Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 26 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Marzo de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE RECONOCIMIENTO Y REVALIDACIÓN MUTUOS DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de segunda lectura)

Se dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación. Intervienen los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; Dolores Padierna Luna y Ma. del Rocío Pineda Gochi. Se remite al Ejecutivo Federal.

DESIGNACIÓN DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de Acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Intervienen los Senadores Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen; Dolores Padierna Luna, quien presenta voto particular a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez; Luis Sánchez Jiménez, para presentar voto particular; Manuel Bartlett Díaz y Angélica de la Peña Gómez, presentan mociones suspensivas que no se admiten a debate.

Para presentar los posicionamientos de sus grupos parlamentarios intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, PT; Carlos Alberto Puente Salas, PVEM; Luis Sánchez Jiménez, PRD; Fernando Yunes Márquez, PAN; Ernesto Gándara Camou, PRI.

Para la discusión del dictamen intervienen los Senadores Dolores Padierna Luna, en contra; Daniel Gabriel Ávila Ruíz, a favor; Layda Sansores San Román, en contra; Omar Fayad Meneses, a favor; Javier Corral Jurado, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Isidro Pedraza Chávez, en contra; Angélica de la Peña Gómez, en contra; Adán Augusto López Hernández, en contra; y Manuel Bartlett Díaz, en contra. Se inserta la intervención del Senador Mario Delgado Carrillo.

Exposición en tribuna de los integrantes de la terna, los señores: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Se designa Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, quien rinde protesta de ley.























 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:29 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 98 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 10 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
CINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del día jueves cinco de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Raúl Morón Orozco, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a  partir del 7 de marzo de 2015.- Fue a probada en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción   e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Marcela Torres Peimbert, presentó a nombre propio y de las Senadoras Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Mariana Gómez del Campo Gurza, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia, Irma Zulema Cobián Chávez, Lizette Clavel Sánchez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, presentó a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Angélica Araujo Lara y Maki Esther Ortiz Domínguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 58 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 8º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Sin discusión, fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Federico Salas Lotfe, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Sara Valdés Bolaño, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Socialista de Viet Nam y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Fernando Almada López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante Japón.

5) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Benito Andión Sancho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Estado de Israel.

6) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Enrique Rojo Stein, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Reino Hachemita de Jordania.

7) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco Javier Niembro Cibrian, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Qatar.

8) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán.

Los ocho dictámenes se discutieron conjuntamente. Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, para referirse a todos los dictámenes; Agustín Trujillo Íñiguez del PRI, para hablar a favor del dictamen relativo al nombramiento de la Embajadora en India; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, para referirse a todos los dictámenes.

En la votación nominal se excluyó el dictamen relativo al Embajador en Japón para una votación separada. Los siete dictámenes fueron aprobados por 103 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención.

A petición de diversos Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva separó la votación del dictamen relativo al nombramiento del Embajador en Japón. En la discusión intervinieron: Luis Sánchez Jiménez del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN, Ernesto Ruffo Appel del PAN, Diva Gastélum Bajo del PRI.

El dictamen relativo al nombramiento del Embajador en Japón, fue aprobado por 80 en votos en pro, 18 en contra y 5 abstenciones.

Los ocho embajadores rindieron su protesta constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Africa, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Erasmo Roberto Martínez Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenya y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, antes las Repúblicas de Burundi, Malawi, Rwanda, Seychelles, Uganda, República Unida de Tanzania y la Unión de las Comoras.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica y, en forma  concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Botswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabwe.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los Ángeles Arriola Aguirre, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona.

Los tres dictámenes se discutieron conjuntamente. Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; Margarita Flores Sánchez, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa; María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, para referirse al dictamen sobre el nombramiento del Embajador en Sudáfrica. Los dictámenes fueron aprobados por 88 votos en pro. Los embajadores rindieron su protesta constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Alejandra García Williams, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Carolina Zaragoza Flores, como Cónsul General de México, en Laredo, Texas, Estados Unidos de América.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Oscar Rodríguez Cabrera, como Cónsul General de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México, en Austin, Texas, Estados Unidos de América.

Los cuatro dictámenes se discutieron conjuntamente. Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; Marcela Guerra Castillo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para referirse a todos los dictámenes; Alejandro Tello Cristerna del PRI, para referirse a todos los dictámenes. Los cuatro dictámenes fueron aprobados por 87 votos en pro. Los embajadores rindieron su protesta constitucional.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de ese órgano de gobierno.- Quedó de enterado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa para que la Comisión de Energía se reúna y dictamine una serie de puntos de Acuerdos relacionados con la caída de los precios del petróleo y la implementación de la reforma energética.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente. Se remitió a la Comisión de Energía.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de prevención de la obesidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción x del artículo 27 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las entidades federativas a ampliar, fortalecer e intensificar los programas de asignación de becas destinados a la prevención de la deserción escolar de nivel medio superior y superior.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la normatividad vigente a fin de implementar un proceso de verificación eficiente en materia de transporte de gas licuado de petróleo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar cuáles son los procesos de evaluación para la designación del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una revisión de los objetivos y metas alcanzados en el aprendizaje del idioma inglés; y al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa a desarrollar y ejecutar una evaluación de conocimientos al personal docente que imparten la asignatura de inglés.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica de la Peña Gómez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román, Arquímedes Oramas Vargas, Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, dentro del reajuste presupuestal que se lleva a cabo en las dependencias del Ejecutivo Federal, no se vean afectados los programas que integran el programa de trabajo de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar acerca de la metodología implementada para el cálculo del producto interno bruto del año 2013, y explique qué método utilizaron para el cálculo de PIB de 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar las particularidades de diversas localidades del estado de Oaxaca que se han registrado como participantes en el Programa de Pueblos Mágicos, a efecto de ser incluidos en el programa de esa Secretaría.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senador Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre diversas estrategias para el fortalecimiento del programa Unidades Médicas Móviles.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas necesarias para combatir la fiebre chikungunya (virus del dolor).- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a los estados y municipios a emprender acciones para la instalación de juegos infantiles accesibles en los parques públicos.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández, Aarón Irízar López y Arquímedes Oramas Vargas, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar las acciones necesarias que permitan la creación de una agencia nacional para la información territorial y urbana.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a implementar los proyectos necesarios para incrementar la confiabilidad del suministro de electricidad en el estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a realizar las designaciones de los nuevos comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad a realizar una inspección al municipio de Coatlán del Río, en el estado de Morelos con el objetivo de mantener el bienestar del municipio derivado de la apertura de un nuevo centro penitenciario femenil.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y ocho minutos y citó a sesión solemne el próximo martes diez de marzo,  a las once horas, en la que se entregará el reconocimiento Elvia Carrillo; posteriormente, se llevará a cabo sesión ordinaria".





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.


La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.





 

Honorable Asamblea: A partir de la licencia que el Senado autorizó al Senador Raúl Morón Orozco, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Luciano Borreguín González, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a las y los Senadores: María del Rocío Pineda Gochi, Irma Zulema Cobián Chávez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Ciudadano Luciano Borreguín González: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Luciano Borreguín González: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señor Senador. Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado, a fin de que se incorpore inmediatamente a los trabajos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su segundo informe de actividades.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

Compañeras y compañeros Senadores: A partir de la aprobación el pasado 24 de febrero del dictamen por el que se otorga el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, y con fundamento en el Acuerdo del 26 de febrero, abriremos un receso en nuestra sesión ordinaria, para dar inicio a la sesión solemne, para la entrega de dicho reconocimiento a la Embajadora Emérita Carmen Moreno Toscano.

Se declara un receso.

(Receso)





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se reanuda la sesión ordinaria.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE RECONOCIMIENTO Y REVALIDACIÓN MUTUOS DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa.

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO

(Dictamen a discusión)

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su punto resolutivo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al punto resolutivo del Dictamen.

“Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa”.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene el uso de la palabra su presidenta, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, nos fue turnado el nombramiento del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa, país con el que recientemente hemos celebrado 150 años de relaciones diplomáticas.

En el marco de esta celebración, las comisiones dictaminadoras juzgamos importante la designación del Embajador para dar un nuevo impulso a los vínculos comerciales, culturales y diplomáticos entre ambas naciones, sobre todo ahora que el gobierno portugués, ante la afectación de una crisis económica, se ha concentrado en restaurar su credibilidad financiera, reducir el endeudamiento nacional, retomar el crecimiento económico, fomentar la productividad y promover la creación de empleos.

Esta crisis económica impactó las prioridades del gobierno en materia de política exterior y hasta ahora Portugal despliega una diplomacia económica que se compone de tres ejes fundamentales: fomento a las exportaciones, atracción de inversión extranjera y lanzamiento de la marca Portugal.

Asimismo, se ha implementado un programa de privatizaciones que incluye aerolíneas, trenes, bancos y otros sectores.

Esta nueva realidad que vive Portugal es una oportunidad idónea para que nuestras relaciones se fortalezcan y nuestro país pase del segundo al primer lugar como socio económico de Portugal en América Latina.

En los últimos meses se han firmado alrededor de 30 acuerdos bilaterales y comerciales; y con este marco legal, la Embajada podrá enfocarse en fomentar la realización de emisiones sectoriales, seminarios y ferias comerciales, promover el desarrollo de proyectos de cooperación en los ámbitos científico, tecnológico, cultural y educativo, y en otros sectores de interés para ambas naciones.

Se debe empezar a aprovechar a Portugal como una plataforma estratégica de productos a la Unión Europea y cumplir el compromiso de alcanzar un mayor equilibrio en la balanza comercial bilateral y el incremento en las inversiones recíprocas.

Todas estas oportunidades seguramente serán aprovechadas por el Embajador Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Portugal.

Su notable experiencia, en más de 40 países, durante cuatro décadas de servicio, es una garantía de que así será.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tiene el uso de la palabra el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, para presentar el Dictamen en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

Adelante, Senador.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con el permiso de la Mesa Directiva, señor Presidente del Senado de la República; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy ponemos a su consideración el nombramiento diplomático enviado por el Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Portuguesa.

Quisiera destacar que las relaciones diplomáticas entre México y Portugal datan desde 1864, mismas que se interrumpieron por 11 años durante el periodo de la Revolución Mexicana. En 1929, éstas fueron restablecidas definitivamente.

Desde entonces, ambos países hemos mantenido una relación de amistad y de respeto en la que existe un creciente interés mutuo en promover mayores acercamientos y fortalecer la relación bilateral tanto en el ámbito político como en el económico y de cooperación.

Para cumplir con los objetivos antes expuestos, se ha buscado capitalizar los contactos establecidos entre los actores económicos claves de ambos países en los últimos años, a fin de fomentar mayores intercambios económicos y comerciales, de conformidad con los compromisos establecidos en el acta final de la primera reunión económica de alto nivel México-Portugal y la declaración conjunta emanada de ese encuentro.

En lo que respecta al ámbito del diálogo político bilateral, éste se desarrolla en el marco de la comisión mixta establecida al amparo del acuerdo económico y comercial, suscrito en 1980, y el grupo de trabajo de alto nivel, establecido en el año 2009, con la firma del memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Economía de nuestro país y el Ministerio de Economía e Innovación de la República Portuguesa, con el objetivo de promover los contactos a nivel institucional y político, a fin de contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Hago votos para que el nombramiento del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, favorezca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Portuguesa, en los ámbitos económico, político, social y cultural.

Después de haber analizado detenidamente el perfil profesional del ciudadano Pérez Bravo, quien ascendió al rango de Embajador a los 33 años, y durante los últimos 24 se ha desempeñado como Embajador de México acreditado ante 47 países de África, América Latina y el Caribe, Asia y Europa, y que recientemente participó como ponente en el panel “Diálogos México-Europa”, del Foro “México en el Mundo: Diagnósticos y Perspectivas de las Relaciones Internacionales”, organizado por este Senado de la República el pasado mes de febrero, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que cumple con las cualidades requeridas para desempeñar el encargo al que ha sido propuesto.

Agradezco el trabajo dedicado y el esfuerzo realizado por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; y, desde luego, a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, como siempre, al frente de esta encomienda, así como a los integrantes de la misma.

Quiero hacer patente un reconocimiento al destacado perfil del ciudadano Pérez Bravo, haciendo testimonio de que su trabajo representando a México en la República Portuguesa será acorde a la propuesta encomendada por el Jefe del Ejecutivo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. En virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la misma. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Señor Presidente, informo el resultado de la votación. Se emitieron 105 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, por lo que solicito a las y los Senadores: Oscar Román Rosas González, Octavio Pedroza Gaitán, Rabindranath Salazar, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al Maestro José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, y que tendrá a bien acompañarnos como invitado especial, con motivo de la celebración del evento Concierto Conmemorativo por el LV Aniversario de la Benemérita Universidad de Colima. Invitado por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

Agradecemos su visita y presencia en este Senado.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Los invito a ponerse de pie, compañeras y compañeros.

(Todos de pie)

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Pérez Bravo cuando desee retirarse del salón

Gracias.

¡Felicidades, señor Embajador!

(La comisión cumple)





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE RECONOCIMIENTO Y REVALIDACIÓN MUTUOS DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la dispensa de la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, para presentar el dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, presentamos ante este Pleno el dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba sobre el Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior.

Este dictamen, la finalidad que tiene es poder fortalecer las relaciones entre ambos países, sobre todo en materia educativa, y refuerza también la cooperación en un área que es fundamental, que es prioritaria para Cuba y para México.

Queremos aprovechar al máximo el intercambio en el sector educativo, lograr un reconocimiento y validez de los certificados o diplomas de estudios de ambos gobiernos en los siguientes niveles académicos.

Primero, nivel bachillerato o bachiller; nivel técnico o medio superior expedidos en los centros de educación media superior de México y Cuba, los cuales dan derecho a sus titulares a ingresar a las instituciones o centros de educación superior de ambos países.

Segundo, se reconocerá y concederá el título de técnico superior universitario expedido en México, y el equivalente expedido en centros de educación media superior y superior en Cuba, para el ejercicio técnico profesional para ingresar en las instituciones o centros de educación superior, así como también en los programas conducentes a la expedición de los títulos de licenciatura o profesionales cuyos planes de estudios sean al menos de cuatro años de estudio en ambos países.

Por último, se concederá igual validez a los títulos de licenciatura y otros profesionales, especialidad y maestría, expedidos en los centros de educación superior de ambos países y cuya duración sean de cuatro años o más; dando derechos a sus titulares de ingresar en programas de posgrado, maestría y doctorado en las instituciones de nivel superior de México y Cuba.

Para nuestro país es muy importante seguir estrechando relaciones con Cuba, y por supuesto hacer todo lo necesario para que en el tema educativo los lazos sean mucho más estrechos.

Yo espero que a partir del dictamen de este Acuerdo que estaremos aprobando el día de hoy, se puedan impulsar muchas más oportunidades para que en estos países haya crecimiento y desarrollo.

Es cuanto, señor Presiente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

En uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, les fue turnado para su estudio el Acuerdo entre México y Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior.

El próximo mes de mayo las relaciones diplomáticas entre ambos países cumplirán 113 años, mismas que han sido benéficas sin estar exentas de algunos desencuentros.

México fue lugar de refugio y exilio de grandes personalidades cubanas que en su momento fueron perseguidos por razones políticas.

Y en 1959, cuando todos los países de la región rompieron vínculos diplomáticos, nuestra cercanía con Cuba nos llevó a hacer lo contrario y a normar nuestra relación en el Principio Internacional de la No Intervención en Asuntos Internos.

Tampoco debemos olvidar que en 1998, como resultado de diferencias en temas económicos y políticos, se afectó nuestra dinámica bilateral hasta entonces fructífera.

Y no lo debemos olvidar porque fue durante la pasada administración que se anunció el compromiso de nuestro país para recomponer esta relación privilegiada de intercambio cultural y educacional, de comercio y cooperación que hasta entonces había existido.

Y profundizar la relación con Cuba es de la mayor trascendencia para ambas naciones, tomando no sólo en cuenta que México es para Cuba apenas el séptimo socio comercial a nivel mundial y el tercero en América Latina.

Bajo este contexto, el instrumento que se somete a su consideración es de la mayor trascendencia porque va a permitirnos ampliar las relaciones bilaterales de cooperación con vistas a fortalecer los vínculos político-diplomáticos.

De ser aprobado por esta Soberanía el Acuerdo entre México y Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, permitirá que estudiantes de ambos países puedan acreditar sus grados académicos, desde bachiller hasta doctorado, y así continuar sus estudios de posgrado o ejercer sus actividades profesionales en el otro país.

Por ejemplo, los diplomas de bachillerato o bachiller y técnico medio superior darán derecho a los estudiantes a ingresar a las instituciones o centros de educación superior que sean reconocidos por ambos países.

Además de estos reconocimientos, otorgarán el derecho a los estudiantes de continuar con los estudios para obtener los grados de licenciado o título profesional en México y los títulos de licenciado, ingeniero, doctor en medicina y otros títulos profesionales que confieren los centros de educación superior en Cuba.

Y es importante señalar que el reconocimiento de los certificados de estudios, títulos, diplomas o grados académicos no eximirá a los estudiantes de la obligación de cumplir con los requisitos de la legislación del país receptor para el ingreso de las instituciones o centros de educación superior, o bien, incluso, para el ejercicio de la profesión.

Finalmente, destaca en este Acuerdo la creación de una comisión bilateral técnica que se encargará de lograr las mejores condiciones de aplicación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación del Acuerdo.

Esta comisión bilateral técnica tendrá las siguientes funciones:

Primero, establecer los mecanismos de intercambio de información, consulta y asistencia que se requieran para la mejor ejecución del Acuerdo.

En segundo lugar, definir los términos de referencia en que podrá otorgarse el reconocimiento de los certificados de estudios, títulos y grados académicos y especificar los procedimientos que deberán cubrirse en cada país.

Y tercero, realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento y propósito del Acuerdo.

México y Cuba tenemos mucho que aprender como pueblos, como hermanos y como vecinos, pero sin duda el aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes y los estudiantes cubanos, merece ser reconocido y apoyado por nosotros.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que la aprobación de este instrumento contribuirá a fomentar el conocimiento de los pueblos y a mejorar de manera cualitativa la educación y la formación científica, técnica y especialista a favor de nuestras sociedades.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

México ha suscrito acuerdos con distintos países sobre reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas y estudios de educación superior, entre ellos: Uruguay, Chile, el Reino Unido, Argentina, Francia, por mencionar algunos, y ahora nos congratula hacerlo con Cuba.

A modo de antecedente, cabe recordar que México cuenta con el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe, hecho en la ciudad de México el 19 de julio de 1974, en cuyo texto vigente se señala la importancia de incrementar la cooperación en materia de formación y utilización de los recursos humanos, con el fin de promover la más amplia integración del área y fomentar el conocimiento y salvaguardar la identidad cultural de los pueblos; así como lograr una constante y progresiva mejora cualitativa en la educación y contribuir al firme propósito de favorecer el desarrollo económico, social y cultural, y el pleno empleo en cada uno de los países de la región en su conjunto.

El dictamen que hoy se presenta por parte de las comisiones, aprueba el Acuerdo entre los gobiernos de México y Cuba, sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, signados el pasado 1º de noviembre de 2013.

Amerita ser aprobado en su totalidad, y por ello se inscribe plenamente en todos y cada uno de los marcos jurídicos establecidos sobre la educación en los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como la Declaración Universal  de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración y Programa de Acción de Viena, entre muchos otros instrumentos.

Por lo demás, es muy importante resaltar que se concreta la vinculación bilateral con el pueblo y el gobierno de Cuba, que hoy por hoy sigue padeciendo el injusto e inhumano bloque económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América, y con todo y ese bloqueo, Cuba ha demostrado su enorme capacidad de producir y esparcir el conocimiento.

Como se sabe, cuentan con elementos de investigación y educación a muy alto nivel, pero sigue enfrentando problemas con el uso del conocimiento, pues el bloqueo ha limitado severamente la conexión entre la investigación y la innovación, entre el sector de la producción de conocimientos y los sectores que utilizan el conocimiento. Pese a ello, mantiene niveles de excelencia en materia de educación y de educación superior.

Sin lugar a dudas, uno de los hechos característicos del desarrollo actual de los países de la región, es la alta movilidad de personas, académicos, estudiantes y profesionales, que se aprecia entre ellos, que se debe particularmente a la globalización de los mercados y al importante y continuo desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías, en especial los transportes y las telecomunicaciones.

Los procesos de integración y apertura económicas que comparten un número creciente de países latinoamericanos y caribeños, pone en evidencia la necesidad y la urgencia de conocer la situación de los países en cuanto a reconocimiento y convalidación de estudios académicos, de grados, títulos y diplomas con fines del ejercicio académico y profesional en otros países diferentes al que los otorgó en materia de educación superior. Por ello este dictamen es muy importante.

Por otro lado, y con el único objetivo de ampliar la cooperación en materia educativa superior, se celebró la 13ª Reunión de Rectores México-Cuba, en la ciudad de La Habana, a fines del mes pasado del año en curso, en donde participaron 28 instituciones de educación superior de México y más de 30 cubanas, en donde se pudo evaluar la perspectiva de la educación superior de ambos países.

Sirvan todos estos acercamientos para dar nuestro voto favorable al dictamen que nos traen las comisiones.

Es cuanto. Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

A nombre de mi Grupo Parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a dar nuestro razonamiento a favor del presente dictamen, que sin lugar a dudas abona al fortalecimiento de nuestras históricas relaciones bilaterales y de hermandad entre ambas naciones.

En el nuevo concierto internacional y en el cambio del centro de gravedad de la economía mundial, los bloques regionales e intrarregionales se vuelven una oportunidad para afrontar de mejor manera los cambios internacionales y aprovechar de mejor manera las coyunturas y ventajas de las relaciones internacionales.

La presente administración ha dado muy buena lectura de este escenario y ha apuntado sus baterías a retomar nuestro liderazgo y presencia en los países de América Latina y los países caribeños, para fortalecer nuestros lazos comerciales y de cooperación, con la finalidad de intensificar nuestro comercio y ampliar nuestras fronteras en beneficio de nuestra economía y nuestro desarrollo.

Cuba vive un momento determinante en su historia política y económica, el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas abre una ventana de oportunidades para México, de fortalecer su presencia en la isla y en esa región, pero sobre todo aprovechar las relaciones de fraternidad y los instrumentos de política exterior, que hemos suscrito con ellos, para acompañarlos en sus procesos de actualización de su modelo económico y su desarrollo.

En el Senado de la República no hemos sido ajenos a ese proceso y hemos ratificado en esta Legislatura protocolos adicionales del Acuerdo de Complementación Económica No. 51; además de un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, y Convenios de Cooperación en los Campos de Educación, Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte.

En este mismo sentido, el presente Acuerdo en Materia de Reconocimiento y Revalidación de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, cuyo objetivo es establecer el reconocimiento y la revalidación mutua de los certificados de estudios, títulos y diplomas de nivel superior o grados académicos, expedidos por las instituciones o centros de educación superior, amplía nuestras relaciones de cooperación entre nuestro país y Cuba, con la visión de fortalecer los vínculos en materia educativa, así como también los vínculos políticos, diplomáticos, todos en apego a los principios del Derecho Internacional y respeto mutuo.

Compañeros Legisladores: En el Partido Revolucionario Institucional, respaldamos con responsabilidad el trabajo que realiza el Presidente de la República, y de su Cancillería, de posicionar a nuestro país en regiones y áreas estratégicas en Centroamérica, El Caribe y Sudamérica, y particularmente con ese país entrañable con quien tenemos una relación histórica, cultural y fraterna.

Invito, con mucho respeto, a todos los presentes a sumarse a la aprobación de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, informo del resultado de la votación: 102 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, está aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la ciudad de México, el primero de noviembre del año 2013. Remítase al Ejecutivo Federal.

El día de hoy es onomástico del Senador David Penchyna Grub. Le mandamos un fuerte abrazo, porque cumple un año más.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo que determina que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República, para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Les pido a las y los Senadores podamos guardar silencio y ocupar nuestros escaños, para poder explicar el procedimiento conforme al cual se va a desahogar este asunto. ¡Ojalá puedan guardar la atención correspondiente!

La discusión de este asunto se ordena conforme a lo dispuesto en el artículo 96 constitucional y los Acuerdos que este Pleno aprobó los días 17 y 19 de febrero.

El dictamen se publicó con la anticipación exigida en el Acuerdo del 17 de febrero pasado.

Nuevamente exhorto a las y los Senadores, y exhorto a los asesores que están en los pasillos, podamos poner atención.

Está también publicado el documento que suscriben las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, con su voto particular.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva del dictamen.

DESIGNACIÓN DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a los resolutivos del dictamen.

"PRIMERO.- El ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

SEGUNDO.- El ciudadano Horacio Armando Hernández Orozco propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

TERCERO.- El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández".



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Quiero dos minutos de su atención.

A la Mesa Directiva del Senado llegó un dictamen de la Comisión de Justicia, sobre un punto de Acuerdo donde califican la elegibilidad de los 3 integrantes de la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo.

Ese dictamen va a ser presentado por el Presidente de la Comisión de Justicia.

Una vez que sea presentado, los grupos parlamentarios van a tener una intervención, hasta por diez minutos; una vez que se agoten las intervenciones de los grupos parlamentarios, se abrirá el dictamen a discusión, en términos reglamentarios, en cuanto a participantes y en cuanto a tiempo.

Esta Mesa Directiva va a ser tolerante, como siempre lo ha sido, pero queremos hacer exhorto de cumplimiento a las reglas del proceso de desahogo de este asunto.

Cuando se agote la intervención de los oradores, en votación económica o en tablero, si es pedida así por algún Senador o Senadora, y con el apoyo de cinco más, se votará el dictamen de un punto de Acuerdo, que es con 50 por ciento más uno. Ese punto de Acuerdo es sobre la elegibilidad de los tres integrantes de la terna.

Cuando se haya aprobado ese Acuerdo, si es que así ocurre, comparecerán a la tribuna, hasta por 20 minutos, cada uno de los aspirantes. En las intervenciones de los aspirantes en tribuna, de acuerdo a las reglas que aprobamos, no proceden preguntas ni interpelaciones. Y al terminar la intervención de cada uno de ellos, se presentará una urna y con voto universal y secreto, de cada uno de las y los Senadores, emitirán su posición en voto al respecto.

Ese es el procedimiento. Parece que está claro y vamos a empezar el desahogo del mismo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de Reglamento.

Adelante, Senador.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Con el permiso de la Presidencia. Señoras Senadoras, señores Senadores:

Con el dictamen que la Comisión de Justicia presenta a este Pleno, se detona el procedimiento para cumplir el deber constitucional de analizar y escrutar la terna enviada por el Presidente de la República, para suplir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

El Presidente de la República ha presentado una terna, con profesionales del derecho. Dos magistrados integrantes del Poder Judicial de la Federación, miembros de carrera, y un perfil externo con amplia trayectoria en el servicio público.

Como nunca antes, este proceso ha motivado un intenso interés en la sociedad civil. Organizaciones y ciudadanos se han movilizado para expresar sus puntos de vista, todos respetables, sobre lo que a su juicio representa e implica la decisión que a continuación habremos de tomar.

Pero también, como nunca antes, hemos desahogado un proceso de auscultación público, transparente, que ha comprendido la participación de la sociedad en el marco de los tiempos y condiciones que nos establece y nos impone la Constitución.

Y es que en efecto, nuestro sistema constitucional tiene un conjunto de particularidades para la integración del máximo órgano del tercer poder del Estado, que es también, por cierto, nuestro tribunal constitucional.

Hace unos días, un analista criticaba la supuesta prisa en el posicionamiento de la terna. Ponía el ejemplo de Estados Unidos, donde las nominaciones presidenciales pueden durante meses en el Parlamento.

Nuestro sistema es diferente. El modelo de ternas, por un lado, difumina la responsabilidad del Presidente en la nominación; de modo que su deber de razonar su propuesta, tiende a ser mínima.

El mecanismo constitucional incluye un conjunto de cláusulas que favorecen al Ejecutivo frente al Congreso. En 30 días, sin pronunciamiento, el Senado pierde la facultad de nombramiento y la asume a plenitud el Ejecutivo. El rechazo de la primera terna por parte del Senado, crea incentivos perversos para nominaciones que rompen los equilibrios políticos, pero abre ocasión para el nombramiento por sí y ante sí, en caso de no bloqueo.

Así pues, el tiempo y la falta de acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo, en detrimento de la representación popular.

Ese es el modelo constitucional que nos hemos dado.

Este proceso, sin embargo, por su intensidad debe derivar en una nueva mecánica de nombramiento y en una nueva dinámica de entendimiento sobre esta crucial decisión para la conformación del Estado, para la vigencia y protección de los derechos humanos y para la pacificación de los conflictos sociales.

La Comisión de Justicia ha revisado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere la Constitución General de la República: ciudadanía, habilitación para ejercer derechos políticos, edad, antigüedad en la profesión del derecho, la inexistencia de antecedentes penales que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, residencia, incompatibilidades para ejercicio de cargo público previo.

Hemos concluido que los tres integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo cumplen estos requisitos, como se razona en el dictamen.

Corresponde, sin embargo, a este Pleno, la calificación de la idoneidad subjetiva de los perfiles que integran la terna. Y esa calificación se realiza previa comparecencia de los integrantes de la terna ante este Pleno, y se decide la libertad de voto de cada una y de cada uno de sus integrantes.

El sistema de voto secreto tiene como fin romper cualquier lógica o motivación partidaria o de grupo. Es una contradicción apelar a la conciencia individual de cada Senadora o Senador en esta decisión y exigir, al mismo tiempo, anuencias o bloqueos partidarios o grupales.
El voto secreto es un dispositivo antiquísimo en la elección de personas en el parlamentarismo mexicano, sobre todo frente a diversas opciones, como es el caso de la mecánica de ternas, porque fue diseñado como una garantía de la libertad de conciencia.

La decisión que habremos de tomar a continuación, es una decisión política. Significa la conformación de un consenso político, sobre una persona, una trayectoria, una biografía y un talante.

Quien resulte electo, no recibe un favor del Presidente o de una mayoría del Senado, que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad. Recibe un mandato de la República, será depositario de un conjunto de deberes de Estado, que no admiten apartamiento alguno por razones de índole personal o partidario.

Cada día, por el resto de los próximos 15 años, en caso de que tomemos la decisión, deberá rendir tributo al alto honor que hoy recibe.

Cada día será una prueba de capacidad, honorabilidad, sentido de bien. Porque las instituciones, incluida la Suprema Corte de Justicia, no tienen más dueño que los mexicanos; no lo somos, por supuesto, quienes integramos los poderes públicos; pero tampoco son quienes se asumen como la conciencia moral de la sociedad o pretenden encarnar el único progresismo jurídico válido.

Ningún proceso de integración del guardián de la Constitución, está exento de tensiones ideológicas y políticas. La interpretación y aplicación de la Constitución es la difícil tarea de armonizar y ponderar los valores que inevitablemente están en juego en una sociedad abierta y plural.

Esa es la razón por la cual se ha encomendado esa responsabilidad a la representación popular democráticamente electa.

Y como representación de la prioridad social, que somos de la nación, seremos juzgados. El juicio democrático sobre nuestras decisiones será lo que resulte del ejercicio de nuestra conciencia.

El deber es de todos, de la representación y de quienes integramos este poder público.

Que sea para bien de las instituciones de nuestro país y que sea para bien del destino de nuestra Constitución y de la vigencia de los derechos.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gil.

Esta Presidencia saluda la presencia de los siguientes invitados: Denise Dresser, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Gerardo Lozano, de la Universidad Iberoamericana; Giovanna Zacarías, actriz y directora de cine; Claudia Ramírez, actriz; Alberto Herrera, Director de Change.org; y Rodrigo López, comunicador. Bienvenidos todos. Son invitados del Senador Javier Corral Jurado.

Gracias por su presencia.

Vamos a desahogar los votos particulares que tienen enlistados la Senadora Dolores Padierna Luna, en nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez; y el Senador Luis Sánchez Jiménez; y dos mociones suspensivas: La del Senador Manuel Bartlett Díaz y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular, que también es suscrito por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Adelante, Senadora Dolores Padierna.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Las mociones tienen que ser antes de los votos particulares.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se pueden desahogar en cualquier momento.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) En fin, aceptamos el procedimiento, que no es el correcto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras; Senadores:

Estamos en esta sesión para tomar una de las decisiones más trascendentes en la historia reciente. Con nuestro voto podemos premiar o sancionar la impunidad en la reiterada violación de los derechos humanos, la tortura y los abusos de autoridad; la ineficiencia en el ejercicio de la procuración de justicia; premiar o sancionar a uno de los inventores de la guerra contra el narcotráfico, que la propia actual administración ha calificado como estrategia fallida, pero que, además, dejó hecho un baño de sangre a nuestro país.

Organizó los operativos militarizados, los cateos sin orden judicial, los retenes, la gravísima desaparición forzada de personas, las macabras cifras de muertos, decapitados, incinerados, que creció exponencialmente durante su gestión. Fabricó culpables con testigos protegidos, convirtió vastas zonas del país en verdaderas zonas de guerra, destruyó la institucionalidad del CISEN, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría, adelgazó la soberanía nacional y cometió reiteradas faltas a la Ley y a la Constitución permitiendo la entrada ilegal de armas a nuestro país.

Todo lo que digo está plenamente documentado en los documentos que están a la vista, documentos oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros más.

Contrario a lo que pudieran ustedes suponer, he pedido la palabra para compartir con ustedes datos, resoluciones, sentencias, memorándums y documentos oficiales y públicos, en los que hemos basado nuestro voto particular en contra de que se nombre a Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por muchos argumentos. Déjenme decir algunos:

El artículo 95 constitucional, en su fracción IV, exige, subrayo, exige el requisito ineludible para ser nombrado Ministro de la Suprema Corte, el tener buena reputación y no haber lastimado la buena fama del servicio público. La buena reputación no es un concepto subjetivo o arbitrario, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado la buena reputación como un bien objetivo, que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza social, requisito que no reúne el señor Medina Mora.

Más de 50 mil personas en 8 días, que están sus titulares aquí presentes, suscribieron una petición al Senado para evitar que Medina Mora sea nombrado Ministro.

La Academia ha sido crítica respecto al perfil, su falta de profesionalismo e imparcialidad. Plumas prestigiadas de nuestro país, diversos medios de comunicación, han descrito razones de peso para que Medina Mora no forme parte del Máximo Tribunal justamente por carecer de este requisito constitucional, de gozar de buena reputación.

Otros requisitos constitucionales están descritos en el último párrafo del artículo 95 constitucional, y en los cuales no debe haber ninguna duda de su cumplimiento, que es su honorabilidad, haber servido con eficacia, con capacidad, competencia y profesionalismo; es decir, que para poder ocupar el cargo de tal envergadura, los candidatos deben contar con una trayectoria intachable, no es el caso del señor Medina Mora, que ha sido sentenciado y resultado responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, comisión de faltas graves a la ley y a la Constitución.

Algo fundamental, confesado por él mismo, es que no es buen abogado. Según el cable de WikiLeaks, 09/México/2759 de la Embajada de Estados Unidos en México, Eduardo Medina Mora habló con el Embajador Carlos Pascual sobre su sucesor, Arturo Chávez Chávez, y esto fue lo que dijo, y abro comillas: “Él es un buen abogado, yo no. Soy un servidor público que salió de la inteligencia, él traerá la capacidad jurídica que yo no tenía”.

Medina Mora se describe a sí mismo, como mal abogado y falto de capacidad jurídica ante el entonces Embajador de Estados Unidos en México. Tan sólo por eso no debiera ser nombrado Ministro.

De la revisión de la trayectoria del señor Eduardo Medina Mora en el servicio público, se desprenden muchos casos que han puesto en cuestionamiento su honorabilidad, su competencia, su capacidad y su profesionalismo, y es un candidato que no reúne los requisitos de idoneidad para ocupar el honroso cargo de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubica la gestión de Medina Moral al frente de la PGR como la que más recomendaciones recibió por parte del organismo.

En su cargo como Secretario de Seguridad Pública sucedieron varios hechos relevantes, que fueron calificados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como de graves violaciones a las garantías fundamentales.

Sólo por citar algunos: La represión brutal contra los pobladores en San Salvador Atenco; la irrupción violenta de la Policía Federal en la mina de Sicartsa; la intervención policiaca y la represión contra los integrantes de la APPO; la Operación “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de armas ilegales a nuestro país; el encarcelamiento injusto e ilegal que por más de tres años sufrieron las indígenas Teresa, Alberta y Jacinta; las agresiones y persecución al Padre Solalinde; el secuestro y tortura a la periodista Lydia Cacho; el operativo del “Michoacanazo”; el ejercicio indebido de la función pública en el caso de la mina de Pasta de Conchos; el uso y abuso de los testigos protegidos; los juicios paralelos, mediáticos, para presionar a jueces y magistrados; el uso faccioso de las instituciones para perseguir a los adversarios políticos; y una larga lista de casos donde Medina Mora es responsabilizado por faltas a la ley.

Aquí describiré algunos con más detalle: En el caso de San Salvador Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí está el documento, en la investigación de los hechos por violaciones graves a las garantías individuales No. 3/2006, en la página 546 señala: “que en este operativo hubo detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles contra la población que sólo defendía sus tierras”; además señala en la página 542: “que la fuerza pública se utilizó en forma ilegítima, innecesaria, desproporcionada, que los policías se condujeron en forma ineficiente, improfesional e irrespetuosa de la dignidad humana de los detenidos”.

Y en esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia, en la página 73 dice: “Que Eduardo Medina Mora participó en una reunión de preparación de este operativo la noche anterior, que estuvo de las 19:30 horas a las 23:00 horas en el inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, del barrio de San Pedro, municipio de Texcoco, Estado de México, es decir, que fue Eduardo Medina Mora el que preparó, organizó y dirigió este operativo que violó flagrantemente los derechos humanos, donde murieron dos jóvenes y quedaron presas decenas de personas.

En las páginas 545 y 546 de esta sentencia, la Suprema Corte señala que la responsabilidad de los hechos recae, sí a los imputables, por acción directa a quienes las realizaron; y por omisión a los comandantes y sus superiores, y determina que el entonces Secretario de Seguridad Pública, hoy candidato a la Corte, intervino en estos hechos, así lo sentencia en las páginas 546 y 547.

Más claramente, en la página 548, la Corte declara la ilicitud cometida por los mandos superiores. A lo largo del dictamen se señala la responsabilidad del Secretario de Seguridad Pública como titular.

De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación que aquí tengo, la 38/2006, señala que cometieron diversos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, tratos crueles, degradantes e inhumanos, allanamientos de morada, retenciones ilegales, violación a la libertad sexual y actos de tortura, léanse muchas páginas, incluso nada más las conclusiones que vienen en la página 1,657 y 1,658, ahí se dice todo lo que he dicho.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos va directo, extiende la recomendación al Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y ordena que se inicien y resuelvan los procedimientos de responsabilidad administrativa y que se inicie la averiguación previa por ilícitos penales.

En la página 58 especifica que no sólo se sancione a los policías, ya que las prácticas abusivas contra la población fueron cometidas bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores, en los que incluye al propio titular de la dependencia federal de seguridad pública.

El hoy candidato a Ministro rechazó la recomendación y dijo que “metía las manos al fuego por los elementos de la PFP”, por lo que la Comisión de Derechos Humanos aduce que la actitud asumida por las autoridades es contraria a la verdad histórica de los hechos, es decir, que mintió.

Hoy, este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el pasado 14 de marzo de 2014, en una audiencia pública celebrada en Washington, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, reconoció que se violaron los derechos humanos, se comprometió a reparar el daño y pidió perdón a nombre del Estado mexicano, ante la Corte Interamericana, y este mismo gobierno de Enrique Peña Nieto, que pidió perdón, pone como Ministro al propio responsable de los hechos.

Qué contradictorio, qué desafiante, qué indignante es que además de haber quedado en total impunidad, ahora se le quiera premiar con uno de los máximos cargos.

Qué va a hacer la Corte cuando la Comisión Interamericana sentencie por haber preparado el operativo la noche del 3 de mayo, y concluya su responsabilidad de graves violaciones a los derechos fundamentales, a uno de los propios integrantes de la Corte, si ustedes lo votan.

En el otro programa, "dejar las armas caminar", cuando fue Procurador General de la República, Medina Mora tuvo conocimiento de que la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos, estaba desarrollando el programa “Gunrunner”, dejar las armas caminar, que consistía en permitir el ingreso ilegal de armas de grueso calibre a México, para posteriormente ser rastreadas, pretendiendo con ello ubicar células del narcotráfico.

En el documento oficial que aquí tenemos, elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, titulado “Una Revisión de la Operación Rápido y Furioso de la ATF y asuntos relacionados”, señala con toda claridad que en el año 2007, con el entonces Procurador General de la República, el señor Medina Mora, se sostuvieron diversas reuniones para informar de estas acciones encubiertas.

En la página 50 de este documento, del apartado de los intentos de coordinar con México la aplicación del programa entre abril y junio del 2007, se refiere a que los agentes de la ATF en México, sostuvieron comunicación en la propia oficina del Procurador General de la República, donde se les requirió para una mejor colaboración y poder intervenir en el rastro de las armas.

Los agentes de la ATF señalan que al día siguiente de la reunión, en la oficina del Procurador, entregaron la información a la AFI.

El entonces Procurador Medina Mora sí tuvo conocimiento de la entrada ilegal de armas a México, incluso colaboró, desde su oficina, con estos programas a todas luces ilegales e inconstitucionales.

Hay una serie de oficios aquí, memorándums, que se titulan “Reunión de la Fiscal General con el Fiscal General de México, Medina Mora”, donde se plantea al titular de la PGR integrar el equipo para asistir a las acciones del programa “Gunrunner”.

Medina Mora tuvo conocimiento de las acciones, tuvo intercambio de información, incluso instruyó a personal de la AFI para que acudiera a la capacitación y se ocupara del rastreo para introducir las armas en forma ilegal e inconstitucional a nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores: Ustedes han escuchado referirme al desempeño del señor Medina Mora como servidor público con algunos adjetivos tales como: omiso, negligente, actuó de manera ilegal, actúo faltando a los principios constitucionales, que en múltiples ocasiones faltó a la verdad e incluso haber vulnerado nuestra soberanía nacional, pero no son adjetivos míos, sino extraídos textualmente de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de documentos del Departamento de Justicia estadounidense, y muchos otros más que están a la vista.

Les pido un voto de conciencia, que estudien y analicen este voto particular, muy documentado, que reflexionen sobre la alta responsabilidad de nombrar a alguien responsable de los hechos ominosos que han quedado en total impunidad y quieren premiarlo nombrándolo en la Corte.

Eso es otro agravio a la nación.

Es un hecho que indigna profundamente, les pido que escuchen a la sociedad que intensamente nos ha pedido, al Senado, que no hagamos Ministro a Medina Mora.

Me faltaron muchos datos, pido una segunda intervención.

Gracias.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para tomar algunas medidas en cuanto a la operación del Canal del Congreso, ya que durante la intervención de la Senadora Dolores Padierna se cayó la señal del Canal, tanto en la señal restringida como en streaming.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No se le escucha, Senador, con claridad.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Creo que se cayó la señal, ha de ser coincidencia, dijeron que por las manchas solares, de la señal del Canal del Congreso, y se cayó el streaming; ya se restableció.

Yo solicitaría que se hiciera un llamado a la gente del Canal para que haga un esfuerzo técnico y en ningún momento se distraiga la atención a este debate.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Lo que acaba de decir el Senador Encinas, de que el Canal del Congreso no transmitió mi intervención el día de hoy, lo mismo hizo en la Comisión de Justicia cuando sesionó para dictaminar, ahí tuvimos más tiempo, analizamos con más calma los documentos y no fue transmitida por el Canal del Congreso.

Pido, señor Presidente, que se ordene que mi intervención, que fue grabada, se ponga tal cual en el Canal del Congreso.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se dirija al Canal del Congreso, para que por escrito responda la razón por la cual, si así ocurrió, no se transmitió la intervención de la Senadora Dolores Padierna, y que ponga seguimiento a partir de este momento para que no vuelva a ocurrir, en caso de haber ocurrido.

¿Le parece que sea el trámite?

Ya di la orden, Senadora, para que se pida por escrito la explicación, en caso de haber ocurrido, y que a partir de este momento Servicios Parlamentarios dé seguimiento para que no ocurra en el tiempo en que se desahogue la sesión.

Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Parece que no podemos pecar de ingenuidad, que en asuntos que de repente crean mucha expectativa, ocurran ese tipo de hechos.

Me parece que, además de lo que usted acaba de ordenar, también es necesario que se determinen quiénes o quién, y en función de qué, y comprobar debidamente, tomaron la decisión de quitar intervenciones sobre este asunto que es fundamental para la nación.

De tal manera, que le solicito, además, que se acompañe con las medidas administrativas para perseguir a quienes, en el supuesto, en la presunción, de que hayan cometido una falta, siguiendo los intereses, no los genuinos de una discusión parlamentaria que tiene que ser inscrita íntegra, como todos los debates, en el Canal del Congreso y que, por supuesto, no podemos permitir.

Yo le pido que, además, acompañe su ordenanza con la determinación de la eventual sanción a quienes pudieron haber perpetrado estos hechos, tanto hoy como el día de la sesión de la Comisión de Justicia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Una vez que tengamos el informe correspondiente y la certeza de que sí haya ocurrido, la Mesa Directiva del Senado tomará las definiciones correspondientes. ¿Les parece Senadores?

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

Espero que las manchas orales no manchen al Senado de la República, no manchen a la nación, no manchen la Suprema Corte de Justicia.

Vengo a razonar mi voto particular en contra, hasta ahora, de la posible designación de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por razones jurídicas y conceptuales que reafirman la conformación de la política pública de la defensa del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, mediante la interrupción voluntaria del embarazo, que impulsó el Gobierno del Distrito Federal, mediante importantes reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, de esa entidad federativa, en la que el PRD ha reiterado la confianza y el voto ciudadano desde hace 17 años.

Es responsabilidad del Senado nombrar a los Ministros de la Corte. Por ello, nuestro trabajo debe ser escrupuloso, responsable y crítico.

Es verdad, el Senado de la República no es un tribunal de alzada, pero tampoco somos una oficialía de partes, el debate y la crítica son el alma de todo parlamento.

El derecho no es neutro, su contenido político se deriva del proceso legislativo en el que participan fuerzas políticas, partidos que sostienen posiciones ideológicas que terminan como fundamento del derecho positivo, menos aún, cuando hoy los tribunales constitucionales de diversos países sostienen la concepción de un derecho no sólo normativo, sino por principios.

Viene a colación este tema, por cuanto a la acción de inconstitucionalidad que el entonces Procurador General de la República, el Licenciado Medina Mora, interpuso contra la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Acción de inconstitucionalidad en la que Medina Mora, fue vencido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Existen muchos otros casos que argumentar, pero voy a centrarme en éste por lo significativo y vergonzoso de este hecho.

Argumentaba el Licenciado Medina Mora, entonces Procurador General de la República, en su acción de inconstitucionalidad que: “Al promulgarse la Constitución de 1917, el derecho a la vida se reconoció en su numeral número 14”. Mala lectura e interpretación del texto constitucional, tal como lo señaló la Suprema Corte, de la que hoy pretende ser parte.

Dijo la Corte en su resolución, y cito textualmente:

“El hecho de que la vida sea una condición necesaria de la existencia de otros derechos, no se puede válidamente concluir que debe considerarse a la vida como más valiosa que cualquiera de esos otros hechos. Aceptar un argumento semejante nos obligaría a aceptar también, por ejemplo, que el derecho a alimentarse es más valioso e importante que el derecho a la vida, porque lo primero es una condición de lo segundo, no se aprecia el establecimiento de un derecho a la vida, a nivel constitucional, y por ende, en este momento, no resulta apropiado hacer un pronunciamiento sobre el mecanismo mediante el cual este hipotético derecho pudiera ser oponible al resto de los derechos constitucionales”. Hasta ahí la cita.

Igual confusión, que sobre el derecho a la vida en la Constitución, Medina Mora, la tiene sobre el concepto jurídico de persona, del vocablo persona, como sujeto de derechos y obligaciones, denota un concepto elaborado por la teoría general del derecho, éste se distingue del concepto de ser humano que implica una realidad biológica y que no es el objeto del derecho. Para que una persona pueda ser sujeto de derechos y obligaciones, requiere de la capacidad jurídica, sea ésta de goce o de ejercicio.

Suponer que desde la concepción del ser humano, tiene la calidad de persona, como lo afirmó Medina Mora en su acción, implicaría suprimir los efectos jurídicos del nacimiento, que es el hecho que otorga la calidad jurídica de la persona.

El nasciturus no es titular del derecho a la vida, lo que se corrobora cuando en la mayoría de las legislaciones establece una sanción penal más elevada para el infanticidio o el homicidio, que para el aborto, pues el bien jurídico tutelado no es el mismo y corresponden a tipos penales autónomos.

En otro de los conceptos de invalidez, del entonces Procurador, afirmaba que la despenalización del aborto es discriminatoria y contraria a lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional. La Corte le respondió lo siguiente:

Cito. “Artículo 146. Dicho precepto no puede ser discriminatorio de los derechos del embrión, porque como se ha señalado con anterioridad, el embrión no cuenta con ninguno de los atributos de la persona o el individuo, y por tanto, no puede contar con sus derechos, se confunden los derechos a la vida y no discriminación de la persona con la protección del embrión”.

En otra parte de su recurso, el entonces Procurador, al igual que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en aquel entonces, sostienen o sostuvieron, no sólo con los mismos argumentos, sino con la misma redacción, por cierto, que firmaron exactamente el mismo documento, lo redactó la misma persona a ambas personas, que sostenían que se vulneraba el artículo 4o. constitucional por cuanto a la libertad que los padres tienen de decidir informadamente el número y espaciamiento de los hijos.

Nunca entendieron que la libertad de procreación implica una obligación dual, a nadie puede prohibírsele que tenga los hijos que desee y el esparcimiento entre ellos, como tampoco puede obligárseles a tenerlos cuando no lo desean.

El planteamiento relativo a que dicha libertad constituye un derecho de la pareja es falso, como lo sostuvo la Corte, pues si con la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo, se afecta un derecho del hombre, viene a prevalecerse al derecho de la mujer, porque en su cuerpo se desarrollará el proceso de gestación.

Carece de sustento la afirmación de que, decía Medina Mora, una medida abortiva, no significa el ejercicio de la libertad de procreación, porque no sería producto de la responsabilidad y la información, pues con ello, se pierde de vista que las personas informadas y responsables también pueden tener embarazos no deseados.

La supuesta contraposición de la libertad a la mujer para decidir sobre su cuerpo, que Medina Mora sostuvo, se da por la punibilidad de la conducta que interrumpa el embarazo después de la décima segunda semana de gestación, carece de razón, ya que fue la ponderación de derechos lo que llevó a la Asamblea a establecer la punibilidad del aborto forzado, siempre y la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta dicho periodo de gestación en ejercicio de la libertad de la mujer, además de las excusas absolutorias o excluyentes de responsabilidad procesadas en el Código Penal del Distrito Federal.

Debe quedar claro, como lo afirmó la Corte, que las reformas jamás pretendieron fomentar la interrupción del embarazo, sino que sólo otorgaron la posibilidad a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, de acudir a centros hospitalarios para que les sea proporcionada una atención médica segura con pleno respeto a su dignidad y derechos fundamentales.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador. Les pido a las y los Senadores que ocupen sus escaños para poder escuchar al orador.

Gracias, continúe, Senador Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, y por cuanto al argumento machista acerca del derecho de los hombres a ser padres, Medina Mora desconoce la diferencia entre lo que las personas pueden hacer y lo que tienen derecho a imponer a los demás o al Estado, así como el hecho de que las normas reformadas están destinadas a establecer el criterio que debe privar en casos de desacuerdo.

La regla según la cual la decisión final, en estos casos, recae en las mujeres, portadoras de un embrión no deseado, no es discriminatoria, ni por tanto irrazonable, porque responde a la clara diferencia de su posición frente a la de cualquier otra persona, la del hombre que estima haber tenido participación en la generación de ese embrión o cualquier tercer persona.

Como afirmó la Corte a la que hoy se pretende enviar justamente a Medina Mora, lo cito otra vez, textual:

“La continuación del embarazo no deseado tiene consecuencias distintivamente permanentes y profundas para la mujer con independencia de que cuente con el apoyo de otras personas en su continuación y después en el cuidado y la educación del niño, y es esa afectación asimétrica al plan de vida lo que establece la base para el trato distinto que el legislador consideró al otorgarle a ella la decisión final acerca de si el embarazo debe o no ser interrumpido, y por lo que no hace irrazonable negar al participante masculino la capacidad para tomar esta decisión.

La afectación, continúa la Corte, la afectación de la mujer y el hombre es distinta, no solamente porque como hemos señalado hay consecuencias del embarazo no deseado que sólo recae en la mujer que lo experimenta, sino porque, aunque haya otras cargas que potencialmente podrían ser asumidas por los participantes masculinos, su garantía por parte del ordenamiento jurídico es imperfecta.
El supuesto derecho, ahí cierro la cita textual, el supuesto derecho machista, la paternidad que inventa Medina Mora presenta enormes dificultades a la hora de reconocer su ejercicio; en el momento inicial de decidir si un embarazo continúa o no tiene también la relevancia el que antes de las doce semanas es muy difícil establecer legalmente que una persona en particular, es efectivamente padre potencial”.

Otra perla del recurso promovido por Medina Mora es que las reformas, dice, las reformas vulneran los artículos 16 y 133 constitucionales, ignoró y espero que no ignore hoy en razón de su pretensión de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la tipificación del delito de aborto que realizó la Asamblea no es ni puede ser inconstitucional; sostener la consideración contraria llevaría a sustentar la inconstitucionalidad de todas las legislaciones penales, locales y federales al establecer excluyentes de responsabilidad para el delito de aborto, inclusive después de la décimo segunda semana de gestación, hecho reafirmado al ser declarado infundado el noveno concepto de invalidez de ese recurso ante la Corte.

Compañeras y compañeros Senadores: He venido a esta tribuna a presentar argumentos jurídicos de peso por los cuales el Licenciado Medina Mora no puede ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la presentación de un caso, sólo un caso cuyo engrose puede ser consultado en la misma institución; engrose que demuestra que el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, fue vencido en sus argumentos tanto por los alegatos que presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como al Jefe de Gobierno, como por la sentencia que contó con el voto de 9 Ministros de ese alto tribunal constitucional, algunos de ellos en activo, y con los que se pretende que él comparta un lugar.

Hoy gracias a una Corte liberal con voluntad de escuchar a la sociedad civil y a especialistas y con un sentido acorde a la ruta progresista del Constituyente de 1917, las mujeres en el Distrito Federal cuentan con la libertad y la garantía de interrumpir voluntariamente su embarazo, ojalá que todas las mujeres de México tuvieran este vital derecho que prestigia la libertad.

Por estas razones, pido a ustedes, compañeras y compañeros Senadores, no votar en la cédula por Eduardo Medina Mora.

Mi voto no será para él.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Hemos agotado los votos particulares que habían sido listados, el de las Senadoras Dolores Padierna y Angélica de la Peña, y el del Senador Luis Sánchez.

Vamos a pasar a desahogar dos mociones suspensivas, aún cuando el Reglamento establece que habrá sólo una moción suspensiva, vamos a desahogar las dos mociones suspensivas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar propuesta de moción suspensiva, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Adelante, don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente Miguel Barbosa.

Con fundamento en los artículos 105, 106, 107 y 92, fracción IV del Reglamento del Senado de la República, los suscritos Senadores que firmamos al calce, formulamos moción suspensiva a fin de que el debate en el Pleno sobre el dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls no se inicie, a efecto de que el asunto objeto del dictamen sea devuelto a la Comisión de Justicia para que ésta cumpla las obligaciones normativas que no ha satisfecho.

Los hechos que motivan la moción suspensiva son los siguientes:

La Comisión de Justicia, en el asunto en cuestión, no realizó un análisis y valoración pormenorizada y exhaustiva sobre los requisitos que determina el artículo 95 de la Constitución, sobre cada uno de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo.

En concreto, no valoró la acreditación de los requisitos concernientes al Licenciado Medina Mora correspondientes a su buena reputación, buena fama, fracción IV, artículo 95; residencia, fracción V del artículo 95; e idoneidad, fracción VI del artículo 95.

La Comisión de Justicia no valoró en su dictamen ni en los argumentos ni las más de 20 mil firmas que presentó la Organización change.org en contra de la designación de Medina Mora.

La Comisión de Justicia no realizó consultas ni audiencias con expertos, en contra del artículo 133, fracción V del Reglamento.

La Comisión de Justicia no solicitó información ni documentos completos sobre el caso en concreto sobre la Operación Rápido y Furioso y sus prolegómenos y la participación de Medina Mora en los hechos, en contra de la fracción VIII del artículo 133 del Reglamento del Senado.

La Comisión de Justicia, en contra de la fracción VI del artículo 190 del Reglamento del Senado, no fue exhaustiva en el análisis y valoración de todos los elementos del caso.

Si se aprueba el dictamen en cuestión sin cumplir con estas obligaciones que determinan la Constitución y el Reglamento, estaríamos violando el procedimiento parlamentario y sus fundamentos, contemplados en el artículo 72 de la Constitución de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Senadores que firmamos esta moción suspensiva solicitamos:

Primero. Se le dé el trámite parlamentario a la moción suspensiva.

Segundo. No se inicie o se interrumpa el debate del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada  por el titular del Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Valls, hasta que la Comisión de Justicia cumpla sus obligaciones constitucionales que ha violentado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar moción suspensiva en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Adelante, Angélica.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

La suscrita y los suscritos Senadores y Senadoras de la República de esta Legislatura, con fundamento en los artículos 105, 106 y 107 del Reglamento del Senado, presentamos la siguiente moción suspensiva en relación con el dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, al tenor de las siguientes consideraciones.

Primero. El dictamen de la Comisión de Justicia señala en el acuerdo tercero lo siguiente.

Tercero. El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

Dicha resolución, desde nuestro punto de vista, no cumple con lo que establece el último párrafo del artículo 95 constitucional, dado que el señor Medina Mora no cuenta con lo fundamental para ser considerado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es haberse destacado por honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Por el contrario, ha sido pública y notoria la inconformidad de diversos organismos de la sociedad, distintas personalidades, diversas personalidades que han solicitado no aprobar la propuesta del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora, como Ministro de la Suprema Corte, argumentando que se trata de un personaje caracterizado por su incompetencia y por su parcialidad, ya que en su desempeño como Procurador General de la República fue responsable de diversas violaciones a los derechos humanos.

Estas personalidades y organizaciones, de lo más diverso de la sociedad, han comenzado a manifestarse en contra de lo que ya se prefigura como un inminente nombramiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una determinación clara del PAN y del PRI.

Estamos entregando, nos fue entregado ahorita en la mañana, al Senador Javier Corral, al Senador Alejandro Encinas, a la Senadora Dolores Padierna, al Senador Zoé Robledo y a su servidora, más de 51 mil firmas de la organización Change.org, que han emprendido diversas personalidades, nombraré simplemente algunas de ellas: Alejandro Anaya Muñoz, Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa, Jorge Javier Romero, Genaro Lozano, por mencionar algunas.

Este portal ha recibido, hasta el momento, más de 51 mil firmas, cuando las recibimos la semana pasada en la sesión de la Comisión de Justicia, recibimos 21 mil, ya es más de lo doble en este fin de semana.

Me parece que es importante destacar que además de personalidades hay diversas organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información y Reproducción Elegida; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Observatorio de Designaciones Públicas, Artículo 19, sólo por mencionar algunas.

Este solo hecho debería llevarnos a devolver este dictamen a la Comisión de Justicia para su debida valoración, dado que hay en esta designación una corresponsabilidad irrenunciable. Pero también hay que decirlo, no existe, señoras Senadoras, señores Senadores, un antecedente en nuestra vida democrática de un cuestionamiento tal cuando se ha tratado del nombramiento, de la elección de alguien, de una personalidad que vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un encargo tan relevante para la República, que debiésemos atender debidamente.

Segundo. No se trata de un asunto menor, nuestro cuestionamiento fundamental se encuentra en el último párrafo del artículo 95 constitucional, que refiere a la letra: “los nombramientos deberán de recaer, preferentemente, en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Queremos abundar más, habrá que ver qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las características que deben ser tomadas en prevención, en consideración, en atención para las y los juzgadores que asumen este tipo de encargos tan importantes.

Supuesto, éste el que establece este último párrafo del artículo 95 constitucional, que en este caso no se cumple, porque el desempeño del cargo que se nombra tiene que ver con aspectos eminentemente técnicos, como son las técnicas de interpretación jurídica o la hermenéutica, la sanción de instrumentos, protocolos, pactos sobre protección de derechos humanos, etc.

Más allá si interpretamos si cumple o no con la residencia, la verdad, pero también con aspectos profesionales, como son la deontología, la independencia, la imparcialidad, la reserva, la diligencia, que son valores que influyen en la percepción de la justicia y la confianza ciudadana y son la base fundamental de la independencia del Poder Judicial.

Luigi Ferrajoli, en su obra "Democracia Constitucional y Derechos Fundamentales", dice lo siguiente: A diferencia de cualquier otra actividad jurídica, la actividad jurisdiccional del Estado es una actividad cognoscitiva, además de práctica, o mejor, es una actividad prescriptiva que tiene como necesaria justificación una motivación en todo o en parte cognoscitiva, las sentencias exigen una motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y recognoscitivos sobre el derecho. A diferencia de cualquier otro poder público, el Poder Judicial no admite una legitimación de tipo representativo o consensual, sino una legitimización, legitimación de tipo racional y de tipo legal.

Tercero. De aprobar este Senado el presente dictamen que prefigura ya el nombramiento del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, se sentaría un nefasto precedente para la vida democrática de nuestro país.

El mensaje que se estaría enviando es que lo menos importante en el máximo tribunal del país, es la justicia y la seguridad jurídica, es el riesgo de designar un ministro que carece de los requisitos de idoneidad y representa poner en riesgo, de manera innecesaria, por el Senado de la República, a uno de los Poderes de la Unión. Voy a mencionar lo que dice. Seguramente muchos de ustedes han estudiado a don Ignacio Burgoa Orihuela, el jurista y el simulador del Derecho, nos advierte.

El funcionario judicial que simula o es un ignorante del Derecho o un inmoral, denotando su actuación, es un grave peligro social. Si sus funciones son de control constitucional desciende a la triste situación de convalidar leyes y actos de autoridad que vulneran el orden constitucional y legal.

Su actitud provoca la desconfianza y el desprecio de la sociedad, cuando no alarma y zozobra, pues su asunción es la negación del estado de derecho y un impacto contra el régimen democrático. Un juez simulador entraña un ser de mayor peligrosidad social que el más draconiano de los gobernantes.

Porque al margen de la protesta y de los procedimientos parlamentarios, señoras y señores, lo importante para el país es contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente, que permita consolidar nuestra incipiente democracia, que se consolide como vigilante del estado de derecho, que sea un contrapeso del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos también.

Que se constituya en una instancia facilitadora de la transparencia y la rendición de cuentas, garante de la justicia frente a la política y el abuso de poder, es decir, una función de equilibrio entre los poderes del Estado.

Cuarto.- En mérito de lo expuesto, es que consideramos que este dictamen, en términos del artículo 105 del Reglamento del Senado de la República, se regrese a la Comisión de Justicia para la modificación del tercer punto resolutivo, el cual debe de ir en el sentido de que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República, no reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy nos hemos encontrado una nota en todos los medios de comunicación, que se habla de que en la etapa de Medina Mora se descongelaron 73 millones de dólares a la cuenta de Raúl Salinas de Gortari.

Bueno, podemos seguir hablando de todos los grandes cuestionamientos que se han hecho. Me parece que de manera puntual hay que atender el procedimiento que se sigue por la organización desarme, y por lo tanto, concreto señalando la moción suspensiva.

UNICO.- Se aprueba la presente moción suspensiva del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, con el objeto de que sea devuelto a la comisión dictaminadora para su respectiva valoración y estudio.

Esperemos que sea votado, en congruencia, por ustedes, a favor.

Aquí están las firmas que nos entregaron para que puedan ser tomadas en consideración, señor Presidente, en el expediente respectivo.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Me está entregando las firmas, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¡Aquí están!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Después de revisarlas, haga lista de ellas.

Adelante, por favor, Secretaría.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del Reglamento, procederemos a desahogar las mociones suspensivas.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a debate las mociones presentadas.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a debate…

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, permítame.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Presidente, le solicito que sea usted tan amable de que esta votación, en vista de que ha sido apoyada por cuando menos 5 legisladoras, sea de manera electrónica, si es tan amable.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: De acuerdo a lo solicitado.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, el Senador Gil, antes.

Sonido en su escaño.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Se ha solicitado, o se han presentado 2 mociones suspensivas a efecto, entiendo, de reponer el procedimiento de dictaminación en la Comisión de Justicia.

Al respecto, como Presidente de la Comisión, estoy obligado a hacer 2 aclaraciones:

La primera. La Comisión de Justicia siguió escrupulosamente el Acuerdo votado por este Pleno y que motivó a su vez un acuerdo de procesamiento en el seno de la comisión, que fue aprobado por unanimidad, en el que entre otras cosas solicitamos diversa información a los candidatos que integran la terna.

Ningún Senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, firmantes de la primera moción, solicitó acción alguna en el seno de la Comisión de Justicia. No hubo planteamiento en el orden del que se está haciendo el día de hoy en relación con el procedimiento.

Y la segunda aclaración tiene que ver con la presentación de un importante número de firmas.

La Comisión de Justicia, a propuesta de la Presidencia, dictó un trámite con respecto a estas firmas, y determinamos, por unanimidad, que se incluirían en el micro sitio que hemos previsto para este proceso y que se pondrían a disposición de los grupos parlamentarios para la valoración respectiva, justamente de cara a esta sesión.

Me veo obligado, señor Presidente, a hacer estas 2 aclaraciones, porque no puedo permitir, bajo ninguna circunstancia, que se hubiera violado o vulnerado el procedimiento en la fase de dictaminación en el seno de la comisión que me honro presidir.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Presidente de la Comisión de Justicia.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, después de la Senadora Angélica de la Peña y de la Senadora Dolores Padierna.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) La aclaración que pretende hacer el señor Presidente de la Comisión de Justicia es inválida, porque dice que nadie del PT presentó una queja o alguna oposición a su planteamiento.

Lo que yo estoy diciendo ahí, es que la Comisión de Justicia no hizo ninguna investigación.

La Comisión de Justicia lo único que hizo fue pedir documentos a los interesados.

La Comisión de Justicia, cuando se presentaron estas firmas dijo: “Que se mandaran a la nube del micro sitio, la nube”, y no les hizo el menor caso.

Lo que tendría que contestar es que, todo lo que estamos diciendo aquí, que no se tomó en cuenta, de la no investigación, de no convocar a nadie, de sacar en unas cuantas horas, 2 ó 3 horas todo el proceso, es absolutamente inválido, que no se corrige con decir: “Que del PT nadie presentó entonces nada”.

De manera que no estoy de acuerdo con lo planteado, y por eso pido que se retire el dictamen para que en realidad lo estudien, y no mandar allá, al internet, lo que se está presentando, en lugar de analizarlo. No hubo ninguna anuencia, ninguna anuencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

La Senadora Angélica de la Peña y después la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Es verdad lo que dice el Presidente de la Comisión de Justicia, de que se ordenó en la sesión respectiva subir al micro sitio las entonces más de 21 mil firmas, como ya lo dije en mi intervención; hoy son más de 52 mil, y si siguen las horas, serán más, más y más.

El sentido fundamental no es cumplir con la formalidad de recibir firmas, de recibir oficios, inconformidades, sino que lo que tiene que hacer este Senado de la República, y ese es el sentido fundamental, sustantivo de la moción que presentamos el Grupo Parlamentario del PRD, es que se analicen puntualmente estos documentos que han sido recibidos por el Senado, y en particular por la Comisión de Justicia, no que se suban, cumpliendo una normatividad en la formalidad, en la historia de la comisión, de todo lo que se recibe, sino que se entre a profundidad a analizar: ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son las cuestiones que nos exigen, al Senado de la República, tomar consideraciones? Son 2 cosas totalmente distintas, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo también quiero hacer la aclaración a lo dicho por el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Gil Zuarth, al cual, yo personalmente le pregunté: ¿Cuándo sería convocada la Comisión de Justicia?

Me dijo no saber.
Ese mismo día que le pregunté, por la tarde, puso el citatorio. Tuvimos que preparar todo con una velocidad del rayo.

En esa reunión de la Comisión de Justicia, se acordó poner en el micro sitio, para su valoración, el dictamen.

La pregunta es: ¿Si ya se valoró? ¿En qué momento se valoró? ¿Si ya se estudió?

Tan sólo nosotros, en esa misma sesión, presentamos, como PRD, un voto particular con todos los anexos para su estudio.

Entonces, no están valorando una exigencia de 50 mil ciudadanos y ciudadanas.

El Senado y la Comisión de Justicia están actuando, cubriendo solamente formalismos y portándose como Oficialía de Partes.

Yo quiero hacer la moción, señor Presidente, de que se suspenda esta sesión, se dé paso a la valoración del dictamen por parte de los ciudadanos y ciudadanas, también de los propios Senadores y Senadoras, que muchos ni siquiera han de conocer bien el dictamen; y una vez que se haya valorado poder iniciar esta sesión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítanme, Senadores. Senador Roberto Gil, permítame hacer una reflexión.

Hemos escuchado los argumentos sobre dos mociones suspensivas, la del Senador Manuel Bartlett y la de la Senadora Angélica de la Peña.

Se han adicionado comentarios del Presidente de la Comisión de Justicia, del propio Senador Bartlett, de la Senadora Angélica de la Peña y de la Senadora Dolores Padierna.

Esta Mesa Directiva, en la conducción de una sesión, sólo puede llevar a cabo lo que le permite la norma interna. Y eso no es suspender una sesión.

Yo le pido al Senador Roberto Gil, que está tintineando su luz verde, que retire su deseo de participar, para que se abra el sistema electrónico de votación por dos minutos y se pueda determinar, en votación, en sistema electrónico, si se admiten a debate las mociones presentadas.

¿Le parece, Senador?

Adelante, ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger esta votación, sobre si son admitidas.

Adelante, le pido una disculpa, Senador Gil, por interpretar, es que usted hace así, sí y no.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, no puedo dejar de hacer que mi escaño parpadeé, tintinean las campanas, parpadean las luces, señor Presidente.

No puedo dejar de hacer la aclaración pertinente. La convocatoria a la Comisión de Justicia, se hizo con consenso de la Mesa Directiva.

En segundo lugar, en la reunión de la comisión se acordó turnar al Pleno el dictamen en sus términos y el voto particular.

En tercer lugar, se acordó dejar a la valoración de los grupos parlamentarios la documentación presentada por los ciudadanos, en estricto cumplimiento de lo que establece el Acuerdo parlamentario, que aprobó este Pleno y que aprobó después la Comisión de Justicia.

Y en cuarto lugar, según el Acuerdo parlamentario, que nos hemos dado, el momento en que los grupos parlamentarios presentan sus objeciones sobre idoneidad objetiva y subjetiva, es el momento en que los candidatos de la terna comparecen ante la Comisión de Justicia.

Ningún integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo participó en los cuestionamientos a los integrantes de la terna.

En consecuencia, señor Presidente, no hay violación alguna al procedimiento respectivo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Don Manuel, vamos a pasar a la votación, porque no es un debate. Parece que es un pinponeo, no tintineo.

Pero tiene usted el uso de la palabra don Manuel. Porque sé de su prudencia en el uso del micrófono.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Usted Presidente, ha sido muy abierto a estas discusiones y se lo agradezco.

Sí está iniciando un debate, verdad, pero el debate es muy pobre, cuando dice: es que nadie votó. Tuvimos un consenso. Aquí es donde se va discutir.

No, el señor está simulando un procedimiento que no existió. Aquí tengo todas las actas del proceso ese, ridículo. Unas cuantas, unos cuantos comentarios del señor Presidente y del señor Presidente de Puntos Constitucionales, y se acabó.

Claro, tienen la mayoría, y entonces dicen, esto ya se terminó. Pero ese es un mayoriteo que impide que este Senado, hoy tenga un dictamen fundado. Tenemos un dictamen simulado, un dictamen pobre, un dictamen en el que simplemente se buscó sacar adelante esto rápido y en fast track, como el de la Procuradora de la República.

Entonces, no es posible permitir que estemos en esta simulación, sino ir al fondo. La responsabilidad del Pleno ahora queda en un ridículo dictamen que no tiene nada. Que no tiene ningún argumento.

De manera que no acepto los comentarios, de que si no votó ninguno del PT, o si votó o hubo el consenso.

El dictamen es un dictamen fofo, de una comisión que no cumplió con su responsabilidad y señalamos todos y cada uno de los artículos del Reglamento que no cumplieron. Es un dictamen hechizo, a la trompa talega, para favorecer al Ministro que señaló el Presidente de la República, que es Medina Mora, punto. De eso se trata.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Bartlett.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para consultar a la Asamblea, sobre si se admiten a debate las mociones presentadas. Ábrase el sistema electrónico.

La votación a favor, es para que se abra a discusión. En contra, es para que no se abra. Como diría Güemes.

(Se abre el sistema electrónico)

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de segundo, tercero y cuarto semestre, de la Facultad de Economía, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

También saludamos a jubilados y pensionados del ISSSTE, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Bienvenidos a todas y todos ustedes.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 21 votos a favor y 83 votos en contra.

Por lo tanto, desechadas las mociones, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Desechadas las mociones. Continuamos con la discusión del dictamen.

Pasamos a la presentación de los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Se va a llevar a cabo este posicionamiento, con intervenciones en orden ascendente.

Por lo cual, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Medina Mora incumple los requisitos constitucionales para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma constitucional judicial vigente desde 1994, señaló en la iniciativa y en el dictamen de este Senado, que el propósito de la misma era transformar el método para designar ministros, a fin de darle mayor papel al Senado, en el procedimiento, y mayor responsabilidad en la designación, y para modificar, ampliando los requisitos para ocupar ese cargo, a fin de llevar a la Suprema Corte a personas idóneas, con amplios conocimientos jurídicos y de honorabilidad a toda prueba, lo que se traduciría en independencia e imparcialidad al momento de ejercer su alta encomienda.

En suma, el objetivo fundamental de esa reforma, que está en vigor, era dotar a la Corte de una mayor legitimidad social, de la fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación para el adecuado funcionamiento del régimen democrático, para que el Poder Judicial sea más independiente del Ejecutivo y otros poderes, esos son los objetivos que plantea esa reforma en su debate, en su iniciativa y en su dictamen de este Senado.

La propuesta del Presidente Peña Nieto para que el Senado nombre a Medina Mora incumple esos fines y viola los requisitos; el Presidente de la República viola los requisitos del artículo 95 constitucional con esta propuesta que él hace; viola el artículo 95, fracción IV, porque el propuesto no goza de buena reputación ni de buena fama, como demanda la Constitución. No tiene prestigio.

Más de 40 mil ciudadanos, aquí se ha discutido ya, que no han tomado en cuenta, han puesto en duda, académicos, articulistas y columnistas, periodistas independientes del país, señalan que el Licenciado Medina Mora es un policía que ha participado en actos de represión contra mexicanos: Atenco, Oaxaca, Michoacán, Pasta de Conchos, la detención arbitraria de las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta, y la desatención a innumerables recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Participó ilegalmente en contra de la vida de cientos de mexicanos, autorizando el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos; la introducción de armas a México, en los antecedentes de “Rápido y Furioso”; y es responsable, junto con Calderón y García Luna, del peor atentado de nuestra historia a los derechos humanos por las políticas de seguridad, de protección y de justicia erráticas.

Medina Mora incumple el requisito de residencia de 2 años en el país, establecida en la fracción V del artículo 95 constitucional. No vale la apelación que establece el dictamen, no vale la apelación al artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior, ni al Estatuto de los Miembros del Servicio Exterior, porque el estatuto jurídico de un Embajador es diferente a los miembros de carrera de ese servicio.

Un Embajador tiene otro estatuto, y es consecuencia, no de un concurso, como es el Servicio de Carrera, sino de una designación constitucional de carácter político, en donde interviene el Ejecutivo y el Senado de la República.

Una norma secundaria que no procede, no puede, además, estar por encima de la Constitución.

La Constitución, en el artículo 95, que es la norma aplicable, y no otra, demanda residencia real, efectiva en el territorio nacional, y no una residencia formal y artificial.

La razón de esa exigencia es para que los Ministros estén plenamente imbuidos a los problemas nacionales y para garantizar su independencia de presiones externas de gobiernos extranjeros, que es precisamente a las que se debe Medina Mora.

Media Mora incumple los fines del párrafo primero, de la fracción VI del artículo 95 constitucional, porque aunque la norma no se define expresamente a los embajadores dentro de la lista de los funcionarios inelegibles a Ministros de la Corte, la teleología del precepto es que los que aspiran a Ministros de la Corte sean independientes, y así lo recordamos en relación con la reforma que les dio vida a estos requisitos, que los Ministros de la Corte sean independientes del poder formal y fáctico.

Medina Mora en este momento, al seguir siendo Embajador, es formalmente un empleado subordinado a Peña Nieto. ¿Con qué independencia va a resolver si su jefe le propone para Ministro de la Suprema Corte?

Medina Mora viola el párrafo segundo del artículo 95, fracción VI, de la Constitución, porque en contra de lo que determina la norma, no ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. No se ha distinguido por su honorabilidad, competencia de antecedentes profesionales, en la actividad jurídica.

Medina Mora no es destacado jurista ni académico, y no ha sido competente. El CISEN se desmanteló durante su gestión. La seguridad pública adquirió rasgos autoritarios nunca antes vistos y la procuración de justicia durante su gestión se basó en la parcialidad, en la interposición de 236 acciones de inconstitucionalidad respecto a medidas que iban en contra de los intereses del poder político, en la represión y en la incompetencia.

En el dictamen que se presenta, tenemos la certidumbre de que el Presidente Peña incumple con sus obligaciones constitucionales, está violando la Constitución al proponer a una persona que no satisface los requisitos del artículo 95 constitucional.

¿Por qué incumple Peña Nieto la Constitución? Por sus relaciones e intereses personales con Televisa, nuevamente aparece Televisa para extender el poder de esta empresa como una hidra, que lo pudre todo, en todas las instituciones del Estado penetra, y por sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos, en tanto pieza clave de los acuerdos de Peña Nieto con este país, para llevar a cabo las reformas estructurales, reformas al gusto de ese gobierno.

Y porque necesita un Ministro transexenal, adicto, que garantice impunidad e interprete la reforma energética a favor de los intereses de las grandes petroleras y no a favor del pueblo de México. Señalemos más.

La participación de Medina Mora, siendo Abogado de la Nación, en la Iniciativa Mérida y en el ASPAN, Medina Mora fue facilitador de estos acuerdos que se celebraron sin la aprobación de este Senado. Pasando por encima de las facultades de este Senado, el Abogado de la Nación impulsó la Iniciativa Mérida y el ASPAN, violando las facultades de este Senado de la República, las atribuciones que tenemos.

Y eso se ha continuado, de tal manera que ahora son relaciones intersecretariales las que regulan estas relaciones internacionales violando la Constitución, que establece que esas relaciones tienen que ser definidas, aceptadas y aprobadas por la Cámara Alta.

Son acuerdos que someten la seguridad nacional de México a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Consideramos que quien negoció el ASPAN, la Iniciativa Mérida, que facilitó la Operación “Rápido y Furioso”, con costo de vidas humanas mexicanas, no debe ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Alguien sin sentido nacional, contrario a nuestra soberanía, debe estar descalificado para esta función, no puede estar calificado con estas características para ser uno de los más altos juzgadores de este país.

El Senado, en particular la Comisión de Justicia, también incumple con la Constitución y con los artículos 133 y 190 del Reglamento del Senado, porque no consulta si existimos, audiencias para escuchar a la sociedad, fracción V del artículo 133; no solicitó información y documentos para verificar si Medina Mora cumplía los requisitos para ser Ministro, fracción VIII del artículo 133; y no efectúo una valoración de las propuestas de manera exhaustiva, artículo 190, fracción VI.

Es decir, la Comisión de Justicia no realizó una investigación completa sobre el cumplimiento de los requisitos de los propuestos violando el artículo 17 de la Constitución. Comparecencias en una hora, con preguntas mayoritariamente a modo, no suplen esa deficiencia.

No valoró la información recibida, en particular las famosas 40 mil firmas que recibió y que mandó a la nube de internet. El dictamen carece de exhaustividad en el análisis de los requisitos que deben reunir los propuestos y transgrede los artículos 95 y 96 de la Constitución.

En conclusión, Medina Mora incumple los requisitos constitucionales para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Medina Mora ha sido operador de la mano dura y de la represión del gobierno.

Se quiere que sea Ministro después de Embajador en Washington, en donde estuvo al lado de las petroleras y del gobierno de los Estados Unidos, y no del pueblo de México.

Va a interpretar ese personaje que sale de la Embajada americana y del análisis de los convenios y el facilitador de las reformas energéticas, va a interpretar la Reforma Energética en la Suprema Corte de Justicia, en contra de los pueblos indígenas, en contra de los ejidatarios y pequeños propietarios, que van a acudir en demanda de amparo, porque la Reforma Energética faculta a las empresas extranjeras a ocupar  los territorios de esas comunidades, ¿él va a ser capaz de juzgar a favor de las comunidades, de los ejidatarios, si se le nombra, señores Senadores y Senadoras?

Será instrumento, como en el pasado, de los intereses de los poderes fácticos nacionales y extranjeros.

Por eso nosotros, en el PT, votaremos en contra de ese nombramiento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

En uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes. Con la venia, Senador Presidente.

Sócrates enlistaba cuatro características que corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

El día de hoy nos encontramos realizando una tarea de gran trascendencia en la consolidación del estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones pilares del sistema de justicia de nuestro país.

Nos encontramos decidiendo sobre la elegibilidad de tres candidatos que aspiran a ser juez constitucional.

Es propicio felicitar a la Comisión de Justicia y a su Presidente, el Senador Roberto Gil Zuarth, por su trabajo siempre serio, técnico, jurídico y siempre responsable.

La Comisión de Justicia presenta el dictamen sobre la idoneidad de los ciudadanos, un dictamen motivado, un dictamen fundado y muy bien logrado, completo y complejo.

Felipe Alfredo Barrera Fuentes, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora, no hay elementos técnicos-jurídicos que hagan dudar de la competencia, imparcialidad y profesionalismo con que hasta el momento los tres candidatos han venido desempeñando sus tareas para con la ciudadanía y en sus labores encomendadas por mandato de ley.

La calidad e idoneidad deriva del estudio y evaluación de los elementos objetivos que pueden ser verificables y cuantificables.

La Comisión de Justicia realizó la evaluación de los elementos que la ley considera como requisitos para la elegibilidad de los candidatos.

La calificación de idóneo, Senadoras y Senadores, se sustenta con elementos materialmente objetivos y no en simples opiniones.

De ser así, los legisladores tomaríamos decisiones parciales que no beneficiarían a la democracia ni a la institucionalidad.

El dictamen que estamos discutiendo en este momento está pronunciándose sobre si los candidatos que fueron presentados en terna por el Ejecutivo Federal cumplieron con los requisitos constitucionales y con las formalidades establecidas por la Comisión de Justicia para ser considerados como elegibles.

Durante las exposiciones que los candidatos a Ministro realizaron ante la Comisión de Justicia, se les formularon diversas preguntas por parte de las compañeras Senadoras y los compañeros Senadores, así como también de diversas organizaciones civiles interesadas en este asunto.

El proceso de comparecencias fue transparente, democrático, y hay que decirlo, abierto a la ciudadanía.

La decisión final sobre quién será el próximo Ministro de nuestra Suprema Corte de Justicia se tomará por decisión de los 128 Senadores, mediante votación por cédula y después de una exposición que estos mismos candidatos realizarán.

El nuevo juez constitucional se enfrentará a retos mayores.

El sistema de justicia nacional está experimentando transformaciones sustanciales.

Tenemos hoy un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nuevas reglas en materia política financiera, altas responsabilidades en materia de derechos humanos, una nueva ley de amparo y un ejercicio de control de convencionalidad con novedosas, pero iniciales aplicaciones.

La Comisión de Justicia se ha pronunciado sobre la elegibilidad y cumplimiento de las condiciones constitucionales y legales para ser candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El siguiente paso es que cada uno de nosotros considere todos los elementos de los que se ha llegado para votar mediante cédula y, en lo particular, por el mejor candidato a juez constitucional.

El candidato que este Pleno decida, sin duda, será el mejor.

El ciudadano que en estos momentos elijamos como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene tareas de la más alta responsabilidad para con la justicia mexicana.

Requerimos hoy de un juez honesto, independiente, con responsabilidad y con compromiso, convencido de que la justicia existe y que el derecho es el instrumento ideal para lograr la convivencia justa y pacífica.

Para la bancada de mis compañeras y mis compañeros Senadores del Partido Verde, nos pronunciamos por respaldar el presente dictamen de la Comisión de Justicia sobre la idoneidad de los candidatos. Será tarea de este Pleno, de este Senado de la República, que elijamos al mejor candidato capaz de conciliar la legalidad, razonabilidad y la justicia.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar el posicionamiento de este Grupo Parlamentario.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a argumentar en contra de este dictamen, porque al menos uno de quienes integran esta terna no tiene la idoneidad, según el análisis que hemos hecho nosotros en la fracción parlamentaria del PRD.

Compañeras y compañeros Senadores: Es vital romper viejos formatos de una época donde el presidencialismo no sólo imponía la ruta a seguir en la nación, sino que además marcaba los usos y costumbres en la práctica parlamentaria, necesitamos romper esos viejos formatos.

Con la designación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, como en muchos otros nombramientos de Embajadores, Cónsules, funcionarios mayores de Hacienda, Magistrados Electorales, Procuradores y otros, el Senado no ha cumplido a cabalidad  con la responsabilidad que los ciudadanos electores nos confiaron: de ser estrictos, escrupulosos, escépticos, críticos y acuciosos en el cometido que la Constitución nos impone.

Aún en los 30 días que se nos impone para el nombramiento que aquí haremos, debimos ser más diligentes, preservando el protocolo para dar preferencia a la responsabilidad.

De la terna que hoy se presenta, el caso del Licenciado Medina Mora nos preocupa, porque el Ejecutivo no prestigia al Poder Judicial, al poner en la misma balanza a dos juristas con carrera judicial frente a un abogado, cuya labor ha estado dirigida al ámbito de la seguridad pública.

Una actividad vital para la sociedad y el Estado, cierto, pero que no corresponde al perfil de un jurisconsulto, de aquel que debe interpretar la norma, y ahora en el ejercicio contemporáneo de su función, crear principios fundamentales del derecho.

Al designar a Medina Mora no prestigiamos a la Corte, no sólo la demeritamos, sino que lastimamos su dimensión política y republicana al hacerla retornar al criterio político por encima del criterio profesional, criterio que ordena justamente nuestra Constitución.

No es permisible, para el Senado de la República, hacer nombramientos en razón de la empatía o la instrucción directa, menos cuando se encuentra ante la responsabilidad de constituir a un órgano del Poder Judicial, cuya función es el control de constitucionalidad y de convencionalidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, así como a los poderes de los estados y a los municipios.

Es deber nuestro, de este Senado, saber designar en razón de capacidades y méritos. La racionalidad debe prevalecer frente a la empatía o el compromiso político.

Menciono sólo un ejemplo más de la conducta de Medina Mora, que nos debe prevenir de sus futuros comportamientos.

Y le haré una pregunta directa al Licenciado Medina Mora, ¿qué tiene que decir, Licenciado Medina Mora, sobre la liberación del aseguramiento de las cuentas por un monto de 73 millones de dólares, con motivo del juicio de desvío de recursos públicos contra Raúl Salinas de Gortari, antes de que se resolviera el caso de peculado? ¿Qué tiene que decir, Licenciado Medina Mora?

¿Ese tipo de criterios y comportamientos será su uso y costumbre para resolver los asuntos a su consideración como Ministro de la Corte?

Compañeras y compañeros, ¿no les suena esto a corrupción?

Este sólo hecho debiera servir para desechar la idea de nombrarlo como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No esperemos algo distinto a esto que conocemos hoy, los miembros de este Honorable Senado de la República.

Señoras y señores Senadores: No tenemos frente a nosotros una propuesta con la honorabilidad y la profesionalidad que exige la Constitución, por el contrario, darle un voto a Medina Mora marcará la desconfianza social en las resoluciones en las que él pudiera ser ponente de llegar a ser Ministro de la Corte, porque no tiene buena reputación, como ya se ha dicho, no tiene el reconocimiento de la sociedad, como se ha manifestado ya, porque no respeta los derechos humanos, porque no tiene los conocimientos sobre la administración de la justicia, tal y como fue exhibido en la comparecencia ante comisiones.

Por todo esto, les pido, compañeras y compañeros, respetemos la división de poderes, prestigiemos al Poder Judicial, no demos un voto a quien no lo merece.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez.

En uso de la palabra, el Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia.

El día de hoy, el Senado de la República, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 96 de nuestra Constitución Política, elegirá a quien será Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que cubrirá la vacante después del fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls.

Como es de su conocimiento, el Presidente de la República envió una terna conformada por los ciudadanos: Felipe Alfredo Puentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora.

La Comisión de Justicia llevó a cabo un proceso serio, transparente y apegado estrictamente a lo que establece la Constitución y nuestro Reglamento, que culminó con la presentación de este dictamen de legibilidad.

La comisión integró un expediente por cada candidato que construye información de los aspirantes, así como la relativa a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 95 de nuestra Carga Magna. Estos expedientes se publicaron en la página del Senado, en el micro sitio de la comisión, y se difundieron en la Gaceta del Senado, con base en los tiempos establecidos en el Reglamento.

Hago un reconocimiento a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, por este trabajo responsable y transparente.

Es importante reconocer que los tres ciudadanos propuestos por el Presidente de la República, cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 95 de nuestra Constitución.

Desde aquí, y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacemos un sincero reconocimiento a la trayectoria de todos ellos y agradecemos su participación en tan importante proceso para la vida democrática de nuestro país.

Sin duda, los tres son personas muy valiosas para México.

Venir a esta tribuna a hablar solamente de uno de ellos, es faltarle al respeto a los otros dos, cuando uno está por comparecer ante este Pleno.

Los Senadores de Acción Nacional no caeremos en ello, y a los tres les deseamos todo el éxito.

En Acción Nacional nos congratulamos de decir que la decisión que tome cada Senador en ejercicio de sus derechos, se hará después de días de deliberación, en los que tuvimos la oportunidad de escuchar a todas las voces de nuestro grupo y de cuestionar directamente a los tres aspirantes a tan importante posición, sin limitación alguna, lo que sin duda se traduce en que como en cada votación, nos distingamos por nuestra fuerza democrática y nuestra convicción propia de hacer valer la libre expresión. Lo hicimos y tomamos una determinación en unidad, siempre viendo por México y por el bien de la Suprema Corte de Justicia.

Hemos escuchado las diversas expresiones de la sociedad civil, manifestarse a favor y en contra de los diversos aspirantes, los hemos escuchado con atención y respeto, y sobre todo, con tal admiración de un proceso democrático.

Nuestro Grupo Parlamentario, sin embargo, no ha hecho una sola valoración mediática, ni juicio sumario de candidato alguno, sino que las decisiones que tomamos han sido responsables, informadas e imparciales, basadas única y exclusivamente en lo que creemos que es mejor para México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la última instancia garante de los derechos humanos, protectora de nuestra Constitución y nuestro máximo Tribunal, debe estar conformada por personas preparadas en el ámbito jurídico, pero creemos también en una Corte plural que vele por los intereses de todos los mexicanos, la experiencia, capacidad jurídica, analítica y diversidad de opiniones, hará una Corte fuerte en cada determinación que tome.

En el Poder Legislativo tendremos la responsabilidad de seguir llevando a cabo las reformas necesarias para dotar de mayor autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial.

No hay mejor espacio para elegir a los Ministros de la Suprema Corte, que es el Parlamento, en el que las voces de los mexicanos están bien representadas.

Esta elección será producto de un auténtico ejercicio democrático, que aunque perfectible, es el que nos rige actualmente.

Por eso, debemos seguir trabajando en mejorar estos métodos de deliberación, para que los ciudadanos se sientan mejor representados.

Como Senadores, tenemos la alta responsabilidad de elegir un miembro de una de las instituciones más importantes para nuestra vida democrática.

Por ello, cada pensamiento, cada voz que se escucha en esta tribuna y cada voto, representará la oportunidad histórica de conformar una Suprema Corte de Justicia autónoma, profesional, seria y, sobre todo, garante de los derechos de los mexicanos.

Por ello, el próximo Ministro de la Suprema Corte debe estar convencido de que cada Senador valoró profundamente sus capacidades y tomó la mejor decisión.

También deberá estar comprometido con la sociedad, ya que cada voto representa la voz de miles de mexicanos interesados en este y otros temas, y no la voz de un partido o de un solo legislador o del Presidente de la República.

No nos queda más que desearle mucho éxito a quien sea electo, no sin antes decir que ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los grandes honores a los que cualquier jurista mexicano puede aspirar.

Esperamos de ustedes imparcialidad, un alto sentido y respeto irrestricto de los derechos humanos y el apego a las leyes que nos rigen por encima de cualquier interés personal o particular.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Fernando Yunes.

En uso de la palabra el Senador Ernesto Gándara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy debemos comprender el carácter de esta aprobación que hacemos como Senado de la República.

Vengo a esta tribuna a hablar a nombre de la fracción parlamentaria del PRI sobre este proceso para elegir a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues como bien sabemos, su vacante se originó por el lamentable fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, lo que ha motivado la presentación de una terna de candidatos por parte del Ejecutivo Federal.

El análisis que ha hecho la Comisión de Justicia es un análisis en relación con los requisitos constitucionales de carácter objetivo, ya que corresponde al Senado de la República, como órgano colegiado, a las Senadoras y a los Senadores de este Pleno, desde el juicio individual que han hecho a lo largo de este proceso de cada uno de los perfiles, la valoración de cada uno de los candidatos y, por lo tanto, la decisión y la votación.

En efecto, los resolutivos del dictamen establecen que los integrantes de la terna cumplen a cabalidad los requisitos establecidos en nuestra Constitución tanto los formales de ciudadanía, edad y de no actualización de cualquier causal de inhabilitación para ejercicio de algún cargo como los establecidos propiamente en la Constitución, así como todos los requisitos y exigencias de carácter constitucional para realizar y ejercer esta importante función.

Se han valorado los requisitos de eficiencia, de capacidad, de probidad, de honorabilidad, la competencia y los antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Queremos agradecer y reconocer la participación en este proceso de los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera; Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora, quienes son excelentes juristas, que han venido a presentar al Senado de la República su visión sobre la Constitución, sobre el papel que debe desempeñar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre el papel que tiene un juez constitucional en un estado democrático de derecho.

En la fracción parlamentaria del PRI no estamos de acuerdo, y no podemos aprobar que se juzgue a una persona por apreciaciones o suposiciones, cuando la justicia ha abordado en los casos aludidos las causas y deslindado responsabilidades.

El daño que se pueda pretender hacer a una persona como uno de los integrantes, y digo el nombre, Licenciado Medina Mora, nos parece un atentado a su reputación y a su integridad personal, es injusto e infundado.

En el Grupo Parlamentario del PRI apelamos a la razón para dejar de lado valores y prejuicios que demeriten la justicia.

También quisiéramos hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia, en especial al Presidente de la Comisión, el Senador Roberto Gil, quien ha actuado siempre con apego a derecho, con una gran sensibilidad, con atención y, desde luego, con respeto a todas las normas jurídicas desde la Constitución hasta las reglamentarias de este mismo Senado, en todo el proceso de las comparecencias y de las sesiones de la comisión hasta la elaboración del dictamen respectivo.

Hoy aspiramos y confiamos en que se votará, como hubieran dicho varios de mis compañeros, y que se alcanzará un voto mayoritario tal y como lo exige la Constitución, sobre los tres excelentes perfiles propuestos en esta terna para seleccionar sólo uno, y de esa manera tener un nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ello será la mejor manera de honrar nuestros deberes como representantes de la nación, pero también, y valga desde hoy ese homenaje, hay que reconocer y honrar las contribuciones de hombres y mujeres de bien, de juristas prominentes con vocación de justicia, servidores públicos leales, honestos, que ocupan y han ocupado los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A todos ellos valga el momento, nuestro reconocimiento por su compromiso y servicio al país hoy y siempre.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gándara.

Hemos agotado el capítulo de posicionamientos de grupos parlamentarios.

Para lo discusión en lo general, se han inscrito los siguientes oradores: Dolores Padierna Luna, en contra; Layda Sansores San Román, en contra; Isidro Pedraza, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Javier Corral Jurado, en contra; Angélica de la Peña Gómez, en contra; y Daniel Ávila, a favor.

Queremos ser tolerantes, pero queremos la comprensión y colaboración de todos frente a la opinión de los demás.

Sí Senador Fayad, adelante.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Yo quisiera rogarle, de la manera más atenta, si me puede inscribir a favor.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con mucho gusto, a favor.

Entonces, le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga la mezcla en contra, a favor, en contra, a favor, para que me la pase y la pueda yo anunciar; pero decirles que vamos a estar muy atentos al tiempo de la intervención, cinco minutos.

Así es que le ruego a la Secretaría de Servicios Parlamentarios me provea de la lista mezclada ya entre oradores en contra y oradores a favor.

Para iniciar las intervenciones, como lo marca el Reglamento, se ordenan primero las y los Senadores en contra, y después a favor.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Esta sesión en realidad se convocó para formalizar una decisión ya tomada de nombrar un Ministro de la Suprema Corte, ordenada por Enrique Peña Nieto, y asumida en forma triste, abyecta por el PRI, el Partido Verde y el PAN, para imponer a Medina Mora en la Corte.

Ni los propios jueces y Magistrados quieren a Medina Mora, y votar por él, es votar por restaurar el presidencialismo imperial.

Medina Mora no tiene antecedentes como juez ni como Magistrado, por lo tanto, no tiene carrera que demuestre eficacia, probidad y capacidad en la impartición de justicia.

Tiene antecedentes muy cuestionables en el espionaje, la seguridad pública y la procuración de justicia en los años de mayor violencia y mayores violaciones de derechos humanos cometidos a nombre del combate al crimen organizado y privilegiar el uso de la fuerza policiaca en la resolución de conflictos sociales en nuestro país.

No hay muestras de honorabilidad ni de competencia en actos que la propia Corte documentó en muchas de sus diversas resoluciones. Nombrar a Medina Mora Ministro, es premiar la impunidad en la violación a estos derechos humanos, es un pésimo mensaje a toda la comunidad internacional que ha alertado sobre la grave crisis que vive nuestro país en este terreno, agudizada con el caso de los 43 normalistas desparecidos en Ayotzinapa.

Del michoacanazo, más de la forma en que obtuvieron la libertad de los 38 implicados, el punto central es que en ningún caso, ni siquiera uno, se lograron acreditar los delitos imputados, entonces, pueden surgir aquí dos hipótesis.

Una. Que se hace uso de la PGR para hacer acusaciones políticas sin ningún sustento.

O dos. Es tan incompetente que no logró probar la responsabilidad de nadie en ninguno de los acusados.

Cualquiera de las dos cosas es muy grave y lo inhabilita para el cargo de ministro.

El hecho de que Medina Mora haya subido a las redes y a los medios para defenderse, habla precisamente de que se trata de una persona que no tiene buena reputación, que no es capaz como abogado ni se ha distinguido por su honorabilidad, y éstos son requisitos ineludibles para poder ser nombrado ministro.

La buena reputación y la honorabilidad no se construyen desmintiendo las críticas, y el hecho de que él mismo ande haciendo campaña para mejorar su imagen es que él mismo reconoce que su reputación es muy mala, y éste es un requisito constitucional que él no cubre.

Con el antecedente del michoacanazo, nombrar a Medina Mora es premiar la incompetencia como Procurador de la República, y el uso y abuso de las figuras del arraigo y testigos protegidos.

Asimismo, se trata de partidizar el ejercicio de la justicia, un mensaje tremendo en pleno proceso federal electoral, de este 2015.

Medina Mora ha mentido sistemáticamente al negar que él no conoció el operativo "Rápido y Furioso", una operación que permitió introducir armas ilegales al país, armas que fueron a parar al crimen organizado, armas con las cuales se asesinó a muchos connacionales.

Elegir a Medina Mora como Ministro es premiar el intervencionismo de Estados Unidos y la ilegalidad para combatir el tráfico de armas, donde los propios norteamericanos son juez y parte.

Podemos recordar que durante el sexenio de Carlos Salinas, Medina Mora fungió como asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio, que ha representado el desmantelamiento de nuestra industria y la devastación del campo mexicano; eso sí, ocasionó la concentración de la riqueza de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, tal vez por ello, como lo señala hoy el periódico "Reforma", Medina Mora descongeló las cuentas de Raúl Salinas antes de que lo determinara el juez; no respeta a los jueces, se salta al Poder Judicial al que ahora él quiere pertenecer.

Medina Mora pertenece al grupo salinista que está de regreso en la Presidencia. Con su voto, el PRI, el PAN y el Verde van a elegir al ministro incómodo, como Raúl Salinas fue el hermano incómodo.

Votar por Medina Mora es entregarle la mayoría de la Corte a Peña Nieto, y con ello extender sus afanes presidencialistas que anulan el equilibrio de poderes independientes y autónomos que definen a nuestra República. Implica no respetar el federalismo, que intervenga estados y municipios a su antojo, con un congreso abyecto y ahora un tribunal entregado al Presidente.

El señor Medina Mora quiere formar parte de un órgano del Estado contra el que litigó persistentemente. Negar los hechos, mentir, distorsionar, han sido constantes en la actuación de Medina Mora.

Sólo en una de las pocas cosas que Medina Mora no le ha mentido a los mexicanos, es en lo que toca a los costos de una estrategia que él y otros diseñaron, la llamada guerra contra el narcotráfico. Él dijo: será una guerra larga, costosa, difícil, lo declaró al diario "El País" en noviembre de 2008; y lo ha sido.

Pero Medina Mora ha mirado la estela de muerte desde la comodidad de las Embajadas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Ya que aquí se habla de congruencia, habría que preguntar al proponente dónde está la congruencia cuando se propone para el máximo tribunal del país, a uno de los arquitectos de la guerra contra el narcotráfico, que según el gobierno actual, fue una estrategia fracasada, luego por eso les dicen que no entienden, que no entienden.

Premiar a uno de los responsables del tiradero que les dejaron en materia de seguridad, es un enorme agravio, o debiera serlo al menos para Peña Nieto.

La incapacidad de Medina Mora para elaborar estrategias y trabajar junto con García Luna obstaculizó los esfuerzos de lucha contra las drogas y la capacidad de la PGR para procesar a los criminales, esto no lo digo yo, lo dice la Embajada de Estados Unidos.

Termino diciendo que este Senado no puede hacer oídos sordos a las más de 50 mil firmas que se han recolectado para que no se designe a Medina Mora como Ministro, a las voces de organizaciones defensoras de derechos humanos, a organismos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a especialistas en los medios de comunicación que han alertado sobre el sesgo conservador e ineficaz de un abogado que ha perdido todas y cada una de las batallas que emprendió como abogado del país. No es posible que cuando la Suprema Corte quiere modernizarse, actualizarse y estar abierta a la nueva Constitución, a las nuevas corrientes y tesis sobre derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación, se opte por un ministro que representa todo lo contrario.

Votar a favor de Medina Mora representará un signo ominoso sobre la captura del Estado y el menosprecio a los derechos humanos fundamentales de las mujeres, de indígenas, de los derechos a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de libre manifestación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna.

En uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, Senador Presidente, Luis Miguel Barbosa Huerta, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza.

En primer lugar, quiero felicitar a los tres integrantes de la terna: a Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Acción Nacional es un partido de ideas y valores humanistas, que están respaldados por acciones tanto legislativas como gubernamentales, que han puesto las bases para un mejor país, alcanzado metas antes inimaginables en varios ámbitos, a pesar de haber enfrentado crisis mundiales sin precedentes.

Nuestros principios y valores se centran en el respeto de la dignidad de la persona humana y en derecho a la vida desde la concepción. Estamos convencidos de que son derechos humanos que garantizan un México para todos, con libertad, valores y futuro. Esos ideales que nos hacen distinguibles como opción política en diálogo con la ciudadanía, atentos a las complejidades y retos que nos presenta la realidad local y global.

En Acción Nacional trabajamos por un México de libertades, ampliando las capacidades de expresión y asociación, de iniciativa y elección, tanto económica como política, en un contexto de responsabilidad cívica y gubernamental. Y con base en valores queremos formar un México con futuro. No hay futuro sin libertad ni valores, pero tampoco sin sustentabilidad y competitividad.

Por eso nuestro compromiso no sólo es con la presente generación, también tenemos en cuenta las que vienen, por eso queremos conquistar un estado social de derecho que contemple el respeto al medio ambiente y tengan finanzas públicas sanas, a la par de la atención a los más desfavorecidos.

Aspiramos a construir, con la participación de todos los mexicanos, un México próspero, sustentable, innovador, con porvenir y equitativo, seguro y sólido que sea para todos en libertad con valores y futuro.

En Acción Nacional debemos tener presente qué candidato ha sido capaz de enarbolar una postura consistente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en defensa a la vida.

Debemos tener presente qué candidato ha postulado que la vida del ser humano es el más elemental de todos los derechos, argumento estrictamente jurídico exento de cualquier posición personal.

Debemos tener presente qué candidato sabe y conoce el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que radica en observar y proteger los derechos contemplados en nuestra Carta Magna, así como también en las leyes federales y locales a favor de los mexicanos.

Con todo respeto, no nos hagamos bolas, en Acción Nacional esta terna, este tema es de principio y valores; respeto a la dignidad de la persona humana y respeto a la vida.

Mi voto es a favor de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador. No nos anticipe el sentido de su voto secreto. Sólo habló a favor del dictamen.

En uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras, compañeros, ciudadanos:

“México está plagado de incredulidad. La falta de confianza se demuestra en la sospecha y la duda; debemos replantearnos el rumbo del país.” Esto lo declaró Peña Nieto en Londres. ¡Ah, qué confesión!

Reconoció la crisis de confianza que se tiene, y que espero que se dé cuenta que la desconfianza es hacia él por su falta de probidad y por su ineptitud. Pero, bueno, ya se confesó. Nada más que no se nota ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda. Porque esa decisión de proponer a Medina Mora es un mensaje de cinismo extremo, no abona para nada en la reconstrucción de la credibilidad; nunca en la historia de este país un aspirante a Ministro de la Suprema Corte había sido tan cuestionado.

Más de 52 mil firmas de académicos, investigadores, organizaciones sociales, cineastas, activistas, ciudadanos en general. La unanimidad de los analistas políticos más prestigiados del país, y en un hecho inédito, esta carta de Magistrados pidiéndole al Senado reconsidere su decisión para que el nuevo Ministro no sea elegido por negociaciones políticas, sino por su probidad.

¡Hay, piden demasiado!

¿Qué se le premia a Medina Mora? Haber sido el espía de la nación; el general de la guerra sin destino que desató Calderón; el Procurador inepto, responsable del michoacanazo, que de las acusaciones que hizo en contra de 29 presidentes municipales no atinó a armar un expediente, uno, que fuera aceptado por un juez.

¿Qué se le reconoce? Es un mentiroso. Como Procurador mintió cuando negó su responsabilidad en las represiones de Atenco y Oaxaca; es cómplice de la violación de derechos humanos a indígenas; ha impedido y se opone a que la mujer ejerza su libertad reproductiva. ¿Qué se le recompensa? No, pues sí hay que recompensarlo. En la víspera de su salida, 5 días antes, así rapidito ordenó descongelar los 73 millones de dólares de Raúl Salinas.

Sus méritos son muy claros. Tiene vínculos con las élites financieras; tiene vínculos con el Partido Acción Nacional, y yo creo que para los próximos 2 que se van a discutir, van a tener su premiecito también este partido, y también es muy claro que tiene vínculos con Peña Nieto y vínculos con Televisa. Ya aquí lo han dejado muy claro mi compañero Manuel Bartlett y mi compañera Dolores Padierna.

Peña Nieto se burla de los ciudadanos, del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos que tienen carrera judicial para disfrazar una terna en donde de antemano todos sabemos quién es el elegido; ni siquiera se tomó la molestia de incluir a una mujer en un claro desprecio a las mujeres íntegras y talentosas, que también las hay en el Poder Judicial y en la academia. ¡Ah, pero qué bien! Eh, ahí lo oíamos en el teleprompter, así le salen los elogios, como los lee de bonitos, flores para las mujeres. Hay que aventarle toda clase de halagos en todos estos eventos hollywoodenses que le montan. Pero es incapaz de incluirlas en la toma de decisiones para decidir el rumbo de este país.

Yo no estoy de acuerdo con el Senador Daniel Ávila, que los viene a felicitar a los otros 2 Ministros, que casi ni los mencionamos, Felipe Alfredo Fuentes, Horacio Armando Hernández. No, yo mi más sentido pésame, me apena y la verdad que este Senado les debería una disculpa, porque aquí nada más los usan de relleno y ésta es una responsabilidad fundamental de Peña Nieto.

Pero aquí, que sepan que de hoy en adelante que nadie se dé por engañado; quienes vengan a estas pasarelas que organiza el Senado, que aspiren al cargo que sea, sólo vienen a legitimar un proceso de simulación que se fabrica en Los Pinos y aquí se implementa sin rubor y sin ningún prejuicio ponemos en entredicho la trayectoria de quienes participan y el respeto a esta Soberanía.

Nunca como legisladora me ha tocado presenciar una contienda real. Nunca. Aquí somos muy creativos en el Senado.

Primero se designa al ganador, todos lo saben; y ya después, organizamos la competencia.

No nos cansamos de simular. Nos hemos convertido en verdaderos farsantes.

Y aunque creo que es detestable el cinismo de Peña Nieto, a mí me parece más grave lo que este Senado permite y tolera. Y aunque no les guste mi tonito, lo que Peña Nieto hace al usar esta Cámara, para imponer sus caprichos, para evadir su conflicto de interés, para garantizar su impunidad, no es otra cosa que poner un ventilador desde Los Pinos, para esparcir el estiércol en este Senado y embarrarnos a todos.

Hemos claudicado, compañeros Senadores, y ojalá recapacitemos. Hemos claudicado en asumir el papel de contrapeso con el Ejecutivo y hemos dejado de actuar como voceros de los ciudadanos.

Esto revela, indigna, esta actitud sumisa, convenenciera que asume la mayoría en este Senado, que han resultado buenos para los trucos y mejor para el trueque de favor y de prebendas.

A Medina Mora le salieron tantos escándalos como a Peña Nieta, casas blancas, a él y a todos sus colaboradores cercanos.

¡Qué familia más bonita! Dios los hace y ellos se juntan.

Para Peña, la inmoralidad es su consejera, y queda demostrado que para Peña Nieto, como para el cacique de leyenda Gonzalo N. Santos: “la moral es sólo un árbol que da moras”

Felicitaciones al señor Emilio Azcárraga, hoy puede agregar una procuradora y un ministro de la Corte, como dos estrellas más del "Canal de las Estrellas".

¡Una vergüenza histórica, para este Senado!

Ya sé que no aplauden.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Layda Sansores.

En uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo no puedo admitir, de ninguna manera, que se pueda pensar, que la crisis de credibilidad que pueda existir en nuestro país, se atribuya a un solo individuo.

Creo que todos tenemos que ver en un tema tan importante para la vida de México y de los mexicanos y para la credibilidad de las instituciones.

Y nosotros mismos no podemos, violando o tratando de violar la ley, poniéndonos al margen de los procedimientos e invalidando nuestro propio trabajo, pretender lograrlo.

Me inscribí para hablar en favor de este dictamen, porque quiero hablar en favor del trabajo de todas y de todos ustedes. No puedo admitir, quien venga a esta tribuna, a decir que esto es una simulación, porque fue el trabajo de todas las Senadoras y Senadores que participamos en comisión, siguiendo los puntos del Reglamento; siguiendo lo que disponen nuestras leyes al respecto y tratando de construir un instrumento para enviarle a la Mesa Directiva y que hoy está a debate de todas y de todos ustedes, donde se establezca estrictamente lo que la ley nos pide.

Hicimos un esfuerzo y yo felicito a la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, al Presidente, a las Secretarias y Secretario de la misma, porque construyeron un dictamen estrictamente apegado a la ley y al derecho. Un dictamen en donde en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución, se estableció con toda claridad y puntualidad lo que se nos exige como Senado de la República, que es determinar si de la terna enviada por el Presidente de la República, en uso de las facultades constitucionales que tiene, los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes, Horacio Armando Hernández y Eduardo Medina Mora, reunían los requisitos que la ley imprime a quienes aspiren a ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eso es lo que la comisión dictaminó, ese es el trabajo que se hizo serio y puntual. No nos descalifiquemos a nosotros mismos. No descalifiquemos a la Comisión de Justicia. No digamos que nuestro trabajo legislativo es una simulación, porque no es así, puede gustarnos, puede no gustarnos, estamos de acuerdo con alguien o no, lo que no podemos es descalificar, porque entonces abonamos más a la crisis de credibilidad, que nosotros mismos tildemos así nuestro mejor esfuerzo por cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos.

No podemos, de ninguna manera, en abono a que alguno de los aspirantes no nos guste, descalificar todo el trabajo que se hace. Nos puede gustar o no, la Constitución nos pide en concreto el cumplimiento de requisitos y objetivamente trabajó la comisión en ello, y no de las subjetividades de las que todos podemos ser objeto. Lo dije en comisión y lo sostengo el día de hoy en esta tribuna ante ustedes.

Cuántas veces no hemos escuchado de quienes tenemos el privilegio de trabajar en el servicio público, en cualquiera de los tres poderes, en cualquier orden de gobierno, verdaderos horrores sobre la actuación, sobre las personas de quien evidentemente no coincide con nuestra forma de pensar.

Lo dije ese día, seguramente hemos escuchado horrores de muchas y de muchos de nosotros, que se dicen subjetivamente cuando se quiere calificar o descalificar; pero ese no es el trabajo que como Senado nos compete hacer, sino de objetivamente traducir el texto de la ley y la Constitución, y plasmarlo en los dictámenes. Que además no se construyen en una confabulación de maldad, ni se construyen en una simulación o en un simulacro; se hacen verdaderamente tratando de lograr lo que se necesita para conseguir los votos y en una democracia como ésta, aprobar las cosas; se necesita el consenso de la mayoría.

Que a nadie, por favor, le moleste este consenso. Este es un trabajo serio y responsable, y yo voto a favor y les pido por favor que confíen en el trabajo que hizo seriamente una comisión, que trabaja mucho, como lo es la Comisión de Justicia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Omar Fayad.

¿Quiere decir algo el Senador Encinas?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) El orden.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No. Así está. Así lo tengo, si ustedes quieren venir a revisarlo. ¿O quiere ser usted primero?

En uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Yo también estoy a favor del derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte.

Y eso no me hace estar a favor de Eduardo Medina Mora. Porque uno tiene derecho a sus convicciones éticas y religiosas, pero no a trasladarlas al campo del derecho, y mucho menos de un Tribunal Constitucional, como es la Corte.

Hoy se infringirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un golpe demoledor a una de las características esenciales de la Corte, su independencia, lo cual va a minar su credibilidad y la confianza, porque la independencia es fundamental para que en un país haya justicia. Porque en los países donde hay grandes sabios, grandes creadores, ciudadanos completos, se desarrollan los derechos humanos, florece la cultura, y se dan los mejores parámetros de bienestar personal y social, coincide también con que hay un Poder Judicial independiente, porque la libertad y la democracia sólo se pueden fortalecer en la justicia con independencia.

Se afecta la independencia del Poder Judicial con la decisión que ha sido ya tomada por los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, porque siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuestro Tribunal Constitucional que dirime las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, donde el Ejecutivo Federal es sujeto frecuente, se escoge a un personaje incondicional políticamente del Presidente de la República, no sólo por su relación de amiguismo y su carácter de subordinado como Embajador, están también escogiendo a un personaje que carece no sólo de los atributos judiciales que preferentemente plantea la Constitución, se han de tomar en cuenta.

Están escogiendo, porque la decisión está absolutamente tomada, y lo sabemos todos, a una figura que incumple uno de los requisitos constitucionales para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalado en la fracción V, del artículo 95, haber residido en el país por lo menos 2 años antes del día de su designación.

Han forzado interpretaciones legales mediante estrambóticos criterios que quieren homologar residencia efectiva con domicilio legal, porque en los cálculos del sistema peñanietista de control cooptar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el paso siguiente. No importa que el nuevo Ministro empiece atropellando a la Constitución, que es la que va a hacer cumplir.

Esta pretensión del Presidente Peña Nieto pone en juego ahora una nefasta variable en la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, introduce la dinámica de cuotas de partido, lo que tanto ha envenenado a otros órganos constitucionales autónomos reguladores de áreas estratégicas, ámbitos fundamentales de la vida de la nación, como el Instituto Nacional Electoral o como el IFAI.

Ya se habla de 2 Ministros para el PRI: Medina Mora y Raúl Cervantes, y uno para el PAN, que todavía no se dibuja ante nosotros, pero que todos sabemos está enfilado.

El daño a la Corte, bajo la dinámica de cuotas de partidos, es irreversible este día, porque la decisión está tomada.

Debo decir que se envía un mensaje funesto, ominoso, para aquellos que han forjado una carrera judicial; se han sometido a procedimientos y principios legales y constitucionales que rigen la tarea jurisdiccional: profesionalismo, objetividad, imparcialidad, excelencia. Eso no cuenta, los méritos no contarán, cuenta que hay un amigo del Presidente de la República que tiene muchos amigos en el PAN y que tiene muchos amigos en el PRI para hacerlo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el verdadero mensaje que envían a la carrera judicial, no cuentan los méritos, hay que pagar las facturas.

Porque además de las cosas que se han dicho estos días de Medina Mora, además de   lo que aquí se ha documentado en términos de sus actuaciones parciales, de sus negligencias, de su autoritarismo, de su falta de parcialidad, no nos hagamos, aquí hay un pago de factura fundamental porque no se puede olvidar que una de las actuaciones más cuestionables de Medina Mora fue el cerrojazo al expediente de Montiel.

En febrero de 2009, el entonces Procurador General de la República archivó las averiguaciones previas iniciadas en contra de Arturo Montiel Rojas y su hijo Arturo Montiel Yáñez por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

Se trató de las averiguaciones previas con número 02/305/2005 y 02/103/2006 a las que se determinó el ejercicio, el no ejercicio de la acción penal por la Procuraduría General de la República, a cargo de Medina Mora, por supuestamente no existir elementos, es decir, las mandó a la congeladora.

Y es precisamente, en decisiones como ésta, donde se anida el desprestigio de la política, la falta de legitimidad de los representantes populares; es cuando la gente se pregunta, ¿a quién representan los Senadores de la República? Este momento quedará registrado como una afrenta al Poder Judicial de la Federación, y es una claudicación del Senado de la República a una de sus más importantes facultades exclusivas, la de elegir, de entre ternas, a los Ministros de la Corte.

Y es una afrenta, porque al no hacerlo apegado a la Constitución se lastima, aún más, a la maltrecha República, y queda como el signo crepuscular del agotamiento del régimen político, de su época de demolición.

Le costará a la nación en el tiempo inmediato, pero paradójicamente esta decisión acelerará el cambio de régimen, porque éste ya no le sirve a nadie. Una muestra lo dice todo, los ciudadanos se organizan, se expresan, argumentan, reclaman, y como respuesta reciben la arrogancia de una casta poderosa, que frente al espejo no cesa de admirarse infinitamente, calificando de infalibles sus decisiones.

Vendrán 3 candidatos a Ministros, desfilarán por esta tribuna como si estuvieran en igualdad de condiciones. Ellos mismos se prestarán a dibujar una competencia que jamás existió, porque el Presidente de la República en esta terna decidió, desde el principio, y dijo a quien quería.

Peña quiere al Licenciado Eduardo Medina Mora. Peña necesita a Medina Mora en la cárcel, porque está construyendo su impunidad transexenal. Lo defendió desde Londres y dijo cuál era el bueno, cuando hipócritamente se sinceró reconociendo que México estaba plagado de desconfianza.

Por supuesto, mi voto no contribuirá a hacer Ministro a Medina Mora, aunque filosóficamente se haya acercado al PAN, aunque ahora se revele como católico de todos los tiempos, a mí eso no me permite votar por un hombre sin atributos judiciales, que empieza pisoteando la Constitución. Este día va a ser recordado como un día ominoso en la vida del Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Javier Corral.

En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Comparto, sin lugar a dudas, lo que han manifestado aquí distintos compañeros Senadores y Senadoras, la Senadora Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Javier Corral, Manuel Bartlett, Luis Sánchez; sin embargo, yo quisiera dar un enfoque distinto a este cuestionamiento.

Primero, quiero destacar que la impugnación que hacemos a esta propuesta del Licenciado Medina Mora para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trata de un asunto de carácter personal, no se trata de evaluar la calidad moral de ninguna persona, si es una buena o mala persona, o de si tiene el legítimo derecho a sostener la creencia religiosa o la convicción filosófica de su preferencia.

No podemos pedirle a nadie que piense igual que nosotros para poder ocupar un cargo de la magnitud que representa ser Ministro de la Corte.

Yo creo que se trata más bien de evaluar el perfil que representa a cada uno de los candidatos propuestos e identificar si ese perfil es el que queremos para integrar un órgano que a nuestro juicio debe garantizar, en primer lugar, una autonomía plena del Poder Ejecutivo en su desempeño e impulsar una reforma profunda al Poder Judicial.

Por eso el problema no es si Eduardo Medina Mora vino o no de la carrera judicial, lo que no es un requisito, incluso por el contrario, muchos de los cambios producidos en la Corte han provenido de abogadas y de abogados que no forman parte de la carrera judicial donde lamentablemente todavía existen muchas limitaciones.

Queremos una Corte con autonomía y que garantice una transformación profunda de este poder intocado, que hoy es la fuente principal de donde emana la impunidad en nuestro país.

Y es ahí donde reside el problema de la propuesta de Eduardo Medina Mora, ya que él proviene fundamentalmente de las áreas de inteligencia del Estado mexicano, cuyo interés fundamental es hacer prevalecer la institución pública que se materialice en el Estado; y la Corte no puede tener un representante de la razón del Estado, necesitamos un Ministro que represente los intereses y la razón de la sociedad.

Y por ello, en la evaluación de su desempeño, independientemente de sus filiaciones políticas y partidarias, su identidad ideológica reconocida con el Partido Acción Nacional y los compromisos que implica el haber trabajado en las áreas de inteligencia y de seguridad pública de dos gobiernos al servicio del Poder Ejecutivo, no hay certeza ni garantía para lograr el objetivo de tener una Corte reformada, autónoma, que haga cumplir plenamente la ley.

Por ello, mi voto será en contra.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Gracias compañeras y compañeros Senadores, por esta tarde, no haber frivolizado esta discusión.

Creo que ha habido atención a lo que se ha planteado y esto habla de que poco a poco queremos madurar a nivel del papel que desempeñamos en este Senado, aunque en la práctica se demuestre la renuncia voluntaria a ejercer las facultades que tenemos para elegir con independencia las personas idóneas a los cargos que aquí se discuten.

Yo creo que una de las cuestiones básicas que estamos discutiendo aquí, tiene que ver con algunas opiniones que han dado personas y que les voy a leer muy brevemente.

El Presidente ha propuesto como candidato a la Suprema Corte a un general de la guerra contra el narcotráfico, en un régimen donde las amistades son más importantes que las trayectorias, anticipa que muy probablemente se convertirá en Ministro de la Corte, ya que cuenta con los respaldos políticos necesarios para acceder a la Corte, y llama al Senado a no cerrar los ojos a los efectos de la política que diseñó y ejecutó Eduardo Medina Mora al frente de la Procuraduría General de la República.

Califica como una insolencia histórica llevar a uno de los generales de esta sangrienta guerra al máximo tribunal del país.

Esta expresión es de Jesús Silva-Herzog Márquez, un “Homenaje a la Guerra”, se pregunta él, publicado en el "Reforma" el 9 de marzo del 2014.

No es una opinión mía, es una opinión de alguien que cuestiona eso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

En virtud y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que puede ejercerse en contra de sus resoluciones.

Las funciones del Estado tradicionalmente se han distinguido entre sí, de acuerdo con la concepción clásica de la división de poderes, con mayor precisión división de funciones, según la cual los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial realizan las funciones de producción de normas jurídicas, de ejecución de tales normas y de solución de controversias respectivamente.

Esta es una idea que tuvo destellos en el pensamiento de Aristóteles, fue reforzada por John Locke y, finalmente, delineada con contornos precisos por Charles Louis De Secondat, Barón de Montesquieu.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere no sólo estar integrada por los mejores perfiles en materia de conocimientos del derecho, sino además con mexicanas y mexicanos que puedan abonar a la construcción de un marco normativo que mantenga vigente el estado democrático de derecho, acorde con lo que la sociedad demande y que el Estado deba proveer.

Requiere de hombres y mujeres de Estado con gran calidad moral, honestidad, independencia e imparcialidad, conscientes de su gran responsabilidad ante la nación.

Voy a hacerles el comentario de lo que la Ministra Olga Sánchez Cordero, en 2011, expresaba para elegir a los jueces:

“Debemos prescindir de los jueces que para dictar resoluciones se dejan arrastrar y presionar por los sectores políticos, económicos o sociales, de aquellos que no tienen el valor de dictar una resolución conforme lo dispone la ley y su conciencia. Hay que rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera para garantizar su futuro económico, soslayando la importancia del estudio del derecho y la trascendencia que su actuación tiene ante la sociedad. Debemos prescindir de esa clase de jueces burocratizados, sin amor al trabajo, carentes de criterio.

Hay que soslayar a los jueces que poniendo por encima de su dignidad cualquier suma de dinero o regalos, se apartan del recto juicio y ponen precio a la justicia, pasando por encima de la legalidad, de la justicia y de la verdad, corrompiendo no sólo a su persona, sino en general a sus colegas y al ser humano en general.

Debemos relegar al juez que se aparte voluntariamente del sentido de la justicia favoreciendo a alguna de las partes prevaricando, de algún modo, al buscar ciertos beneficios particulares para sí mismo o para la parte o hacia la disciplina

Hay que evitar al juez de criterio cerrado, que se casa con una ideología, con una corriente de pensamiento o con una barra o un sector comprometiendo sus sentencias sin la libertad de pensamiento y la apertura que deben revertir.

Pero sobre todo, hay que evitar al juez hipócrita que, aparentando un incorruptible respeto por el derecho, elude todo compromiso con la justicia y con el espíritu de la ley.

En fin, debemos evitar a los jueces que eluden el compromiso de mejorar conscientemente a este país, a sus instituciones y a la sociedad en general.”

Compañeros: Vale la pena, en este sentido la reflexión, realmente darle a la Corte los perfiles que México y el país de hoy está reclamando.

No podemos trasladar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el escenario de ingobernabilidad, de falta de credibilidad y de crisis que empezó en el respeto a los derechos humanos, precisamente por el personaje que hoy pretenden llevar como Ministro de esta Corte.

Por eso, hay que mantener a esta Corte a salvo de este tipo de circunstancias y mantener la poca credibilidad que aún le queda.

Por eso, si es verdad que en México tratamos esta crisis, creo que Medina Mora, entre muchas de las cosas que han dicho, es un enemigo de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque como Procurador fue protagonista de la confrontación entre una institución pública, que es el IFAI, por ocultamiento de datos, mantuvo una postura inflexible para negar información concerniente a la guerra contra el crimen organizado, logró clasificar información de averiguaciones previas hasta 2022, principalmente las concernientes a Genaro García Luna, el entonces Secretario de Seguridad Pública. Desde el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR desestimó permanente la rendición de cuentas y el acceso a la información.

Por otro lado, todas las declaraciones patrimoniales de Eduardo Medina Mora están restringidas.

Y hay más cosas compañeros, pero yo los llamo a que en este dictamen de idoneidad que hoy se está discutiendo, efectivamente veamos que hay una gran incongruencia en lo que se ha presentado aquí.

Me voy a permitir entregarle al Presidente de la Mesa Directiva para que integre en el Diario de los Debates los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución, una definición del diccionario jurídico de la UNAM acerca de la honorabilidad y la buena reputación y una definición, también, que tiene que ver con la idoneidad para el cargo, que voy a entregar al Presidente de la Mesa Directiva, para que puedan ser subidas, en ese sentido, al proyecto de discusión de este dictamen que hoy se ha dicho, por falta de tiempo, no las hago ante ustedes.

Gracias, compañeros.

"Designación de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Senador Isidro Pedraza Chávez

 

1.-Requisitos para pertenecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con el artículo 95 Constitucional señala que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita cumplir  con lo siguiente:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

2.-La Idoneidad de  Eduardo Medina Mora para pertenecer a la SCJN.

El termino idóneo, de acuerdo con la Real Academia Española, deriva del latín idonĕus y es adjetivo de adecuado y apropiado para algo. La idoneidad,  es entonces la capacidad de una persona como alguien conveniente, apto, capaz, útil, apropiado, adecuado, que tiene ciertas condiciones para desempeñar determinados cargos o funciones o realizar determinadas obras. Idoneidad es capacidad y seguridad de los conocimientos suficientes para poder desarrollar en forma oportuna, limpia y transparente todas las actividades que el hombre realiza a diario en su vida pública y privada. La idoneidad es una práctica cotidiana de los valores, diaria y continua, por eso la única que no tolera las apariencias.

En contraposición la falta de idoneidad del servidor público se ha de referir  a la deslealtad con el mandato de la norma legal, las actitudes hipócritas, la malicia en la realización de sus labores  que atentan sobre todo contra el respeto a la dignidad de las personas afectadas por estos funcionarios inescrupulosos proclives a la corrupción.  

La idoneidad para  ocupar  un cargo como  ministro de la SCJN  se establece  propiamente en el artículo 95 constitucional, el cual señala que  este cargo debe recaer en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Sin embargo, el candidato ciudadano Eduardo Medina Mora no cumple con las características antes  señaladas, pues a lo largo de  su  trayectoria frente al servicio público su desempeño ha sido profundamente cuestionado pues los principios antes citados no han sido su principal bandera en el actuar de su labor, al contrario, su ignominia se ha hecho presente en diversos  casos; carece de autonomía en su actuación porque responde a poderosos grupos de interés; es adversario del respeto a los derechos humanos y es rival de la transparencia y la rendición de cuentas.

Por tanto es  incongruente que el máximo tribunal de nuestro país esté integrado por alguien que carece de idoneidad en la impartición de justicia, pues al estar involucrado en asuntos de gran importancia para la sociedad, lo somete a una condición de  conflicto de interés, la cual no le permitirá  impartir justicia en apego a derecho.

3.-SOBRE LOS JUECES QUE DEBEMOS EVITAR Y LOS JUECES QUE NECESITAMOS.

El legislador debe reflexionar lo que señaló Olga Sánchez Cordero  en 2011 en  relación a los  jueces que debemos evitar y los jueces que necesitamos:

Debemos prescindir de los jueces que, para dictar sus resoluciones, se dejan arrastrar y presionar por los sectores políticos, económicos o sociales. De aquellos que no tienen el valor para dictar una resolución conforme lo disponen la ley y su conciencia.

Hay que rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera para garantizar su futuro económico, soslayando la importancia del estudio del derecho y la trascendencia que su actuación tiene entre la sociedad.

Debemos prescindir de esa clase de jueces burocratizados, sin amor al trabajo, carentes de criterio.

Hay que soslayar a los jueces que, poniendo por encima de su dignidad cualquier suma de dinero o regalos, se apartan del recto juicio y ponen precio a la justicia,  pasando por encima de la legalidad, de la justicia  y de la verdad, corrompiendo no sólo a su persona, sino en general a sus colegas y al ser humano en general.

Debemos relegar al juez que se aparte, voluntariamente, del sentido de la justicia, favoreciendo a alguna de las partes, prevaricando de algún modo al buscar ciertos beneficios particulares, para sí mismo o para la parte hacia la que se inclina.

Hay que evitar al juez de criterio cerrado que se casa con una ideología, con una corriente de pensamiento o con una barra o sector, comprometiendo sus sentencias sin la libertad de pensamiento y la apertura que deben revestir.

Pero, sobre todo, hay que evitar al juez hipócrita, que aparentando un incorruptible respeto por el derecho elude todo compromiso con la justicia y con el espíritu de la ley.

En fin, debemos evitar a los jueces que eluden el compromiso de mejorar constantemente a este país, a sus instituciones y a la sociedad en general.

Por el contrario, debemos favorecer, buscar y seleccionar a aquellos que en el ejercicio de sus funciones actúan con prudencia, magnanimidad, coraje y equilibrio. Aquellos cuya forma de argumentar sea impecable y racional, de tal manera que pueda resistir el análisis más severo y la crítica más fina y puntual.

Debemos preferir, a los que distinguen y prefieren lo bueno y justo, por encima de lo malo e injusto, a los que empeñen su esfuerzo en buscar una solución adecuada y bien razonada, que se aparte de juicios apresurados e irreales.

Carta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial.

En un hecho inédito, una representación de jueces y magistrados federales envió una carta al Senado de la República para pedir que el nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sea elegido por negociaciones políticas, sino por su competencia, honorabilidad y probidad en la impartición de justicia.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación envió una carta al Presidente del Senado, Miguel Barbosa, en la cual advierte que estaría en riesgo la autonomía judicial en caso de que no se elija a alguien con méritos.

Manifestaron que dadas las circunstancias  actuales del país resulta indispensable fortalecer la independencia  de la  Corte para que pueda cumplir  libremente con sus responsabilidades constitucionales y la única forma de lograrlo  es eligiendo integrantes  por sus meritos  propios y no  por los intereses que representen".

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Isidro Pedraza, se incorporarán los documentos que nos ha entregado en el Diario de los Debates, a la letra, como parte de su intervención.

En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Cuando llegó la terna del Presidente, todos comentarios, memes, etcétera, y lo digo con todo respeto, porque en una sala junto a este recinto se está siguiendo la sesión, y me da mucha pena, pero todo, todo estaba alrededor de que Medina Mora venía acompañado por dos personas.

Me da mucha pena, porque ciertamente el Magistrado Felipe Fuentes y el Magistrado Horacio Hernández, en sus comparecencias ante la Comisión de Justicia, y además en los documentos que entregaron, y después posteriormente los otros documentos también que se les pidieron, demostraron, están totalmente acorde a lo que señala el artículo 95 de la Constitución para poder ser considerados, cualquiera de ellos dos, para ocupar el espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó el Doctor Valls.

Y me apena enormemente, porque me parece que es un maltrato innecesario y ciertamente la intervención, la comparecencia en la Comisión de Justicia por parte del señor Medina Mora, estribó en preguntarle, en cuestionarle una serie de cuestiones que francamente demeritaron incluso su participación en la propia comisión, en el marco de la materia que debió haber distinguido su comparecencia. No fue así, y no fue así, porque miren, Senadoras y Senadores, nos podemos pasar horas enteras sacando un tema, otro asunto, otro asunto, y seguramente en el transcurso de los días, van a seguir surgiendo temas relacionados con hechos en donde se vio involucrado, cuestionado por distintas acciones que tomó cuando asumió distintos encargos en la Administración Pública Federal.

A mí me parece que, simplemente, si no es un asunto, por cierto, su pensamiento religioso, ahí coincido plenamente con el Senador Corral, él puede creer, incluso militar, en el pago como seguramente lo refrendó en el PAN, él puede tener la militancia que quiera, puede creer en lo que quiera.

Me parece que hay que hacer, eso sí, una separación del encargo público a partir de lo que distingue a la República como Estado laico del pensamiento religioso que pueda tener cada quien y de los asuntos que se asume como miembro, en este caso, de la Administración Pública Federal, no fue así, pero bueno, ese caso ya se resolvió en su momento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me refiero a la interrupción legal del embarazo, la acción de inconstitucionalidad que emprendió contra la Asamblea en el Distrito Federal, pero eso ya quedó resuelto.

Lo que preocupa, además de ese desecho, son una serie de cuestiones que francamente yo ahorita, ya al final, todos estamos cansados, son las 4, casi las 5 de la tarde, viene la votación, pero fíjense, ponerse en los zapatos de las tres indígenas otomís de Querétaro, me parece verdaderamente terrible.

Una de ellas tuvo que dejar la cárcel, acusadas de haber apresado, haber privado de su libertad a seis policías federales. ¡Qué barbaridad! Y una de ellas, a propósito de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, salió de la cárcel, y las otras dos, después de que Medina Mora ya no estaba en la Procuraduría, tuvieron que salir por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese sólo hecho, ese sólo hecho bastaría para demostrar que no tiene las condiciones de idoneidad que establece el último párrafo del artículo 95 de nuestra Constitución, pero el problema es que son casos y casos y casos, y hoy nuevamente vemos que surgen en los medios de comunicación señalamientos graves que serían simple y sencillamente motivo para detener un dictamen, para detener su nombramiento.

No lo hicimos, por cierto, cuando aquí mismo se decidió que fuera Embajador de Washington no hubo esta reacción, cuando finalmente votamos aquí mismo en este mismo Senado que fungiera representando a nuestro país en Washington D. C., pero nos parece que el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ciertamente, como aquí se ha dicho por todas las intervenciones que me antecedieron, deberían ser un motivo para que lo pensáramos mejor.

No es así, hubiéramos tenido la posibilidad, y lo digo con toda certidumbre, de haber tomado consideración de las otras dos propuestas, me parece que son propuestas dignas, son propuestas acordes, son propuestas incuestionables, son dos personalidades que me parece que teníamos materia para poder decidir en esa terna que al principio había voces que incluso planteaban que pudieran ser rechazadas; ya lo hicimos aquí, hace, no mucho tiempo lo hicimos con dos ternas justamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y finalmente la rechazamos y tuvimos que emprender de nuevo.

Hoy yo creo que el asunto es totalmente distinto. Ciertamente va a ser un precedente muy lamentable para el Senado de la República; lamento que el PRI siga la línea de no tomar el pulso como partido del Presidente; no tomar el pulso, no tener un termómetro de lo que pasa en el país.

Frente a señalamientos de relatores de Naciones Unidas, de comités que siguen nuestros compromisos vinculantes con tratados internacionales, frente a una serie de recomendaciones, el país hoy debiera estar, y este Senado y el PRI en primerísimo lugar, preocupados en proteger a su Presidente, y no es así.

Hoy nos van a imponer a un señor que viene de dos sexenios del PAN, que ha sido evidentemente asumido como panista, y esta es responsabilidad, puedo entender al PAN, pero no lo puedo entender del PRI, qué lástima, pero, qué lástima por ustedes.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene el uso de la palabra el Senador Adán Augusto López Hernández, y terminaremos con el Senador Manuel Bartlett.

Adelante el Senador Adán Augusto López Hernández.

El Senador Adán Augusto López Hernández: Presidente Barbosa, al paso que van los Senadores van a terminar cambiándole el nombre al tan pomposamente llamado Patio del Federalismo, por el del Patio de la Genuflexión Institucionalizada.

Hoy es una tarde verdaderamente vergonzosa para el Senado de la República.

A quienes hoy bondadosamente les abrieron el acceso a las tribunas, cosa que no se hace con frecuencia, porque los debates importantes ya no permiten que ciudadanos vengan a escuchar lo que aquí se dice, lo que aquí se debate; aunque también hay que reconocer que esto no es debate, yo no he visto o no he escuchado a alguien que venga a defender lo que más al ratito van a votar.
Y ahorita precisamente viene a mi memoria el hipócrita discurso de aquellos que aquí a cada rato nos dicen, que es gravísimo que hayamos quienes sostenemos o suscribamos eso de “al diablo con las instituciones”.

Hoy estos hipócritas están haciendo exactamente eso, están mandando al diablo a una de las instituciones pilar del sistema político mexicano, pilar de esta gran nación, van a nombrar a un oscuro burócrata en uno de los cargos más importantes, en un cargo que representa históricamente, jurídicamente, el sustento de la nación.

No han sido capaces de escuchar los llamados, los avisos, las cartas que se han presentado desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, de lucha de los derechos, por la defensa de los humanos, de académicos reconocidos por algunos, incluso pocos legisladores que señalan, entre otras cosas a Medina Mora como un contumaz violador de los derechos humanos.

¡Ah!, ni siquiera han sido capaces, si nosotros preguntamos aquí, quiénes son los otros dos ciudadanos que vienen en esa mascarada de terna.

Esos dos ciudadanos tienen todos los méritos suficientes, tiene la carrera judicial, pero sobre todo tienen la autoridad moral para que este Senado de la República votara por alguno de ellos para ser Ministro de la Corte, pero esto, a estos compañeros en realidad no les importa; van a hacer lo mismo que hicieron como cuando la Reforma Energética, que cuando se cansaron de escuchar el monólogo, pues decidieron que ya lo iban a votar, o como lo de aquella madrugada que fuimos a votar a escondidas la mal llamada Reforma Educativa, en el Centro Banamex, y tantas otras tardes que quedan aquí en el álbum de la ignominia.

Hoy la perversa alianza del PRI, del PAN y de su patiño, los del Verde Ecologista, van a ratificar la voluntad de Peña Nieto.

Van a demostrar una vez más que no es precisamente la historia del país y las instituciones lo que les interesa.

En el colmo del absurdo hasta hay un procedimiento que se viene a debatir sobre tres personajes a los que ni siquiera hemos podido escuchar, y cuando los escuchemos ni siquiera se les va a poder interrogar.

Bueno, termino diciéndoles que van a nombrar entonces a un hombre de paja en una de las sillas más importantes del país; Medina Mora es eso, un hombre de paja al servicio del PRI, del PAN y de los más retrógradas intereses de este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Realmente cuesta trabajo encontrar algún argumento sólido en los defensores de este despropósito llamado dictamen.

Con mucha atención se van a generalidades, plantean lo mismo; por ejemplo, dice Gándara, no aceptaremos que desprestigien y dañen la reputación. Ese es el tipo de argumentos.

Están atacando sin argumentos reales, son cuestiones abusivas, pero no encuentro un argumento.

No ha habido realmente aquí en esta sala una auténtica defensa del Ministro que mandó el Presidente para que ustedes sin chistar lo aprobaran. Pero da risa que vengan a decir que son tres, y en realidad no es más que uno, y el otro, que ya lo anularon, porque se acuerdan que dijo, el otro magistrado, que se iba a hacer de la Corte una pandilla de amigos, algo así dijo; ya lo regañaron, se desdijo, para que vean cómo es la Corte, desde arriba mandan a los colegiados de distrito, a los jueces, el Consejo de la Judicatura está siempre pendiente de que no haya ningún apartado de lo que diga en once o seis.

De manera que el otro pues ya se anuló él. Dijo que van a ser de a mil, ya se quedó calladito, pues vamos a votar por él para que pongan uno que lo regañe, el Presidente de la judicatura o el secretario del secretario particular.

El propósito de Peña Nieto es hacer ministro a Medina Mora. Y ustedes así lo han visto y para eso están trabajando.

Buscando en relación al dictamen, la verdad es que es de una pobreza ese dictamen, con todo respeto, un abogado muy distinguido lo presentó a la comisión y dijo en relación con la idoneidad de Medina Mora un argumento, que les platico.

Dice: por congruencia tenemos que estar con Medina Mora, porque hace unos años vino al Senado y encontramos que era capaz, etc., bueno, útil, entonces por congruencia tenemos hoy que votar porque entonces lo ensalzamos; pero el problema es que Medina Mora estaba entonces como candidato a embajador, y ahora está como propuesta para la Suprema Corte de Justicia, y lo que se ha encontrado aquí, que son otros requisitos, otra serie de principios que tiene que cubrir y no los cubrió, ese fue uno de los grandes argumentos.

También buscándole al dictamen, si nos vamos al Senador Fayad, ¿qué es lo que dijo el Senador Fayad en ese histórico debate en las comisiones? Que fue una facha. Omar Fayad dijo, bueno, ya sabemos que tenemos que concluir, dice, yo creo que la comisión deberíamos concluir con el...

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Gil, tintinea su luz verde, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) La parpadeo para pedirle una pregunta al orador.

Senador Manuel Bartlett, me podría usted indicar, ¿en qué parte del dictamen dice lo que usted me imputa? Si me señala la página sería mucho sencillo encontrarlo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Aquí está, sabe usted, cuando interviene y dice con toda la autoridad de ser el Presidente de la Mesa, dice: voy yo a expresar mi posición al respecto de lo dicho por Angélica de la Peña y la Senadora Padierna. Entonces usted dice eso, aquí está, aquí tengo la versión estenográfica, aquí está en la versión estenográfica, además de que lo oí en la televisión, eso dijo, sí, en la televisión de aquí, porque en Televisa nunca se vio, no se rían, ahí sí no sale nada, y ya no hablemos de la otra que también tiene lo suyo.

Entonces aquí está, ese fue el gran argumento para alegar idoneidad, no puede ese argumento, es que ya votamos cuando iba a ser embajador, y ahora no podemos decir que no sirve para ministro, es otra demanda, es otro requisito, aquí está, de veras.

Y el señor Fayad, que vino también aquí a participar y a decir que no se vale, que no se puede destruir esta gran labor que se ha hecho en comisiones, y que no se vale acabar con el trabajo de todos, que son ustedes, unos cuantos, una pequeña cúpula, y el señor Castillejos, seguramente es el que le metió la mano, ese que viene aquí, cambia los dictámenes y le sube el sueldo a los magistrados electorales.

Entonces Omar Fayad, nuestro compañero apreciado, dice, ya votemos, hombre, porque ya esto ya se acabó, ya el que no quiera que vaya al Pleno y ahí defienda lo que quiera defender. No hubo dictamen.

Ahí las Senadoras, que aquí han hecho un gran papel y que han traído toneladas de expedientes y pruebas las desahogaron así, y Fayad dice, aquí lo tengo también, ya dejémonos de historias, ya vamos a votar y se acabó, y votaron los tres, la mayoría y se acabó. Ese fue el dictamen, y por eso hoy no hay ni siquiera argumentos, porque hubiera tenido que venir a decir, alguno de los defensores, que si ya lo aprobamos para eso que decimos, que no es argumento.

De manera pobre el dictamen, falaz, sin ningún contenido, y el debate éste por parte de los defensores es ridículo.

Dice aquí el Senador, que platicábamos, dice, en una muy buena intervención, que necesitamos un perfil y es un análisis cuidadoso dice él: necesitamos a un ministro de la Corte que represente a la población, y nos planteó una serie de requisitos para que el ministro de la Corte sea realmente un ministro que juzgue para el pueblo de México, y yo le contesto a Encinas, no lo vamos a tener, no vamos a tener ese perfil que Encinas dijo era necesario, absolutamente lógico o no, porque Peña Nieto no entiende, porque no le importa.

Miren, estos dos nombramientos, el de Arely, el que fue otra trampa, aquí nos hicieron despedirla con besos, abrazos, miel, nadie sabía dónde iba, aquí un Senador panista    dijo: si nos hubieran dicho a dónde iba, la despedida hubiera sido distinta, ¡ah!, pero meten todo un escenario, esos abrazos, y es la que destapa a Arely, y dónde quedó el procurador que se fue de puntitas por la puerta de atrás.

Entonces, el procurador se acabó, y la resolución histórica dónde está. Nunca se cansó, dicen por ahí, no, nunca. El Presidente explicó por qué iba a quitar al procurador que en medio de una batalla, claro, él dice que ya se acabó, nunca lo explicó, nunca dijo nada.

Y entonces toda esta cuestión de Arely, que sabía bien cuando se estaba despidiendo a donde iba, nosotros no. Entonces hay mala fe; hay atropellamiento de los principios, hay engaño, y no vamos a tener ministros de esa calidad, mi querido e inteligente Encinas, porque el Presidente quiere otra cosa.

Y ven cómo sigue actuando en el mismo camino, en la crisis en que está, que él se la atribuye a la madre de los vientos, a quien sabe qué, sigue adelante, mandando dos propuestas perfectamente equivocadas: Arely va a la Procuraduría General de la República para luego ponerla como Fiscal Especial, y el otro se va por ahí, por la puerta de atrás.

Y no vamos a tener con esta actitud del Presidente un cambio en el país, sino lo mismo. La casa blanca se acabó, es mía. La del otro es de él, sigamos adelante; vamos a hacer de cualquier ataque a las instalaciones petroleras y energéticas un acto de terrorismo, esto nos están dictando los Estados Unidos, y tengo los datos, lo vamos a discutir, es un acto de terrorismo a lo que pasa en Puebla, que están metiendo, este Moreno Valle, que es un buen discípulo del nuevo Ministro de la Corte, están encarcelando y ya tienen la ley, esto es terrorismo.

El que se atreva a poner en duda la ocupación de la tierra de los campesinos, de los ejidatarios, de los indígenas, va a cometer actos de terrorismo.

Una cuestión más. La privatización del agua, obviamente, aunque Beltrones diga que no es cierto, o lo que sea, bueno, ya lo sabemos qué allá va. Están diseñando otro proyecto nacional, y nadie lo dice, no van mintiendo, quitan de la Constitución una cosa, no vamos a tener un ministro así; no vamos a tener un Presidente así, tenemos que detener lo que está pasando aquí, y ustedes son culpables de que los caprichos del Presidente de la República y nombramientos absurdos que no sirven para lo que van, ustedes lo están aprobando en una brutal genuflexión, y van a seguir así, y así, porque no va a cambiar Peña Nieto.

El aeropuerto sigue. Ya nos quitaron cien pesos, el otro día decían que ya nos van a quitar cien pesos a nosotros, aquí y allá y a Pemex, pero el aeropuerto sigue, ¡eh! El aeropuerto sigue.

Los negocios siguen, las megaobras siguen, el dinero sigue, y todo lo demás no importa.

Encinas, no tengas esperanza, ¡eh! tenemos que hacer otra cosa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

Senador Gil, ¿al final quería algo?

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) ¡No!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No.

La Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Para hechos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le concedo para alusiones personales, porque la mencionaron, sí la mencionaron, sí la mencionó.

Hizo un alusionadero, don Manuel.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Aunque el Presidente no lo supiera, en efecto, pedí la palabra porque varios Senadores del PRI, del Partido Verde, dijeron que son apreciaciones nuestras, que son nuestras opiniones, que son prejuicios.

Yo les invito a leer el voto particular que presentó el PRD, pero permítaseme en obvio de tiempo sólo leer un párrafo de la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al caso SICARSA, que es la recomendación 37/2006.

Dice: “El operativo instruido desde la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, resultaba ilegal de origen, incluso, violatorio de la constitución, ya que no contaba con la orden judicial de por medio”.

Otra vez es reiterado el desprecio al Poder Judicial, que ha practicado Medina Mora en toda su carrera de servidor, no de público, sino de servidor de las élites.

Otra alusión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice: “Las autoridades de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, particularmente el coordinador de las fuerzas federales de apoyo, así como el Jefe del Estado Mayor, con la anuencia del Secretario de Seguridad Pública, han observado la actitud de conducirse contrariando la verdad de los hechos”. Estoy leyendo textualmente la resolución de la Suprema Corte.

En relación al caso Oaxaca, sólo leeré un pedacito, que es muy grave, porque en el evento de Oaxaca murieron personas y se violaron flagrantemente los derechos humanos, y dice, el propio Secretario informó a la Suprema Corte que en Oaxaca: “La operación se llevó a cabo con las directrices establecidas en un plan rector de operaciones, octubre 2006”.

La Suprema Corte revela que en dicho plan se evidenció la falta de profesionalismo en su planeación, en su ejecución, dado que su acción se efectúo en detrimento de la población y los propios policías, sin realizar una prudente valoración de las técnicas empleadas para minimizar la posibilidad de causar daño.

¿Por qué pensar en validar como idóneo a una persona de esta naturaleza?

Yo quiero invitarlos a leer el voto particular que presentó el PRD. No son apreciaciones subjetivas.

Este Senado no tiene facultades para interpretar la Constitución.

Lo que hemos expuesto en esta tribuna son resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sentencias de la Suprema Corte, contratos de la Auditoría Superior de la Federación, documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y pasa lo que dice el Senador Bartlett: “No tienen argumentos”.

Y lo que están haciendo ustedes es faltar a la Constitución. Medina Mora no cumple con los requisitos de la máxima norma. A pesar de ello, ustedes lo van a imponer por 15 larguísimos y tormentosos años. Es muy frustrante.

Sólo falta, como Nerón, que Peña Nieto incendie este Senado.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, propuestos por el Ejecutivo Federal en la terna para ocupar la vacante del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Honorable Asamblea: A fin de dar cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo aprobado el 17 de febrero pasado...

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para que quede inscrito en el Diario de los Debates de esta sesión, a esta hora van 54 mil 335 firmas. Siguen llegando.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se registra la mención hecha por usted.

Honorable Asamblea: A fin de dar cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo aprobado el 17 de febrero pasado, nuestro siguiente asunto es la comparecencia ante el Pleno de los candidatos que integran la terna en forma continua.

Conforme al punto quinto de dicho Acuerdo, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los Senadores o Senadoras.

Concluidas las exposiciones, abriremos un receso y posteriormente reanudaremos la sesión para realizar la elección a través de la votación por cédula. Los 3 comparecientes entrarán a este recinto para su exposición.

En consecuencia, solicito a las Senadoras y a los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Fernando Torres Graciano, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, introduzcan a este salón a los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora.

En tanto, se hace una pausa para que la comisión cumpla el encargo otorgado.

(La comisión cumple)

Señores Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, a nombre del Senado de la República doy a ustedes la bienvenida a esta sesión.

Su presencia obedece al cumplimiento de los Acuerdos que este Pleno aprobó los días 17 y 19 de febrero, en los que se establece el procedimiento para el análisis de las candidaturas que integran la terna enviada por el Ejecutivo Federal y de los que se extendió conocimiento formal los días 19, 20 y 23 de febrero.

Iniciaremos con la exposición del ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera, colocado en primer término de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

Conforme al Acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna, para su exposición, hasta por 20 minutos.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra.

Adelante, ciudadano Fuentes Barrera.

El ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Muy buenas tardes a todos.

Con su autorización, señor Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Señoras y señores Senadores de esta Honorable Soberanía, expresión de la voluntad popular. Distinguido auditorio:

Celebro y aplaudo la pluralidad de expresiones de este cuerpo legislativo. Les agradezco su destacada labor republicana, y a mis compañeros de terna, el más sincero de mis respetos.

Debo señalar que acudo a esta Soberanía, bajo el marco constitucional que establece que el Presidente de la República propondrá a este Senado de la República, una terna para la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estoy consciente de que esta Soberanía tomará la mejor decisión para el bien de la República.

También debo reconocer que bajo el marco constitucional que tenemos, el Senado de la República procuró ser un órgano innovador. En este proceso abrió las puertas a la posibilidad de participación de la sociedad civil. Elevó a través de las vías tecnológicas las propuestas de cada uno de los candidatos y además tomó en consideración las preguntas, las inquietudes que formuló tanto la Academia como las diversas organizaciones de derechos humanos.

Es un gran avance, y creo que sobre ese camino tenemos que seguir andando.

Me presento ante ustedes, para justificar la idoneidad de mi candidatura a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Debo decirles, señores Senadores, señoras Senadoras, que en los edificios que albergan los órganos jurisdiccionales federales, se encuentra colocado un pensamiento, que a quien ahí laboramos, nos estremece día a día.

Este pensamiento dice: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.

A 200 años de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, la visión que tenía don José María Morelos y Pavón, ahora más que nunca ha de llevarse a su máxima expresión, pues el acceso a la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe estar al alcance de todos.

La noble tarea y alta responsabilidad de servir a los justiciables, requiere de un incansable esfuerzo, dedicación, estudio y trabajo.

Por ello, define mi vocación la justicia, como uno de los sensibles valores a los que aspira una nación. Una nación que pretende convivir armónicamente, porque en nombre de la Constitución, la historia se escribe.

Independencia y autonomía, son los que representan el camino de una Corte que defiende la democracia, y es un verdadero contrapeso de los poderes.

Respeto profundamente la obra del Constituyente, cuya fuerza radica en sus principios fundamentales, que resguardan el alma de un pueblo.

La Constitución es norma viva. Todos los órganos del Estado deben someterse a ella y las personas desarrollarse bajo su manto.

Un juzgador sensible, realista, objetivo y humano es el idóneo para protegerla. Para intervenir como agentes de cambio, tutelando a la familia como base de la sociedad, a  los grupos vulnerables, a las minorías, así como a los factores de inversión y de la producción, en la eterna búsqueda siempre, del bienestar común.

La defensa de la Norma Fundamental tiene su esencia en la realidad política. Por ende, a casi 100 años de su promulgación, el estado democrático social de derecho, no puede quedar en un decálogo o como sostiene Guastini: en una hoja o en un papel.

Debe convertirse en realidad palpable para los mexicanos. En el constitucionalismo de principios, el juez del siglo XXI debe adoptar una posición activa en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales; especialmente en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos; proyectado mediante el principio pro persona y a través de la interpretación conforme.

Es el entendimiento de los principios constitucionales, el que se encuentra unido también al de los tratados y convenciones internacionales. Ante un posible conflicto entre derechos humanos, el juez constitucional se enfrenta a la exigencia de evitar la discrecionalidad caprichosa y el arbitrio infundado; su actuar debe ser apoyado en la razonabilidad, la ponderación y la proporcionalidad en la resolución de las controversias.

El camino hacia una sociedad plena, ha pasado de la política a la justiciabilidad, pues la desconfianza por las instituciones es innegable. Debemos superar los obstáculos y sumar esfuerzos para recuperar la credibilidad.

Seguramente todos coincidimos, en la actualidad, estamos viviendo una verdadera crisis de desconfianza hacia las instituciones. Día con día, escuchamos declaraciones al respecto.

El desafío que tenemos por delante, es mayúsculo. No basta con bien logradas piezas discursivas para transmitir una verdad que sea aceptada por la sociedad.

Debemos generar confianza entre la población a través de hechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, debe fortalecer la división de poderes, el ejercicio de competencias, la expansión de los derechos fundamentales, el acceso a la información y hacer patente la máxima publicidad.

Por otra parte también debe hacer exigibles y justiciables a plenitud, los derechos sociales.

Me pregunto entonces, ¿cómo podrá cumplir la Corte con esta encomienda?

La respuesta para mí es, a través de sentencias que aterricen en la vida diaria de la gente y que la lleven a considerar, que sus instituciones están diseñadas para defenderlas, protegerlas y servirlas; porque la sociedad es su razón de ser.

Han marcado históricamente a la función jurisdiccional, las cicatrices de los procedimientos tortuosos, poco transparentes y carentes de efectividad.

Mientras las partes en litigio confían al juez sus valores más preciados, reciben un trato indiferente, consecuencia del trámite cotidiano frente a la justicia que anhelan.

Los juzgadores debemos ser conscientes de tal reclamo, y acercarnos a los gobernados para cambiar esa realidad, pues el derecho se escribe con la tinta de la gente que demanda justicia a diario.

Es necesario encontrar las soluciones a estos grandes problemas y preguntarnos entonces, ¿cuál es el papel del juez constitucional ante esta realidad?

Bajo mi visión, el Juez debe ser consciente y sencillo en la tarea de hacer justicia, debe emitir sentencias con una visión integral, que atiendan a la realidad de la sociedad mexicana y permitan el efectivo acceso a la justicia mediante una interpretación constitucional de carácter humanista, considerando que el fin último del Estado es la libertad y la dignidad humana.

Aspiro, como todos los mexicanos, a una justicia pronta, completa e imparcial, con juzgadores cercanos a las voces legitimadas, que estén dispuestos a escucharlas y resuelvan, alejados de rigorismos innecesarios, con la garantía de que los reclamos sociales trasciendan a la vida cotidiana.

Hace 20 años, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se transformó en un auténtico Tribunal Constitucional, fue el inicio, ahora nos corresponde redoblar esfuerzos para contribuir a la estabilidad en el país, lograr la paz y el bienestar social. Los vientos del progreso han sacudido a México, es tiempo de las grandes transformaciones y no podemos quedarnos sentados viendo cómo pasa la historia de nuestra nación.

En los nuevos horizontes debe iluminar la cultura de la igualdad. El pensamiento de doña Carmen Moreno Toscano lo suscribo íntegramente, y pienso que la equidad de género nos conduce a cubrir los espacios de la función pública y del sector privado, esto para eliminar los tratos diferenciados.

En nuestras sentencias también erradiquemos este tipo de discriminación. Esta discriminación es la más cotidiana en nuestro ámbito social y lacera aproximadamente al 63% de las mujeres en México, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

Debemos impulsar en nuestros fallos el hecho de que la mujer alcance su desarrollo integral en un campo donde la igualdad de oportunidades sea una realidad.

El Poder Legislativo ha gestado un mejor porvenir para todos mediante las reformas que requiere nuestro país para atraer la inversión y la tecnología que nos permita avanzar como nación. En este camino nos encontramos.

La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, las reformas en materia energética, de telecomunicaciones y político electoral. Que sea la aspiración de proteger al ser humano la fuente de labor del juzgador constitucional al interpretar estas normas.

En ustedes, señores legisladores, descansan nuestras esperanzas por leyes justas, eficaces y efectivas. En el Tribunal Constitucional descansa la gloriosa libertad.

Tengo la firme convicción de una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, en la que sus integrantes, con absoluta independencia, defiendan el estado de derecho, la democracia y la gobernabilidad. Tiene que erigirse nuestro Tribunal como el máximo órgano de control del poder político.

El desarrollo es la suma de los esfuerzos de las mexicanas y los mexicanos que producen, invierten, exportan y crean las condiciones que propician la oportunidad para que aspiremos a un mejor nivel de vida.

El juicio de amparo es la institución nacional que ha calmado el fuego de las injusticias, hay quienes piensan que sólo es para unos cuantos. Debemos decirles contundentemente que no es así.

Este medio de defensa constitucional se ha modernizado, fue dotado de nuevos bríos, incluyendo figuras como: el interés legítimo, la declaratoria general de inconstitucional, el amparo colectivo, el enjuiciamiento de las omisiones y la transformación del concepto de autoridad para efectos del amparo.

Es tarea del operador jurídico de esta ley hacerlo accesible, porque su finalidad es la tutela de los derechos humanos que no puede dejarse a la deriva, so pretexto de formulismos anacrónicos, en contraste tampoco podemos cegarnos. El juicio de amparo no debe servir de instrumento frente a aquello que no se ajuste a la razón y al derecho.

El prestigio del que hoy goza nuestro Tribunal Constitucional es el motor de la justicia social que se engrana a los recursos del control de la constitucionalidad, las controversias, las acciones de inconstitucionalidad y la competencia, materia de consulta popular.

En la conciencia de los mexicanos se encuentra presente la razón de su existir, nada los separa, nada los diferencia, todo juez constitucional debe velar por los valores supremos que consagra nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Senadoras y Senadores: Estoy preparado para asumir el compromiso de integrarme al máximo Tribunal, y contribuir con sentencias apoyadas en interpretaciones constitucionales a la altura de las exigencias de una sociedad democrática en un Estado constitucional de derecho.

Esta filosofía me conduce a proponer la idoneidad de mi candidatura con apoyo en lo siguiente:

Primero. Contribuir a la estabilidad nacional a través de interpretaciones que definan claramente el adecuado ejercicio del poder político bajo el diseño constitucional asignado a todos los órganos del Estado.

Segundo. Adoptar decisiones tangibles y que sean realizables, sustentadas en la autonomía, en la independencia, la imparcialidad y la objetividad, con una filosofía humanista apoyada siempre en la prudencia y la sensibilidad social, en tanto que la legitimidad del juez constitucional emana de los argumentos de sus sentencias.

Tercero. Interpretar expansivamente los derechos humanos aplicando la norma que más favorezca y avanzar con paso firme a la construcción de una teoría jurisprudencial que maximice la eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Cuarto. En el ámbito de atribuciones del Tribunal Constitucional propugnaré por dimensionar el acceso a la información pública, esto como un instrumento de las sociedades democráticas que facilite su pleno ejercicio y logre la adecuada defensa de los derechos de la persona. El Canal Judicial ya resulta una herramienta útil, pero los asuntos desahogados en las salas requieren de una apertura también al público.

Quinto. Propongo, como parte de mi política judicial, entablar un contacto permanente con las partes interesadas, con las asociaciones de abogados, organizaciones vinculadas con los derechos humanos, la Academia y juzgadores en general, esto con la finalidad de tener una visión integral de la pluralidad de opiniones en torno a los temas jurídicos a debate, pero sin menoscabo de la objetividad, ni de la independencia o de la imparcialidad.

Para ello, propondré a las instancias competentes, entre otras herramientas tecnológicas, la apertura de una página Web al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me permita ser receptor de las ideas, inquietudes, críticas y manifestaciones de todos los actores.

Sexto. Me sumaría a los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con los diálogos jurisprudenciales, ya entablados con otros tribunales constitucionales del mundo, y con los tribunales que en el ámbito internacional juegan un papel fundamental en la defensa de la persona.

Séptimo. Ofrezco una interpretación constitucional que sea consecuente con la intención del Constituyente Permanente, armónica con los derechos de las víctimas que requieren una protección eficaz en el marco del avance en el combate a la impunidad y la delincuencia, pero en equilibrio con los derechos de los que debe gozar el inculpado.

Octavo. Alentar a través de la justicia la inversión nacional e internacional, otorgando garantías, transparencia, certeza jurídica y efectividad a las sentencias, juzgando, desde luego, con una dimensión social.

Estoy convencido de que para ejercer la función de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere un amplio conocimiento del derecho, virtudes, capacidad para interpretar la Constitución y sensibilidad al resolver los problemas.

Representantes de esta Soberanía popular: Tengan la plena convicción de que mi esfuerzo estará encaminado con la justicia que demandan los mexicanos para construir siempre una sociedad igualitaria.

Si este órgano deliberativo lo decide, me encuentro preparado para asumir la alta encomienda a desempeñarme como un auténtico guardián de la Constitución y de los derechos humanos de manera responsable, profesional, independiente e imparcial, con el firme propósito de velar por la dignidad humana.

Agradezco al Senado de la República la oportunidad de ocupar esta tribuna y seguro estoy que ustedes habrán de tomar la mejor decisión en beneficio del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación.

Recordemos el pensamiento de Benjamín Franklin: “El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles”.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Fuentes Barrera.

Tiene ahora el uso de la palabra el señor Horacio Armando Hernández Orozco, hasta por 20 minutos, para su exposición.

Adelante, señor Hernández Orozco.

El ciudadano Horacio Armando Hernández Orozco: Gracias, señor Presidente.

Lo que es la idoneidad para el cargo de Ministro, ya lo he expuesto anteriormente, también mis propuestas, si llego a Ministro, están señaladas, está en esa nube que llama el señor Manuel Bartlett, ahí están.

Voy a aprovechar el espacio y el tiempo de ustedes, señores Senadores, para platicarles tres historias.

La primera historia, la de un niño que creció en este México, hijo de una familia de clase media baja, como diríamos los penalistas, entre la mínima y la media más cercana a la primera, en este sentido.

Un niño que sus papás le comentaron que habían terminado la primaria, nunca vio el certificado de primaria, ni era necesario; siendo feliz como niño, teniendo casa, comida, sustento, techo, ¿qué más puede pedir un niño?

Llega el momento en que tiene que ir a la escuela y va a la escuela.

Su primera primaria, la "Abraham Castellanos", en pleno centro de la ciudad de México, en la Plaza del Carmen.
Este niño empieza a aprender a leer y a escribir, lo cual le abre un mundo de posibilidades de conocimientos, un mundo maravilloso.

Los cuentos ya no se los cuenta su mamá, los cuentos los empieza a leer este niño.

Este niño tiene por primer maestro a un maestro oaxaqueño, Benito Frías, lo recuerdo bien.

El maestro le empieza a hablar de los Héroes Nacionales, de esos que sí dieron la vida por México.

Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”.

Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

El niño empieza a crecer, empieza a convivir.

Le dan un peso para gastar.

Con ese peso, ¿qué hace? Comprar una torta y un refresco.

Y en ocasiones no llega ese peso.

Pero, ¿qué pasa?

Sus compañeritos de condiciones sociales iguales, le convidan la torta, le convidan el refresco.

¿Cuál es la primera lección de este niño de sus compañeros? La solidaridad, el desprenderse cuando no tienes, o cuando tienes y le hace falta a los demás.

Obvio, el niño también tiene que corresponder cuando sus compañeritos no llevan dinero para comprar la torta o el refresco. Primera lección de la vida de sus compañeros.

Este niño juega, anda en bicicleta.

Sus papás se despreocupan porque saben que está en el parque seguro.

A las 8:00 de la mañana se levanta, se va a la escuela caminando.

A las 12:30 que sale de la escuela, regresa caminando a su casa y no pasa nada, vive en un México seguro.

Este niño llega el momento en que tiene que entrar a una secundaria y la secundaria a la que entra es la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, la famosa ESANS, San Cosme 64, en esta ciudad de México.

Ahí empieza a ver una diversidad de maestros, de criterios y se da cuenta que existe el socialismo, o que en ese momento existía el socialismo, el capitalismo, y empieza a comprender la lucha social del proletariado, empieza a comprender que es importante también el capital para que se ostenten las políticas económicas del país, aunque es un menor todavía.

Pero llega un evento que marca su vida, un 2 de octubre.

Hablamos de San Cosme, cerca del Casco de Santo Tomás. Van marchando varios compañeros, varios jóvenes, gritando consignas.

Obviamente pensemos en un niño de 12 años, nunca había visto algo igual. Se asusta, se espanta, claro que se espanta.

Corre al refugio de su maestro de historia, Antonio Cutberto.

“¿Qué pasa aquí, maestro, qué es lo que sucede, nos van a hacer algo?”

“No, no te preocupes, ellos están protestando”.

“¡Protestando de qué, maestro!”

Y le explica el evento del 2 de octubre.

Ese niño comprende en ese momento que hay un derecho de expresión y que el Estado está obligado no únicamente a respetar, debe proteger, garantizar y promover ese derecho de expresión.

Cuando le platican sus mayores sobre otras situaciones, le duele, aunque es menor.

En esa escuela, la famosa Anexa a la Normal Superior, obviamente anexa a los normalistas y que veíamos a los maestros que practicaban en nuestra secundaria, tiene dos compañeros de origen japonés, iba a ser inevitable para esos compañeritos el recibir un bullying nada más por sus rasgos étnicos.

Hasta que la maestra de Civismo, Sofía Gorrola, dice: “¡Hey, vengan para acá!” Y llama a todos los compañeritos.

Y a los dos compañeros también que son de ascendencia japonesa.

Y a esos dos compañeros, les dice:

“A ver, habla”. Y hablan perfectamente español.

“¿Te sabes el Himno?”

“Sí”.

“Canta el Himno”

Y lo cantan perfectamente.

¿Cuál es la lección que nos da nuestra maestra de Civismo? Que hay una pluralidad étnica que se debe respetar en este país.

De ahí en adelante, ninguno de estos dos compañeros sufrió bullying en relación a su origen étnico.

Ese niño lo comprendió en ese momento.

Este niño también tiene la oportunidad de ingresar a un grupo de escultismo, la Asociación Mexicana de Boy Scout, o los Scout de México, A.C., donde aprende principios: “Dios, patria y hogar”.

Aprende virtudes: “abnegación, lealtad y pureza”.

Vive conforme a una ley, un decálogo que se le da de ley.

Este niño empieza a forjar su soberanía en un grupo de escultismo.

En la primaria, obviamente termina esta primaria y dice: “Ya suenan las campañas que atentas nos invitan a trabajar. Óyelas con sus dulces notas que invitan a estudiar”.

El niño sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene que trabajar.

¿Cuándo le cae el veinte, como decimos los mexicanos? Cuando en secundaria sus maestros le dicen:

 “¿Por qué tienes qué estudiar?” Porque es de lo que vas a vivir.

“¿Por qué tienes qué estudiar?” Porque tus papás están haciendo un gran esfuerzo para que estudies.

“¿Por qué tienes qué estudiar?” Porque eres un mexicano y debes darle a México lo mucho que te ha dado.

El niño lo sabe, le queda muy plasmado.

Sus tres años de secundaria y sus tres años de preparatoria, excelencia académica, siempre el primer lugar en esos seis años. Claro, se hizo odiar por los demás compañeritos, pero él tenía que estudiar.

¿Qué pasa en esta secundaria? También hay un Himno, dicen: “Secundaria que llevas el nombre de la Anexa Normal Superior, en tus surcos germinan los hombres de un mañana y un futuro mejor”. Y lo sabe el compañero.

Posteriormente viene una preparatoria, estudia también en esa preparatoria, comparte intereses con otra preparatoria, con compañeros.

Ese niño, que ya es un jovencito, quería estudiar Filosofía.

Su maestro se hace llamar Vicente Guerrero, y hasta la fecha duda si en realidad se hacía llamar o era Vicente Guerrero su nombre real.

Cuando pasaba lista su maestro de Filosofía, en vez de decir “presente”, se tenía que decir: “Murió por la Patria”. Era el pase de asistencia en esa clase.

También tiene que tomar su clase de Derecho, no obstante que él quería estudiar Filosofía. Pero tal es la figura del maestro de Derecho, el licenciado José Cárcamo, que ese joven decide mejor estudiar Derecho.

Y ese propio profesor, un día viéndolo sentado en una banca escolar, dice:

¿Ya decidiste qué vas a estudiar?

Lo ve, y dice: Sí, Derecho.

Le dice: ¿En dónde? “

No lo sé.

Ese maestro dice: Ven, déjame entregar las cosas en la dirección y te voy a llevar a una escuela que te va a agradar.

Ese joven ha de estudiar en la prepa Estado “Xoterela”, Lucerna 54. De ahí se van caminando, corren la Ciudadela, la atraviesan y llegan a Vertiz e Izazaga, a la Escuela Libre de Derecho. Desde el momento en que ese joven se mete en la escuela, está convencido que él quiere estudiar ahí, que él quiere egresar de la Escuela Libre de Derecho. Una frase impactante, el orden y la disciplina de esa escuela, quedan confiados al honor de estos alumnos, desde niño empezó a aprender principios, empezó a aprender virtudes, en cada una de esas escuelas se preocuparon los maestros, porque ese joven, ese niño aprendiera virtudes, aprendiera principios y los llevara a cabo también.

Ese joven estudia con varios maestros, donde está Fernando Aldivia, mi querido maestro, don Javier Alba Muñoz, que a lo mejor son hombres que les suenan a algunos, José Becerra Bautista, varios de esos maestros estuvieron ahí y con mi apoyo.

Llega el momento en que el tercer año de la carrera se acerca un familiar y le dicen:

¿No te gustaría trabajar?

Sí, claro, ¿en dónde?

En el Poder Judicial Federal.

Ya tenía antecedentes, por parte de estos maestros, que es una institución noble, es una institución de sacrificio, del sacrificio a la enseñanza de este niño, desde que era así, siempre servir a los demás, que sea su máxima dentro del escotismo.

En ese aspecto lo recomiendan, porque así se entra a veces en el Poder judicial, por recomendación, por las recomendaciones para entrar y trabajar, la permanencia depende de cada uno.

Ingresa a un tribunal, en materia laboral, sigue sus estudios, termina la carrera y se titula un 2 de abril de 1990, llega el momento en que él ya quiere ser secretario de juzgado, primero le dan un puesto de actuario con lo cual junta dinero para poder irse después de Secretario a Tijuana, porque su familia no le podía pagar su viaje y su estancia en Tijuana, aunque fuese ya Secretario.

Un 17 de septiembre del 90, llega a Tijuana para trabajar como Secretario y ahí comienza su verdadera carrera dentro del Poder Judicial Federal.

Años después, regresa a la ciudad de México, donde trabaja en un Tribunal Colegiado Laboral, en ese tribunal, tiene la posibilidad de hacer su examen por oposición para convertirse en juez de distrito, un cargo muy importante, y lo reflexiona bien, porque la protesta dice: “Hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Anteriormente, cuando eres pasante te aplauden todos los logros que hagas, el esfuerzo que hagas, cuando eres Secretario es tu obligación, pero cuando eres juez no te puedes excusar en no conocer la norma, en no dar una solución al conflicto que se te presenta, en no administrar justicia.

Consciente de ese gran compromiso, acepta a este joven a ser Juez de Distrito, su primera y única excepción, Ciudad Victoria, año del 98. Ahí se desenvuelve y se desarrolla, sabe que tiene que seguir preparándose y hace su maestría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su maestría en Ciencias Jurídico Penales, donde sale con honores y felicitado. En todas las materias 10, excelencia académica.

Ese juez, en ocasiones se levanta y se asoma a la ventana de su despacho, y alcanza a ver la Sierra Verde, la Sierra Verde tamaulipeca, pero cuando voltea hacia abajo, ¿qué es lo que ve?, a una señora llorar, a una señora llorar porque su hijo, su hermano o probablemente su esposo está dentro del penal, y sabe que él está juzgando a esa persona, se regresa a su asiento y vuelve a leer el asunto, porque no quiere tener un peso emocional o de una fiabilidad que traiga como consecuencia el cometer un error judicial.

Después lo anima un consejero con los Sánchez Bringas, ya fallecido, a que se haga magistrado, y así es como llega a Magistrado, primero en la ciudad de Puebla, en materia laboral un año, y posteriormente trece años en la materia penal del primer circuito.

También con vivencia día a día de los principios que forman la ética judicial, forma parte del Comité de Ética Judicial, y un buen día recibe una llamada, para que participe en la terna para ministro. Forzosamente participa, claro que participa, cree en las instituciones de este país, porque él ha formado parte de las instituciones durante 29 años de su vida, más de la mitad de lo que tiene de vida, participa, lo convoca, presenta su exposición de idoneidad, presenta su exposición de los motivos por los cuales quiere llegar a ser ministro y cuando llega a ser ministro, frente a un Senado, también tiene que hacer una propuesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y sabe que es un compromiso fuerte, por lo que está atravesando su México querido. Sin embargo, no se raja, es mexicano y le atora.

¿Qué es lo que pasa con este nuevo ministro? Ve el nuevo paradigma de los derechos humanos, la legitimidad del Estado es en función a los derechos humanos; la legitimidad democrática de un país es en función a los derechos humanos; los derechos humanos se tiene que vivir, ser reales, y no de blanco y negro.

¿Qué es lo que tiene que pasar? La universalidad tiene que ser real en los derechos humanos, antes se hablaba del voto libre, pero el voto, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano para el hombre blanco propietario, no pensemos en grupos étnicos, no, después el voto se le da a la mujer, pero no sigue siendo universal, porque a la gente de color o los grupos étnicos, no tenían derecho a votar.

Se vuelve universal cuando se presenta para todos, pero ese nuevo ministro se da cuenta que no basta con que la norma constitucional diga que tiene derecho a un voto, que tienes derecho a una educación, si al mexicano no se le da de comer, si al mexicano no tiene dónde dormir, si el mexicano no tiene qué vestir, ¿cómo le podemos hablar que goza de derechos humanos? Ese ministro se da cuenta que el nuevo paradigma de los derechos humanos es hacer viable y eficaz los derechos humanos, la realidad está alejada, pero no es que esté incierta, la realidad está alejada de las resoluciones que este ministro puede hacerla factible y viable.            

Lo ideal, lo dije en alguna ocasión, está en la justicia. En los tribunales no hubiera juicios, eso sería lo ideal, esa es la utopía que me gustaría vivir algún día, pero sé que no vivo en esa utopía, sé que hay asuntos que se tienen que resolver día a día en los tribunales del Poder Judicial Federal.

¿Qué pasa con ese ministro, cuando tiene que alzar la voz?, la alza, pero ¿cómo la alza?, dando los argumentos y consideraciones en sus sentencias que convenzan al justiciable de que lo que se está resolviendo es lo que es apegado a la norma, es lo que está apegado a la Constitución, es lo que es conforme a los derechos humanos.

Sus 15 años de vida como ministro, los vive bien, los vive entre compañeros de la Corte, se pelea en ocasiones, claro que sí, somos plurales, tenemos diferencias, pero los convive, lo sabe llevar a cabo. En ese aspecto, cuando ese ministro se tiene que jubilar y se va a su casa de retiro, gustosamente sienta en las piernas a su nieto que le dice: “Hijo, yo luche por ti y aquí estamos”.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Hernández Orozco.

Escucharemos ahora la exposición del señor Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Adelante, señor Medina Mora.

El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza: Muchísimas gracias a todos ustedes.

Distinguido Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Luis Miguel Barbosa. Honorables señoras y señores Senadores, queridos compañeros integrantes de la terna propuesta por el ciudadano Presidente de la República:

Agradezco enormemente el honor y la oportunidad de exponer ante ustedes y ante la nación algunas ideas sobre los principales retos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Antes de comenzar, quiero reafirmar que soy sensible, escucho y pongo atención a las críticas, cuestionamientos y señalamientos que se han hecho con respecto a diversos temas relacionados con mi actuación en diversos cargos.

Respeto las opiniones, aunque no siempre las comparto, he hecho las declaraciones y puntualizaciones pertinentes precisando los datos y hechos en relación con los asuntos ahí abordados, tanto en mi comparecencia en la Comisión de Justicia, como en cartas y comunicaciones a diversos interesados.

Respecto de los asuntos más mencionados, como son las actuaciones de la Policía Federal en Atenco y Oaxaca, quiero recordar que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la investigación que realizó en estos hechos no se me encontró responsable.

Sobre la Operación Rápido y Furioso, otras que le antecedieron, he aclarado que, de acuerdo con la investigación realizada por el inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes las realizaron, lo hicieron sin la autorización del departamento de justicia y sin consultarlo con las autoridades mexicanas.

Sobre la detención y consignación de Jacinta Francisco Marcial, he aclarado que esto ocurrió antes de mi gestión; lo que sí se hizo durante mi encargo fue que ante la duda razonable sobre su responsabilidad se presentaron conclusiones no acusatorias, lo que permitió su liberación justo después de que yo dejara el cargo.

En referencia a la información contenida en la prensa esta mañana respecto al levantamiento del aseguramiento de los fondos del señor Raúl Salinas, aclaré que la Procuraduría General de la República no liberó los fondos del señor Raúl Salinas; que el juez suizo Paul Perrodin ordenó la devolución a México de más de 74 millones de dólares, es decir, de la totalidad del dinero asegurado cuya procedencia ilícita no fue acreditada ante las autoridades suizas, misma que fue depositada en propiedad de México en la Tesorería de la Federación en esa fecha.

El levantamiento mencionado del aseguramiento de los fondos que tuvo lugar en 2009, en los tribunales mexicanos fue un trámite legal, porque ya no había fondos en las cuentas, pues éstos habían sido recuperados por México en 2008.

Sobre las acciones de inconstitucionalidad a las que se ha hecho referencia, la premisa para mí, fue siempre cumplir a cabalidad el papel que la Constitución otorga al Procurador para velar que las normas de carácter general se ajusten a la Constitución.

La Corte concedió la razón a la Procuraduría General de la República en el 98 por ciento de los casos.

En todos estos casos mi actuación siempre ha sido sustentada en la buena fe y en el cumplimiento de la ley.

Estoy genuinamente interesado en escuchar las opiniones, críticas y sugerencias que personas o grupos quieran expresar. Creo firmemente en la libertad de expresar dudas y críticas a quienes como yo aspiran a servir a su país desde un cargo público.

También creo en la obligación de responder a estas críticas. La libertad de expresión es uno de los tesoros más valiosos que tenemos como país, y en caso de designarme como ministro la asumiré a cabalidad, como lo he hecho siempre en el desempeño de mis responsabilidades.

En dos años nuestra Constitución Política cumplirá 100 años de vigencia.

Cuando se promulgó, en el año de 1917 fue audaz e innovadora, como señaló el maestro Mario de la Cueva, con ella nació nuestra declaración de derechos sociales, fuente del Derecho Agrario y del Derecho del Trabajo.

El centenario de nuestra Norma Suprema es un gran motivo para conmemorarla, pero sobre todo para honrarla, manteniéndola viva, actual, moderna.

Mi maestro, Jorge Carpizo decía, que la Constitución Mexicana de 1917 ha sido y es una buena Constitución, recoge y estructura una organización política al servicio del ser humano y de su dignidad.

Asegura la vigencia y defensa de los derechos humanos en sus diversos aspectos, el individual y el solidario.

Cien años han pasado desde su origen, y aunque los retos de aquél entonces, difieren mucho de los que enfrentamos el día de hoy, se mantiene igualmente vigente la importancia de poner a las instituciones al servicio de la sociedad, o sea, de las personas.

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

El artículo 39 de nuestra Constitución consagra, sí, la relevancia de las aspiraciones de la ciudadanía que requiere de instituciones sólidas para desarrollarse y para garantizar la protección de sus derechos.

Hoy en día la aspiración más urgente que compartimos todos los mexicanos es la de consolidar un auténtico estado de derecho.

Nos encontramos ante la oportunidad y la responsabilidad de construir instituciones fuertes y creíbles que estén al servicio de la gente.

El reflejo más claro del estado de derecho y la fuente primordial de la certidumbre ciudadana es la experiencia cotidiana y personal de la seguridad jurídica.

Precondición de esta seguridad fundamental de la persona son la seguridad pública que dé certidumbre a la convivencia social y la seguridad nacional que garantiza la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones que conforman los poderes públicos del Estado.

La seguridad pública es función del Estado de garantizar que nuestra vida, nuestra integridad física y nuestra integridad patrimonial serán tuteladas y protegidas.

La seguridad nacional implica que el Estado y sus instituciones preserven el principio de autoridad, que puedan defenderse a sí mismas para poder entonces defender a la sociedad y que nadie dispute al Estado las potestades básicas que le son exclusivas.

El proyecto de nación sólo puede construirse a partir de la confianza que tienen las personas de que sus derechos humanos serán siempre, e indefectiblemente, respetados y protegidos en toda interacción con cualquier autoridad; que los poderes públicos ejercerán su autoridad de conformidad con la ley; que las disputas y las diferencias que podamos tener con otros ciudadanos y las promesas recíprocas que nos hacemos a través de contratos, serán resueltas de manera pacífica y se harán cumplir mediante mecanismos institucionales ante autoridades jurisdiccionales que actuarán bajo reglas predecibles y transparentes.

Esta certidumbre que es el corazón de la seguridad jurídica es una responsabilidad primordial de las instituciones del estado, pero requiere que la ciudadanía asuma plenamente su responsabilidad de actuar con apego a la ley por la convicción de que la legalidad es la expectativa colectiva, y la forma de convivencia que hemos elegido y que más nos beneficia a todos.

El papel del Poder Judicial aquí, es impartir justicia, de tal forma que la ciudadanía la experimente con eficacia, consistencia, perfectibilidad y con apego a las normas y los principios a los que aspiramos como sociedad y que hemos plasmado en nuestra Constitución.

Para crear las certidumbres mencionadas el Estado ejerce su autoridad, la cual sólo se sostiene cuando las instituciones mantienen su legitimidad ante la sociedad.

Esta legitimidad deriva de la efectividad de las instituciones, es decir, que obtengan los resultados tangibles para los que fueron creadas, pero también depende que estos resultados sean obtenidos por vías legítimas, es decir, apegadas a las leyes, principios y valores fundacionales de la nación.

Sólo del balance entre estos dos elementos se construyen sociedades justas, con instituciones fuertes.

Nuestro reto actual es responder a la enorme aspiración ciudadana con instituciones que en su fortaleza y legitimidad estén a la altura de nuestro momento histórico.

La Suprema Corte ha logrado constituirse como un pilar de legitimidad y un referente de diseño y de construcción institucional, gracias a las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo, la Corte cuenta hoy con las herramientas, la capacidad y la obligación de extender esta solidez a todos los niveles de la impartición de justicia; ésta es la única respuesta legítima a la aspiración ciudadana.

En este esfuerzo la Suprema Corte de Justicia enfrenta importantes retos, es la responsable de mantener y ser la guía en un orden jurídico que en la actualidad se integra con distintas fuentes del derecho que deben ser operadas de conformidad a nuevos parámetros de constitucionalidad y principios interpretativos como el pro persona, la no discriminación y la no regresividad.

Esta transformación sólo tendrá su máximo impacto en la vida de las personas a través del correcto ejercicio del nuevo control difuso de convencionalidad en todos los niveles de la impartición de justicia.

Para este fin la Suprema Corte tiene la responsabilidad de orientar a quienes ejercen la función jurisdiccional en los niveles y ámbitos, en los que más cerca están los ciudadanos.

Es ahí, en los juzgados familiares, laborales, administrativos, civiles y mercantiles donde se puede hacer la mayor diferencia, donde se puede hacer realidad de forma práctica, tangible y accesible el pleno derecho de los ejercicios.

El máximo tribunal debe dar parámetros jurídicos que otorguen transparencia, certidumbre y consistencia al sistema de impartición de justicia, esto incluye la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos se incorpore al derecho interno para cumplir con el deber de buscar siempre la norma, sea de fuente nacional o internacional, que mejor proteja a la persona en el ejercicio de sus derechos.

Estamos así frente a un nuevo modelo de estructura del Estado, un nuevo modelo de control constitucional para vigilar la actuación de todas las autoridades y de todos los autores desde parámetros más amplios en materia de protección a los derechos humanos.

La nueva arquitectura derivada de las reformas en materia política, económica y social, aprobadas por el poder de reformas de la Constitución, implica una reconfiguración del Estado mexicano, tanto de los principios jurídicos como de las relaciones entre los actores institucionales y sociales del país.

Las autoridades jurisdiccionales mexicanas tienen la obligación de redefinir los términos del debate constitucional y ajustarlas a la realidad.

Hoy, a casi cien años de la promulgación de la Constitución, la justicia constitucional en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones independientes, a través de criterios que otorguen seguridad jurídica a la ciudadanía.

El papel del máximo tribunal es clave porque es el árbitro que determina donde está el fiel de la balanza en el actuar institucional.

Los tribunales mexicanos constantemente emiten criterios que buscan fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica. El reto de la Corte es entonces garantizar que este proceso se adecue siempre a los cambios en la realidad del país y en las aspiraciones de la ciudadanía.

He descrito una serie de desafíos constitucionales, todos de la máxima importancia que deberán ser cuidadosamente atendidos por todos los operadores del sistema jurídico, en particular por la Suprema Corte.

Propongo hacerlo con base en tres categorías:

Uno. Fortalecer la consistencia en el respeto a los precedentes judiciales, de forma que las resoluciones judiciales sean predecibles y que la ciudadanía tenga certidumbre en el ejercicio de sus derechos.

Dos. Reconfigurar los estándares judiciales para evaluar la constitucionalidad de los actos de gobierno y garantizar que ninguno esté fuera de la Constitución.

Tres. Para la justicia mexicana y a cien años de la promulgación de la Constitución, el eje principal es la constante construcción del estado de derecho. La justicia no se limita a garantizar la certidumbre y predictibilidad de las normas, sino que además debe garantizar la igualdad y la libertad.

Honorables integrantes del Senado de la República, como responsable de mantener los equilibrios del sistema democrático, la Suprema Corte requiere de integrantes con un entendimiento amplio en el alcance de los ámbitos del quehacer nacional, profundo en los aspectos técnicos, jurídicos, legales y constitucionales que acompañan a los asuntos que se someten a su consideración, y también con visión de futuro viendo hacia adelante, en la toma de decisiones de los cambios y tendencias que inevitablemente enfrentará la sociedad.

El Constituyente sabiamente diseñó a la Suprema Corte como un órgano colegiado para enriquecerla con amplitud de criterios frente a las controversias que se le presenten.

En mi trayectoria profesional, he tenido diversas responsabilidades. Entré al servicio público, animado por la firme convicción de que México puede construirse un futuro de mayor prosperidad y progreso, sobre la base de la legalidad y de la justicia.

Como Procurador General de la República y como Secretario de Seguridad Pública, tuve el honor de servir en momentos de grandes desafíos, y en consecuencia fue necesario replantear la estructura, los procedimientos y el marco legal de estas instituciones, esto incluyó la propuesta inicial que sentó las bases para la reforma constitucional en materia penal, cuya correcta instrumentación representa hoy uno de los principales desafíos, para el Poder Judicial.

Como Director General del CISEN, emprendí el desafío de construir un marco organizacional, normativo y constitucional, con el impulso de la Ley de Seguridad Nacional que respaldara una estrategia integral de seguridad nacional, eliminando la discrecionalidad y garantizando la existencia de contrapesos ciudadanos, legislativos y judiciales en la ejecución de las actividades de inteligencia.

He tenido el privilegio de representar al Estado mexicano en el exterior y defender los intereses de México y los mexicanos, como embajador, tanto en la Gran Bretaña como en los Estados Unidos de América.

Aquí mi más grande honor ha sido conocer a fondo nuestra comunidad de migrantes, quienes representan algo de lo mejor de México para trabajar intensamente en la defensa de sus derechos.

He tenido la oportunidad de atender, y además, la perspectiva de la ciudadanía gracias a mi paso por el mundo de la empresa, y del ejercicio de la profesión de abogado.

En todo momento me he conducido con apego a los mismos principios, ética de trabajo, honestidad y una inquebrantable convicción de que sólo con la adopción de una nueva cultura de la legalidad, lograremos transformar a México.

Quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben actuar con sentido de Estado, con independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, los cuatro principios rectores de la ética judicial, y buscando en todo momento la excelencia en su quehacer.

Estos son los compromisos que asumo si este Honorable Senado de la República decide elegirme para ocupar tan alta encomienda.

Como abogado y como servidor público, ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el mayor honor y la mayor responsabilidad a la que podría aspirar.

Señoras y señores Senadores, hoy los mexicanos tienen una demanda muy sentida y clara, es necesario que nuestro país deje atrás la sombra de la injusticia y el abuso, y se convierta en una nación donde la ley se aplique de manera efectiva e imparcial.

Los mexicanos quieren vivir en una nación donde la ley sea un escudo fuerte para la defensa de la libertad; quiere vivir un país donde las instituciones protegen al débil y al inocente, y castigan, efectivamente, a todo aquel que viola las normas y abusa de su poder.

En suma, los mexicanos quieren, queremos vivir en una nación más justa. Hoy me presento ante esta Soberanía para poner mi experiencia al servicio de nuestra sociedad.

Me mueve la firme convicción de que México sí puede ser un país de leyes, México sí puede ser una nación que finque su prosperidad en el imperio de la legalidad. México sí puede ser una patria con justicia para todos.

Creo firmemente para lograrlo, hoy tenemos la gran oportunidad de fortalecer la Suprema Corte, fortalecer a la Suprema Corte implica acercarla más a la sociedad, lo digo convencido de que la transparencia ayuda a construir instituciones más sólidas, más confiables y más efectivas.

Fortalecer a la Suprema Corte significa convertirla en la más decidida defensora de los derechos humanos. Las reformas constitucionales de años recientes, han dado a nuestro máximo tribunal nuevos instrumentos para la defensa de los derechos fundamentales.

Hay que hacer el mejor uso posible de estas herramientas, pues sólo si desterramos la impunidad y construiremos una sociedad más libre e incluyente.

Fortalecer a la Suprema Corte significa ampliar su autonomía y preservar su independencia. El futuro de nuestra República depende de que la división de poderes sea cada vez más efectiva y eficiente. Está en el máximo interés de nuestra sociedad, que la Corte se consolide como un árbitro imparcial, que dicte resoluciones que sean respetadas por su estricto apego a la Constitución y a la justicia y que vean siempre por el bienestar de los mexicanos.

Si esta Soberanía decide que puedo servir a México en la Suprema Corte de Justicia actuaré siempre con pasión, y con mesura, con convicción y con prudencia, con determinación y respeto absoluto al orden legal.

Mi único compromiso es con la verdad y la justicia, mi único compromiso es con la Constitución y es con México.

Muchas gracias a todos ustedes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Eduardo Tomás Medina Mora.

Agradezco la presencia de los candidatos y solicito a la comisión los acompañe al salón contiguo para que el Pleno continúe con las etapas que restan de este proceso electivo.

Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios disponga de lo necesario para llevar a cabo la votación.

Se nos hizo llegar un documento que contiene la intervención del Senador Mario Delgado, se lo entrego a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que lo incluya en el Orden del Día, y lo transcriba a la letra, como está escrito.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Al Pueblo de México:

El compromiso con la justicia es imperativo para acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los tribunales constitucionales son, por definición, el lugar por excelencia donde se garantizan los derechos esenciales, la instancia, donde, a pesar de los argumentos políticos, económicos o los compromisos de la mayoría, los derechos fundamentales de cada uno se respetan y se hacen respetar por jueces intachables y honorables, con probada capacidad y comprometidos con la justicia, el más alto valor de la actividad judicial.

La propuesta de terna del Presidente de la República, en la que incluye a Eduardo Medina Mora para ser Ministro de la Suprema Corte, no es solamente inaceptable, sino además constitucionalmente inviable. Quien pretenda acceder a ese cargo debe tener una trayectoria intachable a favor de las causas de los derechos humanos y no, como es el caso, ser un partícipe directo de la crisis de derechos humanos que actualmente vive el país. Además, quien aspire a ser Ministro no puede enfrentar un claro conflicto de interés por aceptar el cargo, ni al ejercer sus funciones.

La reforma constitucional de junio de 2011 pone en el centro de la agenda nacional a los derechos humanos, con la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Si se nombra a Eduardo Medina Mora, el cumplimiento del artículo 1º constitucional y de toda la Constitución Política estará en entredicho. Afortunadamente, el tiempo del derecho es el tiempo también de la memoria, de decir no rotundamente al olvido de las acciones antidemocráticas de quienes aspiran a una alta responsabilidad pública.

No puede ser Ministro de la Suprema Corte quien entregó la soberanía nacional. El memorándum 230 del Congreso de los Estados Unidos de América, derivado de la Comisión de Investigación por el Operativo Rápido y Furioso, establece que se permitió y consintió el trasiego vigilado de armas controladas de ese país a México desde noviembre de 2007, cuando Eduardo Medina Mora era Procurador General de la República. Este operativo, consentido por acción u omisión, violentó la soberanía nacional, por lo que no puede ser Ministro de la Corte quien está dispuesto a entregarla.

No puede ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia quien defendió la guerra contra las drogas. Durante su gestión como Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora participó como artífice de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico1, la cual defendió sistemáticamente a pesar de los resultados desastrosos no sólo en materia de derechos humanos, sino también en el desarrollo del sistema de justicia y peor aún en la esperanza de vida de los jóvenes mexicanos. Porque a quien pretende alcanzar el máximo órgano de justicia en el país hay que cuestionarle sobre el resultado de la “guerra contra el narcotráfico”.

Durante el paso de Medina Mora en distintos cargos de primera responsabilidad en materia de Seguridad Pública, el número de homicidios relacionados con los problemas de las drogas creció exponencialmente, a tal grado que la esperanza de vida de los jóvenes en México se redujo en casi un año. Los jóvenes, a quienes hemos hecho una promesa por su futuro, también han sido constantes víctimas y los más perjudicados: entre 2006 y 2011, más de 1,200 menores de edad perdieron la vida en ese contexto de violencia.

Con la actual crisis de carácter humanitario, con más de 100 mil personas muertas y más de 22 mil desaparecidos, no se puede sostener que vamos ganando aunque no lo parezca, como lo afirmó hace años el ex procurador Medina Mora.2

El propio gobierno federal actual ha reconocido que la estrategia no ha sido exitosa. Al asumir funciones en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26,000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una “grave crisis humanitaria”— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.”3

A lo anterior, hay que añadir las innumerables quejas de tortura y la sobreutilización de la figura del arraigo –ya de por sí ilegitima- en la actuación de las fuerzas del Estado. Amnistía Internacional señala que desde que inició la llamada guerra contra las drogas en 2006, la tortura aumentó de manera alarmante en México. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2006 y 2012, se han registrado 7,253 casos de este tipo.4

Por ello, debemos ir a las causas (frenar la guerra contra las drogas) y con ello enfrentar de mejor manera las consecuencias.

La guerra contra las drogas en México es un desastre. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó el Informe El problema de las Drogas en las Américas.

El Secretario General de la OEA, lo señaló, se hace necesaria la revisión de las políticas de drogas en vigor desde hace ya varias décadas.

La OEA y el propio gobierno Mexicano reconocen que la guerra contra las drogas ha fracasado. Eduardo Medina Mora la impulsó porque fue el primer Procurador del Gobierno de Felipe Calderón. La guerra contra las drogas nos ha llevado a una crisis gravísima de derechos humanos porque es la expresión por antonomasia de su violación masiva y sistemática.

Los derechos humanos son el centro de nuestro sistema jurídico y Eduardo Medina Mora es incompatible porque cree y defiende otras causas, pero no las de los derechos humanos, como lo demostró como servidor público: no puede ser el guardián de la Constitución.

No puede ser Ministro de la Suprema Corte quien no tiene un compromiso con los derechos humanos. Eduardo Medina Mora ha tenido una actitud sistemática y negativa para aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evitando a toda costa profundizar en las investigaciones que clarifiquen los hechos y castiguen a los responsables.

No puede quedar en el olvido la negativa de Eduardo Medina Mora a aceptar la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese momento, Eduardo Medina Mora, se negó a avanzar en las investigaciones sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco, donde entre varios delitos se cometieron detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, tortura y vejaciones sexuales, con dos jóvenes muertos, 26 mujeres agredidas sexualmente y 207 detenidos. En estos desafortunados hechos, tanto el entonces Secretario Eduardo Medina Mora, como quien era Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se vieron involucrados en la planeación del operativo para realizar el fatídico desalojo.

Otra recomendación en materia de derechos humanos desestimada por Medina Mora fue la 64/2008. El entonces Procurador General de la República dio la espalda a la lucha por el debido proceso en el caso de los mineros muertos en Pasta de Conchos, escudando a servidores públicos en perjuicio de los trabajadores muertos durante la explosión y de sus familiares, y la búsqueda de la verdad.

No se puede permitir que sea Ministro de la Corte a alguien que, con sus acciones, puso en suspenso y en entredicho a la justicia y los derechos humanos, violentando los derechos de las víctimas y de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. No podemos olvidar que en 2007 Eduardo Medina Mora promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal en el Distrito Federal, que en su momento desincorporó del catálogo de delitos a la interrupción legal del embarazo. La incorporación de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia significaría una clara amenaza en materia de los derechos humanos de las mujeres.

No podemos permitir que sea Ministro quien ha utilizado a la Procuraduría para integrar expedientes en contra de funcionarios durante el llamado “Michoacanazo” en 2009, donde 38 funcionarios públicos fueron arraigados sin cargos, sólo por la presunción de que eran parte del crimen organizado. La debilidad en la integración de las pruebas propició que ninguno de los arraigados se encuentre detenido y que hayan sido liberados por falta de pruebas.

La grave situación de los derechos humanos que hoy padece México debe hacernos reflexionar sobre el camino que en materia de justicia necesita el país. Recientemente el relator especial sobre la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que en México la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad5. Por lo anterior, desde esta Cámara no podemos permitir que la trayectoria de los miembros de la Suprema Corte de Justicia deje el camino libre para que la violación a derechos humanos continúe y permanezca en completa impunidad.

No puede ser Ministro de la Suprema Corte quien no puede garantizar la división de poderes. Medina Mora enfrenta un conflicto de interés al aceptar el cargo desde una posición de subalterno directo del Poder Ejecutivo. La cercanía de Medina Mora con el actual Presidente pondría en entredicho la división e independencia necesaria entre los tres poderes. Por otra parte, al ejercer el cargo de Ministro, Medina Mora tendría que escuchar y decidir sobre varios casos que él mismo dispuso mientras fue Procurador, cuando estos casos lleguen a la Suprema Corte necesariamente el ex-procurador tendría que excusarse. Lo mismo sucedería cuando a la Corte lleguen los temas relacionados con telecomunicaciones y energía, sectores en los que existen intereses personales y de negocios.

Hay ciertos principios de la ética judicial que son inexcusables, como la independencia, la objetividad, la autonomía y la imparcialidad. Eduardo Medina Mora no los cumple.

Finalmente, no puede ser Ministro de Justicia quien no cumpla los requisitos del artículo 95 constitucional, en su fracción V. Ni el Congreso General, ni el Ejecutivo Federal pueden establecer excepciones al cumplimiento de este artículo constitucional, menos aún si la excepción se genera a partir de la Ley secundaria sobre el Servicio Exterior Mexicano, donde sólo se acredita la conservación del domicilio del último lugar de residencia en el país, lo que pone en evidencia la diferencia conceptual entre domicilio y residencia. Entonces, Medina Mora no ha residido en el país desde 2009, por lo que sencillamente no cumple con el requisito constitucional.

Si se nombra a Eduardo Medina Mora no habrá oportunidad alguna de dar cumplimiento a la Constitución, de hacer progresivos los derechos humanos, de detener la guerra contra las drogas y sus desastrosos resultados, así como de respetar el pacto federal y la división de poderes.

No nos podemos permitir que la democracia mexicana vaya hacia una regresión, que el poder se concentre y que se vuelvan nugatorios los derechos humanos.

Si se nombra a Eduardo Medina Mora no habrá oportunidad para que sea la misma Suprema Corte la que algún día alce la voz de la justicia para que se investigue, se sancione y se reparen las violaciones a los derechos humanos en la que Eduardo Medina Mora en su paso como servidor público participó.

Por estas fundadas razones, mi voto en contra de la propuesta del Ejecutivo.

A los 10 días del mes de marzo de 2015.

Suscribe

Senador Mario Delgado Carrillo

Una vez concluidas las exposiciones de la terna y conforme al punto sexto del Acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, realizaremos la votación de los candidatos que conforman la terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para esta votación, en ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes determinen, para depositarlos en la urna una vez que la Secretaría los llame por orden de lista.

Las disposiciones constitucionales exigen que para la elección, se reúna una mayoría de dos terceras partes de las y los Senadores presentes.

El Acuerdo aprobado para esta elección prevé que si el resultado de la votación no permite reunir dicha mayoría a favor de ninguno de los candidatos, realizaremos inmediatamente una segunda votación por cédula.

En caso de que la segunda votación tampoco cumpla con la mayoría constitucional exigida, la terna se tendrá por rechazada y se comunicará al Ejecutivo Federal para que presente una nueva terna, como lo dispone el artículo 96 constitucional.

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las Senadoras y Senadores.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores y Senadoras a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Solicito a los señores y señoras Senadoras pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Pasa lista)

(Los Senadores pasan a depositar su voto)

Realizaremos el escrutinio correspondiente.

(Se realiza el escrutinio)

Señor Presidente, doy cuenta del resultado de la votación.

Se distribuyeron 119 cédulas. Se recibieron un total de 118 votos.

Se recibieron de esos, 16 votos nulos.

Cuatro votos a favor de Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Se recibieron 15 votos a favor de Horacio Armando Hernández Orozco.

Y se recibieron 83 votos a favor de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Se reúnen las dos terceras partes, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor.

Conforme al resultado de la votación, se designa Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Comuníquese esta designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza se encuentra en el salón contiguo a esta Asamblea, en consecuencia, solicito a las Senadoras y a los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Fernando Torres Graciano, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, lo inviten a pasar a este recinto a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 constitucional.

(La comisión cumple)


La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se la ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo.

Le pido pueda acompañarnos en esta tribuna para que le entreguemos la constancia de su elección.

Solicito a la comisión designada acompañe al Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza cuando desee retirarse del salón.

 





 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación que nos remite el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura:

"En cumplimiento de lo dispuesto en el punto Séptimo del Acuerdo General 3/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de febrero de dos mil quince, y a fin de que esa Honorable Cámara de Senadores esté en aptitud de hacer la designación correspondiente, en términos de los artículos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción XXI y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envío a Usted la terna de candidatos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte propone para la designación de un Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1. Aguayo Silva Javier
2. Aguirre Saldivar Enrique
3. Cruz Ricárdez Julio César

Cabe señalar que la terna se presenta en el estricto orden alfabético del primer apellido del nombre de los aspirantes que obtuvieron la votación necesaria para integrarla".

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Para los efectos de lo que dispone el artículo 99 constitucional, túrnese a la Comisión de Justicia.





 

Compañeros Senadores; compañeras Senadoras: Les informo que se inscribió en el Orden del Día el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Dicho documento fue retirado de la agenda por acuerdo de la Mesa Directiva, para que se le aplicaran diversas adecuaciones de técnica legislativa. Las comisiones han entregado el documento reelaborado y la nueva versión está disponible en los escaños para su conocimiento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Dictamen de primera lectura)



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo segundo del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su publicación para que quede de primera lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la publicación del dictamen y quede de primera lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la publicación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta:
En consecuencia, queda de primera lectura.





 

Compañeros Senadores; compañeras Senadoras: Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ANTECEDENTES PENALES

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del PRI)

"El suscrito, Senador de la República, Félix González Canto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 23 de octubre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 1/2013 declarando la invalidez de algunas disposiciones normativas contenidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativas al despacho de los asuntos que corresponden a la Secretaría de Gobernación.

La Litis del mencionado asunto radicaba en determinar la constitucionalidad de la ratificación por parte del Senado de la República de los nombramientos del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que realiza el titular del Poder Ejecutivo Federal: así como a aspectos relativos a la rendición de cuentas entre poderes que se traducían en las comparecencias que debe hacer el titular de la Secretaría de Gobernación ante las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación del Senado para presentar la política criminal, darle seguimiento cuando ésta se apruebe o modifique; así como la comparecencia del mismo funcionario ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Pública para informar al Poder Legislativo sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.

Sobre dicho asunto el máximo tribunal resolvió:

Se declara la invalidez de la fracción XII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la porción normativa que señala “comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique”.

Se declara la invalidez de la fracción XXX del mismo artículo, en la porción normativa que establece “a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional”, en términos del apartado VIII de la presente sentencia.

Se declara la invalidez de la porción normativa del párrafo último del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que indica: “El Comisionado Nacional de Seguridad y” en términos del apartado VII de la presente sentencia.

El motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ratificación, por parte del Senado, del nombramiento hecho por el Titular del Poder Ejecutivo Federal del Comisionado Nacional de Seguridad Pública como el Secretario Ejecutivo, residió en los siguientes argumentos:

a) Desde el punto de vista funcional y normativo, el Comisionado es un órgano perteneciente a la Administración Pública Federal, y su nombramiento corresponde constitucionalmente al Presidente de la República, sin que puedan intervenir otros Poderes, toda vez que se trata de órganos que ejercen facultades relacionadas con la seguridad pública.

b) El Comisionado Nacional de Seguridad es un órgano que auxilia a la Secretaría de Gobernación en facultades relacionadas con la seguridad pública a nivel federal, tales como llevar a cabo las acciones necesarias para proteger la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes, así como ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, entre otras, mismas que no son propias del Comisionado Nacional de Seguridad, sino del Secretario de Gobernación, quien las puede ejercer de manera directa.

c) La existencia de un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata, en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, lo cual es característico de la Administración Pública centralizada.

d) El criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse la injerencia de otro Poder en el nombramiento de los miembros de la Administración Pública centralizada. 

Respecto a la controversia sobre la comparecencia del Secretario de Gobernación ante diversas comisiones legislativas sin que medie disposición constitucional de por medio, los Ministros declararon inconstitucionales las disposiciones normativas señaladas anteriormente debido a la desproporcionalidad de la obligación impuesta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Los Ministros establecieron que la norma impugnada es inválida porque se prevé una obligación irrestricta que no tiene sustento en la facultad para solicitar la comparecencia por parte de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, prevista por el artículo 93, segundo párrafo de la Constitución Federal; debido a que este precepto tiene como requisito imprescindible que la decisión de convocar a comparecer a un Secretario de Estado provenga de un acuerdo parlamentario, que justifique mediante una decisión colegiada de las distintas posiciones políticas, su incidencia en el ámbito de facultadas de un órgano jurídico de otro Poder; lo que no se da en la norma reclamada, ya que prevé una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida, razón por la cual es inválida.

En virtud de lo anterior, es que esta Iniciativa de Ley tiene por objeto reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de eliminar de las disposiciones declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, es pertinente mencionar que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declaró la invalidez de la ratificación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad por parte del Senado de la República, debido que en la votación no se alcanzó la mayoría calificada prevista para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad, lo cierto es que se dieron argumentos muy valiosos que deben ser considerados por esta Honorable Asamblea para eliminar del texto legislativo dicha ratificación.

Bajo este orden de ideas, me parece pertinente justificar la propuesta de suprimir de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la ratificación por parte de Senado de la República del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad bajo los siguientes argumentos que emplearon 2 de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

a) Existe una discrepancia del contenido entre el artículo 17, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que ambas regulan en específico el mecanismo de designación del Secretario Ejecutivo; debiendo prevalecer el mecanismo establecido en la primera ley, ya que el que exista una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a su vez está regulando de manera específica el artículo 21 de la Constitución con sus bases mínimas, genera una especialidad o reserva de fuente para dar regulación de éste (Ministro José Ramón Cossío Díaz).

b) Los artículo 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución General, son los que derivan, en una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para desarrollar las bases mínimas de coordinación (en materia de seguridad pública); y en esta ley, exactamente en su artículo 17, establece que el Secretario Ejecutivo será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República; de tal suerte que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no puede establecer un sistema distinto por el nombramiento de este servidor público, porque precisamente es la ley general, la que tanto por especialidad, como por jerarquía, establece, desarrollando el mandato constitucional, una forma exclusiva de nombramiento y de remoción libre del Presidente de la República (Ministro Arturo Zaldívar Lelo).

De lo anterior se desprende que por motivos de especialidad y jerarquía debe prevalecer lo dispuesto por la ley general, razón por la cual resulta conveniente derogar el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

UNICO: Se reforman las fracciones XII y XXX y se deroga el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27.-

I. a XI. …

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

XIII. a XXIX.

XXX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional;

XXXI. a XLIII.

...

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 10 de marzo de 2015.

Sen. Félix González Canto".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 109 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Irma Zulema Cobián Chávez, César Octavio Pedroza Gaitán, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Francisco Salvador López Brito, Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a informar sobre los recursos públicos federales asignados para la construcción de los hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán. Se turna a la Comisión de Salud.

“DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, SALVADOR VEGA CASILLAS, FERNANDO TORRES GRACIANO, Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Mediante Licitación Pública Nacional 002 FO-ADO-06 COP, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de junio de 2006, el Gobierno del estado de Yucatán, convocó a interesados en participar en la licitación para la contratación de construcción del Hospital General de Segundo Nivelen la localidad y Municipio de Tekax, estado de Yucatán (primera etapa).

2. Con base en ello, el 30 de enero del 2007 se emitió el oficio 06330060200196, por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el cual se le informaba al Dr. José Luis Sosa Muñoz, en ese entonces Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, el “PERMISO SANITARIO DE CONSTRUCCIÓN para obra nueva del establecimiento denominado HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, ubicado en Carretera Tekax-Peto, Col. Tablajero, No. 3709, C.P. 97970, Tekax, Yucatán”.

En dicho documento también, se indicaba que se incluía el plano con la rúbrica de autorización. Por lo que de acuerdo a lo que disponía la Ley General de Salud el proyecto cumplía con los requisitos sanitarios para iniciar su construcción.

3. El proyecto de construcción del Hospital General de Tekax, de segundo nivel, debía tener capacidad para 30 camas censables y siete consultorios, cuyos beneficios serían ofrecer atención médica a la población no asegurada y del seguro popular del municipio de Tekax y sus localidades en las cuatro especialidades básicas de la medicina: cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría y otras especialidades complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización, a unos 40 mil habitantes de Tekax y de la región sur del estado. El presupuesto programado para construir un hospital de ese tipo fue de 52 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo al Modelo de Unidades Médicas de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud.

El costo total de construcción de un hospital de esa naturaleza, según ese modelo, debía ser de 38.4 millones de pesos y el costo del equipamiento de 13.6 millones de pesos, dando un total de 52.07 millones de pesos, recursos aproximados que se habían presupuestado para tal fin y que el gobierno federal entregó al entonces Gobernador Patricio José Patrón Laviada.

4. Bajo el gobierno de Patricio José Patrón Laviada, se inició la construcción del hospital con el permiso correspondiente de la COFEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por lo que, al término de la administración de referido Gobernador, el monto de inversión contratada fue de aproximadamente 28.4 millones de pesos, dejando disponibles para su conclusión aproximadamente 23.1 millones de pesos, de los cuales 17.5 millones de pesos en administración de un fideicomiso con el Grupo Financiero BANORTE y remanente en chequeras de los Servicios de Salud de Yucatán, con un avance físico y financiero del 63%.

5. En el año 2007, la obra fue entregada a la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, quien tomó posesión de su cargo como Gobernadora del Estado de Yucatán (2007-2012), y quien debía concluir el referido Hospital General, sin embargo lo dejó abandonado; de acuerdo a diversas notas periodísticas, “aprovecho la situación para manipular decenas de millones de pesos de recursos federales destinados a la terminación de la obra.

Aunque sabía que esto no ocurriría, la ex gobernadora asignó cuantiosos contratos con precios “inflados” y conceptos innecesarios a empresas cercanas a su administración, en aparente contubernio con funcionarios de la Secretaría de Salud”.1

6. Durante el 2007 de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 (Anexo 4), fue asignado un presupuesto de 18 millones de pesos para el Hospital General de Tekax.

7. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, fue entregado al Gobierno del estado de Yucatán, recursos presupuestarios federales por la cantidad de 27.5 millones de pesos, para la conclusión del Hospital General de Tekax; los cuales de acuerdo con el Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebraron la Secretaria de Salud y el Gobierno de Yucatán (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2009), los recursos debieron ser destinados para la continuación de la construcción de referido Hospital.

De acuerdo a los convenios de transferencias de recursos, y de los parámetros que debían observarse, la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), debía vigilar que los recursos asignados fuesen destinados únicamente para el desarrollo de la infraestructura de salud, a fin de fortalecer la oferta de salud.

Se estableció que la “DGDIF (…) podrá practicar visitas (…) a efecto de observar los avances físicos de la obra y su equipamiento, solicitando a “LA ENTIDAD”, la entrega de reporte fotográfico y escrito de los avances de la obra y su equipamiento, así como la “relación de gastos”, que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados (…)” (Anexo 6).

Como se señala, tanto la Secretaría de Salud, como el Gobierno del Estado debían acreditar el buen ejercicio de los recursos federales transferidos, demostrando y justificando el avance y aplicación de los mismos, sin embargo y a pesar de ello, a la fecha el hospital sigue inconcluso, y olvidado, lo que demuestra un claro desvío de recursos federales.

También, los propios convenios establecían que: la DGDFI “solicitará a “LA ENTIDAD” la documentación que permita dar fe de la aplicación de los recursos presupuestales transferidos a “LA ENTIDAD” en virtud de este convenio y solicitará a esta última la comprobación fiscal que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citado (…) La DGDFI (…) informará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARIA” y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico para el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por “LA ENTIDAD” para los fines objeto del presente convenio”.

Reiteramos, todas estas obligaciones de haberse cumplido, permitirían que hoy cientos de ciudadanos de Tekax, tuviesen un hospital concluido, sin embargo, es inconcebible que a casi ya 9 años desde que se inició la obra y hasta la fecha, no se ha podido culminar el nosocomio de Tekax afectando a miles de habitantes de la región sur del estado de Yucatán.

8. A finales del 2008 el Gobierno del estado de Yucatán emitió la convocatoria No. 019 de Licitación Pública Nacional (Publicada en el Diario oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2008), en la cual el  objeto de la licitación era la “Construcción del Hospital General de Segundo Nivel (tercera etapa) (instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, obra exterior) en la localidad y Municipio de Tekax, Estado de Yucatán”, ello implicaría que el avance de la obra estuviese por concluir, sin embargo, no sucedió así, luego que en el año 2009, nuevamente fueron asignados recursos federales para la conclusión de multicitado hospital de Tekax, esta vez fueron 49.01 millones de pesos, de conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, y al “CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán” (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009).

En referido convenio se establecen las mismas obligaciones tanto para el Gobierno estatal como para la Secretaría de Salud, en cuanto a la vigilancia y justificación en el ejercicio adecuado de los recursos asignados, sin embargo, esto no sucedió, tal y como lo describo en las consideraciones precedentes.

En la Cláusula tercera, se establecieron los objetivos, e indicadores de desempeño y metas, que se debieron cumplir en el ejercicio de los recursos; en el caso del hospital de Tekax, la meta era: “Construcción y Equipamiento del Hospital General de Tekax”; y su indicador de desempeño: “Ejecución de las acciones de Obra y/o equipamiento, de acuerdo a los reportes entregados trimestralmente del avance físico financiero debidamente requisitados en el formato “Certificación de Gasto”, que permitan identificar el cumplimiento de la meta, en caso de no ser así, explicar el motivo del incumplimiento”.

Lo anterior, demuestra que se hizo un ejercicio indebido de los recursos públicos federales asignados, pues de acuerdo a los convenios de ejecución, la obra debió quedar concluida, y a simple vista esto no sucedió.

En el Tercer Informe de Gobierno, presentado en el 2010, por la ex gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, respecto a las gestiones en infraestructura hospitalaria, señaló que se había continuado la construcción de los Hospitales de Segundo nivel en los Municipios de Tekax y Valladolid, en los cuales se invirtieron 49 millones 795 mil 571 pesos. “De dicho total se invirtieron 17 millones 990 mil 348 pesos en la continuación de los trabajos del Hospital General de Segundo Nivel de Tekax, específicamente en los edificios B, C, D, E, los cuales incluyeron instalaciones eléctricas, albañilería, aire acondicionado e instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gases medicinales, entre otros”. De la supuesta continuación en la construcción del nosocomio de Tekax no hay ninguna evidencia que avale, que en efecto, se realizaron dichas instalaciones, al contrario, la obra permaneció estancada.

9. De lo anterior se concluye que, los recursos destinados a la continuación de la construcción del Hospital General de Tekax, durante el periodo comprendido entre el 2007 y 2010, dentro de la administración de la ex gobernadora Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, suman 112.4 millones de pesos, que ni así bastaron para concluir el 37% que restaba para la terminación del hospital, a partir de su administración.

Si a esta cantidad se le suman los 51.5 millones que aportó el gobierno de Patricio Patrón, se obtiene un total de 163.9 millones de pesos, que al cierre del Ejercicio Fiscal 2010 implicaban el 200% más de gasto (al programado inicialmente) ejercido por parte de la ex gobernadora, respecto de los cuales no se ha dado una justificación sustentada y debidamente fundamentada del por qué no se concluyó el Hospital, y tampoco en qué se utilizaron los recursos destinados exclusivamente para la terminación del Hospital General de Tekax, así como para su equipamiento.

10. Es sabido por la opinión pública y por las noticias publicadas en los medios de difusión masiva que, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, decidió cambiar la sede del nosocomio de segundo nivel de Tekax, que estaba casi listo, al municipio de Ticul.

Lo anterior, para beneficiar a la Constructora Grupo Marnhos, ya que dicha compañía, por medio del esquema de un proyecto de prestación de servicios (PPS) debieron concluirlo en 2013 para operarlo ellos mismos hasta el 2038, con un pago anual de operación altísimo por 25 años, comprometiendo más de 5,500 millones de recursos públicos.

En el Decreto de autorización para la realización del programa de infraestructura y servicios de salud de Yucatán a través del esquema de proyecto para la prestación de servicios, aprobado con fecha 29 de febrero de 2012, por el H. Congreso del Estado de Yucatán, la ex gobernadora Ortega Pacheco justificó su solicitud de iniciativa para entrar en el esquema de proyectos de prestación de servicios indicando que: “El principal problema que actualmente presentan los servicios de salud del estado de Yucatán para hacer frente a semejante demanda es la falta de infraestructura ya que, para atender los padecimientos de segundo nivel únicamente se cuenta con 7 hospitales con un total de 398 camas censables, distribuidos en las jurisdicciones de Mérida, Valladolid y Peto, generando un indicador de 0.415 camas por habitantes, objetivo muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de una cama por habitante”.

Sin embargo, jamás se señaló que se tenía pendiente la terminación de un hospital de segundo nivel, a 39 km de Ticul, refiriéndonos al Hospital General de Segundo Nivel de Tekax, siendo innecesaria, en ese momento, la construcción de uno nuevo, en virtud de que el Hospital General de Tekax estaba diseñado para beneficiar a la región sur del estado de Yucatán.

Lo que hace notar también, que existieron diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos federales destinados para la construcción del Hospital de Ticul, ya que debió haberse concluido en 2013 y en ese año se tenía solo un avance del 37%, después en 2014, y aun a la fecha no se ha terminado.

11. Por último, de conformidad con notas periodísticas2 ,Javier Ramos Camacho, funcionario de la Coordinación General de Organismos de vigilancia y Control, de la Secretaría de la Función Pública, en el gobierno de Felipe Calderón, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló el presupuesto para la construcción del Hospital de Tekax, desde enero de 2012, a raíz de un informe elaborado por esa coordinación, sobre las anomalías detectadas en la obra: “La SFP entregó el documento a la SHCP quien lo turnó a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación Presupuestal. En él se consignan algunas de las irregularidades detectadas en la asignación de los contratos de obra, por parte del gobierno de Yucatán, tales como la autorización para que los contratistas ejerzan cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original de contrato, sin cumplir con la normatividad”.

También, inconsistencias en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar los contratos, así como los catálogos de conceptos en las garantías otorgadas para el cumplimiento del contrato”.

Todo lo anterior, hace presumir que existieron actos que permitieron el desvío de recursos públicos federales, o bien, el ejercicio indebido e injustificable de los mismos, en obras de infraestructura hospitalaria que al día de hoy no han sido concluidas; ello en perjuicio del erario federal y de la ciudadanía en general, por lo que es necesario que las autoridades involucradas emitan un informe sobre la situación que guarda la construcción del Hospital General de Segundo nivel de Tekax, y el Hospital Regional de Ticul, ambos del estado de Yucatán, así como de las acciones que han llevado a cabo para la vigilancia y aplicación conforme a la ley de los recursos entregados al Gobierno del Yucatán,.

Así mismo, conocer las causas, fundamento y motivación del actual abandono en el que se encuentra el Hospital General de Segundo Nivel de Tekax.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente ala titular de la Secretaría de Salud Federal, para que en el ámbito de su competencia rinda un informe sobre la situación actual que guardan las construcciones de los Hospitales Generales de Segundo Nivel de los Municipios de Tekax y Ticul, ambos del estado de Yucatán, así como de las acciones y medidas que ha llevado a cabo para el cumplimento de los objetivos y la vigilancia en el ejercicio de las transferencias de recursos públicos federales.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de su competencia rinda un informe sobre las ministraciones o transferencias realizadas al Gobierno del Estado de Yucatán en el periodo 2007-2012, para la construcción y equipamiento del Hospital General de Segundo Nivel de Tekax, y el Hospital General de Ticul, ambos del estado de Yucatán, así como de las acciones y medidas que ha realizado para la vigilancia en la aplicación de los recursos públicos federales entregados.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que informe a esta Soberanía si existe algún procedimiento administrativo sancionador o investigación en curso en contra de servidores públicos, por el posible desvío de recursos públicos federales con motivo de las construcciones de los Hospitales Generales de Segundo Nivel de los Municipios de Tekax y Ticul, ambos del estado de Yucatán.

En caso de ser negativo, realice las acciones necesarias para investigar las posibles responsabilidades en el ejercicio de recursos públicos federales con motivo delas construcciones de los Hospitales Generales de Segundo Nivel de los Municipios de Tekax y Ticul, ambos del estado de Yucatán, y aplique las sanciones correspondientes o bien, presente las querellas y/o denuncias penales procedentes.

Senado de la República, a 10 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Víctor Hermosillo Y Celada.- Sen. Irma Zulema Cobián Chávez.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Torres Graciano”.

1 http://mayaleaks.org.mx/indicios-de-desvios-en-el-presupuesto-del-hospital-de-tekax/
2 http://mayaleaks.org.mx/faltan-80-millones-para-terminar-el-hospital-de-tekax/





 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a esclarecer el destino de los montos económicos que serían utilizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre para comprar diversos artículos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Acorde con la Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité ESCR), el derecho a la alimentación “se ejerce cuando todo hombre o mujer o niño [o niña], ya sea solo en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o medios para obtenerla”. Por su parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación lo ha definido como:

“… el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y diga.”1

Ante estas definiciones, la realidad es innegable; México no tiene un acceso al derecho a la alimentación. Lamentablemente en el país la desigualdad y la insuficiencia de ingresos para tener acceso a los alimentos de calidad son carencias que por décadas se han mantenido.

La promesa de campaña “vas a ganar más por tu trabajo” del ahora presidente de México no se ha cumplido en los primeros tres años de su mandato, las cifras así lo revelan. En el bienio 2013-2014, en promedio, 53.8 por ciento de los mexicanos no pudo adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).2

De acuerdo a cifras de un diario de circulación nacional, el año pasado la población pobre por ingresos laborales se ubicó en 54.77 por ciento, y de acuerdo con especialistas del Tecnológico de Monterrey, este porcentaje registrado, equivale en términos absolutos a alrededor de 62 millones de mexicanos.3

Lo anterior exhibe que existen millones de mexicanos a los que no les alcanzan sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos.

La situación de la pobreza en México siempre ha sido un tema de preocupación, debido a que la pobreza no se refiere solo a la alimentación, sino también a aspectos monetarios y no monetarios del bienestar, privaciones en empleo, protección social y rezago escolar.

Desde hace décadas, para los gobernantes esto nunca ha sido su prioridad, y lejos de atender la pobreza desde todos sus aspectos, se limitan a crear programas asistencialistas para que el ciudadano reciba mensualmente un apoyo económico o productos de la canasta básica, sin generación de empleo, sin desarrollo, ni algún tipo de apoyo que lleve a la gente al progreso.

El ejemplo más claro de esto es la estrategia de política social “Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la cual, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México.

Los objetivos de la Cruzada contra el Hambre son cinco:

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

5. Promover la participación comunitaria para erradicar el hambre.

Para el cumplimiento de los objetivos de la cruzada, la Secretaría de Desarrollo Social utiliza aproximadamente 70 programas ya establecidos de la administración pública federal que sirven para la implementación de la estrategia.

Desde su presentación, la estrategia “Sin Hambre” estuvo en medio de diversos cuestionamientos, ya que distintos partidos políticos, incluso Instituciones, aseguraron que la política social tenía como objetivo la recuperación y el control electoral.

Sin embargo, con la frase “Rosario no te preocupes, hay que aguantar”, la ejecución de tan cuestionada política social siguió su rumbo, y hoy, los mexicanos se encuentran preocupados y ya no aguantan más.

Pese a lo declarado por el Gobierno Federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha dado más resultados negativos que positivos. Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recomendó al gobierno federal revisar la viabilidad de las Tarjetas Sin Hambre, al considerar que existe el riesgo de que los beneficiarios revendan los alimentos obtenidos en lugar de consumirlos.

En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, la instancia gubernamental recomienda realizar un monitoreo constante para constatar que los productos no son revendidos o usados como insumos de producción en otros negocios.4

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un fraude en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre, que costó al erario no menos de 845 millones de pesos.5

La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o de plano no realizados, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos.6

Adicionalmente, el periódico de circulación nacional “La Jornada” dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación, informó que desconoce el destino de 396 millones 838 mil pesos que serían utilizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre para comprar 31 millones de artículos como paliacates, tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras. El órgano fiscalizador informó, que las empresas a las que presuntamente fueron adquiridos estos productos, no existen. Es decir, se facturaba a compañías inexistentes la fingida prestación de servicios.7

Los objetos no llegaron a las delegaciones estatales de la dependencia, e incluso el director del almacén general de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desconocía su existencia. La ASF presume daño al erario, dado que no hay “evidencia de la adquisición, distribución y la entrega de los bienes” a 400 municipios. Hay actos y omisiones de servidores públicos que no supervisaron, verificaron, ni validaron los trabajos, agrega el informe general de la cuenta pública 2013.8

Según señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la pobreza en México es tan elevada (53.3 millones de personas) que se necesitarán mayores esfuerzos para reducirla de manera significativa, notablemente el desvió y desaparición de recursos públicos es inaceptable frente a los millones de personas que los necesitan.

Los hechos anteriormente descritos requieren que el propio Gobierno Federal reestructure la política social que implementó, ya que el estado de marginación en el que algunos mexicanos se encuentran sigue a la alza, y la malversación de recursos notablemente no abonan a la disminución.

Lejos de cuestionar la Cruzada Nacional contra el Hambre, es momento de hacer una evaluación de la misma. Es necesario que la sociedad conozca que se está haciendo con los recursos públicos, a quiénes realmente se están beneficiando estos 70 programas y, de ser necesario, se reestructure la política social.

Se ha visto que poco se ha avanzado en el abatimiento a la pobreza con este tipo de programas asistencialistas. En este caso, lo que si es de cuestionar, es por qué el Gobierno Federal le apuesta tanto a una estrategia social que sólo trae poca disminución de la pobreza y desvió de recursos.

Con lo anteriormente expuesto, es notable que México por medio de sus gobernantes tienen la oportunidad para crear una estrategia social que lleguen a donde sus antecesores fallaron: mejorar la calidad de vida de los mexicanos en aspectos fundamentales como alimentación, salud, educación, empleo, salario digno y seguridad.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que:

a. Esclarezca el destino de los montos económicos que serían utilizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre para comprar diversos artículos. Asimismo explique las irregularidades de las empresas a las que presuntamente fueron adquiridos productos y servicios, en el marco de las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

b. Revisar la viabilidad de las Tarjetas Sin Hambre e implemente un monitoreo constante de las mimas, para constatar que los productos no son revendidos o usados como insumos de producción en otros negocios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila”.

1 Gómez Trejo Omar. Los derechos a la alimentación, al agua, a la salud y a la vivienda contenidos en el artículo 4º Constitucional a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México [en línea]. México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/27.pdf [consulta 25 de febrero de 2015].
2 Flores Zenyazen. 62 millones no pueden comprar alimentos [en línea]. El Financiero. México. 2015. Disponible en: ENLACE [consulta 25 de febrero de 2015].
3 Ibídem.
4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 [en línea]. México. 2014. Disponible en: ENLACE [consulta 25 de febrero de 2015].
5 Tourliere Mathieu. Desnuda ASF fraude masivo en Cruzada contra el Hambre [en línea]. Proceso. México. 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=396327 [consulta 25 de Febrero de 2015].
6 Ibídem.
7 Enciso L Angélica. Extraviados, 396 millones de la cruzada contra el hambre: ASF [en línea]. La Jornada. México. 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/sociedad/046n1soc [consulta 25 de Febrero de 2015].
8 Ibídem.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las formas, procedimientos y superficies contempladas para la reforestación, en virtud de la tala de árboles por la construcción de las diversas carreteras federales del país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 95 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de manera coordinada informen a esta Soberanía sobre las formas, procedimientos y superficies contempladas para la reforestación en virtud de la tala de árboles que han sido objeto por la construcción de las diversas carreteras federales del país, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 2014 el gobierno federal dio a conocer que se concluirían 18 obras carreteras en el país, las cuales van desde ampliaciones, hasta grandes autopistas que llevan más de una década en construcción. Los cinco proyectos más emblemáticos que se pondrán en operación suman una inversión de 14 mil 443 millones de pesos e incluyen la México-Tuxpan, en Veracruz; la Mérida-Nuevo XCán, en Yucatán y Quintana Roo; además de la ampliación de La Pera-Cuatla, en Morelos; y un par de ampliaciones que incluyen la modernización de la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en Sonora y la Jerez-Tlaltenango, en Zacatecas.

El proyecto más importante es la autopista México-Tuxpan, con una longitud de 283 kilómetros con más de 15 años en su construcción, la carretera permitirá que el Puerto de Tuxpan se vuelva el más cercano a la Ciudad de México, a sólo dos horas y media.

Otra obra de gran importancia es la autopista Durango-Mazatlán, la cual tiene una distancia de 230 kilómetros. En materia turística, la autopista que conectará a Mérida con XCán, es también muy importante, debido a que potenciará el turismo en la zona y conectará a ambas ciudades sin pasar por el puerto de Cancún. Otra carretera que lleva un par de años en construcción es la modernización de la Pera-Cuatla, sin tener que pasar por Cuernavaca. Las obras restantes corresponden a ampliaciones y modernizaciones de carreteras como Tepeaca-Zacatepec, Reynosa-Río Bravo, León-Lagos de Morelos, Pátzcuaro-Tacámbaro y el libramiento de Morelia. Además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó recientemente otras grandes concesiones carreteras, la Autopista Siglo XXI que ira de Acapulco a Veracruz; la México-Toluca y Atizapán-Atlacomulco en el estado de México, la Cardel-Poza Rica en Veracruz.

Sabemos que durante los trabajos previos, todo proyecto debe contar con los estudios de impacto ambiental con la finalidad de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorice la obra o proyecto, de conformidad con el artículo 28 y demás relativos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y cuando se trate de terrenos preferentemente forestal la misma Secretaría deberá autorizar el cambio de uso de suelo conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece y condiciona obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones de afectación. Esta Secretaría además, fija las bases para proteger al ambiente, preservar y restaurar en la medida de lo posible los ecosistemas con el único propósito de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos.

Sabemos que las vías generales de comunicación son indispensables para el desarrollo y progreso de las regiones donde se construyen, sin embargo debemos de preservar los ecosistemas del país, de tal forma que debe existir un desarrollo sustentable y sostenido del medio ambiente como lo disponen las Leyes ambientales en la materia.

Es importante que ambas Secretarías informen a esta Soberanía sobre las acciones que se están realizando derivadas de los permisos de tala a razón de la construcción y ampliación de las vías generales de comunicación. Sólo por mencionar alguna, el compromiso es la reforestación de 10 árboles por cada árbol talado, esto significa que de cien árboles, mil van a plantarse, el problema es en donde se realizará esta actividad, si lo que se quiere es la preservación y restauración, debería ser lo más cercano a la zona o área afectada; la importancia radica en que la SCT debe reforestar superficies derivado de la compensación ambiental relativa al cambo de uso de suelo, esto como medida de restauración de los impactos al medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informen a esta Soberanía de las acciones y medidas para la restauración así como las formas, procedimientos y superficies que tienen contempladas para la reforestación en virtud de la tala de árboles que han sido objeto por la construcción y ampliación de diversas carreteras federales del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el presupuesto para el 2015. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

“La que suscribe, Senadora ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, rinda un informe pormenorizado con las afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el presupuesto para el 2015, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Como iniciativa del Pacto por México, el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta reforma establece en su artículo Quinto Transitorio que la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, en su Artículo Decimoséptimo Transitorio, la reforma de telecomunicaciones señala que: “En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes, un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello1”.

A fin de cumplir con los objetivos de política pública del Ejecutivo Federal en materia de inclusión digital, se consideró la entrega de televisores digitales a los hogares en los que habite población de escasos recursos inscrita en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la SEDESOL. De acuerdo con esta dependencia, el padrón a nivel nacional sería de 13.8 millones de hogares. El programa contempla que la SCT entregará un televisor por hogar.2

3.- El pasado 30 de enero, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció un ajuste presupuestal en la Administración Pública Federal, derivado de la baja en los precios del petróleo y la perspectiva de que las tasas de interés se vieran incrementadas durante los siguientes años.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes percibió una disminución de 9.37% de su presupuesto inicial, y pasó de 126 mil 146 millones de pesos3 a 114 mil 326 millones de pesos.4

El PEF del 2015 indica que en el área de comunicaciones, la SCT destinaría 7 mil 737 millones de pesos a proyectos como el sistema satelital, la ampliación de cobertura social reduciendo la brecha digital, así como a la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Lo cual se ve reflejado en la disminución de la meta de Transición Digital Terrestre de 13 millones a 10 millones de televisores.5

CONSIDERACIONES

I. El acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cumplen un doble propósito. Por una parte, son actividades de la mayor importancia para el desarrollo económico de cualquier país y, al mismo tiempo, son los instrumentos que hacen realidad los derechos fundamentales de las personas. En efecto, las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones representan un elemento fundamental de participación social y de desarrollo económico, toda vez que favorecen las libertades de expresión y difusión, el acceso a la información y potencializan el crecimiento económico, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la cultura, entre otros aspectos.

II. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró el Programa de Trabajo para la Transición a la TDT, en coordinación con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en estrecha comunicación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para cumplir con lo dispuesto por los Artículos Quinto y Decimoséptimo Transitorios de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones que respectivamente establecen el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite para culminar la transición digital terrestre, y ordenan al Ejecutivo Federal incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un programa de trabajo para dar cumplimiento a la política para la transición a la TDT.

El espíritu de este Programa de Trabajo atiende el mandato Constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la población y propiciar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, en estricto apego al Artículo 6° de la Constitución que a la letra establece: “…el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

III. La liberación de la banda de 700 MHz se ve favorecida con la transición a la TDT, la cual  permite hacer un mejor uso del espectro radioeléctrico. Con la televisión analógica se tiende a desperdiciar más de 75% de capacidad del espectro disponible y solo es posible ofrecer un canal de programación.

IV. Uno de los retos para acelerar la transición a la TDT es la penetración de los receptores digitales en el país, motivo por el cual el Poder Ejecutivo Federal considero entregar televisores digitales a los hogares en los que habite población de escasos recursos inscrita en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la SEDESOL. De acuerdo con esta dependencia, el padrón a nivel nacional sería de 13.8 millones de hogares.

V. El 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el recorte al presupuesto del 2015, debido a la drástica caída del precio del petróleo a nivel internacional, la inminente normalización de la política monetaria de los Estados Unidos y la desaceleración global en distintas regiones del mundo, acentuada por inestabilidad geopolítica. La medida representa en números que el sector público federal realizará durante 2015 ajustes por un monto de 124 mil 300 millones de pesos del gasto público, lo que representa el 0.7% del PIB.

En materia de inversión se incluye una reducción por 18 mil millones de pesos que implica que las dependencias deberán, para algunos proyectos de inversión, reducir y recalendarizar metas físicas de programas, y proyectos aprobados.

VI. Con el recorte presupuestal se vulnera la posibilidad de cumplir con el término constitucional que se tenía programado para el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre.

Ante esto, solicito se someta a consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe pormenorizado con las afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el presupuesto para el 2015.

Suscribe

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno”.

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Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a revisar la respuesta de la Secretaría de Energía referente a solicitud de los nombres de las primeras empresas privadas que han solicitado contratos, asignaciones, licencias o permisos para actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos previstas por la reforma energética. Se turna a la Comisión de Energía.







 

De la Senador Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala a resolver el litigio del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de ese estado con imparcialidad y absoluto apego a derecho, manteniendo equidad entre las partes. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

“La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA A RESOLVER EL LITIGIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA; CON IMPARCIALIDAD Y ABSOLUTO APEGO A DERECHO, MANTENIENDO EQUIDAD ENTRE LAS PARTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La libertad sindical es un aspecto particular de la libertad humana, sin el cual no puede concebirse la consagración de los derechos económicos y sociales para obtener justicia en materia social y laboral.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los trabajadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a ellas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Por ende, la libertad sindical forma parte del conjunto de derechos humanos, y, como tal, ha sido recogida en varios instrumentos internacionales, donde se admite que no es posible el desarrollo sindical sin la preexistencia efectiva los demás derechos humanos, así como que también no es posible el ejercicio de estos, sin la vigencia de la misma.

Puede afirmarse que la libertad sindical es síntesis de los derechos humanos, porque a través del ejercicio de las acciones de defensa, reivindicación y participación social se impulsa la progresividad de los derechos humanos en su conjunto.

Por ello, es importante su protección y correcta sanción; ya que además, constituye un pilar fundamental en la democracia de una sociedad, puesto que representa una herramienta clave para postular, afirmar y defender otros derechos fundamentales de las personas.

En una realidad globalizada, que es excluyente social por naturaleza y que atenta de manera constante contra los derechos de los trabajadores; es trascendental garantizar los derechos establecidos en nuestra Carta Magna, especialmente los derivados de la reforma constitucional del 2011, así como de de la entrada en vigor del denominado “control de la convencionalidad”, que se refiere a la observancia de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales que el Estado Mexicano se encuentra obligado a cumplir.

En este contexto adquiere la mayor importancia la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje para impartir justicia en materia laboral. Garantizando a trabajadores y patrones el pleno respeto a la Ley, transparencia, certeza y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos laborales.

De acuerdo con la Ley, su finalidad radica en conseguir y mantener el equilibrio entre los factores de la producción, mediante las funciones de conciliación e impartición de justicia, en las relaciones laborales.1

El sistema de justicia laboral es responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, junto a otras instancias como la inspección del trabajo y los mismos sindicatos. El mal funcionamiento de dicho sistema, cualquiera que sea la razón, genera un fuerte incentivo para que los empleadores opten por no respetar los derechos de los trabajadores, con la expectativa de que éstos se desistan de reclamarlos ante el cúmulo de obstáculos que tendrían que superar para hacerlos efectivos.

Entre más alto es el nivel de protección legal reconocido a los trabajadores, más se requiere que exista un sistema de justicia eficaz que repare con oportunidad e imparcialidad las violaciones de estos derechos y brinde certeza, a ambas partes, de que sus fallos estarán apegados a la legalidad.

De esta manera, cuando los sindicatos tienen falta de coordinación, organización, dirección y respeto entre sus miembros se debilitan como institución, por lo tanto, un proceso legal lleno de pugnas internas no es conveniente para ninguno de sus afiliados, y de hecho, lo más recomendable es que se puedan resolver cualquier tipo de disputas lo antes posible en el marco de la legislación aplicable, para resolver cualquier tipo de problema con justicia para todos los involucrados.

Todo sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar condiciones dignas mediante la unidad, la capacidad de negociación y para establecer una dinámica de diálogo entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, cambiar de sindicato es libre y sin injerencias del Estado, patrones, empleadores u otros sindicatos.

En este sentido, la ley en nuestro país debe atender las demandas de los sindicatos y resolver los conflictos que de ellos deriven, el Estado debe dar despacho a los trámites y actuaciones correspondientes con el fin de facilitar la aplicación de la justicia.

Una vez registrados los sindicatos, de acuerdo al Artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, se producen efectos ante todas las autoridades y cuenta con el amparo de la ley bajo los principios de equidad e igualdad para todos sus afiliados y en salvaguarda de sus derechos humanos, garantizando acceso a la justicia en todo momento.

La Toma de Nota es la constancia declarativa que emiten las autoridades registrales en materia de trabajo, con la cual se certifica y publicita la conformación y vigencia de las directivas de los sindicatos, de sus Estatutos y del padrón de miembros de los mismos, con respeto a la autonomía sindical, la cual se refleja en la libertad con que cuentan para autoregularse, redactar sus propios Estatutos y elegir a sus dirigencias. Es la expresión del registro de la creación y actualización de los Sindicatos, así como de sus representantes legales.

El efecto de la Toma Nota no es otro que brindar certeza jurídica a los terceros, es decir, a toda la sociedad, al publicitar los Estatutos que regulan a dichas organizaciones y conocer a quienes los integran y representan.

En suma, para el ejercicio de los derechos sindicales, es necesario el respeto a los derechos civiles y políticos y el debido proceso de los mismos cuando se entra en controversia.

En este sentido, considero necesario que desde esta Soberanía, se lleve a cabo un respetuoso exhorto, dada la delicada situación por la que atraviesa el Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala.

Dicho Sindicato, ha manifestado y denunciado lo que, en su parecer, viola sus derechos humanos por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje local en el Estado de Tlaxcala, puesto que se niega de manera sistemática a otorgarles la toma de nota al nuevo Comité Ejecutivo del mismo.

Por ello, me permito traer a Tribuna este caso, en espera de que las autoridades correspondientes resuelvan en un marco apegado al derecho e imparcial, en donde se garanticen los derechos humanos y laborales que procuren la conciliación y el debido arbitraje que mantenga la equidad entre las partes en disputa.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala a resolver el conflicto que mantiene en litigio al Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala; con imparcialidad y absoluto apego a derecho, garantizando los derechos humanos y laborales que procuren el espíritu conciliatorio y el debido arbitraje, manteniendo equidad entre las partes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.

1http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/introduccion.html





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la creación de una Norma Oficial Mexicana para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integran al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

“EFEMERIDE
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
(8 DE MARZO)

El 8 de marzo de cada año conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha que se celebra en muchos países del mundo, y en el que las mujeres de todos los continentes se unen para festejar y evaluar una tradición de no menos de 100 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la libertad, el desarrollo y porque no decirlo el respeto de todos y cada uno de los derechos de la mujer.

La idea de un Día Internacional de la Mujer surge a finales del siglo XIX, cuando el mundo experimentaba un periodo de expansión y crecimiento económico, demográfico e ideológico. La lucha por el sufragio femenino, la igual y el reclamo por la opresión social, familiar y laboral, demandaban un cambio en la sociedad.

Existen amplios antecedentes mundiales y nacionales que nos hacen enorgullecer de mujeres artífices en la lucha por participar en la sociedad en situaciones de igualdad con el hombre.

Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas, celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, para así proclamarlo 2 años después.

En nuestro país, no fue sino hasta octubre de 1953, cuando se reconoce por primera vez el derecho a la mujer al voto y a ser votada, formar parte de los cuerpos de decisión política e integrar grupos políticos, y no fue sino hasta junio de 1958, que entró en vigor la reforma al artículo 4o. constitucional, considerando al varón y a la mujer iguales ante la ley.

Por otro lado, en 1995, durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, las y los líderes del mundo, de 189 países y 4000 organizaciones de la sociedad civil, se comprometieron con un futuro donde las mujeres gozaran de igualdad.

A veinte años de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, esta se enfoca en 12 aspectos de especial importancia y preocupación, que busca generar un mundo en el que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos, participar en la vida política de sus países, tener acceso a la educación, trabajar y obtener un ingreso igual que cualquier persona, vivir en una sociedad libre de violencia y discriminación.

El día de hoy es momento de evaluar y defender cada uno de los logros alcanzados, establecer nuevos desafíos en atención a los derechos de las mujeres. Pues no obstante los grandes avances alcanzados para obtener una sociedad con equidad, aún persisten lugares en nuestro país de desconocimiento a sus derechos, situaciones de violencia, física, económica, sexual y psicológica.

Como sociedad es momento de terminar con todos aquellos actos estereotipos contra la mujer.

Las Senadoras del Partido Revolucionario Institucional seguiremos trabajando en la materialización de una agenda de igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, en donde la no violencia y la no discriminación contra la mujer, deban ser agentes de cambio en la sociedad mexicana.

Demos paso a una sociedad con igualdad de oportunidades en todos los aspectos.

Muchas gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de marzo de 2015.

Sen. Margarita Flores Sánchez”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Saneamiento Ambiental”.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

“EFEMERIDE
REFERIDA AL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, constituye una fecha muy importante para tener en la memoria, el origen e historia de nuestras ancestras, nuestras abuelas en la política que desde hace 104 años, crearon esta fecha que se ha convertido en una fecha emblemática para todas las mujeres del mundo, para hacer una revisión de los logros, avances, retrocesos y transformaciones en toda la sociedad.

La celebración combativa, fue mucho tiempo exclusiva de las obreras y las mujeres de izquierda. Hacia los años 70, en que cobra fuerza el nuevo feminismo, el 8 de marzo es adoptado por las nuevas luchadoras, lo que amplió el conocimiento y el motivo de la celebración con una nueva agenda de reivindicaciones, por otro lado este día se hizo institucional al ser adoptado por las Naciones Unidas en 1975.1

Por esta razón, es un día muy apropiado para reconocer el rol profundamente propositivo, visionario, creativo y transgresor que las mujeres, las feministas, las organizaciones de mujeres, las académicas, las políticas, todas las mujeres y su aporte a la sociedad en la transformación de la cultura profundamente patriarcal y sexista en la que vivimos. Todas han protagonizado uno de los cambios culturales más profundos del último siglo, aportando una nueva interpretación del mundo y de la vida al cuestionar la subordinación, la opresión y la discriminación de que somos objeto la mitad del mundo, otorgando así nuevos contenidos y nuevas miradas a la democracia, la participación y la ciudadanía desde la perspectiva de género.2

Sin embargo, a pesar de los avances en la promoción de la Igualdad Sustantiva, el Desarrollo y la Democracia, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas advirtió que las mujeres seguimos rezagadas frente a los hombres en una serie de áreas importantes como la representación política, los salarios, la educación, la violencia de género y que los logros alcanzados se encuentran en riesgo, ya que algunas garantías y derechos fundamentales están retrocediendo en ciertas zonas del mundo, en nombre de la cultura, la religión, la cultura y las tradiciones. “Hemos visto intentos de restringir a la mujer a la esfera doméstica. Si bien la protección de la familia y sus valores son importantes, no es equivalente ni reemplaza los derechos de la mujer a la igualdad y autonomía”, la discriminación a las mujeres persiste en la arena pública y privada, en tiempos de paz y de guerra, y en todas las regiones del mundo y que ningún país ha alcanzado una equidad de género completa.3

Las mujeres deben estar en el centro de la nueva agenda de desarrollo si queremos que ésta sea verdaderamente transformadora, ya que si ellas prosperan todos saldremos adelante, así lo afirmó Ban Ki-mon, Secretario General de la ONU. “Las mujeres y niñas fortalecidas son el mejor motor del crecimiento, la mejor esperanza para la reconciliación y la mejor barrera contra la radicalización de la juventud y la repetición de los ciclos de violencia”, al analizar el cumplimiento de los objetivos para el avance de la mujer de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) urgió a trabajar juntos para lograr la igualdad de género durante el plazo establecido por la nueva agenda de desarrollo post 2015 con el objetivo, de alcanzar la paridad de 50:50 para 2030.4

Este año, estamos celebrando 20 años de la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China, cuando se logró que 189 países firmaran la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y el compromiso de impulsar la igualdad de género, en 12 esferas de especial preocupación: pobreza; educación y capacitación; salud; violencia contra las mujeres; conflictos armados; economía; ejercicio del poder y toma de decisiones; mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres; Derechos Humanos; medios de difusión; medio ambiente; y las niñas.

LA SITUACION DE LAS MUJERES MEXICANAS.

A 20 años de distancia de la Conferencia de Beijing, podemos decir que hay avances relativos en el ámbito legislativo, creación de instituciones y etiquetación de presupuesto a favor de las mujeres; sin embargo todavía el observatorio sobre la mortalidad materna señala que la razón de muerte materna (RMM) se ubicó en 43 defunciones por cien mil nacidos vivos en 2012, con contrastes por entidad federativa. Esta cifra indica que México no cumplirá con la meta de llegar a una razón de muerte materna de 22 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2015, año fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMM, 2015).

En cuanto la violencia contra la mujer, todavía 46.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, 5.8% por parte de una persona con la que no tenía relación sentimental (familiares, compañeros de trabajo o escuela, superiores en el trabajo o en la escuela y desconocidos. A 42% de las mujeres se le ha humillado, encerrado, amenazado con correrla de casa, quitarle a sus hijos o matarla (violencia emocional; A 24.5% le han prohibido trabajar o estudiar, o le han quitado dinero o bienes (violencia económica; 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada o agredida con algún arma por su pareja (violencia física; 22.6% de las mujeres enfrentó violencia en su trabajo; 15.5% fue víctima de violencia comunitaria; 3.4% en el ámbito familiar y 1.0% en la escuela, únicamente 7% de las mujeres con algún incidente de violencia de pareja recibió atención médica o psicológica (López, 2013).5

Un tema crucial de la violencia contra las mujeres son los altos índices de feminicidios, violencia sexual y desapariciones de mujeres; de cerca de 4 mil asesinatos de mujeres entre 2013 y 2014 solo 613 casos son investigados como casos de feminicidios, según lo ha documentado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señalando entre otras causas que el personal judicial sigue sin comprender el tipo penal de feminicidio y que esta forma de violencia extrema mantiene la invisibilidad en los Códigos penales debido a las trabas para su investigación, solo en 14 entidades federativas de México es posible tipificar el delito de feminicidio.6

Otro tema que afecta profundamente la vida de las mujeres, es la criminalización de mujeres por abortar, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales en 17 estados, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto, es decir, 226.3 mujeres denunciadas/procesadas en promedio al año, documentado por la organización GIRE, quienes señalan que las mujeres que llegan con abortos espontáneos, y son de todas maneras denunciadas ante las autoridades, son ellas las que finalmente tiene que probar que el aborto se dio de manera espontánea, cuando en el debido proceso penal es el Ministerio Público el que debe probar la existencia de la comisión de un delito”, indicó la abogada Fernanda Díaz de León. 7

En el trabajo los índices de discriminación salarial por ocupación muestran que las mujeres ganan 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales.

Es de destacar que las mujeres tuvieron la mayor carga del trabajo doméstico, por cada 10 horas de trabajo total femenino los hombres realizaron 8.5 horas (INEGI 2014). Del total de labores domésticas y de cuidados familiares las mujeres realizaron 78.8% y los hombres participaron con 21.2% (INEGI 2014).8

La contribución que hacen las mujeres, al bienestar de las familias con su trabajo no remunerado, se estimó en 21.6% del PIB (Proigualdad, 2013). El monto económico que cada mujer contribuye a generar es similar a aportar 41,100 pesos anuales para cubrir las necesidades del hogar (INEGI 2014).

El panorama para las mujeres aún resulta muy adverso, los rezagos en materia de igualdad, nos muestran que los esfuerzos aún son insuficientes y que la transformación de la sociedad debe involucrar de manera comprometida y responsable, a la otra mitad de la humanidad, a los gobiernos, a los funcionarios, a los partidos políticos a nuestros pares hombres, a toda la sociedad, para llegar a la igualdad plena entre hombres y mujeres.

EN EL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUEREMOS DERECHOS HUMANOS PLENOS PARA TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN TODOS LOS ESPACIOS DE LA SOCIEDAD.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de marzo de 2015.

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Sara Lovera, CIMAC, 2004
2 Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc2.pdf, consultado el día 6 de marzo de 2015
3 Expertas advierten riesgos de retroceso en derechos de la mujer, http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-mujeres-llama-a-tomar-medi/, consultado el día 7 de marzo 2014
4 Las mujeres deben estar en el centro de la nueva agenda de desarrollo, dice Ban, http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-mujeres-llama-a-tomar-medi/, consultado el día 9 de marzo 2014
5 Al Día: las cifras hablan, Día internacional de la mujer (datos actualizados), Dirección General de Análisis Legislativo, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Marzo 2015
6 Boletín de prensa sobre Feminicidio en México, http://observatoriofeminicidio.blogspot.mx/p/quienes-somos.html
7 La cifra oculta en México de las mujeres Presas por abortos, http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/06/la-cifra-oculta-en-mexico-de-las-mujeres-presas-por-abortos, consultado 7 de marzo 2015
8 Al Día: las cifras hablan, Día internacional de la mujer (datos actualizados), op.cit.





 

De la Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

“EFEMERIDE
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, instituido por la Organización de las Naciones Unidas. Su origen data de finales del siglo XIX y es producto de la industrialización y diversos movimientos que buscaban el reconocimiento de los mismos derechos laborales, económicos, políticos y sociales, para hombres y mujeres.

En América Latina fue hasta la década de los ochentas que comenzó a observarse esta celebración, esto a partir de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, desarrollada en nuestro país en 1975 (en el marco del Año Internacional de la Mujer).

Este día es ideal para llevar a cabo una sincera reflexión sobre los avances alcanzados en materia de equidad de género, buscar más cambios y por supuesto, festejar el valor, constancia, determinación y talento de las mujeres. Como parte de estas acciones cada año se elige un tema central, siendo para 2015:

“Empoderando a las Mujeres, empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!”.


Este lema sintetiza magistralmente la esencia de la fecha y es un importante llamado para que desde nuestra esfera de acción, todos contribuyamos afirmativamente en la construcción y consolidación de la plena igualdad entre hombres y mujeres, por ello es una celebración que no puede pasar inadvertida en esta Soberanía Nacional.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 57 millones 481 mil 307 mujeres, lo que representa el 51% de la población total y aunque tradicionalmente habíamos sido relegadas a las labores inherentes al hogar, paulatinamente gracias a grandes y constantes luchas, cada vez más hemos incursionado con éxito a otros ámbitos productivos.

De acuerdo con las últimas cifras del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1 de cada 10 personas en el sector construcción, 3 de cada 10 en las industrias manufactureras, 5 de cada 10 en los servicios privados no financieros, y 2 de cada 10 en el sector transportes, correos y almacenamiento, son mujeres.

Lo anterior deja de manifiesto que la participación de las mujeres es multidisciplinaria, prueba de ello es el excepcional desempeño que numerosas mujeres tienen en el ámbito académico, empresarial y político. En el PRI, estamos convencidos de que si bien es cierto, hemos conseguido importantes avances en materia de igualdad y equidad de género, todavía subsisten importantes retos en la materia.

El 8 de marzo es un día de fiesta, pero también es el momento idóneo para manifestar nuestro más profundo rechazo a todos los actos que violenten, discrimen y/o denigren a las mujeres, de ahí la importancia de erradicar el maltrato, menoscabo y violación de los derechos humanos en perjuicio de las mujeres.

No hay paliativos que justifiquen conductas de esta naturaleza, se requiere de leyes eficaces y eficientes, que respondan a la realidad social y que cumplan con las demandas de nuestro país.

Como Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y colimense comprometida con el óptimo desarrollo integral de las niñas y mujeres mexicanas, es motivo de orgullo celebrar el “Día Internacional de la Mujer”, en el que felicito profundamente a quienes son el pilar y la mayor fortaleza de nuestro país, “las mujeres”, a todas ellas mi mayor reconocimiento y admiración.

Sin duda, empoderar a las mujeres, es empoderar a la humanidad, por ello hago el respetuoso pero enérgico llamado a que continuemos sentando las bases que hagan posible que las mujeres podamos desarrollarnos en todos los ámbitos, asimismo, reiteró mi firme compromiso con la mujer rural, ejemplo de perseverancia, fortaleza e inquebrantable ímpetu de progreso.

Estoy segura que un México justo e igualitario como el que deseamos, merecemos y por el que luchamos constantemente, sólo es posible con la participación de las mujeres.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de marzo de 2015.

Sen. Mely Romero Celis”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Mujer”.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre la muerte de Daniel Cosío Villegas.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 12 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 18:49 horas)

Directorio

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