violencia se ha convertido en una de las mayores amenazas para el tejido social de nuestro país. Es preciso abonar a la construcción de relaciones étnicas fundadas en principios de simetría, inclusión y pluralidad, estableciendo puentes de comprensión y diálogo intercultural, que abonen al reconocimiento de la nuestra como una condición que se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, incluyendo a las comunidades integrantes de la Tribu Yaqui, que ahora pugnan por tener derecho de expresarse y decidir sobre su destino y el de sus territorios ancestrales.

El acuerdo de la primera sala para resolver los autos del Amparo en Revisión número 631/2012, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, el diecinueve de abril de dos mil once presenta para la Tribu Yaqui. La obtención del amparo contra las autoridades responsables en el área de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como contra el Delegado en Sonora de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente.

Siendo los actos reclamados de la primera autoridad, en su calidad de ordenadora, la resolución en materia de Impacto Ambiental, emitida el veintitrés de febrero de dos mil once, en el procedimiento que contiene la autorización para la construcción del proyecto denominado "Acueducto Independencia", a desarrollarse en los municipios de Hermosillo, Mazatlán, Villa Pesquerira, Ures y Soyopa, en el Estado de Sonora, que consistirá en la construcción y operación: a) de una obra de toma vertical en la presa "El Novillo"; b) una estación de rebombeo horizontal (cárcamo de bombeo); c) Un acueducto de acero para la distribución de agua nacional y, d) Una línea de transmisión eléctrica.

De la segunda autoridad, en su calidad de ejecutora, la vigilancia respecto delos actos materiales de ejecución de la construcción y operación de las obras realizadas por la autoridad ordenadora.

Los actos diversos que afecten a la Tribu Yaqui y consecuencias y legales y de hecho que afecten sus derechos constitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2013 da inicio a un proceso de consulta donde informa de un estudio sobre las afectaciones en la agricultura para las cuatro cuencas que comprende el Río y Yaqui, un dictamen técnico sobre evaluación de riesgos de la salud de la población por la operación del Acueducto Independencia, y en la misma consulta un peritaje antropológico respecto al impacto social por la operación del Acueducto Independencia. La Primera Sala estima conveniente resaltar la diferencia entre consulta y consentimiento, pues sin perjuicio del hecho de que todo proceso de consulta debe perseguir el objetivo del consentimiento, en algunos casos, puede que su ausencia no impida a las autoridades decretar las acciones correspondientes, lo cual dependerá del nivel de impacto que tendrá el funcionamiento y operatividad del Acueducto Independencia sobre la comunidad o grupo indígena, debiéndose ponderar los intereses sociales en juego, esto es, tanto de los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en aptitud las autoridades correspondientes a decretar, en la medida de sus facultades, las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del proyecto sobre la cuenca a manera de garantizar la subsistencia de la Tribu a la que se concede el amparo a fin de que sea escuchada para efectos de la operación (no construcción) del Acueducto.

Por lo anteriormente expuesto en el instrumento de este documento, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente Propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ENVÍE UN EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, C. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, PARA QUE EXPLIQUE Y FUNDAMENTE, POR QUE NO HA SIDO ACATADO EL AMPARO EN REVISION 631/2012, RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, RELACIONADO CON LA SUSPENSIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” EN EL ESTADO DE SONORA.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Luciano Borreguín González.




 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el número de detenciones, sentencias y consignaciones de trata de personas de 2010 a 2014 y explique qué acciones está implementando para erradicar este delito. Se turna a la Comisión de Justicia.

SenadorDAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Índice Mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de persona éste constituye el peor crimen social del siglo XXI. Sus ejecutores cometen las más crueles aberraciones en contra de millones de personas en todo el mundo, mientras que sus víctimas se ven despojadas de su libertad, de sus proyectos y de sus capacidades para realizarlos.1

Lo anterior, porque la presencia de la trata de personas sólo puede darse en un estado social de violencia, abuso, maltrato y discriminación en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, estos últimos, constituyen los grupos de población que en mayor medida son enganchados y convertidos en víctimas de los tratantes.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado.2

Este problema tiene como raíz la impunidad y la corrupción; también, en muchas ocasiones dicho fenómeno se encuentra vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada.

No obstante este delito, conlleva a graves violaciones de derechos humanos, es un fenómeno que incluye desde aspectos penales hasta cuestiones relacionadas con la migración irregular, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la violencia doméstica, etc.

Por lo tanto el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el mes de agosto de 2013, realizó distintas solicitudes de información a instancias gubernamentales que tienen la responsabilidad de generar los datos de manera sistemática, relativos con la trata de personas. Dichas solicitudes fueron enviadas a las Procuradurías Generales de Justicia Estatales, a las Secretarías de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación y en su caso, a las instituciones que especialmente han sido creadas para combatir este delito.3

Asimismo, en octubre de 2013 el equipo de investigación de la ONC dio a conocer que en 16 entidades federativas se realizaron detenciones por la comisión del delito de trata de personas: Puebla con 74, Baja California 72, Chihuahua 34, Hidalgo 20, Tabasco 20, Querétaro 17, Sonora 10, Campeche 8, Jalisco 7, Tamaulipas 6, Aguascalientes 4, Morelos 3, dando un total de 275 detenciones mientras que Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Zacatecas contestaron que no cuentan con registro de detenciones, y las 16 restantes no respondieron a dicha solicitud.4

En el periodo 2010-2013, el Distrito Federal fue la entidad federativa con el mayor número casos de trata de personas, presentando 81, en segundo lugar Chiapas con 67.5

Esta información otorga indicios de la problemática que existe en las entidades donde no se ha registrado ninguna detención por el delito de trata, por lo que las autoridades deben redoblar esfuerzos para su combate.

El día 25 de febrero del presente año, el diario El Universal publicó una nota mencionando que entre 2009 y 2014 se iniciaron 2 mil 115 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales solo el 7% fueron sentenciados, lo cual revela el grado de impunidad que existe en el país.

Lo anterior exhibe que México no solo es lugar de origen del delito, sino también de transito y destino. Detrás de una Víctima de trata seguramente hay una red delincuencial, autoridades corruptas e impunidad.

Desafortunadamente los datos no son alentadores, ni por los resultados ni por la calidad de información disponible, lo que apunta a una evidente falta de política pública nacional para erradicar y combatir este delito, así como atender y reparar el daño de las Víctimas.

Este delito no reconoce género, nacionalidades, niveles socioeconómicos ni educativos. Además, la victimización por trata es muy frecuente porque se encuentra ligada a las grandes redes del crimen organizado y a la delincuencia tradicional.

No se puede seguir siendo inmóviles ni ciegos ante este escenario que vulnera la dignidad humana de las Víctimas, de modo que la afectación a la dignidad de las personas debe de captar la atención de las autoridades estatales y federales pues abarca una amplia esfera de derechos que van desde la libertad, la integridad física y psicológica entre otros.

Con lo anteriormente expuesto, es notable que en México existe una baja efectividad en el combate de trata de personas, ya que sigue en aumento la falta de investigaciones por medio de las autoridades. Por tal razón es fundamental que todos los niveles de gobierno asuman un compromiso para combatir de manera coordinada este delito y así ninguna persona más sea víctima de este gravísimo acto.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que rinda un informe pormenorizado sobre el número de detenciones, sentencias y consignaciones de trata de personas de 2010 a 2014 y explique qué acciones está implementando para erradicar este delito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.


1 Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas, México Social, consultado 9/03/2015,[En línea], Disponible en: http://migrantologos.mx/lecturaseminario/Sobre%20TRATA%20de%20Personas%20en%20Mexico.pdf

2 La Trata de Personas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Consultado 9/03/2015,[En línea] Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/8%20cartilla%20la%20trata%20d

3 Estadística sobre la eficiencia en el combate a la Trata de Personas en México, consultado, 10/03/2015, [En línea], Disponible en: http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Documento-Trata-ONC-.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que considere otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas, a efecto de que en la determinación anual del impuesto sobre la renta que causan, puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de servicios de guardería que realicen para sus dependientes económicos en línea recta o sobre los que ejerzan tutela legal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que constantemente tienen que migrar para encontrar fuentes de trabajo, esta situación ha motivado que en varias ocasiones sean violentados sus derechos humanos y laborales.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en 2013 la población potencial era de 6.02 millones de jornaleros agrícolas e integrantes de sus hogares. De esta población, 1.55 millones de personas correspondían a jornaleros agrícolas y 4.47 millones de personas eran integrantes de los hogares de los jornaleros agrícolas.

En México se ha avanzado en este tema, ya que se cuenta con un marco jurídico y de apoyo a las víctimas, asimismo, se tiene un marco de justicia penal que criminaliza algunas formas de esclavitud moderna como lo es la trata de personas. De la misma forma, se cuenta con programas de inspección tutelados al derecho de los trabajadores para hacer cumplir el Estado de derecho laboral en favor de los mexicanos.

El artículo 123 de nuestra Carta Magna establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil, asimismo, la fracción XII del mismo artículo señala que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

En contraste a estos avances, en los últimos días se tuvo conocimiento del rescate por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de cerca de 200 indígenas tarahumaras. En este operativo se encontraban hombres, mujeres y niños, quienes fueron reclutados en Creel, Chihuahua y eran explotados laboralmente por la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, en Baja California Sur.

La información refiere que estos indígenas eran trasladados con engaños y trabajaban en la cosecha de papa, en condiciones de hacinamiento y de explotación, ya que recibían únicamente 200 pesos semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.

Ante este panorama, hay reconocer al programa “México, con Trabajo Digno” de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, ya que los inspectores comisionados confirmaron una denuncia, y aunque el proceso llevó su tiempo, se constató que trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores y, por supuesto, en favor de los grupos vulnerables. Rechazamos cualquier forma de esclavitud o y de actos que vulneran el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, en particular de indígenas, mujeres y niños.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LOS OPERATIVOS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS. ASMISMO SOLICITA ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES IMPLMENTADAS PARA SANCIONAR A LA EMPRESA “CORPORATIVO CEREZO SOCIEDAD AGRÍCOLA” EN COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.





 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a considerar la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para la periodista Carmen Aristegui. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

EL suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

La libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de toda sociedad democrática, libre y republicana.

Se trata de derechos humanos de primera generación, de derechos de corte liberal. Al paso del tiempo, hemos avanzado en la progresividad y las nuevas generaciones de derechos humanos, lo cual nos ha permitido alcanzar nuevos horizontes de mayor protección a favor de la persona, frenando cualquier abuso, cualquier arbitrariedad, cualquier atropello, cualquier signo de autoritarismo.

Por ello, en una sociedad que se dice ser libre, el derecho a la información es de la máxima importancia porque es el mejor mecanismo para proteger la búsqueda, la recepción y la difusión de información, ideas y opiniones en sociedades que han alcanzado nuevos espacios de interacción y convivencia social basados en el desempeño de los medios de información y de comunicación y el uso masivo de nuevas tecnologías.

El hecho es que junto a esas libertades clásicas de expresión y de prensa, tenemos la garantía de los derechos de corte social, que habilitan al ciudadano a exigir al Estado ciertas acciones a fin de garantizar el acceso a la información, a las ideas, a las opiniones, a los argumentos en una sociedad plural, dinámica y en constante renovación.

A la par que se exige al Estado que no interfiera, obstaculice o restrinja la expresión libre de ciudadanos y periodistas, sujetos calificados de tales derechos, se le pide también que intervenga proactivamente cuando haya situaciones, acciones o condiciones que impiden ese libre ejercicio. Que remueva los obstáculos o que repare las violaciones a los derechos que él mismo o particulares cometieron o pueden estar cometiendo.

Hoy la esfera de los derechos humanos no sólo es la concerniente a las relaciones entre autoridades y particulares, sino también aquella vinculada a las relaciones donde intervienen particulares, y con mayor razón si se trata de la relación entre particulares y compañías, grupos organizados, empresas o corporativos, y frente a ellos están los consumidores, los usuarios de servicios, los radioescuchas.

En la actualidad los derechos humanos irradian por doquier. Esto es innegable.

MVS Comunicaciones ha terminado su relación profesional con la periodista Carmen Aristegui, quien tiene el mayor de los reconocimientos no solo a nivel nacional, sino internacional, por ser una voz crítica en el ejercicio del periodismo.

La razón que ha alegado MVS es que se trata el uso de su marca sin autorización. Que los presuntos acuerdos entre Carmen Aristegui y Mexico Leaks no estaban consensados con el grupo empresarial. Ello motivó, en primer lugar, el despido de dos de sus colaboradores, y, posteriormente el término de la relación laboral con la propia periodista.

Al respecto, se ha dicho que es un asunto entre particulares, como hace seis años cuando la empresa y la periodista suspendieron de momento su colaboración profesional. MVS ha dicho que no aceptará ningún ultimátum, que lo que ha sucedido no se trata de censura, que no hay marcha atrás, que no hay posibilidad de arreglo alguno y que es una decisión definitiva.

Por su parte Carmen Aristegui ha dicho que se trata de un atropello a la libertad de expresión y ha dicho que dará una batalla legal. Los periodistas en México y el mundo se han solidarizado, ante lo que se considera una situación lamentable para el ejercicio periodístico en México.

Si bien es cierto que en una primera instancia es un asunto entre particulares, debemos recordar que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información son asuntos públicos, y ante todo se trata de derechos humanos fundamentales, protegidos constitucionalmente y por la normatividad internacional de derechos humanos. Además, por ley, las concesiones de radio y televisión son asuntos públicos que imponen a los concesionarios ciertas obligaciones inexcusables. En una sociedad libre, la pluralidad, el debate y la discusión de los asuntos públicos es un asunto que a todos interesa y debemos trabajar incansablemente todos los días para que así sea.

Miles de personas en el país han salido a las calles a manifestarse en contra del despido y de consecuencias no solo en el ámbito de lo privado, sino en la escena pública, porque se excluye en México una voz importante, con trayectoria crítica en el periodismo.

Muchos han pedido que se abran opciones, nuevos espacios para que la periodista pueda seguir desempeñando su labor de ejercicio de la libertad de expresión e informativa. Estamos de acuerdo.

México tiene radio pública y de mucha calidad.

El Instituto Mexicano de la Radio fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal.

Es vital recordar que la radio constituye una actividad de interés público, con función social que alcanza con su servicio los más altos valores para la convivencia, la cultural el arte y la ciencia en el país.

El Instituto Mexicano de la Radio es la radio pública más importante del país, por su cobertura, tecnología y diversidad de contenidos. Se trata de un medio público federal de comunicación radiofónica con mayor número de emisoras a nivel nacional.

La información disponible y actualizada, arroja que cuenta con 18 emisoras en el país, una de ellas virtual (por internet) y 39 canales digitales. Esta radiodifusora cuenta con 10 estaciones permisionadas y 7 concesionadas. Las estaciones terrestres llegan a 10 localidades en 8 estados, además cubre el Distrito Federal y el área conurbada. En total, por la potencia de sus emisoras, se puede escuchar en 17 entidades de la República Mexicana.

Su misión es producir, programar y transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la compresión y el análisis para consolidar una comunicación pública incluyente, participativa y plural.

De acuerdo con su visión, se busca conformar una oferta radiofónica y de comunicación de servicio público, con presencia nacional e internacional, referente por la representatividad social y cultural de su programación, la calidad de sus emisiones y la credibilidad de sus contenidos.

Por su parte, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, lo cual está relacionado con el artículo 1º constitucional.

La misma ley establece que es derecho de las audiencias, el recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que lo que hoy está en juego no es sólo un asunto de particulares, sino el derecho que tienen los periodistas a ejercer su labor para difundir hechos, ideas y opiniones, y a la par, el derecho que tienen la audiencias a recibir contenidos plurales, críticos y que refleje la diversidad social actual del país, debemos realizar un atento exhorto.

El gobierno mexicano no se puede limitar a señalar que se trata de un asunto entre particulares. Tiene que tomar un papel activo a favor de las libertades y los derechos de los radioescuchas. A eso lo obliga tanto la constitución política como las leyes.

Hoy, el gobierno no puede censurar, pero cuando hay dudas sobre la censura que se ejerce desde los corporativos, su deber es intervenir y proteger para promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

Para que en México haya libertad de expresión, su primer deber es no interferir. Su segundo deber es evitar o reparar los daños que otros causan cuando interfieren con esa libertad, ya sea en contra de los periodistas, las audiencias o en este caso de ambos.

Hoy más que nunca debemos estar muy atentos a los nuevos signos y síntomas del autoritarismo: aquel que aunque no actúa en nombre del poder, de hecho, se comporta más allá del poder público.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉSDEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, A QUE CONSIDERE LA APERTURA DE UN ESPACIO EN SUS EMISORAS Y PROGRAMACIÓN PARA LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI, A FIN DE QUE CONTRIBUYA AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA LIBERTAD DE PRENSA, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO DE LAS AUDIENCIAS A RECIBIR CONTENIDOS CRÍTICOS Y PLURALES.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a implementar las medidas de protección y ejecuten los programas de apoyo por motivo de las bajas temperaturas que se han registrado en el país. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este H. Senado de la República, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 15 de marzo del presente año, por medio del comunicado No. 176-15, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer la entrada de la Novena Tormenta Invernal en el país, dicha tormenta interactuó con el ingreso de humedad proveniente de Océano Pacífico y con la masa de aire frío asociada con el Frente Frío Número 41.

De acuerdo con los pronósticos, los fenómenos meteorológicos helados mantendrían un ambiente muy frío sobre la mayor parte del territorio nacional, tal como se registró, hubo presencia de lluvias intensas, que se midieron de 75 a 150 milímetros (mm), en los Estados donde se registraron mayores lluvias fue el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Guerrero y Veracruz.

Asimismo, se registraron vientos superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, es importante destacar que también se registró caída de nieve y aguanieve en regiones montañosas con altitudes superiores a 3 mil metros sobre el nivel del mar, del norte, occidente, centro y oriente del país.

El frente frío trajo como consecuencia temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Puebla, Estado de México y Veracruz, con heladas en Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo, y de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas, en Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Distrito Federal y Tlaxcala.

Uno de los fenómenos naturales de mayor relevancia se dio en la autopista México – Puebla, que por una nevada, fue cerrada a la circulación vehicular por casi nueve horas, provocando el cierre vial, dejando incomunicados a poblaciones principales entre la capital del país y el Estado de Puebla.

Durante el fin de semana pasado la presencia de tormentas de nieve en zonas montañosas del Estado de Durango, provocó el cierre de vías de comunicación federal y que los caminos rurales queden incomunicados, de igual manera se ha el descenso de temperaturas.

En diversos estados productores agrícolas señalan que la presencia de humedad y frío les han afectado sus cosechas de temporada; por otro lado, productores de leche han indicado que se han afectado directamente al ganado, la calidad y producción de los productos derivado del mismo.

El mismo SMN ha detallado que a causa de la Novena Tormenta invernal continuaran registrándose un ambiente demasiado frío, registrándose con mayor presencia en el norte, occidente y centro de la República Mexicana.  De igual manera continuará la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte, occidente y centro del país.

Medios periodísticos han registrado que en el Estado de Michoacán, un total de 900 viviendas se han visto afectadas y han registrado daños, y  que al menos tres mil personas se han visto afectadas por las lluvias que azotaron el fin de semana pasado a la entidad, siendo los municipios de Apatzingán, Morelia y Zamora los más perjudicados.

Por otra parte, la Secretaría de Salud (SSA), por medio de la Dirección General de Epidemiología, ha reportado que en la actual temporada invernal se han registrado poco más de 44 muertes asociadas al frío, de las cuales casi tres de cada 10 se registran en los Estados del norte, informó de, a lo anterior se suman 270 casos de afectaciones a la salud por las bajas temperaturas.

La principal causa de muerte es por intoxicación de Monóxido de Carbono (CO) u otro gas que se usan en hogares o espacios cerrados a fin de mantener cálido el lugar que se habita, hasta ahora se han contabilizado 33.

Recientemente, el propio SMN por medio del comunicado oficial No. 180-15, ha dado a conocer que la Novena Tormenta Invernal continua sobre la parte norte del país,  en interacción con una masa de aire frío y la entrada de humedad del Océano Pacífico, generará lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), afectando así a gran parte del territorio nacional sobre todo en los Estados de Sonora y Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes; fuertes (de 25 a 50 mm) en porciones de Michoacán, Colima, Sonora, Durango y San Luis Potosí; y de menor intensidad (de 0.1 a 25 mm), acompañadas de tormentas eléctricas, en Baja California Sur, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

A su vez, se indica que se prevé la presencia de un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, junto con la entrada de humedad del Mar Caribe, propiciará lluvias menores a 25 mm y actividad eléctrica en regiones de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los pronósticos emitidos por el SMN indican que se presentarán temperaturas muy bajas de -5 a 0 grados Celsius, con heladas y probabilidad de nieve, en regiones montañosas de los estados de México, Veracruz, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Durango, así como temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, con potencial de heladas, en regiones elevadas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Es importante tomar en cuenta los comunicados que emite el SMN ya que actualmente existen zonas en donde hay riesgos naturales, ya que las lluvias pueden reblandecer el suelo y traer como consecuencia deslaves, en deshielo puede provocar desbordamientos de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, y sobre todo inundaciones, que en muchas de las ocasiones colisionan los drenajes en zonas urbanas.

Por lo anteriormente señalado, y a fin de mantener las medidas de protección civil, el Grupo Parlamentario del PRI hace un atento exhorto a las entidades federativas para que lleven a cabo las acciones, de manera conjunta al gobierno Federal, en donde activen las medidas de protección civil que protejan a la población para que tomen las precauciones necesarias y salvaguarden la integridad física de los habitantes de las zonas más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente proyecto con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y EJECUTEN LOS PROGRAMAS DE APOYO POR MOTIVO DE LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE SE HAN REGISTRADO EN EL PAÍS.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana en materia de reproducción asistida. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRTARÍA DE SALUD EMITA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México cuenta con hospitales e institutos y clínicas incluso extranjeros especializados en técnicas de reproducción asistida, no obstante lo anterior, en nuestro país no existe jurídicamente un marco jurídico que norme estas prácticas, ni de las instituciones en donde se realizan, a pesar de que los procedimientos de reproducción asistida van a la alza.

Lo anterior va en relación directa al aumento en los casos de infertilidad en nuestra población en general. De acuerdo con datos del INEGI, la infertilidad es un problema de salud que afecta a cerca de 1.5 millones de parejas en México. Se calcula que en la actualidad, una de cada seis parejas padecen problemas de concepción y muy pocas saben que existen posibilidades reales para lograr la fecundación.

Las causas del incremento en la prevalencia de la infertilidad son difíciles de establecer pero algunas pueden ser postergación del embarazo; alteraciones en la calidad del semen debido a hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo. Este problema se le atribuía por lo regular a la mujer, sin embargo actualmente de acuerdo al Instituto especializado en infertilidad y medicina reproductiva, actualmente un 40 por ciento de las causas de infertilidad radican en el hombre, mientras que en la mujer, alcanzan un 40 por ciento y el 20 por ciento restante se denomina “esterilidad de origen desconocido”.

Dentro de las causas masculinas que producen infertilidad se agrupan las que condicionan una disminución en la calidad y cantidad de los espermatozoides; enfermedades testiculares e hipofisiorias; así como enfermedades relacionadas con el transporte de espermatozoides por cirugías, vasectomía o traumatismo entre otros.

En cuanto a las mujeres las causas de infertilidad son problemas de ovulación, síndrome de ovarios poliquísticos, miomas uterinos, malformaciones en el aparato genital, alteraciones en el funcionamiento de las trompas de Falopio, endometriosis y maternidad tardía entre otras.

No obstante lo anterior, existen otros tipos de infertilidad irreversible como pacientes sin útero, pero con uno o dos ovarios funcionando por causa congénita o quirúrgica, enfermedades que les contraindican un embarazo etc.

Para ese último el útero subrogado se utiliza como una forma de solucionar los problemas de infertilidad en mujeres que no pueden llevar el embarazo en su vientre. A pesar de que esta práctica está prohibida en muchos países, hay otros en los que representa una opción antes de la adopción.

En los últimos años en nuestro país se ha hecho un negocio la subrogación de útero, en algunos estados concretamente en Tabasco en donde existen fundaciones dedicadas a reclutar mujeres que alquilan su matriz por lo que se cobra alrededor de trescientos mil pesos, además de una renta mensual durante el embarazo.

La preocupación del Poder Legislativo durante varias legislaturas ha sido el darle un marco jurídico al tema de reproducción asistida, ya que en nuestro país existe un vacío jurídico en este tema, lo que nos convierte en la panacea para que se establezcan aquí clínicas dedicadas a la reproducción asistida, muchas de ellas extranjeras convertidas en un negocio atendiendo a las parejas que acuden psicológicamente afectadas y capaces de pagar un alto costo por tener o intentar tener hijos además de incentivar a personas sin escrúpulos que como aquí se menciona se dedican a negociar con la subrogación de útero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud emita la Norma Oficial Mexicana, en materia de reproducción asistida.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalares.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.




 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación al conflicto entre Grupo MVS y la comunicadora Carmen Aristegui. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Quien suscribe, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRÍGUEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO ENTRE GRUPO MVS Y LA COMUNICADORA CARMEN ARISTEGUI, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dentro de los escándalos de conflicto de interés con mayor repercusión a nivel internacional y ejemplo de total impunidad o responsabilidad ante la Ley, es el caso de la Casa Blanca y las acusaciones sobre una red de prostitución de Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI-DF.

Ambos se caracterizaron porque a pesar de las pruebas escritas, videos e investigaciones, fruto de un nuevo tipo de periodismo de investigación encabezado por Carmen Aristegui y su Unidad de Investigación; en los últimos meses se convirtieron en una plataforma de denuncia a la irresponsabilidad y excesos de poder político en   México.

La labor de Carmen Aristegui y su Unidad de Investigación no se limitó a un         esfuerzo individual de crítica ante el régimen, sino a la construcción de un nuevo          tipo de periodismo de participación ciudadana, al establecer alianzas con redes     sociales y organizaciones mundiales para otorgarle al periodismo transitar a una      nueva era de libertad de expresión, como fue el anuncio el pasado miércoles 11 de  marzo de 2015, la promoción de una plataforma de Méxicoleakspara denuncias ciudadanas.

Sorpresivamente y con una sobrerreacción por parte del Grupo MVS, no solo cuestionó la autoridad de la conductora en comento, respecto a su alianza con Méxicoleaks, sino que el 12 de marzo despidió a Daniel Lizárraga, coordinador de la Unidad de Investigación del equipo de Aristegui, junto con el reportero Irving Huerta, responsables de la investigación de la Casa Blanca de la familia presidencial y del reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. 

Al respecto, Grupo MVS, que encabeza Joaquín Vargas difundió esa tarde un comunicado en que informa del doble despido.

“Como parte de las medidas pertinentes que está tomando la empresa, para evitar el uso indebido de nuestros recursos humanos, tecnológicos, y materiales, el día de hoy dos reporteros, adscritos a la unidad de investigaciones especiales de Noticias MVS fueron separados por pérdida de confianza. La decisión, obedece a que la empresa tiene razones suficientes, que han ocasionado la pérdida de nuestra confianza en ambos reporteros.

“Como lo hemos venido señalando desde el día 10 de marzo, la plataforma Méxicoleaks no es el problema, pero comprometer recursos y marcas de la empresa, sin el conocimiento y autorización de la administración de MVS Radio, es inadmisible e inaceptable. Lamentamos, vernos obligados a tomar este tipo de decisiones. Pero como empresa, no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores. Exhortamos a todos nuestros conductores y colaboradores a seguir trabajando, con responsabilidad, para mantener el liderazgo de nuestros servicios informativos”.

MVS acusó ayer miércoles a Carmen Aristegui de “abuso de confianza”, en    desplegados publicados en diarios y en los propios espacios de la barra comercial del noticiero. El motivo: participar con la marca “Noticias MVS” en una alianza de medios para lanzar la plataforma digital Méxicoleaks “sin la autorización expresa de los propietarios”.

Adicionalmente, el Grupo MVS emitió unilateralmente nuevas directrices que modificaron el contrato original con la reportera, de acuerdo al ombudsman de MVS Radio, Gabriel Sosa Plata, dio a conocer que dicha empresa aplicará nuevos lineamientos desde el lunes 16 de marzo que “modifican unilateralmente las condiciones del contrato y acuerdo firmado el primero de enero de 1999 con la periodista Carmen Aristegui y no son producto de una acción consensuada” ni que la defensoría a su cargo fuera consultada.1  El actual contrato de Carmen Aristegui, con Noticias MVS, en el Anexo B “sobre política editorial y reglas de conducta ética”, se establece una serie de lineamientos, entre los cuales destaca que ‘los titulares de cada una de las emisiones serán responsables finales del contenido y dinámica de sus espacios”, quienes “desarrollarán su tarea en un pleno ejercicio de libertad de expresión”. Es decir, con base en este Acuerdo, Carmen Aristegui tiene la decisión última respecto del contenido de su espacio informativo, aunque más adelante, en la parte relativa al Comité Editorial se afirma que “el contenido y la política editorial de las distintas emisiones de Noticias MVS es responsabilidad de conductores y empresa”. De acuerdo a la declaración de Gabriel Sosa, hasta el momento, este modelo de contrato no lo tienen los periodistas Luis Cárdenas, Ezra Shabot ni Alejandro Cacho.

Los nuevos lineamientos modifican unilateralmente las condiciones del contrato y acuerdo firmado el primero de enero de 1999 con la periodista Carmen Aristegui y no son producto de una acción consensuada, como se hizo con el documento precedente, lo que tiene consecuencias jurídicas que esta defensoría no tiene facultades de analizar. De acuerdo al defensor de MVS los lineamientos estarían imponiendo condiciones no contempladas en el acuerdo en lo particular con la periodista y en lo general con los conductores, imponiendo de forma unilateral un conjunto de obligaciones que a consideración de la defensoría “parece una grave omisión, contraria a la Constitución y diversas leyes”.

Finalmente, el Grupo MVS en la noche del 15 de marzo de 2015, MVS Radio dio por terminada la relación de trabajo que tenía con la periodista Carmen Aristegui debido a que la empresa no aceptó la condición que puso la conductora de reinstalar a dos colaboradores, señalados por haber comprometido el nombre de la compañía, sin contar con facultades para hacerlo. A través de un comunicado, la empresa lamentó la posición de la conductora y destacó que el diálogo no se "atiende imponiendo condiciones sino escuchando a las partes y tratando de alcanzar acuerdos… no podemos permitir que alguno de nuestros colaboradores pretenda privilegios en menoscabo de sus  compañeros y mucho menos que pretenda imponer a la administración condiciones y ultimatos".

El caso de Carmen Aristegui y la Unidad de Investigaciones Especiales, no puede ubicarse solamente como un litigio de carácter laboral, por la naturaleza y las implicaciones de su trabajo periodístico que le ha valido distinciones nacionales e internacionales, sino que parece representar una actitud autoritaria contra las personas que critican y emiten opiniones no del agrado de altos funcionarios y personajes  políticos.

Recordemos que anteriormente el Grupo MVS ya había sucumbido ante la presión del Ejecutivo Federal en los tiempos de Calderón, y que el contrato de su reinstalación protegía su libertad periodística, el liderazgo internacional que asumió Noticias MVS con los reportajes de investigación como fue el caso de la Casa Blanca-que afectó directamente a la figura presidencial-, el caso Tlatlaya -en materia de violación de derechos humanos por parte del Ejército- o la acusación sobre una red de prostitución en el D.F. – dirigido por el ex líder del PRI capitalino-, le dio un aliento al periodismo mexicano en tiempos donde el régimen político  no cuenta con contrapesos para contenerse. 

La actuación y la forma con las que se justifica el despido de la periodistas Carmen Aristegui, es un mensaje para la comunidad periodística e intelectual en México, quien atente contra el poder, se arriesga no solo a ser despedido sino a dañar su credibilidad y reputación, así como quedar sin protección frente a litigios iniciados por sus investigaciones ante las autoridades y los acusados.

Este hecho no es aislado, el ejercicio del periodismo en México es considerado como uno de los lugares más peligrosos a nivel internacional, el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión; considerando las circunstancias y la forma en que se rescinde el despido de Carmen Aristegui, poco o nada abona al clima de desconfianza que impera en México.

El Senado de la República está obligado a pronunciarse por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación como una condición necesaria para la construcción de un régimen democrático y la protección de las libertades individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento de este derecho es el resultado de una larga lucha contra las practicas más obscuras y de control de los regímenes autoritarios, que utilizaron la censura como forma de control de voces disidentes y críticas del ejercicio del Poder, hoy es responsabilidad de esta Cámara Alta velar que bajo ninguna circunstancia, decisión unilateral o incomodidad del poder político se atente contra la libertad de expresión, la integridad física o moral de los reporteros, comunicadores o a la comunidad en su conjunto.

Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República se pronuncie públicamente por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación como una condición necesaria para la construcción de régimen democrático y la protección de las libertades individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto se revise el despido de la reportera Carmen Aristegui y de dos integrantes de la Unidad de investigaciones especiales integrado por su Coordinador Daniel Lizárraga y del reportero Irving Huerta, de la primera emisión de noticias de Radio MVS.

Dado en el Senado de la República, el 19 de marzo de 2015.

Suscriben

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

1 MVS modifica unilateralmente contrato a Carmen Aristegui, advierte ombudsman, 15 de marzo, Redacción Revista Proceso. Sitio de internet: http://www.proceso.com.mx/?p=398538





 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial".

EFEMÉRIDES

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACION RACIAL”, EL 21 DE MARZO.

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
LXII LEGISLATURA.
PRESENTE.

Sin duda, una de las incongruencias más lamentables de la humanidad, es el odio entre nosotros mismos.

Se trata de aquella animadversión de algunas personas hacia otro grupo de personas que se refleja en acciones u omisiones de trato diferenciado en su perjuicio. Esto es, discriminación; como una especie de violencia silenciosa que llega al grado de hostilidades que sí constituyen violencia en toda la extensión de la palabra, como las agresiones físicas.

Una de las más comunes, es la discriminación en referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia extranjeros, principalmente por cuestiones de raza, que en forma extendida abarca la fobia hacia grupos étnicos diferentes.

Estas actitudes, resentimientos y acciones hostiles, en realidad incongruentes y arcaicas para nuestra era deben desaparecer. Si históricamente fueron un factor absurdo de graves flagelos, no se diga en plena era del siglo XXI.

Por ello, el 21 de marzo es un día especial, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 1966, como el “Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial”.

Es un día propicio para reflexionar y rechazar todas aquellas acciones, conductas y actitudes que tengan por objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a toda persona, para que se desarrolle en condiciones de igualdad de derechos humanos; un día propicio para repudiar el racismo y la discriminación.

En México, la gran mayoría estamos conscientes de ello, tan así que a nivel nacional, el 19 de octubre ha sido proclamado en el mismo tenor, la eliminación de la discriminación. No obstante, no podemos dejar pasar este día 21 de marzo, para unirnos a la voz de la comunidad internacional para actuar porque todo el prójimo así lo sea, un prójimo susceptible de respeto y aprecio; y nunca más ver a una persona como objeto y destinatario de odio; de un odio que ni el sujeto activo es capaz de entender, mucho menos de justificar.

Para este año, el lema de Naciones Unidas es: “Aprender de las tragedias históricas para combatir la discriminación racial presente”. Un eslogan por demás elocuente, al que apelo e invoco para que en nuestro país, en el marco de las conmemoraciones de este 21 de marzo, “Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial”, nos unamos en un sólo bloque, junto con nuestros hermanos de la comunidad internacional, y alcemos la voz y nos pronunciemos de palabra, acción y actitud, en contra de toda discriminación, y que por el contrario, nos reconozcamos todos como ciudadanos del mundo, independientemente de nuestras fronteras, razas y hasta aspectos.

¡Desde aquí, me repudio a todo tipo de discriminación en el mundo!

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del “Día Mundial del Agua”.

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.-

H. Asamblea:

Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Los recursos hídricos y sus servicios son claves para el desarrollo sustentable y sostenible. Ayudan a propiciar a la población el crecimiento y a disminuir enfermedades. En materia alimentaria incide en la producción de alimentos y la obtención de energías renovables.

El 22 de marzo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó este día como el Día Mundial del Agua. La función esencial del agua como mecanismo de mejoras para la población mundial, tiene su problemática en principio por la disponibilidad, su uso eficiente y su tratamiento de las aguas utilizadas. Han pasado 22 años desde su primera conmemoración y cada año se destaca sus escases.

El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad y la biodiversidad, es indispensable para todas las actividades sociales, económicas y ambientales. La UNESCO trabaja para construir una base de conocimientos científica para ayudar a los países a gestionar sus recursos hídricos de manera sostenible a través del Programa Hidrológico Internacional (PHI); además, a través de la UNESCO se fomenta la educación relativa al agua, mediante 20 centros de investigación en todo el mundo relacionada con el agua.

Respecto a México, es un país de grandes contrastes y carencias respecto al agua. La distribución del recurso es muy variable regionalmente y se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.

Con la reforma constitucional sobre el derecho humano del acceso al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, es ya una responsabilidad del Estado garantizar este derecho. Por ello, la información del agua es vital para su administración, para ello, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene la atribución de integrar un Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua (SINA), con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con los Consejos de Cuenca, para integrar y facilitar la disponibilidad para ejercer responsablemente la toma de decisiones en materia hídrica. 

Es importante seguir fortaleciendo el desarrollo tecnológico y la autosuficiencia financiera de los organismos operadores del país, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios.

- Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reúso e intercambio.

- Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las comunidades rurales y urbanas.

- Mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones.

México D.F., el 19 de Marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del “Día Mundial del Agua”.

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DEL AGUA”, EL 22 DE MARZO.

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
LXII LEGISLATURA.
PRESENTE.

 “El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.”

Organización de las Naciones Unidas

Pareciera increíble que en un mundo cubierto en dos terceras partes por agua, el acceso a ella pudiera concebirse como una dificultad con consecuencias en la salud y la pobreza de más de mil quinientos millones de personas.

Sin embargo, es una realidad, pues el agua apta para el consumo humano es una parte muy pequeña y su escasez no sólo se debe a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino al despilfarro y a la contaminación, aunado al incremento de la población. Esa situación es preocupante y los expertos consideran el acceso a este vital líquido, además del cambio climático, como uno de los desafíos más importantes que la humanidad debe afrontar en este siglo.

Por ello, a fin de destacar la función esencial del agua y su imprescindible necesidad para propiciar mejores condiciones para la población mundial, sobre todo de aquella que sufre las consecuencias relacionadas con su falta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de 1992, en Río de Janeiro, recomendó la creación de un día internacional dedicado al agua. La Asamblea General de Naciones Unidas respondió a dicha recomendación, designando el día 22 de marzo de 1993, como el primer “Día Mundial del Agua”, el cual, desde entonces se conmemora.

Es un día para reflexionar y debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro, de cómo debemos cuidarlos y conservarlos, evitar su despilfarro, contaminación y desperdicio, como acciones bajo las cuales se habrá de basar la supervivencia humana.

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del 22 de marzo, “Día Mundial del Agua”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad de su uso racional, de evitar su desperdicio y contaminación y recordar, que no hay agua más cara que la quien no se tiene y añora, más si la sed ocasionada por su falta, es la que veremos en la cara de nuestros hijos y futuras generaciones. ¡Cuidemos el agua!

Dado en la ciudad de México, el 19 de marzo de 2015.

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Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.-

H. Asamblea:

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

A pesar de que México cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la práctica de discriminación continua vigente, situación que dista en la práctica la igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Por ello, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.

Es importante mencionar que las personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales, es en que somos diferentes.

El próximo sábado 21 de marzo es un día especial, proclamado por la Asamblea General en octubre de 1966 como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Durante el 2015, atendiendo a una solicitud de la Asamblea General, los Presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos convocarán reuniones en Nueva York y en Ginebra durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial con el objetivo de evaluar el estado de este flagelo en todo el mundo.

El tema de este año “Aprender de las tragedias históricas para combatir la discriminación racial del presente” tiene como objetivo explorar las causas profundas del racismo y la discriminación racial y hará hincapié en la necesidad de aprender de las lecciones del pasado para luchar contra el racismo y la discriminación en la actualidad.

México D.F., el 19 de Marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial".







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del “Día Internacional de los Bosques”.

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.-

H. Asamblea:

El sábado 21 de Marzo, celebramos el Día Internacional de los Bosques, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas en 2012 y que tiene como objetivo hacer un llamado especial a cada nación para que aumentemos los esfuerzos en el cuidado de los diferentes tipos de bosques y hagamos conciencia sobre la importancia fundamental que tienen para nuestra vida humana.

La Asamblea General a través del Foro para los Bosques, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tarea de facilitar la celebración del Día Internacional de los Bosques de manera conjunta con los gobiernos, la Asociación de Colaboración en materia de Bosques, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil.

Es importante recordar que los bosques cubren un tercio de la superficie del planeta y favorecen a mantener el equilibrio en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono, humedad en la atmosfera y muy importante ayudan a proteger la biodiversidad además de desempeñar funciones esenciales para afrontar el cambio climático.

México cuenta con alrededor del 70% de vegetación forestal, equivalente a 138´000,000 hectáreas (ha), en las que se encuentran 30,000 especies vegetales, comprendidas en matorrales, bosques, selvas, pastizales y vegetaciones acuáticas, entre otras distribuidas a su vez en 10 ecosistemas distintos, razón por la cual México está ubicado dentro de los 5 países con mayor diversidad biológica a nivel mundial.

Debemos reconocer y valorar la gran riqueza con la que cuenta nuestro país y celebremos este día, haciendo conciencia sobre la importancia que representan los bosques y los diferentes ecosistemas que encontramos en nuestro México y nuestro mundo.

Es necesario frenar la deforestación y mitigar los incendios forestales, crear programas que fomenten el manejo sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables, actuar en conjunto con las instancias involucradas de la Administración Pública Federal como La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los Gobiernos de las entidades federativas y de los Ayuntamientos para de esta forma encaminar actividades que refuercen el aprovechamiento de los recursos forestales y mantener nuestros bosques.

Nos corresponde a todos, construir un futuro sustentable, y para esto, es necesario un verdadero compromiso que nos lleve a conservar, proteger y aprovechar de forma sustentable los bosques de nuestro país y perfeccionar las políticas públicas en materia de medio ambiente, dar cumplimiento a las leyes vigentes, invertir en nuestros bosques y generar cambios en materia educativa que nos lleven a un mayor aprovechamiento de nuestros recursos.

México D. F., el 19 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del CCIX aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.



 





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del “Día Mundial de la Salud Oral”.

Día Mundial de la Salud Oral
20 de Marzo

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Día Mundial de la Salud Oral se celebra el 20 de marzo de cada año. Es un día internacional para recordar los beneficios de una boca saludable y para concienciar a nivel mundial sobre las cuestiones entorno a la salud oral y la importancia de cuidar la higiene bucal en todas las edades.

La jornada se realiza año a año para generar conciencia sobre la importancia de la higiene y salud oral.

Como un día para celebrar los beneficios de tener una boca sana y generar conciencia sobre la salud bucal y la importancia de la higiene oral, es que todos los años se celebra a nivel internacional el Día de la Salud Bucodental.

Los datos globales sobre la salud y enfermedades bucodentales son preocupantes: de acuerdo a la Federación Mundial Dental (FDI por sus siglas en inglés), el 90% de la población mundial padecerá alguna enfermedad bucodental a lo largo de su vida (lo que puede ir desde caries a enfermedades periodentales y cáncer oral), mientras que sólo el 60% de las personas tiene acceso a servicios relacionados a la salud oral.

En ese sentido, los profesionales del área dental tienen la tarea de educar e informar a la población sobre cómo mantener de la mejor forma posible la salud bucodental de niños y adultos, haciendo hincapié en la combinación entre la higiene oral, la alimentación y los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental.

Además, el Día Mundial de la Salud Oral ofrece a la comunidad dental y de salud oral una plataforma para tomar medidas y ayudar a reducir la carga de enfermedad a nivel mundial.

Este año el esfuerzo va encaminado a desear a todo el mundo una sonrisa saludable  en todas las edades. El tema es "Día Mundial de la Salud Oral 2015, ¡una sonrisa para toda la vida!".

¡Lo invitamos a sumarse a esta tarea!

Jueves 19 de Marzo de 2015.

Atentamente

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del “Día del Artesano”.

19 DE MARZO, DÍA DEL ARTESANO.

Buenos días Senadoras y Senadores, el día de hoy quiero manifestar mi Reconocimiento a nombre del Senado de la República, hacia un grupo de personas que honran la sensibilidad de las mujeres y los hombres que a través de la magia y el colorido de sus creaciones, proyectan la fuerza de la artesanía mexicana a lo largo y ancho del país, y más allá de nuestras fronteras.

Senadoras y Senadores, me refiero a los ARTESANOS! hoy es su día y gracias a su contribución y su importante labor, nuestro País conmemora el día del Artesano, el cual constituye un merecido homenaje al talento de las y los creadores de Arte Popular en México, al considerar que a través del quehacer artesanal, se expresa nuestra historia, la cultura y las raíces más profundas de nuestros pueblos y comunidades.

La cultura representa una herramienta poderosa para el desarrollo social de las entidades de la República, como Mexicanos, nos sentimos orgullosos de contar con gente talentosa y creativa, capaz de hacer a un lado en ocasiones, sus limitaciones físicas o tal vez su capacidad económica y motivarse por el amor a nuestras tradiciones, costumbres y por supuesto por este gran País, que es México.

Para darle más proyección a este tema, cito como ejemplo al estado de Oaxaca, según datos proporcionados por INEGI más de 400 mil mujeres y hombres en su mayoría indígenas se dedican a la producción artesanal; lo que significa que casi el 10 por ciento de los habitantes de todo el estado se dedica a esta importante actividad productiva, por este estado y por todos los demás, tenemos que seguir generando condiciones óptimas para que los artesanos sigan esta importante labor, mostrando su talento en cada una de sus obras ya que han hecho posible que el arte popular siga aún vigente para ser heredado a las siguientes generaciones como un importante legado cultural, pero además, poder seguir compartiéndolo con el resto del mundo, por lo que reconocemos la necesidad de reforzar el concepto de nuestra Identidad Nacional, a la par de salvaguardar nuestro rico legado multicultural; la Identidad Nacional, es una condición social, cultural, espacial y esta es la que nos distingue en el ámbito Internacional, es por ello que la misma, es nuestro pilar y nuestra distinción única con calidad de exportación.

Cuando se habla de las cosas buenas de México, indiscutiblemente se menciona nuestras playas, nuestra gastronomía y, desde luego, nuestra artesanía. Esto hace muy importante que desde las instituciones de los tres órdenes de gobierno se contemplen más programas que fomenten la producción y la preservación de la artesanía y, por supuesto, programas que coadyuven a seguir incrementando  el nivel de vida de nuestros artesanos, es importante recordar que el artista además de los reconocimientos, necesita que sigamos incentivando programas y generar opciones óptimas para rescatar este talento 100% Mexicano y que a nosotros nos provee de orgullo y tradición.

Es por ello que considero que el Senado de la República, es una puerta muy importante para seguir proyectando la riqueza cultural de los pueblos originarios fuera de nuestras fronteras, destacando que este tipo de espacios constituye una oportunidad para promover, difundir y comercializar la riqueza artesanal con que cuenta México.

FELIZ DIA A TODAS Y A TODOS LOS ARTESANOS!

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
21 DE MARZO

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES  
LXII LEGISLATURA 

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo.

El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. La lucha contra el racismo es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional y es el centro de la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición de la discriminación racial ha quedado consagrada en todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los Estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar la discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también a los Estados que adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial.

El mundo ha cambiado desde entonces, pero millones de personas aún siguen luchando cada día contra la injusticia del racismo y la discriminación. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, además de ser el momento de honrar la memoria de aquellos a quienes se arrebató la vida en Sharpeville, brinda a todos la oportunidad de aunar esfuerzos para combatir el racismo.

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Debemos trabajar sin descanso por la comprensión de la diversidad humana y cultural propiciando la convivencia fraterna y la justicia social, como pilares para la construcción permanente de la paz.

Jueves 19 de Marzo de 2015.

Atentamente

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 24 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:56 horas)

 

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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