Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 31

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Diciembre de 2014

SUMARIO                                              


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL CODIGO PENAL FEDERAL, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, A FIN DE ADECUAR LA LEGISLACION SECUNDARIA FEDERAL AL CONCEPTO DE REINSERCION SOCIAL EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.












PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.




































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

APERTURA

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: (12:20 horas) Solicito a la Secretaría, informe a la Asamblea el resultado del cómputo de la asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del jueves 4 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del martes dos de diciembre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva, tomó protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, electos en la sesión del 27 de noviembre.- Tomaron protesta los ciudadanos: Enrique Lazcano Vázquez, por 5 años; Ernesto Velázquez Briseño, por 5 años; Lidia Camacho Camacho, por 4 años; Javier Esteinou Madrid, por 4 años; Carmen Patricia Ortega Ramírez, por 3 años; Raúl Quintanilla Matiella, por 3 años; María De Lurdes Barbosa Cárdenas, por 2 años; María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por 2 años; y Nora Patricia Jara López, por 1 año.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el Informe sobre la XIII Asamblea General de la Copa y la Xii Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebradas en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de noviembre de 2014.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

Se recibió de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, su Segundo Informe de actividades legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Jesús Casillas Romero, las firmas de organizaciones ciudadanas por la que solicitan se incluya en la agenda legislativa el tema de la movilidad, a partir del foro “Movilidad: Estrategia para una mayor calidad de vida”.- Se remitió a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y para opinión de la Comisión Especial de Movilidad.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la visita de Estado a la República Popular China y la Cumbre de Líderes del G20, del 10 al 15 de noviembre de 2014.- Quedará de enterado. Se remitirá a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2014; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.”- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, tres oficios con los que devuelve los siguientes proyectos de decreto, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:

1) El que reformaba los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

2) El que reformaba la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

3) El que reformaba los artículos 30, 222 y 24 Ter de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo del Diputado Israel Moreno Rivera, que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.- Se remitió a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración, proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de noviembre y diciembre de 2014.- Fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración, los Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de septiembre y octubre de 2014.- Quedaron de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión a la Comisión de Cambio Climático.

 

La Senadora Arely Gómez González, a nombre de diversos Senadores de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, solicitó un minuto de silencio en memoria del ciudadano Roberto Gómez Bolaños.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya y Rosa Adriana Díaz Lizama, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Combate a la Corrupción Política.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción vi al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, párrafo primero; 45, párrafo segundo y 84 de la Ley General de Cambio Climático.- Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Intervinieron los Senadores: Eviel Pérez Magaña, por las comisiones para presentar el dictamen; y David Monreal Ávila del PT, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Isidro Pedraza Chávez entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 89 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Intervinieron los Senadores: José Ascención Orihuela Bárcenas, por las comisiones para presentar el dictamen; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 85 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario.- Intervino el Senador Braulio Fernández Aguirre del PRI, a favor del dictamen. Fue aprobado por 85 votos en pro. El magistrado rindió su protesta de ley.

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra con relación a las acciones anunciadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en materia de combate a la corrupción y la inseguridad pública, el 27 de noviembre de 2014.- Intervinieron los Senadores: Primera ronda: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Roberto Gil Zuarth del PAN; Omar Fayad Meneses del PRI.

Segunda ronda: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Pablo Escudero Morales del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Adriana Dávila Fernández del PAN; Enrique Burgos García del PRI.

Tercera ronda: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Blanca Alcalá Ruíz del PRI.

Cuarta ronda: Luis Sánchez Jiménez del PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Mario Delgado Carrillo del PRD; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la integración de la Senadora Layda Sansores San Román a la Comisión de Desarrollo Social.- Sin discusión, en votación económica no fue aprobado el acuerdo.

 

Se recibieron de la Junta de Coordinación Política los siguientes acuerdos:

1) Por el que se remiten a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia los expedientes de los aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con hechos de corrupción.

2) Por el que se remiten a la Comisión de Justicia los expedientes de los aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los dos acuerdos se presentaron en cumplimiento de lo que establece la Base Quinta de las respectivas convocatorias, aprobadas el 19 de noviembre pasado. La Asamblea quedó enterada de los respectivos acuerdos y el Presidente de la Mesa Directiva ordenó su publicación en la gaceta y en la página electrónica del Senado.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de práctica clínica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a rendir un informe sobre las contrataciones de la Administración Pública Federal realizadas con la empresa Grupo Higa o con las empresas en que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar vigencia inmediata a la portabilidad referida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a poner en práctica una campaña nacional anual en contra de la diabetes mellitus.-Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a transparentar su situación patrimonial completa, incluyendo el valor de sus bienes, el monto total de su patrimonio y, como lo exige la Ley, también de su cónyuge y sus dependientes económicos directos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer a Palestina como Estado y a elevar la Delegación Especial de Palestina al rango de embajada.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México a investigar y, en su caso sancionar, la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una residencia en la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Marina un informe detallado sobre la relación que tiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la forma en la cual se otorga apoyo o cooperación entre instituciones.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

Del Senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar lo legalmente procedente para la creación de la comisión ordinaria contra la trata de personas.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la creación de una comisión especial que examine las irregularidades y conflicto de intereses existentes entre el titular del Poder Ejecutivo y su esposa con el ciudadano Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar el calendario de entrega de televisores digitales establecido en el "Programa de Trabajo para la Televisión Digital Terrestre" con la finalidad de suspender la entrega de televisores durante el proceso electoral, reanudando la entrega a la conclusión del mismo, con el propósito de no influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a interponer controversia constitucional en contra del acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del año en curso.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad que armonice su normatividad interna y reoriente las atribuciones del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, de acuerdo al mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de dádivas en la compra-venta de pintura, por parte de Édgar Borja Rangel, Diputado Local del Partido Acción Nacional, para que, en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Benito Juárez a informar sobre el procedimiento que se llevó a cabo, así como las causas, para determinar la suspensión de la obra de construcción denominada “Ciudad Progresiva”.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Mundial de la lucha contra el sida”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con dos minutos y citó a la siguiente el próximo jueves cuatro de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si es aprobada, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador David Penchyna Grub, con la que remite su segundo informe legislativo y de gestión







 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, con la que remite su segundo informe legislativo.







 

De la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que remite su segundo informe de actividades de esta LXII Legislatura.







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su programa de trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.







 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, que remite sus informes de actividades durante el Foro “C100 del Golfo de México” organizado por C100 de Louisiana, los días 20 y 21 de noviembre del año en curso en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.



Y durante el “Diálogo sobre Políticas de Desarrollo basados en Recursos Naturales”, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los días 17 y 18 de noviembre de este mismo año, en París, Francia.







 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el informe de su participación durante la reunión de trabajo del Componente Latinoamericano Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2014, en Panamá, Panamá.



El Presidente Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, con el que nos hace llegar el informe estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2014.

2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/3028/14
México, D.F., 1 de diciembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2014.DGVP.615, el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2014.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 27 fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

El Presidente Sánchez Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 73 constitucionales, en materia de movilidad universal.



 

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señor Presidente, se pueda turnar esta minuta, para opinión a la Comisión Especial de Movilidad, si es tan amable.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Dígame, Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) A nombre, del grupo parlamentario del PRD, queremos mencionar que esta minuta que llega de la Cámara de Diputados, que propone una reforma al artículo 11 de la Constitución, limita el propio precepto constitucional, que establece la garantía de libre tránsito de toda persona, y que el significado del término “movilidad universal” es o establece que toda persona tiene derecho a la movilidad, a migrar y a establecer el lugar de residencia de su  elección.

Es muy importante señalar, que la ley que se propone, quiere hacer una ley reglamentaria del 11 constitucional. Y para eso modifican el artículo 73.

Lo cual, no podría ser aceptado, dado que, un derecho de esta naturaleza no puede tener una ley reglamentaria.

El artículo 11, en vigencia, es muy claro, no necesita ninguna reglamentación restrictiva a un derecho humano, como lo es, el libre tránsito.

Por otra parte, el Congreso que es la representación popular, no debería de tener medidas en retroceso; debería de estar velando por el cumplimiento de los derechos constitucionales, por el avance de la sociedad y no tener medidas, que van en retroceso de los derechos fundamentales.

Restringir los derechos fundamentales, forma parte de una visión antidemocrática, autoritaria y representa una regresión, en uno de los derechos constitucionales más preciados, como lo es el libre tránsito.

Gracias.

El Presidente Sánchez Jiménez: Senadora, será turnado a comisiones, y vamos a dar, seguramente, un debate intenso. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, y para opinión de la Comisión Especial de Movilidad, como lo ha solicitado el Senador Jesús Casillas.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.





 

La Secretaria Barrera Tapia: De la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Barrera Tapia: La Colegisladora remitió también un proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos, en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Dávila.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente, solo para manifestar nuestra preocupación de la ceguera política que vimos en Cámara de Diputados, al modificar artículos fundamentales en esta minuta, que no solo confunde el delito de trata de personas, y en donde hoy, a la luz de esta modificación, ya no se castiga la trata de personas, sino solo la explotación.

Nos preocupa de sobremanera, que el Poder Legislativo, de mensajes de esta naturaleza y concretamente la Cámara de Diputados se haya negado a escuchar los argumentos técnicos-jurídicos de especialistas expertos y del trabajo, de más de 16 meses que en este Senado de la República hicimos, para tener un instrumento legal.

Que de por sí, tenía serias inconsistencias, con el tipo penal que hoy establece a la luz del artículo 10, tenemos el grave problema de que tratantes, que ya están en proceso, puedan salir libres.

El combate a la trata tiene que ser para nosotros, una prioridad, en este Senado de la República.

Hemos sido sumamente responsables; a diferencia de cómo fue aprobado ese dictamen aquí en Cámara de Senadores, por unanimidad; en la Cámara de Diputados ese dictamen no contó con la aprobación unánime de todos los diputados.

Yo solo quiero hacer mención, de la preocupación de esta comisión y del resto de los Senadores de todos los partidos, que participamos en la construcción de un instrumento legal, que corrija de fondo, los tipos penales.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Adriana Dávila.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.
               
El Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues en el mismo sentido, manifestar nuestra preocupación por la falta de responsabilidad en la revisión de la minuta, por parte de la Cámara de Diputados, que teniendo la potestad de revisar, lo que esta Cámara de Senadores legisló, se convirtió, a su vez, no en una Cámara revisora, sino en una Cámara reformadora de lo que nosotros hicimos y que resolvimos por unanimidad en el Senado de la República.

La materia fundamental, que nos ocupa, es una materia de naturaleza penal. Y nos parece verdaderamente grave, que haya una confusión de tipo dogmático, de tipo, incluso, eminentemente judicial, respecto de lo que es la trata y los fines de explotación.

Se regresa a esta confusión que tenía, que tiene la ley vigente. Y por supuesto no va a resolver el problema fundamental que tenemos en el país.

Si me permite expresarlo, hay un problema grave de sentencia, muchas, y que muy pocas se concretan en procesos concluyentes en sentencias, justamente la persecución del delito de trata de personas. Por eso es muy grave lo que hizo la Cámara de Diputados, a pesar de que estuvimos gestionando no solamente quienes formamos parte de las comisiones dictaminadoras, sino también distintas instituciones que tienen que aplicar la ley.

Es un asunto, insisto, eminentemente de tipo penal, la configuración de un tipo penal que hoy queda tergiversado y que refleja que nuestra Colegisladora no tomó en consideración de nuestras opiniones para que pudiesen seguir la ruta de lo que motivó justamente la reforma de esta ley. Me uno también a esta observación, por una falta de responsabilidad, que debiese haberse expresado de manera puntual, en atender sin prejuicios y escuchando la parte docta que conoce la materia, y la tiene que aplicar, para que nuestro trabajo sea realmente eficaz y eficiente en la persecución de los delincuentes que atentan todos los días contra mujeres, niñas y niños, hombres, al perpetrar el delito de trata de personas.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Angélica de la Peña. Esta Presidencia coincide con ustedes.

Senadora Diva Hadamira, dígame. No podríamos darle el uso de la tribuna, Senadora, porque no está a discusión el tema, pero con todo gusto, desde su escaño, la escuchamos, igual que hemos escuchado a nuestras compañeras Senadoras que le antecedieron.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Mi intervención es a nombre del grupo parlamentario del PRI, por supuesto de nuestro coordinador.

En la Legislatura LXI se hizo un esfuerzo desde una reforma constitucional que desembocó en una ley secundaria. Lo interesante del tema, es ver cómo los estudios, las estadísticas demuestran que del 2011 a la fecha hemos duplicado el tema del delito de la trata.

Mi grupo parlamentario hace la siguiente reflexión: “por eso nosotros firmamos esta iniciativa, luchamos por la iniciativa, porque creemos que el mecanismo que teníamos no había resuelto la problemática, y los datos los tiene FEVIMTRA, la CONAVIM, el Instituto de las Mujeres; pero hace muy poquito, Naciones Unidas dio un dato que revela cómo se ha duplicado el delito.

Realmente, mi grupo parlamentario, está preocupado por lo que se ha dado, vamos a revisarlo con mucho atención, pero lo que es claro, es que la ley que teníamos, y que hoy pareciera que regresamos, no resolvió ningún problema, no había claridad porque, yo pregunto, ¿cuánta gente está en la cárcel por el delito de trata?, ¿a cuántos se han aprehendido?, ¿qué ha pasado con un delito que deja mayores ganancias que el narcotráfico y que el crimen organizado?

Por lo tanto, mi grupo parlamentario se pronuncia por una revisión exacta a lo que nosotros enviamos, precisamente porque el PRI quiere que la ley sirva, que los delincuentes estén donde deban de estar, en la cárcel, que la trata no siga siendo la peor ofensa que vivimos niñas y mujeres en un país donde nuestros jueces no tienen cómo aplicar una ley que le falta la parte sustantiva.

Por eso mi grupo parlamentario, igual que el PRD y el PAN, se suman por una revisión para una legislación tal, y cómo se promovió, en donde este marco jurídico ponga en la cárcel a los responsables.

Muchas gracias; y de veras mi respeto y admiración por dos mujeres que luchan todos los días, Adriana Dávila, que espero que esto no sea una persecución personal que tiene la Senadora, que tenga un seguimiento personal. Dolería mucho que fuera solamente en contra de ella, y mi respeto y reconocimiento, a Angélica de la Peña por el trabajo que siempre ha realizado.

Gracias, Presidente, por esta oportunidad.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Y en efecto, la Presidencia ha sido testigo del trabajo intenso que se hizo en este Senado para con esta ley, por eso vamos a turnar a las mismas comisiones que dictaminaron originalmente aquí. Túrnese a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Barrera Tapia: La Cámara de Diputados remitió un oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Centroamericano.



El Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Barrera Tapia: Por último, se recibió de la Colegisladora, un oficio por el que informa de la sustitución de la Diputada María de las Nieves García Fernández por el Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, como Consejero Propietario del grupo parlamentario del PRI, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

VER DOCUMENTO

El Presidente Sánchez Jiménez: La Asamblea ha sido enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

La Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Gobernador del Estado de Morelos, por la que solicita al Presidente de la Mesa Directiva convocar a la creación de una comisión de especialistas de alto nivel para continuar el debate iniciado por la Organización de los Estados Americanos en los últimos años, en relación al tema de narcotráfico, específicamente de la marihuana.

El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Señoras y señores Senadores:

Quiero que me permitan su atención, para dar trámite a un asunto muy significativo. Están en las gradas de este Pleno las señoras y los señores trabajadores jubilados del Senado de la República.

En ellos y en ellas recayó por muchos años, por muchas legislaturas, la posibilidad de que el Senado cumpliera sus funciones constitucionales. Todas y todos nosotros, los actuales Senadores, queremos reconocerles su labor, y por eso, más allá de la entrega de un reconocimiento, en una de las salas de esta sede, quisimos invitarlos a estar en esta sesión, esta mañana.

De verdad, como Presidente del Senado, a nombre de los 128 integrantes, damas y caballeros, les damos a ustedes las gracias por su labor, la entrega que tuvieron en el desempeño de sus funciones, y cuéntense como parte de este órgano del Estado que actúa de buena fe, que actúa cumpliendo su labor constitucional y que tiene un desempeño siempre a favor de México.

Voy a dar lectura a las y los jubilados, a expresarles el respeto de todas y de todos nosotros.

Dora Arellano García, María Cristina Dalia Arévalo Cortés, Raquel Graciela Avila Calderón, Martha Barrón Alvarez, María del Carmen Bouchan Avila, María del Refugio Cardona Aguinaga, Guillermina Carrasco Araizaga, René Castro Lomelí, José Cortés Aguilar, Myrna Soledad Curiel Watanabe, José Jorge Cruz Cervantes, Lydia Sylvia Deer Hernández, Luís Estrada Rodríguez, Alma Delia Flores García, María Teresa de Jesús Flores González, Rocío Fuentes Aguilar, Consuelo García Mendoza, Roberto Bernardo García Vallejo, Berta Gordillo Bautista, Ana María Luisa Ilizaliturri Valverde, Guadalupe Jiménez González, Martha Eloisa Jiménez González, Javier Juárez Jáuregui, Guadalupe Landeros Rodríguez, Carmen López María, Estela Maicel Lozano, Angel Martínez Canchota, Héctor Javier Martínez Moreno, María Antonia Martínez Bugarín, Rebeca Meza Gutiérrez, Oscar Martín Molina Lira, Antonio Montes Sánchez, Alberto Moreno Carsolio, María Eugenia Obispo Resendiz, María Guadalupe Olivares Espinosa, Rodolfo Paredes Sierra, Roberto Peláez Melo, Gildardo Pérez Cortés, Hortensia Pérez Soto, María Genoveva Pérez Góngora, Fausto Enrique Pineda Alejo, Eulalio Regalado González, Angel Roldán Reyes Sosa; les pido a las y los Senadores, tengamos respeto por quienes nos acompañan, se los exhorto como Presidente del Senado.

Carmen Rico Hernández, Ramón Rincón Robledo, Reynaldo Rodríguez Sánchez, José Guadalupe Salinas Flores, María Elena Salinas Serpa, Martha Salinas Serpa, Ignacio Sánchez Mercado, Fernando Sotelo Rodríguez, Raquel Toledo Salas, Rita Susana Unzueta Mejorado, Manuel Rogelio Valencia González, Flora Vázquez Días, Elvira Julia Zárate Flores, y María Teresa Zúñiga Mora.

Son las y los jubilados del Senado de la República, quienes han forjado con su empeño el prestigio del Estado, nuestro respeto, señoras y señores; nuestro reconocimiento y nuestro aplauso de pie.

(Todos de pie)





 

El día de ayer falleció un Ministro de la Corte, -les pido de favor que pongamos atención, compañeras Senadoras- como les decía, el de ayer falleció un integrante distinguido de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro Sergio Armando Valls Hernández; distinguido hombre jurista, reconocido por su labor; las Senadoras y los Senadores de la República, deseamos hacer extensivas nuestras condolencias a la familia y amigos del Ministro de la Corte fallecido, y desde esta tribuna deseamos expresarle nuestro más sentido pésame a sus familiares.

MINUTO DE SILENCIO

Reconocemos a un jurista excepcional, así como un destacado académico por lo que nos unimos a la pena que embarga a la comunidad académica y miembros de la Suprema Corte de Justicia por haber perdido a uno de sus más destacados integrantes, les pido nos pongamos de pie, y guardemos un minuto de silencio en su honra.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias.

También desafortunadamente, por favor, les voy a dejar de reclamar su atención, y les voy a dejar de reclamar sus risas sonoras en el pleno.

El día de ayer falleció el periodista y escritor Vicente Leñero Otero, a la edad de 81 años, el mundo de la lectura está de luto, y México perdió a uno de sus grandes intelectuales, el cual fue considerado como uno de los autores más importantes del Siglo XX.

Los integrantes de este Senado lamentamos su sensible fallecimiento, y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Del maestro Leñero recordamos su multiplicidad como creador, que lo llevó a ser un profundo novelista, guionista, periodista, dramaturgo e ingeniero civil mexicano.

Su recuerdo permanecerá entre nosotros por su legado literario, de gran trascendencia en sus aportaciones al teatro y al cine.

Hombre sencillo y talentoso, su trabajo fue reconocido con el Premio Mazatlán de Literatura, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística y literatura; el premio Mayahuel de Plata, otorgado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por sus aportaciones al cine mexicano; el Premio de Letras de Sinaloa, y el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién García.

Descansa en paz el gran mexicano Vicente Leñero Otero.

Les pido nuevamente nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio por el luto y en su honra.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a empresarios miembros del Club Rotario Reforma de la Ciudad de México, invitados por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. Bienvenidos, señores.

También damos la bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Veracruz, invitados por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, bienvenidos amigos estudiantes.





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: En nuestro apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a fin de adecuar la legislación secundaria federal al concepto de reinserción social en observancia al principio de progresividad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL CODIGO PENAL FEDERAL, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, A FIN DE ADECUAR LA LEGISLACION SECUNDARIA FEDERAL AL CONCEPTO DE REINSERCION SOCIAL EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muchas gracias, señor Presidente.

La Reforma al artículo 18 constitucional que se realizó en 2008, no se agota en la aprobación de la legislación penitenciaria única, trasciende a la legislación penal sustantiva, así como a otros ordenamientos cuya competencia normativa cae en los congresos locales y en el Congreso de la Unión.

De ahí la importancia y la urgencia de adecuar la legislación secundaria, a los nuevos principios rectores de la ejecución penal. De forma que la legislación penitenciaria en su conjunto, como el resto de la normatividad relacionada con ella, se ajusten a los nuevos contenidos constitucionales.

En materia de reinserción, es pertinente hacer un recuento mínimo de la evolución de los fines de la pena.

En 1917 se consideró, acorde a los criterios de la época, que la pena tenía la finalidad de regenerar al culpable, entre comillas.

En la reforma constitucional de 1964 y 1965, se introdujo el concepto de readaptación social, y en 2008 fue cuando arribamos al principio de la reinserción social en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es imprescindible referir al artículo primero constitucional, pues la dignidad humana por él protegida, es la condición y la base de todos los derechos humanos.

El abandono del término readaptación y su sustitución por el de reinserción a partir de la reforma de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones.

Contrariamente a la perspectiva inquisitiva apuntada en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, se parte de un nuevo supuesto, la persona cuya conducta se investiga es sujeto y no objeto del procedimiento penal.

De esta manera se asume la presunción de inocencia, a incorporar expresamente en el artículo 20 constitucional en la misma reforma de 2008.

Como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contenido de la presunción de inocencia se desdobla en su triple aspecto de regla de tratamiento, exigencia de carga aprobatoria para la acusación y estándar de prueba necesario para condenar. Tenemos que en cada uno de estos sentidos, el concepto de reo deviene incompatible tanto para el proceso como para la ejecución penal.

El objetivo de la iniciativa que hoy mis compañeras Senadoras Graciela Ortiz, Blanca Alcalá, Marcela Guerra y Arely Gómez ponemos a su consideración, es realizar la armonización del lenguaje, sustituyendo el concepto de readaptación social, por el de reinserción social y complementariamente suprimir las denominaciones de reo y delincuente.

Se sustituye o elimina en cada caso las expresiones y porciones normativas constitucionalmente incompatibles. Además de armonizar el lenguaje, se acusa el marco jurídico a los principios normativos superiores contribuyendo a la formación de una cultura jurídica acorde a los mismos.

Proponemos también realizar las modificaciones a la legislación del orden federal, a fin de hacerla compatible con la aplicación de derechos humanos a las personas sujetas a un proceso, y que han recibido una sentencia, por ejemplo, aquellas que ordenen la práctica de estudios de personalidad y mantienen conceptos de tratamiento curativo, o de readaptación social, términos y prácticas, que han sido expurgados de nuestro ámbito constitucional y que en el derecho internacional de los derechos humanos son inaceptables.

Estas son, compañeras y compañeros, los principales aspectos de esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“Las que suscriben, Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Arely Gómez González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numerales 1, 2 y 5; y 169 del Reglamento del Senado, somete a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a fin de adecuar la legislación secundaria federal al concepto de reinserción social en observancia al principio de progresividad; con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

México atraviesa la transformación de su sistema penal y de ejecución penal más profunda en su vida independiente la cual podemos observar a partir de lo siguiente:

1. El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que como parte de la reforma al sistema de justicia penal, modificó:

A. El artículo 18 constitucional para adoptar el concepto de “reinserción social” como eje rector del sistema penitenciario. Mientras que en la reforma al artículo 21 constitucional se establecieron las bases para una jurisdicción de ejecución penal.

En congruencia con la incorporación de un sistema acusatorio que asume el debido proceso como camino a seguir para distinguir la justicia de la venganza al determinar la responsabilidad penal, el Órgano Revisor de la Constitución creó también las bases para establecer un sistema de ejecución penal respetuoso del debido proceso, y bajo el control de órganos jurisdiccionales especializados, mismo que orientó hacia una finalidad distinta a la que se había asumido hasta 2008.

B. Mediante la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional en 2013, se determinó que habría una legislación en materia de ejecución penal única para toda la República, la cual de acuerdo con sus preceptos transitorios, debiera ser promulgada a más tardar el 18 de junio de 2016.

2. La publicación del Decreto de 10 de junio de 2011 complementó la adición al propio artículo 18 constitucional en materia de derechos humanos de 2011, a partir del fragmento que establece: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos […]". Ello constituye un mensaje político-constitucional, para que todos los aspectos del sistema penitenciario –tanto los que se rigen por las normas propiamente penitenciarias, como los que se regulan en diversos ordenamientos locales y federales– tengan lugar bajo una perspectiva acorde con los derechos humanos.

3. El Decreto publicado el 5 de marzo de 2014 por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que, por primera vez en nuestra historia, establece una legislación adjetiva única para todas las autoridades federales, del orden Estatal y del Distrito Federal.

El Congreso ha realizado un trabajo importante para contar con la ley única en esta materia. Sin embargo, en el marco de un esfuerzo conjunto de armonización de las leyes al nuevo orden constitucional que ha fortalecido el imperio de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico, es imperativo un trabajo simultáneo para adecuar otras leyes ordinarias en lenguaje y en contenido respecto del nuevo texto constitucional vigente a partir de 2008.

La presente iniciativa tiene como propósito armonizar la legislación secundaria federal con las reformas constitucionales por las que se sustituye el concepto de readaptación social por el de reinserción social y, complementariamente, suprimir las denominaciones de "reo" y "delincuente".

En efecto, la reforma al artículo 18 constitucional no se agota en la aprobación de la legislación penitenciaria única, sino que trasciende a la legislación penal sustantiva así como a otros ordenamientos cuya competencia normativa recae en los Congresos Locales y en el Congreso de la Unión. De ahí la importancia y urgencia de adecuar la legislación secundaria a los nuevos principios rectores de la ejecución penal, de forma que legislación penitenciaria en su conjunto, como el resto de la normatividad relacionada con ella, se ajusten a los nuevos contenidos constitucionales.

La adecuación propuesta a esta Cámara además de armonizar el lenguaje ajusta el marco jurídico a los principios normativos superiores, contribuyendo a la formación de una cultura jurídica acorde con los mismos.

El anterior sentido progresivo que en términos de derechos humanos, que adquirió el derecho de ejecución penal en nuestro País, es parte del cambio significado por el artículo primero constitucional reformado, que establece los derechos humanos como eje rector de todo el Estado Mexicano; el artículo 17 constitucional que desde 1987, consagra el derecho a la plena ejecución de las resoluciones judiciales; el artículo 18 en la parte que fue adicionada en 2011 para sujetar expresamente al sistema penitenciario al respeto a los derechos humanos y la modificación el artículo 21 del mismo Ordenamiento Supremo en 2008, que sienta las bases para la judicialización del sistema penitenciario.

En materia de reinserción es pertinente hacer un recuento mínimo de la evolución de los fines de la pena: en 1917 se consideró –acorde a los criterios de la época– que la pena tenía la finalidad de “regenerar” al culpable; en la reforma constitucional de 1964-1965, se introdujo el concepto de “readaptación social” y en 2008, como lo hemos apuntado, se asume el principio de la “reinserción social”.

Todo lo anterior hace sentido si, y solo si, se abandona de nuestros textos legales la finalidad de la “readaptación social y, a partir de ahí, de nuestras prácticas administrativas y judiciales, a fin de asumir plenamente las consecuencias de los nuevos principios constitucionales en la materia, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia aprobadas recientemente por su Primera Sala1:

DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).

A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.

DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS.

De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor". Entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad "peligrosa" o "conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado -actuando a través de sus órganos- está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado.

Asimismo y siguiendo en este contexto, damos cuenta que los conceptos de “reo” y de “delincuente” han quedado desfasados desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y de la presunción de inocencia, por entrañar una perspectiva en la que la persona es considerada como objeto del proceso, de manera acorde con expresiones de cuño inquisitivo que se hace necesario superar, como lo es afirmar que una persona “es investigada” o es “puesta a disposición del Ministerio Público”, siendo que debería establecerse –en la ley y en la práctica— que “se investiga la conducta de determinada persona” en el primer caso, o que aquélla fue puesta “bajo la responsabilidad del agente del Ministerio Público”, en el segundo caso.

Contrariamente a la perspectiva inquisitiva apuntada, en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal se parte de un nuevo supuesto: la persona cuya conducta se investiga es sujeto y no objeto del procedimiento penal. De esta manera se asume la presunción de inocencia incorporada expresamente al artículo 20 constitucional en la misma reforma de 2008. Si, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, el contenido de la presunción de inocencia, se desdobla en su triple aspecto de regla de tratamiento, exigencia de carga probatoria para la acusación, y estándar de prueba necesario para condenar, puede apreciarse cómo, en cada uno de estos sentidos, el concepto de “reo” deviene incompatible tanto para el proceso como para la ejecución penal.

En efecto filósofos como Jüngen Habermas, han puesto de manifiesto que el lenguaje trasciende del concepto a la realidad y, en el caso del abandono del sustantivo, al mismo tiempo calificativo, de “reo”, éste trasciende no sólo en que la carga de la prueba para la acusación se haga más exigente acorde con el estándar probatorio de “convicción de culpabilidad del procesado”, mandatado en el artículo 20, apartado A, inciso VIII, constitucional, sino que se induce a un trato digno a la persona privada de la libertad en su calidad de persona en prisión preventiva o en cumplimiento de una pena.

En este mismo sentido, si bien la palabras “reo” o “delincuente” parecen ser vocablos neutros, visto desde esta perspectiva pareciera que solo los hombres están sujetos al cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena, pero si ante el creciente y justificado uso diferenciado del lenguaje por género, se pretendiese respetar el mismo, el uso de un lenguaje no sexista, resultaría mayormente peyorativo al referirse a la mujer como “rea”, o “delincuenta”.

Se propone realizar las modificaciones a la legislación de orden federal que en la parte conducente se enlistan, a fin de armonizar su lenguaje, sustituyendo o eliminando en cada caso las expresiones y porciones normativas constitucionalmente incompatibles, como ocurre con la propuesta de reformas a los artículos 2, 3, 6, segundo párrafo del artículo 7, 14 y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que ordena la práctica de estudios de personalidad, y mantienen conceptos de tratamiento (curativo) y de readaptación social, que han sido expurgados de nuestro ámbito constitucional. En las disposiciones transitorias de este decreto se dispone que hasta en tanto no se promulgue la legislación única en materia penitenciaria, que regulará los beneficios de ley para las personas sentenciadas en toda la República, seguirán en vigor las disposiciones que actualmente limitan dichos beneficios en el ámbito federal para las personas sentenciadas por los delitos a los que remiten los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 de la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados.

De igual forma la figura de la libertad preparatoria, regulada por los artículos 84 a 87 del Código Penal Federal, deviene constitucionalmente inválida tras las reformas al artículo 18 constitucional de 2008 y 2011, puesto que dicha figura, anclada, en el Derecho Penal de autor, no es compatible con el nuevo paradigma de la reinserción social, que se adhiere al Derecho Penal de acto, según lo antes expuesto en esta iniciativa. Por eso se propone derogar estos cuatro preceptos del Código Penal Federal, en tanto que la norma constitucional vigente puede y debe cumplirse por el legislador penal –y en su caso por las legislaturas de las entidades federativas– sin necesidad de agotar la vacatio legis establecida por el Constituyente Permanente respecto de la promulgación de la legislación de ejecución penal única o nacional.

Complementariamente, se propone la adecuación de las referencias a las autoridades señaladas en los textos reformados cuando de acuerdo con el marco jurídico vigente, las competencias han sido modificadas, como es el caso a las de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública en materia penitenciaria, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal han sido asignadas a la Secretaría de Gobernación.

Para efecto de ejemplificar lo anteriormente expuesto y el sentido real que las modificaciones pretenden, se muestra el siguiente cuadro comparativo.

Código Penal Federal

DICE

DEBE DECIR

Artículo 4o.- Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes:

I.- (…)

II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y

III.- (…)

Artículo 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes:

I.- (…)

II. Que la persona imputada no haya sido definitivamente juzgada en el país en que delinquió, y

III. (…)

Código Penal Federal

DICE

DEBE DECIR

Artículo 26.- Los procesados sujetos a prisión preventiva y los reos políticos, serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales.

 

Artículo 27.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

Artículo 29.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión.

 

Artículo 50 Bis.- ...

La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y orientación de su conducta por personal especializado dependiente de la autoridad ejecutora, para la readaptación social del reo y la protección de la comunidad.

Artículo 26. Los procesados sujetos a prisión preventiva y los procesados o sentenciados por delitos políticos, serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales.

Artículo 27.- Las medidas en libertad de personas imputables consisten en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que la persona sentenciada hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión.

 

Artículo 50 Bis.-

La vigilancia consistirá en recabar información periódica de los registros disponibles acerca de posibles nuevas conductas delictivas atribuidas a la persona, a efecto de asegurarse que las mismas se hagan del conocimiento del juez o tribunal del proceso.

Código Penal Federal

DICE

DEBE DECIR

Artículo 56.- Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.

 

Artículo 75.- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social podrá modificar aquélla, siempre que la modificación no sea esencial.

Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas:

I a la VI

VII.- Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida;

VIII y IX

X.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas en este precepto y que está en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa.

Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando la persona hubiese sido sentenciada al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma. 

 

Artículo 75. Cuando la persona sentenciada acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud, o constitución física, la autoridad judicial competente podrá modificar aquélla, siempre que la modificación no sea esencial. 

Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios a la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas:

I a la VI

VII.- Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que la persona sentenciada será consignada como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida;

VIII y IX

X.- La persona privada de la libertad que considere que al dictarse sentencia condenatoria reunía las condiciones fijadas en este precepto y que esté en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa.

Código Penal Federal

DICE

DEBE DECIR

Artículo 87.- Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, concedida por la autoridad judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y de aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de la Policía Federal Preventiva.

Artículo 87.- Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, concedida por la autoridad judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y de aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de la Policía Federal.

Código Federal de Procedimientos Penales

DICE

DEBE DECIR

Artículo 399 Bis.- En caso de delitos no graves, el Juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, la libertad provisional del inculpado, cuando éste haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo particularmente para la víctima u ofendido y testigos o, en general, para la sociedad.

Por conducta precedente o circunstancias y características del delito cometido, según corresponda, se entenderán, cuando:

I. El inculpado sea delincuente habitual o reincidente por delitos dolosos, en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal.

 II a la VIII

Artículo 399 Bis.- En caso de delitos no graves, el Juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, la libertad provisional del inculpado, cuando éste haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo particularmente para la víctima u ofendido y testigos o, en general, para la sociedad.

Por conducta precedente o circunstancias y características del delito cometido, según corresponda, se entenderán, cuando:

  1. El inculpado haya delinquido  en forma habitual o sea reincidente por delitos dolosos, en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal.

 

II a la VIII

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados

DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

ARTICULO 3o.- La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo aplicar estas normas en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la República y se promoverá su adopción por parte de las entidades federativas. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible.

Para los efectos anteriores, en caso de reos indígenas sentenciados, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento.

 

ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como derechos básicos de las personas privadas de la libertad.

ARTICULO 3o.- El órgano competente de la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar estas normas en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a las personas privadas de la libertad como consecuencia de procesos federales en toda la República. El Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación en materia de ejecución penal con los gobiernos de las entidades federativas.

 

 

Podrá convenirse también que las personas sentenciadas por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y que por la conducta del recluso, ello sea posible.

 

Para los efectos anteriores, en caso de personas indígenas sentenciadas, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento.

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados

DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 6o.- El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas.

I a la VI

a) y b)

I y II

 

ARTICULO 6o.- La autoridad penitenciaria garantizará la gobernabilidad de los centros mediante el cumplimiento de su reglamento interno y la satisfacción de los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con los principios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad. En el caso de personas indígenas privadas de la libertad, se considerarán sus circunstancias personales, sus usos y costumbres, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

A fin de garantizar la gobernabilidad de los centros, tomando en cuenta la necesidad de armonizar las exigencias de seguridad de los mismos con las condiciones de vida digna en reclusión, se establecerán prisiones de seguridad máxima, media y mínima, colonias; y campamentos penales, hospitales psiquiátricos, y para infecciosos e instituciones abiertas.

I a la VI

a) y b)

I y II

 

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados

DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente.

Se procurará iniciar el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso, en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario ofrecerá programas para favorecer el ejercicio de los derechos que el artículo 18 constitucional establece para las personas privadas de la libertad, desde su ingreso hasta su externación, con sujeción a las necesidades de seguridad y gobernabilidad de los establecimientos.

(Se deroga).

ARTICULO 14 Ter.- Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social o establecimientos penitenciarios.

ARTICULO 14 Ter.- Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de ejecución de sanciones y medidas penales.

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.

 

El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el reo repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.

 

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal.

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo, así como la participación regular en actividades educativas, culturales, deportivas o de cuidado de la salud, de la persona sentenciada, se hará remisión de un día de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta.

 

 

 

 

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie a la persona sentenciada. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia, de la readaptación y reinserción social.

El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que la persona sentenciada repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar la persona sentenciada, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal.

Ley General Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos

DICE

DEBE DECIR

 

Artículo 119. El Programa, deberá contemplar, como mínimo, las siguientes medidas:

I. Criterios estrictos de admisión, incluyendo una evaluación del riesgo para la población que puede significar brindar protección y reubicación a delincuentes o personas con antecedentes penales;

 

II a la V

 

Artículo 119. El Programa deberá considerar, como mínimo, las siguientes medidas:

  1. Criterios estrictos de admisión, incluyendo una evaluación del riesgo para la población que puede significar brindar protección y reubicación a las personas privadas de la libertad o personas con antecedentes penales;

 

II a la V

Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública

DICE

DEBE DECIR

 

Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.

 

Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social de las personas sentenciadas ya sean adultos o adolescentes.

Ley Federal Para Prevenir Y Sancionar La Tortura

DICE

DEBE DECIR

 

ARTICULO 7o.- En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.

 

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero

 

ARTICULO 7o.- En el momento en que lo solicite cualquier persona privada de la libertad deberá ser reconocida por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor de la persona privada de la libertad o un tercero.

Conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSIONES A FIN DE DAR PROGRESIVIDAD A LEY EN MATERIA DE REINSERCIÓN SOCIAL.

PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 4, los artículos 26, 27 primer párrafo, 29 séptimo párrafo, 50 bis segundo párrafo, 56, 75, 87 y 90 fracciones VII y IX, 90 bis, todos del Código Penal Federal.

Artículo 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes:

I.- (…)

II. Que la persona imputada no haya sido definitivamente juzgada en el país en que delinquió, y

III. (…)

Artículo 26. Los procesados sujetos a prisión preventiva y los procesados o sentenciados por delitos políticos, serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales.

Artículo 27.- Las medidas en libertad de personas imputables consisten en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que la persona sentenciada hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión.

Artículo 50 Bis.-

La vigilancia consistirá en recabar información periódica de los registros disponibles acerca de posibles nuevas conductas delictivas atribuidas a la persona, a efecto de asegurarse que las mismas se hagan del conocimiento del juez o tribunal del proceso.

Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando la persona hubiese sido sentenciada al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.

Artículo 75. Cuando la persona sentenciada acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud, o constitución física, la autoridad judicial competente podrá modificar aquélla, siempre que la modificación no sea esencial.

Artículo 87. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, concedida por la autoridad judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y de aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de la Policía Federal.

Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios a la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas:

I a la VI.

VII.- Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que la persona sentenciada será consignada como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida;

VIII y IX.

X.- La persona privada de la libertad que considere que al dictarse sentencia condenatoria reunía las condiciones fijadas en este precepto y que esté en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa.

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 399 Bis fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 399 Bis.- En caso de delitos no graves, el Juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, la libertad provisional del inculpado, cuando éste haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo particularmente para la víctima u ofendido y testigos o, en general, para la sociedad.

Por conducta precedente o circunstancias y características del delito cometido, según corresponda, se entenderán, cuando:

I. El inculpado haya delinquido en forma habitual o sea reincidente por delitos dolosos, en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal.

II a la VIII.

TERCERO.- Se reforma el artículo 2, 3, 6, 7, 14 ter y 16 de la Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados.

ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como derechos básicos de las personas privadas de la libertad.

ARTICULO 3o.- El órgano competente de la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar estas normas en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a las personas privadas de la libertad como consecuencia de procesos federales en toda la República. El Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación en materia de ejecución penal con los gobiernos de las entidades federativas.

Podrá convenirse también que las personas sentenciadas por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y que por la conducta del recluso, ello sea posible.

Para los efectos anteriores, en caso de personas indígenas sentenciadas, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento.

ARTICULO 6o.- La autoridad penitenciaria garantizará la gobernabilidad de los centros mediante el cumplimiento de su reglamento interno y la satisfacción de los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con los principios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad. En el caso de personas indígenas privadas de la libertad, se considerarán sus circunstancias personales, sus usos y costumbres, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

A fin de garantizar la gobernabilidad de los centros, tomando en cuenta la necesidad de armonizar las exigencias de seguridad de los mismos con las condiciones de vida digna en reclusión, se establecerán prisiones de seguridad máxima, media y mínima; colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos, y para infecciosos e instituciones abiertas.

I a la VI

a) y b)

I y II

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario ofrecerá programas para favorecer el ejercicio de los derechos que el artículo 18 de la Constitución establece para las personas privadas de la libertad, desde su ingreso hasta su externación, con sujeción a las necesidades de seguridad y gobernabilidad de los establecimientos.

ARTICULO 14 Ter.- Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de ejecución de sanciones y medidas penales.

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo, así como la participación regular en actividades educativas, culturales, deportivas o de cuidado de la salud, de la persona sentenciada, se hará remisión de un día de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta.

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie a la persona sentenciada. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia, de la readaptación y reinserción social.

El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que la persona sentenciada repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar la persona sentenciada, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal.

La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforme a lo establecido en la fracción III y los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero

Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal.

La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

CUARTO.- Se reforma el artículo 119 de la Ley General Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y Asistencia A Las Víctimas Estos Delitos.

Artículo 119. El Programa deberá considerar, como mínimo, las siguientes medidas:

I. Criterios estrictos de admisión, incluyendo una evaluación del riesgo para la población que puede significar brindar protección y reubicación a las personas privadas de la libertad o personas con antecedentes penales;

II a la V

QUINTO.- Se reforma el artículo 117 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social de las personas sentenciadas ya sean adultos o adolescentes.

SEXTO.- Se reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

ARTICULO 7o.- En el momento en que lo solicite cualquier persona privada de la libertad deberá ser reconocida por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor de la persona privada de la libertad o un tercero.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Las disposiciones contenidas en este decreto, en tanto no se encuentren en los supuestos de los artículos transitorios segundo y tercero de este Decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficialde la Federación.

SEGUNDO. Las reformas al Código Penal Federal entraran en vigor en términos de lo previsto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

TERCERO. Hasta en tanto no se promulgue la legislación única en materia penitenciaria, seguirán en vigor las disposiciones referentes a la libertad preparatoria y remisión de la pena contenidas en el Código Penal Federal y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Ciudad de México, el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Arely Gómez González”.

El Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Herrera Anzaldo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

¿Senador Romo?

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente, para preguntarle a nuestra compañera proponente si me permite incorporarme a esta iniciativa que nos ha presentado el día de hoy.

El Presidente Sánchez Jiménez: Senador Orihuela Bárcenas también solicita lo mismo. Pido a la Secretaría tome nota. Gracias, muchas gracias.

1 Tesis de jurisprudencia 21/2014 y 19/2014 (10a.). Registros 2005918 y 2005883.

2 Contradicción de tesis 200/2013.





 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, un proyecto de Decreto que reforma y adiciona al Reglamento del Senado de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A EFECTO DE DAR MAYOR CELERIDAD AL POSICIONAMIENTO Y TRÁMITE DE LAS PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE TEMAS COYUNTURALES

(Presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo)

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

Ya en 1747, Montesquieu en su libro, el Espíritu de las Leyes, sentenció: “para que no se pueda abusar del poder, es preciso, que el poder detenga al poder”, este es uno de los principios que inspiran la separación de poderes.

La capacidad de dar respuesta oportuna a asuntos coyunturales, es uno de los requisitos que debe cumplir un parlamento moderno; sobre todo en momentos de crisis social y de falta de legitimidad tan obvia que vivimos actualmente en México, todos los partidos políticos, que conformamos esta Cámara. Tenemos el deber ineludible de ser un contrapeso efectivo y oportuno, señalaría esta palabra, el ejercicio de poder de los otros órganos que conforman al Estado Mexicano.

Manuel Aragón, un gran teórico en materia de parlamentarismo, muy acertadamente señala que sin control judicial, no hay estado de derecho; pero sin controles políticos no hay estado democrático. Esta sentencia resalta la importancia del control político dentro de una democracia; control político que se ejerce a través de las muchas tareas del Senado: los posicionamientos, los votos particulares, la presentación de iniciativas, la creación de comisiones de investigación, pero sobre todo, de la presentación de puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución, porque tratan temas de trascendencia nacional.

Si me permiten la analogía, la Cámara de Senadores se parece mucho a la intrincada y compleja maquinaria de un reloj, lleno de engranes, grandes, pequeños, medianos, y que de su sincronización depende el buen funcionamiento de esa maquinaria.       Sin, la función ineludible de control político, no se ejerce oportunamente, simplemente no sirve de nada.

Retomando la analogía del reloj, por muy bueno que sea el funcionamiento de ese mecanismo, si está retrasado una hora, ya es un instrumento inútil, y creo que eso es lo que nos está sucediendo aquí, en este recinto.

Todos los grupos parlamentarios hemos querido debatir cuestiones, que desde la agenda de los ciudadanos que representamos son trascendentes; para cuando el Orden del Día llega al punto de interés, la sesión generalmente se levanta y no se debaten esos asuntos de interés primario para las y los mexicanos.

Mayoría y oposición, como integrantes de esta Cámara de Senadores, tenemos la responsabilidad inexcusable de ser un contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo Federal, la falta de pronunciamiento del Pleno en este recinto parlamentario suena a un silencio que provoca, suena también a indiferencia; la ciudadanía supone que estamos en otro lugar, en otro momento, o que simplemente nos encontramos sometidos a intereses partidarios ajenos al bien común. Los mexicanos nos perciben, señoras y señores, que no somos más esa caja de resonancia de sus intereses.

El 21 de octubre del presente año los Senadores del Partido Acción Nacional, como grupo parlamentario, inscribimos un punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se exhortaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que declarase desierta la licitación del Tren Rápido México-Querétaro, a efecto de reponer el procedimiento por las múltiples irregularidades que contenía.

Transcurrieron cinco sesiones ordinarias de esta Cámara y el punto de Acuerdo, a pesar de tratarse de un tema de suma importancia para los mexicanos, no pudo ser presentado ni debatido en el pleno.

En consecuencia, el 3 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el fallo donde se adjudicaba el contrato de licitación. El día 4 de noviembre, tras una intervención previa a la aprobación del Orden del Día, externé aquí una preocupación por la peligrosa tardanza en procesar asuntos de esta relevancia, logrando así que el Secretario de Comunicaciones y Transportes fuese invitado a una reunión de trabajo para aclarar todo lo relacionado con la licitación del tren.

Media hora después de esa reunión, el Presidente de la República, anuncia la revocación de la licitación del Tren México-Querétaro, y alude a los argumentos vertidos por Senadoras y Senadores en esa reunión de trabajo; pero la falta de oportunidad en el tratamiento del fraude que se pretendía hacer a través de la licitación del Tren México-Querétaro, provocó graves daños al país.

El primero, un daño económico, al ya mermado presupuesto público, puesto que el consorcio chino pide ahora que se le pague la cantidad equivalente a 200 millones de pesos por gastos no recuperables, ¿quién pagará ese dinero?, ¿una vez más los mexicanos?

Segundo, un daño que le hemos infringido al país, daño a la imagen a nivel internacional, pues con la cancelación de la licitación por cuestiones de política interna, México queda como un país poco serio; incapaz de dar certeza a los participantes, desincentivando la inversión extranjera tan necesaria para Esto, compañeras y compañeros, tenemos que enfrentarlo; es consecuencia de no hacer nuestro trabajo, de ser omisos en ejercer ese control político al que estamos obligados al ser Senadores de la República; este es tan solo un ejemplo, pero hay muchos más que ha presentado la Senadora Sansores, y muchos más de los que estamos aquí.

Los ánimos no están para silencios, compañeros, el debate en este recinto se debe dar siempre y en todo momento en forma oportuna, sobre todo de los temas que más importan a las y los mexicanos. Si queremos responder a la ciudadanía con oportunidad y eficiencia, debemos de cambiar la forma en que desahogamos el Orden del Día en nuestras sesiones, en particular, si hay un asunto de urgente y obvia resolución, debe ser prioritario porque es prioridad para los mexicanos, aunque para los partidos políticos sea incómodo.

¿Cuántas omisiones más nos permitirá la sociedad mexicana a los Senadores y Senadoras, que ya de por sí estamos desprestigiados?

En el caso del Tren México-Querétaro, nos guste o no nos guste, el Senado le falló a la ciudadanía, por omisión de cinco sesiones ese punto de Acuerdo y urgente resolución tardó en el Orden del Día, y nunca se debatió en el Pleno.

¿Estamos dispuestos a poner algo de nuestros recursos a esos 200 millones de pesos, o vamos a dejar que se lo carguen a las y los ciudadanos que decimos representar?

Esta iniciativa que hoy presentamos, busca ajustar la actuación de la Cámara de Senadores para hacerla más precisa a pesar de la carga de trabajo, por ello a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional y del Senador Mario Delgado, a quien agradezco que se haya sumado a esta propuesta, proponemos reformar algunos artículos de nuestro Reglamento con el fin de establecer que cuando una proposición con punto de Acuerdo se presente con moción de urgente y obvia resolución, avalada por un grupo parlamentario, deberá tener preferencia en el Orden del Día, quedando en primer lugar de esa misma sesión.

Esperando contar con el apoyo de muchas y muchos de ustedes en esto y en el pago de esos 200 millones de pesos que van a sangrar a las y los mexicanos, agradezco su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Marcela Torres Peimbert, Senadora de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona el Reglamento del Senado de la República a efecto de dar mayor celeridad al posicionamiento y trámite de las Proposiciones de Urgente y Obvia resolución sobre temas coyunturales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 21 de octubre del presente año, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional inscribió para su presentación ante el Pleno del Senado de la República, y trámite correspondiente, un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se exhortaba a Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que por un lado declarase desierta la licitación del tren rápido México–Querétaro, para que quedara vacante a efecto de realizar la reposición del procedimiento, observando en todo momento los principios de transparencia y máxima publicidad, generando un ambiente competitivo y de confianza a la ciudadanía.

Transcurridas 5 sesiones ordinarias de esta Cámara Senatorial, el punto de acuerdo, a pesar de tratarse de un tema de suma importancia para los mexicanos tanto por el monto de la obra como por lo opacidad del procedimiento licitatorio, en el cual no hay que olvidar que declinaron más de 16 empresas con amplia experiencia internacional, el punto de acuerdo no pudo ser procesado por esta instancia legislativa. Tanto los medios, como la ciudanía expresaban la ausencia de un pronunciamiento por parte de las Cámaras que integran el Congreso y de los partidos ahí representados.

No obstante lo anterior, el día 3 de noviembre, en conferencia, Pablo Suárez, director de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer el fallo de Ia licitación señalando que: “Se adjudica el contrato de la licitación del Tren México-Querétaro a la propuesta conjunta de GIA, Constructora Teya, GHP Infraestructura Mexicana, China Railway Construction Corporation, CSR, por resultar solventes”.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pugnando por procesos licitatorios libres de corrupción y transparentes que pongan en alto el nombre de México a nivel internacional, planteó a través de la Senadora Marcela Torres Peimbert la urgente necesidad transitar el Punto de Acuerdo, pendiente de posicionamiento y discusión en el Pleno del Senado, ante la Presión los diversos grupos parlamentarios accedieron citar a reunión de trabajo al Secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que aclarara todas las dudas en torno a la citada licitación.

Este no es el único caso en el cual se deja sin transitar un tema no sólo de interés para la bancada del PAN en el Senado de la República, sino coyuntural para la opinión pública y la ciudadanía. El 5 de noviembre la Bancada de Acción Nacional encabezada por el Senador Javier Corral, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en base a la denuncia que presentó el Lic. Jaime García Chávez, líder social y abogado en Chihuahua, ante la PGR, la SHyCP, CNByV y al Banco de México, dicha denuncia consiste en señalar que el gobernador del Estado, César Duarte Jaquez, adquirió el 15% de las acciones del Banco Progresa de Chihuahua, siendo junto con su esposa Bertha Gómez Fong, los socios mayoritarios del Banco. En dicha operación también participan servidores públicos del gobierno estatal, como el secretario de Hacienda, Lic. Jaime Ramón Herrera Corral y el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga. Cabe señalar que el gobernador no cuenta con el ingreso para demostrar la adquisición del porcentaje de las acciones del banco.

El secretario de Hacienda estatal, por instrucciones del gobernador, depositó en el Banco Progresa Chihuahua la cantidad de 802 millones de pesos, a una tasa anual del 3.95%, sin conocer la fecha de vencimiento. Cabe destacar que la tasa está por debajo del porcentaje promedio, generando con ello un daño al patrimonio estatal.

El Banco adquirió la deuda del Hotel Soberano que tenía con el Banco Scotiabank Inverlat. El Hotel es propiedad del gobernador, el cual se encontraba hipotecado y con esa operación, el hotel soberano ya forma parte del patrimonio del Banco Progresa de Chihuahua, propiedad del gobernador.

Dicha proposición pretende exhortar al Procurador, al Secretario de Hacienda y al presidente del Banco de México, realicen las investigaciones que correspondan y, en su caso, finquen las responsabilidades que correspondan.

A pesar de haberse presentado el 5 de noviembre, éste se discutió hasta el día 19 de noviembre, es decir, tardo 4 sesiones en ser posicionado en tribuna y debatida la moción de urgente y obvia resolución.

La capacidad de dar respuesta oportuna a asuntos coyunturales en la realidad, es uno de los requisitos que debe cumplir un Parlamento moderno, sobre todo en momentos de crisis social y de falta de legitimidad el Congreso tiene la obligación de ser una caja de resonancia en la cual todas las fuerzas políticas puedan debatir los asuntos públicos inherentes al ejercicio del poder.

Si aceptamos que en la democracia representativa, el Congreso es el órgano del Estado con mayor legitimidad, pues en él se encuentran incluidas, en su totalidad, las fuerzas políticas que integran una nación, será fácil entender que la concreción de los ideales democráticos se da al garantizar que en las reglas procedimentales del Congreso, las mayorías no puedan impedir o atrasar el debate  de los asuntos por serles incómodos al gobierno.

Entre las funciones del Congreso, aunque la más conocida sea ciertamente la legislativa, también se encuentran las facultades de control. Las facultades de control político que ejerce cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, resultan trascendentales en el ejercicio de una democracia de calidad y éstas son ininteligibles sin el debate que se da en el Pleno sobre los asuntos que acontecen en el quehacer diario del País. Poner en la arena pública un tema de importancia para los legisladores genera, entre otras cosas, opinión pública sobre la actuación del gobierno en turno.

El poder Legislativo tiene una vocación de debate de los asuntos públicos, dicha tarea se complementa con un posicionamiento en tiempo real respecto a los temas que la actualidad presenta.

Manuel Aragón, un gran teórico en materia de parlamentarismo, muy acertadamente señala que:

“Sin control judicial, no hay Estado de derecho, pero sin controles políticos no hay Estado democrático”

Por su parte Montesquieu señala:

“Para que no se pueda abusar de las cosas es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”

Para Stuart Mill, el control político era uno de los elementos más importantes para que el poder encontrara un límite:

“Que la nación, o al menos una parte numerosa de ella, ejerza por medio de diputados que nombre periódicamente, el poder supremo de la inspección y la supervisión.”

El Derecho parlamentario federal en México comenzó su proceso de modernización en el año 1977, a partir de la reforma política impulsada por el presidente José López Portillo.

Posteriormente la emisión de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de septiembre de 1999 (en adelante LOCG), que vino a sustituir una ley parlamentaria anterior, de 1979, no había sido completada con los ordenamientos reglamentarios señalados en la propia LOCG. Esta ley, al incorporar la expresión “reglamentos” entre los ordenamientos reguladores de la materia parlamentaria, dispuso en su artículo 3º, ciertamente no en el momento de su expedición pero sí desde 2004, como consecuencia de un decreto publicado en el DOF el 30 de diciembre de ese año, que cada Cámara tenía competencia para emitir su propio reglamento.

Podría decirse que el gran faltante de la reforma parlamentaria estaba en la regulación armónica y completa de los temas de procedimiento parlamentario en un ordenamiento.

El reglamento del Senado de la República (en adelante RS), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010, cuya estructura consta de 10 títulos, 51 capítulos y 312 artículos, más 4 transitorios. La arquitectura normativa del Reglamento del Senado organiza sus disposiciones en varios grandes conjuntos que regulan los siguientes aspectos de la vida parlamentaria. Nos referiremos a los de mayor significado:

A) El Estatuto de las Senadoras y Senadores: La doctrina jurídica denomina “estatuto del legislador” al conjunto de derechos, prerrogativas y obligaciones que el Derecho fija a los legisladores.

B) Cuestiones de organización del Senado de la República: No es propio de dicho ordenamiento, sin embargo, incorpora reglas concretas de organización sobre algunos órganos del Senado.

C) El procedimiento legislativo: Es éste un punto crucial, que justifica plenamente la emisión del Reglamento del Senado. Se trata de la organización sistematizada de varios procedimientos parlamentarios.

D) Otros procedimientos en que participa el Senado de la República: Conjunto de procedimientos mediante los cuales el Senado de la República ejerce sus atribuciones en materia de control parlamentario.

E) Los apoyos que los órganos legislativos del Senado reciben de otros órganos del Senado que no son, técnicamente, parlamentarios, pero indispensables para el ejercicio de las funciones parlamentarias: Soporte para el desarrollo de sus atribuciones, mediante el ejercicio de los diversos tipos de servicios parlamentarios necesarios para el desempeño de sus funciones.

A continuación abordaremos aspectos específicos del Reglamento del Senado, con la intención de visualizar los temas que la presente iniciativa considera se deben tener identificados y en contexto para lograr el objetivo a través de las modificaciones necesarias.

1. Orden del Día

El Orden del Día de una sesión es el listado formulado por la Mesa con los asuntos que se presentan para el conocimiento, trámite o resolución del Pleno.

Se elabora en reunión previa a cada sesión, a partir de los informes, asuntos, solicitudes y comunicaciones que, en su caso, presenten la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las comisiones y los comités, los grupos parlamentarios, los senadores, la Cámara de Diputados, los otros poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, los órganos constitucionales autónomos, otros entes públicos, nacionales o del exterior y los particulares.

2. Mociones

Las mociones son propuestas al Presidente de la Mesa que se formulan por los senadores para plantear una cuestión específica relacionada con el desarrollo de la sesión en general, o con la discusión de un asunto en lo particular.

La Mesa Directiva tiene la facultad para vigilar, supervisar y asegurar que las mociones cumplan con las hormonas que regulan su formulación y tiempo de presentación.

Dentro de los tipos de mociones que existen, nos abocamos al denominado como de urgente y obvia resolución el cual tiene por objeto poner un asunto a debate y, en su caso, a votación del Pleno sin pasar a comisiones para su dictamen previo. Es resuelta por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes y no procede en el caso de reformas o adiciones a la Constitución.

3. Proposiciones con Punto de Acuerdo

Si bien el Reglamento del Senado no cuenta dentro de su articulado con una definición, tomaremos la siguiente:

Son propuestas que los Senadores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, solicitud, exhorto o recomendación1.

Una vez definido, mencionaremos los requisitos formales para la presentación de las proposiciones:

● Presentar por escrito.

● Firmar por su o sus autores.

● Por práctica parlamentaria cumplen, en lo procedente, con los mismos requisitos que se requieren para formular iniciativas (Artículos 169 y 276, RS).

● Las proposiciones se presentan de manera individual; de forma conjunta; y con aval de Grupo Parlamentario. Las dos últimas tienen prioridad de prelación en el apartado del Orden del Día respectivo.

En cada sesión serán inscritas todas las proposiciones con punto de acuerdo que así se soliciten; sin embargo, por práctica parlamentaria y economía procesal, sólo se presentan cierto número de proposiciones, cuidando la equidad entre los grupos parlamentarios.

La Presidencia dictará el turno a las comisiones que corresponda a aquellas proposiciones listadas en el Orden del Día que no logren presentarse en la misma sesión en que se registren.

También es preciso señalar que actualmente se puede evitar que la Proposición se turnada a una Comisión, mediante la solicitud de urgente y obvia resolución al Presidente por escrito o de viva voz, si la moción de urgente resolución es resuelta por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los senadores presentes, la proposición se pondrá a debate y, en su caso, a votación del Pleno (Artículos 108 y 109, RS), si no se autoriza, se le dará turno a comisiones para efectos de dictamen.

El reglamento del Senado de la República debe garantizar que los grupos parlamentarios puedan ejercer control político sin que la mayoría se los impida. El debate es un ejercicio que no debe evitarse, bajo ningún supuesto en esta Alta Cámara.

Por lo tanto se propone establecer que cuando un grupo parlamentario presente una proposición con  punto de acuerdo avalado por todo un Grupo Parlamentario de urgente y obvia resolución sobre un tema coyuntural, más una moción de urgente y obvia resolución éste deberá tener el segundo lugar de prelación dentro del orden del día, esta figura se limita a una por grupo parlamentario por sesión.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

Único.Por el que se modifica la fracción segunda del artículo 72 del Reglamento del Senado y se recorren los demás numerales, se reforma el numeral 3 del artículo 109 y se reforma el numeral 2, del artículo 276 para quedar como sigue:

Artículo 72

1. …

I. …;

II. Proposiciones con Punto de Acuerdo de moción de urgente y obvia resolución con aval de grupo parlamentario.

III. a XVII.        …

2. … a 3. …     

Artículo 109

1. … a 2. …

3. Al presentar una moción de urgente y obvia resolución referente a una proposición con punto de acuerdo, el grupo parlamentario debe presentar por separado, mediante escrito, junto con la Proposición, documento donde explique sucintamente las consideraciones que sustentan la moción, en los plazos y con los requisitos que establece el presente reglamento.

Artículo 276

1. …

2. Las Proposiciones con Punto de Acuerdo de moción de urgente y obvia resolución con aval de grupo parlamentario, tendrán preferencia en el Orden del Día según lo indica el artículo 72 del presente reglamento.

Cada grupo parlamentario, podrá inscribir sólo una proposición con punto de acuerdo con moción de urgente y obvia resolución por cada sesión.

3. … a 4. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso
de la Unión, el 4 de diciembre de 2014.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert”.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Senadora Sansores San Román, dígame.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más para preguntarle a la Senadora Marcela Torres si puedo adherirme a su propuesta, estoy totalmente de acuerdo.

El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.


1 Cámara de Diputados, “Proposición con Punto de Acuerdo”, http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/l_proposicion_con_punto_de_acuerdo




 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco para presentar, con aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de los derechos de las y los jóvenes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, saludo con aprecio y respeto a las jóvenes y los jóvenes de México, las y los jóvenes son el sector con mayor energía y potencial creativo, con mayor capacidad de imaginación.

Son personas con sueños, con anhelos y esperanzas, son el sector más importante para el devenir de la sociedad, pero también juegan un papel crucial en el presente, tienen identidad propia, tienen derechos, tienen dignidad.

Cuando las y los jóvenes se proponen luchar por ideales nada ni nadie los puede detener.

Así está registrado en la historia de México, en el movimiento del 68 con movimientos estudiantiles históricos en varios estados de la República. Ellas y ellos han sido actores fundamentales del cambio social y político.

Estamos convencidos de que los jóvenes son la esperanza de la patria, no obstante este país está desperdiciando su enorme potencial, porque carece de un proyecto que los incluya, que los reconozca en su dignidad y sus derechos. México carece de un proyecto que los escuche, que tome en cuenta sus opiniones, sus necesidades, sus aspiraciones, sus derechos.

Las y los jóvenes son las víctimas principales del declive y el desastre del sistema educativo nacional.

La educación debería ser el pilar más importante en la construcción de un país moderno, con oportunidades de progreso y vida digna para todos. Pero en este país para la gran mayoría es prácticamente imposible continuar los estudios en el nivel medio superior y superior.

El Estado Mexicano en vez de ampliar la oferta educativa endurece más y más los requisitos, hasta volver prácticamente inaccesibles las universidades públicas.

Vivimos en un país que se ha vuelto irresponsable con el derecho a la educación, porque no cuenta con una estrategia nacional consistente, sistemática y efectiva para abatir la deserción y el abandono escolar para enfrentar la insuficiente oferta educativa.

Es una desgracia que nuestros jóvenes se vean obligados a emigrar al extranjero ante la falta de opciones para salir adelante en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Y también, en las grandes ciudades de nuestro país, al ser marginados del sistema educativo se vuelven vulnerables ante el desempleo, la pobreza, la exclusión social y ante el crimen organizado.

México, se volvió una nación de proyectos de vida truncados, de aspiraciones y sueños cancelados.

Por otro lado, vivimos en un modelo socioeconómico que cierra las puertas del mercado laboral a los jóvenes, que castiga su inexperiencia y se ensaña con las mujeres que son las más discriminadas.

Poco importa a las empresas el entusiasmo, la energía, la vitalidad, las capacidades, las ganas de trabajar; los pocos que logran ingresar, trabajan sin prestaciones, con salarios ínfimos y muchas veces son víctimas de explotación laboral.

Hay que reconocer que el malestar social que inunda México tiene que ver con el drama que viven a diario miles de jóvenes que buscan trabajo y no lo consiguen.

Tiene que ver con la frustración y la desesperanza de muchas y muchos, e incluso, quienes han logrado terminar sus estudios con mucho sacrificio terminan engrosando las filas del desempleo. Una situación cruel que debe avergonzarnos como país, que es insostenible y que no puede ser ocultada por cifras alegres o por discursos optimistas.

Las y los jóvenes no pueden confiar en un gobierno, ni en una clase política que traiciona su confianza todos los días, porque o se ha entendido que ya no están dispuestas y dispuestos a esperar más.

Con esta propuesta, desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos enviar un mensaje claro y contundente: son la falta de opciones, de estudio y de trabajo las que originan tanta desilusión, tanta apatía y tanto rechazo al sistema político, que representa muchos intereses, menos los de las y los jóvenes.

Ahí están las verdaderas causas de una rebeldía que se expresa en todas sus formas, que no podrá acallarse por más que se intente. Hay que decirlo con todas sus letras, en nuestro país se discrimina, se estigmatiza a las y los jóvenes y se les criminaliza por el simple hecho de protestar.

En México se ha llegado al límite de la indiferencia, del abandono, la irresponsabilidad y la violencia.

Ahí está el caso de Ayotzinapan como el ejemplo más palpable de la existencia de un estado que vulnera sistemáticamente por acción o por omisión, los derechos humanos de las y los jóvenes. Los hechos de Iguala, lastiman la dignidad de todo el pueblo de México y ofenden al mundo entero.

Es una muestra clara de que en pleno siglo XXI aquí se violan impunemente los derechos más elementales como la vida, la libertad, la integridad física, la seguridad.

Se viola, el derecho a una existencia digna todos los días, Ayotzinapa desnudó la enorme corrupción política que aún existe en todos los niveles de gobierno. Evidenció también a un poder público envilecido, viciado, marcado por el autoritarismo.

Por estas y otras consideraciones, la propuesta que hoy sometemos a la consideración del Senado de la República contiene elementos que nos parecen de enorme relevancia para empezar a construir un horizonte más promisorio, más seguro y más decoroso para las y los jóvenes mexicanos.

Hemos retomado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes así como diversos instrumentos internacionales que señalan obligaciones concretas al Estado Mexicano.

Está en total sintonía con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por este Senado de la República.

Pero buscamos ir mucho más allá, buscamos que en México se expida una Ley que contenga la carta de derechos más extensa y ambiciosa de toda América Latina: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, civiles, políticos, el derecho a las identidades juveniles, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a la privacidad, a contar con opciones reales para permanecer en la educación y para acceder al primer empleo en condiciones dignas, para acceder a la cultura, al deporte, a la investigación y las artes, a la protección real del estado contra cualquier forma de abuso, de maltrato, de explotación sexual o laboral.

Se garantiza a las y los jóvenes el derecho a participar activamente en todas las decisiones públicas que les atañen, el derecho a proponer y a oponerse con libertad, a no ser criminalizados por las autoridades; los derechos serán la columna vertebral de la política nacional hacia la juventud, con obligaciones claras y tangibles a cargo de las autoridades.

Se crea el sistema nacional de indicadores del ejercicio de derechos de las y los jóvenes, para que podamos constatar los avances en la realidad, para que haya constancia de los enormes desafíos que tenemos en la materia, un sistema que nos permita rectificar el camino, avanzar y nunca más retroceder.

Vivimos momentos de definiciones donde la demagogia, el cálculo político y la simulación, deben hacerse a un lado para dar paso a las acciones concretas.

México no quiere, no requiere de nuevos policías, no requiere paliativos ni medidas superficiales, ni asistencialismo; requiere mayores oportunidades de estudio, de trabajo, de realización personal y de progreso para las y los jóvenes.

Necesitamos rescatar su confianza, y para ello se requieren cambios radicales.

Necesitamos un país que reconozca su dignidad.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“El Suscrito, Senador de la República por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES, la cual cuenta con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México, un país en deuda con las y los jóvenes.

Los jóvenes son el sector con mayor energía y potencial creativo, con mayor capacidad de imaginación. Son personas con sueños, anhelos y esperanzas. Son el sector más importante para el devenir de la sociedad, pero también juegan un papel crucial en el presente. Las y los jóvenes tienen identidad propia, tienen derechos, tienen dignidad.

Cuando las y los jóvenes se proponen luchar por ideales, nada ni nadie los puede detener. Así está registrado en la historia de México.

Las y los jóvenes han sido actores fundamentales del cambio social y político.

Estamos convencidos que los jóvenes son la esperanza de la Patria.

No obstante, este país está desperdiciando su enorme potencial porque carece de un proyecto que los incluya, que les reconozca su dignidad y sus derechos. México carece de un proyecto que escuche a las y los jóvenes, que tome en cuenta sus opiniones, sus necesidades, sus aspiraciones y sus derechos.

Es urgente repensar el país desde la visión de la juventud. Es urgente construir una Política con carácter de Estado, con visión de largo plazo, que responda claramente al compromiso de reconocer, respetar, proteger y garantizar sus derechos específicos. 

Las y los jóvenes reclaman una verdadera política hacia la Juventud, que garantice condiciones para la inclusión plena de la juventud en la vida productiva, política, social y cultural del país.

La desigualdad social es el rasgo más ominoso de nuestro país. México es uno de los países más desiguales de América Latina. Esta desigualdad, repercute de manera directa en la situación de las y los jóvenes.

1) Educación

La educación debería ser el pilar más importante en la construcción de un país moderno, con oportunidades de progreso y vida digna para todos. Pero en este país, para la gran mayoría de las y los jóvenes es prácticamente imposible continuar los estudios en el nivel medio superior y superior. El Estado mexicano, en vez de ampliar la oferta educativa, endurece más y más los requisitos hasta volver prácticamente inalcanzable para la mayoría el acceso a las Universidades Públicas.

El Estado se desentiende ante la deserción y el abandono de estudios, que tiene causas profundas, una de ellas, es la irresponsabilidad de los gobiernos. Esa es la realidad, que es mucho más dura en las zonas rurales y en las comunidades indígenas de nuestro país.

En México, solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de acudir a la Universidad tienen la oportunidad de hacerlo. Según el CENSO de 2010 del INEGI, 1 millón 401 mil 20 de jóvenes de entre 18 y 24 años, de un total de 1,948,965, no tenían la oportunidad de asistir a ninguna institución de educación superior. Es decir, el 71.9% quedará excluido.

Del total estudiantil universitario, las proyecciones indican que sólo el 4% logrará avanzar hacia los estudios de posgrado. Actualmente, las cinco entidades con menor cobertura son: Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero.

De acuerdo con datos del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, de cada 100 egresados del bachillerato, sólo 86 logran inscribirse al nivel superior.

La exclusión, el abandono y la deserción se traducen en marginación, en transmisión generacional de la pobreza, en injusticia social, en atraso económico.

La Comisión Europea ha señalado ha señalado las consecuencias del abandono escolar en un plano individual:

“…afectan a las personas a lo largo de sus vidas, y reducen sus oportunidades de participar en la dimensión social, cultural y económica de la sociedad. Asimismo, aumentan su riesgo de desempleo, pobreza y exclusión social. Afectan a sus ingresos a lo largo de toda la vida, a su bienestar, a su salud y a la de sus hijos. También reducen las posibilidades de que sus hijos tengan éxito en sus estudios …”1

En un plano nacional, el mismo organismo ha señalado que:

A escala económica y social en sentido amplio, unos índices elevados de abandono escolar prematuro tienen efectos a largo plazo sobre la evolución de la sociedad y sobre el crecimiento económico. Quienes abandonan prematuramente los estudios suelen participar menos en los procesos democráticos y son menos activos como ciudadanos. La innovación y el crecimiento se basan en una mano de obra cualificada, no solo en los sectores de alta tecnología, sino en toda la economía.

La educación es la herramienta clave que permite a los jóvenes acceder a un trabajo en condiciones dignas, salir de la pobreza y alcanzar un nivel de vida adecuado.

Debemos preparar a las y los jóvenes no sólo para facilitar su inserción en el mercado laboral, sino también, para que puedan generar empresas, para ser investigadores, para acceder a las nuevas tecnologías, al arte y la cultura.

El Estado está obligado a garantizar el Derecho a la Educación y para ello, debería destinar mayor presupuesto a las instituciones públicas, porque en ello nos jugamos el futuro de México. Debería ampliar el número de centros educativos e instituir un eficiente sistema nacional de becas. Debemos apostar por garantizar la cobertura total en el nivel medio superior y superior, porque ello implica cambiar el destino nacional.

2) Trabajo, seguridad social y vivienda

Por otro lado, vivimos en un modelo económico que cierra las puertas del mercado laboral a los jóvenes. Los pocos que logran ingresar, trabajan sin prestaciones, con salarios precarios; muchas veces, son víctimas de explotación laboral. Esa es la realidad de las y los jóvenes, una realidad que permanece invisible ante los ojos de la autoridad.

Las empresas te castigan por el simple de hecho de ser joven, de no tener experiencia. Tenemos que hacer un gran acuerdo con el sector empresarial de México. Porque a todos nos conviene tener un país con altos índices de crecimiento, con estabilidad, que sea productivo y al mismo tiempo, que genere prosperidad. Por ello, debemos abrir la puerta a las y los jóvenes, invertir en su capacitación y especialización.

El Nobel de Economía, Robert Solow ha dicho que “contra lo que suponen los apologistas de la ortodoxia, cuando las personas intentan una y otra vez conseguir trabajo y no lo logran, no se produce un equilibrio entre oferta y demanda a salarios más bajos, sino que muchos se desalientan y se retiran del mercado de trabajo, para no sufrir más frustraciones”.2

En miles de jóvenes, incluso en aquellos que tienen la fortuna de estudiar una carrera profesional, existe desesperanza y frustración, porque saben que las oportunidades en el mercado de trabajo están reservadas para unos cuantos. De acuerdo con las cifras del INEGI, de 100% de los egresados a nivel nacional, únicamente 30% encuentra empleo en el primer año, y de éstos, sólo 30% labora en la actividad en la cual ha sido formado con sus estudios.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, la desocupación en México se concentra en los jóvenes, ya que el 53% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años.

Ello, explica porque, según las cifras del Consejo Nacional de Población, 7 de cada 10 inmigrantes tienen entre 15 y 24 años. Es decir, México esta orillando a su juventud a dejar su país y su familia por la falta de alternativas de progreso.

Sin empleo para las y los jóvenes no habrá opciones de desarrollo, ni se acabará la pobreza. La OIT ha señalado que las estrategias para generar trabajo decente deben ser consideradas como un aporte a la cohesión social, a la paz y a la gobernabilidad democrática.

Las políticas actuales del Gobierno federal y de los gobiernos estatales, tienen alcances muy limitados, se circunscriben al otorgamiento de becas, impartir talleres, crear bolsas de trabajo. La reciente reforma laboral propició despidos, mayor incertidumbre en el trabajo y discriminación hacia los jóvenes.

Las y los jóvenes no tienen protección frente a los riesgos dentro y fuera del ámbito laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que en México, la mayoría de los asalariados de 15 a 24 años inicia su trayectoria profesional en microempresas con una nómina de entre dos a cinco empleados, situación que comparten tanto Argentina, como Perú y Brasil.

De acuerdo con el estudio "Trabajo decente y juventud en América Latina", el hecho de que 40 por ciento de los jóvenes asalariados laboren en empresas pequeñas "es preocupante por la asociación de dichas empresas con sectores de baja productividad, empleos precarios, de baja remuneración y sin acceso a protección social", detalla el estudio de la OIT.

Por lo que hace al acceso a vivienda, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, sólo el 23% de las y los 14.3 millones de jóvenes que declaran tener un trabajo remunerado cuenta con el derecho de solicitar un crédito para vivienda como una de las prestaciones que tiene en su trabajo.

3) Salud y alimentación

Según la Metodología utilizada por el CONEVAL, se estima que el 22% de los hogares de México presentó una carencia por inseguridad alimentaria en el 2010. Las y los jóvenes constituyen el grupo poblacional más afectado en este rubro.

Más del 25% de las y los jóvenes del país vive en hogares que presentan inseguridad alimentaria. De igual forma, hay mayor incidencia en el subgrupo de menores de edad: alrededor de un 30% de las y los jóvenes entre 12 y 17 años padece de inseguridad alimentaria, mientras que en jóvenes entre 18 y 29 años, el dato oscila entre el 21 y 24%.

En México, la principal prevalencia tanto de sobrepeso como obesidad se presenta a partir de los 18 años. Globalmente, el 24% de las y los jóvenes presenta problemas de sobrepeso y casi el 10% de ellos tiene obesidad.

Según las cifras del CONEVAL, más del 36% de las y los jóvenes carece de algún tipo de seguro médico; es decir, no cuentan con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército, Marina) y servicios médicos privados. Para los grupos de edades mayores a 17 años, dicha tasa alcanza hasta un 45%.

Por otro lado, 10% de la población de jóvenes vive en hogares que carecen de acceso al agua. Un porcentaje similar carece de infraestructura de drenaje y más del 13% carece de combustibles adecuados (gas o electricidad) para cocinar.

4) Acceso a las tecnologías de la información

El acceso a la información es vital para el desarrollo de las y los jóvenes, así como para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades. En este tema también se muestra claramente la desigualdad. Según resultados de INEGI, en 2012 el 32.2% de los hogares del país contaba con una computadora. Sólo el 26.0% de los hogares contaba con una conexión a Internet, el servicio más característico de las TIC. Para 2013, aun faltaban cerca de 70 millones de mexicanos de conectarse a la red de internet.

5) Un Estado que estigmatiza y criminaliza a sus jóvenes.

Diversos analista han reconocido que los jóvenes en México son detenidos no porque comentan delitos, sino por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por pertenecer a un grupo de construcción de identidad. Criminalizar a los jóvenes, implica colocarles no sólo estereotipos, sino también etiquetamiento y estigmas.

En suma, México está en deuda con su Juventud, que hoy enfrenta, en su mayoría, una realidad de incomprensión, exclusión, discriminación y ausencia de oportunidades de progreso y vida digna. Con base en lo expuesto, podemos afirmar que existe una situación generalizada de violación sistemática de los derechos humanos de las y los jóvenes.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Objetivo:

Establecer la normatividad que permita al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio de los mecanismos de protección o tutela de dichos derechos establecidos en otras leyes. De manera específica, se establece como objeto de la Ley:

I. Reconocer a las y los jóvenes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo lo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de las y los jóvenes así como las facultades, competencias, concurrenda y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

IV. Establecer el Sistema Nacional de Indicadores de Derechos de las y los jóvenes;

Se consideran como sujetos de la Ley las personas que tengan entre 12 y 29 años de edad. Cabe señalar que actualmente la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud contempla el mismo rango de edad. Esta decisión nos parece más atinada que la edad que señala la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que contempla a las personas entre 15 y 24 años de edad.

Perspectiva de Género

En primer lugar, la presente Ley está escrita en lenguaje de género. Podemos discutir si es atinado o no, en términos de las reglas de gramática. Pero lo que nadie puede negar, es que en este país son las mujeres, especialmente las jóvenes, quienes enfrentan mayores violaciones a sus derechos humanos, quienes padecen más la exclusión, la discriminación y la cancelación de sus sueños y sus anhelos. Son las jóvenes las primeras que deben luchar por la igualdad y por sus derechos.

Si queremos construir un futuro distinto, hay que avanzar en la lucha contra la desigualdad entre los géneros.

El enfoque de Derechos Humanos

Nuestra propuesta de Ley, se aparta de otras iniciativas, de las visiones de siempre, porque las y los jóvenes no deben ser vistos nunca como sujetos de tutela, de protección, mucho menos, como destinatarios de la ayuda del Estado.

Nuestra propuesta reconoce a las y los jóvenes como Sujetas y Sujetos plenos de Derechos.

Derechos que implican una obligación correlativa de las instituciones del Estado, que están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar, así se los exige el artículo 1º de la Constitución.

Rechazamos contundentemente la visión asistencialista, porque ello atenta contra los derechos y la dignidad de las y los jóvenes.

Por eso planteamos, que debe quedar claro cuáles son los derechos que tienen. Deben hacerse explícitos. Son Derechos universales, exigibles y justiciables.

Planteamos también que sean esos derechos la base y el objeto de las políticas públicas hacia las y los jóvenes. Es decir, todas ellas deben buscar que se haga realidad el acceso a una vida digna de las y los jóvenes.

Transversalidad

La ley plantea que las políticas públicas, medidas, acciones, programas dirigidos a las y los jóvenes sean complementarios entre sí. Que se alcances los mayores niveles de coordinación e integralidad para el cumplimiento de objetivos y metas.

Ello, tiene que ver con las características de los derechos que son universales, indivisibles e interdependientes. El ejercicio de un derecho está condicionado por la observación de diferentes circunstancias. Por ejemplo, la ONU ha señalado que “el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana”. Más específicamente, el derecho a la salud se extiende a “los determinantes fundamentales de la salud, como son el acceso al agua limpia y potable y las condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, la nutrición y la vivienda adecuadas, unas condiciones de trabajo seguras y sanas, un medio ambiente sano y el acceso a la información y la educación sobre cuestiones relacionadas con la salud”3

Participación

Son los jóvenes los actores principales de su propio destino. Mi propuesta garantiza que intervengan en todas las etapas de las políticas que les atañen: Planeación, Diseño, Implementación, Evaluación

Hacer explícitos los Derechos

La propuesta de Ley incluye un catálogo amplio de Derechos específicos del sector de las y los jóvenes, que se basa en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y en los diversos tratados y convenciones y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También proponer reconocer nuevos derechos, reconociendo que las y los jóvenes tienen dimensiones de dignidad propias como grupo de población.

Obligaciones de la autoridad

Los Derechos Humanos tienen implican siempre obligaciones correlativas a cargo del Estado. El artículo 1 de la Constitución, señala que es obligación de todas las autoridades respetar, promover, proteger y garantizar los Derechos.

Ello implica acciones de hacer, no hacer, de regular, de destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para avanzar de manera progresiva en la garantía de Derechos.

El proyecto establece las obligaciones de diversas dependencias y entidades públicas federales para la realización de medidas en ese sentido. Dichas acciones, están enmarcadas en la Política Nacional hacia la Juventud. Es decir, la Ley establece un conjunto de medidas mínimas, que deben ser complementadas con los programas y acciones que establezca la Administración Pública Federal, las de los Estados y los Municipios.

Con estas medidas, se busca generar condiciones legales e institucionales para ampliar las opciones de acceso a la Educación, la Salud y el Empleo, la Vivienda y en general, de todos los Derechos.

Una política nacional en la materia, bajo un enfoque de derechos.

Es imprescindible elevar a rango de Política de Estado las políticas hacia la Juventud. Estas deben tener coherencia, consistencia y adoptar un enfoque de largo plazo. Ello evitará que se cambien los parámetros de un gobierno a otro. Una política de Estado asegura siempre la progresividad y la consistencia en los resultados.

Esta Política deber ser definida con la Participación de las y los Jóvenes.

El Sistema Nacional de la Juventud

Se define como el conjunto de instituciones, políticas públicas, programas y organismos encargados de la garantía y promoción de los derechos de las y los jóvenes.

El Consejo Nacional de Políticas de la Juventud

Es un organismo especializado para la definición, diseño, planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas de promoción de los derechos de las y los jóvenes. . Proponemos que sea un organismo rector de las políticas hacia las y los Jóvenes, que asegure siempre un enfoque de derechos. Este organismo es de enorme relevancia para garantizar una mayor integralidad a las acciones del Estado y para asegurar la participación de las y los jóvenes.

Instituto Mexicano de la Juventud.

El IMJUVE, no puede seguir siendo sólo un organismo ejecutor de ciertos programas. Será responsable de verificar la implementación de las resoluciones del Consejo de Políticas de Juventud. Además, deberá convertirse en el supervisor más importante de que se cumpla lo estipulado en la Ley de los Derechos de las y los Jóvenes.

Sistema Nacional de Indicadores Derechos de las y los Jóvenes.

Constituye una herramienta fundamental para hacer visible la realidad de los derechos de las y los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de los Derechos de las y los Jóvenes, para quedar de la forma siguiente:

 

 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO, LOS PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 1. La presente Leyes de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. Reconocer a las y los jóvenes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo lo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de las y los jóvenes así como las facultades, competencias, concurrenda y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

IV. Establecer el Sistema Nacional de Indicadores de Derechos de las y los jóvenes;

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, así como a prevenir su vulneración.

Artículo 2.Para la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades observarán obligatoriamente los siguientes principios:

I. Igualdad sustantiva.

II. Universalidad.

III. Interdependencia.

IV. Indivisibilidad.

V. Progresividad.

VI. Equidad de Género.

VII. No discriminación.

VIII. Inclusión.

IX. Autonomía.

X. Participación.

XI. Diversidad.

XII. Integralidad.

XIII. Transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales.

XIV. Territorialidad.

XV. Accesibilidad.

XVI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

XVII. La interculturalidad;

XVIII. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

XIX. El principio pro persona;

XX. El acceso a una vida libre de violencia, y

Artículo 3.Las dependencias y entidades de la federación, de las entidades federativas y los municipios, entre otras medidas para garantizar el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, adoptarán las siguientes:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

II. Garantizar la participación de las y los jóvenes en todos los asuntos que les atañen; implementar mecanismos para que expresen su opinión y señalar la forma en que será tomada en cuenta;

III. Considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de las y los jóvenes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, y

IV. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

Artículo 4.Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 5.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 6.Son sujetas de la presente Ley las personas que habitan en el país cuya edad esté comprendida entre los 12 y los 29 años de edad, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 7.La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 8.La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:

I. Las dependencias y entidades federales, las dependencias y entidades de las entidades federativas, y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias;

II. El Instituto Mexicano de la Juventud;

III. La familia de las y los jóvenes;

IV. Las ciudadanas y los ciudadanos;

V. La sociedad civil organizada, y

VI. Las y los jóvenes.

Artículo 9. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de los derechos de las y los jóvenes basada en los principios rectores de esta Ley.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley.

Artículo 11. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de las y los jóvenes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

Artículo 12.Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de las y los jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 13. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de que las y los jóvenes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES

CAPÍTULO PRIMERO

DEL DERECHO A LA VIDA, A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo 14. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir, investigar y sancionar cualquier conducta que atente contra la dignidad y los derechos de las y los jóvenes

Artículo 15.Las y los jóvenes tienen derecho a la vida, a la integridad y la seguridad personal.

Artículo 16. Las y los jóvenes tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal adoptarán medidas efectivas y específicas de protección de los derechos de las y los jóvenes, así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Artículo 17. Las y los jóvenes tienen derecho a la protección contra los abusos y la explotación de cualquier índole. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal adoptarán todas las medidas de prevención, protección y sanción para garantizar dicho derecho.

Artículo 18. Las y los jóvenes tienen derecho a una vida libre de violencia. El Estado tiene el deber de prevenir y combatir las causas que generan la violencia, y sancionarla en cualquiera de sus tipos así como el maltrato sobre las y los jóvenes. Debe además garantizar la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas.

Artículo 19. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán establecer un plan integral específico de protección, promoción y garantía de los derechos de las y los jóvenes en regiones de alta vulnerabilidad ya sea por razones de marginación o por la presencia del crimen organizado.

Artículo 20. Es obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal establecer medidas eficaces para evitar que las y los jóvenes sean desterrados, arrestados, detenidos arbitrariamente o sean víctimas de desaparición forzada.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 21. Las y los jóvenes tienen derecho a la igualdad, al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como a la no discriminación.

Artículo 22. Es obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal establecer la medidas necesarias para erradicar cualquier práctica tendiente a molestar, discriminar o estigmatizar a las y los jóvenes por motivo de la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, forma de vestir, apariencia física, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos.

Artículo 23. Para garantizar la igualdad sustantiva, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán:

I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales;

II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre las y los jóvenes;

lII. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad;

IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a las y los jóvenes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta ley;

V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las y los jóvenes.

VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y adolescentes.

Artículo 24. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los organismos autónomos, implementarán accione tendientes a prevenir actos de discriminación hacía las mujeres jóvenes, y de manera particular, en contra de aquellas y aquellos que se encuentran en situación de discriminación o exclusión como los migrantes, homosexuales, lesbianas, indígenas, los que forman parte de las diversas identidades culturales, poblaciones callejeras, las personas con discapacidad.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal implementarán programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica de las y los jóvenes.

Artículo 25. Las instancias públicas de los poderes federales y locales así como los órganos constitucionales autónomos deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de las legislaciones locales correspondientes. Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad, entidad federativa y tipo de discriminación.

Artículo 26. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de las y los jóvenes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación.

CAPÍTULO TERCERO

DEL DERECHO AL HONOR, LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, A LA PROPIA IMAGEN Y A FORTALECER LAS IDENTIDADES JUVENILES

Artículo 27. Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El Estado adoptará las medidas necesarias para alcanzar la plena efectividad de estos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su condición física y mental, que mermen su dignidad personal.

Artículo 28. Las y los jóvenes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos y costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.

Artículo 29. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre las y los jóvenes. Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores de esta Ley.

Artículo 30. Las y los jóvenes tienen derecho de fortalecer y expresar los diferentes elementos de identidad que los distingue de otros sectores y grupos sociales y que, a la vez, los cohesionan con otros.

Artículo 31. El Estado debe crear, promover y apoyar, por todos los medios a su alcance, iniciativas para que las y los jóvenes tengan la oportunidad de fortalecer sus expresiones de identidad y puedan darlas a conocer a otros sectores sociales.

Artículo 32. Las y los jóvenes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia y sus redes sociales; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Artículo 33. Se considerará violación a la intimidad de las y los jóvenes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos que tenga control el concesionario o medía impreso del que se trate, sin que obre autorización por escrito, o por cualquier otro medio que permita constatarla.

Artículo 34. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de las y los jóvenes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO CUARTO

DEL DERECHO A EJERCER LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA, RELIGIÓN, EXPRESIÓN, REUNIÓN Y ASOCIACIÓN

Artículo 35. Las y los jóvenes tienen derecho a ejercer su libertad de pensamiento, conciencia, convicciones éticas, pensamiento y religión sin ser discriminados, castigados, perseguidos o reprimidos. Las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán este derecho en el marco del Estado laico.

Artículo 36. Es deber del Estado garantizar que las y los jóvenes puedan emitir libremente sus opiniones, que se respete plenamente su libertad de reunirse y de crear organizaciones, agrupaciones o cualquier tipo de figura asociativa que los identifique, convenga a sus intereses, aspiraciones o proyectos colectivos, con pleno respeto a su autonomía.

Artículo 37. El Estado deberá respetar el derecho de las y los jóvenes a manifestarse de manera pública y pacífica y expresar su oposición o informidades respecto a cualquier decisión pública que los afecte, en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 38. Las y los jóvenes no podrán ser criminalizados o reprimidos en sus actividades o acciones de protesta social y política.

CAPÍTULO QUINTO

DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Artículo 39. Las y los jóvenes tienen derecho a participar, y tomar parte a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés en la vida económica, política, social y cultural del país.

Artículo 40. El Estado deberá garantizar que existan mecanismos de participación permanente y activa de las y los jóvenes, en forma individual o a través sus organizaciones, en el diseño, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas y la legislación referidas al sector juvenil.

DE LOS DERECHOS DIGITALES

Artículo 41. Las y los jóvenes tienen derecho a acceder a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y en general a la sociedad del conocimiento.

Artículo 42. Las y los jóvenes tienen derecho a contar con el apoyo y la protección por parte del Estado para desarrollar libremente la comunicación, el intercambio de información y la libre expresión en internet. 

Artículo 43. Las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán establecer campañas de información y mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, con pleno respeto a las libertades y derechos de las y los jóvenes.

CAPÍTULO SEXTO

DEL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO

Artículo 44. Las y los jóvenes tienen derecho a un nivel de vida adecuado, en condiciones que permitan su desarrollo, y bienestar armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Artículo 45. Las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán destinar hasta el máximo de sus recursos disponibles, a la mejora continua de las condiciones de existencia de las y los jóvenes, para lo cual, deber garantizar el acceso a la salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, al vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; al ejercicio de su derecho a la cultura, al deporte, a la recreación y que cuenten con lo necesario para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD

Artículo 46. Las y los jóvenes tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, acorde con los requerimientos nutricionales para su desarrollo integral.

Artículo 47. Las y los jóvenes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.

Artículo 48. Las y los jóvenes tienen derecho a la salud integral y de calidad. Dicho derecho, incluirá al menos:

I. La atención primaria gratuita.

II. Atención sanitaria preventiva.

III. Educación preventiva.

IV. La nutrición.

V. Atención y cuidado especializado de la salud juvenil

VI. Servicio de atención media respetuosa.

VII. La promoción, asesoría y orientación de la salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos.

VIII. Investigación y atención oportuna de los problemas de salud que se presentan en la edad juvenil, impulsando programas de prevención e información sobre estas.

IX. Información, prevención, atención combate y rehabilitación contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas.

X. Disponer lo necesario para que las y los jóvenes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;

XI. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren las y los jóvenes con discapacidad.

XII. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;

Artículo 49. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de las y los jóvenes, se coordinarán a fin de:

I. Reducir la morbilidad y mortalidad;

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a las y los jóvenes, haciendo hincapié en la atención primaria;

III. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de las y los jóvenes;

IV. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

V. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las mujeres jóvenes;

VI. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;

VII. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas;

VIII. Proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a las y los jóvenes;

IX. Disponer lo necesario para que las y los jóvenes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;

X. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de las y los jóvenes y cualquier forma de violencia obstétrica;

XI. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;

XII. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones;

XIII. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de las y los jóvenes con problemas de salud mental;

XIV. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, y

XV. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren las y los jóvenes con discapacidad.

Artículo 50. Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de las y los jóvenes. En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de las y los jóvenes.

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social.

Artículo 52. Las y los jóvenes tienen derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de los servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.

CAPÍTULO OCTAVO

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Artículo 53. Las y los jóvenes tienen derecho a decidir de manera libre sobre su cuerpo y al disfrute y ejercicio pleno de su sexualidad. El Estado garantizará que ninguna institución pueda presionar, condicionar o imponer valores particulares sobre la forma en que decidan ejercer su vida sexual.

Artículo 54. Las y los jóvenes tienen derecho a vivir cualquier experiencia, expresión sexual que decidan, siempre que sea lícita, como práctica de una vida emocional y sexual plena y saludable. También tienen derecho a no ser presionados, estigmatizados, discriminados, o sancionados por ejercer o no actividades relacionadas con el disfrute de su vida sexual.

Artículo 55. Las y los jóvenes tienen derecho a decidir libremente con quien compartir su vida, sexualidad, emociones y afectos, y a ejercer sus libertades individuales de expresión, manifestación, e identidad sexual cultural, y no ser coartados en la forma expresar sus ideas y afectos.

Artículo 56. Es deber del Estado garantizar medidas efectivas para que las y los jóvenes reciban información y educación sexual, la cual, será laica, científica, ajena a cualquier prejuicio, adecuada a cada una de las diferentes etapas de la juventud, y deberá incluirá los temas referidos al género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción y la diversidad.

Artículo 57. El Estado garantizará campañas permanentes de información sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, salud reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad responsable, entre otros. 

Artículo 58. Las y los jóvenes tienen derecho a ejercer su libertad reproductiva, y como parte de esta, a decidir, de manera consciente y plenamente informada el tener hijos o no, en su caso, el momento para tenerlos, el número de estos y la persona con la que deseen procrearlos.

Artículo 59. El Estado garantizará el derecho de las y los jóvenes para ejercer el cuidado y crianza de los hijos, y a que existan medidas para que puedan continuar en la educación o el ámbito laboral.

CAPÍTULO NOVENO

DEL DERECHO AL TRABAJO

Artículo 60. Las y los jóvenes tienen derecho al trabajo digno y bien remunerado y una protección especial del mismo. De igual forma tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que existan programas que promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados.

Artículo 61. El Estado adoptará las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a las y los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo en el medio rural y urbano, con especial énfasis en los pueblos y comunidades indígenas. 

Artículo 62. Las y los jóvenes tienen derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la integridad y el desarrollo físico y psicológico.

Artículo 63. Las jóvenes tienen derecho a la protección del Estado contra la discriminación laboral.

Artículo 64. El Estado garantizará que existan medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar.

CAPÍTULO DÉCIMO

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Artículo 65. Las y los jóvenes tienen derecho a la educación gratuita, integral, continua, pertinente y de calidad, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Artículo 66. Es deber de las autoridades estatales y federales implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación y para combatir la exclusión y la deserción escolar en las y los jóvenes. Deberán además:

I. Proporcionar la atención educativa que las y los jóvenes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales;

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación;

IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras;

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de las y los jóvenes;

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de las y los jóvenes para garantizar su permanencia en el sistema educativo;

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;

VIII. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida ésta como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos;

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de las y los jóvenes;

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos;

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de las y los jóvenes que se suscite en los centros educativos;

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar;

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de las y los jóvenes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de las y los jóvenes;

XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de las y los jóvenes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de las y los jóvenes;

XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

XIX. Inculcar en las y los jóvenes el respeto al medio ambiente;

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, y

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de las y los jóvenes.

Artículo 68. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:

I. Fomentar en las y los jóvenes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas;

II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de las y los jóvenes;

III. Inculcar a las y los jóvenes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables;

IV. Orientar a las y los jóvenes respecto a la formación profesional las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera;

V. Apoyar a las y los jóvenes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo;

VI. Prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas;

VII. Emprender en cooperación con las familias de las y los jóvenes, así como con grupos de la comunidad la planificación organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para las y los jóvenes.

VIII. Promover la educación sexual integral que contribuya al desarrollo de competencias que le permitan a las y los jóvenes ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos;

IX. Promover el valor de la justicia¡ de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta propiciar la cultura de la legalidad de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos y

X. Difundir los derechos humanos de las y los jóvenes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos.

Artículo 69. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de las y los jóvenes incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen las familias.

Artículo 70. Para efectos del artículo anterior, las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para:

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia;

II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente;

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de las y los jóvenes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 71. Es deber delos Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, y de los Poderes Ejecutivos y Congreso de los Estados, destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar el acceso universal de los jóvenes y su permanencia en la educación en los niveles medio superior y superior.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA VIVIENDA

Artículo 72. Las y los jóvenes tienen derecho a la seguridad social y a que se promueva su acceso preferente al trabajo formal.

Artículo 73. Las y los jóvenes tienen derecho la protección social frente a situaciones de enfermedad, accidente laboral, invalidez, orfandad y todas aquellas situaciones de falta o de disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.

Artículo 74. Las y los jóvenes tienen derecho a contar con el apoyo del Estado para el acceso a una vivienda digna y de calidad.

Artículo 75. El Estado garantizará que los jóvenes accedan a programas y créditos para obtención o construcción de vivienda en condiciones asequibles y de acuerdo a su nivel socioeconómico personal o familiar.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

Artículo 76. Las y los jóvenes tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que respalde su desarrollo integral.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO

DERECHO A LA CULTURA, EL DEPORTE, DESCANSO Y EL ESPARCIMIENTO

Artículo 77. Las y los jóvenes tienen derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, y participar libremente en actividades deportivas y artísticas. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

Artículo 78. Las y los jóvenes tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a lo siguiente:

Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de las y los jóvenes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales artísticas y deportivas dentro de su comunidad.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO

DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES CON
DISCAPACIDAD

Artículo 80. Las y los jóvenes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos 32 en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables.

Artículo 81. Son jóvenes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Artículo 82. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de las y los jóvenes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Artículo 83. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.

Artículo 84. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de las y los jóvenes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a jóvenes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios.

Artículo 85. No se podrá negar o restringir la inclusión de las y los jóvenes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.

Artículo 86. No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las y los jóvenes con discapacidad.

Artículo 87. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las y los jóvenes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad.

Artículo 88. Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a:

I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de las y los jóvenes con discapacidad;

II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las y los jóvenes con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna;

III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de las y los jóvenes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares;

IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación de información y estadística de las y los jóvenes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia.

Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad.

Artículo 89. Las y los jóvenes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO

DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES MIGRANTES

Artículo 90. El presente capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de las y los jóvenes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a las y los jóvenes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de las y los jóvenes el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 91. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a las y los jóvenes son las siguientes:

I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio;

lI. El derecho a ser informado de sus derechos;

III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado;

IV. El derecho de las y los jóvenes a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales;

V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;

VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;

VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él;

VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia;

IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de las y los jóvenes y esté debidamente fundamentada;

X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y

XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad.

Artículo 92. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o mover a las y los jóvenes cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 93. En ningún caso una situación migratoria irregular de las y los jóvenes, pre configurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular.

TÍTULO TERCERO

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS OBJETIVOS, LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN

Artículo 94. La Política Nacional de la Juventud tendrá los siguientes objetivos:

I. Avanzar en el establecimiento de las condiciones que aseguren el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los jóvenes.

II. Lograr la integración de las y los jóvenes al desarrollo nacional y a la vida económica, política, social y cultural del país, en condiciones de equidad y no discriminación.

III. Garantizar la participación de las y los jóvenes en el diseño, planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y acciones dirigidas a la juventud.

Artículo 95. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de la Juventud de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

Artículo 96. Las políticas de la juventud deberán ser incluidas en:

I. Los programas municipales.

II. Los planes y programas estatales.

III. Los programas institucionales, regionales y especiales.

IV. En todos los programas sectoriales.

V. En el Programa Nacional de la Juventud.

VI. El Plan Nacional de Desarrollo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA TRANSVERSALIDAD Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 97. El Ejecutivo Federal incluirá un enfoque transversal e integral sobre los Jóvenes en las políticas públicas, con perspectiva de derechos, que incluirá entre otros insumos, las recomendaciones de los organismos internacionales. Asimismo, garantizará la transversalidad y la coordinación efectiva y articulación de las acciones y programas en la materia, de acuerdo en los términos que disponga la Política Nacional de la Juventud.

CAPÍTULO TERCERO

DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA JUVENTUD

Artículo 98. La Elaboración del Programa Nacional de la Juventud estará a cargo del Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Juventud, y deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud.

Artículo 99. Programa Nacional de la Juventud deberá incluir políticas, programas y acciones dirigidas al cumplimiento de cada uno de los derechos que reconoce la presente ley.

Artículo 100. El Programa Nacional de la Juventud deberá contemplar al menos los siguientes elementos:

I. Medidas para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto al respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes;

II. Medidas para la atención y cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los organismos internacionales de derechos humanos que tengan relación con el sector de las y los jóvenes.

III. La atención de la salud mediante la coordinación con las dependencias que correspondan de los programas de prevención, atención y rehabilitación;

V. Los sectores público, social y privado, celebrarán los convenios o acuerdos de colaboración necesarios entre sí, y con las instancias federales correspondientes que realicen alguna o varias actividades que se relacionen con los objetivos establecidos en esta ley. Dichos acuerdos se incorporarán al Programa Nacional de la Juventud; y

VI. Los demás planes y programas que determine el Consejo Nacional de la Juventud.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES

Artículo 101. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Realizar el Diagnóstico oficial sobre las causas estructurales de la deserción y el abandono escolar de las y los jóvenes. Este diagnóstico será el referente obligado para las políticas públicas en esta materia, que deberán tener un enfoque de derechos.

II. Implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa en el Nivel Medio Superior y Superior, que entre otras medidas contemplará:

A. Objetivos y metas para garantizar de manera progresiva la cobertura educativa total de las y los jóvenes.

B. Mecanismos de inclusión, a fin de garantizar el acceso, bajo el principio de igualdad y no discriminación y respeto a la diversidad de las y los jóvenes en los centros de educación.

C. Involucramiento de políticas de juventud, de familia, de salud, de comunidades locales y de empleo, equidad en la educación y cohesión social.

D. El Sistema Nacional de Becas.

E. Programas integrales con enfoque de derechos humanos, que incentiven la culminación de los estudios a nivel medio superior de las y los jóvenes.

F. Establecer un Programa Nacional de Apoyo al transporte escolar, que tenga como beneficiarios a los estudiantes de instituciones públicas de educación media superior y superior.

III. Diseñar, diversificar, implementar una oferta educativa que considere las características propias de las y los jóvenes, a fin de proveer de información y formación, para abatir brechas como la tecnológica en la educación media superior y superior.

IV. Diseñar e implementar nuevas modalidades de educación formal en el nivel educativo medio superior y superior, que incorpore la modalidad educación-trabajo, y permita a las y los jóvenes contar con las herramientas metodológicas y conceptuales suficientes para facilitar el acceso a una vida laboral.

V. Establecer una política específica que facilite el acceso de los jóvenes a las tecnologías de la información y la comunicación para abatir el rezago tecnológico.

VI. Revisar los programas de estudios en el nivel medio superior y superior, con enfoque de derechos humanos, que incorpore al menos los siguientes elementos: perspectiva juvenil, sustentabilidad, pertinencia educativa, inserción laboral.

Artículo 102. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. Instituir una política que tenga por objeto respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y de no discriminación, el derecho al trabajo y los derechos humanos laborales de las y los jóvenes

II. Promover la creación de oportunidades de trabajo digno y bien remunerado para los jóvenes.

III. Establecer lineamientos, políticas y programas tendientes a garantizar que el primer trabajo sea digno y justamente remunerado, considerando las particularidades específicas a las que se enfrentan las y los jóvenes cuando ingresan al mismo.

IV. Diseñar la Estrategia Nacional para la Inserción Laboral de las y los Jóvenes, que contendrá, entre otras medidas:

A) Lineamientos y políticas que incentiven la creación, promoción y protección del empleo de los jóvenes en la modalidad de Primera Experiencia Laboral.

B) El Sistema Nacional de Información, Intermediación y Capacitación para el Trabajo (sustituye al SNE)

C) Capacitación y formación de competencias requeridas por regiones y ramas de actividad, fortaleciendo el entramado productivo a nivel local.

D) Bolsa de Trabajo.

E) Medidas orientadas a promover la iniciativa empresarial de los jóvenes.

F) Programa de acercamiento a Tecnologías de la Información, que cada día se convierten en una competencia básica para el trabajo.

G) Análisis y vinculación de la oferta educativa con el mercado laboral en cada región del país.

H) Revisar y reformar las facultades de la Comisión Nacional de Productividad.

I) Incentivos para la contratación de jóvenes en el empleo formal

J) Acciones orientadas hacia la inclusión social y laboral de las y los jóvenes que enfrenten situación de desempleo o precarización laboral, mediante el desarrollo de sus capacidades y competencias para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

K) La promoción del Diálogo Social, como fundamento de la acción pública, a través de la integración de los diferentes órdenes de gobierno, los sectores social y privado, las y los jóvenes del país.

V. Promover la celebración de Convenios con las empresas del sector público y privado para que ofrezcan empleo a las y los jóvenes.

VI. Implementar formas de incorporación al trabajo de jóvenes que contemplen educación y capacitación para desarrollarse en su empleo, así como la erradicación de la explotación laboral para este sector de la población.

VII. Establecer medidas tendientes a erradicar la discriminación ejercida hacia las mujeres jóvenes en cuanto al acceso y permanencia en el trabajo y sus condiciones laborales.

VIII. Generar y actualizar información que muestre desagregación por edad, etnia, ubicación geográfica, niveles educativos, tipos de empleo, problemas para acceder a un empleo digno y las razones por las cuales las mujeres jóvenes se enfrentan a más dificultades que los hombres jóvenes para acceder y permanecer en un trabajo digno y bien remunerado.

IX. Diseñar, implementar y evaluar acciones tendientes a combatir la explotación laboral juvenil así como la violencia y la discriminación.

X. Impulsar acciones de apoyo técnico y financiero a las iniciativas individuales y colectivas de autoempleo juvenil.

XI. Crear y evaluar los mecanismos institucionales, y reforzar los existentes, a fin de que las y los jóvenes, cuenten con mayores oportunidades de capacitación y profesionalización, con especial atención para las mujeres.

XII. Crear y difundir los mecanismos de denuncia a los que puedan acceder las y los jóvenes cuando se presente alguna violación a los derechos laborales, o algún caso de violencia o discriminación en su centro y/o entorno laboral.

XIII. Diseñar, implementar y evaluar mecanismos de protección para la mujer joven trabajadora, cuando se encuentra en riesgo su trabajo y su persona.

XIV. Promover el mejoramiento de las condiciones en que las y los jóvenes desarrollan su trabajo, garantizando sus derechos humanos laborales, con especial énfasis en la seguridad social.

XV. Diseñar, implementar y evaluar campañas dirigidas a las dependencias y entidades públicas, privadas y a la población juvenil para promover sus derechos humanos laborales y para fomentar la cultura de la denuncia frente a la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación y su desarrollo físico y psicológico.

XVI. Diseñar una estrategia que permita fortalecer el binomio culminación de estudios-ingreso al campo laboral adecuado y digno.

XVII. Generar y evaluar acuerdos interinstitucionales que apoyen a las y los jóvenes desempleados a través de programas y capacitación dirigidos a la generación de autoempleo y el desarrollo de habilidades.

XVIII Realizar análisis periódicos respecto de los resultados de los programas públicos de inserción laboral de jóvenes.

XIX. Asesorar a los jóvenes y establecer la coordinación necesaria con instituciones públicas y el sector privado para promover la venta, comercialización y difusión de los productos y servicios de las empresas juveniles.

Artículo 103. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Diseñar la estrategia para aumentar la cobertura de los servicios médicos integrales y de calidad entre la población juvenil.

II. Desarrollar, implementar y evaluar modelos interdisciplinarios e integrales con enfoque de derechos humanos y perspectiva juvenil, en torno al consumo de alcohol, tabaco y drogas.

III. Brindar una atención especializada desde el primer nivel de atención a la salud, enfocada a la atención y prevención de trastornos alimenticios entre la población joven.

IV. Crear, implementar y evaluar un programa de capacitación formal dirigido al personal de salud, a fin de que se otorguen los servicios de atención y prevención desde la perspectiva juvenil con un trato cálido, respetuoso y no discriminatorio a las mujeres por parte del personal de salud, en particular para las mujeres jóvenes que solicitan atención ginecológica y psicosocial en unidades de salud, atención médica y medicamentos gratuitos 22 en todo el sistema de salud.

V. Implementar y evaluar en los servicios médicos de salud del primer nivel de atención un modelo de prevención y atención a la salud sexual y salud reproductiva que se enfoque a la población joven, principalmente a las mujeres.

VI. Implementar acciones encaminadas a la reducción del consumo de alcohol, tabaco y sustancias tóxicas entre las y los jóvenes bajo una perspectiva que respete sus derechos humanos.

VII. Desarrollar, implementar y evaluar modelos interdisciplinarios e integrales con enfoque de derechos humanos y perspectiva juvenil, en torno al consumo de alcohol, tabaco y drogas, diseñados sin prejuicios y encaminadas a informar, acompañar, así como a canalizar casos concretos de uso y abuso de drogas en la juventud.

Artículo 104. Corresponde a la Secretaría de Economía:

I. Generar acuerdos interinstitucionales para impulsar la implementación y el fortalecimiento de proyectos productivos y microempresas juveniles.

Artículo 105. Corresponde al Instituto Nacional del Emprendedor:

I. Establecer los lineamientos para apoyar la constitución y fortalecimiento de empresas juveniles.

II. Instituir programas de apoyo a las iniciativas económicas de las y los jóvenes, con especial énfasis en el medio rural y en las comunidades indígenas.

TÍTULO CUARTO

EL SISTEMA NACIONAL DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO PRIMERO

DEFINICIÓN

Artículo 106. El Sistema Nacional de la Juventud es el conjunto de instituciones, políticas públicas, programas y organismos encargados de la garantía y promoción de los derechos de las y los jóvenes.

Artículo107. El Sistema Nacional de la Juventud tiene por objeto garantizar la integralidad y coordinación en la Política Nacional de la Juventud, para la promoción y garantía de los derechos de las y los jóvenes.

Artículo 108. El Sistema Nacional de la Juventud se integrara por:

a) El Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;

b) El Instituto Nacional de la Juventud;

c) Las instituciones y organizaciones que trabajan con la juventud y en relación a las y los jóvenes.

d) Las y los jóvenes en general.

CAPITULO SEGUNDO

DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICAS DE LA JUVENTUD

Artículo 109. El Consejo Nacional de Políticas de la Juventud es un organismo especializado para la definición, diseño, planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas de promoción de los derechos de las y los jóvenes.

Artículo 110. Corresponde al Consejo Nacional de Políticas de la Juventud:

I. Promover y proponer la creación de políticas, planes y programas para el desarrollo integral de la juventud, bajo un enfoque de derechos;

II. Garantizar la participación de las y los jóvenes en todas las etapas de las políticas públicas que les atañen;

III. Promover el establecimiento de un sistema nacional de información sobre juventud;

IV. Establecer el Sistema de Indicadores sobre el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes.

V. Aprobar el Programa Nacional de la Juventud;

VI. Coordinar acciones con el sector social y privado, en el marco de la política nacional que establece la presente Ley para lograr el cumplimiento de sus disposiciones;

VII. Solicitar información sobre los planes, programas y proyectos que se ejecuten en relación a las y los jóvenes;

VIII. Analizar los informes sobre los derechos de las y los jóvenes se elaboren en el país;

IX. Evaluar la aplicación de las políticas de la juventud, así como los programas, planes y proyectos en esta materia;

X. Promover la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno e instituciones públicas vinculadas a las y los jóvenes;

XI. Promover la creación y establecimiento de consejos estatales y municipales de la juventud;

XII. Las demás que se establezcan en la presente ley y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas.

Artículo 111. El Consejo Nacional de Políticas de la Juventud está conformado de la siguiente manera:

I. Por parte del Poder Ejecutivo Federal, las o los titulares de las siguientes dependencias y organismos:

A) Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

B) Secretaría de Educación Pública;

C) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

D) Secretaría de Salud;

E) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

F) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

G) Secretaría de Desarrollo Social;

H) Secretaría de Turismo;

I) Secretaría de Economía;

J) Secretaría de Agricultura, Ganadería. Pesca y Alimentación;

K) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

L) Instituto Mexicano de la Juventud; quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo;

M) Instituto Nacional de las Mujeres;

N) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

O) Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad;

P) Confederación Deportiva Mexicana;

Q) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

R) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

S) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

T) Consejo Nacional contra las Adicciones;

II. Por parte del Poder Legislativo Federal:

A) Un Diputado federal integrante de la Comisión afín al tema;

B) Un Senador de la República integrante de la Comisión afín al tema;

III. Por parte de los Organismos Públicos Autónomos:

A) El Presidente del Instituto Nacional Electoral;

B) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

C) El presidente del IFAI

D) El Director del INEGI

IV. Por parte de las entidades federativas;

1. Los responsables de los institutos u organismos de la juventud de las entidades federativas y del Distrito Federal.

2. Jóvenes de las Entidades federativas, integrantes de los respectivos Consejos Estatales; donde existan;

V. Por parte de la sociedad civil:

1. Jóvenes integrantes de organizaciones juveniles que se inscribirán por medio de una convocatoria pública, la cual establecerás la formas de participación bajo criterios de inclusión.

VI. Por parte del Sector Académico:

1. Las y los integrantes de universidades e instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Artículo 112. El Consejo Nacional celebrará sesiones ordinarias, por lo menos tres veces por año; y las extraordinarias a que convoque su Presidente.

CAPÍTULO TERCERO

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA, FINES Y ATRIBUCIONES

Artículo 113. El Instituto Mexicano de la Juventud es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 114. El Instituto tendrá por objeto:

I. Promover condiciones que permitan respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las y los jóvenes

II. Supervisar la instrumentación de la política nacional de juventud, con la participación de las y los jóvenes de manera directa o a través de sus organizaciones. 

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados al respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de los jóvenes.

IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

V. Coadyuvar con el Consejo Nacional de Políticas de Juventud, para establecer el Sistema de Indicadores sobre el cumplimiento de los Derechos de los Jóvenes.

Artículo 115. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Verificar el cumplimiento de esta Ley.

II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;

III. Preparar los planes, programas y presupuestos para que sean aprobados por el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;

IV. Presentar un informe anual de trabajo al Consejo Nacional de Políticas de la Juventud;

V. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

VI. Mantener actualizado un registro nacional de organizaciones de jóvenes; y,

VII. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes a la realización de los derechos de las y los jóvenes;

VIII. Promover la transversalidad y la coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades públicas federales que implementen acciones, políticas y programas dirigidos a las y los jóvenes;

IX. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

X. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas;

XI. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

XII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

XIII. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

XIV. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 116. El patrimonio del Instituto se integrará con:

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal, y

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.

Artículo 117. La sede del Instituto Mexicano de la Juventud se ubicará en la capital de la República Mexicana y podrá establecer delegaciones en las capitales de cada uno de los Estados.

Artículo 118. El órgano de gobierno del Instituto será el Consejo Nacional de la Juventud. El Instituto contará con una Dirección General, y las estructuras administrativas que se establezcan en su Estatuto Orgánico.

Artículo 119. Para ser Director del Instituto Mexicano de la Juventud se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener entre 18 y 29 años el día de su elección;

III. Contar con experiencia vinculada con los derechos de las y los jóvenes;

IV. Presentar un Plan de Trabajo en el que se considere un diagnóstico de la situación actual de los jóvenes en el país, sus prioridades, objetivos, estrategias y acciones; y

Artículo 120. El Director General del Instituto será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal y durará en su encargo seis años.

Artículo 121. El Director del Instituto Mexicano de la Juventud, durante el periodo de su encargo no podrá desempeñar cargo, comisión o empleo en la administración pública, con excepción de los cargos docentes o académicos.

Artículo 122. El Director General del Instituto, tendrá las siguientes facultades:

I. Administrar y representar legalmente al Instituto;

II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo;

III. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo el Estatuto Orgánico del Instituto, así como el manual de organización general y los correspondientes de procedimientos y servicios al público del Instituto;

IV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos y ponerlos a consideración del Consejo;

V. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación del Consejo;

VI. Nombrar al personal del Instituto;

VII. Someter al Consejo y publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;

VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño, y

IX. Las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

CAPÍTULO CUARTO

SISTEMA DE INDICADORES DE DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES

Artículo 123. El Sistema de Indicadores de Derechos de las y los Jóvenes tendrá por objeto:

I. Establecer la metodología para medir periódicamente el grado de ejercicio de los Derechos de las y los Jóvenes.

II. Dar cuenta de los avances, retrocesos y retos que enfrenta el país en la materia.

III. Evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de la Juventud;

IV. Presentar cada dos años un Diagnostico de la situación de los derechos de las y los Jóvenes en México, el cual será remitido a:

A. Las Cámaras del Congreso de la Unión,

B. Al Poder Ejecutivo Federal,

C. Al Consejo Nacional de Políticas de Juventud.

D. A los organismos públicos autónomos que forman parte del Consejo

Artículo 124. El Consejo Nacional de Políticas de Juventud emitirá una convocatoria pública dirigida a las organizaciones civiles y sociales, a las instituciones académicas, a expertos independientes, para conformar un grupo plural que realice los objetivos del Sistema de Indicadores.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud del 6 de enero de 1999.

TERCERO. El Estatuto Orgánico del Instituto deberá ser adecuado en un plazo no mayor de treinta días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, previa propuesta que haga el Director del Instituto a los integrantes de la Junta Directiva.

CUARTO. El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de noventa días naturales deberá expedir el Reglamento de la Ley y demás disposiciones administrativas correspondientes.

INICIATIVA DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de diciembre de 2014.

Suscriben

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Dolores Padierna Luna.-Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canaval.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Comisión Europea (2011a). Propuesta de recomendación del Consejo relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro. Bruselas, 31.1.2011 Disponible en http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_es.pdf

2 Citado por Bernardo Klisberg, en “La juventud excluida es una bomba de tiempo”.

3 Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.





 

En otro apartado del Orden del Día, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Barrera Tapia: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes:

Uno, de las Comisiones Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la citada Iniciativa; las Comisiones al rubro citadas, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES”, se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno, para la elaboración del dictamen de la citada Minuta.

II. En el apartado “ANÁLISIS DE LA MINUTA”, se estudian los términos y los alcances de la Iniciativa.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, expresan los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos que la sustentan, así como la elaboración de la opinión de la misma.

 

ANTECEDENTES

1. En la Sesión celebrada con fecha 14 de agosto de 2013 por la Cámara de Diputados, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron y suscribieron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. En sesión ordinaria celebrada por Cámara de Diputados el 13 de marzo de 2014, se remitió el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia a la Cámara de Senadores para los efectos Constitucionales del artículo 72.

3. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 19 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del procedimiento legislativo previsto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente de la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4. En esa misma fecha la Mesa Directiva mediante Oficio No. DGPL-2P2A.-2273, determinó turnar la Minuta a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, mismo que se recibió por la Comisión en primer turno el 20 de marzo del de 2014.

ANÁLISIS DE LA MINUTA

I. La Minuta que presenta la Colegisladora tiene como finalidad promover y erradicar por completo la práctica que ciertas empresas implementan, como la de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o para la permanencia en el empleo. Dicha conducta debe ser catalogada como una modalidad de violencia laboral, por lo tanto surge la necesidad de citar de manera adecuada estos tipos, tal y como lo especifica el artículo 133 en su fracción XIV de la Ley Federal del Trabajo, ya que implica una grave vulneración de los derechos a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo de las empleadas.

II. Los promoventes plantean que las principales barreras que deben enfrentar las mujeres para incorporarse al ámbito laboral tanto público como privado, son la violencia por su condición de género, las cuales se manifiestan en segregación ocupacional, doble jornada con discriminación salarial, acoso laboral, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o de virus de inmunodeficiencia humana VIH/SIDA u otra prueba sobre la condición de salud de la mujer.

III. Asimismo, refieren que las mujeres en México se encuentran sujetas a constantes conductas de discriminación que impiden su acceso y permanencia en la esfera laboral, en condiciones inequitativas con los hombres, a pesar de que existe un amplio marco jurídico que protege la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país.

IV. Finalmente, enuncia que es menester que como legisladoras y legisladores dotemos a nuestro país de un marco jurídico a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral y que ello se logrará con pleno reconocimiento a la igualdad y la no discriminación, garantizando y reconociendo cada uno de sus derechos laborales.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, concordamos con los proponentes en la necesidad de que el Estado reconozca la violencia ejercida contra las mujeres, sobre todo por constituir ésta un problema social, más que uno personal o privado, tal como lo refirió la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104, la cual menciona que esta violencia es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer y que éstas han conducido a la dominación y discriminación en su contra por parte del hombre, impidiendo así, el adelanto pleno de la misma en todos los ámbitos de la sociedad.

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, define en su artículo primero que la expresión "discriminación contra la mujer" denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Asimismo, establece dentro de su artículo 11, lo siguiente:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo;

c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico;

d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo;

e. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;

c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.”

SEGUNDA: Que al respecto, la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad establece en su artículo 8:

“PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 8

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que está embarazada, durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no están relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.

Artículo 9

1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2.

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que:

a) Estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes; o

b) Puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo.”1

Cabe mencionar que México aún no ratifica este instrumento internacional, sin embargo, se incluye en este Dictamen como referencia de lo que se ha establecido en esta materia a nivel internacional, además de que el estado mexicano sí es parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

SEGUNDA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, apartado A, fracción V que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Asimismo, establece que gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas para antes y después del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiere adquirido por la relación de trabajo.

En lo que se refiere a la posibilidad de ascenso, el mismo artículo, apartado B, que versa sobre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, se establece en la fracción VIII que “Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;”

Del mismo modo, el texto constitucional establece en el artículo primero la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabarlos derechos y libertades de las personas.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo establece:

Artículo 56.- Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.

Del mismo modo, la Ley Federal para Eliminar y Prevenir la Discriminación estipula:

Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I. a II. […]

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

IV. a XXIX. […].

Por otro lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece:

“Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. a III. […]

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:

I. a IX. […]

X. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración pública;

XI. a XII. [….]

TERCERA. Las Comisiones Dictaminadoras, concuerdan con los proponentes en que es importante ahondar en la definición de violencia laboral ya existente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que en la actualidad hay más de 100 millones de mujeres trabajadoras, y existe una tendencia a la alza del número de mujeres en puestos de decisión.

Asimismo, la OIT señala que la tasa de participación femenina en el mercado laboral alcanza hoy día cerca de un 45% y más de la cuarta parte de los hogares mexicanos cuenta con una mujer a la cabeza.

Es de notar que, según datos del último censo de población y vivienda, en el país residen 112 millones 336 mil 528 personas, de las cuales 57.4 millones son mujeres y 54.9 millones son hombres; sin embargo la composición de la población económicamente activa es principalmente masculina.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señala que las mujeres destinan 46.3 horas en promedio a la semana al trabajo, mientras que los hombres dedican 41.7 horas, es decir, una diferencia de 4.6 horas más para las mujeres.2

Del mismo modo, como lo hacen notar las proponentes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 26.6% de las mujeres asalariadas, equivalente al 6.1 millones, han enfrentado alguna vez actos de discriminación laboral, tales como: la negativa al acceso o permanencia al trabajo asalariado por cuestiones relacionadas con la edad, el estado civil o la maternidad; reducción de salario, menor salario, prestaciones u oportunidades para ascender que aquellas que tuvieron los hombres en sus centros de trabajo, situación que se ve agravada en la mayoría de los casos con la solicitud de certificados médicos de no embarazo.

Según refiere el INEGI, “[…] datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2011), una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más (20.6%), declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral en los últimos doce meses.”3

“La prevalencia de discriminación laboral de las mujeres, se presenta en mayor proporción en dos estados del norte del país: Chihuahua (26.2%) y Coahuila (25%); mientras que el Distrito Federal (13.9%) y Guerrero (13.4%), tiene los menores porcentajes de mujeres en esta situación.”4

Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció que la participación de las mujeres en el ámbito laboral se ve sesgada por la maternidad:

“[…] la brecha salarial es menor para las mujeres jóvenes, pero hay una pena salarial para la maternidad. Esta pena se podría explicar por el hecho de que las mujeres trabajan menos horas en trabajos que pagan menos que a los hombres; sin embargo, los estudios demuestran que los salarios de los hombres son más altos que los de las mujeres incluso entre los trabajadores de tiempo completo. Un ejemplo de esto, es que para 2010, las mujeres ganaban en promedio 16% menos que los hombres.

[…]

Siguiendo con el factor de la maternidad, es de hacerse notar que entre las mujeres de edad reproductiva que trabajan tiempo completo, aquellas con hijos ganan significativamente menos que los hombres y con aquellas que no tienen hijos.”5

La OCDE refiere que básicamente, la sanción o pena por maternidad es en promedio del 14%.

Asimismo, lo refiere el INEGI en su estudio Mujeres y Hombres, cuando señala que “El número de hijos, en el caso de las mujeres, de igual manera condiciona su inserción en la actividad económica, ya que a medida que aumenta, las posibilidades de insertarse o mantenerse en el mercado laboral van disminuyendo, ante la mayor carga de trabajo que representa el cuidado de los hijos y las actividades del hogar; es así que de las mujeres con uno o dos hijos, cuatro de cada diez participan en el trabajo remunerado, contra únicamente dos de cada 10 mujeres con seis hijos o más.”6

CUARTA.- Que adicionalmente a todo lo descrito con anterioridad, el Comité para la Eliminación de la Discriminación para la Discriminación Contra la Mujer7 recomendó al estado Mexicano armonizar la legislación con los contenidos de la CEDAW y eliminar el requisito de la prueba de embarazo de la Ley Federal del Trabajo.

Tal recomendación fue atendida a través de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 133 dispone lo siguiente:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.

Por lo anterior estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan con la opinión de la Comisión de Igualdad de Género de Cámara de Diputados, en que la Minuta que hoy se dictamina plantea idénticos contenidos que la legislación laboral, por lo que, si bien resulta importante la propuesta, surge una sobrerregulación en la materia. Asimismo, considera que es mejor que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se remita directamente a la Ley Federal del Trabajo respecto de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y el despido de una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.

No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras toman en cuenta que el pasado 20 de febrero de 2014, la Cámara de Diputados aprobó una Minuta en relación a la lactancia materna, reformando el mismo artículo 11 de la Ley General de Acceso, entre otras leyes, misma que finalmente fue enviada al ejecutivo para su promulgación y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014.

Asimismo, el 13 de marzo del mismo año la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que reforma el artículo 11 de la misma Ley en relación al tema de certificados de no embarazo, dicha reforma estaba basada en el texto que estaba vigente a ese momento, es decir, antes de la reforma publicada el 2 de abril de 2014, a que se hace referencia en el párrafo anterior, posteriormente la Minuta en comento se envió al Senado como cámara revisora, sin contemplar en la misma el tema de lactancia materna.

Por ello estas Comisiones Dictaminadoras aprueban con modificaciones el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contemplando dentro del Proyecto de Decreto, respecto de la definición de violencia laboral lo relacionado con el periodo de lactancia previsto en la ley.

Lo anterior, debido a que a nivel mundial el 35% de las niñas y niños menores de cuatro meses de edad son alimentados al seno materno en forma exclusiva y la duración promedio de amamantamiento es de 18 meses, información que difiere de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).8

Aunado a los anterior encontramos que en nuestro país durante la década de los setentas el porcentaje de madres que inicio la lactancia materna fue de 78% con una duración media de 8.7 meses en el que se observó que los lactantes de 3 meses eran alimentados de forma exclusiva en un 15.3% y que 22% nunca fueron alimentados del seno materno.9

Que durante la década de los ochenta el 83% de las madres inicio la lactancia materna. De éstas, el 78% fue con una duración media de 8.6 meses, 14% de los lactantes de 4 meses nunca recibieron leche materna y sólo 11.5% fueron alimentados de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida.10

Que de acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2001-2006, se estima que cada niño mexicano menor de 4 años, padecerá en promedio dos episodios de diarrea y cinco infecciones respiratorias al año, representando para el Sistema Nacional de Salud, 100 millones de consultas por estas causas al año.11

Siendo menester resaltar que el objetivo principal de la publicación de dicha reforma fue, fomentar que la leche materna sea el alimento exclusivo durante el primer semestre de vida y complementario hasta el segundo año de vida.

Por lo tanto, las Comisiones Dictaminadoras aprueban con modificaciones el texto propuesto para quedar como sigue:

ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia y todo tipo de discriminación por condición de género.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, numeral 1, 94, numeral 1 y 103, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda someten ante el pleno de la Cámara de Senadores la siguiente:

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ÚNICO: Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia y todo tipo de discriminación por condición de género.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores;
México, Distrito Federal, el 29 de abril de 2014.

COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.


1 OIT, Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, 2000.

2 INEGI e INMUJERES. Mujeres y Hombres 2012, México, 2013.

3 INEGI e INMUJERES. Mujeres y Hombres 2012, México, 2013, p.131

4 Ibídem

5 OECD. Closing the Gender Gap: Act Now

6 op. cit. p.128                                                                                                                                                

7 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (36 periodo de sesiones, 2006).

10 http://www.censia.salud.gob.mx/descargas/infancia/2010/2.9._Estrategia_Salud_Alim.pdf

11 http://salud.edomexico.gob.mx/html/importancia_lactancia.htm





 

Tres, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativo, Primera, con proyectos de Decreto por el que se adiciona un párrafo IV, y se recorre el subsecuente al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL ARTICULO 60 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)







 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y   LA PROTECCION AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)







 

Y el que reforma los artículos 55 bis y 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 55 BIS Y 60 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)







 

Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

 

“A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 104 NUMERAL 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estas Comisiones de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2, del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; numeral 1, del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado las iniciativas de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de las Iniciativas con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de las referidas Iniciativas con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el "Contenido de las Iniciativas" y “Contenido de las propuestas”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de las Iniciativas con Proyectos de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que las componen. Así mismo en el contenido de las propuestas, se establece un comparativo del texto original y su propuesta.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan las decisiones de aprobarlas.

ANTECEDENTES

1. En sesión del 4 de diciembre de 2012 en la Cámara de Senadores se presentaron las siguientes iniciativas:

● Iniciativa con proyecto de decreto reforma el artículo 104 numeral 1de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que presentaron los senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (INICIATIVA UNO).

● Iniciativa con proyecto de decreto reforma el artículo 104 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (INICIATIVA DOS).

● Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó la senadora Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (INICIATIVA TRES).

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turnó las iniciativas señaladas, para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

INICIATIVA UNO

Los Senadores que suscribieron la Iniciativa mencionan en su exposición de motivos, que a partir de 1997, cuando el “partido en el poder” dejó de tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, se generó al interior de ambas Cámaras del Congreso una nueva correlación de fuerzas, que motivó la necesidad de generar consensos y acuerdos entre las fuerzas políticas representadas respecto de los grandes temas nacionales. Igualmente, la nueva composición en la Cámara de Diputados hizo que el Congreso General se convirtiera en un contrapeso del Poder Ejecutivo, que hasta entonces, había ejercido un control de facto durante décadas.

Señalan que a partir de entonces, se hizo evidente la necesidad de adaptar la forma de organización y funcionamiento del Congreso General a las necesidades de la vida democrática del país. Así fue como en el año de 1999 se impulsó y expidió una nueva Ley Orgánica, que sustituyó a la que estuvo vigente desde el año de 1979, para crear el marco normativo vigente en el que se desempeñan las actividades de quienes tienen el “altísimo honor” de ocupar los cargos de diputados federales y senadores de la república.

Continuando con la modernización de la normatividad al interior del Congreso, los Senadores mencionan que se expidieron sendos Reglamentos para las Cámaras; el del Senado de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de junio de 2010; y el de la Cámara de Diputados con fecha 24 de diciembre del mismo año. Desde su perspectiva, la expedición de ambos Reglamentos fue una muestra de la claridad de los legisladores respecto de la necesidad de actualizar la normatividad interna, con el objetivo de contar con un marco legal que permitiera hacer más eficiente y eficaz el trabajo legislativo.

Sin embargo, reconociendo que la composición de los grupos parlamentarios es un reflejo de las condiciones políticas que se presentan en un tiempo determinado, expresan su inquietud por una nueva dificultad que se presentó al inicio de la actual Legislatura. La principal preocupación de los Senadores que suscribieron la Iniciativa, es que algunas Comisiones Ordinarias se encuentran incompletas, debido a la imposibilidad de los grupos parlamentarios de designar a sus integrantes, como consecuencia de la limitación que a los Senadores impone el artículo 104 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de no poder pertenecer a más de cuatro Comisiones Ordinarias.

Afirman que esta problemática se presenta en 28 de las 62 Comisiones Ordinarias que existen en el Senado de la República. En consecuencia, estiman pertinente y viable, que se modifique el numeral 1, del artículo 104, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que cada Senador pueda ser “integrante de hasta cinco comisiones ordinarias”, sin que esto implique tener que reformar el Reglamento del Senado de la República, toda vez que éste en su artículo 122, al referirse a las propuestas de los grupos parlamentarios para la integración de las Comisiones, remite directamente al artículo 104 numeral 1 de la Ley Orgánica en la materia.

INICIATIVA DOS

De acuerdo con el Senador proponente, la incompleta integración que presentan diversas Comisiones Ordinarias de la actual Legislatura en el Senado de la República, impacta gravemente en el funcionamiento de estos órganos legislativos, que tienen el carácter de ordinarios y permanentes; y en consecuencia, se afecta de manera perjudicial el funcionamiento propio de la Cámara de Senadores, ya que para el adecuado cumplimiento de sus funciones, ésta se organiza mediante dichos órganos legislativos

Señala que, si bien los acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se constituyen e integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, ambos de fecha 27 de septiembre de 2012, cumplen en tiempo y forma legal, también es cierto que en el Anexo Uno del acuerdo de integración, se observa que diversas Comisiones Ordinarias no están completamente conformadas. Y que esta situación, ha trascendido al grado de instalar Comisiones Ordinarias, sin tener completa su Junta Directiva.

En la exposición de motivos menciona que, en 29 Comisiones Ordinarias, cuya integración fue propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por el Pleno del Senado de la República, se presenta la misma situación de “composición incompleta”; y que en algunos casos, la mayoría, los Grupos Parlamentarios no han podido presentar al legislador que terminará de conformar a cabalidad la integración de la Comisión; y que en otros casos, la minoría, los Grupos Parlamentarios no han podido presentar al Senador que terminará de conformar la Junta Directiva de la respectiva Comisión. Sin embargo, para el Senador proponente, este último supuesto, resulta aún más grave, pues menciona que por las facultades que el Reglamento del Senado de la República otorga a los Secretarios de las Comisiones, impacta de manera perjudicial en el adecuado funcionamiento de dicho órganos legislativos.

El proponente menciona que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integraron las Comisiones Ordinarias y su respectivo Anexo Uno, si bien cumple con la pluralidad de la Cámara; así como con  el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las Comisiones, en este momento se encuentran paralizadas varias comisiones debido a que muchas de ellas carecen del número mínimo de senadores y ésta situación deriva  del artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que señala que ningún Senador podrá pertenecer a más de cuatro Comisiones Ordinarias.

Por lo anterior considera necesaria e indispensable  reformar al artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de aumentar la participación de los Senadores a más de cuatro Comisiones Ordinarias. Toda vez que de no hacerse esta reforma estaría en riesgo la operatividad de varias comisiones.

INICIATIVA TRES

La Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene por objeto crear la Comisión Ordinaria de Competencia Económica y Derechos del Consumidor en el Senado de la República.

La proponente señala en sus motivaciones que el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentar la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo aprovechamiento y uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos y crédito. Así como el expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público, para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Resalta la importancia de contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios, además de proteger a los consumidores y propiciar la organización de éstos para el mejor cuidado de sus intereses.

Señala que en la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos reguladores, en la vigilancia por parte de la Autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la aplicación de las leyes.

De igual forma la proponente expone que las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, derechos y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos.

Aun cuando el Legislativo ha dado instrumentos a la Comisión Federal de Competencia para que actúe en ese campo, la falta de supervisión y vigilancia social y en particular fallas legislativas han permitido que la Comisión se mantenga pasiva y permita concentración cada vez más actividades en unas cuantas Empresas.

En suma la Proponente considera necesaria la creación de una Comisión Ordinaria de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, que entre otras funciones tenga la de revisar y actualizar el Marco Normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los Derechos de los Consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita.

CONTENIDO DE LASPROPUESTAS DE LAS INICIATIVAS UNO Y DOS

- Se propone la reforma del artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA INICIATIVA UNO

PROPUESTA INICIATIVA DOS

Artículo 104.-

1.- Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas.

2.-…

3.-…

4.-…

Artículo 104.-

1.- Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

Artículo 104.-

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas, salvo aquellos casos en que, a juicio de la Junta de Coordinación Política, se justifique que puedan pertenecer a más de cuatro y siempre que la designación no recaiga en un Senador que Presida otra Comisión.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TRES

Se propone la adiciona una fracción XXXI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 90

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I a XXX

Artículo 90

1.- …

I a XXX

XXXI. Competencia Económica y Derechos de los Consumidores.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, coincidimos en estudiar, analizar y dictaminar juntas a éstas tres iniciativas que proponen reformar y adicionar diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dado que tratan temas en relacionas a las comisiones y sus integrantes.

2.- Por lo que respecta a las iniciativas UNO y DOS, si bien, el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la integración de las comisiones; en su parte última establece que: Ningún senador pertenecerá a más de cuatro comisiones de ellas, los integrantes de estas comisiones unidas compartimos la preocupación de los proponentes de aumentar la participación de los senadores en más comisiones.

3.- La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 85, numeral 2, inciso a); 86 y 90; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones ordinarias, son los órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, en los que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, y que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 91; 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 123, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Ordinarias se integrarán por el número de Senadores que determine la Junta de Coordinación Política, sin que supere el número de quince ni sea menor al de tres Senadores, contando siempre con una Junta Directiva que deberá ser conformada por un Presidente y dos Secretarios.

4.- El 27 de septiembre de 2012 y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 82, numeral 1, inciso c); 85; 89; 90; 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura”1 siendo 61 comisiones las que forman el Acuerdo.

Con esa misma fecha, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, numeral 1, inciso c); 91 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las Comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura”, así como el Anexo Uno del acuerdo de integración.

5.- Estas comisiones dictaminadoras consideran, como bien lo expusieron los proponentes, que si bien los acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se constituyen e integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, ambos de fecha 27 de septiembre de 2012, cumplen en tiempo y forma legal, también es cierto que en el Anexo Uno del acuerdo de integración, se observa que diversas Comisiones Ordinarias no estuvieron completamente conformadas. Estos supuestos, han continuado hasta la fecha de aprobación del presente Dictamen, al grado de haber instalado y seguir funcionando comisiones ordinarias, sin tener completa su Junta Directiva.

6.- En consecuencia, las disposiciones legales citadas en la consideración segunda, y prescritas por los ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República, actualmente no se encuentran cabalmente cumplidas, toda vez que en diversas comisiones ordinarias aún podemos observar que faltan integrantes, incluso en sus Juntas Directivas. Así, la incompleta integración que presentan diversas comisiones ordinarias, tiene efectos negativos en el funcionamiento de estos órganos legislativos y en consecuencia, afecta de manera grave el funcionamiento mismo de la Cámara.

7.- A la fecha de presentación de las iniciativas en dictamen, es decir, el 4 de diciembre de 2012, en 29 comisiones ordinarias cuya integración fue propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por el Pleno del Senado de la República, se presentaba el supuesto de “composición incompleta”; en algunos casos, la mayoría, los grupos parlamentarios no habían podido presentar al legislador que terminará de conformar a cabalidad la integración de la comisión; en otros casos, la minoría, los grupos parlamentarios no habían podido presentar al Senador que terminará de conformar la Junta Directiva de la respectiva Comisión. Sin embargo, estas dictaminadoras concuerdan con los proponentes, en que este último supuesto, resulta aún más grave, ya que por las facultades que el Reglamento del Senado de la República otorga a los Secretarios de las Comisiones, impacta de manera perjudicial en el adecuado funcionamiento de dicho órganos legislativos.

8.- De manera alarmante, esta propia Comisión Dictaminadora, cuya materia propia tiene relación con el contenido de las Iniciativas en dictamen, presenta una incompleta integración en su Junta Directiva. Existen comisiones en donde hay solo tres Senadores, es decir, por el mínimo que nos establecen los citados ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República. Así, la mayoría de las Comisiones que actualmente están en el supuesto de tener una incompleta integración, funcionan con tan sólo dos Senadores.

Existe un caso más grave y alarmante, que primeramente le ocurrió a la Comisión de Asuntos Migratorios y que actualmente se presenta en la Comisión de Federalismo. Y es que con base en el acuerdo de integración de las comisiones ordinarias y su respectivo anexo uno, ésta debiera estar conformada por tres Senadores, mismos que formarían su Junta Directiva; sin embargo, actualmente sólo cuenta con la designación de su Presidente, lo que evidentemente es una contradicción al carácter de órgano colegiado que tienen las Comisiones Ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9.- Con base en lo anterior, estas comisiones dictaminadoras tenemos tres consideraciones de gran importancia: primera, que no se está cumpliendo con el mínimo de tres Senadores integrantes de una Comisión Ordinaria; y segunda, que tampoco se está cumpliendo con la debida integración de la Junta Directiva de las mencionadas Comisiones Ordinarias, es decir, un Presidente y dos Secretarios. Derivado de las dos anteriores, la tercera consideración versa sobre la evidencia de que el diseño institucional actual con el que cuenta esta LXII Legislatura, no satisface las necesidades del Senado Como se ha venido comentando en los anteriores incisos, la presente distribución de los senadores en las comisiones no es operativa y no permite que exista una verdadera especialización y un buen aprovechamientos de sus conocimientos para enriquecer los trabajos en las comisiones.

10.- Derivado de lo anterior, el tema que trata la INICIATIVA TRES, tiene que ver con la creación de una nueva comisión ordinaria de Competencia Económica y Derechos del Consumidor. En la iniciativa se señala como funciones de ésta, las de revisar y actualizar el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los Derechos de los Consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita.

Como se ha establecido antes hay una gran problemática ocasionada por el alto número de comisiones, ésta se acentúa con la restricción que tienen los senadores de pertenecer hasta un máximo de cuatro comisiones. Lo anterior incentiva la concentración en unas y la dispersión en otras. Frente a estos inconvenientes es un contrasentido la creación de una más, siendo que las actividades que se proponen para ésta Comisión se encuentran contempladas en las comisiones ordinarias de Fomento Económico y de  Comercio y Fomento Industrial del Senado.

11.- Al respecto la Comisión de Comercio y Fomento Industrial es la encargada de analizar y dictaminar los temas relacionados con los aspectos de la economía del país y los temas de comercio nacional e internacional, sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito, protección al consumidor, adquisiciones y obras públicas, propiedad industrial, competencia económica, minería, tratados internacionales en materia de libre comercio y fomento de inversiones, entre otros temas importantes.

Dicha Comisión, en su programa de trabajo contempla las acciones siguientes:

● Analizar y, en su caso reformar, adicionar, crear o derogar el marco jurídico que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad.

● Mantener un diálogo permanente con los diversos actores del país para conocer sus demandas, necesidades y propuestas en la materia de competencias de esta Comisión.

12.- Por su parte la Comisión de Fomento Económico tiene como objetivo el de coadyuvar a impulsar el desarrollo productivo del país, a través de la promoción de disposiciones y/o adecuaciones al Marco Legal que rige el diseño y objetivos de las políticas e instituciones públicas de fomento económico, dando certidumbre a la inversión productiva y al desarrollo de infraestructura con una visión de equilibrio nacional, regional y sustentable, con énfasis en el sector que integra la economía social y solidaria, para lograr que ello se traduzca en mayores y mejores oportunidades de todos los mexicanos. 

Como uno de los objetivos específicos de la Comisión de Fomento Económico se encuentra el impulsar reformas a la Legislación Federal para fortalecer el trabajo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; con especial atención a las que constituyen el Sector de la Economía Social y Solidaria.

13.- Queda claro que esta LXII Legislatura del Senado de la República, requiere de una reorganización, evaluación y justificación de las comisiones ordinarias que actualmente establece el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la redistribución de senadores. En este momento no hace falta crear más comisiones, sino, de las ya existentes, planear una reasignación de senadores en las mismas y tratar de llenar los espacios faltantes para su integración.

14.- Es importante señalar que la solución a ésta situación es  establecer que se permita a los senadores ser integrantes de hasta cinco comisiones.

Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, Segunda, para dar solución a la problemática ya planteada en los numerales anteriores, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAEL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PRIMERO.- Se reforma el numeral1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 104.-

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

2. …

3. …

4. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.


1 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=32853




 

Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyectos de Decreto por el que se adiciona un artículo 265 Bis y la Sección Décima, al Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 265 BIS Y LA SECCION DECIMA, AL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 98 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2 del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del 13de noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, la senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 98 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turnó la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Dicha reforma establece en el apartado B del artículo 102 constitucional, la obligación de todo servidor público de responder las recomendaciones que les emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, en caso de no aceptarlas o cumplirlas, pueda fundar y motivar sus razones, así como hacer pública su negativa.

Es decir, la reforma dota a la Cámara de Senadores y, en sus recesos a la Comisión Permanente, de facultades de control para hacer comparecer a los servidores públicos en caso de negativa en el cumplimiento de una recomendación emitida por la CNDH, ello con la finalidad de citar a los funcionarios con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justificar su omisión.

Se trata de una reforma fundamental para el debido cumplimiento de las recomendaciones que emite el ombudsman, ya que lamentablemente que desde su creación, es evidente que quienes han sido sujetos o señalados como responsables de una recomendación de la CNDH responden con conductas omisas, evasiva e incluso irresponsables.

En ocasiones las autoridades aceptan formalmente la recomendación del organismo defensor de los derechos humanos, pero no cumplen en los puntos relativos de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o de denuncias correspondientes ante el ministerio público.

Si bien es cierto que las recomendaciones que emite la CNDH carecen de efectos vinculatorios, también lo es que la fuerza de las mismas deriva de la vigencia del estado de derecho y de lo que establece la propia Constitución así como del respaldo social que conlleve.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a consideración de esta Soberanía propone regular en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento que mandata la reforma constitucional en materia de derechos humanos para el caso de hacer comparecer a los servidores públicos que en el caso de incumplimiento de una recomendación de la CNDH.

Se trata de garantizar a los servidores públicos su garantía de audiencia, para que puedan fundar, motivar y hacer pública su negativa ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, o en sus recesos ante la comisión Permanente, como lo mandata la Constitución.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Se propone la adiciona del artículo 98 bis a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 98

No existe

Artículo 98 Bis.

1. Para las comparecencias de los servidores públicos a los que hace referencia el segundo párrafo del aparatado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

2. Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el Servidor Público compareciente, la Presidenta o el Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurran en falsedad.

3. Posteriormente la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4. Posteriormente hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de legisladores de cada Grupo Parlamentario y cada una de ellas no excederá de diez minutos.

5. En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público compareciente, el Presidente de la Comisión le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

6. A continuación los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas.

7. Una vez finalizados los cuestionamientos el servidor público compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido la Presidenta o el Presidente de la Comisión hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema para el que fue citado servidor público.

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros delas ComisionesUnidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-  La iniciativa en estudio plantea regular en la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento a seguir para la comparecencia de aquellos servidores públicos o autoridades que no hayan cumplido con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sustentado en el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Tenemos que recordar que en la exposición de motivos de la reforma al artículo 102 de la Constitución de fecha 10 de junio del 2011, refiere que “las recomendaciones, no vinculatorias, son aquellos actos que no crean deberes u obligaciones, porque ello implicaría invadir los ámbitos de competencia de otras autoridades y servidores públicos, incluso las del poder judicial, y podrían atentar contra los principios de legalidad y seguridad jurídica al permitir que dos órganos diferentes conocieran del mismo asunto y pudieran resolverlo en forma contradictoria”.

3.- Las recomendaciones como lo menciona la exposición de motivos antes referida, son instrumentos por medio de los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa de acuerdo a su convicción  que se ha producido una violación, sugiriendo medidas necesarias para subsanarla y, en su caso, solicita que se realice una investigación y que se apliquen sanciones a los servidores públicos que han incurrido en las conductas violatorias de derechos humanos.

4.- Haciendo una lectura al artículo 102 de la Constitución, consideramos que la proponente omitió mencionar que, es a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la solicitud que la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente pueden hacer para llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos. Este punto la iniciativa en su decreto no lo menciona.

5.- Por otro lado, si bien el procedimiento que se plantea es comprensible; esto correspondería legislarlo; no en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en tal caso en el Reglamento del Senado de la República. Lo adecuado sería que la comparecencia se produjera ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado por ser ella la especializada en la materia.

6.- Como bien se señala en la iniciativa, la finalidad de estas comparecencias, es para que los funcionarios expliquen las razones de su conducta o justificar su omisión. De esta manera adquiere mayor publicidad el problema y la intervención del Senado, pudiendo producir una mayor presión en los funcionarios a cumplir las recomendaciones.

7.- Los integrantes de esta Comisión consideramos oportuna la iniciativa, sin embargo, por ser materia exclusiva del Senado de la República y al tratarse de un procedimiento especial, los integrante realizamos la modificación a la iniciativa para que se reforme el Reglamento del Senado de la República en lugar de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II… a IV

8.- En razón de lo se consideró que por técnica legislativa, deberá adicionarse el artículo 265 Bis, y una sección décima, todo ello en el Capítulo Segundo, del Título Octavo del Reglamento del Senado. Ello es así porque en dicho Título se reglamentan los procedimientos especiales del Senado y en el Capítulo Segundo, sus facultades exclusivas.

9.- Adicionalmente, la propuesta de la iniciante coloca el procedimiento en numerales, pero en realidad se trata de un supuesto, que es la comparecencia y sus diversas fases, por lo que se considera que por técnica legislativa sean fracciones.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de estas Comisiones Unidas emiten el siguiente:

DICTAMEN

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 265 BIS Y LA SESICIÓN DÉCIMA, AL CAPÍTULO SEGUNDO DEL TÍTULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Artículo Único.- Decreto por el que se adiciona un artículo 265 Bis y la Sección Décima, al Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República, para quedar de la siguiente forma:

TÍTULO OCTAVO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DEL SENADO

SECCIÓN PRIMERA… a SECCIÓN NOVENA…

SECCIÓN DÉCIMA

DE LAS COMPARECENCIAS DE AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS A SOLICITUD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 265 Bis.

1. Para las comparecencias de las autoridades  o servidores públicos a los que hace referencia el segundo párrafo del aparatado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

I. Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el Servidor Público compareciente, la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la que corresponda del Senado procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurran en falsedad.

II. Posteriormente la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

III. Posteriormente hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de legisladores de cada Grupo Parlamentario y cada una de ellas no excederá de diez minutos.

IV. En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público compareciente, el Presidente de la Comisión le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

V. A continuación los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas.

VI. Una vez finalizados los cuestionamientos el servidor público compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido la Presidenta o el Presidente de la Comisión hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema para el que fue citado servidor público.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.




 

Por el que se adiciona un Título Séptimo como capítulo único, y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TITULO SEPTIMO CON UN CAPITULO UNICO Y LOS ARTICULOS 145, 146 Y 147 A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“Comisiones Unidas de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias;
y de Estudios Legislativos

 

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estas Comisiones de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a), numeral 2, del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; numeral 1, del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado las iniciativas de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de las Iniciativas con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de las referidas Iniciativas con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el "Contenido de las Iniciativas" y “Contenido de las propuestas”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de las Iniciativas con Proyectos de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que las componen. Así mismo en el contenido de las propuestas, se establece un comparativo del texto original y su propuesta.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan las decisiones de aprobarlas.

ANTECEDENTES

1. En sesión del 23 de julio de 2014 en la Comisión Permanente se presentó la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que presentaron los senadores Arely Gómez González, Alejandro Encinas Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, Juan Gerardo Flores Ramírez y Manuel Bartlett Díaz senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista y del Trabajo.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turnó la iniciativa referida para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presentan varios senadores encabezados por la senadora Arely Gómez perteneciente a diferentes grupos parlamentarios exponen sus motivos basado en el hecho que el país tiene tiempo que inició un proceso de transformación a través de un instrumento típico de las democracias la transparencia y la rendición de cuentas.

Que este proceso tuvo el pasado mes de febrero del presente año un momento trascendente cuando fue publicada por el Ejecutivo Federal una reforma constitucional de enorme trascendencia. Esta reforma, en palabras de los senadores proponentes, tiene por fin último fortalecer el Derecho de Acceso a la Información Pública y consolidar a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia por parte del Estado Mexicano.

Manifiestan en su escrito que la reciente reforma al artículo sexto constitucional entre otras novedades establece un número de sujetos obligados en donde se incluye al Congreso, Sindicato, Partidos entre otros. La nueva legislación fija una relación de primusinterpares a estos nuevos sujetos obligados y al IFAI. Esta nueva regulación obliga al Congreso General y a los Congresos Estatales a poner al día la normatividad en materia de transparencia.

Las nuevas obligaciones en materia de transparencia obligan al Congreso Mexicano de adecuar y armonizar su normatividad en esta materia para poder estar a la altura de lo que el reto plantea. Además de una afinación normativa el Congreso como sujeto obligado tiene una característica especial que no es unitario sino que está compuesto de dos Cámaras la de senadores y la de diputados. Este hecho obliga a que haya una comisión bilateral responsable del tema de transparencia que sea la que sugiera lineamientos, criterios generales en materias como archivos, tecnología entre otros.

Apunta la iniciativa de referencia que hay un cambio cultural a nivel internacional que promueve la apertura gubernamental como un medio para fomentar la participación ciudadana. Corriente internacional que ha lanzado la idea entre los países del Gobierno Abierto. Se han expresado los objetivos en una alianza internacional suscrita por Estados, quienes se comprometen a poner en práctica las recomendaciones de la Alianza.

México es uno de los países signantes de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ha sido sede de eventos promovidos por la Alianza y ha puesto en marcha una serie de recomendaciones en su normas y políticas públicas. A través de esta concepción

El concepto de Gobierno Abierto se sustenta, expresa la iniciativa, en tres pilares: la transparencia de la información pública gubernamental; la participación ciudadana y la rendición de cuentas. No menciona la iniciativa motivo del presente dictamen otro pilar que difunde la Alianza mencionada como es la Innovación y la Tecnología.

A través de esta idea de Gobierno se pretende cambiar, afirma la propuesta que analizamos, el paradigma que rige la relación entre gobierno y sociedad por otra más dinámica y horizontal.

México como país miembro de la Alianza se ha comprometido a lograr la apertura en sus 32 legislaturas estatales y en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Motivo por el cual se trata de honrar los compromisos a nivel internacional al establecer nuevas normas internas en el Congreso de la Unión.

 En el marco de la Primera Semana de Transparencia, el Presidente de la Mesa Directiva de ésta Cámara hizo el compromiso público de promover la creación de una Comisión Bicameral para cumplir las obligaciones que mandata la Constitución Política del país en su artículo sexto.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La iniciativa propone adicionar un nuevo Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para incluir aquellas materias para que el Congreso sea considerado un Congreso Abierto. Propone la iniciativa plasmar en la Ley Orgánica del Congreso plasmar las principales modificaciones constitucionales que obligan al Congreso de la Unión.

Propone establecer una comisión bicameral con amplias atribuciones con el fin de se den las mejores prácticas que garanticen a los ciudadanos el acceso a la información del Congreso.

La opinión u opiniones que emita esta comisión bicameral no serán vinculantes pero serán necesariamente un referente en la actividad legislativa y en el ánimo de quienes estén encargados de proporcionar información.

La opinión que emita la comisión bicameral propuesta será sobre protección de datos personales; lineamientos en materia de conservación y uso de los documentos y los archivos correspondientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas comisiones unidas son competentes para analizar y en su caso dictaminar la iniciativa que nos fue turnada;

SEGUNDA. Estas comisiones comparten los juicios y aseveraciones que hacen los senadores proponentes de la importancia que tiene la transparencia como instrumento que impulsa la participación ciudadana y en sí esta situación es positiva ya que permite a la sociedad interesarse en la vida pública;

TERCERA. Estas comisiones consideran que la transparencia en la vida pública produce una serie de efectos positivos en la vida política y social del país. Ya que la prensa se nutre en buena medida de la información pública y el ciudadano puede enterarse directamente de una decisión gubernamental o a través de los medios masivos de comunicación. Así mismo el escrutinio público inhibe conductas ilegales e impropias de los funcionarios públicos y empuja la rendición de cuentas de aquellos que detentan un puesto público;

CUARTA. Estas comisiones comparten con la iniciativa que nos ocupa que los cambios constitucionales del pasado febrero que registro el artículo sexto constitucional en materia de transparencia en un hito histórico en el proceso de democratización del país. La extensión a los sujetos obligados representa un avance significativo ya que áreas que se mantenían opacas se abren al escrutinio de la sociedad. Entre uno de esos sujetos obligados está el Congreso y sus cámaras. Y dentro de estas están sus órganos parlamentarios como son los grupos parlamentarios y los fideicomisos que estos lleguen a establecer;

QUINTA. Estas comisiones unidas coinciden que el nuevo sujeto obligado no es una cámara en particular sino el Congreso de la Unión o los congresos estatales. En consecuencia el ajuste normativo de la referida iniciativa constitucional a la normatividad de esta Cámara tiene que realizarse a nivel Congreso. Es decir que antes que se emitan reglamentos de las cámaras o cambios a la normatividad existente se debe incorporar las obligaciones constitucionales a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTA. Estas comisiones concuerdan con los senadores proponentes que debe haber una comisión bilateral que represente al Congreso ante el órgano garante y emita recomendaciones, lineamientos de esta manera el ciudadano recibirá un trato similar en ambas cámaras del congreso.

Por las razones mencionadas en estos considerandos los integrantes de estas comisiones unidas emiten el siguiente acuerdo en sentido positivo que ponen a consideración de H Asamblea.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

TITULO SÉPTIMO

De la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo y apertura gubernamental.

CAPITULO ÚNICO

ARTÍCULO 145.

1. Toda la información del Congreso de la Unión y de cada una de sus Cámaras es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

2. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso a la información pública del Congreso de la Unión y de cada una de sus Cámaras, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

3. Las entidades responsables del Congreso General y cada una de sus Cámaras deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

4. El Congreso de la Unión contemplará la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la información al interior de cada una de sus Cámaras y mediante su función legislativa.

ARTÍCULO 146.

1. Para la conducción de las actividades y políticas en materia del derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo, transparencia y apertura gubernamental del Congreso de la Unión y cada una de sus Cámaras, se constituye la Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.

2. La Comisión estará integrada por un número igual de diputados y senadores que representen la pluralidad partidista en cada una de las Cámaras.

3. Sus integrantes serán electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de la Junta de Coordinación Política correspondiente. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras.

4. La presidencia de la Comisión será rotativa y recaerá alternadamente en un senador y un diputado durante un año de ejercicio legislativo. La designación será realizada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara correspondiente.

5. Al concluir su encargo el Presidente de la Comisión presentará a las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, un informe público de actividades.

ARTÍCULO 147.

1. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer a las respectivas Mesas Directivas de las Cámaras, mediante acuerdos de sus miembros, los lineamientos, políticas, mecanismos y/o propuestas de modificaciones a la normatividad interna en las siguientes materias:

a. Derecho de acceso a la información pública;

b. Transparencia proactiva de la Información;

c. Protección de datos personales;

d. Conservación y disposición archivística; y

e. Apertura gubernamental.

II. Coadyuvar con las entidades responsables del Congreso General, y al interior de cada una de las Cámaras, en la aplicación, instrumentación y cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de las materias citadas en la fracción anterior.

III Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las entidades del Congreso de la Unión y de cada una de las Cámaras, para que se dé cumplimiento a las obligaciones y atribuciones legales de las materias citadas en la fracción primera de este numeral.

IV. Representar por medio de su Presidente, en coordinación con las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, al Poder Legislativo Federal ante el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

V. Celebrar, con aprobación de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, convenios de colaboración con entidades del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Judicial de la Federación, organismos constitucionalmente autónomos, Entidades Federativas, Congresos Locales y municipios, en tanto su objeto verse sobre las materias objeto de la Comisión;

VI. Celebrar, con aprobación de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, convenios de colaboración con organizaciones y/o personas físicas o morales de la sociedad civil para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

VII. Analizar y presentar, a solicitud de alguno de sus miembros y previa autorización de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, opinión a las comisiones dictaminadoras de iniciativas presentadas y turnadas que, total o parcialmente, incluyan disposiciones relacionadas con las materias objeto de la Comisión; la cual deberá ser remitida oportunamente a los presidentes de dichas comisiones para que sean sometidas a consideración de sus integrantes durante el proceso de dictaminación.

VIII. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Salvo lo previsto en el siguiente artículo transitorio, sus preceptos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.- Por única ocasión, las Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, deberá quedar constituida a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Será presidida por él o la senadora que designe la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Dado en el salón de sesiones, el 10 de septiembre de 2014.

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;
y de Estudios Legislativos”.





 

Uno, de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del numeral 2, del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C), DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 85 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C), DEL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a), numeral 2 del artículo 85; 86; 89 ;las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del 12 de febrero de 2013 en la Cámara de Senadores, el senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c), del numeral 2, del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y "Contenido de la propuesta", se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del "contenido de la propuesta" se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El propósito de esta reforma es corregir un problema de concordancia de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El proponente refiere en su exposición de motivos que en la reforma del 3 de septiembre de 1999, cuando se publicó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 85, numeral 2, inciso c, remitía al último párrafo (ahora tercer párrafo) del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente forma:

Artículo 85.-

1.- …

2.- …

a)

b)

c) De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.

Con la reforma del 15 de agosto de 2008 al artículo 93 de Constitución Política de los EUM, se adicionaron dos párrafos –cuarto y quinto- y el que era antes el "párrafo final", ahora es el tercero, quedando actualmente como sigue:

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Por todo lo anterior somete la iniciativa a consideración.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Se propone la reforma del inciso c), del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 85

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

2. Las comisiones serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.

Artículo 85

a….;

b. …;

c. De investigación: las que se creen en los términos del tercero párrafo del artículo 93 constitucional.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos plenamente con la propuesta del senador Arturo Zamora Jiménez, toda vez que como bien lo señala si existe un error en la remisión que hace el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los EUM.

2.- En relación a la exposición de motivos, como bien se señala, si no se corrige esta remisión, seguirá causando confusión, ya que no se cumple con la finalidad de la norma.

Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PRIMERO.- Se reforma el inciso c del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 85.-

1. …

2. …

a….;

b. …;

c. De investigación: las que se creen en los términos del tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA".




 

De las Comisiones Unidas de los Asuntos Indígenas; y Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción V de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3, FRACCION V DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de primera lectura)







 

Y uno de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Dictamen de primera lectura)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo, para que los planes y programas turísticos aumenten la protección y conservación del patrimonio cultural.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

"Comisiones Unidas de Turismo; y de
Estudios Legislativos, Primera

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 28 de noviembre de 2013, los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la Comisión de Turismo presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.

La misma fue suscrita por las Senadoras Ivonne Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y Lizbeth Hernández Lecona, así como los Senadores, Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los Senadores promoventes de la iniciativa en estudio proponen reformar la Ley General de Turismo a fin de que los Municipios, Estados y el Distrito Federal, participen de manera concurrente en la conservación, protección y resguardo del patrimonio cultural que exista en la entidad o municipio.

También proponen que la Secretaría de Turismo, así como los Estados, el Distrito Federal y los municipios, puedan participar con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra nación.

Por último los senadores promoventes, pretenden establecer en la ley el deber de los prestadores de servicios turísticos para fomentar en el turista, el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural.

CONSIDERACIONES

Las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera reconocen que al tener México uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta, se debe impulsar prioritariamente al turismo cultural, ya que los rasgos distintivos que caracterizan a la sociedad mexicana, hacen que nuestros destinos puedan ofrecer al turista productos únicos.

El patrimonio cultural de la nación está formado por todas las manifestaciones que constituyen símbolos trascendentes del quehacer humano, mismas que pueden ser apreciadas en los monumentos arqueológicos, los monumentos históricos, la arquitectura, la música, las danzas y bailes tradicionales, la vestimenta, los ritos, los mitos, las leyendas, la escritura, la gastronomía, la lengua, la literatura, las obras de arte, entre otros, hacen que las diversas regiones de México ofrezcan experiencias únicas a nuestros visitantes, por lo que el turismo cultural debe tener un papel preponderante en la política turística nacional.

Dada la riqueza de nuestros signos de identidad cultural, las autoridades se han preocupado a lo largo de la historia por proteger los vestigios arqueológicos, artísticos e históricos que conforman parte de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, los resultados no han sido óptimos, la pérdida de parte de nuestro patrimonio cultural –tangible e intangible- nos obliga a tomar medidas más eficaces de resguardo.

Teniendo presente que, como señalan los promotores de la iniciativa de mérito, la relación entre turismo y patrimonio cultural es muy estrecha, es necesario que desde la política turística se resguarde y proteja el patrimonio cultural, pues al participar el sector turístico con el sector educativo en la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural se preservará, difundirá y disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.

Si bien, de acuerdo al artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la rectoría de la conservación del patrimonio cultural le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado el que la Secretaría de Turismo coadyuve en la protección y conservación del patrimonio cultural.

Así, en principio se considera viable reformar la Ley General de Turismo para que exista una mayor coordinación entre las dependencias y niveles de gobierno para elaborar o ejecutar programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural.

Lo anterior da cumplimiento a lo señalado por la fracción III del artículo 2º de la Ley General de Turismo, el que señala que esta ley tiene por objeto determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente.

Asimismo, se encuentra de conformidad con lo señalado por la fracción X, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que estipula que a la Secretaría de Turismo corresponde regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales.

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran viable adicionar la fracción XI al artículo 7 de la Ley General de Turismo, en los términos que señala la iniciativa en estudio.

Por lo que respecta a las adiciones propuestas al artículo 9 de la Ley General de Turismo, a fin de que dentro de las atribuciones de los Estados y el Distrito Federal se incluya:

a) Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección y resguardo del patrimonio cultural de la Nación que exista en la entidad.

b) El que ejecuten los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural.

Estas Comisiones Unidas consideran viable la segunda propuesta, asimismo, consideran que de esa manera coadyuvarán con la Secretaría de Educación Pública en la protección del patrimonio cultural y darán cumplimiento a los criterios elaborados por las autoridades rectoras en la materia, tales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo relativo a la conservación y protección del patrimonio cultural, por lo que proponen desechar la primera propuesta para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

Ley General de Turismo

Ley General de Turismo

Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I-XXI…

No hace referencia al tema propuesto.

Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I.-XIX.…

XX. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección, y resguardo del patrimonio cultural de la Nación que exista en la entidad;

XXI. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural;

XXII. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XXIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I.-XIX.…

XX. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural;

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Por lo que hace a las propuestas para reformar el artículo de la 10 de la ley en comento, las cuales le otorgaban a los Municipios las mismas facultades a que se hizo referencia al analizar las propuestas del artículo 9, estas Comisiones Unidas, consideran que se aplican los mismos considerandos, por lo que proponen la siguiente redacción:

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

Ley General de Turismo

Ley General de Turismo

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. – XVII.

No hace referencia al tema propuesto.

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. - XIV.

XV. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección, y resguardo del patrimonio cultural de la Nación que exista en el Municipio;

XVI. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación;

XVII. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;

XVIII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. - XIV.

XV. Participar en la ejecución de los planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación;

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;

XVII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Por lo que respecta a la propuesta de reformar el artículo 21 de la Ley General de Turismo a fin de que la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero, estas Comisiones Unidas consideran adecuado el señalar explícitamente el que los programas difundan la importancia de respetar el patrimonio cultural, pues pese a que éste forma parte de los atractivos turísticos de México, tiene la particularidad de "vincular a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para entender a los pueblos"1.

Además, estas Comisiones Legislativas, destacan el hecho de que la disposición propuesta se alinea con uno de los objetivos señalados en la fracción III, del artículo 2º de la Ley General de Turismo.

Finalmente, la propuesta de adición al artículo 58 de la Ley General de Turismo, se considera viable, ya que si bien es obligación de los prestadores de servicio turísticos participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, también pueden ser agentes que fomenten en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad.

Es importante mencionar que esta reforma no tendrá impacto presupuestario, toda vez que las dependencias de la Administración Pública continuarán desarrollando sus acciones con los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único.- Se adicionan la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; la fracción XX al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; la fracción XV al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; y, se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7.

I.-X.

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protección de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, a través de la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los mismos;

XII. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las personas con discapacidad;

XIII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos, que determine la propia Secretaría;

XIV. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;

XV. Instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos;

XVI. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera, el otorgamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos;

XVII. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para impulsar a proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables;

XVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 9.

I.-XIX.

XX. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural;

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 10.

I.-XIV.

XV. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación;

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;

XVII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, así como mostrar un espíritu de servicio, hospitalidad hacía el turista nacional y extranjero.

Artículo 58.

I. – IV.

V. Fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural;

VI. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente;

VII. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VIII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;

XI. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;

X. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;

XI. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la presente Ley;

XII. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas, y

XIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones del Senado de la República, el 27 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera".

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeros Senadores:

El dictamen que las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, sometemos hoy a su consideración, tiene como meta reformar la Ley General de Turismo a fin de fortalecer los mecanismos de protección y conservación del patrimonio cultural.

México tiene uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta:

Nuestros monumentos arqueológicos e históricos, la arquitectura, la música, las danzas, los ritos, los mitos, las leyendas, la escritura, la gastronomía, entre otros, hace que nuestros destinos puedan ofrecer al turista experiencias únicas.

Teniendo presente que la relación entre turismo y patrimonio cultural es muy estrecha, es necesario que desde la política turística se colabore en el resguardo y protección del patrimonio cultural.

Estoy convencido, que al participar el sector turístico con el sector educativo en la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos, se preservará, difundirá y disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.

Este dictamen propone reformar la Ley General de Turismo para que exista una mayor coordinación entre las dependencias y niveles de gobierno, en pro de la protección y conservación del patrimonio cultural.

En virtud de lo anterior, se facultaría a la Secretaría de Turismo a coadyuvar, junto con la Secretaría de Educación Pública, en la conservación y protección de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación a través de la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los mismos.

En este mismo sentido, a los estados, al Distrito Federal y a los municipios, se les daría la facultad de ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural.

En este dictamen, se incorpora también una reforma para que la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública promuevan los programas que difunden la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la nación, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.

Finalmente, les quiero comentar, compañeras y compañeros del Senado, que se incorpora como deber de los prestadores de servicios turísticos, el fomentar en el turista el reconocimiento y el respeto del patrimonio cultural y la diversidad, toda vez que este vincula a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de identidades culturales, y es la clave para entender a los pueblos.

Estoy convencido de que las diversas manifestaciones humanas que dan testimonio de la cultura de cada pueblo es, sin duda, un atractivo que invita a los turistas a conocer la riqueza de cada nación.

El turismo, es uno de los medios más importantes para difundir y acrecentar el intercambio cultural a fin de mantener vivo nuestro patrimonio cultural. Por ello se hace necesario que desde la política turística se fomente la cultura de conservación y protección del mismo.

Al preservar nuestro patrimonio cultural, garantizamos que las nuevas generaciones entiendan y aprecien la grandeza de esta nación y de sus antepasados. Por ello es que los integrantes de la Comisión de Turismo, les solicitamos, su voto a favor de este dictamen.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador González Canto. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, ni artículos reservados para la discusión. Abrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

Les informo que tendremos 11 votaciones nominales consecutivas, para que puedan administrar su tiempo y estar presentes en la sesión.

VER VOTACION

La Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del tablero electrónico se emitieron 90 votos a favor.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo. Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.


1 UNESCO. Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Mundial, consultado en http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm, el 13 de febrero de 2014




 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para impulsar el reconocimiento de las comunidades indígenas, como entidades de interés público.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI AL ARTICULO 2 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas, competentes para conocer del asunto de que se trata y avocadas a su análisis, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se refiere la presentación de la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA" se extracta el alcance de dicha Iniciativa.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas dictaminadoras dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria de Pleno, el 7 de noviembre de 2013, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Senador René Juárez Cisneros motiva su Iniciativa exponiendo que la discusión parlamentaria sobre proyectos de ley relativos a pueblos y comunidades indígenas es indispensable para lograr avances concretos que contengan derechos a favor de este grupo social; que si bien se han dado avances significativos en la normatividad aplicable, aún es necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público para permitirles el manejo de recursos públicos y para que ellos mismos puedan promover la planeación de proyectos comunes en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

El proponente agrega que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas; y que las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: que están mayoritariamente excluidos del mismo; que en este sentido, se debe garantizárseles el derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para la planeación de su desarrollo; en particular, a determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que le sean favorables, y en lo posible, les permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la organización que ellos dispongan en función de sus usos y costumbres.

Propone, a través de su Iniciativa, que pueblos y comunidades indígenas con la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la participación de la Administración Pública Federal y los gobiernos de los estados y municipios, tengan resguardado el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en particular, el derecho de exigir al gobierno federal, entidades federativas y municipios, su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos como los minerales, forestales, hídricos, entre otros.

Con estas consideraciones e invocando lo dispuesto por el 27 constitucional, propone que se adicionen dos fracciones al artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el proyecto de decreto que se transcribe:

"Artículo único.- Se adicionan las nuevas fracciones VI y VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, recorriéndose las siguientes en su orden para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I a V. …

VI.- Impulsar por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economías por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

VII.- Lograr por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.

VIII a XXI. …

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

CONSIDERACIONES

a) En lo general

Esta Comisión coincide con el criterio que inspira la Iniciativa en estudio, que se funda en lo dispuesto en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracciones I y VII, que impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades; y además, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

En el marco de convencionalidad que exige el primer párrafo del artículo 1°del texto constitucional, es aplicable lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 7del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establecen:

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

En el mismo contexto de convencionalidad, es orientadora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 20°, párrafo 1, y 23 que determinan:

Artículo 20

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure y disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les concierna y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Finalmente, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas puntualiza en su artículo 2°el objeto del organismo descentralizado que crea con esa denominación y enumera sus funciones, dentro de las que destacan las siguientes:

Artículo 2

. . .

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

. . .

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

. . .

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

. . .

Además, el artículo 9° de la Ley en consulta enuncia las atribuciones de la Junta de Gobierno de este organismo descentralizado, de las cuales se transcribe la contenida en su fracción tercera:

Artículo 9

. . .

III. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado;

. . .

De la anterior fundamentación se advierte la obligación constitucional impuesta a los tres órdenes de gobierno consistente en impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos; así como apoyar sus actividades productivas y su desarrollo sustentable.

Esta obligación la regula la Ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dentro de sus atribuciones contempla realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas; y de concertación con los sectores social y privado; además, asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten; instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes; desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas; establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas; y concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas.

b) En lo particular

Entrando al análisis de las fracciones cuya adición se propone, la VI en primer término, es de considerarse que el artículo 2° de la Constitución federal en el último párrafo de su apartado A, determina que corresponde a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, en los términos siguientes:

Artículo 2

. . .

A. . . .

. . .

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B . . .

. . .

En este primer análisis es pertinente distinguir por su naturaleza jurídica y sus efectos, los conceptos entidades de interés público y sujetos de derecho público.

Francisco López Bárcenas en su obra "Legislación y derechos indígenas en México" comenta del artículo 2° constitucional, el párrafo ya transcrito, que determina que corresponderá a las constituciones y leyes de las entidades federativas establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Al respecto, opina que " … nulifica la posibilidad de los pueblos y comunidades indígenas de formar parte de las estructuras de gobierno ya que en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho público las considera como entidades de interés público. Como bien se sabe, el interés público "es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado";1 mientras las características de las personas jurídicas colectivas de derecho público son "la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, pose una denominación o nombre; con domicilio y un ámbito geográfico actuación; patrimonio propio y régimen jurídico específico"2. Cosas bien distintas ambas, como se ve."3

Cabe citar también, al autor José Roldán Xopa, quien dentro del estudio del órgano administrativo entra al análisis de los conceptos orden jurídico y persona jurídica, definiendo que:

"Los sujetos de derecho público son personas jurídicas, entidades dotadas de autonomía orgánica propia de su personalidad y con capacidad para ser propietarios. A su vez las personas jurídicas están compuestas por órganos que son fracciones de competencia. Así pues, desde el punto de vista orgánico, la administración pública está compuesta por una pluralidad de sujetos jurídicos: órganos y personas jurídicas (organismos).La identificación de cada uno de ellos es una cuestión que zanja el derecho positivo (por ejemplo, la Secretaría ·de Hacienda y Crédito Público será un órgano al ser parte de la personalidad del Estado; la Comisión Federal de Electricidad será una persona jurídica al ser constituida como organismo descentralizado."4

Respecto al concepto de interés público, Roldán Xopa, plantea: "Ahora bien, como una apreciación inicial encontramos que el interés público designa ciertos contenidos jurídicos (ámbitos personales o materiales, normas, valores, etc.) que estima valiosos y objeto de una protección especial."5

Valorando las disposiciones normativas invocadas y las anteriores opiniones doctrinarias, las dictaminadoras consideran que el texto constitucional caracteriza a pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público y no como sujetos de derecho público, por lo que la ley que crea a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que deriva de determinados enunciados del 2° constitucional, acatando el principio de jerarquización normativa, debe limitarse al concepto entidades de derecho público que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas.

Por tanto, las dictaminadoras consideran que en tanto no haya una reforma constitucional expresa, debemos ser congruentes con la norma que dispone que a las entidades federativas corresponde reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público, sin referir la calidad de sujetos de derecho público; y que en el mismo precepto, apartado B, fracciones I y VII, ya transcrito, impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, que es lo que en síntesis se propone en esta Iniciativa (fracción VI).

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su artículo 2 enumera las funciones de dicho organismo, que incluyen a juicio de la suscrita Comisión, la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva en su economía, como se propone en la fracción VI de la Iniciativa.

En la adición de una fracción VII para recorrer las subsecuentes, se propone facultar a ese organismo para que mediante convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales coadyuve en el ámbito productivo a resolver necesidades de las comunidades y pueblos indígenas en materia de asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, con el propósito de fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación. Al respecto, cabe advertir que la Junta de Gobierno de la citada Comisión, que es su órgano de gobierno, ya tiene como facultad prevista por el artículo 9, fracción III, de su propia ley, definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales, e incluso, con las organizaciones de los sectores social y privado.

Sin embargo, como lo sostiene el proponente, el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público que corresponde a las Constituciones locales y su legislación puede y debe ser impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues dentro de sus principios enunciados en el artículo 3 de su ley, le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación, que sin duda se proyecta si la Comisión orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento legal.

Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta que se analiza en el sentido de que al mencionado organismo descentralizado corresponda como una de sus funciones, impulsar ante los Estados de la Federación el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público; y que esta atribución se inserte como fracción VI, recorriendo en su orden la fracción VI vigente y las subsecuentes.

Por los argumentos expuestos, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIAL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, RECORRIÉNDOSE LAS SIGUIENTES EN SU ORDEN PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 2. ..

I a V. …

VI. Impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público;

VII a XXI. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA".

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular, en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene múltiples atribuciones, vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, de colaboración, coordinación, interlocución y concertación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Además, debe asesorar y apoyar en la materia a los estados y municipios y a las organizaciones de los sectores sociales y privados que lo requieran. También instrumenta y opera programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas. Con este abanico de atribuciones, es posible implementar la eficaz observancia de uno de los más importantes enunciados del artículo segundo constitucional, precisamente el último párrafo de su Apartado A.

Este párrafo determina, que corresponde a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas, como entidades de interés público.

Esta disposición, define claramente las cuestiones de competencia entre la Federación y los estados, como en la sesión pasada lo expresaba mi compañero Manuel Bartlett.

Sin embargo, esta facultad no la han ejercido todos los estados de la República y otros no lo han realizado en congruencia, con el mandato constitucional.

Estudios de la CDI, revelan que en 2013, 20 constituciones locales reconocían derechos de pueblos y comunidades indígenas; mientras 11 estados estaban pendientes de su armonización.

Por ello, como lo sostiene el Senador René Juárez Cisneros, autor de la iniciativa que dictaminamos; el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público que corresponde a las constituciones locales y su legislación, puede ser impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En efecto, a la CDI le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, que sin duda, se proyectará si la comisión orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento legal. Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras, consideramos acertada la propuesta, y agradezco a los Senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, a su Presidente y amigo Senador, Alejandro Encinas, y desde luego a la de Asuntos Indígenas su voto unánime.

En efecto, a la CDI corresponde, como una de sus funciones: impulsar ante los estados de la federación el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, y que esta atribución se inserte en la fracción VI, correspondiente en su orden la fracción VI vigente y las subsecuentes.

Señor Presidente, le solicito ordenar se inserte el texto íntegro del presente dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Sánchez Jiménez: Se inserta íntegramente el texto de ese dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente. Senadores de la República:

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, a cuyos integrantes agradezco su generosidad, vengo a presentar el dictamen que se refiere precisamente a buscar adicionar una fracción VI al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto fundamental es lograr el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

Los más pobres de México son los indígenas, los más excluidos social y económicamente son los indígenas, los más socorridos en los discursos demagógicos también son los indígenas; pero en los hechos, poco hemos podido avanzar en la construcción de una política de Estado para que los indígenas, en los hechos, en la práctica, ejerzan los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.

Por ello, es indispensable impulsar de manera decidida el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho de interés público.

¿Qué se logra con esta iniciativa? Que los pueblos y las comunidades indígenas se les garantice el derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias, programas y acciones para impulsar su desarrollo; que puedan determinar y elaborar programas económicos y sociales que les sean favorables, y en lo posible se les permita la administración de recursos públicos en función de su propia organización a partir de sus usos y costumbres.

No es mucho lo que se pide en esta iniciativa, simplemente darles la posibilidad a los indígenas de que se organicen, de que definan sus prioridades, de que puedan ejecutar directamente algunos proyectos, y de esa manera sustituir el contratismo ilógico en comunidades pequeñas, donde acciones pequeñas se pueden realizar a menor costo con mayor eficacia y eficiencia por los propios indígenas que conocen su realidad, que conocen precisamente lo que les duele.

Este dictamen se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a la federación, estados y municipios, la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.

Por lo anterior, felicito y agradezco a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y Estudios Legislativos, Segunda, la aprobación de este proyecto de Decreto en favor de los pueblos indígenas de México. Estoy seguro que por lo justo y noble de este proyecto de Decreto habrá de contarse con el respaldo de todas y todos ustedes.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

Aprovechamos para saludar a las y los alumnos de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus ciudad de México; de la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud del Distrito Federal; de Médicos Sin Fronteras, y de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, todas y todos invitados por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Voy a hacer uso de la palabra en este dictamen, de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene que ver con una acción fundamental, que se está planteando aquí, que es reconocerle a las comunidades indígenas el carácter de entidades de interés público.

Venir hablar en función de esto, abre la posibilidad de hacer una valoración, que si específicamente en algún lugar se expresan todas las contradicciones, toda la crisis y el gran nivel de carencias que en este país tenemos, es al interior de comunidades indígenas.

Ustedes saben que parte importante de nuestra población en el país, son cerca de 15 millones, y que hay cerca de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas; y que darles la oportunidad para que, a través de la CDI, se les dé este carácter, les va abrir la posibilidad de inversiones importantes; tomarlos en cuenta para las definiciones, y que en este sentido, vamos a ir tratando de corregir parte de la exclusión social de que han sido los grupos indígenas en nuestro país.

align="justify">No es pretencioso lograr esto, no es una pretensión ociosa el que puedan tener este estatus, porque precisamente es la única forma de ir reivindicando los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Ya ha sido aquí señalado, por parte de los dos oradores anteriores, que es precisamente la CDI quien está encargada de jefaturar, de

impulsar, de representar, y de establecer el financiamiento a diversos proyectos y programas; pero también es importante darle este estatus jurídico a las comunidades, y que habría que ampliar incluso el término de "interés y derecho público", para que pudieran ellos poder contar precisamente con el respaldo legal que se establece.

Entonces sería esta cuestión, solicitar que se pudiera adicionar la palabra de "interés y derecho público" en este sentido, a este proyecto de dictamen, que pudiera beneficiar en los términos más amplios a los pueblos y las comunidades indígenas con este estatus.

Entonces yo pido, señor Presidente, que pudiera a la hora de considerarse esta pequeña adición a la propuesta que se nos ha presentado aquí, de dictamen, de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que fuera adicionar en sus términos y poderle dar la mayor cobertura a nuestro pueblos y comunidades indígenas.

Muchas gracias, Presidente, por esta oportunidad, y ojalá la consideren.

El Presidente Sánchez Jiménez: Senador, le pediríamos que nos entregue por escrito su propuesta de modificación para poderla someter a consideración del Pleno.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores:

Por la naturaleza y trascendencia del asunto el dictamen que hoy discutimos es de vital importancia transitar hacia escenarios de plena igualdad en la sociedad mexicana.

Reconozco que tanto a nivel internacional como nacional, hemos conseguido grandes avances en materia de protección de los derechos indígenas, prueba de ello, son los instrumentos jurídicos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 69 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe.

Sólo por mencionar algunos en los que México es parte.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe todo tipo de discriminación, incluida aquella que motivada por el origen étnico, disposición de la cual emanan diversas leyes, entre las que se encuentran la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual buscamos reforzar a través de la adición de una fracción VI al Artículo 2.

Con esta modificación, ampliamos las funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que pueda cumplir plenamente con su objeto originario, que en términos generales, estriba en generar las condiciones idóneas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Bajo este contexto, considero crucial que votaremos a favor del presente dictamen, en virtud, de que al hacerlo facultaremos a la Comisión para que pueda impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público; entendido como el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del estado.

Como vemos, se trata de un asunto de dimensiones mayúsculas que no puede pasar inadvertido por esta soberanía, pues al garantizar que los miembros de las comunidades indígenas decidan de manera libre e informada sobre los asuntos que les constriñen, daremos un paso importante hacia la consolidación del desarrollo regional de las zonas indígenas.

En síntesis habrá mejores condiciones de vida para sus habitantes.

En el grupo parlamentario del PRI, asumimos con responsabilidad la deuda histórica que el estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas, basta ver que el acuerdo con la última encuesta nacional sobre discriminación en México, 4 de cada 10 miembros de un grupo étnico, consideran que no tienen las mismas oportunidades para conseguir trabajo; 3 de cada 10, consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno; y 1 de cada 4, dijo no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud o de educación.

Las últimas cifras de pobreza en México, señalan que en este sector de la población; 8 de cada 10 son pobres, y la mitad vive en pobreza extrema.

Bajo esta tesitura, no basta con solidarizarnos y rechazar la discriminación de la cual son objeto los pueblos y comunidades indígenas; sino que además debemos impulsar acciones como la propuesta en el presente dictamen, razón por la cual reitero y pido a todos ustedes su voto a favor del presente dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rosas González.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

Debido a que el fraseo de este dictamen contempla las inquietudes que planteó el Senador Isidro Pedraza, éste ha retirado su propuesta de modificación.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vengo en nombre de mi fracción a apoyar el dictamen cuya explicación hemos escuchado hace un momento. Los conceptos de Eviel Pérez Magaña, de Juárez Cisneros, de Román Rosas son muy claros: la pobreza, el abandono, la grave negligencia de los gobiernos de los estados, que están obligados por el Artículo 2o. de la Constitución, de legislar en materia y de apoyar los programas que ahí están.

La labor a favor de los pueblos indígenas se ha detenido, y, en efecto, lo dice René Juárez, mucha demagogia y poca acción.

Sin embargo, es la población que más requiere de la dedicación y del apoyo para que ese retraso enorme que existe entre las comunidades indígenas y el resto de la población se estanquen; por eso, expresamos nuestro beneplácito a los Senadores que han impulsado esta reforma.

Y, qué bueno que el Senado tome, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas este tema.

Tenemos que reconocer que si México tiene principios de igualdad, y la reforma que estableció el reconocimiento a ser una nación pluriétnica y pluricultural, no existe en realidad una consciencia de esta igualdad; y desde luego, habrá que reconocer que existe una gran dosis de racismo en la sociedad mexicana, una gran dosis de racismo y abandono a las comunidades indígenas, y eso sí, discursos y reconocimientos que no llevan al rescate de estas poblaciones, que son el origen, sin duda alguna, de nuestra nacionalidad.

Otro tema importante, al poner la lupa y el interés en relación a las comunidades indígenas, es el dominio de sus territorios. La propiedad que existe claramente reconocida en el Artículo 2o., y en principios establecidos por tratados que hemos firmado con la ONU, el derecho de los pueblos indígenas a explotar sus propios territorios; el derecho de los pueblos indígenas a explotar en su beneficio, realmente de los pueblos indígenas a explotar sus recursos naturales, y hacerlo ellos mismos.

Como propone aquí Juárez Cisneros, el que puedan desarrollar los mismos, a hacer las inversiones ellos mismos, vigilarlas, porque en este mundo del contratismo grande y pequeño terminan las comunidades indígenas sirviendo de pretexto para contratistas de los gobiernos de los estados, que terminan con sacar todas las ventajas y no dejar ninguna para las poblaciones indígenas.

Quiero terminar con una llamada de atención que hemos expresado aquí en esta tribuna.

Vienen ya próximamente las empresas transnacionales, las petroleras y las eléctricas, y quienes hemos seguido este problema de la invasión neoliberal y transnacional a todos los territorios petroleros, sabemos bien que este derecho que se ha concedido en la reforma energética a las empresas transnacionales de ocupar tierras, no se olviden que ha sido, ocupar tierras para llevar a cabo las concesiones que se llamarán contratos que les sean asignados, va a haber, ese va a ser un extraordinario peligro y amenaza a los territorios indígenas.

Habrá que recordar lo que ha ocurrido en la Amazonia, lo que ha ocurrido en Perú, en Bolivia, en Ecuador ¿verdad?

Las demandas de estos derechos que imponen las potencias extranjeras, la demanda a los estados nacionales a garantizarles a estas empresas trasnacionales la ocupación de los territorios.

Es en las zonas indígenas, donde se han opuesto las propias poblaciones a la explotación de sus recursos naturales por empresas extranjeras donde los gobiernos nacionales, utilizando la fuerza pública, dan cumplimiento a esta obligación absurda de garantizarles a las empresas extranjeras la ocupación de territorios.

Van a ir por las poblaciones indígenas en las zonas de Campeche, de Yucatán y de las zonas en donde están asentadas las comunidades indígenas.

De manera que la atención que está prestando la comisión respectiva y lo que se ha planteado este día, debe de continuar en una vigilancia permanente, para que las comunidades indígenas no sean despojadas de sus territorios.

Felicito a quienes han impulsado esta reforma, y les deseamos que sigan este trabajo con intensidad y estaremos siempre de su lado. Muchas gracias.

El Presidente Sánchez Jiménez: Se ha agotado la lista de oradores. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACION

La Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, se tiene un total de 86 votos a favor; 0 en contra.

El Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea, que a petición de la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, se retiraron de la discusión de la agenda de hoy, los tres dictámenes sobre instrumentos internacionales.

1 Francisco Cornejo Certucha, "Interés público", en Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, UNAM-Porrúa, México, 1991, pp. 1779-1780.

2 Miguel Acosta Romero, Teoría general del derecho administrativo, Porrúa, México, 2000, pp. 113-118.

3 Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Colección Legislación y Desarrollo Rural, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México 2009, p. 72.

4 José Roldán Xopa, Derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2008, pp. 174 y 175.

5 Ibídem, p. 299.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, sobre la actualización del Atlas Turístico.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

"Comisiones Unidas de Turismo; y de
Estudios Legislativos, Primera

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 28 de abril de 2014, el Senador Félix González Canto, a nombre propio y de los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Mencionan los promoventes que nuestro país ha sido un referente como destino internacional en materia turística, no obstante, en 2013 México salió del top ten de los países más visitados, por lo que se deben construir estrategias dirigidas a captar el mercado turístico.

Por ello, se hace necesario seguir trabajando para reposicionar la imagen de nuestro país en el mundo, como un país confiable, seguro y atractivo para los turistas e inversionistas. En esta tarea, la implementación de las nuevas tecnologías de la información para la promoción turística es imperativa.

Los senadores promoventes señalan que la importancia de las nuevas tecnologías de la información cobra relevancia día a día en la promoción del turismo, están revolucionando el panorama de negocios en el mundo, han modificado la industria hotelera, de restaurantes, de servicios de viajes, de tour operadores y agencias de viajes, entre otros.

En este sentido, resaltan los promoventes que México cuenta con el Atlas Turístico de México, herramienta para la promoción de la actividad turística de nuestro país, siendo su principal objetivo integrar todos los bienes, recursos naturales y culturales que pueden constituirse en atractivos turísticos nacionales.

Dada su importancia, esta herramienta debe ser actualizada y promocionada oportunamente, transformándolo en un sitio web interactivo, que contribuya a posicionar segmentos como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de negocios, médico, de cruceros, entre otros.

Por lo anterior, la Iniciativa en estudio propone reformar la Ley General de Turismo con el fin de fortalecer al Atlas Turístico de México, transformándolo en un sitio web interactivo, para lo cual propone una modificación al artículo 14 a fin de que se establezca la obligación de la Secretaría de Turismo de actualizarlo de manera permanente y darle la difusión debida.

CONSIDERACIONES

El turismo es una actividad económica, sumamente dinámica, es capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de las condicionas adversas en las diversas economías del mundo.

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo internacional continuará creciendo en las próximas décadas, por lo que se vislumbran inmensas posibilidades que México deberá aprovechar para aumentar el flujo de turistas a nuestro país.

Ante la gran competencia que se está generando en materia turística, las comisiones dictaminadoras consideran necesario, realizar una promoción turística más activa e innovadora, que genere confianza y una gran expectativa para los turistas que nos visitan y los que aún no lo han hecho.

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden con los promoventes en el sentido que estamos en la época de las nuevas tecnologías, con ellas se están produciendo transformaciones en cuanto al acceso de la información y la comunicación, sin duda, las sociedades se están acostumbrando a una comunicación casi inmediata producto del desarrollo de tecnologías como la telefonía móvil y el Internet.

En materia turística en unos años veremos el desarrollo de bases de datos que den seguimiento a las preferencias de los que consumen algún producto turístico, con esa información podremos implementar campañas más exitosas, mejor dirigidas y más agresivas.

Las Comisiones Dictaminadoras consideran que otro aspecto del uso de las nuevas tecnologías es garantizar la demanda de información que necesita el turista para programar sus viajes, ya que ellos demandan información para elegir qué país visitar y escoger de las múltiples opciones que se ofertan, cuál es la que mejor se acomoda a sus necesidades.

Por lo anterior, consideramos que la calidad y cantidad de información que el potencial turista tenga de manera veraz y oportuna, será crucial para la toma de decisiones, para realizar una reservación, contratación o compra de algún servicio turístico.

En este contexto, las Comisiones Dictaminadoras consideran que el Atlas Turístico de México, debe ser actualizado y promocionado permanentemente para que el turista se acerque a la oferta turística de nuestro país y decida que atractivos turísticos visitar.

Podríamos pensar que al ser el Atlas Turístico de México un portal web de carácter gubernamental, estaría sujeto a cumplir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual en su artículo 7, fracción XVII establece que con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento (cada tres meses1), cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con mayor frecuencia por el público.

Sin embargo, estas Comisiones Legislativas al realizar una interpretación sistemática del artículo 7 de la mencionada ley señalan que el Atlas Turístico de México no se encuentra comprendido dentro del supuesto contenido en la fracción XVII, relativo a información relevante, toda vez que esta fracción se refiere a las propias obligaciones de transparencia de las entidades gubernamentales, las que de acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información se agrupan en seis apartados: las finanzas de las dependencias y entidades, el marco que las regula, la toma de decisiones en el gobierno federal, la relación que guardan las dependencias y entidades con la sociedad y la organización interna de éstas2.

Asimismo, señalan que esta información es actualizada por disposición reglamentaria por la Unidad de Enlace y se encuentra dentro del portal principal de cada dependencia o entidad, lo que no sucede con el Atlas Turístico de México, ya que no forma parte del portal principal de la Secretaría de Turismo, ni es actualizado por la Unidad de Enlace de la Secretaría.

Asimismo señalan que el Instituto Federal de Acceso a la Información señala que dentro de la información relevante se encuentra3:

a) Las versiones públicas entregadas como respuesta a solicitudes de información y en cumplimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto;

b) Las resoluciones del Comité de Información a que se refieren los artículos 29 de la Ley y 60 de su Reglamento;

c) La guía simple con descripción de las series documentales, el calendario y el informe a que se refieren los numerales séptimo y cuarto y séptimo transitorio de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, señalando, en cada caso, la fecha de actualización;

d) De conformidad con lo señalado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, los apoyos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil;

e) La información con relación al cumplimiento de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos;

f) La información referente a los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006;

g) Otra Información Relevante.

De acuerdo a lo establecido, podemos concluir que es pertinente la modificación al artículo 14 de la Ley General con el fin de actualizar de manera permanente el Atlas Turístico de México y también es pertinente establecer la obligación de realizar acciones conducentes para su plena difusión.

Por otra parte, las Comisiones Dictaminadoras consideramos oportuna la adición al artículo 14 para establecer que la Secretaría realice acciones conducentes para la plena difusión del Atlas Turístico de México, ya que en la medida en que los potenciales visitantes conozcan que hay un Atlas Turístico, que contiene toda la oferta turística de nuestro país y que esta actualizado permanentemente, podrán tomar la mejor decisión que cumpla con sus deseos y necesidades para visitarnos.

Por todo lo anterior, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 14, se adiciona párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero al actual párrafo segundo de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado permanentemente. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 30 de septiembre de 2014.

Comisiones Unidas de Turismo; y
de Estudios Legislativos, Primera".

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACION

La Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al recuento, se tiene un total de 79 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.


1 Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2 IFAI. "Criterios de verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental" disponible en http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf consultado el 19 de agosto de 2014

3 Ibidem.





 

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para igualar las oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al financiamiento.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7; 10, FRACCION III; 11, ULTIMO PARRAFO Y 14, FRACCION I; Y SE ADICIONA EL ARTICULO 9, CON UNA FRACCION V DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen de segunda lectura)

“Comisiones Unidas de Comercio y
Fomento Industrial y
de Estudios Legislativos

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN Y ADICIONAN diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 04 de octubre de 2012la diputada Socorro de la Luz Quintana León integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 14 de enero de 2013la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó conceder la prórroga para dictaminar la iniciativa.

4. El 03 de abril de 2013 en sesión de trabajo de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Economía, se aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFOMAN y ADICIONAN diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El dictamen referido fue aprobado con 27 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman.

5. El 11 abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 409 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

6. El 16 de abril de 2013la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

7. El 31 de julio de 2013 en la quinta reunión ordinaria de Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los miembros de esta Comisión aprobaron en sentido negativo la Minuta en comento, para los efectos del artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 11 miembros que la conforman.

En este mismo sentido, la Comisión de Estudios Legislativos, aprobó la Minuta referida con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 5 miembros que la integran.

8. El 22 de octubre de 2013, en sesión ordinaria del Senado de la República, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez presentaron Moción Suspensiva sobre el dictamen en comento, solicitando sea devuelto a las comisiones dictaminadoras para su respectiva valoración y estudio, misma que se sometió a la votación del pleno en sentido afirmativo.

En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República determinó devolver a las Comisiones dictaminadoras la Minuta referida.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, el reformar 5 preceptos legales de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir la “Perspectiva de género”:

1. En el artículo 7 propone que, la Secretaría de Economía diseñará, fomentará y promoverá el acceso al financiamiento de MIPYMES en “Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”.

La colegisladora estima que es necesario la incorporación de la mujer en las actividades empresariales principalmente en el sector de la MIPYMES.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 

Capítulo Segundo
Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES.

 

 

 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

 

2. En el artículo 9 propone que se incluyan en los programas sectoriales el criterio de la “Perspectiva de género”.

La colegisladora estima que con la aprobación de esta Minuta traería beneficios potenciales como:

● Generación de ingresos adicionales en la economía nacional, debido a los nuevos emprendimientos o al mejoramiento del desempeño de los actuales, y que son encabezados por mujeres.

● Aprovechamiento más eficiente del capital humano, debido a que la perspectiva de género permite potencializar su utilización y formación.

● Incremento del Bienestar social, derivado de mayores oportunidades para que las mujeres compitan exitosamente, y en condiciones de equidad, por mejores ingresos y empleos.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 

Capítulo Segundo
Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos en el Artículo 5 de esta Ley, deberán contener, entre otros:

I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico;

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial;

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley.

 

 

 

 

Artículo 9.-…

 

I. y II. …

 

 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas,

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley, y

V. Perspectiva de género.

3. En el artículo 10 propone que en la planeación y ejecución de la MIPYMES se atienda la “Perspectiva de Género” impulsando la igualdad entre mujeres y hombres.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 

Capítulo Segundo

Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

I. Propiciar la participación y toma de decisiones de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, en un marco de federalismo económico;

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, así como de los Sectores;

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales;

 

 

IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo;

V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las MIPYMES;

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las MIPYMES;

VII. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a las MIPYMES considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción;

VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de apoyo a las MIPYMES, y

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las Entidades Federativas donde exista el Consejo Estatal todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del Distrito Federal, en donde no existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los Municipios y los Sectores.

 

 

 

 

Artículo 10.-…

 

 

I y II. …

 

 

 

 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres.

IV. a IX. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En el artículo 11 propone que, la Secretaría de Economía en los esquemas para el acceso al financiamiento de MIPYMES, garantice el acceso de financiamiento para “Mujeres jefas de familia”.

La colegisladora estima que en la actualidad las mujeres enfrentan una doble problemática cuando deciden emprender un negocio por cuenta propia en la escala MIPYME, debido a que por un lado deben encarar los obstáculos que caracterizan este tipo de emprendimientos (falta de financiamiento, capacitación acceso a tecnología y nuevos mercados, etc), mientras que por otra parte también experimentan limitaciones en su apertura y operación debido a que las políticas públicas de apoyo a esta escala empresarial, no contemplan las necesidades y demandas de género.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 

Capítulo Segundo

Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las MIPYMES;

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores;

III. Formación, integración y apoyo a las Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y vocaciones productivas locales y regionales;

IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo tecnológico;

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;

VI. Consolidación de oferta exportable;

VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las MIPYMES, y

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable.

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES.

 

 

 

 

Artículo 11.-…

 

 

I. a VIII. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para mujeres.

5. En el artículo 14 propone incluir el criterio de “Perspectiva de Género”, en la formación de una de la cultura empresarial.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 

Artículo 14.- La Secretaría promoverá la participación del Sector Público y de los Sectores para la consecución de los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:

I. La formación de una cultura empresarial enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

 

II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, y a la iniciativa y creatividad de los emprendedores;

III. La formación de especialistas en Consultoría y Capacitación;

IV. La certificación de especialistas que otorguen servicios de Consultoría y Capacitación a las MIPYMES;

V. La formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento con calidad;

VI. La investigación enfocada a las necesidades específicas de las MIPYMES;

VII. La integración y fortalecimiento de las Cadenas Productivas;

VIII. Los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las MIPYMES;

IX. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES;

X. El desarrollo de proveedores y distribuidores;

XI. La atracción de inversiones;

XII. El acceso a la información con el propósito de fortalecer las oportunidades de negocios de las MIPYMES, y

XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia para generar las condiciones que permitan una oferta exportable.

 

Artículo 14.-…

 

 

 

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

II a XIII. …

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en el sentido de que es necesario la incorporación a nuestra legislación de políticas públicas para erradicar las desigualdades de género e incluir la perspectiva de género orientada para equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Segunda.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

Para el caso que no ocupa, la Ley de Planeación dispone que: “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en algunos de los siguientes principios:

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para logar una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo….”

Por su parte, el artículo 9 de la referida Ley, dispone que las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal deberán de planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.

En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica, y

III. Impulsar liderazgos igualitarios.

En este sentido para cumplir con estos objetivos, las autoridades y organismos públicos tendrán que desarrollar las siguientes tareas:

● Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;

● Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas;

Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente;

● Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral;

● Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente artículo;

● Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres;

● Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;

Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo;

● Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración pública;

Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género, y

Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

Tercera.-Que el pasado 30 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Comisión de Competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

Así, el 03 de junio del año en curso, a través del oficio PRES-10-096-2013-061 dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

La minuta busca incluir principios sobre perspectiva de género e igualdad de oportunidades en diversas políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, esta autoridad considera que la minuta no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia porque su implementación no supondría barreras a la entrada ni ventajas exclusivas a favor de algún agente económico en particular”.

Cuarta.-Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene en una de sus tres estrategias transversales la “perspectiva de género”, en la cual a través de dicho Plan: “Se instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva de Género…”

En este tenor de ideas, en el denominado “Enfoque transversal (México Próspero)” del referido Plan, particularmente en la Estrategia III “Perspectiva de Género” contiene las siguientes líneas de acción que el Gobierno Federal pretende impulsar durante los próximos cinco años:

● Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las iniciativas productivas.

● Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género.

● Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema financiero.

● Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas.

● Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarse efectivamente en los sectores con mayor potencial productivo.

● Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia técnica.

● Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Quinta.-Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, se encuentran etiquetados en el Anexo 12 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” recursos por el orden de los $22 mil 341 millones de pesos.

Para el caso que nos ocupa, particularmente la Secretaría de Economía ejercerá $1,497 millones de pesos destinado a los siguientes rubros:

Programa

Monto
(Pesos)

 

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

 

204,948,573

 

Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

 

550,000,000

 

Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia.

 

3,000,000

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

 

90,000,000

 

Fondo Emprendedor

 

650,000,000

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 9.-...

I. y II. ...

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas;

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley, y

V. Perspectiva de género.

Artículo 10.-...

I y II. …

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

IV. a IX. ...

Artículo 11.-…

I. a VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres.

Artículo 14.-...

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

II. a XIII. …

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 11 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial
y de Estudios Legislativos”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que, para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los Senadores Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen, y el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

Por tanto, se concede ahora el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Estamos discutiendo una minuta de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir la perspectiva de género en esta ley.

Sin duda es un cambio importante, porque reconoce una realidad del país y de la economía nacional. El 84 por ciento de los hogares monoparentales en nuestro país es dirigido, es encabezado por una mujer, y al mismo tiempo, si vemos el sector productivo vemos el papel tan importante que juegan las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que generan una muy buena parte del empleo nacional.

Sabemos que las Pymes tienen una condición muy difícil en nuestro país, les resulta muy complicado enfrentar condiciones de competitividad, por el altísimo costo de los factores de la producción en México.

Estas medidas que hoy se están aprobando, sin duda van a contribuir para que aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, encabezadas por mujeres, no tengan algún tipo de discriminación, y que además cuando se planeen las políticas públicas de apoyo a estas empresas, se haga desde una perspectiva de género.

Quisiera dar algunos datos de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país; aproximadamente hay cuatro millones 15 mil unidades empresariales en México, de las cuales, el 99.8 por ciento son Pymes que generan el 52 por ciento del PIB y el 72 por ciento del empleo en el país.

Sin embargo, estas Pymes enfrentan condiciones muy complicadas para sobrevivir, los elevados costos asociados a la normatividad, la sobrerregulación de este sector, los escasos sistemas de información, el difícil y costoso acceso a la tecnología en prácticamente nulo crédito que existe del sistema financiero, y a costos de energía muy elevados.

De las Pymes que tenemos en nuestro país, ocho de cada diez, cierran antes del primer año de operación, y el 65 por ciento de ellas antes de los dos primeros años. Es muy difícil mantenerse para este sector, ampliar su empresa de ser competitivas, porque de acuerdo al indicador sobre productividad total de los factores, este indicador ha venido cayendo de manera permanente en los últimos 30 años, es decir, las condiciones que enfrentan son muy complicadas.

Veamos el tamaño de la concentración de los factores de la producción que tenemos de los actores económicos en México. Las empresas más grandes, las mil empresas más grandes generan el 65 por ciento del valor agregado en la economía mexicana, mientras que el resto, casi cinco millones de unidades productivas no tienen la capacidad para alcanzar dichos niveles.

De acuerdo con la medición del Banco Mundial “Doing Business”, México ocupa la posición 40 entre 181 países, en cuanto a la obtención de crédito para abrir un negocio.

En el tema de la tecnología, también las Pymes enfrentan un escenario muy adverso, de acuerdo a una proyección de la empresa “Google”, en cinco años el 50 por ciento de las Pymes en el mundo estarán en línea, sin embargo, en nuestro país de acuerdo al estudio “Enterprise Forum México”, del “MIT.”, apenas un porcentaje mucho más bajo podrá acceder a la tecnología para estar en línea.

Entonces, son muy variados los obstáculos de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, pero hoy, se da un avance importante para que el reconocimiento de las mujeres en el sector productivo mexicano no tenga una desventaja en la elaboración de programas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas; para que haya igualdad de oportunidades para Pymes encabezadas por hombres y mujeres, y para que haya una perspectiva de género en todos los planes para desarrollar las pequeñas, medianas empresas y acceder a su financiamiento.

Quizás una pequeña observación que le hago al pleno en el artículo 7, que dice a la letra:

“La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES y la propuesta de reacción es en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, creo que habría que adecuar la redacción porque no hay PYMES ni micro, ni pequeñas ni medianas, hombres o mujeres, sino que hay empresas encabezadas por hombres y mujeres, habría que hacer una pequeña adecuación para que no se entienda que estamos interpretando que las PYMES pueden ser hombres o mujeres, habría que poner la redacción de PYMES encabezadas por hombres y mujeres en igualdad de oportunidades”.

Pero bueno, es una reforma que contribuirá a reconocer la creciente participación de las mujeres en la economía de nuestro país.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Mario Delgado Carrillo.

 A continuación para el mismo asunto, se le concede de la palabra al Senador Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre: Con su venia, señor Presidente.

Este dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, busca incluir la perspectiva de género en los programas de las MI-PYMES; es también un granito de arena de parte de las comisiones, que busca abonar a la equidad de género en la legislación nacional.

Este dictamen, es consecuencia de la minuta enviada por la Colegisladora que tiene por objeto reformar cinco preceptos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para incluir las perspectivas de género.

 El dictamen de las comisiones propone la aprobación de la minuta en sus términos, atendiendo las cinco propuestas fundamentales.

Primero.- Que la Secretaría de Economía diseñe, fomente y promueva el acceso al financiamiento de MIPYMES en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Segundo.- Que se incluya en los programas sectoriales el criterio de la perspectiva de género.

Tercero.- La minuta también promueve, que en la planeación y ejecución de las MIPYMES, se atienda la perspectiva de género impulsando la igualdad entre mujeres y hombres.

Cuarta.- Que la Secretaría de Economía, en los esquemas para el acceso del financiamiento de MIPYMES, garantice el acceso de financiamiento para mujeres jefas de familia.

Quinta.- Propone incluir el criterio de perspectiva género en la formación de una cultura empresarial.

Estos cinco puntos, buscan generar condiciones mínimas para que las mujeres accedan con mayor claridad a financiamientos, para que se promueva la productividad y sean parte aún más de la vida económica de este país.

Las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y Estudios Legislativos consideran cinco puntos para aprobar la minuta en sus términos.

Primero. coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de que es necesario la incorporación a nuestra legislación, de políticas públicas para erradicar la desigualdad de género e incluir la perspectiva de género orientada para el equilibrio, las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Segundo. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En este sentido, la Ley de Planeación considera la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto.

Tercera. Se tomó en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo, que manifestó que la minuta no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia, porque su implementación no supondría barreras a la entrada ni ventajas exclusivas a favor de algún agente económico en particular.

Cuarta. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene en una de sus tres estrategias transversales la perspectiva de género, en la cual a través de dicho plan se instruye a todas las dependencias de la administración a alinear todos los problemas sectoriales, institucionales, regionales y especiales en torno a conceptos tales como, democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno, así como perspectivas de género.

Finalmente, como quinto punto, considero, estamos hablando de que este cambio tendría una incidencia futura en una bolsa de recursos presupuestales del orden de 1900 millones de pesos, según cifras del Presupuesto de 2015, que son recursos a ejercer por la Secretaría de Economía, destinados a apoyos para micro pequeñas y medianas empresas.

Por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, pido su voto a favor de la propuesta. Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los equipos técnicos de las Comisiones, pues es gracias al trabajo que ellos realizan, que podremos estar en condiciones, como el día de hoy y con este tema, de abonar un pequeño cambio que puede significar mucho para las mujeres de este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Braulio Fernández Aguirre.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo.

La Secretaria Barrera Tapia: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si acepta a discusión la propuesta del Senador Mario Delgado Carrillo. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En virtud de haberse agotado la lista de oradores en lo general, y no habiendo reservas de artículos en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto.

VER VOTACION

La Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Siglo XXI de Pachuca, Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente, damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de Ixtlan del Río, Nayarit, invitados por el Senador Manuel Cota Jiménez, quienes asisten al Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativos.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA;
Y DE JUSTICIA

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen con de punto de Acuerdo, notifíquese al interesado.





 

Tenemos la discusión de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Manuel Loya Valverde, como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para solicitar que me considere en la discusión de este dictamen, que está a consideración del Pleno.

El Presidente Aispuro Torres: Está a discusión el dictamen, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente. Compañeros Senadores:

Vengo aquí a hablar en contra de este punto de Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, en razón de no ratificar el nombramiento de magistrado al ciudadano Manuel Loya Valverde, en función de considerar que no se aplicó el mismo criterio de igualdad y de equidad con el que, en primer lugar, el día martes calificamos y dimos como positivo al magistrado Aldo Saúl Muñoz López, y que de alguna manera también no se han valorado diferentes cuestiones de rendimiento en impartición de justicia del mencionado Manuel Loya, y que ahora tiene aquí un proyecto de dictamen para votarse en sentido negativo, y que en ese sentido yo quiero hacer una breve comparación del desarrollo de su actividad.

El ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, que fue ratificado, lleva en su desempeño 112 meses; y el ciudadano Manuel Loya Valverde, lleva en su desempeño 86 meses.

En este tiempo de desempeño, en su función de magistrados agrarios, la productividad de expedientes resueltos o archivados del ciudadano Saúl Muñoz López, fue de 9 mil 937 expedientes y del ciudadano Manuel Loya, que ahora se le quiere dar la no ratificación, es de 10 mil 231 expedientes resueltos.

En abatimiento de rezagos, el primero que ya fue ratificado, Saúl Muñoz López, tiene un incremento del rezago del 19.4 por ciento en su desempeño de 112 meses.

Y el ciudadano magistrado Manuel Loya Valverde, tiene un abatimiento del 4.5 por ciento, es menor la existencia de rezago de este magistrado que el que ahora no estamos tratando de ratificar.

Por otro lado, en la primera adscripción, que son los tribunales con los que tienen los estados, en los que tienen influencia, se tienen por parte del magistrado Saúl Muñoz López, 45 expedientes resueltos en esta productividad, en 3 meses y medio, y no incluye tiempo de vacaciones.

En el caso de Manuel Loya Valverde, tiene 289 expedientes resueltos, en 4 meses y medio, incluye un periodo vacacional de medio mes. O sea, hay una gran diferencia y un gran contraste en términos de lo que estamos aquí revisando.

En la segunda adscripción, él abordó 1,665 expedientes que fueron resueltos, el ciudadano Saúl Muñoz López, y el compañero Manuel Loya Valverde, tiene 1,610 expedientes resueltos.

En la tercera adscripción, tiene 918 expedientes resueltos en 21 meses, y el ciudadano Manuel Loya Valverde, tiene 4,427 resueltos en 33 meses. Es una gran, una gran diferencia de productividad, en cada uno ellos.

Por eso, cuando hablamos de no aplicar un criterio objetivo, estamos viendo como no se valoraron.

En la cuarto adscripción, revocó 14 sentencias el ciudadano compañero Saúl Muñoz López y el ciudadano Manuel Loya Valverde, revocó 7 sentencias.

En la justicia itinerante, tiene siete itinerancias en 112 meses el compañero Saúl Muñoz López y en 86 meses, el ciudadano Manuel Loya Valverde tiene una itinerancia programada.

De estas programadas, ninguna fue atendida, y de parte del ciudadano Saúl Muñoz López y del ciudadano Manuel Loya Valverde, fueron 14 asuntos atendidos en esa primera itinerancia que hizo.

En la segunda adscripción presentó 8 itinerancias programadas, y no atendió ninguna el ciudadano Saúl Muñoz López, que ya fue ratificado y el otro compañero Manuel Loya Valverde, planteó y programó 4 itinerancias y desahogó 529 asuntos en esa itinerancia.

En la tercera adscripción se plantearon 6 itinerancias por parte del compañero Saúl Muñoz López, y solamente atendió 2 de las programadas y atendió 172 asuntos.

En las otras, el caso de Manuel Loya, planteó 10 itinerancias, atendió 10 y atendió 855 asuntos.

En la cuarta adscripción, fueron 6 itinerancias programadas, 5 fueron atendidas y vio 199 asuntos y en el caso de Manuel Loya, planteó 11 itinerancias, atendió 11 itinerancias y vio 1,440 asuntos en este sentido.

En los recursos de revisión, también tiene que ver con la productividad de estos magistrados.

En la primera adscripción fueron 2 recursos de revisión interpuestos, cero resoluciones y en el caso de Manuel Loya, tiene un recurso de revisión interpuesto y cero resoluciones.

En la segunda adscripción, 24 recursos de revisión, 12 resoluciones; y de 4 recursos de revisión, en la segunda adscripción fueron resueltas 14 revisiones.

En la tercera adscripción había 7 recursos de revisión y concluyeron en 2 resoluciones, y en el caso de Manuel Loya, tuvo 10 recursos de revisión y hay 3 resoluciones en este sentido.

Entonces, considero que no se apreciaron las constancias de desempeño, del magistrado Manuel Loya Valverde, que demuestran su idoneidad para ser ratificado.

Y estas constancias son expedidas por las instancias del sector agrario, así como las delegaciones de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En las tres entidades federativas, donde ha sido adscrito como Magistrado Agrario, la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y la Procuraduría de Derecho de Campesinos, todas del gobierno del estado de Guerrero, la Dirección de Asuntos Agrarios de los gobiernos de los estados de Sinaloa y Sonora, de presidentes municipales, organizaciones campesinas y comisariados de los núcleos de población agraria, como tampoco se consideraron las constancias que aportó para desvirtuar las manifestaciones que se hicieron en una nota periodística en Excélsior el 10 de septiembre de 2014.

Por todo ello…

El Presidente Aispuro Torres: Senador, le rogaría que concluyera, porque su tiempo se ha agotado.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Voy a concluir, señor Presidente.

Quiero presentar y que tome usted en cuenta, y que someta a discusión, porque es una capacidad que tiene el pleno, de cambiar el sentido de los dictámenes, y que este dictamen, en lugar de ser considerado negativo, se considere positivo, para que pueda ser ratificado el ciudadano Manuel Loya.

Y le entrego en este momento y le pido a la Secretaria, que le de lectura a la propuesta que viene aquí, en este documento, con las consideraciones respectivas, para que este pleno resuelva en ese sentido.

El Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador.

Ahorita le daremos el trámite legislativo correspondiente…

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Al último está. En la última hoja.   Esa es la solicitud muy concreta.

El Presidente Aispuro Torres: ¿Senador Isidro, ya va a concluir?

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí. Para no irme sin despedir y llamarlos al respaldo de esta pretensión que estamos haciendo.

Y sé que los Senadores del sector agrario, del PRI, pueden compartir conmigo esta propuesta, que el día de hoy estamos haciendo con ustedes.

Y lo mismo con los compañeros Senadores del PAN, a los que les pido este respaldo. Señor Presidente de la Comisión de Reforma Agraria.

Gracias.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señor Senador Isidro Pedraza.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Presidente…

El Presidente Aispuro Torres: Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Una pregunta, señor Presidente.

Después de esta estadística que ha hecho el compañero Senador, parece ser que todo lo sacó muy bien. Se ha de haber equivocado en una, ante quien no debe de equivocarse.

Entonces, yo lo que le preguntaría, es por qué no sube a defender el dictamen, para que sepamos qué posición vamos a tomar.

Porque esa es la práctica, no, que lleva, que defiendan el dictamen. Yo creo que lo que plantea nuestro amigo es muy importante, y que nos expliquen en dónde se equivocó ese señor, que lo hizo todo muy bien, con las estadísticas que trae nuestro compañero.

¿Quién va a defender ese dictamen?

¿Por qué vamos a votar a ciegas?

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, que es la comisión que encabeza la dictaminación de este proyecto.

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Antes que nada quiero hacer una aclaración, que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, hicieron un análisis minucioso de las propuestas hechas por el Ejecutivo Federal.

Y en base a la información que tuvimos a nuestro alcance, y que revisamos, se votó por unanimidad este dictamen.

Quiero, antes que nada, porque hubo un Senador hace un comparativo, y con gusto haremos lo propio, referente al dictamen del pasado jueves, donde se aprobó este dictamen a favor de un magistrado, y donde Aldo Saúl, y donde ahora quieren ver el comparativo entre uno y otro.

Y con gusto, con gusto vamos hacer lo propio.

Si bien resulta procedente hacer la ponderación de los resultados que arroja el trabajo jurisdiccional de los Magistrados Agrarios en lo individual, con lo que se obtiene el promedio del resto de los Tribunales Unitarios, pues es una forma de tener una referencia idónea, de medir ciertos parámetros. No es procedente un comparativo entre el trabajo jurisdiccional de tan solo otro de los Magistrados de los Tribunales Unitarios.

Y eso es así, porque las características de cada adscripción, son diferentes, y en tal razón, no es fortuito y en el artículo 46 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, faculta al Tribunal Superior, para que divida al país en distritos de justicia agraria, en lo que ejercen su jurisdicción los tribunales unitarios, tomando en cuenta los volúmenes de trabajo.

Ahora bien, los dictámenes de los Magistrados, antes señalados, han sido resultado del análisis realizado con base en los parámetros que dicta el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, supletorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, parámetros que no sólo no fueron comparados en su totalidad por el M agistrado Manuel Loya Valverde, sino que también carecen de objetividad.

Asimismo, es importante señalar que el Senado de la República se encuentra facultado para elegir, según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el resolver sobre la pertenencia o no de la ratificación de éstos, siendo que para decidir la no ratificación en el cargo de magistrado agrario resulta suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos contenido en el artículo 1 y 4, de los artículos 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que de ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada.

Las anteriores consideraciones encuentran apoyo por analogía, en la revisión administrativa 2/97 publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IX, enero de 2000, página 131. Pasando al comparativo que hace el Magistrado Loya Valverde, en su punto uno, mencionado que Aldo Saúl completa 112 meses su labor jurisdiccional, y el 86 veces haciendo referencia a su punto número 2 que tiene mayor productividad Aldo Saúl, puesto que resolvió y archivó diez mil 231 asuntos; en contraste Aldo Saúl resolvió y archivó 9 mil 937 asuntos, lo anterior, según Loya Valverde, de haber estado 26 meses menos al frente de un Tribunal Unitario.

Al respecto de lo anterior, es importante señalar que la carga de trabajo de los Tribunales Unitarios, de su puesta en marcha del año de 1992, ha ido en aumento año con año, por lo que es natural que por cada Distrito se resuelva un mayor número de casos. Así en el año de 1998, que fue nombrado el Magistrado Agrario, el doctor Aldo Saúl, ingresaron a los Tribunales Unitarios un total de 48 mil 971 asuntos.

En el año 2007, cuando inició su encargo como Magistrado, el licenciado Manuel Loya, ingresaron un total de 6 mil 591, una diferencia de 17 mil 570 asuntos. Haciendo un comparativo al periodo ordinario de ambos Magistrados, claramente se puede observar la diferencia de los asuntos ingresados durante los años del periodo ordinario de ambos Magistrados, comparativo que no puede hacerse de otra forma, puesto que el cargo de Magistrado Aldo Saúl se vio interrumpido en varias ocasiones.

Es importante señalar que con el transcurso de los años, dentro de los Tribunales Agrarios, se han venido unificando criterios, han surgido jurisprudencia en materia agraria, se ha usado una mejor tecnología, lo que facilita, junto con algunos otros aspectos, las tareas que se deben llevar a cabo en los tribunales.

Por otra parte, si bien es cierto que el análisis de los números de juicios concluidos y archivados por el Magistrado Loya Valverde, resulta que deja un rezago de tan sólo el 4.5%, como lo hace saber en el punto número tres de su comparativo; también es cierto que dentro de sus propias adscripciones abatió el rezago en 23 y 39.7%, y en sus dos últimas adscripciones lo aumentó del 14 y 20%, siendo que lo natural y lo lógico sería esperar un mejor desempeño de acuerdo a los años de experiencia que vaya sumando el magistrado.

En relación al punto número cinco del comparativo multicitado, el Magistrado Manuel Loya menciona que no es creíble que en el lapso de tres meses y medio el Magistrado Aldo Saúl reporte un total de 7 itinerancias en el Distrito 35. En el periodo de agosto-diciembre del 98 esta afirmación se hace, que el Magistrado Manuel Loya es parcial, puesto que los dictámenes que se analizó, si cada uno de los magistrados cumplió o no con los que se regule el artículo 56 del Reglamento anterior de los Tribunales Agrarios, el cual obliga a cada magistrado a programar una actividad de itinerancia de manera trimestral, y en cuanto hace el Distrito 35, se observa que el magistrado programó 7 actividades de itinerancia, de las cuales ninguna se llevó a cabo, pues éstas se encuentran sujetas a la aprobación de los Tribunales Superiores Agrarios.

Concluyo, Presidente, ¿Sí tengo espacio para concluir, verdad? Para mayor abundancia, dentro de los dictámenes, se dio cuenta puntualmente de cuando sí cumplieron y cuándo no cumplieron los Magistrados en la programación itinerante. Esto es por cada tres meses, siendo que para el caso el Magistrado Manuel Loya dio cumplimiento con la programación de las actividades itinerantes de los dos primeros tribunales en los que estuvo al frente, descuidando tal actividad en sus dos últimas adscripciones.

Y nuevamente se observa, que en el caso de los juicios agrarios, que en una aparente mayor experiencia dejó ver un desempeño menor al que demostró en sus primeros años de Magistrado.

Con esto, Presidente, concluyo el análisis que hacen las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, con lo cual pido al Pleno apoye y respalde el dictamen antes mencionado.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Para hechos, en su momento, se le concederá el uso de la palabra, con todo gusto.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Lo anoto, con todo gusto. Claro que sí.

Adelante, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: No es casual que de la lista inmensa de Magistrados que propone el Ejecutivo para su ratificación uno que otro salga rechazado. Pero en este en particular se reúnen varias razones que no son exactamente ni las que dice el dictamen, ni las que afirma el Senador que me antecedió en la palabra.

En realidad, están creando las condiciones para la implementación de la reforma energética con todas las consecuencias en las comunidades que esto tiene, y necesitan Magistrados a modo que permitan el despojo, y que permitan prácticamente la expropiación de los terrenos en las comunidades.

Recodarán que la reforma energética desde su Decreto constitucional, en el transitorio número octavo, permite la expropiación en automático, que la ley secundaria le denomina “ocupación temporal de las tierras”, y que establece la figura de servidumbre, de paso, aún en donde vivan comunidades, porque se declara preferente la exploración y la extracción de los hidrocarburos, y por lo tanto se puede proceder a la expropiación.

Tiene que haber un juicio, tiene que haber una negociación, ahí es donde entran las, los Magistrados del Tribunal Agrario, que es la única instancia en toda la ley que permite la defensa de las comunidades, de los propietarios de las tierras. El licenciado Magistrado Manuel Loya Valverde votó o hizo una resolución en contra de una minera, la Minera Penmont, y es una represalia en su contra por la resolución que tomó.

Porque la resolución que él tomó, es la defensa de la comunidad, se puso del lado de las comunidades en detrimento de los intereses multimillonarios de esta minera. Y ahora el PRI y el PAN votaron en contra porque no le perdonan a este Magistrado esta decisión, esta resolución.

Fíjense bien lo que está pasando en este momento. No solamente es qué tipo de Magistrados se requieren para este tipo de juicios, sino también nos llegó la iniciativa del Presidente para, es la Minera Penmont del Grupo Peñoles, que se me había olvidado; la iniciativa del Ejecutivo para desaparecer la policía en todos los municipios, bueno, y tener el control de estas policías.

¿Para qué? Pues para con sus policías resguardar las zonas que vayan a querer expropiar automáticamente y no quieren que haya otro tipo de policías, tienen que tener el control centralizado de este tipo de negocios, y para colmo, nos llega la Ley Antimarchas para impedir que la gente se defienda, se manifieste en contra del despojo, en contra de la devastación, en contra de las transnacionales que quieran ocupar sus tierras; en pocas palabras, están generando todas las condiciones, por un lado, Magistrados a modo, y éste, Manuel Loya Valverde les estorba para esos intereses, esa es la verdadera razón; no le pongan florecitas ni numeritos, porque la realidad es la que se impone.

Gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias Senadora Dolores Padierna Luna.

Para hechos se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, desde su escaño hará uso de la palabra.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Después de oír la explicación del Senador Cabeza de Vaca, pues me convence más de que está mal el dictamen; burocrático, con una serie de calificativos que no demuestra, por ahí por encima en cuanto a contenido de resoluciones que no demuestra ni nos explica; termina diciendo que tiene facultades el Senado para no ratificar, creo que tenemos facultades, pero para analizar a fondo los temas; y tiene razón la Senadora Padierna, hoy por hoy los tribunales agrarios son fundamentales, y estos Magistrados, fundamentales para defender las comunidades frente a las invasiones brutales de las mineras; y se los digo, por Puebla, igual, es el mismo grupo, está apoderándose de las propiedades, de las comunidades, y no hay quien les ayude, yo no he oído aquí a que a la CNC defendiendo esta situación, yo esperaría que nos diga esto que se plantea.

El señor Magistrado que están defenestrando con criterios burocráticos, se ha dicho en la tribuna y lo sostenemos, tiene un sentido político, de depuración de Magistrados para servir a los intereses extranjeros.

Eso es lo que aquí se dijo, y es lo único realmente substancial que se ha dicho; en consecuencia, yo digo que está realmente avanzando esa actitud de preparar el terreno para la invasión de las transnacionales, en efecto, eso es lo que están haciendo, como la entrada del ejército, ya, fíjense, todavía no se aprueba ni creo que se debería aprobar, por lo que hemos oído aquí, todavía no se aprueba la reforma constitucional para la desaparición de las policías municipales, y ya está el ejército metido en toda la región, ya está el ejército con un amplio y una gran peligrosidad de limpieza ideológica por donde van a estar.

El Senado que representa los estados, que representa el beneficio de la República tiene que estar pendiente de estas cuestiones, y no podemos venir aquí a que nos destituyan y no aprueben a Magistrados, sin que esté claramente señalado. Yo quisiera saber, el representante de la CNC que tiene que representar a esas comunidades que están protestando, qué nos va a decir, ¿no es cierto?; es falso, no actuó a favor de una comunidad, sino en contra de una empresa que es depredadora sin duda alguna, en todos los estados, en mi estado, Puebla, es verdaderamente inaceptable.

Entonces, yo quisiera oír más, porque aquí ya se dijo, ya se dijo que este señor defendió a una comunidad en contra de una minera, que son todas ellas depredadoras.

¿Quién va a defender a las comunidades?, yo pregunto en este Senado, quién defenderá a las comunidades frente a la embestida de los intereses transnacionales y de las mineras depredadoras; ojalá pudieran explicarnos más allá de estas explicaciones burocráticas en donde no se profundiza en lo absoluto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz. Para hechos se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza, y también ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para hechos.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Sí, en su momento, con mucho gusto, Senadora. En el uso de la palabra Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Agradezco que le demos espacio a ventilar estas cosas aquí en esta tribuna, porque la única y la primera intervención que tuve, logré solamente hablar del desempeño jurídico.

¿Por qué conocemos o por qué su servidor Isidro Pedraza conoce a Manuel Loya como Magistrado?

Porque buena parte de los asuntos agrarios que manejamos en varias entidades, y sobre todo en San Luís Potosí, logramos conocer de este Magistrado, que estableció una sentencia en cumplimiento a un amparo en contra de la Minera Penmont que tenían una ocupación temporal de las tierras, y que de manera ventajosa estaba aprovechando el usufructo de las tierras, y no estaba dando dividendos a la comunidad.

En la sentencia no solamente los obligó a restitución de la posesión, sino también los obligó a poder rehabilitar y reforestar la parte envenenada de la tierra que esta minera había estado usufructuando, y la sentencia, fue una sentencia completa en el sentido de obligar a la reparación del daño por parte de la empresa, y no nos extrañe, compañeros, son empresas mineras, aquí las mineras en nuestro país han contado con todo el aval y con toda la complicidad para poder contaminar, y ni siquiera porque envenenen a muchas familias, como el caso de Sonora, donde también, este asunto en Sonora, ha habido una sanción para cuando menos revocarle su concesión.

Y ahora que un Magistrado atiende esto, ¿saben cuál es la interpretación que le damos nosotros?, es una cuestión de venganza política, no podemos establecer que aquí se dé el linchamiento por el mejor desempeño y que vayamos en contra de los criterios de una procuración de justicia en este sentido.

Yo quiero decirles que muchas veces hemos defendido a compañeros en diversos temas, y a través de los campesinos es como vamos conociendo el historial del desempeño de un funcionario público. Me ha tocado, y quiero decirlo también, porque aquí, hasta eso se puede prestar a eso; he defendido compañeros que ahorita, ahorita el delito mayor, motivo para encarcelar a una persona es que esté relacionada con el crimen organizado.

Y me ha tocado defender personas que por sus actividades, y que porque alguien dijo que ese compa estaba involucrado, los detienen, los procesan por delito de crimen organizado, secuestro o zeta o no sé qué grupo criminal, y me han llamado para decirme que me están investigando porque yo estoy vinculado también a esos grupos criminales. Y no es descartable, ni descabellado que aquí puedan ocupar también el artilugio de señalar que este Magistrado tenga nexos con el crimen organizado.

Compañeros, es muy fácil que en este momento las cosas se vayan desvirtuando y se utilicen diversos argumentos para descalificar una trayectoria profesional en este sentido. Por eso yo he llamado a que ustedes, en este sentido, en aras de una discusión que pueda permitir que avancemos en un sentido efectivamente de ser responsables en los nombramientos que estamos haciendo, no le demos entrada a la venganza y al ajusticiamiento político por no haber servido a intereses de alguna minera.

Por eso, compañeros yo he pedido, y lo quiero hacer, que se pida al momento de revisar este dictamen, la propuesta que yo he hecho, que se pida la votación nominal, y aquí hay cinco compañeros de mi partido, seis, siete, que levantan la mano para respaldar esta solicitud que yo estoy haciendo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que podamos también desahogar de manera justa, y sin ninguna duda esta definición de no dejar en el camino a un Magistrado que tiene en verdad, de los pocos que tienen en su haber una vinculación y un compromiso y vocación de servicio a los temas tan delicados, como son los temas agrarios en nuestro país.

Muchas de las cosas, de las controversias que hemos enfrentado, se complican más porque en los tribunales agrarios la justicia ha sido lenta.

Antiguamente le tocaba a la Reforma Agraria resolver esas controversias. Ahora con la implementación de los tribunales agrarios, hemos dicho que vamos a caminar más, pero hay muchos asuntos que se entorpecen.

Vean ustedes ahí el cúmulo de rezago con todo y lo que me quieran decir en este momento, de que alguien se preocupa y que trabaja; y que combate el rezago está impartiendo la justicia en materia agraria en este país.

Y no es en beneficio de una expresión política, es en beneficio de los productores que viven y trabajan en el campo, y muchas de las veces de grupos indígenas que por su misma característica también se ven afectados con la aplicación de esta ley.

Muchas gracias compañeras y compañeros. Señor Presidente le pido que tome nota de esta petición que también he hecho.

El Presidente Aispuro Torres: Con gusto Senador, en su momento claro que sí. Gracias Senador Isidro Pedraza.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez para hablar sobre este mismo tema, ha pedido la palabra para hechos. Les pediría y en su turno el Senador Manuel Bartlett. Les pediría nada más que nos sujetáramos al tiempo reglamentario, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, a mí me preocupa y creo que a los Senadores y también a la Senadora que me antecedió en la palabra. Preocupa que un asunto que vamos a resolver tenga enfrente tantos cuestionamientos y un dictamen que debiésemos estar resolviendo, prácticamente por unanimidad está enfrentando esta situación.

Yo quisiera que pudiéramos puntualizar varias cosas. En primer lugar, si hay algún cuestionamiento más allá de lo que se establece en el propio expediente del dictamen, yo creo que es necesario puntualizarlo para que no prejuiciemos.

Me parece muy grave que utilicemos algunos argumentos que van mucho más allá de una cuestión legal que puedan estar deteriorando la imagen de las personas y mucho menos no procedamos en consecuencia. Yo eso lo veo muy grave.

Segundo, se aduce que respecto a con quien compite está menor calificado. Los datos que tenemos en concreto que pueden verificarse de manera puntual exactamente nos dicen lo contrario.

En menos tiempo de desempeño hay mayor productividad; en la resolución de expedientes, en la productividad por adscripción y, por supuesto, también lo que tiene que ver con la resolución de los expedientes relacionados con la justicia itinerante.

De tal forma, yo quisiera pedirle al presidente, y a los presidentes de las comisiones que dictaminan, que este caso en particular pueda sacarse del dictamen de tal manera que podamos puntualizar con mayor precisión la idoneidad o no, y en todo caso si hay alguna cuestión más allá que nos obligue a tomar alguna otra decisión que no está contemplada, no está visibilizada, de manera concreta en el expediente, entonces lo resolvamos.

Yo creo que todos estaremos de acuerdo, en lo peligroso que puede ser un prejuicio que no tiene fundamento. No estamos obligados a que todo se apruebe para que no podamos cometer errores y mucho menos lastimar a las personas.

Es cuanto, ya lo dije de manera puntual, y agradezco a ustedes su atención.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Finalmente para este asunto, antes de someterlo a consideración del pleno, se le concederá el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett, y luego continuaremos con el proceso legislativo. Gracias.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Aquí en esta tribuna se ha señalado con todos los datos y nombres, el problema que se supone tiene el Magistrado que no va a ser aprobado por la mayoría o que eso pretenden. Y no ha habido quién defienda la posición del dictamen, tendrían que haber venido aquí, por eso preguntaron ¿dónde está la CNC?, ¿dónde están los representantes de las comunidades?, ¿quién va a defender a las comunidades cuando lleguen los mineros?

Y le repito, conozco el caso directo en Puebla, las mineras están acabando con los habitantes de las poblaciones. Nadie los defiende.

Entonces, ¿van a aprobar ustedes por unanimidad sin haber analizado el fondo aquí planteando?

¿Hay alguna razón de fondo realmente?

No esa burocracia de que nunca demostró nada, absolutamente nada, sino cómo responden al señalamiento de fondo de que es un acto de venganza y del inicio de la limpieza de tribunales, que van a ser importantísimos para la defensa del territorio nacional que está en jaque.

El territorio nacional está en jaque, vamos a ser invadidos. Ya están las leyes secundarias, y desde la Constitución la posibilidad de ocupar tierras.

Las mineras tienen la mitad del territorio nacional y las petroleras van a aparecer próximamente. Y todo el problema de la ocupación, las tierras que aquí se llamó, se llamaba originalmente, se llama expropiación.

Aquí algunos temerosos del lenguaje le cambiaron y dice “ocupación temporal”. Y quién es el que lo va a defender, y lo dice la Senadora Padierna con toda claridad, pues estos, que son los que van a ejercer una función de equilibrio, para esta invasión del territorio nacional, son los defensores del territorio nacional y los que van a empezar a limpiar sin argumentos.

Aquí no he visto que nadie se atreva a subir a decir lo contrario. En consecuencia, sigue este asunto señalado en la tribuna del Senado de la República que esta no ratificación es una venganza contra un Magistrado que defendió comunidades, y que por eso va a salir y no lo van a permitir que se quede.

Nadie ha hablado y el silencio, demuestra que están en una situación en la que no pueden defender lo que aquí se ha dicho.

Eso es una vergüenza, son debates simulados, no se va al fondo y están tomando decisiones graves sin justificarlas, en detrimento de la seguridad del territorio nacional en este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta para su discusión la propuesta presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez.

Será en esos términos, usted la había pedido que la votación final, ahorita estamos sólo viendo si se acepta a discusión. Y si me permite, una vez que concluyamos el trámite, cuando lo sometamos a votación, desde luego que se hará en los términos en los que usted lo ha planteado.

Pido a la Secretaría que consulte, en votación económica a la Asamblea, si se acepta para su discusión la propuesta presentada por el Senador Isidro Pedraza.

La Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta hecha por el Senador Isidro Pedraza. Quienes estén por la afirmativa, para que se acepte a discusión, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señor Presidente.

 El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. No se admite a discusión, queda en los mismos términos, se votará en los términos que se presentó el dictamen con punto de Acuerdo. Pido que se abra el sistema electrónico, tal y como lo pidió el Senador Isidro Pedraza, pido que lo hagamos por cinco minutos en virtud de que algunas compañeras y compañeros Senadores están en trabajos de comisiones. Abrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por el Senador Teófilo Torres Corzo. ¡Sean usted bienvenidos al Senado de la República, jóvenes estudiantes!

VER VOTACION

La Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un total de 50 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones.

El Presidente Aispuro Torres. En consecuencia, queda aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión dicha propuesta. No habiendo, quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Compañeras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con la designación del titular de la Tesorería del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicho Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Ingeniero Lauro López Sánchez Acevedo, como Tesorero de la Cámara de Senadores.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el señor Lauro López Sánchez Acevedo, por lo que solicito a los Senadores: Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Luis Lavalle Maury, Luz María Beristaín Navarrete, Carlos Alberto Puente Salas y David Monreal Avila, lo inviten a pasar al interior de este Salón de Sesiones y lo acompañen durante el acto de toma de protesta. Pido por favor a la Comisión que cumpla con la encomienda que se les ha dado.

La Secretaria Merodio Reza: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Aispuro Torres: Ciudadano Lauro López Sánchez Acevedo: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de tesorero de la Cámara de Senadores, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación?

El C. Lauro López Sánchez Acevedo: ¡Sí, protesto!

El Presidente Aispuro Torres: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

¡Felicidades señor López Sánchez Acevedo!

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su nuevo encargo, le solicito se incorpore de inmediato a las actividades que corresponden a su nueva responsabilidad.

¡Felicidades! Enhorabuena.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE LA LEY AGRARIA Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por los Senadores Francisco Salvador López Brito, Luisa María Calderón Hinojosa, Carlos Mendoza Davis, Martín Orozco Sandoval y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 172-A, 172-B, 172-C, 172-D, 172-E, 172-F Y 172-G A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESTRATEGICAS

(Presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Francisco Búrquez Valenzuela, Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 226 Y 234 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por los Senadores Ivonne Alvarez García, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Jesús Casillas Romero, Roberto Armando Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO DECIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 21 DE DICIEMBRE DE 1995

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo sustentable es un concepto contemporáneo que tiene que ver con la idea de generar condiciones de vida que satisfagan de manera general las necesidades sociales sin comprometer el derecho de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

Una definición del concepto la podemos encontrar en los siguientes términos:

El desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos fundamentales: el concepto de ‘necesidades’, en particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante, y la idea de limitaciones impuestas por el nivel de la tecnología y la organización social en la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.1

La anterior definición resulta relevante por el hecho de incorporar no sólo el aspecto intergeneracional, sino que incluye de manera fundamental el tipo de necesidades sociales relativas a la población con mayores carencias económicas, asimismo advierte que este sector debe de ser atendido priorizando la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras.

En este sentido, el término expuesto ha sido objeto de un número creciente de iniciativas locales, nacionales, regionales y globales, impulsadas por una amplia gama de instituciones que van desde el Banco Mundial y gobiernos nacionales, hasta fundaciones internacionales, organizaciones conservacionistas y ambientalistas e instituciones sociales de diversa índole.

Un claro ejemplo del impacto de este nuevo paradigma a nivel mundial lo encontramos en el conjunto de normas denominado Agenda 21 suscrita en la Cumbre de la Tierra, que se celebró en 1992, en Río de Janeiro (Brasil), durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que es considerada un manual de referencia para la determinación de políticas gubernamentales y empresariales en la materia.

Entre otros aspectos, el documento de referencia señala en los siguientes principios la correlación entre los tres ámbitos primordiales del desarrollo sustentable, el intergeneracional, protección al medio ambiente y la lucha contra la pobreza:

Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y del ambiente de las generaciones presentes y futuras.

Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del ambiente deberá constituirse como una parte integral del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada.

Principio 5.- Todos los Estados y las personas deberán cooperar en la tarea de erradicar la pobreza, como requisito indispensable para el desarrollo sustentable, con el propósito de reducir las desigualdades en los modelos de vida y satisfacer las necesidades de la mayoría de las poblaciones mundiales.2

De esta forma y en el marco de la conceptualización del término antes expuesto, nos permitimos transitar al caso nacional, en específico a lo relativo al desarrollo rural sustentable que deviene en gran medida de lo expuesto con antelación.

El desarrollo rural sustentable se encuentra depositado en nuestro ámbito jurídico en la fracción XX del artículo 27 de nuestro Máximo precepto legal, que en lo conducente estipula:

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre  sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la  ley establezca

Sobre la disposición que precede, podemos destacar algunos aspectos acerca del contexto que circunscribe el desarrollo rural sustentable en México.

En nuestra nación, a partir del proceso de descentralización normativa de mediados de la década de los noventa y con base a la idea del nuevo federalismo las atribuciones de las entidades federativas y de los municipios fueron sujetas a un periodo de ampliación en lo concerniente al diseño y administración de programas de desarrollo, incorporando mecanismos legales de participación social en programas.

Dentro del proceso en mención, se comenzó a introducir la noción de desarrollo sustentable y su integración en el marco de la producción de la acción pública, hasta dar paso a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.3

El citado cuerpo normativo es el que reglamenta la fracción XX del artículo 27 constitucional, y que tiene por objeto:

Promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, con base en el derecho de toda persona de gozar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, a efecto de que esta sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los  individuos, grupos y clases sociales.

Asimismo, en el artículo 2º de la disposición en mención estipula:

Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Sin duda uno de los aspectos nodales del objeto de la norma de referencia es el relacionado con el medio rural y su pleno desarrollo. Al hablar de este sector no podemos soslayar el hecho de que uno de los más relevantes cuerpos normativos que tienen como una de sus materias fundamentales a las sociedades rurales es la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1996.

Es esta disposición la materia de la presente iniciativa, que tiene como propósito establecer la concurrencia entre el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el de la Ley Agraria, debido a que al hacer un recorrido por la segunda norma citada, advertimos la necesidad de incorporar el principio del desarrollo rural sustentable ya que no se encuentra explícitamente contenido en el cuerpo legal.

La Ley Agraria es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en materia agraria. Al respecto, la norma secundaria señala en el Titulo Segundo del Desarrollo y Fomento Agropecuario, los mecanismos mediante los cuales el gobierno federal garantizará el desarrollo, entre otros, del sector rural. En tal sentido, el artículo 4º estipula en lo conducente:

El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.

Esta disposición ejemplifica claramente que la norma materia de esta iniciativa no contempla dentro de su contenido lo relativo al desarrollo rural sustentable.

En este orden de ideas, el precepto reconoce una serie de obligaciones por parte de la Administración Pública Federal y las dependencias y entidades que la conforman, a fin de garantizar el desarrollo y fomento agropecuario, a saber:

● Fomentar el cuidado y conservación de los recursos naturales.

● Promover su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico.

● Propiciar el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones.

● Aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

● Establecer la condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo.

● Fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas.

● Propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

● Promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales.

● Apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización.

● Asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural.

● Promover y realizar acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.

Como podemos observar ninguna de las obligaciones que se tutelan en la disposición de referencia plantean la concurrencia con el principio del desarrollo rural sustentable, y es un hecho que en todo lo aplicable a la norma en materia agraria tiene que observarse este principio.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo único.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 2º; el primer párrafo del artículo 4º; y los artículos 7º y 8º, la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-…

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano, el equilibrio ecológico y el desarrollo rural sustentable se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás leyes aplicables.

Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional, procurando para tales efectos el principio de desarrollo rural sustentable.

Artículo 7o.- El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes con base en el principio de desarrollo rural sustentable.

Artículo 8o.- En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral y sustentable del campo mexicano.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

1 Organización de las Naciones Unidas (2004), Agua para todos. Agua para la Vida, Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.

2 Orozco Rojas, Cornelio, El desarrollo sustentable: nuevo paradigma para la Administración Pública. Capítulo 6, Agenda 21: Principios Generales del Desarrollo Sustentable.

3 Leonard, Eric y Foyer, Jean, De la Integración Nacional al Desarrollo Sustentable. Trayectoria Nacional y Producción Local de la Política Rural en México, H. Cámara de Diputados, México 2011.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PLANEACIÓN ALIMENTARIA

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, con aval del grupo parlamentario del PRD)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones coordinadas que permitan disminuir los efectos negativos de la temporada de frentes fríos 2014-2015 que se presentarán en el estado de Durango. Se turna a la Comisión de Protección Civil.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a realizar una inspección y verificación sobre la importación de plaguicidas que se utilizan en el campo mexicano, las cuales están prohibidos por causar daños a la salud humana y al medio ambiente. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, DE ECONOMIA Y DE SALUD A REALIZAR UNA INSPECCION Y VERIFICACION SOBRE LA IMPORTACION DE PLAGUICIDAS QUE SE UTILIZAN EN EL CAMPO MEXICANO, LAS CUALES ESTAN PROHIBIDOS POR CAUSAR DAÑOS A LA SALUD HUMANA Y AL MEDIO AMBIENTE.

“La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 95 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo  de URGENTE RESOLUCION por el que se EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y CON APEGO A SUS FACULTADES, REALICEN UNA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE LA IMPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS QUE SE UTILIZAN EN EL CAMPO MEXICANO, LAS CUALES ESTÁN PROHIBIDOS POR CAUSAR DAÑOS A LA SALUD HUMANA Y AL MEDIO AMBIENTE, al tenor siguiente:

CONSIDERACIONES

En el año de 1798 Thomas R Malthus1 mostró una teoría sobre el abastecimiento de alimentos y el crecimiento de la población, en su teoría también llamada maltusianismo, señalaba que la baja tasa de producción de alimentos y el alto crecimiento de la población condenarían a la humanidad a una hambruna. 

Siglos después al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la teoría de Malthus retomó su popularidad y emergió una corriente llamada neomaltusianismo, en la que connotados analistas en demografía y economistas, formaron criterios para atender una posible hambruna catastrófica.

En 1969 Norman Borlaug2 obtuvo híbridos de trigo y arroz con rendimientos mayores de dos a tres veces más que los convencionales; dio un enorme giro a la historia agrícola tradicional y se impulsó un nuevo proceso de industrialización en la producción basado en maquinarias, combustibles, fertilizantes y agroquímicos (plaguicidas). Con ello, se dio inicio a la Revolución Verde, en respuesta al adelanto tecnológico de la época.3

Con el reconocimiento de los avances tecnológicos y el uso de grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, la Revolución Verde no resultó aplicable ni sustentable como se presumió. En cambio, trajo como consecuencia que en áreas de cultivo se degradara el suelo, se contaminaran los productos alimentarios y el medio ambiente, y consecuentemente se causo daños a la salud humana4. En muchos casos, derivado principalmente por el uso excesivo de plaguicidas producidas5 sin los estándares de control en cuanto a sus substancias activas.

El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Mundial del no uso de plaguicidas, para recordar la muerte de más de 16 mil personas fallecidas por la catástrofe de Bopha, India, ocurrida en 1984 por el escape de 27 toneladas de metilisocianato, utilizado para la elaboración de plaguicidas.

A casi 30 años del desastre, debemos de hacer una reflexión y seguir cumpliendo a cabalidad con los compromisos internacionales en materia ambiental y de protección a la salud, plasmados en diversos instrumentos internacionales como el Protocolo de Montreal firmado en 1987, que tiene como finalidad eliminar las sustancias químicas que dañan la capa de ozono. A los países en desarrollo se les dio un periodo de gracia de 10 años antes de cumplir los compromisos específicos de eliminación, sobre los Clorofluorocarbonos (CFCs), Halones, Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) y el Bromuro de Metilo, entre otros.  En México se ha reducido en 90% el uso de Clorofluorocarbonos, desde 1990 los productos en aerosol distribuidos en México utilizan propelentes alternativos6.

En este mismo sentido, el 11 de septiembre de 1998 fue aprobado el Convenio de Rotterdam7; México es parte desde agosto de 2005, el convenio surge para atender mediante un mecanismo de autorización previa a las importaciones y exportaciones de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, su objetivo es que todos los Estados, puedan tener toda la información necesaria para conocer las características y los riesgos que implica el manejo de dichas sustancias, así como su prohibición. El instrumento permite que los países importadores decidan que sustancias químicas desean recibir y excluir, inclusive de aquellas que no puedan manejar de manera segura para evitar riesgos a la humanidad y al ambiente.

En nuestro país, el control fitosanitario y el uso de plaguicidas8 está regulado en la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1994, y reformada en su integridad el 26 de julio de 2007; ésta reforma tuvo como necesidad lograr una mayor productividad, rentabilidad y competitividad de los productos agrícolas con el único propósito de mejorar el nivel de vida de las familias del campo. El objetivo es asegurar que los alimentos estén libres de sustancias o microorganismos dañinos a la salud ofertados al consumidor final, cuidar la sanidad agropecuaria de plagas y enfermedades, y cuidar los recursos naturales mediante el ejercicio de buenas prácticas sanitarias de manejo en el campo y de manufactura; además de la reducción de contaminantes bilógicos, físicos y químicos especialmente de plaguicidas.

Además de la Ley antes citada parte de la regulación coordinada en materia de protección contra riesgo sanitario, certificación y registro de plaguicidas están plasmados en la Ley General de Salud (LGS). Específicamente a la Secretaría de Salud le corresponde el control sanitario de productos y servicios en cuanto su exportación e importación de plaguicidas en su procesos de elaboración, uso aplicación y disposición final, consideradas toxicas o peligrosas  para la salud, así como de las materias primas que intervienen en su elaboración. De forma complementaria la Ley General de Salud, contiene un Capítulo donde hace una descripción del concepto plaguicida.

Es importante señalar que los plaguicidas de uso agrícola son el insumo principal y más útil para la prevención y control de plagas agrícolas del país, pero también los plaguicidas para uso doméstico suelen tener su importancia; la aplicación de algunos de ellos tiene efectos tóxicos directos e indirectos en la salud humana y al medio ambiente. 9

En México, el registro de plaguicidas requiere tres opiniones a efecto de poder autorizarse para uso agrícola, asegurando que se cumplan con:

1. Las características de patrón de uso (cultivo, plaga, dosis, número e intervalos de aplicación) para los que fueron creados.

2. Los estándares de minoración de riesgos a la salud humana.

3. Los estándares de minoración de riesgos al ambiente.

El registro de plaguicidas para uso agrícola se realiza a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dela Secretaría de Salud, con opinión técnica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Las facultades de la SAGARPA en materia de control y uso de plaguicidas se ejercen a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en apego a sus atribuciones, observando lo siguiente:

1. Que los plaguicidas de uso agrícola que se pretendan registrar, cumplan con las características de patrón de uso (cultivo, plaga, dosis, número e intervalos de aplicación), a través de la evaluación de su efectividad, y que les permita obtener su Dictamen de Efectividad Biológica. (articulo 7º A, F XI LFSV)

2. Emite opinión técnica sobre la efectividad biológica de plaguicidas de uso agrícola y sobre los aspectos fitosanitarios de los límites máximos de residuos de plaguicidas.

3. Que el proceso de fabricación, formulación, maquila, importación, comercialización, aplicación aérea de plaguicidas de uso  agrícola cumplan con las especificaciones fitosanitarias y de buen uso que deberán observarse. (artículo 42 LFSV)

México se ha distinguido por cumplir cabalmente los compromisos asumidos en el ámbito internacional. Sin embargo, hace falta verificar que se cumplan las leyes y normas oficiales en la metería para evitar daños a la salud animal, la salud humana y el daño al medio ambiente.10

La Universidad Autónoma Chapingo, a través de su Departamento de Parasitología Agrícola, señaló que de 20 compuestos restringidos en el país, 12 han sido prohibidos en diferentes regiones del mundo, como el DDT y el LINDANO, y que han sido inhabilitados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Unión Europea. Además, otros compuestos como el Alaclor, Paraquart, el Metamsodio y Metamidfos, son herbicidas que también se siguen usando en México y en otras partes de mundo ya no están permitidos. 11

Desde la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la firma de otros instrumentos, la producción agroalimentaria de exportación ha aumentado considerablemente. Ante las medidas sanitarias de excelencia y con reconocimiento internacional que tiene nuestro país, se han detenido y negado la entrada de productos del agro mexicano en el mercado internacional, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica a través de su Administración de Drogas y Alimentación (FDA), debido a que se han encontrado residuos excesivos de plaguicidas hasta en un 77 por ciento de los productos exportados por rama productiva.

Recientemente la organización Environmental Working Group (EWG), conocidos por ser constantes guardianes de la salud y el medioambiente, han lanzado la octava edición de su “Guía de pesticidas en alimentos”. El estudio incluye información actualizada de 45 frutas y verduras que se consumen de manera cotidiana que contienen altas cantidades de pesticidas. Los 12 productos más tóxicos son la manzana, pimiento morrón, fresa, uva, lechuga, berries, durazno, acelga, pepino, papa, y apio es decir, tienen altos niveles de plaguicidas y también destaca positivamente 15 con mayor inocuidad como la cebolla, maíz, piña, palta, repollo, guisantes, espárragos, entre otros que contienen los menores niveles de pesticidas. Es un enfoque brillante y de utilidad para los consumidores, quienes podrán informarse y así evitar los alimentos más contaminados con pesticidas.12

Ante el rechazo de productos agrícolas mexicanos por parte del gobierno norteamericano, es necesario dar seguimiento al desplazamiento y destino final ya que al no tener destino alterno los productos rechazados son retornados a nuestro país, situación que en principio, la Secretaría de Economía tiene la obligación regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios, además de establecer políticas de distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes; en este caso con la SAGARPA. Con el rechazo de productos de exportación, la cadena en la comercialización se ve afectada por los extraordinarios al pago por transporte, entre otros.

Pero también la Secretaría de Salud debería estar preocupada, ya que le compete regular la higiene de los alimentos que pudiera afectar la salud humana, ya que los productos al ser rechazados representa daños potenciales a la salud de las personas que consumen esos productos.

Por ello, mi propuesta es hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que fortalezca la certificación, inspección y uso de plaguicidas que se utilizan en el campo mexicano, a su vez exhorto a las dependencias competentes con el pleno respeto a sus facultades, para seguir reforzando el control fitosanitario de los productos agrícolas y sus derivados que tienen como destino el mercado nacional y por el incremento sustantivo de productos agrícolas, que dan positivo a la presencia de contaminantes químicos y biológicos,13 particularmente con productos como chile, melón, berenjena, frijol, papaya y tomate, que fueron los más recurrentes y que al día de hoy se tienen cerca de 130 detenciones de EUA y ocho en Japón, por la presencia de productos químicos ilegales.

Por último, invito a la Secretaría de Economía y a la SAGRAPA para que a la brevedad sea elaborada y publicada la Norma Oficial Mexicana que tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos y procedimientos para la autorización de límites máximos de residuos de plaguicidas químicos de uso agrícola con fines de registro y uso. El anteproyecto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014 con el nombre de PROY-NOM-000-SAG-FITO/SSA1-2013.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Economía para que informen a esta Soberanía sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que contienen sustancias químicas prohibidas que se utilizan en el país.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), refuerce sus acciones y facultades para garantizar la sanidad, inocuidad y la calidad de los alimentos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas de producción nacional que se consumen en el mercado interno, principalmente de aquellos productos de exportación.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través del Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) refuerce el control sanitario de productos químicos de importación y establecimientos dedicados al proceso de elaboración de plaguicidas para evitar el uso de sustancias prohibidas.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía; la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a la brevedad sea publicada la Norma Oficial Mexicana que tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos y procedimientos para la autorización de límites máximos de residuos de plaguicidas químicos de uso agrícola con fines de registro y uso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014 con el nombre de PROY-NOM-000-SAG-FITO/SSA1-2013.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.


1 Nació el 14 de febrero de 1766 y murió el 29 de diciembre de 1834, clérigo anglicano y erudito británico, con influencia en la economía política y la demografía.

2 Miembro de la Fundación Rockefeller (financia el desarrollo agrícola para el suministro de alimentos en todo el mundo), obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1970.

3 Edmundo Flores, Desarrollo Agrícola, Fondo de Cultura Económica 1972, pp 288-94

4 Artículo de opinión: Riesgos a la salud humana causado por plaguicidas, publicado por Tecnociencia, Chihuahua, Vol. I numero 3, septiembre diciembre 2007.

5 Dow Chemical, Eli Lilly, Du Pont, Monsanto, Chevron entre otros.

6 Riesgos de los Plaguicidas para el ambiente, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, www.semarnat.gob.mx

7 Entró en vigor el 4 de mayo de 2005.

8 Artículos 5, 7 F XXIII, 10, 39 y 54 F I de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

9 http://www.inecc.gob.mx/sqre-temas/768-sqre-plaguicidas

10 http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Plaguicidas%20y%20Fertilizantes/PlaguicidasYFertilizantes.aspx

11 Publicado en el Diario Milenio, 29 de septiembre de 2014

12 http://www.creadess.org/index.php/informate/desarrollo-humano1/nutricion-salud-y-estetica/31420-estas-son-las-12-frutas-y-verduras-mas-toxicas-que-consumes-a-diario

13 Estrategia Federal para el fortalecimiento de los sistemas de reducción de  riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales.





 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Armonización Contable a informar respecto al grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  particularmente, en lo relativo a la armonización de los sistemas contables y difusión de la información financiera por parte de las entidades federativas y municipios del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE PARA QUE INFORME DETALLADAMENTE RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARTICULARMENTE, EN LO RELATIVO A LA ARMONIZACION DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL TERRITORIO NACIONAL

“El suscrito, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA QUE INFORME DETALLADAMENTE RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARTICULARMENTE, EN LO RELATIVO A LA ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL TERRITORIO NACIONAL, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES:

La contabilidad gubernamental facilita el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto públicos y, en general, contribuye a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la administración de la deuda pública y el patrimonio del Estado. Proporciona información sobre la gestión de los fondos públicos para la evaluación de las acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión gubernamental y la integración de la Cuenta Pública.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se fundamenta en la fracción XXVIII del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece, entre otras facultades del Congreso, la de "expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como la patrimonial con el fin de garantizar su armonización a nivel nacional".

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, tiene como objeto establecer los criterios generarles que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera. Esta Ley nace como respuesta a la necesidad de lograr en México una armonización contable de los tres órdenes de Gobierno, lo cual no se lograría sino mediante un ordenamiento jurídico del más alto nivel.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental permite que la Federación, Estados, Municipios y demás entidades generen información más oportuna que ayude a los servidores públicos a una mejor toma de decisiones sobre las finanzas públicas. Entre las disposiciones a las que deben sujetarse los entes públicos, se encuentran la de registrar de manera armónica, delimitada y especifica, las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como generar  estados financieros oportunos, comprensibles y periódicos siguiendo las mejores prácticas contables nacionales e internacionales. Entre la información que los entes públicos deben publicar se encuentra la siguiente:

● Estado de situación financiera;

● Estado de variación en la hacienda pública;

● Cambios en la situación financiera;

● Informes sobre pasivos contingentes;

● Notas a los estados financieros;

● Estado analítico del activo;

● Estado analítico de la deuda y otros pasivos;

● Estado analítico de ingresos, y

● Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Por otro lado, esta misma normatividad establece que tanto las Entidades Federativas, como los ayuntamientos de los municipios de nuestro país deben armonizar sus procesos contables de una manera homogénea y uniforme con los que indica la Ley General de de Contabilidad Gubernamental, de tal manera que la información generada por parte de los entes públicos debe estar organizada, sistematizada y se difundida en portales electrónicos. A letra dice:

Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.

Asimismo, el 12 de noviembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Con estas modificaciones los entes públicos deben publicar la información contable que generen conforme a las normas, estructuras y formatos que el Consejo Nacional de Armonización Contable establezca y deberán ser difundidas en las páginas respectivas de los entes públicos.

Para dar cumplimento a estas disposiciones, se estableció que los entes públicos municipales tenían un plazo hasta el 31 de diciembre del 2014 para la armonización de sus procesos y su respectiva publicación, además, se estableció una prorroga de hasta por un años más para aquellos municipios insuficientes de infraestructura y nivel de desarrollo institucional. El artículo  Cuarto Transitorio señala lo siguiente:

Cuarto.-Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015.

Sin embargo y hasta el día de hoy, la mayoría de los municipios de nuestro país aun no han dado cumplimento a la integración de los procesos de Contabilidad Gubernamental y la generación en tiempo real de los estados financieros. De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2014, el cual nos permite conocer la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por los ayuntamientos, de los 60 ayuntamientos más grandes e importantes de México, 40 están reprobados por no cumplir con la presentación de información fiscal, que involucra recursos de los ciudadanos. Dos de cada tres de estos municipios presentan información insuficiente, confusa, con poca o nula organización en materia fiscal relacionada con la planeación, programación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos públicos, así como austera presentación de datos históricos del manejo de los mismos. Entre los  municipios con más baja calificación de transparencia fiscal  se encuentran los  ayuntamientos de Salinas Cruz, en el estado de Oaxaca; Boca del Rio, del estado de Veracruz; Tapachula, en el estado de Chiapas y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. De acuerdo con esta información  el índice promedio de transparencia fiscal de los municipios del presente año se redujo con respecto al del 2013 e inclusive es más bajo que el del 2010.

La homologación de los procesos de Contabilidad Gubernamental a nivel municipal representa uno de los principales retos a los que se enfrenta la administración pública en nuestro país. Aun reconociendo las diferencias en cuanto al grado de desarrollo de los distintos municipios del país, es indispensable que las autoridades correspondientes den a conocer de manera detallada el grado de avance que han tenido los municipios en estos últimos años respecto de la restructuración y compatibilización de los modelos contables a partir de lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, puesto que dicho procedimiento de homologación adquiere una gran relevancia, si tomamos en cuenta que en Presupuestos de Egresos anteriores se han dispuesto recursos económicos para apoyar a las entidades federativas y municipios en la capacitación y profesionalización materia de contabilidad gubernamental.

Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÙNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Armonización Contable para que informe detalladamente respecto al grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, particularmente, en lo relativo a la armonización de los sistemas contables y difusión de la información financiera por parte de las Entidades Federativas y Municipios del territorio nacional.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a comparecer a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, con motivo de las detenciones arbitrarias en contra de jóvenes que se han realizado a partir del 20 de noviembre a la fecha. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, A FIN QUE SE EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE COMPAREZCAN LOS TITULARES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CON MOTIVO DE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS EN CONTRA DE JÓVENES QUE SE HAN REALIZADO A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA FECHA.

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SENADORA DE LA REPUBLICA, PERTENECIENTE AL PARTIDO DEL TRABAJO, INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8.1 FRACCIÓN II, 95 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, A FIN QUE SE EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE COMPAREZCAN LOS TITULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON MOTIVO DE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS EN CONTRA DE JÓVENES QUE SE HAN REALIZADO A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA FECHA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó el cese de los elementos que detuvieron de manera arbitraria el viernes pasado a Sandino Bucio Dovalí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así mismo dicha Comisión mencionó que “lamenta este acontecimiento y refrenda su compromiso de que la Policía Federal actúe siempre en apego a la legalidad y con estricta observancia a los derechos humanos, por lo que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de las investigaciones del caso”.

A través de un comunicado, el organismo que encabeza Monte Alejandro Rubido señaló que “el pasado 28 de noviembre, elementos de la Policía Federal detuvieron, a Sandino Bucio Dovalí, a quien se le imputa la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en posibles actividades de corte vandálico”.

Según la CNS, “los hechos se dieron cuando algunos elementos de la Policía Federal, quienes no se encontraban uniformados y se desplazaban en un automóvil sin logotipo alguno de la corporación, identificaron a Sandino Bucio, quien unos días antes había atacado a uno de sus compañeros durante una manifestación frente al Palacio Nacional”.

“Al notar la presencia de Bucio Dovalí, el personal policial detuvo la marcha y procedió a su detención, de manera irregular, con la finalidad de que éste declarara por estar implicado en los desmanes del 20 de noviembre pasado”.

Sandino Bucio fue interceptado en inmediaciones de la estación del Metro Copilco, y subido de manera violenta al vehículo en que se transportaban policías vestidos de civil.

“Tras su detención, Sandino Bucio fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, con el objetivo de que el presunto agresor declarara y en su caso fuera imputado por sus acciones”, señaló la corporación.

El organismo explicó que “la autoridad ministerial, quien dio acceso a la diligencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tomó la declaración, con la cual inició una averiguación previa y puso en libertad a Sandino Bucio”. (sic)

“Por el desarrollo de los acontecimientos, el Comisionado Nacional de Seguridad instruyó, desde ayer mismo, a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal iniciar una investigación sobre la actuación de los elementos que participaron en la detención, en virtud de que los mismos no se habrían apegado a los protocolos correspondientes”.

Es importante destacar que los policías que participaron en estas acciones han sido suspendidos para que enfrenten el proceso correspondiente y se deslinden las responsabilidades que, en su caso, correspondan”, señaló la oficina de Rubido García.1 

SEGUNDO.-

Una de las caras más visibles del movimiento #YoSoy132, el ahora exestudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Sandino Bucio, declaró este viernes ante la Procuraduría General de la República (PGR), luego de ser detenido por sujetos vestidos de civil, que lo metieron a un automóvil particular, lo amenazaron y golpearon, acusó el joven.

Bucio salió de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la noche de este viernes, afuera se encontraban decenas de personas que reclamaban su liberación luego de que su detención por la tarde fuera difundida a través de las redes sociales: “¡Libertad, libertad!”, gritaban los manifestantes.

Sandino Bucio declaró:

“Me dirigía al Metro Copilco y en la esquina de la calle Filosofía y Letras un grupo de sujetos vestidos de civil me agarraron del brazo y me subieron a un coche particular, todo el trayecto me estuvieron golpeando.

Me amenazaban que me iban a desaparecer como a los de Ayotzinapa, me dijeron que me iban a violar, me golpearon en el rostro y en la espalda…  Me pidieron que les dijera la contraseña de mis redes sociales, me obligaron a teclear en su celular, empezaron investigar a varias personas y me pidieron nombres, dijeron que mañana iban a levantar a más personas”, agregó.

Sandino Bucio ha publicado en los últimos meses en su cuenta de Facebook mensajes y fotografías de sus participaciones en las manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellas la del 20 de noviembre, en donde 11 personas fueron detenidas.

En el video se le ve golpeado en el ojo izquierdo y con un araño en la mejilla derecha. Asegura que cuando pidió ayuda durante el trayecto fue golpeado más veces.

Añadió también:

“Entre ellos discutían hacia qué lugar llevarme y hubo un momento en que pedí auxilio y me golpearon más. Se acercaron dos policías a ver lo que sucedía y se arrancó el coche, luego decían que los estaba persiguiendo una camioneta de la PGR y se tenían que ir”, agregó, especificando que del coche particular después fue trasladado a una camioneta.

La PGR confirmó la noche de este viernes que Bucio Dovalí estaba declarando ante la SEIDO y sería liberado una vez que terminara este trámite, pues no contaba con “elementos en su contra”.2

TERCERO.-

Por otra parte, al dictaminar el auto de libertad la mañana de este sábado, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz puso fin al calvario que vivieron por más de una semana Isaac y los otros 10 detenidos de manera arbitraria durante el violento desalojo del Zócalo capitalino, el pasado 20 de noviembre.

El juez aseveró que no existían las pruebas suficientes para abrir un juicio contra los 11 detenidos por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio, todos muy graves, que les imputó la PGR en los edificios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En su edición de esta semana, la revista Proceso documenta que la PGR consignó a las 11 personas a penales federales el pasado sábado 22 a raíz de las declaraciones inverosímiles de unos policías federales, quienes aseveraron que los jóvenes agredieron a uno de sus colegas con la intención de matarlo.

Según la misma investigación de este semanario, la PGR desdeñó las numerosas evidencias que desmentían en su totalidad la versión de los uniformados y señalaban, al contrario, que los policías actuaron de manera arbitraria y violenta.

El Centro Federal de Reintegración Social 5 Oriente de Villa Aldama, un horrible complejo de edificios de concreto con pocas ventanas y escondido detrás de altas paredes grises, se erige en el centro de un vasto llano polvoroso y atrancado entre dos carreteras. Un macizo de cerros verdes dominados por el imponente adoquín de piedra del Cofre de Perote ocupa el horizonte alrededor.

Mientras iban avanzando, las decenas de personas que esperaban a los expresos pudieron ver que sus cabezas habían sido rapadas. Algunos rostros todavía presentaban las marcas de los golpes que les asestaron los policías durante su detención y camino a la SEIDO.

Tanto los abogados y los familiares como los detenidos, afirmaron que considerarán denunciar de manera penal a los policías por la violencia de la que fueron víctimas, así como por las falsas declaraciones que realizaron los agentes para detenerlos.

Alberto Maxwell Canales, el padre del detenido chileno, aseveró que su hijo “es un creador: escribe, pinta, hace música”. Enseguida añadió que Laurence “sí es terrorista, porque amenaza al sistema, porque piensa y porque crea”, y concluyó: “Todos merecemos que salga alguien por esta puerta y nos diga que salen todos”.3

CUARTO.-

El juzgado 17 de distrito en materia penal, con sede en Xalapa, Veracruz, determinó que las acusaciones formuladas por elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) contra 11 personas detenidas como presuntas responsables de actos vandálicos cometidos en el Zócalo capitalino el pasado 20 de noviembre, resultan inverosímiles y no se ajustan a las reglas de la lógica básica.

El juez Juan Carlos Ramírez Gómora explica en su resolución que en el caso de la acusación de homicidio en grado de tentativa formulado por la PGR, tuvo que reclasificar el delito por imputación de lesiones contra un agente federal.

Advierte que, de acuerdo con el contenido de la averiguación previa integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), no hay manera de que los inculpados (ahora en libertad) trataran de privar de la vida al agente federal; ya que los golpes que presuntamente lanzaron lo hicieron causándose daños ellos mismos. De modo que no resulta lógico deducir que si unas personas pretenden privar de la vida a otra, se hagan daño ellas mismas, ya que los golpes daban en el escudo o equipo anti motín del policía, y los lesionados eran los agresores.

Por lo que se refiere a la acusación de motín, el órgano del Poder Judicial de la Federación resalta que ninguno de los acusados se conocía entre sí, que la PGR y los agentes no pudieron probar siquiera que existían pruebas indiciarias de que pertenecían alguna organización y que pretendían causar un menoscabo a la autoridad del Estado; revela que los teléfonos celulares de los 11 fueron rastreados y sus cuentas de redes sociales revisadas, sin encontrar ningún elemento que los inculpara de la comisión de un delito.

Por medio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Ramírez Gómora dio a conocer su resolución señalando que lo hacía sustentado en el principio de presunción de inocencia, y por ello ordenó la inmediata libertad de 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México.

Asimismo, declinó competencia en favor de un juzgado con sede en la ciudad de México para que continúe el proceso por la acusación de lesiones, delito que no está tipificado como grave y no pone en riego la libertad dictada a los 11 detenidos.

Dentro del proceso penal 45/2014, el juzgador señaló que a las 9 de la mañana de ayer “dictó auto de libertad, por falta de elementos, en favor de los 11 detenidos, debido a la insuficiencia de pruebas aportadas por el agente de Ministerio Público de la Federación para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo de los delitos de lesiones, asociación delictuosa y motín.

En su resolución, el juez de la causa estableció que “por lo que respecta al cargo de homicidio en grado de tentativa, para que éste exista se requiere que los sujetos activos sin calidad específica tengan el propósito de cometer el delito, así como que inicien su ejecución mediante actos idóneos, pero que el ilícito no se consume por causas independientes a su voluntad.

“De esta manera, el dicho de los agentes aprehensores, contenido en la puesta a disposición y su ratificación por los elementos adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, no demuestran la intención de privar de la vida al agente de la autoridad y tampoco que se ejecutaron actos idóneos encaminados directa e inmediatamente para la realización del delito de homicidio y que no se hubiera llevado a cabo por causas ajenas a la voluntad de los agentes.

Por las inconsistencias, el juzgado decidió reclasificar por lesiones la acusación de delito de homicidio en grado de tentativa.

Señala que también hubo “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores, ya que el número inicial de alborotadores no es el mismo en todo momento, pues en un primer instante se menciona que son 30, después dice que se le suman dieciséis o dieciocho, y finalmente sostienen que las personas que intervienen en la trifulca y quieren huir son asegurados, siendo detenidos los 11 inculpados que se encuentran a disposición de este juzgado federal”.

Por otra parte, indica que “otro aspecto que genera inverosimilitud en el dicho de los agentes aprehensores deriva de que en su intervención para salvar a su compañero de la agresión tumultuaria, los activos del delito llevaban piedras, palos y bombas molotov, así como petardos, pero no fueron incautados esos objetos para tener la certeza de su existencia (...) los únicos objetos asegurados fueron los equipos telefónicos de los inculpados, de tal manera que no se tiene la certeza de la existencia de algún palo, piedra o algún objeto con el que se le pudiera causar un daño.

“Por lo que hace al delito de asociación delictuosa, este órgano jurisdiccional considera que la información que se contiene en el oficio de puesta a disposición y en las respectivas diligencias de ratificación de los agentes de la Policía Federal que lo signaron, es inverosímil y no se ajusta a las reglas de la lógica básica”.

“En sus declaraciones, los imputados declararon no conocerse entre sí ni pertenecer a ningún grupo delictivo, la realidad es que ninguno de ellos reconoció haberse encontrado en el lugar específico en el que –según el parte informativo– ocurrieron los hechos... máxime que no se ofreció prueba fehaciente ni nada se dice al respecto en el pliego de consignación respecto a que los inculpados entre sí o como miembros de diversas células de personas, se integren con el propósito de delinquir”.

El juez reveló que la Dirección General de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal realizó un rastreo de los correos electrónicos, el Facebook y las redes sociales de los inculpados, sin que se encontraran datos incriminadores.

En lo que respecta al delito de motín, consideró que no hubo prueba suficiente que evidencie que los indiciados se ubican en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito de motín.

Finalmente, el juzgado 17 de distrito en materia penal destaca que parte de la defensa de los inculpados estuvo a cargo de abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Por lo anteriormente expuesto:

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE SE EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A FIN QUE COMPAREZCAN LOS TITULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON MOTIVO DE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS EN CONTRA DE JÓVENES LLEVADAS A CABO POR AGENTES DE SEGURIDAD A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA FECHA.

Sen. Layda Sansores San Román”.


1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/29/cesan-a-policias-que-detuvieron-a-sandino-bucio-8617.html

2 http://www.cnnmexico.com/nacional/2014/11/29/un-juez-ordena-la-liberacion-de-los-11-detenidos-en-el-20novmx-ong

3 http://www.proceso.com.mx/?p=389436

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/30/politica/005n1pol





 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de diversas entidades federativas a establecer en su legislación penal la investigación oficiosa del delito de violencia familiar. Se turna a la Comisión de Justicia.







 

Del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de Adrián y Wilson, defensores de los derechos de los migrantes en Tequixquiac, Estado de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL ASESINATO DE ADRIAN Y WILSON, DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES EN TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

“El que suscribe, Alejandro DE JESUS Encinas Rodríguez, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL ASESINATO DE ADRIAN Y WILSON, DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES EN TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Antecedentes.-

El flujo migratorio de personas centroamericanas que transita por el Estado de México, principalmente en el corredor Lechería-Tultitlan-Huehuetoca-Tequixquiac-Apaxco se enfrentan a una constante violencia como son: asaltos, cobro por el uso de                   vía, violaciones, trata, extorsión, secuestro, tráfico de personas, desapariciones y asesinatos.

La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes se incrementa ante los abusos por parte de las autoridades estatales y municipales quienes los extorsionan y despojan de sus pertenencias, aunado a esto se enfrentan a la agresión de los operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración en dicho corredor.

El brindar alimentos, atención médica, espacios para el descanso y el aseo, asesoría para su entrega voluntaria y acompañamiento en las denuncias por violaciones a sus derechos humanos, son elementos que han sido utilizados para criminalizar las actividades de las y los defensores.

Como ejemplo tenemos lo que ha sucedido en los últimos 4 años en el Estado de México, en donde se han cerrado 3 albergues, el primero de ellos fue el 18 de agosto de 2009 en Xalostoc, Estado de México, cuando el entonces presidente municipal de Ecatepec, Eruviel Ávila determinó el cierre del albergue. Después de una serie de agresiones y hostigamientos por bandas delincuenciales, vecinos, policías y la anuencia del obispo de Cuautitlan en julio de 2012, el albergue San Juan Diego en Lechería cerró. Posteriormente se instaló una carpa temporal en el puente independencia la cual fue retirada y llevada a Huehuetoca. A la par, el primer comedor San José en Huehuetoca fue balaceado, funcionando ya como Albergue sufrió una sería de hostigamientos por bandas delictivas, los coordinadores fueron amenazados, siendo sus casas asaltadas en el DF. Por la falta de seguridad se tuvo que cerrar el 5 de noviembre de 2012. En enero 2013 se comenzó a trabajar bajo la modalidad de comedor, la situación de hostigamiento, asaltos al comedor continuó, aunado a esto en junio de 2013 en un operativo del INM policías federales y municipales allanaron el comedor sustrayendo a dos personas del interior de éste.

Desde hace más de seis años Adrián, originario de Tequixquiac, Estado de México, decidió dedicar gran parte de su tiempo a brindar apoyo humanitario a los migrantes que subían o bajaban del tren en esta zona dónde por el cambio de vías “la bestia” disminuye su velocidad.

Por su parte Wilson, de nacionalidad hondureña bajó de “la bestia” hace poco más de dos años decidiendo quedarse en México y no continuar con el viaje hacia los              Estados Unidos, ahí conoció a Adrián y se unió a él en la labor de ayuda a los   migrantes.

El domingo 23 de noviembre, aproximadamente a las 17:30 horas, en el municipio de Tequixquiac, Estado de México, Adrian y Wilson fueron asesinados después de llegar de dar de comer a migrantes en las vías del tren, al ser testigos en una denuncia contra el crimen organizado que opera en la zona.

La muerte de Adrián y Wilson, desgraciadamente, cristaliza la omisión del Estado para generar condiciones para que las personas defensoras puedan realizar su labor sin arriesgar su vida. Labor que es fundamental debido a que las personas  migrantes en tránsito por nuestro país se encuentran en un total estado de  vulnerabilidad e indefensión derivada de la política migratoria mexicana que no cuenta con una   estrategia de atención hacía esta población con una visión de respeto a los derechos humanos.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La LXII Legislatura del Senado de la República condena enérgicamente las agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos, particularmente el asesinato de Adrián y Wilson, defensores de los derechos de los migrantes, perpetrado el paso 23 de noviembre en Tequixquiac, Estado de México.

Segundo.- El Senado de la República hace un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezca a la brevedad el asesinato de Adrián y Wilson, así como para que se tomen las medidas pertinentes a fin de brindar seguridad a las personas       migrantes, defensores, voluntarios y sociedad civil que brinda ayuda humanitaria en la zona.   

Atentamente

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, rinda un informe detallado sobre la inauguración y funcionamiento del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, RINDAN UN INFORME DETALLADO SOBRE LA INAUGURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL, JESUS GILBERTO GOMEZ MAZA.

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1

El párrafo IV del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud el cual es, una de las principales garantías sociales con el que cuentan cada uno de los mexicanos.

El acceso a los servicios de salud se deben considerar como un derecho fundamental de toda la población, para fortalecer el crecimiento y desarrollo del país.

En México el gasto público de 2014 para el sector salud representó el 2.79% del Producto Interno Bruto (PIB), en este sentido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que México destina menos recursos públicos para esta función, seguida por Chile con 3.98%, Corea 4.02%, Israel 4.62% y Turquía con 4.81% del PIB.2

En México el 97.12% del gasto público en asistencia médica se destina para gasto corriente, el cual es para cubrir los sueldos, prestaciones de seguridad social y gastos de operación para que las organizaciones funcionen adecuadamente como lo son la papelería y equipos de cómputo; subsidios que son las ayudas de carácter social, recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones; y solamente el 2.88% se asigna para el gasto de inversión, que es indispensable para la modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función, como son la construcción de infraestructura en salud.3

En salud el gasto público esta vinculado con los institutos, hospitales y centros nacionales y regionales de alta especialidad, que son administrados por la Secretaría de Salud. De acuerdo al ejercicio fiscal 2014, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas presentá un gasto de 3 mil 999.49 millones de pesos (mdp), seguido por el Hospital General de México con 2 mil 501.22 mdp y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva con 1 mil 908.97 mdp.4

El día 3 de noviembre del presente año, el diario Reforma publicó una nota que menciona la inauguración del hospital de segundo nivel Jesús Gilberto Gómez Maza, en el año 2012 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la construcción del hospital el Gobierno federal liberó mil 100 millones de pesos; el cual a dos años de aquel acto inaugural, sigue sin funcionar, es decir, no brinda atención medica hospitalaria.5

En virtud de lo anterior, se desprende una irresponsabilidad por parte del Gobierno de Chiapas, ya que inauguran un hospital pero no brinda los servicios para los que fue construido, suceso que no puede pasar desapercibido por la federación.

Pues el incremento del gasto en salud no se está traduciendo en la atención médica ni en la infraestructura para brindar y mejorar la atención medica a la población; por ende, no se hacen valer los derechos de la ciudadanía que están plasmados en la Constitución Federal.

Es indignante que la infraestructura pública hospitalaria que prevalece en el país se encuentra en comunidades alejadas o de difícil acceso, y que la mayoría de las personas no cuentan con los recursos económicos para asistir a las instituciones privadas de  salud.

En México la demanda de salud sigue creciendo a un ritmo acelerado y la escasez de Hospitales es cada vez mayor, por lo cual es de gran importancia que el sector salud provea a la población los servicios necesarios especialmente en las ciudades pequeñas y medianas del país donde se carece de infraestructura y asistencia médica.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente y con los plenos principios de la división de poderes y del federalismo mexicano, al Gobierno Federal para que en coordinación con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, rindan un informe detallado a esta Soberanía sobre:

A) La construcción y equipamiento del Hospital, Jesús Gilberto Gómez Maza;

B) La justificación del porqué no ha entrado en funcionamiento y brindado atención médica y hospitalaria a la población si fue inaugurado en el año de 2012;

C) Cuándo se tiene programado que el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza brinde atención médica y hospitalaria a la población.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre 2014.

Sen. David Monreal Ávila”.


1 Organización Mundial de la Salud, consultado, 26/11/2014, [En línea] Disponible en http://www.who.int/suggestions/faq/es/

2 Presupuesto Público Federal para la Función 2013-2014, consultado 27/11/2014, [En línea] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-11-14.pdf

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Inauguran Hospital Solo Para la Foto, consultado 28/11/2014, [En línea] Disponible en: http://www.tedf.org.mx/sala_prensa/sintesis/sm2014/nov/141103/141103_pp_reforma.pdf





 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se extiende un reconocimiento al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Aguascalientes por el sobresaliente proceso de armonización e incorporación del sistema de justicia penal. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDE UN RECONOCIMIENTO AL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR EL SOBRESALIENTE PROCESO DE ARMONIZACION E INCORPORACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

“El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDE UN RECONOCIMIENTO AL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR EL SOBRESALIENTE PROCESO DE ARMONIZACIÓN E INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Es menester, reconocer y evidenciar la deuda histórica que el Estado mexicano había tenido en cuanto a la procuración e impartición de justicia penal, la cual, debido a sus fundamentos legales, así como las características y atribuciones de sus instituciones y autoridades se describe y define como un modelo inquisitivo.

Una justicia penal inquisitiva; se encarga de buscar la culpabilidad de las conductas delictivas de facto, es decir, tiene como objetivo principal condenar al imputado mediante todos los medios de hecho. Lo anterior, a todas luces se contrapone con los principios penales establecidos en los derechos humanos. Este modelo inquisitivo se caracteriza por elementos concretos, los cuales violentan, o en el mejor de los casos limitan, la participación real y directa de la víctima y del imputado dentro del proceso penal, así como el derecho a la presunción de inocencia, por decir algunos solamente. El modelo inquisitivo aplica una serie de supuestos teóricos y procedimentales que desequilibraban la justicia penal: situando al imputado en una desventaja real y material ante el Ministerio Público; propiciando una justicia omisa de las manifestaciones y necesidades de la víctima y; en general constituyéndose en un proceso costoso económica y procesalmente.

Ante tal situación, el sistema de justicia penal inquisitivo se encuentra en crisis, no sólo en el Estado mexicano, sino en el conglomerado internacional de América Latina. La justicia penal ha sido una de las temáticas de estudio más importantes dentro de la agenda del sistema regional y universal de derechos humanos. Los Estados latinoamericanos se han sumado a la construcción de una justicia penal que revierta la condición inquisitiva que han guardado en el devenir de la historia jurídica, por ello, la comunidad de Estados Americanos han propiciado en términos generales, la materialización y consolidación de un nuevo sistema de justicia penal que se encuentre en concordancia con los derechos humanos. 

El Estado mexicano, con la intención de reivindicar lo anterior, formuló y aprobó la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que establece un nuevo paradigma dentro del sistema de justicia penal en México. La reforma estableció en nuestra Carta Magna una serie de principios y reglas que garantizan la protección de los derechos humanos de las parte intervinientes de los procesos penales.

La reforma constitucional de 2008, concretizo un nuevo sistema de justicia penal que mitiga y erradica aquellos aspectos y elementos que caracterizaban al sistema penal inquisitivo, mediante la creación de una nueva justicia penal que sistemáticamente atienda en términos generales a la protección de los derechos humanos, constituyéndose para tal efecto, en un sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial. Baja estos parámetros, el nuevo sistema de justicia penal se modificó, en su fundamentación teórica y práctica, y paso a ser de un procedimiento escrito a uno estrictamente oral; lo que modifica material y realmente su praxis jurisdiccional.

Debido a las características del nuevo sistema de justicia penal, es menester consolidar parámetros concretos para su debida implementación, los cuales se traducen en acciones legislativas, ejecutivas y judiciales coordinas entre si y entre los diferentes ámbitos de gobierno, es decir, al nivel federal, estatal y municipal. Lo anterior, con el objeto de materializar los nuevos ordenamientos legales, las instituciones y la capacitación técnica de todos los operarios jurisdiccionales participes en la materia penal.

Asimismo, la reforma de 2008 a demás de fundamentar los principios sobre los cuales debe de concebirse un nuevo sistema penal, también, vincula a la Federación a la adopción de este nuevo sistema penal; mediante la armonización normativa, la aplicación de recursos económicos y la adopción de una cultura jurídica-social que reconstruya la concepción que tienen los operadores jurisdiccionales sobre la praxis penal. En observancia a lo anterior, dicha reforma, establece como fecha límite para la implementación del sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial, en toda la jurisdicción territorial de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, el mes de junio del año 2016.

Por ello, las Entidades Federativas enfrentan la obligación de proveer los mecanismos, herramientas y acciones necesarias para concretizar y materializar dentro de sus respectivas jurisdicciones el nuevo sistema penal, el cual, debe atender, en estricta legalidad, a los principios y reglas establecidas en nuestra Carta Maga.

Cabe destacar que el arduo trabajo que conlleva la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México ha sido amortizado por el buen actuar del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el cual, ha coadyuvado cabalmente en las acciones que garanticen el éxito de este sistema de justicia penal y su eficaz implementación en las Entidades Federativas.

Asimismo, la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales es ejemplo del gran esfuerzo por parte de la Federación para impulsar la implementación de la reforma penal en todas las Entidades Federativas; estableciendo la normativa que guie los cauces de la praxis jurisdiccional penal y facilite con insumos legislativos a una transición pronta y eficiente.

En la actualidad solamente en tres Estado se encuentra operando, en toda su jurisdicción territorial, el nuevo sistema penal, mientras que en quince Estados han comenzado a operarlo de manera parcial, es decir, sólo en algunos de sus Partidos Judiciales. Por su parte, los Estados restantes se encuentran en la fase de estudios y análisis sobre la implementación contado, todos ellos, con fechas tentativas de inicio.

Los últimos dos Estados que han iniciado el proceso de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal han sido San Luis Potosí y Aguascalientes. Sin embargo, cabe destacar la actuación de este último, debido a que el trabajo del Supremo Poder del Estado de Aguascalientes1 dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y      Judicial, se ha caracterizado en todo momento por amplios estándares calidad y por un estudio profundo y consiente de los principios rectores del sistema de justicia penal,      así como del impacto y recepción que social y jurídicamente tendrá entre sus  pobladores.

Muestra de la ardua labor realizada por el Supremo Poder del Estado de Aguascalientes, es la declaratoria gradual de vigencia de inicio de del Código Nacional de Procedimientos Civiles, así como la entrada en vigor del sistema de justicia penal en el Tercer Partido Judicial del Estado, para los delitos de querella y patrimoniales no violentos, ambas cuestiones en fecha del 7 de noviembre del presente año. Asimismo, se programó un plan de implementación gradual y correctamente amortizado por todos los Partidos Judiciales Estatales, plan con el cual se cumplirá a cabalidad con el término impuesto por la reforma penal para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El Supremo Poder del Estado de Aguascalientes ha desarrollado un arduo trabajo, el cual, llevo a cabo con soltura, debido a su alto compromiso con la Federación, la participación activa de los sectores públicos y académicos, así como la ayuda de los organismos de la sociedad organizada, que en conjunto han logrado materializar las disposiciones constitucionales en el Estado de Aguascalientes.

La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Aguascalientes, es muestra de un trabajo serio, coordinado y ampliamente estudiado y analizado por la Función Pública y la sociedad civil. Lo cual, es un paso firme en la implementación de una justicia consiente y sabedora de la realidad social, así como, la concretización de un sistema jurisdiccional moderno, efectivo, eficaz y expedito, que se caracterice primordialmente por el respeto y protección de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se extienda un reconocimiento al Supremo poder del Estado de Aguascalientes: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por el sobresaliente y exitoso comienzo del proceso de armonización e incorporación del sistema de justicia penal, particularmente en el municipio de Pabellón de Arteaga, así como por la puesta en operación del centro del Centro de Mediación del Poder Judicial, lo cual permitirá una justicia más pronta, expedita y transparente.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como al Distrito Federal para que en coordinación de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, impulsen, según sus posibilidades, la total implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, y en su caso, continúen realizando las campañas de capacitación, actualización y certificación que tengan por objeto el mejoramiento técnico-profesional por parte de sus operadores jurisdiccionales del sistema de justicia penal.

Miguel Romo Medina
Senador de la República”.

1 De Acuerdo a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su Artículo 14: “El Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en  Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos  Poderes en un sólo individuo o corporación, ni depositarse el Legislativo en una  persona”. http://www.aguascalientes.gob.mx/Gobierno/Leyes/leyes_PDF/10122013_124003.pdf





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicitan investigaciones exhaustivas sobre el contrato de abastecimiento de gas etano de PEMEX Gas y Petroquímica Básica al consorcio brasileño Braskem, filial de la empresa Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI y el financiamiento de Bancomext para esta obra. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES EXHAUSTIVASSOBRE EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE GAS ETANO DE PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICAAL CONSORCIO BRASILEÑO BRASKEM, FILIAL DE LA EMPRESA ODEBRECHT,  PARA EL PROYECTO ETILENO XXI Y EL FINANCIAMIENTO DE BANCOMEXT PARA ESTA OBRA.

“La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES EXHAUSTIVASSOBRE EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE GAS ETANO DE PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICAAL CONSORCIO BRASILEÑO BRASKEM, FILIAL DE LA EMPRESA ODEBRECHT,  PARA EL PROYECTO ETILENO XXI Y EL FINANCIAMIENTO DE BANCOMEXT PARA ESTA OBRA.

Antecedentes

En el 2009, la empresa brasileña Odebrecht, a través de su filial BRASKEM,1participó en una subasta pública de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) para el abastecimiento de 66 mil barriles por día de gas Etano(materia prima para la petroquímica)para los próximos 25 años a partir de junio del 2015. Dicha subasta se llevó a cabo en 2 etapas, primero fue un proceso de pre selección donde un agente financiero distribuyo las bases de la subasta y el segundo donde los participantes prepararon su propuesta, según documentos que reporta el IFAI en versión pública2.

Cabe señalar que después de que un ciudadano solicitó la información al IFAI sobre la subasta y el contrato que PGPB firmó con el consorcio privado BRASKEM-IDESA; Pemex se negó a proporcionar la información solicitada, mientras que BRASKEM, de origen brasileño, e IDESA, de origen mexicano, recurrieron al amparo como tercer afectado para no dar a conocer la información, bajo la justificación de la confidencialidad por ser un proyecto estratégico, proceso que tuvo una duración de 3 años para obtener una versión pública.

El consorcio privado recurrió a instancias legales, bajo un amparo que presentaron en la sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Distrito Federal para que la formula económica pactada de venta y de facturar el gas etano no se diera a conocer, argumentando que de lo contrario “perderían su ventaja competitiva”.

En los dos amparos presentados, uno de cada compañía (BRASKEM e IDESA), se menciona que este proyecto es de gran interés nacional, donde los ex presidentes Felipe Calderón Y Lula Da Silva fueron testigos de honor en la firma de este contrato en Diciembre del 2009 en Cancún, para que el sello entre PGPB y Braskem se signara en Febrero del 2010, por lo que se consideró estratégico.

Finalmente en junio del 2013 se entrega una versión pública de esta información, después de argumentar que el conocimiento público de ello daña la estabilidad financiera y económica del país al difundir información que pone en riesgo la viabilidad del proyecto Etileno XXI y su consecución conforme a los objetivos planteados. Resalta que en dicha versión pública no se da a conocer los participantes en dicha subasta, sin embargo, resulta ilógico y extraño que la principal empresa en el ramo de México -Pemex Petroquímica- que por casi 50 años se ha dedicado a este negocio y que depende del abastecimiento de gas etano de Pemex Gas no haya participado en dicha subasta, quedando a merced de los vaivenes de producción y en riesgo de una dependencia del exterior que la coloca en una desventaja competitiva.

El resultado de esta dudosa subasta, fue el primer paso para que el consorcio brasileño BRASKEM asociado con la empresa mexicana IDESA anunciara la creación de un proyecto denominado ETILENO XXI, un complejo petroquímico ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, que producirá 900 mil toneladas al año de etileno y polietileno (materia prima del valor agregado de toda la cadena productiva de plástico y resinas) y que justamente le hará la competencia a los complejos petroquímicos de Pemex,  La Cangrejera, Morelos y Pajaritos.

En la versión publica, la fórmula de venta de gas etano a los brasileños aparece  en algunas partes borradas, pero comparándola con la que le aplican a Pemex Petroquímica, la cual sí es pública, se detecta que a los brasileños les van a vender el gas más barato, utilizando un “factor de descuento” con el que van a poder inclinar la balanza en el precio para que el resultado sea siempre más barato para el consorcio BRASKEM-IDESA y así poder mantener una “ventaja competitiva” contra Pemex Petroquímica y algunas otras empresas3.

Pese a que el volumen diario de gas etano para este proyecto es de 66 mil barriles por un tiempo de 25 años, queda establecido en este contrato un trato ventajoso para el comprador (BRASKEM), ya que tendrá derecho a solicitar volumen adicional, si estuviera disponible, con el propósito de crecer en el negocio o tal vez para que la empresa brasileña pueda revender el gas etano. También quedó establecido en el contrato que si Pemex incumple tendrá sanciones, sin embargo, también aparece borrada esta información.

Una vez firmado el contrato con Pemex Gas (PGPB), los empresarios brasileños recurrieron a los financiamientos nacionales e internacionales, sirviendo de aval en todo momento el contrato suscrito con Pemex. Según informes del director de Bancomext, este proyecto tiene una inversión total de 4 mil 441 millones de dólares, en el que Bancomext participa con una línea de 120 millones de dólares y como estructurador de un crédito sindicado con otros 17 bancos, entre ellos el BNDES de Brasil, SACE de Italia, EDC de Canadá, IFC del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)4.

Por lo anterior es claro que en esta estrategia de atraer inversiones extranjeras se les otorgan grandes facilidades y subvenciones, puesto que el Estado mexicano invierte recursos del erario para financiar a terceros. En contra parte a la empresa de casa, a Pemex, se le niega cualquier proyecto que genere valor agregado, por lo que resulta imperante el preguntarnos ¿por qué no tener la voluntad de utilizar las instalaciones ya construidas en Pemex Petroquímica para aumentar la producción?

En el Complejo Pajaritos y en Cangrejera se tiene toda la infraestructura para colocar otra planta de etileno e instalar una o más plantas de polietileno, lo cual tendría un costo de una cuarta parte de lo que les está costando a los brasileños construir todo un complejo.
¿Porqué dejaron de abastecer gas etano al complejo Escolin en Poza Rica y lo dejaron fuera de operación, precisamente las plantas de etileno y polietileno ya instaladas? ¿Por qué no se optó por la recuperación y modernización de Escolin?

Pemex ha declarado que no cuenta con suficiente Gas Etano para satisfacer la demanda interna, por lo que contempla en un futuro importar para poder abstecer a los propios complejos petroquimicos de Pemex ya que  tomó como prioridad satisfacer ante todo al proyecto privado Etileno XXI.

Hoy se hace publicó que la constructora Odebrecht, matriz de BRASKEM, es investigada en Brasil por corrupción en Petrobras y que actualmente concursa en la licitación mexicana de la central hidroeléctrica Chicoasen II, en donde podría ir asociada con Teya, perteneceiente a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa5, uno de los principales beneficiados con proyectos licitaciones y contratos en materia de infraestructura por parte de Peña Nieto,razón por la que debemos revisar en qué condiciones y bajo que criterios se le otorgó una concesion de gas etano por 25 años.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita a la Auditoria Superior de la Federación realice una investigación exhaustiva a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), con el fin de conocer las condiciones bajo las cuales fue firmado el contrato para abastecer de gas etano a BRASKEM – IDESA, verificando si no se incurrió en competencia desleal contra Pemex Petroquímica o alguna irregularidad en el proceso y, en caso de comprobarse, fincar las responsabilidades correspondientes

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de la Función Pública una investigación exhaustiva contra los Funcionarios o ex funcionarios de primer nivel de Pemex Petroquímica que tomaron la decisión, por acción u omisión, que condujo a la no participación de Pemex Petroquímica en la subasta pública para el abastecimiento de gas etano, así como para conocer las facilidades que los directivos de Pemex otorgaron al consorcio privado BRASKEM-IDESA para el uso de agua, suelo e infraestructura de Pemex.

Tercero.- El Senado de la República solicita a la Dirección General de Pemex un informe detallado sobre el monto económico que Petróleos Mexicanos va a erogar para satisfacer la demanda de gas al complejo Etileno XXI, así como el balance de gas etano contemplado para los siguientes 20 años(producción y venta con nombre de clientes asignados), además de informar sobre que otros apoyos de infraestructura o accesos de Pemex pondrá en disposición o bajo algún contrato o acuerdo comercial para satisfacer los servicios del proyecto privado de Etileno XXI.

Cuarto.-El Senado de la República solicita al Director de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), entregue a esta Soberanía el comparativo económico de la fórmula de venta de gas etano para el consorcio BRASKEM-IDESA y a Pemex Petroquímica en los próximos 20 años, así como el porcentaje de penalidades que pagaría PGPB en caso de no cumplir con el abastecimiento de gas etano.

Quinto.- El Senado de la República solicita al Director de Bancomext envíe un informe detallado del financiamiento que se hizo para el proyecto denominado Etileno XXI; y la información sobre si se solicitó a esa institución algún financiamiento para la rehabilitación de las plantas de etileno y polietileno de Pemex Petroquímica.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, el 4 de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 http://www.odebrecht.com/es/negocios/braskem

2 http://www.imagendelgolfo.com.mx/columna.php?id=25783

3 También se especifica que el precio de referencia del gas etano será el denominado “MontBelvieuPurityEthane (MBPN), también en la formula esta un factor de precio de referencia denominado “Henry Hub Natural Gas” (HHNG) , el tipo de cambio de pesos a dólares, la volumetría de 80% y tres factores constantes ya calculados FC1, FC2, FC3.

4 http://www.bancomext.com/columnas/5736

5 http://www.negocioselnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=404913&v=2&urlredirect
=http://www.negocioselnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=404913&v=2





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, diseñe e implemente una política integral nacional que garantice el abasto oportuno y eficiente de medicamentos en las instituciones de salud pública. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A QUE, EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA POLITICA INTEGRAL NACIONAL QUE GARANTICE EL ABASTO OPORTUNO Y EFICIENTE DE MEDICAMENTOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA.

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las   siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política Mexicana, el cual, establece expresamente “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.”

Según la Ley General de Salud en el artículo 5º, establece lo que es el Sistema Nacional de Salud en el país, el cual, tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud y está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones.

Con base en lo anterior, se entiende que el Sistema Nacional de Salud está integrado por una serie de instituciones, claramente diferenciadas según el segmento de la población a la que atienden. Es decir, la atención sanitaria se encuentra fragmentada, por ello, existen distintos tipos de beneficios y calidad en el servicio, subsisten cuotas y aportaciones diferenciadas según la institución y las condiciones del beneficiario; asimismo, tienen diferentes fuentes de financiamiento.1

Dentro de este esquema, el sistema de seguridad social es financiado de forma tripartita: aportan recursos los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución más grande, que incluye a trabajadores afiliados, pensionados, jubilados y familiares, así como los beneficiarios del programa anteriormente llamado IMSS-Oportunidades, hoy conocido como IMSS Prospera.2

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentaron el año pasado la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), la cual, proporcionó información estadística sobre la seguridad social y la cobertura de salud en México.

La encuesta arrojó que en ese año, alrededor de tres cuartas partes de la población, es decir, el 77.2% se encontraban afiliadas a una institución de salud. Asimismo, informó que de cada 100 personas, 45 estaban afiliadas al Seguro Popular, 44 al IMSS, 7 al ISSSTE y el resto a otras instituciones públicas o privadas.3

Adicionalmente, la encuesta estima que cerca de dos terceras partes de la población (62.8%) requirieron de atención médica durante el último año. En particular, de cada 100, 35 se atendieron por medio de algún programa de salud implementado por la Secretaría de Salud, 27 en el IMSS, 28 en servicios médicos privados, 5 en el ISSSTE y 5 en otras instituciones públicas.4

En este sentido, la ENESS estima que hay 91 millones de personas (77% de la población total) afiliadas a una institución de salud; 53% son mujeres y 47% hombres.

El acceso a la seguridad social es una de las políticas de gobierno que más impacto tienen en la población, gozar de un buen estado de salud es un derecho básico. Una población más sana, es también una población más productiva, es por ello que la implementación de programas públicos que cubran este tema es primordial. Ante esto el acceso al sistema de salud y la cobertura en salud son temas fundamentales para el diseño de políticas públicas.

Pese al gran Sistema de Salud existente en México, aún queda mucho por hacer. Es una realidad que la salud pública en el país se brinda en condiciones deficientes.

Los obstáculos para garantizar la protección del derecho a la salud en México están relacionados con la falta de médicos, especialistas y personal de enfermería necesarios, falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados, otros problemas son la falta de infraestructura hospitalaria y de recursos materiales aunado a un número insuficiente de camas, carencia de medicamentos y falta de infraestructura hospitalaria, sobre todo en las zonas rurales.

En México todavía no se alcanza el nivel que se requiere para cumplir con un servicio integral de salud y aún existen muchas carencias a superar en este sector.

Para ejemplificar, la Directora de Proyectos Estratégicos de Medicamentos de la Secretaría de Salud, declaró que las instituciones de salud públicas no tienen suficientes medicamentos para atender la demanda de los derechohabientes.5

Indicó que su afirmación es hecha con base en la evaluación de surtimiento de medicamentos que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la cual, arrojó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un 86.5% del surtimiento en medicamentos, mientras el ISSSTE un 68.7% y los atendidos en las unidades de los Servicios Estatales de Salud (SESA), afiliados o no al Seguro Popular (SP), 66.9 y 62.2%, respectivamente.6

Lo anterior muestra una problemática más que aqueja al sector salud del país, si bien, en México existe una cobertura de acceso a la protección de la salud, ésta no es efectiva.

En el sexenio pasado, el abasto de medicamentos mejoró en las unidades de atención ambulatoria, no así en los hospitales. Mientras que en las unidades de IMSS-Oportunidades ha sido posible surtir hasta 94.3% de las recetas expedidas por sus médicos, los servicios estatales de salud apenas lograron 61.2%.7

Ante esto, la Administración Federal pasada se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo a implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

Por el contrario, el Gobierno Federal actual sólo plantea garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros, sin embargo, no establece implementar programas orientados a suministrar la demanda de medicamentos.

Ante este panorama poco alentador, los usuarios que no logren obtener todos los medicamentos recetados en los servicios públicos de salud tendrán que comprarlos en farmacias privadas, incurriendo en gastos de bolsillo. Esto afecta la economía de los hogares, especialmente en aquellos de menores ingresos, pudiendo generarles gastos que no están dentro de su alcance.

En ese sentido, es urgente que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud implemente una política pública o un programa que promueva el suministro oportuno de medicamentos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implementen una política integral nacional que garantice el abasto oportuno y eficiente de medicamentos en las instituciones de salud pública.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

Sen. David Monreal Ávila”.


1 Carbonell José. (2013). El Gasto Público en Salud. Incidencia Distributiva y Equidad [en línea]. En. El Derecho a la Salud: una propuesta para México. Biblioteca Jurídica Virtual. Universidad Autónoma de México. México. (pág. 49-55). Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3274/6.pdf [consulta 27 de Noviembre de 2014].

2 Ibídem.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) [en línea]. México. 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2014/Abril/comunica8.pdf [consulta 01 de Diciembre de 2014].

4 Ibídem.

5 Vitela N (2014, 25 de noviembre). Admite sector público falta de medicamentos. El Reforma. pp. 15.

6 Instituto Nacional de Salud Pública. Surtimiento y gasto en el acceso a medicamentos en instituciones públicas:asignaturas pendientes [en línea]. México. 2012. Disponible en: http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/SurtimientoMedicamentos.pdf [consulta 01 de Diciembre de 2014].

7 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 [en línea]. México. 2007. Disponible en: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf  [Consulta 01 de Diciembre de 2014].





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a instrumentar las acciones necesarias a fin de hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación.







 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar un capítulo al Plan Nuevo Guerrero. Se turna a la Comisión de Desarrollo Regional.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PAR QUE A TRAVES DE la SecretarIa de Hacienda y CrEdito PUblico SE INCLUYA a las regiones conocidas como “Tierra Caliente” y “Norte” del estado de Guerrero, en un capítulo adicional del Plan “Nuevo Guerrero”

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Antecedentes

● El martes 27 de noviembre solicité mediante un Punto de Acuerdo, se etiquetarán recursos en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero; sin embargo fue desechado.

● El 11 de diciembre de 2012, presenté ante esta soberanía, una atenta solicitud a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013, se contemplara una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en el municipio de Iguala, Guerrero. Solicitud que fue atendida, y aprobada el 7 de marzo de 2013, con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico de la región. Cabe señalar que ya se cuenta con un proyecto ejecutivo.

● Durante el segundo periodo extraordinario del primer año de la presente legislatura (14/08/2013), presenté ante la Comisión Permanente, un exhorto al Ejecutivo Federal para etiquetar en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2014, recursos para la modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-Chilpancingo, en el estado de Guerrero; mismo que no fue atendido, y después del plazo perentorio, precluyó.

● En esa misma fecha, en conjunto con mi compañero senador René Juárez Cisneros, presentamos Punto de Acuerdo, con el propósito de exhortar al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemplarán recursos para la realización del análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción de la presa “Los Sabinos” en el municipio de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, con el propósito de abastecer de agua y fomentar el desarrollo agrícola y pesquero de la región; solicitud que al no ser dictaminada por la Tercera Comisión, expiró.

● El 28 de agosto de 2013, presenté ante el pleno de esta soberanía, una proposición con Punto de acuerdo para que en la región conocida como “Tierra Caliente” se llevaran a cabo acciones enfocadas a reactivar la economía y a restaurar de manera efectiva el tejido social y, que contaran con el apoyo de la gente, para poder así abatir los rezagos existentes. Mismo que fue dictaminado y aprobado por la Comisión Permanente del Congreso en agosto del mismo año.

● El jefe del Ejecutivo Federal, presentó el “Plan Nuevo Guerrero”, que incluye una serie de acciones diseñadas para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana. Considera proyectos de alcance municipal, estatal y regional que detonarán inversiones hasta por 61 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos que habrán de destinarse a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

● Siendo jueves 14 de noviembre de 2013, mediante un Punto de Acuerdo, presenté un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados,para que se destinaran recursos en el Presupuesto Federal de Egresos de2014 (PEF 2014), con el objeto de llevar a cabo la modernización de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. Mismo que a pesar de no haber sido dictaminado por la Comisión, se incluyó en las obras proyectadas el PEF 2014 en el anexo 35.1Ampliaciones en Infraestructura, Carreteras, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, lo solicitado, únicamente para el tramo de 20 kms. comprendido conocido como: La Magdalena-Acachautla, es decir, solo se autorizaron recursos para el 10% de los 184 kilómetros que comprenden la totalidad de esa importante vía.

● Con esa misma fecha, presenté un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para destinar recursos en el Presupuesto Federal de Egresos de 2014, y hacer posible la construcción y mantenimiento de la carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán, en el estado de Guerrero. El cual no fue dictaminado por dicha instancia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de Guerrero, para su mejor atención y ubicación, ha sido cotidianamente dividido en siete regiones geo-económicas y culturales.

Tierra Caliente

La región de Tierra Caliente, comprende 24 municipios de tres entidades de la República Mexicana; esta región comprende nueve municipios de Guerrero: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro; en ella habitan aproximadamente más de 250 mil guerrerenses.

Región Norte de Guerrero

Por su parte, la región Norte, implica a 16 municipios: Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano y Tetipac. Cerca de medio millón de personas viven en ella.

Ambas regiones acumulan cerca de 735 mil mexicanos que viven en una situación de emergencia desde hace décadas, aproximadamente el 40% de quienes habitan esta importante región, sufren de carencia por acceso a la alimentación, en otras palabras, su ingreso no les alcanza para comer, ni para contar con una vivienda digna o por lo menos con los servicios básicos en ella. Estas circunstancias entre otras, generan un importante rezago educativo ya que el grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, no terminan siquiera la educación primaria, lo que genera un círculo vicioso que perpetua la pobreza.

El atraso existente en esta zona en relación con el desarrollo promedio del país, de por sí ya bajo, nos da cuenta por ejemplo, de que el 20 % de las casas en el 2010 poseían piso de tierra, lo que significa más del triple del promedio nacional; el 55 % de las viviendas no contaban con agua potable, es decir, muy por encima del 8 % que es la media nacional, y casi un 84 % de la población carece de acceso a servicios de salud.

Cabe resaltar que de estos 25 municipios, solo cuatro fueron tomados en cuenta en el planteamiento original de la Cruzada Nacional Sin Hambre planteada en beneficio de 400 municipios a nivel nacional, Estos cuatro municipios, su población representa menos del 7% del total de Guerrero y sería la única que se vería beneficiada en caso de cumplirse a cabalidad lo planteado en el programa.

La Cruzada está integrada por 70 programas federales y, de acuerdo con la información pública difundida por la SEDESOL, la estrategia se concentrará, en una primera etapa, en 400 municipios para extenderse luego a todo el territorio nacional.

Debido a que la Cruzada tiene como uno de sus objetivos principales eliminar el hambre de la población en pobreza extrema de alimentación, la evaluación de la estrategia se avocará a valorar el cumplimiento gradual de dicho objetivo entre la población objetivo, la cual, como ya se ha señalado, en 2010 ascendía a 7.4 millones de personas a nivel nacional.

De la misma forma, el Plan Nuevo Guerrero, es un gran acuerdo político nacional de amplio beneficio social para la entidad, diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana. Considera proyectos de alcance municipal, estatal y regional que detonarán inversiones hasta por 61 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos que habrán de destinarse a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El Plan, promoverá el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos, a partir de tres grandes ejes: inversión en infraestructura, proyectos sociales para la productividad, y financiamiento y coordinación de políticas públicas.

Primer eje: se consideran distintas obras de infraestructura, como el desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas, en la Costa Grande de Guerrero, hasta el Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán; la autopista Intercostera, que conecte desde Michoacán hasta Puerto Chiapas; la autopista Puebla-Tlapa-Marquelia, en la Montaña y la Costa Chica; y el camino Filo Mayor en la Sierra de Guerrero; la mejora de los accesos y libramientos de la Autopista del Sol; la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Papagayo; la modernización de la infraestructura del puerto de Acapulco; y la modernización de los distritos de riego de la región de la Tierra Caliente y la zona norte de Guerrero.

Segundo eje: además Acciones para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas y promover, de manera destacada, proyectos productivos para desplegar las capacidades y habilidades de los guerrerenses en actividades como el turismo, comercio, agricultura y manufacturas.

Tercer eje: esquemas de potenciación del Fonden, así como asignaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Además, se alinearán los recursos de los programas presupuestarios de las dependencias para atender las necesidades de este Plan.

Las cifras anteriores demuestran el nivel de abandono que sufren nuestros hermanos de estas regiones, si esto fuera poco, el nivel de violencia e inseguridad que padecen actualmente, exige que las autoridades de todos los niveles actúen de manera inmediata y coordinada con programas permanentes que ofrezcan posibilidades reales de ser factor a la población de coadyuvar junto con la autoridad en pro de su desarrollo, programas que estén enfocados a atender las necesidades más urgentes de alimentación, salud, vivienda y trabajo digno de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incluya a las regiones conocidas como “Tierra Caliente” y “Norte” del estado de Guerrero, en un capítulo adicional del Plan “Nuevo Guerrero” para que se reactive la economía y la dinámica social y se ayude a restaurar de manera efectiva el tejido social y que permita combatir con el apoyo de la gente, los rezagos existentes.

Por lo que se proponen las siguientes obras:

A) Saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en el municipio de Iguala, Guerrero. con base en el proyecto ejecutivo ya existente.

B) Modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-Chilpancingo, en el estado de Guerrero;

C) Remoción de la Caseta de cobro con sede en Iguala de la carretera de cuota: Cuernavaca-Iguala.

D) Modernización, ampliación a tres carriles de la carretera Taxco-Iguala con entronque en la comunidad de Platanillo, Guerrero y construcción del libramiento  de la misma en Iguala.

E) Realización del análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción de la presa “Los Sabinos” en el municipio de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero;

F) Modernización de la totalidad de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero;

G) Construcción y mantenimiento de la carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán, en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
El 4 de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a que, en coordinación con sus homólogas estatales, diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS, POLITICAS O ESTRATEGIAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas de 60 a 74 años, son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90, viejas o ancianas y las que sobrepasan los 90, se les denomina grandes viejos o grandes longevos.1

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera a un anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 años para los países en desarrollo, cuestión que se retoma en México.2

México cuenta con una ley federal para proteger a las personas de la tercera edad, denominada “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, dicha norma jurídica es de suma importancia para la igualdad de las personas pues se debe recordar que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el país existen 11.7 millones de personas  mayores de 60 años, lo que representa el 9.7% de la población nacional.3

El artículo cuarto de dicha Ley, establece la necesidad de garantizar a las personas de la tercera edad una vida digna, autónoma, de equidad, participativa y de atención preferente, en la que el gobierno tiene la obligación de apoyar mediante los diferentes institutos federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus facultades y atribuciones.

Sin embargo, dicha ley en la práctica es letra muerta, ya que de las diversas problemáticas a la que se enfrentan los adultos mayores la falta de atención médica y la violencia a la que están expuestos son las que imperan en dicho sector de la sociedad, al respecto el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición asegura que un promedio de 16% de los adultos mayores mexicanos sufre algún grado de maltrato físico, psicológicos o robo de sus bienes.4

Asimismo, el estudio “Prevención de caídas en el adulto mayor en el primer nivel de atención en México”, elaborado por la Secretaría de Salud Federal (SSA), señala que el 62% de los accidentes de un adulto mayor ocurre en casa y 26% en la vía pública, la mayoría de los cuales requieren hospitalización.5

Por si esto no fuera suficiente, cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México muestran que las personas adultas mayores integran el cuarto grupo de población más vulnerable en el país.6

Es importante mencionar que durante la etapa de envejecimiento, se experimenta fisiológicamente y en lo progresivo del decline en funciones orgánicas y psicológica, como lo puede ser la perdida de capacidades cognitivas y sensoriales, que se manifiestan de forma distinta en las personas adultas mayores.

Por tal razón, es de suma importancia mencionar que existe una rama de la Salud que estudia en específico el comportamiento de esta etapa de la vida denominada geriatría, después de los sesenta años cumplidos, como son los procesos de envejecimiento, su epidemiologia, las fisiopatologías, los síndromes y cuidados paliativos.

Sin embargo, en el país se forman 1.3 especialistas por cada 1,000 habitantes, si se revisa a detalle se observa que por cada millón de habitantes existen tan solo 2 geriatras, lo que se complica aún más por el acrecentamiento de adultos mayores en cada año.7

Datos del Instituto Nacional de Geriatría señalan que existen 11,200,783 adultos mayores, de los cuales 2,802,549 son personas con discapacidad totalmente dependientes; el panorama a futuro es más complejo, pues las proyecciones indican que la población de adultos mayores se cuadruplicara en 50 años.8

Es evidente que los adultos mayores requieren de mayor atención en lo que a salud respecta, pues son el sector más vulnerable para las enfermedades y es necesario pugnar por mejores políticas públicas, pues en el futuro cuando pertenezcamos a ese sector no abra oportunidad de queja por la ausencia de programas sociales.

Para poner un ejemplo más claro, el Consejo Nacional de Población (Conapo), proyecta que para 2030 en México habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y veinte años después de eso, tres de cada 10 personas tendrán más de 60 años.

Las determinantes sociales de la Salud y las circunstancias en la que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen, y los medios o facilidades para combatir sus enfermedades, juegan un papel importante en la salud de los adultos mayores.

El punto importante es la accesibilidad de los servicios de salud, no solo se trata a la cercanía, si no que se debe considerar si el adulto mayor se encuentra en condiciones para acudir por su propio pie a los servicios o si debe contar con apoyo para que lo transporten.

Derivado de lo anterior, y teniendo en cuenta que la atención a los adultos mayores no debe esperar a futuro, sino se debe trabajar en el presente inmediato, la prevención se convierte en el verdadero reto que aplica para todas las generaciones y etapas de la vida por lo cual someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores.

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, así como a sus homologas estatales, para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República,
el 4 de diciembre de 2014.

Sen. David Monreal Ávila”.

1 Secretaria de Salud 2010. Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor, [En línea] Disponible en :http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/publicaciones/2011/monografias/P_EPI_DEL_ADULTO_MAYOR_EN_MEXICO_2010.pdf

2 Íbidem.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas de Edad 01 de octubre de 2014, [En Línea] Disponible en : http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/adultos0.pdf

4 Envejecimiento y Salud: el estado de los adultos mayores en México, los retos para la prevención y la promoción del envejecimiento sano y activo. Instituto Nacional de Geriatría. Secretaría de Salud. Abril 10, 2013 [En línea] Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf

5 Consejo de Salubridad General, Prevención de Caídas en el Adulto Mayor en el Primer Nivel de Atención, Guía Práctica [En Línea] Disponible en : :http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/134_ISSSTE_08_caidas_adultomayor/EyR_ISSSTE_134_08.pdf

6 Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, (ENADIS, 2010) Resultados sobre Personas Adultas Mayores, [En línea] Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-PAM-Accss.pdf

7 Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevencion y Promocion de la Salud, [EN línea] Disponible en: http://www.spps.gob.mx/avisos/1550-estado-de-salud-de-adultos-mayores-.html

8 Envejecimiento y Salud: el estado de los adultos mayores en México, los retos para la prevención y la promoción del envejecimiento sano y activo. Instituto Nacional de Geriatría. Secretaría de Salud. Abril 10, 2013 [En línea] Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el cual el Senado felicita al Ejecutivo Federal por haber sido distinguido con el reconocimiento “Global Partner Award” otorgado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, otorgado por su pronta y eficaz respuesta ante las afectaciones causadas por el huracán Manuel, en la comunidad La Pintada del Municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO FELICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO,POR HABER SIDO DISTINGUIDO CON EL RECONOCIMIENTO “GLOBAL PARTNERAWARD” OTORGADO POR EL INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACIONES (UNITAR), OTORGADO POR SU PRONTA Y EFICAZ RESPUESTA ANTE LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR EL HURACAN MANUEL, EN LA COMUNIDAD LA PINTADA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO; Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DICHA SECRETARIA A CONTINUAR CON EL MISMO EMPEÑO, LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR DICHO FENOMENO NATURAL Y EL HURACAN INGRID EN EL ESTADO DE OAXACA Y EN LAS ENTIDADES EN DONDE IGUALMENTE SE REGISTRARON DAÑOS

“El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado felicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,por haber sido distinguido con el reconocimiento “Global PartnerAward” otorgado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), otorgado por su pronta y eficaz respuesta ante las afectaciones causadas por el huracán Manuel, en la comunidad La Pintada del Municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero; y exhorta respetuosamente a dicha Secretaría a continuar con el mismo empeño, los trabajos de reconstrucción en las comunidades afectadas por dicho fenómeno natural y el huracán Ingrid en el Estado de Oaxaca y en las entidades en donde igualmente se registraron daños; al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El 27 de noviembre del año en curso, en Ginebra, Suiza, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar) entregó al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el reconocimiento internacional “Global PartnerAward”. De esa forma, Unitar reconoce “a quienes han contribuido al desarrollo económico y social de las sociedades y que han trabajado arduamente para avanzar hacia el logro de los objetivos de        Unitar”, específicamente, en reconocimiento a las acciones que se han realizado en materia de vivienda principalmente enzonas pobres o que han sufrido desastres naturales.

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar) es un órgano autónomo de las Naciones Unidas creado en 1965 con el fin de mejorar la eficacia de la Organización a través de la formación profesional y la investigación. Su visión es "Un mundo en el que el conocimiento facultado personas, instituciones y organizaciones a lograr resultados para superar los retos globales"; tiene como objetivo que el Instituto se refleje como una unidad orientada a resultados y la programación para desarrollar las capacidades de las personas, instituciones y organizaciones con el fin de superar los retos globales. Sus funciones básicas son diseñar y ofrecer una formación innovadora para abordar las necesidades de las personas, organizaciones e instituciones;  facilita el conocimiento y de intercambio de experiencias a través de procesos en red e innovadores; lleva a cabo investigaciones sobre los pilotos innovadores y estrategias de aprendizaje , enfoques y metodologías ; y asesora y apoya a los gobiernos, las Naciones Unidas y otros asociados con los servicios relacionados con los conocimientos de base tecnológica.1

En el caso específico, se reconoció la extraordinaria transformación de la comunidad de La Pintada del municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero, severamente afectada por el huracán Manuel en septiembre de 2013.

Efectivamente, a mediados del mes de septiembre de 2013, coincidieron dos fenómenos meteorológicos en el país, los huracanes Manuel e Ingrid, que impactaron el Océano Pacífico y el Golfo de México, simultáneamente2.

El Estado de Guerrero fue declarado en emergencia por las autoridades federales, pues el huracán Manuelcausó un número indeterminado de muertes, dos mil damnificados, 21 mil viviendas sin energía eléctrica y severas inundaciones. También resultaron afectados por el mismo Huracán, los Estados de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, entre otros, mientras el huracán Ingrid azotaba el Golfo de México, afectando los Estados de Tamaulipas y Veracruz.

En el caso de Guerrero, la comunidad más afectada fueLa Pintada, en el municipio de Atoyac de Álvarez, provocando el reblandecimiento de tierra y el posterior deslave de un cerro que causó pérdida de vidas humanas y decenas de casas sepultadas.

Tras estos hechos, el Ejecutivo Federal, a través de Sedatu realizó trabajos de reconstrucción de La Nueva Pintada. De acuerdo con información de dicha Secretaría se planificó atender a los damnificados, “se capacitó a 400 de sus habitantes para que trabajaran en diferentes actividades en la reconstrucción de sus propios hogares; se construyó una alberca, una escuela, carpintería, taller de soldadura, panadería, tortillería, estética y un comedor, entre otras cosas”.

Conforme a datos obtenidos por la Coordinación General de Protección Civil,ambos fenómenos afectaron regiones en veintiséis entidades: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Oaxaca, más de mil 200 personas fueron afectadas en el Istmo de Tehuantepec por los desbordamientos de ríos a causa de las lluvias provocadas por estos fenómenos. En la Costa, al menos unos 77 municipios sufrieron afectaciones por los cuatro días consecutivos de lluvias, entre ellos Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Juchatengo, Santa Catarina Juquila, San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala, Santa María Temaxcaltepec y San Pedro Tututepec, entre otros.

La presente proposición tiene como finalidad destacar el reconocimiento internacional otorgado al Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por la pronta y eficaz respuesta institucional ante las afectaciones causadas por estos embates naturales; y además, proponer se exhorte a dicha Secretaríapara que continúe con el mismo empeño, los trabajos de reconstrucción en las comunidades que sufrieron afectaciones por los referidos fenómenos naturales en el Estado de Oaxaca y en las entidades que también sufrieron daños.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente proyecto de

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República felicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por haber sido distinguido con el reconocimiento “Global Partner Award” otorgado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), otorgado por su pronta y eficaz respuesta ante las afectaciones causadas por el huracán Manuel, en la comunidad La Pintada del Municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a continuar con el mismo empeño, los trabajos de reconstrucción en las comunidades afectadas por dicho fenómeno natural y el huracán Ingriden el Estado de Oaxaca y en las entidades en donde también se registraron daños.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.


1 Página de Unitar, consultada el 30 de noviembre de 2014 en: http://www.unitar.org/

2 Reporte anual 2013 del Servicio Meteorólogico Nacional, CNA, pág. 12. Huracanes Ingrid (12-17 sep.) y Manuel (13-20 sep), Categoría Uno Escala Saffir-Simpson. El huracán Ingrid se formó en aguas cálidas del Golfo de México - al norte de Tabasco-, entró a tierra entre los límites de Tamaulipas y Veracruz y finalmente se degradó en el sur de Tamaulipas. Los principales reportes de precipitación incluyeron 576 mm en Temamatla, S.L.P. (la cuarta parte de su lluvia promedio anual), 564 mm en Puerto de Valles, Tamps., (la mitad de su lluvia promedio anual) y 505 mm en Tuxpan, Ver., (la tercera parte de su lluvia anual) en los seis días de duración del evento. El huracán Manuel impactó en dos ocasiones las costas del Pacífico Mexicano, propiciando temporal lluvioso. En su primera incursión como depresión y tormenta tropical dejó lluvias acumuladas entre el 13 y 16 de septiembre de hasta 840 mm en Coyuca de Benítez, Gro., (60% mayor que su promedio anual) y también afectó a Michoacán, Colima y Jalisco, regresó al mar donde se fortaleció como huracán e impactó el norte de Sinaloa el día 19, sus remanentes se desplazaron hacia Chihuahua un día después. Los reportes de lluvias entre el 17 y 19 de septiembre incluyen 412 mm en Culiacán (60% de su lluvia media anual) y 348 mm en Badiraguato (40% de su lluvia media anual). Manuel provocó inundaciones y severos daños a la infraestructura en general (Fig., 14), pero también recuperó la humedad del suelo y la recarga de acuíferos y presas. La ocasión anterior que dos ciclones tropicales afectaron simultáneamente al país en ambos litorales como sucedió con Ingrid y Manuel ocurrió cuando las tormentas tropicales Alma en el Atlántico y la Número Dos en el Pacífico arribaron entre el 13 y 16 de junio de 1958.
Datos obtenidos el 30 de noviembre de 2014 en:
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2013.pdf





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas instancias a dar seguimiento al caso del albergue La Gran Familia. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A DAR SEGUIMIENTO AL CASO DEL ALBERGUE LA GRAN FAMILIA.

“Quien suscribe, senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A DAR SEGUIMIENTO AL CASO DEL ALBERGUE LA GRAN FAMILIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado mes de julio, conocimos públicamente, las diversas irregularidades que venían ocurriendo por más de 40 años en el albergue de Michoacán “La Gran Familia” operado por Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa.

Fue llevado a cabo un operativo por parte de la Procuraduría General de la República en ese albergue, dado de alta como una asociación civil sin fines de lucro, en él, vivían seis bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 hombres.

Cabe hacer mención que este albergue contaba con reconocimiento de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública y por otro lado, el DIF estatal, la alcaldía de Zamora e incluso la Procuraduría de Justicia le entregaron niñas y niños o que vivían alguna situación de vulnerabilidad.

En su oportunidad, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que en el albergue de “La Gran Familia” las niñas, niños y adolescentes vivían en condiciones insalubres, y con denuncias de maltratos, abuso sexual y privación de la libertad.

Las condiciones de vida de las y los albergados eran del dominio público desde hace años, en ese sentido, la PGR informó de la existencia de cinco denuncias, en la que madres y padres acusaban al albergue de no entregar a sus hijas e hijos, por lo que esta autoridad en uso de sus facultades ingresó al albergue mediante una orden de cateo, para verificar las condiciones en que se encontraban.

Llama la atención que la señora Verduzco registraba a las y los niños que nacían dentro del lugar como sus hijos, y firmaba un contrato con quienes internaban a sus hijos, para especificar el régimen de visitas, que en caso de incumplimiento llevaba a la pérdida de la patria potestad.

Debemos destacar que esta casa hogar recibía apoyos gubernamentales, así como importantes beneficios y donativos de particulares, aunque la supervisión indispensable en este tipo de instituciones resultó inexistente.

Posterior al operativo efectuado por la PGR, el albergue fue clausurado, y seis de los ocho colaboradores de la Señora Verduzco fueron detenidos y enfrentan cargos por los delitos de secuestro y trata de personas, mientras que ésta fue considerada como inimputable con base en un estudio médico, patológico y psicológico, que determinó que por su avanzada edad y estado de salud, no se le puede fincar responsabilidad penal.

102 niñas y niños albergados, fueron remitidos el DIF estatal, así como en las instalaciones del Centro Michoacano de Salud Mental reconvertido en albergue infantil, además se buscó la reunificación con sus familias en los supuestos procedentes para su interés superior.

Preocupa el seguimiento que las autoridades están dando a este caso, así mismo, diversos medios han dado a conocer que la Señora Verduzco ha vuelto a albergar en su domicilio particular a cinco personas y que “a diario llegan jóvenes de la calle o de escasos recursos al almuerzo”1 situación que podría dar pie nuevamente a la instalación de otro albergue al margen de la ley.

Lo anterior permite concluir que aún persisten omisiones en la operación de albergues no registrados y que no se están asegurando los derechos de niñas niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono.

Hay que tener presente que las niñas y niños institucionalizados en el Sistema DIF o los Sistemas de las Entidades deben ser colocados, dadas las características específicas de cada caso, en centros de asistencia social, el menor tiempo posible, y como un último recurso.

Es aplicable la observación que el Comité de los Derechos del Niño en el año 2006, efectuó a nuestro país, pues externó su preocupación por la falta de información sobre el número y las condiciones de vida de los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones. Este Comité, recomendó al estado mexicano, reforzar las medidas vigentes para evitar la separación de los niños de sus familias y adoptar medidas eficaces para evaluar el número y las condiciones de vida de los niños que viven en instituciones, incluyendo las administradas por el sector privado. También recomendó, reforzar las acciones de capacitación del personal y asignar mayores recursos a los órganos pertinentes.

Por tanto y en mérito de lo expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular dela Procuraduría General de la República a informar sobre las sanciones a las personas responsables de los hechos delictivos y que constituyen violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes quienes vivían en este albergue.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF a verificar si la Señora Rosa Verduzco alberga personas en situación de abandono, nuevamente en su domicilio.

Dado en el Cámara de Senadores, el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el anunciado incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo, en enero del 2015 y, en su lugar, adoptar un nuevo criterio y determinar los precios de los combustibles tomando como referente el más bajo de los ofertados en la Unión Americana. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO CON MOCION DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCION, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A FIN DE QUE NO APLIQUE EL ANUNCIADO INCREMENTO ACUMULADO DEL 3% CONOCIDO COMO GASOLINAZO EN ENERO DEL 2015 Y, EN SU LUGAR, ADOPTE UN NUEVO CRITERIO Y SE SIRVA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES TOMANDO COMO REFERENTE EL MAS BAJO DE LOS OFERTADOS EN LA UNION AMERICANA.

“El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FIN DE QUE NO APLIQUE EL ANUNCIADO INCREMENTO ACUMULADO DEL 3% CONOCIDO COMO GASOLINAZO EN ENERO DEL 2015 Y, EN SU LUGAR, ADOPTE UN NUEVO CRITERIO Y SE SIRVA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES TOMANDO COMO REFERENTE EL MÁS BAJO DE LOS OFERTADOS EN LA UNIÓN AMERICANA, con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES

México es uno de los principales países productores de petróleo en el mundo. Sin embargo, esa circunstancia no se ha visto reflejada en el bolsillo de los ciudadanos. Como es bien sabido, en los últimos años la política económica se ha traducido en constantes incrementos en los precios de los combustibles, en particular de las gasolinas. Los hidrocarburos deben ser la palanca del desarrollo nacional a largo plazo con base en la utilización racional de los recursos provenientes de su explotación. La ventaja que significa el contar con enormes yacimientos dentro de nuestro territorio se ha de traducir por igual en que las y los mexicanos disfruten de la disponibilidad de combustibles a precios razonables. El beneficio que significa el privilegio de nuestros recursos naturales debe permitir a las familias, a la industria y al campo gozar de precios accesibles en los combustibles.

El precio final a los consumidores de las gasolinas tiene varios componentes. Además de los costos y márgenes de comercialización y transporte; del pago de impuestos y derechos; la referencia principal radica en el precio internacional del petróleo. Para determinar dicho precio se toma en cuenta el mercado de hidrocarburos más próximo que es el del Golfo de México de la costa atlántica del Estado de Texas en los Estados Unidos de América. De esta forma, los precios presentan una elasticidad en función de los altibajos en el mercado internacional de hidrocarburos. Sin embargo, en los últimos días producto de la contracción económica en Europa, China y en menor medida en los Estados Unidos de América, se ha registrado una caída en los precios del petróleo. En su última reunión celebrada esta semana, la Organización de Países Productores de Petróleo OPEP acordó mantener el nivel de producción, lo que hará que persista la tendencia a la baja en los precios del petróleo. Lo anterior se ha de reflejar en los precios finales de las gasolinas para el público mexicano.

Los habitantes de la República atraviesan por una situación difícil derivada en parte de los efectos adversos del entorno externo y agudizada en el corto plazo por medidas fiscales que inhiben la producción de bienes y servicios y contraen la demanda. En foros diversos la ciudadanía ha manifestado su inconformidad con el nuevo régimen fiscal. Organizaciones de productores han solicitado mayor racionalidad y sentido económico en el establecimiento de impuestos y de obligaciones fiscales. A los trabajadores les está afectando el hecho de que ya no se puedan deducir diversas prestaciones de las que venían gozando, en particular los vales de despensa. En la frontera norte, el incremento del Impuesto al Valor Agregado al fijarlo en una tasa del 16% ha producido la quiebra de miles de establecimientos y colocado a toda la región en una situación desfavorable con los estados colindantes de la Unión Americana. Es importante destacar el panorama anterior para ilustrar la necesidad de que los precios de las gasolinas reflejen la caída del mercado internacional de hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una nueva lógica en materia de precios de combustibles. Se dio a conocer que se dejaría atrás el esquema de incrementos parciales mensuales para introducir un nuevo mecanismo. Ahora se tiene planeado establecer un solo aumento en el mes de enero que estará vigente en todo el resto del año. Se tiene noticia de que el incremento en el precio será del orden aproximadamente del 3%. Al mismo tiempo, el titular de dicha dependencia ha manifestado que existe la posibilidad de modificar el régimen tributario aplicado hasta la fecha en nuestro país. Los pronunciamientos y avisos anteriores crean las condiciones y el espacio para llevar a cabo una reflexión más amplia en torno a los precios de las gasolinas y su funcionalidad en el marco integral de la economía mexicana.

En momentos en que la economía mexicana se encuentra con tendencia decreciente, lo más prudente es tomar medidas que sin vulnerar de manera importante los ingresos del Estado permitan estimular las actividades productivas y fortalecer la demanda de los consumidores. En reiteradas ocasiones, sin embargo, diversos entes especializados han tenido que modificar a la baja sus estimaciones en las proyecciones sobre el volumen del Producto Interno Bruto. El cada vez más reducido crecimiento en México debe traducirse en un llamado para tomar medidas responsables que nos alejen del estancamiento económico. En efecto, el mayor riesgo que se avizora para el país consiste en caer en una recesión. Cuando se presenta esta circunstancia del nulo crecimiento por un periodo mayor de tres meses los daños a la economía son prácticamente irreversibles y las medidas para recobrar la activación económica son más costosas principalmente para las familias de los que menos tienen, indígenas y trabajadores del campo. Por ello es importante fijar los precios de las gasolinas inscribiendo dicha decisión en el propósito de mantener a flote la economía nacional.

Para estos fines, resulta útil la experiencia que se ha tenido en los estados que colindan con la Unión Americana. Para la región fronteriza norte se tomó la decisión de fijar los precios de los combustibles tomando como referencia los ofertados en los estados vecinos del Norte. Lo anterior ha permitido que, a diferencia del interior de la república, en la frontera los precios presenten un cuadro similar en su comportamiento al que se observa en la región más próxima al otro lado de la línea divisoria. Esta circunstancia de gozar de precios razonables de las gasolinas ha permitido aminorar los efectos adversos provenientes de otras áreas de la economía. La presente proposición tiene la finalidad de introducir en beneficio del resto del país una lógica de precios acorde con la visión de crecimiento económico y desarrollo nacional a largo plazo.

Es importante destacar que a pesar de que México como ya se dijo es uno de los principales productores de petróleo, las y los mexicanos pagamos gasolinas más caras que en cualquier plaza de los Estados Unidos de América. Con excepción de la región de la frontera norte de nuestro país, por lo general un mexicano paga precios de las gasolinas muy por encima de los prevalecientes en la Unión Americana, sin que los habitantes de nuestra República gocen del mismo poder adquisitivo de nuestros vecinos.

A diario vivimos la paradoja de que, por ejemplo, habitantes de los estados con mayores rezagos sociales como Oaxaca o Chiapas pagan por las gasolinas aproximadamente 40% más de lo que cubren los habitantes de ciudades como Nueva York o Boston. Los habitantes del resto del país están pagando todos los días en entre $2,70 hasta $3,50 más de lo que destinan por litro de gasolina los habitantes de la frontera norte del país ya que en dicha región los precios, con sentido y racionalidad económicas, se determinan tomando en cuenta a las ciudades espejo de la línea divisoria. El amplio diferencial en los precios de las gasolinas es una de las barreras principales que impide a los mexicanos ser competitivos en el mundo globalizado del Siglo XXI.

El 31 de julio del 2013 apareció en la Gaceta de este Senado una iniciativa del suscrito. La misma contiene la propuesta de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la Ley del Banco de México para el efecto de que el banco central, en ejercicio de su atribución y deber de contener la inflación, haga una ponderación sobre el precio de las gasolinas en función de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. En la Exposición de Motivos esgrimimos los argumentos siguientes, todavía válidos:

“La H Cámara de Diputados, a través de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, llevó a cabo el estudio denominado Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diesel en México, 2007, 2013 el cual revela que los incrementos mensuales desde enero del 2007 acumulan un aumento de 69.6 por ciento al litro de Magna y de 44.7 por ciento en el caso de Premium. El valor del diesel se ha incrementado 106.4 por ciento. Estos aumentos afectan el poder de compra de la población. El mismo estudio indica que la compra de gasolina absorbe 3.4 por ciento del ingreso por persona. Casi el triple de lo que eroga un habitante de cualquier país desarrollado. Mientras que en México una persona destina 3.4 por ciento de su ingreso a la compra de gasolina, en el Reino Unido y Argentina tienen una relación gasto ingreso de 1.8 por ciento; Alemania e Italia reportan 1.4 por ciento; Chile 2.4 por ciento; Francia 0.7 por ciento; España 0.9 por ciento; Brasil 1.2 por ciento y China 1.7 por ciento del ingreso per cápita usado para comprar gasolina.”1

La escalada de precios se observa en el cuadro siguiente:

Precios 2007/ Noviembre de 2014.

Combustible

Precio 2007

Precio Nov. 2014

Premium

8.31 pesos

14 pesos

Magna

6.76 pesos

13.22 pesos

Diesel

5.73 pesos

13.83 pesos

Todos los países por igual adoptan para fijar los precios de los combustibles el llamado costo de oportunidad. Dicho criterio consiste en aprovechar el diferencial de precios al alza que existe en el mercado internacional en contraste con el costo real de extracción y procesamiento de los hidrocarburos. No obstante, en un entorno internacional de caída generalizada y persistente de los precios del petróleo, el costo de oportunidad se torna disfuncional ya que al reducirse el margen entre el costo de producción nacional y los precios internacionales, la decisión en cuanto a los precios que habrán de estar vigentes dentro del país se debe orientar hacia la eficiencia y racionalidad del mercado doméstico y del ciclo general de la economía nacional. En estas nuevas condiciones caracterizadas por la caída de los precios de los hidrocarburos el costo de oportunidad debe prácticamente ceder y alinear la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de precios de las gasolinas con el propósito generalizado de detonar el crecimiento y la recuperación económica.

Por otro lado, el Banco de México ha reportado que la situación derivada de la seguridad pública en la República ha incidido significativamente en el entorno económico. La proliferación de delitos de alto impacto, según el Banco Central, se ha reflejado en un factor que inhibe la inversión. Lo anterior se ha de tomar en cuenta para reconsiderar la decisión de acumular los incrementos mensuales y lanzarlos en un solo mes a principios del año entrante. En el contexto de la llamada cuesta de enero, es probable que dicha medida venga a constituir un factor adicional en la dinámica de protestas y muestras de inconformidad que se observa hoy en todo el país.

Por las razones anteriores, es importante que el gobierno federal, por conducto de la dependencia que tiene la atribución de fijar los precios de los combustibles en el país, tome la decisión de alinear dicha facultad con un esquema de impulso y estímulo a las actividades productivas a fin de alejarnos de una probable recesión y estimular la demanda para construir condiciones que permitan el relanzamiento de nuestra economía, con el propósito que nos debe guiar siempre de elevar el nivel de vida de la población.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que no aplique el anunciado incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo en enero del 2015 y, en su lugar, adopte un nuevo criterio y se sirva determinar los precios de los combustibles tomando como referente el más bajo de los ofertados en la Unión Americana.

México, Distrito Federal, el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

1 Véase el vínculo siguiente: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-31-1/assets/documentos/Ini_LEY_BANCO_DE_MEXICO.pdf





 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería en la estructura orgánica de esa Secretaría, con el fin de promover el crecimiento de dicha actividad económica en nuestro país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe de la cancelación de la construcción del tren de alta velocidad México- Querétaro. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA CANCELACION DE LA CONSTRUCCION DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERETARO.

“Los suscritos, senadores, integrantes de la LXII Legislatura en el Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El gobierno federal anunció en meses pasados el plan para la construcción y puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

Después de que se inició el proceso de licitación, hubo una única propuesta presentada por un consorcio conformado por empresas de nacionalidad china y mexicana. El 3 de noviembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó la obra de 58,951 millones de pesos a la empresa China Railway Construction (CRCC), la cual formó un consorcio con cuatro empresa mexicanas Prodemex, Constructora y Edificadora GIA, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana.

Casualmente, un día antes de que diversos medios de información y de comunicación difundieron las posesiones y propiedades de la esposa del Presidente de la República, y el presunto conflicto de interés, caso conocido coloquialmente como “Casa Blanca”, las autoridades decidieron cancelar el proyecto y con ello la contratación misma.

La decisión del ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, despertó una serie de dudas, debido a que en días anteriores el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en una reunión de trabajo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado aseveró que el proceso de licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro había sido transparente y en todo momento apegado a la ley.

Posteriormente, la empresa China Railway Construction se dijo desconcertada por la decisión de las autoridades mexicanas.

El artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas señala que las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor, existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será́ procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capitulo de esa Ley.

La parte final del artículo dispone que, salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

La citada Ley es nítida en el sentido de diferenciar la cancelación motivada por hechos o actos que están más allá de la voluntad de los servidores públicos involucrados, o la que se provoca por su propia voluntad, por culpa, negligencia o dolo.

Con base en la Ley, si es por caso fortuito o fuerza mayor, no hay derecho a la devolución de cantidad alguna, puesto que la voluntad del agente público no participa en modo alguno, mientras que si se da por su causa o responsabilidad, habrá derecho a cubrir gastos no recuperables, puesto que el oferente no tiene que sufrir las consecuencias de la conducta desplegada por el servidor público.

La palabra clave en todo esto es, como señala el artículo mencionado, justificación. Que haya una causa justificada.

Si no hay justificación, luego entonces es presumible alguna responsabilidad de los servidores públicos encargados, ya sea administrativa, civil, penal o inclusive resarcitoria, que es causa de la devolución prevista en Ley.

Hasta la fecha no se ha explicado, justificado, evidenciado o probado cuál fue o cuáles fueron las causas de la cancelación del proyecto. Si bien la fundamentación legal es importante, en el servicio público lo es más la explicación objetiva, veraz y oportuna a los ciudadanos de lo que ha sucedido y el por qué.

No deberíamos suponer que se intercambió una responsabilidad penal y política, de mayor grado, por una responsabilidad administrativa de menor cuantía, y menor grado, para no acrecentar el escándalo.

En la responsabilidad penal, por ejemplo, el artículo 220 del código sustantivo federal señala que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Estos hechos ameritan una profunda investigación y deslindar las responsabilidades. La causa legal de utilidad pública para cancelar parece más bien el resguardo ilegítimo un interés privado.

1. Por un lado, cuál fue la causa de la cancelación entre las que se puede escoger, caso fortuito, fuerza mayor; circunstancias justificadas, probabilidad de ocasionar un daño o perjuicio.

2. En segundo lugar, la responsabilidad de la autoridad que decidió cancelar.

3. En tercer lugar, el derecho de los oferentes a obtener un tipo de indemnización por gastos no recuperables, y determinar si el rembolso fue para una sola de las partes del consorcio o para ambas partes, la mexicana y la china.

4.- En cuarto lugar, no hay información pública que describa o explique si hubo un pago al consorcio, y si éste se realizó bajo estándares de razonabilidad, comprobación, adecuación y legalidad.

5.- Determinar si hay responsabilidad administrativa y penal en toda la serie de acciones que van cuando menos desde la cancelación hasta el posible pago de los gastos no recuperables al consorcio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE REMITA A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA, AL MENOS, LO SIGUIENTE:

A) CONVOCATORIA, ACTA DE VISITA AL SITIO, ACTA DE LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES.

B) ACTA DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCLUYÓ LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA CHINA Y DEL CONSORCIO.

C) OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA O CONSORCIO GANADOR.

D) OFICIO O DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA A LA EMPRESA O CONSORCIO LA CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LOS SUPUESTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE LLEVARON A LA AUTORIDAD REALIZAR DICHA CANCELACIÓN.

E) DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE EN SU CASO EL PAGO REALIZADO A LA EMPRESA O CONSORCIO PARA RECUPERACIÓN DE COSTOS INCURRIDOS NO RECUPERABLES, POR LA CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, PRECISANDO EL MONTO, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO EN LOS QUE SE MUESTRE CÓMO FUE QUE SE LLEGÓ A LA CANTIDAD PAGADA.

F) REFERIR, EN SU CASO EL FUNDAMENTO LEGAL, MOTIVACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN, PARTIDAS DE GASTO AFECTADAS, CONCEPTOS DE PAGO, JUSTIFICANTES Y COMPROBANTES DEL GASTO Y DEMÁS INFORMACIÓN RELACIONADA.

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE ORDENE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO, Y EN SU CASO, SE EJERZA EL DERECHO DE REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUTORIZARON EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES.

ASIMISMO, SEÑALAR SI HUBO TESTIGO SOCIAL QUE ACOMPAÑÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN Y HACER LLEGAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE SU PARTICIPACIÓN.

TERCERO- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE SE INICIEN LAS INVESTIGACIONES POR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS DE EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO Y LAS DEMÁS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR TANTO POR LOS ACTOS PREVIOS COMO LOSSUBSECUENTES AL MISMO.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 4 de diciembre de 2014.

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.





 

Compañeras y compañeros Senadores, la efeméride inscrita en nuestra agenda del día de hoy, se integrará al Diario de los Debates.

EFEMERIDE

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

“Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

03 de Diciembre

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para lograr un desarrollo que los tenga en cuenta.

Alrededor del 15 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad y sigue enfrentando barreras, exclusión en servicios y dificultades para ejercer plenamente sus derechos.

Diversos asuntos se han abordado en este día, el tema de este año es “Desarrollo sostenible: La Promesa de Tecnología”, que busca dar accesos a las tecnologías de la información y de la comunicación a esta población.

El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas que viven con discapacidades y deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar. La misión de la OMS consiste en mejorar la calidad de vida de esas personas mediante actividades nacionales, regionales y mundiales, y en promover la toma de conciencia sobre la magnitud y las consecuencias del problema.

La dificultad para caminar es la discapacidad más común del país, pues afecta a 57.5 por ciento de dicho sector. El Inegi también calcula que 51.4 por ciento de los adultos mayores tiene alguna discapacidad que en la mayoría es consecuencia de enfermedades.

En muchas partes del mundo, la incomprensión en el tema de la accesibilidad, como parte integrante del desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como otros resultados acordados a nivel internacional para todos.

Hoy nuestro trabajo y nuestra prioridad, es exigir a los organismos públicos y privados a emitir o bien, ejecutar los reglamentos, normas y adecuar los espacios públicos para que las personas con discapacidad puedan desplazarse en condiciones dignas y seguras.

Atentamente,

Jueves 4 de diciembre de 2014

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 9 de diciembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:30 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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