Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Diciembre de 2014

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (12:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 2 de diciembre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cinco minutos del jueves veintisiete de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Mario Delgado Carrillo, el Informe de sus actividades durante su participación en el Debate General del Examen de Alto Nivel del 57° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrado en Viena, Austria, del 13 al 22 de marzo de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su Programa de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Fue aprobada en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se designa a la Senadora Angélica de la Peña Gómez como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tercer Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos 2014.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominicana, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el treinta de abril de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el siete de abril de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de mayo del propio año.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió comunicación firmada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del Secretario de Gobernación y del Procurador General de la República, para solicitar la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los estados de Yucatán y Zacatecas.- El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de entrada en vigor y se remitió el proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuatro resoluciones de la Sala Superior relativas a nombramientos de magistrados electorales locales electos por el Senado:

1) La resolución dictada en el expediente SUP-JUD-2642/2014, que revoca el Acuerdo de designación de Paulino Jaimes Bernardino como Magistrado del órgano jurisdiccional local en el estado de Guerrero.

2) La resolución dictada en los expedientes acumulados SUP-JDC-2624/2014 y SUP-JDC-2638/2014, que revoca la designación de José Ricardo Bonilla Fimbres como Magistrado Electoral del órgano jurisdiccional local en el estado de Sonora.

3) La resolución dictada en los expedientes acumulados SUP-JDC-2592/2014 y SUP-JDC-2605/2014, que revoca el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se hace la designación de Magistrados del Tribunal Electoral del estado de Michoacán, a fin de que emita un nuevo acuerdo en el que se pronuncie de manera fundada y motivada por las razones por las que los ciudadanos Alejandro Sánchez García y Verónica Román Vistraín no resultaron electos.

4) La resolución dictada en los expedientes acumulados SUP-JDC-2611/2014 y SUP-JDC-2612/2014, que revoca el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el procedimiento para la designación de Magistrados del Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí, a fin de que emita un nuevo acuerdo en el que se pronuncie de manera fundada y motivada por las razones para justificar si los ciudadanos Bulmaro Corral Rodríguez y José Abelardo Herrera Tobías no resultaron electos como magistrados del órgano jurisdiccional local en el estado de San Luis Potosí.

Las cuatro resoluciones fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política. Se notifico a la Sala Superior del Tribunal Electoral del inicio del procedimiento dictado en cumplimiento a dos resoluciones.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 704 Bis 2, 704 Bis 3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal, en materia de declaración de ausencia por desaparición.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción segunda del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción xv bis i al artículo 3 de la Ley General de Salud.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintiocho dictámenes de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a rendir un informe detallado sobre la concesión del gasoducto conocido como “Los Ramones”.

2) Que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a informar el estatus que guarda la cartera vencida por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis Potosí.

3) Que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a remitir un informe relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex.

4) Que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe de la situación que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El Infiernillo" del municipio de Coahuayutla, en el estado de Guerrero.

5) Por el que se desecha la proposición que solicitaba informar de los gastos de publicidad oficial sobre la Iniciativa de reforma energética.

6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal realizan sobre la reforma energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.

7) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables.

8) Por el que se desecha la proposición en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica.

9) Por el que se desecha la proposición sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de Olintla, en el estado de Puebla.

10) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a aplicar mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país.

11) Por el que se desecha la proposición que solicitaba a Petróleos Mexicanos anular el acuerdo unilateral de la alianza y desarrollar un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a instrumentar la estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques.

13) Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a que, en el marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, se fortalecieran los principios constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional.

14) Por el que se desecha la proposición para que incluyera el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia energética.

15) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir en el Plan de Negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios 2014-2018 el seguimiento de la construcción de la nueva Refinería en Tula, Hidalgo.

16) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear la propuesta de reforma energética.

17) Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar los recursos correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos.

18) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino.

19) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realizara la consulta popular.

20) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar.

21) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a promover políticas públicas que hicieran eficiente el uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos.

22) Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, que en el programa de trabajo que elaborara, incluyera la invitación a participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al erario público ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas.

23) Por el que se desechan tres proposiciones sobre el proceso de la "Ronda Cero".

24) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a disponer lo necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación se realizar de manera mensual.

25) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco.

26) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a consultar abiertamente a la ciudadanía lo referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética.

27) Por el que se desecha la proposición respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético.

28) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores en torno a la técnica del fracking.

Intervinieron los Senadores: David Penchyna Grub, para presentar los dictámenes; y Dolores Padierna Luna del PRD. La Mesa Directiva informó que el Senador Fernando Mayans Canabal entregó el texto de sus intervenciones para estos dictámenes, los cuales se incorporaron al Diario de los Debates. Los veintiocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe en torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que permitan identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California.- El Senador Francisco Salvador López Brito presentó el dictamen a nombre de la comisión. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a remitir un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua de la Laguna de Tres Palos, en el estado de Guerrero.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche y al titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a que, en colaboración, y a partir de la identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en el litoral del estado de Campeche, determinen la pertinencia y factibilidad de incorporarlos como corredores al Corredor Biológico Mesoamericano-México.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal de Solidaridad de ese estado, a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la existencia de accesos públicos a la playa en la localidad de Puerto Aventuras, en dicho municipio.

4) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, así como al Director General de la Comisión Nacional del Agua a implementar y/o fortalecer las acciones conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna de las Salinas y mejorar la calidad del agua de mar en la playa Principal, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

5) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas a continuar y fortalecer las gestiones necesarias para establecer el área natural protegida “Monte Mojino”, en el estado de Sinaloa.

6) Que exhorta a reforzar la aplicación de las medidas y acciones derivadas de las diversas resoluciones adoptadas en el marco de la Convención relativa a las Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Plan Estratégico de Ramsar para 2009-2015, con objeto de evitar la degradación y conservar los humedales del sitio Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; y recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa evaluar la conveniencia de incorporar a los manglares adyacentes a los esteros “El Panal”, “La Herradura”, La Chata” y “El Zacate”, así como los manglares cercanos al puerto de Topolobampo dentro del Programa de Restauración de Manglar 2014-2015.

Intervinieron los Senadores: Luz María Beristáin Navarrete del PRD, para referirse a todos los dictámenes; Francisco Salvador López Brito del PAN, quien se refirió al dictamen sobre humedales. Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones que se han adoptado en torno a la programación de citas y emisión de pasaportes.

2) Por el que el Senado de la República se congratula de la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y reitera su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo.

Intervino la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del PRD, para referirse a los dos dictámenes. Fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de Asamblea un dictamen de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y previo a las formalidades que correspondan, remitir dicho convenio a esta Soberanía, para efectos de su aprobación.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del prd. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la República Federativa del Brasil por el lamentable fallecimiento del candidato presidencial, Eduardo Campos.

2) Por el que el Senado de la República condena el atentado ocurrido el 8 de septiembre del año en curso en las instalaciones del metro en la ciudad de Santiago, República de Chile.

3) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Presidente de los Estados Unidos de América determinar la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos.

4) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba.

Intervinieron las Senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar los dictámenes; Dolores Padierna Luna del PRD, para referirse a los dictámenes negativos relativos a la liberación de los ciudadanos cubanos y el bloqueo a Cuba. Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo en torno a los productores de café afectados por la roya anaranjada.- Intervinieron los senadores: Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI y Francisco Yunes Zorrilla del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Para la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Eviel Pérez Magaña, por la Comisión de Asuntos Indígenas; Claudia Pavlovich Arellano, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Diva Gastélum Bajo del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, el cual se incorporó al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 89 votos en pro y 3 abstenciones. Se remitió a los Congresos Estatales.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la elección de consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron los senadores: Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; y Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM. Se procedió a la elección por cédula. Resultaron electos por 80 votos en pro los ciudadanos: Enrique Lazcano Vázquez, por 5 años; Ernesto Velázquez Briseño, por 5 años; Lidia Camacho Camacho, por 4 años; Javier Esteinou Madrid, por 4 años; Carmen Patricia Ortega Ramírez, por 3 años; Raúl Quintanilla Matiella, por 3 años; María de Lurdes Barbosa Cárdenas, por 2 años; María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por 2 años; Nora Patricia Jara López, por 1 año. El Presidente de la Mesa Directiva informó que rendirán su protesta de ley en la próxima sesión.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra el Senador Ernesto Cordero Arroyo a la Comisión de Desarrollo Social.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que por el que se reforman la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de Honor Gilberto Bosques del Senado de la República y se reforma el artículo 56, numeral 1 y se adiciona un artículo 56 Ter al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia de cobertura médica en escuela primaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 234 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de adecuar la legislación secundaria federal al concepto de reinserción social en observancia al principio de progresividad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley General de Educación, en materia de revalidación de estudios profesionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención médica materno-infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por el que se establece un fondo de becas para la realización de prácticas profesionales de universitarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a posponer la entrega de televisores digitales en el estado de Querétaro, hasta que concluya el proceso electoral en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un proyecto integral de rescate de la Laguna de Las Salinas, zonas aledañas y de la playa Principal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre de Senadoras de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar los mecanismos para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y promoción de las mujeres del servicio exterior mexicano, así como para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres en el servicio exterior mexicano, respecto a la conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar un balance y un análisis del evento “El Buen Fin”, con la intención de crear medidas de protección contundentes para el respeto de los derechos del consumidor y para que la institución protectora adquiera elementos legales de mayor firmeza para una protección efectiva hacia los consumidores.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, a flexibilizar los criterios de equiparación en la revalidación de los estudios realizados en el extranjero y a crear un sistema de créditos, así como un intercambio de los mismos, que facilite los procesos de equiparación de estudios.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre avances y resultados de la ejecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, relativos al embarazo adolescente, especialmente en comunidades indígenas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar, agilizar y fincar las responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2011 a diversos municipios del estado de Yucatán.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a remitir un informe sobre los alcances en cuanto a verificaciones, sanciones y multas impuestas a las franquicias de PEMEX dedicadas a la distribución y venta de combustibles en el ejercicio 2014.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar sus atribuciones y facultades y solicitar el apoyo de las instancias de seguridad nacional para identificar la fuente de las agresiones al diario digital denominado “Sin Embargo”, para llevar de inmediato a los responsables ante los tribunales correspondientes.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros y Ana Gabriela Guevara y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Fernando Herrera Ávila, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a impulsar la creación de un comité para la operación y funcionamiento del "Observatorio Legislativo en Materia de Derechos Humanos".- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre los alcances y resultados obtenidos mediante la implementación del programa “Escuelas Dignas”, durante la administración del gobierno en turno.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de la Defensa Nacional a comparecer para explicar las operaciones relativas a los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en el estado de Guerrero, relacionados con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; así como del operativo de seguridad que se montó el día 20 de noviembre pasado, a raíz de la protesta social que se realizó en el Zócalo de la ciudad de México por el caso de Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar las facilidades presupuestarias, materiales y humanas para que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera cumpla con su objetivo de informar de forma actualizada, veraz y completa, todo lo relacionado con la producción de alimentos de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a emitir un informe sobre los resultados obtenidos en el programa Oportunidades.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo queexhorta a diferentes secretarías de Estado a emprender acciones en favor de madres solteras.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De Senadores de los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, a implementar políticas públicas y programas sociales que permitan resolver la problemática que aqueja a las comunidades pesqueras del alto Golfo de California.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre los alcances y resultados de la implementación del Manual para prevenir los riesgos del abandono escolar en la educación media superior.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a establecer políticas públicas que garanticen a las personas con discapacidad mejores condiciones de vida y mayor generación de empleo en México.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios a que, en el marco de la conmemoración del "Día Universal del Niño", implementen acciones tendientes a garantizar la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique las verdaderas causas del mal comportamiento económico durante la administración del actual Ejecutivo Federal y las enormes diferencias entre lo que se estima y lo que sucede en la realidad.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública, se conduzca dentro de los referentes del estado de derecho y principios de seguridad y certeza jurídica que contempla la Constitución General de la República.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una norma oficial mexicana.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre los efectos negativos potenciales en las finanzas públicas, ante la caída del precio internacional de la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, tanto federales como a sus equivalentes en las entidades federativas y del Distrito Federal, a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria, sobre salud bucal para la prevención y protección contra la caries dental.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades federales y del Distrito Federal un informe detallado relativo a los operativos y protocolos ejecutados en las manifestaciones del pasado 20 noviembre de 2014.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revocar la autorización para la instalación de un macro confinamiento de desechos tóxicos en el ejido La Noria de la Sabina, del municipio de General Cepeda en Coahuila, en defensa del derecho humano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y dado que dicho permiso fue otorgado contraviniendo la norma 052 y diversas disposiciones de la ley de la materia.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Excitativa)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, presentado el 13 de noviembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos y citó a la siguiente el próximo martes dos de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.





 

Compañeras y compañeros Senadores: En nuestra sesión del 27 de noviembre se realizó la elección del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en la que resultaron electos:

Enrique Lazcano Vázquez, por cinco años.

Ernesto Velázquez Briseño, por cinco años.

Lidia Camacho Camacho, por cuatro años.

Javier Esteinou Madrid, por cuatro años.

Carmen Patricia Ortega Ramírez, por tres años.

Raúl Quintanilla Matiella, por tres años.

María de Lurdes Barbosa Cárdenas, por dos años.

María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por dos años. Y

Nora Patricia Jara López, por un año.

Este día procederemos a la correspondiente toma de protesta de los Consejeros, que se encuentran en el salón contiguo, por lo que solicito a las y los Senadores Javier Lozano Alarcón, Gerardo Flores Ramírez, Zoé Robledo Aburto, Salvador López Brito, Aarón Irizar López y Ana Gabriela Guevara, procedan a introducir a las y los consejeros electos a esta sede y se les tome la protesta del caso.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Favor de ponerse de pie, señores y señoras Senadores.

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ciudadanos, ciudadanas: Enrique Lazcano Vázquez, Ernesto Velázquez Briseño, Lidia Camacho Camacho, Javier Esteinou Madrid, Carmen Patricia Ortega Ramírez, Raúl Quintanilla Matiella, María de Lurdes Barbosa Cárdenas, María Elvira del Coral Castillo Zepeda y Nora Patricia Jara López.

Les pregunto:

“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Consejeros, Consejeras, del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por los períodos, que en cada caso les corresponde, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Pueden contestar.

Los Consejeros: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: “Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande”

Felicidades, señoras y señores Consejeros.

Para que conste en el Acta y en el Diario de los Debates, el Presidente del Senado ofrece una disculpa a este Pleno por el error al mencionar el órgano del cual forman parte las consejeras y los consejeros a quienes les tomamos protesta. El nombre del órgano es Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Gracias, una disculpa al Pleno.

Solicito a la comisión designada acompañe a las y los consejeros a quienes se les tomó protesta para acompañarlos cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe sobre la XIII Asamblea General de la Copa y la XII Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de Las Américas, celebradas en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de noviembre de 2014.







 

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, con la que remite su segundo informe de actividades legislativas.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió también, una comunicación de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Jesús Casillas Romero, con la que remiten firmas de organizaciones ciudadanas por la que solicitan se incluya en la agenda legislativa el tema de la movilidad a partir del foro “Movilidad: Estrategia para una mayor calidad de vida”.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió un oficio…

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Pero antes, tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Para solicitar a usted, si no tiene inconveniente, pueda obsequiar el turno también a la Comisión, de la anterior comunicación y se pueda turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y para opinión, a la Comisión Especial de Movilidad.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se obsequia. Continúe la Secretaría.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 constitucionales. Dicha iniciativa se acompaña del correspondiente dictamen de impacto presupuestario.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La iniciativa está publicada en la Gaceta desde el día de ayer, inmediatamente después de su recepción. Por tanto, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico; la visita de Estado a la República Popular China y la Cumbre de Líderes del G20, del 10 al 15 de noviembre del año en curso.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/3003/14
México, D.F., 27 de noviembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1429/14, el C. Antonio Iván Rojas Navarrete, Director General Adjunto y Encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Visita de Estado a la República Popular China y la Cumbre de Líderes del G20, del 10 al 15 de noviembre de 2014.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de octubre de 2014.

Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2014.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Asimismo, la Colegisladora remitió oficios con los que devuelve los siguientes proyectos de Decreto que resolvió no aprobar.

El que reforma los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud.







 

El que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.







 

Y el que reforma los artículos 30, 222 y 24 Ter de la Ley General de Salud.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnense los tres expedientes a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Por último la Cámara de Diputados remitió un oficio con el punto de Acuerdo del Diputado Israel Moreno Rivera, que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.



El Presidente Senador Zamora Jiménez: Remítase a las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por los legisladores participantes en la Reunión de Comisión Interparlamentaria de Turismo, Juventud y Deporte, del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la Ciudad de Iguala, Guerrero.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Remítase a las Comisiones de Gobernación; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remiten, la Comisión de Administración.

COMISION DE ADMINISTRACION

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de los Estados Unidos Mexicanos, se recibieron de la Comisión de Administración del Senado lo proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de noviembre y diciembre de 2014.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Están a la consideración de la Asamblea los proyectos de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los proyectos de presupuesto de los meses de noviembre y diciembre. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobados los presupuestos de la Cámara de Senadores para los meses de noviembre y diciembre del año 2014.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibieron de la Comisión de Administración los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de septiembre y octubre de 2014.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea, ha quedado debidamente enterada de ambos informes.

Informo a la Asamblea que Senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, entregaron un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo nada más pediría, antes de comenzar con el apartado de iniciativas, que pudiéramos guardar un minuto de silencio por la muerte de Don Roberto Gómez Bolaños; por la fuerte influencia no nada más en México, sino en América Latina, y por lo querido que fue por todos nosotros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Cómo no. Con todo gusto.

Si le parece a la Asamblea, y a la petición que formula la señora Senadora Mariana Gómez del Campo, pudiéramos solicitar a Servicios Parlamentarios nos apoyen para pedirles a todos y cada uno de ustedes, en su momento, un minuto de silencio cuando esté la Asamblea más integrada por los señores Senadores.





 

Si lo permiten podríamos dejarlo para unos momentos más, y damos el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del PRI, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XIX DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

El 19 de abril de 2012, fue aprobada en nuestro país la Ley General de Cambio Climático, considerada como una de las leyes nacionales más sólidas a la fecha, atentos a sus metas de reducción de emisiones y mitigación; con lo que el país emprende el camino hacia una economía de baja emisión de carbono y una contribución real y mundial al combate a la crisis climática.

Ello convierte a México, junto con Gran Bretaña, en los dos países que han promulgado exhaustivas legislaciones sobre cambio climático. Es un punto de partida al que se deben sumar otras normas e instrumentos en nuestro país, por citar algunos, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, como es también muy importante las leyes estatales en materia de cambio climático.

Por lo que respecta a éstas últimas, las legislaciones estatales en materia de cambio climático revisten una trascendental importancia, en virtud de que la experiencia obtenida a lo largo de diversas Conferencias de Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ha permitido concluir válidamente que el desarrollo de legislación es la vía para consolidar las acciones y reducir nuestras emisiones, mejorar nuestra eficiencia y seguridad energética, promover el manejo sustentable de nuestros bosques, ejecutar medidas de adaptación y preparar nuestras economías para los impactos inevitables ocasionados por el cambio climático.

Además de lo anterior, la importancia de la existencia de legislaciones estatales en materia de cambio climático, redunda también, en consolidar instancias e instituciones permanentes: una coordinación preestablecida, definidas atribuciones y competencias, previsiones presupuestales, y al estar también en el marco de la ley local, logramos que las acciones sean abordadas con una visión a largo plazo, independientemente del gobierno en turno. Lo mejor: se tratará de disposiciones acordes a la situación concreta de cada entidad federativa.

Es importante que los gobiernos locales, por ejemplo, regulen en el ámbito de su competencia, acciones de mitigación en materia de cambio climático. Es necesario elaborar e instrumentar su programa, establecer las bases para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y, en general, expedir las disposiciones legales necesarias para regular las materias y competencias que les fueron atribuidas en dicha Ley; sin embargo, ésta no es expresa en señalar que las entidades federativas deban expedir su legislación local en materia de cambio climático, no obstante su importancia y trascendencia.

Aún así, algunos estados cuentan ya con una ley en la materia, por lo que existen avances significativos en legislación estatal de cambio climático, no obstante, falta mucho por hacer.

Para ello, es indispensable que la Ley General de Cambio Climático sea precisa y expresa, para no dejar a la interpretación la necesidad de la legislación local, que constituye un instrumento para regular en el ámbito de su competencia; contemplando necesidades particulares locales.

Se sugiere hacer una modificación al texto de la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, en mérito de que dispone que las entidades federativas tendrán, además de las atribuciones y facultades enumeradas en dicho numeral, las que se señalen en otras disposiciones jurídicas, en las que bien se puede contemplarse, las que sus propias legislaciones contemplen en esta Ley General de Cambio Climático a nivel local.

Así las cosas, la propuesta es contenida en la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Mediante la cual se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 8o.  Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

De la fracción I. a la XVIII (…)

XIX.  Las demás que señalen esta ley, sus propias legislaciones locales en materia de cambio climático y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Lo que se trata pues es que todas las entidades federativas cuenten con la Ley General de Cambio Climático, que en algunas entidades de la República ya la tienen, pero sin duda será de gran avance, dadas las particularidades de los problemas ambientales que cada estado de la República tiene, para que puedan tener este instrumento que a nivel nacional está dando buenos resultados.

Es cuanto, señor Presidente, solicito sea incorporado el texto íntegro de la presente iniciativa al Diario de los Debates.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 19 de abril de 2012, fue aprobada en nuestro país la Ley General de Cambio Climático, considerada como una de las leyes nacionales más sólidas a la fecha, atento a sus metas de reducción de emisiones y mitigación; pues incluye, entre otras disposiciones, un mandato para que en el año 2020 las emisiones de dióxido de carbono se hayan reducido a 30% respecto de los niveles del año 2000, y a un 50% menos en el 2050.

Además establece que 35% de la electricidad del país deberá provenir de fuentes renovables en 2024, exige un reporte obligatorio de sus emisiones a los principales generadores de contaminación y gases de efecto invernadero (GEI) e incentiva el desarrollo de un esquema de mercado de carbono.  Así, el país emprende el camino hacia una economía de baja emisión de carbono, y a una contribución real y mundial al combate a la crisis climática.

Ello convierte a México, junto con Gran Bretaña, en los dos países que han promulgado exhaustivas legislaciones sobre cambio climático. Es un punto de partida al que se deben sumar otras normas e instrumentos, en nuestro país, por citar algunos, la ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC), presentada por el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO el pasado mes de junio; además, el inminente PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 2013-2018 (PECC), instrumento que establecerá acciones prioritarias para reducir las emisiones de Efecto Invernadero (GEI), así como las políticas públicas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, que permitan reducir el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran muchas poblaciones del país las cuales viven en zonas de huracanes o con inundaciones y sequías frecuentes; como también, muy importante, las LEYES ESTATALES en materia de cambio climático.

Por lo que respecta a éstas últimas, las legislaciones estatales en materia de cambio climático revisten una trascendental importancia, en virtud de que la experiencia obtenida a lo largo de las diversas Conferencias de Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP´S), ha permitido concluir válidamente que el desarrollo de legislación es la vía para consolidar el llevar a cabo acciones para reducir nuestras emisiones, mejorar nuestra eficiencia y seguridad energética, promover el manejo sustentable de nuestros bosques, ejecutar medidas de adaptación y preparar nuestras economías para los impactos inevitables ocasionados para el cambio climático.

Además de lo anterior, la importancia de la existencia de legislaciones estatales en materia de cambio climático redunda también, en consolidar instancias e instituciones permanentes, una coordinación preestablecida, definidas atribuciones y competencias, previsiones presupuestales, y al estar también en el marco de la ley local, logramos que las acciones sean abordadas con una visión a largo plazo, independientemente del gobierno en turno. Lo mejor, se tratará de disposiciones acordes a la situación concreta de cada entidad federativa.

Así, de conformidad al artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, es importante que los gobiernos locales, por ejemplo, regulen en el ámbito de su competencia acciones de mitigación en materia de cambio climático, elaborar e instrumentar su programa, establecer las bases para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y en general, expedir las disposiciones legales necesarias para regular las materias y competencias que les fueron atribuidas en dicha Ley; sin embargo, ésta no es expresa en señalar que las entidades federativas deban expedir su legislación local en materia de cambio climático, no obstante su importancia y trascendencia en términos apuntados en líneas que antecede.

Ley General de Cambio Climático.

“Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional;

II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes:

a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia;

b) Seguridad alimentaria;

c) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura;

d) Educación;

e) Infraestructura y transporte eficiente y sustentable;

f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones;

g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;

h) Residuos de manejo especial;

i) Protección civil, y

j) Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático;

III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y adaptación al cambio climático;

IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general;

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación que implementen;

VI. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en la materia;

VII. Celebrar convenios de coordinación con la federación, entidades federativas y los municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación;

VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;

IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;

X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;

XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables;

XII. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y en su caso, integrar el inventario estatal de emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia;

XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación;

XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;

XV. Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto de la ley;

XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su programa;

XVII. Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las acciones en la materia;

XVIII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven, así como sancionar su incumplimiento, y

XIX. Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.”

Aún así, algunos estados ya cuentan con una ley en la materia, atentos a sus facultades regulatorias y para expedir las disposiciones legales necesarias para regular las materias y competencias que les fueron atribuidas; por ejemplo, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.

Como se ve, existen avances significativos en materia de legislación estatal en materia de Cambio Climático, no obstante, aún falta por hacer y resulta indispensable que las entidades federativas cuenten con sus legislaciones locales relativas. Para ello, es indispensable que la Ley General de Cambio Climático sea precisa y expresa, para no dejar a la interpretación la necesidad de la legislación local en la materia, que como ya se dijo, constituya además un instrumento que coadyuve a regular su ámbito de competencia y a efectuar las acciones de combate a los efectos del cambio climático, contemplando particulares necesidades locales.

Ya en una ocasión se propuso a esta honorable Cámara de Senadores, el exhortar a las entidades federativas para emitir sus respectivas legislaciones en materia de Cambio Climático, además de sus propios programas en la materia; sin embargo, la ley es clara respecto de estos últimos, claridad que se sugiere incluir para lo que respecta a la legislación estatal.

Para ello, se sugiere hacer una modificación al texto de la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, en mérito de que dispone que las entidades federativas tendrán además de las atribuciones y facultades enumeradas en dicho numeral, las que se señalen en otras disposiciones jurídicas, en las que bien puede contemplarse las de sus propias legislaciones, a efecto de que éstas sean consideradas formalmente y su emisión sea una obligación y una atribución expresa.

Se reitera la urgencia de avanzar en materia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, para lo cual, conforme se ha expuesto, la legislación y los programas en materia de cambio climático locales constituyen herramientas indispensables.

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SEREFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. a la XVIII. (…)

XIX. Las demás que les señalen esta ley, sus propias legislaciones locales en materia de cambio climático y otras disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 2 de diciembre del 2014.

Atentamente.

Sen. Jesús Casillas Romero”.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Aarón Irízar.

El Senador Aarón Iríar López: (Desde su escaño) Señor Presidente, preguntarle a mi amigo el Senador Jesús Casillas, en función del tema que es trascendente para la vida nacional con el tema del cambio climático, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: También la Senadora Mariana Gómez, el Senador Hernández, tome nota la Secretaría, si está usted de acuerdo, Senador proponente, Senador Casillas; y sí, está de acuerdo, adelante. Tome nota la Secretaría para que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión a la Comisión Especial de Cambio Climático.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Arely Gómez González, con la finalidad  de exponer los motivos correspondientes a la iniciativa que se ha turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

(Presentada por la Senadora Arely Gómez González, a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM)

La Senadora Arely Gómez González: Gracias, señor Presidente.

“Un gobierno eficaz, transparente, responsable, y confiable, que actúe bajo el   predominio de la ley es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste”. Kofi Annan.

Con su venia, señor Presidente; tengo el honor de presentar ante esta Honorable Asamblea la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en nombre propio y de mis compañeras y compañeros Laura Angélica Rojas, Alejandro Encinas, Pablo Escudero, y Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios representados en el Senado.

La iniciativa que presentamos a su consideración, es el resultado de un proceso de redacción sin precedentes en el Congreso de la Unión.

Los últimos dos meses, mediante un mecanismo innovador en el contexto de la agenda de parlamento abierto, Senadoras y Senadores de la República, colaboramos con representantes de colectivos de la sociedad civil en la co creación de los proyectos de leyes secundarias que la Reforma Constitucional en materia de transparencia, mandata al Congreso de la Unión.

Durante 20 reuniones, se revisaron exhaustivamente cada uno de los puntos que debía incluir la ley. El principal objetivo del grupo, fue en todo momento, garantizar el derecho humano a la información de todos y cada uno de los habitantes de nuestro   país.

La transparencia como principio del actuar gubernamental, es el eje que da vida a este proyecto en el que se contemplan figuras novedosas como la Plataforma Nacional de Transparencia.

Esta plataforma, será el acceso directo que tendremos los ciudadanos para ingresar a la información que los sujetos obligados pondrán a disposición del público, y también para ingresar solicitudes de información pública ante cualquier dependencia, órgano u organismo a nivel federal, estatal y municipal; así como a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y fondos públicos.

El objetivo es simplificar la forma en la que se accede la información y homologar, en todo el país, los sistemas para hacerlo. Toda la información en un solo lugar, de fácil acceso para los ciudadanos.

En esta ley también contemplamos la instalación del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que será el espacio de colaboración entre los organismos garantes de todo el país con la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación.

A través de este sistema, se homologarán procedimientos, criterios y lineamientos para que todos los mexicanos, sin distinción, tengamos acceso a la información pública y prevalezcan los principios de máxima publicidad, transparencia y eficacia.

Amigas y amigos la iniciativa que presentamos el día de hoy, representará una revolución de la gestión pública en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Se contempla la creación de unidades y comités de transparencia en todos los sujetos obligados que tendrán la importante tarea de dar trámite a las solicitudes de información, pero también de propiciar una cultura que sensibilice a los servidores públicos sobre la importancia de la transparencia y la apertura gubernamental.

Adicionalmente se distribuyen claramente las atribuciones entre el nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IFAI, y los organismos garantes con que contará cada entidad federativa.

Es un modelo articulado de tal forma, que tendrá la importante tarea de dar trámite a los procedimientos de recursos de revisión, de inconformidad y la atracción de asuntos por su relevancia.

Una de las novedades más importantes de la ley que presentamos, es la inclusión de la prueba de daño que deberán realizar los sujetos obligados al clasificar la información y la prueba de interés público, que deberán realizar los organismos garantes al presentarse una colisión de derechos, con el derecho de acceso a la información.

La inclusión de estos parámetros, nos permite señalar que esta propuesta será un ejemplo en el que se retoman las mejores prácticas internacionales para garantizar los mejores mecanismos, que garanticen la entrega de información pública a los ciudadanos sin excepción.

Un gobierno abierto, transparente y cercano a la gente, ha sido desde hace mucho la exigencia de la sociedad.

Como sucedió con la Reforma Constitucional promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, de nueva cuenta en el Senado de la República, nos ponemos a la altura de las circunstancias para atender y escuchar el reclamo ciudadano de apertura, no sólo en la expresión de las ideas, sino también, y esencialmente, en la construcción de las leyes.

Por parte del grupo parlamentario del PRI, hacemos eco y respondemos al apoyo que el Presidente de la República ha dado a la aprobación de esta ley, como parte de las reformas necesarias para garantizar la paz y seguridad en nuestro país.

Es por ello, que hemos incluido un capítulo con el que adicionalmente a la garantía del acceso a la información pública, se busca generar las plataformas para que gobierno y sociedad, con apoyo de los organismos garantes, promuevan la apertura del gobierno, generando espacios de colaboración, rendición de cuentas y el uso de tecnologías de la información, en beneficio de la sociedad mexicana.

Amigas y amigos: la ley que presentamos el día de hoy, es resultado de un trabajo colaborativo, y es necesario agradecer a todos los que participaron en su elaboración.

Mi agradecimiento al Senador Emilio Gamboa por su apoyo, y el seguimiento puntual que ha dado a los trabajos de este comité redactor; al Senador Miguel Barbosa, por el apoyo que, desde la Mesa Directiva se dio en todo momento para que los trabajos se llevaran a cabo; al Senador Jorge Luís Preciado, por el seguimiento a este grupo.

Mi agradecimiento a las y los Senadores que participaron activamente en la redacción de estas leyes, muy especialmente a Alejandro Encinas y a Laura Angélica Rojas, quienes estuvieron en todo momento en las discusiones, y logrando los consensos necesarios.

También mi gran agradecimiento para Pablo Escudero, Marcela Torres, Zoé Robledo, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Dolores Padierna y Armando Ríos Piter.

A los representantes de la sociedad civil que acudieron a las reuniones como: Gabriela Morales, Natalia Calero, Ana Cristina Ruelas, Manuel Silva Coache, Renata Terrazas y Manuel Esparza.

A los 17 expertos que realizaron comentarios, que nos dieron elementos valiosos para tomar en cuenta en la redacción final; Isabel Davara, Issa Luna, Jacqueline Peschard, Ligia González, Lilia Velez; Lina Ornelas, María Marván, María Maqueo, Mariana Campos, Mariana Mora, Arturo Alcalde, Cedric Laurant, Eduardo Bohórquez, Mauricio Merino, Miguel Pulido, Rubén Minutti y Sergio López Ayllón.

Para finalizar, a los asesores parlamentarios que nos apoyaron durante este largo proceso. Edith González, Aleida Tovar, Haskel Rivera, Pedro Plata, Eduardo Sánchez y Emilio Saldaña.

Quiero hacer un especial reconocimiento a mi equipo de colaboradores: Marlenne Magallanes, Martín Fuentes y Dante Preisser, a todos, mi reconocimiento y agradecimiento.

La iniciativa que presentamos el día de hoy, es el resultado del esfuerzo de todos y cada uno de los que participaron, poniendo en el centro del debate al ciudadano como razón de ser, del trabajo legislativo, que realizamos en la Cámara de Senadores. No cabe duda, de que nuestro país está en un momento de profundas transformaciones y de exigencias legítimas de nuevas formas de entender la gestión pública.

Esta Ley, resultado de la colaboración es un ejemplo de ello. Los invito a que en la dictaminación y en la implementación de la Ley no perdamos el espíritu de apertura con el que se generó, es en beneficio de todos.

Muchas gracias.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Gómez González.

Esta Mesa Directiva felicita a las Senadoras y Senadores que han participado en la elaboración de esta iniciativa, a los grupos parlamentarios ya mencionados, así como a integrantes de la sociedad civil y a los asesores que también participaron en este proyecto tan importante. De tal manera que se ratifica el turno a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura en comunicación, de la Universidad Liceo del Estado de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién; asisten a este recinto para presenciar el trabajo de los legisladores durante la sesión ordinaria. Sean ustedes bienvenidos.

Esta presidencia saluda también a un grupo de alumnos del sistema avanzado de bachillerato y de educación superior en el estado de Guanajuato, invitados por el Senador Francisco Yunes Zorrilla, quienes asisten al recinto con la misma finalidad de presenciar los trabajos legislativos. ¡Sean bienvenidos!





 

MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea, en atención a la solicitud planteada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, les pido de favor ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Roberto Gómez Bolaños. Señoras y señores Senadores, se solicita guardar un minuto de silencio, conforme a la solicitud planteada por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. Pueden tomar asiento.





 

Tiene la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury para presentar, a nombre propio y de los Senadores Roberto Albores Gleason, Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez del Campo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Roberto Armando Albores Gleason, Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez del Campo Gurza)

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Agradezco a la Senadora Gómez del Campo, a la Senadora Díaz Lizama, y al Senador Albores, por suscribir conmigo esta iniciativa. Esta iniciativa que forma parte de una batería de cinco, entre iniciativas y puntos de acuerdo, que tienen como objetivo el que como Senado de la República legislemos para la creación de un Sistema Nacional de Adopción, un Sistema Nacional que homologue, primero que nada, los diferentes criterios que hay para adopción entre los diferente sistemas, ya sean municipales, estatales o federales, y así también la creación de un padrón nacional que nos permita facilitarle a los padres de familia que cumplan con los criterios de adopción, así como proteger en todo momento a los menores en calidad de ser adoptados.

Por ello, solicito su amable atención para que esta iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal, referentes a la adopción sea apoyada.

Sin lugar a dudas, la adopción en México ha sido un tema que el Estado Mexicano ha tratado de abordar en distintas legislaturas, quedando a deber la materialización de un efectivo análisis y compromiso, a fin de que los menores en situación de abandono, puedan integrarse a un seno familiar que brinde un entorno de cuidado y protección.

Para su desarrollo integral, estos menores se convertirán en ciudadanos, cuyos valores serán definitivamente reforzados por la institución de la familia.

Desafortunadamente, el número de menores en casas hogar no disminuye, incluso pierden la oportunidad de integrarse a una familia por burocracia y por el procedimiento irregular del trámite de adopción, mientras que existe un número importante de familias habidas en recibir a un menor.

Una oportunidad para que la adopción se renueve está precisamente en la Ley de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, aprobada aquí en el Senado de la República, la cual incluye la figura de familia por acogimiento "preadoptivo", que es un beneficio para que el menor acceda a una familia más pronta, ya que como medida provisional tiende a que la familia de acogida obtenga la adopción definitiva con el menor bajo su cuidado.

Con la adopción de la referida ley, la familia de acogimiento "preadoptivo" requiere su integración al Código Civil Federal, con el fin de que se regule y se promueva como una medida garante hacia el menor, con la diferencia de que el menor ya no tendrá que esperar en una casa hogar sino que la familia de acogida será responsable de su cuidado.

Atender este tema, requiere de acciones prontas, los derechos de niños y niñas no pueden ser vulnerados por transcurso del tiempo y la parsimonia con la que se ha manejado el tema, por lo que este tipo de reformas se deben de aprovechar al máximo en beneficio del menor.

Nuestra labor debe estar encaminada a que existan cada vez menos menores sin un lazo familiar, y que existan menos familias decepcionadas por no tener poder de adoptar un hijo, el tiempo apremia; y los menores suman años en casas hogares, lo cual complica todavía más sus posibilidades de integrarse a un seno familiar.

La inclusión al Código Civil Federal, es una medida anticipada para que este acto jurídico se vea tutelado en aras de contribuir a reforzar el capítulo de adopción citado en el Código Civil, a fin de contener diversas disposiciones que dictan los tratados internacionales en las que México se ha suscrito. Se deben mencionar las características mínimas de procedimiento y seguridad internacional, que estas convenciones exigen.

En legislaturas como Campeche y Colima, por ejemplo, se mencionan, deben de aparecer de manera específica, de manera federal.

Para exponer los derechos tutelados por los Convenios Internacionales, que no se ven contenidos en el Código Civil Federal, por ejemplo, el derecho del menor a ser escuchado en todo momento y a respetar su decisión, actualmente, como lo menciona la ley es hasta los 12 años, que se tome en cuenta la opinión del mismo. Con la reforma que propongo, es a juicio del juez familiar, que debe instar a que con el previo análisis pedagógico y psicológico realizado por las autoridades competentes, el derecho del menor, en todo momento, sea garantizado.

Por otro lado, las disposiciones internacionales mencionan que la cultura, la religión y las costumbres deberán ser factores que determinen la entrega del menor a un estado distinto al de origen; por lo que su inclusión, en el texto civil, es con el objetivo de no perder de vista que la adaptabilidad que un menor tenga en el territorio distinto al nacional, es responsabilidad del Estado, y que sus derechos están tutelados en todo momento. Este precepto lo incluyo también en la reforma que propongo, en el apartado relativo a Adopción Internacional.

De igual forma, la adopción hecho por extranjeros es un tema que se debe incluir de manera más desarrollada por el referente civil federal, ya que sus características son especiales, se debe, por ejemplo, analizar como una variante de la adopción, pero con criterios que deben asegurar la seguridad en todo momento del menor, en cuanto a que se debe acreditar la calidad de migrante del extranjero, su legal estancia en el territorio nacional, la temporalidad en la que ha residido o piensa residir en territorio nacional y su intención de volver a su país de origen o trasladarse a un territorio diferente.

La nacionalidad de aquí en los menores también es un tema que debemos revisar, y el futuro que les espera al ser concebidos en adopción.

Con esta reforma, amigas y amigos, la adopción internacional favorecerá el interés superior del menor, ya que los interesados en realizar, tramitar o gestionar las adopciones deben de garantizar en todo momento cumplir con la máxima prerrogativa civil que la República Mexicana dispone; los requisitos y características mínimas que se solicitan a nivel internacional deben de ser incluidos en el texto civil con el fin de reforzar este procedimiento y con esto, pueda prevenirse y atacar el tráfico de menores, la trata de personas, las adopciones ficticias, entre otros riesgos, a los cuales los menores son susceptibles a ser adoptados.

En ese sentido, someto a esta honorable soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 397, se reforma la sección IV y se adiciona la sección V del Código Civil Federal, a efecto de contener la figura de familia por acogimiento productivo y las adiciones en el tema de adopción internacional, y adopción hecha por extranjeros que contienen de manera eficaz las medidas de seguridad y características mínimas de procedimiento, que indican los instrumentos internacionales en la materia, a efecto de que sean de observancia general.

Esta iniciativa la tienen en sus escaños, amigas y amigos, y las modificaciones a los artículos para que sean analizadas, ya que por razón de tiempo, no les expongo la redacción final de todo su contenido.

Por último, como comenté, esta es la primera de cinco de una batería de entre puntos de acuerdo e iniciativas que tienen como objeto final el que logremos generar una estrategia integral, que proponga un sistema nacional de adopciones, que garantice en todo momento la seguridad de los menores, también facilite a todos los potenciales, padres adoptivos a que cumplan con los criterios homologados a nivel nacional para que puedan ser susceptibles de adoptar a un menor.

Por su atención y apoyo a esta iniciativa les doy las gracias.

Muchas gracias.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Jorge Luis Lavalle. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Adelante, en el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, que le pregunte al Senador Lavalle si me permite adherirme a su iniciativa.

Y lo felicito.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Para los mismos efectos, Senador López, que tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y se ratifica el turno ya dictado.





 

Tiene la palabra el Senador Armando Ríos Píter para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Combate a la Corrupción Política.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCION POLITICA

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de diversos Senadores)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me permito poner a su consideración la iniciativa, que agradezco a varios compañeros Senadores y Senadoras que me acompañan en la presentación, de una Ley General de Combate a la Corrupción Política.

El pasado jueves muchos de nosotros, pero especialmente muchos ciudadanos y ciudadanas, estuvimos atentos al informe que hizo o a la presentación de un decálogo que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para atender la crisis en materia de seguridad y de violencia que se vive en el país.

Todos sabemos que la calle en este país, en este momento, está tomada por ciudadanos: que por luto, por indignación, por fastidio de cómo está funcionando nuestro país, pues están manifestando; primero por la aparición de 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, hace poco más de dos meses, pero donde el rostro de cada uno de sus 43 jóvenes se ha convertido en la representación física de muchos miles, de hombres, de jóvenes, de adultos mayores que han desparecido en el interior del país; que hoy sus familias no encuentran después de 2, 3 5, 6 años, y con esas muestras de madres entregando y enseñando sus brazos para que les tomen una muestra de sangre, para que el ADN les permita saber si una fosa en Tamaulipas o una fosa en Guerrero o en Michoacán o una fosa en Durango es el espacio en el cual puede estar un ser que se mantiene desaparecido.

Es precisamente, compañeras y compañeros, la dimensión de la crisis que hoy enfrentamos y la crisis social que manifiesta una importante pérdida, una absoluta pérdida en la confianza de la clase política, de los partidos políticos e incluso, y cuesta trabajo pensarlo y decirlo, pero de nuestra propia vida democrática.

Así escuchamos la posición del Presidente Enrique Peña Nieto en un decálogo que se quedó corto y que fue claramente insuficiente; escuchamos: diez propuestas, diez planteamientos, tres iniciativas de cambios constitucionales que han llegado a este Senado de la República, y otros tantos planteamientos administrativos.

Nos tocará en los próximos días, semanas, revisar la Ley contra la infiltración del crimen organizado de las autoridades municipales o la función policial de los estados, para que ellos sean a través del mando único quienes puedan llevar el control de casi mil 800 policías municipales, y la sensación que queda, compañeras y compañeros es que el discurso del Presidente se queda solamente ahí, en el ámbito municipal, como si el problema fuera solamente de esa estructura, e incluso pareciera ser en el discurso, en las anotaciones del decálogo, que solamente fueron problema de policías.

Habría que denotar que ahí donde hay infiltración del crimen en un municipio, no solamente se adueñan de la policía: se adueñan de la tesorería para cobrar el ramo 33, se adueñan de las autoridades de agua potable, se adueñan de la parte de los catastros para saber quiénes son los que poseen tal o cual inmueble.

De esa dimensión es el problema, y también ha sido ilimitado ese planteamiento que hemos recibido el jueves pasado, y seguirá siendo limitado, compañeras y compañeros, en tanto no se hable del tema fundamental, en tanto el tema de corrupción haya sido uno de los asuntos que están supuestamente hoy en el debate a través de un Sistema Nacional de Corrupción que nadie conoce, porque no hay iniciativas sobre el particular, solamente nos escuchó, nos tocó escuchar planteamientos de parte de varias bancadas al hablar de la corrupción, pero estamos discutiendo una iniciativa que no existe, y en cambio, después de más de un año que este Senado de la República sacó una minuta por unanimidad en materia de combate a la corrupción, sigue durmiendo el sueño de los injustos en la colegisladora.

De esa dimensión es el tema, no se atiende, no se revisa y no se profundiza en el principal problema que tiene nuestro sistema político, y que es el que tiene un situación de colapso en nuestro estado de derecho: la corrupción; la corrupción, compañeras y compañeros que ha corroído todos los espacios de la vida pública, pero de manera particular, y es el tema sobre el que trata esta iniciativa, la corrupción política.

La corrupción que inicia ahí en los partidos políticos cuando sin filtros y sin claridad de a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos nos lleva a condiciones como las de Iguala con José Luis Abarca, pero que no solamente tiene que ver con los partidos políticos y con los filtros, porque si atendemos a lo que dice Eduardo Buscaglia, pues el tamaño del problema no va a ser que el Estado por parte del Secretario de Gobernación desaparezca un municipio; lo que dice Eduardo Buscaglia y es que el 65 por ciento de los municipios en este país tienen problemas similares al de Iguala.

Ya sea por sometimiento, por corrupción, por colusión de la autoridad: hoy una importante parte de nuestros municipios sufren problemas como el que se tiene igual, y si nosotros nos quedamos solamente con este decálogo, como si fuera la respuesta ideal para la magnitud del problema, corremos el riesgo de equivocarnos, corremos el riesgo de que se perciba como en otras ocasiones ha ocurrido; de que la clase política está dispuesta a tapar el sol con un dedo, a no escuchar a la ciudadanía que hoy está en la calle, y a no transformar la realidad que hoy le está pegando a millones de familias en el país.

Y si hablamos de la parte de la corrupción en la hora de tomar decisiones políticas, tenemos que hablar de la corrupción también durante las campañas, durante el proceso político, porque es ahí no solamente donde se ponen de acuerdo candidatos y candidatas respecto a cuáles van a ser los trámites, o qué empresas los van a llevar una vez que lleguen al poder.

Es ahí donde se da la cooptación, en ese ámbito territorial, en ese momento de las campañas de cuáles son los territorios de tal o cuál actor del crimen organizado que va a tener presencia territorial, por acuerdo implícito con quien está como candidato o candidata.

Nada escuchamos en el discurso del presidente sobre la parte más frágil de nuestro esquema actual, que es la procuración de justicia.

Nada se habló de las procuradurías estatales y tampoco hubo un sentido autocrítico en la parte de la Procuraduría General de la República, poniendo como marco y como ejemplo el tema de Iguala, de Ayotzinapa.

Entonces, compañeros y compañeras, pareciera ser que si nos quedamos solamente satisfechos, porque ya escuchamos un decálogo, porque ya se presentaron iniciativas, porque vamos a volver a trabajar aquí en el Poder Legislativo en estas materias, pues es ignorar la realidad que hoy enfrentamos y la crisis que tenemos que atender. Es una crisis no solamente de narco política, compañeros y compañeras, es una crisis donde los políticos están involucrados con las autoridades, con las actividades criminales.

Si no entendemos con claridad el problema de Iguala y de Ayotzinapa, y no entendemos el reclamo de la gente, no estaremos a la altura de la transformación que hoy reclama el país.

Por eso me permito someter, para ampliar el decálogo, para quedarnos en la intención de que este no es un problema solamente del Gobierno Federal, no solamente es un problema de un partido político; es un problema del Estado mexicano, es un problema de los poderes, es un problema de todos los órdenes de gobierno.

Atender el tema de la corrupción que existen en el ámbito político, es fundamental si queremos resolver el problema de fondo.

Por eso, someto a su consideración temas como los que he comentado: facultar a las autoridades en materia de combate a la corrupción para iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en un 50 por ciento los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos a efecto de hacer realmente expedito este procedimiento.

Tener y reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para obligar a ciudadanos aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza que será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate. Se trate del más humilde los regidores, hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal.

Y de la misma forma, compañeros y compañeras, se está planteando que la fiscalía especializada para el combate a la corrupción, dentro de un plazo de 180 días, inicie una investigación sobre el posible desvío de recursos o nexos con el crimen organizado de los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial a nivel Federal, Estatal y Municipal.

Estamos a punto de nombrar a quien esté encargado de la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Se ha caído nuevamente en la inercia de pensar que puede ser un cargo más de trueque entre los grupos parlamentarios.

Estoy convencido de que esa es una de las decisiones cruciales que tenemos que tomar como Senado de la República.

Hoy, el combate a la corrupción, es el hilo conductor del problema que tiene el estado de derecho.

Con iniciativas como ésta, que espero sean revisadas por ustedes y podamos encontrar, visiones del PAN, del PRI, del PRD, de cada uno de los partidos políticos que sufren también este tipo de problema en cada uno de los órdenes de gobierno, podamos tener la visión de estado que hoy la sociedad y que nuestro país reclama.

La pongo a su consideración, y espero que sea un tema que sea parte de un debate sólido, contundente y de largo plazo como el que nos exigen los ciudadanos mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, ZOE ROBLEDO ABURTO, BENJAMIN ROBLES MONTOYA, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, RAÚL MORÓN OROZCO, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ADOLFO ROMERO LAINAS Y MARTIN OROZCO SANDOVAL, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así́ como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción política se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra democracia, la debilidad institucional estalla y se manifiesta a lo largo de nuestro país, la metástasis hacia el crimen organizado, nos ha estallado como una tragedia, que lacera nuevamente el seno de nuestras familias. La ausencia total de moral y ética en el manejo de los recursos públicos, como una característica del sistema político mexicano y la falta de responsabilidad del Congreso por legislar fehacientemente un marco jurídico que disuelva los lazos perversos entre el sector público y quienes a su amparo usufructúan para fines personales en contra de la nación, son ante todo, es la principal causa de la crisis de legitimidad de las instituciones del Estado.

La corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país. Si la corrupción en nuestro país se estima alrededor del 9% del PIB1, el costo de la corrupción política puede significar el fin de los avances democráticos de nuestro país y encabezar el inicio de una descomposición de los cauces institucionales de las demandas sociales.

De todos los tipos de corrupción conocidos, la que se ha constituido en el Estado mexicano se ha convertido es un cáncer que atenta contra la preservación del Estado mismo, el país pierde capacidad de dirección y de todo proyecto de nación cuando no solo se permite la trasgresión de las leyes y normas jurídicas para beneficio de unos cuantos, sino se utiliza el poder público para ignorar la desaparición forzada y la muerte de ciudadanos. Hoy como clase política pagamos el costo del letargo de promesas no cumplidas, de reformas inconclusas, modificaciones legales que en aras de lo posible políticamente, se sacrificó lo que era necesario para fortalecer el Estado y fortalecer los canales de comunicación con la sociedad.

La histórica movilización social que hoy se vive en nuestro país, debe ser asumida es consecuencia en buena parte, como consecuencia de una corrupción de todos los actores del Estado, todos somos responsables y no podemos depositar como representantes populares dicha responsabilidad, en delegar sino en asumir.

La pérdida de credibilidad institucional en el sistema político y en sus líderes políticos ha desembocado en este mar de frustración ante la injusticia de un sistema que se protegerse a sí mismo, para su sobrevivencia, olvidando los principios que le dieron origen al pacto social plasmado en nuestra Constitución. El ambiente de crispación social nos obliga a reincorporar seriamente dentro de la agenda de las reformas estructurales el combate a la corrupción en todos sus aspectos, no más dilatación o reformas políticamente correcta para la protección de un régimen agotado, ignorar el grito de las calles nos convierte de cómplices a culpables del proceso de descomposición del tejido social, una responsabilidad histórica, y donde la sangre inocente ha pagado ampliamente por nuestra falta de visión de Estado. Las sombras de la tormenta que se viven en las calles de nuestro país no pueden ser ignoradas por este Congreso de la Unión.

Por esa razón, la percepción ciudadana sobre los asuntos de gobierno ha sido de desconfianza y cautela. En el 2013, la proporción de mexicanos que opinan que hay mucha corrupción en el Gobierno Federal creció 10 puntos, al pasar de 67 a 77 por ciento. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional (TI) reveló que en una escala de 1 a 5 –donde 1 significa que la corrupción no es un problema y 5 que es un problema muy grave–, los encuestados mexicanos le dieron al país una calificación de 4.72. Peor aún, 72 de cada 100 mexicanos creen que las acciones del Gobierno de México contra la corrupción son inefectivas.

En los últimos años el servicio público en México ha registrado amplios escándalos políticos que van desde exgobernadores en proceso de investigación, tráfico de influencias, nexos entre políticos y empresas privadas, video escándalos, moches en la asignación de presupuesto, y recientemente nexos entre funcionarios públicos y el crimen organizado que han transcendido a nivel internacional.

La corrupción de la clase política es uno de los fenómenos modernos más lesivos para los Estados modernos porque disminuye la capacidad de los representantes populares para atender las demandas de los ciudadanos.

Los escándalos no son nada nuevo en la política mexicana, pero si el ritmo de las revelaciones y de impunidad se han acelerado en un país donde los ciudadanos usan cada vez más las redes sociales y grupos de la sociedad civil, ejercen una mayor presión sobre la actuación de las autoridades vinculadas a actos de corrupción, sin embargo, el andamiaje institucional actual es incapaz de imponer sanciones administrativas y penales a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos, independientemente de su origen por medio de representación popular o como funcionarios dentro de la administración pública.

La corrupción a nivel estatal y municipal, no es distinta de la registrada a nivel federal, por años poderosos gobernadores se han permitido constituir administraciones subterráneas para dirigir estados y controlar partidos políticos y organizaciones sociales como virreyes a través de la manipulación del destino de fondos públicos, desviando recursos destinados a programas contra la pobreza y hostigando a opositores.

Por años se consideró que la corrupción era asociado solo al partido hegemónico en el poder federal, sin embargo, en los últimos años, en la historia reciente ha demostrado que ninguna agrupación política es inmune. La corrupción se ha democratizado y afectado a cualquier partido político. A pesar de ello, pocos los avances institucionales que incluyan sanciones contra funcionarios corruptos. Así, los ciudadanos desconfían y se alejan de la clase política. De acuerdo con las encuestas del Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, los partidos políticos han sido catalogados como las organizaciones más corruptas, más que los policías y los funcionarios públicos.

Debido a que los partidos políticos requieren dinero para ejecutar sus campañas, una de las grandes campos de cultivo para la corrupción es la manera en que se financian. Los intereses de las personas y organizaciones de los cuales obtienen fondos podrían tener una gran influencia en las acciones de estas instituciones.

De acuerdo con el analista internacional Edgardo Buscaglia, México es el segundo país del mundo con mayor flujo de capitales del crimen. La debilidad de nuestras instituciones y la corrupción, ha propiciado la infiltración del crimen organizado.

La desaparición forzada en el Caso de Iguala de estudiantes normalistas, que ha puesto a luz pública los nexos de corrupción entre el poder público y el crimen organizado, solo es la punta del iceberg de un proceso de descomposición de las fuerzas de seguridad, hoy son infiltradas por el el crimen organizado. El cobro de piso, la extorsión, el secuestro, las desapariciones forzadas, las muertes por decenas y las fosas clandestinas, no son exclusivas de Iguala, Guerrero, este cáncer recorre amplias franjas del territorio nacional.

El caso de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas y Cuernavaca, el resto del país, en mayor o menor medida, se han convertido en un desafío a nuestras capacidades frente al resquebrajamiento de las instituciones de seguridad y de justicia, la actual crisis evidencia la corrupción imperante en áreas fundamentales de la vida nacional, desnudado la complicidad de los partidos políticos, y poniendo en riesgo la voluntad popular expresada por los votos, callada por la corrupción y la violencia del crimen organizado.

Experiencia internacional en materia de combate a la corrupción política

Caso Italiano

En 1992 en Italia se descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales. El caso se conoció como “Manos Limpias” a un proceso judicial italiano llevado a cabo por el fiscal Antonio Di Pietro en 1992. La investigación causó gran conmoción en la opinión pública, conociéndose como la tangentopoli3.

Este proceso se desarrolló en un contexto muy delicado de la política italiana, con una figura destacada que fue Bettino Craxi. Todo esto desembocó el 30 de abril de 1993 con gente que tiraba monedas y billetes. La investigación "manos limpias" inicialmente fue dirigida por la Procuraduría de la República de Milán y posteriormente se extendió en toda la península. Se desarrollaba en un contexto político de corrupción, extorsión y financiación ilegal de los partidos políticos.

Entre los actores involucrados estaban ministros, diputados, senadores, empresarios e incluso los ex presidentes del Consejo.

Descripción del Caso

El 17 de febrero de 1992, tuvo lugar el punto de partida de la lucha contra la corrupción política italiana. Ese día el procurador de Milán Antonio Di Pietro obtuvo un orden de arresto para la detención de Mario Chiesa, miembro del Partido Socialista Italiano.

Chiesa fue detenido en su despacho en el momento en que recibía un soborno de 7 millones de liras. El dinero provenía de las manos del empresario Luca Magni quien, en complicidad con Di Pietro, había acudido a entregar la mitad del dinero que pretendía el dirigente del PSI por haber obtenido una concesión valuada en 140 millones de liras.

Fue una noticia que tuvo mucho eco en los medios, por eso se puede considerar como el inicio de toda una serie de arrestos de hombres políticos corruptos. Frente a esta noticia, el líder del PSI, Bettino Craxi hizo declaraciones en las cuales negó toda existencia de una red de corrupción al nivel nacional como lo sospecha la justicia y lo denuncian los periódicos.

Pero durante el interrogatorio de Chiesa, éste confesó que la corrupción está muy generalizada y desarrollada en el ámbito político. Además, estas investigaciones aparecieron en un momento muy importante porque en abril 1992, se desarrollaban las elecciones legislativas.

Esta causa judicial se llamó "Tangentopoli" y en ella debieron declarar aproximadamente 4,000 empresarios y políticos de diversos partidos.

El magistrado Di Pietro guardaba todas las investigaciones pendientes. Las elecciones fueron un caos para los grandes partidos. Un mes después tuvo lugar la elección presidencial donde fue elegido Oscar Luigi Scalfaro. Cuando tomó sus funciones indicó que rechazaba toda concesión respecto a los políticos sospechosos, dejando la justicia ejercer.

Hasta el final del año 1992 y principio del 1993, se desarrollaron otras tentativas para desestabilizar a los procuradores investigando pero con el apoyo de una gran parte de los ciudadanos italianos y de los medios de comunicación. Así, se llevaron a cabo otras detenciones y se puso a la luz una red muy extendida de corrupción.

De la autoridad en materia de combate a la corrupción

La política anticorrupción en Italia se divide en prevención y combate, la institución responsable en la materia es el Autoridad Nacional Anticorrupción y para la evaluación y la transparencia en la administración pública4 es un órgano colegiado integrado por un Presidente y cuatro miembros elegidos entre expertos de alto nivel profesional, incluso fuera de la administración, con probada experiencia en Italia y en el extranjero, tanto en lo público y lo privado, de independencia conocida y probada experiencia en el campo de la lucha contra la corrupción, la gestión y la medición del desempeño, así como la gestión y el personal de evaluación.

El presidente y los miembros son designados, teniendo en cuenta el principio de la igualdad de género, por decreto del Presidente de la República, después de su examen por el Consejo de Ministros, con la aprobación de las comisiones parlamentarias competentes expresadas por una mayoría de dos tercios de los miembros.

El presidente es designado a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y la simplificación, en consulta con el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior; miembros son nombrados por el Ministro de Administración Pública y la simplificación. El Presidente y los miembros de la Autoridad no podrán ser elegidos entre personas que ocupan cargos públicos o cargos de elección popular en los partidos políticos o los sindicatos o eran de esos cargos y puestos en los tres años anteriores a la designación y, en cualquier caso, no debería tener interés de cualquier naturaleza en conflicto con las funciones de la Autoridad. Los miembros son nombrados por un período de seis años y podrán ser reelectos.

La Autoridad Nacional Anticorrupción y para la evaluación y la transparencia en la administración pública como Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción y otros órganos responsables de llevar a cabo las acciones, de manera coordinada, para garantizar el control, la prevención y la lucha contra la corrupción y la ilegalidad en el servicio público.

● Las principales funciones del Órgano Anticorrupción5 son las siguientes:

A) Cooperar con los órganos estatales conjuntos, las organizaciones regionales y los organismos internacionales;

B) Aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción elaborado por el Departamento de la Función Pública;

C) El análisis de las causas y los factores de la corrupción e identifica intervenciones que pueden promover la prevención y el combate;

D) Emitir dictámenes a los órganos estatales opcionales y todas las autoridades públicas en su versión modificada, en relación con el cumplimiento por los actos y conducta de los funcionarios derecho público, códigos de conducta y contratos, colectiva e individual, que regula el empleo público;

E) Puede expresar opiniones respecto a los nombramientos por los funcionarios ejecutivos del Estado y los organismos públicos nacionales;

F) Supervisión y control del ejercicio sobre la aplicación efectiva y la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno;

G) Presentar un informe al parlamento sobre las actividades realizadas en el combate a la corrupción y la ilegalidad en el servicio público.

H) Establece los criterios, directrices y formularios estándar para la aplicación del Código de Conducta de las entidades y organismos de la administración pública

Política de prevención y combate a la corrupción

En materia de transparencia, las leyes italianas establecen que es una obligación del gobierno sobre publicar en los sitios web corporativos toda la información relativa a los procedimientos administrativos relativos a una forma de fácil accesibilidad, integridad y simplicidad consulta, dando al órgano para la evaluación, la transparencia y la integridad de la administración pública la supervisión y el control de la observancia de las normas sobre la transparencia de la actuación administrativa, entre otras cosas.

Dentro de la política de prevención de la corrupción, es un requisito para toda la administración pública asegurar el seguimiento periódico del cumplimiento de los tiempos del procedimiento a través de la eliminación oportuna de anomalías. Los resultados del monitoreo también deben ser consultados en la página web corporativa de cada administración.

Con el fin de cumplir con este nuevo requisito, los departamentos individuales deberán cumplir como mínimo cada seis meses, para enviar datos a la escritora que el Departamento, después de la creación de la sección especial se procederá a publicar el mismo en el portal corporativo.

Las leyes italianas en materia de derecho a la información, como parte del andamiaje institucional de combate a la corrupción política, establecen que el Gobierno está obligado a poner a disposición de los interesados en cualquier momento, la información relativa a las acciones y los procedimientos administrativos que les afectan, incluidas las relacionadas con el procedimiento, el tiempo relativo y la oficina específica responsable en cada etapa. (párrafo 30 del artículo 1) derecho de acceso a los documentos administrativos a que se refiere la Ley no. 241/1990.

También introduce en el cuerpo de la Ley no. 241/1990, un artículo 6 bis, que establece: "El jefe de procedimiento y los jefes de los departamentos responsables para supervisar, realizar revisiones técnicas (…) y la dictar órdenes finales no deberían llevarse a cabo en caso de un conflicto de intereses, deben informar de cualquier situación de conflicto de interés, incluyendo el potencial ".

En la reforma se introduce una disposición en el Decreto Legislativo n. 165/2001, cuyo artículo 35 bis establece que aquellos que han sido condenados, aunque la sentencia no es definitiva, por los delitos previstos en el Capítulo I Título II del Libro II del Código Penal no puede ser parte, incluso con funciones de secretaría, los honorarios para el acceso a la función pública o la selección, los comités para la selección del contratista para la adjudicación de obras, suministros y servicios o la concesión o subvenciones, contribuciones, subvenciones, ayuda a beneficios financieros o económicos de cualquier tipo, ya sea asignado, con un cargo ejecutivo, las oficinas responsables de la gestión de los recursos financieros, la adquisición de bienes, servicios y suministros, así como el otorgamiento o expedición de subvenciones, contribuciones, subvenciones, ayudas financieras o las asignaciones de beneficios económicos a las entidades públicas y privadas.

Disposiciones a nivel municipal

Italia incorpora a nivel municipal las siguientes acciones de prevención en materia de corrupción, como:

A) Identifica de manera diferenciada la exposición al riesgo de las oficinas de la corrupción y descontrol, e indica la medidas organizativas para prevenir el mismo riesgo;

B) Seguimiento a las normas relativas a la aplicación y seguimiento de los protocolos de legalidad o integridad;

C) Indica los procedimientos adecuados de selección y formación, en colaboración con la Escuela de la administración pública, de los empleados llamados a trabajar en las zonas particularmente expuestas a la corrupción, procurando, la rotación de los gerentes y ejecutivos.

D) Establece que el plan para la prevención de la corrupción, que es el documento programático esencial, se elaborará de acuerdo con las directrices contenidas en la lucha contra la corrupción nacional.

E) Los municipios establecen en línea con el plan anual de formación pública, un plan de trabajo en contra del riesgo de actos de corrupción de sus empleados.

A nivel municipal el jefe de la prevención de la corrupción se encuentra entre los directores generales de papel primer nivel. En el gobierno local, el responsable de la prevención de la corrupción por lo general se ubica en una Secretaría. El Departamento de la Función Pública, a cargo de la prevención de la corrupción no se puede jugar al mismo tiempo como jefe de la oficina de un procedimiento disciplinario, en el caso hipotético de una situación de potencial conflicto de intereses.

Se especifica el contenido de la obligación para todos los responsables de licitaciones a publicar en sus sitios web, relacionados con los procedimientos de selección de contratistas para la adjudicación de obras, suministros y servicios, toda la información relevante como estructura, proponente, sujeto del contrato, una lista de los operadores a licitar, contratista, importe de adjudicación, el momento de la terminación de la cantidad de trabajo, servicio o suministro de las sumas pagadas. La ley establece que, a más tardar el 31 de enero de cada año, la información correspondiente al año anterior, se publicará en tablas, la información resumida, con un formato digital de libre acceso. Adicionalmente, la información debe ser enviada en formato digital a la Autoridad de Supervisión de los contratos públicos de obras, servicios y suministros.

Plan de prevención y combate a la corrupción

En el caso italiano, el gobierno debe definir y proporcionar al Departamento de Administración Pública un plan para la prevención de la corrupción, se elabora con la participación de las autoridades locales y del Órgano Nacional. En los Gobiernos locales, lo realiza el jefe de la Prevención de la Corrupción, el cual normalmente se encuentra en la secretaría respectiva de la materia.

El plan debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

A) Identificar las actividades, incluidas las que "más" alto riesgo de corrupción, incluyendo la recopilación de las propuestas gerentes, desarrolladas en el ejercicio de facultades

B) Disponer de los mecanismos de la formación, ejecución y seguimiento de las decisiones necesarias para evitar el riesgo de corrupción;

C) Proporcionar, con especial atención a determinadas con arreglo al inciso a) obligaciones de las actividades 'para proporcionar información a la gerente, mencionados en el apartado 7, de supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del plan;

D) Vigilar el cumplimiento de las condiciones previstas por la ley o reglamento, para la conclusión de los procedimientos;

E) Supervisar las relaciones entre la administración y las personas que entran en contratos con el mismo o estén interesados en los procedimientos de autorización, la expedición y la entrega de los beneficios económicos de cualquier tipo, incluyendo mediante el control de los informes de consanguinidad o afinidad "que existe entre los titulares, directores, accionistas y empleados de los mismos elementos y los funcionarios y empleados de la administración;

F) Identificar los requisitos de transparencia específicas adicionales a las previstas por la ley.

Las sanciones en materia de actos de corrupción van desde una suspensión de un mes sin goce de sueldo hasta la figura penal de tráfico ilícito de influencias, con una pena de uno a tres años de prisión.

Caso Colombia

El establecimiento de una Política Pública Integral Anticorrupción en Colombia se convirtió en un prioridad para el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien se focalizo en sectores específicos para combatir la corrupción de los funcionarios.

La situación de Colombia no era distinta a la de México, de acuerdo a los indicadores de corrupción:

A) Colombia ocupaba el lugar 74 de 189, de los países que conforman el Barómetro Mundial de la Corrupción, en 2009;

B) Colombia es el séptimo país más corrupto de América Latina, de acuerdo al Barómetro Mundial de Corrupción 2013;

C) De una escala de 5 puntos, Colombia ocupa 4.4 de nivel de corrupción.

D) Se considera que el Gobierno Colombiano es 19 por ciento efectivo contra la corrupción;

E) De acuerdo con el Barómetro Mundial de Corrupción, Colombia es más corrupto en su policía y su Parlamento.6

Marco jurídico

El andamiaje jurídico de Colombia, como el caso Mexicano, es el resultado de un largo proceso de acercamiento de la norma y la capacidad de los instrumentos para combatir a la corrupción, y los resultados esperados. La reforma constitucional de Colombia en 1991 estableció diferentes disposiciones anticorrupción como el artículo 1 que establece la descentralización, la autonomía de las entidades territoriales y su participación; el artículo 2 los fines esenciales del Estado; el artículo 23 establece el derecho de petición; el artículo 90 establece la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos; el artículo 122 a 129 la función pública, la carrera administrativa, las causales de inhabilidad e la incompatibilidad para servidores públicos; los artículos 183 y 184 la pérdida de investidura; el artículo 209 la función administrativa; el artículo 250 establece las Funciones Fiscalía General de la Nación; el artículo 267 crea la Contraloría General de la República; el artículo 269 los mecanismos de control interno; el artículo 270 la participación ciudadana; el artículo 275 el Ministerio Público, finalmente el artículo 360 el régimen económico.

La segunda parte fue una conjunto de leyes reglamentarias comprendidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Decreto 734 de 2012); el Decreto anti trámites (Decreto 019 de 2012); la reglamentación del control fiscal en Colombia (Ley 1416 de 2010); las normas para el ejercicio del control interno (Ley 87 de 1993), el Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 1599 de 2005); la ley sobre Empleo Público y Carrera Administrativa (Ley 909 de 2004); la reglamentación de las veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003); el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002); y el Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ley 610 de 2000).

La tercera parte, fue la publicación del Estatuto Anticorrupción establecido en la Ley 1474 de 2011 que establece claramente los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Incluye nuevas tipologías, medidas administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en materia de corrupción. Algunos aspectos sobresalientes del proyecto son:

A) Las personas naturales, jurídicas no podrán volver a trabajar en la función pública, si a esta se le ha comprobado un delito de corrupción. (La inhabilidad será de 20 años).

B) Quienes hayan financiado 2.5% de los topes de campaña en la respectiva jurisdicción electoral están inhabilitados para contratar con la entidad territorial de que se trate durante el periodo del elegido.

C) Se prohíbe que las entidades prestadoras del servicio de salud realicen donaciones a campañas políticas.

D) Los ex servidores públicos no podrán gestionar ante las entidades públicas intereses privados durante los 2 años siguientes a su retiro.

E) Los ex empleados públicos del Nivel Directivo no podrán ser contratistas del Estado, durante los dos años siguientes al retiro del cargo financiado.

F) No procederá el secreto profesional y se cancelará la inscripción de la matrícula de cualquier contador o revisor fiscal que, detectando un acto de corrupción, se abstenga de denunciar.

G) En el sector salud, se establecen medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud.

H) Se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos como la estafa sobre recursos del sector salud, la especulación y la escasez de medicamentos, la omisión de control en el sector.

I) No existirá ningún mecanismo de la pena privativa de la libertad a los partícipes de la falta, tampoco existirá libertad condicional, prisión domiciliaria y mucho menos libertad bajo una fianza, esto principalmente en los delitos de estafa y abuso, utilización indebida de información privilegiada, lavado de dinero y soborno transnacional. (Art. 30 y 34).

J) Se le da un enfoque de amplia investigación en procedimientos fiscales al enriquecimiento ilícito, al fraude de subvenciones, que será un nuevo tipo penal, y al soborno transnacional. (La pena va de 9 a 15 años).

K) Se fortalece toda la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria, se crean los procesos verbales.

L) Se faculta al Gobierno para continuar reduciendo todos los trámites burocráticos que dificultan las relaciones de los ciudadanos y del sector productivo con la Administración.7

También se consideró dentro de la ley medidas que incentivan actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares.

Se incluye la dependencia directa de los secretarios de control interno de las entidades del sector central, de la Presidencia de la República. En materia de sanciones se establece un régimen de inhabilidades a los partícipes de la corrupción, no solo como medida sancionatoria y se establece la destitución inmediata de cargo para aquellos que atenten contra la administración pública, sino también para garantizar transparencia dentro del gobierno colombiano.

Algunos aspectos sobresalientes en materia blindaje electoral, fue establecer que las personas elegidas en cargos por elección popular sean independientes de los intereses de sus financiadores de campaña, se incluyen multas y en algunos casos inhabilidades para los contratistas, ya sean personas naturales o jurídicas.8

Un aspecto clave del modelo de combate a la corrupción en el caso Colombia, es la prioridad que se otorga a la participación ciudadana, al crearse una comisión llamada Comisión para la Moralización, quien es un órgano dependiente de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha, esto con el fin de atacar la corrupción por el Estado y la sociedad.

La cuarta etapa de fue el establecimiento de una Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción, cuyo objetivo central es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en Colombia.

Para el año 2013, Colombia después de una década de construcción de un marco jurídico de combate a la corrupción logro reducir el Índice de Corrupción en 16 por ciento.

Modelo norteamericano

En el caso de Estados Unidos, siendo un país de primer mundo, con un desarrollo potencial económico, estos dos últimos años se ha mantenido en la misma posición en el índice mundial de corrupción. Si bien no ha subido en la escala de corrupción tampoco ha bajado, eso lo lleva a mantenerse desde 2012.9 De acuerdo con la Organización de Transparencia Internacional, en 2013 Estados Unidos ocupo el lugar 19 de los 177 países que califican en el Índice de Percepción de la Corrupción.10

Estados Unidos es uno de los miembros de los 175 de la Organización de la Transparencia Internacional y pertenece a la OEA (Organización de los Estados Americanos)11. Asimismo, tiene cierto número de leyes federales que penalizan la conducta, tanto en calidad de delitos de corrupción sustanciales como de delitos relacionados con la prestación de asistencia o el aprovechamiento de fondos o bienes obtenidos de manera fraudulenta.

En su mayoría las leyes en materia de combate a la corrupción se encuentran codificadas en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, las cuales prevén la Fiscalía de Corrupción Pública en los Estados Unidos. Los estatutos más utilizados para perseguir la corrupción pública son la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Ley Hobbs, Ley de Viajes, RICO, el estatuto soborno programa, y fraude postal y telegráfico estatutos.

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero -US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)- es una ley federal promulgada en 1977, la cual rige y sanciona actos de corrupción de ciudadanos americanos, así como de compañías estadounidenses en todo el mundo, incluyendo México. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero establece dos disposiciones: prohíbe que las compañías paguen sobornos a oficiales de gobierno y figuras políticas y una disposición de “libros y registros contables” que exige a que compañías lleven libros y registros precisos y un sistema de control contable interno. El Departamento de Justicia es responsable de las observancia penal de estas disposiciones la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es responsable de la observancia civil.12

Las compañías norteamericanas (o subsidiarias de éstas, o empresas extranjeras con valores en mercados de Estados Unidos) que violan esta ley están sujetas a acciones penales y civiles, que pueden resultar en multas, suspensiones y exclusión de contratos de procura del gobierno, mientras que los empleados y directivos pueden estar sujetos a sentencias de encarcelamiento. El ámbito de aplicación de dicha regulación es muy amplio y extraterritorial, por ello, cumplir con los requerimientos del FCPA es esencial para cualquier empresa estadounidense en México.

Ley Hobbs sobre Extorsión

Ahora bien, la Ley Hobbs o 18 U.S.C. 1951 sirve para castigar cuando un funcionario público solicita y obtiene bienes mediante extorsión presentando su proceder como ejercicio de una potestad oficial en forma de afectar el comercio interestatal. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha declarado que para probar la violación de la referida disposición de esa ley “el Gobierno debe demostrar que el funcionario público ha obtenido un pago al que no tenía derecho, a sabiendas de que el mismo se efectuaba a cambio de actos oficiales”.

Asimismo, el Gobierno debe demostrar que la conducta afectó al comercio interestatal, aunque conforme a la legislación vigente ello es relativamente sencillo. Como sucede con el término “cosa de valor” de la sección 201 sobre delito de soborno, los tribunales han interpretado el término “bienes” en el contexto de §1951 en forma muy amplia, con inclusión de cosas de valor tangibles e intangibles.

Esta disposición legal es especialmente útil para poner de manifiesto la culpabilidad del funcionario público. Además, como se refiere simplemente a un funcionario que actúa dando la apariencia de realización de un acto oficial, no rige el requisito de que el pago obtenido mediante extorsión esté vinculado con determinado acto oficial.

A diferencia de lo previsto para los restantes delitos, conforme a la política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, todo procesamiento federal por este delito debe ser manejado por la Sección de Integridad Pública de la División de Asuntos Penales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La pena máxima por una infracción de la Ley Hobbs sobre extorsión es de 20 años de prisión.

Ley de Viajes o 18 USC 1952

La Ley de Viajes o 18 USC 1952 tipifica como delito, entre otras cosas, el uso de los viajes interestatales o el correo para distribuir el producto, promover o gestionar, actividad ilegal, incluyendo la extorsión o soborno. La Ley de Viajes se ha utilizado para perseguir la corrupción política.

RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)

La Ley Rico permite acusar a individuos, mediante una investigación en red, de 27 delitos federales y ocho delitos estatales relacionados con la delincuencia organizada, entre los que se encuentran el asesinato, la extorsión, el secuestro, el tráfico de estupefacientes, el soborno, el tráfico de material obsceno, la malversación de fondos, el fraude, el lavado de dinero y la violación a los derechos de autor.

Es una ley que permite al fiscal acusar no sólo a la persona detenida sino a toda empresa criminal que lo rodea, con contadores incluidos. Es decir, permite no sólo situar a la delincuencia organizada en su amplitud operativa, sino atacar su dimensión patrimonial y política.13

El Soborno Programa Estatuto o 18 USC 666

El soborno programa estatuto o 18 USC 666 se promulgó en 1984 y tiene por objeto tipificar como delito la oferta corrupta de cualquier cosa de valor con la intención de influir en un agente en relación con una transacción de más de $5.000, y la participación de un gobierno u organización que recibió por lo menos $10, 000 en fondos federales.

Fraude postal y telegráfico

El fraude federal correo o 18 USC 1341, y el fraude federal alambre o 18 USC 1343, son estatutos que criminalizan cualquier esquema o artificio para obtener dinero o bienes mediante fraude en relación con un correo o cable de comunicación, respectivamente.

Los instrumentos anteriores, ordenan que se penalicen y castiguen una variedad de prácticas corruptas. Las leyes nacionales relevantes tienen un impacto directo sobre las empresas, exigen el establecimiento de responsabilidad para personas jurídicas por actos corruptos, tal como lo hace la Convención de la OCDE de Lucha Contra el Soborno.

Algunos de estos instrumentos promueven expresamente la adopción de programas de cumplimiento y códigos de conducta. La Recomendación de la OCDE para Combatir el Soborno Transnacional, adoptada en 2009, pide a los países miembros que animen a las empresas a desarrollar controles internos adecuados, principios éticos y programas o medidas de cumplimiento con el fin de evitar y detectar el soborno transnacional. Para apoyar esta disposición, la OCDE expidió su Guía de Buenas prácticas sobre controles internos, ética y cumplimiento. La Convención de la Unión Africana también exige a sus miembros que establezcan mecanismos para propiciar la participación del sector privado en la lucha contra la competencia desleal, el respeto por los procedimientos licitatorios y los derechos de propiedad.

Una vez revisados los modelos internacionales, la estrategia se centró en recoger los mecanismos clave para la prevención de delitos por corrupción. Si bien, el sistema político de Italia es distinto al de México la historia indica que las actividades por corrupción no son ajenas a este país. En esa lógica, en nuestro proyecto se adoptaron algunos elementos del modelo italiano para prevenir y combatir la corrupción de México. En este caso se tomó las atribuciones de la Autoridad Responsable de Combate a la Corrupción para supervisar y promover a los sujetos obligados la prevención de actos de corrupción. Asimismo, la naturaleza del Instituto como coordinador de la política de prevención y de combate a la corrupción frente a otros órganos que coadyuvarán en la investigación, persecución y sanciones de delitos por actos de corrupción.

En el caso de Colombia, como en México, fue un largo proceso de transición para constituir un modelo integral de combate a la corrupción. Su política anticorrupción tiene características atractivas de prevención y combate a la corrupción para una eventual implementación frente a la coyuntura político, social y económica que se vive en México. El modelo sancionatorio es replicable en nuestro país y sirve para garantizar mayor control. De este modelo se tomo el sistema de información para el reporte de eventos sospechosos como la estafa sobre recursos del sector salud bajo un modelo distinto que contempla la creación de unidades dentro de las dependencias y entidades que sirven para recibir denuncias por actos de corrupción de los servidores públicos.

Por su parte, el modelo norteamericano se compone de un engranaje legal para combatir la diversidad de síntomas que se manifiestan por la corrupción en este país. La legislación hace frente a la presencia de actividades como la extorsión, el asesinato, el secuestro, el tráfico de estupefacientes, el soborno, el tráfico de material obsceno, la malversación de fondos, el fraude, el lavado de dinero y la violación a los derechos de autor. En ese sentido, esta legislación sirvió de referente para la creación del modelo mexicano frente a este tipo de actividades.

Avances y retos en el marco normativo de combate a la corrupción

El contexto actual de México es la muestra de un sistema viciado en el cual predomina la impunidad, la corrupción, el conflicto de interés y el desvío de poder. Los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, han puesto en evidencia los nexos de funcionarios públicos con el crimen organizado, situación que vulnera el desarrollo democrático, económico, político y social del país.

Frente a eso, la discusión en el Congreso de la Unión para la creación del Sistema de Combate a la Corrupción tiene que contemplar nuevos elementos en el marco legal que permitan hacer frente a los problemas que el país hoy enfrenta. Si bien hay avances en materia legislativa, hay nuevos retos en el diseño de la política para garantizar que escenarios como el de Iguala no se repitan.

El proceso de discusión en el Congreso de la Unión en materia de combate a la corrupción se encuentra estancado, la compilación de iniciativas y minutas permiten establecer un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que retome de las experiencias internacionales un modelo con identidad propia para el caso mexicano.

Los proyectos de reforma constitucional y las iniciativas de ley reglamentarias han sido presentadas, inclusive el proceso para la promulgación de la reforma constitucional para crear el Órgano de Combate a la Corrupción supero el primer paso tras haber sido aprobado en este Senado de la República y turnado a la Cámara de Diputados. Las propuestas están, sin embargo, hace falta mayor disposición legislativa que permita construir el consenso necesario para impulsar el tema en la Cámara Baja.

Bajo estas condiciones, hay oportunidad de enriquecer el proyecto de decreto con miras de mejorar el diseño de la política anticorrupción para atender los problemas referidos en los párrafos anteriores.

Al día de hoy, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hemos presentado diversos proyectos con iniciativa de reforma constitucional y legislación reglamentaria, de las cuáles se destacan las siguientes:

a) Las iniciativas del PRD en materia de combate a la corrupción

a.1 Iniciativa de Reforma constitucional por la que se crea la Agencia Nacional de Combate a la Corrupción de Armando Ríos Piter, con aval del Grupo Parlamentario del PRD

Fecha de presentación: 20 de Noviembre de 2012.

Síntesis

Crea la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, la cual se encargará de la prevención, el combate, la investigación, la persecución y el ejercicio de la acción penal de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares en la materia.

a.2. Minuta de reforma constitucional del Senado, radicada en la Colegisladora.

Aprobado en la Cámara de Senadores: 13 de diciembre, 2013.

Fecha de entrada en Cámara de Diputados: 04 de febrero, 2014.

Contenido: Se crea un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades de combate, investigación y sanción respecto de las responsabilidades administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción. Dirección unipersonal, nombrado por el Senado y objetable por el Ejecutivo, con requisitos de elegibilidad equiparados a los del Procurador General de la República, excepto el de ser licenciado en Derecho.

Se encomienda a tal órgano la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley, cometidos por los servidores públicos de la Federación, o por cualquier persona física o moral involucrada o beneficiada por tales actos.

El organismo anticorrupción podrá atraer aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios, en los términos que establezca la ley. Se establece el decomiso y con la privación de la propiedad de los bienes cuya procedencia lícita no pudiesen justificar los servidores públicos acusados de enriquecimiento ilícito durante el tiempo de su encargo; se delega en la ley la determinación de estas sanciones.

El órgano anticorrupción estará facultado para mantener el registro público de la situación patrimonial de los servidores públicos.

a. 3. Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

Fecha de presentación: 18 de junio de 2014

Contenido: Establece el funcionamiento y facultades del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, su consejo consultivo y la fiscalía especial para investigar y perseguir los delitos de corrupción, señalando que las reglas que apliquen a éstos órganos, se entenderán aplicables a los que establezcan las entidades federativas en su ámbito competencial. Asimismo se establecen tres procedimientos administrativos sancionadores.

Para efectos de la Ley, se consideran como elementos para determinar los delitos en materia de corrupción, la participación de servidores públicos; el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; o, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se otorgue o reciba un beneficio indebido.

El Instituto llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

Se incluye la declaración de aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público.

a.4. Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público

Fecha de presentación: 25 de Marzo de 2014.

Contenido: Propone establecer el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, organismo dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena jurisdicción.

El Tribunal tendrá la facultad de conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal; será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones.

a. 5. Contrataciones públicas

Fecha de Presentación: 18 de Junio de 2014

Contenido: Tiene como objeto principal, incluir a las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias, al igual que a los órganos reguladores coordinados en materia energética (Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía) dentro del abanico de instituciones públicas contratantes cuya actuación se regula por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Ahora bien, cada uno de estos proyectos de decreto contiene elementos jurídicos para la discusión y elaboración del Sistema de Combate a la Corrupción. Si bien no hay un modelo definido, el planteamiento de las iniciativas presentadas, así como la minuta en la Cámara de Diputados, componen una propuesta integral en condiciones de poder enriquecerse. El siguiente cuadro comparativo muestra los componentes legislativos en cada uno de los proyectos de decreto presentados.

Cuadro I Comparativo de la discusión del nuevo andamiaje institucional contra la corrupción (Parte 1)

 

Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Reforma Constitucional

Reforma Política- Electoral

Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción

Ley General de Combate a la Corrupción Política

Fecha de presentación

14 de noviembre de
2012

13 de diciembre de 2013

24 de Julio de 2013

18 de junio de 2014

2 de diciembre de 2014

 

Congreso de la Unión

Senado de la República

Congreso de la Unión

Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del GP PRD

Armando Ríos Piter, Zoe Robledo Aburto, Benjamin Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco, Adán Augusto López Hernández, Luis Sánchez Jiménez, Roberto Gil Zuarth, Rosa Adriana Díaz Lizama, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adolfo Romero Lainas y Martín Orozco.

Status

Promulgada DOF 02 de enero de 2013

Minuta radicada en Cámara de Diputados

Promulgada DOF 10 de octubre de 2014

Comisiones de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, primera

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

Desaparición de la Secretaria de la Función Publica14

X

 

 

 

 

Se crea un órgano con autonomía constitucional de combate a la Corrupción

 

X

 

X

X

Sistema Nacional de Combate a la Corrupción

 

X

 

 

 

Facultad de Atracción

 

X

 

 

 

Sistema Nacional de Corrupción

 

X

 

X

 

Recuperación de activos

 

X

 

X

 

Emisión de Recomendaciones

 

X

 

X

 

Repercusión en el ámbito local y municipal

 

X

 

X

 

Cuadro I Comparativo de la discusión del nuevo andamiaje institucional contra la corrupción (Parte 2)

 

Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Reforma Constitucional

Reforma Política- Electoral

Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción

Ley General de Combate a la Corrupción Política

Se crea la Fiscalía Especializada en delitos por corrupción

 

 

X

X

X

Proceso administrativo para investigar y sancionar a funcionarios públicos

 

 

 

X

X

Incumplimiento de recomendaciones

 

 

 

X

 

Consejo Consultivo

 

X

 

X

 

Registro Patrimonial

 

X

 

X

 

Delitos de Corrupción

 

 

 

X

 

Competencia de la Fiscalía Especial

 

 

 

X

 

Blindaje contra la filtración del crimen organizado en el servicio público

 

 

 

 

X

Blindaje electoral

 

 

 

 

X

Definición de conflicto de interés

 

 

 

 

X

Definición de desvío de poder

 

 

 

 

X

Definición nexos con el crimen organizado

 

 

 

 

X

Procedimiento de declaración de procedencia

 

 

 

 

X

Solicitud de verificación de controles de confianza

 

 

 

 

X

Fuente: Elaboración propia.

El balance general en el tema de combate a la corrupción, se puede encontrar amplias iniciativas de los grupos parlamentarios vertidos en una reforma constitucional aprobada por el Senado, que integran elementos para la corrupción de funcionarios públicos en el ejercicio del gasto público, sin embargo, existe un déficit en el blindaje del ejercicio público en lo que tiene que ver con los nexos con el crimen organizado. Por eso la importancia de la evaluación de los casos de Italia, Colombia y Estados Unidos, estudiar sus procesos legislativos y sus experiencias.

Blindaje Electoral

El crimen organizado y en especial el narcotráfico tienen una capacidad corruptora muy alta, el dinero disponible que tiene el tráfico de drogas anualmente rebasa el presupuesto de cualquier Estado, incluso el mismo presupuesto de las instituciones de seguridad. Tanto el poder de intimidación como esa capacidad corruptora pueden provocar una falla en el funcionamiento del Estado.

Si bien es cierto que se han dado importantes pasos en materia de fiscalización de los procesos electorales, preocupa que frente a la evidencia de financiamiento del crimen organizado en las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) no garantiza que lleguen a las campañas electorales recursos de origen ilícito ni es la policía para combatir el crimen organizado, en palabras que citamos textualmente de Benito Nacif: “El INE no garantiza que no haya dinero del crimen organizado, lo que garantiza es que los candidatos y los partidos políticos compitan en condiciones de equidad, que las diferentes cantidades de dinero que tengan no sea lo que determine el resultado de una elección… el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades ni instrumentos para combatir el crimen organizado ”, declaro el Consejero Nacif Hernández, quien es el responsable de la Comisión de Fiscalización. En misma fecha el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello destacó la aprobación del nuevo Reglamento de Fiscalización y expresó que no se puede asegurar que con este nuevo mecanismo no va haber “ningún tipo de ilícito financiero”15.

Con el riesgo de que el dinero del crimen organizado se blanquea en el sistema financiero y en diversos negocios lícitos de México llegue a las campañas electorales, es indispensable la fiscalización directa, asegurando que el propio aparato del Estado sepa que los sujetos que están a cargo de su administración aprueban los controles de confianza necesarios.

De tal modo que debe ser tarea de los partidos políticos y de los órganos reguladores del Estado asegurarse de una verificación de confianza rigurosa de todos sus candidatos y no aceptar individuos sobre quienes haya sospechas de nexos con el crimen organizado, detonando un nuevo pacto de la clase política con el objetivo de entablar una verdadera lucha conjunta contra los intereses creados de funcionarios públicos, desde el momento de su registro como precandidatos a puestos de elección popular y en el ejercicio de las funciones de interés público velar por el combate del conflicto de intereses y todo vinculo con el crimen organizado.

Por lo tanto, se propone la siguiente iniciativa que se divide en tres partes:

I.- LEY GENERAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

● La iniciativa tiene por objeto establecer los mecanismos del Estado mexicano para blindar la infiltración del crimen organizado en el servicio público.

● Es complementaria del Proyecto de Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

● Establece la definición de conflicto de interés en la administración pública.

● Se establece el procedimiento para sancionar en materia de corrupción imputables a todo servidor público que se involucre o se beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente con nexos con el crimen organizado.

II PARTE LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: JUICIO POLÍTICO

● Se facultad al Instituto Nacional de combate a la Corrupción para iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella.

● Se reducen en un 50% los plazos para la tramitación del juicio político contra funcionarios públicos, a efecto de hacer realmente expedito este procedimiento.

III PARTE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES: BLINDAJE ELECTORAL

● Se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los ciudadanos aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza, que será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinaran si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones.

V PARTE ACCIONES INMEDIATAS CONTRA LOS NEXOS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

● La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, dentro de los 180 días siguientes a su instalación, con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Auditoría Superior de la Federación, deberá iniciar una investigación sobre el desvío de recursos públicos y nexos con el crimen organizado de los integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a nivel Federal, Estatal y Municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA; SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; Y, SE REFORMA UNA FRACCIÓN 3 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 8 AL ARTÍCULO 238, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES:

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCCIÓN POLÍTICA, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Disposiciones Preliminares

ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de orden público e interés social, de observancia general en materia de responsabilidades de los servidores públicos en materia de combate a la corrupción y nexos con el crimen organizado.

La presente Ley establece las reglas y procedimientos especiales para la investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas a servidores públicos del Estado mexicano, que en el desempeño de sus funciones se involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción, desvío de recursos públicos, conflictos de interés, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.

ARTÍCULO 2. El Estado tiene como obligación proteger el interés público y garantizar la integridad de sus ciudadanos, para lo cual establecerá los mecanismos para impedir la filtración del crimen organizado en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley en el ámbito de sus respectivas facultades, serán:

I. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción;

II. Los órganos locales responsables de combatir la corrupción;

III. La Fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, y

IV. Las Fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción de las entidades federativas.

ARTÍCULO 4. Se aplicará de manera supletoria las leyes relacionadas con el sistema nacional de fiscalización, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, así como la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

ARTÍCULO 5. Para los Efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Conflicto de interés: Conducta del Servidor público, de modo propio o por interpósita persona, que afecta su objetividad para desempeñar cabalmente sus funciones, la cual por acción, omisión o tolerancia resulta en la anteposición del interés privado sobre el público, pudiendo configurar delitos o responsabilidades políticas o administrativas;

II. Instituto: El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción.

III. Fiscalía: Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

IV. Desvío de recursos públicos: Acción u omisión del Servidor Público que resulta en la afectación los intereses patrimoniales del Estado mediante el manejo indebido o la reasignación de recursos sin fundamento legal ni motivo legítimo, persiguiendo un interés privado personal o ajeno;

V. Desvío de Poder: Acción, omisión o conducta de tolerancia del Servidor Público que resulta en el aprovechamiento del margen de discrecionalidad de la ley para ejercer sus facultades con notoria arbitrariedad o desproporción en el ejercicio de la función pública;

VI. Lavado de dinero: El proceso a través del cual es encubierto el origen de fondos económicos generados por hacer, permitir o tolerar actividades ilegales o criminales como el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y terrorismo, y otras que determinen las leyes.

VII. Nexos con el crimen organizado: La relación entre cualquier funcionario público o cualquier precandidato o candidato a un cargo de elección popular con la actividad de un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

ARTÍCULO 6. Son sujetos obligados a la observancia de la presente ley, todo servidor público u autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier personas física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, y en su caso, a todo funcionario público que participe en el proceso de asignación de recursos públicos, autoridades que realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.

ARTÍCULO 7. Cuando un servidor público de modo propio o por interpósita persona realice actos, omisiones, permita, filtre información o preste servicios que constituyan hechos de corrupción que queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, o establezca vínculos o participación con el crimen organizado, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, pero el procedimiento administrativo sancionador será aplicado conforme a lo dispuesto por la presente ley, subsistiendo en todo caso la competencia del Instituto.

ARTÍCULO 8. El Instituto conducirá el Procedimiento Administrativo Sancionador a efecto de determinar la responsabilidad en que incurran los sujetos obligados por hacer, permitir o tolerar conductas que impliquen hechos de corrupción, participación o nexos con el crimen organizado.

ARTÍCULO 9. La investigación de delitos por actos de corrupción relacionado con el crimen organizado por algún servidor público integrante de la administración pública, poder legislativo o judicial federales, entidades federativas o municipios, será conducida en los términos de esta Ley por el Instituto, a fin de investigar y perseguir los actos de corrupción, contando con la coadyuvancia permanente de los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción.

ARTÍCULO 10. Todo servidor público o ciudadano está obligado a brindar la información requerida en el curso de una o varias investigaciones relacionados con actos de corrupción o nexos con el crimen organizado, gozando de los derechos que la Constitución les reconoce, los cuales serán garantizados por el Estado.

ARTÍCULO 11. El Instituto podrá atraer las investigaciones relativas a los sujetos obligados y personas físicas o morales cuya imputados por los delitos enunciados en esta Ley, para lo cual podrá:

I. Conducir el Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción determinado en la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción;

II. Conocer e investigar las denuncias de los delitos cometidos por los servidores públicos, que hayan sido presentadas a través de la Fiscalía especializada;

III. En el ejercicio de sus investigaciones la Fiscalía tiene la facultad de realizar una inspección del ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; para lo cual se deberá coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tales efectos, las dependencias y entidades de la administración pública federal actuarán como órganos coadyuvantes cuando así sean requeridos;

IV. En caso, de que algún legislador federal sea imputado por delitos relacionados con corrupción y nexos con el crimen organizado, el Instituto presentará una solicitud a la Cámara de Diputados para que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el Instituto se dirigirá a las legislaturas locales cuando el imputado sea un diputado integrante de alguna entidad federativa.

V. Establecerá los convenios de cooperación en pleno respeto de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, a fin de establecer coherentemente los lineamientos de verificación de controles de confianza de los ciudadanos que pretendan ser candidatos a puestos de elección popular o de representación proporcional, de manera previa al registro de su candidatura ante las autoridades competentes, que será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinaran si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones.

VI. Proponer normas, políticas y lineamientos en contrataciones públicas que inhiban el riesgo de infiltración del crimen organizado, el conflicto de intereses, lavado de dinero y el desvío de recursos públicos;

VII. Ordenar auditorías específicas sobre las contrataciones y licitaciones públicas que realice cualquier entidad del Gobierno Federal, Estatal y Municipal;

VIII. Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, así como la denuncia por parte de estos últimos sobre algún hecho de corrupción en un acto administrativo o delito, mediante el uso de las tecnologías de la información;

IX. Recibir y remitir a la Fiscalía General de la República, las denuncias de los particulares, órganos locales, fiscalías locales y de las unidades específicas a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, sobre delitos o hechos de corrupción cometidos por parte de cualquier sujeto establecido en el artículo 2 de la presente ley;

X. Recibir y remitir las denuncias de los particulares, órganos locales, fiscalías locales y de las unidades específicas a las que se refiere el artículo 43 de esta ley, sobre los nexos con el crimen organizado, lavado de dinero, desvío de recursos y conflicto de interés a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;

XI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 12. En el curso de las investigaciones de nexos de funcionarios públicos con el crimen organizado, las dependencias de la Administración Pública Federal, los órganos públicos autónomos y la entidad de fiscalización superior de la Federación darán vista al Instituto de las irregularidades detectadas en la conducta de los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delitos de corrupción, y coadyuvarán con la Fiscalía en la integración de las averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, dichas instituciones coadyuvarán con la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 13. Las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público toda la información y cooperación que faciliten las denuncias a cualquier interesado.

ARTÍCULO 14. La Fiscalía en el proceso de investigación de servidores públicos con el crimen organizado contará para el ejercicio de sus investigaciones de la cooperación de toda autoridad pública, así como del Sistema Nacional de Transparencia Pública, del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

ARTÍCULO 15. Independientemente de la determinación de la tipicidad de los delitos, se considerarán como elementos para determinar los delitos en materia de corrupción y nexos con el crimen organizado, la participación de servidores públicos el uso indebido de la función pública con fines de protección, contubernio, acuerdo, lucro o beneficio del crimen organizado.

CAPITULO II

Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas

ARTICULO 16. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias de los servidores públicos por actos de corrupción o nexos con el crimen organizado.

Las denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

Los órganos internos de control, el Instituto o los órganos locales responsables, según corresponda, establecerán las normas y procedimientos para que las denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

ARTICULO 17. Las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos, conforme a la legislación respectiva y su normatividad interna, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo.

ARTICULO 18. Las sanciones por los delitos establecidos en esta Ley consistirán en:

I. Amonestación;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica;

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;

VI. Decomiso y privación de la propiedad de los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de tres hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXIV y XXV del artículo 41 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso al Instituto, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

En todo caso, la inhabilitación impuesta por el Instituto será válida a nivel federal, de las entidades federativas y municipales.

ARTICULO 19. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I.-La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

II.-Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III.-El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV.-Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V.-La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI.-El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 41 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

ARTICULO 20. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

ARTICULO 21. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 46 se observarán las siguientes reglas:

I.-La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno de o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato;

II.-La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por el Instituto y ejecutada por el titular de la dependencia o entidad correspondiente;

III.-La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por el Instituto, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

IV.-Las sanciones económicas serán impuestas por el Instituto, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Instituto, se solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 55 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

CAPITULO III

Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción

ARTICULO 22. El Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, en el ámbito de su competencia, serán responsables de conducir el procedimiento administrativo sancionador descrito en esta ley en los casos que deriven de hechos de corrupción.

Los casos de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV del artículo 41 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, serán competencia del Instituto, o de los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial correspondan.

ARTÍCULO 23. En el desahogo del procedimiento, el Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, asumirán las facultades otorgadas al titular del área de responsabilidades, conduciendo el procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo II de este título.

ARTICULO 24. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá al titular del área de responsabilidades el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

ARTÍCULO 25. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, por lo que no aplicarán el recurso o la impugnación previstas en el artículo 59 de esta Ley.

ARTÍCULO 26. El Instituto conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I.- Cuando el Instituto ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito al correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de quince días hábiles remitirá los autos originales al Instituto, notificando personalmente a las partes dicha remisión;

II. Cuando el Consejo Consultivo, la Auditoría Superior de la Federación, el Senado de la República o la Cámara de Diputados soliciten al Instituto que ejercite la facultad de atracción, presentaran la petición correspondiente ante el propio Instituto y comunicara dicha petición al órgano local; recibida la petición, el Instituto mandara pedir al órgano local, si lo estima pertinente, que le remita el expediente completo, dentro del término de quince días hábiles; recibido el expediente, en su caso, el Instituto, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita la facultad de atracción, en cuyo caso lo informara al correspondiente órgano local y procederá a dictar la resolución correspondiente; en caso negativo, notificara su resolución al peticionario y devolverá el expediente, en su caso, al órgano local para que dicte la resolución correspondiente;

III. Si un órgano local decidiera solicitar al Instituto que ejercite la facultad de atracción, expresara las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Instituto el cual, dentro de los treinta días siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior.

Una vez decidido que el Instituto se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.
Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Instituto estime que no sea bastante el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de dicho término por el tiempo que sea necesario.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 25 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, para quedar como sigue:

CAPITULO III

Procedimiento para la declaración de Procedencia

ARTÍCULO 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 Constitucional , se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de 20 días naturales, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción 3 y adiciona una fracción 8 al artículo 238, de la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES para quedar como sigue:

Artículo 238.

1. a 7.(...)

3. De igual manera el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados y aprobados con los lineamientos de verificación de confianza emitidos por Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción a fin de evitar la injerencia del crimen organizado así como de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político.

4. al 7. …

8. Además de los requisitos señalados en las fracciones anteriores, los ciudadanos que pretendan ser candidatos, de manera previa al registro de su candidatura ante las autoridades competentes, deberán presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción, un a solicitud de verificación de controles de confianza, que será remitida a las Fiscalías Federales y Locales de combate a la Corrupción, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinaran si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones. 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Todas las disposiciones que se opongan a las presentes disposiciones serán derogadas.

ARTÍCULO TERCERO. La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, dentro de los 180 días siguientes a su instalación, con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Auditoría Superior de la Federación, deberá iniciar una investigación sobre el desvío de recursos públicos y nexos con el crimen organizado de los integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a nivel Federal, Estatal y Municipal.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 2 de diciembre del 2014.

Suscriben

Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Martin Orozco Sandoval”.

1 Índice de Transparencia y Buen Gobierno; Transparencia Mexicana.

2 Resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2013, Transparencia Mexicana (DE, 29 de septiembre de 2014: http://www.tm.org.mx/presentan-barometro-global-de-la-corrupcion-2013/)

3 tangente es soborno en italiano.

4 Ley de 30 de octubre de 2013, no. 125 (DE, 01 de noviembre de 2014: http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.lexitalia.it/leggi/2013-125.htm&prev=search)

5 Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione E Dell'illegalità Nella Pubblica Amministrazione . LEGGE, 06 de noviembre 2012, n. 190.

6 http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/07/02-Informe-BCG-2013-Resultados-America.pdf

7 Ley 1474 de la Republica de Colombia expedida en Julio 2011.

8 http://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=195#&panel1-6

9 (DE, 06 de noviembre de 2014: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-58.html)

10 (DE, 06 de noviembre de 2014: http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/usa)

11 (DE, 06 de noviembre de 2014: http://www.oas.org/juridico/spanish/usa.htm)

12 World Compliance, Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Manual de Bolsillo (DE, 01 de diciembre de 2014: http://www.fcpa-worldcompliance.com/espanol/pdf/El-Manual-de-Bolsillo-de-la-FCPA.pdf)

13 Buscaglia, Edgardo, “Vacíos de poder en México”, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V., primera ed. octubre, 2013, México, p. 80.

14 Artículos Transitorios del DECRETO por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; promulgada el 02 de enero de 2013: “ Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente Decreto ….. exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposición constitucionales y legales que le den existencia jurídica.
….. ”

15 El Universal, Heriberta Ferrer, INE no garantiza evitar dinero “ilícito”: Nacif. Sábado 22 de noviembre 2014.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz. Nos visitan con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

Sean ustedes cordialmente bienvenidos.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Avila: Con el permiso de la Presidencia.

En toda sociedad cada individuo tiene el anhelo de poder llevar a cabo un plan de vida digno con las mayores prerrogativas y las menores restricciones en su actuación.

De tal manera, que uno de los preceptos básicos para la conjugación de dicho plan, es el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales.

Los derechos humanos son, hoy en día, la máxima expresión de plenitud individual, por lo que es obligación de todo estado reconocerlos y garantizarlos.

Los derechos humanos son límites a todo poder, ya sea público o privado, además de la coexistencia que tienen con la división de poderes para lograr un mayor respeto al individuo por parte del poder.

De esta manera es indispensable que en todo estado democrático de derecho se reconozcan, respeten, protejan, promuevan y garanticen todos los derechos humanos.

El caso de México frente a los derechos fundamentales es muy particular.

El país, durante varios años, parecía no estar comprometido por la agenda de los derechos.

Todo el siglo XX fue caracterizado por una constante transversión a las libertades individuales por parte del poder político, así como una burla al sistema democrático.

El siglo pasado fue de muchas violaciones que nunca podrán olvidarse, y que hoy en día funcionan como exigencia para una mayor protección y reconocimiento de derechos.

En la actualidad, a través de múltiples exigencias y presiones sociales, tanto nacionales como internacionales de individuos y grupos a favor de la agenda de los derechos, se ha ido desvaneciendo el paradigma de la opresión y se está abriendo el paso a los derechos humanos brindando una mayor seguridad a cada individuo.

Uno de los mayores avances en la historia de los derechos humanos en México, fue la reforma constitucional de junio del 2011 que vino a ser un parteaguas en la concepción de los derechos, posicionándolos en la más alta jerarquía junto a la norma suprema.

Dicha reforma tuvo enormes implicaciones, pero, principalmente el auge se encuentra en el cambio de la denominación del Título Primero, al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabar la importancia de los demás artículos en pro de los derechos.

Es así como se reconoció la esencia primordial de cada individuo, es decir, sus derechos fundamentales.

En primer lugar, se hizo la adecuada distinción entre derechos y garantías, las cuales se habían confundido en el pasado. Esto tiene una importancia significativa, pues el derecho es aquella expectativa de prestación y no de lesión; mientras que la garantía es el medio para proteger el derecho.

Se establecieron también las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales, esto en aras de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los mismos; teniéndose además las obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

El principio de universalidad, se refiere que a cada derecho corresponde a cada individuo que encaja en alguna categoría como persona, mujer, niño, capacidades diferentes, etcétera, sin hacer exclusión alguna.

Por su parte, la interdependencia significa que todos los derechos tienen una relación entre sí, y para la plena satisfacción de alguno, se necesita la satisfacción de los otros.

La indivisibilidad, implica que los derechos están unidos en un todo, y el cual no podemos hacer divisiones en aras de la restricción.

El último de los principios, uno de los más importantes, es la progresividad, el cual implica que no se puede dar marcha atrás en los avances en la materia y por ello el Estado mexicano debe de estar en constante avance en esta materia, promoviendo nuevas reformas y programas, inclusive para forjar un piso de oportunidades más igualitarias.

Por esta razón, en aras del principio de progresividad, es que se propone una iniciativa de reforma constitucional, que establezca literalmente, el enorme valor de los derechos humanos, para nuestro orden jurídico nacional, a replantear el tradicional sistema de jerarquía de normas.

No se trata de atentar contra el principio de supremacía constitucional. La Constitución federal no dejará de ser la norma suprema; el planteamiento es sencillo y es progresista, ampliar el catálogo de normas, a las que dotamos de supremacía constitucional, es decir, los derechos humanos contenidos, tanto en el sistema internacional como en nuestro ordenamiento interno; esto ante la clara importancia que adquieran las normas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Hoy en día, el fundamento del Estado de derecho, y del neoconstitucionalismo, basa su concepto de Constitución, en ese sistema de garantía para limitar el poder.

Por estas razones, es la inclinación al progreso de derechos humanos, formando el nuevo parámetro de control y de regularidad del ordenamiento jurídico mexicano, constituido por la Constitución y las normas de derechos humanos.

Este planteamiento, además, fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de la tesis 293/2011, en él, se recalcó la gran importancia que tienen los derechos humanos, hoy en día para el ordenamiento jurídico; pero antes de abordar el fondo de dicha contradicción, es necesario establecer la evolución de criterios que ha tenido nuestro máximo tribunal al respecto.

Sin duda, es un gran paso en la evolución de los derechos humanos en México, por parte del máximo tribunal constitucional, y por ende, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben ser coherente con el avance implementado en la medida de sus respectivas competencias.

Este nuevo criterio para su aplicación y promoción es la intención de la presente reforma constitucional; el incluir la importancia de las normas de derechos humanos, como normas supremas junto a nuestra Constitución, buscando en todo momento la máxima protección de los personas y su pleno desenvolvimiento en la sociedad.

Por ello, el llamado a luchar por los derechos como barreras infranqueables, límites a todo tipo de poder, que consagra la esencia de todo individuo.

Hoy en día, defender los derechos humanos, es defender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto, se propone reformar el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Las normas de derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales que gozarán de supremacía constitucional, los jueces de cada estado, se arreglarán a dicha Constitución; normas de derechos humanos, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que en contra pueda haber en la Constitución o leyes de los estados de la República.

Con esta modificación se reconoce el carácter constitucional de las normas de derechos humanos, elevado a una jerarquía constitucional de los tratados internacionales, relativos a los derechos humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En toda sociedad cada individuo tiene anhelo de poder llevar a cabo un plan de vida digno, con las mayores prerrogativas y las menores restricciones en su actuación. De tal manera, que uno de los presupuestos básicos para la conjugación de dicho plan, es el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales. Los derechos humanos son hoy en día la máxima expresión de plenitud individual, por lo que es obligación de todo Estado reconocerlos y garantizarlos.

Los derechos fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar”.1 Es así como se constituyen como expectativas de prestación o de no lesión frente a todo tipo de poder. De tal suerte que los derechos fundamentales o humanos, vienen a postularse como ley del más débil, inherentes a todo individuo, pues a través de ellos cada persona puede desarrollarse plenamente.

Los derechos fundamentales han logrado constituirse como el fundamento de legitimidad de todo Estado Constitucional Democrático, especialmente de toda norma constitucional, criterio que tiene su origen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 16, el cual tiene especial relevancia en nuestros días y establece:

Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.2

De esta disposición subsumimos que los derechos humanos son límites a todo poder, ya sea público o privado, además de la coexistencia que tienen con la división de poderes para lograr un mayor respeto al individuo por parte del poder. De esta manera, es indispensable que en todo Estado se reconozcan, respeten, protejan, promuevan y garanticen todos los derechos humanos.

El caso de México frente a los derechos fundamentales es muy particular. El país durante varios años parecía no estar comprometido por la agenda de los derechos; Todo el siglo XX fue caracterizado por una constante trasgresión a las libertades individuales por parte del poder político, así como una burla al sistema democrático. El siglo pasado fue de muchas violaciones que nunca podrán olvidarse y que hoy en día funcionan como exigencias para una mayor protección y reconocimiento de derechos.

En la actualidad a través de múltiples exigencias y presión, tanto nacional como internacional de individuos y grupos a favor de la agenda de los derechos, se ha ido desvaneciendo el paradigma de opresión y se está abriendo el paso al paradigma de los derechos; brindando una mayor seguridad a cada individuo.

Uno de los mayores avances en la historia de los derechos humanos en México es la reforma constitucional de Junio 2011, la cual, vino a ser un parteaguas en la concepción de los derechos posicionándolos en la más alta jerarquía junto a la norma suprema.

Dicha reforma tuvo enormes implicaciones, pero principalmente el auge se encuentra en el cambio de la denominación del título primero y el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabar la importancia de los demás artículos en pro de los derechos.

Es así como una luz venía a iluminar el Estado de Derecho en el país, reconociendo la esencia primordial de cada individuo, es decir sus derechos fundamentales. En primer lugar se hizo la adecuada distinción entre derechos y garantías, las cuales se habían confundido  en el pasado, esto tiene una importancia significativa, pues el derecho es aquella expectativa de prestación o de no lesión, mientras que la garantía es el medio para proteger el derecho.

De esta manera cuando no se tiene la garantía para el derecho, no quiere decir que no se tenga el derecho, sino que simplemente existe una laguna en el ordenamiento jurídico que el legislador debe colmar inmediatamente, lo cual viene a establecer una garantía terciaría cuya naturaleza es la presión social y una lucha por consolidar las garantías y reconocimiento a los derechos humanos.

Se establecieron también las obligaciones genéricas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales, esto en aras de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los mismos, teniéndose además las obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.

El principio de universalidad se refiere a que cada derecho corresponde a cada individuo que encaja en alguna categoría como persona, mujer, niño, capacidades diferentes, etcétera. sin hacer exclusión alguna. Por su parte, la interdependencia significa que todos los derechos tienen una relación entre sí y para la plena satisfacción de alguno, se necesita la satisfacción también de otros. La indivisibilidad implica que los derechos están unidos en un todo, del cual no podemos hacer divisiones en aras de restricciones.

Y el último de los principios, uno de los más importantes, es la progresividad la cual implica que no se puede dar marcha atrás en los avances en la materia, por ello el Estado Mexicano debe estar en constante avance en la materia, promoviendo nuevas reformas y programas inclusivos para forjar un piso de oportunidades más igualitario.

La historia muestra que estos derechos no son apariciones de la magia o algo mítico, si no que se han consolidado a través de luchas sociales que buscan reivindicar valores humanos, indispensables para el funcionamiento de la sociedad, buscando condiciones más libres e igualitarias. Se puede dar cuenta que la tendencia es progresista en cuanto a los derechos, pues hoy en día se han convertido en barreras infranqueables.

Por esta razón en aras del principio de progresividad es que se propone una iniciativa de reforma constitucional que establezca literalmente el enorme valor de los derechos humanos para nuestro orden jurídico nacional, al replantear el tradicional sistema de jerarquía de normas.

No se trata de atentar contra el principio de supremacía constitucional, la Constitución Federal no dejará de ser la norma suprema; el planteamiento es sencillo y progresista: ampliar el catálogo de normas a las que dotamos de supremacía constitucional, es decir los derechos humanos contenidos tanto en el sistema internacional, como en nuestro ordenamiento interno.

Esto es compatible con la intención del Poder reformador, al llevar a cabo la reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos, pues al hacer uso del método genético-teleológico se pueden abstraer conclusiones en pro de la presente reforma, es claro que los dictámenes de las comisiones de ambas cámaras tenían la intención de reconocer el carácter constitucional de las normas de Derechos Humanos.

Por citar algunos ejemplos tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del 23 de Abril de 2009,  el cual menciona la necesidad de  “otorgar a los Derechos Humanos un lugar preferente en la Constitución”.3

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República el 7 de abril de 2010 estipula que es “para que se apruebe la reforma a los Artículos 1°, 3°, 15, 18, 29, 33, 89,97, 102 y 105 de la CPEUM y se eleven a rango constitucional los derechos humanos con lo que se amplía su reconocimiento y protección en nuestro país”.4

Y además el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2010 menciona que “al momento de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, no solamente será la Constitución su único referente, sino que además deberá acudirse a lo establecido en tratados internacionales”.5

Aunando a lo que respecta al valor de las normas internacionales de derechos humanos basta analizar el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que “cuando los Estados suscriben un Tratado en materia de Derechos Humanos se comprometen no sólo frente a la comunidad Internacional, si no frente a los individuos bajo su jurisdicción”6.

Además del compromiso que tiene el Estado mexicano hacia la comunidad internacional al obligarse por medio tratados con normas de derechos humanos, en aras del “Pacta sunt servanda” contenido en el Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual consagra que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.7

Al respecto, es muy importante considerar el progreso que ha habido en la materia por parte de otros Estados, pues varias constituciones atribuyen rango constitucional a los tratados en materia de derechos humanos, como lo son la de Venezuela en su artículo 23, la de Ecuador en su artículo 424  y la de Bolivia en su artículo 56, las cuales establecen respectivamente:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.8

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.9

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Artículo 56 I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.10

Es clara entonces la importancia que adquieren las normas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pues son hoy en día el fundamento del Estado de Derecho y del neoconstitucionalismo el cual basa su concepto de Constitución en ese sistema de garantías para limitar el poder.

Por estas razones es la inclinación al progreso en derechos humanos, formando el nuevo parámetro de control y de regularidad del ordenamiento jurídico mexicano, constituido por la Constitución y las normas de derechos humanos. Este planteamiento además fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011,11 tras un arduo análisis y discusión, donde se recalcó la gran importancia que tienen los derechos humanos hoy en día para nuestro ordenamiento jurídico. Pero antes de abordar el fondo de dicha contradicción, es necesario establecer la evolución de criterios que ha tenido nuestro máximo tribunal al respecto.

El primero de ellos fue ante el Amparo 2069/91, donde se estableció que los Tratados Internacionales están al mismo nivel que las Leyes Federales.12 El segundo es el Amparo 1475/98 cuya resolución fue que los Tratados Internacionales que estén de acuerdo con la Constitución están por encima de leyes federales.13Y el último es el Amparo 120/2002 en él se habla de que los Tratados Internacionales están por encima de las leyes generales, federales y locales.14

Dichos criterios marcaron la pauta de un gran debate que duró varios años, sobre la relación del Derecho Internacional con el Derecho Nacional, sin embargo se quedan cortos en cuanto hablamos de normas de derechos humanos. La reforma constitucional de 2011 vino a dar un nuevo panorama, se amplió el catálogo de derechos, pues se incluyen las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales.

En estas tesituras es que se da la contradicción de tesis 293/2011donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación consagra el llamado “Nuevo Parámetro de Control de Regularidad Constitucional”,15 formado por la Constitución y por los tratados internacionales, dentro del cual no hay relación jerárquica sino armónica.

De tal suerte que la validez de las normas y actos del ordenamiento jurídico mexicano debe ser coherente con este nuevo parámetro de control. Esto, pues se reconocen los Derechos Humanos de las personas por su autonomía, inviolabilidad y su dignidad.

Sin duda, es un gran paso en la evolución de los derechos humanos en México por parte del máximo tribunal constitucional, por ende el Poder Legislativo y Ejecutivo deben ser coherentes con el avance, implementando en la medida de sus respectivas competencias, este nuevo criterio para su aplicación y promoción.

Ésta es la intención de la presente reforma constitucional, el incluir la importancia de las normas de derechos humanos como normas supremas junto a nuestra constitución, buscando en todo momento la máxima protección de las personas y su pleno desenvolvimiento en la sociedad. Por ello es el llamado a luchar por los derechos, como barreras infranqueables, límites a todo tipo de poder, que consagran la esencia de todo individuo. Hoy en día defender los Derechos Humanos es defender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO. Se reforman el artículo133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Las normas de derechos humanos en la constitución y tratados internacionales gozan de supremacía constitucional. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, normas de derechos humanos, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Las normas de derechos humanos contenidas en la constitución y tratados internacionales gozan de supremacía constitucional. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, normas de derechos humanos, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Sen. David Monreal Ávila”.


1 Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Trotta, Madrid. Página 19

2 Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Consultado el día 18/09/2014. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf

3 Proceso Legislativo del DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el día 19/09/2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10jun11.pdf

4 Ibídem 

5 Ibídem

6 Corte IDH El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Videncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A No. 2

7 Artículo 16 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Consultado el día 15/09/2014. Disponible en: http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf

8 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. En línea. Consultado el día 28/09/2014. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Venezuela.pdf

9 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. En línea. Consultada el día 29/09/2014. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_const.pdf

10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. En línea. Consultada el día 29/09/2014. Disponible en: http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf

11 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 293/2011. Consultado el día 18/09/2014. Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129659

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 2069/91. Consultado el día 18/09/2014. Disponible en:
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Epocas/Pleno/Octava%20%C3%A9poca/A_R_2069-1991_PL.pdf

13 Comentarios al Amparo en Revisión 1475/98. Consultado el día 19/09/2014. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/484/5.pdf

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 120/2002. Consultado el día 20/09/2014. Disponible en:
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Epocas/Segunda%20sala/NOVENA/78.pdf

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 293/2011. Consultado el día 18/09/2014. Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129659

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, para presentar, a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTICULO 11 Y EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 24 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 13 BIS, 13 TER, 17 BIS, 24 BIS, 50 TER, 50 QUATER Y 76 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Las nuevas formas de criminalidad en México, obligan a una reforma que sancione severamente a las personas jurídicas o empresas que incurren en delitos contra el medio ambiente, lavado de dinero, trata de personas, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; delitos cometidos por servidores públicos, con la participación de empresas y en contra de las personas en su patrimonio.

Actualmente la mayoría de los delitos en los negocios económicos, son cometidos con ayuda de una empresa, y el crimen organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas, establecimientos financieros, sociedades de exportación e importación, entre otras.

En el orden nacional como en el internacional, se ha sentido la urgencia de reconocer a la empresa, como sujeto de derecho penal para con ello cerrar cualquier resquicio que permita favorecer la impunidad, para las compañías que en el ámbito de la minería, los casinos, el robo de información, la contaminación ambiental, entre otros delitos, afectan severamente derechos de la sociedad.

Debido a la influencia real de las personas jurídicas en el país, éstas deben comenzar a ser objeto de estudio, a través de la política criminal. Este tema forma parte de obligaciones convencionales que vinculan a México como: el Convenio de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción, sobre el lavado de activos, entre otras.

Como se advierte, existen instrumentos internacionales que contemplan la obligación de implementar en nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas para sancionar aquellas empresas que se dediquen a realizar actividades ilícitas, que será completamente independiente de la responsabilidad penal, que corresponde a las personas físicas.

México no cuenta actualmente con un marco legal, que frene y sancione los delitos que cometen las empresas o personas jurídicas, lo cual es aprovechado para la comisión de ilícitos relacionados con juegos y sorteos, importaciones y exportaciones, contaminación ambiental, entre otras conductas.

En este sentido, el legislador federal advirtió la necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas; por lo que incluyó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un apartado en el que se dispone una serie de reglas procesales específicas, para el ejercicio de la acción penal en contra de las personas jurídicas.

Al existir regulación procesal, queda pendiente el establecimiento de las disposiciones correspondiente al Código Penal Federal, que determine expresamente el tipo del delito, el modelo hipotético, así como las sanciones aplicables.

La reforma que presentamos destaca, que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por cuenta o a nombre de las mismas, con sus agentes, representantes legales, administradores, socios o incluso accionistas.

La imposición de sanciones penales a las personas jurídicas van desde la multa, decomiso y suspensión de actividades, hasta la disolución de las empresas.

Los actos criminales que se cometen al amparo de algunas empresas en México deben inhibirse, sancionarse y erradicarse con penas que eviten que las personas jurídicas se constituyan en nuevas compañías que eluden la ley, para continuar con sus actividades lesivas bajo otra razón social.

Por tal motivo se propone establecer en el Código Penal Federal la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos cometidos por cuenta o a nombre de las mismas.

En este sentido, establecemos que no serán penalmente responsables las personas jurídicas de naturaleza pública.

La responsabilidad a que nos hemos referido, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no excluye la responsabilidad penal de las personas físicas; la transformación de una persona jurídica con otra forma, denominación o razón social, no será obstáculo para la aplicación de las consecuencias jurídicas. Por tanto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente procederá respecto de los siguientes delitos: delitos contra la salud, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, delitos cometidos por servidores públicos, delitos patrimoniales, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra el ambiente, delitos fiscales, delitos en materia de propiedad industrial, así como delitos en materia de juegos y sorteos.

Además de las penas ya previstas de decomiso, multa y publicación especial de sentencia a las personas jurídicas, se les podrá imponer la suspensión, la prohibición de realizar determinadas operaciones comerciales y a participar en licitaciones públicas, la remoción de los administradores y, finalmente, la disolución de la persona jurídica, que no podrá volver a constituirse por las mismas personas en forma real o encubierta.

Dejamos a salvo los derechos de los trabajadores interesados, y se propone una serie de atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si esta acepta su participación en la comisión del delito o si colabora en etapas de la investigación.

Senadoras y Senadores.

El motivo que presento para la exposición a la consideración de ustedes de esta iniciativa, es contar con el apoyo para proteger principalmente bienes jurídicos que son de carácter general, bienes jurídicos que pertenecen a todos los mexicanos y que por supuesto, forman parte de las herramientas que requiere el Estado mexicano para combatir de manera más eficaz los controles económicos de las organizaciones criminales.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ y ROBERTO ALBORES GLEASON, Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 11 Y EL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 24 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 13 BIS, 13 TER, 17 BIS, 24 BIS, 50 TER, 50 QUÁTER Y 76 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas se relaciona estrechamente con el cambio que a nivel mundial se ha realizado sobre las funciones del derecho penal para poder sancionar penalmente a las personas morales, que en ocasiones son usadas por sus miembros, para la comisión de ciertos ilícitos, por ejemplo: la criminalidad económica, el lavado de dinero, la trata de personas, el terrorismo, los delitos ambientales, entre otros. Estos son ámbitos que están básicamente impregnados de modelos de conducta colectiva, es por ello que, debido a la influencia real de las personas morales, éstas deben comenzar a ser objeto de estudio de la política criminal en nuestro país.

No es casual que el legislador, en Europa continental, haya admitido, desde los años 20 en que nace el derecho económico moderno, algunas excepciones al dogma societas delinquere non potest1 (por ejemplo, en materia fiscal, aduanera o de competencia). Japón ha seguido esta tendencia a partir de los años 30 y lo mismo ha hecho Rusia hacia finales de la década del 80.2

Entre los países de nuestra tradición jurídica, tanto España (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de 2010) como Chile (Ley 20.393, de 25 de noviembre de 2009) han instaurado ya este tipo de responsabilidad para ciertos delitos. En este sentido se viene cubriendo un aspecto en el que se plantean consecuencias jurídicas con ciertos efectos específicos cuando se instrumentaliza a las personas jurídicas.

En el caso Chileno, que por analogía podría ser el más parecido al mexicano, Héctor Hernández indica que la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas “presenta el desafío más estructural y de largo plazo de desarrollar efectivamente una cultura empresarial de autorregulación en materia de prevención delictiva. Al efecto será indispensable una práctica punitiva efectiva y con preferencia por criterios materiales por sobre los meramente formales, que demuestre que la ley no es una mera fachada cosmética, y que al mismo tiempo cumpla con la promesa de que las empresas que cumplen seriamente con sus deberes no tienen nada que temer.” 3

El tema forma parte de obligaciones convencionales que vinculan a México, como el Convenio Contra la Corrupción de la OCDE, cuyos evaluadores en su examen de nuestro país en octubre de 2011 entendieron insatisfactoria la situación del ordenamiento mexicano al respecto.

En la realidad de nuestros días, la mayor parte de los delitos en los negocios socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa; y el crimen organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas: establecimientos financieros, sociedades de exportación o de importación, etcétera.

Estas nuevas formas de criminalidad (económica) han obligado a preguntarse si las actuales excepciones deben convertirse en regla; pues es poco convincente, considerada la realidad y los demás subsistemas del derecho, que por ejemplo el atentado contra el medio ambiente cometido por una gran empresa sea comprendido como un hecho de una sola persona natural: la que lo ordenó o ejecutó en una determinada medida.

Esta evolución implica una revisión a fondo de criterios de política criminal, que sanciona únicamente a las personas morales con medidas de derecho civil o administrativo, en tanto que la dogmática penal, que negaba abrir una brecha en el tradicional principio de que la responsabilidad penal sólo concierne a las personas físicas por estar fundada en la culpabilidad, hoy se abre a fin de tutelar de manera eficiente bienes y valores de carácter colectivo.

El debate sobre la evolución que se debe de tener en la política criminal y la dogmática penal se ha intensificado en la medida, en tanto que, en el orden nacional como en el internacional se ha sentido la urgencia de reconocer a la empresa como sujeto de derecho penal, para enfrentar mejor las nuevas formas de criminalidad, fomentadas por el desarrollo de la economía, de los transportes, de las comunicaciones, en el que las empresas nacionales y multinacionales juegan un papel cada vez más decisivo.

Panorama Internacional

1. México ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que contienen como opción para reprimir a las empresas criminales la posibilidad de que los Estados legislen sobre la responsabilidad penal de las mismas

En este sentido la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 10 menciona:

Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4. Cada estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

2. Por su parte la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción establece en su artículo 26 lo siguiente:

Artículo 26 Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

3. Por otra parte, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptada por la conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997, dispone:

Artículo 2. Responsabilidad de las personas morales

Cada parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero.

El reporte de implementación de la convención elaborado en octubre de 2011, en materia de responsabilidad de las personas jurídicas señala que las provisiones legislativas de México en materia de responsabilidad de las corporaciones por corrupción internacional son sustancialmente deficientes y las recomendaciones del grupo de trabajo para la fase 2 continúan sin implementarse. Por tanto los examinadores recomiendan que México enmiende su Código Penal Federal sin demora para que las personas jurídicas puedan ser responsables por corrupción internacional sin requerir la previa identificación y condena de la persona física, y sin la prueba de que los actos de corrupción fueron cometidos con los medios de la persona jurídica.4

Como se advierte, y con el fin de sustentar lo anterior, existen instrumentos internacionales, firmados y ratificados por México, para combatir la delincuencia organizada transnacional y la corrupción contemplando la obligación de implementar en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas morales para reprimir aquellas empresas que se dediquen a realizar actividades ilícitas que como ya lo he precisado, será totalmente independiente de la responsabilidad penal de las personas físicas.

4. Es necesario destacar que se ha reconocido la importancia de que los países parte adopten medidas adecuadas para combatir el lavado de dinero y sancionar penalmente tanto a personas físicas como morales, de acuerdo con lo establecido en las “cuarenta recomendaciones” del Grupo de Acción sobre el lavado de activos (GAFI) del 20 de junio de 2003. El apartado A referente a los Sistemas Jurídicos en el punto 2 inciso b) textualmente menciona:

“2. Los países deberán garantizar que:

“a) ...

“b) Se deberá aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no sea posible, la responsabilidad civil o administrativa. Esto no debería obstaculizar a los procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas en aquellos países que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deberán estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas.”

México es miembro desde el año 2000 del Grupo de Acción Financiera y ha endosado dichas recomendaciones para cooperar en la lucha contra el lavado de dinero. Entre los países miembros destacan Estados Unidos, la Gran Bretaña, Australia, Francia, Japón, Portugal, Suiza, España,5 entre otros. Cabe destacar que algunos de los países miembros del (GAFI) ya regulan la responsabilidad penal de las personas morales.

5. Por otra parte, existen al menos 12 instrumentos normativos aprobados por la Unión Europea en las que se prevé la responsabilidad de las empresas por la comisión de delitos:

A) Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 10 de junio de 1997 (artículo 4);

B) Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo (artículo 8);

C) Decisión marco 2002/946/JAI, del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a las estancias irregulares (artículo 3);

D) Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal, artículo 7).

E) Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (artículo 6);

F) Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (artículo 7);

G) Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de octubre de 2004 relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (artículo 7);

H) Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa a los ataques contra los sistemas de información (artículo 9);

I) Decisión marco 2005/667/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de buques (artículo 6);

J) Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (artículo 6);

K) Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (artículo 8 de la decisión marco 2002/475).

L) Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (artículos 5 y 7)

M) Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (8 Ter y 8 Quáter).

6. Los Estados miembros del Consejo de Europa aprobaron el 8 de noviembre de 2001, en Budapest, el Convenio sobre Ciberdelincuencia, que quedó abierto a la firma el 23 de noviembre de 2001, fecha en que fue suscrito por Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Japón.

El título 5 establece otras formas de responsabilidad y de sanciones. Así, en su artículo 12, la convención señala que:

Artículo 12 - Responsabilidad de las personas jurídicas

1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para que pueda exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos previstos de conformidad con el presente Convenio, cuando sean cometidos por cuenta de las mismas por cualquier persona física, tanto en calidad individual como en su condición de miembro de un Órgano de dicha persona jurídica, que ejerza funciones directivas en la misma, en virtud de:

a un poder de representación de la persona jurídica;

b una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;

c una autorización para ejercer funciones de control en la persona jurídica.

2 Además de los casos ya previstos en el apartado 1 del presente artículo, cada Parte adoptará las medidas necesarias para asegurar que pueda exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la falta de vigilancia o de control por parte de una persona física mencionada en el apartado 1 haya hecho posible la comisión de un delito previsto de conformidad con el presente Convenio en beneficio de dicha persona jurídica por una persona física que actúe bajo su autoridad.

3 Con sujeción a los principios jurídicos de cada Parte, la responsabilidad de una persona jurídica podrá ser penal, civil o administrativa.

4 Dicha responsabilidad se entender· sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido el delito.

Cabe mencionar que el desarrollo de la tecnología es cada vez más usual en la comisión de delitos, de ahí la importancia de esta convención. Y previendo la comisión de los delitos informáticos a través de personas jurídicas, este instrumento internacional contempla al igual que los instrumentos internacionales ya mencionados, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

7. El aforismo societas delinquere non potest predominó, hasta hace pocos años, en el derecho penal de Europa continental. Después de la intensa discusión de los años cincuenta, parecía impensable la represión penal de las empresas, sobre todo en el ámbito germanófilo. Así, el legislador estableció, en Alemania, Austria y Suiza, sanciones específicas para las organizaciones tanto en el derecho de contravenciones (Ordungswidrigkeiten) como en el derecho penal administrativo.6

Mediante la introducción de las figuras no penales de la responsabilidad solidaria indirecta (Austria), de la responsabilidad por el resultado (Suiza) o de multas administrativas (Alemania), se buscó respetar, el principio de culpabilidad penal. Si bien es cierto que nunca se logró hacer desaparecer completamente las diferencias, estos sistemas auxiliares fueron considerados como “los hijos menores del derecho penal”. En Austria, se fue aún más lejos mediante la introducción, en el Código Penal en 1982 y 1987, de la regulación del decomiso de la empresa (§ 20 C.P.) y de la posibilidad de confiscar sus utilidades (§ 20a C.P.).

A nivel internacional, la mayoría de los países, ante el creciente poder de las grandes empresas, han recurrido a determinadas formas de represión penal. Algunos países, sobre todo anglosajones, disponen en esta materia de una larga experiencia. El viraje hacia esta dirección, en los años setenta de Japón, Corea y Holanda, se puede comprender, desde la perspectiva europea, como una pequeña concesión al espíritu de la época.

Mientras tanto, otros países, en los que se admite el principio de culpabilidad, han cambiado de orientación. Dinamarca, Noruega y Suecia, establecieron, en los años ochenta, sanciones penales específicas para las empresas consideradas especialmente peligrosas. Francia, introdujo en 1994, una responsabilidad general para las personas jurídicas, la siguió Finlandia en 1995.

Por su parte Italia lo hizo en 2001 (Decreto Legislativo de 8 de junio de 2001, nº 231), Suiza insertó en su Código Penal en 2007 la responsabilidad penal de la empresa y España en 2010 reconoció la responsabilidad penal de las personas morales en determinados delitos. Existen igualmente proyectos de ley en este sentido en países de Europa del Este (Lituania, Hungría, Polonia).

Criminalidad de la persona moral

Hay coincidencia en la doctrina respecto de que, el denominado derecho penal de la empresa, constituye una rama del derecho penal económico.7 Se trata, sin duda, de un universo de análisis que, desde hace ya algunos años, se encuentra en ebullición; muestra de ello son los numerosos trabajos de investigación que, en la actualidad, se desarrollan.

Este interés se explica a partir del reconocimiento de que la participación de la empresa en el sistema económico la convierte en titular del rol de agente económico.8 En este contexto, precisamente, el orden económico puede resentirse cuando las actuaciones producidas en el ámbito del mercado empresarial desbordan sus cauces legales y las líneas generales del sistema, para adentrarse en prácticas no sólo de riesgo sino evidentemente lesivas en las que se pone de relieve que la utilización abusiva e incorrecta de los mecanismos de financiamiento produce beneficios ilícitos a los que la practican lesionando a otros componentes de la sociedad o a terceros que con ellas se relacionan.9

Sin dejar de reconocer las dificultades que ofrece la delimitación conceptual de esta materia, nos inclinamos por el concepto propuesto por Bernd Schünemann. Tal opción se justifica por considerar que, sobre la base de la misma, es posible inferir, con cierta claridad los ámbitos de estudio que comprende el derecho penal de la empresa.

Para Schünemann el concepto de criminalidad de la empresa alude a aquellos “delitos económicos en los que por medio de una actuación para una empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e intereses propios de los colaboradores de la empresa”.10

De esta manera, dos son los ámbitos respecto de los cuales puede predicarse el concepto: uno se perfila a comprender aquella criminalidad que, surgida en su seno, se proyecta al exterior a partir de la empresa (afectando intereses y bienes de terceros ajenos a ella); la otra, en cambio, aún cuando germina en la estructura societaria, sus efectos se despliegan en contra de la empresa o de los miembros de las misma.11 O dicho en otras palabras, la distinción precedente puede reconducirse a la clásica diferenciación formulada por Schünemann: criminalidad desde la empresa y criminalidad dentro de la empresa.12

Son dos básicamente los grupos de casos en los que se pueden clasificar las posibilidades de conexión de la persona jurídica con el fenómeno delictivo. En efecto, siguiendo a Jaime Malamud Goti,13 podemos advertir la existencia de:

1) En primer lugar, un grupo de casos en los que el uso de la personalidad societaria constituye una modalidad especial de burlar alguna disposición legal. Se trata de hipótesis en las que la creación de la persona jurídica es ex profeso para la actividad delictiva, como ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de aquellas corporaciones constituidas con el propósito principal de evadir obligaciones impositivas u obtener beneficios sobre una base ficticia.

2) Junto a este grupo encontramos un segundo grupo, que se caracteriza porque la estructura societaria refleja una organización orientada hacia una actividad permisible como tal y de cuyo ejercicio se derivan una o varias transgresiones que pueden configurar delitos. Dicho en otros términos: los hechos antisociales propios de este grupo de casos presentan como característica común haber sido cometidos en el escenario que ofrece una persona jurídica, cuyo objeto societario o actividad desarrollada no resultan ilícitos.

Ambos grupos de casos exigen, para su tratamiento por parte del ordenamiento jurídico, la adopción de estrategias de muy distinto grado de complejidad que, incluso, han llevado a sostener la necesidad de construir un sistema de responsabilidad penal de la persona moral diferente de la responsabilidad que les corresponde a las personas individuales que integran los órganos de aquélla.

Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas

De conformidad con Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas dominantes en el derecho comparado pueden reconducirse a dos grandes grupos, los denominados modelos de heteroresponsabilidad o responsabilidad por hecho ajeno, y los modelos de autorresponsabilidad o de responsabilidad por hecho propio.14

Los primeros, también denominados de imputación directa o de responsabilidad vicarial, parten de que las acciones de ciertos sujetos (cargos directivos) se imputan directamente a la persona jurídica. No se trata sólo de que se le impute la conducta, sino también el tipo subjetivo (dolo o imprudencia) con el que ésta fue cometida por el sujeto individual.

Se parte pues de que las personas con puestos directivos le vinculan directamente, siempre que la conducta del sujeto individual se haya producido con ocasión del ejercicio de sus funciones en la empresa y en beneficio de ésta.

En cuanto a la responsabilidad por actos de los empleados de nivel inferior, la tendencia internacional es exigir algún tipo de infracción del deber de cuidado (culpa in eligendo/in vigilando) de algún sujeto con poder de dirección, superando la situación en el anterior derecho penal estadounidense, conforme en la que también las acciones de los empleados eran directamente imputadas a la empresa.15

Los segundos modelos, los de autorresponsabilidad, se centran en la conducta de la propia persona jurídica. Igual que en los anteriores modelos, se exige una conducta delictiva por parte de una persona física, así como que ésta haya tenido lugar con ocasión de sus funciones en la persona jurídica y en beneficio de ésta. Pero la conducta de la personas física no se le imputa directamente a la persona jurídica, sino que es necesario que tal conducta haya sido consecuencia de la defectuosa organización de la personas jurídica o se haya visto favorecida por ella.

Es decir: mientras que en los modelos de responsabilidad por imputación directa o vicarial la conducta delictiva de ciertos sujetos es condición necesaria y suficiente de la responsabilidad de la persona jurídica, en los modelos de responsabilidad por defecto organizativo la conducta delictiva de esos sujetos es condición necesaria, pero todavía no suficiente, de la responsabilidad de la persona jurídica. Para que se produzca esta segunda es necesario que exista una infracción de un deber o un defecto organizativo de la persona jurídica que facilitó o propició el delito.

Si bien el modelo de imputación directa o vicarial, por su mayor simplicidad, fue el primero en el tiempo, en la actualidad, ya sea por decisión legislativa o mediante la introducción de criterios correctores, está siendo progresivamente desplazado por el modelo de responsabilidad por defecto de organización.16

1. El sistema de doble imputación en el modelo legislativo francés. Francia incorporó en su nuevo Código Penal la responsabilidad de las personas morales, con el sistema de doble imputación, en vigor a partir del 1 de marzo de 1994.

Las características del modelo legislativo francés, establece que la responsabilidad es: a) acumulativa; b) especial, y c) condicionada.17

a) Es acumulativa por cuanto la responsabilidad penal de la persona moral no excluye la responsabilidad de las personas físicas a quienes se les atribuye, sea en carácter de autor o de cómplice, el mismo hecho delictivo (artículo 121-2).

Respecto a esta primera condición, se ha considerado que, la responsabilidad de la persona moral supone siempre la actuación de una persona física. Y esta persona física debe ser un “órgano” o un “representante” de la persona moral. Por “órgano” se entenderá, por ejemplo el consejo de administración, la asamblea general, el consejo de vigilancia o el directorio de una sociedad. En tanto que, bajo el concepto de “representante” se comprende, un director general o un gerente.

b) Es también una responsabilidad especial por cuanto ella debe estar expresamente prevista por el texto de la ley (para el caso de delitos) o reglamento (cuando se trata de contravenciones) que define la infracción. Esto significa, nada menos que es necesario para poder responsabilizar a la persona moral que, tal posibilidad haya sido prevista en el propio texto que tipifica la infracción delictual o contravencional que se quiere aplicar. Este segundo requisito se orienta a que, la concreta actuación de aquel órgano o representante de la persona jurídica se haya realizado con el propósito de obtener un beneficio para la misma.

El modelo legislativo descrito se completa, como una lógica consecuencia de la consagración de esta forma especial de imputación, con la previsión de un sistema de sanciones penales (artículos 131-37 a 131-49) adecuado a esta nueva categoría de sujetos (persona jurídica). Así, se establecen como principales penas las de multa, disolución de la persona jurídica, colocación de la corporación bajo vigilancia judicial, cierre del establecimiento, prohibición de emisión de cheques o utilización de cartas de pago, confiscación, y publicación de la sentencia condenatoria.

c) Se trata de una responsabilidad condicionada a un doble requisito: a) la infracción debe haber sido cometida por un órgano o representante de la persona moral, y b) debe, además, haberlo realizado a cuenta de la persona moral.

2. Responsabilidad de las Personas Jurídicas en la Doctrina Española.

En diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, entre cuyas modificaciones destaca, por la indudable incidencia que tiene la organización empresarial, el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El modelo de imputación escogido por el legislador español se encuentra recogido en el primer número del artículo 31 Bis, conforme al cual:

“En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.”

De conformidad con lo anterior, se advierte que el legislador español se ha decidido por un modelo de imputación directa o vicarial. Esto se infiere de la interpretación sistemática y a contrario de los dos incisos del art. 31 bis.1. Mientras que el primer inciso no hace referencia a la existencia de algún tipo de responsabilidad subjetiva por parte de la empresa, el segundo, si bien no es claro, puede interpretarse en el sentido de admitirla. Ello es así toda vez que se refiere a que las personas físicas hayan podido cometer el hecho “por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”.

En lo referente a la sanción, es la pena de multa, por cuotas –los ya habituales días multa- o proporcional al beneficio obtenido o al perjuicio causado. En los supuestos más graves el juez podrá acordar la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, la intervención de la persona jurídica o la prohibición de realizar aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. A estas penas habrá que añadir, lógicamente, la indemnización de los daños ocasionados por el delito.

Por otra parte, mediante la Ley Orgánica 7/2012, se modificó nuevamente la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal Español en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, a fin de modificar la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, con lo que se “supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.”18

Una vez revisada la regulación sobre la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas en el ámbito internacional, es claro advertir que nuestro país adolece de un marco normativo en la materia, por lo que es necesario crearlo con el objetivo de sancionar aquellas conductas delictivas realizadas por las personas jurídicas.

Claramente existen actividades que por su naturaleza, resultan susceptibles de ser utilizadas como mecanismos para la comisión de ilícitos, tal como los relacionados con juegos y sorteos, importaciones y exportaciones, etc., como ha quedado estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas actividades, así como aquellas tendientes a la corrupción de servidores públicos para la obtención de favores o beneficios, en su gran mayoría son realizadas por conducto o en provecho de personas jurídicas.

Por otra parte, en fechas recientes ha quedado de manifiesto los graves daños que en materia ambiental pueden ser atribuidos a las personas jurídicas que detentan concesiones o autorizaciones del estado para llevar a cabo determinadas actividades económicas, así como el aprovechamiento de bienes y recursos naturales, tales como la minería, la explotación forestal, entre otras.

A este respecto, Gabriel Calvillo señala que “sobre el particular nos parece adecuado incorporar mecanismos de racionalidad al sistema persecutorio, que prevean el incentivo de una cultura corporativa de legalidad. En la materia ambiental esto se traduce en la necesidad de incrementar los estándares de gestión y administración ambiental dentro de las empresas, y el uso y la utilidad de Programas como el de Auditoría Ambiental voluntaria que impulsa actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.19

La imposición de sanciones penales a las personas jurídicas necesariamente debe traducirse en sistemas de gobierno corporativo y autorregulación que inhiban dichas conductas. Como lo señala Adán Nieto, “la imposición de sanciones a la empresa cuyo fundamento radica en la ausencia de una organización adecuada comunica además de forma muy eficaz a socios y administradores que el cumplimiento con la legalidad penal es un fin de primer orden dentro de toda ordenada gestión empresarial, y que su incumplimiento puede traer consecuencias económicas desfavorables para los socios y, por tanto, poner en peligro la estabilidad en el empleo de los administradores.”20

A fin de sancionar adecuadamente estos y otros delitos, el legislador federal ha considerado necesario unificar criterios a nivel nacional para la imposición de sanciones penales, por lo que en el año 2013 se reformó el artículo 73 fracción XXI de la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, y el 5 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que desarrolla los principios de sistema de justicia penal adversarial y oral.

El legislador advirtió la necesidad de incluir un apartado relativo a las personas jurídicas, por lo que contempló en el Título X Capítulo II un procedimiento especial en el que se dispone una serie de reglas para el ejercicio de la acción penal, la conducción de la investigación, la formulación de la imputación y vinculación a proceso, formas de terminación anticipada, así como las sentencias en contra de personas jurídicas.

No obstante lo anterior, dicha norma no es el instrumento idóneo para determinar quienes pueden ser autores o partícipes del delito, ya que únicamente regula las cuestiones adjetivas, por lo que es imperativo establecer las disposiciones correspondientes en el Código Penal Federal, que además, señale las penas aplicables a las personas jurídicas, atendiendo a su naturaleza, al tiempo que se establece un numerus clausus de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas.

Una organización que se estructura de tal manera que favorece o se aprovecha de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos ambientales, el financiamiento al terrorismo y el cohecho, entre otros supuestos, no puede quedar impune a las sanciones penales, con independencia de la responsabilidad que les corresponde a las personas físicas que deciden y ejecutan actos delictivos a través de la persona jurídica.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal en materia de responsabilidad de las personas jurídicas.

Artículo Primero. Se derogan el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y se adicionan los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 11. Se deroga.

Artículo 13 Bis. Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas de acuerdo a lo siguiente:

I. No serán penalmente responsables las personas jurídicas de naturaleza pública;

II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas por los actos o hechos delictuosos realizados por cuenta o a nombre de aquéllas.

III. La transformación regular de una persona jurídica con otra forma jurídica, denominación o razón social no será obstáculo para la aplicación de las consecuencias jurídicas.

IV. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de una persona jurídica, no será obstáculo para aplicar las sanciones a la nueva persona jurídica o a la persona jurídica escindida.

V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.

Artículo 13 Ter. La responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente procederá respecto de los siguientes delitos:

I. Contra la salud, contemplados en el Título Séptimo del Código Penal Federal.

II. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipificados en el Título Noveno del Código Penal Federal.

III. Delitos cometidos por servidores públicos, regulados en el Título Décimo del Código Penal Federal.

IV. Delitos en contra de las personas en su patrimonio, consagrados en el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal.

V. Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contenidos en el Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal.

VI. Contra el ambiente y la gestión ambiental, regulados en Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal.

VII. Los regulados en el Título Cuarto del Código Fiscal de la Federación.

VIII. Los contenidos en el Título Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 17 Bis. No serán penalmente responsables las personas jurídicas cuando concurran las circunstancias siguientes:

a) La persona jurídica haya cumplido con la normatividad gubernamental respectiva aplicable al caso;

b) Los órganos de la persona jurídica, responsables de dirigir o supervisar al agente que cometió el delito, hayan cumplido con las normas técnicas de cuidado exigibles en el caso concreto.

Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:

1 a 15. ...

16. Se deroga

17 a 19. ...

Artículo 24 Bis. Se podrán imponer a las personas jurídicas, de acuerdo a la gravedad del delito, una o varias de las penas y medidas de seguridad siguientes:

1. Suspensión;

2. Prohibición de realizar determinadas operaciones;

3. Remoción;

4. Decomiso;

5. Multa;

6. Publicación de sentencia; y

7. Disolución

Titulo Segundo

Capítulo XII

Suspensión, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción y disolución de personas jurídicas

Artículo 50 Ter. La suspensión consistirá en la cesación de toda actividad de la persona jurídica por un plazo de tres meses a cinco años.

La prohibición de realizar determinadas operaciones se refiere a la imposibilidad de llevar a cabo determinadas actividades comerciales y a participar en licitaciones públicas o contratar con las entidades de la administración pública federal por un periodo de tres meses a cinco años.

La remoción consistirá en la sustitución del administrador por uno designado por el juez, durante un periodo de uno a tres años a propuesta de los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito.

La disolución de la persona jurídica implica concluir definitivamente toda actividad social de la misma, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta.

Artículo 50 Quáter. Al imponer las penas y medidas de seguridad anteriores, el juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.

Titulo Tercero

Aplicación de las sanciones

Capítulo VII

Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Artículo 76 Bis. Las penas y medidas de seguridad previstas en el artículo 24 Bis podrán reducirse hasta en una tercera parte si la persona jurídica acepta su participación en la comisión del delito o si colabora en la etapa de investigación, dotando de información efectiva, a la autoridad competente, para esclarecer los hechos y procesar a los probables responsables de la comisión del delito, por medio de sus representantes legales. La colaboración con las autoridades excluye la posibilidad de decretar la disolución de la persona jurídica.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Roberto Albores Gleason”.

1. Es una locución latina que significa “las sociedades no pueden delinquir”, utilizada en Derecho penal para referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según este principio, una persona jurídica no puede cometer delitos, pues carecen de voluntad (elemento subjetivo) que abarque el dolo en sus actuaciones. De esta forma, a las personas jurídicas no pueden imponérsele penas, entendidas como las consecuencias jurídico-penales clásicas, más graves que otras sanciones.
2. Tiedemann, Klaus (1997). “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” Anuario de Derecho Penal 96, Lima.
3. Ver Hernández, Héctor. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/ Vol5N9A5.pdf]
4. Mexico’s legislative provisions on corporate liability for foreign bribery are substantially deficient and the Working Group’s Phase 2 recommendations remain unimplemented. The lead examiners therefore recommend that Mexico amend its Federal Penal Code (CPF) without delay so that legal persons may be held liable for foreign bribery without the prior identification or conviction of the relevant natural person(s), and without proof that the bribery was committed with the means of the legal person.” PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO, October 2011 Página 12. www.oecd.org.
5. Ver http://www.fatf-gafi.org/document/19/0,3746,en_32250379_ 32236869_36099475_1_1_1_1,00.html
6. Ver Günter Heine, La responsabilidad Penal de las Empresas: evolución internacional y consecuencias nacionales, Editorial Lima, Lima, 1996
7. Ver Terradillos Bosco, Juan, Derecho Penal de la Empresa, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 11. La doctrina ha enfatizado las graves dificultades que se presentan al momento de tratar de precisar el concepto de derecho penal económico. En términos generales, sin embargo, los autores concuerdan respecto a que este concepto irá en consonancia con la correspondiente estructura social y grado de evolución económica del Estado que ha generado sus normas.
8. Ver García Cavero, Percy, La responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación, Editorial Bosch, Barcelona, 1999.
9. Ver Jufresa Patau y otros, Los delitos societarios, en “AA. VV, Delitos societarios, de la receptación y contra la hacienda pública”, editorial Bosch, Barcelona 1998, p. 13-14.
10. Ver Schünemann, Bernd, Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y la política criminal acerca de la criminalidad de empresa, en “Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales”, 1998-II, Madrid, p. 531.
11. Realiza esta distinción José De Faría Costa, La responsabilidad jurídico penal de la empresa y de sus órganos (o una reflexión sobre la alteridad en las personas colectivas a la luz del derecho penal), en : “J.M Silva Sánchez (Edición española) - B. Schünemann- J De Figueiredo Días(Coordinadores), Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal,” Editorial J. M. Bosch, Barcelona 1995 pág. 429- 430.
12. Shünemann, op. cit.
13. Malamud Goti, Jaime, Política criminal de la empresa. Cuestiones. Alternativas, Editorial Hammurabi, Madrid, 1983, p. 31
14. Sobre estos dos modelos, v. las excelentes presentaciones de Zugaldía Espinar, J. M.: La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Tirant lo Blanch, Valencia 2008, pp. 140-151 y Nieto Martín, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo. Madrid, Iustel 2008, pp. 88-177.
15. Laufer, W.: “La culpabilidad empresarial y los límites del Derecho”, en Gómez-Jara Díez, C. (editor):Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 71 y 75.
16. Apuntan esta evolución Gómez-Jara Díez, C.: “Presentación” en el mismo (editor): Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 21-22) y Heine, G.: “Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa”, en Gómez-Jara Díez, C. (editor): Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 3.
17. Poncela, Pirette, Nouveau Code Pénal: Livere I. Dispositions generals, Reveu de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N. 3, julio-septiembre de 1993.
18. Ver Boletín Oficial Del Estado Núm. 312 Viernes 28 de diciembre de 2012 en http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf
19. Ver Calvillo Díaz, Gabriel. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos contra el ambiente: un tendencia inevitable” en http://www.ceja.org.mx/IMG/Art._Gabriel_Calvillo_43.pdf
20. Ver Nieto, Adán. “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa”. Polít. crim., Nº 5, 2008, A3-5, pp.1-18. [http://www.politicacriminal.cl/n_05/a_3_5.pdf].

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias Senador Arturo Zamora Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas. ¿Para qué asunto?

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Si acepta el Senador Zamora que me sume a su iniciativa.

El Presidente Senador Aispuro Torres: ¿Senador? Desde luego acepta. Pido a la Secretaría que tome nota de ello, para que se incorpore el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.

Senador David Monreal, ¿para el mismo asunto?

Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Con todo gusto.

Esta directiva saluda la presencia de un grupo de jóvenes provenientes del estado de Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García, quienes acuden a estas instalaciones del Pleno del Senado, para conocer de cerca el desarrollo del proceso legislativo.

Sean ustedes bienvenidos, jóvenes.

Igualmente esta directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de integrantes del movimiento para el desarrollo juvenil del municipio de Pachuca, Hidalgo, invitado por el Senador Omar Fayad Meneses.

Igualmente acuden a estas instalaciones del Senado para conocer el desarrollo del proceso legislativo. Sean ustedes bienvenidos.





 

En otro apartado del Orden del Día, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI AL ARTICULO 2 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS;
 Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas, competentes para conocer del asunto de que se trata y avocadas a su análisis, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se refiere la presentación de la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA” se extracta el alcance de dicha Iniciativa.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas dictaminadoras dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria de Pleno, el 7 de noviembre de 2013, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Senador René Juárez Cisneros motiva su Iniciativa exponiendo que la discusión parlamentaria sobre proyectos de ley relativos a pueblos y comunidades indígenas es indispensable para lograr avances concretos que contengan derechos a favor de este grupo social; que si bien se han dado avances significativos en la normatividad aplicable, aún es necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público para permitirles el manejo de recursos públicos y para que ellos mismos puedan promover la planeación de proyectos comunes en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

El proponente agrega que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas; y que las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: que están mayoritariamente excluidos del mismo; que en este sentido, se debe garantizárseles el derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para la planeación de su desarrollo; en particular, a determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que le sean favorables, y en lo posible, les permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la organización que ellos dispongan en función de sus usos y costumbres.

Propone, a través de su Iniciativa, que pueblos y comunidades indígenas con la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la participación de la Administración Pública Federal y los gobiernos de los estados y municipios, tengan resguardado el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en particular, el derecho de exigir al gobierno federal, entidades federativas y municipios, su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos como los minerales, forestales, hídricos, entre otros.

Con estas consideraciones e invocando lo dispuesto por el 27 constitucional, propone que se adicionen dos fracciones al artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el proyecto de decreto que se transcribe:

“Artículo único.- Se adicionan las nuevas fracciones VI y VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, recorriéndose las siguientes en su orden para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I a V. …

VI.- Impulsar por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economías por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

VII.- Lograr por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.

VIII a XXI. …

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

CONSIDERACIONES

a) En lo general

Esta Comisión coincide con el criterio que inspira la Iniciativa en estudio, que se funda en lo dispuesto en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracciones I y VII, que impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades; y además, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

En el marco de convencionalidad que exige el primer párrafo del artículo 1°del texto constitucional, es aplicable lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 7del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establecen:

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

En el mismo contexto de convencionalidad, es orientadora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 20°, párrafo 1, y 23 que determinan:

Artículo 20

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure y disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les concierna y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Finalmente, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas puntualiza en su artículo 2°el objeto del organismo descentralizado que crea con esa denominación y enumera sus funciones, dentro de las que destacan las siguientes:

Artículo 2

. . .

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

. . .

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

. . .

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

. . .

Además, el artículo 9° de la Ley en consulta enuncia las atribuciones de la Junta de Gobierno de este organismo descentralizado, de las cuales se transcribe la contenida en su fracción tercera:

Artículo 9

. . .

III. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado;

. . .

De la anterior fundamentación se advierte la obligación constitucional impuesta a los tres órdenes de gobierno consistente en impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos; así como apoyar sus actividades productivas y su desarrollo sustentable.

Esta obligación la regula la Ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dentro de sus atribuciones contempla realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas; y de concertación con los sectores social y privado; además, asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten; instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes; desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas; establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas; y concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas.

b) En lo particular

Entrando al análisis de las fracciones cuya adición se propone, la VI en primer término, es de considerarse que el artículo 2° de la Constitución federal en el último párrafo de su apartado A, determina que corresponde a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, en los términos siguientes:

Artículo 2

 . . .

a).

 . .

. . .

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

b) . . .

. . .

En este primer análisis es pertinente distinguir por su naturaleza jurídica y sus efectos, los conceptos entidades de interés público y sujetos de derecho público.

Francisco López Bárcenas en su obra “Legislación y derechos indígenas en México” comenta del artículo 2° constitucional, el párrafo ya transcrito, que determina que corresponderá a las constituciones y leyes de las entidades federativas establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Al respecto, opina que “ … nulifica la posibilidad de los pueblos y comunidades indígenas de formar parte de las estructuras de gobierno ya que en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho público las considera como entidades de interés público. Como bien se sabe, el interés público "es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado"; 1 mientras las características de las personas jurídicas colectivas de derecho público son "la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, pose una denominación o nombre; con domicilio y un ámbito geográfico actuación; patrimonio propio y régimen jurídico específico"2. Cosas bien distintas ambas, como se ve.”3

Cabe citar también, al autor José Roldán Xopa, quien dentro del estudio del órgano administrativo entra al análisis de los conceptos orden jurídico y persona jurídica, definiendo que:

“Los sujetos de derecho público son personas jurídicas, entidades dotadas de autonomía orgánica propia de su personalidad y con capacidad para ser propietarios. A su vez las personas jurídicas están compuestas por órganos que son fracciones de competencia. Así pues, desde el punto de vista orgánico, la administración pública está compuesta por una pluralidad de sujetos jurídicos: órganos y personas jurídicas (organismos). La identificación de cada uno de ellos es una cuestión que zanja el derecho positivo (por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será un órgano al ser parte de la personalidad del Estado; la Comisión Federal de Electricidad será una persona jurídica al ser constituida como organismo descentralizado.”4

Respecto al concepto de interés público, Roldán Xopa, plantea: “Ahora bien, como una apreciación inicial encontramos que el interés público designa ciertos contenidos jurídicos (ámbitos personales o materiales, normas, valores, etc.) que estima valiosos y objeto de una protección especial.”5

Valorando las disposiciones normativas invocadas y las anteriores opiniones doctrinarias, las dictaminadoras consideran que el texto constitucional caracteriza a pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público y no como sujetos de derecho público, por lo que la ley que crea a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que deriva de determinados enunciados del 2° constitucional, acatando el principio de jerarquización normativa, debe limitarse al concepto entidades de derecho público que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas.

Por tanto, las dictaminadoras consideran que en tanto no haya una reforma constitucional expresa, debemos ser congruentes con la norma que dispone que a las entidades federativas corresponde reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público, sin referir la calidad de sujetos de derecho público; y que en el mismo precepto, apartado B, fracciones I y VII, ya transcrito, impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, que es lo que en síntesis se propone en esta Iniciativa (fracción VI).

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su artículo 2 enumera las funciones de dicho organismo, que incluyen a juicio de la suscrita Comisión, la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva en su economía, como se propone en la fracción VI de la Iniciativa.

En la adición de una fracción VII para recorrer las subsecuentes, se propone facultar a ese organismo para que mediante convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales coadyuve en el ámbito productivo a resolver necesidades de las comunidades y pueblos indígenas en materia de asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, con el propósito de fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación. Al respecto, cabe advertir que la Junta de Gobierno de la citada Comisión, que es su órgano de gobierno, ya tiene como facultad prevista por el artículo 9, fracción III, de su propia ley, definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales, e incluso, con las organizaciones de los sectores social y privado.

Sin embargo, como lo sostiene el proponente, el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público que corresponde a las Constituciones locales y su legislación puede y debe ser impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues dentro de sus principios enunciados en el artículo 3 de su ley, le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación, que sin duda se proyecta si la Comisión orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento legal.

Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta que se analiza en el sentido de que al mencionado organismo descentralizado corresponda como una de sus funciones, impulsar ante los Estados de la Federación el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público; y que esta atribución se inserte como fracción VI, recorriendo en su orden la fracción VI vigente y las subsecuentes.

Por los argumentos expuestos, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIAL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, RECORRIÉNDOSE LAS SIGUIENTES EN SU ORDEN PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 2. ..

I a V. …

VI. Impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público;

VII a XXI. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

1 Francisco Cornejo Certucha, “Interés público”, en Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, UNAM-Porrúa, México, 1991, pp. 1779-1780.

2 Miguel Acosta Romero, Teoría general del derecho administrativo, Porrúa, México, 2000, pp. 113-118.

3 Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Colección Legislación y Desarrollo Rural, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México 2009, p. 72.

4 José Roldán Xopa, Derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2008, pp. 174 y 175.

5 Ibídem, p. 299.





 

De las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 28 de abril de 2014, el Senador Félix González Canto, a nombre propio y de los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Mencionan los promoventes que nuestro país ha sido un referente como destino internacional en materia turística, no obstante, en 2013 México salió del top ten de los países más visitados, por lo que se deben construir estrategias dirigidas a captar el mercado turístico.

Por ello, se hace necesario seguir trabajando para reposicionar la imagen de nuestro país en el mundo, como un país confiable, seguro y atractivo para los turistas e inversionistas. En esta tarea, la implementación de las nuevas tecnologías de la información para la promoción turística es imperativa.

Los senadores promoventes señalan que la importancia de las nuevas tecnologías de la información cobra relevancia día a día en la promoción del turismo, están revolucionando el panorama de negocios en el mundo, han modificado la industria hotelera, de restaurantes, de servicios de viajes, de tour operadores y agencias de viajes, entre otros.

En este sentido, resaltan los promoventes que México cuenta con el Atlas Turístico de México, herramienta para la promoción de la actividad turística de nuestro país, siendo su principal objetivo integrar todos los bienes, recursos naturales y culturales que pueden constituirse en atractivos turísticos nacionales.

Dada su importancia, esta herramienta debe ser actualizada y promocionada oportunamente, transformándolo en un sitio web interactivo, que contribuya a posicionar segmentos como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de negocios, médico, de cruceros, entre otros.

Por lo anterior, la Iniciativa en estudio propone reformar la Ley General de Turismo con el fin de fortalecer al Atlas Turístico de México, transformándolo en un sitio web interactivo, para lo cual propone una modificación al artículo 14 a fin de que se establezca la obligación de la Secretaría de Turismo de actualizarlo de manera permanente y darle la difusión debida.

CONSIDERACIONES

El turismo es una actividad económica, sumamente dinámica, es capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de las condicionas adversas en las diversas economías del mundo.

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo internacional continuará creciendo en las próximas décadas, por lo que se vislumbran inmensas posibilidades que México deberá aprovechar para aumentar el flujo de turistas a nuestro país.

Ante la gran competencia que se está generando en materia turística, las comisiones dictaminadoras consideran necesario, realizar una promoción turística más activa e innovadora, que genere confianza y una gran expectativa para los turistas que nos visitan y los que aún no lo han hecho.

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden con los promoventes en el sentido que estamos en la época de las nuevas tecnologías, con ellas se están produciendo transformaciones en cuanto al acceso de la información y la comunicación, sin duda, las sociedades se están acostumbrando a una comunicación casi inmediata  producto del desarrollo de tecnologías como la telefonía móvil y el Internet.

En materia turística en unos años veremos el desarrollo de bases de datos que den seguimiento a las preferencias de los que consumen algún producto turístico, con esa información podremos implementar campañas más exitosas, mejor dirigidas y más agresivas.

Las Comisiones Dictaminadoras consideran que otro aspecto del uso de las nuevas tecnologías es garantizar la demanda de información que necesita el turista para programar sus viajes, ya que ellos demandan información para elegir qué país visitar y escoger de las múltiples opciones que se ofertan, cuál es la que mejor se acomoda a sus necesidades.

Por lo anterior, consideramos que la calidad y cantidad de información que el potencial turista tenga de manera veraz y oportuna, será crucial para la toma de decisiones, para realizar una reservación, contratación o compra de algún servicio turístico.

En este contexto, las Comisiones Dictaminadoras consideran que el Atlas Turístico de México, debe ser actualizado y promocionado permanentemente para que el turista se acerque a la oferta turística de nuestro país y decida que atractivos turísticos visitar.

Podríamos pensar que al ser el Atlas Turístico de México un portal web de carácter gubernamental, estaría sujeto a cumplir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual en su artículo 7, fracción XVII establece que con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento (cada tres meses1), cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con mayor frecuencia por el público.

Sin embargo, estas Comisiones Legislativas al realizar una interpretación sistemática del artículo 7 de la mencionada ley señalan que el Atlas Turístico de México no se encuentra comprendido dentro del supuesto contenido en la fracción XVII, relativo a información relevante, toda vez que esta fracción se refiere a las propias obligaciones de transparencia de las entidades gubernamentales, las que de acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información se agrupan en seis apartados: las finanzas de las dependencias y entidades, el marco que las regula, la toma de decisiones en el gobierno federal, la relación que guardan las dependencias y entidades con la sociedad y la organización interna de éstas2.

Asimismo, señalan que esta información es actualizada por disposición reglamentaria por la Unidad de Enlace y se encuentra dentro del portal principal de cada dependencia o entidad, lo que no sucede con el Atlas Turístico de México, ya que no forma parte del portal principal de la Secretaría de Turismo, ni es actualizado por la Unidad de Enlace de la Secretaría.

Asimismo señalan que el Instituto Federal de Acceso a la Información señala que dentro de la información relevante se encuentra3:

a) Las versiones públicas entregadas como respuesta a solicitudes de información y en cumplimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto;

b) Las resoluciones del Comité de Información a que se refieren los artículos 29 de la Ley y 60 de su Reglamento;

c) La guía simple con descripción de las series documentales, el calendario y el informe a que se refieren los numerales séptimo y cuarto y séptimo transitorio de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, señalando, en cada caso, la fecha de actualización;

d) De conformidad con lo señalado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, los apoyos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil;

e) La información con relación al cumplimiento de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos;

f) La información referente a los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006;

g) Otra Información Relevante.

De acuerdo a lo establecido, podemos concluir que es pertinente la modificación al artículo 14 de la Ley General con el fin de actualizar de manera permanente el Atlas Turístico de México y también es pertinente establecer la obligación de realizar acciones conducentes para su plena difusión.

Por otra parte, las Comisiones Dictaminadoras consideramos oportuna la adición al artículo 14 para establecer que la Secretaría realice acciones conducentes para la plena difusión del Atlas Turístico de México, ya que en la medida en que los potenciales visitantes conozcan que hay un Atlas Turístico, que contiene toda la oferta turística de nuestro país y que esta actualizado permanentemente, podrán tomar la mejor decisión que cumpla con sus deseos y necesidades para visitarnos.

Por todo lo anterior, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA
LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 14, se adiciona párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero al actual párrafo segundo de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado permanentemente. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público

Transitorio.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE TURISMO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

1 Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2 IFAI. “Criterios de verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” disponible en http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf consultado el 19 de agosto de 2014

3 Ibidem.





 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7; 10, FRACCION III; 11, ULTIMO PARRAFO Y 14, FRACCION I; Y SE ADICIONA EL ARTICULO 9, CON UNA FRACCION V DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 04 de octubre de 2012la diputada Socorro de la Luz Quintana León integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 14 de enero de 2013la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó conceder la prórroga para dictaminar la iniciativa.

4. El 03 de abril de 2013 en sesión de trabajo de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Economía, se aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFOMAN y ADICIONAN diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El dictamen referido fue aprobado con 27 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman.

5. El 11 abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 409 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

6. El 16 de abril de 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

7. El 31 de julio de 2013 en la quinta reunión ordinaria de Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los miembros de esta Comisión aprobaron en sentido negativo la Minuta en comento, para los efectos del artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 11 miembros que la conforman.

En este mismo sentido, la Comisión de Estudios Legislativos, aprobó la Minuta referida con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 5 miembros que la integran.

8. El 22 de octubre de 2013, en sesión ordinaria del Senado de la República, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez presentaron Moción Suspensiva sobre el dictamen en comento, solicitando sea devuelto a las comisiones dictaminadoras para su respectiva valoración y estudio, misma que se sometió a la votación del pleno en sentido afirmativo.

En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República determinó devolver a las Comisiones dictaminadoras la Minuta referida.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, el reformar 5 preceptos legales de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir la “Perspectiva de género”:

1. En el artículo 7 propone que, la Secretaría de Economía diseñará, fomentará y promoverá el acceso al financiamiento de MIPYMES en “Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”.

La colegisladora estima que es necesario la incorporación de la mujer en las actividades empresariales principalmente en el sector de la MIPYMES.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

Capítulo Segundo
Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES.

 

 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

 2. En el artículo 9 propone que se incluyan en los programas sectoriales el criterio de la “Perspectiva de género”.

La colegisladora estima que con la aprobación de esta Minuta traería beneficios potenciales como:

Generación de ingresos adicionales en la economía nacional, debido a los nuevos emprendimientos o al mejoramiento del desempeño de los actuales, y que son encabezados por mujeres.

Aprovechamiento más eficiente del capital humano, debido a que la perspectiva de género permite potencializar su utilización y formación.

Incremento del Bienestar social, derivado de mayores oportunidades para que las mujeres compitan exitosamente, y en condiciones de equidad, por mejores ingresos y empleos.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

Capítulo Segundo
Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos en el Artículo 5 de esta Ley, deberán contener, entre otros:

I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico;

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial;

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley.

 

 

 

Artículo 9.-…

 

I. y II. …

 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas,

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley, y

V. Perspectiva de género.

3. En el artículo 10 propone que en la planeación y ejecución de la MIPYMES se atienda la “Perspectiva de Género” impulsando la igualdad entre mujeres y hombres.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
 y Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 Capítulo Segundo
Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

I. Propiciar la participación y toma de decisiones de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, en un marco de federalismo económico;

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, así como de los Sectores;

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales;

IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo;

V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las MIPYMES;

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las MIPYMES;

VII. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a las MIPYMES considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción;

VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de apoyo a las MIPYMES, y

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las Entidades Federativas donde exista el Consejo Estatal todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del Distrito Federal, en donde no existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los Municipios y los Sectores.

 

 

Artículo 10.-…

 

 

I y II. …

 


III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres.

 

IV. a IX. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En el artículo 11 propone que, la Secretaría de Economía en los esquemas para el acceso al financiamiento de MIPYMES, garantice el acceso de financiamiento para “Mujeres jefas de familia”.

La colegisladora estima que en la actualidad las mujeres enfrentan una doble problemática cuando deciden emprender un negocio por cuenta propia en la escala MIPYME, debido a que por un lado deben encarar los obstáculos que caracterizan este tipo de emprendimientos (falta de financiamiento, capacitación acceso a tecnología y nuevos mercados, etc), mientras que por otra parte también experimentan limitaciones en su apertura y operación debido a que las políticas públicas de apoyo a esta escala empresarial, no contemplan las necesidades y demandas de género.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 Capítulo Segundo
Del Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las MIPYMES;

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores;

III. Formación, integración y apoyo a las Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y vocaciones productivas locales y regionales;

IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo tecnológico;

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;

VI. Consolidación de oferta exportable;

VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las MIPYMES, y

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable.

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES.

 

 

Artículo 11.-…

 

 

I. a VIII. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para mujeres.

 5. En el artículo 14 propone incluir el criterio de “Perspectiva de Género”, en la formación de una de la cultura empresarial.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

Texto Vigente

Texto Minuta

 Artículo 14.- La Secretaría promoverá la participación del Sector Público y de los Sectores para la consecución de los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:

I. La formación de una cultura empresarial enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

 

II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, y a la iniciativa y creatividad de los emprendedores;

III. La formación de especialistas en Consultoría y Capacitación;

IV. La certificación de especialistas que otorguen servicios de Consultoría y Capacitación a las MIPYMES;

V. La formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento con calidad;

VI. La investigación enfocada a las necesidades específicas de las MIPYMES;

VII. La integración y fortalecimiento de las Cadenas Productivas;

VIII. Los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las MIPYMES;

IX. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES;

X. El desarrollo de proveedores y distribuidores;

XI. La atracción de inversiones;

XII. El acceso a la información con el propósito de fortalecer las oportunidades de negocios de las MIPYMES, y

XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia para generar las condiciones que permitan una oferta exportable.

 Artículo 14.-…

 

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

 

II a XIII. …

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en el sentido de que es necesario la incorporación a nuestra legislación de políticas públicas para erradicar las desigualdades de género e incluir la perspectiva de género orientada para equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Segunda.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

Para el caso que no ocupa, la Ley de Planeación dispone que: “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en algunos de los siguientes principios:

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para logar una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

VII.-La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo….”

Por su parte, el artículo 9 de la referida Ley, dispone que las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal deberán de planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.

En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica, y

III. Impulsar liderazgos igualitarios.

En este sentido para cumplir con estos objetivos, las autoridades y organismos públicos tendrán que desarrollar las siguientes tareas:

· Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;

· Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas;

· Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente;

· Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral;

· Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente artículo;

· Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres;

· Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;

· Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo;

· Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración pública;

· Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género, y

· Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

Tercera.-Que el pasado 30 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Comisión de Competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

Así, el 03 de junio del año en curso, a través del oficio PRES-10-096-2013-061 dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

La minuta busca incluir principios sobre perspectiva de género e igualdad de oportunidades en diversas políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, esta autoridad considera que la minuta no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia porque su implementación no supondría barreras a la entrada ni ventajas exclusivas a favor de algún agente económico en particular”.

Cuarta.-Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene en una de sus tres estrategias transversales la “perspectiva de género”, en la cual a través de dicho Plan: “Se instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva de Género…”

En este tenor de ideas, en el denominado “Enfoque transversal (México Próspero)” del referido Plan, particularmente en la Estrategia III “Perspectiva de Género” contiene las siguientes líneas de acción que el Gobierno Federal pretende impulsar durante los próximos cinco años:

· Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las iniciativas productivas.

· Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género.

· Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema financiero.

· Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas.

· Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarse efectivamente en los sectores con mayor potencial productivo.

· Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia técnica.

· Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Quinta.-Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, se encuentran etiquetados en el Anexo 12 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” recursos por el orden de los $22 mil 341 millones de pesos.

Para el caso que nos ocupa, particularmente la Secretaría de Economía ejercerá $1,497 millones de pesos destinado a los siguientes rubros:

Programa

Monto
(Pesos)

 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

204,948,573

 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

550,000,000

 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia.

3,000,000

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

90,000,000

 Fondo Emprendedor

650,000,000

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 9.-...

I. y II. ...

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas;

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley, y

V. Perspectiva de género.

Artículo 10.-...

I y II. …

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

IV. a IX. ...

Artículo 11.-…

I. a VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres.

Artículo 14.-...

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y Consultoría;

II. a XIII. …

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

 





 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 7 Y SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 6 Y EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 182, 183, 187 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de febrero de 2013, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

3. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la presente iniciativa es establecer un mecanismo eficaz para garantizar la obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y municipios, a realizar obra pública con criterios de accesibilidad universal a favor de las personas con discapacidad.

Asimismo, promover la accesibilidad en los edificios públicos y de infraestructura física educativa, a través de la implementación de ajustes razonables.

CONSIDERACIONES

1.- El 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y a través de la cual el Estado Mexicano se comprometió a hacer efectivos dentro del territorio nacional, los mandatos y disposiciones que ella se describen, teniendo como uno de sus principios principales el de “accesibilidad”.

Dicho principio, encuentra su fundamento en el Artículo 9 de la citada Convención, el cual a la letra señala que “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales…”

Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su Capítulo VI, que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

Para ello, señala el artículo 16 de la Ley, los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, debiendo la autoridad coordinar con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas, supervisando la aplicación de disposiciones legales o administrativas para garantizarlo.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley establece que para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplará lo siguiente:

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; 

II. Que incluya el uso de señalización y facilidades arquitectónicas, y 

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.

2.- En cuanto al tema de accesibilidad a la infraestructura educativa, la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 24 que los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

· Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

· Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

· Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en la Fracción XII del Artículo 2, que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Con base en lo anterior, podemos asegurar que los planteles de educación sean accesibles es un aspecto fundamental para lograr los fines de la “educación inclusiva”

En ese sentido, el Estudio “Legislar sin Discriminación” señala en su Tomo III “Educación Inclusiva”, que debe establecerse que las instalaciones físicas contarán con “diseños universales” a través de los “ajustes razonables” para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad1.

Tratándose del tema de accesibilidad arquitectónica o de infraestructura aún existe mucha confusión sobre su alcance o qué se debe de entender, ya que no se tiene el conocimiento preciso de las especificaciones y normas existentes que son la base para el diseño de las adecuaciones físicas en favor de las personas con discapacidad.

Ejemplo de ello, lo tenemos al ver que en diversos inmuebles cuentan con rampas demasiado inclinadas, sanitarios muy estrechos o demás espacios exclusivos para las personas con discapacidad, que no cuentan con los componentes que los hagan adecuados y funcionales.

3.- En materia de accesibilidad arquitectónica, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 2, que se entenderá por “ajustes razonables” a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Mientras que por “diseño universal”, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Lo anterior, quiere decir que para que un edificio o construcción pueda considerarse “accesible” debe contemplar los dos criterios.

4.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda, coinciden con las proponentes cuando señalan que datos de la Organización Mundial de la Salud establecen que más de mil millones de personas en el mundo, es decir aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial total, sufren diversas formas de discapacidad.

En ese sentido, conforme a números del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad, alrededor del 6 por ciento de la población nacional, a quienes el Estado debe proveerles de las condiciones necesarias para que puedas desarrollarse en un marco de igualdad.

De igual forma, los Legisladores integrantes están de acuerdo en razón de que el Congreso de la Unión debe construir el andamiaje jurídico necesario para que, bajo los principios de inclusión y accesibilidad, se garantice a las personas con discapacidad, el derecho a vivir con dignidad, sentar las bases que permita el desarrollo pleno de sus potencialidades y dotar de espacios físicos en donde puedan transitar con normalidad.

Asimismo, las dictaminadoras coinciden que no se puede hablar del acceso a la educación, a la salud, a la recreación y a la cultura, si los edificios públicos donde se ofrece el servicio no cuentan con las adecuaciones para que las personas con discapacidad puedan acudir a solicitar estos servicios.

Por lo anterior, las Comisiones Unidas están a  favor de aprobar la Iniciativa materia del presente a fin de promover:

· La obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas y municipios que realicen obra pública, incluyan criterios de accesibilidad universal en favor de personas con discapacidad.

· Que en la construcción de espacios físicos destinados a la educación se contemplen los criterios de accesibilidad universal.

· La reducción progresiva de las barreras arquitectónicas de edificios públicos, de acceso al público y de la infraestructura física educativa a través de la implementación de ajustes razonables.

5.- En cuanto a las reformas propuestas por la Senadora Iniciante, los integrantes de las Comisiones Unidas expresan lo siguiente:

a).- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

En cuanto a la reforma del artículo 7 para establecer la garantía de criterios de accesibilidad universal en las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que se realicen con recursos federales, las Codictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta, proponiendo algunos ajustes con la finalidad de perfeccionar sus alcances y mejorar su contenido.

Para ello, proponen establecer que por “accesibilidad” deberá entenderse en relación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios en la materia que con base en ella se emitan, con la finalidad de homologar criterios y establecer la legislación especialista en la materia a la cual hay que atender.

De igual forma, se propone señalar en el tercer párrafo propuesto que los “ajustes razonables” deberán entenderse a la citada Ley general en materia de discapacidad.

Finalmente, en lo correspondiente a la reforma a la fracción I del artículo 17, las Dictaminadoras coinciden en la necesidad de que la Ley para la inclusión sea observada en la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, en estrecho sentido con las adecuaciones propuestas al artículo 7 de la Ley que se propone modificar.

b).- Ley General de Infraestructura Física Educativa

Las Dictaminadoras coinciden en las reformas propuestas a los artículos 6 y 11 de la Ley en materia de Infraestructura Física Educativa que tiene por objeto establecer en nombre correcto de la Ley general en materia de discapacidad.

Sin embargo, en la adición correspondiente al artículo 11 que a la letra dice: “…especialmente respecto a garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras arquitectónicas que representen los espacios de la INFE…”, los integrantes de las Comisiones Unidas estiman que dicha propuesta puede generar confusiones al ser términos específicos de la legislación internacional y nacional en materia de discapacidad que no están definidos en la Ley que se propone reformar.

Por ello que se estima adecuado mantener la redacción actual del artículo ya que con ella se entiende que la planeación a la que se refiere debe atender a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a todos los principios y criterios que la componen.

6.- En virtud de los aspectos narrados en el desarrollo del presente, las Comisiones Unidas se pronuncian a favor de la propuesta materia del presente Dictamen, convencidas de que uno de los primeros grandes pasos que debemos dar en el camino a la inclusión de todas las personas en la sociedad, es tener la infraestructura adecuada para promover el libre tránsito y acceso a los lugares públicos que incidan en la posibilidad de las personas con discapacidad de acceder a más derechos y oportunidades.

Debemos tener claro, en plena sintonía con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la accesibilidad no debe entenderse como sinónimo de una rampa, sino que aquélla debe ser considerada al construir y modificar el entorno, tomando en cuenta de manera amplia las necesidades de las personas con discapacidad. Ello respaldado con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en las que se señala que “…las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y la construcción del entorno físico.”

Finalmente, como último punto de este Dictamen, senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas estimamos adecuado establecer, dentro de los artículos transitorios de la propuesta y atendiendo uno de los principios que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la entrada en vigor del decreto debe llevarse a acabo bajo el “principio de progresividad” que se establece en su artículo 4 como una “obligación general” de los Estados Parte y que a la letra dice:

“Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.”

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda:

RESUELVEN

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 7. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberán promover criterios de accesibilidad universal a personas con discapacidad, conforme a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios que con base a ella se emitan.

Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería que se realicen para la ejecución de una obra deberán contemplar dichos criterios de accesibilidad.

Asimismo, se deberán atender estos criterios cuando los trabajos tengan por objeto la ampliación, adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de obra pública.

Artículo 17. …..

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios que con base a ella se emitan;

II. y III. ….

SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La ejecución de las acciones que deban realizar las dependencias y entidades responsables de la Administración Pública a que se refiere el presente decreto, deberán cubrirse atendiendo el principio de progresividad al momento de su aplicación, y en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 2 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA”.

1 “Educación Inclusiva”, Colección Legislar sin Discriminación -‑Tomo III-‑, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México D.F. 2013.




 

Uno de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE EDUCACION INCLUSIVA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de abril de 2011 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por la diputada federal Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura.

2. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2010, fue presentada la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por los diputados federales María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

3. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados efectuada el 24 de marzo de 2011, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General de Educación, por la diputada federal Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, en uso de sus atribuciones, acordó turnar los instrumentos a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo a cada una de las Iniciativas de referencia y decidió iniciar su discusión conjunta, debido a que proponen reformas sobre temas coincidentes.

6. Con fecha 23 de febrero de 2012, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, con 305 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional.

7. La Cámara de Senadores recibió la minuta el 28 de febrero de 2012 y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

8. Con fecha 25 de noviembre de 2014, a solicitud de la Comisión de Educación, la Mesa Directiva autorizó la rectificación del turno de dicho instrumento, para quedar en las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

9. El 13 de noviembre de 2008 los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, presentaron Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Educación.

10. El 12 de mayo de 2010 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

11. El 5 de octubre de 2010 la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

12. El 13 de julio de 2011 el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

13. En la Cámara de Senadores, el senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales, remitió las Recomendaciones No Vinculatorias al Senado de la República de Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad, tituladas: Propuestas de reformas legislativas para armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Propuestas de Reformas Legislativas para Armonizar la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura).

14. El 10 de noviembre de 2011 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

15. El dictamen correspondiente a las Iniciativas enumeradas en los puntos anteriores se presentó a discusión en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2011. El Proyecto de Decreto se aprobó por unanimidad de 72 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)

16. El 1 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la Minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

17. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

18. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

19. Con fecha 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, con 382 votos en pro. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó el proyecto a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

20. La Cámara de Senadores recibió la minuta ese mismo día y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

21. Debido a la coincidencia normativa de ambos proyectos, por acuerdo de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Educación del Senado de la República, se presenta el dictamen correspondiente, atendiendo los instrumentos radicados en ambas cámaras.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El instrumento remitido por la colegisladora tiene el propósito de armonizar, bajo el principio de inclusión, el contenido de la Ley General de Educación con los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

La Cámara de Diputados expresa sus inquietudes sobre las condiciones de la atención educativa que reciben los niños y jóvenes –con y sin discapacidad– que tienen necesidades educativas especiales, así como por las limitaciones del sistema educativo mexicano para implementar una política integral de inclusión.

Asimismo, la cámara de origen plantea la necesidad de actualizar el marco conceptual empleado en el campo de la educación especial, de manera que éste contribuya, desde el ámbito legislativo, a la consolidación de una cultura de la inclusión.

Con el propósito de cristalizar dichos objetivos, los diputados federales aprobaron la actualización de diversos artículos de la LGE, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
EL 23 DE FEBRERO DE 2012

 “PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 2o. ...

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VII Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

VIII. a XVI. ...

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

IV. a XIV. ...

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda, de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias.

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando los materiales de apoyo didáctico necesarios.

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el caso de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la evaluación psicopedagógica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos.

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores, propiciando su participación.

Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica, y

IV. Con la acreditación legal como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

...
Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto se realizará con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas y en atención a los recursos disponibles, para garantizar de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente para las personas con discapacidad.

Tercero. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, garantizando procesos de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas que participen en el programa.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

A. Consideraciones generales

PRIMERA. Existen campos de ejercicio de los derechos humanos en los que resulta indispensable una serie de garantías reforzadas, que bien pueden aplicarse a determinadas “zonas sensibles” de la Ley, en tanto que el bien jurídico que protegen arropan a colectivos que requieren una atención especialmente cualificada, para evitar su marginación, exclusión, o discriminación. Una de esas “zonas” es, sin resquicio a duda, la que atañe a la situación de las personas con discapacidad, quienes a lo largo de las últimas décadas han comenzado a ser tuteladas por instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, tendientes a remover y abolir las barreras que impiden y/o dificultan su plena integración social y el ejercicio de sus derechos cívicos.

SEGUNDA. A pesar de los innegables empeños que han sido dedicados a mejorarla, la condición de las personas con discapacidad en el mundo ha seguido la misma ruta de dualización que se ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la educación, la protección social, el empleo, la accesibilidad al medio físico, los servicios sociales y de apoyo, el consumo, la cultura, el ocio, el deporte, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes tradicionales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad.

TERCERA. En los inicios de la segunda década del milenio, la integración de la discapacidad en la vida colectiva implica mucho más que la incorporación de las personas con discapacidad a todas las esferas del quehacer humano. Supone un modelo para impedir la exclusión y para exaltar que el derecho a la dignidad personal, a la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción del futuro humano son derechos inalienables para cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias individuales. La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión.

CUARTA. En el marco de esta certeza, la educación y el empleo son, para las personas con discapacidad, elementos determinantes del proceso de integración social y los cimientos de la igualdad y la dignidad como bases imprescindibles para el ejercicio real de la libertad. La formación integrada en el sistema educativo general produce ventajas innegables, siempre que el sistema disponga de recursos y herramientas especializados para la atención de las situaciones que lo requieran. En opinión de las dictaminadoras, el espíritu de las propuestas vertidas en este proyecto (adaptación del espacio, asignación de materiales didácticos, especificación de metodologías y técnicas, o profesionalización del personal docente) son factores que garantizan el éxito de la educación integrada, tanto como los soportes institucionales y normativos que, derivados de este ejercicio, consoliden su permanencia en el tiempo y su instauración definitiva en la cultura nacional. La educación encaminada a atender a las personas con discapacidad plantea en cada nación una labor de considerable complejidad. La estructura educativa de los países experimenta una presión cada vez mayor propensa a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudios, desarrollar aptitudes sociales y personales, incorporar tecnologías, priorizar la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar a los educandos para un mundo en rápida evolución. Para su efectiva cristalización, los foros de experiencias y buenas prácticas abiertos a la participación de la sociedad civil han demostrado ser una extraordinaria contribución a la difusión de las técnicas y los saberes en esta materia y a la desdramatización de la complejidad que el proceso de integración en el sistema educativo comporta muchas veces para los profesionales que asumen la responsabilidad en las aulas.

QUINTA. Estimaciones de diversos organismos internacionales arrojan que en 2010 más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapaci­dad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial. Según la Encuesta Mundial de Salud (EMS), elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 785 millones de personas (15.6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%). La EMS señala que, del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2.2%) tienen dificultades muy significativas de fun­cionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3.8%) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). Sólo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”. Las fuentes localizadas por las codictaminadoras sobre la discapacidad coinciden en señalar que ésta afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnera­bles. Datos de la Encuesta Mundial de Salud 2010 indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las encuestas a base de indicadores múltiples en países seleccionados ponen de manifiesto que los niños de las fami­lias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que los demás niños.

SEXTA. En junio de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial dieron a conocer el Informe Mundial sobre Discapacidad, cuya información se basa en los datos del World Health Survey de 2002-2004 que se realizó en 59 países. Según el documento, la prevalencia promedio de la población con discapacidad adulta es del 15.6%, 650 millones de personas. En los países con mayores ingresos fue de 11.8%, mientras que la prevalencia aumenta a 18% en países con menores ingresos. En promedio, 2.2% de la población mundial, es decir 92 millones de personas, viven con dificultades de movilidad o funcionalidad severas. La prevalencia aumenta con la edad, comenzando a los 45 años (11 al 18% de la población dependiendo si es un país de mayores a menores ingresos), llegando a representar más del 40% hasta el 60% de la población mayor de 75 años. En 1970 la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial se estimaba en 10% cuando la edad promedio a nivel mundial era de 22.4 años. Hoy la prevalencia de la discapacidad ha aumentado a 15%, es decir, aumentó 5% y la edad promedio mundial aumentó a 28 años. De seguir esta tendencia, explica el texto, se podría concluir que para el año 2050 la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial será de 35 %. Ello demuestra “que la prevalencia de la discapacidad como un hecho médico no se puede prevenir. Segundo, lo importante sobre la prevalencia de discapacidad en la población mundial no es que el porcentaje continúe en ascenso sino que la discapacidad hoy se asocia con poca participación o inclusión social y altas tasas de desempleo, así como la pobreza”. Es decir, en 2050, de no cristalizarse el cambio de paradigma sobre la discapacidad –tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-, el 35% de la población mundial vivirá en situación de exclusión y pobreza.

SÉPTIMA. En relación al derecho a la educación, el Informe de la OMS y el BM destaca que “los niños con discapacidad tienen menos probabilidades que sus homólogos no discapacitados (sic) de ingresar en la escuela, permanecer en ella y superar los cursos sucesivos”. Según el texto, “el fracaso escolar se observa en todos los grupos de edad y tanto en los países de ingresos altos como bajos, pero con un patrón más acusado en los países más pobres. La diferencia entre el porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños no discapacitados (sic) que asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la India hasta el 60% en Indonesia. Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia en las tasas de asistencia escolar oscila entre el 15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso en países con altos porcentajes de matriculación en la escuela primaria, como los de Europa oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela”. En términos de género, la agencia internacional señala que, a nivel global, el 61.3% de los hombres sin discapacidad han completado su educación primaria y en promedio ha recibido 7.03% de educación; mientras que solamente el 50.6%, es decir 10% menos, los hombres con discapacidad han completado su educación primaria con 5.96 años de educación en promedio; es decir, un año menos que los hombres sin discapacidad

OCTAVA. El principio que universaliza el derecho a la educación fue consagrado por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que explícitamente afirma: “Todos tienen derecho a la educación”, y ésta deberá ser gratuita y obligatoria al menos en su nivel primario. Hacia 1960, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adopta la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que prohíbe “destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o colocar a una persona o grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana”. La garantía de la no discriminación también se hace presente en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como en el marco de la Educación para Todos – tanto en la Declaración de Jomtién (1990) como en la de Dakar (2000).

NOVENA. En términos históricos, la actualización de ordenamientos internacionales fue sustancial para consolidar el concepto de Educación Inclusiva (en contraposición al concepto de Educación Especial) al interior de los marcos jurídicos domésticos, que desde hace unas décadas han incorporado de manera específica los derechos de las personas con discapacidad. El primer instrumento relevante en esta materia es la resolución de Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 1993. Este marco afirma el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, niñas, jóvenes y personas adultas con discapacidad, y especifica además que esto debe ocurrir “en entornos integrados”, velando porque “la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza”. Además, observa que la educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación, condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos para atender las necesidades de personas con diversas discapacidades. La resolución, además, advierte a los Estados sobre la importancia de contar con una política claramente formulada, que sea comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general, además de permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables, pudiendo añadirle distintos elementos según sea necesario, proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal docente y de apoyo.

DÈCIMA. Un año más tarde, en 1994, se aprobó la Declaración de Salamanca, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educacionales Especiales, promovida por el gobierno español y por la UNESCO, de la cual fueron signatarios representantes de cerca de 100 países y diversas organizaciones internacionales. El espíritu de esta declaración es el del “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir ‘escuelas para todos’, que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual”. La declaración deja claro que son las escuelas las que tienen que responder a las necesidades de sus estudiantes, y no al revés. La Declaración de Salamanca subraya que el enfoque inclusivo es importante no solamente para las personas con discapacidad, sino que para el conjunto de estudiantes ya que promueve valores y posturas de no discriminación, de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos.

DÉCIMA PRIMERA. Cinco años más tarde, en 1999, se aprueba otro marco clave: la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de Deficiencia, conocida también como Declaración de Guatemala. Esta Convención reconoce que la discapacidad sigue siendo un grave obstáculo a la plena participación en la vida social, cultural, económica y educacional de la región, y parte de la premisa de que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidad. De ahí se reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa razón, se considera que cualquier acto de discriminación contra una persona con discapacidad es una violación de sus derechos fundamentales. La declaración reconoce la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades a la población con discapacidad mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad. De acuerdo con esta concepción, la discapacidad no es un rasgo individual, sino que es en gran medida efecto de un entorno hostil.

DÉCIMA SEGUNDA. En la misma década de los 90, la UNESCO -reconociendo el derecho a la educación para todos y en aprecio a la diversidad-, propuso una transición del enfoque educativo homogeneizante a uno inclusivo que asegura el ejercicio del derecho a la educación de los grupos históricamente excluidos, entre ellos las personas con discapacidad, y reconocido en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  La educación inclusiva se plasma finalmente en los Acuerdos Ministeriales de la 48 sesión de la UNESCO, entendiendo que el sentido primordial de la educación, debe ser garantizar la participación de todas y todos para la vida, en la generación, socialización y aprovechamiento creativo del conocimiento. De modo que la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. Se reconoció que se requiere la transformación estructural del sistema educativo actual, que permita avanzar hacia nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una nueva estructura y funcionamiento. Así, se entiende a la educación inclusiva como el principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos.

Como compromiso en el Acuerdo Ministerial allí suscrito, México se comprometió a:

Adecuar las legislaciones educativas internas en materia de derechos humanos, en correspondencia con los estándares establecidos en los instrumentos internacionales. Aunado a ello, que consideren a la Educación Inclusiva para toda la vida, como un derecho público y social, tal como fue Declarado en la Conferencia Regional de Educación, en Cartagena, Colombia, en el mes de abril de 2008.

DÉCIMA TERCERA. En septiembre de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño aprobó la Observación General Nº 9 relativa a “Los derechos de los niños con discapacidad”, la cual reafirma el principio de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades, reiterando que la educación inclusiva “no debe entenderse y practicarse simplemente como la integración de los niños con discapacidad en el sistema general independientemente de sus problemas y necesidades”, debiendo la escuela adaptarse y hacer los ajustes necesarios para responder y acoger las personas con discapacidad. Esta observación introduce la idea de mantener servicios y programas de apoyo, inclusive de educación especial, siempre y cuando esté al servicio de la inclusión más eficaz de la persona con discapacidad en la clase regular, la que debe estar matriculada en los años que correspondan a la educación obligatoria.

DÉCIMA CUARTA. Por último, en diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, clave para la interpretación del derecho por su nivel de detalle. La Convención de las Naciones Unidas retoma la definición de “discriminación por motivos de discapacidad” presente en la Convención Interamericana y añade que la denegación de “Infraestructura razonables” también configura una forma de discriminación. Esta Convención entiende por “ajustes razonables” a las “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida (…) para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Este concepto es importante cuando se trata de disfrutar del derecho a la educación en el sistema regular de enseñanza, el cual tendrá que responder a las necesidades y especificidades de los estudiantes con discapacidad. La Convención no sólo busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a la escuela regular, prohibiendo que se les recuse la matrícula, sino también presenta requisitos y estrategias para su permanencia y éxito en la escuela, entre ellas, la puesta en marcha de ajustes razonables en función de las necesidades individuales; dar el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; y proporcionar medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Estas tres estrategias diferenciadas deben ser desplegadas, según explicita la Convención, “de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”, incluso la tercera, que supone la posibilidad de un apoyo adicional que extrapole el ambiente de educación regular. En este sentido, para que las medidas personalizadas sean efectivamente de apoyo y no sustituyan el derecho a tener acceso al ambiente escolar regular, deben ser impartidas en el contra turno y no en el mismo horario en que el estudiante frecuenta la clase común. En el plano legislativo, el artículo 4º, inciso 1, fracción A) de la CDPD, establece que los Estados Partes están obligado a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención” y en su fracción B) a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para modificar, o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.”

Cabe destacar que la Convención, desde su diseño en el primer periodo de sesiones del Comité especial en 2002, previó nuevos procedimientos para la participación de la sociedad civil.  Esta participación se plasmó como obligación para los Estados Firmantes en el artículo 4º, inciso 3 cuya redacción especifica que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”

Es en este marco, y bajo el amparo de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que se detalla más adelante, se crea, al interior del Senado de la República, el “Mecanismo de Consulta y Diálogo para la Armonización de la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, del que derivan las propuestas descritas en el antecedente quinto de este proyecto.

DÉCIMA QUINTA. En el plano doméstico, en marzo de 2011 el Congreso de la Unión culminó el proceso federal de modificación de 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, promulgándose el 9 de junio, tras las ratificaciones necesarias. La reforma constitucional sobre derechos humanos es uno de los instrumentos más destacados del Legislativo mexicano para hacer efectivos los derechos fundamentales. Para efectos de argumentación sobre el tema del dictamen, baste citar la modificación de los artículos 1º y 3º constitucionales. El primero de ellos especifica que los derechos, en vez de “otorgarse”, simplemente se “reconocen”. A partir de la reforma se estipula que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Esta modificación implica elevar a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México que, naturalmente, incluyen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), lo que se traduce en el fortalecimiento de la obligación del Estado mexicano de cumplir con la letra el espíritu de dicho tratado. En opinión del constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, con la reforma en este sentido, la Constitución “se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable”. En el mismo artículo 1º se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. La misma disposición señala, en el párrafo tercero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

En el caso del artículo 3º, la reforma establece que una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos.

DÉCIMA SEXTA. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó, en agosto de 2013, en la revisión del amparo directo 990/2013, que “todas las normas secundarias deben respetar los contenidos en la Carta Fundamental sin importar cuál sea la materia e institución sustantiva o procesal que en éstas se regulen, pues los preceptos constitucionales sólo establecen los parámetros mínimos que las normas secundarias deben respetar, siendo innecesario que la Norma Suprema haga referencia expresa a todas y cada una de las instituciones que en dichos ordenamientos se regulan”. Cabe mencionar que el referido pronunciamiento quedo señalado en la tesis aislada CCXXXVII/2013, que a la letra dice:

DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS SECUNDARIAS DEBEN RESPETAR LOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO INNECESARIO QUE ÉSTE HAGA REFERENCIA EXPRESA A TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE EN DICHOS ORDENAMIENTOS SE REGULAN.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una norma suprema de la Nación, organiza a los poderes del Estado y protege los derechos humanos, ya sea que éstos que éstos se encuentren contenidos en aquélla o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicanos sea parte; de ahí que todas las normas secundarias deben respetar los contenidos en la Carta Fundamental sin importar cuál sea la materia e institución sustantiva o procesal que en éstas se regulen, pues los preceptos constitucionales sólo establecen los parámetros mínimos que las normas secundarias deben respetar, siendo innecesario que la Norma Suprema haga referencia expresa a todas y cada una de las instituciones que en dichos ordenamientos se regulan; considerar lo contario, implicaría el riesgo de que alguna quedara fuera del control constitucional, lo cual es inaceptable, pues la Constitución no debe considerarse como un catálogo rígido y limitativo de derechos concedidos a favor de los gobernados, que deba interpretarse por los tribunales en forma rigorista o letrista, ya que eso desvirtuaría la esencia misma de los derechos, al no ser posible que en la actual complejidad política, económica y social de un medio cambiante como el nuestro, aquélla haga referencia específica a todas y cada una de las instituciones sustantivas o procesales reguladas en normas secundarias; por el contrario, los derechos humanos contenidos en la Constitución deben interpretarse en cuanto a principios e ideas generales que tienen aplicación en las referidas instituciones.

[TA]; 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F., y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 724.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 293/2011 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, relativa a la definición constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, donde diez de los once ministros avalaron a favor que éstos tienen el mismo rango constitucional que los señalados en el Capítulo Primero “De los Derechos Humanos y sus Garantías” del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la constitución mexicana es la norma fundamental que articula el orden jurídico interno e internacional derivado de su principio constitucional de supremacía, además, de que ésta fija la directriz para la eficacia de los derechos humanos debido a que en ella existe un control de constitucionalidad y uno de convencionalidad. Además, el Tribunal Pleno, señaló que la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo aquella en los casos de litigios en los que el Estado Mexicano no se ha parte, será obligatoria para los jueces mexicanos, siempre favoreciendo a la persona.1

Bajo esa tesitura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se manifestó a través de una tesis aislada en el mes de octubre de 2013, producto de la revisión del amparo 202/2013, en la cual el máximo tribunal del país reconoce y reitera dos niveles de análisis de la constitucionalidad, el primero de carácter ordinario y el segundo de carácter intenso, ambos encuentran su origen en los principios de control difuso y control de convencionalidad, respectivamente. La tesis aislada en referencia, CCCXII/2013, a la letra dice:

INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso. El primero debe realizarlo el juez constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre los derechos humanos y exista un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad desde el punto de vista normativo, como ocurre en la materia económica o financiera. En cambio, el escrutinio se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías sospechosas detalladas en el artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la Constitución prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En este sentido, si bien las diferencias de intensidad de control constitucional y el uso del principio de proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) para casos que no estén estricta y únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. Lo anterior, porque el juzgador realiza indirecta y cotidianamente diversos grados de análisis constitucional dependiendo si se trata, por ejemplo, de la afectación de un derecho humano o del incumplimiento de una norma competencial de contenido limitado o de libre configuración, aun cuando la materia del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. Así, el principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[TA]; 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F., y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, página 1052.

DÉCIMA SÉPTIMA. Con fundamento en la CNPD, el 30 de mayo de 2011 fue expedida la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), con el propósito de establecer un marco jurídico capaz de delinear las bases para la armonización de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto normativo prevé un ordenamiento estructurado en 60 artículos distribuidos en 4 Títulos y 20 Capítulos.

El Título Segundo de la Ley, “Derechos de las Personas con Discapacidad”, define de forma integral los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, lineamientos del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, así como el “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. Específicamente, el catálogo de disposiciones en materia educativa de la Ley establece lo siguiente:

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.

Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios.

Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad, al Sistema Nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;

V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;

VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad;

VIII. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional;

IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana;

X. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;

XI. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual;

XII. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal;

XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así la requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y

XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

DÉCIMA OCTAVA. La Ley General de Educación es un ordenamiento que establece la concurrencia de los órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en la educación que se brinda a través en las instituciones educativas y regula la participación de los particulares. Sus disposiciones definen qué elementos integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

DÉCIMA NOVENA. La Ley contiene preceptos normativos cuya finalidad es sentar las bases jurídicas necesarias para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas especiales. En primer término, la norma establece que educación especial es una atribución exclusiva de las autoridades locales en cuanto a la prestación del servicio, esto es, cada entidad federativa dispondrá lo necesario para dar cobertura a las personas que soliciten la prestación del servicio. No obstante, tal como lo dispone el artículo tercero constitucional, la elaboración de los planes y programas así como la formación de profesores es una actividad que corresponde a la autoridad Federal con la participación de los sectores vinculados a los procesos educativos.

VIGÉSIMA. El artículo 41 de la ley define a la educación especial como aquella dirigida a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a quienes tengan aptitudes sobresalientes. Si bien la educación especial se desarrolla en el contexto de la educación básica y está comprendida en ella, por la naturaleza del servicio educativo que se presta, no se considera equivalente, porque atiende a los educandos de acuerdo a sus necesidades bajo una perspectiva de inclusión y equidad. Cabe destacar que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización deberán considerar la integración de los educandos a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos o, en su caso, satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje en centros especiales que procuren la convivencia social y productiva de quienes no logren su integración en los centros escolares regulares. La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como a los maestros y personal de las escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

VIGÉSIMA PRIMERA. El Congreso de la Unión ha participado activamente en las diferentes modificaciones a la Ley General de Educación en materia de educación especial, las cuales reflejan en buena medida los debates teóricos y técnicos respecto de la forma como debe ser atendida la población que presenta algún tipo de discapacidad, así como de quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes. De manera particular, el 12 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al primero y segundo párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación. El propósito de aquella reforma fue “mejorar y fortalecer el marco legislativo vigente de la educación, con el propósito de promover de manera eficiente el servicio dirigido a la población con necesidades educativas especiales”, a través de incorporar en los libros de texto contenidos relativos a la discapacidad para favorecer una cultura de apertura hacia el potencial de las personas con discapacidad y, asimismo, hacer explícito el propósito de contar “con los recursos materiales y humanos que demandan la integración educativa de las personas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, puntualizando la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Formación, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Especial”.

VIGÉSIMA SEGUNDA. En el caso de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2009, se llevó a cabo una segunda modificación al texto del artículo 41 de la ley, en la cual se establecieron nuevas bases para la identificación de las personas con aptitudes sobresalientes así como la promoción, desarrollo y aplicación de modelos educativos para alumnos, además de regular la obligación de la autoridad de emitir lineamientos específicos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior. Finalmente, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados aprobaron durante la LXI legislatura una nueva modificación al texto del artículo 41 a fin de precisar la conceptualización de personas con discapacidad en el mismo, reforma que fue publicada el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial.

VIGÉSIMA TERCERA. El 14 de diciembre de 2011, es decir, un par de meses antes de la remisión del instrumento al que se refiere el presente dictamen, el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, que fue recibida por la Cámara de Diputados el 01 de febrero de 2012. El texto del decreto fue el resultado de los trabajos realizados en el marco delMecanismo de Consulta y Diálogo para la Armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República y en el que participaron activamente diversas organizaciones de la sociedad civil de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las modificaciones la LGE derivadas de este Mecanismo fueron resueltas y aprobadas en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO APROBADO POR EL SENADO
EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 2º.-Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, por lo tanto, los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 6º BIS.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios asegurará la inclusión de los educandos en el sistema educativo nacional, en un marco de respeto, igualdad y equidad.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a IV .- …

IV Bis.- Promover y fomentar el respeto a los grupos vulnerables para contribuir en su proceso de desarrollo e integración social.

V.-…

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII.-…a XVI.-…

Artículo 10.-

I.-…a VII.-…

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.-.. y II.- …

III.- Elaborar y mantener actualizados, y en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV.-… a la XIV.-…

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:

I.-… a la III.- …

IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa inclusiva.

Artículo 23. …

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.-… y II..-…

II Bis.- Desarrollarán programas de asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 41;

III.-…a XV.-…

Artículo 41.-La educación especial está destinada a las personas con discapacidad transitoria o definitiva, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad y no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, esta educación propiciará su atención educativa en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para los alumnos con discapacidad que no logren la inclusión a estos planteles, la educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para su autónoma integración a la vida social y productiva, con base en la aplicación de métodos, programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. En cualquier caso, las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial promoverá el trato digno a las personas con discapacidad por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta condición y las aptitudes para comunicarse en Lenguaje de Señas Mexicana, en el Sistema de Escritura Braille, o cualquier otro sistema que garantice el adecuado aprovechamiento de los educandos.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

...

...

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.-…

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.-...

Artículo 59.-

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. …

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m)

VIGÉSIMA CUARTA. Por lo que se refiere a la prestación de los servicios educativos a las niñas y niños con discapacidad, resalta el hecho de que no existe información reciente respecto de la cobertura, naturaleza de las discapacidades y población atendida en centros educativos regulares, información indispensable para el diseño de políticas públicas, al menos, en cuanto a su desarrollo educativo. La información oficial de que se disponía, proviene del entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del año de 2004 denominado Las personas con discapacidad en México: una visión censal, (ISBN: 970-13-3590-2), en el cual se informa que, con información del Censo de Población del año 2000, en México se contabilizaron un millón 795 mil personas con discapacidad, equivalentes al 1.8 por ciento de la población nacional registrada en esa fecha. Cabe destacar que aquel censo definió persona con discapacidad a “aquella que presenta alguna limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. La cifra de personas con discapacidad ha sido actualizada en el reciente Censo de Población 2010, a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), que describe que actualmente hay 5.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 48 por ciento son adultos mayores de 59 años, y 2 de cada diez son menores de 30 años. De acuerdo con el documento estadístico, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar, sólo 378 mil 863 asisten a la escuela; de entre las personas con más de 15 años, 28.5 por ciento no tiene instrucción escolar, 28 por ciento no terminó la primaria y cuatro por ciento no concluyó la secundaria; el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen tres grados.

VIGÉSIMA QUINTA. El INEGI destaca que el 58.3% de la población con discapacidad tiene limitación de tipo motriz, mientras que el 27.2% tiene limitación de ver, 12.1% de las no puede oír, el 8.3% no puede hablar o comunicarse y el 8.5% tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las personas con discapacidad que tienen otra limitación. Además, el 39.4% de la población con discapacidad se encuentra en ese estado por causa de enfermedad, seguido por el 23.1% que son personas con edad avanzada, el 16.3% tiene discapacidad desde su nacimiento, mientras que el 15% la tiene por algún accidente y el 7.6% restante se debe a otra causa. El censo no informa a detalle de las discapacidades, es decir, no se cuenta con el número de personas que pueden considerarse ciegos y el número de débiles visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las discapacidades motrices o si estas constituyen un impedimento para el desarrollo de actividades escolares, independientemente de que está clara su necesidad especial educativa.

VIGÉSIMA SEXTA. Las dictaminadoras no dejan de observar que el estudio que ha sido referido ha sido elaborado recientemente y que aún faltan procesos de análisis más detallados. Otras cifras menos recientes indican que, hasta el año de 2009, de las poco más de 200 mil escuelas de educación básica que hay en el país, sólo en 27 mil 717 planteles, se recibe apoyo de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las 3 mil 577 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), lo que significa que los maestros del 70 por ciento de las escuelas del país aún no cuentan con el apoyo especializado para atender a los alumnos con discapacidad. A través de las USAER se atendió a 466 mil 718 alumnos; 318 mil con necesidades educativas especiales y 148 mil con discapacidad y aptitudes sobresalientes. También se ha asesorado a través de los mil 676 Centros de Atención Múltiple, CAM, se dieron servicios a 59 mil 727 educandos con condiciones distintas a la discapacidad que asisten a escuelas regulares o a servicios de educación especial. Asimismo, los CAM brindaron atención a 99 mil 85 niñas y niños con discapacidad diagnosticada, además de 19 mil 634 personas en educación para el trabajo, 47 mil 069 padres de familia y 11 mil 473 profesores.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. El Informe Mundial sobre Discapacidad referido anteriormente señala que de los niños que acceden a la educación primaria en países de menores ingresos, la relación de conclusión de los estudios entre niños con discapacidad y sin discapacidad difiere en 10 puntos porcentuales. Según el documento, en México se provee al 0.73% de los niños con discapacidad de educación básica, mientras que solamente el 0.26% accede a la educación media superior. Del total de las 224 mil 768 escuelas de educación básica, únicamente 27 mil 259 cuentan con esquemas de apoyo de educación especial y solamente se cuentan con 1 mil 530 Centros de Atención Múltiple. El 12.12% de los centros educativos tiene capacidad para atender a alumnos con discapacidad mediante servicios de educación especial. Estos números evidencian que el derecho a la educación que promueve el sistema educativo nacional está aún lejos de responder a las necesidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos de las personas con discapacidad, sobre todo en términos de accesibilidad, ajustes razonables, formación de docentes, prácticas educativas, cobertura educativa, materiales didácticos, cultura incluyente, logro educativo y eficiencia terminal.

VIGÉSIMA OCTAVA.Finalmente, la Segunda Encuesta Nacional de Discriminación 2010, registra la percepción de las personas con discapacidad. En ella, el 17.7% de las personas con discapacidad refiere que no ha podido realizar actividades habituales de estudio o trabajo y para 23.8 % ha sido difícil o muy difícil. Siendo estas actividades donde ha sido más complicada su participación. Esta información evidencia la persistencia de prácticas excluyentes que violentan el derecho a la educación de millones de niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad en nuestro país.

VIGÉSIMA NOVENA.El modelo que actualmente ha adoptado la educación especial desde hace casi un década se orienta a la educación inclusiva, a fin de evitar efectos de exclusión, marginación o discriminación no deseados, enfocado a una comunidad educativa que se pretende incluyente con las personas con discapacidad, comprometida con el proceso de desarrollo de competencias, la sensibilización de los educandos y el fortalecimiento de las instalaciones para facilitar la accesibilidad al entorno físico. En este sentido, uno de los objetivos de los programas actuales de la educación especial es elevar el logro académico de los alumnos con necesidades especiales, así como el incremento de la cobertura y matriculación, paralelamente a la profesionalización del personal de educación especial y regular.

B. Consideraciones particulares sobre el contenido del Proyecto de Decreto

TRIGÉSIMA. Trazar el camino legislativo basado en el principio de inclusión educativa constituye una de las tareas más apremiantes del marco jurídico mexicano. Los desafíos cuantitativos de la educación han seguido un cauce positivo, dejando al descubierto nuevas problemáticas ligadas a la construcción de mecanismos que garanticen no sólo el acceso universal al sistema, sino, además, que el servicio sea prestado con dignidad, igualdad y equidad. En esta transición, la consolidación de la identidad jurídica de las personas con discapacidad ha sido identificada como una de las variables más influyentes para el logro de la zancada cualitativa de la dinámica escolar.

TRIGÉSIMA PRIMERA Para las dictaminadoras, consolidar un modelo de educación basado en el principio de inclusión depende, en gran medida, de la existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven su instauración en la cultura nacional, lo que implica la incorporación de herramientas que faciliten su instalación definitiva en el imaginario de los mexicanos. En esta tarea, la acción legislativa es indispensable para atender los señalamientos y tendencias internacionales en materia educativa, tanto como las demostraciones empíricas locales que han expuesto la urgencia de renovar los marcos jurídicos que materialicen estos propósitos.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Dado que en cada Cámara fueron presentados proyectos con objeto similar y redacciones encaminadas a actualizar la LGE en materia de educación inclusiva, al filo de la LXI Legislatura los integrantes de las comisiones de Educación de ambas Cámaras, en un esfuerzo de colaboración, analizaron los instrumentos de manera conjunta para obtener un nuevo proyecto de decreto, cuyo contenido recupera las aportaciones más importantes de las dos propuestas y constituye el texto normativo de este dictamen.

Cabe exaltar que el presente decreto incorpora una serie de modificaciones a los artículos 2, 10, 33, 41, 59 y 75, con el propósito de armonizarlo con las recientes reformas a la Ley General de Educación -publicadas el 11 de septiembre de 2013, lo que en ningún caso altera el sentido de los artículos originalmente modificados, salvo la redacción del nuevo párrafo sexto del artículo 41, cuyo contenido amplía las consecuencias jurídicas y el alcance de la propuesta convenida por las cámaras, pues incorpora a los maestros y personal de escuelas regulares de educación media superior (antes sólo contemplaba al personal de escuelas de educación básica) como sujetos de capacitación y orientación.

Derivado de lo anterior, se proponen devolver a la Cámara de Diputados –para sus efectos constitucionales-, el proyecto del presente dictamen.

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Segunda someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, penúltimo párrafo; 12, fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionan la fracción VI Bis al artículo 7°; la fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo para quedar como séptimo; y el artículo 54 Bis, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

VII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I.-… a X.- ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV. a XIV. ...

Artículo 23. ...

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 33. ...

I. y II.. ...

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41;

III. a XVII....

...

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica regular sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las escuelas de educación especial. En ambas modalidades se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro legalmente constituidas conforme a la legislación nacional, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir educación en los términos de la presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la autoridad educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para la capacitación de las personas que integren o colaboren con dichas organizaciones, conforme a los programas y modalidades que dicha autoridad determine.
Artículo 55. ...

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. ...

...

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m) ...

...

...

Artículo 75. ...

I. a XV. ...

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y

XVII.-…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal.

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.”.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, el 5 de marzo de 2014.”

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

1 Versiones taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los días 26, 27 y 29 de agosto de 2013, y 2 y 3 de septiembre de 2013, http://www.scjn.gob.mx/pleno/Paginas/ver_taquigraficas.aspx




 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Informo a la Asamblea que a petición de las correspondientes comisiones, se retiraron de la discusión de la agenda de hoy los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Turismo, en materia de protección del patrimonio cultural; y tres dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático, para incorporar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 17, PARRAFO PRIMERO; 45, PARRAFO SEGUNDO Y 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está a discusión el presente dictamen.

No habiendo oradores inscritos en el mismo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación correspondiente.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor y 0 en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 17, párrafo primero; 45, párrafo segundo y 84 de la Ley General de Cambio Climático. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 constitucional.

 





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sobre prevención, atención y erradicación de la violencia contra niñas y mujeres indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS;
 Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas en razón de ser competentes para conocer del asunto de que se trata y avocadas al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa de cuenta, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere el inicio del proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA” se extracta el alcance de la Iniciativa en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas dictaminadoras dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013, las y los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Angélica de la Peña Gómez, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado, presentaron ante el Pleno, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en estudio se motiva en el sentido de que México se ha unido a las políticas implementadas mundialmente para proteger los ámbitos donde se desenvuelven las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia en su contra; que aún falta mucho por hacer ya que factores sociales como la pobreza, marginación, presión, inseguridad, discriminación, entre otros, siguen afectando la calidad de vida de la población femenina; que la realidad torna obsoletos los trabajos legislativos porque el contenido de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien porque las autoridades no las aplican adecuadamente; que la presencia de la violencia de género en agravio de las mujeres en México arroja los siguientes datos:

47% de las mujeres sufre violencia física y/o violencia sexual durante su vida; 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas; una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3%) que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus empleadores; las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (6.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6); 95% de los feminicidios quedan impunes; cada día mueren seis mujeres por crímenes de violencia extrema.

Bajo este grave contexto de violencia, los proponentes señalan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia omite mencionar a las mujeres indígenas, específicamente como un grupo objeto de la ley, que por sus circunstancias sociales son doble o triplemente discriminadas o violentadas; que es preocupante que las mujeres indígenas en razón de los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades “encuentran normalidad” en la hegemonía del poder y violencia ejercidas en su contra, o bien se les hace pensar que es habitual y correcto por su condición de género.

Que la CDI informa que al menos una de cada tres mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia en su contra; sin embargo, no es posible realmente precisar la cantidad pues en la mayoría de los casos, el delito no es denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta de juzgados expertos en la materia o la desconfianza a las autoridades.

Consideran por ello, que es relevante contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena y proponen adicionar una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la finalidad de que el organismo descentralizado que fue creado por dicha ley coadyuve con la Secretaría de Gobernación y lleve a cabo el seguimiento de las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres indígenas.

Además, proponen la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la participación de dicha Comisión en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres previsto por la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia.

La finalidad de la reforma, concluyen, es establecer una perspectiva de género en el tema indígena en el rubro de la prevención, atención y erradicación de la violencia, acorde con los criterios del artículo 22 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por lo anterior, el proyecto de decreto que someten a consideración del Pleno, turnado a esta Comisión dictaminadora, es el siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona un inciso n) a la fracción I, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2.- La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I.a XVIII

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

XX. …

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. . . .

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado:

a) a m)…

n) EL Instituto Nacional de las Mujeres, y

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a XI.

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIOS

PRIMERA. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.”

CONSIDERACIONES

a) En lo general

Efectivamente, el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el20 de diciembre de 2007, por la Asamblea General de ese organismo, que establece:

Artículo 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración.

2. Los estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993, determina en su artículo 3°:

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona; el derecho a igual protección ante la ley; el derecho a verse libre de todas las formas de discriminación; el derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar; el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a no ser sometida a tortura, ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En este marco de convencionalidad aplicable en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 9 de junio de 1994, aprobada por la Cámara de Senadores el 26 de noviembre de 1996, ratificada por el Ejecutivo Federal el 19 de junio de 1998, mediante decreto de fecha 4 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999,en sus artículos 3 y 7 dispone:

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo los siguientes:

. . .

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

En el citado texto constitucional, el artículo 4° declara:

Artículo 4

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Regulando esta disposición constitucional y con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 1° establece:

Artículo 1

La presente Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Determinando la concurrencia de los órdenes de gobierno, su artículo 2° ordena:

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Contempla el mismo ordenamiento que se integrará un sistema que funcione para coordinar a las autoridades en la consecución de su objeto. El primer párrafo de su artículo 35 se refiere al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y enuncia:

Artículo 35

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este sistema se conforma por dependencias y entidades del Ejecutivo Federal relacionadas con el objeto de la ley y por las instituciones de las entidades federativa que tengan el mismo objeto, coordinadas por un organismo descentralizado, creado por esta ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

De acuerdo con lo dispuesto por esta ley, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se conforma de la siguiente manera:

Artículo 36

El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; II. La Secretaría de Desarrollo Social; III. La Secretaría de Seguridad Pública; IV. La Procuraduría General de la República; V. La Secretaría de Educación Pública; VI. La Secretaría de Salud; VII. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social; VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; IX. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; X. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y XI. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3° plasma los principios bajo los cuales se regirán las acciones del organismo descentralizado que a su vez crea, dentro de ellos, los enunciados en las fracciones II y V:

Artículo 3

. . .

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

A la luz de la normatividad aplicable, las Comisiones dictaminadoras consideran plausible en lo general la propuesta en estudio para que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno de la CDI y a su vez, este organismo se integre al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues relacionados de esa forma, conjuntarán sus políticas, estrategias y acciones con la finalidad que Comisión y Sistema persiguen a favor de las mujeres indígenas específicamente, que se traduce a su derecho a una vida libre de violencia.

b) En lo particular

A juicio de las Comisiones dictaminadoras, es pertinente integrar a la CDI al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pues de ser así, por mandato de la ley, participará en la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que es el objeto del Sistema.

Es atingente de igual manera, la propuesta de que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno de la CDI atendiendo a la finalidad de este órgano de gobierno.

No existiendo incompatibilidad en objetos y funciones, o impedimentos legales para la incorporación de ambos organismos en un Sistema coordinador cuyo propósito es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en la Junta de Gobierno de un organismo descentralizado como lo es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima fundada la Iniciativa en estudio.

En efecto, se trata de una aportación legislativa para hacer frente a una realidad social, la violencia en contra de las mujeres por razones de género, que como señalan los proponentes, las lesiona en su integridad física e incluso las priva de la vida, las afecta en su salud psíquica, las agravia en un entorno familiar y social; tiene causas que surgen de la discriminación en razón de género que evidentemente contraviene el principio de igualdad entre mujeres y hombres; y por otra parte, se trata de proteger especialmente a las mujeres indígenas que no sólo enfrentan la discriminación y sus efectos por razón de ser mujeres, sino además, en un entorno que discrimina y excluye a los indígenas y que debemos admitir que persiste.

Es pertinente entonces, respecto a la Ley de la CDI, insertar una fracción más al artículo 2 que enumera las atribuciones de dicho organismo, para establecer la consistente en coadyuvar con el Instituto para el logro de su objeto, específicamente a favor de las mujeres y niñas indígenas; así como la adición del inciso n al artículo 6 que enumera a las dependencias y entidades que integran su Junta de Gobierno, para incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres.

En relación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es adecuado integrar a la CDI dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, agregando una fracción, la XII, a su artículo 36 pues en éste se enumera las dependencias y organismos que lo conforman.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona un inciso n) a la fracción II, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

XX. …

Artículo 6. ...

I. ...

II. …

a) a m)…

n) El Instituto Nacional de las Mujeres, y

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a XI. …

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIOS

PRIMERA. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Lograr una auténtica igualdad entre hombres y mujeres ha sido un compromiso y constante trabajo legislativo de esta Cámara. En el transcurso de dos años hemos aprobado reformas que buscan esa igualdad, que dotan a la autoridad de los mecanismos necesarios para hacerla efectiva, y hacen posible a la sociedad y especialmente a las mujeres acceder a los elementos necesarios para hacer valer sus derechos.

Se ha trabajado incansablemente en materia de derechos civiles y políticos, se han regulado medidas para evitar la violencia y la discriminación a favor de las niñas y los adolescentes. Sabemos que no es una labor que pueda terminar fácil, ni rápidamente. La discriminación a la mujer es ancestral y no se resuelve solamente con leyes, por justas que sean; sin embargo, hoy podemos dar un paso adelante si el voto del Senado, en su carácter de Cámara de origen, considera procedente el dictamen con proyecto de Decreto que estoy poniendo a su consideración, y, desde luego, si su voto es favorable.

Se trata de una cuestión de integración o coordinación entre dos entidades públicas que tienen a su cargo derechos de las mujeres. Por una parte, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas crea esta comisión, la CDI, que como organismo descentralizado tiene una junta de gobierno, que de acuerdo con su artículo 6o., se integra por los titulares de diversas Secretarías, el Presidente del Consejo Consultivo y el Director General de la Comisión.

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia crea el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Dice su artículo 35. “Que el sistema tiene, por objeto, la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer”.

A su vez se conforma por las y los titulares de prácticamente las mismas Secretarías, por la Junta de Gobierno de la CDI, más la Procuraduría General de la República, el propio Instituto Nacional de las Mujeres, CONAPRED, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Este dictamen, recoge la iniciativa que presentaron los compañeros y compañeras: Isidro Pedraza Chávez, Angélica de la Peña Gómez, Juana Leticia Herrera, Teófilo Torres Corzo, y su servidor; consideramos viable que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno de la CDI, y a su vez la CDI se integre al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Relacionados de esta forma, conjuntarán sus políticas, estrategias y acciones con la finalidad de que la comisión y el sistema luchen a favor de las mujeres indígenas y se les reconozca su derecho a una vida libre de violencia.

Eso es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. Y en consecuencia.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Señor Presidente, quisiera hacer una precisión.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Adelante, tiene el uso de la palabra.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Quiero precisar que la adición que corresponde al artículo seis de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe insertarse en una fracción que sería la tercera, correspondiéndose los posteriores en su orden, pues el Instituto Nacional de las Mujeres forma parte del Sistema Nacional para Prevenir y Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, y no es una dependencia del Ejecutivo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias por la precisión; se toma nota y se corregirá al momento de elaborar el proyecto correspondiente.

Está a discusión en lo general, y en este sentido informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los Senadores Isidro Pedraza Chávez, del PRD; así como el señor Senador David Monreal Avila, del PT.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez para referirse a este dictamen.

Bueno, en tanto, se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del PT.

El Senador David Monreal Avila: Con el permiso de la Presidencia, vengo a posicionarme a favor del dictamen.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La idea es que los estados y las organizaciones civiles realicen campañas de sensibilización a todos los ciudadanos y ciudadanas, es importante señalar que existen muchas formas de violencia contra las mujeres, y éstas pueden ser tanto físicas, sexuales, psicológicas, económicas; así como también, pueden ser parte del llamado tráfico de mujeres o trata de blancas.

Se calcula que hasta un 70 por ciento de mujeres experimenta violencia en algún momento de su vida.

El tipo de violencia hacia la mujer que tiene mayor prevalencia a nivel mundial es la física; sin embargo, no existe una edad determinada para que ésta suceda; el rango de violencia abarca desde los 15 hasta los 44 años, lo que comprueba tristemente que la violencia hacia las mujeres afecta en todos los períodos de su vida.

Nuestro país, de ninguna manera es ajeno a esta patología mundial; es un flagelo que se encuentra arraigado en nuestra sociedad, una muestra clara de ello es que en México al menos el 4.4 por ciento de las muertes que hay en el país tienen presunción de feminicidio, mientras que un 27 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja, así lo reveló la Organización de las Naciones Unidas.

La ONU señala también que las mujeres que viven en comunidades rurales e indígenas, tienen mayor dificultad de acceso a la justicia en situación de violencia.

Ante esta problemática se le tienen que sumar otros factores que tienen que enfrentar las mujeres indígenas como son la pobreza, la vivienda, la educación, la salud y la discriminación; con dichas patologías es claro que el estado mexicano tiene una gran deuda con los pueblos indígenas y en especial con las mujeres.

Por tal razón, un gran reto que tenemos como representantes del pueblo mexicano, es el de garantizar los derechos de las mujeres y poner fin a los abusos y asesinatos que han sufrido desde varios años atrás, poniendo énfasis en los grupos más vulnerables como son los pueblos indígenas.

Es momento de alzar la voz a fin de erradicar de una vez por todas, la violencia de cualquier tipo contra las mujeres, ya que dicha patología social viola flagrantemente sus derechos.

Por tal razón, se está en concordancia con el presente dictamen, pues por medio de él, se incorpora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Asimismo, se faculta a dicha comisión para dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipal para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

Las mujeres son un grupo constantemente vulnerado en el país, si bien se tienen muchos avances en la erradicación de la violencia, es una realidad que estos planes y programas no van enfocados en un sector como lo es el de los indígenas, celebro el presente dictamen, ya que con éste, el Congreso de la Unión trabaja por las mujeres indígenas, y asimismo, solicito respetuosamente a mis compañeros a seguir trabajando para frenar la violencia en contra de las mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Compañeros:

47% de las mujeres sufre violencia física y/o violencia sexual durante su vida; 63 de cada I 00 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas; una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3%) que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus empleadores; las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (6.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6); 95% de los feminicidios quedan impunes; cada día mueren seis mujeres por crímenes de violencia extrema.

Aunado a esto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia omite mencionar a las mujeres indígenas, específicamente como un grupo objeto de la ley. La CDI informa que al menos una de cada tres mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia en su contra. Los delitos no son denunciados debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta de juzgados expertos en la materia o la desconfianza a las autoridades.

Por ello, es relevante contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena y este dictamen propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coadyuve con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acciones para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres indígenas.

Por eso las Senadoras y Senadores debemos estar de acuerdo con esta propuesta, ya que establece una perspectiva de género en el tema indígena en el rubro de la prevención, atención y erradicación de la violencia. Con esto refrendamos nuestro compromiso por un sector de la población que ha sido siempre parte de la lucha de los pueblos indígenas, que son nuestras mujeres.

Gracias.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias, en virtud de que no hay más oradores inscritos o registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Para estos efectos, agradecemos el apoyo del Senador Pedraza, su intervención la incorporaremos en el Diario de los Debates, de manera íntegra, con todo gusto.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de Presidentas y Presidentes Excepcionales del Municipio de Boca del Río, Veracruz, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa, asisten a este recinto con la finalidad de presenciar el debate legislativo, sean ustedes bienvenidos.

 

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite, en consecuencia, a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para incorporar a la Sociedades Cooperativas y demás formas de Organización Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 23 de septiembre fue turnada por la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de Senado de la República, LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Las Comisiones Unidas antes descritas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174, 175, párrafo 1; 176, 177, párrafo 1; 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, parrafo1, fracción VI, del reglamento del Senado de la República, se abocaron a realizar el análisis y estudio de la Minuta Proyecto de Decreto preferida.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, y a la votación que del sentido de la Minuta Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I.-En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen correspondiente.

II.- En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen sus objetivos, y un resumen de su contenido, motivos y alcances.

III.- En el apartado “FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES”, se indican los fundamentos jurídicos y conceptuales que sustentan la Minuta, y se expresan los puntos de vista que los integrantes de las Comisiones dictaminadoras señalaron durante su estudio, y con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

DICTAMEN

I. ANTECENDENTES

1- El 26 de septiembre de 2013, el Diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presento la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; misma que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2- El 18 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, y turno a esta Cámara de Senadores la Minuta Proyecto de Decreto, por medio del que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico para los efectos constitucionales respectivos.

3- El 23 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, por medio del oficio No. DGPL-1P3A.-942, dispuso con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 174 y 175, párrafo 1, así como 176 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que la citada Minuta Proyecto de Decreto se turnara a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y Estudios Legislativos, Segunda, para los efectos constitucionales procedentes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Minuta Proyecto de Decreto propone reformar el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para incorporar específicamente a las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, a los beneficios que contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y otras disposiciones legales correlacionadas, en favor de las empresas nacionales; especialmente las identificadas como micro, pequeñas y medianas.

III. FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 25, párrafo Séptimo, facilitar la organización de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Por su parte, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su 2o. artículo, establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica de Sector Social de la Economía, y definir las reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía.

Por otra parte, la organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las personas que son miembros de las empresas cooperativas (alrededor de 800 millones de personas) representan un papel importante en el desarrollo económico y social en todos los países. Por ello, sus estados miembros aprobaron y declararon el año 2012 como el año del cooperativismo.

En la Iniciativa se resalta que en México el Gobierno Federal es el comprador más importante en la economía nacional. Requiere y consume todo tipo de productos y/o servicios, para cumplir con todas y cada una de sus actividades. Requieren desde la adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Actualmente alrededor del 21% de los montos de gastos erogados por el gobierno tiene como proveedor relacionado a alguna MIPYME.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representa una importante oportunidad para dar apoyo al sector social de la economía, a través de la promoción de su participación en las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice el sector público. Es por ello que la Minuta propone incluir específicamente a este sector para que exista una identificación que provoque un incentivo para su participación, y con ello se logre fortalecer los organismos con enfoque social.

Sobre el particular, la Secretaría de Economía remitió a las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, la “nota de observaciones” a la Minuta de referencia, misma que forma parte integral del presente dictamen, en la que entre otras consideraciones expresa que la reforma al Artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada por la Cámara de Diputados obliga a la Secretaría de Economía a consultar al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) sobre el diseño de los programas de desarrollo de proveeduría relacionadas con las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, lo que rompe con la subordinación jerárquica del INAES se afecta y/o la diluye; particularmente porque se trata de un órgano administrativo sectorizado en la Secretaría de Economía.

En tal virtud, se propone eliminar la obligación de la SE de consultar al INAES, y dejar la redacción del segundo párrafo del artículo 8, como originalmente lo contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esto es, que la Secretaría de Economía tome en cuenta solamente la opinión de la Secretaría de la Función Pública. En el establecimiento del diseño de los programas de desarrollo de proveedurías.

En todo lo demás, estas Comisiones coinciden en lo planteado por la Colegisladora, por lo que se somete a la consideración de esta Honorable el presente Acuerdo.

ACUERDO

UNICO.- Por el que se reforma el Artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ellas emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria para generar cadenas de proveedurías respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta únicamente la opinión de la Secretaría de la Función Pública.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014

COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular, en un solo acto.

En este sentido, se concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente. Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente, con su autorización. Compañeras y compañeros Senadores:

Tengo la posibilidad de dirigirme a ustedes, para presentar a nombre de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen a la minuta enviada a esta soberanía por la Cámara de Diputados, mediante la que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que impulsa la participación de las sociedades cooperativas y todas aquellas organizaciones que conforman el sector social de nuestra economía, como proveedoras del gobierno.

Este proyecto de reforma representa un merecido reconocimiento a la importancia del sector de la economía, que no ha contado con suficiente impulso, y cuya repercusión en el ámbito local no se limita al aspecto económico, pues estás formas de producción social fomentan la organización comunitaria, la solidaridad y la responsabilidad al interior de las poblaciones involucradas.

Las cooperativas cuentan con el reconocimiento internacional como agentes de cambio, clave en los procesos de generación y distribución equitativa de la riqueza, así lo muestran los análisis que han hecho organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que destacan las consecuencias positivas para las economías nacionales, de fomentar el crecimiento y el desarrollo de las cooperativas.

Este dictamen se inscribe en el marco de los esfuerzos por fomentar el crecimiento de la economía formal del país, brindarle la oportunidad a las cooperativas de constituirse como proveedores gubernamentales, es brindarles la oportunidad a comunidades de aprovechar sus ventajas, comparativas e impulsar el desarrollo regional y el comercio interno.

Apoyar al sector social de la economía también es una manera de permitir que las personas y organizaciones productivas se capitalicen y sean un instrumento para generar más y mejores empleos formales, que incluso detonen el crecimiento de las diferentes regiones de nuestro país.

El dictamen que discutimos cumple con lo dispuesto en el artículo 25 constitucional, el cual señala que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional e integral sustentable, que bajo criterios de equidad social y productividad, deberá apoyar e impulsar a las empresas de los sectores social y privado de la economía.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se encuentra la oportunidad de apoyar al sector social de la economía, el cual hasta hoy se había mantenido excluido de las compras, arrendamientos y servicios que requiere el sector público, que es uno de los compradores más importantes del país.

Esta modificación al artículo octavo de la ley citada, establece un mecanismo para que la actividad económica del sector social, particularmente las organizaciones de trabajadores y las cooperativas, aprovechen las compras que realiza el Estado mexicano para fortalecerse de manera importante.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor del presente dictamen, es un paso importante para promover la competitividad de la economía nacional y para ampliar las opciones de proveedores gubernamentales, pero también para reducir las desigualdades.

Ampliamos las oportunidades del sector social de la economía al permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas, también puedan vender sus productos y servicios al gobierno.

Estamos convencidos que acciones como estas, son la forma más contundente de reafirmar el compromiso que tenemos con el desarrollo económico y social del país, que no sería posible, sin políticas incluyentes que busquen proteger y favorecer a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. Por eso, compañeras y compañeros solicitamos su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. Está a discusión el presente dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para este dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de los compañeros Senadores.

Voy a hablar a favor de esta iniciativa porque tiene tiempo que hemos estado pidiendo que el gobierno federal permita que las entidades económicas rurales puedan ser proveedores, también de los bienes que se producen en el campo.

Uno de los principales azotes que tiene el campo mexicano, es precisamente la intermediación, que ha hecho que se generen condiciones de quiebra económica para muchos productores y jamás hemos logrado defender precio en productos que se comercializan, y si ahora se está regulando, normando esta posibilidad de poder entrarle al mercado nacional, establecer obligaciones que permitan que las compras nacionales y frente a los acuerdos comerciales sean los productores del sector social, las PYMES que vengan del sector social, las que tengan prioridad y el gobierno tenga la obligación para poderles comprar parte de los productos que se generan. Esta es una oportunidad que tenemos que rescatar y reconocer esto.

Hemos intentado, desde diferentes trincheras abrir oportunidades en el gobierno federal.

En el tema de la Ley, es un tema sensible donde DICONSA está comprando una gran cantidad de fórmula láctea, y tenemos productores de leche que tienen que tirarla porque no hay quién compre ese tipo de productos.

Hablando de uno en particular, en el tema de los granos, se han ido dejando de lado a los compañeros productores, y se genera la comercialización con intermediarios, no con los productores. Cuando nos empiezan a pedir facturación o nos empiezan a pedir diversas formas que obligan a que el productor rural no sea competente, se abre la oportunidad a través de las PYMES para poder hacer esta comercialización.

Por eso fue mi intención pedir el uso de la palabra en este tema, y no dejarlo pasar un tema en el que no hemos estado peleando, una buena cantidad de recursos de este país que se destinan a la compra de alimentos en el extranjero a partir del Tratado de Libre Comercio.

La iniciativa como estaba presentada generaba mejores condiciones de competencia para los productores sociales, sin embargo, fue suavizada para quitarle esa posibilidad de darle mayor fortaleza a las organizaciones sociales en los temas de comercialización con el Gobierno Federal, que puede ser el que está comprando muchos de los productos que importamos en algunas ocasiones.

De tal suerte que esto es importante, ustedes van a conocer en próximas horas, una iniciativa de Ley de Planeación para la alimentación, la seguridad, la soberanía alimentaria y otros de los temas que están ahí incluidos, es la obligación del Gobierno Federal para poder fomentar la comercialización.

Uno de los grandes problemas, que en el país enfrentamos, son las cadenas de comercialización que no existen.

Hay una buena cantidad de comunidades rurales y comunidades suburbanas que no tienen centros de abasto, centros de comercialización; y esto que ahora se va a aprobar, va a abrir esa posibilidad de poder acercarle a los mexicanos, productos a mejor precio y de mejor calidad que los que muchas veces estamos importando.

Por eso estos temas no están aislados, están sueltos en la propuesta, incluso la creación del Instituto Nacional de la Alimentación que vamos a proponer en estas dos iniciativas que presentaré, estamos retomando el tema precisamente de agroindustrializar los productos del sector primario que no les agregan valor, y que ahora con esta oportunidad de mercado van a generar mejores condiciones de contratación.

No se puede tener un programa de combate al hambre si antes no se están generando las condiciones de empleo, porque es a través de la capacidad de compra como se puede mejorar el ingreso de las familias rurales, y la capacidad de compra, se incrementa cuando tenemos oportunidad de comercializar lo que en el campo se está produciendo.

Por eso me manifiesto a favor de este dictamen.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Isidro Pedraza. Al no haber oradores registrados, ni artículos reservados para la discusión del presente dictamen, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar del resultado de la votación nominal.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y 0 en contra.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea, que a petición de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, se retiraron de la discusión de la agenda del día de hoy, los dictámenes sobre instrumentos internacionales.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, que contienen punto de Acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Aldo Saúl Muñoz López como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACION COMO MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen, y en este sentido tiene el uso de la palabra el Senador Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del mismo.

El Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre: Con su venia, señor Presidente.

Con el presente dictamen se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1214/2010, dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, para efecto de responder al procedimiento por el que se resolvió la no ratificación del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario.

Es importante señalar, que la decisión de ratificación que han tomado las comisiones unidas, ha sido el resultado de un análisis exhaustivo, estricto y detallado del desempeño jurisdiccional del doctor Saúl Muñoz López dentro de los tribunales agrarios, en el que se ponderaron, tanto los datos favorables, como desfavorables.

Entre los puntos que merecen ser destacados, y por los cuales se tomó determinación de la ratificación, es el compromiso e interés del magistrado en el progreso de su nivel educativo y su actualización permanente mediante cursos de especialización, que sin duda, representan un factor básico para fomentar la excelencia en la impartición de justicia, sobre todo en nuestro país, donde las condiciones sociales reflejan desigualdad.

En este sentido, desde que fue nombrado magistrado agrario, el ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, obtuvo el grado de Doctor en Derecho, cursó 3 diplomados, y se ha hecho acreedor de casi un centenar de reconocimientos académicos por la asistencia a diversos cursos y seminarios.

En cuanto a su desempeño jurisdiccional, dentro de las actas de visitas practicadas a los tribunales de su adscripción, se encuentran comentarios de los magistrados visitadores que denotan su buen desempeño y conducción en relación a los cursos de revisión, que al resolverse le fueron adversos las sentencias que dictó.

El porcentaje se encuentra por debajo de la media nacional, del total de los tribunales unitarios.

Las quejas que le fueron interpuestas fueron desechadas por improcedentes, lo mismo aconteció con las excitativas de justicia.

Por lo anterior expuesto, es que solicito a esta Honorable Asamblea vote a favor del presente dictamen, pues del análisis que llevamos al interior de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, se concluye que la actuación del Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, acredita una labor de impartición de justicia pronta, completa e imparcial como lo marca el artículo 17 constitucional, por lo cual, garantizamos a los sujetos agrarios el contactar con funcionarios de probada calidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. En virtud de que no se encuentran inscritos más oradores sobre este dictamen, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la correspondiente votación nominal. Asimismo, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la misma.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y 0 en contra.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el punto de Acuerdo, en consecuencia se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, comuníquese.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentra el ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, por lo que solicito a los Senadores: Braulio Fernández Aguirre, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Zoé Robledo Aburto y David Monreal Avila, lo inviten a pasar al interior de este Salón de Sesiones, y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida, a un grupo de estudiantes provenientes del CECyT 181, de Paracho, Michoacán, invitados por el Senador Raúl Morón Orozco.

Bienvenidos, estudiantes de esta escuela.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Pido, por favor, a las Senadoras y Senadores, ponerse de pie. Así como a los presentes.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Ciudadano Aldo Saúl Muñoz López: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Puede contestar.

El C. Aldo Saúl Muñoz López: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador Barbosa Huerta: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”

Felicidades, señor Muñoz López.

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada, acompañe al señor Magistrado, cuando desee retirarse del salón.





 

Compañeras Senadoras y Senadores: Por acuerdo de los grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva, daremos paso a un debate pactado, sobre las acciones anunciadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en materia de combate a la corrupción y la inseguridad pública, anunciadas el pasado jueves 27 de noviembre.

Los grupos parlamentarios, han hecho llegar la lista de oradores, en las diversas rondas, de que se va a componer este debate.

La participación será en orden ascendente.

Tiene el uso de la palabra, el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

INTERVENCIONES

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente, con su autorización.

Siempre es una sorpresa, que quieran discutir algo, porque, ya vimos que en relación con la “casa blanca”, bueno, montaron en cólera, indignados, porque nuestra compañera Layda, vino aquí y habló del tema. Indignados, nos amenazaron con que dirían cosas horribles, pero ya no regresaron, por ahora.

No sé, qué es lo que pasó.

También estamos esperando del PAN, una participación similar, que habían prometido, está en un punto de Acuerdo, que ahí se va quedando.

Pero en fin, hoy nos sorprenden, hace 15 minutos, me avisan, que vamos a discutir, en una discusión pactada por otros, el mensaje a la Nación del Presidente de Estados Unidos Mexicanos, Peña, “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”

Bueno. Los planteamientos que hace el Presidente, para empezar, verdad, no corresponden de ninguna manera al contenido de su decálogo.

No voy a exagerar, ni mentir, ese decálogo y esa participación del Presidente, ha sido rechazada en términos generales. No he oído, salvo un desplegado mandado hacer de los gobernadores, diciendo que están muy de acuerdo. No he oído, ni leído, ningún elogio a esta participación, absolutamente fallida del Presidente Peña Nieto.

Es además, verdaderamente preocupante, que no atienda lo que miles y miles de mexicanos y mexicanas, no solamente estudiantes, sino participantes de todos los sectores sociales, le han reclamado al Presidente.

Le han reclamado realmente, justicia, le han reclamado impunidad: acabe con la impunidad; y le han reclamado la corrupción, que empieza desde la Presidencia de la República.

Nada de esto se trató. Y no lo digo yo, lo pueden leer; como siempre hay que leer afuera para ver qué se dice, el New York Times, el Washington Post. El “Le Monde”, uno de los periódicos más importantes de Europa, dice: “Este México es un Estado mafioso o un Estado mafia”.

Así le llama… así le llama Le Monde, después de haber analizado este discurso.

El Presidente de Uruguay, señala o declara: “Que en este país no hay justicia, hay impunidad y que la corrupción es la base de todo esto” No solamente dice, hay un Estado fallido en México, sino que además es producto de una corrupción que se ha convertido ya en un sistema de vida en México.

Y a nada de esto se refiere el Presidente. A nada.

Nos sale con una serie de puntos, que risa debería de darnos, si no es por lo dramático de la situación.

Aquí estarán muy contentos los compañeros del PAN, porque se fusila todo lo que señaló Calderón, hace tiempo, verdad.

Una serie de sandeces, que no atacan el problema principal.

Parece ser que Peña Nieto no se da cuenta, de que está en una verdadera crisis. Sin embargo, vemos una y otra vez, que son cosas muy secundarias y refritos.

Están tratando una y otra vez, de convencer a la población que las marchas son violentas, cohibidos con las televisoras, que lo único que hacen es, decir que hubo una marcha… bueno, ayer sí Televisa y Milenio, dijeron, marchas pacíficas. Sin embargo, le dedican cinco segundos a la marcha pacífica, cero a lo que dicen los marchantes, los que han salido a reclamar, y eso sí, toda clase de imágenes de los incendios y de los bárbaros que están rompiendo vidrios, verdad, y sin que intervenga la policía. Pero eso sí, toda las cámaras del país, verdad.

Es realmente increíble, que Peña Nieto crea, crea que esto le va a permitir sostener una Presidencia, que está derrumbada.

Hay  un  clásico,  hay  un  claro  derrumbe  de  la Presidencia de la República. Ha perdido legitimidad en México y en el mundo. Ha perdido autoridad moral. Lo que se le señala, no lo contesta, lo elude, verdad.

Es una Presidencia que no tiene ya con qué sostenerse. Pero empiezan a filtrar, es el terrorismo, tal vez la guerrilla…

Ayer mismo el Secretario de Gobernación se permitió decir que lo que estamos viviendo ya se lo esperaban. Osorio Chong, ayer, dice. “Ya se lo esperaban, porque desde que decidieron entregar el petróleo al extranjero”. Claro, así no lo dice, le llaman reformas estructurales, se esperaba que hubiera una reacción de los enemigos de la modernidad estructural neoliberal, ayer mismo.

Entonces el Presidente no contesta nada, no explica nada. Nos sale con refritos vergonzosos que nadie ha aceptado, sin embargo, otra vez ahí va el Secretario de Gobernación a inducir a la opinión pública, a través de la violación al derecho de la información de las televisoras, que en lugar de informar lo que ha pasado en este país, lo que se dice las marchas, lo que dicen los oradores que participan, se dedican a desinformar al país, generando esa truculencia que pasa en todo el país.

Pero ya lo estaban esperando, dice el Secretario de Gobernación. Y se lo atribuye a las reformas estructurales, cuando lo que se está diciendo es otra cosa, ¿verdad?

El Presidente de Uruguay, y lo dice, que es un Estado fallido por la corrupción que se ha convertido, insisto, en un sistema de vida en México. El Presidente no toca el asunto.

Sin embargo el Secretario de Relaciones Exteriores va con el Presidente, decirle, para que retire lo que dijo, usar el nombre de México, el prestigio de México y la diplomacia de México. Lo que dijo es la absoluta verdad de lo que está pasando en este país. Y el Presidente Peña Nieto no lo atiende, están tan comprometidos con los intereses económicos que lo sostienen que están camino a consolidar un Estado policiaco militar.

Eso de echarle la culpa a los municipios es verdaderamente ridículo. Si es al municipio al que hay que salvar, porque fíjense ustedes que las policías municipales, fueron las causas de… No es cierto, es mentira.

El Estado de Guerrero está controlado por el Ejército. A un lado de las matanzas que hubo, está el cuartel del 27 Batallón de Infantería. Por cierto ya cambiaron, sin hacer mucho ruido, al comandante militar de Guerrero ¿verdad?

Es mentira que el problema sea municipal. Que no hay policías municipales. No sabemos muy bien, que como resultado del control de todos los recursos del país, por el Poder Ejecutivo Federal, nadie tiene recursos, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales para pagar policías.

Pero es una enorme mentira, una falsedad y una hipocresía querer decir que son los municipios los que fueron el problema, fue el gobierno federal, aquí lo dijimos, es el que tiene el poder militar, la defensa, la marina. Que por cierto todo el tiempo están amenazando con sus discursos que deberían de callarla las Fuerzas Armadas, no tienen por qué estar usando ese lenguaje ¿verdad? Esos son los únicos que han aplaudido al Presidente Peña.

Que qué bueno que se discuta esto aquí. Viene toda una serie de reformas constitucionales para seguir atacando y destruyendo a la Constitución de la República, que son absolutamente falsas y establecer el derecho del Presidente de la República a quitar autoridades municipales elegidas por el pueblo. Es una barbaridad y es el camino para seguir consolidando una dictadura. Una dictadura del Ejecutivo sobre el Legislativo, una dictadura del Ejecutivo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora sobre los ayuntamientos.

Yo creo que con un mínimo de responsabilidad del Congreso de la Unión, y empiezo por el Senado, esto no se debe permitir, porque es una cortina de humo falsa, hipócrita, para decir, ya se terminó todo. Saben, ya reformamos la Constitución, ya establecimos un número telefónico para que esto se resuelva.

No es posible lo que he estado oyendo de coordinadores y de legisladores, de que van a darle la luz verde a estas reformas cuyo único objetivo es hacerle creer a la opinión pública con la convivencia de las televisoras y las radiodifusoras que ocultan la realidad de este país, decir que ya arregló todo y seguir adelante.

Y esta tesis que plantea, ni más ni menos, que el Secretario de Gobernación que ya lo estaban esperando, porque este es un rebote de las reformas estructurales. No, señor, no es eso.

Es una Presidencia que ha perdido legitimidad, insisto, a nivel mundial.

Es una Presidencia que ha perdido autoridad moral porque se niega a decir la verdad de lo que ha señalado en las marchas, aquí mismo y en todos lados.

No aprobemos esta gran mentira que es este mensaje hipócrita, falso y que solamente quiere que se reforme una vez más la Constitución para poder decir: “Ya resolvimos todo y sigamos adelante”.

Son las fuerzas desestabilizadoras las que están en las calles, es la mentira más absoluta y la sabemos todos. Es la sociedad mexicana, los jóvenes, los ciudadanos, los que están protestando contra un gobierno absolutamente fallido y falaz. Un gobierno corrupto, un gobierno que está demolido, un gobierno que ha sido en las calles exigido de cosas que no cumple.

Por eso el grito de “fuera Peña, fuera Peña” de miles y miles de gargantas, no sale en la televisión. Con eso Televisa, TV Azteca, Milenio, ya la resolvieron todo. Los millones que han gritado, lo siguen pensando. Esto no se va a resolver así, es una Presidencia demolida. Por eso se va a fortalecer, haciendo todavía más rudo y aparente el gobierno, este gobierno demolido, apoyado exclusivamente con una visión policiaca militar.

Muchas gracias por su atención, y qué bueno que discutamos esto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel. Este debate es un asunto de agenda política. En términos del artículo 76, fracción diez de nuestro Reglamento, el tiempo para hacer uso de tribuna es de 10 minutos. Esta Presidencia ha hecho gala, esta Mesa Directiva ha hecho gala de la tolerancia en el tiempo y a ninguno se le ha negado el uso de la palabra.

Le ruego, hasta donde sea posible, nos ajustemos al tiempo para no afectar la participación de las y los Senadores que se han inscrito.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente, vicepresidente y miembros de la directiva. Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.

Siempre es muy sencillo llegar a la satanización, siempre es más fácil entrarle al falso debate y a las discusiones estériles, siempre es más fácil la descalificación, siempre es más fácil estar permanentemente en contra de todo y a favor de nada.

Lo que se quiere es construir efectivamente es un debate de las propuestas que mandaría o que presentó el señor Presidente de la República el jueves pasado, diez puntos que están pensados, que están encaminados a superar una crisis de corto plazo y a establecer un andamiaje en el mediano y largo plazo.

Nadie de los aquí presentes podemos negar que el país efectivamente, lleva no un tiempo, lleva ya varios años en un debate y en una serie de acciones para tratar de superar toda esta situación tan problemática que nos ha puesto el crimen organizado. Pero no solamente es eso.

Por el bien de la República y en respuesta también a lo que la ciudadanía espera, son más las decisiones que se tienen que tomar.

Por eso, el Presidente de la República no solamente se refirió a decisiones contra el combate contra el crimen, sino también incluyó dentro de su agenda decisiones muy concretas para superar los problemas de la pobreza en las entidades más pobres del país, asumiendo que precisamente esto se convierte en un caldo de cultivo para los conflictos de toda índole que hemos venido padeciendo, particularmente en el estado de Guerrero, en el estados de Oaxaca y en mi estado, el estado de Chiapas.

Creo que la lógica del Presidente, es una lógica muy transparente, muy sencilla, muy ciudadana, y consiste en enfrentar de cara a un problema que efectivamente ha crecido, como no había crecido o simple y sencillamente es un problema que se ha venido desbordando con herencia de los años anteriores.

Lo que se pretende con estos diez puntos, es construir una plataforma para que nuestro país avance de manera sólida. Solamente de manera particular, la propuesta del Presidente, la unificación de las policías tiene que ver con una organización. Cuando se dice: vamos a crear 32 policías estatales únicas, esto representa, sin duda, enormes retos.

Es la única opción real que permitiría minimizar los efectos de la infiltración del crimen organizado en los órganos policiales locales. También, debemos reconocer que hasta la fecha esto no ha sido posible en todo el país, justo por eso hacen falta estos cambios legales que lo aceleren.

Es un reto presupuestal que no se puede soslayar, pues crear estas policías estatales es caro. Sí, pero es más caro si no actuamos pronto. Tenemos la urgencia de fortalecer las finanzas de los estados, tenemos la urgencia de fortalecer el combate del crimen en cada una de las entidades federativas.

Un ejemplo de que sí se puede hacer correctamente, es el ejemplo de Nuevo León, donde su nueva fuerza civil permitió reclutar y capacitar a 4 mil nuevos policías. No obstante, requieren un presupuesto mucho mayor al que se cuenta, al que cuenta su Secretaría de Seguridad Pública, y ahí es donde debemos de actuar.

Ahora bien, el reclutamiento y la selección de los nuevos elementos tienen que ser rigurosos, tanto lo fue el de la nueva Gendarmería, como lo son los controles de confianza que tienen que ser reforzados. Asimismo, representa un desafío no dejar afuera las labores de prevención del delito y vigilancia, que realicen de manera eficiente y de manera puntual las policías municipales que deberán integrarse en un solo mando.

No se debe permitir que la nueva policía estatal pierda el control y pierda esta influencia, sino fortalecer con una de estas medidas, o que el Presidente de la República propuso. Es por eso, compañeros y compañeras, que estamos convencidos en el Partido Verde de que los diez puntos que el Presidente pone por delante, son para cimentar un México en la construcción y en la solución de sus problemas actuales.

Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Melgar.

En uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

México es un país de leyes que casi nadie respeta, y en ese sentido, la discusión sobre cómo solucionar la situación en la que nos encontramos debe de pasar por un diagnóstico correcto. Creo que estamos volviendo a esta lógica obstinada de creer que la promulgación de leyes es la única forma de ejercer el poder, y eso hoy, más que nunca en la calle, nos ha quedado claro que es la visión incorrecta.

No se trata de generar nuevas leyes, se trata de cumplir, empezar por cumplir las que están hoy en día vigentes. De una forma que este Senado de la República pueda empezar a contribuir a las soluciones, y a ser parte de la solución, y nunca del problema; es clasificar o intentar describir cuál es el momento en el que nos encontramos.

No es nada más una crisis, mucho menos es una crisis de un solo partido político o de una sola institución, es sin duda el proceso de degradación institucional más serio en el que se ha metido el país en los últimos cien años. Porque la degradación institucional no viene de hace apenas unos meses.

En Ayotzinapa se manifiesta y se expresa de la manera más grave y más dolorosa, pero es una degradación institucional que tiene muchas causas y muchos orígenes, que quizá en este decálogo no están ni siquiera esbozados. Es una degradación institucional en materia de seguridad, por supuesto, pero también en materia de combate a la corrupción, de impunidad, de procuración de justicia, de la forma como se ganan las elecciones en este país; es una degradación institucional en los procesos de readaptación y, como telón de fondo y paraguas a esto, una profunda desigualad en la concentración de la riqueza, del ingreso, y una profunda desigualdad entre regiones.

Y ante esto se presentan los diez puntos, el decálogo, se presentan estas tablas de ley con las que vamos a salir a flote de esta crisis de la degradación de nuestras instituciones. En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática quiere ser muy responsable y muy crítico de lo que creemos que está mal, y de cómo creemos que se puede procesar para que esté bien:

Primero, la propuesta de reforma constitucional que facultará al Congreso para expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, por supuesto que ataja un hecho concreto que nadie va a venir a negar, el eslabón más débil de las instituciones de nuestro país, está en el municipio.

Pero ojo, compañeras y compañeros, si señalamos a los municipios como los únicos responsables nosotros vamos a ser entonces responsables de dar de facto una carta de buen comportamiento y una exculpación pública a gobiernos estatales de todos los partidos y autoridades federales que sin duda tienen que ver con esta crisis.

No es solamente en el gobierno municipal donde el crimen ha llegado a las más altas esferas. Tampoco es el único objetivo del crimen organizado el espacio del municipio, se necesita, sin duda, ampliar la legislación contra la infiltración del crimen organizado y contra la corrupción política de absolutamente todos los ámbitos del gobierno y en todos los poderes del Estado.

Segundo, la redefinición y la claridad en el sistema de competencias entre órdenes de gobierno en materia penal, es sin duda algo atendible, es algo que puede ayudar, pero deja de lado una realidad inocultable. El problema no es nada más la definición de competencias, el problema es el cumplimiento de estas competencias.

Si seguimos con esta obstinada creencia del ejercicio del poder solamente por Decreto, y en el acto de la promulgación de leyes, pues ahí nos vamos a quedar otra vez con todo y que se aprobara este decálogo. Cambiar hoy en nuestro país la letra de la ley, no garantiza cambiar la realidad en cuanto a las capacidades de las instituciones para hacer cumplir esa ley.

Y si no somos nosotros los primeros en reconocer esta situación, entonces tenemos que revisar de fondo el papel del Senado de la República en la vida democrática del país.

Tercero, la reforma constitucional para establecer las policías estatales. Aquí el tema otra vez, es de un debate más de fondo, somos un país federal o aspiramos a ser un país unitario, queremos arreglar lo que no funciona o preferimos crear simplemente nuevos problemas, pero que tarden algún tiempo en aparecer.

Me parece que lo pertinente, es que las policías municipales funcionen, funcionen bien, y esa debe de ser nuestra aspiración, porque ese es nuestro modelo de estado federal y ese es el papel esencial de los municipios. Si hoy se pretende anular esta función y trasladarla a los estados, estaremos entonces trastocando nuestra base federalista, por eso debemos de ser muy cautos en ello y de verdad abrir un amplio debate en este sentido, pero a partir de diagnósticos específicos, de experiencias internacionales, exitosas en países con desarrollo institucional similar como el de nuestro país.

En este punto, es donde creo que tenemos más riesgos de generar concentraciones excesivas de poder y poner en riesgo libertades a nombre de la seguridad; centralizar competencias en nuestro país, basta revisar la historia reciente, no fortalece necesariamente las instituciones.

Por eso nos parece que la ruta propuesta por el Ejecutivo Federal desconoce las experiencias exitosas en nuestro propio país, en donde se han revertido en buena medida la inseguridad en ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Querétaro y Tijuana. Y también otro asunto que nos parece grave, que en todo el decálogo el Presidente desconoce por completo, es el altísimo valor que tiene el vínculo entre los ciudadanos y el gobierno local y la cohesión social; el desarrollo económico local y de identificación de ciudadanos y su gobierno para que éste sea más cercano y mucho más eficiente, son una alternativa que hoy, simplemente, se quiere borrar con su omisión.

En ese sentido, yo seré el primero con estar de acuerdo en que la sociedad no debe de tolerar ni gobiernos aliados, ni gobiernos corrompidos por el crimen, ni, gobiernos ineficientes ni gobiernos incumplidos; pero no es con esta figura de la advertencia de indicios suficientes que nos parece es simplemente hacer del sospechosismo una institución y letra de ley como se puede solucionar esto.

Si estamos en esta crisis tan profunda que todos reconocemos, pues entonces, veamos una distribución del poder no entre niveles de gobierno ni entre competencias; veamosla hacia los ciudadanos, que es de la exigencia que están expresando en las calles, y entremos al debate que hemos pospuesto y que hemos de una manera muy cómoda, simplemente ignorado, que es el de la revocación de mandato; la revocación de mandato para el Presidente, para los gobernadores, para los Senadores, para los diputados y para los presidentes municipales, porque de esa manera estaremos distribuyendo el poder hacia quienes exigen tener más participación en la vida pública, que son sin duda los ciudadanos.

En el cuarto y quinto puntos que tiene que ver con la instauración del número 911, y la clave única de identificación ciudadana, qué bueno que es un tema que se va a discutir, porque es un asunto que desde el 2008 había estado anunciado en el acuerdo nacional para la seguridad, la justicia y la legalidad, y además, también el número único, que, honestamente es un tema que aquí discutimos y aquí aprobamos, y está contenida en la Ley de Telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014, pues no debe de ser tomado como un gran avance.

Donde tendríamos una gran responsabilidad ante la posibilidad de que discutamos esto, es ver a quién responsabilizamos hoy del abandono, que tanto la cédula de identidad ha tenido, como el número único de emergencia; a quién debemos de señalar como factor de esa omisión, y que hoy se plantea como una solución casi mágica que todos tengamos el 911 para atender los problemas desde, los más graves, hasta los más complicados como lo es la desaparición forzada.

Nos parece en el PRD que estas medidas si bien son útiles, no son las que el momento reclama, porque al final de cuentas ya estaban presentadas, y hoy han distraído el objetivo principal, que es la procuración de justicia y abatimiento del ambiente de violencia que se vive en gran parte del país.

Finalmente, un punto que para nosotros es muy relevante del mensaje político que se está enviando con el decálogo, es el despliegue de las fuerzas federales en la región de tierra caliente.

Uno de los grandes aspectos críticos al decálogo fue la falta de autocrítica por parte del Ejecutivo Federal. Este apoyo que se está planteando para Tierra Caliente y los estados de Jalisco y Tamaulipas, nos parece que es muy claro, debió haberse extendido también al Estado de México, un estado que forma parte de esta región, y donde igualmente existen serios problemas de delincuencia organizado.

Por eso, también creo que es válido pensar que este es el momento de dejar de lado los cálculos políticos y electorales, y asumir con mucha humildad y mucha autocrítica dónde están los problemas, y atenderlos con esa lógica.

Finalmente, compañeras y compañeros, quiero decir que el problema de fondo, y ahí están planteamientos que están congelados, desafortunadamente, es el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Podemos coincidir en la importancia de estos temas, pero es claro que ya están en proceso con varias iniciativas en el Congreso de la Unión, no reconocerlo en esta tribuna como Senadores, es hablar de una omisión nuestra, de los procesos legislativos que hemos estado discutiendo. Estas iniciativas serán igualmente de maduración en el mediano plazo, pero el Presidente hace eco a una demanda social añeja, hoy exacerbada, y se suma a un proceso que ya está iniciado en las cámaras.

En ese sentido, sólo debemos esperar de todas las fuerzas políticas, una voluntad de entrar a los temas de fondo y alejar de la sociedad la idea de que, entre la clase política hay un pacto de tapados los unos a los otros.

Por eso, compañeras y compañeros no todo se va a resolver con nuevas leyes, lo más urgente es que las leyes vigentes se cumplan, que cada ciudadano conozca sus derechos y que las instituciones respeten esos derechos y los hagan valer. Que en cada rincón del país haya una autoridad que auxilie a sus habitantes y los proteja.

Por eso, hoy no se trata de crear nuevas leyes, sino que se cumplan las que ya existen.

En el PRD, para concluir, anunciamos que haremos nuestro trabajo como lo hemos hecho siempre de manera acuciosa, de manera seria y de manera muy responsable; con un profundo detenimiento en las propuestas del Presidente, sin descalificarlas de manera prejuiciosa, pero que tenemos que decirlo, esperábamos acciones firmes e inmediatas de su gobierno para poner un alto a la inseguridad y para atajar a la corrupción.

Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra dijo, que siempre es más fácil satanizar, que siempre es más fácil estar en contra, que siempre es más fácil la descalificación.

Yo, tengo que no estar de acuerdo con esa aseveración; siempre es más fácil aplaudir; siempre es más fácil no discutir y buscar el pensamiento único; siempre es más fácil no disentir, pero no estamos en el Senado para no disentir, estamos para debatir y para analizar, y eso es lo que haremos de manera muy seria y muy responsable en el Partido de la Revolución Democrática en los días por venir, en los que la sociedad observa y espera de nosotros, una posición que honre a este Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Vuelvo a exhortar a los oradores, redondeen su participación cuando reciban la tarjeta de tiempo concluido, y el redondeo que no se exceda de un minuto, dos minutos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Al grito de todos somos Ayotzinapa, tarde por cierto, el Presidente de la República ha anunciado un decálogo.

Se trata en esencia de un paquete de propuestas que reproducen en estructura y contenido la estrategia nacional de seguridad y justicia 2006-2012.

Un decálogo que retoma ideas por mucho tiempo discutidas, pero jamás votadas en el Congreso de la Unión por la obstrucción del propio partido del Presidente. Políticas que se han abandonado en estos dos años de la administración.

En efecto, el decálogo responde a tres grandes ejes: operativos de fuerza para contener la acción criminal en regiones de alta incidencia delictiva, cambios normativos e institucionales y reconstrucción del tejido social; cualquier parecido con otro tipo de acuerdos, es pura coincidencia, aclaro.

Si bien incorpora explícitamente el combate a la corrupción como un eje adicional, las propuestas abordan los modelos e institutos generados en la primera alternancia: transparencia, control interno sobre la gestión pública, compranet, auditorías sobre obra pública, etcétera. Nada nuevo, ni distinto en consecuencia.

De las medidas anunciadas, siete son propuestas de cambios legales: desaparición de ayuntamientos, redefinición de competencias en materia penal, policías estatales únicas, clave única de identidad, justicia cotidiana, derechos humanos y autonomía de la Comisión Nacional, sistema integral de anticorrupción.

Una corresponde al IFETEL, la famosa línea 911, y sólo dos corresponden a la esfera administrativa a cargo del Presidente: el operativo Tierra Caliente y un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal que por cierto ya también existe.

De la agenda de cambios normativos, tres de siete se encuentran recogidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008.

Otra, la reforma en materia de narcomenudeo pretende regresar al régimen vigente antes de la suscripción del acuerdo 2008, régimen que depositaba en la federación la persecución de las micro transacciones de drogas y que a partir de julio de 2012 se sustituyó por un modelo de competencias concurrentes desde un enfoque esencialmente de salud pública, no sólo con el propósito de reducir el costo de la violencia asociada a las transacciones, sino también con la intención de abandonar progresivamente el tratamiento punitivo del consumo.

Es verdaderamente sorprendente que el gobierno insista en que en estos dos años la violencia ha disminuido, y que al mismo tiempo sostenga que el problema de narcomenudeo es la causa principal del aumento de la violencia en nuestro país.

Tres de los siete temas han tenido la oposición explícita de los gobernadores y de los legisladores del PRI. Cédulas de identidad, mando único y esquemas institucionalizados de bajo control democrático de intervención federal en entidades federativas bajo riesgos o amenazas en la seguridad interior. Hay que recordar que en 2010 el grupo parlamentario del PRI se opuso a la Ley de Seguridad Nacional que establecía los marcos de intervención de la federación en estados y municipios.

En una de las propuestas existe ya una figura constitucional equivalente: la suspensión y desaparición de ayuntamiento o la revocación del mandato a sus miembros; está en el artículo 115 de la Constitución por si no lo han encontrado.

En una más, la propuesta versa sobre establecer instituciones desmanteladas al inicio de esta administración bajo una falsa promesa de que iba a instalar su eficacia, el caso específico de la Secretaría de la Función Pública, o bien, otras propuestas que ya son texto vigente pero que no han sabido utilizar desde el gobierno de la República, los tipos y sanciones a empresas que participen en actos de corrupción; ya están previstas en una ley, la Ley de Anticorrupción vigente desde 2012, falta que el gobierno las aplique.

La única propuesta inédita es la creación de zonas económicas especiales, esto es, áreas territoriales bajo un régimen regulatorio presupuestal y fiscal diferenciado, les recuerdo que hay cientos de iniciativas de Acción Nacional al respecto desde hace ya muchos años.

Si entre las condiciones económicas y la criminalidad, como dice el decálogo, existe una causalidad directa, al grado de que no existe solución de mediano plazo que no pase por el canal de la justicia social, ¿por qué no ampliar esta estrategia de las zonas especiales a todas las entidades con altos índices delictivos?, ¿qué efectos tiene en las entidades con mayor tasa de homicidios la desigualdad imperante en el sur del país?, ¿por qué se está incrementando la recurrencia delictiva en estados relativamente prósperos, como el Estado de México? ¿Un nuevo dinamismo en él se va a incidir de manera directa en la reducción de los índices de violencia en Michoacán o Tamaulipas?

¿No será que la violencia persiste en nuestro país precisamente por los cambios en la fenomenología del crimen y la debilidad crónica de nuestras instituciones? ¿O bien, por lo que han dejado de hacer en estos dos años?

En efecto, en estos dos años se han dejado de hacer muchas cosas. Por ejemplo, en 2013 se redujo en un siete por ciento el presupuesto para fortalecer de control de confianza, en 2013 se redujo en un 11 por ciento el presupuesto para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, es decir, presupuesto a la baja en la encomienda principal y el desafío mayor de nuestro estado, que es justamente generar capacidades policiales.

En 2014 repitieron la dosis, 13 por ciento y 17 por ciento de reducción del presupuesto respectivamente, y una reducción del 6 por ciento en los programas de prevención social.

Con independencia de las inconsistencias y contradicciones internas del decálogo, cabe preguntar si el presidente de la República no encontró en su órbita directa, en ese conjunto de potestades que le da la Constitución y la Ley, algunas decisiones que pudiera haber tomado por sí mismo para mejorar el estado de cosas, o como si se desprende del decálogo, no quedó, o no le quedó más que recurrir a cambios constitucionales o legales.

La narrativa reformista del gobierno ha sido tan exitosa que el propio presidente ya se acabó por convencer de que los poderes ejecutivos se reducen a la facultad de iniciativa constitucional o legislativa.

Sin obviar la necesidad de nuevas reglas e instituciones, el presidente ha renunciado a tomar decisiones y ha remitido al Congreso, como aquel que se sacude las manos, la responsabilidad de resolver la crisis actual.

¿Qué puede hacer el presidente de la República por sí mismo? Algunas ideas: Que tal si para apuntalar la depuración policial en todo el país el presidente por fin nombra al titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órgano que regula los procesos de control de confianza, que se encuentra con encargada de despacho desde octubre del 2012.

Según el gobierno federal, las policías municipales son la fuente cancerígena de la inseguridad y de la captación del crimen organizado, si es así: ¿por qué no instruir a la Secretaría de la Defensa Nacional a revocar las licencias colectivas de armas de fuego, cuando tenga indicios de infiltración del crimen organizado en esos ayuntamientos?, por lo menos para que los policías municipales no agredan a los ciudadanos con esas armas.

¿Qué obstáculos legales enfrenta el presidente, que le impide desplegar fuerza federal en entidades o regiones y suplir a las corporaciones locales?, como lo ha hecho de manera sistemática al inicio del sexenio, y como lo está anunciando para el caso de Tierra Caliente.

¿Por qué no reformular, por ejemplo las reglas de operación de los subsidios federales a la seguridad como SUBSEMUN, el Programa de Acreditación Policial, o los Fondos de Prevención? a fin de condicionar su acceso al cumplimiento de indicadores objetivos de gestión y para que se invierta efectivamente esos recursos en capacidades policiales.

¿Por qué no impulsar en la próxima sesión del Consejo de Seguridad Pública, que debe realizarse en el mes de diciembre, algunas medidas?, por ejemplo: auditorías externas sobre procesos de depuración policial, instalación de unidades de asuntos internos en todos los cuerpos policíacos, mecanismos de supervisión externa y ciudadana a los cuerpos policíacos, evaluación a los modelos de mando único actualmente existente o por lo menos la revisión escrupulosa de los acuerdos no cumplidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Qué necesita el presidente, además de voluntad y recursos para acelerar la baja de los 20 mil 521 servidores públicos estatales, y los 18 mil 177 policías municipales que reprobaron los controles de confianza?

Y si levantara el teléfono rojo para instruir a sus secretarios a dar de baja a los tres mil 516 servidores públicos federales que están justamente en el supuesto de haber reprobado los controles de confianza, o bien, que levante el teléfono para pedir que la unidad de asuntos internos de la Comisión Nacional de Seguridad Pública por fin atienda 14 mil expedientes contra policías que se encuentran rezagados, porque le quitaron a la unidad las plazas para llevárselas a la gendarmería.

¿No avanzaría el país si ordenase un programa inmediato de depuración de los ministerios públicos federales? ¿Por qué no utilizar la política criminal, es decir, la persecución penal para apartar de sus cargos a servidores públicos coludidos con el crimen, no solamente de sus cargos, sino también apartarlos de las calles?

¿Necesita el gobierno una ley contra la infiltración del crimen organizado para ejercer la acción penal por delincuencia organizada, contra alcaldes o funcionarios municipales o contra cualquier otro servidor público?

En lo que el Congreso analiza las miles de iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada de personas, uso legítimo de la fuerza, protección de derechos humanos que han presentado Senadoras y Senadores de los partidos de oposición, ¿no sería buena idea que el presidente utilizara la facultad reglamentaria para emitir protocolos o utilizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para fijar directrices a los gobernadores?

El tamaño político y ético de un gobierno, señoras Senadoras y señores Senadores, se define por su capacidad para entender los problemas, explicarlos, tejer alternativas y movilizar a la sociedad para alcanzar objetivos valiosos.

Ahí radica la esencia de la verdadera eficacia, esa es la primerísima misión del liderazgo político. El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no encuentra los diagnósticos, y por supuesto está errando en las salidas para enfrentar la crisis.

Puede hacer más de lo que su decálogo plantea, no necesita de períodos extraordinarios para poner manos a la obra. El PAN va a contribuir a las soluciones de México, tenemos experiencia e ideas; no vamos a acompañar ocurrencias, enfoques centralistas o recursos autoritarios.

Las iniciativas tendrán una discusión seria, serena y responsable en el Senado de la República, México no se merece remedios presurosos para librar coyunturas o superar climas de opinión; no se merece atentados a la forma histórica de nuestra organización política.

Acción Nacional va a ser como siempre lo correcto, vamos a hacer lo que le conviene a nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias Senador Roberto Gil.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora, ¿para qué asunto?

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para hechos.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Para hechos, ¿desde su escaño? Adelante.

El Senador Arturo Zamora Jiménez (Desde su escaño): Sí, desde mi escaño. Gracias, señor Presidente.

En el año 2010, el PRI manifestó su postura a favor del mando único policial en las entidades federativas.

Hace unos momentos se afirmó que ningún legislador había favorecido la propuesta del entonces Presidente Felipe Calderón.

En declaraciones realizadas en redes sociales el 3 de junio de 2010 en el Diario La Jornada, del 4 de junio del 2010 en el Diario Reforma, del 27 de julio el 2010; un servidor Arturo Zamora Jiménez, manifesté públicamente el apoyo a la creación de las 32 policías estatales con mando único.

Esa es la generosidad que caracteriza, a quienes siendo oposición en su momento tomamos conciencia de la grave problemática que se estaba viviendo en el país. Y por esa razón, también nosotros en su momento, en Cámara de Diputados, como Diputados aprobamos de 6 mil a 42 mil millones de pesos el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de contribuir responsablemente a darle a los mexicanos mayor paz, mayor libertad y mayor seguridad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Y agradezco la observación que hizo el Senador Zamora.

Desafortunadamente en estas cosas una golondrina no hace verano, y su grupo parlamentario en el Senado de la República objetó la iniciativa que presentó el Presidente Felipe Calderón en materia de mando único que, por cierto, sigue en los archivos del Senado.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Como la figura que estamos utilizando no es precisamente ortodoxa, de réplica y contrarréplica, se cierra.

Gracias.

Les pido que para que podamos avanzar en el debate, quienes pidan para hechos lo desahoguen desde su escaño, no vamos a negarle la palabra a nadie; solamente que como es un debate pactado que, por cierto en el reglamento no existe esta figura, sino la entiendo a partir de que es un debate que la acuerdan los grupos parlamentarios que proponen a sus oradores, y para no cancelar el derecho de quienes piden la palabra , les pido que acepten como lo desahogó el Senado Arturo Zamora cuando pidió para hechos desde su escaño.

Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, que ya está en la tribuna, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Creo que en el fondo, todos quienes ocupamos un escaño en este órgano colegiado coincidimos en muchas cosas con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que han señalado en esta tribuna, y coincido plenamente con que debemos hacer lo correcto.

Lo correcto, compañeras y compañeros, más allá del debate político que vamos a dar esta tarde será que en el proceso legislativo de análisis de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal en comisiones podremos revisarlas a fondo, cada una de sus implicaciones, lo que representa y procedamos juntos a hacer, o mejor para México, lo mejor para el país.

Coincido plenamente con esta expresión.

Aquí en el debate político podremos decir muchas cosas, sin embargo creo que en la conciencia de cada uno de nosotros estará el que no escatimemos nada que pueda servir a México y a los mexicanos, y que sí en cambio, podamos revisar aquello que crean que atenta contra el orden establecido.

En lo personal, y hablo a nombre de mi grupo parlamentario, nosotros creemos que estas propuestas del Presidente son acciones firmes, acciones serias, acciones inmediatas, algunas de mediano plazo y otras de largo alcance que van a permitir sin duda enfrentar problemas que hoy está enfrentando México, porque derivado de los hechos que han acontecido últimamente, evidentemente que encontramos debilidades institucionales que hay que atender y por eso esta reforma.

Permítanme decirles que en el pasado ha habido propuestas similares parecidas, pareciera que son iguales, sin embargo el mecanismo para ejecución de las mismas es lo que cambia, en esta propuesta del Presidente de la República.

Para nadie es nuevo el tema del mando único de la policía, parte central de esta iniciativa presidencial, no es nuevo, porque había sido propuesto por otro Presidente de la República, y también permítame decirle que quien está haciendo uso de la voz Omar Fayad, Senador por Hidalgo, jamás se opuso a la propuesta del Presiente Calderón para establecer un mando único y prueba de ello son mis declaraciones públicas al respecto y el apoyo que le brindé al Secretario de Seguridad Pública y a la Procuraduría de la República en su momento.

Creo que muchos de ustedes son testigos que respaldé al Presidente Calderón, a Genaro García Luna y a quienes estuvieron en el Consejo de Seguridad porque me parecía que el tema del mando único era un tema importante en lo que no debía escatimarle apoyo al Presidente de México, y lo reflejé como priista, y lo reflejé en mis expresiones públicas, e incluso llegué a decir públicamente que cuando fui presidente municipal de Pachuca, si a mí me hubieran pedido entregarle la policía municipal al Gobierno del Estado, con gusto y presto lo hubiera hecho, porque amigas y amigos, creo que vamos a coincidir todos en la vulnerabilidad de los municipios de México.

Por eso hay que revertir los acuerdos del 2008 y no permitir que nuestros municipios estén al margen de lo que les pueda hacer el crimen organizado, de la influencia que pueda tener, de la infiltración que pueda darse.

No solamente el crimen organizado está infiltrado en aquellos municipios donde hay presidentes municipales ostensiblemente participantes y miembros del mismo, como ha sido el caso que se señala en Iguala.

No, compañeras y compañeros, hay presidentes municipales amenazados en su vida, en la vida de sus familias, amedrentados por un crimen organizado que al hacerlo les exige el control de ciertas actividades administrativas y de ciertas actividades de policía.

Por eso la propuesta que hizo en su momento Calderón, no la llevó al plano legislativo y la dejó simplemente en el plano consensual, de coordinación y acuerdos con las entidades federativas. Hoy la propuesta va más allá, porque no se logró eso que era una buena propuesta, no se logró.

Hoy lo que queremos es que exista una obligación para que estados y municipios le entreguen el mando de la policía a las entidades federativas; y la federación se coordine, con un mando policial de cada entidad federativa y con esto pasemos a proteger la seguridad, la integridad, la vida de nuestros presidentes municipales. Por eso es que viene al plano de lo legislativo, y por eso es que hoy nos toca discutirlo y resolverlo.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Senador Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Está pidiendo el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón. Sonido en su escaño de la Senadora.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

¿Si el Senador Fayad me permite una pregunta?

El Presidente Senador Barbosa Huerta: ¿Usted la acepta, Senador Fayad?

El Senador Omar Fayad Meneses: Al final de mi intervención, señor Presidente.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Está bien.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Adelante, Senador Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: Pero ese es un tema. Existen otros temas: la cédula única de identificación.

Compañeras y compañeros:

¿Saben qué fácil sería dar con los responsables del delito, si cuando se comete un acto delictivo las autoridades competentes, los peritos pudieran llegar al lugar de los hechos, hacer un simple levantamiento de indicios, de huellas digitales, y estas huellas compararlas en un sistema nacional que nos permita la identificación de todas las personas?

Por eso les pido que no le escatimemos la posibilidad a México de contar con mecanismos de esta naturaleza, pero que quede claramente plasmado, puesto en la ley, a fin de que nadie pueda evadir la responsabilidad de cooperar con ellos.

Sabemos que si los grandes sistemas de información nacional no funcionan, es porque a la mejor no se les alimenta con la información necesaria para que funcionen. Tenemos que transitar en el esquema de obligatoriedad del Estado mexicano para que todos, autoridades federales, estatales y municipales contribuyan a enriquecer los bancos de datos nacionales para la investigación criminal, y cuanto más, aquellos que tienen que ver con la identificación de las personas.

Por eso refiero que son acciones valientes, firmes. Está hablándose de acciones legislativas, de acciones del Presidente.

El Presidente nunca se ha lavado las manos, ni se ha hecho a un lado, ni evade su responsabilidad, al contrario, ha dado la cara a costa de su propia imagen, porque Peña Nieto no es un Presidente que gobierne con encuesta, es un Presidente, que no importando su imagen gobierna para todos los mexicanos, en las cosas que importan, más allá de otros dichos.

Creo que estas 10 propuestas y las que fundamentalmente le tocan a esta Cámara de Senadores y al Poder Legislativo, habremos de verlas con seriedad.

Yo les pido; no las aprueben a priori, pero tampoco las reprueben a priori. No nos hundamos en una estéril y falsa discusión de cosas, si no vamos a contribuir juntos al avance.

Señoras y señores:

Es importante que recordemos cómo llega Peña. Cuando Peña llega a la Presidencia estaban las calles de Monterrey, en Nuevo León, tomadas por el crimen organizado con fuegos de avenida a avenida; con muertos de la sociedad civil en las calles; lo mismo en Guadalajara; la situación de Michoacán; lo que ocurría en Guerrero, en Acapulco, evidentemente son cosas que atendió el Presidente, que atendió el equipo del Presidente y que se logró rescatar Nuevo León, se logró rescatar Guadalajara, se logró rescatar Coahuila, Durango, La Laguna.

Hay avances significativos en Michoacán. Creo que hay muchos lugares en los que ha habido un avance, que no debemos escatimarle, aunque falte muchísimo por hacer, eso no debemos de dejar de reconocerlo.

No escatimemos, pues, empeños, y vamos a una discusión seria.

Yo no coincido con quien viene aquí, y dice: “Que hay miles que gritan ¡Fuera Peña!” Porque creo que hay millones, millones que pedimos que se respete el Estado de Derecho, que no se politice el asunto, que dejen de hacer una campaña de desestabilización a un gobierno que pretender hacer su tarea y cumplir, y dar respuesta a los ciudadanos, no sólo por quedar bien, porque lo necesita México.

Por eso quiero hacer un llamado a todas y a todos ustedes para que con el trabajo que realicemos, cuando entremos a la discusión de estos temas, más allá de nuestras posturas partidistas o sectarias, podamos proceder a analizar, y en su caso, enriquecer. Siempre serán bienvenidas las propuestas.

Creo que aquí se han hecho algunas con las que también coincido: si hay que revocar licencias de armas, claro, hagámoslo, si hay que verificar reglas de operación de los programas, nos hemos cansado de decirlo en muchos aspectos. Creo que lo podemos hacer juntos, y creo que la situación del país lo requiere, lo amerita, lo necesita.

Quiero hacer una invitación seria a no descalificar a priori y a hacer un análisis riguroso de todas aquellas medidas que puedan ser útiles para que México pueda enfrentar el fenómeno que en los últimos hechos revelaron que generaba debilidades institucionales, que hoy con valor el Presidente debe, tiene que atender, y nosotros acompañarlo en las decisiones que a nosotros nos toque.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Permítame, Senador. Permanezca en tribuna.

La Senadora Luisa María Calderón le pidió autorización para hacerle una pregunta. La otorgó al final.

El Senador Omar Fayad Meneses: ¡Con mucho gusto, con mucho gusto!

El Presidente Senador Barbosa Huerta: ¡Adelante, Senadora!

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias por su disposición, Senador.

Y quisiera mantenerme en lo propositivo, de repente dan ganas de hacer otras cosas, pero, usted preside la Comisión de Seguridad, y yo quiero coincidir con usted en esa parte del diagnóstico, de que muchos alcaldes están amenazados y que su vida está en peligro, porque la delincuencia organizada está encima de ellos, les ha quitado la policía, les ha quitado obras públicas, les amenazan con su vida, etcétera.

Pero, a mí me parece que la propuesta de desaparecerlo, no es una propuesta pertinente, y sí debería haber muchísimo cuidado en la prevención.

Estamos ya, en un proceso electoral. El 8 de octubre inició el proceso electoral; el próximo año, el 7 de junio, dentro de 6 meses va a haber elección de alcaldías y de gubernaturas en 9 estados de nuestro país.

Querría preguntarle, Senador. ¿Cuál es la estrategia para contener, atajar, prevenir, que durante todo el proceso electoral, como ya hemos visto que sucedía o que sucede, la delincuencia organizada no se meta en los procesos, no decida candidaturas, no financie candidatos; y una vez que lleguen, evitar que les cobren los favores, como ha sucedido en estado como el mío, como vemos que sucede en Guerrero?

Me gustaría colaborar. Me preocupa mucho que estemos hablando de modificar la constitución, de otras cosas, y que con el proceso ya enfrente, ya caminando, no veamos una estrategia de contención.

Si usted me responde y me dice qué tenemos que hacer, yo estoy dispuesta, porque me alarma mucho que dispongamos de cosas futuras y que no estemos tomando la estrategia de contención del proceso electoral, que ya está aquí, y que sabemos claramente que la delincuencia organizada se mete a través de los procesos electorales.

Y por sus respuestas, le agradezco.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Permítame, Senador.

El tiempo que el reglamento otorga para formular una pregunta es 3 minutos.

El tiempo que el reglamento otorga para responderla es 3 minutos.

Adelante, Senador Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente.

Senadora, muchas gracias por su pregunta.

Y yo también, si se fija, me quedé sólo en la parte positiva y en la parte propositiva.
No vine aquí a hacer, ni críticas, ni descalificaciones.

Yo creo que debe de pasar la época de estar criticando y descalificando para poder entrar a una nueva etapa que nos permita construir. Yo le agradezco esa parte.

Creo que los partidos políticos tenemos la obligación de blindarnos, eso para mí es fundamental, porque en los casos que se han suscitado, por lo menos el que ha sido más ruidoso, evidentemente que hubo señalamientos de los propios militantes del partido, de no permitirle a sus dirigentes que permitan el acceso de ciertas personas, de ciertas personalidades a las candidaturas, pues, porque evidentemente tienen noticia de que, o son miembros del crimen organizado, o han participado o tienen familiares en el crimen organizado.

Creo que cada partido político tiene una responsabilidad fundamental en el próximo proceso, que le blinda sus propias candidaturas.

Tenemos que hacer un esfuerzo. Lo he dicho públicamente y hoy aquí lo sostengo. Deberíamos también aplicar dentro de los partidos políticos, cierto control de confianza, así como lo exigimos para servidores públicos, creo que habría la necesidad de observar el tema, para quien desee participar en un proceso electoral.

Ayer lo decía y hoy lo sostengo. Deberíamos de hacer, por ejemplo, para dirigentes, para candidatos, para Diputados, Senadores, presidentes municipales, hasta para el Presidente de la República, un examen antidoping, que nos permitiera ver si algunos servidores tienen ciertas prácticas y necesitan hacer uso de sustancias prohibidas, porque eso quiere decir que tienen nexos con quien las venden y así va el asunto.

Yo creo que deberíamos de hacer muchas acciones. He propuesto una, muy importante, en que cada uno debiéramos someternos a exámenes de control, que pudiera darle idea a las autoridades competentes, a los órganos de control democrático, a la propia ciudadanía, de que no andamos metidos en nada extraño, en nada raro, y que cuando menos esa es la presunción que se tiene.

Por otro lado, ya dada la conducta, lo que se tiene que hacer es lo que ha hecho el Gobierno de la República, hasta hoy, con la ley en la mano, tratando de disparar los menos tiros y en respeto irrestricto a los derechos políticos, a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos; ha tratado de combatir uno a uno, en aquellos lugares en donde ha tenido conocimiento y donde tiene indicios de que en los municipios hay acciones desviadas.

Baste ver la estadística de cuántos presidentes municipales ha llevado a juicio el Gobierno Federal. Quiere decir que esa parte está cubierta y se está cumpliendo su responsabilidad.

Pero lo que hoy se propone en las iniciativas, es otorgar un mejor marco jurídico. Quiere darle un mejor andamiaje, para hacer lo que se hizo en Michoacán y lo que se está haciendo en Guerrero. Se está actuando, y yo creo que ante el actuar de las autoridades, nosotros tenemos que acompañarlo con los pasos legislativos necesarios, para que no se dé jamás esa actuación, ni se cuestione, ni esté al margen de la ley, ni quede a contentillo de si lo quieren o no hacer los gobiernos estatales o municipales.

Creo que hay acciones que deben de quedar plenamente reflejadas en la ley, precisamente, para que no quepa duda al respecto y podamos trabajar y avanzar en ello.

Espero haber dado respuesta cabal a su pregunta.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Fayad Meneses.

El Senador Manuel Bartlett, me pidió la palabra para hechos, durante la intervención del Senador Omar Fayad.

Desde su escaño, por tres minutos, Manuel Bartlett, le ruego.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero recordarle que el pacto, fue sorpresivo.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Permítame, Senador Bartlett Díaz.

El pacto es cuando se firma un proyecto. De este debate, no hay ningún proyecto escrito.

Por eso estamos queriendo normar, a partir de lo que estamos entendiendo por pactado; que los oradores son los designados por sus grupos parlamentarios.

Por eso pedimos la comprensión, de que la intervención para hechos, para no negarle la palabra a nadie, pueda ser desde los escaños.

Se le escucha igual, don Manuel, de verdad.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo me confundo, cada vez que los escucho, verdad. Porque yo creo que en este tema, hay que poner una posición auténtica y no dejarnos manipular por el Presidente de la República, que es lo que se ha hecho.

Aquí venimos a discutir, una serie de medidas y propuestas que no tienen nada que ver con lo que representa la crisis brutal en la que está el Presidente de la República y su gobierno.

El Estado mafioso, dice Le Monde.

El Presidente Senador es tan reconocido mundialmente de Uruguay, nos dice que tenemos un estado fallido, porque se ha instalado la corrupción como un sistema de vida. Nada de esto ataca ese problema.

El PAN ha dicho que, el Presidente no encuentra el diagnóstico. Y por eso, el tamaño político y ético de este gobierno, es pequeño. Porque es lo que dijo, el tamaño de un gobierno es el que encuentra un diagnóstico. No encontró el diagnóstico, entonces es un gobierno pequeño.

Esta discusión, de que si el PAN presentó primero las cosas o no, pues me llevaría a preocuparme, de que el PAN aceptara todo lo que aquí está. Porque pudieran decir, que nosotros lo dijimos primero.

Y lo que el Presidente ha propuesto, no tiene nada que ver con la solución de los problemas.

Esta, determinación del Presidente para engañar a la población, a través -digo yo- televisoras, periódicos, etcétera, de que no tuvo nada que ver la Presidencia de la República, es una falacia.

Ya lo dijimos, el responsable de la seguridad nacional, de la seguridad pública, de la información, de la inteligencia, es el Presidente de la República. Y ahora nos dice, que no se dieron cuenta de que hay municipios que fueron penetrados por el narco.

Cuando estaban ya en posición; y cuando han surgido una y otra vez declaraciones de que la Procuraduría tenía información de lo que pasó en Iguala. Bueno, es un acto de hipocresía. Y es un acto de hipocresía que están cayendo aquí los oradores.

No, señores, no es lo que está presentando el Presidente, lo que la gente reclama.

Dice Omar Fayad, que no se puede permitir que en la calle se diga: “Fuera Peña”. Que bueno que lo oyó. Porque las televisoras le bajan el tono siempre y no se dice.

Millones han estado diciendo: “Fuera Peña”

Que es el responsable de esta debacle. Que es el que no actuó. Que es el que dejó pasar.

Recuerden la primera declaración de Peña Nieto, cuando le dijeron que había este problema. Lo primero que dijo, y está grabado: “Esa es responsabilidad del gobierno de Guerrero”.

Y hasta tres meses después, es cuando aparece con esta batea de babas que no tienen nada que ver, verdad.

Si vamos a tener un mando único, verdad, a final de cuentas es una concentración del poder brutal, en contra de los principios esenciales de la Constitución de la República.

Y aquí lo decía Zoé, también. Es una concentración de poder, ¿en manos de quién? Del Ejército, de la Marina, de las policías que no han servido para nada; porque ellas son las responsables de lo que pasó. No nos engañemos.

¿Qué no sabían en Iguala, lo que estaba pasando? Sí, se les había dicho mil veces.

De manera que, es una gran hipocresía, venir a decir que el municipio es el responsable.

Pero es una barbaridad, no debemos permitir que llegue con esa cortina de humo, para decir que ya resolvió los problemas. Que ahora sí viene un marco legal para establecer un monopolio del poder.

Señor Presidente, ponga orden aquí atrás a mis espaldas, por favor.

Es una hipocresía, insisto, que caiga el Senado de la República, en las mentiras del Presidente.

No se vale eso. Ya presionó. Ya se dice, es que éstas son las soluciones que necesitamos. No es cierto.

La solución que necesitamos, es que el Presidente se haga cargo de lo que era responsable ya. Y no salir a decir, que son los municipios los responsables.

Esa es una grotesca mentira.

Sí, señor, el pueblo gritó: “Fuera Peña”, que bueno que se reconoce. “Fuera Peña” una y otra vez, entre las frases: “Fuera Peña”

El gobierno está desmoronado. Hay una caída moral, legal. Lo que se necesita es ir a fondo del problema y no venir a que nos engañen aquí; meternos de que si el artículo tal y la reforma, otra vez a reformar la Constitución.

Cuando tienen la responsabilidad de aplicarla, el Gobierno Federal. Y es inocente.

Estamos discutiendo estas falacias, para que hagamos fuego a la cortina de humo, que están presentando para evitar, que sea responsabilizado, como se le hace, en todas las calles de México y en el mundo entero a Peña Nieto como el responsable de un Estado mafioso, dice “Le Monde”. Hay que leer también qué se dice afuera, porque ahí sí se permite decir.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias Senador Bartlett. Vuelvo a rogar a los oradores que cuando haya concluido el tiempo otorgado, pueden tomarse un minuto, o dos minutos, minuto y medio para el redondeo de su intervención. Eso ayuda a la consecución del debate, a que no alteremos el orden. No se molesten, el pleno debe conducirse siempre atendiendo a lo que menos tense. Les pido su comprensión.

Vamos a la siguiente ronda. Senador Omar Fayad, adelante, ¿dígame?

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Para alusiones personales, fui aludido por el Senador.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Desde su escaño, Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Yo quisiera pedirle a mi compañero Senador Manuel Bartlett que no se deje manipular y no se deje llevar. De verdad es que creo que cuando él dice miles, porque así lo dijo en la tribuna, ahora ya me la cambió, ahora ya dice que son millones. No sé cuántos habrás contado, a ver si me dices la cuenta exacta cuántos millones son. Pero no te dejes manipular, tú también fuiste servidor público y fuiste del gobierno. Y acuérdate cuántas cosas se dicen cuando uno es gobierno y cuando uno es servidor público, el que te atacan de todo; pero tienes que guiarte y tienes que conducirte con responsabilidad, con serenidad. No porque te ataquen debes de proceder ni violentamente, ni reprimir, ni nada.

Yo creo que siempre habrá voces. Sí, yo creo que en este caso con el Presidente Peña, hasta nombre y apellido se le puede poner a quien le interesa mucho el que se vaya. Le interesa al que quisiera estar ahí, pero no te dejes manipular por el que quiere estar ahí, ese ya lo conocemos también millones, millones de mexicanos. Pero qué crees, no votaron millones de mexicanos para que ese personaje estuviera ahí. Entonces, ahora creo que con responsabilidad, lo que tenemos qué hacer cuando el país tiene una crisis de esta naturaleza, pues es tratar de sumar esfuerzos en este cuerpo colegiado para construir cosas útiles para México, para construir cosas positivas para México y no dejarse llevar.

Yo nunca me he dejado llevar por todo lo que dijeron de ti cuando eras servidor público. Al contrario, pero se dice. Pues sí se dicen muchas cosas, pero creo que en este momento la nación requiere que tengamos seriedad, unidad y que enfrentemos al verdadero enemigo que no está aquí en este recinto. El verdadero enemigo se llama crimen organizado, el verdadero enemigo no está aquí, no es mi compañero Bartlett, sino los narcotraficantes.

En este caso que hemos tratado y que dio origen a estas medidas, no ha habido impunidad. El responsable fue un presidente municipal, tiene nombre y apellido, se apellida Abarca, él es el responsable y juntos habremos de blindar, que era lo que le contestaba yo a la compañera del PAN, Luisa María Calderón; juntos los partidos tenemos que hacer un esfuerzo para blindar esta situación, para que así como pasó con Abarca ya no pase con otros. Pero no tratemos de echarle las culpas de Abarca a otro, porque eso no sería justo, no es correcto y no refleja la verdadera situación.

Es cuanto, señor Presidente.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Mire, yo también quería hablar para alusiones personales, si me permite un minuto.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Adelante, Senadora. Permítame Senador Blásquez, permanezca usted en la tribuna.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) El Senador Fayad me aludió, y yo quisiera también que no fuéramos tan acríticos. Creo que si empezamos a dar nombres, podríamos empezar a dar nombres de mucha gente de su partido y no creo que ese sea el tema. Creo que tenemos que ser suficientemente críticos para tener un diagnóstico pertinente y sugerir propuestas de solución pertinentes. O lanzamos piedras, o somos críticos responsables, o nos encaminamos a la propuesta.

Eso es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Adelante Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Lo último que podemos perder en una República, es la capacidad de diálogo y de crítica. Y lo último que podemos perder quienes representamos a nuestras comunidades es la serenidad. Por ello es que he querido tomar participación en este debate, que por supuesto felicito a quienes lo promovieron porque hacía falta.

Simple y sencillamente decir que no me parece que la Cámara de Senadores debiera ser ese receptáculo en donde se reciban herramientas con angustia, herramientas con prisa, herramientas con sabor a culpa.

Creo que lo que propone el Presidente está completamente fuera de diagnóstico. Inclusive ni siquiera en el escenario donde alguien por alguna circunstancia pudiera querer ayudarlo o pudiera querer apoyarlo, no pudiera. Porque el diagnóstico del Presidente es absolutamente equivocado.

Para empezar es un decálogo donde abunda la paja. O sea, hay decisiones que ni siquiera encajan con la realidad social que está viviendo el país.

Hay dos temas a discusión, uno tiene que ver con el mando único. Hay pruebas de que la autoría de estas propuestas son de un partido, que integrantes de otro partido por ahí las promovieron. Cito por ejemplo al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que me parece en algún momento ante la CONAGO la propuso. El otro tema es que se habla de disolver, si es que lo amerita el caso, los municipios o algunos de ellos en donde se probara que hubiera una colusión directa de los ediles con el crimen organizado.

Yo creo que estas son decisiones que se deben debatir, porque si un partido del tamaño del PAN lo propuso en su momento, si algunos integrantes, inclusive del PRI lo han propuesto, creo que debiera ser motivo de un amplio debate, pero no dentro de un diagnóstico fallido.

Yo creo que el Presidente tiene que volver a hacer la tarea. Esto es, las decisiones que nos muestra el decálogo bajo ninguna circunstancia permiten creer que esas son las soluciones al grave problema que tiene el país.

Creo firmemente que si queremos ayudar al Presidente, que si queremos ayudar a la República, debemos pedir que se nos presenten alternativas viables. Que se presente un programa, que se presente un paquete de iniciativas donde nosotros definitivamente veamos que ahí se puede tomar una solución.

No es posible que nosotros procesemos, que nosotros aprobemos en su caso modificar el 115 constitucional, que es totalmente atentatorio contra la libertad de los municipios, siendo que el Presidente ni siquiera en su anuncio ofrece una solución de corto plazo inmediata, absoluta dentro de las facultades y atribuciones que tiene como Presidente de la República.

No vimos en esa presentación, una sola decisión en donde nos dijera que pretende acabar con la impunidad. No vimos una sola decisión, en donde nos dijera, nos demostrara, que existe su voluntad. La voluntad del Presidente de la República por modificar algunas políticas, por ejemplo, de desarrollo social o algunas políticas de impartición de justicia que directamente, junto con la seguridad nacional, le competen a él.

Creo que debiéramos darnos el tiempo para que el Presidente reformulara, no digamos un nuevo decálogo, una nueva presentación de cómo cree él que se pudiera modificar esta circunstancia. Porque lo de menos es que nos pongamos de acuerdo, como casi siempre lo hacemos, que procesemos con los desvelos de diciembre, con las presiones de este mes, leyes que muchos ni siquiera entiende.

Muchas veces pasa que se votan leyes, y nos preguntan en algunos estados o en algunos foros sobre leyes, y nos ha pasado a todos, que ni siquiera tenemos la idea de en qué momento las aprobamos. Entonces, sí creo que es el momento para que los que quieren ayudar al Presidente, los que quieren ayudar a la República demanden, demandemos una nueva propuesta del Presidente.

Se vale corregir, en donde se especifique cuáles son las acciones que se va a tomar a corto plazo, cuáles son las soluciones de políticas de gobierno que le competen directamente.

Va a tomar para entonces, el próximo año, cuando tengamos el próximo periodo, obviamente ya con las decisiones en la mesa, trabajando en la rectificación de políticas del Poder Ejecutivo.

Saber si conviene o no aprobar éstas propuestas que, ahora me parecen de manera desvelada, de manera imprudente, nos presentan.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Celebro que el día de hoy, estemos aquí dando este debate en la agenda política. Sin duda, este tipo de debates enriquecen día a día al Senado de la República.

Es verdad que este país vive momentos difíciles, nadie lo puede ocultar, lo más importante es: “nadie lo quiere ocultar”. Por eso estamos aquí el día de hoy debatiendo, discutiendo, proponiendo.

A todos nos indigna, nos lastima, nos entristece lo que ha acontecido con estos 43 estudiantes de Iguala. Podemos distraernos en acusaciones, podemos distraernos en descalificaciones, podemos distraernos incluso en insultos. Podemos también pelear aquí la paternidad de las iniciativas presentadas, de las anteriores o de las futuras o de ideas.

Podemos también empezar a buscar responsables. Es responsabilidad de un partido, es responsabilidad del Ejecutivo en turno o es responsabilidad de la pasada administración, podríamos desviarnos en estas discusiones, o podemos actuar con altura de miras, podemos poner los temas sobre la mesa, podemos reflexionar, podemos dimensionar el gran desafío que se nos presenta en estos momentos.

No es un desafío menor, es un desafío mayor, en el que ha salido el señor Presidente de la República a proponer diez líneas de acción, claras y concretas. Difícilmente alguien podría estar en contra, seguramente después de analizar cada una de ellas, todas las fuerzas políticas, como ha sucedido en este Senado de la República, tendrán mucho que aportar. Habrá mucho que modificar, sin duda alguna, no podría ser de otra manera, así hemos construido las grandes reformas de este país.

¿Quién puede estar en contra de hacer una reforma constitucional para facultar justamente a este Congreso, a expedir una ley contra la Infiltración del Crimen Organizado Municipal? Tendremos que discutir, como lo han dicho anteriores Senadores aquí, en las Comisiones, si es ahí por donde debemos de empezar. Nosotros creemos que sí, que es en la parte municipal.

Pero estamos dispuestos a escucharlos, a ver qué les preocupa. Hablar también de la parte estatal, sin duda hablar de los partidos políticos, sin duda de eso se trata, es el saque de una serie de reformas que se están poniendo. Reforma constitucional para redefinir competencias de autoridades en el combate al delito.

¿Quién puede estar en contra de que el gabinete de seguridad inicie un operativo especial en tierra caliente?, ¿quién puede estar en contra en ampliar el despliegue de fuerzas federales en Guerrero, en Michoacán, y fortalecer también a Jalisco y Tamaulipas?, ¿quién puede estar en contra de facultar a este Congreso a expedir leyes en materia de tortura y desaparición forzada?, ¿quién puede estar en contra de crear un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y de un banco genético, que tanto necesitamos?, ¿quién puede estar en contra de crear zonas económicas especiales para fomentar el empleo en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero?, sin duda tendremos que hablar de otros estados, de eso se trata ¿quién puede estar en contra de perfeccionar una estrategia integral de desarrollo para la pobreza, para la marginalidad y para la desigualdad.

Sin duda, en el sexenio anterior, se trataron muchos de estos temas, todos tendríamos que hacer memoria de qué dijimos y de qué hicimos en ese momento. Yo recuerdo el tema de la cédula, muchos de ustedes fueron mis compañeros diputados, y ahí yo combatí el tema de la cédula de identidad porque me preocupaba quién iba a manejar los datos, esa era mi gran preocupación.

Eso no me impidió acudir con los Secretarios Gómez Mont, Blake y Poiré a tratar de construir una salida. Y eso es lo que pedimos, que nos juntemos, que veamos cuáles son los problemas que encontramos, qué es lo que nos inquieta para poder construir juntos.

¿Quién puede estar en contra de uno de los temas más sensibles de este país, la justicia diaria? El Presidente Peña nos decía la semana pasada, nos recordaba ese día jueves, de esta justicia diaria, cotidiana, que no está llegando. Nos recordaba el calvario de millones de mexicanos que se enfrentan, por ejemplo: las mujeres que les niegan el divorcio, aquel trabajador que no le han pagado su sueldo, el acreedor que no puede cobrar una deuda, el ciudadano que no le pagan una renta.

Se puso la lupa sobre un gran tema, importantísimo, los procesos judiciales, el acceso a la justicia, una justicia lenta, compleja, costosa. Se invitó a varias instituciones, y una que encabezara los trabajos, foros, especialistas. Se puso una temporalidad para tener un proyecto claro, noventa días, ese es uno de los grandes temas torales, efectos directos en la gobernabilidad.

Es un tema importantísimo, nosotros consideramos que esa es la columna vertebral para que pueda avanzar este Estado mexicano, sin duda, buscando el bienestar social. Acceso a la justicia sin necesidad de dinero; acceso a la justicia sin necesidad de grandes despachos o de abogados costosísimos, eso es lo que se puso sobre la mesa.

El Presidente Peña lo ha propuesto, y hemos recibido con gusto son buenas señales. Y sólo quiero mencionar a una de las académicas con mayor reconocimiento, investigadora en este país, la doctora Ana Laura Magaloni.

Ana Laura Magaloni decía, escribió, vale la pena revisarlo. El impacto que puede tener esta reforma en nuestras vidas es enorme, es de gran calado. Sin duda una de las asignaturas pendientes es la consolidación del sistema de combate a la corrupción.

Estás las propuestas, son únicas, ¿son exclusivas del Presidente Enrique Peña Nieto? No, señores. Hay propuestas de todos los partidos, de eso se trata, de que todos propongamos soluciones, de que todos nos digan cómo debemos de armar toda esta estrategia de combate a la corrupción, de cómo hacemos para tener un verdadero sistema nacional de control y combate a la corrupción, de cómo sumamos las ideas que puede tener el PAN para fortalecer a la propia Auditoría Superior de la Federación con las ideas que nos está presentando el Presidente Enrique Peña Nieto, y con las ideas que también está presentando el PRD.

De eso se trata, cómo fortalecemos el sistema, cómo reinventamos una Secretaría de la Función Pública con nuevas facultades, con nuevas atribuciones; cómo conducimos y acompañamos una institución que es el IFAI que nosotros creamos; cómo fortalecemos al Archivo General de la Nación; cómo hacemos para que las procuradurías locales trabajen de la mano en sincronía con todo este sistema de combate a la corrupción, de eso se trata.

Estoy seguro, estoy seguro que este Senado de la República va a estar a la altura del gran desafío que tiene este país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Pablo Escudero.

Esta Presidencia saluda a los integrantes de la Orquesta Coro Infantil de Renacimiento del estado de Guerrero, quienes nos visitan apoyados por el gobierno del estado, y asisten a esta reunión invitados por los Senadores Armando Ríos Piter, René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, bienvenidos.

En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

Interesantes, sin lugar a duda, las preguntas que han venido a formular distintas compañeras y compañeros que están a favor de este decálogo, que deberá de traducirse o pretende traducirse en diversas disposiciones constitucionales que ha presentado el Ejecutivo Federal.

Sin embargo, creo que las preguntas que se han formulado no son las correctas, porque deberíamos de partir de reconocer que la crisis por la cual está atravesando nuestro país, es una crisis que atraviesa a los tres poderes federales, a los tres órdenes de gobierno, a los partidos políticos, y a un sector muy vasto de la sociedad mexicana.

Nuestro país vive una crisis de descomposición y de pérdida de credibilidad en todas las instituciones públicas, y la respuesta que se tiene que dar, debe responder a este proceso de deterioro tan profundo de la ética, de la moral pública y de la forma en que se desempeña el gobierno y se gestionan sus distintos programas.

¿Qué hay problemas severos en los municipios y en sus policías municipales?, eso es innegable; ¿que ahí se han expresado de manera muy nítida como el caso de Iguala, de Cocula, de Chilapa, de Tlatlaya, de Luviano, de Tejupilco, de Apatzingán, de muchos municipios, la profundidad de esta crisis y el nivel de descomposición que existe?, sí; pero los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo Federal son la respuesta para resolver esta situación, yo creo que no.

Efectivamente, el municipio siempre lo quieren presentar como el patito feo y el responsable de todas las crisis y de todos los problemas del país; que hay un problema de seguridad, hay que hacer un mando único; que hay un problema de mal manejo de recursos y endeudamiento por parte de los gobiernos estatales, hay que controlar a los municipios su endeudamiento; que hay que sujetarlos, sin lugar a dudas a una mayor fiscalización.

Pero también tenemos que asumir, que el municipio se encuentra en una contradicción permanente desde hace muchos años, representa el enorme desprecio institucional al que se ve sometido por la autoridad estatal y la autoridad federal, y al mismo tiempo por la incapacidad que tiene para atender el reclamo de los ciudadanos para acceder a los servicios básicos mínimos, incluidos en el tema de la seguridad. Evidencia de esta debilidad deliberada es la forma en que se distribuyen los recursos públicos, donde sólo 4 centavos de cada peso llega a los municipios del país, mientras el gobierno federal se queda con 80 centavos de cada peso que se genera.

Efectivamente esta injusta distribución de los recursos ha seguido incrementando la debilidad y la vulnerabilidad de los municipios del país, y evidentemente ya hemos llegado a un nivel tal para poder asumir que el modelo municipalista que existe en nuestro país está agotado, y que se necesita un replanteamiento de fondo.

Pero este replanteamiento del municipalismo parte de la noción de desaparecerlos y de avanzar a una mayor centralización. Yo creo que los cambios que se requieren son cambios muy profundos que tienen que ver con la transformación de las instituciones públicas, de las políticas económicas, sociales y culturales que se requieren en este país.

La propuesta de Enrique Peña Nieto no avanza en esa dirección, por el contrario, lo que está planteando es dar la puntilla final al municipio, minar aún más la ya debilitada soberanía de los estados y permitir una centralización política en donde, ya hasta los temas de seguridad, por la sola presunción de un funcionario, les va a permitir no ejercer el mando único, sino tener el control de las policías estatales o solicitar al Senado la disolución de la autoridad municipal.

Bueno, resumiéndolo en dos frases: ya acabaron con el pacto social fundacional que tenía este país al momento de las reformas constitucionales y lo que hoy están planteando es acabar con el Pacto Federal que nos constituyó en una república federal representativa.

Y, para ello, basta ver las iniciativas que se nos han presentado por parte del Ejecutivo al Senado.

Una iniciativa en la que se pretende facultar al Congreso para expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, incluyendo la hipótesis de disolución del ayuntamiento.

Desde ahí partimos mal en el diagnóstico; lo dijo el Senador Roberto Gil: efectivamente los vínculos con la delincuencia organizada ya están tipificados como delito; pero el problema de este país, no es el nivel de infiltración del crimen organizado sólo en las autoridades municipales, sino también en las autoridades estatales, en autoridades federales, en los cuerpos de seguridad pública e incluso en las corporaciones que representan las fuerzas armadas del país.

Este es un problema de descomposición política más profundo que no se queda en el ámbito municipal, y en todo caso se debería discutir una ley general para combatir la infiltración del crimen organizado en todos los órdenes de gobierno, en todas las instituciones públicas, incluidos los organismos autónomos e incluso la infiltración en los partidos políticos.

Lo que han dado cuenta los hechos de Iguala, de Tamaulipas, de Michoacán, del Estado de México, que por mucho ruido que se ha hecho, no ha habido respuestas contundentes para castigar a ninguna de las autoridades responsables.

En lugar de estar haciendo anuncios espectaculares, de convertir el teléfono 066 en el 911, de convertir la cédula, el registro único de población en una cédula de identidad, mejor se tomara con firmeza una decisión para que aquellos gobernadores, Diputados federales, Senadores, Diputados locales, presidentes municipales, funcionarios públicos involucrados con la delincuencia organizada paguen por los vínculos que éstos tienen y no se mantengan en la impunidad.

Disolver las policías municipales no va a resolver el problema, sino va profundizar esta contradicción entre el desprecio institucional y las incapacidades del municipio para atender sus demandas, porque hay que partir del principio de que el que tiene el mando manda, y la autoridad goza de dos monopolios de manera exclusiva para poder ejercer sus atribuciones: el monopolio en la aplicación de la ley y en el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza pública.

En el momento en que se le reste esta facultad al municipio no solamente dependerá de la buena relación o de la disposición que tenga el gobierno del estado, sino de los mecanismos que pretende hoy inducir el gobierno federal contra nuestro federalismo. Porque en esta prometida ley contra la situación del crimen organizado las autoridades municipales: bastará la presunción, el hecho de que exista algún indicio para que el fiscal general, a través del Secretario de Gobierno le solicite al Senado de la República la disolución del ayuntamiento.

Que, por cierto, ni siquiera eso hizo bien quien presentó la iniciativa, no se disuelve el municipio, se disuelve el ayuntamiento, que es el órgano de gobierno, y tampoco se define como delito el vínculo con el crimen organizado, porque lo que tipifica la ley son los vínculos con la delincuencia organizada. Hasta eso viene mal en las iniciativas, pero basta el indicio para suplantar la facultad que hoy tienen los congresos de los estados para poder disolver alguno de los ayuntamientos. Esto va en demérito de la autonomía de los estados, va en demérito de las facultades de los congresos locales, y ahora la presunción del fiscal con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, y una mayoría aquí, pretende imponer a los gobiernos municipales algún indicio en donde presuma haya o no haya pruebas.

No hay seguridad jurídica, no hay un debido proceso ni la discrecionalidad con la que se puede aplicar esta medida. Sin lugar a dudas, tendrá que aplicarse un enorme uso de carácter político.

Plantean también, en este esquema de rediseño de facultades, competencias y concurrencias entre la federación y las entidades federativas, nuevas disposiciones en los código penales; ya ni siquiera un Código Penal Unico, que fue lo que discutimos aquí en el período de sesiones anterior, sino incluso la aplicación del Código directamente por parte de la federación, sin intervención de la autoridad local; porque incluso se establece también que ya no es un asunto de concurrencia, sino de equiparación de delitos del fuero común con el federal, lo que implicaría, en todo caso, una "recategorización" del tipo de delito, para que no hubiera contradicción con las disposiciones locales y federales.

Finalmente respecto a la Policía Unica. No es un asunto solamente de desaparecer las policías municipales, sino también el gobierno federal se pretende arrogar la facultad para asumir el mando de las policías estatales, en el momento en que a su juicio no están cumpliendo con su responsabilidad.

Le dejan a los municipios, la facultad de hacer cumplir el mando municipal; se va a encargar del alumbrado público, de la limpieza de las calles, del ordenamiento vial, de los usos del suelo, etc., pero sin ninguna facultad coercitiva para ejercer esas atribuciones.

Le van a calentar al municipio al gusto del gobernador, a todos los presidentes municipales; este era el sueño de Genaro García Luna, tener desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal el mando indirecto de las policías estatales para poder desde ahí desarrollar un modelo muy centralizado de poder.

Yo creo que esta propuesta no resuelve el problema lamentablemente, que bueno que haya operativos en Tierra Caliente o en Michoacán, en Tamaulipas. Hubiera sido mejor una intervención oportuna del gobierno federal, porque los hechos de Iguala, de Cocula y de Chilapa, y de otros lugares se pudieron haber evitado porque el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, el CISEN, tenía la información suficiente para acreditar los vínculos del señor Abarca con la delincuencia organizada y no lo hizo.

Mejor, en lugar de estar discutiendo este decálogo de buenas intenciones, hay que exigirle al Ejecutivo Federal que aplique la ley, que vea porque el señor Yarrington tiene una orden de aprehensión en los Estados Unidos, y aquí se goza de plena impunidad. No nos ha dicho la Procuraduría cómo se tejió la red de complicidades y de corrupción que permitió la colusión de autoridades municipales y federales, para que operen los Guerrero Unidos y otros grupos delictivos en la zona de Guerrero.

No ha habido deslindes, no solamente de autores materiales o intelectuales, sino de quienes permitieron esta situación por acción o por omisión. Sería mejor que hubiera una rectificación de fondo, que se acabe con la impunidad que existe, en lugar de ir generando mayores contradicciones en un esquema centralizado que nos está conduciendo para la “disolución” del pacto federal que originalmente había dado lugar a nuestra nación. Por eso creo que hay que discutir esto con más cuidado, debería regresarse esta iniciativa al Ejecutivo Federal para que pongamos una discusión en serio y no estar discutiendo muchas ocurrencias.

Gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Permítanme iniciar con el recuerdo y reconocimiento de un político humanista Carlos Abascal Carranza, destacado militante del PAN que luchó por la congruencia entre lo público y lo privado, por la necesaria obligación de coherencia, honestidad y responsabilidad en el desempeño del ejercicio público.

Acción Nacional tiene pleno convencimiento de la urgente necesidad de recuperar el estado de derecho y la cultura de la legalidad. Estamos conscientes también, de la urgente demanda de la población en general, que requiere, ante todo, seguridad pública para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

En la campaña electoral de 2012, se prometió el cambio para bien de la población; durante dos años, el Presidente de la República y su partido político se negaban a reconocer la grave situación de seguridad pública nacional, la cual, en honor a la verdad, no es un tema nuevo, comenzó a gestarse desde hace varias décadas.

Después de manifestaciones multitudinarias de protesta, el titular del Poder Ejecutivo Federal, el pasado 27 de noviembre, nos anunció a todos los mexicanos una serie de medidas a tomar para estos momentos de crisis. Diez acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho, así lo tituló.

Las presentó en respuesta a la presión de la sociedad civil y la opinión pública para esclarecer los lamentables hechos de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo, hasta la fecha, las y los ciudadanos y este órgano parlamentario no conocemos un diagnóstico oficial que defina con claridad la situación nacional, partiendo también de las circunstancias locales, por supuesto, es fundamental emprender acciones urgentes y específicas en atención y respuesta a los dos mil 446 municipios restantes, no sólo Ayotzinapa.

No debemos olvidar que cada municipio tiene sus particularidades. Cuando se acepta una responsabilidad pública uno compromete capacidades y habilidades para atender las distintas problemáticas, para dar respuesta y procurar en todo momento, el bienestar social y la unión.

Como ciudadano, Enrique Peña puede exigir justicia y el esclarecimiento de los dolorosos hechos de Iguala y la demanda de que la barbarie no quede impune, así lo dijo, pero no como Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, porque es el responsable de garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos. Aunque los discursos pronuncien su obligación de encabezar los esfuerzos institucionales, no es suficiente, se requieren acciones contundentes.

El ejercicio público requiere de dos componentes fundamentales: por un lado, el andamiaje jurídico, las reglas del juego que permitirán el desarrollo de políticas públicas, y por el otro, la necesaria voluntad para acatar el cumplimiento de la ley.

Hay muchos factores por entender, cuestionar, señalar y hasta justificar el porqué de la realidad nacional en materia de inseguridad.

Y Acción Nacional lo ha mencionado, no sólo ahora en esta legislatura, sino desde hace décadas: el problema es el círculo perverso de justicia selectiva, corrupción e impunidad.

Del decálogo presentado, ya se ha dicho por los compañeros que me antecedieron, casi en su totalidad involucran al Poder Legislativo.

Al margen de la abierta contradicción política de la plataforma electoral que se presentó al electorado en 2012 y la nulidad de propuestas novedosas, la estrategia pretende; pretende, sólo lo digo, tener coincidencias con la del expresidente Felipe Calderón.

La Clave Unica de Población en un documento como la cédula de identidad, por cierto desechada por la entonces oposición, hoy gobierno, o la depuración de las policías, la principal diferencia entre hoy y el ayer es la voluntad política de los espacios del poder público, y que no se confunda: la propuesta de mando único del expresidente Calderón, que no se confunda, la iniciativa proponía crear el mando único policial a efecto de que todos los cuerpos policiales de las entidades federativas estuvieran en manos del gobernador de cada entidad, pero adoptaba el principio de corresponsabilidad que establecía el apoyo que deben brindarse las instituciones policiales entre sí y permitía la existencia de policía municipal con su respectiva acreditación.

Por cierto, quedó pendiente el dictamen correspondiente en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública; y Estudios Legislativos del Senado de la República.

Ayer llegó a esta soberanía una iniciativa presidencial que no será preferente, pero sí tiene el sello de urgente. En ella, para comenzar, se dan lineamientos que se prestan a la discrecionalidad para desaparecer a los ayuntamientos.

Es increíble.

Desaparecer a la autoridad más cercana a los ciudadanos, aquella que en teoría tiene conocimiento de la situación del municipio. ¿Dónde quedaron los fervientes revolucionarios defensores del municipio libre?

Sustituir instituciones no es la solución, fortalecerlas sí es parte de la responsabilidad del Ejecutivo Federal. Se responsabiliza al municipio de males y perversiones como si no existiera una mínima responsabilidad del trabajo del Poder Ejecutivo Estatal o del Gobierno Federal.

¿Dónde quedan las promesas para fortalecer el federalismo?

No era inequívoco el compromiso, que hasta pretendía un acto de inauguración presidencial del patio de este Senado.

Aceptar la debilidad institucional, es un reconocimiento al diagnóstico proporcionado por las administraciones públicas federales del 2000 al 2012 y no, no pretendo empezar con un abanico de reproches en la absurda repartición de culpas, porque el objetivo es atender y dar respuesta a las dificultades sin olvidar qué pasó, qué hicimos o qué dejamos de hacer en el pasado para tener la situación actual.

Desde el espacio parlamentario, en el Senado de la República, hemos trabajado para procurar un sistema jurídico nacional integral que ataque las debilidades institucionales; nuestro mayor esfuerzo se centró en lograr que se aprobaran, en el Senado de la República, diversas modificaciones para fortalecer a las instituciones, dotar de herramientas a las autoridades y fortalecer a las instituciones también en materia de justifica, seguridad y combate a la corrupción entre otras.

Destacan ordenamientos legales como: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por cierto, todavía pendiente y con cambios no tan claros en la Cámara de Diputados; Ley de la Policía Federal, Ley Federal de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

No son estos ordenamientos que también ayudan.

Me pregunto, si se han aprobado leyes, ordenamientos, reglamentos en todas las materias de la administración pública y el sistema de justicia; no valdría la pena primero vigilar la aplicación de las normas existentes sin mayor interpretación que el acatamiento jurídico y el escrupuloso respeto a los derechos humanos.

Reconozco que la efectividad no puede medirse por el número de iniciativas, reformas presentadas y aprobadas por consenso, sino por la eficiente operación de políticas públicas que se traduzcan en beneficios sociales que, en este caso, es terminar con el círculo perverso de pobreza, corrupción e impunidad.

Se requiere madurez política para fortalecer a las instituciones no para debilitarlas.

Desde esta tribuna pregunto, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública?, ¿qué ha pasado con el Registro Administrativo de Detenciones, el Sistema Unico de Información Criminal y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública así como con el Registro Nacional de Armamento y Equipo?

De nada sirve detener a los culpables de la comisión de un delito sin la participación o complicidad de la autoridad que ampara a los delincuentes. Poco contribuye a ser llamados a la credibilidad a los cuerpos policiacos, si no hay una depuración previa; sin mecanismos de control de confianza efectivos, no se podrá combatir con eficacia la inseguridad, corrupción e impunidad.

Aquel que es víctima de un atraco, debe tener confianza en el sistema de procuración de justicia y los mecanismos de tensión. No es posible que se carezca de una cultura de la denuncia por considerarse inútil, burocrática o por temor a represalias.

Senadoras y Senadores, desde el inicio de esta administración, Acción Nacional ha demostrado en los hechos responsabilidad y compromiso; se nos plantearon una serie de reformas a la conformación de la administración pública, se discutió y obsequió lo que a juicio del gobierno federal era necesario para transformar a México. Se hizo una concentración de facultades y atribuciones en la Secretaría de Gobernación, como si el resto de las dependencias, no tuvieran que dar respuestas por sus acciones u omisiones.

Vale la pena revisar si ese modelo funcionó, no es deseable, no podemos regresar a la figura del poder autoritario que pretende controlar desde centro.

México ha cambiado, démonos cuenta.

La sociedad está más informada, más interesada en acabar con esas prácticas del pasado, es más crítica en cuanto al desempeño de sus autoridades, de los políticos, de la policía.

La sociedad tiene mecanismos de comunicación instantánea, masiva y eficiente, como son las redes sociales, que reportan y señalan la actuación y abusos de la autoridad.

El gobierno debe tener sensibilidad para escucharnos, pero más, para atender sus legítimas demandas.

En el concierto internacional, ni cómo negarlo.

Nos han calificado de un estado fallido, con poderes públicos totalmente fuera de control, vinculan los hechos de Guerrero con la crisis de corrupción.

No puede haber un titular del Ejecutivo con solo la fama de un liderazgo reformador, que impulsa sólo acciones legislativas como si hoy la Presidencia de la República fuera la coordinación del Congreso de la Unión, y no la autoridad responsable de ejecutar la política pública y los mandatos legales ya aprobados. Ejecutar como autoridad es lo que necesitamos del titular del Ejecutivo.

Las y los mexicanos demandan explicaciones sobre escándalos que involucran a la clase política, es decir, transparencia y rendición de cuentas; requieren garantías de seguridad más que discursos, sólo con sensibilidad política, se encontrarán los elementos para atender y entender los justos y legítimos reclamos sociales.

Las acciones que se desarrollan darán pauta para disipar las dudas sobre el ejercicio público, que para un funcionario de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, abarca el ámbito privado.

Al inicio de este segundo tercio del sexenio, bien valdría un ejercicio de evaluación crítico para ponderar qué ha funcionado, qué se ha omitido; se ha tenido un desarrollo deficiente, qué se puede corregir.

En el ejercicio público, el gobierno federal no debe caer en la tentación de gobernar a México, como si se tratara del Partido Político del Presidente de la República, en el que manda delegados a los estados en cada proceso electoral para definir candidaturas y trabajar la estructura interna.

El gobierno federal, ahora lo llama comisionados, al menos en Michoacán. No puede ser que al paso del tiempo tengamos comisionados en todos los municipios del país.

El punto es coordinarse con los Poderes de la Unión, no subordinarse ni someter; el PAN actuará con responsabilidad, no nos negamos a cambios legislativos como parte de nuestras obligaciones, pero seguros estamos de que el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad, revisar si es necesario los cambios en su gabinete, vigilar si la política pública se está aplicando correctamente, pero especialmente, el Ejecutivo debe dejar de repartir culpas.

Es cierto, todos somos responsables de nuestros ámbitos de competencia, y el grupo parlamentario del PAN así lo asumirá, asumirá su tarea, pero exigimos también que el Ejecutivo Federal cumpla con la suya.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Adriana Dávila.

En uso de la palabra el Senador Enrique Burgos, del PRI.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

En uso de un derecho propio de Senadoras y Senadores, de partidos políticos, hemos compartido esta tarde diversos puntos de vista, todos atendibles, todos merecedores de atención.

Pero con la misma atención, yo quisiera pedirles atentamente me permitieran compartir otro punto de vista.

Yo creo que por encima de las funciones estrictamente de gobierno en los tres poderes o en los tres órdenes gubernamentales, hay una condición que por diseño constitucional se sintetiza en la figura del Presidente de la República, es el Jefe de Gobierno, pero también, es el Jefe del Estado Mexicano, y eso le lleva, le invita, incita a buscar las mejores alternativas, a buscar mejores opciones, a identificar posibles alternativas a un escenario efectivamente complejo.

Quisiera también advertir que el tema, el tema que hoy nos ocupa, valdría la pena intentar situarlo. ¿Quién es el verdadero adversario? ¿Quién es quién ha lanzado un reto al Estado mexicano?

Mi convicción es que la delincuencia organizada, que el crimen organizado es el que verdaderamente le lanza un reto al Estado mexicano. Y partidos políticos, legisladores, obviamente estamos en el interés y en la obligación de defender nuestros puntos de vista como partido.

Partido es parte. La connotación de partido político es ser parte; pero también es cierto que todos estamos obligados, cuando se trata de identificar la indispensable unidad del Estado mexicano, algo por encima, algo que nos alcanza a todos.

Partido, parte, pero indispensable; unidad, lo que requiere el Estado mexicano, su unidad.

También debo decir que en estos ejercicios de comentarios, de posicionamientos, no se trata de enjuiciar el pasado. Yo lo he dicho y lo reitero esta vez. A los Presidentes de la República los califican dos cosas: el pueblo y el tiempo. Sería inocuo decir: “Son culpas de aquí o de allá”. La realidad es que tenemos un problema presente, de altísima significación.

Hace unos momentos, la Mesa Directiva ha hecho un turno de una Iniciativa, que en uso de facultades constitucionales presenta el Presidente de la República; se turna a Comisiones de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Demos, o démonos la oportunidad de que en las comisiones podamos aportar, podamos analizar, podamos discutir con detenimiento y con profundidad, que finalmente serán las comisiones y luego el Pleno, quienes tengan la determinación final de esta Iniciativa.

Conozcamos nuestras diferencias, nuestros puntos de vista. Pero yo pediría, en mi condición de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que nos demos la oportunidad de llevarlo allá, al espacio legislativo, al espacio que le corresponde, sin demérito del derecho que cada quien tiene de hacer sus valoraciones y sus propias expresiones.

Obviamente, el partido en el que milito, el PRI, está abierto, no excluye por anticipado, no descalifica ninguna posición, todas son respetadas y son respetables por su origen, y supongo que también por la intención de abonar a la perspectiva del Estado mexicano.

En síntesis, aportemos, digamos lo que nos convence o lo que no nos convence, y agotemos el trámite legislativo, insisto, sin detrimento de la oportunidad de que en este Pleno se pueda decir lo que mejor se estime, sin olvidar que el camino constitucional de las definiciones habrá de agotarse justamente, primariamente en el análisis que formen las comisiones.

Lo que ocurre es que el debate mismo nos deja en claro, que es un tema del mayor interés, que es un tema de altísima calificación, que es un tema que a todos nos alcanza.

Hagámoslo, llevémoslo, y encausemos institucionalmente nuestras diferencias o nuestras oportunidades de coincidir en lo fundamental.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Burgos García. Siempre es un placer escucharlo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, que también siempre es un gusto escucharlo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

En esa larga y sorpresiva discusión para algunos; a otros los veo que ya traen sus textos escritos desde antes, pero en fin; en esa larga discusión, yo saco la conclusión de que el PAN va a votar en contra, y que el PRD también, porque lo que se ha dicho es muy claro, en este lado y en este otro. O sea, no vamos a tener bronca constitucional, digo, si mantenemos las posiciones que aquí se han expresado.

El caso es que muchas veces no se mantienen y entonces aparecen los acuerdos, y tal y cual.

Pero para empezar, yo quiero reiterar lo que dije en mi primera intervención.

El famoso decálogo de Peña Nieto, no tiene nada que ver con el problema que se le presenta al país, el decálogo de Peña Nieto, es una cortina de humo, el decálogo de Peña Nieto, lo que persigue es que ya pasemos a otra cosa.

Ya nada de discusión que quedaba pendiente de la Casa Blanca ese molesta mucho, y las otras casas. Ya nada de discusión de asuntos como de la Procuraduría, de aquí, de allá, del ejército. ¡Nada! Esta es la gran solución, aquí está, y es mentira. No tiene nada que ver.

Aquí decía Burgos, hace un momento: que el estado, la diversidad y todo esto que se dice, no se descalifique.

No venimos aquí a atacar, a discutir o a aceptar posiciones.

Tenemos un problema, dice Burgos, que es el adversario, y el adversario es el narcotráfico. Entonces, esto es una cuestión de narcotráfico, y no es cierto, no es cierto. El problema es del Estado mexicano, ese es el problema.

El problema es que el Estado mexicano calificado, decía yo, por periódicos internacionales, como estado mafioso, o estado fallido, ese es el problema. Y el problema es que el responsable de este problema de estado fallido y de estado mafioso es el Ejecutivo de la Unión; no es el municipio, esa es una manera de salir hipócritamente del problema. El Presidente, y volvemos a repetir, es el responsable de la seguridad nacional.

El Presidente es el responsable de la información.

El Presidente tiene al ejército en todo el país distribuido, en Guerrero, y en todos lados; el ejército tiene mano y la marina también. El Ejecutivo es el responsable de la inteligencia, de la información.

Aquí se dijo, de repente, que no le informa a Abarca. Si no le informa a Abarca a tiempo bien, pues entonces no funcionan los sistemas de información. Esas son realmente salidas que no corresponden al problema.

Señores Senadores, los que quedan aquí, les quiero decir, que recordemos que estamos en una verdadera crisis, y se ha dicho, poco soslayado, otros con mayor claridad. Es una crisis institucional, es una crisis del Estado, es una pérdida de confianza, desde el Presidente de la República hacia para abajo.

Esa es la crisis, es una crisis de legitimidad, es una crisis de autoridad moral, que no se corrige con esto que presentado. Nada de eso se corrige.

No ha tenido Peña Nieto y su equipo, el talento necesario para salir y enfrentar una crisis. Un hombre de Estado, en cualquier lado del mundo sale, y enfrenta una crisis de este tamaño.

Están retrasando la salida, para echarle la culpa al municipio, que es un absurdo.

Ya sabemos que Abarca fue el responsable de todo. Aunque nunca lo han presentado. Abarca ya está detenido, el responsable de todo, y nadie sabe dónde está, y nadie sabe qué ha dicho.

Pero ya es el responsable, y ya, se acabó, es el municipio, ejemplificado en Abarca y su mujer, verdad. Es el municipio no es cierto. Es el Estado, y es el Jefe del Estado, el responsable de lo que ha ocurrido. Y mientras quieran ocultar eso, no vamos estar atacando el problema.

Aquí se ha adelantado un poco la discusión de estas iniciativas. Que tienen verdaderas barbaridades.

Es una destrucción del Estado, como aquí decía Encinas, verdad. Es acabar con el municipio, que es la célula básica del Estado. Es un absurdo decir, que va a vigilarse a través de los gobernadores.

Miren ustedes: el estado de Puebla tiene 217 municipios. Ya veo, al gobernador del estado, teniendo una policía que ande brincando de un municipio al otro. Que cuide el portal, que esté pendiente del chisme de no sé quién. Es absurda esta situación. Es el solo pretexto de decir, yo no fui, eh. El procurador sabía perfectamente lo que pasaba. Ahí esta el 27 Batallón de Infantería, a unos metros de la matanza y del secuestro.

¿No, es responsable del Ejecutivo de la Unión? Claro que lo es. Y no oculten. Debería haber aquí un análisis crítico, y no lo hay. No ha venido el Presidente, a decir lo que pasó y analizar lo que pasó con sus gentes.

Como por ejemplo, del tren chino éste. Ya se nos olvidó el secretario, el Secretario de Comunicaciones, ahí sigue sentado. Echaron abajo el tren chino, porque estaban metidos los amigos negociantes de Peña Nieto, verdad.

Pero aquí es de lo que se trata. Vamos a fingir, vamos a decir, es el municipio. Y vamos a hacer una reforma constitucional en el municipio. Y se nos olvida el problema.

Yo quiero volver a tocar, el tema de “Fuera Peña”. Aquí se me recomendó, hace un momento, por Fayad, que no me deje manipular. Que ese grito “Fuera Peña”, no es un grito real.

Porque tal vez en Televisa no lo oyeron, o en TV Azteca o en Milenio. No oyeron el grito constante, desde hace tres meses en las calles de este país. Y se dice “Fuera Peña”

Porque ha perdido legitimidad, y no la restaura, con esto que está presentando. Pero ya estamos discutiendo, que si el artículo tal y que se va.

No, no, esto no es respuesta al enorme problema que tiene México.

Y se equivocan, si piensan que con las televisoras y esta realidad virtual, y los escenarios de Televisa, con todos aplaudiendo al señor lo que diga, se va a resolver el problema.

No se va a resolver. Vamos a seguir en una crisis, en una crisis de Estado, es una crisis moral, en una crisis de legitimación de gobierno. Eso es lo que hay. Fayad nos dice que, insisto, que no me deje manipular.

Resulta que, ese grito, se le atribuye a una persona. A un maloso que anda por ahí, empujando a las masas, a repetir “Fuera Peña”.

¿Bueno, no lo han oído?, ¿qué no tienen la menor sensibilidad para saber lo que está gritando la gente en las calles, por miles y miles en todo el territorio nacional?

Una revista por ahí dice que toda esa movilización es la guerrilla. Fíjense, otra salida. Tenemos aquí -dice la revista- un estudio de inteligencia militar. ¿Cómo lo obtuvieron, no sé? Pero que inteligencia que se deja quitar su estudio.

Y dice, vean todas estas masas, es la guerrilla, es la guerrilla, verdad.

Osorio Chong, ahora nos viene con otra, verdad. Bueno, después de que Peña dice que son las fuerzas, las fuerzas que lo quieren desestabilizar. Son las fuerzas que están en contra de las reformas estructurales.

¿Bueno, qué no pueden oír lo que está pasando? Hay una insensibilidad de este tamaño.

Y Osorio Chong lo vuelve a recordar. Ayer dijo, este es un asunto que viene de lejos, dice el Secretario de Gobernación. De Gobernación y encargado de la policía, también. Es un asunto que viene de lejos, de muy lejos, no sé qué tan lejos. No sé qué tan lejos, ahí se los recomiendo que le hagan una pregunta.

Pero es un asunto que desde que decidimos y discutimos las reformas, la reforma energética, verdad. La reforma que sabía que tiene el 60% en contra, desde entonces sabíamos que esto iba a pasar. Esto es el rebote de la reforma energética.

¿Qué es esto? Pues es lo mismo, es regresar a querer echar la culpa, a toda una serie de desestabilizadores.

No, no es así. No es la guerrilla, eh. No es el rebote de la reforma energética, que ya llegará. No es la manipulación de un solo hombre perverso, que por ahí anda, y que es capaz de movilizar a todo el país, a todas las ciudades, todo el tiempo y en el exterior.

No, no es eso. Es una crisis del Ejecutivo. Es una crisis del Estado, es una crisis que no atiende este decálogo, ridículo.

Entonces, si vamos a discutir ese decálogo, pues no vamos a resolver el problema.

Lo único que vamos hacer, es ayudar. Vamos a discutir en 15 días, con una gran intensidad. Bueno, ya lo sé, lo sabemos cómo votan. Vamos a resolver esto, que es tan necesario para el país.

No tiene nada que ver con la crisis que estamos viviendo, y se equivocan, y se engañan diciendo que es algunas de estas cosas. Se engañan, y México va seguir padeciendo, un gobierno desmoronado, sin autoridad. Y por eso grita la gente, no una persona “Fuera Peña”

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

En uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

¿Problema de estado? Sí. Un problema que se genera en el estado de Guerrero. Generado en el municipio de Iguala. ¿Cortina de humo?, ¿cuál?, ¿acaso aquella que algunos crearon para dejar atrás esas fotografías?

Aquí hay quienes creen que sí saben cómo resolver los problemas. Y piensan que tirando el sistema, es la solución.

La legitimidad, compañeras y compañeros, se gana en las urnas. Donde otros, no lograron esa mayoría.

Pero ahora sale el peine, la razón de todo esto se debe a la reforma energética, que queden claros esos dichos.

El Presidente de la República no evade su responsabilidad, en el Partido Verde reconocemos el decálogo presentado por el Presidente de la República para fortalecer el Estado de derecho, la justicia y la seguridad en nuestro país.

En el anuncio del Presidente, hay un claro reconocimiento de que los avances en materia de seguridad y justicia que ha tenido el Estado mexicano en su conjunto, son insuficientes para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional.

México debe cambiar, se debe de construir un pleno estado de derecho.

El Presidente de la República mostró sensibilidad y apertura para escuchar las diferentes voces que reclaman un México seguro, en el que se respeten los derechos humanos.

El mensaje fue claro y contundente, lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, no puede presentarse de nuevo. México tiene que cambiar en materia de seguridad y justicia. Y ese es el objetivo del gobierno de la República.

Este debe ser también nuestro objetivo, compañeras y compañeros Senadores, como representantes populares, como ciudadanos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestro país.

Durante los últimos dos años, este Senado de la República ha debatido una serie de reformas estructurales, lo ha hecho de forma respetuosa, con argumentos y con la participación de la sociedad civil de las diferentes expresiones sociales y de las diversas fuerzas políticas.

Hoy en temas sensibles como la seguridad y la justicia, no puede ser de otra manera. Las reformas que hemos aprobado en este Senado, han servido también para fortalecer al Estado mexicano para rediseñar las instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mencionar simplemente algunas.

Lo que nos ha guiado en este proceso, es precisamente el reconocimiento de que hay vínculo entre las instituciones y el desarrollo de los países.

El Congreso ha trabajado y ha hecho su parte, el gobierno de la República se encuentra trabajando para implementar dichas reformas y traducir sus beneficios para todas y todos los mexicanos.

Por ello cobra gran relevancia el decálogo del Presidente Enrique Peña Nieto, porque lo que busca es el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en materia de seguridad pública y de procuración y administración de justicia.

Este decálogo conjuga instrumentos para brindar seguridad a los ciudadanos y combatir de forma eficaz la infiltración de las policías municipales por parte del crimen organizado.

Establecer una clave única de identidad, generar seguridad jurídica en los procesos de evaluación, supervisión e intervención de las policías, facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, mejorar la justicia cotidiana que afecta la vida diaria de los ciudadanos, y crear el Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar un mayor desarrollo en las zonas de marginación y desigualdad presente en la región sur de nuestro país.

Durante los últimos años el Estado mexicano se ha dedicado a construir capacidades institucionales para la resolución de los diferentes problemas y demandas que tienen todos los ciudadanos.

Compañeras y compañeros, sigamos por este camino de fortalecimiento institucional. Dejemos atrás los reclamos, los protagonismos y al paternidad o no de las iniciativas.

A diferencia de lo que ocurría en años pasados, en los dos últimos años,  las reformas las propone y las ha impulsado el Presidente de la República.

Se busca el consenso de los diferentes partidos políticos y son enriquecidas, debatidas y analizadas en el Congreso, con la participación de amplios sectores de la sociedad.

Las reformas son de todas y todos los mexicanos, son del Estado mexicano. Por ello los invito de manera respetuosa a retomar de nuevo el debate intenso, serio, para analizar las propuestas que ha planteado el Presidente de la República.

No olvidemos que somos mucho más los mexicanos que queremos un México en paz, un México justo, un México solidario, un México incluyente.

En mi partido trabajaremos y respaldaremos al Presidente Enrique Peña Nieto para resolver los diferentes problemas a través del diálogo, las instituciones y el respeto pleno al Estado de derecho.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Puente Salas.

En uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

He tratado de darle seguimiento a las participaciones de mis compañeros y compañeras que me han antecedido, y la verdad es que tengo sentimientos encontrados sobre las distintas posiciones que a mí me ha tocado escuchar aquí, me ha tocado escuchar a alguien del Partido Acción Nacional diciendo que el Presidente solamente se dedica a echar culpas, y recordaba yo, que era precisamente lo que hacía el Presidente Calderón, cuando les echaba la culpa a los gobiernos estatales.

Al mismo tiempo me quedaba pensando, bueno y eso qué, qué importa, qué le dice a la gente, a esas madres que hoy cuando llegan las policías comunitarias en Guerrero a preguntar si conocen fosas, fosas que están en Guerrero, pero que se parecen a las que aparecieron alguna vez en Durango, o a las que seguramente están en Jalisco, las que están en Veracruz.

Y son madres de jóvenes, como los que estamos aquí. De jóvenes que pueden haber tenido algún futuro distinto y que terminaron, siendo levantados y desaparecidos en una fosa clandestina. Y es una madre, un padre, el que se estira el brazo para dar una muestra de sangre.

Y después escuché a mi compañero Enrique Burgos, que siempre es atento en su lenguaje y en su discurso, decir que el tema es que es un problema que se nos presenta al Estado, que la delincuencia organizada le lanza un reto al Estado mexicano, como si fuera una cosa aparte. Como si hoy no hubiera políticos, diputados, legisladoras, gobernantes en los distintos niveles de los cuales podríamos presumir que están involucrados en las actividades criminales.

Y querer pensar que ese discurso es de otros que están afuera, en lugar de ver que el problema es estar adentro, pues es quedarnos también con algo que termina siendo igualmente hueco. Que no le comunica nada a la sociedad, a esas madres que estoy tratando de recordar, porque nos tiene que quedar un poco de humanidad en este cuerpo colegiado, porque es precisamente eso, lo que está motivando que la gente salga a la calle.

Y soy Senador por el Estado de Guerrero y milito en el Partido de la Revolución Democrática. Partido que llevó al poder a José Luis Abarca. Partido que gobernaba el estado de Guerrero cuando ocurrieron estos hechos.

Y lo reconozco porque también, en ese sentido, solamente reconocerlo y hacerlo como parte de un problema, pero como si fuera algo distinto, pues es igualmente hueco para la gente.

Escuchaba al Senador Bartlett: “Fue Peña, es Peña. Acabemos con Peña”.

Bueno, eso es su posición política. Y a dónde llegamos con ese planteamiento político.

La verdad, compañeros, es que al escuchar los discursos de cada una de las personas que me han antecedido, me doy cuenta, de que como clase política, estamos totalmente huecos.

Huecos de entender el problema que se presenta hoy en el país. Huecos de entender que el problema va desde Tamaulipas, hasta los últimos rincones de Michoacán y que implica a todos los partidos políticos y actores de todos los órdenes de gobierno.

Si queremos hacer de este discurso un discurso de culpas, un discurso partidista, pensando que se hicieron mejor las cosas cuando la herencia fue de cien mil muertos y que hoy van veinte mil, tal vez han bajado las muertes dolosas, pero han incrementado los desaparecidos, y pensar que eso es un éxito en términos de gobernabilidad. Pues la verdad, compañeros y compañeras, es una autocomplacencia terrible, terrible.

Y ahí hay que echarle en cara algunos de los planteamientos que se han hecho aquí. Ustedes creen verdaderamente que los diez puntos que presentó recientemente el Presidente de la República con bombo y platillo, con toda la fuerza del Estado, representando a la posibilidad de cambio, realmente le dicen algo a la sociedad.

Ese mismo día, compañeros, en Chilapa, municipio del estado de Guerrero, entregaron once cuerpos decapitados antes del anuncio del Presidente. A treinta minutos de Ayotzinapa estaban entregando once cuerpos de jóvenes, jóvenes que no han tenido un destino en este país, cuyo único destino fue que sus cuerpos aparecieran mutilados y que fuera el preámbulo del discurso del Presidente.

Entonces, compañeros, yo creo que hay que tener capacidad de autocrítica y hay que salirnos de la autocomplacencia. Cuando me toque escuchar discursos escritos, que ya vienen procesados por los asesores, para hablar de los diez puntos con su magnificencia y decir que la línea de comunicación telefónica ahora será un gran éxito.

O decir que aquel tema, y qué bueno que se haga un evento en tierra caliente, allá en Michoacán, en mi tierra, en Guerrero, pero decir que eso es una respuesta suficiente para la crisis del estado de derecho que tenemos, pues la verdad, compañeros, entonces, o una de dos, o no nos ha tocado entender el problema que estamos viviendo, o simple y sencillamente queremos ser parte de ese problema.

Yo me niego a ser parte de ese problema. Creo que aquí hay hombres y mujeres, 128 personas con distintos talentos, conocimientos, espíritus y pasiones, que creen que este país tiene un futuro diferente. Yo como ciudadano del estado de Guerrero, estoy convencido de que mi estado tiene un futuro distinto, pero no son esos diez puntos. No es pensar, que una investigación que tendría que tener conclusiones definitivas se puede quedar ahí, al tiempo, a que llegue diciembre, que se termine la calentura del momento y que se olvide lo que pasó en Iguala, que se olvide lo que pasó en Cocula, que se olvide que hoy hay quince municipios intervenidos, y no sé cuántos más en otros estados.

Esas, compañeros, son las reflexiones que nos tendrían que estar motivando para saber si estas iniciativas son suficientes. Puede haber posiciones a favor, puede haber posiciones en contra; pero en este momento, compañeros y compañeras, lo que México requiere es que el Estado mexicano, del cual somos parte, resuelva la problemática profunda que enfrenta la sociedad, sin andar repartiendo culpas, porque esa forma de repartir culpas es entender que uno no es parte del problema.

Y se lo digo al PAN, que nos heredó esos cien mil muertos, se los digo al PRI que tiene esos veinte mil en la contabilidad ahorita, y los desaparecidos creciendo. Lo digo desde el partido político en el cual milito, porque somos parte de esa decisión, de haber tenido en Iguala un candidato que resultó traicionero a la confianza ciudadana.

Me parece, compañeros y compañeras, que hay que darle altura a este debate. La calle está tomada y está tomada por una sociedad de luto, indignada y movilizada, porque siente que estos cuerpos, como el Senado, solamente se quedan viéndose al ombligo, y no podemos permitir eso.

Yo siempre lo digo, cuando trato de pensar en un futuro distinto para este país, tengo un hijo que hoy tiene siete años, y una hija que tiene cuatro; ¿cuál es el país que van a tener en veinte años? ¿En veintisiete años, cuál va a ser su destino, cuando terminen, la Universidad? Que los agarre alguien, que los secuestre, que los levante y que se vuelvan más una cifra de la inseguridad, y entonces, que quienes entonces sean Senadores de la República se queden solamente viendo y diciendo: “Atenderemos el llamado del Presidente de la República, quien nos ha pedido celeridad. En trece días habremos de transformar la Constitución para garantizar un nuevo modelo de seguridad pública”.

Yo creo, compañeros y compañeras, que México reclama más de nosotros, que este es un tema sentido, sentido por muchos de nosotros, y sentido por muchos millones de hombres y mujeres que están allá afuera viendo cómo la impunidad y la corrupción día con día corroen a nuestra sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Le faltó un minuto y medio, Senador. Gracias por abreviar su tiempo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeros Senadores:

En el decálogo que presentó el Presidente Peña hay dos enormes ausencias, claro, además de la originalidad. Falta autocrítica y faltan acciones en su esfera de competencia que vayan en serio, en contra de la corrupción, o al menos que sirvan para disipar, si es que es posible, las sombras de conflicto de interés que caen sobre su gobierno y sobre él mismo.

Nada de eso hay en su decálogo, y es grave. Es grave para todos, para todos los mexicanos, porque un líder cuestionado de esa forma, y sin respuestas es como un toro estocado. Y es verdad, como se ha dicho aquí, que la autocrítica debe de ser para toda la clase política, empezando por el PAN, mi partido, pero también por otros partidos, como el PRD, porque ha habido gobernadores, como el propio Angel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, que dijo: “Todos quisiéramos tener ya certificada nuestra policía al cien por ciento, sin embargo, nuestra realidad es otra. No aspiremos a una policía como la suiza, o alguno de esos países tan avanzados, la realidad es que el salario que perciben hoy los policías en los estados, en el mejor de los casos, ganan 8 mil o 10 mil pesos”.

Y así es, con esta claudicación expresa de un gobernador es como se explica la tragedia de Iguala. Este gobierno, el Gobierno Federal nos ha quedado a deber en seguridad, en crecimiento económico y en combate a la corrupción; pero además tiene ahora otro problema, la falta de credibilidad.

Y esto es quizás más grave aún, porque le resta liderazgo, le resta fuerza para emprender muchas de las acciones que se necesitan y para exigir a sus propios subordinados, policías, miembros de las fuerzas armadas y contralores, así como para impulsar que los gobernadores, alcaldes, los ministerios públicos y jueces corrijan el rumbo.

La falta de credibilidad es abrumadora y medible, ahí están las encuestas de esta semana. La aprobación del Presidente de la República ha caído dramáticamente. De estar entre líderes de opinión en 78% de aprobación, hoy está en 21%, según el Diario Reforma.

¿Cómo podemos creer si ante la indignación nacional y la sospecha, por decir lo menos, que ha generado la forma de la que se hizo la familia presidencial, de la llamada Casa Blanca? La respuesta de la Presidencia, con una enorme falta de sensibilidad, es dar carpetazo.

El asunto está cerrado, ha dicho el Jefe de la Oficina de la Presidencia, como si un asunto de esta magnitud, ni más ni menos del tamaño de 87 millones de pesos, pudiera ser escondido debajo del tapete y olvidarse. ¿Cómo podemos creer? si los órganos responsables de investigar y deslindar conflicto de interés y tráficos de influencias por parte de los servidores públicos aún sea el Presidente no han hecho absolutamente nada, la ley está de adorno.

¿Cómo podemos creer?, si aun cuando claramente la ley establece que las propiedades de los cónyuges, de los servidores públicos deben ser declaradas por éstos; aún no podemos saber si efectivamente fueron declaradas Porque las versiones públicas que se presentaron de la declaración patrimonial del Presidente no lo reflejan.

Y por cierto, ya que en el decálogo del Presidente, se incluyeron muchas ideas y propuestas de Acción Nacional, llama enormemente la atención que en este tema tan importante el Presidente Peña no haya retomado la práctica del ex Presidente Felipe Calderón, de hacer completamente pública su declaración patrimonial, incluyendo, como lo establece la ley, los bienes de su esposa. Y aquí está la declaración pública, que todos podemos acceder en Internet.

Quiero recordar cómo empezó este sexenio. Dos años atrás se firmó el pacto por México, una alianza histórica, que después de quince años de gobiernos divididos logró desparalizar el Congreso y avanzar en la construcción de un país mejor. Todos pusimos de nuestra parte.

Las dirigencias de los partidos de oposición incluso sufrieron críticas y pagaron el costo de la división interna por apoyar al gobierno. A este gobierno no se le ha escatimado nada, confiamos en él, y por eso decepciona e indigna la falta absoluta de ética pública con la que se ha comportado. Hemos presentado en el PAN varios puntos de acuerdo sobre la Casa Blanca, porque en el PAN creemos que es inaceptable el carpetazo que pretende dar la Presidencia.

Queremos que en este país las instituciones hagan su trabajo, y la ley se cumpla. Queremos que la contraloría del Estado de México y la Secretaría de la Función Pública hagan su trabajo, y deslinden responsabilidades; y, si no hay conflicto de interés, que se aclare. Queremos que en este país deje de reinar la impunidad y que la ley se aplique.

Cuando veamos que los amigos del Presidente no son de los recurrentes ganadores de las licitaciones; cuando constatemos que los programas sociales no son utilizados para fines electorales; cuando veamos a todos los servidores públicos del gabinete hacer pública su declaración patrimonial completa; cuando nos demuestren que no hay conflicto de interés en lo relativo a la Casa Blanca, que la empresa favorita de los gobiernos del Presidente, construyó para su esposa y su familia, en vez de dar carpetazo para eludir la explicación que todo México espera; y cuando veamos autocrítica, acciones y no sólo discursos, comenzaremos a creer que las propuestas del Presidente son de fondo y van en serio.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Sonido, por favor en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto, señor Senador?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Para hechos, desde su escaño, se le concede el uso de la palabra señor Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Seré muy breve, primero felicito a Laura Rojas, que ha sido muy valiente, muy clara, y expresa con toda nitidez que no hay autocrítica, y que lo que decíamos nosotros, que se brincaron los problemas principales que están reclamando, muy bien, Senadora.

Yo había pedido para alusiones personales de Ríos Piter, que ya no lo veo por ahí .

Ríos Piter me confundió porque pareciera que está en contra de todo lo que se dijo o a favor de lo que se dijo, me señaló a mí, y dijo, cuando oigo a Manuel Bartlett decir que el responsable es Peña Nieto, no sé, parece que le preocupó a Ríos Piter este planteamiento.

Pero, él hace un análisis general para que no haya quien le eche las culpas a otros.

Bueno, los debates aquí son para discutir a fondo, no es descalificación, es un señalamiento absolutamente fundado.

¿Por qué digo que Peña Nieto es el responsable?, se lo digo a Ríos Piter,  tal vez no esté oyendo ya , es porque si abrimos la Constitución y leemos una por una de sus facultades, podemos llegar a la conclusión simple y llana, el responsable de lo que ha ocurrido en materia de seguridad nacional es el Presidente de la República, Peña Nieto.

Por eso quería hablar, porque me pareció un poco confuso lo que dice nuestro amigo Ríos Piter. Y por lo de Laura Rojas, muy bien, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente. Compañeros legisladores:

Gobernar es escuchar, es recapitular, incluso corregir, y también tomar decisiones. Eso es precisamente lo que ha hecho el Presidente Enrique Peña Nieto.

Enrique Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos, y como Jefe del Estado Mexicano, lo que está haciendo es atender las justas demandas de todos los sectores y dar respuestas puntuales a las preocupaciones de los mexicanos.

Las propuestas que nosotros hemos revisado, nos revelan que se necesita una cirugía mayor, una cirugía mayor al Estado mexicano.

Eso, es lo que se ha propuesto, y va más allá, inclusive que solamente pensar que es una declaración de un decálogo cuando finalmente lo que estamos proponiendo son acciones concretas que tienen que ver primero, con fortalecer acciones en materia de seguridad, segundo, con políticas en materia de desigualdad y de desarrollo regional, por supuesto, para poder combatir la corrupción y la impunidad.

Para nosotros se trata de una visión integral, se trata de hacer un planteamiento que satisfaga las más diversas circunstancias por la que atraviesa nuestro país.

Esto es lo que hemos querido abordar en este debate, pero sobre todo, es hacia lo que queremos transitar y resolver en las discusiones de los días que están por venir.

He escuchado, como siempre lo hacemos, con mucha puntualidad los planteamientos aquí señalados por los más diversos representantes de los grupos parlamentarios, sin duda, creo que podemos diferir en muchos aspectos, coincidir en otros, pero hay uno que es fundamental, se trata en tener rigor en el análisis, y sobre todo, sí, crítica sí, pero sobre todo propuesta, y más aún poder encontrar soluciones.

Esto es lo que al grupo parlamentario del PRI le preocupa, y esto es lo que nos ocupa, y esto es a lo que les invitamos.

En las muy diversas intervenciones, que tiene razón, en ocasiones, desafortunadamente quedamos algunos, salen otros, y no hay esta posibilidad de que puedan también escuchar lo que nosotros pensamos.

Pero en estas intervenciones escuché muy diversas circunstancias, retomaré algunas de ellas, por ejemplo, se habla, y en el PRI estamos convencidos de que es necesario fortalecer el municipio, yo soy una convencida de ello, por supuesto que quiero que se fortalezca el municipio.

Sin embargo, hay muchos ejemplos que nos dan justamente nociones en contra de lo que ha representado esta situación.

En los últimos años, las competencias de los municipios se han multiplicado, no así sus recursos, por ejemplo, se habló del tema de los centros de confianza, y bueno, yo quiero decirles que en aquella época me tocaba ser presidenta municipal, absolutamente todos estuvimos de acuerdo, sin embargo, esta medida que teóricamente era impecable, en la práctica era inviable.

Recuerdo que, no solamente no existían el número suficiente de centros autorizados de control de confianza, ni siquiera cuando se tomó la medida existían los profesionales en polígrafo suficiente para poder realizar la implementación del control de confianza a todos los cuerpos corporativos de policías en el país.

Sin duda, lejos incluso de lograr el tiempo, era el alcance de lo que se buscaba con esta medida.

Recuerdo, y lo cuento como anécdota, pero así como en éste, hay muchos casos al respecto, en donde teníamos a personal recién egresado con los mejores perfiles en abogacía, con los mejores perfiles en criminalística, y aún ellos no pasaban el control de confianza, y no lo pasaban porque la prueba, inclusive no nos estaba dando los alcances que pretendíamos lograr.

Así también, hablaban de centros de control de confianza, y de que hay ausencias en este momento; yo recuerdo, y lo digo no como un tema de acusar culpas, efectivamente en el PRI no nos interesa acusar culpas, sino de asumir realidades.

Recuerdo que no solamente, no se tuvo en algún momento al titular del centro de control de confianza, ni siquiera teníamos el relevo oportuno de quienes estaban al frente del Consejo Nacional de Seguridad; el tiempo que pasaban las autoridades municipales o estatales para poder obtener la firma del documento que autorizara el ejercicio de los recursos era por semanas, a veces por meses, el tema incluso cuando se hablaba de presupuestos, no es del monto, es de su viabilidad y su oportunidad en la aplicación.

Y, así podría mencionar muchos otros ejemplos, ejemplos en los que incluso cuando hablamos de la pertinencia de las policías municipales, en general de las policías en el país y en los estados, vale la pena traer a colación algunos datos, a todos nos interesa saber los datos, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas establece que debe haber un mínimo de 289 policías por cada 100,000 personas, pero 17 estados del país se encuentran por debajo de esta situación; estados como Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Oaxaca, y como verán puedo darles toda la lista, y no me interesa saber si son del PRI, del PAN o del PRD, lo que me interesa es que efectivamente tomemos decisiones de a de veras, para que esta situación se corrija.

El informe incluso del estado de fuerzas policiales estatales y municipales de 2011, habla de que hay muchos de los estados que están por debajo de los 250 elementos, por cada 100,000 habitantes.

Y, así puedo darles muchas más estadísticas que hablan de la realidad. Estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, no es con discursos como vamos a resolver la situación, pero vayamos entonces a una discusión de fondo que nos permita saber qué está pasando en los municipios, qué pasa en los estados, cuál es la pertinencia de las decisiones que estamos tomando.

Por ello el entramado de las leyes que nos han llegado a este Congreso, definitivamente lo que exige, y yo les invito a ello, es a tener rigor en la discusión, análisis en la propuesta, y que entre todos encontremos soluciones.

Finalmente, señoras y señores legisladores, hoy se trata pues, de que todos hagamos no solamente el compromiso con la responsabilidad que nos ocupa en el Senado, sino que efectivamente, de cara a lo trágico que ocurrió en Iguala podamos tener responsabilidad con lo que implica a todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

Entramos en la cuarta y última ronda se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez. Les pediría a los oradores que nos sujetáramos al tiempo de cinco minutos, vamos a tener la flexibilidad, pero que pudiésemos respetar el tiempo acordado originalmente.

Gracias, Senador, en el uso de la palabra.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Bien, lo trataré de hacer muy breve. Primeramente, compañeras y compañeros, tenemos que reconocer que vivimos una grave crisis, tenemos que reconocer aunque no lo queramos así, porque nos lo dicen desde el exterior, que estamos rebasados, el Estado Mexicano está rebasado, y cercanos a un Estado fallido, creo que esa es la realidad que tenemos.

Sino reconocemos que hay narco política, no vamos a avanzar. Pero el Senado debe responder justamente a ese reclamo de la sociedad, no podemos aislarnos, pensar que no pasa nada.

Tenemos dos opciones: o abonar a la crispación social o bien, ser parte de la solución y darles alternativas.

Hoy analizamos este decálogo que nos presenta el Presidente de la República, ¿qué pensarán las partes afectadas que generaron justamente este grave conflicto? Qué estarán pensando las madres y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa?, ¿qué estarán pensando ellos sobre este decálogo?, no sé si esto les satisfaga, mucho me temo que no.

¿Cuál es la génesis de este problema?, ¿cuándo es que se dio la aparición de la delincuencia organizada?, ¿cómo es que se desarrolló?, ¿cómo es que se consolidó fuertemente en todos los niveles? Cómo es que penetró a todos los niveles de la sociedad?

Porque ha penetrado sí a la política, pero también ha penetrado a las empresas, y a la iglesia católica y ha penetrado en todos los ámbitos, ¿cómo es que se desarrolló esto?

Hay especialistas que nos pueden decir, que han escrito mucho sobre este tema: Ernesto López Portillo, Roberto Andrés Ochoa Romero, Miguel Carbonell, o Miguel Sarre, especialistas que han escrito vastamente sobre el tema, que me parece que no fueron escuchados para elaborar esta propuesta, creo que les merece un poco de conocimiento de ellos.

Se desata esta crisis hace dos meses, hubo un intento o existe un intento de deslizar de unos y otros la culpabilidad al de enfrente, pero la verdad es que en el Estado de Guerrero la Procuraduría de Justicia del Estado no funcionó. Pero tampoco funcionó la Procuraduría General de la República, y está perfectamente documentado, por más que queramos echarnos culpa unos y otros, ahí está una realidad que nos golpea la cara.

En esta propuesta de decálogo, está el mando único policial estatal, quiero decirles que esto ya está en algunos estados de la República, ya existe, se está llevando a cabo. ¿Qué resultados tiene este mando único en estos estados?, avanzó o retrocedió la delincuencia organizada? Podríamos hacer un balance porque en el Estado de México lleva tres años el mando único, podríamos analizar si es que sirve o no sirve.

Bueno, yo puedo decirles, puedo asegurarles, que en el Estado de México de nada ha servido el mando único, no sirve, no hemos avanzado en absoluto; el índice delictivo en el Estado de México crece todos los días, es el estado que tiene mayor incidencia delictiva, y ahí está operando este mando.

¿No podríamos haber tomado esta experiencia para hacer un diagnóstico más serio y proponer algo distinto? Los males están en los gobiernos municipales, en efecto ¿ustedes creen esto?, porque esta es la propuesta para ir a atacar, como si ese fuese la causa de todos nuestros males, y esto es falso.

¿En dónde se da la corrupción que genera la impunidad?: una pregunta que tenemos que respondernos, pues está por supuesto en todos los órdenes de gobierno, no solamente en los municipales, está en los estatales, y quiero decirles, gravemente en los estatales hay muchos casos de gobernadores, de verdaderos escándalos de corrupción de los gobernadores; ahí es donde se da la mayor corrupción. Ejemplos hay muchos, tenemos aquel conocido gobernador, exgobernador de Quintana Roo, conocido como el "Chueco", por ejemplo, que está justamente purgando una condena, tenemos a Tomás Yarrington que está siendo investigado también en Estados Unidos y perseguido, y podría citar aquí por lo menos a una decena de exgobernadores señalados, con vínculos con la delincuencia organizada de una u otra manera, y, ¿que se ha hecho para corregir esa corrupción? Absolutamente nada.

Tenemos otro ejemplo, hay un señalamiento en el Estado de Chihuahua, de enriquecimiento ilícito de ese gobernador, hay una denuncia penal ante la PGR por un ciudadano; hubo la semana pasada la discusión para exhortar a la PGR a que abra una carpeta de investigación porque ni siquiera eso ha hecho, aquí mismo negaron esa posibilidad.

El Senador Javier Corral elocuentemente presentó el tema y nosotros aquí en el Senado somos coparticipes de ese presunto acto de corrupción.

Bueno, miren, podemos hablar de que en los municipios es lo más endeble, sí podría ser, eso es cierto, pero hay ejemplos donde tenemos experiencias exitosas. El caso de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Netzahualcóyotl no firmo el mando único, ese convenio, y aquí están los resultados de un trabajo de seguridad pública del Municipio de Netzahualcóyotl, un comparativo del primero de enero al 19 de noviembre de este año, son las últimas cifras; y en delitos de alto impacto total de robo con violencia, en el 2013, 6 mil 628 eventos, en el 2014 tres mil 579, bajó el 46 por ciento.

En robo a casa habitación bajó el 70 por ciento, en robo a negocios, 80 por ciento menos, en robo a autotransporte, 67 por ciento menos a los usuarios de transporte público, 72 por ciento menos, al transeúnte 55 por ciento menos, a instituciones bancarias 85 por ciento menos, homicidios 11 por ciento menos, secuestros 14 por ciento menos, extorsión 50 por ciento menos, violación 33 por ciento menos. Aquí hay resultados positivos por una aplicación de una política de seguridad pública distinta.

Entonces sí hay experiencias, pero si aquí entrara la policía estatal al Estado de México y quitáramos la municipal, por supuesto que todo esto se revierte, en el Estado de México la policía es parte de la delincuencia, de la delincuencia organizada.

Un gobierno sin la parte coercitiva, sin la policía simplemente deja de ser gobierno, es la esencia de ser gobierno, tener la parte coercitiva. Imagínense un municipio sin policía, pues la verdad es que en la vía de los hechos lo están desapareciendo, no necesitan ir a aplicarla a otra parte, que pretende el Presidente de la República, que es la disolución de los municipios, no, con esto ya los están prácticamente anulando.

Hay muchos actos que se realizan, que no necesariamente son delitos, el uso indebido de la vía pública, por ejemplo, alterar la paz pública, conflictos entre particulares, que son muy comunes, bueno, pues para eso se necesita una policía municipal, para eso también se necesita una policía municipal.

Entonces me parece que esta propuesta verdaderamente carece de seriedad; pensar fíjense ustedes, nada más la propuesta de la reforma del artículo 115 que dice: que cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al Secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente el Secretario de Gobernación, en forma conjunta ambas instancias soliciten la aprobación del Senado para que la federación asuma temporalmente, o en forma total o parcial las funciones del municipio.

Esto está cargado de subjetividad, es dice, indicios cuando existan indicios y cuando gobernación lo considere, más subjetivo no puede ser, es subjetividad, es discrecionalidad, es centralismo, es autoritarismo lo que nos pretenden aplicar aquí, es inviable, por supuesto, esto que se nos está presentando.

No seamos irresponsables compañeras y compañeros, hagamos lo que la sociedad nos exige, combatamos la corrupción en todos los ámbitos, en la PGR, en las procuradurías de los estados; es ahí la génesis de todo este conflicto justamente, la impunidad que se genera en estos ámbitos, en los jueces, en los jueces que todos los días están inmiscuidos en actos de corrupción y que justamente es lo que nos da al traste con este grave conflicto.

Compañeras y compañeros, entrémosle con seriedad a la discusión, por supuesto, entrémosle, sobre todo, con toda la responsabilidad de responder a los reclamos que nos están haciendo allá afuera.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Asipuro Torres: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Estamos discutiendo los diez puntos que el Presidente Enrique Peña Nieto propuso a la Nación como una respuesta para la crisis de seguridad, la acotación del involucramiento pertinaz de las delincuencias organizadas en las estructuras municipales, la gota que derrama el vaso, efectivamente es Iguala, pero además, Cocula, y no solamente, le siguen otros municipios, no solamente es el Estado de Guerrero.

Hace un análisis en su exposición para ubicar a cuatro estados, cuatro estados en esta gran crisis de seguridad pública y que presenta estas medidas pensando, yo digo que de buena fe, van a resolver el problema del país, pero pues no, no va a resolver el problema del país, porque cuando el Presidente anuncia que va a hacer medidas públicas pensamos que iba a haber medidas más de fondo y no fue así, no toca los ministerios públicos por ejemplo.

No toca al Poder Judicial, sobre todo a las juezas, jueces, no hay absolutamente una pequeña intervención de la importancia y trascendencia de la prevención social del delito, ¿cuál es la situación de los centros de reclusión?, ¿cómo va el proceso de la reforma de 2008 en materia penal?, ¿qué pasa con la reinserción social?, ¿qué pasa con quienes salen de los centros de privación de libertad y no tienen alternativas?, ¿qué pasa con quienes están ahí por bagatelas jurídicas?, ¿qué pasa con los jóvenes pobres que no tienen alternativas en muchísimos lugares del país?

Yo creo que se queda muy corto respecto de lo que el país necesita. A mí en lo personal me desagrada mucho que se tomen medidas siempre en la coyuntura, cuando se trata de asuntos de seguridad o cuando se trata de asuntos que tienen que reflejar alguna medida de sanción; cuando se discute eso en la coyuntura, me parece que es el peor momento para discutir con mayor seriedad lo que se tiene que hacer.

Es verdad lo que anuncia en su exposición respecto de que hay un crecimiento de la falta de confianza de las policías menciona que 39 por ciento, por ejemplo tienen menos confianza de la población, tiene menos confianza en las policías municipales, pero el 55 por ciento tiene menos confianza de la policía federal y del Ejército el 80.1 por ciento, y de la Marina el 83.1 por ciento.

No escuchamos, por ejemplo, cuándo van a empezar a regresar a sus cuarteles el Ejército y la Marina, ¿cuándo?

Yo creo que el asunto de la policía si me permiten decirlo, es un problema que no está debidamente tratado en las reformas que presenta al Senado de la República, y desde ahorita, mi posición personal y espero que me acompañe mi grupo parlamentario, es que no estaría de acuerdo a convocar a un periodo extraordinario ahora en diciembre para discutir estas reformas constitucionales, que requieren de una gran discusión nacional.

Por ejemplo en el caso del mando único policial estatal, y las nuevas atribuciones que se le confieren a los gobernadores para que tomen el mando y otorguen, se dice, certeza jurídica al trabajo de las policías municipales, me parece que es un gravísimo error y no toca el problema de fondo; el problema de fondo, señoras y señores es que tenemos una policía no solamente poco profesional, nada profesional, tenemos una policía que no está debidamente formada en técnicas criminalísticas de vanguardia, modernas que utilizan la tecnología para la investigación, que además no están formados en el respeto a los derechos humanos para que no sigan torturando ni tampoco utilizando la fuerza pública de manera ilegítima contra los ciudadanos, porque mientras no se demuestre lo contrario, siguen siendo, así lo dice la Constitución, inocentes.

Por supuesto, que es verdaderamente grave lo que se pretende hacer, al contraponer lo que el enunciado del artículo 115 de nuestra Constitución establece. Es decir, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica, popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política administrativa el municipio libre, conforme a las siguientes bases, y obviamente la base que agregan pues le da en toda la torre a cada una de las fracciones de este primer párrafo, de este primer párrafo del artículo 115 constitucional.

Yo creo que dejar que los municipios se queden sin policía, en vez de resolver el problema de fondo que todas las policías de los tres órdenes de gobierno funcionen correctamente, y que si tienen buenas prácticas se les reconozca; pero que si tienen malas prácticas también reciban la sanción de manera proporcional a la falta que hayan cometido, que tengan por consiguiente también posibilidades de crecimiento.

Yo creo que en este país debiéramos proponernos que los policías lleguen a jubilarse con honores y no ser lo que ahora es, ser policía no es nada, nada que pueda honrar a veces a una familia y todo porque no hacemos lo que tenemos que hacer.

Yo creo, que además dejar discrecionalidades como la del párrafo que se pretende añadir al 115 que dice: “Que cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, dice, la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal, el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará a la Secretaría de Gobernación para que, etcétera, solicite la aprobación del Senado de la República, que asuma temporalmente las conducciones, o de manera parcial o total, las funciones del municipio, etcétera”.

Me parece que si estamos frente a un supuesto de este tipo, francamente lo que tiene que proceder es que se aplique la ley. Si hay alguna autoridad en el ámbito municipal que no ha cumplido su responsabilidad, o peor, como dice aquí: se presume que puede estar cometiendo un ilícito, pues francamente no es solamente merecedor de que se le remueva, es merecedor de que vaya a la autoridad judicial a responder por esa presunta comisión de delito, es lo que está diciendo aquí esta adhesión al 115 constitucional.

Por lo tanto, me parece que tenemos que discutir, de manera ampliar, de manera tranquila, una situación de este tipo, que francamente, creo que vamos a cometer un gravísimo error, porque estamos afectando contundentemente al tercer orden de gobierno del país.

Termino. No bastan definitivamente, estas reformas para resolver el problema del involucramiento, de la corrupción, de la impunidad, de la acotación, de las delincuencias organizadas a los entes gubernamentales de cualquier orden de gobierno.

Lo que necesitamos es aplicar la ley, ir exactamente a aplicar la ley, y por lo tanto también tendríamos que garantizar, que quienes compitan, efectivamente, no pasen. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que quisimos hacer, por desgracia en el PRD no lo logramos. Pero la pregunta que todos debemos hacernos es. ¿Cuántos Abarcas hay en el país?, ¿cuántos Abarcas han estado gobernando municipios, estados?, ¿cuántos, cuántos Igualas tenemos en México?

Yo creo que si no tenemos un enfoque estructural, insisto, que tome consideración la prevención del delito que garantice los derechos humanos, que garantice el proyecto de vida, que tenga todas las condiciones que promuevan y potencien las posibilidades de desarrollo de las personas, sobre todo de quienes son más jóvenes; entonces este tipo de medidas simplemente serán algo así como un pequeño aleteo de una mariposa, pero no lograrán resolver de manera estructural el problema, que como estado mexicano tenemos.

Ojalá que nos demos tiempo de discutir con seriedad, con profundidad; porque tenemos una gran responsabilidad al modificar la constitución, sobre todo en el ámbito municipal.

Yo no estoy de acuerdo que trastoquemos el municipio. Por el contrario, deberíamos estar pensando en fortalecerlo. El cabildo debe ser un ámbito parlamentario, por ejemplo. En fin.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, compañero Presidente. Compañeros Senadores:

Los que han aguantado el debate, y que están interesados verdaderamente en el problema que hoy aqueja al país, y que da como resultado una propuesta del ciudadano Presidente para corregir este gravísimo asunto de la violencia y la inseguridad en el país.

El Canal del Congreso está televisando la Sesión del Senado de la República, y no creo que, sinceramente, no creo que los electores les guste ver escaños vacíos.

Se han de preguntar, ¿por qué los Senadores no están en la sesión, si estamos discutiendo una propuesta del Ejecutivo, que desde su visión puede resolver   dice él   el problema de la inseguridad y la violencia en México?

Dije: “Los que todavía están, qué bueno, los felicito”.

Al grito de: ¡Todos somos Ayotzinapa!

Dice el ciudadano Presidente: “Como sociedad debemos tener la capacidad de encausar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos”.

Felicito al ciudadano Presidente, porque ante la desaparición de 43 jóvenes normalistas, hoy también siente dolor por ellos, pero no sintió dolor por las causas que originaron la manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, y ¿cuáles son las causas?; Las condiciones infames en que viven los normalistas del país. Eso debiera de causar dolor y debiera de darle vergüenza al país.

Cincuenta pesos diarios de beca alimenticia para un estudiante normalista: 16.60 para el desayuno; 16.60 para la comida, y 16.60 para la cena, para colchones no alcanza, porque duermen en cartones; a lo mejor el gobierno lo está haciendo porque en Ayotzinapa es una zona muy caliente, y quizás piensa que si le ponen colchones, los muchachos van a estar incómodos.

Estas son las causas que originaron, y siguen originando manifestaciones al interior del país de los normalistas de Amilcingo, de Ayotzinapa, y de otras normales, de Mactumatzá de muchas otras normales del país, ni para tortilla con chile les alcanza a los normalistas.

Y, ¿cuál es la respuesta del ciudadano Presidente?, un atentado a lo más importante de la República, que es el municipio.

Ahora resulta que el origen de todos los males en cuanto a violencia, en cuanto a narcotráfico, en cuanto a delincuencia organizada es: por la vinculación de los policías y de las autoridades municipales con el crimen organizado.

Revisemos, compañeros Senadores, el tema que tiene que ver con la consignación de policías federales ante los ministerios públicos, revisemos el tema de lo que tiene que ver con la consignación de policías estatales ante los ministerios públicos, revisemos lo que tiene que ver con los exámenes de control de confianza.

¿Quién reprobó más, los federales o los municipales? Ahí están los datos, son duros.

Entonces, el ciudadano Presidente dice: “que hay que exonerarlos, hay que librarlos de toda culpa”, a pesar de que existen evidencias contundentes de que la Federación y sus policías, las entidades federativas y sus policías, están igual de involucrados, que las autoridades municipales.

El Senado no puede dar salvoconductos, mal haríamos, si damos salvoconducto, compañeros Senadores.

Ayotzinapa desnudó, en toda su crudeza, la inoperancia de los sistemas de seguridad en México. Se puede o no aceptar, ese es otro asunto. Pero si 43 jóvenes, no es suficiente para atender el problema de fondo, no creo que el gobierno federal esté esperando que haya más Ayotzinapa en el país, para verdaderamente hacer una propuesta que ataque de fondo el problema de la inseguridad en México.

¿El pueblo que exige?, el pueblo no va a permitir que una salida política resuelva el problema de Ayotzinapa, ni los problemas de la inseguridad en México. El pueblo exige justicia, que nos quede claro a todos. El pueblo exige justicia.

Y créanme que conociendo al pueblo de México, no lo van a parar hasta que lo logren. Si alguien piensa que con esta propuesta, los deudos de Ayotzinapa van a tranquilizarse, se equivocan.

Y otra vez, como en la reforma energética, les vamos a decir: se los dijimos, se los dijimos. Pero poco caso se hace.

Han dicho que no descalifiquemos las propuestas del ciudadano Presidente. Para eso las mandó aquí al Senado para que abramos el debate. O si pensó que las iba a mandar al Senado, para que todos levantáramos el dedo de manera dócil, pues veo algunos Senadores que no están dispuestos a hacerlo, y que bueno. Otros quizás sí, vayan a levantar el dedo.

No descalificamos, solamente exigimos que se cumpla con el Estado de derecho. ¿Por qué decimos que se cumpla con el Estado de derecho?, y como educador quisiera ser muy pedagógico, muy didáctico, a la hora de explicar por qué decimos que se viola el Estado de derecho.

Y ojalá, y los compañeros Senadores, sobre todo del partido o de los partidos que apoyan al gobierno, podamos debatir en serio y modificar.

Estamos de acuerdo en que hay que combatir la delincuencia organizada. Estamos de acuerdo en que hay que combatir la violencia. Estamos de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, pero con una propuesta como ésta, es complicado, resolver el problema de fondo.

Como entidad de derecho público, el municipio, su personalidad, le sirve para ejercer su potestad de mando y coacción para llevar a cabo sus atribuciones de carácter impositivo, y en las actividades enderezadas a la prestación de servicios públicos.

Aquí se ha insistido hasta el cansancio, que si a un gobierno se le quita su capacidad de coacción, para que sus ordenanzas se cumplan, entonces se convierte en un hazmerreír del pueblo.

Es algo parecido en los municipios con las autoridades auxiliares. Las autoridades auxiliares, es decir, los ayudantes municipales, pues no tienen capacidad de coacción. Y algunos ciudadanos les hacen caso, otros no les hacen caso, porque no tienen el derecho al uso de la fuerza, para obligar a que se cumpla cuando se viola la ley.

Yo les quiero preguntar, cuando dicen, que solo los municipios. ¿Quién metería las manos al fuego, por los policías federales? Que levanten la mano, ¿quiénes meterían las manos al fuego, por los policías federales? ¿O por los policías estatales?

Es importante que aquí se diga. Se habla de la desaparición de los ayuntamientos. Por indicios, en México hemos establecido el principio de la presunción de inocencia, para el sistema de justicia en nuestro país, y el que señala tiene la obligación de probar, ah, pero basta un indicio del ciudadano fiscal, de la Procuraduría General de la República, para decirle al Secretario de Gobernación, que hay indicios; hay indicios, Secretario de Gobernación, pero no son suficientes los indicios; se requiere las pruebas contundentes de la vinculación, y si no, se está atentando contra los derechos fundamentales de los seres humanos, que se ven involucrados en esto.

Se pone la panacea al mando único. Ya el Senador Luis Sánchez hablaba del Estado de México. En Morelos se nos vendió el mando único como la panacea para resolver el problema de la delincuencia.

¿Y qué tenemos? Somos primer lugar en extorsiones. Somos segundo lugar en secuestros. Tenemos una población aterrorizada e irritada, pero el mando único no resuelve, lo único que hace es atemorizar a la población.

Por último, déjenme decirles, que coincido con mi compañera Angélica de la Peña, cuando dice que el PRD no está dispuesto en un período extraordinario, tratar estos temas, a menos que, con responsabilidad y atendiendo de manera integral el problema, pudiéramos entrarle a la discusión.

No compartimos la idea, de que el municipio es la causa de todos los males en México. Ante este escenario, déjenme decirles compañeros Senadores, que nos quede claro; mientras no haya justicia para todos los mexicanos y mexicanas, que a gritos le exigen en la calle, el gobierno, el gobierno no tendrá paz.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Javier Corral Jurado: Aunque me tome un minuto de mi tiempo, quiero solicitar, al Canal del Congreso, que pudiera hacer un enfoque de este pleno del Senado de la República.

Lo que se conoce como un paneo de sus cámaras. ¿Por qué lo digo?

Porque me parece que este momento que estamos viviendo en este momento, es un momento plástico; es un momento que ilustra y describe con toda claridad, la enorme insinceridad que existe, tanto en la oposición, como en el gobierno.

La profunda hipocresía que hay en el propio partido gobernante. Se supone que estamos discutiendo el asunto más relevante de los últimos meses en la vida del país, y estamos ante un pleno semivacío, en el que nadie le cree al Presidente de la República.

La oposición, preocupadísima por la mayor crisis de legitimidad, está prácticamente ausente, y ni siquiera los Senadores del gobierno, toman en serio al Presidente de la República. Es el momento descriptivo de la profunda hipocresía de la clase política mexicana, empezando por el partido del Presidente de la República.

Por eso digo que es plástico el momento, porque ante el panorama desolador, es decepcionante que no haya capacidad para entender lo que realmente está sucediendo en las calles de México.

Nadie cree en el plan que acaba de presentar el Presidente de la República, sino aquí se estarían discutiendo.

Nadie cree en sus iniciativas presentadas ayer en el Senado de la República, sino, aquí estaría su bancada escuchando a la oposición, debatiendo con la oposición, contrariando los puntos de vista.

El tema, el tema es descriptivo. Es una pena que se traslade esta imagen, pero es la realidad del país.

Si el Presidente ha sido incapaz de comprender el momento y salir con ese plan, el Congreso debiera tomarse más en serio su salida. El Congreso debiera tomarse más en serio su papel.

Ha sido realmente desalentador escuchar al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque ese mensaje ha trasladado un signo preocupante de la incapacidad del gobierno para comprender la crisis que estamos viviendo: el reciclamiento de propuestas, el anuncio de medidas que ya se contemplan en la ley o en acuerdos administrativos, como si fueran novedad.

El Presidente paga las consecuencias de encerrarse en un trío de voces que lo conducen. Paga las consecuencias de escuchar sólo a Osorio Chong, a Luis Videgaray, y al joven Nuño, el universo de sus oídos.

El Presidente anuncia otro paquete de reformas legislativas, y ni siquiera es capaz de partir del reconocimiento de la congeladora legislativa que su partido robusteció en la última década.

Expresa propósitos sin método ni plazos, meras promesas que están lejos de resolver. Una de las mayores crisis que hayamos enfrentado en la que convergen prácticamente todas las variables. Y eso es lo peligroso del momento: irritación social, falta de crecimiento económico, altos niveles de pasmo e incompetencia gubernamental, desdén y desinterés en la oposición y represión política en las calles.

Ni el ardid mediático ha podido proteger al Presidente de la República.

El Teleprompter está agotado como método de apantallamiento, está descobijado ante la realidad que le ha golpeado a la cara. Cualquiera habría pensado que ante la expectativa que habían creado, anticipando anuncios trascendentales, daría un golpe de timón o por lo menos un manotazo al pacto de impunidad.

Que sabría tomar la oportunidad para atajar los delicados señalamientos de corrupción y tráfico de influencias que hay en su contra por la “casa blanca”, o que al menos presentaría el Presidente de la República una propuesta puntual, sensible, que atacara frontalmente la corrupción y la impunidad que impera en México.

No fue así; ni una sola medida para atajar la corrupción que lo enloda; ni una idea en el discurso que lo recupere de la vulneración política y moral en la que se encuentra a cuatro años todavía de concluir su mandato.

El mismo Diario The Economist, en su editorial de ese día criticó que el Presidente no reconociera ninguna responsabilidad por la crisis que se vive en el país. Y señaló que Peña Nieto, podría haber perdido la oportunidad de cambiar el rumbo de la opinión pública.

Ayotzinapa, lo he expresado en distintas ocasiones, es la muestra del agotamiento del régimen, de la crisis de legitimidad que vive el entramado institucional.

Ese agotamiento es una ausencia profunda de responsabilidad ética, jurídica y política que tiene que ver también con incapacidad de incomprensión de una amplia gama de actores políticos, sociales, empresariales, para asumir la realidad y trabajar en una perspectiva de largo plazo.

Es la negación reiterada entre quienes tienen poder público para aceptar los valores esenciales de una democracia y un Estado de derecho moderno.

Nadie quiere renunciar a sus ventajas indebidas, privilegios y canonjías especiales. Quien está en el poder, quiere seguir ganando con ventaja, y la ley que debiera ser el instrumento por excelencia de la concordia, es un valor absolutamente negociable en nuestro régimen. Hace un par de semanas, aquí mismo hablé del fracaso que constituye el llamado Estado de derecho.

¿Quién realmente cree en México?

Que se persigue la corrupción sin distingos ni favoritismos, porque la complicidad de distintas instancias gubernamentales con el narcotráfico tiene sustento en una corrupción que trasciende lo policiaco; por eso es tan restringida la visión del Presidente de la República. O que sólo se localiza en las políticas de seguridad. Es la debilidad institucional para llegar hasta las últimas consecuencias en el castigo a conductas desviadas, actos de corrupción, omisiones o violaciones a la ley, y para sentar precedentes ejemplares de sanciones administrativas, políticas y panales.

Los actos de persecución a la corrupción política son selectivos en un sexenio, con propósitos de afianzamiento del poder, al inicio de una administración estrictamente mediáticos o para justiciar acciones de mayor control autoritario.

No hay un verdadero sistema de responsabilidades públicas. Carecemos de un ejercicio institucionalizado de rendición de cuentas, falta una acción regular, imparcial y decidida de los ministerios públicos. Por el contrario, persisten vastas zonas de opacidad, ocultamiento y protección. En ello radica no sólo el descrédito de la cuestión partidista y el concepto de lo político, sino el derrumbe del principal recurso en el que se finca un auténtico sistema democrático: su legitimidad.

Los principales centros de decisión en el país están corrompidos. Las componendas y los disimulos en los poderes y los niveles de gobierno están a la orden del día, empezando por el Congreso.

Ese es el problema de fondo, el pacto de impunidad y conveniencias mutuas que trastoca la verdadera institucionalidad por manejos facciosos, aprovechamientos personales, intereses estrictos sobre el interés general. Y no se diga, la corrupción y la impunidad de varios gobernadores como bien lo señalaba Luis Sánchez.

Por eso también el agotamiento es un déficit de ciudadanía en el orden público y en el orden social. Sin embargo, la corrupción y la impunidad son los ejes esenciales por donde se vacían todos los días, cualquier idea de participación ciudadana o donde se justifica el desdén.

El desdén que se convierte en muchas cosas, no sólo en decepción, en desánimo, en abulia, sino en odio, rencor y violencia.

Nada lastima tan profundamente a la gente que a la falta de oportunidades, a la desigualdad social y a la pobreza, se le sume la corrupción de los funcionarios públicos y el disimulo de la autoridad.

En el fondo, el problema es mayúsculo y la tragedia de México con la que incluso no debiéramos regodearnos, es que tenemos un Presidente de la República que sólo se concibe Presidente de la clase política y no de una nación.

Gobierna sobre las cúpulas partidarias, porque las tiene controladas a partir de sus conductas vulnerables y debilidades conocidas; pero esa distancia, es el principal caldo de cultivo para que haya una profunda rebelión social.

¿Será capaz el sistema político y la clase política de cambiar antes que ello ocurra?, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer después de escuchar al Presidente.

Largo su discurso, corto el contenido; hay que preguntarnos, en serio, si se necesitaba esa ceremonia, esa zalamería de gobernadores, legisladores, empresarios y funcionarios que le aplaudieron eufóricos. Una ley, sólo para la infiltración del narcotráfico en los municipios, y por qué no en los gobiernos estatales, y por qué no en el gobierno federal, mando único en las policías estatales, y cuándo en la base legal de la Gendarmería, ya no la Guardia Nacional. Todo lo demás es lo mismo, pero revolcado.

Amigas y amigos Senadores de este Pleno semivacío, ante una crisis, como la que vivimos, no se recurre a lugares comunes, ni se anda jugando con fuego en el desinterés o en las estrategias para dilatar los debates de los asuntos fundamentales, tampoco se deja de lado la autocrítica. El Presidente fue más allá que nosotros, hizo suyo el grito ¡Todos somos Ayotzinapa, y derivó en varias interpretaciones.

Pero, ¿qué le dice al Presidente Peña Nieto el grito fuera Peña?, ¿cómo interpreta el clamor de una ciudadanía que, hoy por hoy, lo ha reprobado y lo ha colocado con los índices más bajos de aprobación, 39% desde 1995? El Presidente de la República ha dejado pasar ese momento.

Es la hora de cambiar y transformar seriamente las instituciones del país, sacudir la estructura del régimen político, si no queremos ser de manera consistente la vergüenza ante el mundo, como ahora lo somos. Si el Presidente de la República no fue capaz, ojalá que el Congreso y el Senado de la República, se ponga a la delantera de esa transformación.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

Informo a la Asamblea que después de la participación del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, estaría el Senador Mario Delgado, y cerraría la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

En el uso de la palabra, Senador.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, a mí lo que me gustaría destacar o celebrar de hecho en esta tribuna es la actitud de quienes han venido aquí con la honestidad intelectual que demanda este debate. Honestidad intelectual, porque hay quienes han sido capaces de reconocer que hay propuestas, que han hecho propuestas, sobre lo que el Presidente de la República propuso hace unos días.

Honestidad intelectual, porque también hemos escuchado a quienes han reconocido que los desafíos que hoy enfrentamos, no han podido resolverse en la actual administración, pero tampoco pudieron ser resueltos en las administraciones pasadas. Hay quienes, tienen una postura crítica sobre lo que ha propuesto el Presidente Enrique Peña Nieto, pero no se atrevieron en esta tribuna, a reconocer que en su grupo político está el origen del hecho que, con toda razón, ha propiciado una muy importante movilización social.

Nos vienen a plantear, que nos digan dónde hay más Abarcas. Bueno, pues que ellos empiecen por decirnos, quiénes son o dónde están los que ellos mismos promovieron. Hay quien también vino a esta tribuna, a juzgar las propuestas del Presidente Peña como remedios presurosos, quienes al mismo tiempo critican al Presidente por no haber anunciado medidas de corto plazo, a eso, amigas y amigos, le llamo incongruencia.

También hubo quienes se atrevieron aquí a tomarse el tiempo para aclararnos que ellos ya habían hecho propuestas similares.

Compañeras y compañeros, no nos perdamos en ese debate. Estoy seguro que quienes votaron por cada uno de nosotros, lo que menos desean es que nos pongamos a debatir quién propuso primero, o por qué en su momento esas propuestas no pudieron avanzar.

Hay quienes vinieron a afirmar de manera categórica que lo que el Presidente propone no tiene nada que ver con la solución, eso obviamente es su visión, ¿pero qué tal si las propuestas no tomaran en cuenta al Congreso? Esos mismos que hoy se quejan o critican la propuesta del Presidente Peña, se habrían desgarrado las vestiduras por una supuesta violación a la división de poderes.

También pudimos escuchar algunos de ellos, que sí son dueños de la verdad, o eso creen, que se atrevieron a afirmar que la propuesta del Presidente Peña parte de un diagnóstico fallido. Nos plantean que el Presidente reformule su propuesta, prácticamente para que nos vayamos de vacaciones.

Con todo respeto, compañeras y compañeros, no caigamos en posiciones frívolas. Ahí coincido plenamente con otros que hablan de tener aquí el debate y análisis que México se merece.

Me desvío brevemente también, para referirme a quienes vinieron a esta tribuna a decirnos que el Presidente Peña ha quedado a deber en materia de crecimiento económico. A esos, les informo que el Producto Interno Bruto que hoy tenemos está creciendo, si lo analizamos en forma sectorial, todos los sectores de la economía, están creciendo a un buen ritmo.

Lo que está afectando el desempeño del PIB en lo general es el deficiente desempeño de la industria petrolera, y eso, señores, se lo debemos a una deficiente gestión en Petróleos Mexicanos en los años anteriores, no es una cuestión de corto plazo.

Podríamos enumerar diversos comentarios a favor de la propuesta, y otros varios en contra, o críticos de la propuesta del Presidente Peña, sin embargo, lo que yo destaco, por encima de todo, es que hoy estamos llevando a cabo el papel que nos corresponde como una de las Cámaras del Congreso de la Unión, estamos debatiendo sobre propuestas concretas del Ejecutivo Federal.

No bastan estas reformas, dijo quien hace unos momentos me antecedió. Yo diría también que el Congreso, como parte del Estado mexicano, tiene que hacer su papel. Hoy hemos tenido un debate constructivo, y el Partido Verde por ello lo celebra, veamos hacia adelante, sin dejar de tener presente por qué llegamos aquí.

Desde luego que esta discusión no termina hoy aquí, por el contrario, no tengo duda que hemos iniciado una ruta responsable, de la que no habremos de arrepentirnos. Demos un debate informado y serio, lo que se traducirá seguramente en modificaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, tal como ha ocurrido con cada una de las propuestas de reforma constitucional o de legislación secundaria, que el Presidente de la República ha enviado a las Cámaras del Congreso de la Unión.

Demos ese debate para demostrarle a los mexicanos, y a nosotros mismos, que no somos una clase política hueca, como alguien aquí también se lamentaba.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Desde su escaño, se le concede el uso de la palabra, para hechos. Le pido nada más que nos sujetemos al tiempo, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Miren, el origen del problema, revisemos, lo decía en mi participación cómo están las condiciones de las normales, por qué se manifiestan los jóvenes estudiantes normalistas. Es vergonzoso que en un país, como el nuestro, en donde acabamos de concluir una reforma educativa, en donde en el centro del debate se puso la profesionalización del Magisterio, las normales de México estén en condiciones verdaderamente deplorables.

El origen del problema está, en que no se han satisfecho las demandas de los normalistas para tener una beca alimenticia que realmente les proporcione alimentos sanos, suficientes y nutritivos, para poder enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como formadores que van a ser en condiciones óptimas. Ahí está el origen del problema, en la irresponsabilidad del gobierno; si el gobierno hubiese resuelto ese asunto, los jóvenes no hubiesen salido a la calle, y entonces no estuviéramos hoy lamentando la desaparición de 43 normalistas.

Cuando compareció el ciudadano Secretario de Educación lo planteamos, estos 43 mártires, más los 3 que murieron a balazos, ahí frente a todo mundo, estos 46 mártires, más los dos que murieron anteriormente, ahí en la caseta de Chilpancingo; deben de servir para que estas cosas no se repitan. Podrán criticar las formas pero jamás podrán criticar las causas, ese es el asunto y el origen verdadero del problema: es que los mexicanos tienen hambre, los mexicanos no tienen justicia por ningún lado; ese es el origen del problema, y ojalá y quien diga que el origen del problema había sido porque alguien propuso a un presidente municipal, revise este tipo de situaciones.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demedicis Hidalgo.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Con su venia, señor Presidente.

Parece que el Presidente encontró como chivo expiatorio de la incapacidad de gobernar al municipio, es decir, pasamos del estado fallido al municipio fallido.

Parte claramente de un diagnóstico equivocado, la debilidad institucional del municipio es mucho más profunda, y no se resuelve con su disolución; para ilustrar otro aspecto de la crisis municipal, baste decir que el 60 por ciento de los municipios, según su propia asociación, están en insolvencia económica.

Tenemos al municipio, como figura de gobierno de realidades urbanas, tenemos que hacer un debate serio, una revisión profunda del municipio en México, y no proponer su disolución.

La falta de imaginación política, y sobre todo la tentación autoritaria hacen que el gobierno encuentre en la centralización la única alternativa a las insuficiencias del federalismo.

En todas, y cada una de las llamadas reformas estructurales, hay un diseño para la reconcentración del poder político en las manos del Presidente de la República, a pesar que somos una República Federal. Tenemos que revisar la idea de federalismo, que sea un federalismo con competencias claras y responsabilidades bien limitadas.

El federalismo mexicano actualmente sufre el ataque en dos frentes, por un lado, la mayor preeminencia del Poder Ejecutivo Federal sobre los demás poderes de la unión, y la invasión cada vez más constante de las competencias del poder federal, a costa de los derechos de los estados y municipios.

En las reformas estructurales, la reforma educativa fue una reforma para recuperar el control político económico de los maestros.

En la propuesta de la reforma de deuda pública, lo que se quiere es darle a la Secretaría de Hacienda el poder para controlar el financiamiento de estados y municipios.

Se ha hecho una centralización del gasto en salud, se ha propuesto una autoridad nacional en materia electoral, registros públicos únicos y de catastro, y la reforma energética, el manejo de los recursos petroleros son fuera del presupuesto a través de un fondo mexicano.

Es decir, en todas las reformas, sólo ejemplifiqué algunas, hay una intención clara detrás de fortalecer las facultades del Presidente de la República, en contra de una visión federalista. Ninguna, reforma lleva a fortalecer la descentralización o el fortalecimiento de estados y municipios.

¿Y, por qué esto es fundamental?, porque si revisamos la historia de la democratización de nuestro país, tiene mucho que ver con la descentralización, que tuvo nuestro país que permitió la alternancia en la Presidencia de la República.

El Presidente también ignora el contexto económico de la falta de crecimiento, de la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.

La inseguridad ciudadana, que hemos vivido en los últimos años, el Presidente Peña le ha agregado la inseguridad económica. El fracaso de la política económica del Presidente Peña, es el caldo de cultivo para una sociedad más violenta, y para el auge de los negocios del crimen organizado.

Se nos ha dicho que sólo se viene a criticar. Voy a hacer algunas propuestas que la falta de talento o de diagnóstico por parte del Ejecutivo Federal fue incapaz de proponer.

Se necesita un nuevo régimen jurídico para las policías, ¿por qué no tenemos policías profesionales en nuestro país?, porque no hay un marco jurídico para el desarrollo de la carrera policial; necesitamos cambiar la Constitución, para tener un nuevo apartado, el apartado C, el 123 constitucional, que contemple un nuevo régimen laboral del estado con los agentes de seguridad, que no sea el sector privado ni el burocrático, sino uno que atienda especialmente a sus particularidades; que permita brindarles derecho a la capacitación, a la vivienda, a la seguridad social, a un retiro digno, al mismo tiempo que se establezcan regímenes de responsabilidades al ser los encargados de hacer cumplir la ley, y algo muy importante, su estabilidad en el trabajo, sujeta a una constante revisión de acuerdo con estándares de servicio público, evaluación y mejoramiento.

No hay un marco jurídico para un servicio profesional policial. Es decir, no basta con desaparecer a las policías municipales.

El Senador Gil daba los datos: 20,500 policías estatales que no pasaron los exámenes de control de confianza; 18,500 policías municipales y 3,500 policías federales. Policías que no pueden ser despedidos porque no se tienen recursos para su indemnización, para su liquidación; no los podemos liquidar. Llevamos más de 15 años con el tema de los exámenes de control de confianza, ya no tenemos a quién aplicarles los exámenes de control de confianza, porque no preparamos policías.

Segunda propuesta: hagamos escuelas de policías en alianza con las instituciones de educación superior para crear una curricula útil en la prevención del delito, en el respeto a los derechos humanos, y en la inteligencia policial. Necesitamos dignificar el papel de la policía en la sociedad; ¿si no preparamos policías, a quién vamos a evaluar?; démosle un nuevo régimen laboral que les permita tener seguridad social, y sobre todo el desarrollo de una carrera policial.

No sólo son las policías municipales, son todas las policías del país, y parece que la propuesta del Presidente Peña, es de una miopía infinita.

Tercera propuesta: Combatir el patrimonio de la delincuencia; no se toca el patrimonio de la delincuencia, tenemos la figura de la extinción de dominio.

En la administración del Presidente Peña, según datos oficiales: en el 2013 hay 4 acciones para extinción de dominio, y en el 2014, hay 2 acciones para extinción de dominio.

El año pasado, hubo 27,336 averiguaciones previas, y 6 acciones de extinción de dominio; no se toca el patrimonio de la delincuencia, esto no es de buenos contra malos, la delincuencia organizada es el gran negocio de este país, sino se cambia la visión para desarticular la estructura económica de la delincuencia. Por eso es fácil el reemplazo inmediato de las cabezas de los líderes de estos grandes negocios, seis acciones por parte de la Procuraduría General de la República en materia de extinción de dominio.

Propuesta cuatro. Tenemos que detener el flujo de la delincuencia, el flujo económico de la delincuencia en la economía; el gran poder corruptor de la delincuencia es cuando tiene la capacidad de ingresar sus ganancias a la economía formal. La parte más complicada de este delito es que alienta el silencio cómplice, de quienes se benefician directamente o indirectamente de ello, ya sea en empresas, bancos, funcionarios o comerciantes.

Tenemos escándalos en el extranjero de lavado de dinero en México. Recordemos el caso de "HSBC", por más de 880 millones de dólares. Según la Secretaría de Hacienda se lavan 10 mil millones de dólares al año en el país, según la Consultora Stratford, esta cifra llega hasta casi 40 mil millones de dólares.

La unidad de inteligencia financiera reporta para los años 2013 y 2014, 50 millones de dólares confiscados, 40 mil millones de dólares de lavado, y 50 millones de dólares, insisto, no se toca el patrimonio de la delincuencia.

Propuesta cinco. Evaluación del gasto en seguridad, ¿por qué no evaluamos el gasto en seguridad pública?, es el gasto que más ha crecido en los últimos años, más de 300 por ciento, entre la administración del Calderón y esta, y no se evalúa.

Nos tardamos mucho tiempo como país, en poder tener una evaluación independiente, profesional de las políticas para combatir la pobreza. Tenemos ahora el CONEVAL que bien o mal puede reorientar la política social hacia el combate a la pobreza.

¿Qué tienen de diferente los recursos públicos que se dedican a seguridad? Tenemos que hacer propuesta, tenemos que hacer que el CONEVAL tenga las facultades, ampliarle las facultades para que pueda evaluar el gasto en seguridad y nos presente resultados, mientras que el gobierno nos presenta número de detenidos, los ciudadanos lo que piden es seguridad ciudadana.

Propuesta seis. Oportunidades para los jóvenes. Tenemos cada vez más jóvenes involucrados en la delincuencia. Uno de los datos más tristes de este país, es que la esperanza de vida de esta generación de jóvenes se ha reducido un año, y ello porque la principal causa de muerte entre los 20 y 25 años en este país, para los jóvenes, es el homicidio; ninguna propuesta para los jóvenes, para que puedan integrarse al sistema educativo o económico. Tenemos un millón de jóvenes que dejan la escuela sin terminar al año.

Propuesta siete. Tenemos que cambiar la política económica: sino se cambia cuanto antes, las condiciones, las variables del paquete del 2015; nos vamos a llevar una de las más grandes sorpresas de esta administración.

La meta de inflación se antoja imposible de cumplir, por la depreciación que hemos tenido del tipo de cambio, el tipo de cambio ya se nos fue, el precio del petróleo está en 69.14; 65.14 dólares por debajo de lo presupuestado, y tenemos una amenaza permanente de salida masiva de capitales ante cambios, tenemos que blindar la economía para el año que entra.

Por último, y con esto termino, señor Presidente, le agradezco su tolerancia. El tema de combate a la corrupción. El presidente no va a recuperar el liderazgo en este país sino muestra una acción decidida en el combate a la corrupción.

La Casa Blanca se erige hoy como el monumento más simbólico y vergonzoso de la corrupción en nuestro país. La percepción de que el Presidente, es la cabeza de la corrupción e impunidad en el país se asienta en la Casa Blanca. La propuesta aquí es, y termino, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: La Senadora Graciela Ortiz González quiere hacer uso de la palabra. ¿Para qué asunto, Senadora? Sonido por favor.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Nada más hacerle una pregunta al señor Senador si me lo permite.

El Presidente Senador Aispuro Torres: ¿Acepta usted una pregunta, Senador?

El Senador Mario Delgado Carrillo: Adelante, Senadora.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Adelante Senadora Graciela.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señala usted, señor Senador que la Casa Blanca es el tema más importante de corrupción, que usted reconoce, yo quisiera preguntarle sino considera que hay otros temas de corrupción también tan importantes como el caso de la Línea 12, que no hemos discutido y que valdría la pena que empezáramos a discutir con toda suficiencia aquí en el Senado de la República.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Mire, Senadora, no hay ninguna, con mucho gusto, no hay ninguna acusación en el caso de la Línea 12 de corrupción, es un tema de diferendos técnicos, pero no hay temas de corrupción. Lo que sí hay en el caso de la Casa Blanca es una falta de explicación directamente del Presidente de la República, por eso es lo grave del asunto.

Y por último, bueno, ¿qué propongo para el tema de la corrupción?

El Presidente Senador Aispuro Torres: Me permite Senador. Para que asunto sería, ya no ha lugar a más preguntas en este momento, pero para qué asunto, sería.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Una rectificación de hechos, señor Presidente. No es un tema de diferendo técnico, es un tema, que habremos de insistir aquí en el Senado de la República se investigue con toda puntualidad. Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Concluya, Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Yo me sumo a su petición y ojalá tenga también la valentía de que se investigue, así como está pidiendo que se investigue la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la casa de los “Moches”, el monumento a la corrupción en este país.

Ojalá lo pidan, porque muchas veces se ha pospuesto ese debate. A ver, como terminamos con casos como el de la Casa Blanca. Que extendamos la figura de extinción de dominio, hacia actos sospechosos de corrupción para los servidores públicos y empresas involucradas, además de lo que se ha propuesto de un tribunal autónomo con ejercicio de acción penal.

Si se aprobara esta extensión, del tema de la extinción de dominio hacia actos de corrupción, por ejemplo la Casa Blanca, si estuviera vigente esa ley, tendría que ser confiscada y se tendría que presentar las pruebas de que fue adquirida lícitamente.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado. Senador Mario Delgado. ¿Acepta usted una pregunta del Senador José Ascención Orihuela? No la acepta.

Finalmente se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, estamos aquí para dar el debate, así como varios de mis compañeros y compañeras están en el trabajo en comisiones.

Y venimos aquí a reconocer que desde diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña ha privilegiado la responsabilidad de conducir un país frente a la popularidad; hereda un país que desde hace tres décadas tenemos el mismo porcentaje de personas en condiciones de pobreza, un país, el más desigual, nada honroso primer lugar de la OCDE donde la desigualdad entre el diez por ciento más rico de la población y el diez por ciento más pobre, ronda el 30 por ciento; mientras en el resto de las naciones, miembro de esta organización, la diferencia es apenas del nueve por ciento.

Para enfrentar esa responsabilidad, el Presidente Enrique Peña impulsó una serie de reformas estructurales de las que, si no me falla la memoria, todas y todos los aquí presentes participamos. Externamos nuestra opinión, hicimos modificaciones y las aprobamos en democracia, con una amplia mayoría sino es que por unanimidad en muchos casos.

¿Cuál era el objetivo fundamental, el eje transversal de todas estas reformas?

Atender estos rezagos estructurales, poner el piso parejo para competir, dar la garantía para evitar la falta de oportunidades que genera la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

México con Enrique Peña reconoció, se atrevió a reconocer, que la política asistencial por sí misma, no resuelve los problemas estructurales que tenemos de desigualdad y de pobreza.

El otro gran reto que tenemos como nación, es la justicia; el otro gran reto que tenemos y que toca particularmente a la política, y hay que reconocer que no se salvan ninguna de las fuerzas políticas, es la corrupción y la impunidad.

Coincido con lo que aquí se ha expresado, vivimos una crisis de credibilidad en todas las instituciones públicas, y yo espero que quienes estamos hoy aquí en el Senado con un cargo de representación popular, entendamos que somos parte del Estado mexicano, y que hoy estamos llamados a asumir esa responsabilidad.

Se entiende, pero no se comparte, que haya quienes en este momento, tan grave para el país, pretendan lucrar con el dolor ajeno; que haya quienes no ven más allá del próximo proceso electoral, aclaro que no se comparte.

Se entiende, también quienes ven en esta coyuntura, una oportunidad para lavar culpas, también se entiende que haya quienes dediquen mejores catálogos de adjetivos en una discusión como esta, pero creo que también todos coincidimos en que eso no es lo que exige la sociedad mexicana de todos nosotros.

Calificar, adjetivar el decálogo presentado por el Presiente Enrique Peña, no prestigia en nada al Poder Legislativo, y también podríamos medir los índices de popularidad en los que desafortunadamente no gozamos pese al trabajo que muchos desempeñamos con entusiasmo y convicción.

¿Qué reclama México de nosotros? Respuestas.

Se han querido minimizar muchos de los temas de este decálogo y yo preguntaría aquí, si es un tema menor lograr que en México cada persona tenga una calve única de identidad. Partamos de reconocer que eso no ha ocurrido y que se han hecho esfuerzos, pero también reconozcamos que el reporte 2012 sobre la discriminación en nuestro país advierte sobre un grave rezago que tenemos, la existencia de un subregistro nacional de población que ronda el 20 por ciento, en pleno siglo XXI.

Por encima, fíjense qué grave, del 10 por ciento que registra Guatemala o del 2 por ciento que registran países como Argentina o como Chile.

La identidad es un derecho humano fundamental, un derecho llave que brindan no sólo seguridad, brinda acceso a derechos como la salud o como la educación y hay un 20 por ciento de personas en este país que no tienen ni siquiera ese derecho fundamental.

Cómo vamos a hablar de desapariciones si no sabemos ni siquiera cuántos somos, si hay personas que carecen de lo más elemental como es la identidad.

Y los escuchaba yo también preguntarse por qué iba a haber un número de emergencias único.

Cómo se ve, cómo se ve que aquí muchos no necesitan un teléfono de emergencia.

Seguramente porque gozan de la seguridad que les da la remuneración económica que todos tenemos aquí.

Intenten marcar a un número de emergencia y vean si la respuesta, si esos segundos en los que va la vida o la muerte, es una repuesta efectiva a la necesidad de muchas personas que confían en las instituciones, y que son temas que han quedado por ahí olvidados.

La propuesta del mando único que presenta el Presidente Enrique Peña, es distinta a la que presentó la anterior administración con algunas coincidencias, qué bueno.

Plantea que la intención de la federación en las alcaldías sea una decisión de estado, pretende involucrar al Congreso de la Unión, pero también a los congresos locales y por cierto, revisando la discusión de este tema, el Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Partido Acción Nacional se opuso con particular énfasis a la propuesta de mando único que hizo el Presidente Calderón.

Pero vayamos al fondo, no se trata aquí de ver quién fue el primero en proponer, no se trata quién hizo o dejó de hacer, se trata de que todos, todas, encontremos juntos una respuesta de estado a este flagelo de la violencia que hoy afecta la tranquilidad, la paz de muchas familias mexicanas.

La propuesta del Presiente Enrique Peña representa justamente una propuesta integral de mediano, de largo plazo, que va mucho más allá de ciclos políticos o electorales, no se limita a una propuesta de mando único, significa una nueva forma de administrar la seguridad del país, significa reconocer que en materia de seguridad tenemos un gran pendiente con la sociedad.

Corresponde al Senado Mexicano, porque yo no veo aquí a nadie que esté dispuesta o dispuesto a dejar de asumir su responsabilidad, a aportar sus propuestas, a aportar esta visión federalista que caracteriza a nuestro Senado y corresponde, desde luego, que cada uno de nosotros con el conocimiento pleno que tenemos de nuestras entidades federativas pongamos la parte que nos toca.

Este es el verdadero debate que nosotros debemos tener. Quisiera lanzar algunas preguntas.

¿Queremos más gobernadores ausentes?, ¿queremos alcaldes omisos, amenazados o peor aún, coludidos con el narcotráfico?, ¿queremos más desparecidos, como por cierto los de un centro nocturno aquí en plena capital del país, como Allende, como Iguala?

Queremos partidos que en lugar de llamar a declarar ante la instancia competente les pidan a su dirigencia que renuncien, estoy cierta de que ninguno de nosotros pretende eso para México.

El Presidente Enrique Peña, desde el primer día de su mandato, ha privilegiado su responsabilidad frente a la popularidad, y ejerce con responsabilidad el cargo para el que millones de mexicanas y mexicanos lo elegimos, estamos de acuerdo.

México requiere soluciones de fondo, que definamos los cómo, los qué, señoras y señores, están largamente expuestos y nos lo puede decir cualquiera de los que nos eligió en las urnas.

Asumamos hoy, como representantes populares, como las madres y los padres que también somos, la responsabilidad que tenemos; seamos parte de la solución, incluso, sí requiere la actuación de un poder judicial que, por cierto, a muchos nos indigna que libere a vándalos que están grabados, que destrozan comercios y que atentan contra la seguridad de muchas personas que se manifiestan de manera pacífica en las calles para exigir un México en paz.

El dolor, la indignación y la desconfianza en la política que hoy ha llevado a la sociedad en las calles, exige de las Senadoras y de los Senadores, propuestas para fortalecer a las instituciones.

Me llama mucho la atención, más de 20 oradores y muy pocas propuestas que sí reconocemos.

Vayamos al debate en comisiones, vayamos a aportar el conocimiento, la lucidez, y no lo digo en tono de ironía, que yo reconozco en muchas y muchos de mis compañeros; hagámoslo con respeto, hagámoslo como parte del Estado mexicano que también somos; hagámoslo aportando el conocimiento que tenemos de nuestras entidades federativas.

El Presidente Enrique Peña presentó su propuesta al Congreso de la Unión, está facultado legalmente para ello, y nosotros tenemos la facultad también de hacer nuestra parte.

México, compañeras y compañeros está cansado de que se repartan culpas, México exige de nosotros asumir y compartir la responsabilidad

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador. Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera aclararle que en mi anterior intervención fue para hechos, para alusiones reiteradas, alusiones personales.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Vamos a dejar que esta ronda concluya. Usted en nombre de su grupo parlamentario podrá intervenir en las subsecuentes rondas, es el mismo tema.

En uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

Permítame Senador Blásquez. Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón.





 

Compañeras y compañeros Senadores:

Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el cual se integra la Senadora Layda Sansores San Román, a la Comisión de Desarrollo Social.

Pido a la Secretaría que dé lectura al Acuerdo, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el mismo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora secretaria. Está a discusión la propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora secretaria.

Se regresa a la Junta de Coordinación Política.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los otros Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy cuenta con los Acuerdos.

Recibimos uno por el que se remiten a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia, los expedientes de los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada, en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.







 

Y otro, por el que se remiten a la Comisión de Justicia, los expedientes de los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada, en Materia de Delitos Electorales.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Los Acuerdos anteriores que se presentaron en cumplimiento de lo que marca la Base Quinta de las respectivas convocatorias aprobadas por esta Asamblea el pasado 19 de noviembre, la Asamblea queda enterada de la remisión de las listas de candidatos a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia, por lo que se refiere a la Fiscalía Especializada, en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Y a la Comisión de Justicia, por lo que hace a los aspirantes a la Fiscalía Especializada, en Materia de Delitos Electorales.

Publíquense los respectivos Acuerdos en la gaceta y en la página electrónica del Senado.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PRACTICA CLINICA

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

“Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PRÁCTICA CLÍNICA, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

El interés creciente mundial en el desarrollo y uso de guías de práctica clínica busca soluciones a los retos que enfrentan los servicios de salud, esto implica el interés de los profesionales de la salud y pacientes para otorgar y recibir la mejor atención posible, tomando en cuenta la elevación de costos en la atención por la mayor demanda de servicios de salud, el envejecimiento poblacional y tecnologías de alto costo.

Las guías de práctica médica se definen como recomendaciones desarrolladas de forma sistemática con el fin de ayudar al profesional de la salud y al paciente a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas.

La medicina basada en evidencias es la integración de la mejor evidencia científica con la experiencia clínica y los valores de los pacientes y no solo un resumen de la información, por lo que es importante tomar en cuenta las preferencias del paciente al elaborar las recomendaciones de las guías de práctica clínica, principalmente cuando se deciden tratamiento a largo plazo o en condiciones asintomáticas como la diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, entre otros.

Para que los profesionales tomen las mejores decisiones deben disponer de información de calidad, de fácil interpretación y aplicación. De la suma de necesidades en salud y el avance del conocimiento ha surgido la medicina basada en la evidencia lo que ofrece recomendaciones de ayuda en la toma de decisiones.

Durante las dos últimas décadas se han desarrollado métodos para reducir la brecha entre la investigación y la práctica en la atención a la salud, sin embargo, las bases de datos de publicación de proyectos de investigación no siempre aportan criterios suficientes para aplicar los hallazgos. Durante siglos, la práctica médica se ha sustentado fundamentalmente en la experiencia y el juicio personal, sin embargo como se menciona al inicio esto ha cambiado radicalmente debido al enorme crecimiento de la ciencia y de la innovación biomédica, con nuevas aplicaciones que permiten el uso de gran cantidad de conocimientos para la toma de decisiones clínicas, lo que asociado a los grandes avances en la tecnología de la información está modificando la forma en la que estas decisiones enfrentan el ejercicio de la profesión.

El escenario actual de los servicios de salud en México arroja una prioridad implementar estrategias que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de los individuos y de la sociedad en su conjunto, a través de la oferta de mejores alternativas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, al mismo tiempo que se optimizan los recursos disponibles.

Este escenario actual de la salud en nuestro país, habla de la necesidad y expectativa de los individuos y de la sociedad para ofrecerles mejores alternativas en salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se modifica el artículo 32 de la ley general de salud, en materia de práctica clínica, para quedar como sigue:

Artículo 32.- se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual deberá apoyarse en las Normas Oficiales Mexicanas, las guías de práctica clínica  y medios electrónicos que al efecto emita la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.

Bibliografía:

● Revista médica IMSS Soc 2009; 47 (I) 103-108
● Subsecretaría de innovación y calidad SSA
● Dirección de integración de guías de práctica clínica





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

PRIMERO. El 12 de diciembre de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 constitucional en la que se decide, en concordancia con los postulados y conceptos prevalecientes en el ámbito internacional, transitar de un sistema de la doctrina de situación irregular a un sistema de justicia para adolescentes de corte garantista.

Dicha reforma estableció los siguientes principios y reglas:

a) El establecimiento de un sistema integral de justicia para adolescentes en los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas competencias.

b) La determinación de una edad mínima antes de la cual se presumirá que las y los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales.

c) La delimitación de la edad de las y los adolescentes que pueden ser responsables por la comisión de una conducta tipificada como delito; así como el señalamiento expreso de la garantía de sus derechos fundamentales.

d) La especialización necesaria de las instituciones y autoridades que impartirán justicia a las y los adolescentes.

e) El reconocimiento de los medios alternativos de solución de controversias como mecanismos para aplicar el sistema de justicia.

f) La observancia irrestricta de las garantías del debido proceso legal.

g) La garantía de la proporcionalidad de las medidas sancionatorias a la conducta realizada; así como la búsqueda de la reintegración social y familiar delas y los adolescente.

h) La determinación de que el internamiento será utilizado únicamente como medida extrema, por el tiempo más breve.

Como se advierte, en dichos principios y reglas que conforman la reforma    constitucional, se retoman los planteamientos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos dela Niñez aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990 y promulgada por el Ejecutivo federal el 28 de noviembre de 1990, así como diversos instrumentos internacionales, como las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores (Reglas de Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños Privados de Libertad; las Directrices de RIAD; la Resolución 45/155 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de 1990, relativas a la utilización de niños como instrumentos para actividades delictivas y el inciso f) del parágrafo V del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmado en 1985.

Por lo que es evidente que los Estados deben implantar un sistema integral de justicia para adolescentes fundado en los compromisos contraídos por los países suscriptores de la referida convención.

SEGUNDO. El 27 de diciembre de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Dicho decreto estableció una vacatiolegis de dos años para su entrada en vigor, es decir, el 28 de diciembre de 2014.

Este amplio espectro de temporalidad obedece a la necesidad para que las autoridades federales competentes implementen las medidas de ingreso, selección, capacitación y especialización para los operadores de este sistema, sin embargo, hasta el momento el Ejecutivo Federal no ha expedido los reglamentos, ni las adecuaciones presupuestarias y de infraestructura que requiere su implementación.

TERCERO. Adicionalmente, es de señalarse que en el Congreso de la Unión y particularmente en este Senado de la República existen propuestas para modificar nuestro texto constitucional, con la finalidad de que exista un único procedimiento de justicia para adolescentes en todo el país.

Derivado de esas propuestas, el pasado 21 de octubre de 2014, este Senado de la República aprobó un Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho dictamen mandata al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia de justicia para adolescentes, con un procedimiento acusatorio y oral, estableciendo la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas para el funcionamiento de dicho sistema.

Asimismo establece que el Congreso de la Unión deberá expedirla legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren.

Cabe señalar que dicha Minuta se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados pendiente de su dictaminarían y aprobación, con lo cual pasaría a las legislaturas de los estados por tratarse de una reforma constitucional.

CUARTO. Por tanto, como podemos observar se prefigura un inminente cambio al marco constitucional y a la expedición de una legislación general en materia de justicia para adolescentes, de ahí que se requiere establecer los cambios necesarios para que en dicha materia no exista algún desfase, laguna o antinomia que haga inaplicable este procedimiento.

Es en ese sentido que proponemos reformar el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, con la finalidad de ampliar a un año más la entrada en vigor de dicho Decreto, con la finalidad de que el Congreso de la Unión puedan agotar el proceso legislativo de la Minuta de reformas a la Constitución que se comenta en la presente iniciativa.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la Siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012.

ÚNICO. Se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la federación el 27 de diciembre de 2012, para quedar como sigue:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 28 de diciembre de 2015.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Avila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a rendir un informe sobre las contrataciones de la Administración Pública Federal realizadas con la empresa Grupo Higa o con las empresas en que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL REALIZADAS CON LA EMPRESA GRUPO HIGA O CON LAS EMPRESAS EN QUE SEA SOCIO O ACCIONISTA EL SEÑOR JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU.

“Las Senadoras LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT y los Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL REALIZADAS CON LA EMPRESA GRUPO HIGA O CON LAS EMPRESAS EN QUE SEA SOCIO O ACCIONISTA EL SEÑOR JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTÚ.

ANTECEDENTES

En fechas recientes salieron a la luz pública una serie de hechos que suponen infracciones a las leyes administrativas que rigen al servicio público, así como la posible comisión de delitos relacionados con corrupción. Unir los puntos de a) la cancelación de la licitación del tren México Querétaro que había ganado Grupo Higa, b)la “Casa blanca” de Sierra Gorda de siete millones de dólares construida por Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Grupo Higa, adquirida por la Primera dama en condiciones distintas de mercado,1 c) las contrataciones millonarias desde la administración como Gobernador del Estado de México del ahora Presidente de la República, como la ampliación de la vialidad Las Torres, de Zinacantepec a San Mateo Atenco de la entidad mexiquense concesionadas a Constructora Teya como parte del consorcio Promotora de Desarrollo de México por 250 millones de pesos, o el hospital de alta especialidad de Zumpango, concesionada a IGSA, por 700 millones2 y d) que en estas transacciones mencionadas participa el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, que guarda relación personal con el Presidente de la República, nos deja un hilo conductor de sospecha, que debe ser esclarecido al pueblo mexicano y que deben investigar las autoridades competentes.

Cuando se observa la relación personal entre un empresario y un servidor público o se percibe algún beneficio para alguna de las partes en virtud de la relación, se corre el riesgo de incurrir en conflicto de interés. “El conflicto de intereses surge cuando una persona con una responsabilidad formal de servicio público participa en una actividad que pone en peligro su juicio profesional, objetividad e independencia [… ] sirve principalmente a los intereses personales y puede influir potencialmente en el ejercicio objetivo de sus deberes”.3

La figura jurídica de “conflicto de interés” es una herramienta de carácter preventivo que tenemos los servidores púbicos para evitar incurrir en corrupción. Es la facultad de advertir una situación de riesgo y, conforme a la ética pública, tomar la decisión de no incurrir en algún ilícito. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece dicha decisión como un deber.

El artículo 8, fracción XI establece la obligación para los servidores públicos de “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”. El artículo siguiente de la ley prohíbe a los servidores públicos aprovechar su influencia para obtener alguna ventaja derivada de su función, para sí o para las personas mencionadas anteriormente.

Incurrir en conflicto de interés es la antesala a la comisión de algún acto de corrupción. Es por ello, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el deber de investigar los puntos mencionados. La SFP tiene la oportunidad y la obligación al mismo tiempo de probar que, aunque sea una dependencia de la Administración Pública Federal, las instituciones en este país funcionan. Que se puede dar un cauce efectivo a la investigación y, en su caso, cuando así proceda, a las sanciones correspondientes.

La Secretaría asume como sus funciones las siguientes: “vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales (…), coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal”. La SFP está ante la oportunidad histórica de cumplir con el objeto de verificar la legalidad de las contrataciones públicas realizadas por la Administración Pública Federal y el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de sus empresas.

Otro tema que ha generado polémica es la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro. Según el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, cuando se cancele una licitación se deberá cubrir a los licitantes “los gastos no recuperables”. Estos gastos se estiman por el consorcio ganador en 590 millones de pesos.4Esto supone una afectación en el patrimonio de los mexicanos en detrimento de un mejor uso de los recursos que podrían destinarse a programas sociales y también desde el punto de vista económico e internacional, pues se generó incertidumbre para la inversión en México. La confianza se perdió en más de una manera. Los mexicanos no podemos seguir pagando las consecuencias de decisiones de dudosa ética pública, México merece funcionarios públicos de la más alta calidad, un gobierno con ética, que vea por los intereses de los ciudadanos y no de los propios, un gobierno transparente en el que pueda confiar.

Para abonar a la confianza que han depositado los ciudadanos en sus gobernantes, en el Congreso de la Unión estamos impulsando la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y, en congruencia, presento este Punto de Acuerdo para cerrar la puerta a la opacidad y evitar a toda costa la impunidad.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que rinda un informe pormenorizado sobre las contrataciones que la Administración Pública Federal ha realizado del año 2010 a la fecha con las empresas: Grupo Higa; Constructora Teya; Inmobiliaria del Centro; Eolo; Publicidad y Artículos Creativos; Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V.; Mezcla Asfáltica de Calidad; Señales y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Consorcio IGSA Medical del Perú; así como las que tengan el carácter de filiales o subsidiarias de éstas o en las que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú.

Dicho informe deberá contener al menos, lo siguiente:

1. Procedimientos de contratación llevados a cabo por entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, en los que haya participado, ya sean licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas.

2. Contratos que se hayan derivado de los procedimientos anteriores.

3. En el caso de que se haya tratado de licitaciones públicas:

I. Remitir las constancias del procedimiento: convocatoria o bases, actas de las juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de ofertas, fallo de adjudicación y contrato suscrito.

II. Especificar si se contó con testigo social y remitir en su caso el testimonio, o bien justificar la causa por la cual no aplicó dicha figura.

4. Para el caso de que el contrato se haya derivado de algún procedimiento de excepción a la licitación pública:

I. Justificación técnico jurídico administrativa de cada caso: dictámenes respectivos y  actas de comités correspondientes.

II. Estudios de mercado realizados previamente a la contratación.

III. En el caso de que haya sido una invitación a cuando menos tres personas, remitir las constancias del procedimiento: invitación, actas de las juntas de aclaraciones si es que se llevaron a cabo, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de ofertas y fallo de adjudicación.

5. De los procedimientos y contratos anteriores:

I. Especificar si se han realizado actos de fiscalización y/o control por parte de la SFP o sus órganos internos de control, así como los resultados de los mismos.

Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

1 La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, 9 de noviembre, disponible en: http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/.

2 Para Hinojosa Cantú, al menos $1,000 millones del presupuesto del Edomex, La Jornada, 20 de noviembre, Toluca, Méx, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/20/estados/033n1est.

3 Conflict of interest, Anticorruptionresource center, traducción propia, disponible en: http://www.u4.no/glossary/conflict-of-interest/#sthash.tC0gmwC6.dpuf.

4 México tendrá que pagar 590 millones a compañía China y hasta fotocopias y hoteles, Sin Embargo, 11 de noviembre, disponible en: http://pulsoslp.com.mx/2014/11/11/mexico-tendra-que-pagar-590-millones-a-compania-china-y-hasta-fotocopias-y-hoteles/.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar vigencia inmediata a la portabilidad referida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A DAR VIGENCIA INMEDIATA A LA PORTABILIDAD REFERIDA EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A DAR VIGENCIA INMEDIATA A LA PORTABILIDAD REFERIDA EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 3 de noviembre, un grupo de legisladores instamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que cumpliera con el artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emitiendo los lineamientos para hacer efectiva la portabilidad numérica, de manera gratuita y en un plazo de 24 horas, en beneficio de los consumidores de telefonía, a más tardar el6 de noviembre, fecha en que venció el plazo legal.

Si bien el Instituto emitió el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos, el 6 de noviembre de este año y fue publicado el día 12 de noviembre, dicho instrumento excede el plazo legal, otorgando en el artículo primero transitorio de su acuerdo, un plazo de 90 días a partir de la publicación del mismo, para que éste entre en vigor, es decir, para hacer efectivo el derecho a la portabilidad.

En este sentido es de considerarse que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha excedido sus facultades, al proponer a través de sus reglamentos, un plazo superior al que marca la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo trigésimo octavo transitorio. La Ley que entró en vigor el 13 de agosto pasado, estableció un periodo máximo de 60 días para que el Instituto emitiera las reglas administrativas con el objetivo de que se pueda hacer valer, en todos sus términos, la portabilidad numérica de manera gratuita y en un plazo de 24 horas ya que de lo contrario, se estaría atentando contra un derecho de los usuarios de telefonía móvil.

Por lo anterior, en pleno cumplimiento del artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica debió entrar en vigor a más tardar el pasado 6 de noviembre.

Con el plazo adicional de 90 días naturales que propone el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el derecho a la portabilidad se atrasaría hasta febrero del próximo año, lo que hace nugatorio el derecho de los usuarios.

Es importante señalar, que la portabilidad ya existía en el mercado antes de la legislación vigente, y que lo que se incorporó fue el reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental de los usuarios, por lo cual a partir del 6 de noviembre debe ser gratuita y debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la solicitud del usuario. El Instituto Federal de Telecomunicaciones en su acuerdo contraviene un mandato legal derivado de una reforma constitucional en perjuicio de todas aquellas personas que sean usuarias de estos servicios.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en pleno respeto de su autonomía constitucional, para que de conformidad con el artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, rectifique su acuerdo del día 6 de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de noviembre de este año, y se de vigencia inmediata a la portabilidad, toda vez que ya ha transcurrido el plazo de 60 días previsto por la Ley referida.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones vigile el cumplimiento estricto de la portabilidad en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como derecho de los usuarios y obligación de los prestadores de servicios.

TERCERO. Se exhorta al Senado de la República a que, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, interponga Controversia Constitucional en contra del ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de este año.

CUARTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Sen. Zoé Robledo Aburto”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a poner en práctica una campaña nacional anual en contra de la diabetes mellitus. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A SUS HOMOLOGAS ESTATALES PARA QUE PONGAN EN PRACTICA UNA CAMPAÑA NACIONAL ANUAL EN CONTRA DE LA DIABETES MELLITUS.

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron en 1991 el Día Mundial de la Diabetes, el cual se conmemora el 14 de noviembre, a fin de unir a la comunidad mundial de la diabetes, así como concientizar, promocionar y hacer la defensa pública de la enfermedad.1

La diabetes es una enfermedad crónica y en su etapa inicial no produce síntomas, sin embargo, cuando no se detecta a tiempo y no se trata de una forma adecuada, ocasiona complicaciones de salud graves, como infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura.2

Ante estas consecuencias, no es extraño que sea también conocida como la epidemia del siglo XXI y esté  siendo un reto de salud global. Es una enfermedad crónica de causas múltiples no contagiosa y una de las más frecuentes del mundo.

En México durante 2011, 70 de cada 100 mil personas murieron por diabetes mellitus, de las cuales el 62% se presentó en mujeres y 61% en varones.3

La Secretaría  de Salud realizó un estudio sobre la detección de diabetes durante el 2011, en el que se constató que 9 de cada 100 pruebas en personas que no cuentan con seguro médico resultaron con diabetes, y 2 de cada 100 personas que están aseguradas también padecen esta enfermedad.4

En las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes en México ha ido en aumento, figura entre las primeras causas de muerte en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012, se identificaron a 6.4 millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.17% de los adultos en México han recibido un diagnóstico de la enfermedad.5

De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en México se presentó un incremento de este padecimiento, ya que en 1998 la tasa de mortalidad era de 342.1, pasando en 2012 a 358.2 casos de diabetes por cada 100 mil habitantes.6

Así pues, de acuerdo a los datos del SINAVE, en el área hospitalaria de diabetes mellitus, de enero a marzo de 2013, la entidad federativa que presentó el mayor número de casos hospitalizados con diagnóstico de la enfermedad fue el Estado de México con el 9.1%, seguido de Tabasco con el 8.1 % y en tercer lugar Hidalgo con 7.8%.7

Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte de la población, ya que se desarrollan complicaciones crónicas durante su evolución, lo que implica elevados costos económicos para su mantenimiento y control. Va en aumento de una manera alarmante y también está afectando a adolescentes y adultos jóvenes.

Aunque México ha avanzado en la atención a la salud, aún falta mucho por hacer en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes.

Ante las alarmantes cifras y la forma en que este grave padecimiento está afectando a la población mexicana, amerita que las autoridades realicen una mayor inversión de un enfoque preventivo en la atención médica.

Es de reconocer la existencia del “Programa de Acción de Prevención y Control de la Diabetes”, cuyo objetivo es proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de la diabetes y las complicaciones de mayor prevalencia entre las poblaciones adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en este grupo poblacional. No obstante resulta importante valorar, analizar y ponderar crear más programas preventivos y asistenciales que tengan como objetivo ayudar a todos los sectores de la población para contribuir a reducir la mortalidad por diabetes en México.

Es necesario que se genere un interés público sobre el problema de la diabetes a nivel nacional, sociedad y del individuo, para disminuir y combatir esta enfermedad crónica, impulsando un programa riguroso y replanteando el sistema de salud.

Por tal motivo y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y para combatir este problema de salud, es necesario que el Gobierno Federal redoble esfuerzos para fortalecer los programas de prevención, detención y atención oportuna en contra de este padecimiento.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas Estatales:

a) Implementar una campaña de difusión anual sobre la prevención y detección oportuna de la Diabetes.

b) Reforzar los programas ya existentes como lo es el “Programa de Acción de Prevención y Control de la Diabetes,” así como evaluar la pertinencia de crear algunos otros programas complementarios a éste, a fin de que se logre una mayor cobertura y en consecuencia la reducción de los índices de mortalidad derivados de esta enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 2 de diciembre 2014.

Sen. David Monreal Ávila”.

1 Día Mundial de la Diabetes 2014, consultado 12 de noviembre de 2014, [En línea] Disponible en: http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/guias/guiapractica_dmd2014.pdf

2 Diabetes Mellitus en México, El Estado de la Epidemia, consultado 19 de noviembre de 2014, [En línea] https://siid.insp.mx/textos/com-5129227.pdf

3 Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Diabetes, consultado 13/11/2014, [En línea] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2013/diabetes0.pd

4 Ibídem.

5 Diabetes Mellitus en México, el Estado de la Epidemia, consultado 12 de noviembre de 2014, [En línea] Disponible en https://siid.insp.mx/textos/com-5129227.pdf:

6 Boletín Epidemiológico Diabetes Mellitas Tipo 2 Primer Trimestre 2013, consultado 13/11/2014, [En línea] Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf

7 Ibídem.





 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Avila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a transparentar su situación patrimonial completa, incluyendo el valor de sus bienes, el monto total de su patrimonio y, como lo exige la Ley, también de su cónyuge y sus dependientes económicos directos. Se turna a la Comisión de Gobernación.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer a Palestina como Estado y a elevar la Delegación Especial de Palestina al rango de embajada. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER A PALESTINA COMO ESTADO Y A ELEVAR LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE PALESTINA AL RANGO DE EMBAJADA.

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER A PALESTINA COMO ESTADO Y A ELEVAR LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE PALESTINA AL RANGO DE EMBAJADA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los palestinos han buscado por años continuar los esfuerzos por alcanzar una solución conjunta con Israel ante el conflicto territorial en el que se ven inmersos, derivado por la decisión internacional de partir a Palestina en 1947 en dos Estados, uno judío, Israel, y uno palestino, el cual no se ha podido concretar debido a que los israelíes han optado por subyugar al pueblo palestino aduciendo supuestas razones de seguridad.

Los recientes enfrentamientos entre ambas naciones ponen en tela de juicio la capacidad de reestablecer un diálogo que conlleve a una solución benéfica para ambos, es por eso que ahora se vislumbran menos posibilidades de progreso y ante esto, a los ojos de los palestinos y de la gran mayoría de los Estados, la única solución viable es la de acatar la Resolución 181 de las Naciones Unidas y forjar el Estado Palestino.

En los últimos días se ha suscitado un revuelo internacional al Suecia revelar su reconocimiento oficial a Palestina como Estado. La decisión del país que se ha convertido en el 135 en reconocer al Estado Palestino se ha tornado un parteaguas importante en la postura de la Europa Occidental, que hasta el momento se había resistido a reconocer la Autoridad Palestina.1

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tiene contabilizados 135 países que reconocen un Estado Palestino, y en la votación celebrada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2012, 138 países aceptaron su inclusión como “Estado observador no miembro” en la ONU. 2

El dilema ahora recae en Europa Occidental, quien también es faltante de reconocer al Estado Palestino. Como se menciona anteriormente, Suecia ahora ha marcado el paso para que la vieja diplomacia europea refresque su postura y tome en cuenta la situación de violencia, la ampliación constante de las colonias israelíes y el constante congelamiento del proceso de paz entre ambas naciones. El Viejo Continente debe promulgarse a favor del respeto al territorio, la población y las instituciones que conforman a Palestina, reconociéndolo como Estado no sólo de manera simbólica.

Algunos de los Estados que han reconocido a Palestina son: Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Malta, Chipre y Suecia. Cabe destacar que los primeros 6 Estados mencionados lo hicieron antes de adherirse a la UE, mientras que Suecia ha sido el primer país de Europa Occidental y de la Unión Europea en reconocerlo oficialmente.

Por el contrario, los que no la han reconocido son Alemania, Holanda y Dinamarca. El caso alemán es particularmente notorio puesto que la relación especial que mantiene con Israel hace casi inconcebible el reconocimiento de Palestina.

En días anteriores, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y España han comenzado a movilizar en sus parlamentos algunas iniciativas para dar paso al reconocimiento del Estado de Palestina, aunque no de manera oficial sino simbólicamente, argumentando que de igual modo debe La Asamblea francesa celebrará una votación a final de mes. El Parlamento británico ya lo hizo, el pasado 13 de octubre, con un resultado de 274 votos a favor y solo 12 en contra.3

Asimismo, el pleno del Congreso de los Diputados españoles ha aprobado este martes (319 votos en pro, una abstención y dos votos en contra) una proposición no de ley en favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente, lo que convierte al Parlamento español en el tercero de Europa que se pronuncia en este sentido.4

Al hablar un poco sobre la situación en nuestra zona de influencia, lo que es Latinoamérica, podemos observar que la mayoría de los Estados latinos desde hace algunos años tomaron la postura de reconocer al Estado Palestino. Desde finales de 2010, los Estados latinoamericanos que han reconocido a Palestina son, en 2010 Brasil, Bolivia y Ecuador, siendo que en 2011 Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Honduras, El Salvador y Chile, reconocieron a Palestina. Asimismo, Cuba y Nicaragua están entre los 94 países que reconocieron la proclamación unilateral de un Estado palestino hecha por el Consejo Nacional Palestino en la reunión de Argel en 1988, además de que fueron de las primeras naciones en reconocer a la Autoridad Nacional Palestina desde los Acuerdos de Oslo en 1994.5

En cambio México y Colombia son prácticamente los únicos países que no han otorgado el reconocimiento antes citado. En el caso mexicano, se votó a favor de reconocer a Palestina como Estado observador en la ONU, más no lo reconoce oficialmente como Estado independiente6, a pesar de que nuestro país tiene una Delegación Especial acreditada de Palestina en México.

Es importante mencionar que Norteamérica se ha deslindado de dicho reconocimiento, sobre todo los Estados Unidos puesto que es el principal aliado y patrocinador de Israel.

Recordemos que la Ley del Servicio Exterior de México, en su Artículo 2, fracción III establece que corresponde a dicho Servicio el “Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado”, además de que la fracción VII del mismo artículo señala como otra obligación la de “Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en primer término los intereses nacionales.”

Si bien el Senado a condenado las acciones bélicas llevadas a cabo por Israel hacia la Franja de Gaza con la operación “Receptor Abierto”, misma que dejó un saldo de miles de muertos inocentes, principalmente mujeres, niños y ancianos, así como la decisión de emprender la construcción de nuevos asentamientos judíos en Cisjordania, también debemos condenar los actos recientes perpetrados por extremistas palestinos en contra de una Sinagoga en Jerusalén que dejó un saldo de 7 muertos y algunos heridos.

La resolución pacífica de esta controversia debe ser prioridad máxima de la comunidad internacional y debe ser menester comenzar a buscar soluciones alternas que aceleren el proceso de reconocimiento del Estado Palestino, puesto que si se continúa trabajando con las mismas acciones que se han venido aplicando a lo largo de todos estos años, la influencia israelí seguirá desacatando las recomendaciones internacionales y su ocupación en territorios que no le pertenecen no tendrá final.

Por lo anterior expuesto y recordando que las Naciones Unidas eligieron el 29 de noviembre de cada año, mediante la resolución 32/40 de la Asamblea General de 1977, como la fecha para celebrar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, tomando en cuenta los principios de política exterior mexicana, principalmente los referidos a la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, a que eleve reconozca a Palestina como Estados Soberano y eleve al más alto nivel las relaciones políticas y diplomáticas con Palestina, elevando el estatus de la Delegación Especial de Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México.

Segundo. El Senado de la República condena todos los actos de violencia que han ocurrido en la región entre palestinos e israelíes e insta a las partes en conflicto a poner un alto a las hostilidades, privilegiando el diálogo para solucionar el conflicto entre Palestina e Israel.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 “ A diez años de la muerte de Arafat, 135 países reconocen Estado Palestino.” Huellas de México, 11 de noviembre de 2014. Disponible en: http://huellas.mx/mundo/2014/11/11/10-anos-de-muerte-de-arafat-135-paises-reconocen-estado-palestino/

2 “Quien reconoce a Palestina y quien no.” La Vanguardia Internacional, 19 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20141118/54419421923/quien-reconoce-palestina-quien-no.html

3 Idem

4 Gonzáles, Miguel, El Congreso español insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino, El País, disponible en http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416258055_830616.html

5 México vota a favor de Palestina como Estado Obervador. El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/notas/886682.html

6 “Que países reconocen a Palestina (MAPA).” 18 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.huffingtonpost.es/2014/11/18/paises-reconocen-palestina_n_6178062.html





 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Avila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México a investigar y, en su caso sancionar, la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una residencia en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, A INVESTIGAR, Y EN SU CASO SANCIONAR, LA PROBABLE INFRACCION A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, POR LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE LA COMPRADORA, ANGELICA RIVERA HURTADO, CÓNYUGE DEL ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO (SEPTIEMBRE DE 2005 A SEPTIEMBRE DE 2011), Y LA PARTE VENDEDORA GRUPO HIGA.

“Las Senadoras LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT y los Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, dela LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría del estado de México, a investigar, y en su caso sancionar, la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una residencia en la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

Por una investigación de la periodista Carmen Aristegui, presentada el 9 de noviembre de 2014, se conoció que la esposa del Presidente, Sra. Angélica Rivera Hurtado, posee una casa en la colonia Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal, con un valor de 7 millones de dólares, es decir, 86 millones de pesos aproximadamente, misma que fue construida por Grupo Higa, empresa que ganó la licitación del tren México- Querétaro y que construyó obras en el Estado de México cuando el Lic. Peña Nieto fue gobernador.

En junio de 2010, la Sra. Rivera pactó con Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo Higa, la construcción de la residencia referida. Este hecho ocurrió mientras el Lic. Enrique Peña Nieto era el Gobernador del Estado de México (16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre del 2011).

El 12 de enero de 2012, Rivera Hurtado celebró un contrato de compra venta con reserva de dominio de los bienes fusionados con números 150 y 160 de la calle de Sierra Gorda, incluyendo las construcciones situadas ahí, por un monto de 54 millones de pesos, más intereses. Este contrato se celebró cuatro meses después de la conclusión del mandato como Gobernador de su cónyuge; es decir, aún no se cumplía un año del término de su cargo, por lo que se estaría violentando las fracciones XIV o XVI del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México.

Dicho ordenamiento contempla que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

XIV. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

XVI. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero, objeto mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas física o a las que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.”

En contraparte, en el primer párrafo del artículo 43 de la misma Ley se contempla que incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria quien incumple las obligaciones contenidas en el artículo 42, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en la ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda.

Y el segundo, dispone que la responsabilidad administrativa disciplinaria tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el artículo 42, con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive de la responsabilidad administrativa resarcitoria o de índole penal.

Es importante recalcar, que si bien la manifestación de contratar por parte de Angélica Rivera con Grupo Higa, se hizo en julio de 2010, cuando Peña Nieto aún era gobernador del Estado de México, el contrato se realizó en enero de 2012, antes del año mínimo posterior a la conclusión de la gubernatura, por lo que los supuestos son plenamente aplicables.

Todo lo anterior con independencia de lo dispuesto en las leyes federales en materia del servicio público y responsabilidades, que podrían haber sido violentadas por la celebración de los contratos de obra pública con Grupo Higa por parte del Estado de México, pues el párrafo tercero del artículo 108 constitucional establece que los Gobernadores de las entidades federativas serán responsables por las violaciones a las leyes federales, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la actualidad el Estado constitucional no puede pensarse sin el establecimiento de las condiciones formales y materiales que hagan efectivo el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública, así como tampoco puede concebirse una sociedad democrática abierta sin la exigencia de la transparencia de los actos públicos.1

Generar certeza en la ciudadanía, sobre un acto tan delicado como un posible conflicto de interés del Presidente de la República, debe ser de la mayor importancia para todos. Por ello, es necesario que las autoridades competentes en el estado de México aclaren ante todo el país los hechos descritos, y de ser necesario, se actúe en pleno apego a derecho.
Con base a lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México a investigar, y en su caso, sancionarla probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre los bienes fusionados con números 150 y 160 de la calle de Sierra Gorda, Las Lomas en la Ciudad de México.

Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

1 Cfr. Olimpo Nava Gomar, Salvador, en “Transparencia y Acceso a la Información en materia político-electoral (de autoridades y partidos políticos).




 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Marina un informe detallado sobre la relación que tiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la forma en la cual se otorga apoyo o cooperación entre instituciones. Se turna a la Comisión de Marina.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION SOBRE LA PRESUNTA PARTICIPACION DE AGENTES ESTADOUNIDENSES ENCUBIERTOS EN OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA.

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE AGENTES ESTADOUNIDENSES ENCUBIERTOS EN OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE MARINA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados saltó a la luz la forma en la cual México es percibido debido a la grave crisis social por la que atravesamos. En una entrevista para la Revista Foreing Affairs, el Presidente uruguayo, José Mujica, indicó que México, por los sucesos del caso Ayotzinapa, parece un Estado Fallido, “A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México”.1 Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa donde manifestaban sorpresa y rechazo a los dichos de Mujica, siendo que, además citó al Embajador uruguayo en México, el caso revela la forma en la cual se desvanece el México próspero y en paz que el Gobierno trata de presentar ante la opinión internacional.

Hay que señalar que derivado del rechazo de la parte mexicana a lo expuesto por Mujica, el presidente tuvo que matizar los dichos y expresar su solidaridad con el pueblo mexicano, no sin antes señalar que México y otras naciones están bombardeadas con una metodología comercial sin escrúpulos, dispuesta a todo, cuya consigna es plata o plomo, y que maneja cuantiosos recursos económicos, “Centroamérica toda paga el costo de ser un puente clandestino hacia el gran mercado que no solo consume, sino que además factura el grueso de este comercio”.2

Lo anterior resulta revelador y más ahora que el periódico estadounidense The Wall Street Journal revela que Agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, disfrazados como militares de la Marina y armados con equipo mexicano, participan en operativos antinarcóticos en México3, sin que lo anterior haya sido notificado por parte del Ejecutivo Federal al Congreso.

Según el rotativo estadounidense, los agentes participan en operativos cuatro veces al año y el proyecto de su participación está avalado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, siendo que, además, se menciona que tanto los Estados Unidos como México han reconocido en el pasado que las agencias policiales estadounidenses operan en nuestro país proporcionando apoyo de inteligencia a las unidades militares mexicanos que luchan contra los cárteles4, donde agentes del FBI y la DEA juegan un papel de apoyo, donde aseguran que su papel se limita a la asistencia y no a la participación directa en estos operativos.5

Si bien la Secretaría de Marina negó categóricamente que las autoridades americanas participen con marinos en operaciones tácticas, aunque reconoció que se tiene adestramiento por parte del Servicio Marshall,6 el caso resulta revelador debido a la estrecha colaboración que se ha dado a raíz de la Iniciativa Mérida con los cuerpos de seguridad norteamericanos, donde los últimos operan en México al margen de toda Ley nacional.

Aunado a lo anterior, se debe incluir el penoso caso que varios medios de comunicación retomaron sobre que varios sujetos armados interceptaron un vehículo de la SEMAR cuando circulaba por la autopista México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Juan Tlalpizáhuac, donde sometieron a los dos marinos y les robaron la unidad, así como las armas que portaban7, lo cual demuestra la incapacidad que puede darse dentro de dicha institución castrense.

En este sentido, es de destacar los siguientes aspectos:

● La nota del Wall Street Journal refiere a que un alto oficial estadunidense informó que las misiones son aprobadas por altos niveles del gobierno mexicano y de la Secretaría de Marina, lo cual fue negado por Ariel Moutsatsos-Morales, Jefe de la Sección de Asuntos Prensa y Asuntos Públicos de la Embajada de México en Estados Unidos.8

● Las operaciones del Servicio de Alguaciles en México se llevan a cabo por un pequeño grupo de agentes en misiones breves y específicas, con el objetivo de ayudar a México a encontrar y capturar a objetivos de alto valor de los carteles, donde destacan el caso de la captura de Joaquín, El Chapo, Guzmán.

● Se refleja un grave vacío de poder dentro de las instituciones castrenses mexicanas, puesto que refleja la incapacidad que tiene la Secretaría de Marina para llevar a cabo acciones de seguridad pública, facultades que no posee constitucionalmente, además de que al permitir que agentes de seguridad extranjeras operen en nuestro país, viola flagrantemente la Constitución.

Desde que se negoció la Iniciativa Mérida, se ha impuesto un modelo militarizado para combatir al narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, nuestro Estado mexicano, a convertirse en un Estado policiaco. Lo anterior recuerda al Plan Colombia implementado, curiosamente por los Estados Unidos, para combatir la delincuencia en ese país a finales de los noventas.

Derivado de las concesiones otorgadas con motivo de la Iniciativa Mérida por la administración del gobierno anterior, firmada y aceptada de manera unilateral por Calderón sin la consulta del Senado, y la permisividad con la que la actual administración deja operar a las agencias de seguridad norteamericanas, el tema de seguridad se cambió por el de injerencia en los asuntos internos y en el espionaje violatorio del derecho internacional, elementos que han caracterizado la relación con nuestro vecino del norte.

Es así que las Agencias de Seguridad de Estados Unidos como la DEA, la ATF, la CIA, el FBI, y en este caso el Departamento de Estado, por parte del Servicio de Alguaciles, crecieron en presencia, en funciones y operaciones y han estado capacitando e instruyendo a los cuerpos policiacos y militares nuestros sin que dicha estrategia haya rendido fruto positivo alguno, todo al margen de la normatividad nacional.

En este contexto se gestaron los nefastos operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, el espionaje que sufrieron altos rangos de la política mexicana, los casos en los cuales agentes de la DEA se reunieron con narcotraficantes y en particular con el descubrimiento del centro de espionaje estadounidense conocido como “Centro de Fusión México”, lo que señala claramente el vacío de poder que se tiene en nuestro país, donde no se respeta la Constitución ni la soberanía nacional, donde coincidimos totalmente con el Presidente Mujica en que México es un Estado Fallido con instituciones débiles y corrompidas.

Ahora bien, en el caso en comento resulta en suma alarmante que la Secretaría de Marina viole la Constitución en su artículo 32, tercer párrafo, donde se señala expresamente que “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.”

No es aceptable bajo ninguna circunstancia que dependencia alguna o servidor público viole la Constitución al permitir que agentes de dependencias de seguridad extranjeras participen activamente en operaciones relacionadas a la seguridad interior, por lo cual es necesario que el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz comparezca ante el Senado de la República y explique el accionar de la secretaría a su cargo, así como la relación que tiene con instituciones de seguridad extranjeras.

Asimismo, el Canciller José Antonio Meade debe entregar un informe detallado acerca de cuántos acuerdos interinstitucionales tiene nuestro país con las dependencias de seguridad estadounidenses, así como las dependencias participantes.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita a la Secretario de Marina un informe detallado con el fin de que explique la relación que se tiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, principalmente con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y la forma en la cual se otorga cooperación entre ambas instituciones, los acuerdos interinstitucionales que dicha dependnecia tiene con agencias de seguridad de Estados Unidos,la forma en la cual se otorga apoyos o cooperación entre las instituciones, además de que informe si agentes extranjeros han participado dentro de las operaciones de la secretaría a su cargo.

Segundo. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que entregue un informe detallado acerca de los acuerdos interistitucionales que han celebrado las dependencias de Seguridad Federal con sus homólogas norteamericanas.

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 02 días de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Camhaji, Elías , “Ayotzinapa es muy doloroso”: Mujica, ForeingAffairs Latinoamérica, disponible en http://revistafal.com/ayotzinapa-es-muy-doloroso-mujica/

2 Mujica expresó solidaridad con el pueblo y gobierno de México por secuestro de estudiantes, Presidencia de la República Oriental del Uruguay, disponible en http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-mexico-ayotzinapa

3 Barrett, Devlin, U.S. MarshalsServicePersonnelDressed as Mexican Marines Pursue Cartel Bosses, The Wall Street Journal, disponible en http://online.wsj.com/articles/u-s-marshals-service-personnel-dressed-as-mexican-marines-pursue-drug-cartel-bosses-1416595305

4 Ídem

5 Operan en México policías de EU disfrazados de marinos, Aristegui Noticias, disponible en http://aristeguinoticias.com/2211/mexico/operan-en-mexico-policias-de-eu-disfrazados-de-marinos/

6 Comunicado de Prensa 112/2014, Secretaría de Marina, disponible en http://www.semar.gob.mx/s/sala-prensa/comunicados-2014/2552-comunicado-112-2014.html

7 Asaltan a 2 marinos en la México-Puebla, El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/asaltan-a-2-marinos-en-la-mexico-puebla-128062.html

8 Barrett, Devlin, Óp. Cit





 

Del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar lo legalmente procedente para la creación de la comisión ordinaria contra la trata de personas. Se turna a la Comisión Contra la Trata de Personas.

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADOR FERNANDO HERRERA ÁVILA, SOLICITA SE EXHORTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN APEGO A SU LEY ORGANICA Y TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, SE REALICE LO LEGALMENTE PROCEDENTE PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ORDINARIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN CADA UNO DE ESTOS PARLAMENTOS.

FERNANDO HERRERA ÁVILA, Senador de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

La persona humana tiene una eminente dignidad y destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.

Por su dignidad, los seres humanos –iguales por naturaleza- no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino.

La convivencia justa, libre y ordenada, es medio necesario para el perfeccionamiento de la persona. Es por tanto obligación ineludible de todos, respetar la dignidad y la libertad de los demás y cooperar no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana.

Por lo anterior y en congruencia con nuestra doctrina partidaria, las senadoras y senadores del PAN, tenemos la tarea y obligación de impulsar políticas públicas que coadyuven en el aseguramiento y tutela de los derechos inherentes a la persona, y es claro que la libertad, la integridad física y el respeto a la vida misma son preponderantes y base del tema que expongo.

En México oficialmente se abolió la esclavitud en 1810. No obstante, dos siglos después continúan siendo esclavizadas cientos de personas en nuestro país al ser explotadas bajo cualquier modalidad de trata.

El impacto social de este fenómeno, revela a la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI la cual violenta de forma grave los derechos humanos en virtud de que se perpetra mediante la pérdida de la libertad, la explotación, la tortura y la degradación de la condición humana. La trata de personas es implacable pues no reconoce género, nacionalidades, niveles socioeconómicos ni educativos.

Consientes de la grave forma con que este delito impacta la dignidad de la persona humana y a la sociedad en general, con el objeto no solo de erradicar, sino también de prevenir la trata de personas, ya se han realizado esfuerzos concretos. De inicio, esta Cámara de Senadores ya cuenta con una Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas, así mismo se integró con Diputados Locales la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas, de la cual hace pocas semanas se realizó su segunda reunión anual y recientemente este pleno tuvo a bien aprobar reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que incluyen nuevos tipos penales, medios comisivos, nuevas conductas delictivas y se amplían las agravantes.

Sin embargo, al día de hoy los tres niveles de gobierno seguimos en pleno camino hacia la construcción de mejores instrumentos legales e institucionales que contribuyan al fortalecimiento del combate contra la trata de personas. En el ámbito legislativo, los esfuerzos deben ser unificados. Resulta de vital importancia que los legisladores de toda la Nación, trabajemos juntos para intercambiar ideas, propuestas, experiencias y conocimientos en la materia, que resulten en una mayor eficacia en esta lucha que debe ser frontal y sin tregua.

Por ello hemos sido insistentes en armonizar la ley general con las legislaciones de los Estados, y lograr una mayor sinergia entre todos los que tenemos como responsabilidad y compromiso prevenir, atender, combatir y erradicar este crimen, es por ello que resulta primordial que de igual manera orgánicamente logremos conciliar las comisiones que se especializan en los temas de mayor relevancia y lograr mejorarlos canales de colaboración, un enfoque integral que incorpore en su base y diseño beneficios tangibles en el combate de la trata de personas y a favor de las víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en apego a su Ley Orgánica y trámite legislativo correspondiente, se realice lo legalmente procedente para la creación de la Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas en cada uno de estos Parlamentos.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores,
el 2 de diciembre de 2014.

Atentamente

Sen. Fernando Herrera Ávila”.





 

De los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita la creación de una comisión especial que examine las irregularidades y conflicto de intereses existentes entre el titular del Poder Ejecutivo y su esposa con el ciudadano Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL QUE EXAMINE LAS IRREGULARIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES EXISTENTES ENTRE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU ESPOSA CON EL C. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU DUEÑO DE GRUPO HIGA.

“Los que suscriben, senadores ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGELICA DE LA PEÑA E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 2 de julio de 2012, quienes fuimos electos Senadores de la República recibimos un mandato muy claro: atender con inmediatez, responsabilidad y energía el cáncer que aqueja la sociedad mexicana: la corrupción. Cadena de agravios que la clase política gobernante ha infligido a los ciudadanos.

Este mandato exige su cabal cumplimiento. Ninguna razón es válida para postergarlo. Ningún otro tiempo que ahora es el propicio para su ejecución.

Por ello, con esta voluntad y determinación, deseamos dejar claro que hemos de cumplir este compromiso con la ciudadanía.

La transparencia y la rendición de cuentas son condición indispensable en un Estado que se precie de ser auténticamente democrático; su ausencia, en cambio, supone la existencia del abuso, de la arbitrariedad y del uso del poder público en beneficio propio.

Por ello resulta tan alarmante conocer datos e informaciones que ponen en evidencia no sólo la falta de transparencia del Títular del Poder Ejecutivo Federal, sino la falta de ética que compromete su desempeño y honestidad en el ejercicio de gobierno.

Las fundadas suspicacias generadas con la reposición de la licitación del tren México-Querétaro representaron la caja de pandora que devino en el actual conflicto de intereses que mantiene la Familia Peña Rivera y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, constructura que ha sido beneficiada desde el año 2005 en el Estado de México, cuando el hoy Presidente de la República era Gobernador del   estado.

Igualmente preocupante resulta la postura pública externada tanto por el propio Titular del Ejecutivo Federal como por su esposa, asumiéndose como ofendidos ante la más elemental exigencia ciudadana de conocer el origen y licitud del patrimonio personal de quienes gobiernan, como si los gobernados no tuvieran derecho o legitimidad para exigir transparencia a los servidores públicos.

En un Estado democrático resulta absolutamente inaceptable que los servidores públicos, empezando por el Presidente de la República, se asuman exentos de cumplir con lo que mandata nuestra Constitución y nuestras leyes.   

Compañeras y compañeros, como Senadores de la República debemos reivindicar la ética y la honestidad de los gobernantes. Representamos el contrapeso político legítimo para exigirle al Presidente del país, Enrique Peña Nieto, explicaciones puntuales sobre los beneficios que ha obtenido respecto de su relación con Grupo Higa, pues resulta indignante que él y su familia dispongan en el uso y disfrute que otorga el poder presidencial de México en contrapartida a la lastimosa y vergonzante estadística de más de 50 millones de personas en situación de pobreza extrema que ofrecemos al mundo.

Es por ello que hoy, en el Pleno de esta misma Tribuna que escuchó la histórica y valiente denuncia de BELISARIO DOMÍNGUEZ, los que suscribimos asumimos la impostergable obligación de reivindicar la dignidad y respeto que los servidores públicos deben tener para con los ciudadanos.

En aras de hacer de la transparencia una realidad que fortalezca el estado de derecho