Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Marzo de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 3 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.





 

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y seis minutos del día jueves veintiséis de febrero de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 2 al 5 de marzo de 2015, con el objeto de realizar una visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Se recibió del Banco de México, oficio por el que informa de la reducción en 80.9 millones de pesos el presupuesto de la institución, en el apartado denominado “Gasto Corriente e Inversión Física No Relacionados con la función de proveer de billetes y monedas a la Economía”.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de febrero de 2015.- Intervinieron los Senadores: Arely Gómez González del PRI; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Roberto Gil Zuarth del PAN; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; Marcela Torres Peimbert del PAN; Pablo Escudero Morales del PVEM; Omar Fayad Meneses del PRI; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Zoé Robledo Aburto del PRD; Graciela Ortiz González del PRI; Enrique Burgos García del PRD; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Adán Augusto López Hernández del PRD; Eviel Pérez Magaña del PRI; y Cristina Díaz Salazar del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

El Senador Patricio Martínez García, a nombre propio y de los Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de Acuerdo para honrar la memoria de hechos trascendentales en la historia de las relaciones diplomáticas México-Japón.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió del Senador Francisco Domínguez Servién, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de febrero de 2015.- Intervinieron los senadores: Luis Sánchez Jiménez del PRD; Francisco Domínguez Servién del PAN; Fernando Herrera Ávila del PAN; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y Miguel Barbosa Huerta del PRD. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

El Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Fernando Herrera Avila, Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a apegar su actuación a los principios constitucionales que rigen la función electoral, tales como los de independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad; así como restablecer un diálogo sincero con todos y cada uno de los partidos políticos que tienen representación en ese órgano de autoridad.- El asunto no fue considerado de urgente resolución, en virtud de no alcanzar la mayoría de las dos terceras partes. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Agenda Política)

La Mesa Directiva acordó, que los Grupos Parlamentarios, hicieron uso de la palabra para referirse a la situación en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- La Asamblea autorizó la incorporación del asunto en el Orden del Día de la sesión en el apartado de Agenda Política. Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Roberto Gil Zuarth del PAN; Graciela Ortiz González del PRI; Layda Sansores San Román del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; y Cristina Díaz Salazar del PRI.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que propone modificaciones en la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se lamenta la muerte del Señor Rubén García Villalpando, asesinado por un oficial de la policía en el estado de Texas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, para la realización de la sesión solemne en que se otorgará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la Señora Carmen Moreno Toscano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 20 y 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Mariana Gómez del Campo Gurza, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Lilia Guadalupe Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Estudios Legislativos.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de centros de atención y cuidado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones de apoyo y rescate del Sistema Producto del Cacao en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; e implementar labores sanitarias contra la enfermedad de la Moniliasis que ataca a este producto.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a informar las acciones y políticas que ha implementado con la finalidad de que los jóvenes mantengan una mayor participación en el ámbito económico, social, cultural y deportivo del país.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto por el que el Senado de la República hace una respetuosa invitación al titular de la Secretaría de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos, ante la Comisión de Energía a efecto de que expongan las acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción de la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos, así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los mismos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Vivienda.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe sobre los criterios y requisitos para la asignación de los créditos financieros, en el marco del Programa de Dignificación del Comercio en el centro histórico de Cuernavaca.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para que se alcancen los Acuerdos pendientes para resolver los asuntos en trámite.- Se turnó a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a comparecer al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para que aclare la demora en la expedición del Reglamento sobre uso de programas sociales para que los gobiernos ejerzan con imparcialidad los recursos públicos en los próximos comicios electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a redoblar sus esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar todos los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electores de 2015, con el objeto de que los partidos políticos y los candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley en la materia establece.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por los premios otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Social, con objeto de que explique las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2013, en materia de programas sociales.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades estatales a cumplir en tiempo y forma con los reportes presupuestales, como se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a establecer dentro de los tiempos oficiales del Estado, un espacio para la implementación de campañas de información y difusión para el uso correcto de las redes sociales.- Turno a la Comisión de Educación Pública.

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas de difusión, orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis en aquéllos relacionados con niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo a la Cámara de Senadores, a fin de informar sobre los avances de las investigaciones y los resultados obtenidos a más de dos meses de la creación de la oficina especial para el Caso Iguala.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al "Día Mundial del Trasplante".- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al "Día de las Enfermedades Raras".- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse a la ejecución del emperador Cuauhtémoc.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con tres minutos y citó a la siguiente el martes tres de marzo a las once horas".





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Honorable Asamblea: A partir de las licencias que el Senado autorizó a la Senadora Arely Gómez González y al Senador Francisco Domínguez Servién, esta Mesa Directiva convocó a las ciudadanas María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta, quienes se encuentran en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a las y los Senadores Margarita Flores Sánchez, Marcela Torres Peimbert, Ana Gabriel Guevara Espinoza, Manuel Cota Jiménez y a Diva Hadamira Gastélum, las inviten a pasar a este salón de sesiones y las acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Esta Presidencia saluda a estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis, del estado de Sinaloa, invitados por el Senador Aarón Irízar López. Bienvenidas y bienvenidos.

También saludamos a las y los alumnos de la preparatoria Simón Bolívar, del municipio de Atlixco, en Puebla, invitados por el Senador Miguel Barbosa Huerta. Bienvenidos, en su nombre.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se solicita a las y los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Les pedimos atender la sesión, si son tan amables, señores Senadores.

Ciudadanas María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadoras de la República que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las CC. María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras Senadoras!

Les solicito pasen a ocupar el escaño que les ha sido asignado, a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos.

Esta Presidencia saluda a los familiares y amigos de las Senadoras María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se recibió una comunicación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebrada los días 13 y 14 de febrero de 2014, en Nuevo Vallarta, Nayarit.







 

El Seminario de la Unión Interparlamentaria sobre el Tratado de Comercio de Armas, realizado de 3 al 5 de noviembre de 2014, en Londres, Inglaterra.







 

La Mesa Redonda Panamericana Parlamentaria, paralela a la Tercera Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, organizada por la Unión Interparlamentaria, Parlamentarios por la no Proliferación Nuclear y el Desarme y el Parlamento Austriaco, que se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2014, en Viena, Austria.







 

Se recibió también una comunicación de la Comisión de Protección Civil, con la que remite su segundo informe de actividades y su plan de trabajo para el tercer año de ejercicio de LXII Legislatura.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Compañeras y compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que el pasado viernes 27 de febrero se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que el Presidente de la República designó a la ciudadana Arely Gómez González, como Procuradora General de la República, y solicita someter a la aprobación del Senado la ratificación del nombramiento correspondiente.



El expediente de ese asunto se turnó directamente, ese mismo día, a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente, como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los Ángeles Arriola Aguirre, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-diciembre de 2014.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo  histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de 2015; información sobre la recaudación federal  participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2015.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

Informo a la Asamblea que también el pasado viernes 27 de febrero, recibimos de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.



Este proyecto se turnó de forma directa, ese mismo día, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: La Cámara de Diputados devolvió los expedientes de los asuntos que ahora describiré, desechados para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional:

El proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo, que fuera aprobado en el Senado el 4 de noviembre de 2014.







 

El proyecto de Decreto para reformar y adicionar un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, que se aprobó en el Senado el 4 de diciembre del año pasado.







 

Y el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo, que se aprobara en la Cámara de Senadores también el 4 de diciembre pasado.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Túrnense dichos expedientes a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: También de la Colegisladora, se recibió un oficio por el que informa la elección del Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, como Secretario de la Mesa Directiva, para cumplir el periodo comprendido del 26 de febrero del año en curso y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI)

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Me permito presentar ante ustedes la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

En virtud de que nuestra sociedad está cambiando en sus formas, en sus familias, es importante que también las leyes sean adecuadas a estas nuevas realidades.

La totalidad de las tareas que se realizan sobre el cuidado de las hijas y los hijos desde el momento en que nacen pueden y deben ser llevadas a cabo por ambos padres.

Los roles tradicionales se han modificado, ya no es posible identificar sólo a los hombres como proveedores exclusivos y a las mujeres como responsables únicas de las tareas domésticas. Las mujeres se han incorporado paulatinamente al mercado laboral por los niveles educativos alcanzados, y porque un solo salario resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las familias.

La dinámica poblacional habla de la existencia de más de 70% de hogares nucleares que se han desplazado a la tradicional familia extensa, en la que varias mujeres compartían las responsabilidades domésticas, incluyendo el cuidado de las y los niños. Hoy, mujeres y hombres deben ser cada vez más conscientes de que si ambos son proveedores económicos, de igual forma ambos deben asumir la corresponsabilidad del ámbito y las tareas domésticas.

Otro fenómeno que incide en la transformación del entorno doméstico es que los hombres hoy están viviendo la reconfiguración del contenido y rol de género relativo a la masculinidad, no sin resistencias. Están en proceso de cambio los estereotipos que habían modelado un tipo de hombre alejado del ámbito privado, que eludía las responsabilidades domésticas y que se asumía ajeno al mundo de los afectos y a los cuidados de las y los otros.

Los nuevos modelos de masculinidad transforman el papel del hombre como pareja y la vivencia de su paternidad. Afortunadamente, una parte de los hombres hoy está reclamando su derecho al mundo de los afectos, de los cuidados, de lo doméstico; quieren vivir una masculinidad y también una paternidad de otra forma, lejos de un modelo de padre proveedor único, ausente, lejano o incluso violento.

Muchos hombres no desean ser ajenos al proceso de embarazo, parto y cuidados de hijas e hijos. Es así como la paternidad como función social se está resignificando.

Como legisladores sabemos que estos cambios culturales deben ser acompañados y acelerados desde la ley. Hemos avanzado sin duda.

Con las importantes modificaciones en nuestra Constitución, vivimos y entendemos mejor los derechos humanos, ello ha permitido progresar, como nunca, en materias relativas a la igualdad de género y a los derechos de la niñez, ambos aspectos pilares de la iniciativa que presento.

No solamente estoy hablando de un derecho del hombre trabajador, sino también el derecho de la niñez, el derecho de las hijas y los hijos a tener ambos padres en los momentos más cruciales del nacimiento y el desarrollo de su personalidad, por supuesto, del cuidado de su salud; pero también el derecho que tienen muchas mujeres a que puedan también ser acompañadas, respaldadas y que haya esa conciliación entre la vida pública y privada.

En materia de igualdad de género, diversos ordenamientos, tanto en el plano internacional como nacional, han destacado la necesidad de impulsar medidas para igualar la presencia y responsabilidad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el doméstico, como la CEDAW, como la OIT, en donde ahí se habla de conceptos relevantes, como de corresponsabilidad y conciliación.
La Convención sobre los Derechos de los Niños también mandata reconocer el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño y la niña.

En el caso de México, es muy reciente la reforma laboral que permitió que se incluyera el derecho, negado históricamente para los hombres, del disfrute y la responsabilidad de la paternidad en los primeros días de nacidos. Y es así que en el 2012, se incluyó en la ley un permiso de paternidad de 5 días para el hombre trabajador por el nacimiento de sus hijos, incluyendo en los casos de adopción, con el fin de que se responsabilice y se compartan las tareas y cuidados de las y los hijos.

La licencia de paternidad consiste, a diferencia de un permiso, en un periodo de tiempo que se concede al hombre trabajador a partir del nacimiento de su hija o hijo para atender a esa recién o recién nacido, y que también lo refiere la Organización Internacional del Trabajo.

Varios son los propósitos que de manera simultánea pueden cumplir este derecho, como son: que se consolida la igualdad de género, se abandona ya la única visión de que las responsables son las mujeres, entonces se habla de corresponsabilidad familiar, fortalece a la familia y constituye un modelo diferente de paternidad, pero sobre todo a la niñez.

De acuerdo con la OIT, 78 países contemplan la licencia de paternidad en su legislación: 21% otorgan menos de una semana; 15% entre 7 y 10 días; 8% otorgan de 11 a 15 días. Además 5 países conceden licencias más amplias, como son: Finlandia, 54 días laborables; Islandia y Eslovenia con 90 días consecutivos; Lituania, 30 días; Portugal, 20 días.

Entre los países que integran la OCDE, el 44% otorgan 10 días o más con este permiso de paternidad.

En México existen experiencias anteriores a la reforma laboral del 2012, algunas instituciones públicas, del sector académico e incluso instituciones también privadas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el INMUJERES, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Secretaría de Desarrollo Social.

Las licencias de paternidad deben de acompañar las licencias de maternidad para que éstas tengan también carácter obligatorio. La Organización Internacional del Trabajo explica que cuando las licencias son exclusivamente otorgadas a la trabajadora, sin considerar a los padres, resultan desiguales, por eso fomentar y promover los estereotipos acerca de que las mujeres son las únicas responsables de lo doméstico está reproduciendo las desigualdades y las injusticias, y propician que sigan existiendo las discriminaciones laborales hacia las mujeres, para el acceso, ascenso, permanencia.

A pesar de que no existen, por parte de organismos internacionales, las experiencias tanto locales como en otros países, es que los lapsos de tiempo concebidos tienden a incrementarse.

Esta reforma se orienta a que los padres se den cuenta que cuidar hijas e hijos no sólo es un deber, sino es un derecho, y para muchos, espero, también un placer.

Por todo lo anterior, someto a su consideración, y espero contar con el amplio apoyo de mis compañeras Senadoras, especialmente, y también de mis compañeros Senadores, la iniciativa mediante la que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132, y se adiciona el Título Quinto Ter y el artículo 180 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece que a partir del nacimiento, o en su caso, Decreto de custodia provisional o definitiva del menor en adopción, se otorgue al trabajador licencia de paternidad obligatoria de 15 días laborales, y esto significa con goce de sueldo íntegro; y hasta 15 días laborales adicionales a petición del trabajador sin goce de sueldo, que puedan ser utilizados dentro de los tres meses siguientes, todo ello sin afectar antigüedad, puesto ocupado y otros derechos del trabajador.

La iniciativa regula la forma en que se hará efectiva, así como los casos especiales en los que se prevé una extensión hasta de cinco días no acumulables, en casos de parto múltiple, cuando esté también en riesgo la vida de la o del recién nacido o la madre, así como los casos que esperamos sean cada vez más excepcionales en los que ella llegue a fallecer.

En suma, esta iniciativa se orienta a fortalecer un modelo de paternidad responsable, y como parte integral del concepto de ciudadanía, se trata de construir una paternidad voluntaria afectiva, responsable, respetuosa de los derechos de la niñez y de las relaciones cada vez más simétricas que debe haber entre las parejas.

Por su atención y respaldo, muchas gracias.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senadora. Senadora Lisbeth Hernández.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitarle a la Senadora Lucero Saldaña si me permite adherirme a su iniciativa y felicitarla por el tema.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) De la misma manera, si me permite sumarme.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se acepta. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Becas.

Adelante, Senador.

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BECAS

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD)

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna, a nombre propio y del Senador Benjamín Robles, a presentar esta iniciativa.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Una gran catástrofe de nuestro país son las inmensas brechas de desigualdad que son causa y origen de muchos de nuestros grandes males nacionales.

Lamentablemente, el Sistema Educativo Nacional que tenemos tiende a perpetuar la desigualdad en vez de contribuir a combatirla.

Hoy las oportunidades de acceso y permanencia en la educación están prácticamente canceladas si se es pobre, si se es indígena, e incluso si es niña o adolescente en una comunidad o en una colonia de la periferia de cualquier ciudad.

La educación es por excelencia el instrumento de los pueblos para cambiar su realidad, para elevar sus condiciones de vida, es condición para que exista una sociedad más libre, para que exista una sociedad más justa.

Hoy el país está pagando un precio demasiado alto por no asumir en serio el compromiso con el derecho a la educación, una de las conquistas históricas más importantes del pueblo mexicano, un derecho que es universal, pero sólo en el papel o en los discursos oficiales, porque la realidad contrasta de manera dramática.

Para que se cumpla el derecho a la educación se requieren cambios de fondo, uno de ellos es que es inaplazable emprender una reforma profunda y auténtica del Sistema Educativo Nacional, una reforma humanista, democrática, que sea incluyente y respetuosa de los derechos de todas y de todos.

México destina tan sólo una tercer parte del total del presupuesto por alumno que destinan los países desarrollados. Habría que invertir mucho más porque no hay asunto más crucial para el futuro.

Hay que cambiar las políticas educativas, entre otras cosas, para hacernos cargo de esa tragedia que implica que millones de niñas y de niños, adolescentes y jóvenes mexicanos se vean forzados a abandonar los estudios para ser condenados a un futuro de exclusión y de miseria.

Debemos ser sensibles ante la frustración de quienes no pueden continuar sus estudios porque no tienen recursos para útiles escolares, para el pasaje o para la comida. Debemos entender que, a todos ellos, el Estado mexicano les ha dado la espalda, que no es culpa de las familias, sino de un modelo económico que es profundamente injusto, que desprecia los valores humanos y que se olvida de la justicia social.

Alcanzar niveles medios o altos de educación hoy es privilegio de unos cuantos. Más del 60 por ciento de nuestros adolescentes no concluyen el bachillerato, año con año tenemos decenas de excluidos de las universidades públicas.

De cada cien niños que ingresan a la primaria sólo 21 egresan de la universidad. El Estado mexicano tiene obligaciones irrenunciables que derivan de la Constitución y de los Tratados Internacionales.

Hay un deber constitucional ineludible, que es garantizar la igualdad en el acceso a la educación, y para ello debemos remover cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho fundamental.

En México son ya muchas generaciones las que se han sacrificado, a quienes se les ha dicho que habrá crecimiento, que habrá más recursos, y entonces sí podrán estudiar y aspirar a mejores condiciones.

Los recursos para invertir en becas crecen, pero son insuficientes porque el destino nos alcanzó, el país sigue estancando los beneficios y nunca llegan, hay miles y miles de nuestros jóvenes arriesgando la vida en el extranjero, porque vieron canceladas las esperanzas de salir adelante en sus comunidades, en su patria.

Sabemos que existen causas y factores estructurales que deben ser atendidos, pero un principio básico, que el Senado debe asumir como una decisión histórica, es que ninguna persona más quede excluida del Sistema Educativo por razones socioeconómicas, ello es perfectamente posible, con voluntad política, con responsabilidad y, sobre todo, con un compromiso profundo con los más pobres, con los oprimidos, con aquellos a quienes las instituciones les hemos fallado.

Está demostrado que el factor económico sí es una causa determinante en México para la deserción y el abandono escolar. Por ello las becas son un instrumento esencial para hacer realidad el derecho universal a la educación, que es una conquista histórica cancelada en los hechos por visiones conservadoras, no por falta de recursos.

La Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de su propuesta de reforma al Sistema Educativo Nacional, ha resaltado la necesidad de crear un verdadero Sistema Nacional de Becas Educativas, desde el nivel básico hasta el superior. Dicha propuesta ilustra y sirve como marco de referencia a esta presente iniciativa.

Este sistema es indispensable para disminuir la deserción escolar, mejorar la permanencia y favorecer la eficiencia terminal de los alumnos. Una propuesta de avanzada, progresista y con enorme sentido humano, con ello podemos rescatar el futuro, porque no bastan los programas selectivos que consideran a los más pobres, pero no atacan el problema de raíz, que es la desigualdad.

La oferta de hoy es insuficiente frente a las grandes necesidades y desafíos que enfrenta el país en materia educativa, también hay resultados decepcionantes, deficientes, en el diseño de los programas, desarticulación.

Los becarios viven siempre en la incertidumbre, porque las becas se consideran dádivas y no un derecho de los alumnos, que no debe estar sujeto a condicionamiento alguno. Eso es uno de tantos aspectos que deben cambiar.

Es así que proponemos crear el Sistema Nacional de Becas que permitiría alinear y ordenar todos los esfuerzos del Estado mexicano para remontar los rezagos y reducir las desigualdades en el acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo.

Es posible articular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de las diversas instituciones educativas y de la sociedad, para establecer una política con visión de largo plazo que incremente de manera sostenida el número de becas hasta alcanzar la cobertura universal en las escuelas públicas, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizada, de educación especial e indígena.

La constitución y operación del sistema favorecería el establecimiento de mecanismos más eficientes, de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito federal y local.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha demostrado que es posible aplicar una estrategia gradual para incrementar de manera firme y sostenida la cobertura de los programas de becas educativas en todos los niveles educativos, teniendo como meta alcanzar la cobertura universal en la matrícula educativa registrada en escuelas públicas en un lapso de diez años.

Solamente con el subsidio a la educación privada, que hoy se otorga, alcanzaría para cumplir con este objetivo, hay que rectificar el camino, compañeras y compañeros, hay que pensar en grande y apuntalar un país con justicia, con dignidad y oportunidades de educación garantizadas para todas y para todos.

Ese México está muy cerca o muy lejos, depende de nosotros.

Por su atención, muchas gracias.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 





 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de Decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud.

Adelante, estimado Senador.

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Los jóvenes no sólo son parte del futuro del país, son todo el futuro de nuestra Nación, y en algún momento, en sus manos recaerá la responsabilidad de mejorarla de manera pacífica, progresiva y para bien.

Sin embargo, para conseguirlo deberán ser generaciones sanas y lograr mejorar las condiciones que ahora nuestra generación pretende heredarles.

No obstante, un factor que afecta lasciva y masivamente a nuestros jóvenes son las adicciones, la más dañina, por tratarse de una droga adictiva, con despreciables consecuencias por sí mismas, y tratarse de una droga de inicio y precursora de otras más graves, como lo es el consumo de alcohol.

El alcohol mata a más adolescentes que todas las otras drogas combinadas, es uno de los tres factores principales de causas de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años: accidentes, homicidios y suicidios.

Los jóvenes que beben son 7.5 veces más propensos a utilizar otras drogas ilegales y 50 veces más propensos a utilizar cocaína, que los que nunca beben.

Una encuesta demostró que el 32 por ciento de las personas mayores de 12 años que bebían en exceso, también consumían drogas ilegales; además, al menos un 25 por ciento de los mexicanos entre 12 y 60 años de edad, consumen alcohol al grado de incurrir en patrones de grave peligro.

Por ejemplo, prácticamente el 40 por ciento de los crímenes violentos ocurren bajo los efectos del alcohol.

Así, la adicción incontenida y temprana en el alcohol, constituye un factor de decadencia de nuestras futuras generaciones, pero aún si consideramos que es precursora de otras que pueden agravar sus condiciones.

Por ello, si queremos heredar un mundo mejor a nuestros jóvenes, debemos atender de manera atenuada y acentuada la puerta madre de las adicciones y sus consecuencias, esto es: el alcohol.

Actualmente una prioridad en los programas preventivos lo constituye la fase educativa, en la cual, tanto la legislación en la materia como la relativa a la salud, comprenden programas para la prevención de adicciones.

No obstante, aún no podemos echar campanas al vuelo, debemos acentuar las acciones y no podemos quedarnos en la fase de programa, sino que debe pertenecer a la estructura formativa, educacional de nuestros jóvenes, esto es, que la prevención y educación contra el alcoholismo sean un apartado especial en su formación y en la educación básica.

Tan esto es indispensable que duele, en verdad, enterarse de sucesos noticiosos, como el de la semana pasada, en el que en esencia se informó lo siguiente:

“Ciudad de México, 20 de febrero.

Un niño de aproximadamente 6 años llegó a un kinder, en Matamoros, con aparente estado de ebriedad, por lo que de inmediato las autoridades del mismo lo trasladaron al hospital.

El menor había bebido entre 6 y 10 cervezas, por lo que los médicos que lo atendieron lo reportaron con una evidente congestión alcohólica.

Testigos señalan que el menor se desvaneció instantes antes de ingresar al colegio y de ahí que las autoridades del plantel se percataran de que venía en estado de ebriedad.”

Es de tomar en cuenta que la formación y enseñanza de los menores normalmente se da en el hogar y en la escuela, ésta última en la que la autoridad puede incidir de manera mucho más amplia y directa, por lo que precisamente, las aulas constituyen un elemento invaluable para fomentar en las nuevas generaciones la cultura de la prevención de adicciones, particularmente la más peligrosa y precursora de otras drogas más dañinas.

Por ello, la propuesta en concreto consiste en una iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.

“Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. (…)

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

Las Secretarías de Educación y de Salud, deberán coordinarse a efecto de que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, al día de la fecha.”

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

"El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los jóvenes no sólo son parte del futuro del país, son todo el futuro de nuestra nación. México es un país donde el 50 % de la población tiene 30 años o menos, que no corresponde al sistema político ni económico y que en algún momento en sus manos recaerá la responsabilidad de mejorarlo de manera pacífica, progresiva y para bien.

Sin embargo, para conseguirlo deberán ser generaciones sanas y cuerdas, para lograr mejorar las condiciones que ahora, nuestra generación, pretende heredarles.

No obstante, un factor que afecta lasciva y masivamente a nuestros jóvenes son las adicciones. La más dañina por tratarse de una droga adictiva con despreciables consecuencias por sí misma, como por tratarse de una droga de inicio y precursora de otras más graves, lo es el consumo inmoderado del alcohol.

El alcohol mata a más adolescentes que todas las otras drogas combinadas. Es uno de los tres factores principales de causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años: accidentes, homicidios y suicidios.

Los jóvenes que beben son 7.5 veces más propensos a utilizar otras drogas ilegales y 50 veces más propensos a utilizar cocaína que los que nunca beben. Una encuesta demostró que el 32% de las personas mayores de 12 años que bebían en exceso, también consumían drogas ilegales.

Las adicciones constituyen un lastre que arrasa al país en un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud, en la integración familiar, en el desarrollo del país y en la estabilidad social, pues lamentablemente se tiene registrado que al menos un 25% de los mexicanos entre 12 y 60 años de edad, consumen alcohol al grado de incurrir en patrones de riesgo.

Las consecuencias, además de las descritas, implican otras colaterales igualmente graves, por ejemplo si consideramos que el uso del automóvil ocasiona externalidades como la inseguridad vial, con accidentes y sus graves consecuencias en lesiones, discapacidades y muertes, a las que si les sumamos el riesgo e ingrediente del alcohol, las consecuencias fatales se recrudecen. Peor aún, registros demuestran que prácticamente el 40 % de los crímenes violentos ocurren bajo los efectos del alcohol.

De esta manera, la adicción incontenida y temprana en el alcohol, constituye un factor de decadencia de nuestras futuras generaciones, peor aún, si consideramos que es una adicción precursora de otras que pueden agravar sus condiciones.

Por ello, si queremos heredar un mundo mejor a nuestros jóvenes, debemos atender de manera acentuada la puerta madre de las adicciones y sus consecuencias, esto es, el alcohol.

Actualmente, una prioridad en los programas preventivos lo constituye la fase educativa, en la cual, tanto la legislación en la materia como la relativa a la salud, comprenden programas para la prevención de adicciones.

No obstante, en estos alcances no podemos “echar campanas al vuelo”; debemos acentuar las acciones preventivas, de manera extremada para con la puerta al mal que constituyen las adiciones. Esto es, el consumo del alcohol, de manera tal, que su prevención pueda constituirse como elemento a su vez preventivo de manera eficaz, en otro tipo de adicciones.

Dicho de otra forma, no podemos quedarnos en la fase de programa, sino que debe pertenecer a la estructura formativa educacional de nuestros jóvenes, esto es, que la prevención y educación contra el alcoholismo sean un apartado especial de su formación en la educación básica.

Tan esto es indispensable, que duele en verdad, enterarse de sucesos noticiosos como el de la semana pasada, en el que en esencia se informó de lo siguiente:

“CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero.- Un niño de aproximadamente seis años, llegó a un kínder en Matamoros, con aparente estado de ebriedad, por lo que de inmediato las autoridades del mismo lo trasladaron a un hospital.

El menor había bebido entre seis y diez cervezas, por lo que los médicos que lo atendieron lo reportaron con una evidente congestión alcohólica.

Posterior a ser atendido, los mismos médicos del hospital General Alfredo Pumajero, de Matamoros, lo entregaron al Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad antes mencionada.

Asimismo, testigos señalan que el menor se desvaneció instantes antes de ingresar al colegio y de ahí que las autoridades del plantel se percataron de su estado de ebriedad.”

Para esta propuesta, se toma en cuenta que la formación y enseñanza de los menores normalmente se da en el hogar y en la escuela, esta última en la que la autoridad puede actuar e incidir de manera mucho más amplia y directa, por lo que precisamente las aulas constituyen un elemento invaluable para fomentar en las nuevas generaciones la cultura de la prevención de adicciones, particularmente en el consumo de alcohol, al tratarse de una droga legal, pero que debe atenderse en su justa dimensión de tal suerte, que los jóvenes deban estar conscientes de que el alcohol no deba  sobrepasar de una alegre degustación en un consumo moderado de las festividades sociales.

Para ello, la propuesta en concreto es superar la fase de programa preventivo en el consumo de alcohol, para elevarse a fase formativa, como una forma a su vez, de prevenir la incursión en el consumo de otro tipo de sustancias; lo que se propone realizar mediante una respetuosa sugerencia de adición en la Ley General de Salud, a efecto de que las Secretarías de Educación y de Salud, deban coordinarse para que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración específica de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana.

Adición que se sugiere a la Ley General de Salud, atentos a que se trata del esquema jurídico capaz de arrogar atribuciones y obligaciones en los tres órdenes de gobierno, de una manera uniforme en toda la República.

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185
DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. (…)

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

Las Secretarías de Educación y de Salud, deberán coordinarse a efecto de que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana; y

III. (…)

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

A t e n t a m e n t e.

Senador Jesús Casillas Romero.

Dado en el Salón de Sesiones a los 26 días de mes de febrero del 2015".

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Jesús Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.





 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 10-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, compañero Presidente. Compañeras, compañeros Senadores:

Seguramente coincidirán conmigo que la defensa del municipio debe ser una tarea constante y también una tarea impostergable.
Todos los esfuerzos encaminados a fortalecer este nivel de gobierno, inclusive, creo tendrían que ser abanderados y asumidos por todas las fuerzas políticas y por todos los actores políticos de nuestro país, pero lamentablemente esta visión no es compartida por todos.

Tristemente, el municipio en México, compañeras, compañeros, adolece por ser un elemento reducido en el contexto histórico constitucional y legal, y la consecuente debilidad institucional del municipio se enmarca en un sistema federal con tendencias centralizadoras que ha dado al traste con el pleno desarrollo de este nivel de gobierno, lo que sin duda nos sitúa como una nación donde la brecha de desigualdad es alarmante.

En tal sentido, es claro que nuestro marco jurídico no permite hoy en día a los municipios ejercer por sí mismos la soberanía popular y, por lo tanto, están incapacitados para ampliar sus competencias.

El presente proyecto que someto a la consideración de ustedes, pretende, compañeras y compañeros, ser una herramienta normativa que se sume a los múltiples esfuerzos realizados por los que pensamos, hoy en día, que es infranqueable la lucha para fortalecer esta primigenia de gobierno y que es sin lugar a dudas el lugar donde se encuentran aglutinadas las personas que más carecen de oportunidades para alcanzar el mínimo nivel de vida digna.

Así pues, compañeras y compañeros, nuestra regulación reconoce hoy en día al municipio como la base de la organización política y administrativa de todas las entidades que conforman la Federación, empero, las limitaciones jurídicas han dejado, reitero, al municipio mexicano en una especie de rezago institucional, lo que ha puesto en tela de juicio su jerarquía natural, su jerarquía política, social y económica frente a otros niveles de gobierno.

De esta forma, insisto, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental proponer mecanismos jurisdiccionales que permitan garantizar a los municipios su autonomía fiscal.

Si logramos dotar al municipio de los medios jurisdiccionales, no sólo abonaremos en la tutela efectiva de sus atributos, de sus facultades y derechos en materia de coordinación fiscal, sino que también estaremos dando un paso firme en aras del fortalecimiento del federalismo en nuestro país.

La responsabilidad, compañeras y compañeros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara en cuanto a resolver las controversias entre los municipios y los demás órdenes de gobierno, mediante la controversia constitucional, convirtiéndose así en una especie de tribunal constitucional.

Y la propuesta fundamental de nuestra iniciativa está centrada en la oportunidad constitucional y en la oportunidad legal de los municipios para acudir precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a buscar la regularidad jurídica de la nación y la garantía de su autonomía fiscal en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.

De esta manera, el párrafo tercero del artículo 10-B de la Ley de Coordinación Fiscal, como lo expresaba al inicio el señor Presidente, que es el que estamos proponiendo su modificación, estipula la inconformidad de cualquier entidad federativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la declaratoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que realice acerca de la violación en la suspensión de cobro de ciertos derechos.

En este orden de ideas, nuestra proposición, compañeras y compañeros, se concentra en contemplar en dicho texto, y para el mismo caso también, al municipio.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta Soberanía el presente proyecto de Decreto, que he de agradecerle al señor Presidente me obsequie para que, hoy aparece en la Gaceta Oficial, aparezca también de manera íntegra en el Diario de los Debates, para mayor revisión de las Senadoras y de los Senadores aquí presentes.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Benjamín Robles. Se inscribe de manera íntegra en el Diario de los Debates, como usted lo ha solicitado, y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional.

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN)

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muy buenas tardes, compañeras y  compañeros.

El día de hoy acudo a esta tribuna para hablar por aquellas personas que son víctimas de la violencia, y hay quien, ni siquiera nuestra Constitución, considera una terminología básica.

Y son las miles de personas, miles de familias que se encuentran en una situación de desplazamiento interno forzoso.

Son aquellas familias que se quedan en nuestro país, pero que dejan sus hogares, que dejan sus comunidades porque se ven amenazados por desastres naturales o por la violencia.

Y bajo este supuesto se encuentran muchos de los estados de nuestro país.

A veces pensamos que los saldos de la violencia son las muertes, es la migración, son las personas que se encuentran desaparecidas y que claramente han sido víctimas de un proceso de violencia en nuestro país.

Pero parece que los grandes fantasmas en nuestra legislación, en las políticas públicas e incluso en nuestra narrativa, en cómo nombrarlos, son aquellas personas que son internamente desplazadas y de manera forzosa en nuestro país.

¿A qué se refiere ser una persona internamente desplazada?

Se refiere, primero, a que hay una causa forzosa que está motivando este desplazamiento, es decir, a que no viene derivada de la voluntad o de la decisión de las personas.

Y en segundo lugar, a que se mueven estas personas o estas familias dentro del territorio nacional, es decir, que no han decidido emigrar hacia los Estados Unidos o a algún otro país buscando ser refugiados.

En México tenemos mucho miedo de hablar de personas internamente desplazadas o de desplazamientos forzosos; y hay miedo porque en muchos casos este término se asocia a situaciones de guerra o de conflictos armados dentro de un país.

La realidad es que sí tenemos conflictos que han alcanzado tal nivel de violencia que son equiparables a aquellos países que presentan un conflicto armado, un conflicto bélico al interior de sus fronteras.

Y en esta situación se encuentran, según algunos estudios, entre 170 mil y 250 mil personas en nuestro país.

Es un tema que afecta a distintos estados, principalmente a aquellos que han sido agobiados por desastres naturales o que viven los estragos de la violencia.

Una persona o una familia internamente y forzosamente desplazada está en un extremo grado de vulnerabilidad.

Como ni siquiera está legislado a nivel nacional, lo tienen únicamente legislado 2 de nuestras 32 entidades, pues no se sabe a dónde puedan acudir, no hay un pleno reconocimiento de esta situación y mucho menos existe un plan de atención para ellos.

Se vuelve muy importante atender esta problemática. Hablar de estas cifras de entre 170 mil y 250 mil personas es meramente una aproximación, porque como ni siquiera tenemos la existencia del concepto en nuestra legislación nacional, tampoco hay mediciones, tampoco hay claridad de quiénes están en estas circunstancias.

Hoy, compañeras y compañeros, presento esta iniciativa para modificar nuestra Constitución y para autorizar, para permitirnos, como Congreso de la Unión, generar una ley general en esta materia, que nos permita hacer de este problema un problema visible; que podamos medir, y muy importante, que podamos atender y también castigar a quienes están forzando a estas familias a dejar sus comunidades, sus hogares, sus escuelas.

Esta iniciativa puede permitirnos hacer una legislación que atienda lo mucho que se ha destruido el tejido social en nuestro país. Si realmente está en el interés de todos volver  a unificar a México, tenemos que empezar por aceptar la realidad, la realidad se ha impuesto a los ojos de todos. Aunque se quiera ocultar, ahí está la realidad y aparece de una u otra forma.

Hoy ya vamos atrasados en atender esta problemática, no nos atrasemos ni un día más; ojalá, compañeras y compañeros, podamos sumar voluntades para hacer de esta legislación, un paso importante por estas más de 250 mil personas.

Es cuanto.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Por favor, le quiero consultar, si me permite, a la Senadora Gabriela Cuevas, sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Lo ha aceptado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes:

Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, FIRMADO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de primera lectura)



 





 

Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para actualizar el marco normativo a fin de integrar a la Secretaría de Desarrollo Social en políticas para la juventud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 BIS Y 9, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD; Y EL ARTÍCULO 73, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnadas para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y el artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Una vez recibida por las estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,  al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.En sesión celebrada el 6 de marzo de 2014, la Mesa Directiva recibióMinuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

2. El 2 de enero del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el despacho de las políticas de juventud.

3. El 29 de marzo del año 2013se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto relativo al Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y  de Estudios Legislativos procedieron al estudio de la Minuta recibida, efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las mismas, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado en las consideraciones expuestas por la colegisladora.

La reforma al artículo 3 Bis promueve que el Instituto Mexicano de la Juventud deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social conforme a los lineamientos que marca la misma ley.

La reforma del artículo 9 en su fracción XIV busca señalar que la Secretaría de Desarrollo Social será el conducto que informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de las normas y bases para cancelación de adeudos a favor del Instituto Mexicano de la Juventud.

Por otra parte la reforma al artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, propone que sea la Secretaría de Desarrollo Social quien establezca los mecanismos para el otorgamiento del Premio Nacional de la Juventud.

II. CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural las Comisiones Unidas de Juventud y  Deporte; y de Estudios Legislativos estamos conscientes de que la problemática y los nuevos perfiles de la juventud nacional, demandan la creación y aplicación de instrumentos jurídicos que permitan un mejor desarrollo hacia este sector de la sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de fomentar acciones que promuevan el reconocimiento y protección de su ciudadanía en circunstancias de igualdad.

En ese contexto y con referencia a la propuesta de reforma al artículo 3 Bis consideramos que la propuesta tiene como finalidad en principio, el adecuar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre ellas la reforma al artículo 32, fracción I, apartado C, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero del 2013, en el cual se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el despacho de las políticas de juventud; así como a lo establecido en el Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo del 2013.

Con base a lo anterior y bajo la dinámica de actualizar el texto de la Ley en lo concerniente al nuevo líder de sector mediante al cual se agrupa hoy el Instituto Mexicano de la Juventud, es que consideramos la conveniencia de instrumentar las reformas correspondientes a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de complementar dicha propuesta con el objetivo que se busca en el segundo artículo resolutivo de la Minuta motivo del presente dictamen donde se pretende también reconocer a la Secretaria de Desarrollo Social en lo concerniente a la entrega del Permio Nacional de la Juventud, establecido en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Es por ello que la propuesta de reforma al primer párrafo del artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, estimamos adecuada su inclusión ya que con la misma se estará armonizando la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles en lo correspondiente a las atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Social anteriormente consideradas de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero del 2013, a fin de permitir el adecuado ejercicio de las atribuciones conferidas a dicha Secretaría, respecto a la juventud  de nuestro País, sin que pudiese existir contradicción o impedimento normativo que obstaculicen el adecuado desarrollo de sus funciones.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

Estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, coincidimos en la necesidad de promover las reformas contenidas en la Minuta motivo del presente dictamen con la finalidad de conseguir en mayor amplitud el objetivo planteado por la colegisladora.

Señalamos que con las reformas promovidas a la Ley del Instituto Mexicano de la  Juventud se redefinirán la constitución y ámbito de actuación de la Institución representante del Gobierno Federal en la materia; así como la participación de las diferentes entidades públicas que hoy en día cuentan con un gran número de planes y programas destinados al fomento y desarrollo de nuestra juventud nacional.

Asimismo se actualiza el marco jurídico para un sector de gran importancia tanto en la sociedad como en nuestra nación; reconociendo y resaltando la gran importancia de la juventud mexicana, así como el establecimiento de los respectivos mecanismos para el mejor ejercicio y desarrollo de su participación en la vida nacional.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 BIS Y 9, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y EL ARTÍCULO 73, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3 Bis, primer párrafo y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I. a VII. …

Artículo 9. …

I. a XIII. …

XIV. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del Instituto y con su cargo a terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social , y

XV. …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 73 primer párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:

Artículo 73. Este premio se tramitará en la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular de dicho ramo y que lo integrará junto con representantes de las Secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, el director del Instituto Mexicano de la Juventud, más un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República a 2 de diciembre de 2014

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS".

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinto minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema de votación, se emitieron 83 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Queda aprobado el proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y el artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 





 

Pasamos ahora a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para fortalecer la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención a los jóvenes.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1 Y 8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos fue turnada para su estudio y dictamen la minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativas descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 10 de octubre de 2013, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y dictamen, minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

II. El 29 de marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación El Decreto por el que el Instituto Mexicano de la Juventud pasa a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

III. El 1° de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Como parte de lo expuesto por la colegisladora se señala que la población juvenil constituye un factor dinámico en el contexto social, económico y demográfico de las naciones, por lo que en el marco de las trasformaciones que caracterizan la época actual, los jóvenes se presentan como protagonistas de estos cambios.

Resaltan que entre los objetivos del gobierno federal para contribuir a la integración de los jóvenes al desarrollo, debe encontrarse el fortalecimiento a la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención de los jóvenes.

Argumentan que el organismo encargado de la política nacional en materia de juventud es el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), dependencia del gobierno federal, creada en 1999, recientemente sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de marzo de 2013.

Manifiestan que la importancia que representa para nuestro país el sector de la juventud, se encuentra plasmada en el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano del Juventud, estableciendo que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población juvenil, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que lleven a cabo el instituto, sin distinción alguna.

Por otra parte y referente a la propuesta de reformas al artículo 8, exponen que con la finalidad de elevar el nivel de jerarquía de los integrantes de la junta directiva del instituto, quienes en última instancia son quienes toman decisiones de alto nivel con respecto a la definición de la política de juventud en México, considerando que los suplentes de dicha junta, deberán de tener nivel de director general adjunto o equivalente, con la finalidad  de que quienes toman las decisiones en la materia sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública, para tomar decisiones de alto nivel.

CONSIDERACIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, procedieron al estudio de la minuta turnada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la minuta que se integraron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la de brindar a la juventud nacional un mejor instrumento legal que les permita desarrollarse e integrarse con mayor plenitud a las decisiones y desarrollo de nuestro país.

Coincidimos con el objetivo planteado en el contenido de la Minuta en generar políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes, que den herramientas necesarias en temas de educación, salud, empleo y participación social, y que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida.
Estamos ciertos que desde su creación el IMJUVE ha tenido por objetivo el crecimiento de los jóvenes, y coadyuvar en la instrumentación de políticas públicas destinadas para que este sector de la población alcance las herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades prioritarias.

Reconocemos que la población joven se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico del pasado.

Asimismo observamos oportuno adecuar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a lo dispuesto en el Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo del 2013, en el cual se acordó agrupar las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

Quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras consideramos que para avanzar hacia la elaboración de una propuesta de atención a los jóvenes hay que considerar que éstos son un sector de la población con características y demandas sumamente heterogéneas, que tienen en común algunos tipos de comportamiento relativamente novedoso en la sociedad y cuya atención plantea un conjunto de retos que deben ser asumidos adecuadamente por el Estado.

Por lo que lo anterior, confirma la necesidad de una política de Estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que tenga a los jóvenes como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la acción pública.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados hemos considerado conveniente promover la propuesta de nuestra colegisladora para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la minuta, motivo del presente dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 1 y 8, fracciones I, incisos a) y g) y II, inciso c), segundo párrafo, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión y con domicilio en el Distrito Federal.

Cuando la presente Ley se refiera al Instituto, se entenderá por éste al Instituto Mexicano de la Juventud.
Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) El Secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá;

b) a f)...

g) El Secretario de Educación Pública;

h) a j) ...

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel de Director General Adjunto o equivalente, y

II. Siete miembros más que serán:

a) a c)...

Estos siete miembros formarán parte de la junta directiva a invitación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el estatuto orgánico.

...

...

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 71 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 





 

Tenemos ahora la discusión de 3 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, en consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos:

El relativo al proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibido en el Senado el 21 de abril de 2014.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Una vez recibida por estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.


I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de abril del 2014, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que contiene minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. Con fecha 21 de abril del 2014, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta motivo del presente dictamen tiene como objeto, conforme a las consideraciones expuestas por la colegisladora, el de fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.

III. CONSIDERACIONES

La Colegisladora señala que el deporte puede jugar un papel trascendente en la reinserción del sentenciado a la sociedad, debido a que la práctica deportiva, como parte de la cultura humana, es un reflejo del funcionamiento social y de las vivencias y convivencias de las personas que participan en él.

Argumenta el hecho de que la cultura física y el deporte contribuyen a la formación y al fortalecimiento del individuo, física y espiritualmente, ya que logran destacar valores y sembrar virtudes. 

Considera que el régimen constitucional de la reinserción social de sentenciados a penas privativas de la libertad, según el nuevo texto del artículo 18 constitucional, surgido de las reformas de 2008, plantea al deporte como elemento para alcanzar esa reinserción.

Especifica que el tratamiento penitenciario moderno incluye al deporte entre los medios para lograr la reinserción, los cuales se enumeran en el precepto aludido de la Carta Magna, lo cual ha sido considerado debido a que las actividades culturales, recreativas y deportivas tienen el mérito de mejorar el nivel cultural y las condiciones físico-psíquicas de los detenidos, además de apagar esa carga de agresividad que generalmente se acumulan en los sujetos sometidos a un régimen restrictivo de la libertad personal.

Considerando la pertinencia de otorgar al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) la facultad de llevar a cabo las acciones tendientes a planear y evaluar, conjuntamente con las autoridades del sistema penitenciario mexicano, los programas y procedimientos para fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte como medio para coadyuvar en la rehabilitación y reinserción en la sociedad de los internos en los centros penitenciarios mexicanos.

Para ello proponen adicionar una fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, así como un párrafo tercero al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Proponiendo por ello reformar la fracción XI del artículo 2, adicionar una nueva fracción XII al artículo 2 y adicionar una nueva fracción V al artículo 13; de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I. a X. …
XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. Fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte, en los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y

XIII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 13. …

I a III. …

IV. promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;

XII. …

V. Planear y evaluar, conjuntamente con las autoridades del sistema penitenciario mexicano, los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y

VI. las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales.

En ese orden de ideas quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras, hemos estimado conveniente señalar que sobre dichas propuestas contenidas en la Minuta motivo del presente dictamen, existe el precedente de otra minuta turnada a estas mismas Comisiones con fecha 12 de febrero de 2014, donde el resolutivo propuesto era precisamente el correspondiente a la reforma de la fracción XI del artículo 2, mismo que hoy se encuentra en el contenido de la actual propuesta.

En principio hemos de considerar inapropiado el que la colegisladora haya decidido remitir la presente Minuta en los términos actuales, no obstante lo anterior creemos pertinente hacer alusión a la anterior Minuta misma que fue no considerada favorable para su aprobación.

Es por ello que consideramos oportuno resaltar las razones esgrimidas en el dictamen correspondiente a la Minuta en comento donde, se señaló que “el objeto y espíritu de la fracción XI correspondiente al artículo 2, de la Ley motivo del presente dictamen, consiste en garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen; en el mismo se establece que se hará sin distinción de preferencias, por lo que en ese ámbito no consideramos pertinente darle la connotación de preferencia sexual, ya que sólo referir la palabra “preferencias”, en ella consideramos se encuadran las de cualquier índole, como pudiesen ser religión, política y también dentro del mismo deporte, por ejemplo, de disciplina, modalidad, etc; por lo que al señalar que será sin distinción de preferencias, queda claro que genéricamente abarca todas las que resulte y no limitarlo únicamente a las de tipo sexual.

Asimismo consideramos que en el texto vigente cuando se refiere a que no se discriminará en razón de condición social, se ésta abarcando todos los aspectos sociales del ser humano incluidos los económicos, étnicos y culturales”.

Por otra parte y en lo correspondiente a la reforma planteada al artículo 13, consideramos pertinente señalar que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo dispone que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

Como es de observarse en dicho precepto, el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base de diversos conceptos, entre ellos el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, siendo esta situación enfocada al ámbito de la ejecución de las penas.

Asimismo y de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Por otra parte y conforme con el artículo 73, fracción XXIX - J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4º de la misma Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado. Es decir, la Ley General de Cultura Física y Deporte es reglamentaria del Derecho a la Cultura Física y al Deporte contenido en nuestra Constitución.

Con base en los anteriores preceptos constitucionales, los miembros de estas Comisiones dictaminadoras estimamos que no se deben incluir dentro de las finalidades generales de la Ley General de Cultura Física y Deporte acciones en relación con el artículo 18 constitucional, pues la reglamentación de dicho precepto, particularmente en lo que se refiere al sistema penitenciario corresponde por mandato constitucional a la legislación en materia penal y no está propiamente vinculada al ejercicio del derecho a la cultura física y al deporte.

Aunado a lo anterior, habremos de tomar en cuenta que existe la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que conforme a su artículo 1, dichas Normas tienen como finalidad organizar el sistema penitenciario en la República conforme a lo establecido en sus preceptos, los cuales de su lectura, desarrollan lo dispuesto por el artículo 18 constitucional en su segundo párrafo; incluso es de observarse el hecho de que el artículo 6 de dicha Ley hace referencia al deber de contemplar espacios que permitan a los internos el practicar el deporte.

Consecuentemente la reforma que se propone, consideramos, no corresponde a la Ley General de Cultura Física y Deporte, sino por el contrario a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

En ese orden de ideas, es de hacerse notar que el tema a que se refiere la Iniciativa es penal, por lo que el mismo no se vincula directamente con las atribuciones que le corresponden a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establecidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Al respecto quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras señalamos que:

A través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el congreso de la unión ha incentivado, apoyado, protegido y fomentado todos los aspectos relacionados al correcto desarrollo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, acorde con la amplia normatividad aplicable en materia de discriminación.

En ese contexto el objeto y espíritu de la fracción XI correspondiente al artículo 2, de la Ley motivo del presente dictamen, consiste en garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen; en el mismo se establece que se hará sin distinción de preferencias, por lo que en ese ámbito no consideramos pertinente darle la connotación de preferencia sexual, ya que sólo referir la palabra “preferencias”, en ella consideramos se encuadran las de cualquier índole, como pudiesen ser religión, política y también dentro del mismo deporte, por ejemplo, de disciplina, modalidad, etc.; por lo que al señalar que será sin distinción de preferencias, queda claro que genéricamente abarca todas las que resulte y no limitarlo únicamente a las de tipo sexual.

Asimismo consideramos que en el texto vigente cuando se refiere a que no se discriminará en razón de condición social, se ésta abarcando todos los aspectos sociales del ser humano incluidos los económicos, étnicos y culturales.

Por lo que derivado del análisis a la propuesta contenida en la minuta de referencia no se observa relevancia en la misma, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la Ley en la materia.

Por lo que no es de considerarse necesaria la aprobación de la Minuta remitida por la colegisladora debido a que aunado a lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya existen normas que regulan y atienden los diversos tipos de discriminación que pudiesen suscitarse en el desarrollo del ejercicio constitucional de los derechos humanos en nuestra sociedad.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que el objetivo de la reforma propuesta a la fracción XI del artículo 2 y la relativa al artículo 13 ya se encuentran previstas, consideramos además que no son materia propiamente de la Ley General de Cultura Física y Deporte, por ello, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la minuta con proyecto de Decreto motivo del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

Y otro sobre el proyecto de Decreto que reformaba la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibido el 12 de febrero de 2014.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Una vez recibida por estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de febrero de 2014, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. Con fecha 12 de febrero de 2014, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta motivo del presente dictamen tiene como objetivo, de acuerdo con las consideraciones expuestas por la colegisladora, incluir en el texto normativo la obligación de los tres órdenes de gobierno de garantizar a toda persona sin distinción alguna la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, mismos que tenderán a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano.


III. CONSIDERACIONES

La Colegisladora estimó pertinente considerar que la discriminación es uno de los temas pendientes de la agenda pública de nuestro país, ésta persiste como lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010.

Refiere que el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece como obligación de cada una de las autoridades y de los órganos públicos federales, adoptar medidas a su alcance para tal fin, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que toda persona goce sin discriminación alguna, de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política y en leyes y tratados internacionales de los que México sea parte.

Argumentó que la Ley General de Cultura Física y Deporte, menciona que el “Artículo 2, Fracción XI, que garantiza a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen”, hace hincapié que resulta omisa en su contenido, al no garantizar a las personas la igualdad de oportunidades por “origen étnico”, discapacidades, condiciones de salud y preferencias sexuales, para tener acceso a los programas, configurándose con ello un criterio excluyente y por ende discriminatorio para las personas que integran alguno de los grupos considerados como los más discriminados en México.

Proponiendo por ello reformarla fracción XI del artículo 2de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I. a X. …

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. …

Al respecto quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras señalamos que:

A través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el congreso de la unión ha incentivado, apoyado, protegido y fomentado todos los aspectos relacionados al correcto desarrollo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, acorde con la amplia normatividad aplicable en materia de discriminación.

En ese contexto el objeto y espíritu de la fracción XI correspondiente al artículo 2, de la Ley motivo del presente dictamen, consiste en garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen; en el mismo se establece que se hará sin distinción de preferencias, por lo que en ese ámbito no consideramos pertinente darle la connotación de preferencia sexual, ya que sólo referir la palabra “preferencias”, en ella consideramos se encuadran las de cualquier índole, como pudiesen ser religión, política y también dentro del mismo deporte, por ejemplo, de disciplina, modalidad, etc.; por lo que al señalar que será sin distinción de preferencias, queda claro que genéricamente abarca todas las que resulte y no limitarlo únicamente a las de tipo sexual.

Asimismo consideramos que en el texto vigente cuando se refiere a que no se discriminará en razón de condición social, se ésta abarcando todos los aspectos sociales del ser humano incluidos los económicos, étnicos y culturales.

Por lo que derivado del análisis a la propuesta contenida en la minuta de referencia no se observa relevancia en la misma, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la Ley en la materia.

Por lo que no es de considerarse necesaria la aprobación de la minuta remitida por la colegisladora debido a que aunado a lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya existen normas que regulan y atienden los diversos tipos de discriminación que pudiesen suscitarse en el desarrollo del ejercicio constitucional de los derechos humanos en nuestra sociedad.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que el objetivo de la reforma propuesta a la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya se encuentran previstas en sus ordenamientos vigentes en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la minuta con proyecto de Decreto motivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

Tenemos también el dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, recibido el 23 de septiembre de 2013.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III y se adiciona una fracción XVI recorriéndose la actual para pasar a ser XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Una vez recibida por las estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de septiembre de 2013, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III y se adiciona una fracción XVI recorriéndose la actual para pasar a ser XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. Con fecha 26 de septiembre de 2013, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

3. con fecha 11 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva formuló excitativa a estas Comisiones Dictaminadoras a fin de presentar el Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta motivo del presente Dictamen tiene como objetivo, de acuerdo con las consideraciones expuestas por la colegisladora, encontrar mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas y programas en la materia de juventud. Así mismo se busca que los jóvenes tengan un espacio en el que emitan su opinión y sean escuchados por los actores responsables de las políticas públicas en materia de juventud en nuestro país a nivel local.

III. CONSIDERACIONES

La Colegisladora estimo pertinente considerar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de jóvenes en México equivale a 36.2 millones, lo que representa a más de un tercio de la población total del país, es innegable que la juventud representa para nuestro país una gran área de oportunidad por la que tenemos que trabajar como legisladores.

Señaló que en la actualidad son pocos los jóvenes que tienen interés de participar en las organizaciones juveniles, en involucrase en temas de participación ciudadana, lo anterior según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENV2012), misma que señala que cerca del 93% de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6% de los jóvenes les interesa poco o nada la política.

Por lo que resaltó que las anteriores evidencias muestran que la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación es baja, por lo que se tienen que emprender acciones para promover una mayor cercanía de este sector de la población a las políticas que van dirigidas a favorecerlos.

Proponiendo por ello reformar el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III y se adiciona una fracción XVI recorriéndose la actual para pasar a ser XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4.Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV...

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud;

XVI. Celebrar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover la integración de Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud a nivel local, y

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 8. ...

I....

a) a j) ...

Por cada Miembro Propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, y

II....

a) y b) ...

c) Dos jóvenes, integrantes del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud.

...

...

...

Capítulo III

Del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas
en Materia de Juventud

Al respecto quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras señalamos que en referencia a la fracción XVI que se pretende adicionar para que el Instituto tenga atribución para: “Celebrar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover la integración de Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud a nivel local” se contrapone con el numeral 2o, del párrafo tercero del artículo 33 del Estatuto Orgánico de dicho Instituto, ya que el Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud que se establece en el artículo 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se integra por personas provenientes de las diferentes entidades federativas del país en los términos que establece el numeral citado: “2o.- Al cierre de la convocatoria y recepción de las candidaturas, la Junta Directiva habrá de conocer el currículum de cada uno de los aspirantes y determinará conforme a aptitudes, reconocimientos y trayectoria, a los 20 miembros ciudadanos propietarios que integrarán el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, debiendo observar principios de pluralidad, diversidad social y cultural y de participación nacional a través de personas provenientes de diferentes entidades federativas. De los veinte miembros propietarios del Consejo, diez deberán ser del sexo femenino y los diez restantes del sexo masculino.”

De la lectura del numeral arriba trascrito se desprende que el Consejo de Seguimiento es de carácter nacional; el procedimiento para su integración es a través de convocatoria y está a cargo del órgano de gobierno del Instituto y sus miembros provienen de las entidades federativas, por lo que resulta improcedente que se pretenda que el Instituto Mexicano de la Juventud a través de convenios promueva en las entidades federativas los consejos de referencia.

Asimismo y derivado del análisis del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y demás relacionados, no se observa relevancia en la adición de la fracción XVI, propuesta, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de las funciones de éste Instituto, toda vez que en los diversos artículos  22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 4, fracción II; 8, fracción II, inciso c) de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y 2, fracción I; y 15 fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud, que establecen las atribuciones de éste Instituto y su Director General, se observa claramente que para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá la atribución de concertar toda clase de acuerdos y convenios con las autoridades federativas y los municipios para promover políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud, a través de su Director General quien es su representante legal.

Por lo tanto, la posibilidad de “Celebrar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover la integración de Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud a nivel local”, se encuentra establecida dentro de la ley y el Estatuto Orgánico, ambos del Instituto Mexicano de la Juventud, por lo que estas Comisiones Unidas consideran conveniente no promover dicha reforma a fin de no sobreregular en el tema.

Por otra parte y con relación al Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas está regulado en el Capítulo III, artículos 15 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y en el Capítulo Décimo, artículos 32, 33, 34 y 35 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud, se observa que éste Organismo cuenta con un Consejo Ciudadano a nivel federal, el cual tiene perfectamente bien delimitadas sus atribuciones, integración, operación y lineamientos, dentro de los cuales destaca la celebración de cuando menos cuatro sesiones al año, así como la creación de comisiones de trabajo necesarias, con el objeto de agilizar los trabajos del pleno, y dar seguimiento en forma adecuada a los acuerdos tomados.

También la propuesta es innecesaria, ya que el Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud a que se refiere el artículo 15 de la Ley citada, es un órgano cuyos miembros son elegidos mediante convocatoria a nivel nacional para elegir a sus integrantes de entre las entidades federativas y municipios que participen en la misma, por lo que no es necesario que el Instituto celebre convenios para la integración de consejos en las entidades federativas, pues éstas están representadas en el Consejo Ciudadano que prevé la propia Ley.

Por lo que no se considera necesaria la aprobación de la presente minuta debido a que ya existen normas que regulan y atienden la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la política nacional de juventud, y la propuesta se refiere únicamente al cambio de denominación del citado Consejo.

Los programas que tienen una incidencia directa en los jóvenes, fundamentalmente son los concernientes a educación, combate a la pobreza, empleo, cultura, seguridad pública, etc. En la actualidad el Instituto Mexicano de la Juventud, para concretar sus objetivos desarrolla diversos programas como son: investigación sobre juventud e integración de políticas, bienestar y recreación; derechos humanos; empleo, capacitación y bolsa de trabajo, empresas juveniles, premiso y certámenes nacionales, género, apoyo a jóvenes indígenas, medio ambiente, prevención de adicciones, sexualidad y salud reproductiva, servicio social, servicios juveniles; asesoría fomento y vinculación con organizaciones y seguimiento de proyectos juveniles; evaluación y análisis institucional, coordinación sectorial y regional, comunicación y difusión y cooperación internacional.

Ejemplo de esto es el incremento del número de agrupaciones y organizaciones en el ámbito juvenil, la cual está perfilando una vida social en la que se desarrollen políticas públicas integrales y específicas hacia este sector y se incluye a los múltiples modos de organización y participación ciudadana, mediante agrupaciones capaces de intervenir en la deliberación, elaboración y aplicación de las más diversas políticas gubernamentales.

IV. CONCLUSIONES

Por las consideraciones expresadas en el anterior capitulo del presente dictamen y toda vez que las reformas y adiciones propuestas a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, ya se encuentran previstas en sus ordenamientos vigentes en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la minuta con proyecto de Decreto motivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión. Por no haber reservas de dictámenes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los 3 dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto remitidos por la Cámara de Diputados.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 76 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, quedan desechados los siguientes proyectos de Decreto.

El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El que reformaba la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura, Física y Deporte.

Y el que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

 





 

Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a los puntos resolutivos del primer dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

"Único.- El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar a esta Soberanía sobre los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya".

(Dictamen)

"COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

H. ASAMBLEA:

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar a esta Soberanía sobre los programas y acciones que está ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.

METODOLOGIA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión Dictaminadora da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación.


I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 4 de noviembre de 2014, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar a esta Soberanía sobre los programas y acciones que está ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y a fortalecer las medidas implementadas con la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas.

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-1P3A.-4134 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete sustenta su proposición en la innegable afirmación que la cultura maya conlleva una historia representativa del México prehispánico, reconocida por las riquezas de su cultura que se ha difundido en todo el mundo; exponiendo que la cultura maya ha generado que todo el mundo voltee la mirada hacia nuestro país, con una difusión cultural de nuestro territorio, la visita de miles de extranjeros con fines recreativos y de investigación, siendo necesario implementar una estrategia para incrementar la actividad turística, promoción turística y preservación de la cultura maya; que la sociedad y los pueblos mayas suman esfuerzos para conservar sus costumbres.

Sin embargo, considera que en la práctica casi no reciben apoyo del Estado, de tal suerte que ellos solos se ven en la tarea de preservar su cultura; que un ejemplo es el del Grupo Cultural HAMBAJ KA'AN, que realiza rituales de acuerdo al calendario maya, utilizando los solsticios y los equinoccios simbolizando la sincronía cósmica del Universo del cual formamos parte; que siendo necesaria una campaña reivindicatoria y cultural para todos los mexicanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe ejecutar las acciones necesarias por medio de sus programas y facultades para brindar apoyo a los pueblos mayas, no sólo a un grupo social organizado sino a los más posibles, con miras a ser un México más inclusive e igualitario. Partiendo del anterior análisis, propone un punto de Acuerdo que a la letra dice:

"PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que informe a esta soberanía los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas."

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de Acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; al emitirlo se atiende un asunto de la materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la proposición que lo genera fue presentado al Pleno por una Senadora integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su elaboración.

SEGUNDA. Coincide la suscrita Comisión con la proponente cuando señala que la cultura maya tiene un reconocimiento internacional tanto por la profundidad de sus conocimientos, su contenido antropológico y su atractivo turístico. Incluso, mediante dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Segunda, presentado al Pleno del Senado el 15 de diciembre de 2014, se aprobó el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 21 de diciembre de cada año, como "Día Nacional de la Cultura Maya", en reconocimiento a una de las civilizaciones originarias de la nación mexicana cuyo desarrollo cultural ha sido objeto de numerosas investigaciones; destacando en el pensamiento matemático, escritura, astronomía, medición del tiempo, arquitectura, trazado de caminos, cerámica, entre otros conocimientos.

Por tanto, la Comisión estima plausible hacer suya la proposición de la Senadora Beristáin Navarrete y en consecuencia, exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que informe sobre los programas y acciones que se están ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas.

En relación al fortalecimiento de las medidas implementadas a fin de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas propuesto, siguiendo la pauta del dictamen aprobado por el Pleno, ya referido en líneas anteriores, se considera que dicho exhorto debe dirigirse al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues de acuerdo con su decreto de creación, en sus artículos 1° y 2, fracciones I y VIII, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejerce las atribuciones en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes que corresponde a dicha Secretaría; que dentro de sus atribuciones, le corresponde promover y difundir la cultura y las artes; que le corresponde también, planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas y culturas indígenas; fomentar la investigación en esta áreas y promover las tradiciones y el arte popular.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar a esta Soberanía sobre los programas y acciones que está ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS".





 

Doy lectura a los resolutivos del segundo dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

"Único.- El H. Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las Reglas de Operación de alguna de las modalidades del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras aprobadas para el ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas; y se incluya entre sus prestadores de servicios, a personas que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades".

(Dictamen)

“COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

H. ASAMBLEA:

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras correspondientes al ejercicio fiscal 2015, se considere implementarlas en los campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas; y se incluya entre sus prestadores de servicios, a personas que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.

METODOLOGIA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 9 de diciembre de 2014,el Senador Eviel Pérez Magaña del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2015, se considere implementar en los campos agrícolas, estancias infantiles en apoyo a las madres trabajadoras indígenas; y se incluya entre los prestadores de servicios, a personas que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-1P3A.-5973 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La proposición que se estudia parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 que en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras destinó un presupuesto de $228’451,533.00, como parte de las erogaciones destinadas al desarrollo integral de los pueblos indígenas en la Secretaría de Desarrollo Social; planteando que en sus Reglas de Operación se considere implementar en los campos agrícolas, estancias infantiles en apoyo a las madres trabajadoras indígenas; y se incluya entre los prestadores de servicios, a personas que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.

Sustentan la proposición datos del Informe Sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en cuanto a vulnerabilidad de las minorías étnicas y religiosas marginadas, con un acceso limitado a los sistemas formales de justicia y sufren de la herencia de los prejuicios, y que los pueblos indígenas representan alrededor del 5% de la población mundial y ascienden a alrededor del 15% de los pobres del mundo [ONU DAES 2009]; destacando que quienes tienden a enfrentarse a mayores obstáculos y reclamar sus derechos de protección son los pobres, las mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, migrantes o sexuales), los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas rurales o remotas o con una discapacidad.

Se agrega en la proposición que en cuanto al tema laboral, la situación de nuestras comunidades rurales indígenas y por ende de los y las trabajadoras agrícolas es uno más de los preocupantes problemas de explotación que requiere de atención. Es socialmente conocido que en respuesta a las crecientes necesidades y abandono al que se ha sometido al campo mexicano, una de las opciones a las que han recurrido sus poblaciones para hacer frente a la pobreza es la de emplearse como asalariados agrícolas en los campos de diversas zonas del país y en algunos casos incluso en el extranjero; que la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) arrojó que había 2’040,414 personas dedicadas a actividades agrícolas, quienes sumadas a los miembros de sus familias ascendieron a más de 9 millones de personas en hogares jornaleros. El 40% de los jornaleros agrícolas provino de población indígena; y que cabe destacar que ha aumentado el número de mujeres jornaleras en los últimos años. Se calcula que del total de población jornalera agrícola el 42.6% son mujeres y de cada cien jornaleras migrantes, 77% tienen menos de 29 años, 28% no sabe leer ni escribir y 40% pertenece a un grupo étnico. El trabajo que realizan las mujeres en los campos agrícolas es muy variado y también se desempeñan en cada una de las fases de la cadena productiva, algunas actividades como la selección y el empaque, se efectúan con 80% y en ocasiones hasta con 100% de mano de obra femenina.

Se expone además que las trabajadoras agrícolas y las niñas y niños enfrentan una situación aún más difícil ya que en principio a las mujeres se les divide entre el quehacer doméstico que se les asigna por el hecho de ser mujeres y el del campo, siendo ellas quienes realizan las labores más pesadas, como la pizca, que a veces significa una jornada de 18 a 20 horas diarias. Además que no cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios médicos durante el embarazo, viéndose forzadas a trabajar hasta el último día de la gestación y posteriormente, regresar al trabajo a los 15 días del parto.

Por ello, en la proposición se estima necesario intensificar los esfuerzos para dar atención especial a todas estas situaciones que enfrentan las madres trabajadoras agrícolas indígenas, y poner especial atención a las situaciones de peligro y desamparo que enfrentan sus niños y niñas desprotegidos, implementado espacios donde estos menores sean cuidados y protegidos de los múltiples accidentes y riesgos de salud a los que se ven expuestos, respetando su lengua materna, a través de estancias infantiles para madres indígenas trabajadoras del campo, con un horario extendido mayor a las 8 horas habituales y con personal que hable al menos una de las lenguas indígenas de las comunidades donde se encuentren estas estancias.

Partiendo del anterior análisis, propone un punto de Acuerdo que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas con horario extendido, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas e incluir en el personal prestador de servicios personas que al menos hablen una de las lenguas indígenas que más predominen en estas comunidades.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la proposición que lo genera fue presentado al Pleno por un Senador integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su elaboración.

SEGUNDA. Coincide la suscrita Comisión con la proposición en estudio ante los datos, cifras referentes a la pobreza, población indígena, jornaleros agrícolas, mujeres trabajadoras; y la posibilidad de que las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2015, proteja especialmente a las mujeres trabajadoras agrícolas que son madres.

En efecto, el 29 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2015. De su contenido y de datos obtenidos en la información que difunde la Secretaría de Desarrollo Social, se destaca lo siguiente:

Una estancia infantil es un espacio dedicado al cuidado y atención infantil operado por una persona que funge como responsable, esta persona se encuentra capacitada por el DIF Nacional y la Sedesol. Cada estancia infantil afiliada a la Red cuenta con asistentes de acuerdo al número de niñas y niños que se atienden. Éstas se encuentran abiertas al público en general pero principalmente a la población beneficiaria de este Programa. Son personas beneficiaras del programa, los hogares con al menos un(a) niño o niña de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente:

Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

El Gobierno de la República, a través de la Sedesol cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil, este apoyo se entregará directamente a la persona responsable. Los apoyos son de hasta $900 pesos mensuales y hasta 1,800 pesos mensuales en el caso de niñas o niños con discapacidad, dependiendo el monto de apoyo que la Sedesol les haya asignado y el beneficiario cubre la cuota de corresponsabilidad .

El objetivo general del programa que se examina es contribuir a la ampliación de los esquemas de seguridad social para madres que trabajan, buscan empleo o estudian y para padres solos mediante apoyo que hagan accesibles los servicios de cuidado y atención infantil. Sus objetivos específicos: facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como para padres solos como instrumento de seguridad social que contribuya a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de la población objetivo.

Se trata de un programa con tres modalidades:

Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos. En esta modalidad la población objetivo son las madres, padres solos, tutores o principales cuidadores con al menos un(a) niño(a) de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niñas(os) con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente:

Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la LB y no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

Los criterios de elegibilidad de la población objetivo en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, establecidos en las presentes Reglas de Operación, no serán retroactivos para aquellas personas beneficiarias que hubiesen solicitado su incorporación al Programa en dicha modalidad antes del 31 de diciembre de 2013.

Modalidades de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil e incorporación a la red de estancias infantiles. En estas modalidades la población objetivo son las personas físicas, o personas morales, que deseen y puedan ofrecer servicios de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos. Para el apoyo otorgado en el numeral 3.5.2. ó 3.5.3. de las Reglas de Operación, la población objetivo serán las personas Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa.

Por tanto, la Comisión estima plausible hacer suya la proposición en estudio en los términos planteados, precisando que sea dentro de alguna de las modalidades que contemplan el programa, cuyas reglas de operación ya están aprobadas.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El H. Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las Reglas de Operación de alguna de las modalidades del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras aprobadas para el ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas; y se incluya entre sus prestadores de servicios, a personas que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS”.

SEDESOL. Consultado el 7 de enero de 2015 en: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles
SEDESOL. Consultado el 7 de enero de 2015 en: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Objetivos
SEDESOL. Consultado el 7 de enero de 2015 en:http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/PoblacionObjetivo_EI





 

Doy lectura a los resolutivos del tercer dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

"Único.- EL H. Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a que, observando las recomendaciones de su Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil de los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla; y en el desarrollo de sus actividades, haga posible, con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al Sistema Educativo Nacional".

(Dictamen)

“COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

H. ASAMBLEA:

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a que, observando las recomendaciones de su Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla; y en el desarrollo de sus actividades, haga posible con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al sistema educativo nacional.

METODOLOGIA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión Dictaminadora da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 9 de diciembre de 2014, el Senador Eviel Pérez Magaña del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a que, observando las recomendaciones de su Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil del estado de Oaxaca y en el desarrollo de sus actividades, haga posible con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al sistema educativo nacional.

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-1P3A.-5991 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La proposición en estudio expone que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, cuyo objeto es allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros, para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior; que para el cumplimiento de su objetivo, tiene a su cargo, entre otros, el Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de la Oportunidades Educativas (Plan de Pueblos Indígenas) elaborado por CONAFE y publicado en mayo de 2014, que contempla tres estrategias de apoyo: Fortalecimiento Comunitario, Asesoría Pedagógica y Educación Inicial.

Señala que son seis los estados con el mayor número de localidades indígenas: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Puebla y Veracruz, de acuerdo al Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) que abarca 405 municipios; dando como ejemplo que el estado de Oaxaca tiene dentro del Programa CNCH, 133 municipios con un total de 2,717 localidades; que la estrategia Fortalece incluye 29 municipios y 72 localidades; la estrategia Asesoría Pedagógica comprende 30 municipios y 73 comunidades; y  la estrategia Educación Inicial cuenta con 398 municipios y 1511 localidades.

Aclara que en el caso de Oaxaca es pertinente observar en general, las recomendaciones planteadas en el Proyecto que se ha mencionado. En relación a la estrategia FORTALECE es adecuado considerar principalmente las recomendaciones de los padres de familia que consisten en el incremento de los recursos destinados a las escuelas de la comunidad. En el caso de la estrategia Asesoría Pedagógica es conveniente observar las condiciones de marginación y aislamiento de las comunidades de Oaxaca; y mejorar las condiciones en la estancia de los API’s en las comunidades, así como el estímulo sugerido. Respecto a las recomendaciones sobre la estrategia EI, una de las peticiones más reiteradas es que se distribuyan materiales didácticos y lúdicos para diversificar las actividades, ya que en muchos casos solo se dan pláticas con el apoyo de portafolios y plumones.

Concluye que su finalidad es exhortar a CONAFE para que, observando las recomendaciones planteadas en su ya referido Proyecto y se considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil del Estado de Oaxaca para que en el desarrollo de sus actividades, se haga posible con pertinencia, la igualdad de oportunidades para acceder al sistema educativo nacional; lo que funda en lo dispuesto por los artículos 1,2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 26 a 31 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 7 y 38 de la Ley General de Educación. Partiendo del anterior análisis, propone un punto de acuerdo que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Fomento Educativo a que, observando las recomendaciones de su Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil del Estado de Oaxaca y en el desarrollo de sus actividades, haga posible con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al sistema educativo nacional.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de Acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la proposición que lo genera fue presentado al Pleno por un Senador integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su elaboración.

SEGUNDA. Coincide la suscrita Comisión con la proposición en estudio pues el objetivo general de CONAFE es allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país; y dentro de sus atribuciones específicas: crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las oportunidades de la educación de la población (artículo 3, fracción VI, del Decreto que reformó a CONAFE, DOF 22 marzo 2012).

Como lo señala el proponente, CONAFE elaboró y publicó en mayo de 2014 el Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas (Plan de Pueblos Indígenas)que contempla tres estrategias de apoyo:

a. Fortalecimiento Comunitario para la Educación (Fortalece), estrategia orientada a incrementar la participación de los padres de familia en asuntos de la escuela, en el trabajo del docente y en el aprovechamiento escolar de sus hijos. Se otorga un apoyo económico a las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC), a fin de que los padres de familia participen en las acciones de mantenimiento, adquisición de material didáctico y pato de servicios correspondientes a la instalación escolar. 

b. Asesoría Pedagógica Itinerante (API), consistente en una intervención pedagógica orientada a mejorar el aprendizaje de las niñas y niños en situación de rezago escolar de las escuelas rurales comunitarias de primaria del CONAFE.

c. Educación Inicial (EI), dirigida a brindar orientación y apoyo a mujeres embarazadas, padres de familia y personas que participan en el cuidado y la crianza de niños y niñas menores de cuatro años de edad en comunidades rurales e indígenas con alta marginación.

Las estrategias de Fortalecimiento Comunitario y Asesoría Pedagógica Itinerante de dicho proyecto tienen como población objetivo la que habita en los 405 municipios incorporados en el Programa Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH).

Al respecto, la Comisión considera que si bien Oaxaca es uno de los seis estados con el mayor número de localidades indígenas, de acuerdo con datos de la CNDH, en un comparativo de número de localidades indígenas por entidad federativa se advierten los siguientes datos: Chiapas tiene 6,677 localidades indígenas (25.4%), Guerrero tiene 2,596 localidades (9.9%), Oaxaca 2,717 localidades indígenas (10.3%),Veracruz, 2,811 (10.7%), Estado de México, 1,221 (4.6%) y Puebla, 617 (2.3%). Si consideramos que la totalidad de localidades indígenas es de 26,330, la suma de localidades indígenas de estas seis entidades corresponde a 16,439 localidades indígenas que representan un porcentaje de 63.2%.

Por otra parte, en relación al número de municipios focalizados con la CNCH que tienen cobertura de las estrategias de CONAFE, de acuerdo con los cuadros de dicho Programa, se aprecia lo siguiente: Chiapas tiene 55 municipios; Guerrero, 51 municipios; el Estado de México, 32 municipios; Oaxaca, 133 municipios; Puebla, 14 municipios; y Veracruz, 33 municipios; haciendo un total de 318 en relación a los 405 municipios de la CNCH.

Como las recomendaciones planteadas en dicho Proyecto son, sin duda, aplicables a los municipios de las seis entidades federativas mencionadas, la Comisión considera plausible esta proposición haciéndola extensiva a los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. EL H. Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a que, observando las recomendaciones de su Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla; y en el desarrollo de sus actividades, haga posible, con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al sistema educativo nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de marzo de 2015.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS”.

Datos capturados el 22 de enero de 2015 en:http://www.conafe.gob.mx/Documents/2014_Plan_de_Pueblos_Indigenas.pdf

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar los dictámenes.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Comisión de Asuntos Indígenas pone a su consideración tres proyectos de dictamen, que aprobamos en nuestra última reunión ordinaria.

En ellos se refleja el interés que compartimos con ustedes por generar, a través de puntos de Acuerdo dirigidos a dependencias y entidades, mayor atención y mejores condiciones de servicios para combatir la pobreza en la que viven los pueblos indígenas y sus comunidades.

Primer proyecto. Se emite en virtud de la proposición presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del estado de Quintana Roo. Se sustenta en la innegable afirmación que la cultura maya conlleva una historia representativa del México prehispánico, cuyas expresiones y riqueza se han difundido en todo el mundo.

Su importancia, desde diversos puntos de vista, señaló la Senadora Beristain, hacen necesaria una estrategia para incrementar la promoción turística y la preservación de esta cultura.

La comisión coincidió con la proponente, pues la cultura maya tiene un reconocimiento internacional tanto por la profundidad de sus conocimientos y su contenido antropológico, como por su atractivo turístico, incluso recordarán que a fines del año pasado, a propuesta del Senador Fernando Mayans, se aprobó el proyecto de Decreto que declara el 21 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Cultura Maya”.

Considerando estos planteamientos, el proyecto de dictamen que se somete a su consideración exhorta a la CDI para que informe sobre los programas y acciones que se están ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y además exhorta a la CONACULTA a que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.

El segundo proyecto. La proposición que me permití presentar y que dio pauta al proyecto, hace referencia al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, corresponde al presente año y es operado por SEDESOL.

Se propone que esta Secretaría considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas para apoyar a las madres trabajadoras indígenas, y que se incluya entre las personas que presten servicios, a las que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.

Es preocupante la cuestión laboral en las comunidades rurales indígenas donde ha aumentado el número de mujeres jornaleras en los últimos años. Se calcula que el total de población jornalera agrícola es del 42.6%, y ellas son mujeres, y de cada 100 jornaleras migrantes; 77% tienen menos de 29 años; 28% no saben leer ni escribir; y 40% pertenece a un grupo étnico.

El trabajo que realizan las mujeres en los campos agrícolas es muy variado y también se desempeñan en cada una de las fases de la cadena productiva. Algunas actividades, como la selección y el empaque, se efectúan con 80%, y en ocasiones hasta el 100% de mano de obra femenina.

Se expone, además, que las trabajadoras agrícolas, las niñas y niños, quienes enfrentan una situación aún más difícil, ya que en principio las mujeres llevan el quehacer doméstico, que por nuestros patrones de cultura machista se les asigna, y el del campo, siendo ellas quienes realizan las labores pesadas, como la pizca, sólo por poner un ejemplo.

Además, no cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios médicos durante el embarazo, viéndose forzadas a trabajar hasta el último día de la gestión y regresar al trabajo inmediatamente después del parto. Esto es lo que están sufriendo hoy las mujeres campesinas, y es por ello esta demanda.

En el campo no hay incapacidades de 45 días.

Las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles las define como un espacio dedicado al cuidado y atención infantil, operado por una persona que funge como responsable. Esta persona se encuentra capacitada por el DIF Nacional y la SEDESOL, cada instancia infantil afiliada a la red cuenta con asistentes de acuerdo al número de niñas y niños que se atienden, este programa tiene diversas modalidades, por ejemplo, la que se destina para el apoyo a madres trabajadoras y padres solos.

Se propone que el Senado exhorte a SEDESOL para que en las reglas de operación de algunas de las modalidades de este Programa de Estancias Infantiles se considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas, donde hoy el abandono es total, principalmente hacia las madres trabajadoras de los pueblos originarios, y de una manera especial se incluya entre los prestadores de servicios, lógicamente, a las personas que hablen las lenguas indígenas que predominan en esas comunidades.

El tercer proyecto. Este es el último proyecto donde el Senado exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, a fin de que haga posible la igualdad de oportunidades para que más comunidades indígenas y su población infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, accedan al Sistema Educativo Nacional.

Sabemos todos aquí que CONAFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es allegarse de recursos económicos y técnicos para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país.

Uno de sus proyectos, el denominado Plan de Pueblos Indígenas, se destina a la reducción de la desigualdad de las oportunidades educativas, contempla tres estrategias: Fortalecimiento comunitario, asesoría pedagógica y educación inicial.

Fortalecimiento Comunitario para la Educación es una estrategia orientada a incrementar la participación de los padres de familia en asuntos de la escuela, en el trabajo del docente y en el aprovechamiento escolar de sus hijos.

La asesoría pedagógica itinerante consiste en una intervención pedagógica orientada a mejorar el aprendizaje de las niñas y niños en situación de rezago escolar de las escuelas rurales comunitarias de primaria del CONAFE.

La estrategia de educación inicial se dirige a brindar orientación y apoyo a mujeres embarazadas, padres de familia y personas que participan en el cuidado y la crianza de niñas, niños menores de 4 años de edad en comunidades rurales e indígenas con alta marginación.

Las dos primeras estrategias, de fortalecimiento comunitario y de asesoría pedagógica itinerante, tienen como población objetivo la que habita en los 405 municipios incorporados en el Programa de Cruzada Nacional contra el Hambre.

En este sentido, la comisión advirtió en un comparativo de números de localidades indígenas por entidad federativa los siguientes datos: tiene 6 mil 677 localidades indígenas que corresponden a un 25.4%, esto es Chiapas; Guerrero tiene 2 mil 596 localidades y equivale a un 9.9%; Oaxaca 2 mil 700 localidades, que equivale al 10.3%; Veracruz 2 mil 810.7; el Estado de México mil 200, que es un 4.6%; y Puebla 617, equivalente al 2.3%.

Si consideramos que la totalidad de localidades indígenas es de 26 mil, la suma de localidades de estas 6 entidades corresponde a 16 mil 400 localidades indígenas que representan un porcentaje de 63.2% del total en el país.

Por otra parte, si atendemos el número de municipios focalizados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, se aprecia lo siguiente: Chiapas 55, Guerrero 51, Estado de México 32, Oaxaca 133, Puebla 14, Veracruz 33, hace un total de 318 en relación a los 405 municipios.

Por ello, la comisión decidió hacer un extensivo planteamiento y propone que el Senado exhorte al CONAFE, a fin de que siga las recomendaciones de su proyecto para la reducción de la desigualdad de las oportunidades educativas, y en este sentido, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, y en el desarrollo de sus actividades haga posible, con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al Sistema Educativo Nacional.

Compañeras, compañeros: El contenido íntegro de los dictámenes está a su disposición en la Gaceta y en sus tableros, fueron aprobados por unanimidad de quienes integramos la Comisión de Asuntos Indígenas, buscar como miembros de este cuerpo colegiado, pero nos inspira coadyuvar el mejorar las condiciones de vida, educación y trabajo de las poblaciones indígenas de México.

Confiamos en su apoyo y en el voto aprobatorio del Pleno.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse también a los tres dictámenes.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Vengo hoy a argumentar en los tres puntos de Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas: Uno, que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, como ya oyeron, para la instrumentación de un Programa de Instancias Infantiles; otro, que tiene que ver con el CONAFE para que considere a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla, y desarrollen mecanismos que hagan posible la igualdad de oportunidades; y un tercero, dirigido a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que informe sobre los programas y acciones que realiza en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, y también al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que incremente las medidas diseñadas para preservar y fortalecer la cultura maya.

En la medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que conocemos como el CONEVAL, informa que el 93.9 por ciento, más de 9 de cada 10 indígenas del país, tiene carencias en al menos uno de los seis derechos sociales que se evalúan: Alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social y servicios básicos.

El 70.9 por ciento tenía al menos una carencia y son pobres por ingreso, es decir, su ingreso no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y el 64.2 tiene tres carencias o más, es decir, viven en situación considerada de pobreza extrema.

Hay otras cifras que ilustran la desigualdad de nuestros pueblos indígenas, el índice de analfabetismo en la población hablante de una lengua indígena es de 27 por ciento, casi cinco veces y media más que el de la población hispanohablante.

Dos de cada tres niños de entre 6 y 14 años de edad que no están en la escuela, son indígenas. De los indígenas que tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela, el promedio de escolaridad es de 5.1 años. El resultado es que el 50 por ciento sólo terminó la escuela primaria contra el 6 por ciento de los hispanohablantes.

Ni hablar de los grados escolares superiores, el porcentaje disminuye, aunque no existen datos estadísticos confiables sobre escolaridad superior en población de habla indígena.

Es relevante citar el informe sobre desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas de 2014, en el que reitera la preocupación por la vulnerabilidad de las minorías étnicas que tienen acceso limitado a los sistemas de justicia y a los servicios del Estado.

Según este informe, los pueblos indígenas representan el 5 por ciento de la población mundial, pero en México, de acuerdo al censo más reciente, es un porcentaje mayor, que es del 14.9 por ciento, casi el triple que se considera del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en efecto, como lo señala el informe, son quienes tienen que enfrentarse a mayores obstáculos para ejercer sus derechos o para reclamar la protección de las instituciones del Estado.

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Jornaleros que la Secretaría de Desarrollo Social realizó en 2009, encontró que había poco más de dos millones 40 mil personas dedicadas a actividades agrícolas por jornal, aunque los datos pueden haber variado, la encuesta señala que el 40 por ciento de los jornaleros eran de origen indígena y que había crecido el número de jornaleros

El 42.5 por ciento de los jornaleros encuestados eran mujeres. Sabemos que el trabajo agrícola se ha feminizado, y podemos inferir que estas cifras han cambiado en los más de cinco años que han transcurrido desde que se realizó la encuesta.

Así pues, las familias crecen en los campamentos anexos a los campos de cultivo, en los que laboran sus progenitores, no hay servicios médicos, no hay atención a las madres, ni a los recién nacidos, las madres se deben reintegrar en cuanto pueden a la labor de la cosecha, muchas veces con el crío en el rebozo o dejándolo al cuidado de sus hermanos mayores, o de otros niños del grupo laboral, ya que no hay escuela para los niños mayores y adolescentes.

Esta situación nos da una idea de la necesidad de atender a este numeroso contingente de trabajadores, que ya vemos que es casi la mitad hombres y mitad mujeres, y que hay que preocuparnos por los niños y las niñas, que no aparecen en la encuesta, pero que están ahí con grandes necesidades y sin voz.

Por eso la pertinencia del punto de Acuerdo que hoy se presenta y que seguramente van a aprobar ustedes, donde se exhorta, como lo señala en el punto de Acuerdo, que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, cuenta con un presupuesto de 228 millones 451 mil 533 pesos, destinados al desarrollo integral de los pueblos indígenas.

Entonces, las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles no contemplan a las mujeres jornaleras agrícolas ni a sus hijos, por eso consideramos que debemos exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que incluya en las reglas de operación del programa, la atención a estas familias.

En el segundo punto, se refiere a oportunidades educativas y exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo a que haga posible la igualdad de oportunidades para que niños y jóvenes indígenas accedan al Sistema Educativo Nacional.

Ya ilustramos con las encuestas y con las cifras de la deserción escolar y la gran desigualdad que existe entre población indígena y niños hispanohablantes, por eso el punto de Acuerdo se enfoca a una acción incluyente que se enmarca; son tres asuntos compañeros, así que no me voy a apurar, que se enmarca en el objeto del CONAFE, de atender la educación inicial en las comunidades en las que no existen instalaciones escolares, y de brindar asesoría pedagógica a quienes se encargan de la educación de los menores.

El dictamen de este punto de Acuerdo establece que las necesidades planteadas por el proponente son similares a seis estados de la República: Chipas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Los de mayor número de localidades, como lo explicó aquí el Senador Eviel Pérez Magaña, que de seguro ni oyeron, y por ello la comisión incluyó estos estados en el exhorto.

Y el tercer punto, que se refiere al pueblo maya, a su cultura, a su historia y la obligación del Estado de proteger su herencia cultural, que es patrimonio de todos los mexicanos.

Los mayas de Yucatán son el segundo pueblo indígena de México, en términos numéricos, y son los herederos de una deslumbrante cultura de la América Precolombina, la península ocupa un sitio privilegiado entre las regiones con presencia indígena por su riqueza humana y cultural.

La división política de la región en tres estados no divide la matriz cultural común, antigua y fuertemente arraigada en la población.

La cultura maya se extiende en algunas áreas de Chiapas, y fuera de las fronteras nacionales hacia Centroamérica, constituyendo uno de los núcleos indígenas de mayor peso cualitativo del México contemporáneo.

La lengua maya fue la lengua oficial en el estado, en la segunda mitad del siglo XIX, actualmente es hablada por los nativos peninsulares y por una gran parte de la población mestiza, que la utiliza como elemento de integración en sus relaciones sociales.

En las zonas agrícolas maiceras hay un gran porcentaje de población hablante maya. La cultura maya es una riqueza heredada por las actuales generaciones. El Estado Mexicano, a través de sus instituciones, tiene la obligación de proteger esa riqueza cultural, que es una cultura viva y vigente.

Por eso apoyamos en la Comisión de Asuntos Indígenas la iniciativa de la Senadora Beristain, y reiteramos hoy aquí el apoyo al punto de Acuerdo para proteger la cultura maya.

Es cuanto, compañeros. Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pedraza.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen sobre estancias infantiles.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Compañeras y compañeros legisladores:

Quiero manifestar mi voto a favor del presente dictamen, puesto que me parece acertado llevar a cabo el presente exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, para que una parte de los recursos que tiene disponibles los utilice para atender a una de las poblaciones más vulnerables, como son las mujeres jornaleras agrícolas.

Este sector de la población en nuestro país son trabajadoras y trabajadores temporales del campo, que se encargan de la siembra, la cosecha y la recolección.

Muchas mujeres ya no tienen tierra propia, por lo que alquilan su mano de obra para trabajar por temporadas, muchas veces acompañadas de sus familias. Los hijos e hijas de las jornaleras son un grupo especialmente vulnerable.

Las cifras de la UNICEF muestran que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros contaban con al menos un niño o una niña trabajador, además un 44 por ciento de las familias jornaleras, en las que está presente el trabajo infantil, son indígenas.

Por eso es importante que podamos enfrentar el reto de incorporar a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas a los servicios de educación inicial y asegurar que se mantengan en la escuela hasta complementar el ciclo básico.

Debido a la precariedad en las condiciones de empleo de las mujeres jornaleras, la población de niñas y niños, hijos de indígenas jornaleras, se encuentra en clara desventaja en los logros de salud y educación.

Las mujeres jornaleras viajan con sus hijos e hijas, las niñas y los niños de 8 y 10 años ya participan, desgraciadamente, en la cosecha, ¿y qué pasa con los más pequeños? A los lactantes sus madres los cargan sobre su espalda, y los pequeños de 2 ó 3 años se quedan junto a las milpas esperando a sus madres o a sus familiares, esperan por horas en condiciones insalubres que los exponen a la insolación, a la deshidratación y a los más desafortunados escenarios de enfermedades gastrointestinales.

De acuerdo con el Informe del Programa de Naciones Unidas para el sobre Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México, del gasto en educación, el 10 por ciento de la población indígena con menor índice de desarrollo humano, recibe la menor proporción, 5.7 por ciento, en contraste, el déficit con mayor índice de desarrollo humano recibe el 11.3 por ciento, es decir, de forma absurda a la población más desfavorecida se le da menos.

Es por ello urgente que se diseñen políticas encaminadas a elevar los niveles de bienestar alrededor de 5 millones de trabajadores jornaleros y sus familias, cuya actividad, siendo de las más productivas, es la peor pagada.

Las condiciones de empleo de la agricultura son sumamente difíciles y precarias, con niveles mínimos o sin ningún tipo de protección en lo referente a estabilidad laboral, remuneraciones o seguridad social.

Es definitivamente acertado el planteamiento de que las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadores se implementen en centros de cuidado infantil en los campos agrícolas, lo anterior porque esta propuesta busque incorporar a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas a espacios en donde reciban cuidados apropiados a su edad, en condiciones de seguridad y atendiendo a su diversidad cultural. De esta manera, las próximas generaciones tendrán acceso a mejores niveles de vida y de bienestar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse también al dictamen sobre Estancias Infantiles

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Quiero felicitar a uno de los proponentes de los dictámenes en discusión, al Senador Eviel, es un punto de Acuerdo que me hubiera gustado se profundizara más en el estudio, en el análisis, porque se trata de un derecho que debió de haberse observado desde hace mucho tiempo: el de los jornaleros.

Todo mundo, en este país, sabe las condiciones en las que se encuentra el campo de México; todo mundo sabe, los propios especialistas consideran que las actividades de recolección, de empaque y otras que se realizan en el campo, llegan, en ocasiones, a niveles de explotación, y quienes llevan estas tareas particularmente, en cada uno de los campos agrícolas, es precisamente la mujer, y es una mujer que lleva consigo la responsabilidad de la manutención de dos, tres, cuatro o cinco hijos, y que luego se hace acompañar de ellos para poder desarrollar sus actividades.

Por ello, me parece que obliga a que no lo dejemos solamente en un exhorto, en una invitación a considerar que sean tomadas en cuenta estas mujeres para el establecimiento de una estancia infantil o para que pudieran ser consideradas en un derecho, en un beneficio, que proporciona el propio gobierno federal a través de SEDESOL, me parece que hay necesidad de llevarlo al acompañamiento de nuestra ley laboral para que pueda tener un marco regulatorio obligatorio, para quienes administran o llevan el trabajo en los campos agrícolas.

Las características de la sociedad contemporánea, la dinámica económica y laboral, así como los cambios en la organización y constitución de la familia, han generado nuevas necesidades dentro de la sociedad para su organización y funcionamiento, obligando a dejar prácticas sociales tradicionales, asignando nuevos roles de género y redistribuyendo las funciones al interior de la familia.

Dentro de estos cambios organizacionales de la sociedad, se encuentra la incorporación de la mujer a la actividad económica, situación que ha llevado a las familias a una nueva forma de organización, dentro de la cual se encuentra el cuidado y la atención de las hijas y los hijos durante el tiempo de las jornadas laborales de las madres y de los padres.

Frente a este nuevo escenario y en medio de las nuevas corrientes filosóficas y pedagógicas, es que surgieron las guarderías en Europa a inicios del siglo XIX, mientras que en México fue a mediados del siglo pasado que se constituyeron los primeros centros de atención para niños, conocidos como estancias infantiles o guarderías.

Sin embargo, es hasta el año 2007 cuando el gobierno federal da un impulso importante para la conformación de una red de estancias infantiles en apoyo principalmente a madres trabajadoras, beneficiando a miles de familias, sólo que del 2007 a la fecha han sido excluidas de este beneficio, de estos programas, justamente quienes más lo necesitan, que son las madres de los campos agrícolas.

En los últimos años, este programa ha tenido un incremento considerable de la población infantil que atiende, lo que representa un avance del mismo; sin embargo, independientemente de la dinámica global, también es el reflejo de la situación económica por la que atraviesa nuestro país, ya que para los hogares mexicanos no es suficiente un ingreso para satisfacer las necesidades básicas de todos los integrantes de la familia.

En este sentido, esta dinámica económica que inició en las grandes ciudades se ha ido extendiendo hacia las provincias y pequeñas comunidades de todo el país, situación que ha hecho necesario a exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar dentro del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y ampliar esta oferta a los campos agrícolas en apoyo a las madres indígenas y a las trabajadoras jornaleras.

Está claro que es una necesidad para estas comunidades donde la mujer ahora se ha incorporado en mayor grado en actividades económicas, y por lo tanto, ahí también debe de atenderse, pero también refleja las grandes carestías económicas que priva en todo el país.

Los sectores del campo e indígenas, por tradición, siempre han quedado marginados de los beneficios de muchos programas gubernamentales.

En este sentido, exhorta a la SEDESOL a brindar en los campos agrícolas el servicio de estancias infantiles, se debe reconocer como derecho de la mujer indígena, pero sobre todo, el mayor esfuerzo debe estar en que estas estancias brinden sus servicios en la lengua materna de las comunidades.

Lo anterior en virtud de que los niños que son atendidos en estos centros de cuidado están en pleno proceso de conformación de identidad personal y de sentido de pertenencia con sus comunidades, sus costumbres y tradiciones.

Por ello, resulta fundamental mantener y practicar la lengua materna. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social debe atender el llamado que esta Cámara de Senadores hace y considerar en las reglas de operación de alguna de las modalidades del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, aprobado en el ejercicio fiscal de 2015.

Ojalá y que la comisión pudiera intensificar su trabajo, vaya a un ejercicio de reflexión y de evaluación y podamos llevarlo a un marco legal que haga obligatorio este derecho de atención a las madres jornaleras y a las madres indígenas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse también al dictamen sobre el Consejo Nacional de Fomento Educativo y las comunidades indígenas.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Hablar del tema indígena es hablar de un enorme rezago que tiene este país en materia de pobreza, en materia de violación de derechos fundamentales de estas comunidades originarias de nuestro país.

En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, desnuda ante el mundo las condiciones infames en que viven los indígenas de México.

Quiero recordarles solamente el primer párrafo de esta declaración con la intención de que el Senado mexicano reflexione si el ¡ya basta! de las comunidades indígenas chiapanecas puede decirse que ha concluido, o este ¡ya basta! plantea otro tipo de acciones para hacerse escuchar.

“Hoy decimos ¡basta al pueblo de México!, hermanos mexicanos; somos producto de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud en la Guerra de Independencia contra España, encabezada por los Insurgentes; después, por evitar ser aturdidos por el expansionismo norteamericano; luego, por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestros suelos; después la dictadura porfirista nos negó la aplicación de justas Leyes de Reforma, y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres, como nosotros, a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables; sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación; sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”

Es importante, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que reflexionemos sobre la primera Declaración de la Selva Lacandona, sobre todo cuando tratamos asuntos que tienen que ver con las comunidades indígenas. Se está planteando un punto de Acuerdo en donde se exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo para que haga posible la igualdad de oportunidades para acceder al Sistema Educativo Nacional en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla.

Exhortos van, exhortos vienen; discursos van, discursos vienen, pero hay una realidad que es concreta, uno sólo de los aspectos planteados en esta Declaración de la Selva Lacandona, y en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, por supuesto que no se han cumplido.

Acabamos de hacer un recorrido por el estado de Chiapas y vemos que los niños indígenas en lugar de estar en la escuela, efectivamente como lo vino a exponer aquí un Senador, antes de su servidor, van cargando la leña para acercar algo de dinero para la alimentación de la familia.

Están en los cortes de caña desde los cuatro años, esas son las condiciones en que viven los niños indígenas de México, con las condiciones más altas de analfabetismo, con las condiciones más infames de pobreza alimentaria.

Por eso, cuando discutimos la Reforma Educativa, señalamos que esa reforma iba a fracasar e iba a fracasar porque no estaba analizando cuáles eran las cuestiones necesarias para que lo que incluimos en el artículo 3o. constitucional como calidad educativa, se cumpliera.

Yo les pregunto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si será suficiente un exhorto al CONAFE. Revisemos cuáles son las funciones y las facultades del CONAFE, a ver si basta con un exhorto para que genere la igualdad de oportunidades para que los niños de estas comunidades accedan en condiciones de igualdad al Sistema Educativo Nacional, revisémoslo, y vamos a llegar a la conclusión de que este exhorto, igual que muchos, vamos a votarlo a favor, pero este exhorto, igual que muchos, no tiene mucho sentido porque no se plantea lo elemental.

Hemos insistido en que no va a haber educación de calidad si no se mejora la infraestructura educativa. Hemos insistido en que no va a haber educación de calidad si no se garantiza la alimentación para los niños más desprotegidos.

Cuando analizamos el Informe del ciudadano Presidente, del año pasado, y hablamos de las escuelas de tiempo completo, ¿cuál es el compromiso del Presidente Peña Nieto con respecto a los niños de este país para garantizarles alimentación?

Tres millones de niños, dice Peña Nieto que es su compromiso, cuando el Sistema Educativo Nacional tiene más de 26 millones de niños, y de esos 26 millones de niños, 9 ó 10 tienen pobreza alimentaria.

Imposible educación de calidad en esas condiciones, por eso este exhorto al CONAFE, está bien que se haga, pero tenemos que aprovechar para decirle al ciudadano Presidente, para decirle a su gobierno, que el ya basta de 1994, puede darse otra vez en cualquier momento, porque las condiciones en que viven los indígenas de México son condiciones inhumanas y son condiciones infames.

Y les queremos dejar claro que mientras exista injusticia social en este país, el pueblo no tendrá garantizada la paz.

A favor del punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para referirse al dictamen sobre comunidades mayas.

Aprovecho para saludar a Jorge Carrera, Delegado del INAH en Chihuahua; al señor Martín Chávez y a la señora Cleorinda Palma, representantes de la etnia rarámuri y representantes de la música regional.

Ellos forman parte de las actividades que se están llevando aquí en el Senado, en la exposición de arte y cultura popular de Chihuahua, que ha organizado la Senadora Lilia Merodio Reza.

¡Bienvenidas, bienvenidos!

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, Senadoras, Senadores.

El día de hoy discutimos un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, el cual es de suma trascendencia para los quintanarroenses, y aún más para los mayas de toda la península de Yucatán.

Es de suma importancia para mí, resaltar la gran valía de la cultura maya para nuestro país e inclusive para otras naciones, como por ejemplo Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.

La cultura maya es una cultura viva, la cual podemos apreciar día a día en las comunidades de Quintana Roo. Es tanta su importancia que existe una agrupación mundial de nombre: “Organización Mundo Maya”, en donde nuestro país ocupará la Presidencia de dicha organización este año, a través de la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu.

Cabe destacar que esta Organización Mundo Maya, surgió en 1992, con la intención de propiciar la promoción turística y el desarrollo sustentable del patrimonio cultural e intangible del quinteto de países que agrupan el mundo maya.

Y en el mismo sentido, la SECTUR ha dado a conocer que buscará impulsar esta ancestral cultura como multidestino, además, pues irá a impulsar la ruta maya establecida en 1988, involucrando a los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, y por parte de los países: Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Es decir, que la cultura maya, gracias a su gran legado, puede generar un fomento significativo para el turismo, no sólo en nuestro país, sino en otros más.

Recordemos que mediante un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en el tema del Senado, el 15 de diciembre del 2014, se aprobó el proyecto de Decreto por el cual el Honorable Congreso de la Unión declaró el día 21 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Cultura Maya”.

De tal manera, que debemos celebrar los hechos antes mencionados, sin embargo, hay que reconocer que no se está impulsando lo suficiente a los ciudadanos mayas.

En el presente dictamen, se propone exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar a esta Soberanía, sobre los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a estas comunidades mayas y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya, porque sin el apoyo de la CDI, estamos dejando olvidados a los ciudadanos mayas.

Como mencioné anteriormente, es una cultura viva y no podemos dejar de atender sus necesidades tan particulares, debemos conocer en su totalidad los programas y acciones que ejecuta, con la finalidad de analizarlos y proponer mejoras en su contenido.

Por otro lado, impulsar la cultura maya implica la construcción de una estrategia integral, en donde todas las autoridades pertinentes participen, en este caso el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.

Estamos frente a un dictamen que busca apoyar a nuestros hermanos mayas, propiciándoles una igualdad de oportunidades, donde se busca apoyar directamente a las personas, a su cultura, la cual también es nuestra.

La cultura maya ya nos da muchos beneficios a todo el país y a los grandes empresarios, pero es momento de generar una redistribución a las comunidades mayas.

Es por ello que desde el Partido de la Revolución Democrática, y como Senadora del estado de Quintana Roo, me pronuncio a favor del presente dictamen, porque es frecuente encontrarnos en el camino, en nuestros recorridos, a muchas personas que están siendo excluidas de todos estos programas, para atención a la comunidad maya.

Entonces nosotros nos preguntamos: ¿Dónde van a parar los recursos que estas organizaciones manejan para el fomento y para el apoyo del desarrollo de estos pueblos mayas? Porque caminamos y caminamos, y sólo nos encontramos una serie de necesidades y de personas haciendo peticiones, porque no tienen atención por parte de estas organizaciones, a las cuales hoy les pedimos nos informen: ¿De qué manera distribuyen su presupuesto? ¿A qué grupos concretamente están apoyando? Porque, por ejemplo, en Playa del Carmen, el sacerdote maya Luis Nah, nos ha hecho, de manera muy precisa, señalamientos de cómo a los principales grupos que están haciendo que la cultura maya siga viva, no se les está apoyando con ningún tipo de presupuesto público.

Entonces, basta ya de usar a los mayas como un discurso más, como parte de la demagogia, hay que atenderlos, y saber: ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de apoyo se les está dando? Porque tal pareciera que sólo es parte de un discurso el presupuesto que existe para estas comunidades.

Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Beristain.

Por último, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para referirse a todos los dictámenes.

La Senadora Mónica Arriola Gordillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estos tres dictámenes tienen un factor en común, que ubican como beneficiario a uno de los sectores que más urge de nuestras acciones.

Las comunidades indígenas sufren de los mayores rezagos en todos los ámbitos de la vida nacional: el económico, educativo, tecnológico y así consecuentemente.

La integración de las comunidades a la sociedad es uno de los mayores retos que enfrenta históricamente nuestro país.

Las medidas que hemos impulsado desde este Senado, han sido muchas y de diferente profundidad; sin embargo, el problema continúa agraviando a este sector.

Como sabrán, el estado de Chiapas es uno de los que cuenta con mayor número de población indígena en México, ya que aproximadamente el 30 por ciento de la población es indígena y la mayoría se ubica en la Selva Lacandona y en Los Altos.

Asumo como indispensable que esta Honorable Asamblea, exhorte al organismo de la Administración Pública Federal, encargado de manejar recursos complementarios, económicos, técnicos, nacionales o extranjeros, para su aplicación al mejor desarrollo de la educación en este país, para que considere a las comunidades indígenas y a la población indígena infantil, de distintos estados, entre ellos Chiapas, y en esta consideración se haga todo lo necesario para que genere total igualdad de oportunidades en el acceso de las comunidades al Sistema Educativo Nacional, considerando principalmente las recomendaciones de los padres de familia, que consisten en el incremento de los recursos destinados a las escuelas de la comunidad.

Este organismo debe contemplar las condiciones de marginación y aislamiento de las comunidades para generar las herramientas y estímulos necesarios que propicien la inclusión de las comunidades a la educación, y por lo tanto, el impulso a la integración social de las mismas, objetivo principal por el que deben velar los gobiernos en los distintos niveles.

La integración social, la conservación de las particularidades internas de las comunidades, de su lenguaje, de su historia, de su costumbre y tradiciones, únicamente puede ser conquistada a través de la inclusión social y total a esta sociedad, con pleno respeto y observancia a su derecho de autonomía.

El único mecanismo que permite, precisamente, que la inclusión y la autonomía se ejerzan de manera armónica, es la educación.

Asimismo, y continuando con una serie de acciones que pretenden mejorar las condiciones de vida en las que viven las comunidades, especialmente en los estados que cuentan con un mayor porcentaje de población indígena, la Comisión de Asuntos Indígenas acierta en solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en su Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras se implementen dichas estancias en campos agrícolas donde, como sabemos, se localicen principalmente las madres indígenas.

Si no constituimos las instituciones necesarias que ofrezcan a las comunidades, y en este caso a las madres trabajadoras de las comunidades, las posibilidades suficientes de servicios y programas sociales indispensables, como permitir el cuidado de sus hijos cerca de sus lugares de labores y la ubicación accesible de dichas instituciones, dejaríamos a este sector en un total estado de vulnerabilidad.

Los pueblos autóctonos nos dieron todo lo que somos. Ellos iniciaron la historia en la que hoy vivimos. La correspondencia a su esfuerzo y a su sacrificio, no es sólo una obligación constitucional, sino un compromiso moral y humano.

Velar por el bienestar de estas comunidades representa para mí una de las más altas prioridades de la agenda legislativa.

Es por todo esto, que aplaudo su acompañamiento en los presentes dictámenes para exhortar a distintos organismos de la Administración Pública Federal a ejercer sus atribuciones, sus recursos y todo su esfuerzo en corresponderles a las personas que nos dieron su vida y su historia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Mónica Arriola.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros: Les voy a rogar presten atención al siguiente tema.





 

Compañeras y compañeros: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo relativo a la ratificación del nombramiento de la titular de la Procuraduría General de la República.

Vamos a explicar el procedimiento. La acción que nos corresponde cumplir es la de ratificar en los términos del artículo 76 constitucional, en su fracción II, que se mantiene en vigor en tanto no se concluya con la autonomía de la Fiscalía General de la República y su declaratoria respectiva.

Debemos recordar, compañeras y compañeros, que el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto publicado el 10 de febrero de 2014, señala que el nuevo procedimiento para el nombramiento del Fiscal General de la República, no entrará en vigor sino hasta que se cumpla con la emisión de la respectiva normatividad que da autonomía a la Fiscalía General de la República.

En consecuencia, informo a la Asamblea que el dictamen con el nombramiento del titular de la Procuraduría General de la República, lo despacharemos bajo el procedimiento de ratificación en términos del artículo 76 constitucional, fracción II.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.

ACUERDO

"Primero.- La ciudadana Arely Gómez González cumple con los requisitos desarrollados en las Consideraciones de este dictamen y por lo tanto se ratifica la decisión del Presidente de la República de nombrarla Procuradora General de la República.

Segundo.- En un plazo no mayor a 90 días hábiles, la Procuradora General de la República deberá presentar ante la Comisión de Justicia el programa de trabajo de dicha institución.

Tercero.- Remítase este dictamen al Presidente de la Mesa Directiva para su consideración en sesión del Pleno del Senado de la República.

Cuarto.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la República".



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Con el permiso de la Presidencia. Señoras Senadoras; señores Senadores:

A nombre de la Comisión de Justicia, y en el encargo de Presidente, me corresponde fundamentar el dictamen que hoy presentamos a consideración.

Hace unos días, el Senado de la República recibió la propuesta por parte del Ejecutivo Federal del nombramiento de la señora Arely Gómez González, como titular de la Procuraduría General de la República.

En términos del texto vigente, ese nombramiento debe ser ratificado por el Senado de la República, por una mayoría simple de sus integrantes, como una suerte de ratificación de un mandato de procurar justicia en nuestro país.

Después de su comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Justicia, hemos analizado el perfil de la licenciada Arely Gómez González, su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, su trayectoria en el Poder Ejecutivo, en la cual desempeñó la función de Subprocuradora de Atención a Delitos Electorales, y también su paso por el Poder Legislativo en este Senado de la República, en la que asumió tareas de impulso de la agenda de transparencia, rendición de cuentas, justicia, seguridad, y un destacado impulso a los asuntos jurídicos que corresponden a este Senado.

La Comisión de Justicia ha concluido proponer a este Pleno la ratificación de la licenciada Arely Gómez González, como titular de la Procuraduría General de la República, lo hacemos conscientes de su trayectoria, de su experiencia, de su capacidad de trabajo, de su responsabilidad en el servicio público, de su honestidad y también del compromiso que ha hecho ante las señoras Senadoras y los señores Senadores de desempeñar la función que hoy le encomendamos con diligencia ejemplar, con sentido de bien y con todo el empeño que corresponde a una patriota.

La Procuraduría General de la República se encuentra en estado de transición. Hace unos meses el Poder Revisor de la Constitución aprobó una importantísima reforma constitucional para dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República y convertirla en Fiscalía General de la Nación.

Concluye un largo proceso, un largo proceso en el cual se ha pretendido que la procuración de justicia quede al margen, quede a salvo de los intereses políticos.

Que el ejercicio de la acción penal no responda a otro propósito o a otra intención que la consignación de un conjunto de hechos delictivos, la prueba de esa, a la responsabilidad y el pago ante la sociedad de la responsabilidad individual por la comisión de esos delitos.

Desde aquel momento en el que el Poder Revisor de la Constitución determinó que el Senado de la República participara en la ratificación del Procurador General de la República, estaba marcada esa tendencia hacia la independencia de la procuración de justicia, con respeto a los poderes públicos y especialmente con respeto al Ejecutivo Federal.

Después de muchos años, hemos logrado consolidar la autonomía del Ministerio Público, en un nuevo órgano, la Fiscalía General de la Nación, que entre otras características, además de la autonomía constitucional, será electa a impulso del Senado de la República, su titular; será inamovible y tendrá las garantías constitucionales de imparcialidad en el ejercicio de esa función.
Pero el día de hoy no estamos nombrando al titular de la Fiscalía General de la Nación. Seguimos, como lo dijo el Presidente de la Mesa Directiva al presentar este punto, bajo el régimen previo a la reforma política.

Estamos nombrando al titular de la Procuraduría General de la República, bajo el viejo régimen. El régimen, en el cual el titular del Ejecutivo hace la propuesta de nombramiento; el Senado de la República hace la ratificación. No existe inamovilidad en el cargo y el cargo es de libre remoción por el Ejecutivo Federal.

Para concretar la transición a la Fiscalía General de la Nación, se requieren dos actos jurídicos, independientes y plenamente diferenciables entre sí. Por un lado, la expedición de las leyes reglamentarias de la nueva autonomía de la Fiscalía; y por el otro lado, la declaratoria, por parte del Congreso de la Unión, de la entrada en vigor de la autonomía constitucional.

No hay, y así lo razona el dictamen, razón constitucional o legal para asumir que la actual Procuraduría, su titular, habrá de convertirse de manera automática en Fiscal General de la Nación.

Esa conversión será a consecuencia, será desenlace de dos procesos políticos parlamentarios, absolutamente distintos al acto de ratificación, que hoy habremos de concluir.

Será un proceso de negociación política para configurar la Fiscalía General que merece nuestro país; pero también será un proceso político de negociación política, para encontrar al mejor o a la mejor titular de la nueva Fiscalía General de la Nación.

Hoy, el Senado de la República da un voto de confianza y así lo propone el dictamen, a la licenciada Arely Gómez González; pero también, el Senado de la República es deferente frente a la propuesta del Ejecutivo Federal, como en muchas otras ocasiones. Este Senado de la República no le niega al Presidente de la República absolutamente ninguna decisión, que lleve a fortalecer las instituciones de procuración de justicia, de seguridad y de administración de justicia.

No solamente hemos sido partícipes; no solamente hemos avalado parlamentariamente las propuestas que ha enviado en la materia, sino que también hemos sido impulsores de medidas de reformas de políticas públicas en esa materia.

Fue el Senado de la República quien impulsó la reforma constitucional para generar un solo marco normativo de procedimientos penales.

Fue el Senado de la República quien aprobó, como Cámara de Origen, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en materia penal.

Es el Senado quien se ha constituido como Cámara de Origen para discutir la Ley de Ejecución Penal.

Hemos dado el nombramiento de ayer, el del licenciado Murillo Karam. Y daremos hoy el nombramiento de la licenciada Arely Gómez González, porque México no se merece una obstrucción parlamentaria ciega o una obstrucción parlamentaria acrítica, en la circunstancia que vive nuestra nación y, sobre todo, en la ausencia de credibilidad de las instituciones de nuestro país.

Tiene la señora Arely Gómez González un enorme reto, demostrar independencia, demostrar capacidad, demostrar lealtad a la República.

Tiene la señora Arely Gómez González frente a sí, quizá el mayor reto de su vida.

Quienes la conocemos, porque ha sido compañera, porque ha sido amiga, sabemos que pondrá el mayor de sus esfuerzos para cumplir el objetivo que hoy recibe de su país, para cumplir el mandato que recibe de los Poderes de la Unión.

Sabemos de su trayectoria, sabemos de su experiencia, sabemos de su bonhomía, sabemos de su capacidad de trabajo y también sabemos de su intención de bien.

Esa fue la razón por la cual el dictamen se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia; y esa es la razón por la cual la Comisión de Justicia, que me honro en presidir, pide a ustedes el respaldo a la licenciada Arely Gómez González, como la futura Procuradora General de la República.

El mandato está claro, México necesita instituciones fuertes, creíbles y con legitimidad.

Ahí está el mandato, ahí está la misión y ahí también estará el juicio que dará la historia no solamente a la señora Arely Gómez González, sino también al Presidente Enrique Peña Nieto.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II de este Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de cinco minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mónica Arriola Gordillo, hasta por cinco minutos.

La Senadora Mónica Arriola Gordillo: Honorable Asamblea:

A sólo unos días que se manifestó en este recinto, el aprecio y reconocimiento a quien fuera nuestra compañera y amiga en este Senado de la República, hoy tenemos la tarea de discutir el dictamen de la Comisión de Justicia, en el que se aprueba la propuesta del Ejecutivo para su ratificación como Procuradora General de la República.

De sus méritos y trayectoria es mucho lo que se puede decir, pues acreditan cada uno de sus cargos y responsabilidades, una conducta y desempeño caracterizadas por la honestidad, eficiencia y compromisos con las instituciones y el estado de derecho.

Ese fue su hilo conductor en las tareas y funciones que le tocó cumplir en estos poco más de dos años, en la elaboración y discusión de proyectos tan importantes como la reforma política, la reforma en materia de transparencia y lo concerniente al Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo por citar algunos pocos.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, ha expuesto en líneas muy generales su intención de iniciar la transformación de una institución, que en muchos momentos ha sido cuestionada en su actuar y en su eficiencia.

Sin duda, el desafío no es menor. Son dos los grandes problemas que tiene a nuestro país sumido en la desconfianza: La debilidad del estado de derecho y la corrupción.

Hacer de México una nación en la que impere el estado de derecho, la impartición de justicia eficaz y oportuna y el respeto a los derechos humanos, constituyen algunos de los mayores retos para quienes nos desempeñamos dentro de los Poderes de la República.

Sin embargo, corresponde a la Procuraduría General de la República y a la futura Fiscalía General, la función de garantizar la procuración de justicia, con el debido proceso y respeto a la legalidad; el poner fin a la impunidad y el constituirse como una institución que esté más allá de las pugnas entre intereses; que responda sólo a hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Ha sido un largo camino para iniciar la construcción de una Fiscalía autónoma. De contar, por fin, con una institución garante de la procuración de justicia, que se guíe sólo por la ley.

Y corresponderá a usted, a una mujer íntegra y comprometida con el estado de derecho, sentar bases sólidas para que la transformación de nuestro sistema de procuración de justicia sea una realidad para todos los mexicanos y mexicanas.

La confianza que tanto necesitamos se logra con hechos; con acciones que den certidumbre al ciudadano de la calle, al empresario, al inversionista, al comerciante, a las mujeres.

Que todos los sectores tengan certeza que sus derechos están bajo el resguardo de una institución fuerte, transparente y que tiene una sola pauta: la ley.

Votaré a favor de la ratificación de la ciudadana Arely Gómez González como Procuradora General de la República, porque tengo la certeza de que revertirá con su trabajo y compromiso la debilidad institucional y pérdida de credibilidad de la Procuraduría.

México necesita organismos fuertes. Arely Gómez, una mujer, una jurista, una servidora pública, con su trayectoria y prestigio, representa la posibilidad de éxito para la institución en este difícil porvenir.

Son tiempos de gran agitación y necesidad; son momentos en los que la mirada de todos está puesta en las grandes decisiones políticas, todo está preparado para que ocurra la gran victoria o el gran desastre.

El país está en vilo, está expectante de obtener justicia, está ávido de culminar las crisis que mantienen atestados los noticiarios de violencia y desánimo. México quiere y merece a una persona que sepa gestionar la aplicación de justicia en forma impecable, convincente, verdadera. Por el bien de cada mexicano y del país, que así sea.

Mi confianza y apoyo a la ciudadana Arely Gómez y mi voto a favor del dictamen, por el cual se le ratificará como Procuradora General de la República.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Arriola.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Un comentario previo. Cuando se analiza a personalidades para ubicar los encargos públicos de trascendencia no estamos descalificando a personas, sino analizando política ante lo que debemos de hacer. Esa es nuestra responsabilidad.

El Grupo Parlamentario del PT votará en contra de la ratificación de Arely Gómez como Procuradora General de la República. Nuestras razones son las siguientes:

Arely no puede ser una Procuradora imparcial porque es designada para garantizar la impunidad de Peña y los intereses de Televisa, que son los mismos. No se debe olvidar que Peña llegó al poder gracias a Televisa, y que se mantiene en él gracias al manejo permanente que realiza Televisa liquidando el derecho a la información de todos los mexicanos.

Sin Televisa, Peña no sería nada, y Arely y Medina Mora jamás pretenderían alcanzar los niveles públicos a los que Peña Nieto los propulsa hoy. Arely estará comprometida indefectiblemente con esos intereses porque es consecuencia del contubernio directo e indirecto de Peña con Televisa.

Hoy, más que nunca, que vivimos en un país en crisis, con instituciones que no despiertan la confianza social, particularmente la Procuraduría, como lo ha reconocido el propio Presidente Peña Nieto, se requiere que el titular de la futura Fiscalía, hoy el titular de la Procuraduría, sea independiente por encima de toda sospecha de los partidos, del Ejecutivo y de Televisa.

Arely no debe ser Procuradora porque su hermano es el vicepresidente de Televisa, con el más alto nivel de influencia, en uno de los poderes fácticos, dominantes e invasivos del país. Hay que decirle a Leopoldo Gómez, hermano de Arely, que los méritos importan en democracia más que la sangre, tiene razón, siempre y cuando no lo prohíba la ley, y siempre y cuando las televisoras no desplieguen de manera permanente el poder político desmedido que tienen en México.

Arely Gómez no tendrá nunca las condiciones de imparcialidad para realizar una investigación que afecte a la oligarquía económica y mediática que representa Televisa o sus intereses.

Arely representa una visión conservadora del derecho. El Procurador debería ser un personaje que representara concepciones alternativas, sociales e igualitarias del derecho; Arely tiene fuertes nexos con grupos tradicionalistas y conservadores, como lo ha documentado Jesús Silva-Herzog Márquez.

Arely no puede ser Procuradora, porque en lugar de ser presentada por el Ejecutivo, a su cargo y sus razones, fue destapada por Televisa, tal y como lo ha documentado el periodista Jenaro Villamil.

Ese simple hecho prueba que Televisa se impone y se adelanta al propio gobierno sin recato alguno. Como Senadora, Arely se excusó de presidir la Comisión Especial de Oceanografía, para la cual había sido nombrada, por tener parentesco, por afinidad en cuarto grado, con el señor Martín Díaz Álvarez, tal como ella lo dijo.

Ahora tiene relación de parentesco por consanguinidad en segundo grado con el vicepresidente de Televisa, es su hermano, y no se excusa para ser titular de la Procuraduría General de la República.

Las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señalan: “Que cuando pueda afectarse el desempeño imparcial por la existencia de intereses personales, familiares o de negocios, el servidor público debe excusarse”. ¿Por qué no se excusa Arely ante este evidente conflicto de intereses familiares?

Votar en contra de la designación de Arely como Procuradora General de la República es votar en contra de la extensión y desdoblamiento del poder de Televisa en las instituciones políticas del país, que influye y penetra en todos los ámbitos del poder.

Arely no debe ser Procuradora, porque este tipo de designaciones deben ser deliberadas socialmente, no ha existido deliberación social suficiente sobre esa designación. El pueblo de México desconoce los vínculos de Arely con los poderes fácticos del país.

Finalmente, Arely no debe ser Procuradora, porque considero que no realizará las investigaciones conocidas, como Ayotzinapa y Tlatlaya, bajo las condiciones de imparcialidad, exhaustividad y plenitud que se requieren.

Los vínculos de Arely con el poder presidencial, con Televisa y con la derecha de este país, lo impedirán.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

La Procuraduría General de la República y próxima Fiscalía General es más que una policía, es pieza clave en la consolidación de un estado de derecho y un sistema de justicia eficiente y eficaz.

Es una institución fundamental para hacer efectivo el acceso a la justicia, un eslabón esencial para mantener la confianza de la ciudadanía y consolidar la gobernabilidad.

La maestra Arely Gómez González expuso ante la Comisión de Justicia su programa de trabajo, en el que destacan tres aspectos: la profesionalización y capacitación constante del personal; la transparencia y protección de datos personales; y el apego a la ley y protección de los derechos humanos.

En estas tres líneas de acción se integran no sólo los retos de la Procuraduría General de la República, sino también los retos que enfrenta la sociedad mexicana en su conjunto, como lo son la rendición de cuentas, la legalidad y el respeto a la dignidad de la persona.

Es de suma trascendencia y totalmente acertado que la maestra Arely Gómez González haya mencionado como primordial la profesionalización constante del personal de la Procuraduría.

La necesidad de la profesionalización del trabajo de los ministerios públicos deriva de las responsabilidades más altas que ostentan, ser representantes de la sociedad y deben llevar a cabo esta tarea de manera totalmente comprometida con la sociedad.
La sociedad y las instancias involucradas con la procuración de justicia deben actuar conjuntamente y eso sólo es posible si la sociedad encuentra en sus autoridades a verdaderos profesionales ajustados a la legalidad, libres de corrupción y apegados a la transparencia.

Como lo destacamos en la discusión en la Comisión de Justicia, en el Partido Verde reconocemos que el Presidente de la República haya propuesto para este cargo de tan importante responsabilidad, a una ciudadana del perfil de la maestra Arely Gómez, una mujer de leyes, una mujer comprometida con su país, respetuosa y conocedora de la transparencia y que sabe bien que el eje de nuestro sistema de impartición de justicia es el respeto a los derechos humanos, es una mujer íntegra, y para mis compañeras y compañeros de la bancada del Partido Verde, no vamos a permitir que se le venga a descalificar simplemente por un parentesco y de un supuesto conflicto de intereses, que hay que decirlo muy claro, no los tiene.

Diferimos y somos congruentes, porque no un día venimos a darle alabanzas y en menos de una semana a desdecirnos y a ser contradictorios a nuestros dichos en este mismo Pleno.

El Sistema de Impartición de Justicia en nuestro país está en plena transformación, y la maestra Gómez González ha sido constructora de estos cambios desde el ámbito legislativo, ahora será encargada de implementar esas modificaciones a una realidad  que lo requiere y lo demanda, nadie mejor que ella para desempeñar esta alta responsabilidad con humanismo y con firmeza.

El Partido Verde manifiesta su voto a favor del presente dictamen, estamos convencidos que la ciudadana Arely Gómez coadyuvará a fortalecer la institucionalidad en el Sistema de Impartición de Justicia, con su característico actuar, discreto, eficiente y eficaz.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, compañeros.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy estamos a punto de votar un dictamen que presenta la Comisión de Justicia, relacionado con el nombramiento de la ciudadana Arely Gómez González, como titular de la Procuraduría General de la República.

México enfrenta graves problemas de inseguridad, violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que nos obliga a poner ciertamente toda la atención sobre la decisión que vamos a tomar, no solamente por su relevancia, sino también por los retos que tiene que enfrentar quien esté al frente de la Procuraduría General de la República.

No se puede, por lo tanto, ocultar los retos que enfrenta esta dependencia que ciertamente está cuestionada públicamente y esa es una percepción ciudadana que es muy difícil ocultar.

Sabemos que el Procurador saliente deja pendientes importantes, destaco, por su relevancia, por supuesto las investigaciones de los acontecimientos de Iguala, la desaparición forzada de 43 normalista de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, así como el caso del Albergue la Gran Familia y su fundadora directora conocida como Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán, solamente por mencionar algunos de los asuntos importantes.

Es necesario que desde la Procuraduría General de la República se concrete la armonización de la reforma en materia de derechos humanos de julio de 2011, para concretar la profesionalización, la formación de todos los ministerios públicos y personal de la Procuraduría para que pueda sentirse el cambio, sobre todo me refiero en la materia de derechos humanos, en esta Procuraduría y que empiece a revertir esta mala imagen que tiene.

Es necesario concretar también el banco sobre datos de las víctimas, hay una parte importante que corresponde a la PGR, y esta esquizofrenia que de repente vemos en las instancias gubernamentales nos parece realmente preocupante.

Es necesario también que entendamos que la Procuraduría General de la República, insisto, en esta percepción ciudadana, es que se atraviesa por una crisis de credibilidad que deriva en un sentimiento colectivo de que persiste impunidad no sólo por la falta de consignación debida a los delincuentes, sino también por la falta de mecanismos que reparen integralmente el daño a las víctimas y las coloque como el eje fundamental de la procuración de justicia.

En el Grupo Parlamentario del PRD, por supuesto que hemos discutido todas estas cuestiones y estamos convencidos de que de nada servirá un cambio en la titularidad de la PGR, si prevalecen los grandes conflictos de intereses y de corrupción que han salido a la luz pública, que contribuyen al deterioro del estado de derecho y hacen nugatoria la justicia; no es, por lo tanto, un asunto menor.

Sabemos que está implícito que quien asuma la titularidad de la PGR hoy, iniciará la transición hacia la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, que no va junto con pegado, también hay que aclararlo; sin embargo, no podemos dejar de observar que se trata de un ministerio público que transitará a no tener ninguna atadura política ni administrativa, que no esté atada a ninguna autoridad pública, ni tampoco a ninguna autoridad administrativa para que pueda encabezar el cambio hacia un nuevo modelo de justicia acusatorio y oral.

Hemos dirimido en el Grupo Parlamentario votar a favor del dictamen de la Comisión de Justicia, por lo tanto, aún cuando tenemos algunos pendientes y algunos cuestionamientos respecto de lo que se ha hecho público de la personalidad de Arely Gómez, no podemos dejar de observar que se trata de una compañera con la que tuvimos una relación de trabajo y siempre dirimimos nuestras diferencias con cordialidad y con mucho respeto.

Deseamos hoy poner no la personalidad como el asunto fundamental, sino lo que tenemos que definir y poner como primer orden, y que es buscar que por el bien de México la Senadora hoy con licencia, que fue nuestra colega en el Senado de la República, pueda hacer bien su tarea. No la encontrará fácil, asume una responsabilidad muy compleja, en una situación muy complicada, que tiene que tomar medidas realmente trascendentales en la constitución, en la formación de sus equipos, tiene que atender, por cierto, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, desde el Senado de la República no debe quedar lugar a dudas de que seremos el contrapeso real para verificar que el cumplimiento del deber que asumirá Arely Gómez, en unos próximos minutos, sea realmente el que estamos esperando.

Le deseamos lo mejor a Arely, por el bien de la Nación.

Y a todos ustedes, por su atención, muchas gracias.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora.

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Torres Graciano, del Gupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para razonar el voto a favor del dictamen que nos presenta hoy la Comisión de Justicia, por el cual se ratifica a la señora Arely Gómez González, como Procuradora General de la República.

Hace apenas algunos días, en este Senado, varias compañeras y compañeros Senadores, alababan, reconocían públicamente el trabajo de Arely Gómez, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN reconocemos su trayectoria, su honorabilidad, mantenemos y sostenemos lo que aquí varios compañeros de nuestra bancada expresaron de ella, sin embargo, también decimos que nadie se confunda, lo hicimos y lo dijimos en un contexto donde se daba licencia a nuestra compañera Senadora, y hoy el contexto es otro.

Estamos en la discusión de un dictamen que la propone como Procuradora General de la República, y el discurso necesariamente es otro, no a su persona, no a lo que de ella y su trayectoria hemos señalado, pero sí de lo que esperamos en este nombramiento.

Y el día de hoy dejamos en claro que el PAN viene a votar a favor de Arely Gómez González como Procuradora General de la República, no venimos a votar ni avalar el nombramiento de una Fiscalía General de la República, ni avalar el paso en automático de la Procuraduría a la Fiscalía, no es ese el tema que nos ocupa el día de hoy.

Y para ello y mayor claridad, permítanme citar parte del dictamen que la propia Comisión de Justicia señaló en sus consideraciones, cito textualmente:

“Consideraciones

Primero.- El 10 de febrero del 2014, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Político-Electoral, que entre otros preceptos, reformó el apartado A, artículo 102 constitucional. Mediante dicha modificación se reorganiza al Ministerio Público en una Fiscalía General de la República y se le define como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Sin embargo, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio de dicho Decreto, para que las adiciones, reformas y derogaciones que se realizan al artículo 102, apartado A de la Constitución, entren en vigor, se requiere la verificación de dos actos jurídicos, autónomos y diferenciados, a saber:

Uno.- La expedición de las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones, es decir, la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Y dos.- La declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

En este sentido, en tanto ninguna de las dos condiciones antes descritas se han cumplido, el régimen de designación y ratificación del Titular de la Procuraduría General de la República vigente, es aquel previo a la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, mismo en el que se le concede al titular del Poder Ejecutivo Federal dos facultades: la de realizar la designación sujeta a ratificación del Senado, acto que estamos llevando el día de hoy en este momento, y el de remover libremente al Procurador designado”.

Hasta aquí la cita.

Hecha la aclaración, expresamos por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que la nueva titular de la Procuraduría General de la República tiene una misión difícil de atender, casos que ya se comentaron aquí, como el de Ayotzinapa, entre otros, y que no quedaron resueltos y habrá que darle un puntual seguimiento.

Otros enormes retos tendrá: ser el preámbulo de esta transformación de la PGR y dar paso a la nueva institución que será la Fiscalía General de la República.

Un reto más, la eficiente implementación de los nuevos sistemas: el acusatorio y el de oralidad, en lo que a su responsabilidad y competencia correspondan.

Otro reto, el respeto y la defensa a los derechos humanos.

Pero quizá el mayor de los retos es el de regresarle a la ciudadanía la confianza en esa institución, de darle credibilidad y prestigio que mucha falta le hace a la PGR.

Un reclamo prioritario que tenemos hacia las instituciones por parte de la sociedad es la confianza en ellas mismas.

El Índice de Percepción de Corrupción que emite el INEGI para el 2014, señala que autoridades como son la de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, arroja que el 52.7 por ciento de la población mayor de 18 años, considera que estas instituciones son corruptas, por lo que es de vital importancia que la población vuelva a creer en las instituciones, y esto es quizá el principal reto que asumirá la señora Arely Gómez González.

Doña Arely tiene la delicada misión de devolverle la confianza a la institución y a la titularidad del Ministerio Público, cuya imagen quedó deteriorada con frases desafortunadas y por la falta de eficiencia del anterior titular.

Sin embargo, la responsabilidad no es toda de la Procuraduría, el principal responsable es el Presidente Peña Nieto, es el principal responsable de terminar con el ambiente de desconfianza que se vive en México, provocado principalmente por él, por temas como la “Casa Blanca”, provocado por sus decisiones erróneas, por sus políticas equivocadas y por la negación a reconocer que su gobierno va mal.

Señoras y señores Senadores: Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor del dictamen por el que se ratifica la designación de nuestra ex colega Arely Gómez González, pero nuestro voto no es un cheque en blanco, queremos dejar en claro que seguimos de cerca la labor que habrá de llevar en la Procuraduría, y si es necesario cuestionaremos la actuación, porque México no puede darse el lujo de tolerar instituciones sin rumbo y sin resultados.

Doña Arely Gómez González hoy tiene la confianza del Grupo Parlamentario del PAN, pero no basta, deberá de ganarse la confianza de la sociedad mexicana, hay que regresarle la confianza a México y el prestigio a sus instituciones.

De ser electa doña Arely, no pierda la sensibilidad, la capacidad de escuchar otras visiones, la autocrítica y la sencillez que le conocimos como Senadora.

El PAN le da su voto a favor el día de hoy, los resultados serán su responsabilidad.

¡Suerte, mucha suerte, por el bien de la Nación mexicana!

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, en el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El Ombudsman de México ha resumido recientemente la gravedad de la situación en la que nos encontramos, al decir que el país vive una verdadera crisis de estado de derecho.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hablado de una crisis de valores, de derechos humanos, de la crispación social que existe en varias regiones y de lamentables expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, sufrimiento, miedo e indignación.

La crisis tiene en el centro un legado que se expresa en violencia e inseguridad y que ha llegado al punto de que porciones de nuestro territorio estén bajo el control del crimen organizado.

Otro signo ominoso de la crisis es el deterioro de la legitimidad de los procesos electorales causado por la violencia sistemática de las disposiciones legales, por la inequidad, el dispendio y la manipulación del sufragio.

El regreso del clientelismo, el aumento de la pobreza y la extrema desigualdad, la exigencia de un contexto de, más bien, la insistencia de un contexto de crecimiento estancado y de un modelo económico agotado son el telón de fondo de una arraigada subcultura de la ilegalidad, la corrupción y la impunidad que socava el imperio de un Estado democrático.

El desencanto ciudadano y el descrédito de las instituciones aumentará si continúa la tergiversación de la ley por razones políticas; si nuestro aparato de justicia sigue marcado por el trato discriminatorio y desigual.

El gran pendiente de la PGR es, sin duda, el caso Iguala; lejos de una verdad histórica tenemos una investigación inconclusa y una institución que ha recibido un serio daño por el afán de ganar el caso en términos mediáticos como lo señaló Amnistía Internacional.
En este contexto acudimos al relevo en la titularidad de la Procuraduría General de la República, una de las instituciones que en los tiempos recientes ha sido duramente cuestionada por amplios sectores sociales, así como por la opinión pública nacional e internacional.

Ocupar la titularidad de la PGR en estas condiciones es todo un reto; la Senadora con licencia, Arely Gómez, ha sido propuesta por el Ejecutivo Federal para encabezar esta institución y enfrentar este enorme desafío que se expresa en una crisis de operatividad, de credibilidad y de eficacia.

La maestra Arely Gómez ha demostrado ser una persona con experiencia, con capacidad y profesionalismo, en ella hemos encontrado una legisladora sensible a las voces divergentes, una Senadora incluyente y dispuesta al acuerdo y al debate.

En este tiempo que compartimos el trabajo legislativo, ella se ganó el respeto, el cariño y el reconocimiento de nosotros.

Esperamos que bajo su gestión se den pasos para terminar con la politización de la justicia, y lograr la reconstrucción de la credibilidad de una institución fundamental del Estado.

Nada deseamos más, que tenga éxito al frente de la PGR, que se estabilice el país y podamos vivir en paz.

Se requiere de una Procuraduría General de la República con verdadera autonomía y con credibilidad, se necesita una procuración de justicia independiente del juego de los intereses políticos y de las venganzas del poder.

México demanda un cambio profundo en la estrategia gubernamental para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad, y confiamos en que la maestra Arely Gómez contribuya con el profesionalismo que la ha caracterizado hasta ahora a alcanzar estos objetivos.

Esperamos que el relevo contribuya a recomponer el tejido social que es un imperativo a la par del combate a la corrupción y a la colusión entre autoridades y criminales. Se requiere de gente profesional, pero sobre todo, gente íntegra, honesta, con principios, que no se corrompa, que no se someta a los poderes fácticos, ni ceda a presiones del crimen organizado.

Los pendientes en la PGR en esta nueva etapa son demasiados: 28,000 desaparecidos; asesinatos de periodistas; el narcotráfico; el caso Tlatlaya; Iguala; delitos electorales; feminicidios, una larga lista de heridas que sangran y lastiman profundamente a este país.

Nuestro voto será a favor de la ratificación de la maestra Arely Gómez como nueva Procuradora General de la República.

Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo esfuerzo que le toca encabezar. La procuración de justicia y poner fin a la impunidad es lo que esperamos de ella.

Sólo la justicia y el fin de la impunidad podrán sacar a México de la crisis generalizada por la que atraviesa.

Enhorabuena, maestra Arely Gómez González, como nueva Procuradora General de la República, en cuanto sea ratificada por el voto de dos terceras partes de este Senado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para motivar su voto.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Javier Corral Jurado: Decía esta mañana en el Grupo Parlamentario del PAN, que estas intervenciones pues son muy embarazosas, son de las que realmente uno nunca quisiera tener que pronunciar.

Pero quiero hacerlo con respeto y con franqueza, como bien lo decía el Senador Bartlett, no se trata aquí de venir a hacer cuestionamientos de carácter personal.

No debemos de sacrificar la franqueza por la falsa cortesía, no debemos evitar decir las cosas por el riesgo de incomodar susceptibilidades o afectos personales, no se puede pensar así cuando lo que está en medio es la República misma.

Entiendo y respeto a quienes aquí se han expresado para apoyar a la Senadora Arely Gómez. Desde el jueves pasado quedó acreditado que entre los Senadores de las distintas bancadas, ella tiene un respeto y tiene un reconocimiento.

Yo no hablé en esa sesión, pero no tendría ningún inconveniente en sumarme a varias de las cosas que en efecto se dijeron de ella, sobre todo su don de gente; sobre todo su amabilidad; tiene un buen estilo para relacionarse con los demás, yo la vi trabajar en las comisiones y es una persona metódica, tiene capacidad de trabajo; diríamos que tiene buen talante, y creo, sinceramente, que es una persona dispuesta a escuchar. Ese es un buen dato.

Pero dicho todo esto, lo digo con toda franqueza, todo ello junto no es suficiente para poder votar a favor de esta ratificación, porque hoy por hoy son otras cualidades, además de esas, las que se necesitan en un nombramiento como el de la Procuradora General de la República.

Tiene que ver fundamentalmente con el tema de la independencia política, de la autonomía personal que requiere un cargo como el de la Procuradora General de la República.

En la actual crisis que vive México, que no es una crisis de percepción como Peña Nieto la ha descrito en el Reino Unido, una declaración con la que pretende sincerarse al reconocer que su gobierno está plagado de desconfianza, de que atraviesa el país un momento de enorme incredulidad.

Porque ese discurso es hueco. Si el Presidente de la República fuera consecuente con ese discurso no estaría proponiendo hoy a la Senadora Gómez ni mucho menos a Eduardo Medina Mora para la Corte.

En realidad estaría privilegiando en estas candidaturas, en estos cargos a personalidades con mayores atributos de independencia política y de autonomía personal.

Porque la crisis de México no es de percepción; es una crisis de corrupción política, porque es una crisis de legitimidad, porque están enlodados los más altos niveles del poder político en México, es una crisis de corrupción política, que parte desde la Presidencia de la República y corroe a muchas vertientes del sistema político mexicano, y atraviesa a varios Secretarios de Estado.

Ahí están, todavía a estas alturas, las inexplicables casas: la casa blanca, la segunda casa de Las Lomas, la casa de Ixtapan de la Sal, la casa de Malinalco.

El problema de México, la crisis de México, es una crisis de corrupción política, de conflictos de intereses, de inseguridad, de violencia, es una crisis de derechos humanos.

Por eso, lo quiero decir con todo respeto, y sé que me está escuchando la ciudadana Arely, ella puede tener muy buen trato, y de ella yo sólo recibí atenciones y respeto, yo siempre, en el trato con ella recibí una interlocución de mucho nivel, de mucho respeto. Pero yo creo que hoy no le sirve al país un perfil tan vinculado a Peña Nieto, tan vinculado al PRI.

Miren, ya tuvimos una experiencia, una mala experiencia. Yo aquí voté el nombramiento del Licenciado Murillo Karam. Murillo Karam, qué es Murillo Karam, con sus tablas, con su experiencia, con su cultura jurídica y política, con ciertos niveles de autonomía personal, Murillo Karam no pudo sobreponerse al sistema, no pudo cortarse el cordón umbilical que le ata con su partido, tan es así, que el personaje de más peso político del Gabinete de Peña ha tenido que ser relevado de la Procuraduría General de la República, y ese es el mayor relevo del gabinete que hoy se ha realizado. Ese es el cambio más importante.

No le sirve al país, en este momento, reforzar esa línea de afinidad partidista, de afinidad política, porque lo que está en la base del pacto de impunidad es el sistema de tapaderas, es el régimen de complicidades, es este cubrirle a los del mismo partido sus asuntos.

¿Cuándo abrió la PGR, en este tiempo, investigaciones por el tema de la casa blanca de Peña Nieto o la de Videgaray, que es un escándalo? El verdadero escándalo es el de Luis Videgaray, con la casa de Malinalco, declaró en 7 millones y medio de pesos el valor de esa casa, en boletín de prensa, y no se ha iniciado una sola investigación, una casa que se reportó, en su momento, a la Contraloría, con un valor de casi 2 millones de dólares y se vendió a Grupo HIGA en casi 3 millones de dólares, la compró el Secretario de Hacienda en 7 millones y medio.

¿Cuándo se abrió una investigación?

Ese es el problema real que tenemos.

Con todo afecto, y realmente abrumado, por tener que hacer este deslinde, yo no puedo por ahora acompañar la ratificación de la ciudadana Arely Gómez, esperaría, incluso, que ella pudiera tomar de mi intervención un acicate, a lo mejor le puede servir, para decirle, que yo esperaría que ella se echara para adelante, que ella pudiera separar su filia política partidista grupal del deber patriótico, que en este momento reclama México, de combate a la corrupción y a la impunidad.

Digo todo esto, compañeras y compañeros, y con esto termino, porque mi preocupación de este perfil está exponenciado, lo digo abiertamente, por el alcance que tiene la reforma constitucional que creó la figura de la Fiscalía General de la Nación, porque todos sabemos que ese nombramiento de Procuradora puede convertirse automáticamente en Fiscal General de la Nación, que dure 9 años, e incluso, que ni siquiera se le aplique el proceso de remoción, previsto en la Constitución para el Fiscal General.

Se ha dicho aquí, con razón, que hay dos requisitos previos: la Ley Reglamentaria que requieren o que necesitan las reformas constitucionales; y la declaratoria del Congreso para la vigencia de la Fiscalía General.

Yo les pregunto:

¿Qué, no van a sacar la legislación secundaria?

¿Qué, no van a declarar vigente la Fiscalía General?

Pues ni modo que no vayamos a concretar una de las mayores reformas constitucionales que hicimos, de organizar el Ministerio Público a partir de una Fiscalía General.

En este Senado, desde hace mucho tiempo, la oposición no tiene mayoría. No nos hagamos, no es cierto. El PRI tiene mayoría en este Senado, en muchos temas lo sacan, según el tema, consiguen unos votitos del PAN o unos votitos del PRD, o incluso del PT, pero ya la oposición en este Senado no tiene mayoría. Eso no es cierto.

Entonces, una Fiscalía General en un perfil tan vinculado y tan estrecho al Presidente de la República, creo que entraña una traición, entrañaría llevarse a cabo una traición a la Fiscalía General de la Nación autónoma.

¿Dónde se concreta la autonomía de una Institución, de una entidad, de una figura? Pues en los perfiles con mayor independencia política.

Por eso mi voto no la acompañará esta tarde, lo digo con toda claridad, lo hago fundamentalmente para acreditar mi posición.

Respeto a los demás que lo hagan, como le dije a Arely Gómez el día que pidió licencia, cuando aquí dijeron que iba de Subprocuradora, porque no les dijeron tampoco la verdad, por supuesto que no les dijeron que iba de Procuradora y probable Fiscal General, si hubieran dicho todo, yo creo que incluso habría habido más intemperancia.

Pero como se lo dije a ella, le deseo éxito. Yo estaré muy pendiente de su actuación, además ella sabe que es la función del Senado, y de un Senador de la República.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador.

A continuación, tendrá el uso de la palabra el señor Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, y el Senador Ernesto Gándara Camou cerrará esta ronda de intervenciones.

En tanto, le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del 6º semestre del Colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo, del municipio de Francisco I. Madero, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene el usted el uso de la palabra, Senador Robles Montoya.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Debemos acostumbrarnos, de verdad lo creo, debemos acostumbrarnos a mencionar, en la misma oración, las palabras transparencia y Procuraduría. Y ese es el reto. Creo que ese es el gran reto, que la Procuraduría General de la República, se convierte en el puntal de una nueva época de transparencia y también de rendición de cuentas, lo cual, ciertamente, en estos tiempos se encuentra en México, desde mi punto de vista, en fase de alumbramiento.

Y asocio estos dos temas, compañeras y compañeros, en este debate que se da aquí en el Senado, porque a mi entender, no reconocen separación sustancial.

Para mí, si hoy el pueblo de México se manifiesta, es porque más bien quiere saber, quiere estar informado, quiere respeto, exige respeto y, sin duda, que el grupo de actividades que encabezan esta exigencia, también a mi parecer, son las relacionadas con la procuración de justicia.

Sí, me refiero a saber los detalles, los fundamentos, los motivos por los cuales se emprenden averiguaciones, detenciones, operativos; informarse también de las condiciones en que éstos se efectúan, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista jurídico.

Ser respetados, porque ya se entiende que un crimen, compañeras y compañeros, o un delito cometido contra una persona equivale a un crimen y un delito contra la sociedad completa, en tanto, por supuesto se afecta la convivencia y los valores anhelados por la generalidad.

Y por eso digo: “Y ser respetados”, y también, y además porque la Procuraduría requiere tratarnos a todos como ciudadanos adultos, es decir, contarnos la verdad, solamente la verdad.

Por eso yo celebro que la licenciada Arely Gómez haya incluido en su propuesta de trabajo, como ayer lo expuso, como el primer eje, precisamente, a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Lo celebro, porque confió, compañeras y compañeros, confío en sus intenciones, y por eso, de alguna manera creo que eso denota que está escuchando ella el clamor de la gente en las calles, el clamor que escuchamos todos en los medios de comunicación.

En momentos como éstos, compañeras y compañeros, creo que es válido decir: que quien habrá de ser ratificada por este Senado en la tarea de Procurador, tiene una responsabilidad por sobre todas las demás, es trabajar para la gente, y eso, insisto, se hace escuchando, escuchando a la gente, pero también acompañándola, y esa también es la razón por la que en breve la propia Procuraduría tendrá que dejar de depender políticamente, como aquí ya se ha expuesto, del Ejecutivo.

Esa es la razón por la que estamos trabajando, compañeras y compañeros, para dotarla de plena autonomía y de ninguna mácula de influencia externa o de sospecha sexenal.

La futura Fiscalía, hoy Procuraduría, deberá ser construida sobre la base de la transparencia, la escucha de la gente, y añado un tercer factor: la confianza.

Y yo, compañeras y compañeros, yo doy un voto de confianza, como antes dije, en la trayectoria y en función del profesionalismo y las intenciones de Arely Gómez porque, igual que ustedes, pude conocerla a lo largo de estos más de 2 años.

Y lo he dicho, porque este factor, compañeras y compañeros, creo que también es determinante para que ella o cualquier otro personaje pudiese asumir las tareas de la Procuraduría General, pues ninguna o ningún titular podría solo con la tarea, sino que se requiere del concurso del resto de los ciudadanos.

Por lo tanto, insisto, Senador Presidente, un reto de la nueva Procuradora será ganarse la confianza de la gente con actos firmes, con actos probados, con acciones congruentes.

Hace ya algunos años, Alejandro Martí le decía a ciertos funcionarios federales: “Si no pueden, renuncien”. Y creo, compañeras y compañeros, que esas palabras siguen resonando en la sociedad mexicana, aunque quizás ahora en términos diferentes.

Hoy creo que la exigencia es: que la clase política, los nuevos y los viejos funcionarios comprendan que se está construyendo un México distinto, y que los primeros que deben cambiar somos precisamente los políticos, porque la gente, amigas y amigos; compañeros legisladores, la gente ya no está dispuesta a aceptar imposiciones, aceptar mentiras, manotazos, corrupción, deslices; los ciudadanos ya tenemos formas distintas de estar comunicados, y también tenemos nuevos métodos de exigencia igual, o quizás más poderosos que los antiguos factores de presión reconocidos por la teoría clásica.

Es decir, compañeras y compañeros, el: “Si no pueden, renuncien”, se ha transformado en un: “Si no cambian, váyanse”.

Este es el clamor y este es el momento de asumirlo con toda claridad en ideas, en palabras y en acciones.

Las instituciones, compañeras y compañeros, se están construyendo ya sobre otras bases.

Este México nuestro ya no es el México del siglo XX, y ni siquiera es igual al de la primera alternancia federal.

Este México, Senadoras y Senadores, ya aprendió a actuar con independencia y responsabilidad, y está tomando el arma de la participación en sus manos.

Por eso, y en suma, Senador Presidente, el reto de la renovada Procuraduría General de la República, está en la transparencia y en la confianza social.

El Senado, los poderes en general, los partidos, la sociedad civil tenemos la oportunidad de cooperar como para idear los mejores argumentos y los mejores mecanismos que aseguren la confianza de unos a otros; y también tenemos la oportunidad de vigilar esta nueva Procuraduría, como ninguna otra en la historia, y esto es algo de lo más positivo que nos puede pasar como persona y como país.

De este tamaño es el desafío institucional que hoy se presenta. Que la República lo afronte, sin duda, con pasión, y que la futura titular lo haga lo mejor posible para bien de México.

Mis mejores deseos de éxito para la compañera Arely Gómez.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En tanto, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de la Red Jóvenes del estado de Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Son ustedes bienvenidos.

Tiene usted el uso de la palabra distinguido Senador Ernesto Gándara Camou.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias. Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Como bien sabemos, esta Cámara, en sus facultades constitucionales, está sometiendo en este caso la aprobación, en este Pleno, de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Federal para desempeñar el cargo del nombramiento de titular de la Procuraduría General de la República.

Una de las tareas trascendentes para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestra democracia, descansa sobre el pilar de la procuración de la justicia.

De ahí, compañeras y compañeros, esta alta responsabilidad y profesionalismo que debe caracterizar a quien ejerza este importante servicio a la República.

El trabajo desempeñado por la hoy Senadora con licencia, Arely Gómez, a lo largo de 30 meses en esta Legislatura, es la mejor prueba de su capacidad y compromiso, no solamente en los temas de justicia en el marco de la seguridad pública y la seguridad nacional, sino también fortaleciendo un estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos.

Hay un trabajo responsable, con conocimiento del derecho basado en la racionalidad y en la ponderación que demanda el complejo ejercicio de la justicia.

Por eso nuestro Grupo Parlamentario del PRI apoya decididamente la ratificación de Arely Gómez para este cargo tan importante.

Sabemos que hay por delante un camino muy complejo.

Sabemos de la importancia que tiene, en estos tiempos del siglo XXI, una responsabilidad de ese nivel.

Los asuntos del Ministerio Público de la Federación requieren, en todo momento, la satisfacción del interés y del bien común.

Cuidar que la actuación de cada uno de los servidores públicos en la PGR se rija por principios de certeza, legalidad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y, desde luego, respeto a los derechos humanos.

Déjenme decirles, compañeras y compañeros, que hemos estado analizando, cada uno de nosotros con plena responsabilidad, la ratificación, en este caso, de la propuesta del Ejecutivo Federal.

Quiero traer a la memoria y al recuerdo dos hechos que se han dado recientemente en esta Cámara.
El pasado jueves 26 de febrero, cuando la entonces compañera Senadora Gómez, solicitaba licencia, hubo un reconocimiento, sin precedentes, de todos los coordinadores y de muchos Senadores, de todas las fracciones parlamentarias.

Se le reconoció, naturalmente su compañerismo, su calidad humana, su posición como dama que lo es y, desde luego también, su imparcialidad y su capacidad de concertación y de diálogo que tuvo en su carácter de Senadora y en las comisiones que este Pleno le otorgó.

Hubo un reconocimiento, sin precedentes, por todos los coordinadores y por todos los que hicieron uso de la palabra.

Después, el día de ayer, también quisiera informar a detalle, la reunión de la Comisión de Justicia, en la que los integrantes y otros más Senadores y Senadoras que asistieron, hicieron también no solamente un reconocimiento, sino además se votó el dictamen por unanimidad de todos los ahí presentes.

Y además reconocimos en la exposición de la Senadora Arely Gómez, su congruencia entre el decir y el hacer; su actualidad en la vida jurídica, social y política de México; la congruencia entre el decir y el hacer.

Una mujer que no es mesiánica, una mujer que no presenta nunca ironías, una mujer que es intachable en su vida pública y que lo ha sido y estoy seguro y estamos seguros que lo seguirá haciendo. Una mujer que merece todo nuestro respeto porque se lo ha ganado y, desde luego, una mujer que va a representar dignamente a esa gran institución de la República, como es la Procuraduría General.

Yo estoy seguro y si quisiera resaltar, el respeto a todas y cada una de las Senadoras y Senadores que estamos aquí.

Aquí, compañeras y compañeros, no tenemos mayoría, nadie; pero sí tenemos capacidad para concertar; sí tenemos capacidad para acordar; sí tenemos capacidad para debatir y para disentir y eso implica el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional y de nuestro valor ético como ciudadanos que somos y representantes de los estados de la Federación.

Aquí, el Grupo Parlamentario del PRI, está convencido de las capacidades profesionales de Arely Gómez, porque la conocemos. Y cierto, también, le tenemos aprecio y afecto; pero nunca, en ningún momento votaríamos por una situación de afecto y respeto; pero siempre vamos a apoyar las capacidades, los requisitos y, sobre todo, la confianza que tenemos en Arely Gómez, en que si en su gran trayectoria de décadas, a pesar de su juventud, ha hecho un gran trabajo profesional desde abajo. Y, desde luego, hoy estamos más que convencidos, que México ya cambió. Que alguien que ocupe esa titularidad, va a actuar con imparcialidad y, desde luego, con congruencia, como lo ha hecho toda su vida.

No tiene Arely porque cambiar. Y nosotros entendemos muy bien, que México ya   cambió y que ahí, en esta responsabilidad constitucional, vamos a ratificar, el Grupo Parlamentario y estoy seguro, como se ha escuchado aquí de otros compañeros de otras fracciones, la ratificación de la compañera Arely Gómez.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Gándara.

Informo que la participación del Senador David Monreal Ávila sobre este tema será insertada en el Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Avila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

“México está plagado de ‘incredulidad y desconfianza’” que se ha demostrado en la “sospecha y duda”, se debe “reconsiderar a dónde nos dirigimos”, estas han sido las declaraciones del presidente al Financial Times, donde por primera vez reconoce públicamente que su administración atraviesa por una severa crisis de credulidad.

Sin duda alguna, es positivo que el presidente comience a ver la realidad que vive el país, que bueno que a mas de dos años de gobierno pueda ver que el “mexicanmoment” que vendió al extranjero no existe, y en contraste, vive una crisis de inseguridad, de falta de respeto de los derechos humanos, de narcotráfico y sobre todo de ingobernabilidad.

Y todo esto es positivo, porque solamente reconociendo la realidad, se podrán tomar las decisiones verdaderamente necesarias para cambiar todo este escenario.

Parte de todo este malestar nacional y la pésima imagen que tiene el gobierno al exterior, es responsabilidad del ex titular de la Procuraduría General de la República.

La remoción del ex procurador oxigena a esta institución, ante el cansancio notorio y explícito del ex titular de la PGR.

El manejo irresponsable, dudoso y escandaloso de la Procuraduría, han ocasionado el alza en los niveles de impunidad en el país, ya que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el INEGI, en el 2013 se cometieron un estimado de 33.1 millones de delitos de los cuales, apenas 6.2 por ciento, terminó en una averiguación previa. Eso significa que 31 millones de ilícitos no fueron investigados y tampoco hubo castigo para los criminales.

Aunado a la omisa y negligente actuación de la PGR, la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, evidenció esta crisis de impunidad y corrupción, dejando los niveles de confianza a la Procuraduría por los suelos.  

En este sentido, los retos al frente de la PGR son mayúsculos, ya que revertir esta imagen solamente se logrará con trabajo que disminuya la corrupción al interior de este organismo; bajen los niveles de impunidad en México, y sobre todo revise y dictamine una versión que más allá de una posible verdad histórica, ofrezca certeza de qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre en la Ciudad de Iguala Guerrero, de tal manera que los padres de los estudiantes tengan acceso a la justicia, y la sociedad mexicana obtenga la certeza de que la investigación no tuvo vicios ni resguardo a ninguna autoridad.

Asimismo, existen otros expedientes pendientes en las manos de la PGR, como los hechos de Tlatlaya, el fraude de FICREA, el caso de Oceonografía y el reclamo de algunas organizaciones no gubernamentales por la actuación negligente y beligerante contra activistas de derechos humanos, así como detener los atentados contra la libertad de expresión y los asesinatos contra periodistas.

Además, deberá asesorar al gobierno acerca de por qué su estrategia de seguridad va de fracaso en fracaso, ya que a pesar de las capturas de grandes capos y líderes de narcotráfico como el Chapo Guzmán y Cervando Martínez “la Tuta”, los niveles de violencia y delincuencia siguen a la alza.

La nueva titular de la Procuraduría, debe asumir estos y otros compromisos antes de tomar posesión del cargo, además de comprometerse a conducirse con estricto respeto al principio de legalidad, deberá actuar con total transparencia no sólo porque así se lo manda la ley, sino porque deberá evitar a toda costa que su actuación se relacione con posibles conflictos de interés, que pongan en duda su imparcialidad.

Ojalá y estos cambios que ha empezado hacer el Gobierno Federal lo lleven a reconocer otras omisiones que ha tenido durante su administración, y entienda la indignación nacional que se vive, y deje de actuar como si no pasara nada.

Para lograr esto el papel de la Procuraduría será fundamental, y de ella dependerá en gran medida revertir esta la crisis por la que atraviesa el país.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez:  Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal y háganse los avisos correspondientes para que se abra el sistema.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: Se emitieron 106 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, bajo la previsión que impone el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional, en materia política, publicado el 10 de febrero del año 2014, y con fundamento en el artículo 76 constitucional, en su fracción II, el Senado de la República ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor de la ciudadana Arely Gómez González, como Procuradora General de la República. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Arely Gómez González, por lo que solicito a las y los Senadores: Ernesto Gándara Camou, María del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila, Martha Palafox Gutiérrez y Eviel Pérez Magaña, sean tan amables en invitarla a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ciudadana Arely Gómez González: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procuradora General de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

La C. Arely Gómez González: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Arely Gómez González!

A nombre del Senado de la República, la Mesa Directiva le desea éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a la señora Procuradora cuando desee retirarse de este salón.

(La comisión cumple)

 





 

Honorable Asamblea, la Mesa Directiva acordó emitir un Acuerdo para lamentar la muerte de otro compatriota en los Estados Unidos de América, el señor Javier Canepa Díaz, asesinado por un oficial de la policía de Santa Ana, condado de Orange, en el estado de California.

Solicito a la Secretaría dé lectura del Acuerdo correspondiente.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a los resolutivos del Acuerdo.

"Primero.- Los Senadores de la República condenamos enérgicamente los hechos suscitados el viernes 27 de febrero en la ciudad de Santa Ana, Condado de Orange, estado de California, en que autoridades policíacas dieron muerte al mexicano Ernesto Javier Canepa Díaz, y nos pronunciamos nuevamente en contra del uso de la violencia excesiva e innecesaria, externando una amplia protesta por el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de todo tipo de autoridad que tiene a su cargo el orden y la seguridad de las personas.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Cancillería mexicana realice las acciones pertinentes ante las autoridades competentes del Condado de Orange, estado de California, para que practiquen todas las investigaciones conducentes a esclarecer la responsabilidad penal en que hayan incurrido los agentes policiacos implicados en el incidente e implementen las medidas necesarias para evitar que en casos futuros se siga haciendo uso indiscriminado e indignante de medios de prevención delictiva que sean desproporcionados y desmedidos en perjuicio de la integridad y vida de las personas.

Tercero.- Se solicita a la Cancillería mexicana que, a través del Consulado de México acreditado en la ciudad de Santa Ana, estado de California, otorgue los apoyos necesarios a los familiares de Ernesto Javier Canepa Díaz, y en beneficio de éstos gestione ante las autoridades competentes las acciones y/o medidas tendientes a procurar y obtener la reparación del daño con motivo de la privación de la vida de nuestro connacional.

Cuarto.- El Senado de la República determina que el grupo de trabajo, conformado el pasado 17 de febrero para dar seguimiento a la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, en el estado de Washington, incorpore también el caso de la muerte del connacional Ernesto Javier Canepa Díaz, en el programa que diseñó para atender los casos anteriores".



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores y Senadoras, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN)

“La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua, líquido vital para la supervivencia, el desarrollo de las actividades humanas y naturales, es un recurso escaso y su distribución dista mucho de ser homogénea. Aunada a esta situación existen problemas por aumento en la demanda, derroche, uso inadecuado y contaminación. Resulta complicado imaginarnos qué haríamos sin tan apreciable líquido.

Actualmente, el agua tiene diferentes usos, para consumo humano; para actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas; en el abastecimiento público; en la industria; para la generación de energía, entre otros. La presión hídrica, o la falta de este recurso, conllevan–inclusive- conflictos sociales, merma la producción de alimentos y el desarrollo económico. Por ello y por otras razones, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 considera al agua como un factor estratégico de Seguridad Nacional.

Para el país y su población, el acceso al agua es un derecho fundamental contemplado en la Observación General N°15 (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) signado por México; asimismo, nuestra Carta Magna con la reforma en materia de agua establece, en el párrafo sexto del artículo 4º publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del año 2012, lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
No obstante, este derecho a un no se garantiza ni se le da debido cumplimiento ante toda la problemática que enmarca su escasez, distribución e implementación de políticas públicas para mejorar el servicio del recurso. Sin embargo, el Ejecutivo Federal atiende esta problemática mediante el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, el documento resalta que “México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad hídrica que ha generado un alto costo social y humano que atenta contra la paz de los ciudadanos.”

Cabe destacar que el año pasado, nuestro el país recibió un total de 1´489,819 de hectómetros cúbicos (hm3)por precipitación pluvial; de este total, el 71.6% es decir 1,065,270 hm3, se pierden por evapotranspiración, a este tipo de fenómenos hidrometeorológicos son los que más benefician al sector primario para la producción de alimentos, sin embargo, también son los que más daño causan cuando las precipitaciones son por encima de los niveles considerados normales; los daños también versan por la pérdida del patrimonio de las familias por causa de las inundaciones. Por lo que, considerando las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, el país anualmente cuenta con 471,498 hm3 de agua dulce renovable.

Por otro lado, es importante considerar que el56% del territorio nacional es predominantemente árido o semiárido. Característica que incluye al norte del país, cuenta con precipitaciones menores a 500 mm al año, a diferencia del sur-sureste que es húmedo, con precipitaciones que superan los 2,000 mm por año. Se calcula entonces, que la disponibilidad natural de agua es 7 veces mayor en el sureste que en el resto del país. Esta disparidad sobre la precipitación pluvial genera pérdidas económicas en todos los sectores.

Diferentes fuentes indican datos preocupantes en las condiciones de disponibilidad y acceso al recurso del agua. Por ejemplo: El Consejo Consultivo del Agua, A.C., informa que México se encuentra entre los países con baja disponibilidad de agua (entre 1,000 y 5,000 m3/hab/año-); Por su parte, el Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018 resalta que en 1950 la disponibilidad de agua per cápita era de 18,035 m3/hab/día, la cual bajó a 3,982 m3/hab/día en 2013;asimismo, revela que 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad. Además, la sobreexplotación de los acuíferos en México es cada año más alarmante: 32 en1975 y 106 en 2013.

A este escenario tan preocupante, habrá que sumarle también la amenaza que implica el fenómeno del cambio climático. El cambio climático, ha ocasionado que los fenómenos hidrometeorológicos como lluvias, granizadas, nevadas, heladas, sequías, huracanes, y otros, sean más frecuentes e intensos, afectando tanto el acceso al recurso para uso doméstico, como para actividades tan significativas como la agricultura, la cual representa el 57% de la producción de alimentos en nuestro país. Asimismo -y sumado a la vulnerabilidad del país por su ubicación geográfica y sus fallas en infraestructura y planeación-, los huracanes, las lluvias intensas y otros fenómenos pueden afectar poblaciones, servicios; mermar el desarrollo económico, e inclusive atentar contra la vida de las personas.

Se calcula que en el periodo de1980 a 2010 las lluvias intensas afectaron a más de ocho millones de personas y ocasionaron daños económicos superiores a 214 mil millones de pesos. Otro ejemplo de lo que puede ocurrir si no se toman las medidas adecuadas fue el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel (en el año 2013) los cuales ocasionaron gran número de pérdidas humanas y materiales: 14 estados fueron declarados en emergencia; se calcularon alrededor de 157 fallecimientos; 60,000 personas fueron evacuadas y se estima que 20,000 casas fueron afectadas por dichos fenómenos.

Asimismo, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, indica que los escenarios climáticos regionalizados de precipitación y temperatura muestran que al norte del país las precipitaciones disminuirán hasta en un 30% en la temporada invernal y en el sureste de manera similar en verano. Además dichos escenarios proyectan un aumento de temperatura con respecto al siglo anterior hasta de 5°C en algunas zonas muy acotadas del país. También se proyecta que el escurrimiento tenderá a disminuir hasta en un 7% para el año 2030 en algunas regiones hidrológicas.

Para atender las posibles consecuencias del cambio climático en el sector hídrico, la Ley General de Cambio Climático (LGCC), atribuye a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios el establecimiento, regulación e instrumentación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes: Elaborar y publicar los atlas de riesgo; establecer planes de protección y contingencia ambientales; mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar escenarios climáticos actuales y futuros; elaborar los diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos; promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua; fomentar la recarga de acuíferos; la tecnificación de la superficie de riego en el país; la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable y prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; el desarrollo de variedades resistentes y cultivos de reemplazo de ciclo corto; impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los usos de agua que incorporen el pago por los servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas a fin de destinarlo a la conservación de los mismos, entre otros.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.. De esta manera la CONAGUA desempeña sus funciones a través de los Organismos de Cuenca, los cuales son unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, con carácter autónomo, adscritas directamente al Titular de este Organismo. Asimismo los Consejos de Cuenca, órganos colegiados de integración mixta, son instancias de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la Institución, incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federales, estatales o municipales, y los representantes de  los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica. Dichos órganos, la CONAGUA, los Organismos de Cuenca y los Consejos de Cuenca, son quienes están involucrados directamente en la administración y gestión del recurso, por lo que son quienes conocen la problemática que padece y a la que se está expuesta. Razón por la cual es importante que en sus atribuciones de formulación de la política hídrica consideren las medidas para reducir vulnerabilidades y adaptarse al cambio climático y sus impactos.

Actualmente, la CONAGUA, a través de diferentes programas, implementa acciones de adaptación y reducción de vulnerabilidad al cambio climático, entre los cuales podemos destacar El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y el Programa de Protección a Centros de Población, que tiene por objeto disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a los que está sujeta la población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos y los posibles efectos del cambio climático, entre otros. Sin embargo, debe garantizarse que este tipo de medidas no sean temporales, al contrario deben prevalecer y acoplarse a las necesidades y cambios que vayan surgiendo con el paso del tiempo.

Finalmente, me gustaría destacar que se menciona en el Programa Hídrico Nacional Hídrico 2014-2018 que, “para el Estado Mexicano el agua es un tema prioritario y asunto de seguridad nacional que requiere una atención integral que le permita transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo, contar con el abastecimiento de agua necesario y fortalecer la capacidad de respuesta ante los retos asociados al cambio climático”. Es por esto que considero que si a través la Ley de Aguas Nacionales se atribuye a las instancias correspondientes que en sus funciones y al elaborarla política hídrica nacional se consideran la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y que la programación hídrica también considere el cambio climático y sus efectos, se daría continuidad a las acciones que se requieren para hacer frente al fenómeno, ya que el cambio climático sin lugar a dudas afecta y seguirá afectando cada vez más al recurso, a quienes hacen uso de este, así como a las personas, infraestructura y actividades vulnerables a los impactos hidrometeorológicos extremos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 6, fracciones IX y X del artículo 7 BIS, la fracción LIV del artículo 9, fracciones XXXIII y XXXIV del artículo 12 BIS 6, las fracciones XXX y XXXI del artículo 13 BIS 3, la fracción XXI del artículo 14 BIS 5 y el último párrafo del artículo 15, todos de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

ARTICULO 6. Compete al Ejecutivo Federal:

I. a VI. …

VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos, considere los efectos del cambio climático e implemente acciones de adaptación de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático.

VIII. a XI. …

ARTICULO 7 BIS. Se declara de interés público:

I. a IX. …

X. La organización de los usuarios, asociaciones civiles y otros sistemas y organismos públicos y privados prestadores de servicios de agua rurales y urbanos, así como su vinculación con los tres órdenes de gobierno, para consolidar su participación en los Consejos de Cuenca,

IX. La sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos, y

X. La vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con relación a los recursos hídricos.

ARTICULO 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.


a. a b. …

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. a LII. …

LIII. Adquirir los bienes necesarios para los fines que le son propios;

LIV. Considerar los efectos al cambio climático y coordinarse con las autoridades correspondientes para la formulación e integración de acciones de adaptación al cambio climático en la política hídrica nacional, y

LV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias.

ARTICULO 12 BIS 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida “la Comisión”, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

I. a XXXI. …

XXXII. Regular la transmisión de los derechos de agua;

XXXIII. Ejercer las acciones de adaptación al cambio climático en la política hídrica nacional, con relación al cambio climático y sus efectos; así como coordinarse con las autoridades locales correspondientes para dar cumplimiento a tales políticas.

XXXIV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias.

ARTICULO 13 BIS 3. Los Consejos de Cuenca tendrán a su cargo:

I. a XXIII. …

XXIX. Participar o intervenir en los demás casos previstos en la Ley y en sus correspondientes reglamentos;

XXX. Realizar acciones de adaptación al cambio climático de acuerdo a la política hídrica nacional, y

XXXI. Otras tareas que le confiera su Asamblea General, con apego a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos.

ARTICULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. a XX. …

XXI. La reducción de vulnerabilidades y las acciones de adaptación al cambio climático son indispensables para la prevención de desastres, así como para garantizar el acceso a los recursos hídricos.

XXII. La cultura del agua construida a partir de los anteriores principios de política hídrica, así como con las tesis derivadas de los procesos de desarrollo social y económico, y
XXIII. El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso.

Los principios de política hídrica nacional establecidos en el presente Artículo son fundamentales en la aplicación e interpretación de las contenidos de la programación nacional hídrica y por región hidrológica y cuenca hidrológica.

ARTICULO 15.

I. a IX. …

X.…

En la planificación y programación hídrica se considerará al cambio climático, la vulnerabilidad y las acciones de adaptación al fenómeno en materia hídrica.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país fue alineado desde hace varias décadas a un modelo de desarrollo que dispuso el abandono de los grandes objetivos del bienestar, la igualdad y la justicia social, que caracterizaron al Estado mexicano en el siglo XX.

El paradigma de desarrollo emanado de los regímenes posrevolucionarios, seguía siendo liberal, pero incluyó un fuerte carácter nacionalista y una orientación social, lo que permitió aminorar algunas brechas de desigualdad y posibilitó ciertos avances en materia de derechos sociales.

Esa orientación fue sacrificada en aras de alcanzar las metas de control inflacionario, la estabilidad macroeconómica y la privatización de los servicios públicos, incluidos los sociales.

Se atribuyó al mercado un papel fundamental en la generación y distribución de la riqueza, los ingresos y el bienestar.

El proyecto nacional, que tenía una vocación social, fue colmado con los dogmas y las visiones de la tecnocracia neoliberal, a tal grado que nuestra Constitución hoy responde a visiones distintas y a veces opuestas.

Los resultados del abandono del combate a la desigualdad como tarea esencial del Estado, están a la vista de todos: Estancamiento e inmovilidad en la economía, desempleo masivo, ensanchamiento de las brechas sociales, mayor exclusión.

En México hay más pobreza porque existe mayor desigualdad y no por sólo por causa de los exiguos niveles de crecimiento, como se pretende argumentar por los voceros del modelo económico.

La desigualdad es hoy por hoy el principal problema del país. Es un obstáculo para el avance democrático, para el progreso social, y para el ejercicio de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.

De acuerdo con el texto “La trampa de la desigualdad en México”, editado por el Banco Mundial, los multimillonarios en México tienen ingresos 400 veces por arriba del 0.1% de la población de mayores ingresos, y 14 mil veces más que la población con ingresos promedio en el país.

Tiene también los peores niveles de distribución del Ingreso a nivel de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello, la caracterización del Desarrollo Nacional en la Constitución no puede ignorar esta realidad. Dicho desarrollo, no puede ser integral ni sustentable, como establece el artículo 25 de la Ley Suprema, si no se propone el combate decidido de la desigualdad.

Ahora bien, otro efecto del paradigma neoliberal es que el Estado transfiere a las familias y a las personas la responsabilidad de satisfacer sus propias necesidades esenciales, y otras reconocidas como indispensables para la dignidad de acuerdo al derecho internacional, como es el acceso a la cultura. En síntesis, se delega en los propios individuos la responsabilidad de su desarrollo.

En el modelo de desarrollo imperante, el ejercicio de derechos queda subordinado al desempeño económico y al funcionamiento del mercado.

Aunado a ello, los llamados DESCAs han sido relegados en la medida en que implican destinar recursos presupuestales o afectar intereses económicos para avanzar en su cumplimiento.

De manera contradictoria, México llevó a cabo en el año 2011 una reforma constitucional trascendental, por la cual el Estado mexicano asume deberes ineludibles e irrenunciables con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y con la satisfacción de estándares mínimos de cumplimiento.

Esos compromisos deben traducirse en una reorientación del proyecto de desarrollo nacional, de lo contrario, serán disposiciones condenadas a ser letra muerta.

No basta con establecer la obligación de las autoridades de promover, respetar, promover y garantizar los derechos.

Es necesario modificar los factores estructurales y emprender una transformación profunda de las condiciones de desigualdad socioeconómica y de las condiciones que impiden al Estado cumplir sus obligaciones.

En suma, el combate de la desigualdad y el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, deben ser reconocidos como aspectos medulares y al mismo tiempo, como fines del desarrollo nacional, que de acuerdo con la Constitución, sigue estando bajo la rectoría del Estado.

El desarrollo que debemos lograr, debe ser medido en términos de moderación de la desigualdad, de existencia digna y de derechos plenos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, el combate de la desigualdad y la promoción de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad, la dignidad y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.





 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL RTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD)

“Los suscritos, ZOE ROBLEDO ABURTO y ARMANDO RIOS PITER, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 19 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana es el aumento de circulación de armas de fuego de manera incontrolada e ilegal. Este fenómeno es generado por diferentes causas, pero sus consecuencias son graves por el aumento de la violencia que propicia el incremento de los delitos de alto impacto que se cometen con estas armas.

Algunas de las cifras que se desprenden de estudios especializados en torno al tema, señalan la gravedad del comercio ilícito de armas hacia nuestro país. En este sentido, se ha estimado que las autoridades confiscan solo el 14% de las 252 mil armas que se cruzan anualmente de forma ilegal por la frontera norte y que alrededor de 46.7% de las 51 armerías estadounidenses dependen en alguna medida de la demanda mexicana.

Para contextualizar lo anterior, se ha señalado que el número de tiendas de armas crece constantemente en la franja fronteriza sur de los Estados Unidos, en donde cerca de 6 mil 700 armerías se concentran en la zonas limítrofes de nuestro país con California, Arizona, Nuevo México y Texas; con un promedio de dos establecimientos por kilómetro. Lo anterior, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80% de esa cantidad provengan de Estados Unidos, lo cual en parte explica que en nuestro país se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012.

Por otra parte y vinculado a éste fenómeno en el año 2014, el INEGI reportó que durante 2013 se registraron 22 mil 732 homicidios, de los cuales 14,122 fueron cometidos con un disparo de arma corta, con rifles, escopetas, armas largas y por medio de disparos de otras armas de fuego.

En una declaración recientemente realizada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez se señaló que México pasó de ocupar el lugar 22 en el tráfico de armas, al 5º lugar mundial. Destacando que la delincuencia común, el crimen organizado y los ciudadanos adquieren armas en el mercado negro por un monto estimado de 127 millones de dólares anuales. El 65% de las armas ilegales están en poder del crimen organizado y el 35% las poseen civiles para su protección personal.

El aumento en el tráfico ilegal de armas ha sido un factor para que en los últimos años México haya sufrido el incremento de la delincuencia en general, lo cual ha afectado sensiblemente las estructuras sociales, económicas, políticas e institucionales, provocando una elevada percepción de la inseguridad por parte de sus habitantes y un deterioro de la imagen de nuestro país en el extranjero.

Resulta cada vez más habitual enterarnos de la comisión de delitos de alto impacto, tales como asaltos u homicidios, en los cuales se utilizan armas de fuego de mayor calibre y poderío que las utilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Aparejando a este fenómeno, el alto índice de impunidad, así como las denuncias por corrupción o ineficiencia de los miembros del ejército o de los servidores públicos encargados de procurar y administrar la justicia, agravan el problema de la portación ilícita de armas, porque colocan a la sociedad en un estado de vulneración y riesgo ante una violencia que crece día con día.

La situación va más allá de una simple percepción, la finalidad de los números de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública 2014 (ENVIPE) nos muestra que durante el año 2013 se generaron en México, 33.1 millones de delitos asociados a 22.5 millones de víctimas; lo que representa una tasa de 1.5 delitos por víctima (en 2012 la tasa fue de 1.3 delitos por víctima).

La ENVIPE estima una tasa de 41,563 delitos por cada cien mil habitantes durante 2013. Las pruebas demuestran que existe diferencia significativa a la alza entre las cifras de incidencia delictiva de 2010 a 2012 al compararlas con las cifras de 2013. En estas circunstancias los datos revelan que en el 2010 la tasa fue de 30,535, en el 2011 de 29,200 y en el 2012 de 35,139.

De los 33.1 millones de delitos estimados, la víctima estuvo presente en el 55% de los casos, lo que representa en términos absolutos 18.2 millones. De los 18.2 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban arma en el 50.2% de los casos.

Lo anterior, representa un 93.8% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa. Este 93.8% representa la “Cifra Negra” de los delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013. Como se puede observar, por primera vez desde que se estima, esta cifra es estadísticamente mayor a las estimaciones de los años anteriores.

Como se ha visto, se trata de un tema de gran trascendencia para el Estado y la sociedad mexicana, por las implicaciones de violencia, corrupción, impunidad, índice delictivo y vulnerabilidad que genera la portación ilegal de armas prohibidas. Por lo que resulta necesario modificar, en primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, a efecto de agregarlo, como un supuesto más para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, y como consecuencia inmediata adecuar tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a que nuestro país se encuentra en transición del sistema mixto penal hacia el proceso penal de corte acusatorio y oral, por lo que ambos cuerpos normativos se encuentran vigentes y se aplican a nivel federal en distintas áreas geográficas de nuestro país y, en materia local, no existen Entidades Federativas con el anterior sistema y otras que ya están aplicando la oralidad.

Lo que pretende esta reforma es inhibir la portación ilegal de armas de fuego y explosivos, mediante una adecuación normativa con el objeto de que se convierte en delito grave, y su ubicación en la Norma Fundamental de nuestro país como un supuesto que actualice la prisión preventiva oficiosa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 19 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.

UNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 19.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares nos sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Suscriben

Sen.Zoé Robledo Aburto.- Sen. Armando Ríos Piter”.

1González Rodríguez, José de Jesús. Tráfico de Armas, entorno, propuestas legislativas y opinión pública. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. México, 2014. Pág.26.
2Boletín de prensa número 301/1423 de julio de 2014, visible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/español/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2014/julio/comunica3.pdf
3México 5to lugar en tráfico de armas. Visible en http://www.eluniversal.com.mx/nacionmexico/2014/armas-mexico-encinas-trafico-1050712.htm/.





 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por los Senadores Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del PRD)







 

PROPOSICIONES

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A DIFUNDIR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014-2018

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el respeto a los derechos de las personas con discapacidad es un tema que ha ido evolucionando satisfactoriamente; sin embargo, aún se les continúa negando integralmente, el acceso en condiciones de igualdad a derechos fundamentales, como lo es tener un desarrollo profesional óptimo a sus condiciones.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Bajo ese tenor, el Informe señala que es importante que las personas con discapacidad tengan acceso al ámbito laboral para elevar su calidad de vida y con ello sobresalir ante las situaciones de discriminación y pobreza.

Lo anterior, adquiere mayor relevancia, cuando el citado Informe menciona que las personas con discapacidad generalmente tienen las habilidades requeridas, una gran lealtad y una tasa de ausentismo muy baja, que ha propiciado que cada vez más empresas contraten a personas con discapacidad.

2.- Por parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece como uno de sus objetivos promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, señalando su artículo 27 que se debe reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, para lo cual se deberá salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando entre otras, las medidas siguientes:

a. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad;

b. Proteger los derechos de las personas con discapacidad;

c. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales;

d. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional;

e. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral;

f. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

g. Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes;

i. Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

j. Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; y

k. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional.

2.- En México, uno de los grandes compromisos pero también, uno de los grandes retos en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad se refiere está en el ámbito laboral.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, sin embargo, la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción.

En ese sentido, el Instituto  Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. Es decir, la gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja calificación [*].

Ante ese panorama, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad ha recomendado al Estado Mexicano lo siguiente:

Trabajo y empleo (Articulo 27)

(a) Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado;

(b) Establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso contra las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

(c) Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y personas indígenas con discapacidad;

(d) Establecer un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad en el sector público e implementar de medidas afirmativas similares en el sector privado; y

(e) Regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, asignando presupuestos adecuados para ellos tanto en el empleo público como en el privado. [*]

3.- Es preciso reconocer que el Estado Mexicano no ha sido omiso ante la situación en materia laboral que viven las personas con discapacidad; al contrario, se han diseñado mecanismos y estrategias que cada día se traducen e más personas con discapacidad incluidas en el ámbito laboral a todos los niveles.

Ejemplo de ello, lo tenemos con la entrega de parte de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), del Reconocimiento “Empresa Incluyente”, que distingue a las empresas y órganos de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno que se caracterizan, entre otras, a contratar a personas con discapacidad y diseñar entornos para que se desenvuelvan en igualdad de oportunidades.

Asimismo, la STPS promueve el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, a través, de la elaboración e instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.

Este Programa comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado.

Finalmente, es importante señalar que aunque estos esfuerzos son por demás importantes, es necesario que potenciemos sus alcances y como Estado diseñemos las estrategias que en suma se traduzcan en un mejor presente para las personas con discapacidad.

En ese sentido, es importante que las entidades federativas, a través de las instancias correspondientes, retomen las estrategias y mecanismos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018 y las apliquen a favor de la inclusión laboral.

Por lo anteriormente descrito, en el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral y como propuesta para seguir avanzando en este tema, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, en Pleno respeto del Pacto Federal, exhorta atentamente a las Entidades Federativas para que a través de las instancias correspondientes difundan e implementen el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de marzo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.

[*]Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.
[*] Observaciones finales sobre el Informe inicial de México, 2014





 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para modificar el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2014 que regula la importación de autos usados, así como las reglas de carácter general, para ajustar ambas disposiciones con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MODIFICAR EL DECRETO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 QUE REGULA LA IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS, ASI COMO LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, PARA AJUSTAR AMBAS DISPOSICIONES CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

“ERNESTO RUFFO APPEL, Senador de la República, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II; 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON MOCIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MODIFICAR EL DECRETO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULA LA IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS, ASÍ COMO LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN LA MATERIA, PARA AJUSTAR AMBAS DISPOSICIONES CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN), lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 31 de diciembre de 2014, se prorrogó la importación definitiva de autos usados mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que las disposiciones regulatorias en esta materia publicadas el 1ro de julio de 2011, permanecen vigentes para estos efectos.

Derivado de esta regulación, las autoridades hacendarias emitieron disposiciones complementarias como es la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, la última de ellas el 30 de enero de 2015” en el cual se define el pago de las contribuciones para la importación de autos usados.

Asimismo, se emitieron las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del 30 de agosto de 2013, con su última actualización del 4 de julio de 2014, en el cual se establecen las medidas que el SAT debe llevar a cabo en materia de comercio exterior, dentro del cual se establece un capítulo completo en materia de importación de vehículos tanto nuevos como usados.

Derivado de las disposiciones mencionadas, diversos organismos sociales a lo largo de la frontera norte han manifestado su inconformidad desde el año pasado hasta la fecha, principalmente respecto de tres asuntos:

1. Certificado de origen del vehículo usado, como requisito para importación definitiva.
2. Lista de precios estimados para definir el pago de contribuciones.
3. Reducción de horarios para la atención en las aduanas en el área de importación de autos.

Incluso, diversas organizaciones empresariales han expresado su desacuerdo mediante bloqueos en distintas aduanas alrededor del país, trayendo consigo que la industria del transporte de carga transfronterizo se vea afectada al no tener la posibilidad de cruzar la frontera en términos normales.

Recientemente, el 26 de enero de 2015, también se llevaron a cabo bloqueos en los estados de Tamaulipas (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo), Coahuila (Piedras Negras), Chihuahua (Ciudad Juárez), Sonora (San Luis Río Colorado) y en Baja California (Tijuana y Mexicali). [*] El periódico de circulación local en Baja California “El Mexicano”, publicó al día siguiente una declaración hecha por el Presidente de Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (INDEX),en la que aseguró que “un día sin actividad en la frontera para el transporte de carga significa pérdidas por 578 millones de dólares”; adicionando que “se manda un mal mensaje de incertidumbre jurídica, poniendo en riesgo futuras inversiones en el sector de la manufactura de la exportación”. [*]

Otra consecuencia negativa que ha ocasionado esta medida es que miles de empresas fronterizas estén declarándose en quiebra, ya que se les impide un eficaz comercio entre los estados fronterizos de Estados Unidos y México, según lo declarado por la Confederación de Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza, agregando que “cientos de empresas dependientes de la importación de decenas de productos, ahora no pueden hacerlo por las reglas unilaterales de las autoridades aduaneras y fiscales”. [*]Por lo que las dificultades para importar están afectando a diversos mercados, como el refaccionario, talleres mecánicos, grúas, entre otras.

Asimismo, los comerciantes de autos usados recurren a resguardo de vehículos a la espera de ser importados en corralones al lado estadounidense, que guardan cientos de vehículos por una tarifa de tres dólares al día por auto.

En lo que se refiere al certificado de origen del vehículo usado, como requisito para importación definitiva, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el primero de enero de 1994, y que prevé en los Anexos 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro, que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos.

Con base en tales disposiciones se afirmó que, si bien el TLCAN prevé la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los tres países parte, no menos cierto es que dichas disposiciones se encuentran sujetas a demostrar que los vehículos sean “originarios” de la región.

Lo que es cierto, es que dicho instrumento internacional dispone de una regulación más flexible y que resultan evidentemente contrarias a las disposiciones administrativas que el Ejecutivo Federal ha impuesto mediante el Decreto citado. Es decir, el Decreto vigente contiene mayores requisitos de difícil e incluso de casi imposible cumplimiento que van en contravención con lo dispuesto en el TLCAN.

Es así, que el único documento que permite acreditar tal característica es el “certificado de origen” que, para el caso de vehículos usados, es prácticamente imposible de obtener, puesto que al comercializar un vehículo, el documento que se utiliza para la transacción es la factura y, hasta antes de 2010, en dicho documento no se incluía ninguna información que permitiera saber el “origen del vehículo” o bien, su grado de contenido nacional del país en el que fue armado.

En este sentido, el artículo 501 del Capítulo V de este instrumento internacional señala que, en caso de que el exportador no sea el productor del bien, podrá llenar y firmar el certificado de origen basado en tres supuestos:

a) Su conocimiento respecto de si el bien califica como originario;

b) La confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como originario, o
c) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionando voluntariamente al exportador.

No obstante, el citado Decreto contempla en su artículo 3º, que para acreditar que un vehículo es originario de un Estado parte del TLCAN, es necesario que el propietario cuente con un certificado de origen del fabricante o con información fehaciente de que dicho vehículo cumple la regla de origen correspondiente, ambas firmadas por la compañía armadora del vehículo.

Es evidente que el Decreto no contempla uno de los supuestos que establece el TLCAN, que se refiere al conocimiento respecto de si el bien califica como originario, mismo que puede cubrirse por ejemplo, mediante el Número de Identificación Vehicular, compuesto por diversos dígitos que identifican al vehículo, como son el lugar de origen, el año de fabricación, marca, modelo, etc.

Lo anterior, debe entenderse que el Decreto publicado en el DOF (acto administrativo)va en contra tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues contraviene lo establecido en el artículo 133 constitucional y, por lo tanto, al TLCAN. Al establecer la expedición del certificado de origen como requisito principal, se exige de esta forma mayores supuestos que los previstos en el propio tratado, ordenamiento que por su naturaleza jurídica, implica formar parte de la Ley Suprema de la Federación, entendiéndose que el TLCAN se encuentra por encima de cualquier acto administrativo emanado del Presidente de la República o de cualquier órgano dependiente del Poder Ejecutivo Federal. [*]

En razón de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe ajustar las disposiciones establecidas en el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2014, así como el Servicio de Administración Tributaria debe adecuar las Reglas de Carácter General en materia de importación de autos, para que la regulación en la materia esté en armonía con lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por lo que se refiere a la lista de precios estimados para definir el pago de contribuciones, constituye una práctica proteccionista que en el comercio internacional se le denomina “precios oficiales” impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo mecanismos no transparentes.

La imposición de precios oficiales bajo mecanismos de opacidad y secrecía administrativa tienen como consecuencia que se atente contra la competitividad, pues los comerciantes o personas físicas residentes de la frontera norte del país, tienen que pagar cantidades excesivas de dinero, incluso tienen gastos superiores al valor del vehículo comprado debido a los precios señalados en la lista oficial, hecho que trae consigo que se reduzca el comercio en este mercado.

Para evitar lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe transparentar los mecanismos bajo los cuales se determina la lista de precios oficiales para los vehículos usados que se deseen importar y, además, debe convocar a los organismos comerciantes o empresariales para lograr de común acuerdo una lista de precios más consensada, transparente y competitiva.

Por lo que se refiere a la reducción de horarios para la atención en las aduanas en el área de importación de vehículos usados, a partir del mes de agosto de 2014, las autoridades hacendarias y aduaneras correspondientes limitaron el horario para realizar importaciones con el propósito de reducirlas e inhibir el comercio en este sector, dando lugar a que únicamente fuera permisible importar vehículos usados de las 9:00 am a las 11:45 am de lunes a viernes, otorgando para ello un cupo de 18 automóviles por día, cuando anteriormente resultaba factible importar entre 600 a 1300 vehículos diarios.

Ante estos hechos, diversos organismos de la sociedad civil de la región fronteriza han mostrado su inconformidad tras las restricciones impuestas por las autoridades federales, por ejemplo, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana(CAAAREM) ha hecho énfasis en la necesidad de ampliar los horarios, pues resulta vital para la competitividad de este sector que se agilicen los procesos de exportación de vehículos, de lo contrario este mercado podría irse a la quiebra. [*]

Es por estas razones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe coordinarse con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ampliación de los horarios de las oficinas correspondientes con el objetivo de hacer permisible el proceso de importación definitiva de autos usados y, asimismo, aumentar el cupo de vehículos por día, con el objetivo de generar mayor competitividad en la región.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, con moción de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria(SAT), realicen las acciones necesarias para modificar el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación que regula la importación definitiva de vehículos usados, así como las reglas de carácter general en la materia, para ajustar ambas disposiciones con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparente los mecanismos bajo los cuales se determina la lista de precios oficiales para los vehículos usados que se deseen importar y, en su caso, convoque a las organizaciones de comerciantes o empresariales para lograr de común acuerdo una lista de precios más consensada, transparente y competitiva.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), amplíe los horarios para hacer permisible el proceso de importación de autos usados, así como aumentar el cupo de vehículos diarios, con el objetivo de generar mayor competitividad en la región.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

[*] Bloquean aduanas en distintos puntos del país: http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1
[*] Millonarias, pérdidas por los bloqueos de la Garita: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/01/27/820400/millonarias-perdidas-por-los-bloqueos-de-la-garita
[*] SAT lleva a la quiebra a comerciantes fronterizos: http://www.unomasuno.com.mx/sat-lleva-a-la-quiebra-a-comerciantes-fronterizos/
[*] Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. […]
[*] Endurece SAT requisitos para importar autos: http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/04/endurece-sat-requisitos-importar-autos





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Agua a excluir de los ajustes y recortes al gasto público de 2015, las obras y proyectos de infraestructura hidráulica del Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de Chikungunya en Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ATENDER EL BROTE DE CHIKUNGUNYA EN CHIAPAS Y DESPLEGAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA PREVENCIÓN Y LA CORRECTA ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

“El suscrito, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 87, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El virus de la Chikungunya es un padecimiento transmitido por mosquitos involucrados en la transmisión del dengue -Aedes Aegypti y Aedes Albopictus- Se trata de un virus ARN del género alfa virus, familia Togaviridae y según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días posteriores a la picadura de dicho mosquito.

“Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que significa “doblarse” en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los severos dolores articulares provocados.

A mediados de noviembre del año pasado la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de chikungunya en Chiapas y en el país, y al mes siguiente se habían triplicado el número de las personas contagiadas por el virus de esta enfermedad. Sin duda los brotes masivos de chikungunya han rebasado la capacidad de las autoridades chiapanecas de Salud para atender la enfermedad.

En los hechos, no existe en el estado una estrategia para prevenir y atender la enfermedad provocada por el virus, de suerte que al día de hoy ha afectado a por los menos 5 mil 500 personas en la Costa de Chiapas.[*]

El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) ha confirmado 14 casos del virus luego de enviar 48 muestras de laboratorio para su diagnóstico, detallando que de los 14 casos, cinco se registran en el municipio de Suchiate, cinco en Arriaga, uno en Tapachula, otro en Metapa de Domínguez, uno más en Frontera Hidalgo y el último en Tonalá. Habitantes de las colonias San José El Edén, el Carmen Fonhapo, Laureles, Bonanza y Galaxias del municipio de Tapachula, entre otras, han lanzado un llamado de auxilio, sin que dicho llamado haya tenido efecto hasta el momento.

Lo cierto es que la Secretaría de Salud no ha tendido un cerco sanitario y no ha declarado la correspondiente zona en emergencia, medidas que consideramos urgentes e indispensables.

La enfermedad de chikungunya es una enfermedad aún más dolorosa que el dengue que prácticamente inhabilita a quien la padece y si bien es cierto que no es mortal, también es cierto que puede serlo cuando las personas infectadas padecen previos problemas de salud.

En suma: faltan campañas de fumigación, de suerte que sólo cinco vehículos fumigan los arbustos en zonas periféricas de Tapachula, sin que hasta el momento haya sido instrumentada una campaña de casa por casa.

Es preciso y urgente realizar una campaña de descacharrización y aplicar químicos para evitar la propagación del mosquito.

No hay apoyo ni orientación técnica o médica para atender con eficacia los casos de la enfermedad en Chiapas, en términos de su detección y confirmación.

Apoyo y orientación que permitan detectar y confirmar casos, atender adecuadamente a los pacientes y poner en práctica estrategias de comunicación social para reducir la presencia de los mosquitos vectores.

Por ello, pido a los miembros de esta Soberanía que suscriban el respetuoso y enérgico exhorto a la Secretaría de Salud para que atienda el brote de chikungunya en Chiapas y, asimismo, despliegue una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para que atienda el brote de Chikungunya en Chiapas y asimismo despliegue una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo del 2015.

Suscribe

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

[*]Castillejos Ambrocio José Luis. (2015). El Chinkungunya golpea a Chiapas. Febrero 2015, de La Silla Rota Sitio web: http://lasillarota.com/el-chinkungunya-golpea-a-chiapas#.VOyci3yG_xE





 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la forma de actuar de la Policía Federal en contra de los maestros y personal administrativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y del Sindicato Único de Servidores Públicos del estado de Guerrero, suscitada el 24 de febrero de 2015 en Acapulco de Juárez, Guerrero y exhorta al gobierno federal a esclarecer los hechos a fin de deslindar responsabilidades. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA LA FORMA DE ACTUAR POR PARTE DE LA POLICIA FEDERAL EN CONTRA DE LOS MAESTROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN GUERRERO Y DEL SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, SUSCITADA EL DÍA MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ESCLARECER LOS HECHOS A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La actuación de cuerpos policiacos es inherente a un Estado de derecho, en este sentido, cuando se despliega el uso de la fuerza pública se debe hacer con el único objetivo de garantizar la paz y la seguridad pública de toda la sociedad, ésta debe sujetarse a principios y normas para regular su actuación, de no ser así, se podría caer en un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública.

La sociedad mexicana en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, ha realizado a cabo diversos movimientos sociales, las asociaciones fueron un resorte hacia la transición de la democracia que existe en México, pues sencillamente, sin los movimientos y demandas sociales el país seguiría sumergido en la etapa de oscurantismo que se vivió en el siglo pasado.

Sin embargo, durante la presente Administración Federal las demandas y movimientos sociales has sido reprimidas por el uso desmedido de la fuerza pública, lo que denota que anteponen los cascos y toletes sobre el dialogo y la razón, muestra de ello son los hechos ocurridos el primero de diciembre de 2012, durante la toma de protesta del Ejecutivo Federal; también el desalojo de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo de la Ciudad de México el viernes 13 de septiembre de 2013; sin olvidar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, hechos que dejan en claro un constante Estado de barbarie en el país.

A estos lamentables sucesos ahora se les deben sumar uno más, el día martes 24 de febrero, día de la Bandera Nacional, Policías Federales se enfrentaron con maestros y personal administrativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg).

Lo que demandaban eran garantías en el pago sin retrasos de 94 mil profesores del sistema educativo de Guerrero y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo que era una marcha pactada con antelación desde el 11 de febrero, con el Subsecretario de Gobernación Federal, Luis Miranda, terminó en un enfrentamiento, desalojo, daños materiales, detenidos, lesionados y el lamentable fallecimiento del profesor Claudio Castillo Peña, de 65 años, como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico.

Los hechos ocurrieron a las 19:40 hrs., cuando los manifestantes que estaban en ambos carriles del bulevar de las naciones en la Zona Diamante en Acapulco Guerrero, a bordo de un camión Futura, intentaron, en una acción inesperada, romper el cerco que mantenían la Policía Federal, por lo cual, el cuerpo policiaco actuó con uso desmedido de la fuerza.

Estos hechos ponen de manifiesto que la Policía Federal no se rigió bajo la fracción III del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, que señala como una de sus facultades y atribuciones el de salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

Ante tal realidad, la Secretaría de Gobernación solamente reportó un saldo de 7 policías y un número preliminar de 5 manifestantes lesionados. Sin embargo, reportes extraoficiales señalan que existen 106 profesores detenidos.

Cada día son más evidentes las acciones de represión que el Estado aplica en contra de la sociedad, pues diversos han sido los mecanismos que ha utilizado para descalificar y exterminar la protesta civil, la cual, tiene el objetivo de demostrar su inconformidad ante los actos del estado que atropellan las libertades y derechos de la población establecidos en la Constitución Política Federal.

Parece que el Gobierno Federal no tiene memoria, tanto se condenó el caso contra el connacional Antonio Zambrano por su brutal asesinato a manos de policías de Estados Unidos, y las autoridades en México siguen actuando de manera autoritaria y represora en las protestas civiles.

La gente en Guerrero, así como de todo el país, está cansada de tanta violencia, injusticia e impunidad. El Estado debe garantizar la vida, la paz y la defensa común; condiciones que no se están presentando en nuestro país, pero paradójicamente, las instituciones encargadas de la salvaguardia de los ciudadanos están violando sus derechos humanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-. El Senado de la República condena el lamentable fallecimiento del profesor Claudio Castillo Peña y la forma de actuar por parte de la Policía Federal en contra de los maestros y personal administrativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y del Sindicato Unico de Servidores Públicos del estado de Guerrero, suscitado el día martes 24 de febrero de 2015 en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se exhorta a las Autoridades Federales a esclarecer los hechos a fin de deslindar responsabilidades.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diseñen e impartan un programa exhaustivo y preciso de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos así como del pleno dominio del uso proporcional de la fuerza pública.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila”.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Morón Orozco, Félix Arturo González Canto, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Ernesto Cordero Arroyo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita a José Mujica por su labor como Presidente de la República Oriental de Uruguay y se congratula por el inicio de gestión de Tabaré Vázquez. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA A JOSÉ MUJICA POR SU LABOR COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY Y SE CONGRATULA POR EL INICIO DE GESTIÓN DE TABARÉ VÁZQUEZ

“Los suscritos, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, RAUL MORON OROZCO, FELIX ARTURO GONZALEZ CANTO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA Y ERNESTO CORDERO ARROYO, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA A JOSÉ MUJICA POR SU LABOR COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, Y SE CONGRATULA POR EL INICIO DE GESTIÓN DE TABARÉ VÁZQUEZ, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. México y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas en 1831, y en 1901 ambos gobiernos nombraron Embajadores para formalizar la relación bilateral. A más de ciento ochenta esos vínculos se han fortalecido impulsando las relaciones económicas, prueba de ello fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay el 15 de julio de 2004.

Durante los difíciles momentos que enfrentó el pueblo uruguayo con la dictadura militar de 1973 a 1985, la Embajada de México en Uruguay realizó diversas gestiones a fin de que el Gobierno mexicano concediera el asilo político a diversos personajes que se encontraban en peligro de sufrir desapariciones forzadas.

Tras la reanudación de la democracia, la relación bilateral se fortaleció con la institucionalización de diversos mecanismos como la Comisión Binacional Permanente, que fue establecida el 9 de octubre de 1990, la cual impulsó una serie de tratados bilaterales en sectores de interés común.

Además, Uruguay representa para México un valioso interlocutor con el Mercado Común del Sur, ya que mantiene con ese país diversas coincidencias en materia de política internacional.

En el plano regional y multilateral, México y Uruguay comparten posiciones en materia de promoción de la democracia y los derechos humanos, combate al crimen organizado y al narcotráfico, defensa del medio ambiente y la promoción del desarme internacional.

2. El Presidente José Mujica tomó protesta el 1 de marzo de 2010, al resultar ganador de la segunda vuelta celebrada en 2009, con el 52.39 por ciento de los votos.

Durante su gobierno impulsó la inversión nacional y extranjera en el país, así como el programa “Juntos”, cuyo objetivo fue brindarles a familias de escasos recursos viviendas dignas, las cuales fueron cubiertas por la colaboración del 87 por ciento del salario mensual del Presidente Mujica. También, ha impulsó la construcción de la Universidad Tecnológica de Uruguay.

En materia de derechos humanos, el Presidente Mujica emitió un posicionamiento en 2012 en el que reconoció públicamente la responsabilidad del Estado uruguayo por las violaciones de derechos durante la dictadura militar.

Económicamente, las políticas de Mujica mantuvieron la estabilidad y el crecimiento económico, pues el Producto Interno Bruto aumentó de forma sostenida durante su administración, mientras que el salario real de los trabajadores mejoró 12.6 por ciento. El desempleo osciló entre 6 y 7 por ciento, representando un descenso en comparación a los datos de años anteriores.

José Mujica ha sido condecorado con la “Orden el Sol” de Perú en 2011, la “Orden Mexicana del Águila Azteca” y la “Orden Nacional al Mérito” de Perú en 2014.

3. El Presidente electo, Tabaré Ramón Vázquez Rosas, es un médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental de Uruguay e inició su carrera política en 1983 cuando ingresó al Partido Socialista.

Fue Presidente de Uruguay entre el 1° de marzo de 2005 y el 1° de marzo de 2010, ganando las elecciones de 2004 con el 50.45 por ciento de los votos.

Durante su primer mandato, Tabaré Vázquez aprobó la llamada “Ley Antitabaco” que prohibió por primera vez en América Latina, fumar en espacios públicos; además, impulsó el “Plan Ceibal”, un proyecto enfocado en la inclusión tecnológica y social en el que cada niño y maestro de escuelas públicas recibió una computadora portátil para mejorar sus estudios.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano, por su gestión como Presidente de la República Oriental de Uruguay, iniciada el 1° de marzo de 2010.

SEGUNDO.- El Senado de la República se congratula por el inicio de gestión del Sr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, como Presidente de la República Oriental de Uruguay, a partir del 1° de marzo del año 2015 al 1° de marzo de 2020.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Sen. Mariana Gómez Del Campo Gurza.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo”.





 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, dentro del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple cancelar o reducir los costos de la compra del avión presidencial, así como la remodelación de su hangar. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, DENTRO DEL AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2015, SE CONTEMPLE CANCELAR O BIEN REDUCIR LOS COSTOS DE LA COMPRA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL ASI COMO LA REMODELACIÓN DE SU HANGAR

“Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos, establece que le corresponde al Estado garantizar el desarrollo económico, fomente el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así, pues la crisis política actual y la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, se relacionan estrechamente con el manejo discrecional e irracional del dinero público.

Lo establecido en el precepto antes mencionado es una carta de buenos deseos, tan es así que en México más de la mitad de la población se encuentra en pobreza; por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define que “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, esto es, I) rezago educativo, II) acceso a servicios de salud, III) acceso a la seguridad social, IV) calidad y espacios de la vivienda, V) servicios básicos en la vivienda y VI) acceso a la alimentación; además, si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”, es decir, que su ingreso es menor al valor de la línea de bienestar.

De acuerdo con el Informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012” realizado por el CONEVAL, la población en pobreza aumentó de 52.8 millones de personas en 2010 a 53.3 millones en el año 2012.

Asimismo, este Informe destaca a la “población vulnerable”, es decir, quienes no están en situación de pobreza, pero sí están al límite de serlo, ya sea porque tienen una o más carencias sociales pero un ingreso mayor a la línea de bienestar (personas vulnerables por carencias sociales) o porque no tienen carencias sociales pero sí un ingreso inferior a la línea de bienestar (población vulnerable por ingreso).

El aumento de la población vulnerable fue de 0.5%, lo que representa que 1.4 millones de mexicanos más, respecto de 2010, están expuestos a vivir en pobreza, ya sea por no tener acceso a la educación, vivienda, salud, seguridad social, alimentación o servicios básicos de vivienda o, por tener ingresos bajos, lo que es igual a estar por debajo de la línea de bienestar, esto es, un ingreso igual o menor a $2,329 pesos en la ciudad o $1,490 pesos en el campo.

A pesar de los datos en cuestión y que son de conocimiento público, en el mismo año 2012, la Secretaria de la Defensa Nacional presentó el proyecto para adquisición de un avión presidencial.

Resulta realmente paradójico que en el mismo año que la CONEVAL revela la situación que atraviesa la sociedad mexicana en materia de pobreza, la Administración Federal decida adquirir un avión presidencial cuyo costo al 2015 es de 6 mil 547 millones de pesos, esto bajo el argumento de garantizar la máxima seguridad del titular del Poder Ejecutivo.

Es importante mencionar que en Latinoamérica, con el presupuesto en México destinado para la compra de esta aeronave podrían comprarse los aviones presidenciales de más de tres países: Venezuela gastó cerca de 845 millones de pesos para el mismo proyecto; Brasil, por su parte, invirtió 741 millones de pesos; Bolivia erogó 494 millones de pesos.

Aunado a lo anterior se le debe sumar la modernización del hangar presidencial, el cual, contará con espacio para seis helicópteros, un estacionamiento con capacidad de 520 cajones, ampliación de los hangares existentes, demolición y construcción de las áreas de almacenamiento, construcción de un alojamiento, ampliación del comedor y de las áreas de comisariatos y administración, reubicación de las áreas de adiestramiento y acondicionamiento físico, así como la rehabilitación de la infraestructura eléctrica, hidráulica y sanitaria, ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo, dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para dichas acciones se erogó un total de $61, 418,642.11, el contrato se dio por adjudicación directa a la empresa COCONAL.

Entonces, es presumible que para la compra del avión presidencial y de su hangar, no se tomó en cuenta lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Federal, en cuanto a una justa distribución del ingreso y la riqueza, ¿por qué se llevó a cabo la compra del avión presidencial y la remodelación hangar? Estas prácticas solo beneficiarán a una mínima población, es decir, a la élite del gobierno federal.

La Administración Federal no ha sido capaz de presentar una reforma hacendaria congruente, que satisfaga los enormes cambios originados por la globalización, así como las demandas sociales y económicas nacionales, en este sentido el panorama de las finanzas del país no es alentador, tan es así que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció el pasado mes de enero la necesidad de un ajuste presupuestal señalo que:

“El ajuste en gasto corriente, que asciende a 34 mil millones de pesos, se reducirá el gasto en servicios personales, gasto de operación, así como el programas de subsidios. En este sentido, se implementarán medidas de austeridad y disciplina presupuestaria destacando una reducción de 10 por ciento en el gasto en servicios personales para mandos medios y superiores, una disminución de 10 por ciento en plazas de carácter eventual y por honorarios y la reducción de 10 por ciento en el gasto destinado a comunicación social”.

El ajuste presupuestal consiste en recurrir a un recorte en el gasto público de este año, el cual será de 124 mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Por tal razón, es innegable que la situación actual del país no permite que el gobierno federal este realizando gastos superfluos que poco abonan a la austeridad republicana.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, dentro del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple cancelar o bien reducir los costos de la compra del avión presidencial así como la remodelación de su hangar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila”.

1 Glosario, Análisis y Medición de la Pobreza, [en línea], Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
2 Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012 {en línea] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
3“Nuevo avión presidencial equivale en precio a 5 estaciones de la L12” [en línea] Aristegui Noticias, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible enhttp://aristeguinoticias.com/1112/mexico/nuevo-avion-presidencial-equivale-en-precio-a-5-estaciones-de-la-l12/
4Portal de Obligaciones De Transparencias [en línea], IFAI, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible en http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=137-O11-OF02-3O&_idDependencia=09085
5 “Hacienda recorta 124 mil 300 mdp al gasto federal” [en línea], periódico El Financiero, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible enhttp://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-recorte-gasto-videgaray-precio-petroleo-volatilidad-2015.html





 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde de la Ciudad de Caracas, y respecto al encarcelamiento de Leopoldo López, en la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE ANTONIO LEDEZMA, ALCALDE DE LA CIUDAD DE CARACAS, Y RESPECTO AL ENCARCELAMIENTO DE LEOPOLDO LÓPEZ, EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

“Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE ANTONIO LEDEZMA, ALCALDE DE LA CIUDAD DE CARACAS, Y RESPECTO AL ENCARCELAMIENTO DE LEOPOLDO LÓPEZ, EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2014 se realizaron un total de 9 mil 286 protestas, equivalentes a 26 manifestaciones diarias en todo el país, de las cuales el 52 por ciento fueron en rechazo a la administración del Presidente Nicolás Maduro.

2. Existe una gran preocupación por parte de la comunidad internacional, por posibles violaciones de derechos fundamentales a los ciudadanos venezolanos, por parte de los elementos policiacos. La organización no gubernamental Amnistía Internacional considera que “la grave situación por la que atraviesa el país podrían haberse evitado si el gobierno hubiese priorizado la promoción y los derechos humanos; fortaleciendo las instituciones que sustentan el Estado de Derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población”.

Así mismo, la organización denunció y documentó casos de torturas, abusos, detenciones arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, durante las protestas en el Estado de Táchira el 12 febrero de 2014; instando desde entonces a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), para coadyuvar en la observancia de la justicia y respeto a los Derechos Humanos en el Estado venezolano.

De acuerdo con los datos capturados por Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las manifestaciones han dejado un saldo de al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas (de fuego y de goma) y 2.157 detenidos, de los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. Actualmente, son 41 personas las que continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de protestas violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB).

3. Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.

Una vez iniciado el proceso, la Fiscalía General acusó a López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, y retiró los cargos por terrorismo y homicidio.

El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia, a la que calificó “injusta… corrupta, que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes…”; tras una multitudinaria concentración se presentó a las autoridades afirmando “…si mi encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, y vale para que Venezuela despierte definitivamente, y que la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio podamos construirlo en paz y en democracia, bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plante, directamente, con cobardía, Nicolás Maduro…”

Leopoldo López cumplió un año privado de su libertad en una cárcel militar el 18 de febrero pasado, bajo condiciones de aislamiento y en plena violación de sus derechos políticos y del debido proceso. Su reciente traslado a una celda más pequeña (constatada la misma semana que se conmemoraron las marchas y detención de López del mes de febrero del pasado 2014), por orden de la consultora jurídica de la Defensoría del Pueblo, fundamentada en la supuesta incautación de un teléfono celular (prohibido en las prisiones), es una muestra de los abusos y violaciones cometidos en contra del líder opositor.

A pesar de que las audiencias son “públicas” en el país venezolano, no se ha permitido el acceso a los medios de comunicación ni tampoco la asistencia de figuras políticas de la oposición que apoyan a Leopoldo López.

En una entrevista exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en español, el pasado 8 de febrero desde la prisión de Ramo Verde (lugar donde se encuentra recluido Leopoldo López), el líder opositor habló sobre su encarcelamiento, la situación de Venezuela yel futuro político del país. Señaló que es "la primera vez que he tenido la oportunidad de conversar con un medio de comunicación directamente", y denunció las duras condiciones penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político pues se ha enfrentado a tortura, y situaciones inhumanas (López afirma que a varios presos les han lanzado excremento humano).

Además, hizo énfasis en que "Muy probablemente esta llamada pueda tener las mismas consecuencias. Castigos, aislamiento, como ha sido común desde que estoy preso desde hace un año" y argumentó "Soy un preso del régimen, de Maduro, del sistema", "Yo estoy secuestrado, el hecho de que el Presidente de la República haya planteado un canje (por un terrorista preso en Estados Unidos) pone en evidencia que soy un secuestrado político del Presidente Maduro".

Cabe señalar que en 2008, el gobierno venezolano decidió “inhabilitar” a Leopoldo López a fin de que no se postulara a la Alcaldía de Caracas. Después de llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se señaló al Estado venezolano por violación de los derechos políticos de Leopoldo López y de los millones de venezolanos inhabilitados para votar por su candidato de preferencia; finalmente, el 16 de septiembre de 2011, la Corte ordenó la restitución inmediata de sus derechos políticos, decisión que desacató abiertamente el Estado venezolano, quien posteriormente, decidió denunciar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior apunta a que el hostigamiento de las autoridades venezolanas a la oposición se ejerce de manera sistemática.

4. El pasado 20 de octubre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó su preocupación por la detención del dirigente opositor venezolano durante las protestas públicas que han tenido lugar en Venezuela, y pidió su liberación inmediata.

El Comisionado señaló: “…la prolongada y arbitraria detención de opositores políticos y manifestantes en Venezuela está causando cada vez más inquietud a nivel internacional; esta situación sólo exacerba la tensión en el país…”, y exhortó a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo a las opiniones del Grupo de Trabajo y a liberar inmediatamente a Leopoldo López y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente.

Por su parte, en septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, opinó que las detenciones de Leopoldo López, así como de Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, son arbitrarias.

El Canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, rechazó semanas después dicha resolución afirmando: “así como le dijimos al Departamento de Estado [de Estados Unidos] que no se inmiscuya en nuestro asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución. Todos los juicios que están en desarrollo en función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, tienen su curso en el marco de nuestras leyes”.

5. Respecto al seguimiento de la detención de Leopoldo López, desde del 20 de febrero del presente año, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 45 días para decidir acusar, sobreseer o archivar el caso de Leopoldo López. Sin embargo, el proceso judicial contra López ha sido retomado esta semana después de siete meses de juicio; los testigos de la Fiscalía son funcionarios públicos de la policía judicial o de la Fiscalía, por lo que, los órganos judiciales se convierten en “juez y parte” en este proceso. Pese a ello, ninguno de los funcionarios ha señalado a López como responsable de los hechos violentos del 12 de Febrero.

Aunado a lo anterior, la jueza que lleva el caso del político, Susana Barreiros, le ha negado a la defensa de López la presentación de pruebas y por ello puede ser declarado culpable y tendría que enfrentar una condena de 13 años y nueve meses de prisión.

Peticiones externas se han hecho presentes en un fallo del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el cual determinó el año pasado que no hay razón para mantener a López preso y que el Estado venezolano estaba violando sus derechos humanos, civiles y políticos.

6. El 26 de enero de 2015, los ex presidentes de México, Felipe Calderón; de Chile, Sebastián Piñera; y de Colombia, Andrés Pastrana; visitaron Venezuela en el marco de un foro sobre democracia organizado por la depuesta diputada María Corina Machado.

Antes de la visita, Nicolás Maduro lanzó una serie de advertencias y argumentos respecto a su oposición al apoyo por parte de estos tres mandatarios al político Leopoldo López, en las que señaló: “Si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado ustedes -señor Piñera, señor Calderón y señor Pastrana- quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas”; afirmó “nosotros les vamos a prestar todo el apoyo logístico, de seguridad. Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos tres ex presidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero, y en segundo lugar vienen a apoyar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido, contra el gobierno de Venezuela. Esa es la verdad que denuncio frente al mundo”.

Los ex presidentes intentaron visitar a Leopoldo López, pero fueron impedidos por las autoridades venezolanas negándoles el ingreso a la prisión militar; sin embargo, y en su lugar, se reunieron en Venezuela con Lilian Tintori, esposa del líder opositor, quien externó su agradecimiento ante el apoyo que representan.

El presidente Piñera declaró que “Desgraciadamente, a pesar de todas las gestiones que hicimos con el general Rall e incluso con el vicepresidente se nos ha negado la posibilidad de visitar a Leopoldo López", además, dijo que "los presos en los países democráticos tienen derecho a las visitas" e hizo alusión a que Leopoldo López “lleva casi un año preso y de acuerdo a las propias Naciones Unidas no hay ninguna justificación para esa privación de libertad", mientras que Pastrana afirmó que sin importar el delito "el mínimo acto de respeto a los derechos humanos es que los familiares y amigos puedan visitar a los presos en sus días de visita"; lamentando así las condiciones bajo las cuales se tiene a López en su estancia en la prisión venezolana y afirmando que como mandatarios "no hemos venido a fomentar ni a apoyar ningún golpe de estado".

7. El 19 de febrero de 2015, Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, fue detenido por un centenar de elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes detonaron sus armas para dispersar a las personas que intentaban impedir su detención.

Por la noche, el presidente Nicolás Maduro reveló que por orden de la Fiscalía General, el alcalde Ledezma fue acusado de ser participe en la llamada “Operación Jericó” que pretendía derrocar al gobierno venezolano; sin embargo, la Fiscalía imputó a Ledezma con una declaración de un militar retirado o jubilado obtenida bajo tortura.

8. El pasado viernes 20 de febrero, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresó su alarma por los hechos ocurridos en Venezuela, sin embargo ningún representante de los países miembros solicitó formalmente una reunión de Cancilleres para observar dicha situación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

SEGUNDA. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los Grupos Parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

TERCERA. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

“La autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

CUARTA. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

QUINTA. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia(artículo 14); que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

SEXTA. Que la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 3 establece entre los principios de esta organización regional, está la proclamación delos derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma y al injusto encarcelamiento de Leopoldo López, ambos políticos opositores, en la República Bolivariana de Venezuela, hechos que representan graves violaciones a los derechos civiles y políticos así como agravios a la democracia en la región.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, una visita de Jefes de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad promover el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, a impulsar una reunión de Cancilleres a fin de evaluar la situación en la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de marzo de 2015.

Sen. Mariana Gómez Del Campo Gurza.- Sen. Daniel Ávila Ruíz.- Sen. Francisco Búrquez Valenzuela.- Sen. Irma Zulema Cobián Chávez.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Víctor Hermosillo Y Celada.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Vianey Montes Colunga.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Laura A. Rojas Hernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez”.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a fomentar el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de ese estado, por parte de las fuerzas de seguridad pública. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a contemplar en su programa operativo anual para 2015, acciones y recursos pertinentes para el total saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala, Guerrero. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) PARA QUE SE CONTEMPLE EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2015, ACCIONES Y RECURSOS PERTINENTES PARA EL TOTAL SANEAMIENTO Y RESCATE DE LA LAGUNA DE TUXPAN, EN IGUALA, GUERRERO

“El suscrito, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de diciembre de 2012, presenté ante el Pleno de esta Soberanía, un punto de Acuerdo con dos objetivos:

Primero.- Un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que realicen un estudio exhaustivo de contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero.

Segundo.- Un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se contemplara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala Guerrero.

Mismo que fue aprobado y turnado según su caso.

CONSIDERACIONES

Tuxpan es un pueblo pequeño y atractivo de la Región Norte del estado de Guerrero en el municipio de Iguala. Ahí está el paisaje natural que hace algunos años era considerado un espectáculo para aquellos que lo visitaban: la laguna de Tuxpan, que tiene una superficie de alrededor de tres kilómetros cuadrados; cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, desgraciadamente deteriorados por el abuso de ellos.

La Laguna de Tuxpan es el único lugar considerado como zona turística del municipio de Iguala. Existen esfuerzos por lanzar a la zona como un proyecto ecoturístico, desafortunadamente, lo contaminado de la Laguna, no contribuye al desarrollo del mismo.

Desde hace algunos años, se ha tratado de mantenerla como la alternativa turística de Iguala, por la zona restaurantera y balnearios ahí ubicados; se han llevado a cabo eventos con el apoyo y organización entre pobladores y autoridades que buscan atraer al turismo, como son vuelos en parapente y papalotes.

No obstante que el Ayuntamiento no cuenta con recursos para actividades de rescate de la Laguna, ha buscado éstos para inyectarlos y convertirlo en el principal destino turístico.

Para contribuir de manera oportuna en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable y sostenible, el H. Ayuntamiento de Iguala, ha decidido participar dentro del programa nacional de micro cuencas.

Sin embargo, a consecuencia, entre otras cosas, del azolvamiento del arroyo de El Tomatal, la inconsciencia de pobladores y visitantes, y en su momento, el vertido del drenaje del penal de Iguala, han propiciado evidentes niveles de contaminación. Esto mismo está originando que varias especies de animales y vegetales estén en proceso de desaparición.

Ya la misma SEMARNAT y CONAFOR se han pronunciado y advertido la necesidad de hacer un frente común para rescatar la Laguna de Tuxpan y de esa forma resolver la problemática ambiental que existe en dicho manto acuífero. Es necesario hacerle frente a la problemática de la Laguna con la creación de fondos concurrentes en los tres órdenes de gobierno.

También la SEMAREN ha advertido la posibilidad de que la Laguna de Tuxpan desaparezca en un corto periodo de tiempo si no se realiza de manera urgente una reforestación en su entornó; calificando como grave la problemática de contaminación por la que atraviesa este atractivo natural. Si no se reforesta el contorno del lago, en pocos años, se va a azolvar e irá desapareciendo.

Asimismo, si no se detiene la contaminación por las aguas negras o residuales que van a dar directamente al espejo de agua, se volverá un peligroso foco de infección para los pobladores de la zona.

Sumado a lo anterior, los lamentables sucesos ocurridos en septiembre pasado, han traído entre otras consecuencias una merma importante de turistas a la zona, agudizando las necesidades de la población de la Laguna y limitado las posibilidades de desarrollo de la zona.

Sin embargo, con fecha 14 de enero del presente año, el Ing. Arturo Jesús Palma Carro, director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), giró un oficio a la compañera senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de este Senado de la República, para informar lo siguiente:

Que debido al Punto de Acuerdo presentado por el suscrito el 11 de diciembre de 2012 ante el Pleno del Senado, “la Cámara de Diputados destinó en el Presupuesto de Egresos 2013, una partida orientada a iniciar las acciones tendientes al saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan (…) de esta forma, mediante un Convenio de Coordinación suscrito con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados fue asignado al O.P.D. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero”, instancia que a su vez, suscribió con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para la formulación del Estudio para la identificación de las causas, niveles y grado de contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan y propuestas para el tratamiento de las aguas residuales descargadas en ella y sus afluentes.

Los resultados del diagnóstico ambiental, generaron un Plan Estratégico en el que se definen además de las acciones generales, 61 proyectos específicos que tienen un costo aproximado de 110.4 millones de pesos a precios del año 2014.

Estamos todavía a tiempo de atender el rescate de esta importante zona de Guerrero, por lo que son urgentes los recursos y las acciones para realizar los trabajos que se deban hacer a favor del medio ambiente y rescate de la zona.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se contemple en su Programa Operativo Anual del ejercicio 2015, las acciones y recursos pertinentes para el total saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.

Dado en la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad a realizar una inspección al municipio de Coatlán del Río, en el estado de Morelos con el objetivo de mantener el bienestar del municipio derivado de la apertura de un nuevo centro penitenciario femenil. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

"La que suscribe Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN, A LA BREVEDAD, UNA INSPECCIÓN AL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA APERTURA DE UN NUEVO CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco de la XXVI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 2 de junio de 2009, a la que asistieron gobernadores, funcionarios, alcaldes e invitados de la sociedad civil, se anunció la construcción de 12 penales federales con participación de la iniciativa privada.

Este tema es sumamente importante, sobre todo atendiendo la primicia del Estado para sostener la seguridad y la vigencia de los derechos ciudadanos, entre los que se encuentra la garantía del individuo que ha cometido un delito para ser reinsertado nuevamente en la sociedad.

El respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los principales desafíos que enfrenta México. Es un asunto complejo que requiere del diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, así como de la adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes que afectan gravemente derechos humanos fundamentales de la población reclusa.

Actualmente, México alberga en sus 419 centros penitenciarios una población penal de aproximadamente 242,000 personas, de las cuales el 95% son hombres y el 5% mujeres; de aquel total, el 79% son del fuero común y 21% del federal. Dado que la capacidad instalada es de 188,000 plazas, México tiene un nivel general de hacinamiento del 26%.

En este contexto, más del 40% de la población penitenciaria está constituido por presos sin condena, es decir, poco más de 100,000 personas; las cuales se encuentran en las mismas condiciones y expuestas por igual a los motines, las fugas, la violencia, el consumo de drogas y los homicidios.

El nuevo centro penitenciario femenil que se encuentra en construcción en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, albergará a aproximadamente a 3,000 internas, la apertura de este centro de readaptación social, originará la creación de nuevas fuentes de trabajo directas e indirectas. Para la correcta operación del centro y en paralelo un problema en el municipio, generara nuevas necesidades en él, nueva infraestructura en materia de transporte, la ampliación carriles en la carretera, en materia de seguridad la construcción de módulos de vigilancia en las entradas y salidas del municipio, nuevas aulas escolares, programas para fortalecer la zona agropecuaria del mismo. Debido a que las condiciones municipales serán insuficientes para cubrir las demandas en servicios, generando una problemática a las futuras administraciones, ya que pasará de tener 20,000 habitantes a 30,000 habitantes en cuestión de unos meses, debido a que existirá un flujo migratorio de 10,000 personas aproximadamente por la apertura de este nuevo centro penitenciario.

Por ello, es importante revisar las políticas penitenciarias de readaptación social y el presupuesto destinado en los diferentes programas de apoyo a las entidades federativas y municipios en los cuales se instalará los centros penitenciarios, como es el caso del Estado de Morelos.

Ante esta situación, resulta conveniente formular atento exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social se realice una pronta inspección y revisión de esta problemática que se generará en los próximos días con la apertura del centro femenil penitenciario.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen, a la brevedad, una inspección al municipio de Coatlán del Río en el Estado de Morelos con el objetivo de mantener el bienestar del municipio derivado de la apertura de un nuevo centro penitenciario femenil concesionado a un particular.

Dado en el Salón del Senado de la República, a los tres días de marzo del año dos mil quince.

Atentamente
Senadora Lisbeth Hernández Lecona".





 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse al “Día Nacional de la Familia”.

"La que suscribe SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 72, NUMERAL 1, FRACCIÓN XVI, 76 NUMERAL 1, FRACCIÓN XI Y 87 NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA REFERIRSE A LA EFEMÉRIDE DEL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA.

El pasado domingo 01 de marzo, se conmemoró el “Día Nacional de la Familia”, el cual se instauró por decreto presidencial, a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2006, para celebrarse el primer domingo de marzo de cada año, con el fin de fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad.

La conmemoración de este día surge, a solicitud de la sociedad civil con la finalidad de concientizar sobre la importancia del núcleo familiar e impulsar la capacidad de las instituciones de la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema.

Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU) la familia es el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones perpetúan este legado en el curso del tiempo.

La familia en nuestro país es considerada una institución de interés social, a través de la cual se fomentan las creencias, costumbres y valores para formar a las personas en la sociedad, un encuentro intergeneracional, donde el afecto rige la vida de los miembros de la familia y sirven de guía e inspiración para las acciones del ser humano.

Es de suma importancia destacar, que sin duda una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es el valor de la familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de los individuos.

Es propicio concientizar que ha razón de las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas, se ha hecho resaltar que la familia representa un valioso potencial para la disminución de los problemas sociales como la inseguridad, las enfermedades, la vivienda, las drogas o la marginalidad, la falta de valores y de principios. Es por ello que no debemos dejar en el olvido que la  familia es y sigue siendo la principal fuente en donde se deben de cultivar y practicar los valores.

En el marco de esta conmemoración, invitamos a la reflexión de la importancia que tiene el fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como promover la adopción de medidas adecuadas para evitar la desintegración de las familias, y de esta forma sumar esfuerzos con todos los sectores de la sociedad con el fin de contribuir a fortalecer la preservación de la familia.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona".





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, para referirse al “Día Mundial de la Naturaleza”.

Día Mundial de la Naturaleza

03 de Marzo

«Tomar en serio los delitos contra la vida silvestre significa obtener el apoyo de todos los sectores de la sociedad que intervienen en la elaboración y el consumo de productos derivados de la fauna y flora silvestres, muy utilizados como medicinas, alimentos, material de construcción, mobiliario, cosméticos, prendas de vestir y accesorios.»                                       

Secretario General Ban Ki-moon
Mensaje del Día Mundial de la Naturaleza

La ONU ha decidido proclamar el 3 de marzo como Día Mundial de la Naturaleza, con el fin de dar a conocer la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de concienciar acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La Tierra se diferencia del resto de planetas por su extraordinaria diversidad de seres vivos. Esta biodiversidad es la que hace posible que podamos satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades cotidianas y que podamos sobrevivir.

El Planeta alberga millones de insectos, pájaros, mamíferos y peces. Y sin embargo, los ecologistas han dado la señal de alarma. Las últimas previsiones son inquietantes, más de 7.000 especies animales están en peligro de extinción, y todas ellas tienen un denominador común, su desaparición está relacionada directamente o indirectamente por el hombre.

Desde sus orígenes, el hombre siempre ha intentado conocer la Naturaleza, ya que de ello dependía su supervivencia, pero no siempre ha sabido medir las consecuencias de sus actos. La supervivencia de muchos animales es cada vez más preocupante. No contento de exterminar a los animales mediante su caza y comercio y excluirlos de su entorno natural, es capaz de poner en peligro a toda una especie reduciendo su hábitat poco a poco, ya sea aumentando la extensión de tierra cultivable, construyendo infraestructuras talando hectáreas de bosque o utilizando pesticidas que amenazan la flora y la fauna.

Además la caza ilegal o furtiva, la introducción de especies exóticas y otras actuaciones han provocado la extinción de un buen número de especies. Si a todo esto sumamos los efectos del Cambio Climático que está amenazando a numerosas especies desestabilizando sus ecosistemas ya estresados.

Pero el hombre está provocando que el equilibrio que existe entre las especies se vea gravemente amenazado. Por eso debemos reflexionar en este día y durante el resto del año, en cambiar nuestros hábitos diarios, cuidando nuestros recursos naturales, de esta manera estaremos reduciendo nuestro impacto ambiental y protegiendo la vida del resto de especies.

Atentamente,

Martes 03 de Marzo de 2015
H. Cámara de Senadores
Senador Francisco Salvador López Brito".





 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Hilda Esthela Flores Escalera y Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse al “Día de las Enfermedades Raras”.

"DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS

El 28 de febrero pasado se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Es importante recordar esta fecha por múltiples razones.

Algunos de los problemas que diariamente enfrentan tanto los pacientes con enfermedades raras como sus familias son la falta de información, la ausencia de mecanismos de financiamiento, la falta de tratamientos adecuados, así como la dificultad de encontrar por sí mismos respuesta a un problema del que se desconocen sus causas.

Las enfermedades raras o huérfanas son aquellas que conllevan un alto grado de peligro de muerte, o en algunos casos de invalidez crónica, cuya característica principal es que poseen una baja prevalencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta prevalencia afecta de 650 a 1,000 personas por cada 10 mil habitantes.

El Día de las Enfermedades Raras fue lanzado y está coordinado por la Organización Europea de Enfermedades Raras - EURORDIS, una federación que representa a más de 400 organizaciones de pacientes en 42 países. La campaña implica a las alianzas nacionales de enfermedades raras y a grupos de pacientes en 40 países, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China y Taiwán, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud estima que tan sólo en Europa se han diagnosticado entre 5 mil y 8 mil enfermedades raras que afectan entre 27 y 36 millones de personas en el viejo continente.

Un estudio en España sobre las necesidades socio-sanitarias de las personas con enfermedades raras, muestra que los encuestados afectados están insatisfechos con el plano económico, en el laboral, en la atención a la enfermedad y en el acceso a los recursos.1 “Además de este nivel de ingresos limitado por los costes de oportunidad, tanto de los afectados como de sus familiares, las personas con enfermedades raras y sus familias asumen gastos extraordinarios relacionados exclusivamente con la atención a la enfermedad y que no están siempre subvencionados por las administraciones públicas.”2

En España, de los ingresos anuales, en promedio una familia con un miembro con enfermedad rara destina casi el 20% de su presupuesto a su atención, y en algunos casos llega hasta el 40%. De ese monto, una mitad de los recursos se destinan a medicinas y a la atención médica.

Las Organización Mexicana de Enfermedades Raras (OMER) calcula que un paciente recorre al menos el consultorio de más de 7 especialistas antes de encontrar un posible diagnóstico.

En México no hay un registro de pacientes, las estadísticas de la OMS y la Organización Europea de las Enfermedades Raras calculan de 7  a 9 millones de mexicanos con este tipo de padecimientos, lo que representa el 6.2% de la población y de las cuales el 80% carecen de diagnóstico.

El sistema de salud mexicano dispone de un cuadro de medicamentos huérfanos para tratar sólo 500 enfermedades de los cerca de 7,000 padecimientos detectados. En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno del 2014, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reportó que ese año el número de derechohabientes atendidos y diagnosticados con alguna de las enfermedades raras fue de 41 pacientes.

En México hay un déficit de profesionales de la salud especializados en enfermedades raras, capaces de realizar evaluaciones, diagnósticos y tratamientos de manera integral en el sistema de salud. En 2014 se calculaba que en todo el país no habría más de 300 especialistas, a esto se suma que solamente se cuenta con un Centro de Diagnóstico de Referencia.

La literatura científica señala que la mayoría de las enfermedades raras tiene un origen genético. Por ello, es fundamental prevenir.

En materia de prevención y detección a tiempo de distintas enfermedades, en 2013 se reformó el Articulo 61 de la Ley General de Salud para incluir la prueba de tamiz ampliado, tamiz auditivo al prematuro y tamiz oftalmológico neonatal. Al respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2 se ha estado actualizando en los últimos años para incluir las mencionadas pruebas.

Como señalamos, Europa ha avanzado un poco más para entender las enfermedades raras y darles atención, aunque los esfuerzos siguen siendo insuficientes, como reporta la Organización Mundial de la Salud. Por ello, en México, tenemos que hacer conciencia y hacer visible esta condición.

Algunos esfuerzos significativos de algunas organizaciones se están haciendo para informar, difundir y educar, cuya primera tarea es sensibilizarnos ante una enfermedad que se puede presentar de forma especial, inédita, fuera de lo ordinario. Niñas y niños sufren más cuando tienen una enfermedad rara, pues son el sector de la población más vulnerable.

Como ejemplo, la alopecia areata se considera una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico, (el encargado de proteger el cuerpo de invasores extraños tales como virus y bacterias), ataca por error a los folículos pilosos, por lo cual el paciente pierde su pelo. Puede presentarse en parches (pequeñas áreas de la cabeza sin cabello), de forma total (en toda la cabeza) o universal (en todo el cuerpo).

Esta enfermedad tiene una baja incidencia en la población, concretamente los datos arrojan que afecta a 5 personas de cada 10,000 habitantes, aunque hay estudios que señalan que afecta a cerca del 1% de la población, con una ligera predominancia en las mujeres. Las características, como sucede con las enfermedades raras, es que no hay un adecuado diagnóstico y seguimiento, se generan problemas de carácter psicológico para los pacientes y de adaptación social, además que la investigación científica es parca y los tratamientos médicos no son efectivos.

Las investigaciones para conocer mejor la alopecia areata continúan. Los científicos buscan alcanzar un mejor conocimiento de la enfermedad, analizando y trabajando en el campo de la genética, de los folículos pilosos, del sistema inmunitario, de células madre de la piel, entre otros.

Cabe recordar que las investigaciones sobre enfermedades raras han hecho importantes contribuciones a la investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades más frecuentes.

Ciudadanas y ciudadanos mexicanos valientes se han venido organizando en redes de organizaciones civiles, involucradas en el tema de las enfermedades de baja prevalencia en todo el país, realizando actividades en pro de su sensibilización y difusión.

A nosotros, teniendo una alta responsabilidad, como representantes populares, nos corresponde ser la voz de las personas con enfermedades raras y sus familias, a fin de que protejamos, promovamos y garanticemos sus derechos humanos, principalmente los relativos a la información, a la salud, la accesibilidad, a la educación, a la no discriminación, tanto de las personas que padecen enfermedades raras en México, como de sus familias y, en general, de todos los habitantes en el país.

Desde esta tribuna hacemos un exhorto a las autoridades de salud, de educación y hacendarias para que articulemos una política pública que integre la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras en sus programas, dándoles atención y seguimiento permanente, con especial énfasis en la población infantil. También exhortamos a la Secretaría de Salud y a las demás autoridades para revisar continuamente la Norma NOM-034-SSA2 para que se puedan ir incluyendo la detección de las distintas enfermedades y defectos prevenibles y/o susceptibles de diagnóstico temprano en los recién nacidos, así como las medidas de prevención y control.

Proponemos también que el financiamiento público establezca partidas de gasto suficientes para la detección, el diagnóstico, la atención, el tratamiento y la cura de las enfermedades raras, así como para su investigación, que se ejerzan por todos las unidades del sector salud en México. Las personas con enfermedades raras y sus familias no tienen obligación moral ni legal de soportar los costos extraordinarios en que incurren en virtud de su condición.

Tenemos que trabajar en el autoconocimiento y la autoestima, en la difusión social y en la solidaridad grupal, a favor de la inclusión, el trato digno y el respeto de todos por igual, con independencia de las condiciones de salud, a fin de que la única condición que nos diferencie sean las elecciones que hacemos en nuestros ámbitos de libertad a fin de alcanzar el máximo grado de felicidad.

Atentamente,

Martes 3 de marzo de 2015

H. Cámara de Senadores

Senadora Hilda Flores Escalera

Senador Mario Delgado Carrillo

Senadora Mariana Gómez Del Campo

1 Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España. Estudio ENSERio. FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras. http://www.creenfermedadesraras.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/enserio.pdf
2 Ibídem, p. 107 y ss.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al “Día Nacional de la Familia”.

"EFÉMERIDE DEL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA

La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; de ahí que en 2006 se decretó en México el primer domingo de marzo de cada año como Día Nacional de la Familia, en el cual se establece que las dependencias deben desarrollar actividades para promover el fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia.

Familia no significa agrupación de personas, sino una unión complementaria, rica en vínculos afectivos de tipo conyugal, fraternal, parental, que no puede ser equiparada ni sustituida por ninguna instancia. Es ante todo un proyecto relacional. La intimidad de la persona, dentro de la familia se vive y se expresa de manera cotidiana, se presenta como un sitio de comunicación en el tiempo, entre seres humanos, con generaciones pasadas, presentes y futuras; diálogo basado relacionalmente en dos sentidos: de modo sincrónico (con nuestra generación) y de modo diacrónico (con otras generaciones).

Es indispensable fortalecer las acciones institucionales a favor de la familia, a favor de la sociedad ello requiere del compromiso de los tres órdenes de gobierno para la creación y ejecución de políticas públicas, es momento de poner en el centro de la discusión a la “Familia” no solo como institución sino como baluarte para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

Nuestro país, ha transitado de la atención al “desamparado” a una “visión meramente asistencialista”, necesitamos privilegiar el empoderamiento de las personas en situación en condiciones de vulnerabilidad, a facilitarles y acompañarlos en su reincorporación al desarrollo humano. Para ello se requiere articular estrategias orientadas a reducir y aminorar los factores que le afectan, de forma que sea capaz, por sí mismo, de reintegrase de forma armoniosa a su entorno familiar y social. La familia, debe ser entendida como el destinatario en quien debe recaer el esfuerzo y los motores del desarrollo social para que este proceso de crecimiento y mejora, redunde de forma paralela en un beneficio para cada una de las personas que la integran y su comunidad.

Este día a favor de la familia, debe festejarse todos los días, se debe de transitar de una perspectiva individualista a una familiar se busque así, su reincorporación como núcleo, como base de la sociedad. La familia es algo más que la suma de sus componentes: es un organismo con derechos y deberes propios, que nos permitirá transitar a una mejor sociedad, a una mejor nación."





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, que tendrá verificativo el próximo jueves 5 de marzo, a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:33 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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