Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 21 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 13

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Marzo de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos. Intervienen los Senadores Omar Fayad Meneses, Graciela Ortiz González, Manuel Bartlett Díaz, quien presenta moción suspensiva que no se admite.

Para fijar posicionamiento de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Dolores Padierna Luna y María del Pilar Ortega Martínez.

Las comisiones presentan una propuesta de modificación que se aprueba.

Para la discusión en lo general intervienen los Senadores David Monreal Ávila, Juan Gerardo Flores Ramírez, Zoé Robledo Aburto, Marco Antonio Blásquez Salinas, Fidel Demédicis Hidalgo, Manuel Bartlett Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez. El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya presenta reservas que no se admiten. Se inserta intervención de la Senadora Angélica de la Peña Gómez. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






























 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 85 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de jueves 12 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
DIEZ DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintinueve y nueve minutos del día martes diez de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta al ciudadano Luciano Borreguín González como Senador de la República.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su Segundo Informe de Actividades.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la Embajadora Emérita Carmen Moreno Toscano.

 

(RECESO)

 

(SESIÓN SOLEMNE)

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión ordinaria.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la Ciudad de México, el primero de noviembre de dos mil trece.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; Dolores Padierna Luna del PRD; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. Fue aprobado por 102 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa.- Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; y Octavio Pedroza Gaitán, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. El acuerdo fue aprobado por 105 votos en pro. El embajador rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- En la presentación del dictamen intervino el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia. Para presentar voto particular intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez; y Luis Sánchez Jiménez. Los Senadores Manuel Bartlett Díaz del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD, presentaron sendas mociones suspensivas, las cuales, en votación nominal, no fueron admitidas a debate. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Fernando Yunes Márquez del PAN; y Ernesto Gándara Camou del PRI. En la discusión del dictamen intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna DEL PRD, en contra; Daniel Gabriel Ávila Ruíz del PAN, a favor; Layda Sansores San Román del PT, en contra; Omar Fayad Meneses del PRI, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, en contra; Isidro Pedraza Chávez del PRD, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; Adán Augusto López Hernández del PRD, en contra; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con el texto de la intervención del Senador Mario Delgado Carrillo, el cual se integró al Diario de los Debates. El dictamen fue aprobado en votación económica. A fin de dar cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo aprobado el 17 de febrero pasado, se procedió a la exposición en tribuna de los ciudadanos: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. Conforme al punto sexto del Acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, se realizó la votación por cédula de los candidatos que conforman la terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibieron un total de 118 votos: 16 nulos, 4 a favor de Felipe Alfredo Fuentes Barrera; 15 a favor de Horacio Armando Hernández Orozco y 83 a favor de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. En consecuencia, se designó Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. El ciudadano tomó su protesta de ley.

(Comunicación)

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la terna de candidatos para la designación de un Magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Aguayo Silva Javier, Aguirre Saldivar Enrique y Cruz Ricárdez Julio César.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y I4de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Quedó de primera lectura.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de antecedentes penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 109 Ter de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Irma Zulema Cobián Chávez, César Octavio Pedroza Gaitán, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Francisco Salvador López Brito, Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a informar sobre los recursos públicos federales asignados para la construcción de los hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a esclarecer el destino de los montos económicos que serían utilizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre para comprar diversos artículos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las formas, procedimientos y superficies contempladas para la reforestación, en virtud de la tala de árboles por la construcción de las diversas carreteras federales del país.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el presupuesto para el 2015.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a revisar la respuesta de la Secretaría de Energía referente a solicitud de los nombres de las primeras empresas privadas que han solicitado contratos, asignaciones, licencias o permisos para actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos previstas por la reforma energética.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala a resolver el litigio del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de ese estado con imparcialidad y absoluto apego a derecho, manteniendo equidad entre las partes.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la creación de una norma oficial mexicana para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Internacional del Saneamiento Ambiental”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el “Día Internacional de la Mujer”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la muerte de Daniel Cosío Villegas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos y citó a la siguiente el jueves doce de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Oscar Román Rosas González, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de marzo de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Senador Oscar Román Rosas González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de marzo del año 2015.”

Está a discusión. No habiendo oradores interesados en tomar tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Senador Oscar Román Rosas González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de marzo del año 2015.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió una comunicación de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión de Expertas sobre “Violencia Política contra las Mujeres”, realizada por la Organización de Estados Americanos, el 25 de febrero pasado, en Washington, D.C.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CANAL DEL CONGRESO

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió un oficio suscrito por el ciudadano David Ruiz Ascencio, encargado del despacho de la Dirección General del Canal del Congreso, en respuesta al requerimiento de información del Presidente del Senado de la República, por la suspensión de la transmisión del pasado martes 10, durante la intervención en tribuna de la Senadora Dolores Padierna Luna, en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la terna de candidatos para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les informo que dicho documento está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. La Asamblea ha quedado enterada de su contenido. Remítase copia de la comunicación a la Senadora Dolores Padierna Luna y al Senador Alejandro Encinas Rodríguez.





 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la modificación de integrantes en comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadora Secretaria, me informa la Secretaría de Servicios Parlamentarios que ha llegado a la Mesa Directiva un nuevo Acuerdo sobre modificación de integración de comisiones.

Le solicito dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Están a discusión los Acuerdos. No habiendo orador u oradora interesado o interesada en intervenir, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos que se han dado lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos presentados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobados los Acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió una comunicación de la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del grupo parlamentario de Nueva Alianza, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado en el Senado de la República.



El Presidente Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: Remítase el documento a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Para que conste, es a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO  SOCIAL

(Presentada por la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Anabel Acosta Islas: Gracias, con su venia, señor Presidente.

La Seguridad Social constituye un derecho humano, que como los demás, resulta indispensable para que los mexicanos logremos una vida digna, decorosa, libre y autónoma; atentos a la protección que con base en ésta se debe brindar a los individuos y familias en sí, para asegurarles el acceso a la atención médica y al ingreso económico, particularmente en caso de vejez, enfermedad, invalidez, desempleo, maternidad y la pérdida de la capacidad de la manutención familiar.

El artículo 2 de la Ley del Seguro Social dispone que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

La ley contempla que cuando ocurra la muerte del asegurado o pensionado, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá otorgar a sus beneficiarios las prestaciones de pensión de viudez, de orfandad, ayuda asistencial y médica a ascendientes.

Para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, el correspondiente a la pensión de viudez, el artículo 130 de la ya invocada Ley del Seguro Social señala quien será la persona con derecho a obtenerla, en los términos siguientes:

“Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.”

No obstante, existe una substancial diferencia en las condiciones necesarias para otorgarse dicha pensión, dependiendo de si se trata de la viuda o viudo, pues para este último caso, se requiere que el viudo o concubinario deba acreditar adicionalmente la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida.

De esta manera, se da un tratamiento distinto a casos similares, sólo por diferencia de género.

A este respecto, cabe reflexionar que adicionalmente nuestra Carta Magna contempla como derecho fundamental el relativo a la igualdad, entendible como aquél que tenemos todos los seres humanos a ser reconocidos y tratados iguales ante la ley y, por ende, disfrutar de todos los derechos por ello otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación; lo que no sucede con el referido artículo 130 de la Ley del Seguro Social.

Para el caso en concreto, al grado de proscribir todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. Por lo que si el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, condiciona el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer.

De esta manera, la modificación sugerida sería precisamente en el sentido de suprimir del texto del invocado artículo 130, la condición para el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la asegurada o pensionada fallecida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

“ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario.”

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, senadora ANABEL ACOSTA ISLAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAl, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Seguridad Social constituye un derecho humano, que como los demás, resulta indispensable para que los mexicanos logremos una vida digna, decorosa, libre y autónoma; atentos a la protección que en base a ésta se debe brindar a los individuos y familias en sí, para asegurarles el acceso a la atención médica y al ingreso económico, particularmente en caso de vejez, enfermedad, invalidez, desempleo, maternidad y la pérdida de la capacidad de la manutención familiar.

Como derecho fundamental, fue contemplado en la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como uno de los ideales comunes por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse; al tenor de su artículo 22, que para facilidad de consulta se transcribe:

“Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Atento a lo anterior, el artículo 2 de la Ley del Seguro Social en nuestro país, dispone que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

En este tenor, a efecto de dar cumplimiento a tales expectativas, el invocado ordenamiento legal mexicano contempla cumplir su cometido a través de los seguros de…

I. Riesgos de trabajo;

II. Enfermedades y maternidad;

III. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

V. Guarderías y prestaciones sociales.

Por lo que respecta al tercero, el de invalidez y vida, particularmente al ramo de Vida, dicha ley contempla que cuando ocurra la muerte del asegurado o pensionado, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá otorgar a sus beneficiarios las prestaciones de pensión de viudez, orfandad, a ascendientes, ayuda asistencial y médica.

Para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, el correspondiente a la pensión de viudez, el artículo 130 de la ya invocada Ley del Seguro Social señala quien será la persona con derecho a obtenerla, en los términos siguientes:

“Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.”

Esto es, la pensión de viudez se otorga a la esposa (viuda para ese entonces) del asegurado o pensionado, o bien a su concubina y viceversa; al viudo o concubinario de la asegurada o pensionada.

No obstante, existe una substancial diferencia en las condiciones necesarias para otorgarse dicha pensión, dependiendo de si se trata de la viuda o viudo, pues para este último caso, se requiere que el viudo o concubinario deba acreditar adicionalmente la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida.

De esta manera, se da un tratamiento distinto a casos similares, sólo por diferencia de género.

A este respecto, cabe reflexionar que adicionalmente nuestra Carta Magna contempla como derecho fundamental el relativo a la igualdad, entendible como aquel que tenemos todos los seres humanos a ser reconocidos y tratados iguales ante la ley y por ende disfrutar de todos los derechos por ella otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación; lo que no sucede con el referido artículo 130 de la Ley del Seguro Social.

Dicha conclusión, de acuerdo al principio general del derecho de “trato igual a casos iguales” y tomando como base que dichas garantías de igualdad y no discriminación, tutelan el derecho de los ciudadanos, entre otros, a ser tratado en la misma forma que el resto de las personas y que la autoridad deba garantizar ese trato idéntico a todas las ubicadas en las mismas circunstancias.

Para el caso en concreto, al grado de proscribir todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. Por lo que si el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, condiciona el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer.

Esto, ya ha considerado formalmente así por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en base a los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la resolución que dio lugar a la Tesis 2a.VI/2009, publicada en el tomo XXIX, mes de Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 470, Novena Época, de rubro siguiente:

“PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN.”

Razones dadas, por las que se hace ineludible adecuar el citado artículo 130 de la Ley del Seguro Social, además como respuesta a la necesidad de que en nuestro país avancemos decidida y definidamente hacia una cultura de la equidad entre géneros, del respeto y salvaguarda de sus derechos por igual, de ser un estado garante de los derechos humanos de todas las personas y contribuir a los indefectibles objetivos de la Seguridad Social para lograr escenarios de paz con base en la vida plena y autónoma de los individuos.

Así como se hace necesario tomar medidas para que la mujer logre se pleno desarrollo en igualdad de condiciones, es necesario, para una verdadera igualdad entre los géneros, que comencemos a tomarlas por igual en una reciprocidad que permita el objetivo también para los varones, en un afán de ninguna supremacía, sólo la igualdad natural y legítima que a ambos géneros nos corresponde.

De esta manera, la modificación sugerida sería precisamente en el sentido de suprimir del texto del invocado artículo 130, la condición para el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la asegurada o pensionada fallecida.

Recordemos además, que la principal condicionante para la actualización del supuesto de concubinato son los hijos, quienes se verán beneficiados con mejores condiciones de vida, lastimada de por sí ante la pérdida de su madre.

La propuesta que se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 12 de marzo del 2015.

Atentamente

Sen. Anabel Acosta Islas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame Senadora.

Senador Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Primero felicitar y reconocer la iniciativa que presenta mi compañera Anabel Acosta, que no es un asunto menor.

De lo que se trata, con esta iniciativa, es que se pueda garantizar la equidad de género en tratándose de solicitarle al Seguro Social un derecho que tienen todos, valga la redundancia, los derechohabientes.

Si una persona del sexo femenino, esposa o concubina de un varón, cae en circunstancia de viudez, lo único que tiene que hacer ante el Seguro Social es presentar el acta de defunción, y con eso es requisito suficiente para obtener la pensión correspondiente.

Pero cuando es el caso contrario, cuando se trata del viudo, cuando una persona del sexo masculino pierde a su esposa que es derechohabiente del Seguro Social y quiere reclamar la pensión, que por derecho le corresponde, entonces tiene que acreditar que es dependiente en este caso, ya sea de su esposa o de su concubina, lo que es a todas luces discriminatorio y desigual.

Por eso, yo quiero no solamente felicitarla, sino solicitarle a la Senadora, si no tiene inconveniente, pueda aceptar incluirme como autor de esta extraordinaria iniciativa que se trata de garantizar la equidad de género, pero en esta ocasión, a favor del varón, no sé si la Senadora esté de acuerdo.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Senadora ha aceptado, y esta Presidencia le felicita, Senadora Acosta, por la presentación de esa iniciativa, muchas gracias.

El Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) También para pedirle de favor a la Senadora Anabel Acosta, si me permite sumarme a esta iniciativa, de la que se observa un gran sentido social.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Parece que le acepta, al Senador López Brito, también sumarse.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Y aprovechando que tengo el uso de la palabra, señor Presidente, si me permite nada más, brevemente, mencionar que quienes trabajamos en la estructuración de iniciativas y que venimos con mucho gusto a presentarlas; hago un exhorto a los coordinadores que amplíen la presentación del tiempo de iniciativas, porque me dicen que sólo es una ronda la que se va a presentar, y creo que nos frustramos muchos que trabajamos en la estructuración de iniciativas y no podemos presentarlas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: El Senador Zoé, Senadora Dolores Padierna, para sumarse a esta iniciativa.

Senadora Diva Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Es en relación al Acuerdo de Mesa Directiva para la presentación de iniciativas y puntos de Acuerdo.

A mí me parece, no sé si han medido ustedes, que tomaron esa decisión, las participaciones que tenemos por iniciativas y puntos de Acuerdo, es increíble cómo se ha vuelto para poder subir a tribuna, se registra, y cuando no pasa, se baja y se vuelve a registrar.

A mí me parece poco serio que nosotros tengamos que estar buscando una salida a un derecho que tenemos como Senadores y Senadoras.

Yo les pido, por favor, revisen, recapaciten la decisión que tomaron, porque hoy va a haber una sola ronda de iniciativas, pero además no nos dejan alternativas, en mi caso, a mí me gustaría que dejaran de pasar directamente a comisiones, no entiendo el motivo por qué tienen que mandar por dos sesiones las iniciativas y los puntos de Acuerdo, parecieran menores, bueno, yo le pongo un ejemplo el día de hoy.

Hay un tema del gobernador de Baja California, Kiko Vega, de desprecio en contra de las mujeres. Si lo vamos a subir hasta el mes de mayo, cuando no tengamos sesión, yo no le veo el beneficio o la facultad de enfriar temas, porque se enfría el tema y porque además tenemos un derecho al que tenemos que accesar.

Yo le pido, de favor, revisen el Acuerdo que tiene la Mesa Directiva, porque es discriminatorio y atenta contra el derecho que tenemos.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senadora Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) En el mismo sentido de la Senadora Diva.

Me parece que eso debe de revisarse. En lo personal, yo he metido puntos que me parecen de la mayor importancia en la agenda política nacional, y por ese acuerdo no se han podido abordar en la tribuna. Felicito a quien sí las puede presentar, pero pareciera que muchos puntos que son, de verdad, muy importantes, como el que acaba de señalar la Senadora y los que yo he registrado, que a mí me parecen muy importantes, no se pueden mencionar en la tribuna. Ojala se pueda revisar.

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna.

Senadora Maki.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Yo también me sumo a ese reclamo de la Senadora Diva.

Yo también presenté un punto de Acuerdo que pasan las semanas: es un punto de Acuerdo con respecto a la falta de pago a los empleados que están yendo a las zonas más difíciles, en atención de la salud, de caravanas de la salud, y pues la verdad es que también pasa y pasa el tiempo y nunca podemos tratar el tema.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Les comento, Senadoras y Senadores, el día de hoy tenemos enlistados 21 iniciativas, 35 proposiciones y 40 dictámenes a discusión. El trabajo legislativo final, justamente son los dictámenes.

Por eso, el día de hoy la Mesa Directiva determinó sólo una ronda de iniciativas e irnos a desahogar dictámenes, pero hemos escuchado los planteamientos y los llevaremos a la próxima reunión de Mesa Directiva, con mucho gusto.

Aprovecho para informarles que tenemos en este Salón de Pleno, la visita de jóvenes de la carrera de Derecho y Administración de la Universidad Anáhuac Mayab, de Yucatán, invitados por la Senadora Angélica Araujo Lara y el Senador Emilio Gamboa Patrón.

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

La iniciativa de la Senadora Anabel Acosta se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Señor Presidente, le quiero agradecer al Senador Búrquez la cortesía de subir antes que él, el turno le correspondía, pero en estas actividades legislativas siempre la agenda es muy apretada. Seré muy puntual.

Como lo plantea el Senador Presidente, venimos aquí a hacer una reflexión en torno al Sistema Nacional de Seguridad Pública que, como ustedes recordarán, la ley respectiva fue publicada el 2 de enero de 2009 precisamente, y tuvo como objeto regular la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esa materia.

Derivado de lo anterior, podemos advertir que es en el marco de este Sistema Nacional que el Ejecutivo Federal encausará todas las acciones que se emprendan en materia de Seguridad Pública para cumplir con su mandato constitucional.

Pero vale la pena decir, que el país está atravesando uno de los momentos históricos más críticos en materia de seguridad pública. Es por eso que dentro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos planteamos la tarea de analizar el presente ordenamiento jurídico, del cual se desprendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión por parte de ésta Cámara, a fin de contar con los elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas implementadas en la materia.

Una revisión a esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que nos permite revisar que no hay una obligación de los integrantes del Sistema Nacional, de rendir informes o de proporcionar información a esta Soberanía, por lo que nosotros consideramos que estos informes a los que se refieren los artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, en donde ciertamente se establece la obligación del Ejecutivo Federal y de los secretarios de despacho de informar a las Cámaras acerca del estado general que guarda su administración, no son suficientes para dar cuenta de la situación en que se encuentra la Administración Pública Federal, en materia de seguridad pública.

Lo anterior, lo sustento, compañeras y compañeros, con base en el propio artículo 4 de la ley de referencia, que señala que para el funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe contarse con las instancias, con los instrumentos, con las políticas, con las acciones y servicios tendientes a cumplir con los fines de la seguridad pública.

Y también me refiero al artículo 10 del mismo precepto legal, en que se determina la integración del Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, observamos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo contempla esquemas de ejecución y de coordinación con el Poder Judicial, de tal manera que nosotros decimos: "se margina a esta Soberanía".

Y, por lo tanto, planteamos que es pertinente señalar que la ley en cita contempla a través de los artículos 18, fracción XIII y XIV; 142, párrafo cuarto; y 143, numeral 1, la realización de informes dirigidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema y no al Poder Legislativo. Esto se puede corregir, y nosotros lo que estamos planteando, compañeras y compañeros, por todas estas razones, en esta iniciativa, lo que proponemos, insisto, es que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda a esta Soberanía, a través del Secretariado Ejecutivo, un informe de actividades semestral que contenga las acciones, las políticas y las estrategias implementadas en el marco del sistema nacional y en el ámbito de sus atribuciones, así como los resultados obtenidos en el periodo correspondiente.

Creemos que es un tema importante y, por supuesto, que desde ahora expreso su apoyo, compañeras y compañeros, para que esta iniciativa con proyecto de Decreto pueda ser aprobada.

No dejo la tribuna, Senador Presidente, sin poder agradecer la cortesía del Senador Francisco Búrquez, por haberme permitido hacer uso de la palabra en el turno que le correspondía.

Es cuanto, muchísimas gracias.

Iniciativa

El suscrito, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con lo siguiente:

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Enero de 2009, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer, la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la materia.

El Artículo 2 de éste ordenamiento en su parte conducente establece:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Derivado de lo anterior podemos advertir que es en el marco de este Sistema Nacional que el Ejecutivo Federal encausará todas las acciones que se emprendan en materia de Seguridad Pública para cumplir con su mandato constitucional.1

Actualmente el país está atravesando uno de los momentos históricos más críticos en materia de Seguridad Pública, es por eso que dentro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos planteamos la tarea de analizar el presente ordenamiento jurídico, del cual se desprendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión por parte de ésta Cámara, a fin de contar con los elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas implementadas en la materia.

Como resultado de la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se colige que no hay obligación de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública de rendir informes o proporcionar información a esta Soberanía, por lo que consideramos que los informes a los que se refieren los Artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, en los que se establece la obligación del Ejecutivo Federal y de los Secretarios del Despacho de informar a las Cámaras acerca del estado que guarda su administración, no son suficientes para dar cuenta de la situación en la que se encuentra la administración pública federal en materia de Seguridad Pública.

Lo anterior lo sustentamos con base en el Artículo 4 de la Ley de referencia, que señala que para el funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contará con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública; y el Artículo 10 del mismo precepto legal en el que se determina la integración del Sistema quedando de la siguiente forma:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

Es claro que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no funciona como una Secretaría de Estado, Procuraduría General, direcciones y administraciones de las entidades paraestatales, esto en clara alusión a lo dispuesto en los artículos 69 y 93 constitucionales, sino que su funcionamiento se da a partir de la conformación de instancias que determinan su actuación a través de Órganos Colegiados.

Asimismo el párrafo segundo del artículo 10 de la misma Ley acota lo siguiente:

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Con la anterior disposición podemos observar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo contempla esquemas de ejecución y coordinación con el Poder Judicial, de tal manera que se margina a ésta Soberanía.

Es pertinente señalar que la Ley en cita contempla, a través de los artículos 18 fracción XIII y XIV; 142 párrafo cuarto; y 143 numeral I, la realización de informes dirigidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema y no al Poder Legislativo.

Estos informes se conforman a través de los datos que envían las diferentes entidades federativas a través de sus secretariados, tales documentos son integrados y se pueden consultar a través del portal electrónico oficial que tiene el Secretariado Ejecutivo, este es un esfuerzo que reconocemos, pero lo que esta bancada solicita es que se genere un encuentro formal, responsable y de correspondencia con esta Soberanía; que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se abra a las aportaciones que la Cámara Alta puede brindar en la materia; contribuciones que creemos son necesarias para un ejercicio plural e incluyente en temas de Seguridad Pública, máxime la situación que vive actualmente el país en esos tópicos y principalmente por el hecho de que, conforme a la Ley General que nos ocupa, éste Poder está siendo marginado por este ordenamiento.

Otro punto que queremos tratar es el relacionado con la última reforma de la que fue objeto la norma del actual estudio; el 28 de diciembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la finalidad de ampliar el plazo para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país obtuvieran la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza y que en caso de no cumplir serían separados del cargo. Como es de conocimiento general el plazo se agotó y no se cumplió el mandato legal como tampoco fueron separados de sus cargos los miles de integrantes de estos cuerpos no fueron evaluados en los términos legales.

Aunado a lo anterior, el día 15 de octubre de 2013 fue presentada a la Mesa Directiva de esta H. Asamblea, una iniciativa para reformar una vez más el artículo Tercero Transitorio con el objeto de ampliar el plazo de la certificación en control y confianza por doce meses más, así como la obligación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de presentarse ante este Poder para rendir un informe del avance del Programa a los seis meses de entrada en vigor, en su caso, del Decreto de reforma.

Es en la segunda parte del proyecto de reforma mencionada en el párrafo que antecede, en la que queremos transitar para abonar a nuestra exposición partiendo de la siguiente observación: si bien es cierto que el tema de control de confianza es prioritario en la materia, ya que representa un mecanismo para que los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno sean avaluados bajo esquemas que permitan tener personal altamente confiable, también es cierto que no podemos soslayar el hecho de que el tema de la Seguridad Pública no sólo se verá fortalecido si se logra el objetivo de que todos los elementos de las corporaciones de seguridad estén certificados en control y confianza.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública abarca más puntos a considerar que deben de estar sujetos a un constante mecanismo de control y supervisión por parte del Legislativo, a saber:

El artículo 17 de la Ley General estipula que el Secretariado Ejecutivo gozará de autonomía, técnica, de gestión y presupuestal; y que contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación; asimismo, habrá Comisiones Permanentes acerca de estos tres rubros, según se observa en el artículo 16 de la misma Ley.

En este sentido también podemos mencionar que el Sistema está integrado por diversas Conferencias Nacionales, de tal manera que la gama de atribuciones conferidas al Sistema es tan amplia y diversa que no se puede pensar que sólo un tema es prioritario para que sea informado a esta Cámara.

También pensamos que no es suficiente, en el tema de seguridad pública, lo que establece el artículo octavo de la Ley de Planeación el cual prevé informes anuales para dar cuenta al Congreso acerca del estado que guardan sus respectivos ramos con respecto de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional; para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, no es suficiente ya que en materia de Seguridad Pública, los actos y conductas criminales en todas sus escalas no son sujetos de alguna planeación.

Son hechos que en un corto lapso de tiempo pueden desestabilizar al país, por lo que la implementación de medidas para resolver tales circunstancias se tienen que tomar en la misma proporción de la consecución de dichos actos criminales; por lo que los resultados tienen altos porcentajes de incertidumbre. De manera que el proceso de la toma de decisiones en la materia tiene que estar sujeto a un continuo control y supervisión por parte del Legislativo.

Es por estas razones que la presente iniciativa propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda a ésta Soberanía, a través del Secretariado Ejecutivo, un informe de actividades semestral que contenga las acciones, políticas y estrategias implementadas en el marco del Sistema Nacional y en el ámbito de sus atribuciones, así como los resultados obtenidos en el periodo correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 11.-

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará para elaborar y remitir semestralmente al Congreso de la Unión un informe por escrito de las actividades del Consejo Nacional y de las instancias que lo conforman, que contenga las acciones, políticas estrategias implementadas y los resultados obtenidos del Sistema.

TRANSITORIO

Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.

1 La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, para presentar, con el aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, con aval del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre propio, y con el aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna a presentar una reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Estados Unidos de Norteamérica, país al que le compramos el 50 por ciento de las gasolinas, y con quien tenemos aproximadamente el 80 por ciento de nuestras exportaciones, no podemos someter al único motor de nuestra economía trasladándole un sobrecosto a la competitividad.

Es decir, la determinación de los precios de la gasolina y el diesel, en nuestro país vecino, responde a un sistema competitivo. Por eso, ante un colapso en los petroprecios, es automático.

En estos momentos, Estados Unidos está comprando petróleo como nunca, se está exportando gasolina como nunca y su moneda está tan fuerte ante el resto de las monedas como nunca.

Es importante mencionar que dentro de los criterios generales de la política económica 2015, se estableció que a partir de este año, se adoptará un esquema transitorio de precios máximos al público para gasolina y diesel.

También se instituyó que el periodo 2015-2017, los precios máximos aumentarán de manera consistente con la inflación esperada. Y a partir del 2018, se adoptará un régimen de precios libres, que reflejarán las condiciones del mercado.

Además de lo señalado anteriormente, se estableció que para este ejercicio fiscal, la regulación de precios máximos de la gasolina, del diesel y del gas LP, sean congruente con la evolución de la inflación y de la dinámica de precios en los mercados internacionales y de la dinámica de precios en los mercados internacionales.

Todos esperamos con buena fé el devenir de esta reforma histórica para México, pero la buena fé en este gobierno parece que no existe.

La Ley de Hidrocarburos establece que a partir de enero de 2015, los precios de la gasolina y el diesel se ajustarán únicamente al inicio del año, de acuerdo con la expectativa de inflación, y se mantendrán constantes durante el resto del año.

Es así que al inicio de este año, los mexicanos recibimos un doloroso incremento en el costo de las gasolinas, el cual definió un precio más alto que el del año pasado.

¿Por qué hablo de mala fé? Porque al igual que la reforma fiscal tan dañina, este aumento en los precios de las gasolinas significa un impacto directo al bolsillo de las familias mexicanas y de los emprendedores.

Esta sustracción injusta de recursos ciudadanos es de mayor tamaño, aunque lo sustraído por la reforma fiscal, y claro que hay mala fé, porque nuestro país importa la mitad de la gasolina de Estados Unidos y, sin embargo, el precio por litro que hoy pagamos es mucho mayor de lo que cuesta en ese país.

El aumento que nos impusieron, desde el gobierno, resulta totalmente injustificable. Este aumento a las gasolinas es un cargo directo al bolsillo de la población, no solamente para los que tiene automóvil, también para los emprendedores y los que diariamente tienen la necesidad de utilizar el transporte público.

Este aumento es otra de las tantas malas noticias que, desde el inicio de este gobierno, hemos recibido los mexicanos. Pero de ninguna manera es mala noticia para el gobierno federal.

¡No! Para ellos ha sido un respiro a las finanzas públicas. Ellos se están sirviendo con la cuchara grande, porque con este excedente en el precio de la gasolina, pueden compensar parte de la pérdida de ingresos por la caída del precio del petróleo, que afectan a las exportaciones de PEMEX.

Además, lo que el gobierno deja de ganar con PEMEX, lo tiene con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS.

De acuerdo con el informe mensual publicado por la Secretaría de Hacienda, tan solo en el mes de enero de 2015, el ingreso del gobierno federal, por gasolinas y diesel, significó en 24 mil 137 millones de pesos.

¿Saben lo que significa esto? En crecimiento mayor de 500 por ciento respecto al 2014. De tal forma que, hoy en día, el gobierno resuelve la crisis petrolera a costa de los ciudadanos.

¡Sí, a costa de los ciudadanos!

¡No a costa de reducir el gasto!

¡No a costa de establecer planes de austeridad!

¡No a costa de incentivar la productividad y el mercado interno del país!

Lo está resolviendo nuevamente a costa de los ciudadanos, mientras algunos países sufren por la caída de los precios del petróleo y toman decisiones austeras, hoy el gobierno mexicano tiene mayores ingresos; hasta 300 mil millones de pesos tendrá el gobierno por este año, todos sustraídos directamente del bolsillo de las familias y los emprendedores del país, impactando negativamente en el desarrollo del mercado interno.

¡Sí! ¿Por qué México no crece? Porque se le están exprimiendo los bolsillos, nuevamente, a los ciudadanos.

No bastó la reforma fiscal.

Y hay que decirlo. Esta debilidad del mercado interno nos tiene con la mayor fragilidad ante los embates del mercado cambiario con un dólar fuerte que nos tiene noqueados.

Recordemos que durante toda la pasada administración y durante la campaña electoral del 2012 hacia la Presidencia de la República, el partido que hoy gobierna México, exigió detener el deslizamiento de los precios de las gasolinas y el diesel, por resultar lesivos a la economía familiar, dijeron.

Es preciso recordar que ese deslizamiento se debía a que los precios de la gasolina en México estaban muy por debajo de los precios internacionales, y se fue deslizando para igualar el precio de la gasolina en México para poder ser competitivos en un mercado global.

Hoy estamos pagando un 70 por ciento más que en Estados Unidos por la gasolina. Nunca en la historia de México, la gasolina mexicana había estado por arriba del precio de la gasolina en Estados Unidos.

Hoy el PAN quiere ayudar a que el gobierno cumpla con su promesa, porque los mexicanos no merecen otra cosa que buena fé de parte de sus gobernantes. Y necesitan, hoy más que nunca, recuperar la confianza perdida en estos.

Hoy los Senadores de Acción Nacional proponemos adelantar la determinación del precio de la gasolina y el diesel a más tardar en enero del 2016, para que sea una realidad contar con precios bajos y bajo condiciones de mercado.

No hacerlo será muy grave para el país, y estaríamos siendo irresponsables y omisos para enfrentar la crisis de petroprecios y el fortalecimiento del dólar en el mercado mundial.

De continuar con esta mala política de precios, se seguirá ocasionando una presión inflacionaria de efectos inmediatos para el bolsillo de todos y cada uno de los consumidores, mayormente en los bolsillos de la gente que menos recursos tiene.

Además, debo señalar enérgicamente que esta injusticia se agrava todavía más, pues todos sabemos, con certeza, que en las gasolineras de México, en las gasolineras de PEMEX, en las gasolineras del gobierno no se expenden litros completos, como lo decimos coloquialmente: “Los litros no son de a litro”, y no pasa nada.

Qué injusto para los mexicanos, a quienes les hemos dicho que son dueños del petróleo mexicano.

Esto para muchos mexicanos representa ya, lo que otros llaman: “El robo del siglo”.

No podemos seguir haciéndole eso a los ciudadanos, mucho menos cuando en México existen condiciones legales para que el gobierno federal ajuste el precio de las gasolinas conforme lo hacen los mercados internacionales.

Por lo anterior, es que la Iniciativa que se somete a su consideración, propone que el gobierno federal saque las manos de la política de precios y del manejo de los combustibles, y que estos se determinen bajo condiciones de mercado a partir del 1º de enero de 2016.

Los ciudadanos quieren el dinero en el bolsillo de ellos, en el bolsillo de la gente, no en el bolsillo del gobierno y en el bolsillo de los políticos.

Muchas gracias.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, para presentar, a nombre propio y del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, a nombre propio y del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Desde su creación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha buscado mantenerse a la vanguardia, no solamente en aspectos jurisdiccionales sino en temas que tengan un impacto directo en el bienestar de la sociedad mexicana.

Un ejemplo de ello es la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se creó la Junta de Gobierno y Administración, del citado tribunal.

En ese momento, se consideró necesario crear un nuevo órgano del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, contando para ello con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

De esta forma se descargaría al pleno del tribunal de las tareas de índole administrativa, sin perjuicio de que, dada la integración de la Junta de Gobierno y Administración, el propio pleno seguiría fungiendo como el órgano rector del tribunal.

La iniciativa en comento, contenía una de las principales innovaciones para la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En efecto, además de prever la existencia de la Sala Superior y las Salas Regionales, la iniciativa contempló la creación de una Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, que sería el órgano que tendría a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del tribunal; así como la operación de la carrera jurisdiccional al interior del mismo, contando con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Los razonamientos que justificaron la creación de la Junta de Gobierno y Administración, son similares a los que en su momento sirvieron para la creación del Consejo de la Judicatura Federal, argumentándose en su exposición de motivos, que es conveniente concentrar la labor de los jueces, los magistrados y ministros en cuestiones de carácter eminentemente jurisdiccional. Ampliando con ello, el tiempo dedicado a la impartición de justicia.

Pese a la trascendente reforma en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en su reglamento, siguen persistiendo una serie de facultades del pleno de la Presidencia, así como de diversas áreas administrativas, que no son congruentes con el espíritu de la reforma y afectan la finalidad de la creación de la Junta de Gobierno y Administración, que es, precisamente, relevar al pleno del tribunal de una triada de funciones: la de la administración, la vigilancia y disciplina del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo antes expuesto se robustece de la lectura del artículo 41, fracciones XXII y XXIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que le corresponde a la Junta dirigir la buena marcha del tribunal, dictando medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos y aplicar las sanciones que correspondan.

En ese tenor, se estima necesario que se realice una serie de modificaciones legislativas, para cumplir con los propósitos antes enunciados y permitir el correcto funcionamiento de las salas regionales foráneas y metropolitanas, especializadas y auxiliares de la propia Sala Superior del Tribunal; asegurándose con ello la autonomía de la Junta de Gobierno y Administración, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, y particularmente la transparencia en el uso de recursos públicos y la rendición de cuentas, buscando así que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentre a la altura de las exigencias nacionales.

Un factor imperante para garantizar que la Junta de Gobierno y Administración se consolide como un verdadero órgano independiente, se relaciona con su independencia con respecto a los demás integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, principalmente por lo que hace al Presidente y a la Sala Superior del citado tribunal.

Independencia, que únicamente se alcanzará cuando cada órgano tenga perfectamente asignado su campo de acción, no sujeto al principio de jerarquía. Resultando por ello importante, que salvo justificadas excepciones, todas las tareas administrativas sean descargadas del pleno de la Sala Superior y de la Presidencia del tribunal; pero también que la elección tanto del Presidente del tribunal, como de los miembros de la Junta de Gobierno y Administración, provengan de un proceso democrático incluyente que permita que todos los magistrados, sin importar su competencia, puedan aspirar a contender u ocupar tales cargos.

No debe perderse de vista que el aspecto democrático se encuentra plenamente vinculado con la transparencia y acceso a la información, en el cual el Estado mexicano ha comenzado a transitar y que resulta una de las conquistas más importantes de la sociedad y de la política mexicana, en los últimos años, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no puede ser ajeno a ello.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como objetivo modificar diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para comenzar, se propone que la elección del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sea mediante sufragio efectivo unilateral y directo, en donde puedan participar todos los magistrados de Sala Superior, Junta de Gobierno y Administración; las Salas Metropolitanas, las Salas Regiones Foráneas y Especializadas.

De igual manera, se plantea que la elección de los magistrados integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, también sea mediante sufragio efectivo unilateral y directo, en donde puedan participar todos los magistrados de Sala Superior, Sala Metropolitana, Salas Regionales Foráneas y Especializadas.

Se propone separar las facultades administrativas, que actualmente desempeñan diversos órganos jurisdiccionales, especialmente aquellas que preservan el pleno y la Presidencia del tribunal, y otorgarlas a favor de la Junta de Gobierno y Administración.

Se busca dotar a la Junta de Gobierno y Administración de mayores facultades, para que puedan administrar todos los ámbitos del tribunal con plena autonomía.

Se establece un procedimiento para llevar a cabo los cambios de adscripción de los servidores públicos del tribunal, en el cual se otorguen a los afectados la garantía de audiencia y culmine con una resolución debidamente fundada y motivada.

Adicionalmente, se instaura una Contraloría Interna del Tribunal, que dependa directamente de la Junta de Gobierno y Administración.

Las modificaciones antes propuestas, tienen como finalidad consolidar a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como el verdadero y único órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional; y fortalecer la autonomía técnica y de gestión para un adecuado cumplimiento de sus funciones.

Es hora y es momento de democratizar, también, esta institución, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Ávila. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

A continuación, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)







 

Y otro, de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m) al artículo 70 de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO M), RECORRIÉNDOSE EL INCISO M) ACTUAL PARA SER N), AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que estos proyectos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos; y por el que se reforman diversos ordenamientos para regular las conductas delictivas relacionadas con los hidrocarburos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias. Compañeras y compañeros Senadores, muy buenas tardes:

Vengo a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; y de Seguridad Pública, a presentar ante ustedes el dictamen de la iniciativa por la que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Los robos de los hidrocarburos, desde el crudo hasta sus derivados, como la gasolina o el diesel, se han convertido en un nicho, sin duda, de la delincuencia organizada ante las altas ganancias que les generan y la fácil evasión de la acción de la justicia por lo limitado de los tipos penales plasmados en la ley y lo reducido de las penas.

Con este dictamen que hoy ponemos a su consideración las Comisiones de Justicia; de Estudios Legislativos; y de Seguridad Pública, y aprovecho para hacer un reconocimiento a mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de las comisiones y de los grupos parlamentarios que conforman al Senado por su actuar tan profesional y comprometido, en el que se privilegió el consenso, sobre la discusión estéril, para sacar adelante un proyecto que beneficiará al país, así como a todas las fuerzas de los grupos parlamentarios, que con su trabajo y opiniones enriquecieron este dictamen.

Con el dictamen, les decía, se crea la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, una ley de tipo penal, de orden público y de observancia general, en la que se tipifican los diversos delitos que forman la cadena de actividades ilegales en la materia, que ha alcanzado un alto nivel de sofisticación técnica en gran número de casos.

Se han detectado redes de sustracción, de abastecimiento, de transporte y de venta de hidrocarburos que, hasta el día de hoy, no se consideraban como delitos graves, a pesar del riesgo en que se pone a la población aledaña al sitio en que se realizan estos actos, ante los riesgos de fuga y explosión, aunado al daño que esto ocasiona al medio ambiente.

Con esta ley se busca tener un instrumento eficaz, que en primera instancia inhiba a los delincuentes a seguir delinquiendo, imponiendo penas muy superiores a las que establece el Código Penal Federal, y que en caso de que sigan insistiendo en su conducta reciban el castigo proporcional al daño que ocasionan.

Estamos hablando de cambiar las penas máximas establecidas con castigos que alcancen hasta los 35 años de privación de la libertad y multas acordes al grave daño patrimonial que causan al erario público, estimado en más de 33 mil millones de pesos, como ocurrió en el año 2012, o lo estimado de que tan sólo la sustracción ilícita de gasolina y diesel le cuesta al país 19 mil millones de pesos.

Se hablaba que el año pasado podría haber alcanzado los 2 mil millones de dólares, lo que representa 6 veces el Programa de Comedores Comunitarios, 4 veces el de apoyo alimentario, casi la mitad del Programa Prospera completo, o el 40% de los apoyos que se otorgan a los adultos mayores de 65 años, sólo por referir algunos.

Se ha plasmado desde la iniciativa, y aceptado ya en el dictamen, vincular estas actividades no sólo como graves, sino con la probable comisión por parte de la delincuencia organizada, pues se ha detectado como una diversificación de las acciones de los narcotraficantes y del crimen organizado.

Las penas son proporcionales a las cantidades de hidrocarburos que se sustraigan ilícitamente, ya que no es lo mismo robar un litro que 300 mil. Por eso, en delitos en los que se sustraigan hasta 300 litros, se contemplan penas hasta por 5 años, y conforme se acreciente el volumen las penas irán creciendo, ya que para robar cantidades de 30 mil litros o superiores se requiere, además de información técnica, toda una organización delictiva que sólo puede tener el crimen organizado.

Se castigan severamente los delitos de sabotaje y terrorismo en las instalaciones que, siendo estratégicas, deben gozar de una amplia protección legal, por lo que estas comisiones dictaminadoras estuvieron de acuerdo en fijar penas severas que puedan alcanzar los 40 y los 60 años de prisión, respectivamente.

Aunque sin dejar de aclarar que hemos dejado en el dictamen a salvo los derechos de la sociedad y respetado el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a asociarse, que en ningún caso puede equipararse a sabotaje en el ejercicio del derecho de manifestación y expresión de opiniones e ideas, o la libertad de reunión, eso no es sabotaje.

En un punto que durante años ha lastimado a la economía de la población y que refleja la demanda que día a día externa la ciudadanía al ir a cargar combustible a su vehículo y a la incertidumbre de que realmente esté recibiendo por lo que está pagando, se determinó realmente sancionar la venta de litros de gasolina incompletos cuando la cifra alcance niveles superiores al 1.5% de lo que marcan los instrumentos de medición, y al 3% en los casos de venta de gas licuado de petróleo para la carburación, conductas que por las cantidades que representan el fraude en cada carga de gasolina de un automóvil, y que en lo individual puede parecer muy pequeño, se sabe que ante lo continuo del delito éste alcanza cifras considerables, ante lo que se determinó castigarlo con una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 5 mil hasta 15 mil días de salario mínimo.

Postura que se fortaleció tomando en cuenta que no es posible que los franquiciatarios, y los que se dedican a vender combustible al menudeo, no se percaten que están vendiendo cantidades menores, porque para hacerlo es necesario alterar los medidores, conducta que también es sancionada en la ley.

Es conveniente resaltar que esta iniciativa es una reforma estrictamente de carácter penal, que se ha venido trabajando y perfeccionando, y que se han recopilado las opiniones de expertos de PEMEX, de la Secretaría de Energía, de la Procuraduría de la República, de la Secretaría de Gobernación, de quienes conocen estos delitos y de quienes han trabajado en su persecución.

Estamos presentando a su consideración, y que hoy seguro será visto con simpatía, el dictamen de un instrumento que nos redituará beneficios a todos los mexicanos de bien, al ser una medida muy completa para hacerle frente a un fenómeno en el que la legislación se había quedado corta, y que se sentarán las bases para ir reduciendo la incidencia del delito, castigará a los delincuentes con mayor severidad y de manera proporcional al daño que causen, y hará más dinámica las adecuaciones a la ley, conforme los delincuentes intenten nuevas formas de sustracción ilícita de hidrocarburos.

Por eso, a nombre de las comisiones la ponemos a su consideración, y espero que cuente con el respaldo de todas las Senadoras y Senadores y de todos los grupos parlamentarios.

Por mi parte, es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad Meneses.

Pregunto a los Presidentes de las comisiones dictaminadoras si subirán a comentar el dictamen.

Se le concede el uso de palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de las compañeras y compañeros Senadores.

Vengo, aunque ya lo hizo de manera amplia, y me parece que muy completa, mi compañero Senador Omar Fayad, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, a presentar un dictamen que no me voy a demorar mucho en detallarlo, un dictamen por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Esta ley, como ya se dijo en esta tribuna, tiene por objeto establecer, de manera particular, los delitos así como las sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

Yo quisiera felicitar a quienes hicieron posible que el dictamen sobre estas leyes fueran aprobadas de manera tan rotunda, porque me parece que este dictamen presenta, a través de la rectificación y el fortalecimiento de la norma, estableciendo el marco legal adecuado, de un problema que mucho lacera, lastima y lesiona al país, y que ha sido también una fuente de financiamiento para el crimen organizado en México, y del cual mi estado, el estado de Chihuahua, no es ajeno.

Que establezcamos en el marco jurídico las sanciones y los correctivos necesarios para que este delito se combata de manera eficiente por la Procuraduría General de la República y por las corporaciones que tienen esta responsabilidad, me parece de la mayor importancia.

Esta iniciativa, que fue presentada en inicio por el Senador Omar Fayad, que fue acogida por estas tres comisiones: la de Seguridad Pública, la de Justicia y la de Estudios Legislativos, que presido, me parece que responde como la ley debe de responder: adecuándose y actualizándose siempre a lo que la realidad nos va estableciendo, y así se sanciona un hecho que, insisto, es sumamente lesivo para las finanzas del país, pero que además ha ido permitiendo un financiamiento que por ningún motivo debe de seguir siendo permisible para el crimen organizado, que en la comisión del delito de ordeñar los ductos de PEMEX en todo el país, se allegue de recursos y permita el florecimiento de una actividad perniciosa para México y para nuestros estados.

Pone en peligro a la población que está viviendo cerca de los ductos y, desde luego, permite que en ese clima de impunidad, el crimen organizado siga actuando con toda ligereza y con toda posibilidad de allegarse de recursos, dejando con ello en condiciones de vulnerabilidad al país y, por supuesto, a Petróleos Mexicanos, pero, sobre todo, al patrimonio de los mexicanos.

Yo solamente quiero señalar el beneplácito de mi comisión y el mío para que este dictamen sea aprobado por unanimidad en el Pleno y pongamos fin a una práctica lesiva, perniciosa, que mucho daña; y tapemos y cerremos la posibilidad de que el crimen organizado siga, a través de sus prácticas, lesionando a México.

Por el apoyo y el respaldo que le den a esta iniciativa, quiero finalmente felicitar al Senador Omar Fayad y a todas las Senadoras y Senadores que hicieron posible que este dictamen esté siendo presentado ante ustedes, pedirles su respaldo y su apoyo.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, quienes asisten a este Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.

Sean ustedes bienvenidos.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, quien ha solicitado en tiempo y forma a esta Directiva, la presentación de una moción suspensiva sobre el dictamen que hoy se ha dado cuenta.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Hemos pedido la suspensión del debate y análisis de esta iniciativa, porque consideramos que no tiene un fundamento adecuado y que volvemos otra vez a ese tipo de acciones en el Senado de la República que significan realmente engaños.

Hemos escuchado cómo se ha planteado la iniciativa en relación con el robo en los ductos, todo este tema que lo sacan en televisión desde hace años y que no se resuelve. Que seguramente es parte del crimen organizado metido en PEMEX.

Nadie ha entendido por qué sigue el robo sin ninguna limitación y en cantidades verdaderamente enormes.

Pareciera que esta iniciativa es muy normal: “vamos a subir las penas y vamos a tener ahí algunas redefiniciones para tipificar nuevos delitos”, pero no es así. Esta iniciativa es un engaño; no es una iniciativa para atacar la explotación, la ordeña de ductos, no es cierto, esta iniciativa es para vender subrepticiamente un nuevo régimen penal especial para la industria petrolera en su conjunto.

Cuando Omar Fayad presentó esta iniciativa, en diciembre del año pasado, yo me permití hacerle una pregunta, le señalaba que su iniciativa, para proteger los ductos y estos robos, estaba desfasada en ese momento, porque los ductos y este tipo de instalaciones ya no van a ser del Estado ni de PEMEX, sino que de acuerdo con la reforma energética, va a haber inversiones enormes, se supone, en materia de toda la industria petrolera.

En consecuencia, en aquel momento no hizo sino agradecer la pregunta, mi amigo, el Presidente Fayad; sin embargo, en el curso de los siguientes meses se cambia la iniciativa. Y la iniciativa, insisto, no es una iniciativa de trámite para que se acabe este robo terrible contra el Estado, no.

Es la creación de un régimen especial penal para la industria de hidrocarburos en México; la industria ya privatizada, la industria en donde PEMEX es solo una parte y entran los intereses extranjeros.

En consecuencia, llamo la atención sobre este mecanismo de engaño al Senado, se distraen, es una cosa muy positiva, y no lo es. Es, repito, una serie de medidas para crear un régimen especial para la industria de hidrocarburos, toda ella, no los ductos, toda ella.

Entonces aquí se le da un cambio tramposo y se presenta a aprobación de una manera sorpresiva cuando se acaba de aprobar la idoneidad de los candidatos a Ministros de la Corte e inmediatamente se pide que se vea esta iniciativa, y no hay más que dos o tres intervenciones de Omar Fayad, pero sin ninguna discusión, absolutamente sin ningún análisis.

La nueva iniciativa dice que ha habido reuniones con técnicos, con expertos para analizar los tipos de riesgos que se van a tener en la industria petrolera ya privatizada, y no están esos estudios en ningún lado, en ningún lado, y cuando se va a crear un nuevo régimen penal, grave, lo vamos a aprobar sin saber qué están aprobando, como tantas otras cosas.

En el Derecho Penal, hay una taxonomía, no se inventan las penas, sino tienen que entrar en toda una armonización, en todo un análisis, y aquí lo que están haciendo es sacando lo que ya está en el Código Penal, de Procedimientos Penales, lo meten y duplican o triplican las penas; triplican las penas, y no lo hemos analizado.

Van ustedes, en caso de que se siguiera esta trampa y esta simulación de dictámenes que no existen, van a aprobar un régimen muy delicado para la explotación de la industria petrolera en cuanto en los próximos meses.

No es ético, ni es correcto que se hagan estas cosas, meter un cachirul por ahí para satisfacer a los intereses extranjeros; es lo que están buscando los intereses extranjeros, esta reforma penal especial, y es un acuerdo otra vez, volvemos con los intereses extranjeros, los abogados extranjeros que han estado aquí en México buscando el acomodamiento de todas las leyes a sus intereses.

México ha sido un Estado petrolero durante casi 100 años, los delitos en torno a la industria ahí están; y sin embargo, ahora con los intereses extranjeros vamos a multiplicar las penas, vamos a hacer todo un régimen especial, por favor, y no nos vengan con la historia de que eso es para proteger el robo de los ductos.

Es ridículo que se hagan esos engaños, es una vergüenza, lo que tenía que venir a decir aquí Fayad, es que están presentando un régimen penal para la industria petrolera próxima, y tiene una enorme importancia.

No podemos analizar el tipo de penas y cómo se están manejando, pero ahí está el terrorismo, está el sabotaje, y ese es el camino que han estado siguiendo en los últimos meses para quienes están atentos en la vida nacional, de tratar de presentar toda protesta contra el gobierno y sus acciones, como producto de actos de terrorismo, como producto de actos de sabotaje.

Y es indigno que vengan aquí a presentarnos una iniciativa que nadie ha leído y que tiene que ver con cosas muy graves en torno a la penalización de la próxima industria petrolera, con la Shell, la Exxon Mobil, los intereses norteamericanos, que están aquí ya vigilando cómo se van a defender sus intereses y sus inversiones.

Es interesante el tema, pero no meterlo como cachirul, por eso estamos pidiendo que no se discuta hoy, porque ustedes que están aquí no lo conocen ni saben de qué se trata, y están engañados diciendo que se trata de atacar el robo de gasolina por los ductos, es mentira, se trata de crear un régimen penal especial para la industria petrolera en México, y necesitarían ustedes enterarse de eso, y no se han enterado; no se valen las mentiras, las simulaciones en el Senado de la República; basta de hipocresías, enfrenten el tema con toda honradez y no engañen a las Senadoras y a los Senadores de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado, procederemos a desahogar la solicitud de moción suspensiva presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, por lo cual consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz. Quienes estén a favor de la misma, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra de la misma, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

No se admite a discusión.

En consecuencia, iniciamos la discusión en lo general.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra de del dictamen, hasta por cinco minutos.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo le pregunto a usted, ¿por qué suspendieron el posicionamiento de los grupos?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, no se ha suspendido, lo que pasa después de que usted presenta la moción, el debate empieza, precisamente una vez que se ha presentado el dictamen y no ha habido ningún grupo parlamentario que esté solicitando fijar un posicionamiento.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Es incorrecto, señor Presidente. El procedimiento es posicionamiento de los grupos, no pasar a pro y en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, le informo a usted que cuando los grupos parlamentarios lo solicitan, siempre se les ha concedido ese derecho, si en este momento usted lo está solicitando, con todo gusto se les concederá el uso de la palabra para los grupos parlamentarios que así determinen.

¿Quién más? Senadora Dolores Padierna, por el PRD.

Por el PT, Senador Monreal, ¿usted fijaría el posicionamiento del grupo parlamentario o hablaría en lo general?

El Senador David Monreal Ávila: (Desde su escaño) En lo general.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Manuel Bartlett, ¿solo quiere usted hacer uso de palabra a nombre del Partido del Trabajo?

¿Alguien más, algún grupo parlamentario?

Por el Partido Acción Nacional, la Senadora Pilar Ortega Martínez. Con gusto. Si alguien más desea hacer uso de la palabra, desde luego que se le dará el uso de la misma en su momento.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett y posteriormente la Senadora Dolores Padierna, para fijar el posicionamiento de los respectivos grupos parlamentarios.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Habiéndose negado la suspensión del debate, voy a retomar algunos de los temas.

En el proceso de reforma energética, se fueron creando regímenes especiales de una manera para satisfacer las demandas de los intereses extranjeros, de reducir a PEMEX, de reducir a la CFE, y de establecer un procedimiento, que ya hemos descrito aquí muchas veces, de privatización de PEMEX y de la CFE.

Es lo que ya está aprobado, PEMEX y la CFE son Empresas Productivas del Estado, privatizadas, porque todas las reglas y el derecho que se les va a aplicar es el derecho privado, e incluso se concede a los funcionarios, escogidos aquí por ustedes a petición del Presidente, se les concede toda una serie de facultades, incluso para vender activos de las empresas, como si fueran ellos los dueños.

Pero todo esto tiene un mandamiento extranjero, es el acuerdo que tomó Peña Nieto con los intereses extranjeros y hay que ir adecuando a la concepción neoliberal de que la energía entra al sistema de libre mercado, y de esa manera, pues acepta que entren las empresas transnacionales supuestamente a competir, cuando son estos gigantes que vienen a aplastar a la industria mexicana.

Aquí aparece así con este engaño, que es vergonzoso, aparece una pieza más de la reforma energética, y esa pieza es la que comentaba yo, un régimen especial penal para la industria petrolera nacional, lo que quede, y extranjera.

Por eso en el curso de la iniciativa van ustedes a ver que toda la argumentación de lo que nos cuesta el robo, la extracción de los ductos que va subiendo cada vez más, y ese es el argumento, y de repente aparece por ahí un giro en donde dice que le cambian de nombre a la iniciativa, y le cambian el concepto a que se refiere, y entonces entra abiertamente toda la industria: permisionarios, contratistas, etcétera, todos entran, todos entran en una terrible ley penal, en donde aparecen sanciones verdaderamente extravagantes.

Toman de la legislación actual penal, la meten en este régimen especial y duplican y triplican las penas, sin ninguna explicación, sin ningún análisis de derecho penal, estamos lanzando una serie de amenazas a los que se atrevan a participar en estos ilícitos redefinidos.

La parte más clara es el terrorismo, esta ley retoma ya la definición de terrorismo que está en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero ya estrictamente para hidrocarburos, el terrorismo en hidrocarburos, y le triplica la pena; si dejan ahí la pena normal y la convierten en algo fundamental, la triplican y le dan una categoría en materia de hidrocarburos. Lo mismo el sabotaje.

Esto independientemente de que hay que ver cómo hacen este trabajo, para crear el régimen extraordinario que amerita con todo detalle, que aquí no se hizo, y eso es lo que he reclamado, ¿por qué esas penas y por qué esas tipificaciones? Porque es para proteger y aceptar las presiones que están en todo este proceso de las empresas transnacionales ya funcionando.

Esto de convertir el terrorismo en una materia importante en la legislación de hidrocarburos, forma parte de toda una serie de movimientos que han venido dándose para atribuir a cualquier actitud en contra de las decisiones del gobierno en materia energética y en cualquier otra actitud de terrorismo.

Ya lo dijo Osorio Chong hace tiempo, si le damos seguimiento a todo lo que han hecho, ya lo dijo, sabíamos, dice, cuando nos lanzamos a esta reforma energética que iba a venir toda una serie de marchas, atribuyéndole a las marchas absolutamente espontáneas que cursaron las calles de México y de todo el país, un contenido de terrorismo.

De manera que ahora va a ser el terrorismo un delito tipificado para petróleos, para la explotación de la industria petrolera.

Y una serie de medidas que no tiene nada que ver con los ductos, nada; como son la protección de las plataformas, con otros delitos, como éste, la creación de todo un estatuto especial, como hicieron en general en toda la industria, en toda la reforma energética.

Si bien por ahí queda una frasecita de que no se entenderá el terrorismo cuando haya marchas, etcétera, en contra de las acciones del Ejecutivo o de los privados de la multitud de empresas privadas transnacionales que se van a posesionar del territorio nacional; entonces, va a haber una amenaza para que cuando campesinos, ejidatarios, comunidades indígenas, protesten y hagan alguna acción para detener el dominio de sus tierras y el despojo, van a ser acusados de terrorismo, van a ser acusados de sabotaje.

Esa es la trampa que estamos viviendo, y por eso es verdaderamente indigno que en este Senado no se analice el tema, hay que analizarlo desde el punto de vista penal, hay que analizar esas nuevas penalidades, esta multiplicación de los años y de las penas no están analizadas, no hay nada en el expediente; hablan aquí de que, y en el dictamen que hubo reuniones con técnicos, cuando dan el giro de los ductos a toda la industria, dicen, cambiamos el concepto de gasolineras por todo lo demás, o sea, cambiando el objetivo de la ley absolutamente, y eso dicen que estuvieron trabajando con técnicos, ¿cuáles técnicos estuvieron trabajando para sacar estas penas?, ¿con quién?

Si nosotros somos los que tenemos que saber cómo se definió ese régimen, y si es lógico o no, les repito, México es un país petrolero con un siglo de experiencia, y no necesitamos éstas, no necesitamos una definición de terrorismo exclusivo para el petróleo, no lo necesitamos, ahí está la ley del terrorismo, ahí está ya tipificado, ¿para qué lo meten aquí?, ¿para qué vuelven a meter aquí amenazas como el sabotaje? también, cualquier cosa es sabotaje.

Es una ley en contra del pueblo de México; es una ley que favorece exclusivamente a los intereses extranjeros que van a ir avanzando poco a poco, y se los voy a venir señalando, como se lo dije a Omar Fayad en diciembre, cuando propuso esta ley, que ya la cambió, pero sin decirle nada a nadie; sin saber que vamos a poner medidas draconianas en este país, que pongan en jaque a nuestros connacionales, a los mexicanos para proteger las instalaciones que vendrán algún día de la Exxon Mobil, de la Shell, de los extranjeros, entonces vamos a tener graves, graves amenazas contra el pueblo de México. Eso no se vale.

Y más si no se analiza, si no se estudia, nadie de ustedes sabe lo que es esto, y los volvieron a engañar con las intervenciones de las comisiones hoy, al decir que era la defensa de los ductos porque cuesta mucho dinero; es mentira, vean la iniciativa, no se refiere a eso.

Se refiere a crear un régimen de delitos graves en donde van a estar amenazadas las poblaciones mexicanas, que ya en sí tienen el gran problema de que en la Constitución que ustedes aprobaron y en las leyes, que las petroleras y las eléctricas extranjeras tienen el derecho de ocupar tierras; la ocupación, decía, les recuerdo, decía expropiación, sin embargo, le cambiaron para taparle el ojo al macho y está el derecho de las transnacionales a ocupar tierras de mexicanos.

Ahora ya tenemos un catálogo de un feroz derecho penal no analizado por el Senado, que no conocemos, ni hemos estudiado, ¿por qué?, ¿para atentar contra quién? Contra la población mexicana.

Me parece que seguir en esta línea de autismo, siguiendo lo que los extranjeros quieren que sigamos haciendo, porque esta es una recomendación de intereses extranjeros y aquí estuvo, y ya lo comenté, ya estuvo en una reunión con Peña Nieto, un señor Johnson, el señor Johnson es el Secretario de Homeland Security, Estados Unidos, un organismo que inventó Bush contra sus propios nacionales. El señor Johnson se reunió en una gran ceremonia con el Presidente de la República, y ya está apuntado cómo se va a manejar aquí en México en las industrias energéticas con la participación de las agencias internacionales, la protección de sus instalaciones con agentes internacionales, y eso es lo que estamos aprobándole hoy, este instrumento.

No se dejen conducir por intereses ajenos, son el Senado de la República, están obligados a estudiar, a votar a favor del pueblo de México, no de los intereses que nos meten por debajo de la mesa de las petroleras extranjeras. Eso es lo que es.

Y falta todavía lo que trae este esquema de sometimiento del país y entrega de la Nación por Peña Nieto, de ahí su reunión con el Homeland Security. Eso no lo vamos a discutir: autorizar a las agencias extranjeras que están inconstitucionalmente en México, que porten armas de fuego.

Es lo mismo, dense cuenta, están entregando el país y ustedes ahí van, por un servilismo vergonzoso que se refleja hoy, vamos a tener amenazas para el pueblo mexicano que ni siquiera conocen, que ni siquiera han analizado, pero que no les importa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La iniciativa que presentó el Senador Fayad cambió sustancialmente, y eso es lo que habría que subrayar.

Tal vez no se dieron a conocer, no se hizo adecuadamente este procedimiento de debate, pero la ley inicial que conocimos es diametralmente distinta a la que hoy se presenta.

Los cambios realizados hasta este momento en el dictamen de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, nos parece que muestran un avance con relación a la iniciativa presentada.

A la par del pronunciamiento al promovente, debemos decir que lo que aprobaremos está en uno, o es uno de los primeros parches que evidencian el modelo constitucional legal, surgido de la reforma energética, está resultando insuficiente para atender todos los aspectos del sector, por haber sido aprobada con prisas y con procedimientos antiparlamentarios.

Más allá de eso, la importancia del sector de hidrocarburos, para las finanzas públicas, la generación de empleos y la seguridad energética de nuestro país, que se reconoce en esta iniciativa, son motivos suficientes para que cumplamos con las facultades de revisar, evaluar y, en su caso, modificar el marco jurídico que abrió el sector a las inversiones privadas.

Subrayo, una vez más, que no estamos de acuerdo con este modelo privatizador y estamos atentos a cada uno de los pasos que se están dando en la implementación de la reforma energética, pero aquí buscamos los acuerdos necesarios, para crear una ley específica, para sancionar delitos en materia de hidrocarburos.

La iniciativa surge del hecho de que en el sector de hidrocarburos existen mermas muy importantes en sus ingresos, como consecuencia de actos delictivos que, según numerosas evidencias, son cometidas en su mayoría por la delincuencia organizada.

Apenas en septiembre pasado, el Director de Pemex, Emilio Lozoya, reconoció en el marco de la Glosa del Informe en la Cámara de Diputados, la necesidad de legislar sobre el tema para combatir las llamadas tomas clandestinas, según las cifras proporcionadas por él, sólo en los primeros 8 meses de 2014, el robo a PEMEX implicó una pérdida de 7.5 millones de barriles, es decir, de 15 mil 300 millones de pesos.

PEMEX reconoció el incremento exponencial del delito, ya que en 2012, se detectaron mil 635 tomas clandestinas, cifra que para el año siguiente se elevó a 2 mil 612, y para los próximos ocho meses de 2014, la empresa llevaba detectados 2 mil 500 puntos de fuga y de robo de combustible.

Señala, en la exposición de motivos, que hay gasolineras o dueños de franquicias que obligan a sus empleados a robar a sus clientes, lo cual a nosotros nos parecía un exceso de cinismo de la propia autoridad, pues estaba esperando para retirarles las franquicias a estos empresarios que estaban robando a sus clientes.

Ese crecimiento exponencial habla de la ineficiencia absoluta de las acciones de gobierno para combatir la sangría, y también, quizás, el fracaso de la estrategia de combate al narcotráfico.

Como señalan especialistas, la captura de importantes capos del narcotráfico deriva también en la pulverización de los cárteles y del surgimiento de pequeños grupos que disputan territorios y buscan nuevas fuentes de financiamiento.

Unas de esas fuentes es el saqueo a PEMEX, mientras no se cuente con una política eficaz, en materia de seguridad pública, la ley, por más buena que sea, será letra muerta.

Mientras el gobierno nos dice, por ejemplo, que el principal cartel que operaba en el estado de Tamaulipas, está totalmente debilitado, gracias a la captura de las principales cabezas, también nos dice el dato de que cuatro de cada diez puntos de ordeña en ductos de PEMEX se encuentran justamente en Tamaulipas.

¿Cuál es la desarticulación de los cárteles y el disparo exponencial de delitos, como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y, en este caso, el robo a Pemex?, pues es una pregunta que el Gobierno, responsable de brindarnos seguridad a las personas y a los bienes, debe responder no sólo con retenes que, evidentemente, han fracasado, sino con una labor organizada e integral para erradicar la violencia y la inseguridad.

La caída de los precios del petróleo, de los hidrocarburos, obligan hoy, más que nunca, a cuidar los ingresos del Estado, sin contar con la necesidad de terminar con las tomas clandestinas, porque han hecho crecer las tragedias ambientales y han provocado accidentes de consecuencias fatales.

Además del robo, vía tomas clandestinas, se informa en la exposición de motivos del saqueo que también ocurre en las actividades relacionadas con la extracción y distribución en campos petroleros, en terminales de almacenamiento y de reparto, en terminales marítimas, en refinerías y en la carga de buques de gran calado.

En estos lugares, se alteran los síntomas de medición, las facturas, los sellos y las bandas organizadas que obtienen enormes ganancias.

Para 2011, por ejemplo, se estima que el mercado ilícito de combustible dio ganancias de 23 mil 900 millones de pesos; y para el año siguiente creció a 33 mil 200 millones de pesos.

El tamaño de la red de ductos y su paso por las zonas despobladas podría explicar, en parte, la dificultad para acabar con este flagelo. Pero no es el caso, en las instalaciones de PEMEX, donde la seguridad está a cargo del personal sindicalizado y de confianza que podría formar parte de las redes delincuenciales, y así lo ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación, y lo señala también la exposición de motivos de esta ley.

Concordamos con la necesidad de legislar para que los responsables de estos ilícitos, hasta ahora insuficientemente tipificados, sean sancionados, pero también subrayamos, que no puede olvidarse que hace falta fortalecer la supervisión y garantizar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre instituciones, cuyas omisiones o estrategias cerradas posibilitan que el delito no sólo continúe, sino que crezca. Así lo precisó el Director de PEMEX, del SAT, de la PROFECO, de la PGR y de las Secretarías de Defensa y Marina, para que combatan, en un programa integral, la cadena delictiva que va de la ordeña a la venta del producto al consumidor final, una cadena que aprieta a PEMEX y que lesiona las finanzas públicas.

En el proceso de dictamen de esta ley, han logrado corregir algunos aspectos que nos preocupaban, como la posibilidad de que fuera una ley destinada únicamente a brindar certeza jurídica a las empresas privadas, tema que está por verse.

Pero algunos ajustes, para lograr que el fin último de esta ley fuera brindar mayor protección al patrimonio y a los ingresos del estado son los siguientes:

Garantizar que la protesta social no sea criminalizada al establecer, en el tipo de sabotaje, que no se podrá sancionar el ejercicio de los derechos de asociación y de libertad de expresión.

Se introdujo la sanción a distribuidores de gasolina y diesel que no vendan “Litros de a litro”, como una conducta distinta a la alteración de los medidores.

Con el fin de evitar la criminalización de los sectores más pobres del país, se estableció que la compra y posesión de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos de origen ilícito, sea únicamente sancionado cuando sea con pleno conocimiento de que los mismos provienen de un origen ilícito.

Se establece un tipo penal para sancionar a quienes, como resultado de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, cometan daños al medio ambiente.

Se establece un tipo penal para el caso de que los asignatarios y los contratistas provoquen un daño a las finanzas públicas al no hacer reportes correspondientes, fidedignos y verdaderos al Fondo Mexicano del Petróleo.

La estableció también la responsabilidad penal a las y los servidores públicos de órganos reguladores coordinados, de empresas productivas del estado, de las dependencias de la Administración Pública Federal, que participen en la comisión de alguno de los delitos contemplados en esta ley.

Se eliminó una fracción del artículo 10 cuya falta de claridad abría la puerta a un manejo arbitrario de la norma, y por tanto, con una criminalización indebida de la defensa de las comunidades y sus legítimos bienes. Todo esto se corrigió.

No puede pasarse por alto que esta ley viene de la mano del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer mecanismos por los que las personas que participen en la industria de hidrocarburos tengan también responsabilidades penales, que puede, incluso, provocarle el retiro de la concesión o poder disolver la empresa, si ella, la empresa, cometió alguno de los delitos de esta ley.

Este mecanismo de responsabilizar a las empresas será muy importante para combatir los posibles abusos de quienes vengan a nuestro país con el solo deseo de saquear los recursos naturales. Asimismo, será una herramienta para combatir mejor la delincuencia organizada.

Ahora toca al Ministerio Público, a los órganos reguladores coordinados, al CENACE, a la PROFECO, a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos, así como a las Secretarías de Energía, de Hacienda, del Medio Ambiente, por nombrar sólo algunas dependencias y entidades, a que realicen de manera adecuada y puntual sus tareas de supervisión y verificación para garantizar el adecuado funcionamiento de la industria, y reducir al mínimo el impacto negativo que tendrá la apertura energética en este momento de crisis mundial del sector.

Considero que el trabajo realizado para conformar esta ley es un claro ejemplo de que se puede llegar a acuerdos cuando se toman las opiniones y propuestas valiosas que hagamos otros legisladores, y es mera voluntad política. Esta voluntad política sí se logró en esta iniciativa, ojalá fuera en todos los temas que aprueba este Senado, que no es el caso.

Ahora bien, los graves problemas no sólo se resuelven con buenas leyes, falta que el Ejecutivo cumpla su parte.

Por todo esto, el voto del PRD en este dictamen, será a favor.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para fijar el posicionamiento de este grupo parlamentario.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

A lo largo y ancho del país, existen aproximadamente 65 mil kilómetros de ductos por donde circula petróleo y sus derivados en nuestro país.

Lo extenso y complejo de esta red, ha facilitado el robo de hidrocarburos a través de la instalación de toma clandestina en el sistema de ductos.

Paralelamente a este delito se generan otros ilícitos como son: las pipas, secuestros de carros tanque, extracción ilegal de materiales y equipo. El propósito: apoderarse ilegalmente de los hidrocarburos.

Este fenómeno delictivo se origina por la necesidad de autoconsumir combustibles. Posteriormente, fue comercializado a pequeña escala, resultando muy rentable; por lo que la delincuencia procedió a vender ilícitamente hidrocarburos a gran escala.

Para 2014, el robo de combustibles por las tomas clandestinas ascendió a poco más de 19 mil millones de pesos, que equivalen el 4.4 por ciento de las ventas totales de gasolina de tipo Magna y Premium.

El problema continúa en ascenso, y cada vez más resulta más complicado encontrar una solución, pues los delincuentes utilizan ahora herramientas sofisticadas que son más difíciles de desprender.

Los puntos de incidencia se concentran en tramos como Minatitlán-México; Salamanca-Guadalajara, Madero-Cadereyta, Salamanca-Aguascalientes, Zacatecas, entre otros.

Casos recientes, como el de septiembre del año pasado, en el que la Procuraduría General de la República consignó al Penal Federal a 4 presuntos integrantes del Cártel del Golfo, y al dueño de la Empresa Petro Bajío, quienes fueron acusados de robar 4 millones de litros de hidrocarburos mensualmente, los cuales vendían en 4 estados del país.

Además, se debe considerar el riesgo que significa para la población que vive en zonas en donde se instalen tomas clandestinas, así como se resguarda el producto motivo de sus tracción o apoderamiento ilícito, e incluso, aquel peligro que se genera por su transportación sin las condiciones de seguridad adecuadas.

Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está a favor del presente proyecto de dictamen.

Quiero señalar, también, que lo que hoy estamos construyendo, que lo que hoy estamos poniendo a consideración de todo el Pleno del Senado de la República, no significa un régimen especial; no significa un régimen especial en materia penal del que se quiera sustraer para generar condiciones particulares.

El hecho de establecerle en una ley especial no implica, por ningún motivo, que se distraiga de las reglas procesales genéricas del proceso penal. Ésta es una ley especial que atiende a una problemática real que no podemos evadir.

Y la experiencia parlamentaria nos indica que las leyes especiales tienen un efecto favorable para generar el contenido y alcance de aquellos bienes jurídicos tutelados que queremos proteger y, sobre todo, de los ilícitos que queremos sancionar, porque se les da visibilidad y se les da consistencia y organización.

Creo que, por ello, es favorable este proyecto de dictamen que se somete a su consideración.

También creo que es importante señalar, que hemos atendido en las comisiones dictaminadoras, las observaciones de interesados y sociedad en general. Por ello, se presentará una reserva para hacer una modificación, una precisión al artículo 7, por lo que corresponde al porcentaje de mermas que no configuran el tipo penal, para agregar entre los distintos conceptos, al de gas natural y, por supuesto, una adición en el artículo 13, para hacerlo concordante con esta disposición, en donde pues hay un error al no considerarse esta situación.

Finalmente, también quisiera señalar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votará a favor del presente dictamen, toda vez que con esta ley, estamos seguros, contaremos con mejores mecanismos que nos permitan ir poniendo alto a los ilícitos que se presentan en materia de hidrocarburos, brindando mayor certeza jurídica a los mexicanos y a todos los que están en torno a la industria en materia de hidrocarburos, y brindar mayor protección al patrimonio del Estado, a los ingresos que de ésta se derivan, castigando los delitos de manera proporcional al daño causado y evitando que los miembros de la delincuencia organizada que se han visto afectados por las deficiencia legales, puedan evadir este castigo.

Sin embargo, también es importante señalar, por lo que respecta a las adiciones y reformas al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es importante que advirtamos que en el esquema planteado, con este dictamen de delito grave y prisión preventiva, cambia de paradigma en el sistema penal acusatorio; motivo por el cual se tendrá que idear un mecanismo que sin vulnerar los principios del sistema, evite el peligro de fuga de personas imputadas por este tipo de delitos.

En suma, este es un parte importante para combatir estos delitos. Y también tenemos que estar conscientes de que el mismo tendrá que ser ajustado razonablemente, en la medida en que avance el progreso de la implementación del sistema acusatorio, a fin de hacerla armónica con el mismo.

Por lo tanto, reitero que el voto del Partido Acción Nacional será a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pilar Ortega Martínez.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen, a los artículos 7 y 13 del proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, misma que se someterá a la consideración de esta Asamblea.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas de modificación.

“Artículo 7.- Se sancionará a quien:

I a V…

VI. Enajene o suministre gas licuado de petróleo mediante estación de Gas L.P. para carburación, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

VII. Enajene o suministre gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

a) a g)

Para efectos de los supuestos señalados en las fracciones V, VI y VII de este artículo, deberá mediar querella del órgano regulador.

Artículo 13.- Se impondrá pena de 10 a 18 años de prisión y multa de 17,000 a 27,000 días de salario mínimo vigente, a quien:

I. Permita, colabore para la alteración o altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas o permisionarios, conforme a las fracciones V, VI y VII del artículo 7 de esta ley, con el fin o propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero.

II. Simule o engañe de cualquier forma a personal de asignatarios, contratistas o permisionarios permitiendo o realizando el intercambio de otras sustancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones, de las cuales se ha dado cuenta al Pleno, se integren al dictamen.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autorizan que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos 7 y 13 del proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, que fueron autorizadas por esta Asamblea.

Iniciamos la discusión en lo general.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

No se puede negar que la nación que controle los mayores recursos de energía, será la que llegue a ser dominante. En este sentido, una vez que se aprobó la reforma energética y sus leyes secundarias, es que se da cuenta de uno de los problemas que aquejaba a la ahora Empresa Productiva de Estado.

Durante varios años se hizo caso omiso de las mermas para la nación que ocasionaba el robo de hidrocarburos.

De acuerdo con el dictamen que estamos discutiendo, en el año 2000, se detectaron 155 tomas clandestinas, pero para el año 2014, se contaban ya con 1,963. Es decir, aumentó en casi un 900 por ciento el número de tomas clandestinas en 14 años, sin que nadie hiciera algo al respecto.

El robo de hidrocarburos, no solamente afecta las arcas de la economía nacional, sino también al medio ambiente, pues muchos de estos hurtos contaminan la biodiversidad de suelo, mares, además causan daños sociales a las comunidades colindantes.

La Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, han establecido medidas contundentes y claras de prevención, atención inmediata y remediación del robo de los hidrocarburos. Solamente actúan cuando ocurre una contingencia ambiental, producto de este ilícito.

Pasaron los años y sencillamente dejaron crecer este problema, poco se hizo para minimizarla; sin embargo, una vez que se aprobaron las reformas en materia energética, y con ello permitir la participación privada y extranjera en la refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, ahora sí se presenta el dictamen por el que se expide esta Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

Lo anterior es una muestra clara de que el verdadero objeto de la ley, es proteger los intereses de las empresas extranjeras, de otra manera cómo se puede entender que antes de la reforma energética nada se hizo para erradicar y resolver este problema que perjudicó a Pemex por muchos años. En el año 2011, por 23 mil 900 millones de pesos; en el 2012 esta cantidad se incrementó hasta 33 mil 200 millones de pesos.

Por otro lado, el dictamen contempla tipificar los delitos de sabotaje y terrorismo, los cuales ya se prevén en el Código Penal Federal: El sabotaje en el artículo 140 y el terrorismo en el artículo 139.

Ante esto, es claro que se está creando un régimen jurídico extraordinario para el robo de hidrocarburos, pero paradójicamente no contemplan el robo a la energía eléctrica. El dictamen duplica las penas contempladas por el mismo delito respecto del sabotaje, sanciona de 30 a 40 años de prisión y multa de 50 mil a 5 mil salarios mínimos; mientras que en el Código Penal se establece una pena de 2 a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos.

En cuanto al delito del terrorismo, el dictamen sancionará de 40 a 60 años de prisión y multa de 65 mil a 75 días de salario mínimo vigente; y el Código Penal Federal establece una pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días de multa.

En un caso hipotético que existiera un acto de terrorismo en alguna institución pública o privada, sería sancionado en menor medida, que si el mismo delito se efectúa en alguna dependencia dedicada a las actividades relacionadas con los hidrocarburos y sus derivados. Esto es algo atípico porque el mismo delito se sancionará de manera distinta.

Por otra parte, la nueva tipificación de delitos en materia de hidrocarburos depende de la cantidad de litros sustraídos, comprados, enajenados o distribuidos, y no con la intencionalidad o las circunstancias en que se encuentre o se cometa el delito. Las penas se incrementarán significativamente en comparación con otros delitos.

Con lo anterior, se evidencia que esta ley es un nuevo ingrediente para la conformación del Estado mexicano represor y autoritario. Recordemos que hace un año, en febrero del 2014, aprobaron varias reformas para tipificar el delito de terrorismo, en el cual no quedó delimitada la diferencia entre terrorismo y protesta social.

El artículo 139 del Código Penal Federal establece: “que podrán ser objeto de acusación de actos terroristas a quien utilizando cualquier medio violento intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados”, como lo son: la infraestructura o actividades de carácter estratégico relacionadas con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Por su parte, el artículo 140 del mismo ordenamiento, establece como sabotaje a quien “destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias de Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa”.

No cabe duda de que el presente dictamen fue hecho para proteger los intereses de particulares, pero con la participación de empresas extranjeras ya se está legislando en un tema que debió atenderse desde hace muchos años atrás, pues, como se mencionó, PEMEX fue y seguirá siendo saqueada hasta que se extinga.

Es importante señalar que no se está en contra de que sean castigadas aquellas personas que sustraigan, almacenen o vendan algún tipo de petroquímico o hidrocarburo de manera ilegal, pues de ninguna manera se puede defender lo indefendible, lo que se cuestiona es la manera sumisa con la que se pretende proteger a las grandes transnacionales petroleras, y no así a Petróleos Mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Ávila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, desde luego a favor de este dictamen por el cual se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y por el que se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De manera muy sintética, no podemos pasar por alto el hecho de que con esta reforma, con esta expedición de la ley y las reformas que he mencionado, por un lado, se incrementan las penas, se busca inhibir las actividades delictivas que tanto daño hacen a México y a las familias mexicanas, se eliminan ventajas que permiten a los delincuentes evadir el castigo, se contribuye a dar una mayor tranquilidad a las familias mexicanas y, desde luego, se busca proteger el patrimonio de esas familias y de todos los mexicanos.

El robo de hidrocarburos es una actividad que ha lesionado de manera sustantiva a México y a las familias mexicanas. Es una actividad delictiva que pone en peligro vidas de familias enteras, afecta el patrimonio de miles o millones de familias, pone en riesgo extensiones importantes de ecosistemas de nuestro territorio, tal como ya lo han incluso señalado algunos de los oradores que han estado en esta tribuna y que han hablado en contra del dictamen.

Hemos escuchado argumentos en esta tribuna de que se trata de una trampa, que es un proceso indigno, que estamos corrigiendo insuficiencias del modelo de la reforma energética, y que el verdadero objeto de esta ley o de este dictamen, es proteger intereses extranjeros.

Me llama la atención que se utilicen esos argumentos porque las mismas personas que han venido a decir eso aquí, han reconocido los daños que han sufrido familias mexicanas como consecuencia de estas actividades delictivas.

Quiero, de manera señalada, referirme a un caso muy específico que se menciona en el dictamen, aunque no con los detalles que creo que se ameritan, me refiero al accidente que ocurrió en San Martín Texmelucan, en diciembre de 2010, donde hubo 30 fallecidos; 13 de esos fallecidos fueron niños; 52 heridos; 100 casas afectadas, 32 de ellas completamente destruidas; 5 mil damnificados.

El río Atoyac, que es donde ocurrió ese accidente, se convirtió en un río de fuego, en una extensión de por lo menos 4 kilómetros.

Me llama la atención que quienes vienen a manifestarse en contra del dictamen y que insisten en hablar de que se trata de proteger intereses extranjeros, no hablen de que también se busca, más bien, proteger el patrimonio de esas familias, se busca proteger la vida de los mexicanos.

No voy a entrar en detalles de otra cantidad importante de accidentes donde ha habido quizá menos fallecidos, pero se trata, sin duda, de una actividad que lesiona a las familias, lesiona el patrimonio de México, porque ya se ha mencionado aquí, es una actividad que de hecho va en crecimiento.

Hay quien cuestiona que por qué estos cambios no se propusieron antes. Pues no se propusieron antes porque quizá, de hecho sí hay propuestas anteriores, pero el problema se ha agudizado de manera sustantiva y ha ameritado que lo atendamos a la brevedad.

Se trata también, desde luego, de atacar un problema sustantivo que tiene que ver con el riesgo ambiental que provocan estos delitos por lo que hace a derrames, por lo que hace a daños irreparables en nuestro medio ambiente, por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde, desde luego, que está a favor del dictamen y estamos en contra o en desacuerdo de todos esos argumentos que han venido a verter aquí acerca de que se trata de proteger intereses extranjeros; se trata de proteger los intereses de los mexicanos.

No le den muchas vueltas a ese tema.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Al final de la lista, con mucho gusto, porque tengo una lista previamente registrada de oradores, y con todo gusto le cedo el uso de la palabra.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente.

Yo vengo a hablar a favor del dictamen, quizá para poner un tema que no se ha mencionado y que tampoco está descrito a profundidad en la exposición de motivos del dictamen, pero creo que es muy relevante, porque se ha hablado aquí de intereses internacionales.

Yo creo que habría qué precisar el tema de intereses internacionales, porque hay otros países que tienen alguna vinculación con el delito de la ordeña, el contrabando y la venta ilegal de gasolina, que son nuestros vecinos guatemaltecos y, bueno, también deberían ser referidos como países con quienes tenemos alguna relación.

Déjenme ir al punto concreto para comentarles, porque este tema es tan sensible para mi estado, para Chiapas.

En Chiapas, en todo el recorrido de la frontera, durante muchos años ha habido un contrabando permanente y una venta ilegal de gasolina.

La gasolina mexicana, que venía de la ordeña, muchas veces cruzaba de manera obviamente ilegal el río Usumacinta, llegaba por la vía de Ciudad Cuauhtémoc a Huehuetenango, y de ahí se distribuía a grandes partes de aquel país vecino, de Guatemala, para su venta ilegal.

¿Qué ocurre el día de hoy?

Se invirtió ese contrabando.

Hoy ya no es la gasolina mexicana la que se está vendiendo de manera ilegal en Guatemala. Ahora, México ya es un país receptor de gasolina guatemalteca que se vende de manera ilegal, bueno, primero se cruza de manera ilegal y se está vendiendo en todo el recorrido de la frontera con precios más baratos.

Aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer es, primero: ¿cómo afecta esto a toda la microeconomía de los expendedores de gasolina mexicanos?

Primero tendríamos que decir que, según algunos expendedores de gasolina en frontera Hidalgo, en frontera Comalapa, en Motozintla, en Comitán, en Amatenango de la Frontera, etcétera, en todos estos municipios fronterizos, reportan caídas en sus ventas de hasta 90 por ciento. Algunos están diciendo que ya solamente venden o sobreviven del uso de sus servicios, de los baños, de los que llegan a ponerle aire a sus llantas o a checar los niveles.

Entonces, sí está afectando este delito de contrabando y de venta ilegal a familias mexicanas, expendedores y, repito, toda esta microeconomía que se genera alrededor de una gasolina de comercio, de venta de hasta artesanías, en fin, es un problema grave para mi estado.

Cuando la gasolina se contrabandeaba de México a Guatemala, se reportaron en tres años el cierre de cien gasolineras guatemaltecas.

En el último año, se han abierto 35 de esas 100 que cerraron, es decir, es redituable.

Y cómo no va a ser redituable, si hoy uno compra un galón de gasolina Súper, o sea, la gasolina Súper sería la Premium para nosotros, en 22.49 quetzales.

¿Cuánto es esto? 44.98 pesos.

¿Cuánto costaría un galón de gasolina Premium en México? 54.64 pesos.

Es más, hasta para algunas familias, siendo tan porosa la frontera, puede ser redituable comprar la gasolina en Guatemala en los expendios a granel, en bidones, cruzarla y venderla en México.

Esto, según un informe de una investigación del periódico Reforma, ya hay cerca de 20, solamente en la carretera fronteriza, hay 20 puntos de venta ilegal de contrabando de gasolina Guatemalteca.

¿Cuál es el problema y por qué existe esta situación?

Yo ubico por lo menos cinco razones:

La primera, son los gasolinazos.

La segunda tiene que ver con la caída del peso frente al dólar.

La tercera tiene que ver con el incremento del IVA en la frontera.

Y esto también, los compañeros que son de la frontera norte, lo podrán corroborar.

Pero, por último, hay un tema de colusión y complicidad con las autoridades en toda la frontera, la PGR, la Policía Federal, que cruza enfrente, porque uno cruzando y caminando la frontera no hay que ir a preguntar dónde se vende gasolina, están a pie de carretera los anuncios con cartulinas donde dice el precio de la gasolina, y se han llegado a registrar ofertas de hasta 12 pesos el litro de Premium, que ustedes saben, está a 14.37 pesos en nuestro país.

Entonces, si esta modificación puede ayudar a detener este contrabando, pues mi voto no tiene que ir más que a favor.

Les narro de manera muy breve un testimonio de un chiapaneco que nos decía: “Si yo compro dos galones, es decir, 7.57 litros de gasolina en un establecimiento legal, me cuesta 40 quetzales, es decir, 76.38 pesos mexicanos; pero si los adquiero en los establecimientos de la carretera, en estos 20 que existen, donde cruzan las patrullas constantemente y simplemente no hacen nada, sólo pago 26 ó 27 quetzales”.

El artículo 8o. de esta ley establece que se va a sancionar de 4 a 7 años de prisión y multa de 4 mil a 10 mil días de salario mínimo, a cualquier servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de comisión de algún delito, materia de esta ley, y no lo denuncie.

Bueno, miren, empecemos por la Policía Federal y empecemos por la PGR, ambas autoridades que a la luz del día tienen en su mandato, en sus tareas, que patrullar la frontera.

¿En dónde están los 20 puntos ilegales de venta de gasolina guatemalteca y no han hecho absolutamente nada?

Me parece que si esta ley puede servir en ese sentido, habría qué atenderla.

Y ojalá, dentro de un año, dos años, podamos volver aquí con buenas cuentas, a decirles que estos expendedores de gasolina chiapanecos que tienen pérdidas de hasta 90 por ciento, recuperaron su negocio y que se estableció nuevamente un equilibrio en el que no manda la impunidad, no manda el contrabando y no manda la omisión culposa y la omisión, incluso cómplice, seguramente de las autoridades que patrullan la frontera.

Por eso mi voto a favor de este dictamen.

Es cuanto. Gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra de este dictamen.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea:

Nada que tenga como objeto controlar a la delincuencia y preservar los bienes de la nación, pudiera ser rechazado en lo personal, por mi escaño, y como ya vemos, por la bancada en la que estoy inscrito.

Sin embargo, aquí el tema es de óptica, el tema es de visión. Creo que se ha hecho un diagnóstico equivocado de la problemática que representa y que implica el robo de gasolina en este país.

Involucrados en este tema, no están terroristas, involucrados en este tema no están saboteadores, no es un tema a nivel que pretenden elevarlo; este es un tema de ladrones de cuello blanco que fueron entrenados, que fueron capacitados y asalariados por Petróleos Mexicanos; y ya fuera dentro de la petrolera, o una vez despedidos, orquestan el robo de gasolina a lo largo de dos mil 500 tomas clandestinas que hay en el país.

Por lo cual, la receta, por demás citado aquí, parece exagerada, porque si sabemos en dónde están los ladrones, si sabemos en dónde están las tomas clandestinas, si sabemos perfectamente por los instrumentos de medición, en donde se está ordeñando un ducto porque la presión baja; y si sabemos hacia dónde va el producto del hurto, entonces por qué tenemos que buscar una ley que eleve a nivel de terrorista y que eleve a nivel de saboteador lo que es un robo vulgar a la nación, cometido por personas que tienen o tuvieron relación con Petróleos Mexicanos.

El robo de gasolinas en el país implica 17 mil millones de pesos, según la más reciente contabilidad, y efectivamente los usufructuarios de este robo finalmente son países como Guatemala, países de Centroamérica, a donde va a dar gran parte del producto de este hurto, y allá se disfruta de una gasolina, de mercado negro, mucho más barata que la que pagamos en este país.

Cuando nosotros hacemos un análisis del costo de los energéticos, concretamente de la gasolina, en este país, llegamos a la conclusión de que el precio en el actual mercado al que debiera venderse la gasolina a los mexicanos, es de 8 pesos por litro, lo demás es el impuesto, los muchos que cobra el gobierno, las comisiones que definitivamente tienen que cobrar la gasolinera, las manos negras que transitan a lo largo de la distribución del producto, y el impuesto más oneroso y lastimoso para nosotros, que es el impuesto de la corrupción.

Sin duda, por cada litro de gasolina que pagamos, 2.50 pesos nosotros lo estamos pagando para subvencionar a estos ladrones, que como repito, sabemos en dónde están, sabemos quiénes son y sabemos cómo operan.

Por lo tanto, mi voto hacia esta reforma será en contra porque considero que está fuera completamente de sintonía, porque no existe la visualización correcta del problema, como se ha dicho aquí, ya constará en los hechos, lo que se pretende es preservar los intereses de las grandes petroleras que seguramente vendrán a dominar el mercado en los próximos años.

Y a veces hasta quisiera uno revivir, sin que sea uno de mis héroes históricos, pero algunos preceptos del pasado mexicano, porque a estos que se roban la gasolina, a estos ladrones que cobran del erario público, que son desleales a su país y, por supuesto, a la institución para la que trabajan, más bien se antojaría la receta porfirista de pasarlos por las armas.

Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Cualquier intento que se haga para inhibir a los delincuentes, cualquier posición que adopte el Senado para frenar a quienes cometen ilícitos, por supuesto que estamos a favor.

Cómo no estar a favor de una legislación que está proponiendo que se ataque de manera frontal a los gasolineros que no dan litros de a litro, si es un clamor popular, que la instancia encargada de regular esta situación se hace de la vista gorda y no sanciona, prefieren recibir mordida a sancionar, ese es el tema.

¿La ley en comento vendrá a resolver el problema de los gasolineros tramposos? Yo creo que lo que va a resolver el problema de los gasolineros tramposos es que haya una inspección con gente que no sea proclive a la corrupción, y que si alguien no está dando litros de a litro, entonces, una vez ubicados, se le aplique todo el peso de la ley.

Cómo estar en contra de una ley que está planteando proteger la economía nacional, de por sí el precio del petróleo está a la baja día con día, sería irresponsable si alguno aquí votara en contra, si aparte de la baja del petróleo todavía hay que sumarle los robos que se hacen de los hidrocarburos.

Cómo estar en contra, compañeros Senadores, si se pone en riesgo permanente a las comunidades donde pasan los gasoductos, por este tipo de robos. Ha habido ya muchos accidentes que lamentar y creo que esta ley puede inhibir, corregir es otro asunto, puede inhibir para que realmente se corrija, se requiere que los órganos encargados de la prevención del delito, que tienen que ver con la seguridad pública, hagan mejor su trabajo, y entonces sí estamos hablando de la posibilidad. Pero por supuesto que alguien que le estaban dando 12 años de sanción por robar hidrocarburos, hoy se le incrementa a 60 años, pues sí de alguna manera lo inhibe, aunque habría que ver quiénes están robando hidrocarburos, porque ya se dedicaron al negocio; o quiénes están robando hidrocarburos porque no tienen otra opción para comer, para vivir, para sobrevivir, habría que revisar ese tipo de situaciones.

Por supuesto que es importante esta ley, porque agrava las penas, efectivamente muchos delincuentes que tienen que ver con este tipo de asuntos se pitorreaban de la justicia, y se pitorreaban porque las sanciones eran menores, el robo o el daño muy grande y las sanciones pequeñas; en eso por supuesto que estamos de acuerdo.

El espíritu yo creo que es el adecuado, pero igual que lo señalamos cuando estuvimos discutiendo las leyes secundarias en materia energética, son leyes de excepción, y aquí la observación que queremos hacer, compañeros Senadores, hoy se dice, se va a crear una ley especializada en materia de sanciones a quienes afectan el patrimonio de la nación que tiene que ver con los hidrocarburos.

Nosotros decimos, por qué hacer leyes y leyes, leyes si nuestro Código Penal Federal es muy claro, muy contundente en el artículo que se está derogando, el 368 Quáter, ahí se plantea con mucha claridad todos los aspectos que se desarrollan en esta ley, pareciera una ley reglamentaria del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, pero creo que el Senado tiene que ser cuidadoso en este tipo de situaciones.

Señalábamos, por ejemplo, en las leyes reglamentarias, que era un absurdo que las empresas productivas del Estado no fueran su personal considerado como servidores públicos, si eran empresas que pertenecen al Estado; ahí una mayoría se impuso y dijo que no, que no era, que no tenían por qué estar considerados dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que había que crearles un régimen de excepción.

Exactamente se está haciendo esto, pero por supuesto que vamos a votar a favor de esta ley, aunque desde nuestra visión se estén cometiendo algunas deficiencias.

Tratándose de la defensa del patrimonio nacional, del patrimonio de los mexicanos, cuando es atacado por la delincuencia, siempre estaremos a favor.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Se le concede, para hechos, el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y uno y otro de los que vienen aquí a esta tribuna son sordos, porque vuelven otra vez al tema del robo de hidrocarburos, la ordeña de los tubos; y vienen a decir que nadie se puede oponer a que se ataque a los delincuentes, y que esto es lo que tiene esta iniciativa.

No es cierto, pero cuando ya están de acuerdo, cuando ya llegaron a sus acuerdos por ahí, secretos o que no conocemos, se van a mantener.

La ley que se está discutiendo no es la ley que protege al robo de hidrocarburos, es mentira. Léanla, ahí está, la misma, pero además es una ley planteada con flojera; mantiene el mismo, la exposición de motivos, y de repente cambia los conceptos.

Es un estatuto penal para la industria petrolera, y ahí no se ha discutido nada, y no han dicho de dónde sacaron esas penas, y no se ha analizado desde el punto de vista penal.

Como el Verde dice, que mientras más años, 150 años, 200 años, se resuelven los problemas, que es una falsedad total, pues aquí vamos a subirlos, pero no quieren, no quieren ver la realidad. La realidad está en la iniciativa, léanla.

Es una vergüenza que sigamos en el mismo tema, de que esto es para proteger el patrimonio nacional. No, no es para proteger el patrimonio nacional, es para proteger las inversiones de los extranjeros que van a venir a aposentarse en nuestro territorio.

Eso de que se roban, y decía aquí Zoé Robledo hace un rato, que es una ventaja para Chiapas porque van y venden aquí y allá, tiene años, quién no ha visto en las carreteras los expendios ilegales de gasolina y pasar la patrulla de la judicial, y pasar los policías de caminos, a ciencia y paciencia de todo mundo, y entonces vienen a decir, ese año tal subió a tanto; es que luego subió más, y qué pasó, pues porque están coludidos en un acto brutal de corrupción que daña a la nación, sin duda miles de millones, pero ese asunto no es esta ley, no sean mentirosos, no se oculten, no vengan a decir que están en contra de los criminales sin perseguir a los facinerosos; no, esta es una ley especial penal para la industria de hidrocarburos a satisfacción y demanda de las empresas transnacionales que van a venir a México, eso es.

Y ahí está en una reforma a la iniciativa original que se presentó con una flojera que ni siquiera cambian los argumentos, nada más dice por ahí que van a cambiar un concepto, y cambian todo, es una vergüenza, pero a nadie le interesa, a nadie le interesa lo que va a ser el régimen penal de la industria petrolera en donde van a estar todas las empresas transnacionales, eso es lo que es; y no lo vamos a revisar, porque vuelven otra vez aquí a mentir en la tribuna a ponerse de acuerdo, y decir que, en efecto, estamos atacando en esta ley a los facinerosos, solamente el que se atreva a votar a favor de ellos será el único que vote en contra.

Gerardo Flores, otra vez lo mismo, Gerardo, no leíste la iniciativa, se te nota, ahí a medias tratando de atacar no sé qué, nosotros estamos a favor de los delincuentes, no, ¡hombrel, léela, Gerardo, léela, porque van a publicar algo que ustedes no están leyendo, nadie la leyó aquí, las defensas de los que han subido aquí han sido verdaderamente absurdas, no leen nada, y defienden otra cosa que no tiene nada que ver.

Demédicis igual, todos están aquí en la defensa para que no sigan ordeñando los ductos, que siguen roba y roba y roba las policías, y lo hacen desde adentro, es cierto, de PEMEX, por eso ha subido, y ésta no viene a resolver este problema; esta viene a resolver el problema que vamos a tener de la presencia de las empresas transnacionales que están preparando un estatuto que va en contra de los mexicanos, y no la ha revisado aquí nadie.

Una tipificación de unos delitos para dañar a los que van a defender sus derechos, y saben muy bien los extranjeros, los abogados extranjeros, los que impusieron aquí el derecho de las transnacionales a apoderarse del territorio de los mexicanos, la ocupación temporal de tierras, saben que eso va a provocar problemas, por eso mandaron a Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia para que defienda el estatuto que él ayudó a hacer en contra de los intereses nacionales.

No dignifica al Senado este autismo, no dignifica al Senado a que vengan aquí a defender con lo mismo, con mentiras, ocultando la realidad de esta iniciativa. Es, de veras, una vergüenza, cada vez el Senado está peor, no saben ni lo que están votando, y eso va a tener efectos muy graves sobre México, efectos muy graves por la interpretación que se le va a dar a esos delitos, no contra los que están en PEMEX que seguirán ahí, sino contra los campesinos, contra los ejidatarios, contra los que estén en contra y los que quieran defender sus derechos y sus tierras, para eso las transnacionales, en convivencia con ustedes, están creando un estatuto absurdo, que ni siquiera conozco.

Es una vergüenza, cada vez están peor.

Y por favor, cuando suban, pues léanla, Gerardo, antes de subir, a ver si vienes a defenderla, y los demás igual, no leen, no saben nada de lo que están conociendo aquí. Una flojera absurda, mi querido amigo, realmente la hiciste, nos engañaste a todos.

Gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya anuncia la reserva de los artículos 3 y 18 del proyecto de Ley de Hidrocarburos, y el artículo cuarto del proyecto de Decreto, todos con propuesta de ser eliminados.

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para hechos, sí, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Un momentito.

Senador Fidel Demédicis, para el uso de la palabra, la tiene hasta por cinco minutos, Senador.

Disculpe, Senadora, lo que pasa es que tiene que ser para alusiones y tiene que ser inmediatamente después de que se haga la misma.

En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, Senador.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

Yo lamento mucho que un compañero Senador con tanta experiencia olvide la regla elemental, el respeto a sus compañeros, afirmar cosas que no le constan, quizás no coincidamos con su visión. En otros momentos hemos coincidido muchas veces con usted, compañero Senador. En este momento no coincidimos con su visión, pero eso no es pecado. Yo he reclamado en esta tribuna, que el debate es el que tiene que llevar al Senado a resolver los problemas que aquí se presentan cuando tenemos diferencias o tenemos disensos.

México es un estado de derecho, chueco o derecho, nos guste o no nos guste.

Señalamos el tema que las leyes secundarias en materia energética, y en esta tribuna, señalamos hasta el cansancio, que eran leyes de excepción, las votamos en contra, pero hoy son parte del cuerpo de leyes de este país, y aunque no coincidamos, por supuesto que aquí juramos cumplir y hacer cumplir las leyes que emanen de la Constitución.

Eso fue lo que juramos cuando tomamos protesta.

Esta ley, yo he señalado un disenso, no estoy de acuerdo en que se hagan leyes especiales, cuando tenemos un código que abarca ya esos temas, entonces vamos a crear la ley del abigeato, entonces vamos a crear la ley de los asesinatos dolosos, entonces vamos a crear la ley de los robos con violencia y sin violencia, una ley para cada asunto.

Creo que esa situación no se debe dar, pero por supuesto que en el contenido que está planteando esta ley, estamos de acuerdo, el disenso no está ahí.

Yo sí estoy de acuerdo en que se sancione, de manera enérgica, a quienes están sustrayendo de manera ilegal los hidrocarburos, que son propiedad de la nación, que después, como dice el Senador Manuel Bartlett, y se señala en las propias leyes secundarias, sí Manuel Bartlett, después van a venir las transnacionales y esos ductos van a ser de las transnacionales. Creo que ahí no está el disenso. Las transnacionales vienen amparadas por una ley que votamos en contra, no por el hecho de que las hayamos votado en contra no son ley, son ley porque las votó la mayoría calificada del Senado y de la Cámara de Diputados.

Entonces esos que vienen acá, vienen a un país que afortunadamente es un país que tiene un estado de derecho vigente, y que protege la propiedad de todos, aunque, entre esos, se encuentren los que tenemos la visión de que se vienen a robar lo que es de nosotros, Manuel.

Ese es el asunto. Por eso, que no leí, pues tan leí, que no estoy de acuerdo con lo que he planteado.

Mi disenso ya lo señalé y las ilegalidades, un Senador, por supuesto que las tiene que señalar y tiene que estar en contra, y a la hora que estamos discutiendo una ley, tenemos disensos, aquí no tenemos que discutirlos y los que no coincidan con nosotros a que vengan a decirnos por qué no, para eso está la tribuna, para debatir con argumentos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Ortiz Domínguez, desde su escaño.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues yo lo que sí quisiera decir, por lo que vivimos en los estados de la frontera es que, decir que los empleados de PEMEX son los que ordeñan a PEMEX, pues solamente la mitad de la información, la realidad, es que estos empleados son reclutados voluntaria, generalmente involuntariamente para que hagan estos trabajos como pasa con la policía. Y la verdad, la realidad es que en los estados de la frontera se practica regularmente el uno 800, que es 800 por un litro, porque las gasolineras tienen una competencia muy grande, al estar teniendo la gasolina que se vende en las calles, en camionetas, en tambos, en las ciudades conocidas a 8 pesos litro, cuando en las gasolineras está muchísimo más cara, 14 pesos, y en Estados Unidos está en 9.10, los gasolineras también pierden muchísimo dinero en la frontera porque los ciudadanos cruzan a Estados Unidos para poder adquirir la gasolina entre 9 y 10 pesos por litro.

Yo creo que esa es la realidad de lo que estamos viviendo, decir que un negocio ilegal en la frontera no está controlado por la delincuencia organizada, es totalmente una equivocación, todos los negocios ilegales de los estados fronterizos están controlados por la delincuencia organizada, y lo que crean es un terror para todos los que trabajan legalmente, como son las gasolineras.

Yo creo que, aunque vamos a tener problemas en el futuro con los transnacionales, hoy por hoy el problema que tenemos, es un problema real y de la vida diaria, y con esta iniciativa podemos avanzar y ver que pueda proteger a los que trabajan legalmente como los gasolineros, a no forzarnos a delinquir con el uno 800, que ya es una regularidad, y a no tener el descaro en nuestras calles de estar vendiendo el litro de gasolina a 8 pesos en todo Tamaulipas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Ortiz Domínguez.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya, como lo había comentado anteriormente, presentó sus reservas a los artículos 3 y 18 de este proyecto, por lo cual, solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación presentadas por el Senador Benjamín Robles Montoya, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas de modificación de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Artículo 3, fracción XXVI.- Se elimina y se recorre en su numeración la fracción subsecuente.

Artículo 18.- Se elimina y se recorren su numeración los artículos subsecuentes.

Artículo Cuarto del Decreto.- Se elimina.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, por no haber otros artículos reservados ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere…

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para alusiones personales, obvias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pero, ¿quién lo aludió, Senador?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) ¿Quién?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: No corresponde.

Cuando hay una alusión, usted lo aludió a él, y no hay respuesta a esa alusión, de acuerdo al Reglamento, señor Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, para hechos, entonces.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Para hechos, le concedo, siendo generoso, señor Senador, porque le he dado la palabra en la discusión de este dictamen, cuantas veces usted lo ha solicitado. Claro que con el derecho que le asiste de formar parte de este cuerpo colegiado, pero quiero decirle que la discusión de este dictamen, prácticamente con el comentario de la Senadora Maki Ortiz, se había concluido.

Pero en aras de ser cuidadoso y de respetar el derecho de manifestación de cada quien, se le concede el uso de la palabra, para hechos, hasta por 5 minutos, y con esto concluye la discusión e iniciamos la votación inmediatamente después.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) El planteamiento que he hecho desde el principio en el sentido de que este es un engaño, que no es una ley para combatir la explotación ilegal de los ductos, es un estatuto penal nuevo; es toda una transformación del derecho penal en torno de la industria, que no se discutió nunca. Entonces, el engaño sigue ahí.

Dicen algunos: “Que ya lo leyeron”, pero el engaño sigue.

Maki, a quien mucho respeto, tocó el tema de la ordeña, otra vez. Ese no es el tema, ese fue el pretexto.

Aquí se está creando un régimen especial para la industria petrolera trasnacional.

Se van otra vez: ¡Ah, pero es que, ataquemos a los perversos!

¡Ah, pero es que se roban!

¡Ah, pero es que estar en contra de esta ley es estar a favor de los delincuentes!

¡No es cierto!

Nadie quiso tomar, ahorita que se termina, la verdad de este dictamen, nadie lo quiso, y los que lo leyeron de verdad, como por aquí alguno que anda cerca, pues no lo mencionó.

Pero para terminar, insisto. El Senado de la República cada día perderá más dignidad con la manera como están sacando las cosas, engañando, disfrazando, metiendo cosas, así de esta manera, como la aprobación de este dictamen, en un segundo. ¿Verdad?

Yo por eso insisto que si el Senado, Senadores y Senadoras, no recuperamos la dignidad del Senado, cada vez estaremos peor.

De manera que no se ha discutido aquí la iniciativa, se ha discutido el engaño, se ha machacado el engaño. ¿Verdad?

Y en relación con el compañero Demédicis, le quiero decir: que me agradó mucho su intervención última.

Le reconozco que sí leyó y vinculó este régimen especial con los regímenes especiales que nos han impuesto desde el exterior en la legislación petrolera.

Y estoy seguro, que Demédicis, que lo entiende bien, va a votar en contra de esta iniciativa, desde luego, y lo felicito por su sinceridad.

Muchas gracias, Senador Fidel Demédicis.

Gracias, por la atención de dejarme hablar.

Muy amable.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

En consecuencia…

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿para qué asunto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más un comentario, desde mi lugar.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Adelante, por favor, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Porque es importante. Cuando el Senador Fidel Demédicis dice: “Aquí nos debemos respeto los Senadores”.

¡Claro que sí! Pero, cuál respeto nos tienen, cuando esto no se discute en comisiones, cuando todo es simulación, cuando se hacen modificaciones, que quién sabe quién las hizo, y aquí nos vienen a entregar, ya todo cocinado, digerido o a veces hecho por el Senador 129, que ya sabemos todos quién es.

Creo que, además, no estoy de acuerdo en que la premisa fundamental en este Senado es el respeto a los ciudadanos, y no lo tenemos. Aquí somos obsecuentes con lo que diga el señor Peña Nieto, con lo que diga el Ejecutivo, y hemos perdido la dignidad al convertirnos únicamente en los voceros del Ejecutivo, en sus paleros y en sus lambiscones.

¡Quien quiera respeto, que oferte respeto!

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores San Román.

En consecuencia, por no haber otros artículos reservados ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular en los términos del dictamen y con las modificaciones que esta Asamblea autorizó incorporar.

Y para mayor precisión, pido a la Secretaría que dé lectura a las modificaciones que se han hecho para que todos, los Senadores, sepamos exactamente en los términos en que se hará la votación, en los términos que la Asamblea ha acordado en que quede integrado el dictamen.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas de modificación.

“Artículo 7.- Se sancionará a quien:

I. a V. …

VI. Enajene o suministre gas licuado de petróleo mediante estación de Gas L.P. para carburación, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

VII. Enajene o suministre gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

a) a g)

Para efectos de los supuestos señalados en las fracciones V, VI y VII de este artículo, deberá mediar querella del órgano regulador.

Artículo 13.- Se impondrá pena de 10 a 18 años de prisión y multa de 17,000 a 27,000 días de salario mínimo vigente, a quien:

I. Permita, colabore para la alteración o altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas o permisionarios, conforme a las fracciones V, VI y VII del artículo 7 de esta ley, con el fin o propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero.

II. Simule o engañe de cualquier forma a personal de asignatarios, contratistas o permisionarios permitiendo o realizando el intercambio de otras sustancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Atentamente

Senador Roberto Gil Zuarth, Senador Omar Fayad Meneses, Senadora Graciela Ortiz González.”

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que la Senadora Angélica de la Peña Gómez entregó a la Mesa Directiva el texto de su argumentación en favor de este dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria para que se incorpore al Diario de los Debates.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

La finalidad de éste Dictamen es expedir una ley que específicamente regule las actividades delictivas relacionadas con el robo de hidrocarburos y sus derivados, principalmente las llevadas a cabo por la delincuencia organizada.

Se trata de contar con un instrumento que permita inhibir la comisión de estos delitos, proteger la economía nacional, la seguridad de las personas y el medio ambiente.

Por tanto se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a la vez que para hacer acordes las modificaciones y la creación de los tipos penales en ella plasmados, se hacen las adecuaciones correspondientes al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Se trata de una iniciativa que atinadamente presentó el Senador Omar Fayad Meneses el pasado 11 de noviembre de 2014 y -debo decirlo-, ha aceptado las observaciones y preocupaciones que en su momento planteó nuestro grupo parlamentario.

Este Dictamen plantea sanciones severas y graduales de acuerdo al manto y cantidades de combustible que se sustrae, enajene o aproveche de manera ilícita. Así se impone una pena de 5 a 10 años de prisión cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, hasta casos donde la cantidad sea mayor a 30 mil litros de combustible se impondrá de 25 a 35 años de prisión.

Como todos sabemos, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos es una actividad del crimen organizado, que implica la creación de redes de extracción, robo, trasiego, transporte, distribución y venta del combustible robado, por lo que podemos asumir que el producto de estas ventas pasa a engrosar las arcas de las organizaciones criminales y es utilizada para el financiamiento de actividades ilícitas. También hay que señalar que es una actividad en la que participan autoridades y servidores públicos en la modalidad de cómplices.

Para las y los integrantes de la Comisión de Justicia,    no pasa desapercibido también que la especialización de los grupos delictivos ha llevado al aumento en las modalidades de sustracción o robo de hidrocarburos a la industria petrolera, debido mayormente al grado de complicidad que existe entre las instituciones de seguridad pública e incluso y lo más lamentable, por los propios empleados de la Industria Paraestatal.

Tan sólo el año pasado PEMEX enfrentó la perforación de tuberías para la extracción ilegal de combustibles por medio de 3 mil 674 tomas clandestinas.

Datos oficiales de PEMEX indican un creciente registro de eventos perpetrados por la delincuencia organizada, pues de 2012 a 2014 se registró un incremento de 2 mil 124 afectaciones a sus ductos para el robo de hidrocarburos, al pasar de mil 550 en 2012; a 2 mil167 en 2013 y a 3 mil 674 en 2014. Eso representó un salto de 137 por ciento en el número de tomas clandestinas.

Más aun, tan solo en enero de este 2015 se descubrieron 426 perforaciones a los ductos de PEMEX para la sustracción ilegal de combustibles. Esa cifra representa 180 casos más que en el mismo mes de 2014 y equivale a un crecimiento de 73 por ciento medido de manera anualizada.

En consecuencia el daño patrimonial para la industria, presenta las siguientes estimaciones: en el año 2011, el mercado ilícito de combustible ascendió a la cantidad de 23 mil 900 millones de pesos y en el 2012 ascendió a la cantidad de 33 mil 200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos.

Adicionalmente es necesario tomar en consideración el  riesgo para las comunidades que viven cerca de las tomas clandestinas y el grave daño que se ocasiona al medio ambiente por las fugas, entre otras causas, que se ocasionan en la apertura de los ductos para las tomas clandestinas.

Por tanto votaremos a favor de este dictamen.

Es cuanto.

Esta Presidencia saluda también y da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por nuestra compañera Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Asisten al Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente, damos la bienvenida a un grupo de investigadores de la UAM Xochimilco, invitados por el Senador Francisco Salvador López Brito, quienes asisten también al Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con estas modificaciones que autorizó la Asamblea al dictamen referido, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y por el que se reforman el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, y que proponen ratificaciones del mismo número de Embajadores.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza en que integre a los asuntos de hoy los tres dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, daremos lectura a los tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, para la ratificación de Embajadores en Honduras, en Jamaica y en Guyana.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.







 

Doy lectura al segundo dictamen.







 

Doy lectura al tercer dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Están a discusión de manera conjunta los tres dictámenes.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, ponemos a su consideración tres nuevos dictámenes enviados a esta Soberanía por el Presidente de la República, para ocupar las Embajadas de México en Honduras, Jamaica y Guyana.

Como en todos los procedimientos que hemos llevado a cabo para analizar los nombramientos diplomáticos que se someten a la ratificación del Senado, citamos a comparecer a los ciudadanos Dolores Jiménez Hernández, Martha Cecilia Jaber Breceda e Iván Roberto Sierra Medel, con el propósito de conocer a fondo sus trayectorias y los programas de trabajo que cada uno implementará en los países en los que han sido designados.

Después de analizar sus perfiles, las comisiones dictaminadoras coincidimos, en que los tres son diplomáticos de carrera, con una amplia y sólida trayectoria y experiencia legal, que los hace candidatos idóneos para ocupar estos cargos.

Estamos seguros que la confianza depositada en ellos, se verá retribuida con creces, porque sabrán defender los intereses de la nación y también la de nuestros connacionales que viven en aquellos países.

En el caso de Honduras, las relaciones diplomáticas entre México y Honduras se establecieron formalmente hace 71 años.

En el aspecto político se ha mantenido una relación de respeto y entendimiento mutuo en lo económico.

México es el principal inversionista extranjero de Honduras, y en lo social enfrentamos preocupaciones comunes como la inseguridad, la desigualdad y el fenómeno de la migración.

De hecho, el mayor número de migrantes que cruzan a nuestro país proviene de Honduras, y ese tema cobra la mayor relevancia debido a las preocupantes cifras de deportaciones registradas tanto en Estados Unidos, como en nuestro país.

En cuanto al comercio bilateral, Honduras es para México el lugar 32 en las exportaciones y el lugar 46 de las importaciones, mientras que México es el cuarto socio comercial de Honduras sólo después de Estados Unidos, China y Guatemala.

Pero la dimensión de nuestro comercio bilateral puede comprenderse mejor si lo comparamos con el que tiene México con otros países. Por ejemplo, el valor de lo que se exporta a Honduras es 16 veces más de lo que se exporta a Noruega, 9 veces más que a Portugal y 7 veces más que a Suecia, y aun así hay mucho por avanzar, sobre todo si lo que se quiere es contribuir a generar condiciones económicas y sociales que permitan mitigar la migración y de esta manera contribuir a la integración de la región centroamericana.

Como se puede observar, el reto encomendado a la ciudadana Dolores Jiménez Hernández es significativo, pero tenemos la certeza de que su experiencia, su liderazgo y sus conocimientos permitirán darle un mayor impulso a nuestras relaciones con Honduras para lograr el mayor beneficio posible para ambas sociedades.

En su comparecencia la ciudadana Jiménez Hernández destacaba el honor de representar a nuestro país en el exterior, un honor que sin duda para nosotros en el Senado es importante apoyar, porque sabemos que sabrá llevar con toda dignidad y conocimiento el nombre de nuestra nación.

Por lo que hace a las relaciones con Jamaica, destaca la comercialización del aceite crudo de petróleo, el cual ha sido de especial interés para nuestro país por ser el principal producto mexicano de exportación a Jamaica. Pero más allá de ello, El Caribe debe verse en su conjunto como un área natural de proyección para la política exterior de México.

Y como lo señaló la Embajadora durante su comparecencia, el copioso conjunto de países que conforman El Caribe, representa igual número de oportunidades para México en los más valiosos ámbitos, como el de los intercambios comerciales y las inversiones y el desarrollo de la política de cooperación en medio ambiente, combate a la pobreza y manejo de desastres naturales.

Y aunque la difícil situación económica por la que ha atravesado Jamaica ha afectado las expectativas para profundizar los intercambios económicos bilaterales, estamos convencidos de que la experiencia de la Embajadora Martha Cecilia Jaber Breceda, le permitirá generar un acercamiento más profundo con Jamaica para que se renueven los actuales programas de cooperación y se abran nuevas ventanas de oportunidad para nuestro país en sectores como el energético.

De igual manera, esperamos que se potencien las relaciones culturales, económicas y políticas con las Bahamas, país de concurrencia que se ha mantenido como uno de los de mayor desarrollo económico en El Caribe.

Respecto al tercer nombramiento, es importante mencionar que la cuenca del Gran Caribe, al ser vista como la tercera frontera de México, merece un lugar especial en la política exterior de nuestro país.

Son 25 los países, y 9 jurisdicciones y territorios los que abren el abanico de oportunidades para que México pueda proyectarse en el ámbito regional.

Y como ha señalado el ciudadano Sierra Medel, “el alejamiento inercial de México respecto al Gran Caribe no se justifica porque la percepción de lejanía es incorrecta”.

De hecho, Puerto Príncipe, en Haití, está más cerca de la ciudad de México que Tijuana, y la capital de Trinidad y Tobago está a la misma distancia de Cancún de lo que está Hermosillo.

Y Guyana vive momentos difíciles en su proceso político interno, que junto con su nivel de desarrollo presentan a México un potencial para construir una asociación donde se impulsa el comercio, la incursión conjunta en sectores como la minería y el turismo, y la cooperación en áreas como la agricultura.

Y respecto a la comunidad de El Caribe, CARICOM, donde el ciudadano Iván Roberto Sierra Medel será observador permanente, México tiene el compromiso de avanzar en la interlocución y orientar sus esfuerzos para favorecer la integración regional.

Estamos seguros de que por su experiencia laboral el ciudadano Sierra Medel rendirá buenas cuentas en su actuación.

Respecto de estos tres nombramientos, vale la pena señalar dos temas: uno muy importante que señalamos en las comisiones dictaminadoras, 2 de los 3 nombramientos que votaremos el día de hoy son para mujeres. Y nos da mucho gusto y celebramos que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté incluyendo a más mujeres en estos nombramientos.

Hace un año contábamos con sólo 1 de cada 10 nombramientos para una mujer, hoy esta proporción es de 2 de cada 10, que si bien representa el doble que hace un año seguiremos poniendo el dedo en el renglón para que cada vez sean más las mujeres que estén representando a nuestro país en el exterior.

Y por otro lado, también cabe destacar que de estos tres nombramientos, los tres son miembros del Servicios Exterior Mexicano, un servicio que sin duda ha dado grandes resultados a nuestro país, y que quien llega a ser parte del Servicio Exterior Mexicano lo hace persiguiendo una vocación que requiere de muchos sacrificios para ellos y para sus familias; pero también, como se comentaba el día de hoy por la Embajadora Martha Cecilia Jaber Breceda, también es una forma de vida que apasiona y que da mucha satisfacción al alcanzar frutos y resultados para nuestro país.

A las comisiones dictaminadoras nos da mucho gusto poder apoyar tres nombramientos donde se privilegia una visión de género, y donde también se ha privilegiado reconocer al Servicio Exterior Mexicano, que tanto trabajo les cuesta, pero que también tantos frutos ha dado a México.

Es cuanto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Son tres nombramientos muy importantes para la región, qué bueno que ya los estemos ejecutando en este Pleno del Senado de la República.

Estamos, y como lo dijimos ya, en la sesión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe. Estamos contentos de que el día de hoy podamos estar aquí ratificando a tres integrantes del Servicio Exterior Mexicano con trayectorias muy importantes, con trayectorias que hablan del trabajo tan intenso que han hecho ya desde hace décadas a favor de México desde su trinchera.

Quiero decirles, además, que fueron tres comparecencias inspiradoras, me gustaría que viéramos aquí a muchos más servidores públicos con esa energía, esa fuerza, esa pasión por representar a México en los diferentes rincones del mundo.

Quisiera hablar primero de Honduras. Nos tocará ratificar el día de hoy a Dolores Jiménez Hernández, quien tiene una trayectoria muy importante que va ayudar, además con su sensibilidad, a que desde la Embajada de Honduras se haga lo necesario por abordar de manera intensa, profunda, el tema de los migrantes.

Una bandera que hemos enarbolado desde este Senado de la República con toda la fuerza. Y lo digo de esta manera porque ustedes saben que diferentes organizaciones no gubernamentales han hablado del Programa Frontera Sur, tan anunciado por el Presidente de la República, y algunos dicen que está afectando a los hondureños en su tránsito por México.

Va a ser muy importante el encontrar la manera de reforzar los mecanismos de cooperación con Centroamérica, en este caso concretamente con Honduras, para poder mejorar las condiciones de vida que ayuden a las personas que por necesidad lamentablemente se ven obligados a migrar.

Recordar también que en el caso de Honduras, de enero-octubre de 2014, 33 mil migrantes hondureños fueron deportados de México, esta cifra es una cifra muy alta si se considera que el universo de personas deportadas es de poco más de 86 mil personas. Esto quiere decir que representa el 38% del total.

Hay un compromiso por parte de la ciudadana Dolores Jiménez Hernández, así lo externó en su plan de trabajo, de entrarle con mucha fuerza al tema de los migrantes, poder mantener ese estrecho diálogo con el gobierno de Honduras para abordar con enfoque integral el fenómeno migratorio, facilitar la movilidad de personas, garantizar su seguridad y fomentar también el desarrollo regional.

El segundo sería hablar un poquito sobre Martha Cecilia Jaber Breceda, que además estoy convencida que por el paso que tuvo por la Organización de Estados Americanos, va a ayudar a que le pueda dar una visión distinta desde su Embajada, al cómo somos vistos los mexicanos desde las Bahamas y toda esta zona de Jamaica.

Y quiero compartir, por último, y para no ser reiterativa con algunas cifras, algunos datos, sobre el vínculo que tiene México con estos países en materia económica y en algunos otros rubros, quiero hablar del ciudadano Iván Roberto Sierra Medel, también él ha desempeñado diversos cargos en las Embajadas de México en Malasia y en Panamá, además estuvo trabajando en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Algo que me gustó de lo propuesto en el plan de trabajo por parte del ciudadano Iván Roberto Sierra Medel, es el interés por promover la imagen y la presencia de México. Y quiero decirles que nos hablaba, por ejemplo, de la necesidad de poder sistematizar el diálogo con actores de primera importancia en el país de acreditación: legisladores, organizaciones no gubernamentales locales, académicos, empresarios, nos hablaba de la necesidad también de poder hacer un uso intensivo de las redes sociales, poder hacer uso de páginas de Internet para que podamos tener vínculos más intensos con los ciudadanos y, sobre todo, en la parte de rendición de cuentas que estamos buscando en este Senado que los Embajadores, por lo menos una vez al año, puedan enviarnos un informe de lo que hicieron durante el año.

Considero de suma importancia que podamos emprender acciones muy concretas para poder informar en tiempo y forma a los ciudadanos.

Y yo quisiera, por último, y con esto cierro, destacar la importancia de una iniciativa que hemos tenido aquí, apoyados por el Presidente del Senado, el hablemos bien de México.

Es importante que desde nuestras Embajadas hagamos un esfuerzo por llevar todo el tema cultural a estos países, que conozcan mucho más de México, que sepan que más allá de los problemas económicos, de los problemas en materia de seguridad pública, de narcotráfico, que puedan haber en nuestro país, hay muchas otras cosas positivas de las que debemos estar hablando en estos países, tenemos que hacer todos un esfuerzo para ello.

He insisto, esta campaña que impulsamos ya hace algunos meses “Hablemos bien de México”, espero que pueda convertirse en bandera de los 128 Senadores, porque esto le hace mucha falta a nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los puntos de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Dolores Jiménez Hernández, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Honduras.

Se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas; así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Y se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Iván Roberto Sierra Medel, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana.

Comuníquense los mismos.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los ciudadanos Dolores Jiménez Hernández, Martha Cecilia Jaber Breceda e Iván Roberto Sierra Medel, por lo que solicito a los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gerardo Flores Ramírez, Ana Gabriela Guevara y María del Rocío Pineda Gochi, inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Ciudadana Dolores Jiménez Hernández: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Honduras, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Dolores Jiménez Hernández: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si así lo hiciere, que la Nación se lo reconozca y si no que se lo demande.

¡Felicidades, y enhorabuena!

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su nuevo encargo.

Ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas; así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si así lo hiciere, que la Nación se lo reconozca y si no que se lo demande.

¡Felicidades, y enhorabuena!

Éxito en su nueva encomienda, que hoy le ha ratificado este Senado de la República.

Ciudadano Iván Roberto Sierra Medel: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Iván Roberto Sierra Medel: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si así lo hiciere, que la Nación se lo reconozca y si no que se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su nuevo encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a las señoras y al señor Embajador a las afueras de este recinto, cuando ellos así decidan hacerlo.

Pido a las Senadoras y Senadores que no se retiren de este recinto, en virtud de que habremos de llevar a cabo una discusión más de un dictamen sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, el cual tendrá que ser votado de forma nominal.

Les informo que la iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que presentó el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, se rectifica en su turno para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Senadora Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Dictamen de primera lectura)



El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda de primera lectura.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, FIRMADO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ EL 3 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

Si me permite un momento, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Sí, Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Un comentario nada más.

En la lectura que se dispensó del dictamen era del de Transparencia, no de Anticorrupción, y usted dijo Anticorrupción, y entonces eso está generando aquí una duda, de qué fue lo que dispensamos.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Así fue leído por esta Presidencia, si gusta se lo vuelvo a leer nuevamente, dice: “…Recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública…”. Quedó de primera lectura, Senador.

Continúe, Senadora Mariana Gómez del Campo, en el uso de la palabra.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

En primer término, quisiera expresar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano ante la explosión ocurrida el día de hoy en la Ciudad de Bogotá, a las 5:30 horas tiempo local, en donde al menos 7 personas resultaron heridas y se registraron daños a varios inmuebles.

De acuerdo con fuentes oficiales, dicha explosión podría considerarse como un acto terrorista o un posible atentado en contra de una caravana de la policía nacional.

No podemos en este Senado ser omisos ante posibles atentados cobardes que dañen o afecten a personas inocentes, y esperamos que dichos actos puedan ser prontamente esclarecidos.

Y ahora lo que nos trae aquí es el dictamen del Tratado de Libre Comercio México-Panamá, tan platicado ya en las últimas semanas, y yo quisiera compartirles que será el primer Tratado de Libre Comercio que estemos aprobando en este Senado de la República en esta legislatura, y sobre todo, decirles que es estratégico por dos razones.

Primero. Porque nos permite tener acuerdos comerciales de última generación con todos los países de Centroamérica, ya que Panamá era la única nacional con la que faltaba concretar un instrumento de esta importancia.

Y segundo, porque hace posible que Panamá cumpla con cada uno de los requisitos que se requiere para que pueda incorporarse como país miembro de la Alianza del Pacífico, lo que hará todavía más fuerte a este Acuerdo de integración profunda que abre de par en par las puertas al libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas.

Las comisiones dictaminadoras encabezadas por la Senadora Gabriela Cuevas, por el Senador Héctor Larios y por la de la voz, llevamos a cabo todo un proceso en diversos foros en donde sostuvimos la participación de los Subsecretarios de Economía y de Relaciones Exteriores que estuvieron a cargo de las cinco rondas de negociación, en el caso del Subsecretario de Economía; también participaron académicos, escuchamos la voz de la Cámara de Comercio México-Panamá.

En particular, quiero reconocer a distintos sectores y empresas que nos manifestaron su interés para que la aprobación de este tratado se llevara a cabo de manera rápida en este Senado por la necesidad del mismo, y porque además están esperando que pueda generar empleos, que pueda generar bienestar para ambos países y la importancia, como ya señalé, de que pueda ser incorporado este país a la Alianza del Pacífico, y estaremos a la espera que después lo haga Costa Rica.

Panamá es el país que más crece en América Latina con una tasa promedio anual del 9 por ciento, cuenta con un PIB de 44,000 millones de dólares, es la cuarta potencia comercial, el tercer importador y el sexto comprador en Centroamérica.

México recibió el 60 por ciento de las inversiones de Panamá en el mundo, de 2005 a 2013; es la segunda fuente de inversión extranjera directa de México en la región, después de Brasil, con 14.2 por ciento.

Panamá es el centro logístico y comercial más importante en América Latina, por lo que el Tratado de Libre Comercio sentará las bases de un corredor comercial no sólo a nivel Centroamérica, sino de índole continental.

Va a consolidar también la posición de México y Panamá como plataformas privilegiadas de producción y distribución de bienes y servicios tanto para el Continente Americano como a mercados globales.

La próxima incorporación de Panamá fortalecerá a la Alianza del Pacífico.

Quiero destacar algunos de los principales y más innovadores elementos que contiene este Tratado de Libre Comercio.

Primero. México tendrá acceso a la desgravación inmediata del 50 por ciento del universo arancelario común, y en menos de 5 años esa cifra se elevará al 72 por ciento.

Al mismo tiempo contaremos con la protección a productos sensibles para nuestro país como el café, azúcar, plátano, atún, camarón, langosta, la papa, la carne de cerdo, el tabaco rubio y la piña enlatada.

Contempla disposiciones para la facilitación del comercio y cooperación aduanera, prevé mecanismos para agilizar los procedimientos aduaneros con base en los principios de transparencia y de cooperación entre las autoridades aduaneras.

Contiene un capítulo específico en defensa, sobre defensa comercial.

Algo muy importante, dado que por un lado Panamá tiene una economía fuertemente vinculada al sector servicios, y por otro, que no sólo es un tratado pensando en un intercambio de bienes, sino también de servicios.

Contiene un capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios que va a otorgar cierta certidumbre a la prestación de servicios transfronterizos.

Es un tratado que plantea claramente los términos en que se dará el intercambio en materia de inversión, pero también en servicios financieros.

Aborda disposiciones sobre expropiación e indemnización, transferencias, requisitos de desempeño, de negación de beneficios, y medidas relacionadas con el medio ambiente, además de tener disciplinas propias sobre nuevos servicios financieros y el tratamiento de información.

Dentro de los rubros de vanguardia, contempla un capítulo sobre telecomunicaciones que eleva la certidumbre en un sector estratégico como éste, aborda temas como la interconexión, la portabilidad numérica, la paridad de discado, entre otros, que además, van en concordancia con la reciente reforma en materia de telecomunicaciones aprobada por este Senado de la República.

Habla también de propiedad intelectual en lista de nominaciones de origen protegidas en el mercado panameño entre las que destacan el tequila, mezcal, charanda, sotol, ámbar de Chiapas, arroz de Morelos, café de Veracruz, talavera, vainilla de Papantla, café de Chiapas y el chile habanero de la Península de Yucatán.

Se establecen criterios específicos de transparencia y solución de controversias.

En el Senado estamos convencidos de que el comercio internacional es una palanca para el desarrollo y para la prosperidad, sin los diez Tratados de Libre Comercio que tiene México con 45 países, los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y los nueve Acuerdos de Alcance Limitado, hubiera sido mucho más difícil sortear las crisis económicas de 1994 o la crisis del 2008.

Creemos que el siguiente paso debe estar orientado hacia la diversificación en el destino de nuestras exportaciones, y también hacia el aprovechamiento al máximo de todos y cada uno de los instrumentos que tenemos suscritos.

Confiamos en el potencial de este tratado, aún sin contar con él, de 2000 a 2013, el comercio total con Panamá, casi se triplicó creciendo en un 8 por ciento al año en promedio. En ese mismo periodo, las exportaciones mexicanas a Panamá crecieron en 270 por ciento.

Por eso podemos anticipar que este Tratado de Libre Comercio le imprimirá mucho mayor dinamismo a nuestro intercambio, debemos seguir buscando estrechar lazos con este país que ha avanzado tan rápidamente y que, además, con quien nos identificamos en tantos temas.

Es cuanto, y yo felicito a este Senado por ser el primer Tratado de Libre Comercio que aprobamos en esta legislatura.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros:

En primer lugar, nos sumamos a las condolencias y a las muestras de solidaridad con el gobierno, con el hermano pueblo de Colombia.

Hoy Colombia atraviesa un proceso, del que sin duda México tiene mucho que aprender, un proceso de paz, un proceso de disminución de la violencia, y sin duda entrará también una época de postconflicto de la que ojalá nosotros también algún día podamos estar trabajando esa agenda.

Desde que México y Panamá establecieron relaciones bilaterales hace 111 años, nuestros vínculos se han caracterizado por un excelente nivel de entendimiento, y a lo largo de este tiempo, nuestros lazos se han fortalecido mediante el diálogo político, la dinámica comercial y el entrelazamiento de nuestras economías.

Hoy en día nuestro país es el cuarto inversionista de Panamá en América Latina con 2 mil millones de dólares, mientras que Panamá es el segundo mayor inversionista latinoamericano en México, después de Brasil, en una década de 2003 a 2013, el comercio total entre ambos países prácticamente se triplicó al pasar de 358 millones de dólares a mil 64 millones de dólares, pero no sólo eso, también es importante señalar, que desde la década de los 90’s, nuestro país ha presentado una balanza comercial favorable, con tendencia positiva ante Panamá.

En ese contexto, es que ponemos a consideración el dictamen por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio México-Panamá.

De ser avalado por este Pleno, éste deberá ser el décimo primer Tratado de Libre Comercio de México, y formará parte de una red de instrumentos internacionales que nos han posicionado como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y el 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

En específico, este Tratado de Libre Comercio México-Panamá persigue tres objetivos:

El primero de ellos, es aumentar los intercambios comerciales y de inversión entre ambas naciones. Por un lado, México logrará tener acceso inmediato y a corto plazo al 72 por ciento del universo arancelario acordado de bienes, ganando acceso al mercado panameño de automóviles y autopartes, refrigeradores, cosméticos, perfumería, alimentos para animales, jugo de naranja y preparaciones para alimentación infantil entre otros.

Por otro lado, el TLC beneficiará a los inversionistas de ambos países, porque determina las disciplinas para la adquisición, conducción y mantenimiento de inversiones, en condiciones de no discriminación, y de trato justo y equitativo.

El segundo objetivo del TLC México-Panamá, es aprovechar las ventajas comparativas de nuestro país.

La eventual integración de Panamá a la Alianza del Pacífico, con la ratificación de este tratado, permitirá la complementariedad de México como país manufacturero, y de Panamá, como el centro logístico y comercial más importante en América Latina para la distribución de bienes.

Esto va a permitir a nuestro país reexportar a Sudamérica y consolidarse como una plataforma privilegiada de producción y distribución de bienes a mercados globales.

El tercer objetivo del Tratado de Libre Comercio, es fomentar la integración de nuestra economía en América Latina y El Caribe, y contribuir a elevar la competitividad del país.

Según datos de la Secretaría de Economía, los exportadores mexicanos resultarán beneficiados, porque se espera que en los próximos cinco años, los envíos de mercancía mexicana a Panamá, crezcan más del 12 por ciento cada año.

Este tratado que se cerró tras ocho meses de negociaciones, incluye 20 capítulos en diversas materias como: Acceso a mercados, reglas de origen, facilitación de comercio y cooperación aduanera, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios financieros, comercio electrónico, propiedad intelectual y transparencia.

En el capítulo relativo a la propiedad intelectual, por ejemplo, se enlistan las denominaciones de origen protegidas en el mercado panameño como el tequila, mezcal, ámbar de Chiapas, mango ataulfo, café de Veracruz, talavera de Olinalá, café de Chiapas y chile habanero de Yucatán.

También es importante destacar que este Tratado de Libre Comercio permitirá a Panamá sumarse como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, ya que uno de los requisitos para ingresar a este bloque es, precisamente contar con un TLC firmado con cada uno de los cuatro países miembros, y a Panamá, únicamente le faltaba suscribirlo y ratificarlo con México.

Estimadas compañeras y compañeros, esperamos que una vez que se ponga en marcha este tratado, los beneficios lleguen directamente a las y los mexicanos, pues todos deben participar de los beneficios de la globalización de libre comercio, de la movilidad de capitales y de la integración productiva.

Por ello, aquí no debe terminar nuestra función, y dentro nuestras competencias, debemos de estar atentos de que la comisión administradora que se crea en este TLC, cumpla con su función de velar por el cumplimiento y la aplicación del instrumento, así como de evaluar sus resultados.

Es cuanto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 24 de febrero las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, aprobamos por unanimidad el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y la República de Panamá, bajo la convicción de que este instrumento internacional fortalecerá la economía de ambas naciones, y permitirá que nuestro país cumpla con ser un actor con responsabilidad global.

México y Panamá establecieron relaciones bilaterales el 1º de marzo de 1904. Desde entonces se ha caracterizado por un excelente nivel de entendimiento y se ha fortalecido a través del diálogo político, de la dinámica comercial, el entrelazamiento de las economías mediante inversiones, flujos de personas y la cooperación en las esferas de educación, cultura y tecnología.

En 1985 se suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial entre México y Panamá, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI; bajo este Acuerdo, México otorgó a Panamá un total de 110 preferencias arancelarias de 64 por ciento en promedio, según datos de la unidad de coordinación de negociaciones internacionales de la Secretaría de Economía.

Las principales exportaciones e importaciones entre México y Panamá, en el año del 2013, fueron: medicamentos; 17.1 por ciento monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor; 12.2 por ciento barras de hierro o acero sin la línea; 6.3 por ciento en automóviles de turismo y demás vehículos; 4.9 por ciento en refrigerados, congeladores y demás materia.

Hoy en día Panamá es el décimo primer socio comercial para México en América Latina y El Caribe, y su octavo destino es portador.

La inversión extranjera directa en México proviene de Panamá, que ha sido muy positiva en los últimos 13 años, con una suma total de 887 millones de dólares en el periodo.

Las cantidades más altas de IED mexicana en Panamá registraron, en el 2009 y 2012, cifras de 153 millones de dólares, y 132.9 millones de dólares, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y censo en Panamá.

Hoy, reconociendo ese entendimiento comercial entre ambas naciones, por primera vez en esta legislatura, el Senado de la República aprueba un Tratado de Libre Comercio con el trabajo conjunto de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Entre múltiples beneficios encontramos que el tratado facilita el comercio de mercancías y servicios entre ambos países, eliminando obstáculos técnicos al comercio, aumentado las oportunidades de inversión y protección de la propiedad intelectual.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, admite que las reglas y procedimientos puedan contar con certeza, y que las condiciones deben cumplirse para que se considere que la mercancía sea originaria y tener acceso de preferencia arancelaria negociada.

Además se prevé la certificación electrónica para disminuir las cargas administrativas de los operadores económicos. Con esto se protege a nuestros productores cuyos cultivos tendrán denominación de origen protegida, evitando así la competencia desleal.

Entre otros productos, como ya lo han mencionado nuestras compañeras, el tequila, el mezcal, charanda, sotol, ámbar de Chiapas, mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, orgullosamente el arroz, denominación morelense, el café de Veracruz, Talavera, Vainilla de Papantla, café de Chiapas y el chile habanero de la Península de Yucatán.

Asimismo, este instrumento internacional permitirá a Panamá cumplir con el requerimiento de contar con un Tratado de Libre Comercio con todos los miembros plenos de la Alianza del Pacífico, y así sentar las bases de su proceso de adhesión para después adquirir el estatus de miembro pleno en esta iniciativa de integración regional.

También incorpora disposiciones de servicios financieros como la expropiación e indemnización de fondos, transferencias, requisitos de desempeño, de negación de beneficios y medidas relacionadas con el medio ambiente, tratamiento de la información.

El tratado eleva la certidumbre en materia de telecomunicaciones, como la interconexión, portabilidad numérica entre ambas naciones, con esto se consolida un logro más propiciado por la reforma en telecomunicaciones aprobada por el Congreso de la Unión durante la LXII Legislatura.

Es, de hecho, que este primer Tratado de Libre Comercio va a incorporar la certeza del trabajo real de las telecomunicaciones, regula los trámites migratorios para desempeñar actividades tales como investigación y diseño, comercialización, servicios especializados previamente pactados o contemplados en un contrato de transparencia, de tecnología, de patentes y marcas de compra-venta de maquinaria y equipo de capacitación técnica de personal o técnico.

Finalmente, establece una comisión administradora encargada de velar por el cumplimiento y aplicación, así como de los procedimientos de solución de controversias.

Por estas razones, compañeras Senadoras y Senadores, es que solicitamos, la Comisión de Comercio, su voto a favor del presente dictamen, que sea para beneficio de México y de Panamá.

Gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

En la discusión en lo general, se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde a favor de este dictamen, a favor de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá.

Como ya se ha señalado en esta tribuna, es un instrumento que fue suscrito por ambos países en abril del año pasado, y tiene por objeto sentar las bases de una relación bilateral en un marco que permita intensificar los flujos comerciales, generar condiciones óptimas para las inversiones y fortalecer la protección de los derechos de propiedad industrial.

Es un instrumento, que desde luego, se inscribe en la mejor tradición de nuestro país en la suscripción de Tratados de Libre Comercio que han permitido a los mexicanos mejorar de manera sustantiva su bienestar a partir del primer instrumento de esta naturaleza, firmado por nuestro país, con los Estados Unidos y Canadá, en el año de 1994.

No debemos pasar por alto que partimos de la base de que entre México y Panamá hay, hoy en día, un intercambio comercial que supera ya los mil millones de dólares, y con este instrumento, desde luego, lo que se busca es mejorar esos valores, esos volúmenes de intercambio comercial de bienes y servicios en beneficio de los habitantes de ambos países, como ya lo señalé.

Ya se mencionó también aquí en esta tribuna que se trata del primer Tratado de Libre Comercio que nos corresponde en esta legislatura proceder a su ratificación. Me parece que es un asunto de vital importancia para nuestro país, es un asunto de vital importancia también para Panamá, ese país era el único país de Centroamérica con el que al día de hoy no teníamos suscrito un tratado del libre Comercio, y se trata, sin duda, de una importante ventana de oportunidad para las empresas mexicanas, no sólo para llegar y ofrecer más bienes y servicios en el mercado panameño, sino para aprovechar la ventana de oportunidad que representa Panamá como plataforma de entrada también a Sudamérica.

Como dijo la Senadora Gabriela Cuevas en el uso de la palabra, aquí en esta tribuna, hace un momento: “Este Tratado de Libre Comercio, pues, es un instrumento también que le resultará de gran utilidad a la nación panameña”, pues es el único país, México, con el que Panamá no tenía suscrito un acuerdo de los que integran la Alianza del Pacífico.

Una vez suscrito este Tratado de Libre Comercio, pues, le permite a Panamá adherirse a esta importante iniciativa que ya está siendo de una gran importancia en el ámbito regional a nivel internacional.

Se trata de una muy importante oportunidad, como ya lo señalé, para aprovechar la ventana de entrada a los mercados sudamericanos, que no podemos dejar de reconocer que han costado un poco de trabajo, a pesar de que se tienen firmados algunos instrumentos con ellos, y me parece que esta suscripción va a complementar de manera muy oportuna los esfuerzos de las empresas mexicanas.

El Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá es un instrumento avanzado que incorpora, como ya se señaló aquí, por ejemplo, temas de telecomunicaciones y comercio electrónico que van totalmente en línea con la reforma de telecomunicaciones que aprobamos en el año 2013 en la parte constitucional, y en el año 2014, por lo que hace a la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por último, cabe recordar que Panamá es el segundo destino de las inversiones mexicanas en Centroamérica, con un monto acumulado mayor a 2 mil millones de dólares.

La inversión de Panamá en México se ubica en cerca de mil millones de dólares, lo cual ubica a esta nación centroamericana como la cuarta inversionista de América Latina y El Caribe en México, y primera de Centroamérica en nuestro país.

En síntesis, se trata de un instrumento que permite potencializar los beneficios del comercio exterior en beneficio del bienestar de los mexicanos y, por supuesto, de nuestros hermanos panameños.

Por todas estas razones, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde, estamos a favor de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Gerardo Flores Ramírez.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos y docentes de la Universidad Jesuita, Campus Torreón, Coahuila, invitados por el Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre.

Asisten a este recinto con el fin de presenciar los trabajos de carácter legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Bueno, es importante felicitar a estas comisiones, que a casi un año de que se envía el Tratado de Libre Comercio de México con Panamá, va a permitir, como aquí lo han expresado las presidentas de las comisiones que dictaminan y quien me antecedió en la palabra, una relación más cercana con Panamá y, sobre todo, abre, sigue construyendo la expectativa de una relación más profunda, más cercana, más de construcción de sinergias en la región latinoamericana.

De tal manera que vemos con mucha simpatía que hoy estemos dictaminando la concreción en términos de lo que establece nuestra Constitución, de la celebración del Estado mexicano con Panamá, para establecer una serie de bases, que nos permitan concretar de manera eficiente y efectiva la relación comercial con Panamá.

Veinte capítulos contiene el Tratado. Desde las disposiciones generales, todo lo que tiene que ver con la implementación de las características para el acceso de mercancías, qué tipos de mercancías, las reglas de origen, procedimiento y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la defensa comercial. Las medidas sanitarias, fitosanitarias, los obstáculos técnicos que puedan derivarse de las relaciones bilaterales, el comercio transfronterizo de servicios, el capítulo sobre la inversión, los servicios financieros, telecomunicaciones, entrada y estancia temporal de personas de negocios, en fin.

Nos parece que, con estas consideraciones que se plantean el día de hoy, permiten que México, ciertamente pueda tener una relación mucha más cercana con Panamá.

Ya es en los hechos, Panamá el décimo primer socio comercial que tenemos con América Latina y El Caribe. De tal manera que tendríamos posibilidades de, insisto, de seguir abriendo las posibilidades de un trabajo más puntual, más bilateral y más integral con todos los países de Centroamérica y de Sudamérica y El Caribe.

Creo que hay una referencia que tendríamos que estudiar, va derivar seguramente de que en los próximos años, no está seguramente muy lejana la posibilidad de que podamos incluso tener una experiencia como comenzaron en Europa. Es decir, la integración de diversos tipos, política, económica, comercial, incluso de tipo legislativo.

En el caso de la Unión Europea, es un precedente muy importante, de tal manera que la celebración de Tratados de Libre Comercio con países de nuestra región, permiten que vayamos construyendo en el poco tiempo una relación que nos lleve a toda la región latinoamericana, a construir un estatus comercial, financiero y, por supuesto, quien dice que no, también con la posibilidad política de tener algo parecido con lo que pasa con la Unión Europea.

No es un asunto menor, porque ahora facilitamos la integración de Panamá en la Alianza del Pacífico. Y por supuesto, como aquí también se ha venido diciendo, como la relación comercial con diferentes productos y con diferentes servicios, nos permite abrir un enfoque totalmente distinto hacia una expectativa de una relación más equitativa y mucho más cercana con Panamá, como casi lo podía concretar, como el hermano centroamericano que sigue siendo, a pesar de la división de nuestras soberanías.

Hoy dictaminamos este punto de Acuerdo que tiene que ver con el cumplimiento del artículo 76, fracción I párrafo segundo de nuestra Constitución, para que se apruebe en sus términos el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el 3 de abril de 2014.

Ojalá que no se tarde tanto este tipo de tratados, insisto, a casi un año de que se celebra, pues ojalá que las comisiones, que en otro tipo de tratados, otro tipo de convenios, podamos resolverlos de manera mucho más diligentes para poder lograr concretar las relaciones comerciales con países hermanos, como este caso Panamá.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo tanto, apoya este dictamen y lo votaremos en sus términos, de manera afirmativa.

Es cuanto y muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que se recibieron los respectivos textos de las intervenciones de los Senadores Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Jorge Aréchiga Ávila, con sus argumentaciones a favor de este dictamen, mismos que se integrarán al Diario de los Debates.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

A nombre de mi grupo parlamentario, vengo a esta tribuna, para exponer nuestra postura, a favor del dictamen que nos ocupa.

Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento público, al manejo de la política exterior que ha realizado la cancillería durante los últimos años, que sin duda, ha trabajado de manera contundente en el posicionamiento de México en el exterior, como un país estratégico y de oportunidades en el concierto de la economía mundial.

En este sentido, la aprobación de este tratado de libre comercio México-Panamá reafirma este gran objetivo y representará una verdadera oportunidad para diversificar nuestro comercio y reafirmar nuestro liderazgo en la región.

En la discusión del dictamen, al interior de las comisiones unidas, los senadores coincidimos que  Panamá es un socio estratégico para el mercado de bienes y servicios de México.

Por mencionar algunos datos,  durante los últimos años, ambos países hemos sostenido relaciones bilaterales que han permitido triplicar nuestras exportaciones manufactureras, además de abrir el mercado de inversiones panameñas.

En los últimos  10 años el comercio entre México y Panamá se incrementó 214%, al pasar de 339 millones a mil 64 millones de dólares, con lo cual Panamá se ubicó, como el cuarto socio comercial de México en Centroamérica y en el número 11 en América Latina y el Caribe.

Destacamos también que Panamá es el primer inversionista de Centroamérica en México, con un monto superior a 932 millones de dólares, y es el segundo destino de las inversiones mexicanas en esa región, con más de dos mil millones de dólares.

Geográficamente, este país de Centroamérica representa una conexión comercial con Sudamérica, además de la que ya ofrece el propio Canal  entre el Golfo y el Pacifico. Esta posición representa para nuestro país un centro logístico y de distribución con un importante potencial y en contraparte, representa para ese país centroamericano, una plataforma para diversificar sus exportaciones e incrementar su participación en las cadenas regionales de valor

En mi grupo parlamentario consideramos que la ratificación de este tratado es estratégico para nuestro país, porque consolida el comercio con la región Centroamericana, lo que permitirá que nuestras empresas lleguen a un mercado potencial de 80 millones de personas.

Es importante destacar, en mi calidad de presidenta pro tempore de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que la aprobación de este tratado, se eliminará la restricción para que Panamá se integre a la Alianza del Pacifico, lo que traerá una importante adherencia de países y mercados, de casi 300 millones de personas.

Por otra parte, con la vigencia de este tratado nuestro país tendrá preferencias con Centroamérica y mejores condiciones para retomar el acuerdo de alcance parcial con Belice.

En este tenor, en el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, coincidimos que al concretarse este tratado,  contribuiremos a profundizar y diversificar las exportaciones mexicanas, ya que actualmente gran parte de éstas se hacen con América del Norte.

Creemos que con la ratificación de este importante instrumento internacional,  lograremos un relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre México y Panamá, que beneficiará a los ciudadanos de ambas naciones como resultado del crecimiento y del desarrollo económico.

En razón de lo anterior, hacemos manifiesto nuestro voto a favor del presente dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto.

El Senador Luciano Borreguín González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras Senadoras; compañeros senadores:

Avalamos en el Senado de la República este tratado, en principio, porque estaremos siempre a favor de la integración Latinoamericana, y de manera particular, con los pueblos hermanos de Centroamérica.

Nuestra relación con Panamá data de hace muchos años, desde 1904, y se ha venido consolidando con respeto, con entendimiento, se ha visto fortalecida con el diálogo político, y en los últimos años, con una creciente dinámica comercial.

Como se señala en el dictamen, existe un entrelazamiento de economías mediante inversiones, el aumento en el flujo de personas, pero también en la cooperación en esferas tales como la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.

Es para nosotros importante, el hecho de que Panamá haya incorporado en 2014 a mexicanas y mexicanos bajo el esquema de “residente permanente”, lo que ha permitido que más de 100 connacionales realicen actividades remuneradas en dicho país.

En 2013, fue Panamá el país que transfirió a México la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y de la Conferencia Iberoamericana.

Estos y muchos otros elementos, nos confirman la intención compartida de estrechar los vínculos que como he señalado, se iniciaron hace bastante tiempo. 

Hoy, desde esta Cámara ratificamos la decisión de sentar bases muy claras y firmes de una relación comercial bilateral, que es benéfica para nuestro país.  

Panamá es el cuarto socio comercial de México en Centroamérica, así como su octavo destino exportador y vigesimoprimer proveedor de la región.

La inversión extranjera directa en México proveniente de Panamá ha sido positiva en los últimos 13 años, lo que suma un total de 887 millones de dólares en ese periodo.

Se trata del primer inversionista de Centroamérica en México. Por cierto, una nación que cuenta con uno de los más altos niveles de crecimiento económico en  Latinoamérica durante la década reciente.

Sobre todo, resalta el hecho de que los exportadores mexicanos resultarán beneficiados con este acuerdo comercial porque se espera que en los próximos cinco años los envíos de mercancía mexicana a Panamá crezcan más de 12 por ciento cada año.

Es un país de servicios, por lo que existe potencial para fomentar inversiones y ayudar a que empresas mexicanas se establezcan, que cuenta con una conectividad bastante relevante. 

Panamá es el país centroamericano considerado como el centro financiero y comercial de mayor relevancia regional y global –por el tránsito que genera el canal– a través de la internación de productos y su reexportación a terceros países, en algunos casos vía la reetiquetación de productos.

Por ello, puede convertirse en una gran plataforma de reexportación de productos y servicios mexicanos para toda la región.

Con el Tratado que está a consideración de esta Cámara de Senadores, se facilitará el comercio de mercancías y servicios, se eliminan obstáculos técnicos al comercio, se aumentan las oportunidades de inversión entre ambos países y se protegen los derechos de propiedad intelectual. Se incorporan regulaciones en materia de comercio digital.

Actualmente, México exporta a Panamá diversos productos, como medicamentos, televisores, acero, automóviles, vehículos para transporte de mercancías, por mencionar sólo algunos.

Este dato es importante, porque se promoverán las exportaciones de la manufactura mexicana, que se han triplicado en el caso de Panamá. 

Se abre una oportunidad para diversificar el comercio de México, que sigue siendo demasiado dependiente de Norteamérica.

El TLC con Panamá también es estratégico porque consolida el comercio con la región Centroamericana, lo que permitirá que las empresas nacionales lleguen a un mercado potencial de 80 millones de personas.

Consideramos que en este instrumento internacional se establecen las medidas y garantías para un comercio creciente, justo y equilibrado, en beneficio de ambas naciones. Por ello, el voto del Grupo Parlamentario del PRD, será a favor.

Es oportuno, en esta reflexión, que hagamos un llamado respetuoso al Gobierno Mexicano, porque debemos hacer un frente común con nuestros hermanos centroamericanos, para diseñar una agenda regional propia, para sacudirnos las presiones de Norteamérica, y hacer frente al flagelo de la violencia que proviene del  crimen organizado, con pleno respeto a la soberanía de las naciones, con vocación democrática, y tomando cuenta las necesidades y las aspiraciones desde abajo y desde lo local.

Tenemos la imperiosa necesidad de garantizar un crecimiento sostenido, con justicia social, con respeto y garantía de los derechos humanos. Tenemos que avanzar en la erradicación de la pobreza, y construir un mejor destino para nuestras naciones.

Muchas Gracias.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Quienes integramos el Senado de la República tenemos una razón más para sentirnos satisfechos por el trabajo realizado en la presente Legislatura, ante la aprobación del tratado internacional que el día de hoy se somete a nuestra consideración.

El presente Tratado de Libre Comercio representa un instrumento de la política exterior fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, el fortalecimiento de los vínculos comerciales con la República de Panamá y, en términos generales, la consolidación de la integración regional con Centroamérica.

Como actividad necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, el comercio forma parte importante de la vida en sociedad. Desde tiempos remotos, en que el trueque representaba el modelo comercial básico de las culturas, hasta nuestros días en que la compra y venta de mercancías puede darse de manera remota e instantánea por medios electrónicos, el intercambio de bienes y servicios constituye una actividad estratégica para el desarrollo de cualquier Nación.

Esto resulta particularmente importante en el actual mundo globalizado, en que la integración comercial y la reducción o eliminación de las tasas impositivas constituyen condiciones indispensables para el desarrollo regional y, por ende, para el éxito económico de los Estados.

De esta forma, la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, no solo ratifica el cumplimiento de los principios que rigen la política exterior de nuestro país, sino que demuestra la visión globalizadora y promotora del desarrollo regional del Estado mexicano.

En tal sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde hace un especial reconocimiento al Poder Ejecutivo Federal, encabezado por el Presidente Enrique Pena Nieto, pues en menos de un año de negociaciones logró la firma del presente Tratado de Libre Comercio. De la misma forma, aplaudimos el trabajo de todos los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, gracias a lo cual el Senado de la República podrá aprobarlo el día de hoy.

Cabe mencionar que indudablemente el presente tratado comercial beneficiara de manera significativa a México, pues Panamá se distingue por tener una economía de servicios y una gran infraestructura comercial, además de registrar las mayores tasas de
Crecimiento económico en América Latina y el Caribe de los últimos años.

Los productos mexicanos no sólo entrarán Panamá para su consumo e industrialización interna, sino que será el punto de partida para salir a otros mercados, dado el papel estratégico del Canal de Panamá.

Cabe mencionar que nuestro país es el cuarto socio comercial más importante de Panamá, únicamente por debajo de los Estados Unidos de América, China y Costa Rica; asimismo, México es el tercer exportador más importante.

Si consideramos que, de conformidad con las estimaciones de la Secretaría de Economía, gracias al presente Tratado de Libre Comercio las exportaciones de México hacia Panamá crecerán mas del 12% cada año, este instrumento internacional no solo permitirá que productos como frutas, automóviles y denominaciones de origen como el tequila, el mezcal, el ámbar o el chile habanero entren a Panamá bajo reglas favorables para los exportadores mexicanos, sino que también el escenario macroeconómico de nuestro país registrara avances significativos.

Por todo lo anterior, los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres:  La Mesa Directiva agradece su comprensión. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 67 votos en pro y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la Ciudad de Panamá el 3 de abril de 2014. Remítase al Ejecutivo Federal.




 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la modificación de integración en comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, invitados por el Senador Martín Orozco.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a las comisiones respectivas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 14; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 16 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis, María Lucero Saldaña Pérez, María Hilaria Domínguez Arvizu y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2004, con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social se instituyó un organismo público responsable de la metodología y la medición de la pobreza, el cual recibió el mandato de adoptar una perspectiva multidimensional que tomara en cuenta los derechos sociales y no sólo el ingreso de las personas, que había sido el referente fundamental para medir la pobreza a nivel internacional.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, surgió como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene encomendadas dos funciones esenciales:

1) Normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y

2) Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

A través de dicho organismo, fue posible alcanzar diversos objetivos, entre los que destacan los siguientes:

a) Contar con una medición de la pobreza más objetiva, imparcial y transparente.

b) Hacer visibles las dimensiones del problema en la agenda nacional.

c) Asignar a la labor de medición un carácter transexenal.

d) Inhibir prácticas o tendencias dirigidas a mostrar un diagnóstico sesgado de la realidad.

e) Evaluar el impacto los resultados de estrategias, políticas y programas públicos, dirigidas al combate a la pobreza.

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se adiciona un Apartado C al artículo 26 de la Constitución General de la República, por el cual el CONEVAL adquiere la naturaleza jurídica de un organismo público autónomo, y se ratifican las dos grandes funciones para las que fue creado.

Previo a su transformación, el organismo se había dado a la tarea de dar respuesta metodológica a los mandatos de la Ley.

CONEVAL desarrolló dos líneas de investigación entre 2006 y 2009: la primera, llevada a cabo en 2006, se enfocó a definir el marco teórico-metodológico de la medición multidimensional de la pobreza, en tanto que la segunda se orientó a la generación de la información necesaria para realizarla.

Como resultado de un intenso proceso de investigación, análisis y consulta con especialistas, instituciones y organismos, creó los criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para realizar estas actividades debió tomar en consideración al menos los siguientes indicadores: Ingreso corriente per cápita, Rezago educativo promedio en el hogar, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación, grado de cohesión social.

En este contexto, el CONEVAL determinó que la definición de pobreza considerara las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial.

a) El espacio del bienestar económico comprende las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante el ingreso.

b) El espacio de los derechos sociales se integra a partir de las carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social, que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social son: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) El espacio del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden al ámbito individual (que pueden referirse a características geográficas, sociales y culturales, entre otras); en específico, aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes para el desarrollo social.

Se arribó así a la siguiente definición:

"Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades."

De lo anterior, se colige que en México la pobreza está directamente asociada a una falla, como señala CONEVAL, aunque se trata en realidad de un incumplimiento o imposibilidad de ejercer los derechos sociales.

El organismo se dio así a la tarea de formular indicadores de carencias con el enfoque de derechos. Realizó una lectura sistemática de la Ley General de Desarrollo Social, que tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.

El de las carencias, como en los otros dos espacios establecidos, representó una gran complejidad.

Para el CONEVAL, un componente esencial de los indicadores de carencia es la determinación del umbral o norma a partir de la cual se define si una persona presenta una carencia en particular. Para efectuar lo anterior, se establecieron criterios metodológicos específicos, los cuales se adoptan de manera sucesiva. Los criterios establecidos son los siguientes:

1. Aplicar las normas legales, si existen.

2. Aplicar criterios definidos por expertos de instituciones públicas especialistas en la materia de cada indicador de carencia.

3. Aplicar criterios basados en los resultados de análisis estadísticos.

4. Determinar el umbral por parte de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL, después de haber tomado en consideración la opinión de personas expertas en la materia.

Para la definición de los indicadores de carencia se recurrió, en primer lugar, a efectuar una revisión de la legislación vigente aplicable a cada dimensión. En caso de que la legislación no permitiera establecer de manera precisa un indicador de carencia y el umbral asociado, se consultó a especialistas en la materia, en particular aquellos de instituciones oficiales dedicadas a la generación o análisis de la información estadística en cada dimensión.

Es decir, se consultó con dependencias o entidades responsables en cada caso.

El Coneval ha reconocido, a partir de las opiniones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que la perspectiva de derechos humanos, además de otorgar un marco ético para la evaluación de las políticas de desarrollo social, proporciona un marco normativo con consecuencias prácticas para la definición de las responsabilidades sociales y para las políticas públicas de superación de la pobreza.

Asimismo, se reconocido que este enfoque permite tener en cuenta normas mínimas, principios y reconocimientos legales, no sólo con respecto a los resultados, sino también durante el proceso mismo de implementación de estrategias de superación de la pobreza.

Paulatinamente ha ido ganando terreno el enfoque que considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas.

Cabe señalar, que el derecho internacional ha permitido ampliar las dimensiones de dignidad, revalorar el derecho a un nivel de vida adecuado y a una existencia digna. Contiene normas, principios, pero también señala conductas a seguir, que deben ser interpretadas considerando las realidades propias y el orden constitucional interno de los Estados.

No obstante, la ley vigente obliga a tomar en cuenta el marco internacional de los derechos humanos en la elaboración de la metodología.

Cabe resaltar que los llamados derechos para el desarrollo social, según el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, son en realidad los derechos sociales, contenidos en la Constitución.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos. Estas reformas, implicaron un replanteamiento de la jerarquía y la eficacia normativa de los tratados internacionales de Derechos Humanos en el orden jurídico interno, así como de las obligaciones que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los estándares instituidos.

El artículo 1 señala:

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

El Estado mexicano se ha obligado a velar por la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, lo que involucra a dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno. De manera explícita remite, para la interpretación de normas referidas a derechos humanos, a la Constitución y a los tratados internacionales.

Actualmente, existe un desarrollo importante en el Sistema Universal de protección de los derechos humanos, y en el Sistema Regional, que ha contribuido en gran medida para aclarar el contenido esencial o básico de éstos derechos y las responsabilidades de los Estados.

También se ha determinado la naturaleza y verdadero alcance del principio de progresividad. Todo ello, a partir de documentos tales como las Observaciones Generales del Comité DESC, Informes de Expertos bajo el mandato de la ONU, sentencias, opiniones o jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que de manera directa o indirecta hacen alusión a los derechos sociales.

Estos desarrollos, deben incidir en la revisión de indicadores, de umbrales y en general de la propia definición y medición de la pobreza, como una actividad que debe contribuir a conocer más la realidad de los derechos sociales a la luz del orden constitucional interno y de los instrumentos internacionales. De igual forma, puede incidir en la construcción de políticas de desarrollo social con enfoque de derechos, atendiendo el espíritu de Ley General de Desarrollo Social, y sobre todo, los mandatos de la Constitución.

La presente iniciativa considera que es de enorme relevancia que se haga explícita la obligación del CONEVAL de cumplir sus funciones con pleno apego al enfoque de derechos, lo cual, no puede quedar al arbitrio de los integrantes en turno de dicho organismo.

Además, se considera indispensable que el CONEVAL tome en cuenta, en el cumplimiento de sus funciones, los documentos que generen los organismos internacionales de derechos humanos, que sean aplicables al nuestro país, de manera particular, para determinar el contenido esencial o básico de los derechos y las responsabilidades del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un párrafo quinto al Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

C...

En el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social garantizará la adopción de un enfoque que contemple el marco nacional e internacional de los derechos humanos, incluyendo las observaciones, recomendaciones y resolutivos que sean dirigidas o aplicables al Estado mexicano.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 12 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE   EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º numeral I, 164 numeral I y 169 numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de está Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII A EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al comienzo del siglo XXI, nueve de cada diez niños latinoamericanos tienen acceso a la educación primaria, sin embargo, aunque se esté cubriendo el ciclo básico y en menor proporción el secundario, sigue habiendo un déficit en cuanto al nivel educativo en comparación con otros países. A pesar de que se ha observado un avance paulatino desde la década pasada en cuanto a la apertura del acceso educativo para los niños y jóvenes, como para su retención en las instituciones educacionales, América Latina hoy en día se enfrenta con tasas de deserción escolar temprana muy elevadas.

Desde los años noventa se ha podido demostrar con cifras certeras avances en los países latinoamericanos en cuanto a las tasas de asistencia a la educación primaria, las cuales alcanzaron un nivel superior al 90%, y en la secundaria a casi un 70%. Aunque los porcentajes nos demuestren un avance importante, siguen habiendo deficiencias y retrasos en materia educacional, ya que los niños y jóvenes efectivamente se inscriben a la escuela pero al poco tiempo abandonan el sistema escolar.

El gran problema se centra sobre todo en los jóvenes de quince años en adelante, los cuales por tener carencias económicas, problemas familiares o de adicciones, abandonan la escuela, sin haber alcanzado un nivel de educación mínimo para poder desenvolverse con facilidad en un mundo globalizado y conseguir una buena remuneración por su trabajo realizado.

Los países latinoamericanos coinciden en que su sistema educativo  tiene  problemas con cubrir  la educación preescolar, reciben gran número de inscripciones al ciclo básico, y tienen dificultades con retener a los niños y jóvenes para que terminen sus estudios.

La dificultad no consiste en que los niños o jóvenes se inscriban en la escuela, sino en que, éstos mismos logren desempeñarse de la mejor manera posible y que sobre todo concluyan con sus ciclos escolares para que tengan las herramientas necesarias para afrontar la globalización.

En todos los países la deserción escolar se da por lo general en las zonas rurales que son las más marginadas y esto es debido a que los niños o jóvenes toman la decisión, son forzados por sus padres o las necesidades los llevan a tener que trabajar para poder vivir.

En cambio, en las zonas urbanas la tasa global de deserción en los adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, el porcentaje es menos al 20% en países como Bolivia, Chile, República Dominicana y Perú. En Argentina, Brasil, Colombia y Panamá comprende entre un 20% y un 25%. En otro grupo de países como Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la deserción escolar afecta entre un 25% y 35% de los adolescentes, mientras que en Honduras y Guatemala la tasa alcanza a afectar a un 40% y 47%.

Esto quiere decir, que la deserción escolar en las zonas rurales es mucho más frecuente y por lo mismo esto provoca que se genere una desigualdad de oportunidades en comparación con los jóvenes y niños que habitan en las zonas urbanas.

La tasa global de deserción rural rebasa en no menos de 20 puntos porcentuales a la tasa urbana en 10 de 124 países y en 5 la supera con 30 o más puntos, con lo anteriormente mencionado, nos podemos dar una breve idea de los avances y los retrocesos que se tiene en cuanto al abandono escolar en los países latinoamericanos.

En México persisten los altos niveles de deserción escolar en la educación media superior y superior. Cerca del 65 por ciento de los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, no participó en la educación en 2012, sin contar que el 22 por ciento ni estudiaba, ni trabajaba, porcentaje que se ha mantenido por más de una década.

Así lo revela el Panorama de la Educación 2014 presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que coloca a México sólo por arriba de Brasil en este rubro, pero debajo del resto de los países miembros.

El organismo internacional advirtió que en México los jóvenes pasan más tiempo como ninis, estudian menos y trabajan más, y a mayor escolaridad, sufren mayor desempleo, pues aquí se premia la baja escolaridad en el mercado laboral.

La directora del gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos aseguro que en ningún otro país hay una caída tan brutal, pues se pierde 40 por ciento de los jóvenes en la transición de la educación media superior a la superior, y a partir de ahí es “menos y menos”, hasta llegar a que solo 12 por ciento de quienes tienen entre 20 y 29 años se dedican a estudiar, porcentaje que se reduce a 4 por ciento en el sector de 30 a 39   años.

Explicó que existe todo un conjunto de factores, entre ellos las condiciones socioeconómicas, laborales y de valoración de la educación por parte de las familias, por lo que considera necesario impulsar programas de apoyo y becas para que los jóvenes de escasos recursos no dejen de estudiar, pues de lo contrario “Solo llegan las malas noticias: tienen menos aspiraciones, menores posibilidades de tener mejores trabajos, remuneraciones y de crecer en su proyecto laboral”.

En tanto, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) nos proporciona la cifra actual de abandono escolar la cual es de 650 mil alumnos por año; esto refleja, que aunque de siete años para acá haya existido una mejoría, todavía sigue habiendo un fuerte rezago en la deserción escolar de jóvenes y niños, ya que los alumnos que van dejando la  Educación Media Superior cada año pasaron a ser de 595 mil a 650 mil.

Hasta ahora la tasa de deserción en nuestro país ha disminuido tan sólo 1.2 puntos porcentuales, lo cual nos alerta de que no se puede descuidar éste importante tema y que tenemos que seguir impulsando más políticas públicas para combatir el abandono de las escuelas por los niños y especialmente los jóvenes.

La deserción escolar afecta a la sociedad y a la economía. A la primera se daña porque crea una gran desigualdad social entre los que tienen más posibilidades económicas y pueden gozar de una educación plena, que con los que se ven menos favorecidos económicamente que por su posición no pueden tener acceso a una debida educación y a la segunda, porque al tener un bajo nivel educacional, hay una baja productividad de trabajo y esto hace que se genere consecuentemente un crecimiento menor y más lento de la economía.

Es importante que por todas estas razones, sigamos luchando por disminuir la deserción escolar e impulsemos en coordinación con el Ejecutivo Federal, la promoción y fortalecimiento de políticas públicas que ayuden a la educación en nuestro país. Por ello se propone adicionar la fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación,  para quedar como sigue:

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 7º.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de susmanifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro.

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Artículo 7º.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I al XVI……………………..

XVII.- Promover y Fomentar Políticas Públicas efectivas que disminuyan la deserción escolar en todos los niveles educativos.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XVII al artículo 7º  de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I al XVI....

XVII.- Promover y fomentar políticas públicas efectivas que disminuyan la deserción escolar en todos los niveles educativos.

TRANSITORIOS

UNICO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 12 de marzo de 2015.

Senador Dr. Francisco Salvador López Brito.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo información sobre el proyecto “Destinos Turísticos Inteligentes”. Se turna a la Comisión de Turismo.







 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante el Pleno del Senado para que informe sobre el estatus del proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.







 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades locales del estado de Nayarit sancionar el comportamiento del ciudadano Hilario Ramírez Villanueva, Presidente Municipal de San Blas, Nayarit. Se turna a la Comisión de Federalismo.

La Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación; en México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de género son las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, familiares y culturales desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo de los países y compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no garantizan para las mujeres el acceso a la una vida libre de violencia.

La cultura de la violencia de género está tan incrustada en nuestro país que por ejemplo, la acción de piropear a las mujeres en la vía pública resulta natural, divertida y hasta celebrada por casi todos los que la ejercen con un escudo protector activado ridículamente nombrado “galantería”.

La violencia de género es una especie de plaga invisible que contamina a todas las personas sin importar género, edad, grupo social, nivel de estudios, oriundez o credo, que provoca la reacción inmediata de culpar a las víctimas de haberse buscado el ser violentadas sexualmente, por la manera en la iban vestidas, por caminar por lugares oscuros, solitarios y de madrugada o por manifestar libremente nuestras ideas.

De conformidad con el artículo primero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, “tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Siguiendo con la ley mencionada, en su artículo 18, se define a la Violencia Institucional, como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Es aberrante que las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar,    sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres que deberían proteger

Una muestra de ello son los hechos donde participa el alcalde de San Blas Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, el cual apareció nuevamente en los titulares de la prensa nacional así como de las redes sociales, - la primera ocasión fue cuando declaró que “Había robado, pero poquito - cuando en la celebración pública de su cumpleaños subió al templete a bailar con una joven a la cual le levantó el vestido hasta la cintura, al parecer dos veces. Estos hecho son una vergüenza en sí, en primera por ser un acto que denigra la dignidad de la mujer y peor aun cuando esta violación se realiza por un servidor público.

La de por si escandalosa y costosa fiesta con motivo de su cumpleaños, que a decir de los medios, tuvo un costo de 15 millones de pesos, y los constantes comportamientos y acciones en los que se ha visto involucrado el presidente municipal de San Blas, Nayarit, son hechos de lastiman e indignan no sólo a los mujeres, sino a la sociedad en su conjunto.

Las expresiones de inconformidad, han sido diversas e inmediatas desde que se dio a conocer el video, una de estas inconformidades es la realizada por el Secretario General de Gobierno, José Espinosa Trinidad Vargas, y a la que me uno, puesto que el “respeto es un valor fundamental que debe regir nuestro comportamiento social. La política no debe ensuciarse con acciones que denigren, que vulneren, que ofendan.”

A pesar de que en las últimas semanas, el C. Hilario Ramírez Villanueva, ha tratado de minimizar el hecho, por medio de un intento de disculpa, y regalar, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, planchas, refrigeradores y estufas, es un hecho innegable que sus actos, acciones y omisiones deben tener como consecuencia una sanción ejemplar.

De acuerdo al artículo 123 de la Constitución del Estado de Nayarit se establece que:

Artículo 123.- La Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, fijará las normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

….

….

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las Leyes determinarán casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiese justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Nos unimos al reclamo de INMUJERES ya que “El hecho de ser un servidor público no implica que Hilario Ramírez Villanueva tenga permiso para realizar impunemente acciones de este tipo, mismas que son una clara expresión de violencia directa contra la mujer que le acompañaba e indirectamente contra todas las mujeres.

Reprobamos y rechazamos estos actos porque contribuyen a reforzar en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres pueden ser objeto de cualquier tipo de vejación y agravio a su dignidad y derechos”.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades locales del estado de Nayarit, para que en el ámbito de su competencia, sancionen el comportamiento del C. Hilario Ramírez Villanueva, Presidente Municipal de San Blas, en el entendido de que el ejercicio del poder público exige un comportamiento ético y de respeto a las normas legales en el espacio tanto público como privado.

SEGUNDO.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue y en su caso inicie los procedimientos para sancionar los actos cometidos por el Presidente Municipal de San Blas Nayarit.

TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exige del presidente municipal de San Blas, Nayarit, una disculpa pública y que asuma un compromiso real con la política de igualdad y de respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez y Sen. Martha Elena García Gómez.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe pormenorizado en el que especifique que los recursos públicos efectivamente se hayan gastado para los propósitos planteados en cada uno de los programas sociales de esa Secretaría. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los mexicanos tienen el derecho de conocer si efectivamente sus impuestos están financiando mejoras en el bienestar social, y así atender las necesidades más apremiantes del país como la educación, salud, seguridad, entre otros rubros; los tres órdenes de gobierno utilizan los recursos públicos para financiar e instrumentar programas sociales que van encaminados a atender dichas necesidades.

En México existe un sistema de fiscalización de recursos públicos que cumplen con el objetivo de comprobar el efectivo apego de la actividad económico-financiera de los organismos encargados de ejercer recursos públicos a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía

En ese sentido, los programas sociales implementados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) han sido de gran relevancia y utilidad para el desarrollo del país. Sin embargo, estos programas sociales no han logrado cumplir sus objetivos y metas para un mejor desarrollo de la población mexicana.

Este tipo de gasto etiquetado es sujeto a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que la Constitución Política le otorga facultades directas  de fiscalización sobre los recursos federales.

Derivado de lo anterior, la ASF, en la presentación de las auditorías de la Cuenta Pública 2013, señalan que varios programas de la SEDESOL presentan anomalías; entre esos programas destacan la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el programa de Pensión para Adultos Mayores, lo que significó un desfalco al erario público por varios millones de pesos.1

De acuerdo con las auditorías de la Cuenta Pública 2013, el programa CNCH encubrió un fraude masivo que costó alrededor de 845 millones de pesos, a través de subcontrataciones con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR), y esto fue posible gracias al pago por adelantado por parte de la SEDESOL y a la falta de control, supervisión y seguimiento de las acciones convenidas.2

Dicha auditoría señala que el 15 de abril de 2013, la dependencia suscribió un anexo técnico con la UAEM por un monto de 159 millones 850 mil pesos, con el objetivo de promover la CNCH, realizar un evento para “construir alianzas” con organizaciones civiles y los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, el 2 de enero de 2013, la SEDESOL encargó a la UAEM operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, que consistía en instalar 838 “ventanillas” y asistir a los trabajadores, razón por la que entregó por adelantado 60 millones de pesos; cabe mencionar que de las 838 ventanillas que se debían instalar solo se instalaron 248 ventanillas, dichas ventanillas no operaron en su totalidad, es decir permanecieron cerradas, lo cual generó pagos por servicio no utilizados y subutilizados por 13,152.1 miles de pesos.3

Mientras que el 6 de mayo de 2013, la SEDESOL firmó un convenio con la UAEMOR por 697 millones de pesos, con el objetivo de abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.

Además, durante el mismo año, el programa Pensión para Adultos Mayores también presentó inconsistencias debido a que se identificó que en la distribución de apoyos no operó en la totalidad de las localidades atendidas. Asimismo, la ASF destaca que la dependencia reportó haber entregado apoyos económicos directos a cuatro millones 850 mil 573 adultos mayores, es decir, seis mil 548 beneficiarios más de los que reportaba el padrón institucional.4

La ASF detectó casos como el otorgamiento de apoyos a personas que tendrían más de 100 años de edad, sin contar con la constancia de supervivencia; apoyos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de los mismos; falta de registros de los apoyos entregados; montos superiores a los autorizados, o apersonas que no reúnen los requisitos. No obstante con eso, la dependencia realizó pagos injustificados a personas que también reciben pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo por parte del Seguro Social, ISSSTE y PEMEX.5

Como contribuyentes, los mexicanos aportan parte de sus ingresos con el objeto de que el gobierno utilice eficientemente estos recursos y genere bienestar colectivo; en este sentido, se puede asegurar que la ciudadanía se vuelve inversionista o accionista del gasto público, y tal como sucede en cualquier empresa, los accionistas tienen derecho a saber en qué se gasta el ingreso.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de que rinda un informe pormenorizado en el que:

a) Especifique que los recursos públicos destinados al programa de Pensión para Adultos Mayores se hayan entregado en su totalidad a las personas registradas en el padrón institucional.

b) Dé a conocer en su totalidad el contenido de los convenios firmados con la Universidad Autónoma del Estado de México y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la finalidad de promover e impulsar la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Revela ASF fraude en programas de la SEDESOL”, [en línea], en El Semanario, consultado el 9 de marzo de 2015, disponible en: http://elsemanario.com/93994/revela-asf-fraude-en-programas-de-la-sedesol/

2 Auditoría Superior de la Federación, “Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”, [en línea], consultado el 9 de marzo de 2015, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0269_a.pdf

3 Ídem.

4 Melgar Ivonne, “Detectan fallas en programa de adultos mayores”, [en línea], en El Excélsior, consultado el 9 de marzo de 2015, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/19/1009177

5 Auditoría Superior de la Federación, “Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”, [en línea], consultado el 9 de marzo de 2015, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0272_a.pdf





 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud federal y del estado de Chiapas a emprender acciones urgentes contra la fiebre del virus chikungunya. Se turna a la Comisión de Salud.

MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 103 numeral 2, fracciones III y numeral 3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y aprobación, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMPRENDER ACCIONES URGENTES CONTRA LA FIEBRE DEL VIRUS CHIKUNGUNYA; UTILIZANDO LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL DIAGNÓSTICO CON PRUEBAS SEROLÓGICAS, COMO LA INMUNOADSORCIÓN ENZIMÁTICA (ELISA); CAMPAÑAS OFICIALES SOBRE LAS ACCIONES PREVENTIVAS QUE LAS PERSONAS DEBEN TOMAR PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS; Y EL ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS POR MEDIO DE LAS DIRECTRICES Y MANUALES PARA LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE EL TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE LOS VECTORES, PUBLICADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, conforme a la siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La fiebre Chikungunya no ha tenido la atención mediática que adquirieron otro tipo de virus que han afectado a nuestra sociedad; sin embargo, la merece.

En ese mismo tenor, ésta enfermedad no ha logrado obtener de las autoridades en materia de salubridad, las acciones suficientes, no sólo para prevenir la expansión rápida de la misma en el territorio nacional, por el movimiento migratorio de los estados más aquejados, sino para el aislamiento y solución de los casos reportados actualmente.

La fiebre es de especial peligro, ya que es transmitida por un virus y causada por la picadura del mosquito portador del dengue,  por lo que, en muchos casos, los afectados pueden contraer ambas infecciones.

La relevancia de actuar de manera urgente adquiere niveles superiores, al conocer cuáles son los grupos de riesgo de esta fiebre, (niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas), y al conocer que actualmente no existe vacuna preventiva contra la enfermedad.

Ya se han presentado ante esta soberanía varios puntos de acuerdo en la materia, que no han sido discutidos y aprobados con la diligencia que amerita la situación, por lo que debemos exhortar a las comisiones correspondientes a realizar un trabajo expedito, ya que las acciones que la fiebre exige deben ser atendidas a la brevedad.

Al 16 de febrero del presente año, se han registrado 146 casos de Fiebre Chikungunya, en el estado de Chiapas, según lo reportado por el titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, Francisco Javier Paniagua Morgan, siendo 18 municipios los de mayor incidencia.

El área de propagación nacional se localiza en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados que además de ser de los de mayor marginación en el país, tienen costas con el Océano Pacífico, y en los dos últimos, paso de migrantes centroamericanos.

Según los informes de la Secretaría de Salud (SSA) para el periodo del primero de enero al 21 de febrero del presente año, hay registro de 200 personas contagiadas, aunque existe una discrepancia entre lo reportado por la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y la Federal, en cuanto a la distribución de los contagiados.

Cabe resaltar que la mayoría de los afectados han sido personas del sexo femenino, con 117; es decir, el 58.5 por ciento general.

Una campaña oficial masiva por parte de las Secretarías de Salud, tanto a nivel federal como estatal, es indispensable para propagar las medidas preventivas que las y los mexicanos deben tomar para evitar contagiarse de este virus.

- Evitar el contacto y los piquetes de moscos;

- Usar repelentes contra moscos;

- Evitar que los mosquitos entren a su casa; colocar mosquiteros en puertas y ventanas, así como un pabellón para cubrir la cama;

- Mantener zonas libres de llantas, botes, botellas o cualquier objeto donde se pueda estancar agua;

- No mantenerse a la intemperie de madrugada o por la noche, ya que son horarios en que los insectos hematófagos (que se alimentan de sangre) tienen mayor actividad.

Dentro de las acciones que debemos solicitar a las autoridades de salubridad, tanto federal como del Estado de Chiapas, se encuentran medidas de control larvario, nebulización terrestre, y rociado domiciliario en los municipios mayormente afectados, y las poblaciones de bajos ingresos que tienen una condición de marginación que los hace más vulnerables.

Asimismo, para establecer el diagnóstico, solicitamos lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en la utilización de distintos métodos. Las pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA), pueden confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus chikungunya. Las mayores concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad, y persisten unos 2 meses.

Las muestras recogidas durante la primera semana tras la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y virológicos (RT-PCR). El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la infección. Existen diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT–PCR), pero su sensibilidad es variable. Algunos son idóneos para el diagnóstico clínico.

Los productos de RT–PCR de las muestras clínicas también pueden utilizarse en la genotipificación del virus, permitiendo comparar muestras de virus de diferentes procedencias geográficas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Chiapas, emprender acciones urgentes contra la fiebre del virus Chikungunya; utilizando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico con pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA); campañas oficiales sobre las acciones preventivas que las personas deben tomar para evitar el contagio del virus; y el alivio de los síntomas por medio de las directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores, publicado por la Organización Mundial de la Salud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de marzo de 2015.

Sen. Mónica Tasna Arriola Gordillo.





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a difundir y llevar a cabo las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), la adolescencia es esencialmente una época de cambios que trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto, en donde además se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación, por lo cual necesita el apoyo de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje1.

La relación entre adolescencia y Justicia Penal, es un tema de gran impacto ya que las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales y facilitan que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o adquieran conductas violentas; es decir, para entender el fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley, acusados o declarados responsables por la comisión de un delito, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan diariamente2.

2.- En México las cifras señalan que los adolescentes de sexo masculino tienen mayor incidencia en los conflictos con la Ley, particularmente de los 15 a 17 años de edad. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló en 2007 que se habían contabilizado a nivel nacional 22,970 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales un 91 por ciento eran hombres.

En el ámbito legislativo, el 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 Constitucional con la que se le dio origen a un cambio de paradigma en el sistema de justicia para menores de edad que infringen la ley penal del país, estableciendo entre otros puntos relevantes los siguientes3:

a) La creación de una jurisdicción especial para menores de edad que infringen la ley penal, diferente a la de los adultos;

b) La protección de los derechos fundamentales que para todo individuo otorga la Constitución, además de aquéllos que por su condición de personas en desarrollo, les son reconocidos;

c) La determinación de la edad para someter a una persona al sistema integral de justicia para adolescentes, que es de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años y otro para los menores de 12 años de rehabilitación y asistencia social;

d) La intervención del sistema integral de justicia para adolescentes únicamente en caso de conductas tipificadas como delitos;

e) La creación de instituciones y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes;

f) El establecimiento de los principios fundamentales respecto de la protección integral, el interés superior del adolescente y la especificidad de la materia;

g) La aplicación de las formas alternativas de justicia, en atención al principio de mínima intervención;

h) La garantía del debido proceso legal, así como la imposición de medidas de orientación, protección y tratamiento;

i) El principio de proporcionalidad en la determinación de la medida;

j) La reintegración del adolescente a su familia y a la sociedad como fin de la misma, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades; y

k) La limitación a la imposición de medidas privativas de la libertad, pues sólo se podrán utilizar como último recurso, por el tiempo más breve que proceda y en el caso de adolescentes mayores de 14 años que hayan cometido conductas antisociales tipificadas como graves.

En ese sentido, el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que en el año 2005 la citada reforma legislativa instauró un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los Derechos del Niño, denominado “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, a través del cuallas entidades federativas se vieron obligados a crear leyes e instituciones especializadas para ejercer el nuevo sistema de forma local.

Asimismo, para cumplir los objetivos del citado Sistema las entidades federativas han conformado sistemas integrales de justicia especializado, configurados para una protección jurídica especial y regidos y compuestos por principios, derechos, órganos, procedimientos, mecanismos y garantías especiales, con el fin de garantizar que los adolescentes acusados de algún delito, tengan acceso a un juicio justo en el que se respeten siempre sus derechos fundamentales y, en caso de resultar responsables, puedan asumir las consecuencias de su acto a través de una medida socio-educativa que promueva su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades4.

3.-El pasado 3 de marzo se recibió en el Senado de la República el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, a través del cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH reportó una serie de aspectos en detrimento de las y los adolescentes que se encuentran en ellos, señalando su gran preocupación por las deficientes condiciones de maltratos así como por la falta de equipamiento apropiado.

Así, dentro de las irregularidades que se encontraron en los citados Centros de Tratamiento, el mencionado Informe destaca la falta de prestación de un adecuado servicio médico; ausencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación; insuficiente personal; falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de tratamiento interno y deficiencias en su supervisión; presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias; deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior; falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física; incorrecta atención a adolescentes con discapacidad, así como falta de apoyo de intérpretes para quienes pertenecen a comunidades indígenas y no hablan el idioma español5.

En esa virtud, es importante la atención a la problemática de dichos Centros, se concreten mediante el compromiso tanto de la Federación como de los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, para enfocar sus esfuerzos en la implementación de mecanismos y estrategias encaminadas a garantizarles el acceso a todos sus derechos establecidos en la legislación, para lo cual es fundamental que las entidades federativas difundan el contenido del Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, entre sus áreas correspondientes y promuevan la aplicación de las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, dado que como estado tenemos la obligación de promover, respetar y garantizar la protección de los derechos humanos, y en virtud de la necesidad de que las y los adolescentes que han infringido la ley tengan un adecuado proceso de reintegración social y bajo ese contexto se elimine la posibilidad de que los Centros de Tratamiento Interno para adolescentes tengan una función de “Universidad del Crimen”, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas, a que en el marco de su competencia y a través de las instancias correspondientes, difundan y lleven a cabo las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 12 de marzo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Visto en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17042_17485.htm, consultado el 6 de marzo de 2015.

2 Ibídem

3 Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales que dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana. Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 20 de febrero de 2015

4 Ibídem.

5 Ibíd.





 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones y estrategias necesarias para considerar y apoyar el proyecto “Plan Nacional Zonarida” como un modelo tendiente al desarrollo sustentable de las zonas áridas y desérticas y como un programa estratégico, prioritario y con potencial mitigador de los riesgos a la seguridad nacional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a cancelar el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en el Río San Pedro Mezquital, en Nayarit. Se turna a la Comisión de Energía.

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, artículo 108, así como la fracción I del artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea como de Urgente y Obvia Resolución la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para cancelar el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit, por afectar a productores agrícolas, pesqueros y acuícolas, así como a los derechos culturales de las comunidades de origen indígena nayeris (Cora), wixáricas (huicholes), mexicaneros y tepehuanos, así como por la irremediable afectación a Marismas Nacionales de Nayarit, protegidos por Tratados Internacionales.

CONSIDERACIONES

El río San Pedro Mezquital nace en Durango, y después de un recorrido de casi 600 kilómetros, desemboca en el sistema lagunar de la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales,1 en la región central de Nayarit.

Marismas Nacionales es el ecosistema de manglar más importante del Pacífico mexicano, el cual es esencial para mitigar el cambio climático al concentrar 50 veces más carbono en el suelo que los bosques tropicales, por la valiosa generación de recursos pesqueros y su crucial importancia para la migración de aves en América del Norte.2

Marismas Nacionales es un complejo ecosistema que aloja entre 15 y 20 por ciento de los manglares del país, comprende un área total de 220 000 hectáreas formada por lagunas costeras, manglares, pantanos y cañadas en las costas de los estados del sur de Sinaloa y centro-norte de Nayarit, en las regiones conocidas como Las Cabras, Teacapán, Agua Brava, Marismas Nacionales y San Blas. Lo abastecen principalmente tres ríos: Santiago, ya tres veces represado, San Pedro Mezquital y Acaponeta.

El río San Pedro Mezquital es el séptimo río más caudaloso del país y constituye actualmente la principal fuente de agua dulce y sedimentos para Marismas Nacionales, ecosistema que provee importantes servicios ambientales de los que depende la economía de más de 300 mil habitantes en la región.

Actualmente, en la vertiente del río en referencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa el proyecto hidroeléctrico denominado “Las Cruces”, el cual tiene la aprobación condicionada de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).3

Impacto ambiental y social

Estudios científicos de académicos y organizaciones de la sociedad civil, afirman que las crecidas del río San Pedro transportan los sedimentos y nutrientes que sostienen la actividad agrícola, pesquera y acuícola de la zona. En ese sentido, la CFE en su estudio de impacto ambiental reconoce que la presa Las Cruces desaparecerá los pulsos naturales de las crecidas del río y que la cortina de 188 metros de altura retendrá el 90 % de los sedimentos.

Investigaciones académicas sostienen que la barrera afectará la fertilización natural de más de 6 mil hectáreas de tierras agrícolas e interrumpirá el ciclo de vida a lo largo del río de especies pesqueras de alto valor comercial; así también, la falta de aporte de agua dulce del río propiciará la intrusión de agua de mar en las lagunas, ocasionando la pérdida de manglar y un impacto negativo en la importante actividad ostrícola y pesquera de la zona.

La Organización SUMAR sostiene que más de dos mil productores directos del sector pesquero de la región serán impactados por la interrupción del ciclo de vida de especies como el camarón, la moya y el robalo (según la MIA).4 El valor económico de la actividad pesquera relacionada únicamente con las crecidas del río se calcula en150 millones de pesos cada año.5 Sin embargo, la actividad pesquera y acuícola genera unos 20 mil empleos indirectos en la zona.

De la misma forma, siete mil productores del sector agrícola que se benefician del aporte de sedimentos y humedad, lavado de suelos y recarga de acuíferos del río San Pedro, se verán afectados por la pérdida de limos y nutrientes que fertilizan la tierra debido la retención de sedimentos en la cortina, la salinización de suelos y reducción de cultivos (según la MIA)6.Ante esta situación, se tendría que aumentar la cantidad de agroquímicos que a su vez podría provocar la contaminación y eutrofización del río y las lagunas de Marismas Nacionales. El valor económico de la agricultura de la zona se estima es de mil 26 millones de pesos al año,7 únicamente relacionada con las crecidas del río.

A su vez, el sector ostrícola se afectaría en la cantidad y calidad del agua necesaria para la fijación de larvas y crecimiento del ostión, así como en el control natural de enfermedades, debido al incremento de salinidad por mayor entrada de agua marina a las lagunas (según la MIA),8 que llevaría a la desaparición comercial del ostión nativo del Golfo de California.

Al respecto, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Luis Fueyo Mc Donald,9señaló que las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como es el caso de Marismas Nacionales, garantizan el mantenimiento de bienes y servicios ambientales fundamentales, como los hidrológicos. Entre ellos se encuentran: productividad de las lagunas para la generación de recursos pesqueros, recarga de acuíferos, estabilización de costas y protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, reservorios de biodiversidad, productos de los humedales, valores culturales, y contribuyen a la conectividad o preservación y cuidado el agua. Por ello, el Estado mexicano ha decretado 176 áreas protegidas, y designado142 sitios Ramsar, de los cuales 63 corresponden espacialmente a 51 ANP.

Por su parte, el resumen ejecutivo del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces presentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no descarta que la obstrucción del río dañe Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más importantes de Norteamérica, así como su impacto dado el manejo del agua que se realizará para la generación de energía, por lo que para estar acorde con el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de Marismas Nayarit, han diseñado diversas estrategias de prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema ambiental regional, a fin de mantener los atributos ambientales que caracterizan a la región.

A decir de la propia CFE, los impactos relevantes derivados de la creación del embalse son:

● La transformación de 4,500 ha de bosques de selva baja en excelente estado de conservación, a un ecosistema acuático de tipo léntico estratificado. Este impacto no es mitigable; sólo es compensable mediante los mecanismos dispuestos para la autorización por excepción del cambio de uso del suelo en terrenos forestales, principalmente de la comunidad náyeri.

● La fragmentación local de ecosistemas terrestres regionales. Este impacto no es mitigable; se planea compensarlo mediante el establecimiento y mantenimiento de corredores de fauna identificados dentro del SAR entre la sierra y la costa, de valor para grandes depredadores.

● La fragmentación del sistema hidrológico, alterando los ecosistemas acuáticos existentes y su continuidad biológica, que esperan mitigar mediante la puesta en operación de programas de traslado manual de individuos y germoplasma de especies indicadoras y de valor comercial.

● Las afectaciones a las poblaciones de flora y fauna, derivadas de la transformación de los hábitats. Estos impactos se compensarían o mitigarían mediante las medidas descritas en otros puntos y mediante un programa de restauración de hábitats acuáticos.

● La retención de una cantidad significativa de nutrientes y sedimentos (90%) dentro del embalse, que alterarían los procesos geomorfológicos y productivos del río, la llanura inundable y de las lagunas costeras, estuarios y línea de costa. Este impacto se mitigaría mediante el diseño y ubicación de la presa de cambio de régimen en un punto que permita la incorporación de hasta 13% aproximadamente de los sedimentos (de finos a gruesos) por tributarios del San Pedro, al sistema.

● El cambio en las actividades productivas, básicamente agropecuarias de autoconsumo y ganaderas itinerantes a pesca y servicios turísticos. Este es un impacto positivo que podría potenciarse con el Plan de Negocios que se presenta como parte de las medidas de mitigación, para minimizar los conflictos por los nuevos recursos y maximizar la producción. Sin embargo, aquí solo están considerando estrictamente el área donde se prevé construir el embalse. No consideran la agricultura en la planicie costera.

● La generación de gases de efecto de invernadero por los procesos de descomposición anaeróbica de la materia orgánica capturada en el embalse. Este impacto sería mitigado, en sentido amplio, por la disminución de las emisiones de gases de efecto de invernadero producidas por el consumo de combustibles fósiles de las centrales de combustión que serían necesarias sin el proyecto.

Al respecto, integrantes del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro –conformado por agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, indígenas y comuneros de los municipios Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y El Nayar– temen afectaciones en la producción de alimentos, merma en la ostricultura, afectación al Área Natural Protegida de Marismas Nacionales y la desaparición de 14 sitios sagrados y centros ceremoniales de nayeris (Coras) y Wixarikas (huicholes), mismos que se encuentran a lo largo de la cuenca, y sobre los cuales se tiene un documento con cada sitio georeferenciado.

Los representantes de dicho Consejo Intercomunitario externaron su preocupación por su integridad personal, ya que están sufriendo hostigamiento por parte del Gobierno del Estado para que consientan la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.

En una visita a la zona organizada la semana pasada por el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., los integrantes del Consejo Intercomunitario en , señalaron que la autorización condicionada de SEMARNAT para que se construya el proyecto hidroeléctrico es violatoria de la legislación nacional y los acuerdos internacionales firmados por México en materia ambiental y de derechos humanos, ya que los pueblos indígenas coras y huicholes, nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informado sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Consejo Indígena sostuvo que el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación.

Por otro lado, la Convención de los Humedales Ramsar, es un instrumento internacional intergubernamental firmado por México para la protección de los humedales, el cual aún cuando no prohíbe la construcción de infraestructura en este tipo de ecosistemas, aun que sí establece criterios y estándares internacionales para la toma de decisiones en el manejo de tales sitios, aspectos que según los posibles afectados no fueron tomados en cuenta por SEMARNAT al emitir su autorización de MIA.

A su vez, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) emitió una opinión técnica contra el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, por considerar que su construcción “tendría efectos negativos sobre la pesca, los ecosistemas costeros y los recursos biológicos acuáticos en el estado de Nayarit” y  advirtió que uno de los mayores impactos que se generarían al reducir y modificar la aportación de agua dulce y nutrientes del cauce del río San Pedro Mezquital a la zona de humedales de Marismas Nacionales, a la Laguna Grande de Mexcaltitán, al Estero Grande y a Boca de Camichín sería la caída drástica de la producción pesquera en el estado de Nayarit y, probablemente, al sur de Sinaloa.10

En la visita efectuada a Boca de Camichín, pescadores integrados a 25 cooperativas de Marismas Nacionales, también integrantes del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro, lamentaron que la disminución del caudal, así como la falta de los nutrientes que habitualmente son conducidos a la zona de marismas, afectará su actividad productiva, consistente principalmente en la ostricultura, que actualmente produce 1 mil 500 toneladas al año.

Rentabilidad del Proyecto

De acuerdo a CFE, el proyecto hidroeléctrico (PH) Las Cruces tiene como objetivo contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica pronosticada para la región Centro-Occidente de México, manteniendo la potencia en niveles adecuados que cumplan con los estándares definidos para el sistema eléctrico de acuerdo con lo determinado en los estudios de crecimiento de demanda y de requerimiento de capacidad en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026 (POISE).

Con base en el estudio de desarrollo del mercado eléctrico elaborado por CFE, se estima que la demanda máxima del área Occidental crecerá anualmente 3,7 % en promedio durante 2012-2026 (Secretaría de Energía, 2012). Por ello, se ha programado instalar 240 MW adicionales de capacidad neta del PH Las Cruces el cual contribuirá a satisfacer la demanda del sistema al menor costo total a largo plazo. Sin embargo, ello no se explica debido a que en un área cercana, sobre el río Santiago, se encuentran tres hidroeléctricas que operan por debajo de su capacidad.

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces, se anunció que tendría un costo aproximado de 7 mil 795 millones de pesos en cinco años bajo el esquema de obra pública financiada.

De construirse, Las Cruces operaría  de manera temporal, de noviembre a marzo: 4 horas por día; de abril a junio: 3 horas por día; de Julio a Octubre: de 18 a 21 de horas por día.  Es decir, estaría sin operar el 66 por ciento del tiempo de su vida útil. Y durante su operación, generaría apenas el 1 por ciento de la demanda energética de la región Centro Occidente de México, y su capacidad instalada sería del 0.28% de la requerida en el país.

Por tales motivos, integrantes de la sociedad civil organizada cuestionan la viabilidad y rentabilidad del proyecto que generará una baja cantidad energía, operará poco tiempo y tendrá una alta afectación al medio natural y social de la región.

Sabemos de la intención de la Secretaría de Energía de lograr que las tarifas se reduzcan, para lo cual impulsa diversos proyectos de energía renovable, entre ellos los de energía hidroeléctrica  que aportan al sistema el 20 por ciento de la capacidad del sistema. Sin embargo, consideramos conveniente que este Senado reciba información respecto a la rentabilidad del proyecto Las Cruces, al operar sólo tres meses al año, tal como se tiene previsto.

Capital Natural

El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. (FMCN), destaca que el exceso de hojarasca que acumulan los manglares en sus raíces es una reserva 50 veces mayor a la que genera el bosque tropical. Esta materia orgánica es alimento para las principales especies costeras, entre ellas el camarón, la jaiba y el robalo, quienes en su fase juvenil encuentran refugio en las largas raíces sumergidas.

De acuerdo a la organización de la sociedad civil en referencia, estas raíces absorben hasta el 90 por ciento de la energía de las olas mitigando el impacto de los huracanes en comunidades costeras. Por ello, se estima que los servicios ambientales que se pueden alcanzar por hectárea es de 100 mil dólares anuales, lo que significa que de las más de 700 mil hectáreas de manglares existentes en México, pudieran generar 70 mil millones de dólares, sin embargo se siguen afectando.

Al respecto, el Coordinador Nacional de la Comisionado Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Dr. José Sarukhán Kermez, destaca el concepto de dar valor al capital natural, donde se considere que todos los procesos económicos empiezan en la naturaleza, cambiando el paradigma del desarrollo, tomando en cuenta las consecuencias ecológicas y sociales.

De esta manera, el destacado ecólogo recomienda que antes de considerar impactar a un ecosistema natural como resultan los humedales, se debe cuantificar los beneficios económicos que brinda a la sociedad, tales como la regulación del clima, control de la erosión del terreno, suministro de agua, captura de dióxido de carbono, tratamiento de desechos y protección de las pesquerías ribereñas y de alta mar, además de constituir una barrera natural contra huracanes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter como Urgente y Obvia Resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía y  Comisión Federal de Electricidad, para que cancele el proyecto hidroeléctrico “Las Cruces” en Nayarit por la afectación ambiental, social, cultural y económica de la zona.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe sobre los estudios que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad, como parte de las condicionantes en el resolutivo a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional para la construcción de la presa “Las Cruces” sobre el Río San Pedro Mezquital, así también presente informe de la realización de la consulta a los pueblos indígenas en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la de la Organización Internacional del Trabajo.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Nayarit para que proteja la integridad personal de los habitantes de la Cuenca del Río San Pedro Mezquital que están siendo víctimas de la delincuencia por su oposición a la construcción del megaproyecto hidroeléctrico “Las Cruces”.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que informe de las acciones de acompañamiento adoptadas para la defensa de los derechos de los pueblos de origen indígena nayeris (coras), wixáricas (huicholes), Mexicaneros y Tepehuanos, de acuerdo a lo previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

México, D.F. el 12 de Marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito, Sen. Martha Elena García Gómez y Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Marismas Nacionales fue decretada como Área Natural Protegida el 12 de mayo de 2010. Se trata de 133 mil 854 hectáreas que abarcan los municipios nayaritas de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan.
Diario Oficial de la Federación
Disponible en la página de internet: http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5142459&fecha=12/05/2010

2 Video de Marismas Naturales, Sitio web:  www.los numerosnaturales.org
y publicación de Periódico La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2014/03/31/eco-f.html

3 Según oficio No. SGPA/DGIRA/DG/07893 de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat.”
Disponible en la página de internet: http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/comite/2014/enero/resolucion_num._12_2014_00016003449113.pdf

4 MIA Las Cruces, Capítulo V, Apartado V.2.3.9.4 Interrupción de la migración de especies acuáticas.

5 AgroDer, 2010. “Evaluacion rápida del valor de las inundaciones en la cuenca baja del río San Pedro Mezquital”. Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. México.

6 MIA Las Cruces, Capítulo V, Apartado V.2.3.11 Retención de materia orgánica, nutrientes y sedimentos.

7 AgroDer, 2010. “Evaluacion rápida del valor de las inundaciones en la Cuenca Baja del Río San Pedro Mezquital”. Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. México.

8 MIA Las Cruces, Capítulo V, Apartado V.2.4.2.3 Modificación de las actividades productivas en las zonas inundables de la planicie costera.

9 En una visita efectuada a Boca de Camichín, una de las comunidades que serían afectadas por la construcción deL Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces.

10 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Oficio No. DGI.-01049/140214





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a aprobar la transformación de la comisión especial de cambio climático en comisión ordinaria. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, para que a través de sus atribuciones y facultades apruebe mediante acuerdo legislativo la transformación de la Comisión Especial de Cambio Climático en Comisión Ordinaria, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la actualidad nuestro sistema jurídico está representado por una Federación compuesta por tres órganos para el ejercicio del poder, divididos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el primer párrafo del artículo 491 de nuestra Carta Magna está plenamente descrita esta división de poderes.

Respecto al Poder Ejecutivo Federal, para la designación, atribuciones, estructura y demás formas de organización se encuentran previstas en los artículos 80 a 93 del mismo ordenamiento fundamental, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En el mismo sentido se encuentra el Poder Judicial de la Federación cuyo fundamento se encuentra en los artículos 94 al 107, y de manera específica en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el tema que se expone en el presente Punto de Acuerdo, tiene que ver con el desempeño y atribuciones del Poder Legislativo, formado por el Congreso de la Unión e integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y en sus recesos, por la Comisión Permanente. De la misma manera tiene su fundamento constitucional en los artículos 50 al 79, y se rigen internamente por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y por los Reglamentos correspondientes para cada una de las cámaras.

Importancia de las Comisiones legislativas.

Vale la pena hacer una aclaración respecto al fundamento constitucional de las comisiones legislativas, hasta antes del 9 de agosto de 2012, el párrafo segundo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecía que “Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designen la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos”. Esta redacción fue modificada con el objeto de remitir a la Ley Orgánica del Congreso el trámite que deba darse a las iniciativas presentadas, no solo por el Ejecutivo, también para los legisladores del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados.

Sin embargo, de acuerdo a los artículos 77 fracción II y 78 fracción III, la presentación de los documentos legislativos presentados a la Comisión Permanente deberán ser turnadas a las comisiones competentes de cualquiera de las cámaras. Es decir, las comisiones conocen de todo tipo de instrumentos parlamentarios como iniciativas, minutas, proposiciones, informes de las dependencias de la Administración Pública Federal y demás documentos de su competencia. De esta manera se hace referencia sobre la existencia de las comisiones con la denominación correspondiente estableciéndose las facultades tanto del Senado como para la Cámara de Diputados.

De lo anterior, las comisiones forman parte esencial de las tareas de la cámara de Senadores, se encuentran establecidas originalmente por la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 85, establece:

“1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

2. Las comisiones serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.”

El artículo 87 del mismo marco normativo establece:

“1. Cuando lo determine la Cámara, con apego a la Constitución y a las leyes, se nombrarán comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico.”

Derivado de los preceptos legales citados, y de conformidad con el artículo 113 del Reglamento del Senado de la República publicado el 4 de junio de 2010, las comisiones ordinarias y especiales forman parte de la organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado. En las comisiones ordinarias se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias.

Por otro lado, las Comisiones Especiales de conformidad con el artículo 119 del Reglamento, se constituyen para realizar investigaciones en los términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso. Asimismo, están imposibilitadas para emitir dictámenes.

La Comisión Especial de Cambio Climático.

En la LXI Legislatura de este H. Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para la creación y constitución de la Comisión Especial de Cambio Climático publicada en la Gaceta Parlamentaria el 02 de septiembre de 2010. El 16 de octubre de 2012 se ratificó la permanencia de la Comisión para seguir funcionando durante la LXII y LXIII legislatura.

Durante el transcurso de la actual Legislatura (LXII), este órgano legislativo Comisión Especial de Cambio Climático, estaba compuesto de tres legisladores, actualmente la integramos su servidora Silvia Guadalupe Garza Galván y la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, presidenta y secretaria respectivamente. Sobre el trabajo desarrollado por esta Comisión Especial de Cambio Climático se ha realizado diversos foros temáticos y se han emitido diversos documentos con relación a la dictaminación de temas de cambio climático.

La misión de la Comisión es conformar, fomentar, coordinar, vincular y difundir la agenda legislativa en materia de cambio climático, en virtud de la presentación de diversos instrumentos legislativos e impulsar las reformas a que haya lugar en materia de adaptación, reducción de la vulnerabilidad, mitigación, resiliencia, reducción de la vulnerabilidad y adaptación, de conformidad con la Ley General de Cambio Climático y otras normas afines.

De lo anterior, es importante que el Senado cuente una Comisión Ordinaria en materia de cambio climático, ya que de acuerdo a sus funciones desempeñadas debe ser un órgano que sea el punto de referencia en materia de legislación sobre cambio climático; considerando los efectos y necesidades cambiantes del fenómeno y de nuestra Nación, es necesario mejorar e impulsar nuevas medidas para atender el fenómeno no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Legislativo. Para lograr esos objetivos la Comisión siempre ha escuchado y contemplando la participación consciente, responsable e informada de la población, de las instituciones académicas, de los organismos no gubernamentales mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Sin embargo, en los últimos años el tema ha sido de enorme estudio y atención; especialmente por organismos gubernamentales; no gubernamentales; nacionales e internacionales, de ahí la importancia de transformar la Comisión Especial de Cambio Climático a un órgano ordinario, para que sea la encargada de analizar, discutir y aprobar la legislación correspondiente para seguir fortaleciendo las políticas públicas y las acciones de los distintos órganos de gobierno, con el propósito de hacer frente y atender la problemática nacional que dan origen al fenómeno mundial como el cambio climático.

Desde pues de casi dos años de ser discutida y analizada las diversas iniciativas sobre cambio climático, el Congreso de la Unión aprobó el decreto que contenía la Ley General de Cambio Climático, afortunadamente ya fue publicada el 06 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Ante este panorama, la colegisladora (Cámara de Diputados), transformó su Comisión Especial de Cambio Climático en un órgano ordinario, de tal forma que se le ha encomendado el análisis, discusión y aprobación de diversas iniciativas, minutas y puntos de acuerdo que suman alrededor de 25 instrumentos legislativos sobre el tema de cambio climático2.

Respecto a las actividades del Senado, en lo que va la LXII Legislatura se han presentado a la fecha 28 iniciativas, 6 minutas, 2 iniciativas constitucionales, 2 tratados internacionales y 14 proposiciones en materia de cambio climático. Aunado a esto, no omito mencionar que otras leyes cuentan con proyectos de Ley e iniciativas en la materia, si bien son parte de otras comisiones, sí tiene injerencia la comisión por tratar temas relacionados con cambio climático.

Sobre el trabajo legislativo realizado por los Congresos Estatales en materia de Cambio Climático, actualmente los Estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quinta Roo y Veracruz, han promulgado una ley para regular políticas públicas, acciones y planes para contrarrestar los efectos del cambio climático correspondientes a sus entidades. En algunos Estados como Quintana Roo, se han creado Comisiones Ordinarias para atender el tema de Cambio Climático. Estas acciones de los congresos demuestran su interés y preocupación por atender esta problemática desde el ámbito local.

Por otro lado, las comisiones ordinarias permiten generar una especialización y profundización de los temas que analizan. En principio las propias cámaras deben tener comisiones afines para que exista un trabajo coordinado de los temas que se analizan, discuten y dirimen. En segundo término dada la cantidad, diversidad y complejidad de los temas que se discuten en las comisiones de cada una de las cámaras del Congreso, debe hacerse posible mediante la profesionalización en cada uno de los temas. Si bien es cierto, que algunas materias novedosas y relevantes se adjudican a comisiones ya existentes, esto representa carga de trabajo extra, por lo que conlleva a que las comisiones ordinarias dictaminadoras tengan en consecuencia, atrasos para elaborar y emitir los dictámenes respectivos, o en algunos casos, incluso deficiencias en la fundamentación de los mismos.

En la presente legislatura es importante hacer un estudio previo en materia presupuestaria, actualmente la Comisión Especial de Cambio Climático cuenta con todos los recursos administrativos y materiales para el desempeño de sus funciones, cuenta con oficina para efectuar sus actividades legislativas, por lo que esta soberanía no se vería afectada financieramente por la conversión de esta comisión especial a ordinaria.

Es por ello, que el objeto de este exhorto es solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado, sirva evaluar los presentes razonamientos para que a través de su facultad conferida por la fracción c) del artículo 82 del la Ley Orgánica del Congreso, y de los artículos 44 y 45 del Reglamento del Senado, otorgue el carácter de Comisión Ordinaria a la Comisión de Cambio Climático.

De concretarse esta proposición o de transformarse la Comisión a ordinaria se podría cumplir con los siguientes objetivos específicos:

1. Lograr un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender eficaz y eficientemente los efectos del cambio climático, mediante el impulso y dictaminación de diversos proyectos de iniciativas de ley, proyectos de decreto, proposiciones y otros instrumentos legislativos.

2. Dar seguimiento cabal a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano en materia de cambio climático, a través de su facultad legislativa.

3. Unificar la posición del H. Congreso de la Unión mediante la participación activa de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

4. Coordinar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y consultas, a través de la participación democrática de organismos del sector público, social y privado en materia de cambio climático.

5. Atender y plantear a las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de investigación temas técnicos de profundización de conocimientos, así como su ampliación e intercambio en materia de cambio climático.

6. Proporcionar líneas de acción sobre las políticas públicas en materia de mitigación y adaptación, mediante vínculos de participación con el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y Municipales en materia de cambio climático.

7. Coadyuvar y dar seguimiento, dentro de las facultades legislativas, al cumplimiento de los planes, acciones, programas y disposiciones de carácter general en materia de mitigación y adaptación sobre cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que a través de las facultades conferidas en el numeral 2 del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, analice la viabilidad para que la Comisión Especial de Cambio Climático obtenga la categoría de Comisión Ordinaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 12 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

2 http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxii.php?comt=14





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la inclusión del tratamiento de cáncer renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD LA INCLUSIÓN DE EL “TRATAMIENTO DE CANCER RENAL” AL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DEL SEGURO POPULAR, al tenor de las siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Carcinoma Renal (CR) es un problema grave del cual poco se ha hablado, a pesar de que ocupa el  lugar catorceavo lugar en incidencia y el dieciseisavo en mortalidad a nivel mundial. La tasa de incidencia es de 15.1 por cada 100,000 habitantes, con una edad media de aparición de 64 años.

En México el INEGI  reportó 74.685  muertes por cáncer en 2010 (13% muertes en México) de las cuales 2,193 (2.5%) son por CR, ubicándose  en el doceavo lugar en nuestro país, con un índice de fatalidad (IF) de 0.52, es decir, el 50% de los pacientes muere a causa de este padecimiento al año. El Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHPNM 2003) advierte que hasta 30% de los pacientes reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y que, después de la nefrectomía, entre 20% y 30% de los pacientes desarrolla metástasis. Las metástasis pulmonares son las más frecuentes presentándose entre el 50-70% y el tiempo medio de recurrencia es de 1 a 2 años.

El CR no es una sola entidad sino un conjunto de tumores que comparten su origen histológico. Afortunadamente el 85% de los cánceres de células renales son adenocarcinomas, en su mayoría de origen tubular proximal. La mayoría de los restantes son carcinomas de células de transición de la pelvis renal. Los adenocarcinomas pueden dividirse en carcinomas de células claras 80 a 90%, papilar 15% cromófobo 4-5%, y tumor de conductos de Bellini (conductos colectores).

La presentación clínica suele ser asintomática hasta la presencia de enfermedad avanzada. Usualmente se realiza el diagnóstico de manera incidental en estudio de imagen. En la experiencia del INCan el diagnóstico incidental es de 7%.

La supervivencia a cinco años según la etapa clínica es de 96%  para estadio I, 82% para el estadio II, 64% para el estadio III y 10 a 23% en el estadio IV (enfermedad metastásia o estadio avanzado). Actualmente la enfermedad metastásica se clasifica en tres grupos_ bueno, intermedio y pobre pronóstico. En los pacientes con histología de células claras con metástasis existen esquemas de tratamiento aceptados en primera y segunda línea de tratamiento. Algunos de estos tratamientos contienen inhibidor tirosina cinasa que impide que las células se multipliquen y puede frenar el crecimiento de los nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer, lo que produce un periodo de progresión del padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que, con fundamento en los artículos 28 y 77 bis 29 de la Ley General de Salud, incluya el “tratamiento de cáncer renal”, al fondo contra gastos catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud para cáncer renal.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, con fundamento en el artículo 77 bis 5 inciso a) fracción III de la Ley General de Salud, emita los manuales operativos correspondientes a efecto de que el grupo “Cáncer Renal” se haga efectivo y cumpla con la normatividad aplicable al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, con fundamento en el artículo 4, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, emita los lineamientos correspondientes para que a través del Seguro Popular se atiendan los siniestros relacionados con el grupo “Cáncer Renal”.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuellar Cisneros.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a difundir la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto y publicada el 23 de enero 2015. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRTARÍA DE SALUD SE DIFUNDA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PRESENTADA POR EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO Y PUBLICADO EL 23 DE ENERO 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos de la (OCDE) México lidera el problema de embarazos en adolescentes de 12 a 19 años de edad. Al día se registraron 1,252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de edad lo que representa que uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven, ya que se estima que el total nacional es de 6,260.

Estos embarazos obligan a los jóvenes a abandonar sus estudios. Según los reportes oficiales, 80% de los adolescentes deserta de la academia.

Según datos de la UNICEF en nuestro país 55.2% de los adolescentes son pobres, uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida.

Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el aprendizaje predominantemente en las calles. Con esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven recortadas de manera drástica, y sus riesgos de salud aumentan. La mayoría de ellas además estará condenada a vivir en situación de pobreza.

La orientación callejera, la curiosidad y la presión social propician que muchos adolescentes contraigan adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes, lo que constituye un grave problema que es cada vez mayor en México.

Hay muchas razones por lo que las adolescentes abandonan sus estudios, entre ellas la poca o nula atención de los padres, la falta de orientación y de oportunidades, esta falta de orientación impacta en el alto número de embarazos prematuros.

La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se difunda “La Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes” presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto y publicado el 23 de enero de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 12 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actualizar la información de los sitios de internet de las embajadas de México en el exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERNET DE LAS EMBAJADAS DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el apartado VI.5. México con responsabilidad global, señala que es necesario fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo.

Nuestro país cuenta con una red de 79 Embajadas en el mundo, de las cuales 23 se encuentran en Europa, 26 en América, 22 en Asia-Pacífico y 8 en África, que representan en el extranjero al Gobierno mexicano y atienden en lo particular la relación política con el Estado y Gobierno en el que son acreditados.

Entre sus funciones se encuentran ser fuente de información de y para México, promover el conocimiento de la cultura mexicana y fomentar el intercambio turístico, comercial, científico y cultural; para cumplir con estas funciones, las Embajadas cuentan con servicios de difusión de todas las actividades que llevan a cabo, por lo que mantienen una constante y estrecha relación con diferentes medios de comunicación, así como por medios electrónicos, con el objeto de llegar a una gran cantidad de connacionales de forma permanente.

2. El Instituto de Mexicanos en el Exterior señala que se tiene un registro de 11 millones 907 mil 348 mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 97.85 por ciento viven en los Estados Unidos de América. Del total de mexicanos en el exterior, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento son hombres.

Omitiendo a los Estados Unidos, los diez países con más mexicanos viviendo en sus territorios son:

PAÍS

CANTIDAD

Canadá

96,045

España

47,936

Alemania

12,274

Reino Unido

11,000

Bolivia

8,556

Costa Rica

8,500

Argentina

6,873

Italia

5,739

Países Bajos

4,964

Guatemala

3,778

3. Un monitoreo propio de los sitios de internet de las Embajadas de México en otros países, revela que la mayoría de ellos no cuentan con información actualizada o con los datos básicos relativos a la cooperación bilateral.

En el siguiente cuadro, es posible señalar las principales observaciones sobre los contenidos de las páginas de internet de las Embajadas mexicanas.

País

Observaciones

Última Actualización

Alemania

Hay escasa información en lo que se refiere a Cultura, Economía y Prensa.

23 de febrero del 2015

Arabia Saudita

La información relativa a enlaces de interés y asuntos culturales  es nula.

1 de Abril de 2012

Argentina

La información contenida en la página es adecuada.

13 de Noviembre de 2014

Argelia

La información de la página es escasa.

El índice de servicios consulares es obsoleto.

14 de Mayo de 2014

Australia

La información de la página es concreta. Sin embargo la parte de turismo solo muestra enlaces a otras páginas.

01 de Julio de 2014

Austria

La información de la página es concreta.

05 de Marzo de 2015

Azerbaiyán

No cuenta con página de embajada.

No hay información

Bélgica

La información de la página es completa.

05 de Marzo de 2015

Belize

La información es concreta. Sin embargo en la parte de educación y  boletines de derechos humanos, no se muestra contenido.

La información  que corresponde al área de comercio es escasa.

27 de Febrero de 2015

Bolivia

No muestra las actualizaciones.

Las estadísticas son de 2007.

Es escasa la información de la página.

No hay información

Brasil

La información de la página es escasa.

05 de Febrero de 2015

Chile

La información de la página es concreta.

09 de Marzo de 2015

Canadá

La información es concreta. Sin embargo en algunos datos no se muestran las últimas actualizaciones.

13 de Febrero de 2015

China

La información es escasa.

La embajada en su índice solo muestra: La embajada, el embajador y enlaces de interés. No muestra nada de la relación bilateral u otra información que deje claro el papel de la embajada en China.

24 de Junio de 2014

Colombia

La información que se muestra es concreta. Sin embargo en lo relativo a comunicados de prensa, la información que se maneja es insuficiente.

24 de Febrero de 2015

Corea

La información de la página es corta pero concisa.

28 de Enero de 2015

Costa Rica

La información de la página es adecuada.

26 de Enero de 2015

Cuba

La información que se muestra es escasa.

En lo relativo a la relación bilateral, la página se encuentra en construcción.

El apartado de Noticias de la página muestra error.

11 de Noviembre de 2014

Dinamarca

La Información que muestra la página de la embajada es adecuada y concreta.

14 de Febrero de 2015

Ecuador

La información de la embajada es insuficiente y no nos indica los aspectos relevantes de la embajada de México en Ecuador.

05 de Febrero de 2015

Egipto

La información es escasa y no muestran los aspectos relevantes de la embajada de México en Egipto.

04 de Febrero de 2013

El salvador

La información que se muestra es insuficiente.

No hay información

Emiratos Árabes unidos

La información que se muestra es útil, sin embargo no se hace mención acerca de la relación México y Emiratos Árabes Unidos.

08 de Mayo de 2014

España

La información que se muestra es útil, no obstante no se muestra la relación bilateral entre México y España; algunos de los apartados no muestran la última actualización.

03 de Marzo de 2014

Estados Unidos

La información es adecuada y especifica.

28 de Octubre de 2013

Etiopía

La información de la embajada es incompleta.

19 de Diciembre de 2013

Filipinas

La información es concisa.

No hay información

Federación Rusa

La información de la página de la embajada está completa.

17 de Mayo de 2010

Finlandia

El contenido es adecuado. Sin embargo falta la relación bilateral entre ambos países.

31 de Diciembre de 2014

Francia

La información es fructífera.

03 de Marzo de 2015

Ghana

No existe información, solo corresponde al contacto y directorio.

27 Enero 2015

Grecia

Descripción no actualizada de la representación; temas de cultura y educación, datos económicos y la relación bilateral, efemérides e información del embajador.

Información escasa dado que solo enuncian instituciones oferentes de cooperación e información en la materia.

2012

Guatemala

Temas de la agenda bilateral sin enunciar debidamente.

Últimos datos corresponden a 2010.

2011

Haití

Información en francés y español que corresponde a la relación bilateral, la cooperación internacional, percepciones históricas.

Uso de mapas poco útiles e información geográfica con mala presentación (en contenido es muy extenso).

18 de julio de 2013

Guyana

Micrositio con títulos o secciones en inglés sin opción a español, sin embargo el contenido está en español, lo que confunde al usuario.

Apartados con suficiente información sobre CARICOM, Guyana y México, pero sin ahondar en la relación bilateral.

Mapas sin buena presentación e información sin estilo o formato adecuado.

2 de septiembre de 2013

Honduras

Únicamente datos sobre el embajador, contacto y directorio, no hay información sobre relación bilateral ni agenda bilateral.

7 de marzo de 2012

Hungría

Información abundante sobre relación bilateral con Hungría y Bulgaria pero no con Croacia.

No hay datos sobre última actualización, datos corresponden al año 2013 como máximo.

2015

India

La información es escasa y no muestra la relación bilateral entre México e India.

21 de Enero de 2015

Indonesia

La información es breve pero útil. Sin embargo no se habla de la relación bilateral entre ambos países.

13 de Junio de 2014

Irán

La información es nula en algunos apartados, debido a que se encuentran en construcción.

22 de Febrero de 2015

Irlanda

La información es concreta.

No hay información

Israel

La información es escasa y no se habla de la relación bilateral.

No hay información

Italia

La información en algunos sectores es completa, pero en otros es insuficiente.

09 de Febrero de 2015

Jamaica

Información poco concisa y puntual, únicamente convocatorias en materia cultural y no hay descripción de la relación bilateral en la materia.

Información sintetizada correspondiente a Jamaica y a Las Bahamas, poco actualizada.

20 de septiembre de 2012

Japón

La embajada muestra información precisa sobre la relación bilateral, situación de Japón y cronología histórica, cultural y de cooperación educativa, convocatorias, noticias y puntos a considerar en ambos países para nuevos talentos.

25 de septiembre de 2014

Kenia

Información escasa sobre la embajada, no hay datos sobre la relación bilateral, solo el apartado “mexicanos en Kenia”, y asuntos de guía del viajero.

Actualizaciones más completas corresponden a 2014.

12 de febrero de 2015

Kuwait

Información existente, únicamente, correspondiente al directorio y contacto de la embajada.

No hay información general ni alguna ficha del país.

23 de febrero de 2015

Líbano

Información en materia turística, comercial y cultural.

En la mayoría de los apartados tiene la siguiente leyenda: “en construcción”.

6 de febrero de 2015

Malasia

Información incompleta: no hay registro de las actualizaciones, datos sobre Malasia y México sin responder a la relación bilateral.

Ventaja por información en inglés y sitios de interés en inglés y español.

2015

Marruecos

Descripción de la relación bilateral y acuerdos, sin profundizar en materia educativa, económica y cultural.

Enlaces de interés escasos.

18 de noviembre de 2013

Nicaragua

Detallada información sobre la relación bilateral en materia política, económica y temas de cooperación y cultura.

Apartado especial sobre funcionarios, junto con nombres y contacto particular.

2 de enero de 2015

Nigeria

Información detallada sobre asuntos consulares y detalles sobre México. No se enuncia la relación bilateral.

10 de diciembre de 2014

Noruega

Única información sobre directorio y contacto.

No hay datos de la relación bilateral ni micrositio.

24 de diciembre de 2014

Nueva Zelanda

Información sobre relación bilateral, progresos y acuerdos poco actualizada y sin puntualizar, sitios de interés escasos y no hay datos actuales de la relación económica, negocios y comercio, ni turismo, educación y cultura.

5 de Marzo de 2015

Panamá

Sin datos o información sobre información bilateral, escasos datos sobre temas de educación, comercio, comunicación social.

13 de febrero de 2015

Países Bajos

Información escasa ya que no menciona la relación bilateral, ficha del país en cuestión, ni descripción de temas de la agenda bilateral.

27 de noviembre de 2014

Paraguay

La información corresponde a la relación bilateral de forma histórica, sin embargo no abarca temas de la agenda con dicho país y carece de temas económicos, políticos, educativos y culturales.

Las estadísticas son del año 2014, pero no hay referencias en el micrositio.

No hay información

Perú

 

Poca información y sin actualizar en tratados, relaciones económicas y cooperación técnica y científica.

12 de diciembre de 2012

Polonia

La información corresponde al turismo, una sección consular, eventos culturales y becas, así como sitios de interés sobre México.

5 de marzo de 2015

Portugal

Embajada posee datos de la relación bilateral, una sección sobre México, comunicados del gobierno y convocatorias/concursos de interés.

22 de octubre de 2013

Qatar

Sin información sobre país y relación bilateral.

18 de diciembre de 2014

Reino Unido

Información actualizada hasta el año 2014, en referencia a la relación bilateral, datos específicos en materia educativa y cultural, economía y negocios, así como a los derechos humanos y otros sitios de interés.

Información completa dado el “Año de Reino Unido en México”

17 de septiembre de 2014

República Dominicana

La información menos actualizada corresponde al mes de septiembre de 2013.

Directorio e información general concisa en materia económica.

Incompleta sección sobre relación bilateral e información general sobre República Dominicana no actualizada.

Octubre 2013

República Checa

El apartado de relaciones económicas está actualizado a 2013.

24 de agosto de 2014

Rumania

No cuenta con apartado de relación bilateral.

11 de febrero de 2015

Santa Lucía

No cuenta con información suficiente sobre la relación comercial bilateral.

20 de Mayo de 2014

Santa Sede

Contiene información completa

24 de Junio de 2014

Serbia

No contiene información actualizada ni suficiente sobre la relación bilateral en materia política o cultural.

07 de Abril de 2014

Singapur

La información es amplia pero no se encuentra versión en español.

01 de Octubre de 2014

Sudáfrica

El apartado sobre asuntos culturales se encuentra en construcción.

El apartado sobre comercio bilateral contiene datos hasta 2013.

04 de Marzo de 2015

Suecia

La información sobre intercambio comercial está actualizada a 2011.

No hay información

Suiza

La información es suficiente

05 de Marzo de 2015

Tailandia

No muestra información alguna de la relación bilateral.

Los últimos comunicados datan del 2013.

20 de junio de 2014

Trinidad y Tobago

Contiene información de ProMéxico de febrero de 2014.

No muestra información alguna de la relación bilateral.

06 de Noviembre de 2012

Turquía

No muestra información alguna de la relación bilateral.

15 de Enero de 2015

Ucrania

El vínculo de servicios consulares está roto.

El apartado de relación bilateral está actualizado hasta 2012.

14 de Mayo de 2014

Uruguay

La información es amplia y suficiente.

27 de Marzo de 2012

Venezuela

La información sobre eventos está actualizada a febrero de 2014.

No hay información

Viet Nam

La información es insuficiente.

16 de Octubre de 2013

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo para dirigir la política exterior en la fracción X del artículo 89, tal y como se menciona a continuación:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe en el Apartado A del artículo 6°, el derecho de acceso a la información.

V. Que la fracción II del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prescribe la atribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores de dirigir el Servicio Exterior en sus aspectos diplomático y consular, tal y como se menciona a continuación:

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

VI. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es el instrumento legal que obliga, a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal, a dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto a su forma de operar, al uso de los recursos públicos que le son asignados, sus resultados y desempeño. De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores es un sujeto obligado en términos del artículo 3 fracción XIV inciso a) de la citada ley y por lo tanto, precisa considerar dicho ordenamiento durante la consecución de las estrategias, objetivos y líneas de acción del Plan Sectorial de la SRE.

VII. Que de conformidad con la meta 5. México con Responsabilidad Global; el objetivo 5.2 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y a las estrategias: 5.2.1 Consolidar la red de representaciones de México  en el exterior, como un instrumento eficaz de difusión  y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente que derive en beneficios cuantificables para el país y 5.2.2 Definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural que permitan mejorarla imagen de México en el exterior, lo cual incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo para elevar y democratizar la productividad a nivel regional y sectorial; el 4 objetivo del Plan Sectorial de Relaciones Exteriores 2013 – 2018: Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural.

VIII. Que conforme a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con cuenta con cuatro instrumentos que desplegará para lograr los objetivos que se plantea en materia de política exterior. Estos instrumentos son: el diálogo político; la cooperación internacional para el desarrollo por medio de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); la red de promoción u difusión económica, turística y cultural, y el conjunto de herramientas enfocadas a la vinculación de los mexicanos en el exterior: la red de embajadas y consulados, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la emisión de pasaportes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que actualice la información en los sitios de internet de las Embajadas de México en otros países, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 12 de marzo de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República que informe sobre el estado de la investigación correspondiente a la denuncia de hechos presentada por la organización ciudadana Arma México, relativa a la entrega ilegal de armas al territorio nacional a través de los operativos binacionales “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso”. Se turna a la Comisión de Justicia.







 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las instancias correspondientes del Senado de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar e informar el uso de los recursos que el Senado transfiere a los Grupos Parlamentarios. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, INVESTIGUEN E INFORMEN EL USO DE LOS RECURSOS QUE EL SENADO TRANSFIERE A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la nota de “El Universal” del día 9 de marzo de 2015, que se titula “Indagan si PVEM usó en spots dinero del Congreso” se presume que el Partido Verde se financia con recursos irregulares aparentemente provenientes del Congreso de la Unión, tanto de Cámara de Diputados como del Senado de la República, de por lo menos 42 millones de pesos y que podrá  llegar a los 67 millones.

Estas conductas, además de constituir violaciones a la Ley Electoral en materia de financiamiento de los partidos, podrían ser constitutivas de delitos fiscales y penales de acuerdo con lo expresado por otros partidos representados en esta Cámara, quienes ya denunciaron por separado al Partido Verde.

Con estas acciones, se presume que el Partido Verde incurre en inconsistencias graves en lo declarado ante el Instituto Nacional Electoral, ya que oculta sus gastos. Además, los montos no coinciden con las tarifas comerciales que Televisa y TV Azteca dan a sus anunciantes, esto derivaría en un fraude a la ley por simular actos jurídicos que no se realizaron, y fraude fiscal por solicitar y expedir facturas a nombre de un tercero.

En el Partido Acción Nacional creemos en la transparencia y rendición de cuentas, por lo que es necesario que comencemos desde esta Cámara a dar el ejemplo y esclarecer el destino de los recursos públicos que asigna el Senado a los grupos parlamentarios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a las instancias correspondientes del Senado de la República, para transparentar los recursos que el Senado transfiere a los Grupos Parlamentarios.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que investigue si existe delito en el uso de los recursos del Partido Verde Ecologista de México provenientes del Congreso de la Unión.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que informe a esta soberanía los resultados derivados de esta investigación.

Atentamente

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de marzo de 2015.





 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y Relaciones Exteriores a desarrollar diversas acciones en favor de productores e industriales de la leche. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Delegado en Venustiano Carranza a informar sobre las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de los comerciantes y consumidores en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora y Sonorita, de la capital del país. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Distrito Federal es una de las entidades más dinámicas de la República Mexicana, debido a que es la capital política, económica y cultural de México. Cuenta con un enorme potencial en actividades relacionadas al comercio, esto se debe a que se ubican los principales centros de distribución de alimentos como la Central de Abastos y un número importante de mercados fijos y ambulantes dispersos por toda la ciudad.

En la capital existen más de 329 mercados públicos, sólo 50 de ellos se encuentran en la delegación Gustavo A. Madero, seguido por la demarcación Venustiano Carranza con 43, Cuauhtémoc 38 y Coyoacán 20, en todos ellos, se encuentran a la venta productos de primera necesidad para el consumo humano a precios accesibles para la sociedad.

Lamentablemente no todos estos espacios se encuentran en óptimas condiciones, entre los mercados con mayores problemas en sus instalaciones destacan los de “Sonora y Sonorita”, ambos ubicados en la colonia Merced Balbuena, los cuales están conformados por al menos 700 locales fijos en el interior, 50 puestos en espacios libres como pasillos y más de 563 ambulantes al exterior.

Es importante mencionar que estos mercados constituyen dos centros importantes de abasto para el hogar en frutas, lácteos, verduras, carne, pescado y productos de medicina tradicional, asimismo se comercializan disfraces, instrumentos musicales como sonajas, panderos y maracas.

Entre las principales irregularidades se encuentran tanques viejos, tuberías de gas deterioradas, tanques de gas sin regulador de presión en los locales de comida y problemas de drenaje, debido a que la basura es arrojada a las coladeras, además, en el interior y en sus inmediaciones no se cuenta con extintores ni señalamientos de rutas de evacuación. Por si esto fuera poco, la zona de comida y sus 11 accesos son bloqueadas por múltiples puestos ambulantes que impiden la evacuación de comerciantes y usuarios en caso de un siniestro.

Esta situación genera un clima de inseguridad, promueve el comercio informal y pone en riesgo la integridad de los comerciantes y visitantes de los establecimientos, a decir de los locatarios, existen antecedentes que dejan de manifiesto la problemática existente en materia de protección civil:

● 2001, el cuerpo de bomberos no pudo sofocar un incendio que acabó con ocho locales y afectó seis más considerablemente.

● 2011, un local se quemó y debido al ambulantaje, los bomberos tardaron en ingresar al mercado.

● 2014, en las inmediaciones del mercado sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, con dirección al Aeropuerto Benito Juárez, fue atropellado y privado de la vida un ciclista por parte de la patrulla T11-16 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sin poder recibir a tiempo la atención por parte de los equipos de auxilio debido a las complicaciones que representa el ingreso debido los puestos ambulantes.

Para los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, constituye una prioridad el que se garantice las condiciones de seguridad y que se acaten las recomendaciones de Protección Civil, quien en particular, determinó que en caso de una contingencia bajo las condiciones actuales sería imposible una evacuación eficaz.

Lo anteriormente descrito, evidencia la necesidad de modernizar las instalaciones e instrumentar un programa de ordenamiento del espacio público por parte de las autoridades del Distrito Federal y de la delegación, más cuando son las mismas autoridades tienen conocimiento de estas anomalías.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Delegado en Venustiano Carranza, para que de manera coordinada, informen sobre las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de los comerciantes y consumidores en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora y Sonorita de la capital del país.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 12 de marzo de 2015.

Atentamente.





 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, sobre la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Riñón”.

Día Mundial del Riñón

12 de Marzo

El Día Mundial del Riñón se celebra el segundo jueves de marzo de cada año en todo el mundo con el propósito de concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud renal y con el objetivo de enseñar a la población acerca de sus riñones y su funcionamiento, así como también sobre la hipertensión y la diabetes, que son dos de los principales factores de riesgo que pueden desencadenar en enfermedad renal.

El Día Internacional del Riñón surge en el año 2006 como iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y de la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (Ifkf) para promover la salud renal a partir de la prevención partiendo de la premisa de que la Enfermedad Renal Crónica es nociva y tratable.

Además, se busca incentivar a la población general a efectuar la evaluación correspondiente de la presencia de factores de riesgo de enfermedad renal, y a realizarse un simple test renal periódico. Lo cierto es que cada año, millones de personas mueren prematuramente por fallo renal o enfermedades cardiovasculares relacionadas con la enfermedad renal crónica.

A nivel mundial, se calcula que ciertas enfermedades claves como la renal, así como la hipertensión arterial y la diabetes (ambos relacionados con la primera), se cobraron unos 37 millones de vidas para este año, de aquí la importancia de concientizar sobre este tipo de afecciones.

Las enfermedades renales por lo general no presentan síntomas y afectan la calidad de vida de las personas. Se estima que una de cada 10 personas tiene alguna enfermedad renal y cada año millones mueren prematuramente por complicaciones relacionadas con estas enfermedades. Después de los 40 años, el filtrado del riñón empieza a decaer aproximadamente un uno por ciento por año. Se estima que uno de cada 5 hombres y una de cada 4 mujeres, entre 65 y 75 años, y la mitad de los mayores de 75 años tienen algún grado de enfermedad renal.

Pero no todas son malas noticias. Hoy en día hay medicamentos que frenan la evolución de la enfermedad renal, la revierten y pueden evitar la entrada a diálisis. Son de bajo costo, se proporcionan en los hospitales y los implementan los nefrólogos desde la fase más temprana. Aun antes de que se declare la enfermedad.

Es por eso que es importante someterse a un simple análisis de microalbuminuria (son proteínas que se pierden en la orina). Se analiza de la primer orina de la mañana y es considerado el signo de alarma precoz y fundamental que avisa del daño insipiente en los riñones y también del riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Este año, el Día Mundial del Riñón necesita su apoyo para difundir este mensaje, fomentar la prevención, y llevar este asunto a la atención de los gobiernos, de los políticos y del público en general.

Atentamente

Jueves 12 de Marzo de 2015

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el 18 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:18 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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