Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 29

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Noviembre de 2014

SUMARIO                                              


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COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar la aplicación de las medidas y acciones derivadas de las diversas resoluciones adoptadas en el marco de la Convención relativa a las Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Plan Estratégico de Ramsar para 2009-2015, con objeto de evitar la degradación y conservar los humedales del sitio Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; y recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa evaluar la conveniencia de incorporar a los manglares adyacentes a los esteros “El Panal”, “La Herradura”, La Chata” y “El Zacate”, así como los manglares cercanos al puerto de Topolobampo dentro del Programa de Restauración de Manglar 2014-2015.





















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (12:05 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 96 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del jueves 27 de noviembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con diecisiete minutos del martes veinticinco de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, oficio por el que solicita al Presidente de la Mesa Directiva emita un exhorto a las autoridades del estado de Tlaxcala con relación a los hechos ocurridos en torno a la seguridad de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.- Se remitió comunicación al Gobernador del estado de Tlaxcala.

 

Se recibió de los Senadores Héctor Larios Córdova y Javier Lozano Alarcón, el Informe de su participación en la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la siguiente documentación: 1) Su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, 2) Su Programa de Actividades para el Tercer Año de la LXII Legislatura y, 3) El Informe de la gira de trabajo por Colombia y Costa Rica.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, oficio por el que solicita el retiro de su voto a favor de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, que ratificaron diversos grados militares, aprobados el 19 de noviembre del año en curso.- La comunicación se publicó anexa al resultado de la votación de los dictámenes en el sitio electrónico del Senado de la República.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de octubre de dos mil trece.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el doce de abril de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Diputado Jorge Herrera Delgado, del estado de Durango.

 

Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2014, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, informó del turno directo, el pasado lunes 24 de noviembre, de las siguientes iniciativas:

De los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

De los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

De los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos

 

Los grupos parlamentarios, por acuerdo de la Mesa Directiva, hicieron uso de la palabra, en ocasión del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.- Intervinieron las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; Lucero Saldaña Pérez del PRI; y Ma. del Rocio Pineda Gochi del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 98 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rendición de cuentas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 119 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Martha Palafox Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, Adolfo Romero Lainas, María Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza Davis, Luz María Beristáin Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique Mayans Canabal, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Salvador López Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar Cisneros, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Raúl Morón Orozco, Héctor Larios Córdova y Angel Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo Médico; y se reforman y adicionan la Ley General de Turismo y la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción x al artículo 19 y una fracción xii al artículo 43, ambos de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación; se reforma la fracción iii del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social; se reforma el artículo 323bis y se adiciona un párrafo y dos incisos al artículo 323ter del Código Civil Federal y se reforma y adiciona un párrafo al artículo 343 ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 90 y se adiciona un artículo 90 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores de diversos grupos parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de publicitación de la información relativa a la situación patrimonial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo del hogar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Mendoza Davis,del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el primero de noviembre de dos mil trece en la Ciudad de México.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, párrafo primero; 45, párrafo segundo y 84 de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican plazos y términos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con hechos de corrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican plazos y términos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se amplía el plazo para que las comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación presenten ante este órgano de gobierno el listado de los candidatos que a su juicio cumplen, de mejor manera, con el perfil y con los requisitos para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se crea un grupo de trabajo encargado de elaborar un reglamento de transparencia y acceso a la información de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para el establecimiento de obras de escultura con las imágenes del Senador Belisario Domínguez, la Maestra Elvia Carrillo Puerto y Don Gilberto Bosques Saldívar.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para regular el uso de los espacios de los inmuebles del Senado de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo referente a la propiedad de la familia presidencial ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que propone a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial investigadora de la posible configuración de actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, derivado de los hechos de la adquisición del inmueble conocido como la “Casa Blanca”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 23 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca Alcalá Ruíz Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a acelerar el proceso de análisis y consulta del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, con el objeto de que pueda ser remitido al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación.- La Mesa Directiva informó que este asunto tiene un antecedente en el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 11 de junio de 2014 y debido a que existe ya una petición formal, este punto de acuerdo se atenderá con una nueva comunicación al Ejecutivo Federal en la que se reitere la petición hecha por la Comisión Permanente.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la modificación de la actual estrategia de seguridad pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobierno del Distrito Federal informe sobre las razones por las que se llevó a cabo una investigación ministerial en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México; las causas y sustento legal que justifican que un elemento de la policía de investigación ingrese armado a una institución educativa; así como cada uno de los acontecimientos ocurridos el 15 de noviembre de 2014, respecto del actuar de los elementos de seguridad pública del Distrito Federal en la UNAM.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados; así como las medidas de seguridad que se aplican para aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los centros penitenciarios de jurisdicción federal y estatal.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas implementadas para prevenir y combatir la fiebre Chikungunya.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a reactivar la economía en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guerrero a otorgar los apoyos necesarios para que la Universidad de los Pueblos del Sur goce del reconocimiento de validez oficial de estudios y de un presupuesto propio en el 2015.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría integral y remitir un informe del destino, montos e irregularidades identificadas en la ejecución de los recursos destinados a la construcción del Parque Bicentenario en la Delegación Miguel Hidalgo y el Bioparque en San Antonio de la demarcación Alvaro Obregón.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría General del Distrito Federal a dar a conocer los recursos asignados a la actual administración de la delegación Miguel Hidalgo; asimismo, exhorta al jefe delegacional a presentar un informe de los montos, destino y ejercicio de los recursos destinados al ramo de iluminación, así como las causas por las que no cuenta con la suficiencia presupuestal para liquidar los adeudos en materia de luminarias y suministros eléctricos, lo cual ha derivado en el embargo de las cuentas bancarias de las demarcación.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado se congratula por las acciones ejecutivas en materia migratoria, emprendidas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza informe sobre la desaparición de los documentos de la deuda y las acciones legales que emprendió en 2012 para castigar a los responsables.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República celebra y felicita al Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama, por la acción ejecutiva anunciada el 20 de noviembre del presente año y que ampara de la deportación a casi 5 millones de personas inmigrantes indocumentadas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

(Pronunciamiento)

La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió pronunciamiento respecto de las medidas anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el 20 de noviembre de 2014, en torno al tema migratorio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Efemérides)

La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 22 de noviembre, “Día Internacional del Músico”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en ocasión del centenario del natalicio de José Maximiliano Sánchez Revueltas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el próximo jueves veintisiete de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta en mención. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una del Senador Mario Delgado Carrillo, con la que remite el informe de sus actividades durante su participación en el Debate General del Examen de Alto Nivel del 57º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrado en Viena, Austria, del 13 al 22 de marzo del año en curso.







 

Y una de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su programa de trabajo del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



 

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Este Acuerdo requiere la sanción de la Asamblea para que la convocatoria tenga plena validez. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que remitió la Comisión de Derechos Humanos y que está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos relativo al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo relativo al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Publíquese la convocatoria en la página electrónica del Senado a partir de esta fecha y hasta el 11 de diciembre de este año y en dos diarios de circulación nacional, los días 28 y 29 del mes actual.





 

Compañeras y compañeros Senadores: El siguiente asunto del Orden del Día, es la designación de la Senadora Angélica de la Peña Gómez como representante del Senado ante el consejo de premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014.

Este asunto se encuentra inscrito en el Orden del Día, en el apartado de comunicaciones y está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo referido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se designa a la Senadora Angélica de la Peña Gómez como representante del Senado de la República ante el consejo de premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el tercer informe trimestral de Petróleos Mexicanos 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Remítase dicha información a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió el Convenio de Cooperación en los Campos de Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte, entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de julio de 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones  Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: De la Secretaría de Gobernación, se recibió el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: De la Secretaría de Gobernación, se recibió el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de  Fomento Económico.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina Sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos aduaneros, hecho en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el 7 de abril de 2014 y en la ciudad de México, el 14 de mayo de 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras Sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.





 

COMUNICACION

Honorable Asamblea: El día de ayer recibimos un oficio suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el Secretario de Gobernación y por el Procurador General de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 16 de marzo de 2015, en los estados de Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo a lo que establece el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordenamiento entrará en vigor, a nivel federal, gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que emita el Congreso de la Unión.

En consecuencia, les solicito ponerse de pie, para formalizar la declaratoria.

(Todos de pie)





 

DECLARATORIA

En cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Senadores, como integrante del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 16 de marzo del año 2015, en los estados de Yucatán y Zacatecas”.



Remítase a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Pueden tomar asiento.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Recibimos de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación dos resoluciones relativas a nombramientos de magistrados electorales locales electos por el Senado, una de las cuales se refiere a la resolución dictada en el expediente SUP-JDC-2642/2014, por la que revoca el Acuerdo de designación de Paulino Jaimes Bernardino como Magistrado del Organo Jurisdiccional Local en el Estado de Guerrero; y otra resolución dictada en los expedientes acumulados SUP-JDC-2624/2014, y SUP-JDC-2638/2014 que revoca la designación de José Ricardo Bonilla Fimbres como Magistrado del Organo Jurisdiccional Local en el Estado de Sonora.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese la documentación anteriormente descrita a la Junta de Coordinación Política para los efectos correspondientes. Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del inicio de procedimiento dictado en cumplimiento a las dos resoluciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibieron también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las siguientes resoluciones:

Una dictada en los expedientes acumulados SUP-JDC-2592/2014; y SUP-JDC-2605/2014 en relación con la designación de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, a fin de que se emita un nuevo acuerdo en el que se pronuncie de manera fundada y motivada por las razones por las que los ciudadanos Alejandro Sánchez García y Verónica Román Distrain no resultaron electos; y otra dictada en los expedientes acumulados SUP-JDC-2611/2014 y SUP-JDC-2612/2014 en relación con la designación de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de San Luís Potosí, a fin de que se emite un nuevo acuerdo en el que se pronuncie de manera fundada y motivada por las razones para justificare por qué los ciudadanos Bulmaro Corral Rodríguez, y José Abelardo Herrera Tobías, no resultaron electos como Magistrados del Organo Jurisdiccional Local en el Estado de San Luís Potosí.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese la documentación referida a la Junta de Coordinación Política para los efectos correspondientes. Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del inicio del procedimiento dictado en cumplimiento a las dos resoluciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Esta Presidencia, a nombre del Senado de la República, saluda a las y los estudiantes de diversas universidades del estado de Aguascalientes, invitadas por el Senador Fernando Herrera.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Esta Presidencia saluda de manera especial la presencia del licenciado Antonio Tenorio Muñoz Cota, Director General de Radio Educación; así como a la Directora de Producción, doña Hilda Sarahí Gómez González; a Jazmín Aquino y a Carlos López Carmona, Subdirector de Evaluación y Planeación. Todos ellos nos distinguen con su presencia.

La radio llegó a México cuando se instrumentaba una de las más importantes políticas de educación pública encabezadas por José Vasconcelos, bajo el mandato del Presidente Alvaro Obregón de llevar la educación y la cultura a todos los rincones de un México predominantemente rural.

Vasconcelos construyó misiones alfabetizadoras, impulsó la edición de libros, y promovió el uso de los medios de comunicación para estos fines. Así nació Radio Educación, creada el 30 de noviembre de 1924, con el propósito de aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país. Es la primera radiodifusora educativa y cultural de México.

Inició transmisiones con un control remoto desde el desaparecido Estado Nacional en la ceremonia de toma de posesión del Presidente de la Republica, Plutarco Elías Calles, bajo las siglas C y E, Cultura y Educación.

Cuatro años después transmitió la ceremonia de fundación del Partido Nacional Revolucionario, dio a conocer la primicia periodística del asesinato del presidente reelecto Alvaro Obregón y transmitió el juicio que se le siguió por este acto a José León Toral.

Radio Educación ha sido testigo y protagonista de la historia de nuestro país; ha sido la voz de carácter plural y educativo que se fundamenta en los valores de diversidad cultural, inclusión, convivencia democrática, libertad de expresión, responsabilidad y ética informativa para un mundo abierto.

Se ha consolidado como un centro de producción cultural que consolida un sistema de medios públicos al servicio de la ciudadanía que promueve y estimula la creatividad de las y los profesionales de la radio.

Desde Radio Educación se resaltan los valores de diversidad, participación e inclusión, independencia editorial, compromiso, integridad y calidad profesional, honestidad intelectual y responsabilidad ética con sentido de servicio público, convivencia democrática, confianza, respeto, transparencia, equidad y rendición de cuentas.

Su fonoteca contiene uno de los acervos de audio más ricos de México, albergando más de 140 mil materiales fonográficos, fruto de más de 40 años de transmisión ininterrumpida.

Durante los últimos años gran parte de estos materiales han alimentado las transmisiones de radiodifusoras universitarias y de los sistemas de radio y televisión de varios estados del país.

Ofrece una amplia gama de manifestaciones musicales que van desde la música clásica hasta la música de diversas tradiciones culturales del mundo, pasando por la música popular mexicana, el rock, el jazz y la música afroantillana, programas con perfiles educativos, culturales, artísticos e informativos.

El Senado de la República, por tanto, reconoce de manera especial a esa importante radiodifusora educativa y cultural y se suma a las felicitaciones que este importante órgano de difusión recibe por el cumplimiento de sus 90 años de trabajo ininterrumpido.

¡Muchísimas felicidades!





 

En el apartado de iniciativas, se concede la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Civil Federal, en materia de declaración de ausencia por desaparición.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO IV BIS INTEGRADO POR LOS ARTICULOS 704 BIS, 704 BIS 1, 704 BIS 2, 704 BIS 3, 704 BIS 4 Y 704 BIS 5 AL TITULO UNDECIMO DEL LIBRO PRIMERO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE DECLARACION DE AUSENCIA POR DESAPARICION

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

En los años recientes hemos llevado a cabo una intensa labor legislativa para dotarnos de normas que hagan posible el ejercicio efectivo y la tutela de los derechos de toda la población.

En materia de secuestro, legislamos para crear una ley general para sancionar este delito y se modificó el Código Penal Federal para incluir el tipo penal en materia de desaparición de personas. No obstante, aún quedan algunas tareas pendientes, particularmente por lo que se refiere a la protección plena de los derechos que asisten a las víctimas directas y a las víctimas indirectas, que son los familiares.

Estas conductas no solamente afectan a la víctima, también afectan porque se niega toda posibilidad de ejercer cualquier derecho y se sobrevictimiza a los familiares que sufren no sólo los efectos psicológicos de la ausencia, sino el grave impacto en su entorno económico y social con motivo de la desaparición de una persona.

En los supuestos anteriormente descritos, aún cuando se tiene la plena certeza de las causas de la desaparición de personas, la ley vigente remite a los familiares de las víctimas a la regla general para establecer, precisamente en el ámbito del procedimiento civil, la figura de la declaración de ausencia y, posteriormente, la figura de presunción de  muerte.

Para que esto ocurra, los familiares tienen que hacer un procedimiento, contratación de abogados, tienen que llevar a cabo ante tribunales civiles una serie de cumplimiento de requisitos y, por supuesto, estas declaraciones de ausencia y la de presunción de muerte, que pueden tardar más de ocho años.

En la modalidad de secuestro con desaparición, así como la desaparición forzada, sus efectos negativos se prolongan en el tiempo debido a que la incertidumbre continúa afectando a los deudos por un periodo de tiempo, efectivamente, muy prolongado.

La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de los bienes del ausente, sino que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros tantos derechos que permitan garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios necesarios para un adecuado desarrollo social de todas estas familias, que muchas veces quedan desamparadas.

El hecho delictivo afecta el entorno familiar de manera integral, por lo que si bien lo más importante es la búsqueda y localización de la persona sustraída, también lo es proteger a sus familiares y evitar la doble victimización que implica el estatus de desaparecido que les impide jurídicamente a sus familiares, repito, ejercer los derechos que les asisten.

Es importante señalar que existen obligaciones convencionales en esta materia, como la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, el informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por el cual se recomienda adoptar medidas apropiadas para abordar la incertidumbre jurídica respecto de la ausencia de la persona desaparecida.

A este respecto, la Ley General de Víctimas sentó la obligación de realizar las reformas necesarias para establecer el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición.

Se otorgó, en esa legislación, el plazo de un año, que venció hace seis meses; por lo que resulta imperativo discutir y aprobar a la brevedad una reforma para establecer la figura que ya prevé la ley de protección y derechos a las víctimas. Nuestro país ha ido avanzando, sin duda, poco a poco en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los tratados internacionales. Aún cuando la atención a este problema ha sido desde la perspectiva de investigar y sancionar la comisión de delitos, debemos trabajar para crear el marco jurídico que tutele de manera más efectiva los derechos de las víctimas.

En este sentido, queda pendiente la asignatura referente a la protección de los derechos patrimoniales, familiares, laborales y de seguridad social que recientemente quedaron plasmados en la reforma a la Ley General de Víctimas y que quedó como parte de la agenda pendiente.

Por tal motivo, se propone en esta iniciativa incluir el Código Civil Federal el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición con tiempos breves y con procedimientos que permitan proteger de manera más efectiva, más intensa, más eficiente los derechos de las víctimas directas e indirectas en los supuestos ya mencionados.

En la iniciativa se propone que a partir de 30 días de presentada la denuncia de desaparición, el Ministerio Público deberá hacer la solicitud al Juez de Distrito para que se inicie el procedimiento respectivo. Si el Ministerio Público no hace la petición pasados diez días, los familiares de la persona desaparecida podrán acudir directamente ante el juez para solicitarle la declaratoria de ausencia por desaparición.

Compañeras y compañeros Senadores:

Solicito a esta Soberanía el respaldo y el apoyo a esta noble reforma que busca garantizar de manera integral los derechos de los familiares de las víctimas de secuestro o desaparición, que busca, sobre todo, tutelar de manera más efectiva y cierta los derechos no solamente de la víctima directa, sino también de las víctimas indirectas que son sus familiares.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA UN CAPITULO IV BIS INTEGRADO POR LOS ARTICULOS 704 BIS, 704 BIS 1, 704 BIS 2, 704 BIS 3, 704 BIS 4 Y 704 BIS 5 AL TITULO UNDECIMO DEL LIBRO PRIMERO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE DECLARACION DE AUSENCIA POR DESAPARICION, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Existen conductas reprochables que revisten un especial impacto para el entorno de las víctimas directas e indirectas, en los casos de secuestro y desaparición forzada, no solamente se afecta a la persona desaparecida, a quien se niega toda posibilidad de ejercer cualquier derecho, sino que se sobrevictimiza a sus familiares que sufren no sólo los efectos psicológicos, sino el grave impacto en su entorno económico y social con motivo de la desaparición.

Es necesario considerar que el azote de la delincuencia organizada es un factor que influye actualmente en todos los sectores de la vida en sociedad. El “modus operandi” de los grupos criminales actualmente incluye la modalidad de secuestrar una persona, con el fin de privarla de la vida y desaparecer sus restos mortales.

Este tema fue motivo de prolongado debate durante las discusiones sobre la necesidad de sancionar de manera más intensa los delitos de secuestro, insistiéndose en la urgencia de incluir la modalidad cada vez más frecuente del secuestro con desaparición.

Los integrantes de los órganos de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno, así como de las fuerzas armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones, continuamente se encuentran en situación de riesgo debido al valiente combate de las actividades de la delincuencia organizada, presentándose casos en que miembros de dichas corporaciones han sido sustraídos sin que se vuelva a saber de ellos.

En los supuestos anteriormente descritos, cuando se tiene la plena certeza de las causas de la desaparición de la persona, y por ende la fuerte presunción de su fallecimiento, con la misma e incluso mayor certeza que en caso de un siniestro o catástrofe natural, la ley vigente remite a los familiares de las víctimas de estas modalidades de secuestro a la regla general para la declaración de ausencia y posterior presunción de muerte.

En este sentido, se advierte la necesidad de proteger a los deudos y familiares, otorgando más seguridad jurídica respecto de los bienes, derechos y obligaciones del desaparecido.

Por otra parte, con relación a la desaparición de personas, es necesario destacar que el 9 de junio de 1994 se suscribió en Belem do Pará, Brasil, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita por México el 4 de mayo de 2001.

En su artículo primero, la convención señala entre otras obligaciones en que incurren los países signantes de la convención, la de tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

Con base en ello, se publicó el 1º de junio de 2001, una adición al Código Penal Federal, el Capítulo III Bis denominado "Desaparición Forzada de Personas", con los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, que disponen:

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Artículo 215-B.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Artículo 215-C.- Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

No obstante lo anterior, la forma en que se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada adolece de diversos elementos, por lo que el ejecutivo federal ha formulado y presentado ante esta Soberanía ya una iniciativa al respecto, que fue recibida el 22 de octubre de 2013.

No obstante, dicho instrumento no hace referencia al estatus jurídico de la persona sustraída por lo que hace a su personalidad y representación, esto es, el estatus jurídico de la víctima y el rol de sus familiares.

Sin embargo, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2006 y suscrita por México el 6 de febrero de 2007, coincide en términos generales con los elementos típicos descritos por la Convención Americana.

Cobra especial relevancia lo dispuesto por el artículo 24 de la convención respecto de las víctimas de delito de desaparición forzada:

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

A este respecto, resulta relevante señalar que la Ley General de Víctimas contempla estos y otros derechos de las víctimas en general. No obstante, específicamente por lo que se refiere a las víctimas de desaparición, en su artículo 21 dispone:

Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.

….

….

….

….

….

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Este último párrafo fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013, y sentó la obligación, de conformidad con su artículo segundo transitorio, de que el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaran las adecuaciones a la legislación que corresponda en el plazo de un año, el cual se venció el 3 de mayo de este año, sin que la mayoría de las entidades federativas, ni el Congreso de la Unión, hayan realizado las adecuaciones respectivas, salvo el honroso caso del Estado de Coahuila.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitó el país del 18 al 31 de marzo de 2011, que derivó en el informe de fecha 20 de diciembre de 2011, mediante el cual se reconoce el esfuerzo de nuestro país en la materia, así como las dificultades que plantean la compleja situación en materia de seguridad pública prevaleciente en el país.

Finalmente, formula una serie de recomendaciones, que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Entre estas recomendaciones cabe destacar aquellas que se refieren al marco legislativo, a saber:

86. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral.

Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos, durante su 21º período de sesiones, aprobó una resolución en materia de desapariciones forzadas o involuntarias, con fecha 9 de octubre de 2012, que entre otras cosas, insta a los Estados a que:

k) Adopten medidas apropiadas para abordar la incertidumbre jurídica en la legislación nacional respecto de la ausencia de la persona desaparecida que afecta a sus familiares y parientes más próximos y a otras personas relacionadas con ella, entre otras cosas considerando la posibilidad de establecer un sistema de expedición de declaraciones de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada;

Como hemos observado, nuestro país ha ido avanzando poco a poco en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los tratados internacionales, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, para la sanción e investigación de la desaparición forzada.

Queda claro que la atención a este problema ha sido desde la perspectiva de investigar y sancionar la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, por lo que aún hace falta llevar a cabo la adecuación diversos cuerpos normativos que hagan posible el ejercicio de los derechos de las víctimas, incluyendo los patrimoniales.

Es de justicia elemental abordar el combate a este ilícito desde la perspectiva que se refiere a los derechos de las víctimas del mismo, refiriéndonos tanto a las directas como a las indirectas.

La Ley General de Víctimas ya atiende una serie de necesidades de las víctimas de delito de manera integral, y de las víctimas de desaparición forzada en lo particular.

No obstante lo anterior, queda pendiente la asignatura referente a la protección de los derechos patrimoniales, familiares, laborales y de seguridad social, que la última reforma a la referida Ley General de Víctimas dejó pendiente.

El hecho delictivo afecta el entorno familiar de manera integral, por lo que si bien lo más importante es la búsqueda y localización de la persona sustraída, también lo es proteger a sus familiares de la doble victimización que implica el estatus de desaparecido, que les impide jurídicamente ejercer los derechos ya mencionados, toda vez que ante la ausencia del titular de los derechos, la legislación civil sólo les permite ejercer una gestión de negocios en calidad de representantes del ausente, salvo que hubiera un apoderado general.

Asimismo, en tanto no haya la certeza de la muerte, la ley únicamente les permite ejercer la acción de declaración de ausencia pasados dos años y la presunción de muerte pasados seis años de la desaparición.

La ausencia sirve para designar la situación jurídica de una persona que ha desaparecido de su domicilio y cuya existencia se duda.

Es una institución jurídica heredada de la tradición romano germánica que tiene por objeto dotar de certeza jurídica a los familiares y acreedores de un individuo que se ausenta de su lugar de residencia habitual, sin que se tenga noticia de su paradero para permitir la salvaguarda del patrimonio del ausente, la protección de sus acreedores, el cuidado de sus hijos menores y los derechos de su cónyuge, etcétera.

En el caso particular de la modalidad de secuestro con desaparición, así como la desaparición forzada, no solamente se daña a la víctima, sino que sus efectos negativos se prolongan en el tiempo debido a que la incertidumbre continúa afectando a sus deudos por un periodo de tiempo prolongado.

La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de los bienes del ausente, sino que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros tantos que permitan garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios necesarios para un adecuado desarrollo social.

Sin embargo, la declaración de ausencia por desaparición reviste numerosas particularidades que la diferencian de la declaración de ausencia en lo general, en principio por el conocimiento de la causa de la desaparición, que hace innecesario e inconveniente esperar un lapso tan grande de tiempo para poder ejercitar esta acción.

Para evitar un conflicto de normases necesario tutelar en el Código Civil Federal la figura de la declaración de ausencia por desaparición, para los casos que son de su competencia, al tiempo que se insta a las legislaturas estatales y del Distrito Federal a incluir esta figura en los ordenamientos civiles locales.

Por tal motivo, se propone adicionar el Código Civil Federal, para incluir el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición, con tiempos y procedimientos para proteger de manera más eficiente los derechos de las víctimas directas e indirectas de los supuestos típicos ya mencionados.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 704 Bis 2, 704 Bis 3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal en materia de declaración de ausencia por desaparición.

Artículo Unico. Se adiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 704 Bis 2, 704 Bis 3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Capítulo IV Bis

De la Declaración de Ausencia por Desaparición

704 Bis.- La Declaración de Ausencia por Desaparición tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de las personas sustraídas con motivo de la comisión de delitos en materia de secuestro o de desaparición de personas, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

Están facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida; 

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida; 

III. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas; y

IV. El Ministerio Público.

704 Bis 1.- Transcurrido el término de 30 días de la recepción de la denuncia respectiva, sin que se tenga noticia del paradero de la víctima, el Ministerio Público Federal evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición.

De ser así, el Ministerio Público Federal presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición ante el Juez de Distrito en materia civil que corresponda en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

Una vez concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, si el Ministerio Público Federal no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas señaladas en las fracciones I a III del artículo anterior podrán hacerlo.

704 Bis 2.- Recibida la solicitud, el Juez competente requerirá inmediatamente a las autoridades copias certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y resolución.

El Juez publicará el extracto de la resolución sobre Declaración de Ausencia por Desaparición en el Diario Oficial de la Federación y en el diario de mayor circulación en el lugar de residencia de la persona desaparecida en tres ocasiones, con un intervalo de cinco días naturales.

Los costos durante todo el trámite, incluso los que se generen después de emitida la resolución, correrán a cargo del fondo de atención a víctimas que corresponda.

704 Bis 3.-El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición, aquel en el que se le haya visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario. La resolución del Juez Competente sobre Declaración de Ausencia por Desaparición, incluirá las medidas necesarias para:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

III. Garantizar la protección de los derechos de la familia;

IV. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida; y

V. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo.

704 Bis 4.- El Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albaceazgo.

Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

704 Bis 5. En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

Asimismo, cesaran los efectos de la declaración de ausencia por desaparición cuando sean localizados los restos mortales de la persona sustraída o se tengan pruebas fehacientes de su defunción.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Zamora Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la fracción II del artículo 3o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCION II DEL ARTICULO 3o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Compañeras y compañeros Senadores, muy buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El combate a la obesidad infantil transita de manera obligada por la construcción de políticas públicas de índole legislativo que doten a la autoridad de las herramientas para actuar de manera decidida y coordinada en tan noble tarea, sobre todo porque nuestro país es, lamentablemente, el que mayor niveles de obesidad registra en el mundo, incluso superando a los Estados Unidos de Norteamérica en proporción al número de habitantes; el primer lugar en obesidad infantil.

Lo anterior quedó demostrado en febrero del año 2012, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, informó precisamente los datos que estamos aportando en este momento.

Dicho problema de salud nacional nos obliga a ser responsables para atender la problemática de la manera más pronta y eficaz. Por ello, debemos actuar en consecuencia, porque con cada día, hora y minuto que transcurra la posibilidad de que otro menor de edad ingrese al rango de obesos aumenta.

Recordemos que esta Legislatura aprobó hace casi un año una reforma donde se planteó una mayor carga tributaria a aquellas bebidas, aquellos alimentos con alto contenido calórico; en donde si bien se buscaba una alternativa para contrarrestar la obesidad, el día de hoy nos damos cuenta que faltan más y mejores medidas con carácter de preventivas.

La consecuencia es que, aún y con dichas medidas de índole hacendario, seguimos siendo el país más obeso del mundo; y aunque castigamos a la industria refresquera, no tenemos ni tendremos resultados, porque la solución nunca correspondió a lo aprobado por este Senado. Por ello, es fundamental que las y los legisladores construyamos enunciados normativos para que el derecho de las y los niños a una educación y activación física sea un mandato legal con un carácter garantista, fáctico y coercible.

Asimismo, no omito señalar que nuestro país, a partir de la Carta de la UNESCO de 1978, suscribió la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, instrumento internacional que describe la política pública en materia de activación física y que reconoce el derecho de acceso a la actividad física de toda persona, ya sea a través de la escuela, club o asociación.

Por otro lado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitió un Decreto en el que declaró el año 2008 como Año de la Educación Física y el Deporte, siendo sus artículos transitorios los que mandataban a la Secretaría de Educación Pública a promover y difundir en los sistemas de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior las bondades y beneficios de la educación física, mediante la realización de diversas actividades afines, así como la actualización de los programas de educación física en la educación básica y la actualización de los planes y programas en las escuelas formadoras de docentes en educación física, enunciados normativos que sólo auspiciaron buenas intenciones.

Es por todo lo anterior que el promovente sugiere, mediante la presente, elevar el derecho a la educación física y al deporte como un derecho de índole constitucional, al tiempo que se establezca el mismo como parte de los programas y planes de estudio de forma definitiva y, sobre todo, desde el enunciado constitucional específico.

En resumen, estamos planteando una adición en el inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda el tema de la obesidad, tanto en adultos como en niños, en nuestro país es un problema de salud pública nacional, es un problema que año con año ocupa una mayor cantidad de recursos para poder combatir este lamentable problema de salud y que, sin duda, con esta reforma estaremos teniendo medidas preventivas, una mayor activación de nuestros niños, nuestros jóvenes y estaremos, por ende, resolviendo un problema a largo plazo.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar Solorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION Y DE LA LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El objetivo de esta iniciativa que presento es reformar la fracción V del artículo 223, la fracción IX del artículo 226 y los artículos 231 y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como también la fracción XII del artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con la finalidad de incorporar los conceptos de protección ambiental y sensibilización sobre las causas y efectos de la variación climática.

Por otro lado, también establece que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y televisión y audios restringidos, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter ambiental.

De la misma manera propone que los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión, deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas ambientales, educativos, culturales y de interés social.

Ante los graves impactos de los efectos negativos del cambio climático, considero necesario incluir que la programación se difunda a través de la radiodifusión o televisión y audios restringidos, para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.

Es fundamental que la población conozca qué es el cambio climático, cuáles son sus efectos, cómo pueden ayudar a cuidar el ambiente y reducir emisiones, qué significa el calentamiento de la atmósfera y, sobre todo, que sepan que las actividades humanas son la consecuencia directa del aumento de la temperatura de nuestro planeta. En fin, hay mucho qué informar sobre este tema.

Es indispensable que la sociedad se preocupe por su entorno para que posteriormente lo mantengan y fortalezcan en una cultura de respeto, de conservación y de protección para el mismo. Para lograrlo debemos estar informando sobre los beneficios que obtenemos de los ecosistemas y saber que todos los daños ocasionados repercutirán directamente en nuestro bienestar.

Las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión permiten tener acceso a información de interés nacional e internacional. El cambio climático constituye un tema de seguridad nacional.

Es por ello que considero necesario aprovechar el beneficio que brindan estas dos leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para que llegue a la población información oportuna, la cual será un apoyo para que la sociedad participe de manera activa en el cuidado del medio ambiente y que con pequeñas acciones diarias, multiplicadas por todos los habitantes de este gran país, generaremos cosas muy buenas para el ambiente y, en consecuencia, para nuestra salud.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las alteraciones al ambiente por acciones humanas, así como los impactos del cambio climático, producto en gran medida por las actividades antropogénicas, pueden determinar el estado del bienestar social al que estaremos expuestos a corto, mediano y largo plazo. Para revertir y no agravar las alteraciones, primero es indispensable que la sociedad se preocupe por su entorno para posteriormente mantener y fortalecer una cultura de respeto, conservación y protección al ambiente; la cual se ha venido desarrollando en ciertos sectores sociales.

Para lograrlo, todos debemos estar informados sobre el cambio climático, sus efectos y posibles medidas para mitigarlo y adaptarnos, así como sobre los beneficios que obtenemos de los ecosistemas y las posibles pérdidas de éstos, igualmente sobre las acciones para conservar y proteger el medio ambiente.

Los cambios en la regulación de los medios de comunicación como son las telecomunicaciones y la radiodifusión, debe aprovecharse para que a través de los mismos y sus contenidos de transmisión, se difunda e informe a la población sobre las causas y efectos negativos del cambio climático, así como sobre las acciones de adaptación y mitigación que pueden realizar en todos los sectores, asimismo sobre la importancia de proteger el medio ambiente.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la que México es país signatario-, y derivado de la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1; en su numeral 4, establece que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”2.

Dado que los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional., siempre que no se opongan a las restricciones de la propia Carta Magna3, México está obligado a cumplirlos. Aunado a ello, nuestra Carta Magna también establece este derecho.

Asimismo y derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del año 2013, se instaura no solamente para que el Estado garantice el derecho a la información plural y oportuna; sino también que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”4.

A su vez,por medio de la reforma a la fracción XVII del artículo 73 constitucional, se otorgaron facultades al Congreso para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos5.

Las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión permiten tener acceso a información de interés nacional e internacional. Por lo que en seguimiento a las disposiciones constitucionales, y destacando que con la finalidad de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la información, se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También se creó la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que entre otras funciones permite el acceso a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, a través de facilitar el servicio de radiodifusión sin fines de lucro6.

Aprovechando el beneficio que brindan estas dos leyes de llegar a la población con información plural y oportuna, es que veo necesario fortalecer en las leyes secundarias mencionadas, el acceso a la información sobre medio ambiente y cambio climático. Los medios de comunicación permiten que la información llegue a diversos sectores de la sociedad, y a través de esta información se puede informar, concientizar y educar a la sociedad; asimismo se promueve una participación más activa de la ciudadanía tanto en la formulación, como en la ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas tanto en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, como en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Ya desde 1992, con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, acordada en  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –Río de Janeiro, 1992- se destacaba la necesidad del acceso a la información ambiental bajo el Principio 10, que a la letra señala: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes7

Posteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se firmó la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, México fue uno de los 11 países signatarios. “En la Declaración, los países afirman la necesidad de alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992”8 y acuerdan elaborar e implementar un plan de acción al 2014, para alcanzar dicho fin.

Sobre estas bases, la Ley General de Cambio Climático establece que la federación, las entidades federativas y los municipios tienen la atribución de realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.9Asimismo, se sostiene que para la formulación de la política nacional de cambio climático se debe observar el principio de transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y propiciando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables10.

Inclusive la Ley establece que los recursos del Fondo para el Cambio Climático, se destinarán, entre otras cosas, a programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático11.

Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que corresponden a los Estados la formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental12.Que el Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales13, y que para tal fin la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente14.

Es por esto que al incluir en la programación de los medios de telecomunicaciones y de radiodifusión temas ambientales y de cambio climático, se podrá fortalecer el acceso a la información valiosa y oportuna sobre estos temas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 223, la fracción IX del artículo 226y los artículos 231 y 251, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 223.

I. a IV. ..

V. El desarrollo sustentable y la sensibilización de la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima;

VI. a IX. …

Artículo 226.

I. a VIII. …

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la protección, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente; así como la sensibilización sobre las causas y los efectos de la variación climática;

X. a XV. …

Artículo 231.Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, ambiental, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales.

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas ambientales, educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XII del artículo 7de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I. a XI. …

XII. Promover el conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente; así como, la sensibilización sobre las causas y los efectos de la variación climática.

XIII. a XIV. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

1 El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Fuente: Organización de los Estados Americanos, Artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2

2 Organización de los Estados Americanos, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2

3 http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2683

4 Extracto del párrafo tercero del artículo 6º constitucional.

5 Extracto de la fracción XVII del artículo 73 constitucional

6 Extracto del artículo 1º de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

7 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Desarrollo Sostenible, “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

8 Naciones Unidas, Río +20 el futuro que queremos, “Declaración Principio 10: Acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/rio20/noticias/paginas/2/49482/P49482.xml&xsl=/rio20/tpl/p18f-st.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom-10.xsl

9 Extracto de las fracciones XI del artículo 7º, X del artículo 8º, V del artículo 9º todas de la Ley General de Cambio Climático.

10 Fracción X del  artículo 26 de  la Ley General de Cambio Climático.

11 Fracción IV del artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático.

12 Fracción I del artículo 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

13 Artículo 157de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

14 Fracción III del artículo 158 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Beristain, solicita suscribir la iniciativa de la Senadora Garza Galván, ¿lo acepta? También el Senador Irízar, Pineda Gochi, Margarita, Rosa Adriana. Ha tomado nota la Secretaría, gracias.





 

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XV BIS I AL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

“DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XV BIS I AL ARTICULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El “goce máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales   de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución.

Es innegable que el derecho a la salud ha cobrado fuerza en los últimos años, pues como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, la salud es parte del derecho a un nivel de vida adecuado.

En este tenor, es indiscutible que el derecho a la salud es fundamental para el pleno ejercicio de los demás derechos, ya que sencillamente, si la población no goza de cabal salud, ésta no podrá ejercer sus garantías individuales a plenitud.

En México, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, debe preservar el bien jurídico protegido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido y, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de vida en México es de 75 años. El promedio para las mujeres es de 77 años, mientras que para los hombres es de 71;1 sin embargo, México se encuentra dentro de los primeros lugares de enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes o la obesidad.

Enfermedades como la diabetes y la hipertensión representan el 85% de las muertes que se registran en México, los tratamientos para dichos padecimientos son complejos y costosos.2

A grosso modo, se puede decir que las enfermedades crónico degenerativas están relacionadas directamente con la forma de vida de los ciudadanos, así como de su nutrición, dichas padecimientos afectan cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, siendo los más comunes en México la obesidad, la diabetes, el colesterol alto y la presión alta.

No obstante, la situación se agrava cuando se menciona que en el país existen 4,203 hospitales, de los cuales 1,121 son públicos y 3,082, privados. El sector público cuenta con un promedio de 0.74 camas por cada mil habitantes, inferior al valor sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que es de una cama por cada mil habitantes. Las instituciones de seguridad social tienen una tasa de 0.87 camas, contra 0.63 de las instituciones que atienden a la población sin seguridad social.3

Cabe mencionar que en nuestro país solo existen tres medios que otorgan seguridad social pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular.

Y aunque si bien es cierto, que la Administración Federal ha robustecido la seguridad médica por medio del Seguro Popular, éste sigue resultado insuficiente, pues no se han construido la cantidad de hospitales que la población mexicana reclama y mucho menos cubre todas las especialidades y enfermedades crónico degenerativas que la ciudadanía enfrenta.

En cuanto a la seguridad social, Mauricio Hernández, Director del Instituto de Salud Pública, mencionó que en el país existen 24.6 millones de personas, de decir, 21.39 por ciento de la población que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.4

A esto le tenemos que sumar los altos índices de desempleo que imperan en el país, lo que impide que un número considerado de personas no cuenten con seguridad social ni puedan recibir los servicios médicos que otorga el Estado.

Lo anterior significa que el país tenga un sistema de salud insuficiente, que no atiende las demandas de los ciudadanos; según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el año 2010 había más de 35 millones de personas sin seguridad social, esta cifra genera que el sueño de tener acceso a la seguridad social se convierta en una pesadilla.

Por tanto, el Estado Mexicano no cumple plenamente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la OMS, de lo anterior se puede mencionar que en México el derecho a la salud no es fundamental para logar la paz y la seguridad entre los ciudadanos.

Una forma de contrarrestar las problemáticas que imperan en el sector salud es por medio de la prevención, de acuerdo a la Ley General de Salud, en su artículo 33, una de las actividades de atención médica es la preventiva que incluyen las de promoción general y las de protección específica.

En este orden de ideas, es de suma importancia rescatar lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el cual, establece como una de sus estrategias para mejorar las condiciones de la salud de la población, integrar sectorialmente acciones de prevención de enfermedades, estipula que:

Las acciones de prevención en salud destacan por ser costo-efectivas al mejorar la salud y calidad de vida de la población, mientras que se evitan altos costos de tratamiento en el futuro. Sin embargo, actualmente estas acciones se llevan a cabo sin una efectiva coordinación entre las distintas instituciones públicas de salud y con un financiamiento dispar.

Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud, es necesario ordenar las acciones de prevención de enfermedades de todas las instituciones públicas de salud bajo una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud y con prioridades claramente establecidas. Esta estrategia debe incluir a las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y no sólo a las correspondientes al orden federal.5

Se puede rescatar de la estrategia del Gobierno Federal, la prevención en materia de salud, es decir, que la mejor forma de minimizar las enfermedades y problemas que afecten la salud de los seres humanos, bajo esta idea se plantea que es materia de salubridad general realizar un examen clínico general, “check up”, por lo menos una vez al año a la población.

El check up es un examen clínico que brinda información sobre la salud de quien se lo realiza, esto posibilita la detección de enfermedades que pueden controlarse si se descubren en sus etapas iniciales, lo que permite prevenir y tratar a tiempo los padecimientos.

Un check up es una revisión que generalmente está acompañada de varios estudios de laboratorio y es llevada a cabo por médicos especialistas, dicho instrumento resulta de gran utilidad para la prevenir enfermedades crónicas degenerativas.

En consecuencia, se necesita de una política de salud preventiva e inclusiva para toda la población, por tal razón, un examen clínico general, resulta ser una buena herramienta para la prevención de enfermedades, pues se lleva a cabo para determinar si existen cambios funcionales en órganos vitales del ser humano, como corazón, pulmones, páncreas, hígado, vías biliares, riñones, próstata etcétera. Lo anterior, mediante pruebas de laboratorio, rayos X o ultrasonido; además de una exploración física y el desarrollo de una historia clínica.

El estudio consiste en medir los principales parámetros bioquímicos relacionados con la función del hígado, páncreas, próstata, riñones, prueba de esfuerzo para establecer las condiciones de función cardiaca, la revisión neurológica de los principales órganos de los sentidos, (ojos, nariz, garganta, reflejos músculo-nerviosos y agudeza visual); también se incluye la espirometría, que auxilia en casos de alteraciones respiratorias y se complementa con un ultrasonido, que permite la visualización de los órganos abdominales, como son hígado, páncreas, vías biliares, riñones y pélvicos (vejiga y próstata).6

Es recomendable realizarse, por lo menos una vez al año, un examen clínico general, con él, se iniciará un expediente médico que permitirá, en caso de ser necesario, tomar medidas preventivas y oportunas, ya que es incuestionable que los cuidados preventivos es la mejor manera de disminuir las probabilidades de que se presente algún tipo de enfermedad en el organismo humano.

Por otra parte, se reducirían los costos de tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer y enfermedades respiratorias, todas ellas son responsables del 59 por ciento de 56.5 millones de muertes anuales y el 45.9 por ciento de la carga global de enfermedad, la además son la mayor causa de muerte y discapacidad a nivel mundial.7

Asimismo, hay tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria,8 en cada una de ellas se llevan a cabo acciones específicas que auxilian a la detección y control de alguna enfermedad, así como sus secuelas que pudiera dejar en el ser humano.

Mientras más rápido sea aplicada la medida preventiva, será más efectivo el resultado para frenar el curso de la enfermedad o bien impedir que siga desarrollándose en el individuo; por lo tanto, se debe poner énfasis a la prevención primaria antes de que aparezca la enfermedad, con el fin de contribuir al bienestar de la población en general.

En la prevención de las enfermedades de atención primaria, se promueve la salud por medio de una vida sana, ejercicio físico, buena alimentación y nutrición, así como revisiones médicas periódicas.

La prevención de enfermedades permite mejorar notablemente la salud de la población a un bajo costo, esto se lleva a cabo en un corto, mediano y largo plazo; por ende, es una estrategia que debe emanar desde el sector salud y debe ser enfocada en la población que se encuentre expuesta a factores de riesgo. La modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas primordiales de la prevención de enfermedades.

En este orden de ideas se deben cerrar filas y redoblar esfuerzos para la ejecución de estrategias, programas y actividades de prevención de las enfermedades que aquejan a la población. Por tal razón, el objetivo de la presente iniciativa es adicionar la fracción XV Bis I al artículo 3 de la Ley General de Salud, para que sea materia de salubridad general la prevención de enfermedades mediante un examen clínico general anual; con dicha medida se estaría ejecutando una acción encaminada al fortalecimiento y prevalencia de la salud de los mexicanos, y al mismo tiempo, se reducirían los costo por el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas.

Es necesario que se creen y fomenten políticas públicas nacionales encaminadas a la cobertura total de la salud, para así, hacer cumplir lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política Federal en la materia, y así no estar limitados solamente a la atención médica, sino también a la prevención, estrategia que trae consigo grandes beneficios para la población. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XV BIS I AL ARTICULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

UNICO. Se adiciona la fracción XV Bis I al Artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV. …

XV Bis. …

XV Bis I. La prevención de enfermedades mediante un examen clínico general anual;

XVI. a XXVIII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán homologar su legislación secundaria en la materia derivada del presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días.

TERCERO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como sus homólogas de los Congresos de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destinarán los recursos necesarios para la aplicación y funcionamiento de lo contemplado en el presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV. …

XV Bis. …

 
 

XVI. a XXVIII. …

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV. …

XV Bis. …

XV Bis I. La prevención de enfermedades mediante un examen clínico general anual;

XVI. a XXVIII. …

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Mortalidad, Esperanza de vida al nacimiento según sexo, años seleccionados de 1990 a 2030, [en línea], Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consultado el 21 de noviembre de 2014, disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo129&s=est&c=23598

2 Plan Nacional de Desarrollo, Poder Ejecutivo Federal 2007-2012, pág. 162.

3 Ibídem, pág. 164. 

4 Sánchez Julián, “Sin protección a la salud, 24.6 millones”, en el periódico El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/203513.html. Consultado el 21 de noviembre de 2014.

5 Plan Nacional de Desarrollo, Poder Ejecutivo Federal 2007-2012, pág.166.

6 “Papá trabaja mucho, cuídelo con un check up” en el Economista [en línea] consultado el 21 de noviembre de 2014, disponible en http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/06/10/papa-trabaja-mucho-cuidelo-check-up

7 “Manual educativo para prevención de enfermedades crónicas no transmisibles” [en línea] Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud consultado el 21 de noviembre de 2014, disponible en http://www.paho.org/hon/index.php?option=com_content&view=article&id=109:manual-educativo-para-prevencin-de-enfermedades-crnicas-no-transmisibles&Itemid=228

8 Los tres modalidades de prevención se pueden definir como: Primaria: para inhibir le desarrollo de la enfermedad ante s de que se presente, está dirigido a mantener en estado de salud y evitar la enfermedad. Secundaria: para la detección temprana y tratamiento adecuado de la enfermedad, Tiene que ver con la detección precoz y el tratamiento oportuno. Dichos procesos son factibles a través de la utilización de métodos diagnósticos que permiten tratar en el momento adecuado las distintas patologías, disminuyendo de ese modo afectaciones mayores. Tiene como destinatarios al hombre sano o aparentemente sano. Terciaria: para la rehabilitación o recuperación del máximo de funciones, comprende la atención de quienes han perdido su estado de salud y requieren tratamiento curativo, asimismo contempla la instancia de rehabilitación desde el punto de vista Biológico, Psicológico, Nutricional, kinésico, etcétera. Véase en Corujo Martínez, Bernardo Manuel “Niveles de atención en salud pública acciones de salud, prevención. Tipos de Prevención” [en línea], Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Salud, Argentina, consultado el 21 de noviembre de 2014, disponible en www.fcs.uner.edu.ar/ciclodecomplementacion/Doc%203.doc





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes:

Uno de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS;
 Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas en razón de ser competentes para conocer del asunto de que se trata y avocadas al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa de cuenta, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere el inicio del proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA” se extracta el alcance de la Iniciativa en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas dictaminadoras dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013, las y los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Angélica de la Peña Gómez, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado, presentaron ante el Pleno, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en estudio se motiva en el sentido de que México se ha unido a las políticas implementadas mundialmente para proteger los ámbitos donde se desenvuelven las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia en su contra; que aún falta mucho por hacer ya que factores sociales como la pobreza, marginación, presión, inseguridad, discriminación, entre otros, siguen afectando la calidad de vida de la población femenina; que la realidad torna obsoletos los trabajos legislativos porque el contenido de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien porque las autoridades no las aplican adecuadamente; que la presencia de la violencia de género en agravio de las mujeres en México arroja los siguientes datos:

47% de las mujeres sufre violencia física y/o violencia sexual durante su vida; 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas; una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3%) que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus empleadores; las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (6.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6); 95% de los feminicidios quedan impunes; cada día mueren seis mujeres por crímenes de violencia extrema.

Bajo este grave contexto de violencia, los proponentes señalan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia omite mencionar a las mujeres indígenas, específicamente como un grupo objeto de la ley, que por sus circunstancias sociales son doble o triplemente discriminadas o violentadas; que es preocupante que las mujeres indígenas en razón de los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades “encuentran normalidad” en la hegemonía del poder y violencia ejercidas en su contra, o bien se les hace pensar que es habitual y correcto por su condición de género.

Que la CDI informa que al menos una de cada tres mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia en su contra; sin embargo, no es posible realmente precisar la cantidad pues en la mayoría de los casos, el delito no es denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta de juzgados expertos en la materia o la desconfianza a las autoridades.

Consideran por ello, que es relevante contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena y proponen adicionar una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la finalidad de que el organismo descentralizado que fue creado por dicha ley coadyuve con la Secretaría de Gobernación y lleve a cabo el seguimiento de las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres indígenas.

Además, proponen la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la participación de dicha Comisión en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres previsto por la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia.

La finalidad de la reforma, concluyen, es establecer una perspectiva de género en el tema indígena en el rubro de la prevención, atención y erradicación de la violencia, acorde con los criterios del artículo 22 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por lo anterior, el proyecto de decreto que someten a consideración del Pleno, turnado a esta Comisión dictaminadora, es el siguiente:

“ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona un inciso n) a la fracción I, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2.- La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. a XVIII

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

XX. …

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. . . .

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado:

a) a m)…

n) EL Instituto Nacional de las Mujeres, y

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a XI.

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIOS

PRIMERA. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.”

CONSIDERACIONES

a) En lo general

Efectivamente, el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el20 de diciembre de 2007, por la Asamblea General de ese organismo, que establece:

Artículo 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración.

2. Los estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993, determina en su artículo 3°:

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona; el derecho a igual protección ante la ley; el derecho a verse libre de todas las formas de discriminación; el derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar; el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a no ser sometida a tortura, ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En este marco de convencionalidad aplicable en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 9 de junio de 1994, aprobada por la Cámara de Senadores el 26 de noviembre de 1996, ratificada por el Ejecutivo Federal el 19 de junio de 1998, mediante decreto de fecha 4 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999,en sus artículos 3 y 7 dispone:

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo los siguientes:

. . .

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

En el citado texto constitucional, el artículo 4° declara:

Artículo 4

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Regulando esta disposición constitucional y con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 1° establece:

Artículo 1

La presente Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Determinando la concurrencia de los órdenes de gobierno, su artículo 2° ordena:

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Contempla el mismo ordenamiento que se integrará un sistema que funcione para coordinar a las autoridades en la consecución de su objeto. El primer párrafo de su artículo 35 se refiere al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y enuncia:

Artículo 35

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este sistema se conforma por dependencias y entidades del Ejecutivo Federal relacionadas con el objeto de la ley y por las instituciones de las entidades federativa que tengan el mismo objeto, coordinadas por un organismo descentralizado, creado por esta ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

De acuerdo con lo dispuesto por esta ley, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se conforma de la siguiente manera:

Artículo 36

El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; II. La Secretaría de Desarrollo Social; III. La Secretaría de Seguridad Pública; IV. La Procuraduría General de la República; V. La Secretaría de Educación Pública; VI. La Secretaría de Salud; VII. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social; VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; IX. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; X. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y XI. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3° plasma los principios bajo los cuales se regirán las acciones del organismo descentralizado que a su vez crea, dentro de ellos, los enunciados en las fracciones II y V:

Artículo 3

. . .

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

A la luz de la normatividad aplicable, las Comisiones dictaminadoras consideran plausible en lo general la propuesta en estudio para que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno de la CDI y a su vez, este organismo se integre al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues relacionados de esa forma, conjuntarán sus políticas, estrategias y acciones con la finalidad que Comisión y Sistema persiguen a favor de las mujeres indígenas específicamente, que se traduce a su derecho a una vida libre de violencia.

b) En lo particular

A juicio de las Comisiones dictaminadoras, es pertinente integrar a la CDI al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pues de ser así, por mandato de la ley, participará en la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que es el objeto del Sistema.

Es atingente de igual manera, la propuesta de que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno de la CDI atendiendo a la finalidad de este órgano de gobierno.

No existiendo incompatibilidad en objetos y funciones, o impedimentos legales para la incorporación de ambos organismos en un Sistema coordinador cuyo propósito es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en la Junta de Gobierno de un organismo descentralizado como lo es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima fundada la Iniciativa en estudio.

En efecto, se trata de una aportación legislativa para hacer frente a una realidad social, la violencia en contra de las mujeres por razones de género, que como señalan los proponentes, las lesiona en su integridad física e incluso las priva de la vida, las afecta en su salud psíquica, las agravia en un entorno familiar y social; tiene causas que surgen de la discriminación en razón de género que evidentemente contraviene el principio de igualdad entre mujeres y hombres; y por otra parte, se trata de proteger especialmente a las mujeres indígenas que no sólo enfrentan la discriminación y sus efectos por razón de ser mujeres, sino además, en un entorno que discrimina y excluye a los indígenas y que debemos admitir que persiste.

Es pertinente entonces, respecto a la Ley de la CDI, insertar una fracción más al artículo 2 que enumera las atribuciones de dicho organismo, para establecer la consistente en coadyuvar con el Instituto para el logro de su objeto, específicamente a favor de las mujeres y niñas indígenas; así como la adición del inciso n al artículo 6 que enumera a las dependencias y entidades que integran su Junta de Gobierno, para incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres.

En relación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es adecuado integrar a la CDI dentro del SistemaNacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, agregando una fracción, la XII, a su artículo 36 pues en éste se enumera las dependencias y organismos que lo conforman.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona un inciso n) a la fracción II, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

XX. …

Artículo 6. ...

I. ...

II. …

a) a m)…

n) El Instituto Nacional de las Mujeres, y

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a XI. …

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIOS

PRIMERA. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.





 

De las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE FUE TURNADA POR LA MESA DIRECTIVA DE ESTA CAMARA DE SENADORES A LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA LXII LEGISLATURA DE SENADO DE LA REPUBLICA, LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LAS COMISIONES UNIDAS ANTES DESCRITAS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 85, 86, 93, 94 Y 103 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 117, 135, FRACCION I; 163, FRACCION II; 166, PARRAFO 1; 174, 175, PARRAFO 1; 176, 177, PARRAFO 1; 178, 182, 183, 184, 186, 187 Y 190, PARRAFO1, FRACCION VI, DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SE ABOCARON A REALIZAR EL ANALISIS Y ESTUDIO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO PREFERIDA.

ASIMISMO, CONFORME A LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECIFICO, Y A LA VOTACION QUE DEL SENTIDO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFERENCIA REALIZARON LOS INTEGRANTES DE ESTAS COMISIONES UNIDAS, DERIVADO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 187; 188 Y 190, PARRAFO 1, FRACCION VII DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SE SOMETE A LA CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, EL SIGUIENTE:

METODOLOGIA

I.-EN EL APARTADO DENOMINADO “ANTECEDENTES”, SE DETALLA EL TRAMITE DE INICIO DEL PROCESO LEGISLATIVO, ASI COMO DE LA RECEPCION Y TURNO PARA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

II.- EN EL APARTADO “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, SE EXPONEN SUS OBJETIVOS, Y UN RESUMEN DE SU CONTENIDO, MOTIVOS Y ALCANCES.

III.- EN EL APARTADO “FUNDAMENTACION Y CONSIDERACIONES”, SE INDICAN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONCEPTUALES QUE SUSTENTAN LA MINUTA, Y SE EXPRESAN LOS PUNTOS DE VISTA QUE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS SEÑALARON DURANTE SU ESTUDIO, Y CON LOS CUALES SE SUSTENTA EL SENTIDO DEL PRESENTE DICTAMEN.

DICTAMEN

I. ANTECENDENTES

1- EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EL DIPUTADO JOSE ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, HACIENDO USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 71, FRACCION II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESENTO LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; MISMA QUE FUE TURNADA POR LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION PARA SU ESTUDIO Y ELABORACION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

2- EL 18 DE SEPTIEMBRE PASADO, LA CAMARA DE DIPUTADOS APROBO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, Y TURNO A ESTA CAMARA DE SENADORES LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DEL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES RESPECTIVOS.

3- EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA MESA DIRECTIVA DE ESTA CAMARA DE SENADORES, POR MEDIO DEL OFICIO NO. DGPL-1P3A.-942, DISPUSO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66, PARRAFO 1, INCISO A) Y 67, PARRAFO 1, INCISO B) DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 174 Y 175, PARRAFO 1, ASI COMO 176 Y 178 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, DISPUSO QUE LA CITADA MINUTA PROYECTO DE DECRETO SE TURNARA A LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES PROCEDENTES.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO PROPONE REFORMAR EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO,PARA INCORPORAR ESPECIFICAMENTE A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEMAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL QUE CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, A LOS BENEFICIOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES CORRELACIONADAS, EN FAVOR DE LAS EMPRESAS NACIONALES; ESPECIALMENTE LAS IDENTIFICADAS COMO MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS.

III. FUNDAMENTACION Y CONSIDERACIONES

LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISPONE EN SU ARTICULO 25, PARRAFO SEPTIMO, FACILITAR LA ORGANIZACION DE TRABAJADORES, COOPERATIVAS, COMUNIDADES, EMPRESAS QUE PERTENEZCAN MAYORITARIAMENTE O EXCLUSIVAMENTE A LOS TRABAJADORES Y, EN GENERAL, DE TODAS LAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL PARA LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALMENTE NECESARIOS.

POR SU PARTE, LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DISPONE EN SU 2O. ARTICULO, ESTABLECER MECANISMOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y VISIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, Y DEFINIR LAS REGLAS PARA LA PROMOCION, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

POR OTRA PARTE, LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) ESTIMA QUE LAS PERSONAS QUE SON MIEMBROS DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS  (ALREDEDOR DE 800 MILLONES  DE PERSONAS) REPRESENTAN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN TODOS LOS PAISES. POR ELLO, SUS ESTADOS MIEMBROS APROBARON Y DECLARARON EL AÑO 2012 COMO EL AÑO DEL COOPERATIVISMO.

EN LA INICIATIVA SE RESALTA QUE EN MEXICO EL GOBIERNO FEDERAL ES EL COMPRADOR MAS IMPORTANTE EN LA ECONOMIA NACIONAL. REQUIERE Y CONSUME TODO TIPO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, PARA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES. REQUIEREN DESDE LA ADQUISICION DE IMPORTANTES VOLUMENES DE MATERIAS PRIMAS, REFACCIONES, PRODUCTOS TERMINADOS, CONTRATACION DE SERVICIOS, HASTA LA EJECUCION DE GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALMENTE ALREDEDOR DEL 21% DE LOS MONTOS DE GASTOS EROGADOS POR EL GOBIERNO TIENE COMO PROVEEDOR RELACIONADO A ALGUNA MIPYME.

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO REPRESENTA UNA IMPORTANTE OPORTUNIDAD PARA DAR APOYO  AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, A TRAVES DE LA PROMOCION DE SU PARTICIPACION EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE REALICE EL SECTOR PUBLICO. ES POR ELLO QUE LA MINUTA PROPONE INCLUIR ESPECIFICAMENTE A ESTE SECTOR PARA QUE EXISTA UNA IDENTIFICACION QUE PROVOQUE UN INCENTIVO PARA SU PARTICIPACION, Y CON ELLO SE LOGRE FORTALECER LOS ORGANISMOS CON ENFOQUE SOCIAL.

SOBRE EL PARTICULAR, LA SECRETARIA DE ECONOMIA REMITIO A LAS COMISIONES DE FOMENTO ECONOMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, LA “NOTA DE OBSERVACIONES” A LA MINUTA DE REFERENCIA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DICTAMEN, EN LA QUE ENTRE OTRAS CONSIDERACIONES EXPRESA QUE LA REFORMA AL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO,APROBADA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS OBLIGA A LA SECRETARIA DE  ECONOMIA A CONSULTAR AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES) SOBRE EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDURIA RELACIONADAS CON LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LAS DEMAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL QUE CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, LO QUE ROMPE CON LA SUBORDINACION JERARQUICA DEL INAES SE AFECTA Y/O LA DILUYE; PARTICULARMENTE PORQUE SE TRATA DE UNORGANO ADMINISTRATIVO SECTORIZADO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

EN TAL VIRTUD, SE PROPONE ELIMINAR LA OBLIGACION DE LA SE DE CONSULTAR AL INAES, Y DEJAR LA REDACCION DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 8, COMO ORIGINALMENTE LO CONTEMPLA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. ESTO ES, QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA TOME EN CUENTA SOLAMENTE LA OPINION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. EN EL ESTABLECIMIENTO DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDURIAS.

EN TODO LO DEMAS, ESTAS COMISIONES COINCIDEN EN LO PLANTEADO POR LA COLEGISLADORA, POR LO QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE EL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO

UNICO.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

ARTICULO UNICO. SE REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 8. ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y A LAS DEMAS QUE DE ELLAS EMANEN, LA SECRETARIA DE ECONOMIA DICTARA LAS REGLAS QUE DEBAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DERIVADAS DE PROGRAMAS QUE TENGAN POR OBJETO PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS NACIONALES, ESPECIALMENTE DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS, ASI COMO LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LAS DEMAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL QUE CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. ADICIONALMENTE, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES, ASI COMO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LAS DEMAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL QUE CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA GENERAR CADENAS DE PROVEEDURIAS RESPECTO DE BIENES Y SERVICIOS QUE LICITEN REGULARMENTE.

PARA LA EXPEDICION DE LAS REGLAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA SECRETARIA DE ECONOMIA TOMARA EN CUENTA UNICAMENTE LA OPINION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

TRANSITORIO

UNICO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

DADO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Este Senado de la República saluda a un grupo de alumnas y alumnos de diversas universidades del estado de Michoacán, invitados por la Senadora María del Rosario Pineda Gochi.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

También damos la bienvenida a las y los estudiantes del quinto semestre de la carrera de derecho de la Universidad de Guanajuato, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks.





 

Tenemos la discusión de 28 dictámenes de la Comisión de Energía que contienen punto de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura a los dictámenes.

Que exhorta a informar sobre la concesión del gasoducto conocido como “Los Ramones”.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del gasoducto “Los Ramones”, suscrita por el Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de septiembre de 2013, el Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del gasoducto “Los Ramones”.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

En opinión del promovente, una de las finalidades de la iniciativa a nivel constitucional en materia energética, es otorgar permisos a la inversión privada para que realicen actividades de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de los recursos petroleros.

La Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural a juicio del promovente resulta incompleta para las demandas que el país requiere para la generación de gas natural, además, en su opinión el objetivo de la misma es la apertura a la inversión privada, es decir, regular los recursos naturales de la Nación para después comprarlos a precios exorbitantes, un ejemplo claro es el caso del gasoducto “Los Ramones”.

“Los Ramones” es un proyecto que pretende la creación de un sistema de ductos de una longitud de poco más de 1,000 kilómetros, los cuales atravesarán cuatro entidades federativas: Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. La red incorporará tubos con diámetros de 48, 42 y 24 pulgadas y contará con cinco estaciones de compresión, para cumplir con la demanda de gas natural en la zona Centro–Occidente de México.

El mencionado proyecto se dividirá en dos fases, la primera es la construcción del gasoducto de la frontera norte que va de Tamaulipas a Los Ramones en Nuevo León; y la segunda irá de Los Ramones hasta Apaseo el Alto, Guanajuato.

El promovente somete a consideración del Senado lo siguiente:

1. Citar a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del gasoducto “Los Ramones”.

2. Exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que investigue las presuntas irregularidades y el probable tráfico de influencias en el caso del gasoducto “Los Ramones”, deslinde las responsabilidades correspondientes y se sancione a quien resulte culpable.

3. Exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía para que rindan un informe detallado y explique las razones por las cuales se otorgó la concesión del gasoducto “Los Ramones” a Sempra Energy y Gasoducto Chihuahua.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. El Senador David Monreal Avila presentó su proposición con Punto de Acuerdo previo a ser presentada, analizada, discutida y aprobada la Reforma Constitucional en materia energética.

El 31 de julio de 2013, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, presentaron en la sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esa misma fecha, la iniciativa de referencia, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. Posteriormente, el 14 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente una Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

SEGUNDA. Después de un intenso debate legislativo y de aprobación por el Constituyente Permanente, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

El pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. Dichas iniciativas fueron también aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto.

TERCERA. La que dictamina comparte las preocupaciones del Senador David Monreal Avila respecto de solicitar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe detallado y explique las razones por las cuales se otorgó la concesión del gasoducto “Los Ramones”. Lo anterior con el ánimo de conocer y de que esta Soberanía pueda allegarse de mayores elementos de valoración sobre un tema tan importante como lo es la implementación de la Reforma Energética.

Sin embargo consideran respecto de los numerales uno y dos de la proposición presentada, con la presentación del informe que en su momento envíen tanto la Secretaría de Energía, como PEMEX se puede estimar como satisfecha la solicitud del Senador David Monreal Avila.

Es importante dejar señalado que al 31 de agosto de 2014 y según los Proyectos de Infraestructura contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, entre los que se encuentra “Los Ramones”, dicho gasoducto presenta los siguientes avances:

● El proyecto Los Ramones incrementará la capacidad de importación de gas natural en 2,100 MMpcd, requerirá una inversión de más de 2,500 millones de dólares y contará con una longitud de 854 kilómetros en total. Este proyecto iniciará en la frontera con Estados Unidos de América, en Camargo (Tamaulipas), terminará en Apaseo El Alto (Guanajuato), y será desarrollado en dos fases.

● Los Ramones Fase I. Transportará en su máxima capacidad, hasta 2,100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural de la frontera con Estados Unidos de América a Los Ramones, Nuevo León, y contará con una longitud de 116 kilómetros. Este gasoducto abastecerá un volumen de 672 MMpcd de la demanda de gas natural de Nuevo León, lo cual representa el 55% de la demanda esperada para 2026. El inicio de operación está programado para el 1 de diciembre de 2014, al 31 de julio de 2014 se tiene un avance de 80% de tubería instalada.

● Los Ramones Fase II. Este gasoducto será desarrollado en dos tramos: (i) Norte, y (ii) Sur. El objetivo es ampliar la infraestructura de transporte de gas natural y dotar al Sistema Nacional de Gasoductos de una ruta alterna que permita satisfacer la demanda del energético en la región Centro-Occidente del país. Este gasoducto contará con una longitud de 738 kilómetros y una capacidad de transporte de gas natural de 1,430 MMpcd. Al término del primer semestre de 2014, el desarrollo de este gasoducto se encuentra en la adquisición de derechos de vía y anuencia de construcción.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a que rindan en un plazo no mayor a 15 días, un informe detallado sobre la concesión del gasoducto conocido como “Los Ramones”.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a informar el estatus que guarda la cartera vencida por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis Potosí.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la problemática que afecta a los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el Estado de San Luis Potosí, que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida, respecto del pago de los servicios de energía eléctrica, a cargo de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de enero de 2014, la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República, exhortar al Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Federal de Electricidad, atiendan la problemática que afecta a los productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida, respecto del pago de los servicios de energía eléctrica.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

La Proponente manifiesta que para nadie es un secreto que el campo mexicano vive una de las situaciones más difíciles, producto de diversos factores que inciden negativamente en la generación de condiciones que promuevan su sustentabilidad, desarrollo, y competitividad.

Reitera que la difícil situación que viven los campesinos mexicanos, que si bien es prácticamente generalizada, tiene a su vez regiones en que la precariedad llega a tales extremos que bien se podría hablar de una quiebra técnica de esta actividad productiva primaria para los campesinos que ahí habitan. Esos episodios verdaderamente dramáticos los viven todos los productores agrícolas de riego potosinos, pero particular y dramáticamente, los que habitan en los municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo.

Señala que de manera dialéctica, dos grandes problemáticas concurren para la tragedia del campo potosino: la insolvencia para liquidar diversas obligaciones financieras como el servicio de energía eléctrica; y la ausencia de insumos (producto de esa moratoria), entre ellos la electricidad, los que considera elementos indispensables para poder generar las ganancias que permitan superar la insolvencia. También señala  que en estas localidades, la pérdida de rentabilidad de la producción de riego y su desoladora situación tiene diferentes causas, entre ellas: el alto precio de la electricidad para el bombeo en los pozos; el incremento en los costos del diesel, la gasolina, los fertilizantes, los agroquímicos y demás insumos agropecuarios; el abatimiento estructural de los mantos freáticos; la ineficiencia de los equipos debido al bajo voltaje en el servicio eléctrico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, así como diversas irregularidades en los cobros, aunado a la inseguridad desatada respecto del robo de cable y equipos electromecánicos.

Sumado a lo anterior la proponente señala que el sector primario de la economía necesita el apoyo y respaldo de las empresas públicas para ser un puntal del crecimiento económico y suficiencia alimentaria, explica así, que de lo contrario la magnitud del problema derivará no solamente en la pauperización de grandes franjas poblacionales, sino en conflictos sociales que habrán de empeorar todavía más la situación.

La proponente hace énfasis en que este problema que afecta a todo el estado de San Luis Potosí, se focaliza y agrava en 30 mil hectáreas de riego en Villa de Ramos, Santo Domingo y Salinas, en los que el 100% de los productores agrícolas están gravemente afectados en su rentabilidad y la inmensa mayoría en quiebra técnica.

Tratando de hacer notar la dimensión de lo que se describe anteriormente, la Senadora expone que cálculos conservadores han estimado que el nivel de cartera vencida respecto del servicio de energía eléctrica rebasa los 32 millones de pesos solamente en el caso de los campesinos de los tres municipios de referencia, pero la inversión que se necesita para reactivar económicamente al sector es mucho mayor.

Así mismo refiere que hoy más que nunca está en riesgo la seguridad alimentaria del país porque al desmantelar la base productiva nacional ocurren casos como los de Villa de Ramos, Santo Domingo Salinas que dejan de producir ajo, chile, zanahoria, frijol, maíz, tuna, forrajes y ganado, que son hoy tan necesarios para el mercado local; y señala que para lograrlo, es necesario buscar de manera propositiva, abierta y franca una negociación asequible para superar el inmovilismo que en nada contribuye a la solvencia de los productores. Una agenda mínima consistiría en resolver el problema de la cartera vencida; facilitar líneas de crédito verdaderamente accesibles; flexibilizar las regias de operación para apoyar componentes realmente requeridos por los productores; normar los precios a los productores con base en la oferta la demanda y los costos de producción; proteger la base productiva nacional ante la competencia desleal acotando desmedido deseo de las empresas por obtener ganancias a comercializar alimentos de cualquier parte del mundo sin importarles si al hacerlo descapitalizan al pequeño productor mexicano; y llevar a cabo un proceso de revisión legislativo para determinar las reformas que hagan más efectiva la persecución de los delitos que merman el patrimonio de los campesinos y para que el interés de los sistemas de factoraje sean apagados por la cadena de supermercados, por ser ellos los que están comprando crédito.

Cabe mencionar que la Senadora afirma que aún es tiempo de rescatar la cultura de riego, incentivar la salud y competitividad de la base productiva nacional y no caer como país en situación de dependencia alimentaria; superar la insolvencia de pagos detonará el sector agrícola como el principal motor de la economía nacional y dignificará el acceso de los ciudadanos mexicanos en condición de vulnerabilidad social a una política pública que los incluya, los respete y que haga del campo un sector que compita en condiciones económicas equitativas, y que sea productivo sustentablemente.

Por lo anterior, la proponente solicita exhortar al Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Federal de Electricidad, atiendan la problemática que afecta a los productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida, respecto del pago de los servicios de energía eléctrica.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. La Comisión de Energía comparte la preocupación dela proponente, en virtud de que en efecto, el campo es un sector vulnerable que necesita incentivos para el desarrollo del sector.

Las comisiones que dictaminan hacen suyos argumentos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mismos que señalan que la experiencia histórica muestra diversos ejemplos que nos pueden ayudar a entender las fuentes del desarrollo. Existen constantes que se repiten en las experiencias de éxito de países que han logrado crecer e incrementar la calidad de vida de su población de manera sostenida. Sin embargo, queda claro que no existen fórmulas generales que puedan aplicarse a todos los casos. Cada país, cada región, cada grupo social y cada momento histórico presenta retos y oportunidades particulares que demandan soluciones diferentes. Hoy, en particular, existen menores certezas en cuanto a recetas infalibles para el desarrollo.

No obstante, las dictaminadoras están de acuerdo en que una constante presente en las historias de éxito a nivel internacional ha sido el dinamismo de la productividad. Los países que han establecido las condiciones para que su productividad crezca de manera sostenida, han podido generar mayor riqueza y establecer una plataforma en la que su población tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente. Las preguntas planteadas entonces se reducen a entender cuáles son las fuentes para una mayor productividad generalizada en un país.

Dicho lo anterior, y en virtud de que de la fecha de presentación del presente Punto de Acuerdo al día de hoy ha transcurrido un periodo de tiempo, las que dictaminan consideran prudente solicitar a la Comisión Federal de Electricidad mayor información con respecto a la cartera vencida eléctrica en esa región de nuestro país, para poder estar en condiciones de dimensionar con mayor precisión la problemática que afecta a los productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo y poder exhortar así a las instancias correspondientes que atiendan tal problemática.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

UNICO. La Comisión de Energía exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que informe a esta Soberanía cual es el estatus que guarda la cartera vencida por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis Potosí.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”





 

Que exhorta a informar sobre la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados en el marco del Plan de Negocios de PEMEX.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto citar al Director General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Pleno del Senado a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agronitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex ;y exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación detallada de la adquisición de Agronitrogenados por parte de PEMEX y, en caso de encontrar alguna irregularidad, inicie los procesos correspondientes para fincar las responsabilidades, administrativas y penales a que haya lugar, suscrita por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de febrero de 2014, La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita citar al Director General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Pleno del Senado a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agronitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio de la adquisición, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente menciona que el pasado 16 de enero de 2014 se difundió la operación que realizó PMI, filial de Petróleos Mexicanos, para adquirir de Altos Hornos de México y Minera del Norte, los activos de la empresa Agronitrogenados, S.A. de C.V., por un monto de 275 millones de dólares, resaltando una suma extra por concepto de rehabilitación del bien por 200 millones de dólares; con lo que PEMEX buscaría reactivar a partir de 2015 la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea para abastecer la demanda de fertilizantes en el país.

Refuerza lo anterior comentando que la adquisición se efectuó en el marco del Compromiso 59 del Pacto por México que contemplaba convertir a PEMEX en motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales reforzando su papel en la producción nacional de fertilizantes, mismo que fue desarrollado en el objetivo 6 del documento "Principales elemento del plan de negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios, 2014-2018".

La proponente hace una mención respecto de lo alarmante que le resulta  elevar la producción del amoniaco, además de mencionar que desde hace 14 años, los trabajadores que pertenecen a la sección 83 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos, se encuentran en huelga.

Asimismo, señala que en diciembre pasado, 136 trabajadores que se encontraban en huelga fueron convocados a fin de cubrirles el monto respectivo por salarios caídos que se les adeudaban, lo que describe como extraño. Señala también que en el año de 1999 la empresa Agro Nitrogenados cerró operaciones, siendo el año 2008 cuando la misma empresa se declaro en concurso mercantil y hasta el pasado 15 de enero cuando PEMEX anuncio la compra.

Por lo anterior solicita, que comparezca ante el Pleno del Senado, el Director General de Petróleos Mexicanos, a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agronitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto; y exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación detallada de la adquisición de Agronitrogenados por parte de PEMEX y, en caso de encontrar alguna irregularidad, inicie los procesos correspondientes para fincar las responsabilidades, administrativas y penales.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión de Energía considera oportuno señalar que de acuerdo con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, se define de manera clara los alcances del crecimiento de la Empresa, dentro de los cuales destaca las siguientes:

I. Adquirir e implementar técnicas de exploración, mejores prácticas y tecnologías para mejorar la productividad de pozos.

II. Reconfigurar el Sistema Nacional de Refinación para atender la demanda de petrolíferos y ofertar gasolinas y diesel con ultrabajo contenido de azufre.

III. Incrementar la capacidad criogénica y de recuperación de azufre y etano.

IV. Concentrarse en las cadenas petroquímicas que aportan mayor valor y fortalecer la industria de fertilizantes.

V. Incrementar la capacidad de transporte por ducto y almacenamiento para aumentar la flexibilidad de operación en petrolíferos, gas natural, GLP y acondicionamiento de crudos.

SEGUNDA.- Dicho lo anterior, las que dictaminan consideran oportuno destacar que dentro de los principales proyectos de PEMEX se encuentran los siguientes:

I. Explotación y exploración en aguas someras y áreas terrestres, aguas profundas y no convencionales.

II. Conversión de residuales en Salamanca y Tula (y capacidad incremental de proceso), calidad de combustibles, acondicionamiento de Centros Procesadores de Gas

III. Rehabilitación de plantas de amoniaco en Cosoleacaque y Camargo.

IV. Construcción del gasoducto Los Ramones Fase I y II, descuellamiento de poliductos y nuevas terminales de almacenamiento

V. Mejoramiento de crudo pesado

Cabe señalar que de acuerdo con un informe entregado a medios de comunicación por parte de la empresa, la operación de los activos de Agro Nitrogenados permitirá integrar la cadena amoniaco-fertilizantes y facilitará la producción de urea y otros derivados destinados a la producción agrícola, mismos que se importan en su mayoría en la actualidad.

Dicho lo anterior, la que dictamina considera que la operación a que se refiere el presente Punto de Acuerdo, se realizó en el marco del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018, sin embargo, con la finalidad de que los integrantes de esta comisión dictaminadora puedan allegarse de mayor información al respecto, coincidimos con la proponente en que se solicite la información necesaria a Petróleos Mexicanos con la finalidad de disipar dudas respecto a la operación en cita

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

UNICO. La Comisión de Energía del Senado de la República exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que remita a esta Soberanía un informe detallado relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de acuerdo presentado por la Senadora Dolores Padierna Luna, por el que solicita citar Director General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Pleno del Senado a efecto de que explique la adquisición de la empresa Agronitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así como la manera en que se definió el precio, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto y ; y exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación detallada de la adquisición de Agronitrogenados por parte de PEMEX y, en caso de encontrar alguna irregularidad, inicie los procesos correspondientes para fincar las responsabilidades, administrativas y penales.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a remitir un informe de la situación que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la presa El Infiernillo del municipio de Coahuayutla en el estado de Guerrero.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal a indemnizar a ejidatarios de Coahuayutla, Guerrero, afectados por la construcción de la presa “El Infiernillo” a cargo del Senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de febrero de 2014, el Senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que para exhortar al Ejecutivo Federal a indemnizar a ejidatarios del municipio de Coahuayutla, en el Estado de Guerrero, afectados por la construcción de la presa “El Infiernillo”.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante número de oficio DGPL 2P2A.-1238 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente Punto de Acuerdo, que nuestra Carta Magna consagra en el artículo 27, fracción séptima; La personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y que pese a ello constantemente nos encontramos con abusos por parte de empresas privadas y  de algunas instituciones gubernamentales.

Destaca que estos abusos ocurrieron con pobladores del Municipio Coahuayutla, Guerrero, enclavado en la región Costa Grande, en el cual los campesinos del ejido “Las Minitas” reclaman una indemnización a la Comisión Federal de Electricidad desde hace más de cincuenta años, desde que se puso en operación la Presa “Adolfo López Mateos”, mejor conocida como “El Infiernillo”.

El Senador refiere que desde el pasado 4 de febrero del año en curso los ejidatarios han realizado acciones de protesta en reclamo a la CFE para que ejecute una sentencia del Tribunal Agrario sobre el pago de un predio utilizado por la Paraestatal de 25 hectáreas que no han sido liquidadas (en el mismo caso se suman 325 hectáreas más).

Argumenta, también, que a pesar de los constantes reclamos de los pobladores las autoridades no han dado respuesta alguna. Reitera que es importante que las autoridades correspondientes respondan a los justos reclamos que la sociedad realiza en la búsqueda de un mayor desarrollo de sus pueblos y comunidades.

Por lo anterior, solicita exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Federal de Electricidad CFE) se cubran los pagos por indemnización a los ejidatarios de Coahuayutla, en el estado de Guerrero, afectados por la construcción de la presa El infiernillo.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. La Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos, también conocida como El Infiernillo se ubica en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán, la cual es parte de lo que se conoce como el Sistema Hidroeléctrico Presidente Adolfo López Mateos.
Este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estuvo a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), lo cual fue un reto enorme porque antes de este proyecto no se había construido alguna obra de esta gran dimensión en México. Su puesta en operación fue en 1964.

Está presa tiene una capacidad de almacenamiento es de 9,340,000 m3 con un embalse de 120 kilómetros de longitud y ocupa una superficie 40 000 hectáreas, consta de una cortina de tipo enrocamiento de 149m de altura y 350m de longitud.

Los principales motivos por los que esta presa se construyó en ese sitio, fue porque geografía que presentaba este lugar, y por el aprovechamiento del caudal del rio Balsas que se encañona a la altura del rio Tacámbaro y hace un giro hacia el norte, situación que favoreció para ubicar las estructuras de su represamiento, además de que sirvió para el control de avenidas y riego.

Por ello lo senadores de esta Comisión dictaminadora consideran viable y pertinente contar con información actualizada y detallada de la situación que guarda la presa “El Infiernillo” y su relación con los ejidatarios para allegarse de información de primera mano y saber la situación real de esta presa hidroeléctrica y los pobladores aledaños a ella.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a que remita un informe que detalle la situación que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa el Infiernillo del municipio de Coahuayutla, en el Estado de Guerrero.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Los siguientes 24 son dictámenes que desechan diversas proposiciones.

Que solicita información de los gastos de publicidad oficial sobre la iniciativa de la reforma energética.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, un informe sobre los gastos de publicidad oficial, sobre la iniciativa de Reforma Energética, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna y las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de agosto de 2013, las suscritas Senadora Dolores Padierna Luna y las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a entregar un informe detallado sobre los gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la iniciativa de Reforma Energética, presentada el 14 de agosto de 2013.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Las legisladoras señalan que el 12 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó su iniciativa de reforma energética que pretende modificar el artículo 27 y 28 constitucional y que "desde ese día el Gobierno Federal promueve continuamente en diversos medios de comunicación la participación de la iniciativa privada en áreas de Petróleos Mexicanos hasta ahora exclusivas para el Estado".

Sostienen inclusive que: "La base de la campaña oficial es la imagen del ex presidente de México, Lázaro Cárdenas, artífice de la Expropiación Petrolera en 1938. Al respecto, diversos académicos comentaron que retomar a Lázaro Cárdenas para la presentación de dicha iniciativa no es más que una propaganda”.

Señalan que si bien la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la sociedad y en la obligación que tienen los gobiernos de informar, explicar y justificar sus acciones; ésta se ha convertido en propaganda, en promoción personalizada a costa del erario público.

En su proposición señalan que según reportes de organizaciones de transparencia, las entidades federativas gastaron 4.518 millones de pesos en publicidad oficial de 2011 a 2012, a pesar de no contar con reglas para asignar contratos destinados a difundir programas del gobierno.

Asimismo manifiestan que desde su punto de vista, el Gobierno Federal no ha modificado la tendencia respecto del gasto en publicidad oficial y que por el contrario, se ha incrementado, a pesar de que durante la campaña presidencial, el titular del Poder Ejecutivo Federal, se comprometió a entregar una iniciativa para regular los gastos de publicidad oficial y crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios.

A consideración de las legisladoras perredistas, la iniciativa de reforma energética presentada por el Gobierno Federal es un tema del más alto interés público debido entre otras razones a que los ingresos de Pemex representan el 7.6% del PIB,  porque México cuenta con las sextas reservas más grandes de gas shale y cuenta en la actualidad con reservas petroleras totales por 44 mil millones de barriles, además de tener recursos prospectivos por otros 54 mil millones de barriles.

Además refieren que la información sobre los contratos publicitarios realizados en medios de comunicación visuales y escritos no son de acceso al público, al punto de que recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales indicó que el Poder Ejecutivo Federal deberá entregar la relación de todas y cada una de las erogaciones por concepto de campañas de difusión, campañas de mensaje oficial, campañas comerciales, campañas de mercadotecnia y cualquier pago de inserción de  mensajes institucionales; correspondientes al periodo del 1 de enero de 2011 al 2 de mayo de 2013.

Las proponentes argumentan que, además de los altos niveles de gasto para publicidad oficial, hay poca transparencia sobre el tipo de gasto lo que a su juicio es claramente violatorio de derechos humanos, tal y como lo establecen los principios sobre regulación de la publicidad oficial del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en su numeral dedicado a acceso a la información.

Finalmente refieren que frente a todos esos datos, una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones de Docencia Económica, CIDE arroja resultados que seis de cada diez mexicanas y mexicanos están en contra del capital privado en Pemex.

Por ende, solicitan se exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a entregar un informe detallado sobre los gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la iniciativa de Reforma Energética, presentada el 14 de agosto de 2013.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. La Comisión de Energía no comparte las inquietudes expresadas por la Senadora Dolores Padierna Luna y las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en cuanto a que la base de la campaña oficial de la Reforma Energética haya sido la imagen del ex presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.

La base de la campaña de la Reforma Energética fue la necesidad de contar con un nuevo modelo energético. La Reforma Energética dio rango constitucional al nuevo modelo mexicano, en los artículos transitorios presentes del dictamen que en su momento esta Soberanía aprobó, se remodelan y perfila un modelo acabado hoy con la promulgación de las leyes del sector energéticas, el pasado 11 de agosto.

Por otra parte, los integrantes de la Comisión, comparten la inquietud delas proponentes, respecto al derecho de acceso a la información pública por concepto de gasto de campañas de difusión, mensaje oficial, campañas comerciales descrito en sus consideraciones y más aun respecto a que el órgano garante en materia de transparencia ha determinado que dicha información deberá entenderse como pública, por lo que se debe facilitar su acceso.

Sin embargo, la que dictamina no considera que exista violación alguna de derechos humanos respecto al régimen de transparencia sobre el gasto que ocupa, en atención a que precisamente el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se ha pronunciado respecto a que hoy existen medios suficientes para acceder al tipo de información que nos ocupa.

En tal sentido, esta Comisión considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que la Senadora Dolores Padierna Luna y las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal, a entregar un informe detallado sobre los gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la iniciativa de Reforma Energética, presentada el 14 de agosto de 2013.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal realizaban sobre la reforma energética.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo Federal a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, realizan sobre la Reforma Energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”, suscrita por el Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de septiembre de 2013, el suscrito Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, como de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, realizan sobre la Reforma Energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Manuel Camacho Solís señala que en el momento en que se presentaron esos fenómenos meteorológicos, de gran sufrimiento para miles de mexicanos y en que también se debatirá la reforma energética, es necesario y urgente retirar la muy costosa campaña gubernamental en favor de la reforma para alcanzar dos objetivos cruciales:

1. Conseguir fondos adicionales para enfrentar la emergencia y la reconstrucción; y

2. Crear un ambiente político más sereno para realizar el debate sobre la Reforma Energética.

Añade el proponente, que sería muy grave que ante la necesidad extrema siguiera prevaleciendo el despilfarro mediático y que ante la polarización de posiciones respecto a la reforma constitucional a los artículos 27 y 28, no se facilite la realización de un debate objetivo, serio y honesto que permita arribar a la mejor reforma posible.

Por dichas razones, solicita se exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, realizan sobre la Reforma Energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. El 31 de julio de 2013, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, presentaron en la sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios.

Con esa misma fecha, la iniciativa de referencia, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. Posteriormente, el 14 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente una Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

SEGUNDA. Después de un intenso debate legislativo y de aprobación por el Constituyente Permanente, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

El pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. Dichas iniciativas fueron también aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto.

TERCERA. Según datos del Segundo Informe de Gobierno, es de destacarse la eficaz coordinación interinstitucional y entre los órdenes de gobierno que permitieron la atención simultánea de emergencias y desastres entre septiembre y octubre de 2013, en 20 entidades federativas afectadas por los ciclones tropicales “Ingrid”, “Manuel” y “Raymond”. Con estas acciones, añade el informe de gobierno, se benefició a 914,096 personas por declaratorias de emergencia. Por lo que se refiere al huracán “Manuel” el Gobierno de la República, desplegó acciones a fin de que la población del Estado de Guerrero recobrara la normalidad en su vida.

Así, el 7 de noviembre de 2013, el Gobierno de la República, puso en marcha, con una inversión estimada de más de 37 mil millones de pesos, el Plan Nuevo Guerrero, con el propósito de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente, en un marco de transparencia y participación ciudadana.

En tal sentido, en atención a que tanto la emergencia ocasionada por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ha concluido, así como el hecho de que la Reforma Energética a nivel constitucional y legal ha sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esta Comisión considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que el Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a retirar la campaña publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, realizan sobre la Reforma Energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente al Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan José Guerra Abud, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables, suscrita por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de agosto de 2013, la suscrita Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Pedro Joaquín Coldwell eIng. Juan José Guerra Abud respectivamente, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente busca en su proposición sensibilizar a todos los sectores de la población sobre el inmenso valor ambiental que poseen los recursos naturales de México y de lo privilegiados que somos como mexicanos por contar con ellos.

Es intención de la Senadora hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, al Poder Ejecutivo, a la sociedad organizada y a todos los mexicanos para ocuparse por el cuidado del medio ambiente y del calentamiento global, y lograr que México sea un país independiente y solvente en materia de energía.

En opinión de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, no puede entenderse una reforma energética que no atienda a un compromiso del Estado, la sociedad y los inversionistas en materia ambiental, por eso es necesario garantizar que en todo proceso productivo que genere riqueza para el país exista un compromiso social de protección, salvaguarda y hasta de reparación del daño al ambiente.

Por dichas razones, solicita se exhorte respetuosamente exhorta respetuosamente al Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell y al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan José Guerra Abud, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten las inquietudes de la proponente, respecto de la importancia que tiene el medio ambiente y la protección de los recursos naturales en nuestro país.

La que dictamina también se adhiere a las consideraciones de la proponente respecto de que una Reforma Energética no podría entenderse, sin un componente ambiental. En razón de ello es que desde la discusión de las reformas a la constitución del año pasado, así como de la legislación secundaria se buscó que exista un compromiso social con nuestro entorno.

Sólo por establecer un ejemplo, hoy México cuenta con una nueva Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: Con su aprobación se sientan las bases para crear por primera vez en México, un órgano encargado de salvaguardar a nuestro patrimonio natural frente a la exploración y explotación de petróleo y gas.

SEGUNDA. Respecto al planteamiento en particular de la senadora proponente, de llevar a cabo e implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables, esta Comisión de Energía considera que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de conformidad con los artículos 25 y 26 constitucionales, constituye el marco para definir los programas sectoriales, que especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. A su vez, los programas especiales deberán construirse con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, referidos a las prioridades del desarrollo integral del país y a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

El Ejecutivo Federal, con el fundamento citado y lo establecido en los artículos 22 y 26 de la Ley de Planeación, así como lo señalado en el artículo 6, fracción I, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, elaboró un Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014.

En materia de energías renovables, la obligación de emitir el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (PEAER) emana de la LAERFTE, que en su artículo 11 determina el contenido que este debe suscribir.

TERCERA. En tal sentido, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Pedro Joaquín Coldwell eIng. Juan José Guerra Abud respectivamente, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Uno con relación a los cobros excesivos que la suspensión en el suministro de energía eléctrica.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Comisión Federal de Electricidad con relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica, suscrita por el Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de abril de 2013, el Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, como de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad con relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica.

Con la misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Fernando Mayans Canabal sostiene que desde el año 2005, Comisión Federal de Electricidad, se ha caracterizado por ser objeto de múltiples quejas ciudadanas que expresan la violación al ejercicio pleno del derecho de toda persona al acceso y suministro de energía eléctrica.

En las consideraciones de su proposición refiere que la ciudadanía ha interpuesto miles de quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Consumidor; y han surgido movimientos de resistencia civil pacífica, que se han manifestado en contra, principalmente, de los cobros excesivos y la suspensión injustificada en el suministro de energía eléctrica, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

El proponente señala que por desgracia, los ciudadanos más afectados por estas acciones emprendidas por la Comisión Federal de Electricidad, han sido quienes viven en estados que conforman la Región Sur-Sureste, y que incluso de acuerdo a cifras oficiales tanto de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, se ubicó durante en el 2012, como la que mayor número de quejas tenía por su negativa a corregir errores de cobro, error de cálculo y cobro de cuotas extraordinarias.

En el cuerpo de su proposición, el Senador Fernando Mayans ejemplifica varios casos de lo anterior, poniendo especial énfasis en el caso suscitado en Campeche, el 19 de enero de 2012, respecto de la suspensión del suministro de energía eléctrica al hospital “Doctor Manuel Campos”.

Por dichas razones, el Senador Fernando Mayans Canabal solicita lo siguiente:

1. Que en un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, se instale a la brevedad una Mesa de Trabajo en la que participe dicha dependencia; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, las Comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y representantes de la sociedad civil en protesta, con el objeto de encontrar los mecanismos más apropiados de atención y resolución a la situación que priva en la prestación del servicio público de energía eléctrica, como consecuencia de los cobros excesivos y la suspensión de su suministro.

2. Se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad, se deje de realizar cualquier acción que implique el corte de energía eléctrica, a los ciudadanos consumidores con adeudo en el pago del servicio; y se abstenga de llevar a cabo acciones de intimidación y hostigamiento contra los ciudadanos que se han organizado en protesta contra las tarifas de dicho servicio, y

3. Que el Senado de la República, solicite al titular de la Comisión Federal de Electricidad, informe a la brevedad sobre el estado que guarda la infraestructura y las condiciones actuales en que dicho organismo se encuentra prestando el servicio público de suministro de electricidad; así como de la atención y cumplimiento de la Recomendación 51/2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, que le formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La que dictamina comparte las preocupaciones del Senador Fernando Mayans respecto de las múltiples quejas a las que ha sido objeto la Comisión Federal de Electricidad.

Con la aprobación del dictamen que expide la Ley de la Industria Eléctrica y que se encuentra ya vigente, se establece un nuevo modelo de industria eléctrica nacional, que aproveche a la competencia para ofrecer mejores servicios eléctricos y a mejores precios, a las y los mexicanos.

Al mismo tiempo, se garantizó que el Estado mantenga su rectoría en aquellas áreas estratégicas que son indispensables para mantener la soberanía nacional, y conducir la política energética con éxito.

La Ley de la Industria Eléctrica, incrementa la seguridad energética del país; fomenta cadenas productivas nacionales de valor y garantiza el acceso económico y con calidad a la energía eléctrica. Bajo el nuevo modelo eléctrico nacional, la planeación del sistema eléctrico nacional; su control operativo; la transmisión y la distribución de la electricidad, se mantienen en manos del Estado.

Uno de los temas más sensibles respecto a la electricidad, tiene que ver como lo señala el proponente, con la carencia de fluido eléctrico, de ahí que haya sido esa una de las razones para permitir la participación de otros agentes económicos, en el sector eléctrico. Es por ello que en la legislación vigente, la Secretaría de Energía establecerá las obligaciones de cobertura en comunidades rurales y zonas marginadas y a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, se dotará al Estado mexicano de los recursos necesarios para hacer llegar la luz a todos los rincones del país.

SEGUNDA. Los integrantes de la Comisión consideran que respecto de la recomendación 51/2012, existía en el momento en que se formuló esta, un mandato expreso del artículo 26 fracción I de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por el que Comisión Federal de Electricidad tiene la obligación de suspender la prestación del servicio, cuando el usuario no pague oportunamente. En ese sentido, la Suprema Corte ha sostenido en diversas tesis dicha situación e inclusive que que dicho dispositivo legal, no era violatorio del artículo 17 constitucional.

Epoca: Novena Epoca

Registro: 192767

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo X, Diciembre de 1999

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: P./J. 140/99

Página: 7

ENERGIA ELECTRICA. EL ARTICULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO RESPECTIVA, NO ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

La circunstancia de que el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, otorgue al organismo público descentralizado Comisión Federal de Electricidad la facultad para suspender el suministro de energía eléctrica por las causas que en el mismo se indican, no implica que se otorgue a dicho organismo la facultad de hacerse justicia por sí mismo y de ejercer violencia para reclamar su derecho, en virtud de que la prestación de ese servicio público no se deja al libre arbitrio del organismo referido, pues se sujeta a los lineamientos establecidos por el legislador en los ordenamientos legales que regulan su organización y funcionamiento, en los que se establecen reglas concernientes a las contraprestaciones que dicho organismo debe recibir por el suministro de la energía eléctrica y las facultades para suspender el servicio, de modo tal que la circunstancia de que dicho organismo haga uso de esas reglas no implica que se haga justicia por sí mismo ni que ejerza violencia para reclamar su derecho, más aún si se tiene en cuenta que dicho precepto no faculta al organismo referido para que exija coactivamente el pago de la prestación no cubierta, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes.

Amparo en revisión 1823/98. Autos Compactos de San Manuel, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 215/98. Inmobiliaria Brisas de Acapulco, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.

Amparo en revisión 2751/97. Constructora Técnica Hotelera, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González.

Amparo en revisión 3206/97. Inversiones Raf, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti.

Amparo en revisión 3294/98. Rosa Iris Martínez Bello. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Juan Ramírez Díaz.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 140/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Asimismo, la propia recomendación de la CNDH señala que no existió un nexo causal entre las defunciones de las víctimas con el actuar de CFE: Si bien la suspensión del suministro eléctrico no generó ninguna afectación concreta a la salud de las personas internas en el hospital “Doctor Manuel Campos”, y el fallecimiento de las víctimas 1 y 2 ocurrió por causas naturales y no de una indebida atención que estos hayan recibido o bien derivado de dicho evento.

TERCERA. En tal sentido, en atención a que en virtud de la aprobación de la Reforma Energética a nivel constitucional, a diversas leyes del sector energético, así como al hecho de las consideraciones antes vertidas, esta Comisión considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que el Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad con relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Otro sobre la situación y acontecimientos recientes en el Municipio de Olintla, en el estado de Puebla.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo sobre la situación y acontecimientos en el municipio de Olintla, en el Estado de Puebla, suscrita por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de febrero de 2013, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, como de urgente y obvia resolución sobre la situación y acontecimientos que se suscitaron en el municipio de Olintla, en el Estado de Puebla.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Lucero Saldaña Pérez señala que el origen del conflicto en el municipio de Olintla se remonta al mes de abril de 2011 con la firma del Convenio Energía Limpia entre el Gobierno del Estado de Puebla y la empresa Grupo México, instrumento que estipula entre otros aspectos, la instalación de una hidroeléctrica en dicho municipio que sirva para el autoabastecimiento de las minas de dicha empresa.

En sus consideraciones, la proponente refiere que el sábado 26 de enero de 2013, esta situación derivó en un desencuentro entre los distintos actores involucrados tras una reunión pública en la que activistas y pobladores inconformes, se pronunciaron contra el proyecto de la hidroeléctrica.

Entre los argumentos de los opositores al proyecto se encuentran el que no se les ha proporcionado información sobre el proyecto de la hidroeléctrica, ni la forma sobre cómo se mitigará el daño ecológico y los efectos del cauce del río Ajalpan.

Asimismo se refiere en el cuerpo de la proposición que los pobladores del citado municipio que desconocen la existencia de algún estudio ambiental; que se ejecutan tareas sin contar con las licencias correspondientes por parte de Grupo México y que se presiona a los pobladores a vender sus terrenos entre muchas otras consideraciones.

Al presentar su proposición con Punto de Acuerdo, la senadora Lucero Saldaña, plantea solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a remitir al Senado de la República, los resultados de la investigación que lleva a cabo al respecto, y para lo cual un grupo de visitadores se trasladó a la zona para contar con mayores elementos de análisis sobre posible violación a los derechos humanos  de la comunidad.

De igual manera, en el texto señala que los habitantes inconformes han solicitado el establecimiento de un diálogo con las autoridades estatales en torno a la construcción de la hidroeléctrica.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICA. La que dictamina comparte las preocupaciones dela Senadora Lucero Saldaña Pérez respecto delo importante de su proposición, máxime si de los hechos que en ella se narran, podrían verificarse violaciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Olintla, en el estado de Puebla.

Sin embargo, es preciso que las dictaminadoras hagan del conocimiento de la Asamblea, que el 4 de octubre del 2013, la Cámara de Diputados recibió comunicaciones suscritas por la Maestra Sharon Cuenca Ayala, Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como de la Doctora María de Lourdes Melgar Palacios, Subsecretaria de Electricidad de la Secretaria de Energía, mediante los cuales responden al punto de acuerdo relativo a la problemática que enfrentan los pobladores del municipio de Olintla, Puebla, por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México; así como de la designación de un funcionario para participar en la mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, el 6 de febrero de 2013.

En dichas comunicaciones, se informa que el proyecto para instalar una planta hidroeléctrica en el municipio de Olintla, en el Estado de Puebla ha sido suspendido por la empresa Grupo México. En atención al hecho de que dicho proyecto ha sido suspendido, esta Comisión dictaminadora considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la situación y acontecimientos suscitados en el municipio de Olintla, en el Estado de Puebla.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a aplicar mayores medidas para erradicar la venta ilícita del Gas LP en el país.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen, suscrita por el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de abril de 2013, el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

En opinión del Senador Omar Fayad Meneses, por la demanda que tiene, el Gas L.P. presenta una importante demanda y de manera suscinta refiere que según datos de la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEGAS), ha aumentado el número de autotanques de Gas LP informales que circulan diariamente en el país, debido a la deficiente vigilancia del mercado por parte de las autoridades. En su proposición con Punto de Acuerdo refiere que en la zona centro, por ejemplo, existen 3,000 autotanques formales y 300 ilegales, esto últimos ponen en riesgo a la población porque no cumplen con las normas establecidas por la autoridad.

Continúa señalando que cada autoanque ilegal comercializa 2,500 litros de Gas LP diariamente, con marcas que han sido “pirateadas”, por lo que es necesario sean inmovilizados debido a que ponen en riesgo la seguridad de la población.

De lo señalado se desprende que por lo menos en la zona centro, el 10% del gas L.P. que se comercializa en nuestro país, se da por vías del mercado ilegal, con una venta aproximada de 750,000 litros diariamente en el Valle de México y en todo el centro del país, de por lo menos un millón 666 mil litros del combustible por día.

Para hacer frente a este problema, el año pasado, empresas distribuidoras del Valle de México donaron a la Secretaría de Energía, diversos equipos para mantener un registro de todos los autotanques, así como 5 lectores portátiles de radio frecuencia para verificar en campo los vehículos y detectar a los vehículos que están operando sin registro ante la propia Secretaría.

Por ello, reclaman los distribuidores de Gas y en coincidencia asiento, que la solución en contra de esta práctica, se encuentra en establecer un programa permanente de vigilancia por parte de la Secretaría de Energía, dentro del marco de sus facultades y si lo necesita, con la coadyuvancia de otras instancias de gobierno.

Por lo anterior, el Senador Omar Fayad Meneses propone exhortar a la Secretaría de Energía a aplicar dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La que dictamina comparte las preocupaciones del Senador Omar Fayad Meneses respecto dela contar con mayores medidas para erradicar la venga ilícita del Gas L.P.

Si bien es cierto que la Secretaría de Energía ha reconocido que los robos de combustibles representan pérdidas para el país de entre 14 mil y 15 mil millones de pesos al año, tanto las autoridades judiciales como los representantes de Petróleos Mexicanos han actuado de manera correcta en el caso de las acciones de vigilancia y clausurando las tomas clandestinas detectadas.

Sin embargo la que dictamina considera que su proposición ha sido superada en atención a que con la aprobación del nuevo modelo energético hay facultades suficientes a las distintas autoridades involucradas para atacar y combatir dictamen la venta ilícita de Gas L.P.

En atención a las consideraciones antes descritas, esta Comisión dictaminadora considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo presentado por el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que solicita a Petróleos Mexicanos anular el Acuerdo unilateral de la alianza y desarrollar un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

 “COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto solicitar al Presidente del Consejo de Administración de PEMEX se anule un acuerdo unilateral y se desarrolle un proyecto de inversión prudente, a cargo dela Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

El 1 de octubre de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a al Presidente del Consejo de Administración de Pemex a anular un acuerdo unilateral y desarrollar un proyecto de inversión prudente en el Complejo Petroquímico Pajaritos.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL-1P2A.-1585 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala la proponente del presente punto de acuerdo que la producción de Cloruro de Vinilo forma parte de la petroquímica no básica y está permitido que los privados produzcan y construyan sus propias plantas de proceso de este producto petroquímico, lo que constituye un área estratégica son las instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos.

Comenta que Mexichem aportará sólo 125 millones de dólares activos, pero se le permite sumar 200 millones de dólares en efectivo con el fin de ceder la mayoría en esta alianza. Actualmente el Complejo Petroquímico cuenta con 2300 trabajadores.

Señala que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para la desincorporación del régimen de dominio público de la federación a efecto de que el organismo público descentralizado Pemex Petroquímica lleve a cabo su enajenación a título oneroso.

Asimismo refiere que PEMEX es una de las principales empresas petroleras del mundo y es el motor de crecimiento de la economía mexicana, y a pesar que ha sido saqueada constantemente, ha logrado mantenerse como una de las mejores petroleras del mundo; lo que habla de lo grande e importante que es Petróleos Mexicanos para el país.

Ante tales cifras, queda de manifiesto que sólo es un argumento falaz la necesidad de privatizar a PEMEX; los reflectores deben enfocarse en la corrupción que rodea a la paraestatal, la solución no es y nunca será su privatización; por el contrario, se debe eliminar de raíz esta patología que se encuentra tan arraigada dentro de este organismo.

La promovente señala un conflicto en relación con el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el exceso de facultades del Consejo de Administración como lo señala el artículo 19 y violenta lo señalado por el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4° del Estatuto de Petróleos Mexicanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud dela proponente, de que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos deben de operar en escalas productivas para alcanzar una eficiencia tecnológica.

Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia tecnológica constituye un eje importante, ya que la visión de Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios es operar con estándares internacionales, siendo un organismo rentable, seguro, confiable y competitivo, que sea reconocido por la calidad de sus productos; respetuoso del medio ambiente, cuidadoso de sus relaciones con la comunidad y promotora del desarrollo integral de su personal. Sin embargo, la que dictamina coincide que la producción de Cloruro de Vinilo no es una producción estratégica. En tal sentido esta Comisión considera que es deseable que todas las compañías con las que las empresas estatales celebren acuerdos operen con altas escalas productivas y con eficiencia tecnológica con la que la decida llevar acabo acuerdos o celebrar convenios.

Además de que en las sesiones del Consejo de Administración se integran con representantes de la Secretaria de Energía, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Economía y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo también a sus consejeros independientes y sus Comités de Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de Estrategia e Inversiones y de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. Por ello destaca que para que se llevará a cabo esta Alianza se tuvo que superar filtros económicos, sociales, administrativos, industriales y productivos, por lo que la esta coinversión cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes.

Además de que dentro de las actividades de Pemex no todas son exclusivas. Hay áreas, como la producción de petroquímica secundaria, donde Pemex ha podido asociarse con particulares desde hace décadas.

El Centro Petroquímico Pajaritos, asoció una empresa que aportará una planta que produce un petroquímico secundario (cloruro de vinilo), mientras que la otra empresa aportará dinero y una planta de cloro y sal. Con las aportaciones de cada socio, con ello se creó una nueva empresa en la que Pemex continuará siendo propietario de la planta de cloruro de vinilo, en caso de separarse de su socio.

Este tipo de asociaciones ya eran permitidas por nuestra Constitución y es de destacarse que incluso antes de que se aprobara la Reforma Energética. Por lo que  El artículo 28 constitucional, en su cuarto párrafo, reservaba al Estado la petroquímica básica, pero no la secundaria, como es el caso de la planta petroquímica Pajaritos. Por lo que no se aduce a conflictos en sus leyes y reglamentos.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo que solicita al Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a instrumentar la estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar una estrategia para la transportación de gas natural al estado de Oaxaca, a cargo del Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de octubre de 2013, senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar una estrategia para la transportación de gas natural al estado de Oaxaca.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL-1P2A.-1621 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que en los últimos 20 años, una de las prioridades del Gobierno Federal ha sido consolidar y transitar hacia un sector energético sustentable, manteniendo una visión hacia el futuro, en donde los recursos energéticos se utilicen de forma racional y se prevé el medio ambiente, garantizando su uso para generaciones futuras.

Actualmente el gas natural ha tenido una gran demanda pues se puede emplear en diversos sectores tales como el energético, industrial, residencial, de servicios, entre otros, derivado de su precio y del menor impacto al medioambiente, tanto en el proceso de extracción, transporte y utilización.

Argumenta que en este contexto la industria del gas natural ha revolucionado rápidamente, por lo tanto se requiere generar nuevas políticas y acciones que permitan cambios en el medio ambiente que deriven en su conservación y en mejor aprovechamiento propiciando una mejor calidad de vida.

Asegura mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de adecuadas y saludables prácticas, se busca abastecer de gas natural al país con precios competitivos, calidad y eficiencia, teniendo el gas natural un papel relevante en la economía energética nacional.

Señala que en el documento Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026, se indican proyecciones del mercado de gas natural que consideran una nueva estrategia de cambio estructuraldel mercado de gas natural en México, con la que se espera la construcción y puesta en marcha de infraestructura de transporte de gas natural aumentando la red de distribución.

Comenta que el Estado de Oaxaca cuenta en el Puerto de Salina Cruz, con la refinería “Ing. Antonioo Davalí Jaime”, con capacidad para procesar 330,000 BPD de crudo. El crudo lo recibe de Nueva Teapa en el Estado de Veracruz, a través de dos oleoductos, por lo que la posibilidad de enviar gas natural a esta refinería proveniente del Golfo de México, en el mediano plazo incentivaría el desarrollo industrial del resto de la región.

Plantea que en el corto plazo se debe impulsar una alternativa complementaria, la cual consiste en compactar gas natural para almacenarlo en contenedores que sean transportados por carretera. Esta transportación tiene como ventaja a corto plazo, que se evita la instalación de ductos y su mantenimiento, impulsando el crecimiento y desarrollo económico.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, por lo que considera queen México las empresas e individuos deben tener acceso a insumos estratégicos, como es el caso de la energía.

Hoy se vuelve realidad una política moderna de fomento en sectores estratégicos para transitar hacia un gobierno que provee los bienes públicos que se requieren para coordinar a los sectores productivos en trayectorias de amplia productividad y crecimiento.

Por ello, el facilitar y generar las condiciones propicias para la vida económica de los estados con estándares de calidad y precios que la sociedad demanda son acciones encaminadas a beneficiar las actividades productivas y por ende estos beneficios se reflejen en mejores condiciones generales de la población.

Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia energética y el uso sostenible de la energía, son papeles que el sector energético debe desempeñar para apoyar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país, propiciando la inclusión social de la población a los beneficios derivados del uso de la energía. El tal sentido esta Comisión considera que con los cambios realizados al sector e industria de la energía contemplan la realización y puesta en marcha de proyectos estratégicos que integren a los estados involucrados en la producción de insumos y materia prima para el sector de energía.

Tanto la Secretaria de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tiene contemplados proyectos que se traducirán en una integración de la industria energética que generará beneficios tanto a nivel local como nacional derivando con ello mejores condiciones para la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha el Punto de Acuerdo para exhorta a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar una estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al Estado de Oaxaca a través de autotanques, para su distribución y comercialización.

SEGUNDO. Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Otro sobre dos proposiciones que exhortan a fortalecer los principios constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica se fortalezcan los principios constitucionales de la industria energética, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de octubre de 2013, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica se fortalezcan los principios constitucionales de la industria energética.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-2055 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Con fecha 7 de noviembre de 2013, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica se fortalezcan los principios constitucionales de la industria energética.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-3917 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de los citados Puntos de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que el 27 de septiembre de 1960 el Presidente López Mateos efectuó la Nacionalización de la Industria Eléctrica y con esa medida complementaba la esencia de la política de cambio estructural que impulsó el Presidente Cárdenas, basado en que el sector energético (petróleo y energía) junto con el fomento de la banca de desarrollo eran instrumentos para poyar el programa de industrialización nacional.

Comenta que sin embargo todo el esfuerzo y sufrimiento mexicano vivido a manos de empresas extranjeras en 1992 el presidente Salinas de Gortari, inició la reprivatización aperturando la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la ley y reglamento del servicio público de energía eléctrica.

Argumenta que los fines de las empresas extranjeras no coinciden con el interés nacional, y están por encima su obtención de utilidades y la no satisfacción de las necesidades sociales mexicanas

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. Los senadores coinciden en que México, al igual que muchos países con abundantes recursos naturales, sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en la riqueza y producción energética. Sin embargo, el sector petrolero y eléctrico mexicano enfrentó retos considerables y urgentes que se deben de atender, entre otros, la caída de la producción y la necesidad de mayor inversión a nivel industria y sector.

En el 2013. Con respecto al gas natural, en 1997 México era prácticamente autosuficiente, pues sólo importábamos 3% del consumo nacional. En la actualidad importamos 30% del gas natural que consumimos en el país.

El petróleo y gas natural del futuro provendrán de los llamados “recursos no convencionales”, estos se encuentran en cuencas de lutitas y en aguas profundas. Aunque México cuenta con grandes reservas de estos recursos, carece de la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer estos hidrocarburos de forma competitiva.

Por lo que al materializarse los cambios constitucionales y las leyes secundarias de la Reforma Energética se brinda un nuevo marco jurídico y normativo que va a dotar y dar mayor certeza a los participantes y al Estado para dinamizar y hacer que se fortalezca las capacidades productivas del sector energético e industrial.

La Reforma Energética va a generar una profunda transformación en la industria petrolera y eléctrica mexicana y en las actividades del Sistema Eléctrico Nacional elevando su productividad e incrementando la calidad de sus servicios en beneficio de las familias mexicanas. Esto se traducirá en un impulso adicional al crecimiento económico de México, en una mayor disponibilidad de petróleo, gas natural y sus derivados, así como en un servicio eléctrico público de mejor calidad, con mayor cobertura y precios más competitivos.

El Sistema Eléctrico Nacional tendrá un impulso al permitir la participación de más empresas en la generación de electricidad, con lo que el abanico de productores, esto conllevara que el  mercado eléctrico mayorista se amplíe para reducir los costos de la electricidad, impulsando la transición a energías limpias y se podrá extender la cobertura del sistema a las zonas que aún carecen de este esencial servicio. Al tratarse de un sector estratégico, la planeación de la red de transmisión y distribución se conserva en manos del Estado, aunque también se permite la participación de empresas privadas en estas actividades mediante contratos. Al igual que Pemex, CFE será modernizada sin dejar de ser una empresa propiedad de los mexicanos.

Con la reforma Energética se potenciará la economía las inversiones nacionales y extranjeras hacia sectores estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el abasto de bienes como el gas y la electricidad a precios más accesibles. Esto, sumado a un mercado laboral flexible, propiciará la creación de cientos de miles de fuentes de empleo adicionales en beneficio de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desechan los Puntos de Acuerdos para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica se fortalezcan los principios constitucionales de la industria energética.

Segundo.- Archívese estos asuntos como total y definitivamente concluidos.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Uno más para que incluyera el tema de fuentes de energía en los foros de debate en materia energética.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto incluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia energética, a cargo del Diputado Erick Marte Rivera Villanueva del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de octubre de 2013, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para incluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia energética.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-1974 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que el pasado 12 de agosto de 2013 el Titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa que reformo los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos General Lázaro Cárdenas del Río, ha sido el Presidente más respetado y querido en este siglo en todas partes de México, particularmente en la sierra mixteca de Oaxaca.

Comenta que la notica de la muerte del Presidente Lázaro Cárdenas conmovió a México y en poco tiempo mucha gente, dentro y fuera del país lamentó tan grande pérdida.

Recuerda que el Presidente el 18 de marzo de 1938, desde Palacio Nacional, pronunció un discurso anunciando la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en favor del pueblo de México, siendo un evento relevante en la vida económica, política y social del país.

Argumenta que todas y todos los habitantes de México, deben analizar con responsabilidad las palabras que exclamó el Presidente Cárdenas. Menciona que es imposible permitir de nueva cuenta, las empresas extranjeras violenten la vida laboral de los obreros y la compresión de las necesidades sociales a costa de intereses externos.

Asimismo, menciona que la nación será la más afectada si no renovamos y modernizamos nuestra industria energética, pero al mismo tiempo hace un llamado a detener la corrupción que ha saqueado la industria energética.

Menciona que no comparte la pretensión de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para salvar la “solventación” presupuestal o la modernización de Pemex a través de la autorización de contratos de servicio y riesgo que impliquen su privatización.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. En los debates de la Reforma Energética se planteó la necesidad de que los cambios a la legislación se dejará  de lado la defensa del monopolio petrolero, para acceder a una transición energética basada en energías renovables y sustentables.

Durante los foros de debate de la Reforma Energética se llevaron a cabo quince foros de debate de las iniciativas en materia energética abordando tanto las perspectivas económicas, productivas, industriales, laborales, medio ambientales, sustentables, institucionales, educativas y sociales.

Los senadores consideran que la preocupación del promovente está debidamente atendida en la medida de la diversidad de los temas llevados a cabo en los foros en la que tanto especialistas, consultores, académicos, intelectuales, legisladores y gente involucrada del sector energético coincidieron en que resultaba necesario modernizar y adecuar el modelo energético del país.

De ello, derivo en la promulgación de una Reforma Energética que incluyó cambios constitucionales, cambios en doce leyes y la creación de nueve ordenamientos, todo ello para modernizar y adecuar el modelo energético mexicano a las nuevas circunstancias y exigencias de la industria tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo para incluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia energética.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”





 

Que exhorta incluir en el Plan de Negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios 2014-2018 el seguimiento de la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto REALIZAR UN EXHORTO A LA SECRETARIA DE ENERGIA Y A PETROLEOS MEXICANOS A QUE SE INCLUYA EN EL PLAN DE NEGOCIOS DE PETROLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 2014–2018, EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA REFINERIA EN TULA, a cargo del Senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de noviembre de 2013, el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para realizar un exhorto a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a que se incluya en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014 – 2018, el seguimiento de la construcción de la nueva refinería en Tula.

En esa misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-4005 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que en el año 2009 se anunció la construcción de una nueva refinería, en Tula Hidalgo, con un costo estimado de 11,610 millones de dólares.

Comenta que la nueva refinería se proyectó y prometió de última generación en cuanto a tecnologías a emplearse en favor de una mayor capacidad de refinación a la actual, se dije que también reduciría en 15% las importaciones y podría exportar un 10% de la producción de diésel y turbosina.

Recuerda que la cantidad de endeudamiento por la construcción de la Refinería representa un fuerte compromiso de los hidalguenses, sobre todo cuando la mayoría de su población vive en condiciones de pobreza y marginación.

Menciona que es muy importante para el Estado de Hidalgo que se mantenga este proyecto y se le sigan asignando recursos y no abandonar los esfuerzos logrados hasta el momento.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. Petróleos Mexicanos (Pemex) en su Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018planteó la necesidad de no incluir el proyecto de construcción de la nueva refinería Bicentenario, pero ello no significa que la obra quede cancelada.

En el documento que presenta la Secretaria de Energía (SENER) Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos2013-2027se plantea como una de las estrategias del desarrollo nacional el asegurar el abastecimiento de petróleo crudo y petrolíferos que demanda el país. De esta manera, la planeación del sector energético es una actividad imprescindible para buscar la satisfacción de las necesidades energéticas en México.

Los Senadores coinciden en que nuestro país es privilegiado en la producción de petróleo, y también son conscientes de que hacia el futuro se enfrentarán retos importantes para mantener los niveles de producción debido a la declinación de sus principales yacimientos. En este sentido, la estrategia de la SENER y Pemex es dirigir las inversiones en proyectos de exploración cada vez más complejos, como es el caso de aguas profundas, así como la administración de los campos maduros de producción y la recuperación mejorada, lo anterior con la finalidad de incrementarla seguridad energética al país.

Ante este escenario se prevé que la Reforma energética de gran calado que, fue aprobada en este H. Congreso de la Unión, abrirá nuevas posibilidades para mejorar el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y petrolíferos, así como de su producción y abasto.

En este sentido la viabilidad de la refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos (Pemex) depende del nuevo régimen fiscal de los hidrocarburos, porque la preocupación del promovente y que comparten los integrantes de esta Comisión dictaminadora es que los recursos que destine Pemex y sus Organismos Subsidiarios.

La refinería está en una etapa de planeación, elaboración de proyectos y nosotros creemos que la viabilidad de la refinería estará en función de la marcha que vaya desarrollando la reforma energética, dado que, está reforma permitirá más inversión en México", esta debe ser destinada a proyectos que permitan transitar hacia una seguridad energética.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo para realizar un exhorto a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a que se incluya en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014–2018, el seguimiento de la construcción de la nueva refinería en Tula.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de dos mil catorce.

COMISIÓN DE ENERGÍA”,





 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear la propuesta de Reforma Energética.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objetoexhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río a replantear la propuesta de reforma energética, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de octubre de 2013, el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río a replantear la propuesta de reforma energética.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-2873la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que el General Lázaro Cárdenas del Río, ha sido el Presidente más respetado y querido en este siglo en todas partes de México, particularmente en la sierra mixteca de Oaxaca.

Comenta que la notica de la muerte del Presidente Lázaro Cárdenas conmovió a México y en poco tiempo mucha gente, dentro y fuera del país lamentó tan grande pérdida.

Recuerda que el Presidente el 18 de marzo de 1938, desde Palacio Nacional, pronunció un discurso anunciando la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en favor del pueblo de México, siendo un evento relevante en la vida económica, política y social del país.

Argumenta que todas y todos los habitantes de México, deben analizar con responsabilidad las palabras que exclamó el Presidente Cárdenas. Menciona que es imposible permitir de nueva cuenta, las empresas extranjeras violenten la vida laboral de los obreros y la compresión de las necesidades sociales a costa de intereses externos.

Asimismo, menciona que la nación será la más afectada si no renovamos y modernizamos nuestra industria energética, pero al mismo tiempo hace un llamado a detener la corrupción que ha saqueado la industria energética.

Menciona que no comparte la pretensión de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para salvar la “solventación” presupuestal o la modernización de Pemex a través de la autorización de contratos de servicio y riesgo que impliquen su privatización.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. Los senadores de esta comisión dictaminadora consideran que la Reforma Energética se planteó en un contexto en el que la industria energética en México se encuentra rezagada. Los campos petroleros mexicanos están llegando a su etapa de maduración y declinación. La tecnología y los recursos con los que cuenta Petróleos Mexicanos  no permiten acceder a nuevos yacimientos petrolíferos y además se suma una limitada disponibilidad de combustibles limpios y de bajo costo, así como la falta de competencia en la generación eléctrica.

La Reforma Energética que se aprobó en el H. Congreso de la Unión tiene el objetivo de detonar el potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado para que estos se canalicen en los programas sociales, en invertir en recursos humanos que necesita el país y a para el fondo de ahorro de largo plazo en favor de las futuras generaciones.

En este sentido, en la Reforma Energética se establece un nuevo modelo industrial, tanto para el sector hidrocarburos como para el sector eléctrico. Este nuevo modelo energético permitirá mayores inversiones en la industria y participación de empresas públicas y privadas. Esta reforma representa la modernización más importante en la historia de las empresas energéticas mexicanas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que éstas sean más competitivas y rentables, manteniendo su carácter público, transformándose en Empresas Productivas del Estado para asociarse y competir con otras empresas, bajo criterios de seguridad industrial, protección al medio ambiente, con responsabilidad social y eficiencia económica en beneficio de la sociedad mexicana.

En lo que respecta a la industria eléctrica en México la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, seguirán siendo áreas estratégicas del Estado Mexicano.

Con ello, se fortalecerá la rectoría del Estado en la industria energética. Tal y como ocurre en el caso de los hidrocarburos, el marco institucional y regulatorio del sector eléctrico se fortalece, para que se garantice su funcionamiento apropiado.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo para que el Senado de la República, en el marco XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a replantear la propuesta de Reforma Energética presentada, y para que el Congreso de la Unión, analice y fortalezca los principios constitucionales de la Industria Energética, como patrimonio exclusivamente nacional.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar los recursos correspondientes en el Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ABSTENERSE DE ENTREGAR RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A LOS PROYECTOS DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre de 2013, la Sen. Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar recursos en el Presupuesto de Egresos a los proyectos del Complejo Petroquímico Pajaritos.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-5122 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Consideran la promovente del punto de acuerdo que ha insistido en que esta alianza debe de ser auditada y supervisada, ya que la realidad en hechos dista mucho de la versión oficial que se ha presentado. Prácticamente los trabajadores han sido desplazados, la nueva compañía creada  llamada Petroquímica Mexicana de Vinilo, se maneja con total autonomía en las instalaciones, con un poder absoluto de decisión. Se ha  contratado a la compañía ICA Flour para los  trabajos de rehabilitación y esta a su vez introdujo obreros bajo el régimen outsourcing.

En dicha Alianza de co- inversión, PEMEX  reportó que no tenía  recursos para mantener en total control directo Pajaritos, por lo que la inyección de capital  e infraestructura que Mexichem sumaría a esta alianza seria benéfica para ambos. INDAABIN (Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales)  evaluó los terrenos, edificios, maquinaria y equipo como las plantas químicas de proceso del Complejo Pajaritos  en 254 millones de dólares, mientras que los bienes de Mexichem fueron evaluados en 125 millones de dólares.

Sin embargo, para que la  privada Mexichem obtuviera la mayoría y la Presidencia  en el Consejo de administración en la nueva empresa, sumó a la composición accionaria 44 millones de dólares más en “aportación capital trabajo” y declaró que invertiría 156 millones de dólares en efectivo. Con esto la composición quedó  finalmente en 56 por ciento para Mexichem y 44 por ciento a Pemex.

Sumado a lo anterior cerca de 1300 trabajadores Petroleros altamente calificados y expertos en este sector con trayectoria y antigüedad demostrada, están en calidad de “disponibilidad absoluta “para que desempeñen otras actividades como jardinería o mantenimiento en otras instalaciones de la paraestatal,  manifestando su  preocupación e  incertidumbre.

Por lo anterior la senadora considera que es evidente que esta alianza no cumple con lo pactado, y que ante la desventaja en que quedó PEMEX ahora se pretende inyectar recursos del erario público a un proyecto de control privado. Confirmamos  que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. Pemex Petroquímica (PPQ) es un Organismo Subsidiario de Petróleos Mexicanos, siendo este último un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal. PPQ tiene a su cargo la operación de ocho complejos petroquímicos, los cuales se dedican a procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como al almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos.

En la actualidad Pemex Petroquímica se integra por los siguientes complejos:

• Centro Administrativo Coatzacoalcos.

• Complejo Petroquímico Camargo

• Complejo Petroquímico Cangrejera

• Complejo Petroquímico Cosoleacaque

• Complejo Petroquímico Escolín

• Complejo Petroquímico Morelos

• Complejo Petroquímico Pajaritos

• Complejo Petroquímico Tula

• Complejo Petroquímico Independencia

En lo que respecta al Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex-Petroquímica enajenó en 2013 parte de sus propiedades y plantas de este Complejo a Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV, (PMV) en $2,993.5 millones de pesos,  compañía subsidiaria de Mexichem SAB de CV. En pago de la enajenación, PMV entregó a PPQ “certificados de valor”.

Esta enajenación se realizó para concretar la alianza del organismo con Mexichem SAB de CV con el objetivo de integrar la cadena productiva sal-cloro/sosa/etileno/monómero de cloruro de vinilo, mediante sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por lo que esta alianza cumplió con todos los requisitos legales para ello.

La proyección para esta alianza está pensada para que esta modernización permita corregir los problemas que han impedido que el Complejo alcance su capacidad nominal, para que alcance su nivel potencial de producción. A su vez, PPQ Cadena Productiva, invirtió en  PMV los derechos de cobro, obteniendo a cambio el 44.09% de las acciones de la misma.  En lo que respecta a la situación laboral en el Complejo el personal que opera las plantas enajenadas es proporcionado por Pemex Petroquímica en forma exclusiva mediante el pago correspondiente sin vulnerar sus derechos laborales.

Además de que este tipo de asociaciones ya eran permitidas por nuestra Constitución y es de destacarse que incluso antes de que se aprobara la Reforma Energética. Por lo que  El artículo 28 constitucional, en su cuarto párrafo, reservaba al Estado la petroquímica básica, pero no la secundaria, como es el caso de la planta petroquímica Pajaritos. Por lo que no se aduce a conflictos en sus leyes y reglamentos

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo para solicitar a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar recursos en el Presupuesto de Egresos a los proyectos del Complejo Petroquímico Pajaritos.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California, Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional, a cargo del Senador Carlos Mendoza Davis del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2013, el Senador Carlo Mendoza Davis del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional.

El 4 de febrero de 2014 la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 2P2A.-119la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala que la Comisión Federal de Electricidad divide al país en nueve áreas de Generación y Transmisión que son: Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California y Baja California Sur, de las cuales, las primeras siete forman parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Comenta que el sistema eléctrico interconectado de Baja California Sur, que opera de forma aislada al SIN, da servicio a las ciudades de Villa Insurgentes, Ciudad Constitución, La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como a diversos poblados situados a lo largo de la costa del Océano Pacífico y el mar de Cortés.

Recuerda que el suministro de la demanda de Baja California Sur, tiene altos costos de operación y de impacto ambiental, por ejemplo, la demanda eléctrica de la zona de Los Cabos, se satisface con generación local mediante unidades que consumen diésel, situación que impacta negativamente a esta población.

Menciona que en atención a lo anterior y con el propósito de satisfacer el crecimiento de la demanda prevista en el mediano plazo para esta región, existe un proyecto para interconectar al sistema de Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional, mediante el cual se pretende contar con una fuente de energía segura, confiable y a un menor costo, facilitando el desarrollo sustentable de la región.

La interconexión de sistemas eléctricos permite mantener un margen de reserva razonable, mejorar la seguridad operativa, incrementar la confiabilidad de suministro, disminuir costos operativos del sistema resultante y constituye un suministro alterno en condiciones de emergencia.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. El sector de la energía eléctrica tano en México como en Estados Unidos de América está experimentando cambios y en particular en nuestro país después de la Reforma Energética para dar paso a una serie de cambios estructurales, legislativos y reglamentarios ante ello los esquemas de mercado se ven inmersos en una mayor competencia.

Por lo que la Comisión Federal de Electricidad  lleva su planeación y expansión del sistema incorporando suficiente capacidad de generación y red de transmisión en cada región para el suministro de la demanda contando con la reserva necesaria para cumplir con los criterios de confiabilidad.

En este sentido, la interconexión de sistemas eléctricos permite mejorar la seguridad operativa, confiabilidad del suministro, compartir recursos energéticos y disminuir los costos de operación del sistema resultante así como la posibilidad de suministro alterno en condiciones de emergencia.

En lo que respecta a Baja California Sur por un lado, no existen recursos energéticos en la región que hagan posible la incorporación de tecnologías de generación de energía, por otro, en los grandes centros de consumo las restricciones ambientales son severas.

Por ello los costos de operación del sistema de Baja California resultan muy elevados, su parque de generación instalado se constituye por unidades térmicas convencionales, plantas de combustión interna que requieren para su operación combustóleo o diésel además para cubrir los picos de demanda se añaden una cantidad considerable de turbogás y turbojet que se suman al sistema para cubrir su suministro.

Por lo que la Comisión Federal de Electricidad ya cuenta con proyectos de interconexión para el de Baja California y Baja California Sur (BCS). Con ello, se busca conectar el área de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), para satisfacer los incrementos en la demanda eléctrica, mejorando la seguridad operativa y la confiabilidad del suministro, así como compartir reserva y respaldo de emergencias.

Con esta integración de los sistemas se optimizará la inversión en infraestructura, para asignar de una manera más eficiente, y aprovechando la diversidad de la demanda entre ambos sistemas.

En este tipo de interconexiones destacan las características siguientes:

● Permite tener la conexión de manera permanente, independiente de la magnitud de frecuencia en ambos sistemas.

● Se puede controlar la magnitud y el sentido de la energía de transferencia de manera rápida.

● Entregar energía suficiente para realizar un arranque negro de unidades generadoras cercanas en caso de colapso.

● Proporcionar el soporte de potencia reactiva necesario para mantener y regular los voltajes en niveles apropiados, en el rango de mínima y máxima transferencia de potencia.

● Impide la transferencia de una perturbación de un sistema a otro.

Adicionalmente, se ha valorado la interconexión mediante con la red eléctrica de Baja California Sur (BCS) al Sistema Interconectado Nacional SIN, mediante un cable submarino de Corriente Alterna (CA), existiendo una mayor inyección de potencia reactiva a la red eléctrica. Debido a ello, estos planes de interconexión avanzaran en la medida y capacidades técnicas y tecnológicas que se vayan obteniendo en la instrumentación de los planes y proyectos trazados por la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no realizara la consulta popular.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A NO ENTREGAR NINGUN CONTRATO, LICENCIA O CONCESION A ALGUNA EMPRESA HASTA QUE NO SE REALICE LA CONSULTA POPULAR Y SE OPINE DE LA REFORMA ENERGETICA, a cargo de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2013, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa hasta que no se realice la consulta popular y se opine de la reforma energética.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 1P2A.-5626 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Consideran los legisladores promoventes del punto de acuerdo que la reforma energética  aprobada recientemente por las Cámara de Senadores y de Diputados que esta representa una regresión a la época que antecedió a la expropiación petrolera decretada por el General Lázaro Cárdenas y que se convierte al país en un dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos.

Comenta que la reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional y que atenta y rompe el pacto social surgido de la revolución mexicana, por lo que consideran que sólo un nuevo Constituyente elegido para ello podría hacer una modificación de tal magnitud y previa consulta a la ciudadanía.

Recuerda que la reforma energética reunió los votos necesarios en el Congreso de la Unión pero no cuenta con la opinión favorable de la mayoría de las y los mexicanos.

Menciona que la consulta popular es una herramienta de participación que permite a los ciudadanos, opinar y decidir de manera directa sobre las determinaciones que los gobernantes han de tomar, siempre en beneficio de la propia sociedad.

Por lo que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República considera que debe hacerse una consulta popular para decidir el destino del recurso no renovable más importante de nuestra Nación.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. La Reforma Energética que se aprobó en el H. Congreso de la Unión tiene el objetivo de detonar el potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado para que estos se canalicen en los programas sociales, en invertir en recursos humanos que necesita el país y a para el fondo de ahorro de largo plazo en favor de las futuras generaciones.

En este sentido, en la Reforma Energética se establece un nuevo modelo industrial, tanto para el sector hidrocarburos como para el sector eléctrico. Este nuevo modelo energético permitirá mayores inversiones en la industria y participación de empresas públicas y privadas. Esta reforma representa la modernización más importante en la historia de las empresas energéticas mexicanas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que éstas sean más competitivas y rentables, manteniendo su carácter público, transformándose en Empresas Productivas del Estado para asociarse y competir con otras empresas, bajo criterios de seguridad industrial, protección al medio ambiente, con responsabilidad social y eficiencia económica en beneficio de la sociedad mexicana.

Con la reforma Energética se potenciará la economía, las inversiones nacionales y extranjeras hacia sectores estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el abasto de bienes energéticos a precios más accesibles.

Esta Comisión dictaminadora considera que la reforma energética es la oportunidad histórica de México para atraer inversiones y modernizar el sector energético apoyando a la economía de las familias, fortalecer el desarrollo social, al mismo tiempo que se propicia el cuidado al medio ambiente, elevando la competitividad del país y detonando la capacidad productiva de nuestra nación haciéndonos transitar hacia un nuevo modelo energético dinámico, competitivo y próspero.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa hasta que no se realice la consulta popular y se opine de la reforma energética.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar páneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar, a cargo del Senador Raúl Gracia Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de febrero de 2014, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar páneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente afirma que los habitantes del Estado de Nuevo León no se encuentran muy familiarizados con el tema de energías renovables, ya que muy pocos trabajan con energías limpias, siendo que el Estado tiene, una ubicación geográfica y un clima favorable para la energía fotovoltaica, por lo que debería aprovecharse esto maximizándose en las temporadas de calor.

De acuerdo a datos censales arrojados por el INEGI El Estado de Nuevo León presenta el siguiente escenario:a) "Una población de 4 653 458 habitantes ellos representan y configuran 1 191 114 hogares; de los cuales 1 170 401 cuentan con energía eléctrica, esto es el 98.3% de la población que tiene acceso a este recurso"

Abunda en su argumento que actualmente en el Estado de Nuevo León los habitantes con recursos económicos están optando por la instalación de estos paneles fotovoltaicos debido a que en un lapso de cuatro años ellos recuperaran su inversión con la energía producida directamente en sus hogares, inclusive se ha llegado a detectar que representa un ahorro significativo en los bolsillos de los usuarios.

Además, agrega el proponente, que por los datos aportados anteriormente sería prudente que la Comisión Federal de Electricidad facilitara a los habitantes de Nuevo León, que actualmente no tienen acceso a este tipo de tecnologías, un programa de financiamiento con el fin de producir energía renovables en los hogares Neoloneses y así por un lado disminuir la contaminación y de igual manera contribuir a la reducción del gasto erogado por concepto de energía.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA.- La Comisión de Energía considera que la propuesta del Senador Raúl Gracia carece de viabilidad, en virtud de que en la actualidad través del Programa de Energía de Cogeneración y Micro cogeneración el FIDE otorga líneas de financiamiento para la compra de equipos de paneles fotovoltaicos y celdas solares, con lo cual se generará energía eléctrica para el autoconsumo de tipo doméstico y de negocios.

Cabe señalar que el FIDE es un Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de agosto de 1990, por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

SEGUNDA.- Aunado a lo anterior la Comisión de Energía quiere destacar existen incentivos fiscales para todo comprador de paneles solares.

En efecto, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es posible deducir el 100% de la inversión inicial en un solo ejercicio fiscal beneficiando al contribuyente en su inversión, dicho artículo 31 señala:

Artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares.

El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales ...

Por su parte el artículo 34 de la Ley del ISR señala:

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente.

Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía.

Dicho o anterior resulta evidente que ya existen programas tanto de financiamiento como incentivos fiscales disponibles para la sociedad para poder adquirir los equipos necesarios para generación de energía, por lo que la Comisión de Energía considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha el Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar, a cargo del Senador Raúl Gracia Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de acuerdo presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, por el que solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del Estado de Nuevo León, a fin de instalar páneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a promover políticas públicas que hicieran eficiente el uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto solicitar al Senado de la República para exhortar, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al Secretario de Economía y a los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a promover políticas públicas que hagan eficiente el uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos, por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de marzo de 2014, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República, exhortar, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al Secretario de Economía y a los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a promover políticas públicas que hagan eficiente el uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL 2P2A.- 1862 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador señala que del uso racional de la eficiencia energética es digno para que los gobiernos y la sociedad reflexionen el uso que le damos a nuestros recursos energéticos, la eficiencia energética debe ser planteada desde una política pública destinada a detener el cambio climático y explorar energías renovables menos agresivas para el medio ambiente.

También señala que impulsar el uso racional de energías limpias empleando para ello mediante la mejora de procesos, la cogeneración, el reciclaje, el uso de productos menos contaminantes y un consumo inteligente, es el tipo de energía que hoy necesitamos.

Expone que nuestras generaciones tienen la total obligación de heredar un México en donde la utilización eficiente de la energía convierta nuestra Nación en un país verde,  a través de iniciativas para controlar y mejorar el consumo energético. Por lo que asegura que la eficiencia energética debe ser el eje de las políticas públicas para contribuir al freno del cambio climático; obteniendo bienes y servicios energéticos, con menos recursos, con mayor calidad de vida, menos contaminación a un precio inferior al actual

Derivado de lo anterior solicita se exhorte, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al Secretario de Economía y a los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a promover políticas públicas que hagan eficiente el uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICO. Los senadores de esta Comisión dictaminadora consideran que los objetivos de la reforma energética aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, al respecto. Dentro de los objetivos planteados se encuentra el de ser un detonante del potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado para que estos se canalicen en los programas sociales, en invertir en recursos humanos que necesita el país y a para el fondo de ahorro de largo plazo en favor de las futuras generaciones.

Los senadores consideran que los beneficios que se esperan obtener abarcan una gama tan diversa como fomentar el desarrollo económico y social del país al proporcionar tarifas eléctricas más económicas, así como una disminución del precio del gas natural que beneficiando a toda la sociedad con más productores de combustible a precios más accesibles.

Así como la protección al medio ambiente mediante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al emplear cada vez más el gas natural esto se traducirá en una mayor calidad del aire al reducir las emisiones contaminantes de otro tipo de combustibles. Se protegerá y fomentará la industria energética mexicana.

Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad al ser empresas productivas del Estado se fortalecerán y modernizarán para poder competir con empresas las diferentes empresas de sus sectores. La Secretaría de Economía dirigirá una estrategia integral para crear y fomentar cadenas de valor en la proveeduría del sector energético.

Se creará un Consejo Consultivo con representantes de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, académicos y representantes de la industria, con el fin de apoyar la estrategia de fomento industrial y de contenido nacional.

Con la reforma Energética se potenciará la economía las inversiones nacionales y extranjeras hacia sectores estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el abasto de bienes como el gas y la electricidad a precios más accesibles. Apoyando la economía de las familiar en México, generando beneficios en el desarrollo social. Esto, sumado a una mayor competitividad como país propiciará la creación fuentes de empleo adicionales en beneficio de la sociedad mexicana.

Con ello, se atienden las preocupaciones del promovente de que se propicien políticas de un uso eficiente de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo en virtud de haber sido atendidas las inquietudes del promovente con la aprobación de la Reforma Energética por lo que deja sin materia el punto de acuerdo turnado

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que solicita a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, a incluir la invitación a participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño del erario público ocasionado por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objetode hacer extensivas ciertas consideraciones que deberá incluir en el programa de trabajo la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S.A. DE C.V. suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de marzo de 2014, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la  ciertas consideraciones que deberá incluir en el programa de trabajo la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S.A. DE C.V. suscrito el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadores y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD solicitan a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. que en el programa de trabajo que elabore, incluya la invitación a participar en sesiones de investigación de la comisión, a todos aquellos ex servidores públicos de los dos sexenios anteriores que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al erario público ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

UNICA.-La Comisión que dictamina considera oportuno destacar que, en términos del artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se podrán nombrar comisiones de carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas.

Dichas Comisiones especiales se componen de una representación por parte de las diversas fuerzas políticas, por lo que la Comisión que dictamina considera que no es materia de un Punto de Acuerdo exhortar a una comisión especial a que haga o no cierta función, ya que por eso el artículo 119 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, señala, entre otras cosas que su objeto debe establecerse a través del acuerdo por el cual son creadas dichas comisiones, en todo caso esa sería una función que pueden ejercer los Grupos Parlamentarios a través de sus respectivos representantes partidarios dentro de la comisión, por lo que la que dictamina considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. que en el programa de trabajo que elabore, incluya la invitación a participar en sesiones de investigación de la comisión, a todos aquellos ex servidores públicos de los dos sexenios anteriores que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al erario público ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Otro con relación con tres proposiciones sobre el proceso de la “Ronda Cero”.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fueron turnadas diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a diversas peticiones relacionadas con la llamada "Ronda Cero".

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 20 de marzo de 2014, el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República, requerir a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos se suspendan los procedimientos correspondientes a la llamada "Ronda Cero" hasta en tanto se cuente con la legislación secundaria en materia energética que brinde plena seguridad jurídica a todos los gobernados.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

2.- Con fecha 8 de abril de 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a comparecer ante esta Soberanía al Director General de Petróleos Mexicanos y al Titular de la Secretaría de Energía, a efecto informar detalladamente los criterios con los que se desarrollará la "Ronda Cero", así como al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a efecto de informar respecto del equipo técnico con que cuenta dicho organismo para auditar y supervisar los contratos, asignaciones y trabajos que se realizarán en el sector de hidrocarburos; Asimismo solicita la creación al interior del Senado de la República, una Comisión Especial con el fin de dar seguimiento puntual y detallado a todo el proceso de la Ronda Cero.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

3.- Con fecha 23 de abril de 2014, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que el Comité de Estrategia e Inversiones de Petróleos Mexicanos remitan las consideraciones jurídicas y técnicas, así como las atribuciones que tienen para que emitieran una opinión favorable con relación al proceso de la Ronda Cero, así como solicitar al Titular de la Secretaría de Energía, un informe detallado del proceso que se tiene contemplado para cumplir con la Ronda Cero, precisando los criterios para aprobar las áreas que solicitó Pemex le sean asignadas, sin omitir explicar la forma en que evaluará la capacidad técnica y financiera para que Pemex continúe con la producción o exploración de algunas áreas y campos, y precisar los criterios en los que se basará para eventualmente no aprobar la solicitud de Pemex en la exploración de algunas áreas específicas; de igual forma solicitan la comparecencia de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía a efecto de que informe detalladamente los criterios con los que se desarrollará la Ronda Cero, y al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de rendir un informe sobre los criterios técnicos que tiene o desarrollará este organismo para apoyar a la Secretaría de Energía en el proceso de la Ronda Cero.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de los citados Puntos de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DELOS PUNTOS DE ACUERDO

1.- Con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el proponente expone que en el decreto de reforma constitucional en materia energética a los artículos 25, 27 y 28, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y con entrada en vigor al día siguiente, se estableció en el artículo sexto transitorio la "Ronda Cero", para asignar a Pemex en un plazo de 90 días naturales de manera preferente a los inversionistas privados, áreas de exploración y producción. Aunado a lo anterior, el exponente comenta que han surgido declaraciones en los medios de comunicación sobre una posible repartición de asignaciones de la “Ronda Cero” y al no existir legislación secundaria se propiciaría la inseguridad jurídica y actos en contra de la hacienda pública y del patrimonio nacional, en virtud de no haber claridad en los criterios y procedimientos de asignación.

Fortalece su comentario en el hecho de que tampoco es claro el proceso de la "Ronda Cero en la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 y argumenta que hasta el momento no ha habido información suficiente, y no se ha realizado un debate sobre el tema además no se ha realizado aún una estimación económica del impacto presupuestal que deriva de la “Ronda Cero”.

Explica que lo anterior hace evidente la inviabilidad legal para el proceso de Ronda Cero, ya que no existen mecanismos legales para que PEMEX reciba contraprestaciones del Estado Mexicano, ni tampoco se cuenta con un modelo administrativo legal, ni presupuestal definido por no estar constituida como una Empresa Pública del Estado (Artículos 2 y 3 Transitorios de la Reforma).

Reitera que de continuar con esta asignación se provocarían situaciones indeseables como la entrega de reservas a la explotación de empresas particulares, así como la transferencia de recursos que la Nación ha invertido en este rubro, despertando con ello, sospechas de corrupción en las que se involucran altos niveles de gobierno del sexenio anterior y el actual.

Finaliza manifestando que sería una grave irresponsabilidad la realización de la “Ronda Cero” tanto del Senado de la República como del Ejecutivo Federal.

Por lo que solicita que la Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos se suspendan los procedimientos correspondientes a la llamada "Ronda Cero" hasta en tanto se cuente con la legislación secundaria en materia energética.

2.- Con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proponente señala que el pasado 12 de diciembre del 2013 se aprobó la reforma constitucional en materia energética presentada por el Ejecutivo Federal ante esta Soberanía. En ella se realizaron cambios significativos a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia del Petróleo y Electricidad, conteniendo, el decreto, 21 artículos transitorios.

Amplía su argumento mencionando que en el artículo Cuarto Transitorio, se estableció un plazo de 120 días para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones al marco jurídico para regular las modalidades de contratación del sector petrolero y para que se legisle sobre las modalidades de contraprestaciones o pago de servicios derivados de los contratos celebrados. Con lo que se establece de manera directa y contundente el ingreso del sector privado a la administración y posesión de la Renta Petrolera de México, cerrada y limitada para uso exclusivo de la nación desde el 18 de marzo de 1938, bajo el decreto de expropiación realizado por el General Lázaro Cárdenas del Rio, entonces Presidente Constitucional de México.

Comenta que a lo largo de estos 75 años, los mexicanos pudimos formar y consolidar nuestra gran empresa petrolera Petróleos Mexicanos. PEMEX se especializó en exploración y extracción de petróleo y gas, logrando producciones históricas de hasta 3 millones 500 mil barriles de petróleo por día. Pemex conformó un extenso sistema de Refinación en diferentes puntos del país, con la instalación de 6 grandes refinerías,  siendo pionero a nivel mundial en el desarrollo de la petroquímica construyendo 8 grandes complejos con capacidad de producción de diseño de casi 20 millones de toneladas por año.

Sin embargo, dada las modificaciones Constitucionales, estas acciones dejarán de ser exclusivas y estratégicas para México, mediante la reforma del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, y del artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma energética (la Senadora lo cita textualmente).

Añade que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será quien realice las funciones de "operador" en los contratos y asignaciones de la explotación y extracción de los campos petroleros, este proceso está previsto para un periodo de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma. Por ello, PEMEX tiene hasta el 21 de marzo para presentar los proyectos y campos que son considerados viables técnica y económicamente; una vez recibida la información, la Secretaria de Energía, con asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revisará la solicitud y emitirá una resolución. Por otro lado afirma que PEMEX reporta una producción de 2 millones 505 mil barriles diarios (enero  2014) ,  en  diferentes  campos y  pozos  de  producción  operados  bajo  diferentes sistemas  de administración, donde la renta petrolera y la producción de hidrocarburos entran íntegramente al sistema tributario y fiscal nacional.

De acuerdo con datos de PEMEX  presentados a inversionistas en enero de este año se reportan los siguientes datos:

Se tienen reservas probadas para 10.2 años;

La producción de petróleo crudo es de 2 millones 513 mil barriles por día.

La producción de gas natural es de 6 millones 406 Mil pies cúbicos, por lo que ocupa el 7°  lugar en producción mundial de hidrocarburos;

El 76% de crudo y gas se encuentra en Costa Fuera (Golfo de México), de los cuales el 87% de las reservas probadas se localizan en el   sureste de México (Litoral de Tabasco, Sur de Veracruz y Sonda de Campeche).

Los trabajos que se realizan actualmente bajo  las diferentes modalidades de contratos se llevan a cabo en la Marina sureste, en la región Norte, en la   región Marina Noreste y campos que se extienden en el centro del territorio nacional.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

SEGUNDA.- Por otro lado, los Puntos de Acuerdo citadas en el considerando que antecede después de un extenso debate, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que la comisión que dictamina considera que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que las leyes secundarias en materia energética ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto.

TERCERA.- La Comisión de Energía quiere enfatizar que de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, dentro del plazo previsto en el Sexto Transitorio de la reforma constitucional en Materia de Energía, sometió a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción que está en capacidad de operar, a través de asignaciones.

El proceso, que constituye la denominada Ronda Cero, le asigna a Petróleos Mexicanos los recursos petroleros para asegurar un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción sostenible, los cuales representan los recursos con los que Petróleos Mexicanos inicia esta nueva era del sector energético nacional. Además, Petróleos Mexicanos podrá acceder a nuevas áreas como resultado de las rondas de licitación que posteriormente se emitan.

Adicionalmente, la Ronda Cero define los recursos petroleros con los que contará el Estado para multiplicar la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos en el país a través de rondas de licitación abiertas a la participación de la industria petrolera, con el fin de incrementar la seguridad energética de México.

CUARTA.- La Comisión que dictamina considera oportuno mencionar que con fechas 13, 27 y 29 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos 489 asignaciones, 108 de exploración y 381 de extracción que le dan el derecho de continuar realizando actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

Dicho lo anterior y en virtud de que la Ronda Cero es un acto consumado, la que dictamina considera que no existe materia de estudio de los presentes puntos de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha el Punto de Acuerdopunto de acuerdo para que la Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos se suspendan los procedimientos correspondientes a la llamada "Ronda Cero" hasta en tanto se cuente con la legislación secundaria en materia energética que brinde plena seguridad jurídica a todos los gobernados, a cargo del Senador Manuel Bartlett Días del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

SEGUNDO.- Se desecha el Punto de Acuerdo por el que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, para informar sobre el proceso de la "Ronda Cero", en el sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO.- Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se solicita que el Comité de Estrategia e Inversiones de Petróleos Mexicanos remitan las consideraciones jurídicas y técnicas, así como las atribuciones que tienen para que emitieran una opinión favorable con relación al proceso de la Ronda Cero, así como solicitar al Titular de la Secretaría de Energía, un informe detallado del proceso que se tiene contemplado para cumplir con la Ronda Cero, precisando los criterios para aprobar las áreas que solicitó Pemex le sean asignadas, sin omitir explicar la forma en que evaluará la capacidad técnica y financiera para que Pemex continúe con la producción o exploración de algunas áreas y campos, y precisar los criterios en los que se basará para eventualmente no aprobar la solicitud de Pemex en la exploración de algunas áreas específicas; de igual forma solicitan la comparecencia de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía a efecto de que informe detalladamente los criterios con los que se desarrollará la Ronda Cero, y al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de rendir un informe sobre los criterios técnicos que tiene o desarrollará este organismo para apoyar a la Secretaría de Energía en el proceso de la Ronda Cero.

CUARTA.-Archívese estos asuntos como total y definitivamente concluidos.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a disponer lo necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación se realizara de manera mensual.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su titular, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de que en el Estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios, suscrita por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de abril de 2014, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortara la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su titular, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de que en el Estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual, bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Proponente manifiesta que las altas temperaturas en primavera y verano, así como la caída en el clima en invierno tornan imprescindible la instalación de aparatos diversos para aminorar los efectos extremos del medio ambiente, por lo que afirma que las tarifas para el suministro de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad son en razón de un criterio que atiende a los diferentes tipos de clima que se registran en el país. De ahí que se establecieron siete regiones en la república donde se aplican las tarifas de acuerdo con la temperatura mínima media de verano.

Según comenta el Senador proponente con datos del 2011 del INEGI, en Baja California hay 1'096,278 usuarios del servicio. Lo anterior implica un volumen de ventas de $12,807'622,000. Las familias dedican una parte importante de sus ingresos para el pago de la energía eléctrica. Según la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO) 2012 realizada por el INEGI, las familias ubicadas en localidades urbanas destinaron 20.4% de su gasto total para la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En promedio las familias dedicaron $2,296 pesos para cubrir el recibo de luz de la vivienda principal, de los cuales las familias donde sus miembros tienen la educación primaria incompleta pagaron $1,525. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la misma Encuesta, el gasto anual promedio por persona en Baja California es de $51,532 resulta que los recursos que una persona destina para el pago de combustibles diversos para la vivienda, entre los que se encuentra, la electricidad, ascienden a la cantidad aproximada de $10,200 para nadie es un secreto que el campo mexicano vive una de las situaciones más difíciles, producto de diversos factores que inciden negativamente en la generación de condiciones que promuevan su sustentabilidad, desarrollo, y competitividad.

Al mismo tiempo el proponente sugiere que el pago mes a mes aporta la oportunidad a cada hogar de desarrollar patrones de consumo estandarizados para no salirse de la tarifa básica y conservar el beneficio del subsidio. La identificación clara del consumo digamos irreductible de una familia despierta el interés por adoptar tecnologías caracterizadas por el alto nivel de eficiencia, muchas de las escuelas cuentan con subsidios para su adquisición y facilidades provenientes de fideicomisos públicos relacionados con el uso racional de la energía. La facturación mensual aporta los datos para valorar la instrumentación de energías limpias bajo el incentivo de mantener el consumo dentro de los límites del subsidio, o por lo menos no llegar a la tarifa que opera como si fuera una multa que es la de alto consumo o DAC.

Aunado a lo anterior el Senador Blásquez Salinas, no omite mencionar que la Comisión Federal de Electricidad acumula quejas por concepto de facturación, las cuales se desahogan ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que se estima que 4.51 personas de cada mil optan por la reclamación al considerar injusto el cobro por no apegarse al consumo real; y propone que una vía de solución factible para que el "recibo de la luz" en México deje de ser motivo de controversia entre la población y la     Comisión lo encontramos precisamente en el cobro mensual de acuerdo a lo realmente consumido, en un nuevo esquema en el que la transparencia y claridad sean elementos torales.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. Estas Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera comparten la preocupación del proponente, sin embargo, consideran que el que el cobro por el servicio de la energía eléctrica se realice de manera mensual, no garantiza la imparcialidad en la toma de decisiones, así como el que únicamente se consideren criterios técnicos, económicos y financieros en la determinación de la estructura y nivel de las tarifas eléctricas.

Las que dictaminan consideran prudente destacar, que el artículo 28 constitucional señala que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, dentro de las cuales se encuentra la generación de electricidad como actividad reservada exclusivamente al Estado, mismo que a la letra dice:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (las, sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a la (las, sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

SEGUNDA.- Las comisiones que dictaminan consideran importante destacar que el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica establece las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, dicho artículo señala:

Artículo 27.- Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica que expida la CRE tendrán por objeto determinar los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, para lo cual deberán contener, como mínimo:

I. Las tarifas aplicables;

Dicho lo anterior, las que dictaminan consideran prudente advertir que las tarifas, a diferencia de las contribuciones, no se sujetan a los principios de proporcionalidad y equidad sino que se equiparan al precio que cobran las empresas privadas cuyas actividades casi siempre persiguen fines lucrativos y las cuales deben ajustarse o reestructurarse dependiendo de las condiciones de la oferta y demanda de cada mercado, con la periodicidad más adecuada en función de las circunstancias especiales de cada servicio y sin depender de la voluntad o de la capacidad económica de los consumidores.

En efecto, existen diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de Federación en el sentido de distinguir con exactitud el término “tarifa” con el de “contribuciones” como lo son los derechos, tal como se precisa a continuación:

Octava Epoca

Registro: 205917

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989

Materia(s): Constitucional

Tesis: LXXI/89            

Página:    87

Genealogía:

Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 48, pág. 612.

ENERGIA ELECTRICA. LA FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA FIJAR LAS TARIFAS POR SUMINISTRO Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 73, FRACCIONES VII Y XXIX CONSTITUCIONAL.

De conformidad con el artículo 73, fracciones VII y XXIX, constitucionales facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Los Artículos 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que otorgan al Secretario de Hacienda y Crédito Público facultad para fijar las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, así como para establecer su ajuste, modificación o reestructuración, no violan el artículo 73, fracciones VII y XXIX, constitucional, en virtud de que los precios que conforme a dichas tarifas se determinan no tienen el carácter de contribuciones. En efecto, no puede considerarse que las cuotas por el suministro y venta de energía eléctrica tengan la naturaleza de contribuciones, pues no participan de las características propias de una relación tributaria: 1) El prestador del servicio puede ser tanto la Comisión Federal de Electricidad como otras diversas sociedades de carácter mercantil. La Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de organismo descentralizado, posee personalidad jurídica y patrimonio propios y diversos a los del Estado de conformidad con el artículo 8o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2) La obligación del usuario no deriva de una ley tributaria emitida por el Estado en virtud de su potestad soberana; por el contrario, la obligación de pago deriva del contrato que al efecto celebre la Comisión Federal de Electricidad o la Compañía en liquidación prestadora del servicio con el usuario. 3) La Comisión Federal de Electricidad y las Compañías en liquidación que continúan prestando el servicio, no disponen de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas; y 4) Los ingresos que de dichos pagos se obtienen, pasan a formar parte del patrimonio de los organismos descentralizados encargados de la prestación del servicio.

Amparo en revisión 10056/84. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Días Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. Díaz Romero manifestó que no estaba conforme con algunas de las consideraciones contenidas en el proyecto. Ausentes: Pavón Vasconcelos, Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis LXXI/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León, Villagordoa Lozano y Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal a treinta de noviembre de 1989

Por lo anterior, resulta evidente la improcedencia de modificar la naturaleza jurídica del cobro por servicios que prestan la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Comisión de Energía considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su titular, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de que en el Estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios, suscrito por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema expresadas por el C. Alfonso Cuarón Orózco; a cargo dela Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de abril de 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema expresadas por el C. Alfonso Cuarón Orozco.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala la proponente del presente punto de acuerdo que el Ciudadano Alfonso Cuarón Orozco publicó 10 preguntas en torno a la Reforma Energética dirigidas al Titular del Ejecutivo Federal, donde ofrece como antecedente que a fines de febrero el presidente Peña Nieto aseguró, en una entrevista, que el cineasta no estaba bien informado sobre la reforma energética. Cuarón cita las siguientes palabras del presidente: “...en México no han faltado los grupos que en oposición a estas reformas han generado desinformación y de ahí que algunos lleguen a comprar (estos argumentos) o, con no suficiente información, simplemente no conozcan el alcance y el sentido de las reformas.”

Refiere la proponente que el reconocido director cinematográfico reconoce la importancia de la reforma energética pues, dice, “simple y sencillamente se ha cambiado el paradigma del desarrollo nacional” y solicita enseguida, “desde la más absoluta independencia política”, que el presidente Peña Nieto informe al país sobre “el sentido y alcance de la reforma”, toda vez que el Congreso de la Unión está por recibir las iniciativas de leyes secundarias, las preguntas de Cuarón sintetizan muchas de las preocupaciones que hemos vertido aquí, y también las que expresan millones de ciudadanos que no tienen la notoriedad del cineasta, pero que, como él, merecen una respuesta que sólo la arrogancia del poder o la existencia de una perversa agenda doble podrían negar.

Asimismo la Senadora Padierna cita textualmente, las conocidas preguntas que formula Alfonso Cuarón, mismas por las que se pronuncia la proponente para suscribirlas y que se transcriben a continuación:

1. ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la Reforma? ¿Cuál es el cronograma de esos beneficios?

2. ¿Qué afectaciones específicas habrá al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Qué medidas se tomarán para protegerlo y quién asumirá la responsabilidad en caso de derrames o desastres?

3. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto en el medio ambiente es enorme. ¿Existen planes para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país?

4. De la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un estado de derecho tan endeble (y muchas veces inexistente) como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala?

5. Las trasnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses?

6. ¿Con qué herramientas regulatorias cuenta el gobierno mexicano para evitar que se impongan las prácticas de depredación que puedan cometer las empresas privadas que participarán en el sector?

7. ¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato?

8. Si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal (con el que se construyó la infraestructura nacional, se sostuvo la educación y los servicios de salud gratuitos), ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto?

9. ¿Cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen al propietario original de esos recursos, que es el pueblo mexicano?

10. Dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos: la quiebra de 1982 (luego del dispendio, la ineptitud y la corrupción que caracterizó el manejo de la riqueza petrolera de los años 70) y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de Salinas de Gortari, buenas para las manos privadas pero dudosas para los consumidores.

¿Qué nos garantiza que esas experiencias, que han ahondado los abismos sociales, no se repitan? Usted y su partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano tiene los instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social y transparencia?

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente y a su vez publicadas en la página de internet del Senado de la República, así como en el micro sitió de esta Comisión Dictaminadora.

SEGUNDA.-Por otro lado, la que dictamina considera que desde que fueron presentadas las iniciativas, así como durante el proceso de dictaminación la Comisión de Energía, así como la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, le han dado la mayor difusión en los medios con que cuenta este Senado de la República al contenido de las iniciativas y dictámenes en materia energética (Gaceta Parlamentaria, Comunicación Social y Canal del Congreso), así como en las páginas de internet de la Presidencia de la República y Secretaría de Energía.

Asimismo, es por todos conocido que los diversos medios de comunicación contribuyeron de manera eficiente y responsable a dar a la sociedad la información oportuna y basta mediante los diversos espacios en los medios de comunicación respectivos.

TERCERO.- Por otro lado por lo que respecta a las preguntas hechas al Titular del Ejecutivo Federal por parte del Ciudadano Alfonso Cuarón Orozco han sido respondidas de manera inmediata en la página de internet http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing, y dadas a conocer en diversos medios de comunicación.

Asimismo, y para mayor abundamiento de datos, la Comisión de Energía considera importante destacar que durante la presentación de las citadas iniciativas en materia energética, los Secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público, Pedro Joaquin Coldwell y Luis Videgaray Caso respectivamente, dieron respuesta de viva voz a las preguntas del Ciudadano Alfonso Cuarón, por lo que la comisión que dictamina considera que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema expresadas por el C. Alfonso Cuarón Orózco, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de acuerdo presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Que exhorta a consultar abiertamente a la ciudadanía lo referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los miembros de las comisiones dictaminadoras dela reforma energética del Senado de la República a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se siga el procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética a cargo de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Avila, Marco Antonio Blasquez Salinas, y Layda Sansores San Román, así como de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de junio de 2014, los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Avila, Marco Antonio Blasquez Salinas, y Layda Sansores San Román, así como de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que seexhorta a los miembros de las comisiones dictaminadoras de la reforma energética del Senado de la República a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se siga el procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señalan los proponentes del presente punto de acuerdo que especialistas y analistas de la Reforma Energética, tanto nacionales como internacionales, declararon durante semanas que las Leyes Secundarias en Materia Energética serán dictaminadas en un proceso anómalo que demuestra la falta de democracia en nuestro país. Donde las principales reformas no se han discutido siquiera dentro del Congreso, la máxima tribuna de la nación.

Refieren que las leyes secundarias de la Reforma Energética son otra muestra de la falta de transparencia que hay en nuestras instituciones desde el propio Congreso, de donde emanan las normas que rigen la vida de los mexicanos.

Señalan, que el debate sobre las Leyes Secundarias en Materia Energética es uno de los temas más importantes para el desarrollo de la Nación, debido a que abarca los temas no sólo del petróleo, las gasolinas y el gas sino las energía renovables, futura fuente de energía a nivel mundial; por lo que debemos ser especialmente cuidadosos en su dictaminación. Cuidar tanto el procedimiento como la debida información a la ciudadanía sobre este tema de gran importancia nacional es una obligación que no se debe pasar por alto, bajo ningún argumento, y que el hecho de que hayan aprobado la reforma constitucional energética en los últimos días del periodo ordinario del año pasado y que se concretó justamente el 12 de diciembre, el día en que se festeja a la Virgen de Guadalupe, pues refieren que tiene que ver con una intencionalidad del gobierno federal, del PRI y del PAN de que la población no se entere qué es lo que sucede en materia energética

Por la enorme trascendencia de la reforma energética es por lo que se debería consultar a la ciudadanía abiertamente, con los mayores y más claros espacios de discusión nacional, con el profundo conocimiento público de lo que está en juego y que, efectivamente, es mucho más importante y trascendente que el negocio del futbol de las televisoras.

Asimismo argumentan que la cobertura televisiva del Canal del Congreso no es la más adecuada para llegar a todos los hogares de nuestro país.

Argumentan que la ciudadanía merece conocer no sólo los pros de las Leyes Secundarias sino los contras, aquellos que lesionaran el día a día de los mexicanos y que beneficiarán a unos cuantos.

Expresan su preocupación por lo que se prevé aprobar, dándole más poder al Poder Ejecutivo, quitando trabas al ingreso de capital privado y permitiendo que el ambiente de negocios y corrupción se extienda aún más a la industria energética.

Señalan también que la reforma energética es sin duda la de mayor importancia para el poder Ejecutivo Federal por lo que en un acto de responsabilidad debe discutirse con un debido debate, no votándose sólo en lo general sino también en lo particular como lo determina el reglamento a fin de que el trabajo de las Comisiones Dictaminadoras sea suficiente y efectivo y no que se apruebe sin discusión, que llegue al pleno ante una mayoría que vota por lo que no conoce, que sólo vota por lo que le instruyen, sin importarle que el futuro de los mexicanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

Asimismo, con fecha 13 de junio de 2014, las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, presentaron un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Senado de la República solicitando que realizara un análisis de interpretación de diversas disposiciones para verificar si el procedimiento legislativo adoptado por las comisiones dictaminadoras se encontraba apegado a derecho, por lo que con fecha 17 de Junio de 2014, la Mesa Directiva del Senado emitió un Acuerdo en el que señala que dicho procedimiento es válido y no contraviene el contenido del Reglamento del Senado, entre otras cosas.

SEGUNDA.-Por otro lado, las iniciativas citadas en el considerando que antecede después de un extenso debate, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que la comisión que dictamina considera que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que las leyes secundarias en materia energética ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto. En tal sentido esta Comisión considera que el día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los miembros de las comisiones dictaminadoras de la reforma energética del Senado de la República a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se siga el procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética, a cargo de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Avila, Marco Antonio Blásquez Salinas, y Layda Sansores San Román, así como de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Otro respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que relativo a la corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético; a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de mayo de 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo relativo a la corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.

Con fecha 09 de septiembre del mismo año la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala la proponente del presente punto de acuerdo que en términos concretos el combate a la corrupción en el sector energético ha estado fuera de las propuestas de reforma constitucional y legislación secundaria y se ha dejado su tratamiento a un asunto de buenas intenciones de las empresas energéticas, así como de los reguladores y empresas productivas del Estado. Esto, es un claro llamado de atención para un sector que en tantos países han sido acusadas por casos de corrupción e incluso ataques graves contra la soberanía nacional. En México, lo anterior causa una mayor alarma, por la historia que existe en cuanto a conflictos de interés, corrupción, falta de transparencia e impunidad en la vida pública.

Hace especial mención el informe de la auditoría realizada por el despacho Castillo Miranda y Compañía a los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y Organismos Financieros, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2013 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo, correspondientes al año 2013.Este informe refiere en el numeral 21, relativo a las partes relacionadas, que:

De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todos los trabajadores de PEMEX están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los que se tenga un interés personal, familiar, o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El término de partes relacionadas incluye a personas físicas y morales que no pertenecen al grupo PEMEX, pero que, como consecuencia de su relación con PEMEX, pueden tomar ventaja de estar en una situación privilegiada. Del mismo modo, esto se aplica a los casos en los quePEMEX pudiera tomar ventaja de alguna relación privilegiada y obtener beneficios en su posición financiera o resultados de operación.

Las principales transacciones con la alta dirección que PEMEX ha identificado son las siguientes:

● El Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos participa con anterioridad a su nombramiento de fecha 1º de diciembre de 2012 en el capital social de las siguientes sociedades, mismas que tienen celebrados contratos de franquicias con PR para la compraventa de gasolina y otros productos, así como para la prestación de otros servicios relacionados.

● 60% de las acciones de Servicio Cozumel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 1º de febrero de 1994.

● En esta sociedad también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con un porcentaje del 20% cada uno.

● 40% de las acciones de Planta de Combustible Cozumel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 1º de febrero de 1994.

● En dicha empresa también participa el C. Fausto Nassim Joaquín Ibarra, padre del Secretario de Energía, con un porcentaje del 60%.

● 40% de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 14 de diciembre de 1995.

● En esta sociedad también participan los CC. Fausto Nassim Joaquín Ibarra e Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, padre y sobrino del Secretario de Energía, respectivamente, con porcentajes del 40% y 20%, en su orden.

● 20% de las acciones de Combustibles Caleta, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 19 de noviembre de 2001.

● En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con porcentajes del 20% cada uno.

● Asimismo, participan los CC. Fausto Nassim Joaquín Ibarra e Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, padre y sobrino del Lic. Pedro Joaquín Coldwell, respectivamente, con porcentajes del 20% cada uno.

● 25% de las acciones de Combustibles San Miguel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 12 de mayo de 2008.

● En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con porcentajes del 25% cada uno.

● De igual forma, participa el C. Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, sobrino del Lic. Pedro Joaquín Coldwell, con un porcentaje del 25%.

● 25% de las acciones de Combustibles Tatich, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 27 de diciembre de 2009.

● En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Pedro Joaquín Coldwell, con porcentajes del 25% cada uno.

● De igual forma, participa el C. Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, sobrino del declarante, con un porcentaje del 25%

Las franquicias citadas están documentadas en un contrato que contienen los mismos términos y condiciones generales que PR otorga a todos sus franquiciatarios.

Argumenta que estos negocios del Titular de la Secretaría de Energía en el sector provocan un claro conflicto de intereses, así como sospechas graves en cuanto a la objetividad de las autoridades y actores del sector energético para actuar en beneficio de la sociedad mexicana. La existencia de estos negocios que no sólo significan Franquicias de gasolineras, sino también la celebración de actos jurídicos con Pemex Refinación obligan a que exista una explicación sobre el posible uso de información privilegiada en beneficio propio y de sus familiares de dicho servidor público.

Refiere la proponente que en respuesta a la denuncia que la suscrita hizo de estos hechos en los medios de comunicación, la Secretaría señaló:

La participación accionaria del secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye conflicto de interés ni viola ordenamiento legal alguno, en virtud de que, se trata de derechos accionarios adquiridos durante los años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009 con anticipación a su nombramiento como titular del Ramo de Energía.

Las franquicias citadas están documentadas en contratos que contienen los mismos términos y condiciones generales que Pemex Refinación otorga a todos sus franquiciatarios.

Reconoce que la familia Joaquín Coldwell ha participado legalmente desde 1960 en la venta de primera mano de gasolina en la Isla de Cozumel. Este es un hecho público en la región. [2]

Enfatiza la proponente que por si fuera poco, los negocios de la familia Coldwell están estrechamente vinculados con los cambios que se proponen en la reforma energética y puede pensarse que se está legislando en favor de los intereses comerciales de la familia del titular de la Secretaría de Energía toda vez que la iniciativa de Ley de Hidrocarburos contempla la liberalización del mercado de las gasolinas paulatinamente hasta 2020, con lo que al contar con el monopolio de las gasolineras en Cozumel que seguramente se mantendría al acceder sin límites a las licencias para distribuir gasolinas de marcas distintas a Pemex, podría manipular los precios y el abasto de gasolina en la isla en detrimento de la sociedad cozumeleña.

Por otra parte, encontramos el aspecto regulatorio de la misma reforma, ya que el artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética señala en su inciso a) las nuevas atribuciones con que contará la Secretaría de Energía en el nuevo escenario energético, a saber:

a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento.

Asimismo, señala que la iniciativa de Leyde los Organos Coordinados en Materia Energética contempla la creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético como mecanismo de coordinación entre los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal (artículo 20). Este Consejo, será es presidido por el Titular de la Secretaría de Energía, es decir, por Pedro Joaquín Coldwell, quien obviamente podría afectar los programas de trabajo anual de dichos órganos y su ejecución o incidir en el análisis de los casos concretos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas en la materia (artículo 21 iniciativa de Ley de los Organos Coordinados en Materia Energética), resolviendo en favor de sus propias empresas la supervisión de los órganos reguladores coordinados.

Advierte que en el discurso de presentación de las iniciativas de leyes secundarias en materia energética, el mismo Coldwell señaló que, los comisionados de los órganos reguladores coordinados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés, e incluso podrían ser removidos por esta causal. [3] Es extraño que esto sólo opere para el regulador pero no para el encargado de definir la política pública sobre la que habrán de trabajar dichos organismos.

Argumenta la proponente que, con fundamento en lo anterior, el Titular de la Secretaría debe excusarse de la elaboración, negociación e interlocución con el Poder Legislativo de las reformas en materia energética, así como de la participación en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que preside. De lo contrario, podría estar incurriendo en casos de responsabilidad administrativa, actuando en beneficio personal, pero además significando un riesgo latente para el buen desempeño del sector energético en beneficio de las y los mexicanos. No es posible que, ante un cambio de tal naturaleza que afectará uno de los pilares del Estado mexicano, no se continúe el camino de la consolidación de la transparencia y objetividad de las decisiones, sino que se inicie desde la opacidad y la falta de claridad en las y los servidores públicos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que con fecha 20 de mayo de 2014 la Secretaría de Energía emitió un comunicado mediante el cual da una explicación detallada de porque no existe conflicto de intereses del Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, mismo que a la letra dice:

Boletín de Prensa 045

Respecto a los pronunciamientos hechos públicos hoy por la Senadora Dolores Padierna, en torno a un supuesto conflicto de interés por la participación accionaria del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell en 5 estaciones de servicio y venta al público de gasolina y una planta de distribución de combustibles en la Isla de Cozumel, deseo hacer las siguientes precisiones:

● El propio Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, proporcionó el pasado día 15 de marzo, como lo hizo también en el mismo mes del año pasado, la información que se envió a PEMEX con la atenta solicitud de que fuera enviada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities and Exchange Commission (SEC), en cumplimiento de la normatividad vigente.

● En consecuencia, se trata de documentación pública que PEMEX difundió desde el año pasado enhttp://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=17&catID=12160  y también ha sido información periodística divulgada con anterioridad.

● La participación accionaria del Secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye conflicto de interés ni viola ordenamiento legal alguno, en virtud de que, se trata de derechos accionarios adquiridos durante los años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009, con anticipación a su nombramiento como Titular del Ramo de Energía. Las franquicias citadas están documentadas en contratos que contienen los mismos términos y condiciones generales que PEMEX Refinación otorga a todos sus franquiciatarios.

● Por otra parte, tampoco participa en el Consejo de Administración de PEMEX Refinación, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que corresponde la relación directa con las empresas que comercializan gasolina al público.

● Asimismo, deseo hacer notar que la familia Joaquín Coldwell ha participado legalmente desde 1960 en la venta de primera mano de gasolina en la isla de Cozumel. Este es un hecho público en la región.

● El Secretario Pedro Joaquín Coldwell nunca ha interferido para solicitar beneficio alguno, como legislador o funcionario, para las empresas aludidas y ha reportado su participación accionaria en todas sus declaraciones patrimoniales como servidor público.

● El Titular de la Secretaría de Energía no participa en la administración de las empresas citadas y se mantiene al margen de sus operaciones mercantiles.

● En cuanto al señalamiento de la Senadora Padierna de que también es “concesionario de refinerías y de otros negocios que aparecen ahí”, cabe señalar que en México actualmente no existen refinerías privadas.

Dicho lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera atendido el PRIMERO de los relatados como “Punto de Acuerdo” por la proponente.

SEGUNDA.- Con respecto a que el Congreso de la Unión requiera a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría amplia y detallada por los posibles casos de conflicto de interés entre las y los funcionarios de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; la Comisión que dictamina considera que en términos del artículo 76 de la Constitución General de la República, este Senado de la República carece de facultades para hacer dicho requerimiento a la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de que transgrediríala esfera de competencia del Ejecutivo Federal, atendiendo al principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.- Por otro lado, la que dictamina considera oportuno señalar que en términos del artículo 79 de la Constitución, la Auditoría Superior de la Federación tiene debidamente delimitadas sus atribuciones, mismas que a la letra señalan:

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.

Dicho lo anterior, la Comisión que dictamina considera que aun cuando el Senado de la República tuviera facultades para requerir a la Auditoría Superior de la Federación lo señalado en el presente Punto de Acuerdo, esta última no cuenta con las facultades legales para realizar una auditoría en los términos propuestos.

CUARTA.-Con relación al “TERCERO” de los puntos de los narrados como Punto de Acuerdo a que se refiere el presente asunto, la Comisión de Energía considera que se encuentra atendido en términos del considerando PRIMERO que antecede.

QUINTA.- Por lo que respecta a solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos un informe detallado de los franquiciatarios de gasolineras en el territorio nacional, precisando su localización; la Comisión de Energía considera que no existe sustento ni motivo alguno dentro de su exposición de motivos para solicitar tal información, ni mucho menos cual es el objetivo al que se quisiera llegar obteniendo dicha información, por lo que la que dictamina considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés en el sector energético, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.





 

Y uno por el que se desecha la proposición que exhorta a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores en torno a la técnica del fracking.

COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los Municipios y Comunidades Indígenas donde se pretende aplicar la técnica de la fracturación hidráulica o fracking, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de agosto de 2014, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los Municipios y Comunidades Indígenas donde se pretende aplicar la técnica de la fracturación hidráulica o fracking.

Con fecha 09 de septiembre del mismo año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que la aplicación del fracking para la extracción de hidrocarburo se ha prohibido en Francia, Bulgaria, Alemania, Suiza, República Checa, Estados Unidos (Vermont, New Jersey, New York), en varias comunidades de Australia, en la Región del Québec, Canadá; en la Región Karoo de Sudáfrica; en la Región Conco Salto de Argentina; en las Regiones de Burgos, Cantabria y la Rioja en España, entre otras, y que en otros países están en camino de lograr su eliminación definitiva pero por el momento han logrado — por medio de amplias movilizaciones y campañas a favor del medio ambiente - una moratoria por dos o tres años. Es el caso de Irlanda del Norte, Rumania, Suiza, Italia entre otras.

Argumenta que la razón y motivo de tales conquistas para la prohibición y acciones de municipios, pueblos y naciones se debe a que en la aplicación del frackíng se inyectan más de 700 productos químicos venenosos, tóxicos, cancerígenos y mutagénicos; pero con el pretexto de "secreto profesional" o de "patente" las empresas comprometidas, irresponsablemente se niegan a informar el tipo de químico que se trata, y mucho menos a resolver los males que dejan.

Alude el proponente a que se encuentra documentado, en películas, videos, imágenes, declaraciones, juicios, que los campos donde se viene aplicando la fracturación hidráulica o frackíng, están quedando devastados, inservibles, donde la vida humana y animal no se pueden desenvolver de manera normal.

Señala que de acuerdo al Informe de Pemex del año 2013 y de acuerdo a los criterios de las leyes secundarias de la reforma energética, se le está abriendo las compuertas a una práctica depredadora, expoliadora y altísimamente contaminante.

Asimismo, menciona el proponente que ya diversos medios de comunicación han mencionado que en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Veracruz serán los primeros en experimentar dicha práctica. Cita como ejemplo que Oaxaca es un estado, donde generaciones enteras han vivido alrededor de los ciclos que ofrecen la siembra de productos básicos en sus tierras y de sus mantos de agua como único sustento de vida.

Asegura que se tiene una problemática que en otros lados del planeta ha sido causa de estallidos sociales, de presencia creciente de ejércitos privados de las petroleras, de confrontación entre invasores y propietarios, por ello en México, dado lo anterior, es necesario y urgente escuchar a los habitantes de las zonas elegidas para el fracking, y preservar el Estado de Derecho con un amplio diálogo de espíritu democrático.

Es por eso que el Senador Robles Montoya considera que trascendente escuchar y tomar en cuenta definitiva las voces de los pobladores de municipios, de comunidades, de regiones donde se pretende aplicar el fracking. Y la mejor manera de hacerlo es institucionalizando dichas opiniones y dándole forma, de manera tal que se establezca una instancia definitoria de la aplicación de tal técnica por medio de un genuino comité para darle cabida y oportunidad a los pobladores.

Dicho comité deberá estar integrado por los representantes del municipio, o de la comunidad, o de la región de manera mayoritaria y por las autoridades estatales y federales, también por especialistas que se puedan sumar, más no podrán participar en él, representantes de empresas privadas petroleras o gaseras interesadas en la exploración y explotación de los hidrocarburos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, en virtud de que considera que una política energética efectiva y extremadamente cuidadosa del medio ambiente es de vital importancia para reconciliar los objetivos de proveer energía a precios accesibles con el crecimiento económico y la sostenibilidad.

SEGUNDA.-Esta Comisión quiere destacar que la técnica de Fracking o Fracturación Hidráulica es una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales y dicha técnica se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos.

En efecto, el fracking consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos).

TERCERA.-Ahora bien, esta comisión dictaminadora considera que el cuidado al medio ambiente constituye un pilar en dicha política energética, sin embargo, la que dictamina considera que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que derivado de las reformas a las leyes secundarias en materia energética que fueron promulgadas el pasado 11 de agosto de 2014 se prevén medidas claras y efectivas para el cuidado del medio ambiente.

En efecto, para garantizar que las operaciones petroleras en el marco del nuevo modelo energético se realicen con seguridad y cuidado al medio ambiente, se requiere de un organismo que defina e implemente los más altos estándares en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

CUARTA.- La que dictamina considera oportuno precisar que la experiencia internacional ha arrojado que la separación de funciones entre las instituciones que administran los recursos petroleros y las que regulan y supervisan la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, garantiza que las operaciones del sector se realicen de manera eficiente y sustentable.

Dicho lo anterior, atendiendo al mandato constitucional, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; dicha Agencia tiene por objeto regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.

La Agencia tiene claramente marcado su ámbito facultativo desde el articulado constitucional.

QUINTA.- Del mismo modo, y con respecto a las atribuciones de protección al ambiente, éstas estarán, en el caso del sector de hidrocarburos, concentradas en la Agencia, pero supeditadas en todo momento a la SEMARNAT, al ser la Agencia un órgano desconcentrado de ésta, con quien mantendrá una coordinación estricta para el desarrollo de su objeto.

A este respecto, el Artículo 9o de la Ley de la Agencia indica que para la mejor eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus atribuciones en materia de protección al medio ambiente en relación con las actividades del Sector, la Agencia establecerá los mecanismos de coordinación que sean necesarios con las unidades administrativas y demás órganos y entidades sectorizadas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por todo lo anterior la Comisión de Energía estima que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha el Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los Municipios y Comunidades Indígenas donde se pretende aplicar la técnica de la fracturación hidráulica o fracking, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2014.

COMISIÓN DE ENERGÍA”.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Este Senado saluda a la excelentísima señora Le Linh Lan, Embajadora de Vietnam en México, invitada por el Senador Teófilo Torres Corzo.

¡Sea usted bienvenida, señora Embajadora!

Para presentar los dictámenes, se concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Permítanme compartir con ustedes, a nombre de la Comisión de Energía, cual ha sido el trabajo que esta comisión ha realizado respecto de los asuntos turnados.

La Comisión de Energía, el día 14 de octubre, contaba con el registro en la misma con un rezago de 4 iniciativas, 4 minutas y 51 puntos de Acuerdo. En forma mayoritaria, dicha comisión, al amparo de una discusión de más de 18 meses de la reforma constitucional y la consecuencia de la legislación secundaria de lo aprobado en diciembre del año 2013, tomó un acuerdo entre sus integrantes de manera mayoritaria, que en el cúmulo de asuntos turnados a dicha comisión procederíamos al análisis y a la discusión del debate legislativo a partir de diferentes iniciativas que promovían una profunda reforma energética, la cual al día de hoy se ha alcanzado.

Así es como dicha comisión que me honra en presidir, derivado de un Acuerdo que la misma aprobó el día 17 de octubre del año 2012 para la atención de las proposiciones en las que se solicite información en poder de la administración pública federal, la comisión giró 37 comunicaciones a diversas dependencias y entidades del gobierno federal para requerir información derivada de 20 puntos de Acuerdo de diferentes compañeras y compañeros legisladores.

Al día de hoy, la Comisión de Energía ya ha recibido más de diez respuestas a las citadas comunicaciones, mismas que han sido turnadas de forma inmediata a los respectivos proponentes de los puntos de Acuerdo, a los integrantes de la Comisión de Energía y a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, así como al Presidente y los miembros de la Mesa Directiva de nuestro Senado de la República; así como también a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios para que sean descargados y se les dé la debida publicidad del contenido de dicha información.

Dicho lo anterior, actualmente nos encontramos a la espera de la respuesta del resto de dichas comunicaciones para que en cuanto sean atendidas, puedan darse a conocer a la Mesa Directiva y a los proponentes, en su caso, así como a los miembros de la Comisión de Energía.

Agotado el trámite anterior, la Comisión de Energía se dio cita el pasado 5 de noviembre del año en curso, para efecto de analizar, discutir y votar 35 dictámenes que corresponden a 3 iniciativas, 4 minutas y 31 puntos de Acuerdo.

Resultado de esa liberación, que quiero reconocer en el trabajo de todas y todos los integrantes de dicha comisión y de las votaciones respectivas, mucho me complace informarles que la Comisión de Energía ha procesado los citados asuntos pendientes.

Cabe destacar que la Comisión de Energía ha remitido a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 2 dictámenes para que sean desahogados en su trámite correspondiente, respetando el turno que la Mesa Directiva diera a dichos asuntos.

Asimismo, la Comisión de Energía ha remitido también a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 4 dictámenes para que sea desahogado el trámite correspondiente.

Por su parte, fueron aprobados en dicha reunión 28 dictámenes de la Comisión de Energía respecto a los puntos de Acuerdo, que es lo que hoy estamos presentando a ustedes. 

En resumen, compañeras y compañeros Senadores, los puntos de Acuerdo que sometemos a su consideración este día son 28; 25 se desechan en virtud de que han quedado sin objeto de estudio, ya que han sido superados por la aprobación de diferentes leyes en materia energética que este año esta Cámara y la Colegisladora responsablemente procesaron; y los tres restantes buscan que se amplíe a esta Soberanía de mayores elementos en los siguientes términos:

El primero de ellos solicita a la Comisión Federal de Electricidad brinde mayor información respecto de la cartera vencida eléctrica por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo en el estado de San Luis Potosí.

Uno más que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que remita a esta Soberanía un informe detallado relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, así como la manera en que se definió el precio, la manera en que se realizó el pago y el estudio de planeación y viabilidad del proyecto.

Y finalmente, uno que exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad a que remita un informe que detalle la situación que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la presa El Infiernillo, en el municipio de Cuahuayutla, en el estado de Guerrero.

A nombre de la Comisión de Energía, les pido respalden con su voto afirmativo los dictámenes correspondientes en los términos presentados por esta comisión dictaminadora.

Quiero hacer de su conocimiento que con las acciones desarrolladas, la comisión que me honro en presidir en el registro de las mismas, al momento de llevar a cabo la reunión ordinaria del pasado 5 de noviembre, únicamente se encontraban pendientes por dictaminar 2 iniciativas y 2 puntos de Acuerdo, por lo que en esta comisión nos encontramos al corriente de los asuntos pendientes que nos han sido turnados y de los que recientemente el Presidente de este Senado nos pidió el informe respectivo.

Esas serían las consideraciones de esta comisión, y nuevamente les solicitamos su voto a favor.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Penchyna Grub.

Ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los dictámenes que ha planteado el Presidente de la Comisión de Energía.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Quiero hacer algunos comentarios.

En primer lugar, que varios, o la inmensa mayoría de los dictámenes que están a su consideración datan desde hace más de un año.

Y quiero hacer una respetuosa crítica a la Mesa Directiva de esta comisión, que no convocan para discutir los asuntos que el Pleno remite para el estudio de las comisiones; los fueron guardando en el archivero hasta que, como se dijo aquí, se aprobaron las diferentes leyes de la reforma energética.

Y el fundamento principal que se dio para el rechazo, sin estudio, sin revisión de los contenidos, de los argumentos que se pusieron en los distintos dictámenes, era de que mágicamente estaban resueltos porque ya hay una reforma energética y ésta va a resolver cuanto programa, problema, estudio, dato pudiera solicitar.

Es una falsedad, también, decir que varios puntos ya fueron resueltos porque eran solicitudes de información y que las autoridades han entregado dicha información; y por lo tanto, están subsanados.

La información que hemos recibido, por ejemplo, en relación a “Ronda Cero”, la “Ronda 1” no ha llegado nada de Agro Nitogenados y varios datos más; simplemente se concretan a 2 cuartillas genéricas, redundantes, que no dicen absolutamente nada. Y es una mera simulación para decir: “Se cumplió con la entrega de información”, cuando en realidad lo que está entregándose es absolutamente nada.

Varios de estos puntos, por ejemplo, se refieren a tarifas. Diversas legisladoras y legisladores hemos cuestionado la política tarifaria, no por cuestionar, sino porque estamos cerca de la gente, todavía el viernes pasado, que estuve yo con gran parte de población que me estuvo viendo. Es una queja infame por las tarifas eléctricas injustificadas, impagables, con una preocupación de la gente, porque le están poniendo medidores arbitrariamente que no se conocen las medidas, ni qué repercusiones tiene el que la población ahora le estén imponiendo nuevos medidores, sin ni siquiera tomar su consideración.

Están obligando, repito, obligado a meter gas natural, diciéndoles que se acabó el Gas LP, que ya no hay producción de gas en México y, por lo tanto, se tiene que poner el gas natural privado, importado de Estados Unidos, a través de estas compañías careras y la gente está muy preocupada.

Lo mismo en el tema de la gasolina que se encarece cada mes, a pesar de la caída de los precios del petróleo.

Y esta comisión ha sido incapaz de reunirse, por ejemplo, ante la emergencia que estamos viviendo en este momento de una reducción de los precios del petróleo, que es muy preocupante.

El día de ayer, los precios del petróleo estuvieron a 69.94 dólares por barril; y la Comisión de Energía no se reúne, porque este tipo de cosas no las puede resolver la reforma energética. Este tipo de cosas las discutimos en el marco del debate de la reforma energética, y se nos dijo que mágicamente se iba a resolver este asunto.

En lo que va del año, los precios del petróleo han bajado 22.57 por ciento y la situación agrava los ingresos públicos de una manera determinante; y la comisión no se reúne para analizar qué hacer con la Ley de Ingresos que acabamos de aprobar, y que es necesario reconfigurar, redefinir un precio del barril de petróleo a 70 dólares para que las coberturas petroleras y el fondo de estabilización de los ingresos petroleros pueda subsanar, pueda cubrir esta disminución en los ingresos y no se vea afectada la población por este motivo, porque la población no es la responsable del diseño de las malas políticas energéticas ligadas a la política fiscal equivocada que sigue la administración.

La reforma energética aprobada profundiza la dependencia de las finanzas públicas a los ingresos petroleros derivados de la exportación de crudo y diseñó en esta reforma energética una política para aumentar y aumentar lo más posible la producción de petróleo.

Ahora nos dicen que está cayendo la producción de petróleo y, al mismo tiempo, están cayendo los precios del petróleo”.

Los ingresos petroleros por exportaciones han disminuido y no se tiene una flexibilidad, no se tiene un diálogo con el gobierno por parte del Poder Legislativo, no se toma interés por parte de la Comisión de Energía para analizar decisiones que puedan ayudar a mitigar los daños por la disminución del petróleo.

El INEGI ayer reportó que en octubre las divisas por exportaciones petroleras bajaron en 21 por ciento respecto del mismo mes en 2013; y que cayeron 8.1 respecto de lo que fue en septiembre; y en lo que va del año, las divisas por exportaciones petroleras disminuyeron 10 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

Esta dinámica de disminución tiene su origen, sin duda alguna, en una drástica caída del precio. Y hemos visto y dicho que esta disminución de los precios del petróleo obedecen a un factor, algún petrolero del petróleo Shell, que está teniendo Estados Unidos, que ahora está produciendo 4 millones de barriles diarios de petróleo Shell, y está con inversiones para producir otros 4 millones de barriles diarios de petróleo, y este aumento en la oferta ha provocado también que por el lado de los países productores de petróleo en la OPEP no se dejen ganar la batalla de encabezar la lista de productores del petróleo, porque además la OPEP vive, no de vender crudo, no de exportar crudo, por eso el precio para ellos es bastante relativo, sino que invierten el crudo en derivados, en refinación y están exportando y generando una riqueza agregada.

Por un lado, Estados Unidos está buscando su soberanía energética; una soberanía energética, que con la reforma energética aprobada en México, México la pierde en forma automática al haberse aprobado esas leyes y, por el otro, está nuestro representante de México en aquella Asamblea de la OPEP pidiendo que se baje la producción del petróleo para poder estabilizar los precios y no salir tan dañado. Y hasta donde sabemos, no hay un proyecto en la OPEP para disminuir la oferta.

Entonces estamos ante factores exógenos que no quisieron prever en la reforma energética.

Y otro factor es la disminución de la plataforma de exportación, que la secretaría solamente se conforma con decir que bajó la plataforma de exportación, pero PEMEX no ha dado ningún informe al respecto, salvo que cambió la forma de mediciones.

Y la baja de las exportaciones petroleras, fue compensada de manera lamentable, con una depreciación del tipo de cambio que en octubre cayó en 3.7 por ciento con respecto a ese mes en 2013; y de enero a octubre cayó en 3.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Esta devaluación de nuestra moneda tiene repercusiones hacia la población muy graves, porque reducen el poder adquisitivo y porque a la gente con lo poco que gana le alcanza para menos, adquirir menos productos. Son medidas que dañan los intereses de la población en general en aras de mantener las cifras macroeconómicas.

Las exportaciones valuadas en pesos, por ejemplo, bajando el tipo de cambio, disminuyeron en menos 18.1 por ciento en octubre y en menos 6.0 por ciento en los primeros diez meses de este año; las importaciones petroleras disminuyeron, pero no por volumen, sino por la disminución del precio de los productos importados, dado que bajó el precio del petróleo.

De tal manera, que por un lado de las importaciones y por el lado de las exportaciones, por las dos vías está perdiendo México. Estas medidas no las quiere estudiar la Comisión de Energía del Senado, no se discuten aquí en el Pleno, no se analizan con el gobierno; y lo único que nos vienen a decir y nos dijeron en la Comisión de Energía, se rechazan todos los puntos de Acuerdo, todas las peticiones de información, todas las propuestas hechas por Senadoras y Senadores, porque ahora ya hay una reforma energética que como milagro va a resolver todos los problemas del país.

Pues por eso, debemos de votar en contra de esa fantasía que reproduce la mayoría de derecha en este Senado.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo que exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua y al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe en torno al proyecto hidráulico "Monterrey VI"

Este dictamen se inscribió inicialmente en la sesión del 30 de abril de 2014. La reinscripción en el actual periodo es resultado de la determinación de la Mesa Directiva para continuar con el trámite del dictamen a petición del Senador Raúl Gracia Guzmán.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

En relación a los pasados dictámenes de la Comisión de Energía, se recibió del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal su intervención, la cual pido se inscriba en el Diario de los Debates, íntegramente.







 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de Acuerdo sobre la vaquita marina.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

A la Comisión de Pesca y Acuacultura, de este Senado de la República, se nos presenta, para su dictaminación, un punto de Acuerdo.

Esta proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca, realicen las acciones necesarias para identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se encuentran en el alto golfo de California.

Este tema, que parece ser muy de poca importancia, sí es importante, puesto que significa limitaciones a la actividad pesquera en el alto golfo de California de donde dependen y viven miles de familias en esta zona.

Dentro de los considerandos, los promoventes manifiestan que la vaquita marina es endémica del alto golfo de California y se encuentra en peligro de extinción. Se estima que existen en 150 a 200 especies, cuya principal causa de morbo y mortalidad, precisamente, está señalado el hecho de que quedan atrapadas en las redes agalleras utilizadas en la pesquería del camarón.

Derivado de esto, se han implementado diversas medidas para su protección como el Decreto donde se estableció la reserva de la biosfera del alto golfo de California y la delta del Río Colorado en el año 1993, el acuerdo que estableció el área de refugio para la protección de la vaquita marina, así como la NOM-059-SEMARNAT-2010, donde esta marsopa de esta vaquita marina se le coloca en la categoría de en peligro de extinción.

El 11 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-002SAGP-2013 con el propósito de ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en áreas de jurisdicción federal, en donde una de las disposiciones para dar cumplimiento con sus objetivos consiste en retirar los chinchorros de línea que utilizan pescadores como arte  de pesca para capturar el camarón en el alto golfo de California.

Debido a la entrada en vigor de esta norma, el 25 de junio de 2014 se constituyó la Comisión Pro Defensa de la Pesca Ribereña del Alto Golfo de California, con más de 100 productores pesqueros de los puertos de San Felipe, Baja California, así como de Puerto Peñasco y del Golfo de Santa Clara en Sonora, con el propósito de hacer llegar sus argumentos a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y a las dependencias competentes para que eviten la sustitución del chinchorro de línea por la red prototipo por una serie de razones expuestas, en su mayor parte, por situaciones de impacto negativo en la captura y en la productividad.

Derivado de todo lo anterior, una serie de organismos ambientales tanto nacionales como extranjeros han estado presionando a las autoridades mexicanas para el establecimiento de una veda temporal de dos años a la pesca en el alto golfo de California para proteger a dicho mamífero marino.

Por todo lo anterior, y ante una serie de dudas sobre el número de especies que aún sobreviven en esta zona, es que estamos solicitando pues a las autoridades nacionales: SEMARNAT, SAGARPA, INAPESCA y CONAPESCA a que se establezcan una serie de acciones para investigar con certeza el número de estos mamíferos marinos y, por lo tanto, también tomar las medidas adecuadas que se tendrán que dar en la actividad pesquera en esta región del alto golfo de California.

Por su atención, muchas gracias, les pido su voto aprobatorio a este dictamen de un punto de Acuerdo importante para la región, pero también para todo México, para toda nuestra nación.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de seis dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al cuarto dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al quinto dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al sexto dictamen:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Esta Presidencia de la más cordial bienvenida a delegados de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, invitados por el Senador Alejandro Tello Cristerna.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

Tiene la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los dictámenes.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Bienvenidas y bienvenidos. Con su venia, señor Presidente. Buenos días Senadoras y Senadores:

El día de hoy analizamos un dictamen positivo que aportará argumentos institucionales en la legítima exigencia de los ciudadanos por tener accesos dignos al mar en la comunidad de Puerto Aventuras, Quintana Roo.

Este dictamen aborda la situación de la localidad de Puerto Aventuras, ubicada en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aproximadamente a 20 kilómetros hacia el sur de Playa del Carmen y con una población cercana a los 2 mil habitantes.

Es alarmante saber que actualmente no existe ningún acceso al mar restringido registrado por la SEMARNAT en toda la localidad de Puerto Aventuras. Sin embargo, resulta completamente positivo que el resolutivo que estamos analizando proponga medidas específicas para garantizar los accesos públicos al mar en Puerto Aventuras por medio de una estrategia integral conformada por los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Sin lugar a dudas, los pobladores de Puerto Aventuras se congratularán con este dictamen positivo, porque en su contenido se informa de los planes concretos de las dependencias del estado de Quintana Roo para desarrollar a corto plazo la formalización de los accesos al mar.

Puerto Aventuras tendrá accesos al mar dignos, como lo señala el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, el cual es pieza clave angular para garantizar este derecho humano de los pobladores para acceder a las playas.

El dictamen propone lo siguiente:

“El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal de Solidaridad a llevar a cabo, de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias, las acciones necesarias para garantizar la existencia de accesos públicos a la playa en la localidad de Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, Quintana Roo”.

Por lo anterior, nos congratulamos con el dictamen y estaremos pendientes para que estos accesos al mar sean una realidad próximamente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Brevemente para si me permite el uso de la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente la dictaminación que está haciendo de un punto de Acuerdo que en su momento presentamos en torno al daño que tienen, muy avanzado, los manglares que se encuentran en el sistema lagunario de Topolobampo y la isla de Santa María; pero en especial los manglares, todos el grupo de manglares que se encuentran por la carretera que va desde el entronque de la carretera de Topolobampo a la Isla de Maviri, puesto que por obras que se construyeron ya hace muchos años, entre ellos una carretera y puentes muy pequeños, limitaron lo que es el movimiento de las mareas y, por lo tanto, al inhibir el flujo de la suficiente agua a una parte norte de este sistema lagunario, han entrado en la muerte y daño muy severo de los sistemas manglares que ahí se encuentran.

Yo les agradezco y pido desde aquí a las autoridades correspondientes para que den su atención a esta importante vegetación de esta vida marítima que constituye el manglar.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen:







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los dos dictámenes.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El día de hoy está a discusión un dictamen relacionado con el turismo y la cultura. En México el turismo es la tercera fuente de ingresos más importante del país.

La actividad turística aporta cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto. En consecuencia, genera más de 7.5 millones de empleos directos e indirectos, por lo que el turismo es de suma importancia para los mexicanos.

Es de notable relevancia este sector para el país. Sin embargo, la promoción turística es insuficiente, ya que es necesario impulsar el vínculo que existe entre el turismo y la cultura propuesto en el presente dictamen. Impulsar el cuidado y respeto a la cultura generará mayores visitantes y, por lo tanto, mayor derrama económica.

Es importante mencionar que en todo el territorio del país podemos encontrar un acervo cultural muy vasto, respaldado por la UNESCO, ya que nuestro país tiene el mayor número de lugares catalogados como patrimonio cultural de la humanidad en el mundo.

El turismo cultural tiene un potencial enorme en nuestro país y esto puede traducirse en mejores rendimientos económicos del sector.

El turista principalmente realiza su viaje para el disfrute de una atracción simbólica. Por lo tanto, una buena promoción de los destinos culturales vuelve más competitivo a nuestro país en el mundo.

La atracción simbólica en México se traduce en un gran número de conocimientos culturales de nuestro país.

Aprovechando esto podemos desarrollar un sistema de conocimientos ilustres y vastos que fortalecen nuestros destinos turísticos incorporando una plataforma cultural.

En consecuencia, el turismo cultural representa una estrategia de oferta necesaria para detonar el desarrollo de diversos destinos turísticos ubicados en el territorio nacional.

Formalicemos una plataforma turística que empodere nuestra ancestral historia mexicana, nuestra gastronomía y la gran diversidad de usos y costumbres de nuestra población.

La arquitectura colonial que existe en nuestro país, así como los museos, teatros, galerías, universidades y las zonas arqueológicas, conforman nuestra riqueza cultural, la cual debemos impulsar a través de una plataforma integral para los turistas nacionales y extranjeros.

Cada estado de la República, desde Baja California hasta Yucatán, guarda una belleza única, expresada a través de la idiosincrasia de la población, el arte, la educación y cultura, en general nos distingue como mexicanos.

Es por ello que tenemos por misión difundir cada destino en el país como un lugar turístico e implementar mecanismos permanentes de desarrollo y de fomento al turístico cultural.

La Ley General de Turismo debe contener y ampliar todo lo referente a la materia de turismo. Por lo tanto, esta inclusión en materia cultural debe quedar establecida en el reglamento que aún seguimos esperando que sea publicado y de esta forma sentaremos las bases para formalizar una oferta turística de amplio espectro que detone el potencial del desarrollo turístico.

Por lo anterior, estamos a favor del dictamen en comento.

Y aquí tenemos otro dictamen que es sobre otro tema el cual busca incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en la Junta de Gobierno en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y en el Comité Técnico del Fondo.

Vemos de manera positiva esta propuesta para fortalecer la estrategia integral para generar políticas públicas que mitiguen el cambio climático, esta adhesión a la Ley General de Cambio Climático ayudará a alinear la planeación y las políticas de desarrollo urbano.

En este sentido, es importante impulsar por medio de la SEDATU las edificaciones sustentables en el sector de la vivienda.

De igual forma esta dependencia deberá adecuar políticas de movilidad, costas, la gestión integral de residuos y los recursos hidráulicos, agua, para reducir la huella de carbono en los centros de población.

Asimismo, esta iniciativa fortalecerá la generación de políticas de prevención para la contención de daños durante los fenómenos climatológicos.

La capacidad técnica de los conocimientos específicos con los que cuenta SEDATU son de gran valía para fortalecer la estrategia de mitigación de cambio climático y de esta forma podremos detener los efectos negativos.

Es por esta razón que también nos pronunciamos a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOs INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia señor Presidente. Señoras Senadoras y Senadores:

Es muy importante el dictamen que las Comisiones Unidas  de Trabajo y Previsión Social; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales resuelven respecto a la excitativa que hemos venido planteando al titular del Poder Ejecutivo Federal para que apruebe el Convenio 189 de la OIT referente a los derechos laborales, los derechos plenos de trabajadoras y trabajadores del hogar.

Lo que me sorprende es que solamente estén dictaminando el punto de Acuerdo de una proponente, pero no toma a consideración de otros puntos de Acuerdo que diversas Senadoras hemos presentado sobre este mismo tema.

El caso concreto, voy  a solicitarle a las comisiones, en particular a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se sirva dictaminar el punto de Acuerdo que inscribí en este sentido desde e 6 de septiembre de 2012.

Hemos realizado diversos foros sobre este tema, recuerdo el del 19 de septiembre de 2013, el del 18 de marzo de 2014 y el 18 de junio también de 2014.

Quiere decir que el tema es de una real preocupación del Senado y de diversas comisiones, además de la que yo me honro en presidir la Comisión de Derechos Humanos, también de la Comisión de Igualdad de Género.

El punto tiene que ver con un pendiente que lo inscribo de manera muy breve como un asunto de plena justicia, el dejar en la indefensión al no reconocer los derechos laborales de quienes realizan el trabajo doméstico, que la inmensa mayoría son mujeres; muchas de ellas que no han podido completar su educación, pero sí han logrado especializarse en este trabajo que con toda dignidad debiese ser reconocido plenamente para que no persista más la discrecionalidad que conlleva la marginalidad al no reconocer sus derechos laborales y, por supuesto, denota una gran discriminación, que les obliga, incluso a veces, por la propia necesidad de ser explotadas de los hogares en muchos de los quehaceres, pero también incluso a sufrir diversas formas de trata de personas.

Yo creo que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo referente al trabajo decente de las y los trabajadores del hogar, definitivamente pondría a nuestro país en un estadio totalmente distinto en este camino que pugnamos por reconocer los plenos derechos de todas las y los trabajadores que hoy se encuentran en una situación, insisto, de una gran exclusión social y, también, de una gran exclusión del no gozar, no estar inscritos, como tiene que ser, del goce del estado de derecho al que se merecen como personas.

Dignificar el trabajo en el hogar definitivamente creo que es urgente. Espero, por lo tanto, que en las comisiones donde tienen el punto de Acuerdo que he presentado, también lo dictaminen en el sentido como está siendo dictaminado este; es un asunto de procedimiento que debiese haberse considerado en el dictamen de las comisiones, dictaminar todas las iniciativas que en la materia existen para que en un solo dictamen se dé respuesta y no haya este rezago legislativo, en este caso concreto, en esta materia.

Finalmente, me parece que vienen varias cuestiones. La primera es que esperamos que el Ejecutivo, en su potestad, ciertamente, después de este punto de Acuerdo, pueda enviarnos este Tratado Internacional para que lo podamos aprobar.

Y segundo. Se inicien todas las acciones gubernamentales para ir poco a poco, gradualmente, garantizando estos derechos. Hay países que tienen una gran experiencia, no empezamos de cero, me parece que es muy relevante lo que se ha hecho, lo que están emprendido los países de Argentina, de Uruguay, en fin; y entonces, por lo tanto, me parece que eso nos va a permitir hacer las cosas correctamente a favor de todas estas trabajadoras que hoy por desgracia están sufriendo una gran discriminación.

Es cuanto y muchas gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

En virtud de no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes están porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al cuarto dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia están a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar los dictámenes.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

México ha mostrado históricamente su compromiso con el impulso de la democracia, la paz y los derechos humanos en América Latina y El Caribe.

Somos un país que ha abierto sus puertas para recibir, a través de una figura como el asilo, a miles de familias; y hemos impulsado acuerdos de enorme envergadura como el Tratado de Tlatelolco, para prohibir las armas nucleares en América Latina.

Quiero destacar que siempre hemos estado muy atentos y participando de manera muy activa en la región. En este sentido es que la comisión que tengo el honor de presidir, ha aprobado una serie de proposiciones con punto de Acuerdo que a continuación presentaré,  que se encuentran en total concordancia con la aspiración de fortalecer el hermanamiento con los países de América Latina.

El primer dictamen versa sobre el lamentable accidente aéreo que sufrió el candidato presidencial Eduardo Campos, el 14 de agosto de 2014, el cual conmovió a toda la clase política y a la opinión pública en Brasil.

Es importante apuntar que en una muestra de solidaridad, los demás candidatos presidenciales suspendieron sus actividades y en el país fue decretado luto nacional por tres días.

En el segundo dictamen, quiero decirles primero que como legisladores hemos impulsado el fortalecimiento de las relaciones con las naciones latinoamericanas por medio de la diplomacia parlamentaria; y me gustaría compartirles que en semanas  pasadas un grupo de Senadores mexicanos participamos en la Décima Reunión Interparlamentaria México-Chile.

Abordamos diversos temas prioridad para ambas naciones. Y cabe señalar que en la última década, la República de Chile ha sufrido más de 300 atentados con bombas caseras presumiblemente detonadas por grupos antisistema; pero en los últimos meses se han vuelto más agresivos al ser colocados en lugares públicos de gran concurrencia, como ocurrió el pasado 8 de septiembre en el metro de la ciudad de Santiago, cuando un artefacto explosivo detonó, dejando un saldo de 14 heridos, según lo declarado por el ministro del interior de Chile.

México tiene un compromiso con la seguridad regional; y es por ello que tenemos el deber de condenar aquellos actos que atenten contra la integridad física de los ciudadanos.

Debemos, además, dejar claro ante el mundo que somos un país coherente, y que si al interior combatimos y nos oponemos tajantemente a la violencia, de la misma forma lo hacemos más allá de nuestras fronteras.

Quiero compartirles, además, que durante la Décima Reunión Interparlamentaria México-Chile, la Cámara de Diputados de aquel país aprobó una resolución en la que manifestaron su solidaridad al pueblo de México ante el caso Ayotzinapa.

Por lo que es relevante que en reciprocidad también nosotros manifestemos nuestra postura de condena ante cualquier acto de violencia o de carácter terrorista.

El tercer y cuarto dictámenes, a los que me voy a referir en este momento, tiene que  ver con la República de Cuba.

He hablado al inicio de mi intervención sobre la vocación democrática de nuestro país y el firme compromiso como nación que tenemos en la región para proteger los derechos humanos.

Para esta comisión es de suma importancia la relación con la República de Cuba, y como Presidenta de la misma, soy conciente de la relación diplomática bilateral que se ha caracterizado por la cooperación y mutuo apoyo.

Cabe recordar que en 1959, nuestro país defendió con estricto apego al derecho internacional la permanencia de Cuba en la Organización de Estados Americanos. Celebramos que las relaciones con ese país vivan en la actualidad un muy buen momento.

Hoy, más que nunca, como legisladores somos concientes de la importancia geopolítica y económica que adquiere, día a día, la nación caribeña, a tal punto que promovimos que en febrero pasado pudiéramos llevar a cabo la Décimo Cuarta Reunión Interparlamentaria México-Cuba en la que refrendamos nuestro total apoyo a ese país, al dejar constancia en la declaración conjunta que como legisladores ratificamos que el bloqueo económico que los Estados Unidos de América mantienen sobre Cuba es una acción innecesaria, ineficaz, injusta, ofensiva y anacrónica.

Es preciso también recordar que desde 1992, y durante 22 años, los representantes de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, han votado a favor resoluciones que instan a los Estados a derogar y dejar sin efecto las leyes o medidas que laceran los derechos humanos, como lo es el embargo comercial que los Estados Unidos de América mantienen en la República de Cuba.

Es preciso señalar, que el Senado no cuenta con las facultades para exhortar a otro país a realizar acción alguna, pero a la fecha han sido innumerables las ocasiones en que nuestro país, y en particular el Congreso ha dejado en claro su posicionamiento respecto a la situación de la isla, llevándolo ante los organismos internacionales conducentes, y por ello, el sentido en que se resolvió este dictamen relativo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, a poner fin al injusto bloqueo a Cuba.

El cuarto dictamen en relación a la proposición sobre la liberación de 5 ciudadanos cubanos y tras un profundo análisis y consultas relativas a dicha situación, esta comisión llegó a la conclusión de que este Senado de la República, no debe pronunciarse en ningún sentido sobre la inocencia o culpabilidad de los 5 hombres que fueron juzgados, por supuestos actos de espionaje.

Sin embargo, también es importante resaltar, que todos los procesos penales a los que son sujetos los ciudadanos mexicanos y de otras naciones en territorio mexicano, o en el extranjero, deben realizarse con estricto apego a derecho.

Asimismo, en la declaración conjunta de la XIV Reunión Interparlamentaria México-Cuba, también establecimos que ambos congresos condenamos la violación de dicho artículo del Pacto Internacional citado.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para el mismo asunto.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Quisiera retomar las palabras de la Senadora que me antecedió, para solicitar al Pleno que no sean rechazados los 2 puntos que vienen rechazados en el dictamen en relación al bloqueo económico contra Cuba y la libertad de los 5 presos políticos en aquel país, 5 cubanos presos injustamente porque, como bien decía la Senadora, son medidas ineficaces, injustas, anacrónicas, laceran los derechos humanos, etcétera.

La verdad, sería la primera vez en la historia que el Senado rechazara que se pronuncia en contra del bloqueo económico que viola los derechos humanos de aquel país, y que no se interesa por la libertad de los presos, presos injustamente a través de un proceso amañado que han seguido esto cubanos en Miami, en Estados Unidos.

Digo: “Sería la primera vez”, porque año con año se presentan los puntos, las consideraciones; año con año se votan en la ONU; año con año son temas internacionales que se abordan en todos los organismos internacionales; año con año sólo 3 países se oponen, el resto del mundo está a favor, los parlamentos del mundo están a favor de las consideraciones que nosotros presentamos en estas motivaciones.

Y hoy se dice, que como ya lo votamos el año pasado, ya no lo vamos a votar; que como ya lo dijimos una vez, ya no hay que volverlo a decir nunca más; que como ya fue tratado, ya para qué se debe de tocar, y que no se puede, el Senado no puede exhortar autoridades y argumentos que verdaderamente no están, no son aceptables para un parlamento.

Yo lo que diría en relación a los 5 cubanos es que, el Senado de la República, se ha pronunciado en diversas ocasiones, año con año, desde que ocurrió este hecho en contra de este injusto proceso judicial al que fueron expuestos 5 cubanos, acusados de terrorismo y de espionaje en Estados Unidos, sin que el proceso pueda encontrar una sola prueba de lo que se les acusa; siendo la última ocasión, en noviembre de 2012, ya entrada esta legislatura donde nosotros presentamos un punto de Acuerdo en los mismos términos que ahora se desecha.

El año pasado se aprobó, este año se desecha, pero son los mismos argumentos y las mismas consideraciones.

No sé si ya cambió la política de relaciones exteriores de nuestro país.

Yo no sé si ya se modificó la constitución en materia de los criterios que guían nuestra política exterior, pero el Senado de la República tiene todas las facultades en materia de política exterior, y sí debemos hacer pronunciamientos en relación a esto, porque nos lo permite el 89 Constitucional.

Ahora bien, dentro del dictamen que hoy se presenta, se observa un claro sesgo a favor de la resolución judicial emitida por las autoridades de Estados Unidos, y ahí está el meollo del asunto.

Que ahora la derecha quiere presumir, en Estados Unidos, que por primera vez se acatan las consideraciones de Estados Unidos, de las autoridades, en contra de los ciudadanos cubanos y pasan por alto lo expuesto, por ejemplo, por Amnistía Internacional en 2010, en donde esta organización señala que el juicio se realizó sin apego al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual detalla los derechos que deben de gozar todos los detenidos y que el juicio estuvo amañado, en contra de los cubanos, por llevarse a cabo en una privación ilegal y un aislamiento por 17 meses, antes de iniciar un proceso legal constituyó esto una violación a los derechos fundamentales de estas personas.

Asimismo, aunque se menciona en el dictamen, se desoye la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Así como el pronunciamiento de la relatora especial de la ONU, sobre la independencia de jueces y abogados, se argumenta además, razones como las que pone aquí la Senadora.

Y yo quisiera destacar que, en ningún momento, dentro de los resolutivos expuestos, se hace referencia a la inocencia o culpabilidad de los ciudadanos cubanos, sino que se hace alusión a que el proceso estuvo viciado desde sus inicios y violentó los derechos humanos de dichas personas; razón por la cual, debieran quedar en libertad.

Recordemos que este caso, es un caso emblemático de violación de procesos judiciales, que nuestro país ha rechazado en forma reiterada, y no podemos decir que, por omisión, en todo caso, estamos a favor de la resolución de las autoridades norteamericanas.

En el caso del bloqueo económico; cada año Estados Unidos somete a consideración de los organismos, el bloqueo económico a Cuba. Es algo muy importante, que año con año el Congreso y las instancias mexicanas, la cancillería, nuestro gobierno insista en que este bloqueo no va con ninguna de las directrices marcadas en nuestra política exterior; tampoco en una política económica global de libre mercado. Hay consideraciones que la propia historia de México, en todas las veces ha votado a favor de la resolución que propone Cuba. Por ejemplo, en la ONU, todo el mundo rechaza este bloqueo económico. 

Nosotros, en nuestro momento, propusimos un punto de Acuerdo, para que se tomaran en cuenta las decisiones realizadas por la comisión dictaminadora, sin embargo, la decisión de desechar este punto de Acuerdo, es un error, por distintas razones. Déjenme darles al menos dos.

Si bien es cierto, que la cancillería votó a favor de este resolutivo en la Asamblea General de la ONU, esto fue en 2013, desde entonces, otro año ha pasado, y con ello el gobierno de Estados Unidos renovó el pasado 5 de septiembre, la orden de mantener el bloque a la República de Cuba.

Luego entonces, es pertinente, que la cancillería mexicana vuelva a extender un pronunciamiento de repudio a la política de embargo a Cuba.

Paralelamente, y en vista de que es facultad del Senado de la República, expresar su opinión en materia de relaciones exteriores, es corresponsable en las decisiones en materia de política exterior. Es necesario que ante la renovación de la orden de embargo a Cuba, el Senado vuelva a manifestar su posición frente a la política norteamericana, que causa tanto daño al pueblo de Cuba, pero también al de México, en tanto que muchos empresarios y capitales mexicanos, han querido invertir en ese país y no se ha podido; le restan posibilidades económicas a nuestro país, como a otros muchos más.

Apelando a la larga historia de apoyo de México, que siempre ha externado a la República de Cuba, es pertinente que México se pronuncie en contra del bloqueo, desde la cancillería, pero también desde el Congreso de la Unión.

Una vez más y tantas veces como sea necesario, hasta el día en que por fin se libere a nuestra hermana república, del yugo de la política anacrónica, ineficaz, violatoria de los derechos humanos, muy parecida a las acciones de la Guerra Fría, que emprende Estados Unidos contra ese pequeño país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

A petición de la Senadora Dolores Padierna Luna, votaremos los dos primeros dictámenes, relativo al fallecimiento del candidato presidencial en la elección de Brasil y el atentado en las instalaciones del Metro en Santiago de Chile, en una votación de manera conjunta.

Votaremos los dos dictámenes que vienen en sentido positivo en una votación diferente a los dos dictámenes que vienen en sentido negativo; en función de la petición que ha hecho la Senadora Dolores Padierna Luna. No habiendo más oradores registrados en estos dictámenes solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dos primeros dictámenes, que vienen en sentido afirmativo.

La Secretaria Senadora Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes descritos por la Presidencia. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los mismos. Comuníquense.

Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dos dictámenes, relativos a los cinco cubanos y al bloque económico a Cuba, que se presentan en forma negativa.

La Secretaria Senadora Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos presentados y descritos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo, en torno a los productores de café afectados por la roya anaranjada.

Solicito a la Secretaría de lectura al dictamen.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión el dictamen con punto de Acuerdo que ha dado a conocer la Secretaría.

Se le concede en primer término el uso de la palabra a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su venia, señor Presidente.

Hoy vengo a tocar un punto, que quizá en la reflexión siempre es urgente, porque cuando hablamos en qué gastar, cuando hablamos de dineros, siempre para todo se ocupa, siempre hay una emergencia, según la necesidad, y esto sin duda además de urgente, es importante; y más pensando en el tema del campo, más pensando que los productores sacian sus necesidades básicas a partir de los cultivos, y de esto también depende la calidad de vida de todas sus familias.

Hacemos uso de esta tribuna el día de hoy, para manifestar el acuerdo y el respaldo de este dictamen que se solicita a la SAGARPA para ampliar los apoyos a los productores cafetaleros para la adquisición de plantas resistentes a la roya naranja; asimismo para que se fortalezca y continúe con el programa de renovación de cafetales y acompañamiento técnico de  manera permanente.

¿Por qué la importancia de esto?:

No se requiere nada más de apoyos que resulten benéficos para un momento preciso, se requiere de un acompañamiento en todo momento, cuando sale el problema, y para que continúe, porque si no, los apoyos se vuelven de manera inmediata importantes, pero al mediano y largo plazo por supuesto que las necesidades siguen, las carencias siguen; y la calidad de vida sigue mermando.

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial como productor de café, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Viet Nam; la variedad que produce es la arábiga conocida por ese nombre debido a su origen; se cultiva en dos estados del país, especialmente en: Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, lo que cuenta como un 84 por ciento más o menos; y también hay superficies sembradas de cafetales en Guerrero, San Luís Potosí, Nayarit, Hidalgo, que son más o menos el 15 por ciento, y el resto está en Jalisco, Querétaro, Tabasco; también en el Estado de donde soy proveniente, que es el Estado de Colima.

Durante 2013, se produjeron 1 millón 257,982 toneladas de café con un valor aproximado, o más o menos con un alcance de más de 6 millones de pesos.

En los últimos años el sector cafetalero se ha visto amenazado por la afectación de la roya naranja del cafeto, que es un hongo que afecta directamente a la planta de café.

Para el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto de Egresos de la Federación estableció recursos para el programa de fomento a la agricultura; dentro de este programa se integra el componente aprocafé, así se determinó, así se llamó e impulsó un a producto que tiene que ver con el café, al cual se asignaron 700 millones de pesos para el 2015, se incrementó en términos nominales a la asignación del programa correspondiente aproximadamente a un monto de 730.6 millones de pesos.

Quiero hacer un reconocimiento en todo lo que vale a SENASICA, y también quiero dar fe en este momento, que SENASICA nos ayudó en el Estado de Colima con el tema del limón, estuvo presente, no solamente para conocer el problema, sino también para atenderlo, y dejar plenamente constatado que a partir de la investigación, a partir de la prevención, se puede mejorar en materia del campo.

Entonces, aquí reconozco, porque a veces nada más decimos lo que está mal, a veces nada más decimos en lo que está fallando, pero aquí agradezco la atención puntual y pronta de SENASICA para esta atención al campo, especialmente a los cafetaleros, y también la atención en cuanto al presupuesto, porque puede haber atención en el problema, puede haber intenciones morales, pero cuando se trata de presupuesto, aquí lo importante es que se apruebe y que sea efectivo, y se lleve a cabo.

Reconocemos en todo lo que vale las campañas fitosanitarias para la atención del problema, mediante acciones de un muestreo y de vigilancia epidemiológica, y también la capacitación que se ha venido dando a lo largo y ancho del país, sobre esta materia.

Yo no quiero extenderme más, nada más que decir, que a nombre de la Comisión de Agricultura agradecemos la atención pronta que ha tenido el gobierno federal; agradezco también la atención de los diputados federales, para que cada vez que nosotros mandamos un problema que es pensado como problema sea atendido, y además de que sea atendido, insisto, de una manera moral, de una manera de que les pueda, que es nada más verbal o sentimental sea atendida en el presupuesto.

Esto sin duda, nos va a llevar a atender los problemas que tiene este país; y soy una convencida que volteando los ojos al campo, ayudando a que la gente tenga que comer, muchos de los problemas en cadena van a seguir atendiéndose y van a ser resueltos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Se le concede el uso de la palabra al Senador José Francisco Yunes Zorrilla del grupo parlamentario del PRI, para el mismo asunto.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, señor Presidente.

De antemano, agradecer la atención que le sirvan a su servidor las Senadoras y Senadores esta tarde, sobre un tema de gran importancia y de grandes alcances para un estado tan importante en el desarrollo nacional como es Veracruz.

Hablar de la cafeticultura, es hablar de una de las actividades que involucra a un número importante de familias veracruzanas; que junto con los 13 estados que conforman esta actividad agrícola en el mapa nacional, logra tener presencia en buena parte de un estado serrano con fuerte presencia indígena; con una gran importancia en términos de la aportación de sus pueblos originales y que encuentran sustento en esta actividad que hoy se ve tristemente amenazada por problemas sanitarios de gran alcance como es el de la roya.

Por eso, celebramos que las comisiones involucradas en este dictamen hayan prestado atención, y hayan logrado este exhorto para que el gobierno de la República en coordinación con las distintas instancias agrícolas y sanitarias del país puedan encarar esta demanda sentida y sensible de los productores más desprotegidos en condiciones de mayor vulnerabilidad como son los cafeticultores.

Las zonas donde se siembra café, señoras Senadoras y señores Senadores, son zonas en donde la marginación, en donde el rezago social, en donde la falta de infraestructura hace presencia cotidiana.

La zona donde se da la cafeticultura en el país, y particularmente en Veracruz, son las zonas donde están asentados los núcleos de población que mayor presencia y recursos de la federación, de los estados y de los municipios reclaman.

Por eso, vemos con muy buenos ojos las acciones que el gobierno de la República, a través de SAGARPA; la sensibilidad que la propia Secretaría de Hacienda ha tenido en términos de ampliación presupuestal, para que mayores recursos puedan acompañar al esfuerzo diario de estos productores heroicos en las condiciones en que se encuentran.

Recursos, que hoy permitirán renovar sus plantas para tratar de evitar el flagelo de los problemas sanitarios a través de invernaderos. Formas de capitalización, que permitan acceder de manera puntual y determinada a nuestros productores en mejores accesos a capital, apalancamiento y a financiamiento.

Son estos créditos baratos que se logran hoy, a través de la reforma financiera y de su rediseño en la banca de desarrollo, lo que permiten incorporar a estos personajes de gran reconocimiento en sus distintas zonas y en sus distintas regiones a los beneficios de créditos barato y del crédito oportuno. Recursos, que permiten también hacer frente al fomento productivo para que puedan ser más competitivos, y todo esto con un solo propósito, que es particularmente noble, que es el de que, por sus propios medios y a través de su propio esfuerzo estos productores, en las condiciones que ya mencioné, puedan resolver su presente y encarar con mejor oportunidad su futuro.

Porque el desarrollo de las regiones de puntos estratégicos, como son las zonas serranas cafetaleras de Veracruz, podrán tener mejores oportunidades y superar sus condiciones de vida si les logramos otorgar estos recursos que ya están siendo operados en su beneficio. Por eso aprovechamos este espacio, nos sumamos a los resolutivos de este dictamen, recogemos el alcance de este punto de Acuerdo para dejar desde el Senado de la República, constancia de la importancia que esta actividad, de este sistema producto, tiene para impactar positivamente en términos de dignidad, las condiciones de vida de los cafetaleros.

Hoy desde aquí, hablamos por los cafetaleros de Veracruz; y sabemos que su pregón sabemos que su agenda es la misma de los cafeticultores de todos los puntos geográficos del país. Gente que le gusta trabajar, que con los instrumentos financieros, los recursos oportunos, los trabajos sanitarios, como los que de manera adecuada y óptima emprende Senasica, estarán construyendo un mejor escenario como condición de vida.

Desde el Senado de la República reconocemos la capacidad de organización, la aportación diaria de los cafeticultores veracruzanos, que trabajando en condiciones particularmente desventajosas con los recursos que han logrado gracias a esa capacidad de gestión, estarán conformando un mejor entorno para que a través de su mérito, para que a través de su propio trabajo, para que a través de su propio talento individual puedan diseñar de manera significativa y muy sentida el escenario de vida para ellos y para su familia y poderlo legar.

Por eso, con mucho aprecio y mucho respeto, le pido a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que respalden este punto de Acuerdo, y que al momento de votar puedan pensar en los miles de mexicanos asentados en muchos estados del país que estarán recogiendo con júbilo y alegría el sentido de este voto.

Por la atención prestada por las señoras Senadoras, por la atención prestada por los señores Senadores, y por la sensibilidad del tema, quien hoy abusa de su atención desde esta tribuna les agradece su voto y el acompañamiento de esta propuesta.

Muchas gracias por su atención.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente dictamen con punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia y da una cordial bienvenida a presidentes municipales y regidores del estado de Tlaxcala, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández, quienes acuden al Senado para ver el desarrollo del proceso legislativo que se lleva a cabo en este recinto.

¡Bienvenidos presidentes municipales y regidores!





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 2o. constitucional en materia de derechos políticos de las mujeres indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 2o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen anteriormente mencionado. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se abre la discusión de este dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento del Senado.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Honorable Asamblea:

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento el dictamen que propone la aprobación de una significativa reforma a la fracción III del apartado A artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar no sólo el disfrute, sino el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas, en la esfera de los municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos.

El dictamen plantea aprobar en sus términos el texto que nuestra honorable Colegisladora aprobó por unanimidad, de los cuatrocientos diputados presentes en la Sesión del día 2 de octubre próximo pasado, a partir de la iniciativa propuesta por la Diputada Eufrosina Cruz el día 13 de octubre de 2013.

Destaco a ustedes que esta iniciativa está inspirada en hechos que vulneraron el derecho político a ser votada, por su proponente, en el municipio de Santa María Quiegolani, en el Distrito Electoral de Tlacolula, en el estado de Oaxaca.

Podría pensarse que de un caso concreto no habría razón para plantear una modificación a la ley fundamental de la República; sin embargo, cabe decir que si bien ese hecho motivó una propuesta ante el órgano revisor de la Constitución, no se trata de una circunstancia que sólo se haya presentado en esta ocasión o en ese lugar; adicionalmente y de mucha relevancia es que el hecho y otros hechos como ese acreditaron la necesidad de reflexionar y plantear una acción afirmativa en defensa de los derechos políticos de las mujeres indígenas.

Dejamos constancia de nuestro reconocimiento a las comisiones codictaminadoras y a sus presidentes, el Senador Eviel Pérez Magaña, de Asuntos Indígenas, y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, de Estudios Legislativos, Segunda. Reconocemos su disposición para atender este asunto con la celeridad que estimamos merecía una cuestión vinculada a un derecho esencial de las mujeres indígenas.

En la reforma que se somete a su deliberación y votación, se parte de la previsión vigente en el artículo 2o. constitucional, en el sentido de que al elegirse a las autoridades o representantes para el ejercicio de las formas de gobierno interno en los pueblos y comunidades indígenas del país, se garantice la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones para elevar a la norma constitucional el énfasis de la acción afirmativa, denunciar específicamente igualdad sustantiva entre hombres y mujeres indígenas en tres postulados.

Primero. Que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en sus formas propias de gobierno interno en condiciones de igualdad.

Segundo.- Que las mujeres y los hombres indígenas podrán acceder al desempeño de cargos públicos y de elección popular para los que fueron electos o designados; o electas o designadas, conforme a su propio régimen de usos y costumbres, también en condiciones de igualdad.

Tercero.- Que las prácticas comunitarias nunca podrán ser argumentadas o contrapuestas como límites a los derechos políticos y electorales de las personas que forman parte de un pueblo o comunidad indígena, en la elección de sus autoridades municipales.

Déjenme reiterarlo.

Podría parecer que la norma vigente establece condiciones para la igualdad de la mujer indígena en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en aras de participar en los procedimientos políticos y electorales de sus formas tradicionales de gobierno.

Parecería que el ejercicio de sus derechos humanos de carácter político a votar y ser votadas, y asumir responsabilidades públicas tuteladas a todas las personas en nuestro país por el orden constitucional vigente, se encuentra garantizado en la norma suprema.

Sin embargo el umbral de la previsión y tutela constitucional a través de enunciar acciones afirmativas a favor de la mujer indígena nos ha parecido indispensable a quienes integramos la comisión o las comisiones unidas para llegar a una convicción a través de tres caminos o tres rutas.

En primer lugar, que al contemplar por un lado, la convivencia entre la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, y su capacidad para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como para aplicar sus propios sistemas normativos en la elección de representantes y designación de titulares de encargos públicos en sus municipios y en sus comunidades; y por otro, el régimen de libertades y derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario afirmar la preminencia del derecho humano con carácter universal como sustento esencial de la proclamación y defensa de la dignidad esencial de todas las mujeres y los varones de nuestro país.

En la convivencia de los sistemas normativos y tradicionales y el régimen de derechos humanos de nuestra Constitución, debemos conciliar la preminencia del derecho humano en la estructura, desarrollo y práctica de los sistemas normativos de los pueblos indígenas.

En segundo término, hemos atendido a las disposiciones de un número importante y muy significativo de tratados internacionales, a los que como estado soberano hemos concurrido para su negociación para adherirnos a ellos, y que contemplan premisas acordes al principio de dignidad humana y de igualdad esencial de toda persona, la prohibición de discriminar por cualquier motivo y en particular por razón de género, del pleno disfrute y ejercicio de los derechos políticos.

En tercer sitio, porque tenemos y estimamos que es compromiso que las situaciones de desventaja o de desequilibrio que enfrentan de manera particular las mujeres indígenas, requieren que la norma suprema se disponga con medidas compensatorias para revertir esa desigualdad histórica y de hechos que enfrentan para ejercer sus derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Senador Burgos García, me permite un segundito, por favor. Solicito a la Asamblea que pongamos atención al orador, el tema que hoy se está tratando es un tema que creo que para todas y para todos es muy importante para que conozcamos el contenido de esta Reforma Constitucional al artículo segundo. Por ello les pido que pongamos atención debida al orador.

Adelante, continúe por favor señor Senador.

El Senador Enrique Burgos García: Gracias, señor Presidente.

Yo también ofrezco una disculpa a mis compañeras y compañeros por distraerles, pero se trata de una Reforma Constitucional vinculada al tema de mujeres indígenas. Así que una disculpa por distraerles con este tema, continúo.

Tenemos también frente a nosotros una cuestión del más amplio espectro. No pensemos que estamos ante una cuestión que se reduce a la participación política de las mujeres indígenas, sí lo es; pero también entraña algo que debemos reflexionar con amplio alcance. Me refiero a la lucha histórica de la mujer en general y de la mujer mexicana en particular por sus derechos político- electorales. Es rico el antecedente de esta conquista de las mujeres del mundo y de México, por supuesto.

El derecho de la mujer al sufragio activo y pasivo, el derecho de la mujer a acceder al desempeño de todo encargo público, el derecho de la mujer a participar en todos los ámbitos de las actividades políticas y públicas.

Es por ello que me permito solicitar su voto afirmativo a esta Reforma Constitucional, con la certeza de que estamos ubicando en la dimensión que requiere nuestra convivencia, tanto los derechos humanos de las mujeres indígenas para participar políticamente en sus comunidades como el principio democrático como valor instituible de igualdad, al amparo de la fortaleza de la norma constitucional como expresión y garantía de los derechos políticos.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Después de escuchar con atención las palabras, siempre precisas de mi amigo el Senador Enrique Burgos, partiré de su planteamiento para destacar la pertinencia de esta Reforma, sin duda muy importante, y lo digo con mucho respeto a todos, para estados como el mío, Oaxaca.

Compañeras y compañeros, amigos Senadores.

De la igualdad del hombre y la mujer, se habla desde hace dos siglos. Walt Whitman, el poeta de la diversidad decía: “Y digo que es tan grande ser mujer como ser hombre. Y digo que nada es tan grande como la madre de los hombres”.

A partir de 1974, nuestra Constitución plasmó el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y desde entonces mujeres y hombres han luchado persistentemente para llevarlo a la ley y a la práctica en la tribuna, en la administración pública, en los tribunales, en los partidos políticos; pero también en las empresas, en los sindicatos, en las calles y en los hogares.

Nos consta aquí, en el Senado, la tenacidad de mis compañeras Senadoras. No diré sus nombres porque habría qué mencionarlas a todas y, sin embargo, apenas el 5 de marzo de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal declaró la nulidad de una elección municipal bajo sistemas de usos y costumbres, normativos internos, porque se violó el derecho de las mujeres indígenas a participar como candidatas a concejales en San Bartolo Coyotepec, a sólo 15 minutos de la ciudad capital de Oaxaca.

Abigail Vasconcelos fue la mujer que promovió este recurso, abandonando su pasividad ante la injusticia, incluso enfrentando críticas de mujeres de su propia comunidad.

Así como en 2007, mi compañera diputada Eufrosina Cruz, en Santa María Quiegolani, Oaxaca, encabezó la misma lucha por los mismos derechos que en nuestras comunidades se rechaza; no en todas, pero en el mejor de los casos se ignora. Y no son casos aislados, ni Oaxaca es el único Estado que padece esta discriminación.

Por eso no me parece redundante el texto de la reforma propuesta. Por eso no estoy de acuerdo con quienes opinan que estamos individualizando en nuestra carta fundamental, pues es fundamental el respeto a los derechos político- electorales de las mujeres en sus comunidades indígenas, sujetas ya sea por el régimen de partidos políticos donde también se dan sus casos, o en el de sus propios sistemas normativos.

En comisiones unidas aprobamos este dictamen convencidos de su pertinencia jurídica, política, cultural y social, con ese convencimiento pido al pleno, con respeto, su voto a favor, pues no podemos hablar de desarrollo social si se mantienen nuestras disparidades sociales; no podemos hablar de respeto a los derechos humanos si se niega lo que a uno parece obvio, pero para otros es simplemente imposible.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea.

Vengo en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda a fundamentar y a solicita su apoyo a favor del proyecto de Decreto que reforma la fracción tercera, apartado A, del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos político electorales de las mujeres indígenas.

El objetivo central de este dictamen, es eliminar toda clase de prácticas discriminatorias que vulnere los derechos humanos de las mujeres indígenas por parte de las autoridades electorales, arguyendo la defensa de los usos y costumbre de los pueblos indígenas que permiten prácticas de discriminación contra las mujeres para acceder a cargos de elección popular y de representación en sus propias comunidades y municipios.

La propuesta de Decreto retoma como antecedente el informe especial sobre el caso de discriminación de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, habitante del Municipio de Santa María Quiegolani, en Tlacolula, Oaxaca, a quien se le negó la posibilidad de contender como candidata para el cargo de presidenta municipal por el hecho de ser mujer.

Lo que vulnera, lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, así como de las garantías para su protección.

Retoma además diversas disposiciones y tratados internacionales que promueven la igualdad de hombres y mujeres de pueblos indígenas, y de los que el Estado Mexicano es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  sobre pueblos indígenas  y tribales en países independientes, el cual establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el Sistema Jurídico Nacional, ni con los derechos humanos internacionales reconocidos.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dispone en su artículo primero, que los indígenas tienen derecho como pueblo o como individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y las Normas Internacionales de Derechos Humanos.

Igualmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en el artículo 2, inciso f, que los estados parte deberán adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo para modificar o derogar reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Cabe señalar, que esta iniciativa fue promovida por la propia Eufrosina Cruz Mendoza, hoy Diputada federal de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, propone una reforma que modifica la fracción III, del artículo 2o. de nuestra Constitución, que reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana.

De esta manera el artículo 2o., fracción III establece en los siguientes términos, texto de la minuta aprobada:

Fracción III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condición de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en elección de sus autoridades municipales. Esperando contar con su apoyo, agradezco su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pavlovich Arellano, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Agotados los posicionamientos de las comisiones, iniciamos la discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su autorización, señor Presidente.

Hay reformas que se supone todo mundo debe aprobar, son políticamente correctas, ataca a problemas que todo mundo considera válidos, sin embargo yo creo que esta reforma que están planteando las comisiones debe de analizarse con cuidado porque de otra manera estaríamos fingiendo.

Se hace esta reforma para garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a los puestos de elección y de gobierno, lo primero que había que haber hecho es cumplir con todos los tratados que mencionan, que para hacer una reforma en materia indígena se necesita hacer una consulta real a la población indígena, parte de la justificación aquí son los tratados que hemos firmado en materia de población indígena, y lo primero que se hace los viola, porque no se consultó a nadie.

Con la idea de que basta que hagamos aquí una reforma constitucional, y ya con eso se va a cumplir, o sin el menor interés de que se cumpla. En primer lugar, quiero objetar nuevamente esta diarrea de reformas constitucionales.

Ya lo hemos platicado con el señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que está siendo distraído ahorita por alguna gente, hemos quedado en que las reformas constitucionales no se hacen más que cuando sean trascendentes, importantes, y no  estar haciendo una reforma tras otra, trastocando la Constitución.

Ya el presidente anunció que va acabar con el municipio libre en su momento, ya va a llegar y lo van a aprobar sin ninguna discusión, ya lo sé; otra reforma constitucional, señor Presidente de la Comisión, que habíamos quedado que no se iba a hacer.

Pero además una reforma inútil, viola el principio esencial, no se consultó a las poblaciones indígenas; reforma el artículo 2o. de la Constitución, este artículo tiene dos partes, un apartado A y un apartado B, la Senadora Calderón, que aquí está conoce muy bien esta reforma, se hizo cuando era una eficiente y combativa Presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas en la Cámara de Senadores, donde hizo una magnífica labor, que yo reconozco años después.

Esta reforma es absolutamente innecesaria. Habrá que analizar con todo detenimiento el artículo 2o., o simplemente por encima.

En todo momento, el tema de la reforma por más costumbres válidas de los pueblos indígenas que están consignadas en la Constitución ninguna de ellas puede violar los derechos fundamentales de la Constitución, pues aquí está, aquí está reconocido.

Dice: el Apartado A, fracción II. “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.”

Más adelante dice: “La protección de los derechos de las mujeres, y sus derechos a participar políticamente, en los términos de la Constitución de la República”, no solamente en los términos del artículo 2o., sino en los términos de toda la constitución.

Por otro lado, en el Apartado B existen toda una serie de medidas para lograr el desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, y particularmente el derecho de las mujeres, la igualdad de las mujeres.

Ahora, en algún momento se desoyó el derecho de unas mujeres a participar; no se les permitió participar en materias políticas electorales. Para que se respete la constitución, hay que reformar la Constitución, eso es absurdo.

Aquí hay una severa limitación en todo lo que es la política indigenista.

Los estados tienen que legislar en materia; los estados tienen que cuidar que estos principios se apliquen en todas las leyes, y sin embargo, no se han preocupado por llevar, por realizar esa importantísima responsabilidad.

Las mujeres indígenas tienen derechos importantísimos en este artículo 2o., y no se toman en cuenta. Las mujeres indígenas tienen que recibir educación. Las mujeres deben de recibir una atención en materia de salud. Bueno, nada de esto se hace, y se ha abandonado esa política, y no se permite que la mujer indígena realmente, aprovechando el artículo 2o., con la obligación que tiene el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, que haya realmente educación.

Los pobres de los pobres, son las mujeres. Y si analizamos los análisis del PNUD, vemos que esa educación, lo que permite realmente, es que la adquiera en la misma capacidad y calidad que los hombres.

La igualdad de la mujer pasa porque hay educación en las poblaciones indígenas, que eso es lo que tenemos que empujar, no sacar y decir: “Es que vamos a hacer todavía más largo el derecho de las mujeres indígenas a participar en el gobierno de sus comunidades”.

No, lo que hay que hacer realmente es vigilar que haya una política social en materia indígena que permita que las mujeres puedan tener la capacidad para desarrollarse y llegar a los cargos de dirección, y es lo que está abandonado.

Las mujeres, en los últimos datos, las mujeres indígenas son las peor tratadas en este país.

No puede ustedes: “Es que con esta ampliación de lo que ya está en este artículo 2o., con la ampliación al añadirle palabras, vamos a hacer que se respete ese principio, y vamos a hacer que se respete, como las propias mujeres que no tienen los elementos suficientes, porque no hay un trabajo social para hacerlas en verdad iguales a los hombres; no es un Decreto, ni un verso lo que nos va a permitir eso.

Mientras no haya esa política social que está aquí en el Apartado B, Fracción II; mientras no haya educación en las poblaciones indígenas; mientras no se preocupen de atender a las mujeres, no les van a hacer caso con estas grandes declaraciones constitucionales que están vacías de contenido.

A mí me parece que esas cosas no deben de hacerse. No debemos hacer creer a nadie que con esa reforma las mujeres indígenas van a poder, ahora sí, acceder a los puestos de dirección.

Lo que tenemos que hacer, quienes están interesados en luchar por la igualdad de las mujeres indígenas, y porque las mujeres indígenas lleguen realmente a gobernar, a tener participación, que aquí está en este artículo 2o., lo que necesitamos es impulsar la política social en las comunidades indígenas, que se tiene absolutamente abandonada.

Hay, en estos estudios que les comento, a medida que las mujeres van adquiriendo más educación, terminan por ser, por no tener ninguna diferencia en cuanto a la capacidad de los hombres, no lo tienen porque hay una discriminación en la educación con las mujeres, y porque las mujeres no tienen una atención que corresponde para ser madres y al mismo tiempo ser presidentas municipales.

Entonces, yo creo que no debemos seguir, primero, manoseando, señor Presidente de la Comisión, esta Constitución que ya la tenemos bastante trastocada. Sino tenemos que hacer reformas realmente importantes.

¿Quieren tratar el artículo 2o.? Vamos a analizar por qué la mujer no tiene acceso a nada, no solamente al gobierno de sus comunidades; no tiene acceso porque no tiene educación, y tampoco los hombres tienen educación.

Entonces, no es a través de estas medidas que vamos a lograr la igualdad de la mujer, de la mujer indígena, que es la pobreza dentro de la pobreza.

De manera que voy a votar en contra, y voy a votar en contra cuantas veces estén proponiendo reformas facilonas, porque tienen los votos.

Usen el artículo 2o. Exijan a los estados que regulen ese artículo 2o., que no lo han regulado.

Exijan lo que necesitan para ser igual que los hombres, y no digamos aquí, con esta gran reforma, de algo que ya está aquí. Vamos a hacerla un poquito más grande, vamos a hacer una gran labor para fortalecer la función política de las mujeres en las comunidades indígenas.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Senador, le rogaría que concluyera, su intervención.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Esa es una mentira. Señor Presidente, termino.

Esta es una mentira.

Vamos a votar en contra, y vamos a señalar siempre que se pretenda hacer demagogia, y peor, reformando la Constitución, que ya la están dejando como una constitución reaccionaria, neoliberal, con sus votos.

Los que están preocupados por las comunidades indígenas, están haciendo una política neoliberal, que seguirá empobreciendo a las comunidades indígenas, y definitivamente a las mujeres.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

El Senador Enrique Burgos García: Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Enrique Burgos García.

El Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

¿Si me permite, desde aquí, desde el escaño?

El Presidente Senador Aispuro Torres: Adelante.

El Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Solamente para compartir un punto de vista.

Efectivamente, lo expresado y hemos compartido en muchas ocasiones la oportunidad de que efectivamente la Constitución contenga los puntos esenciales; no hacer de la Constitución un aspecto reglamentario.

Pero hay casos, hay casos de naturaleza tal, como el que estamos abordando ahora, en que el contenido del artículo 2o. constitucional, si bien es de altísima relevancia, compartimos, también que en la práctica, los derechos de la mujer en las comunidades indígenas son subordinados a prácticas o a formas que generalmente se traducen en no darle espacio a la mujer.

La Constitución es un referente, y es también un deber ser.

No podemos decir que hay que resolverlo con las políticas sociales, con las políticas educativas, claro que tienen que desprenderse de ahí; pero la naturaleza de la Constitución es ser punto de referencia, y esto de ningún modo es reglamentario.

Respeto el criterio del señor Bartlett Díaz, pero, obvio, no lo comparto cuando se trata de un derecho universal. Cuando se trata de un derecho humano.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, por su aclaración, señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador Manuel Bartlett Díaz?

Le recuerdo que hay inscrita una lista de oradores. Pero adelante. ¿Para qué asunto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Una muy cordial, atenta y respetuosa mención que hizo de mí, el señor Presidente Burgos García.

No van a lograr  absolutamente nada con estas declaraciones. Pero eso sí, van hacer creer, que se está luchando a favor de la mujer campesina.

Eso es falso. Ahorita platicábamos, los gobernadores no han cumplido con su responsabilidad, no legislan. No exigen los presupuestos.

Entonces venimos cargando un crecimiento en la pobreza. Y la peor tratada, es la mujer indígena.

Entonces, van a pensar que con una ampliación, en este caso, necesaria, dicen, al derecho, que ya está en el artículo 2o., absolutamente redundante, verdad. Ya vamos a permitir que los municipios sean gobernados por las mujeres campesinas o las mujeres indígenas, cuando no tienen educación, cuando no tienen nada para vivir.

Lo que tenemos que pelear, es por la mujer, por la mujer indígena, pero aplicando el artículo 2o., Invirtiendo en educación.

¿Cómo está la educación en las zonas indígenas? Pues esta perdida la educación. No están teniendo a sus hijos en los patios de los hospitales. Entonces, no hagamos demagogia, haciendo reformas constitucionales.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le dio el uso de la palabra, en función de que fue usted aludido…

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senadora Angélica de la Peña Gómez?

Usted está inscrita en el orden de oradores. ¿Para qué asunto sería?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Efectivamente, quiero que me apunte para hechos, y para además de manera muy pertinente y respetuosa, contestarle al Senador Manuel Bartlett, respecto de sus comentarios.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Usted está inscrita oportunamente en el orden, en la lista de oradores. Con gusto, en su momento, se le concederá el uso de la palabra.

Informo a la Asamblea, que además de los oradores que ya han hecho uso de la palabra, se encuentran también inscritos, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, la Senadora Angélica de la Peña Gómez y la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Compañeros, venimos a discutir la propuesta del artículo 2o., que entre otras cosas, pretende  fortalecer los mecanismos de protección a los derechos políticos electorales de las ciudadanas y ciudadanos indígenas, que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, y que se han visto excluidos de participar en los procesos electorales municipales. Específicamente, en diversos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos.

Quiero con esto, contrastar la visión de quien me antecedió en el uso de la palabra, que efectivamente, levanta una crítica en términos de las condiciones en las que hoy viven cientos de familias, en las zonas indígenas y que retratan en lo que ha se dicho aquí, una serie de rezagos.

Yo quiero llevarlos a un recorrido histórico y decirles que hace 200 años, en octubre de 1814, hombres valientes e ilustrados, como Morelos, López Rayón, Herrera, Liceaga y otros, en un medio hostil, sufriendo persecución, tuvieron la presencia de ánimo para crear el Decreto constitucional Para la Libertad de la América Mexicana, que dio sustento a la nueva nación.

Este Decreto, por primera vez, estableció la igualdad de todos los mexicanos. En el breve y contundente artículo 13, se reputan ciudadanos de esta América: todos los nacidos en ella.

En este artículo, concreta Morelos lo que proponía la Constitución: “En los Sentimientos de la Nación”: que las leyes generales comprendan a todos, que la esclavitud se prescriba por siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. Esto pretendía y pretende todavía, dar vigencia en la actualidad a las condiciones de vida de nuestro pueblo.

El artículo 24, de ese mismo Decreto, dice que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La integra conservación de estos derechos, es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las acciones políticas.

Visionario, todavía, y que reclama vigencia en estos aciagos días que vive nuestro país.

En 1824, en la Primera República, a los integrantes de las clases subalternas, indias, castas, esclavos manumisos, siervos, encasillados serían gente reconocida en este documento histórico y sin embargo, las restricciones para su incorporación a la ciudadanía, siguen siendo las mismas.

Los principios no cambian la realidad. Las supervivencias corporativas impiden a los hombres y mujeres de las clases bajas participar en la vida social de nuestro Estado, no de aquel naciente, sino en éste, y aplica perfectamente.

Yo creo que esto nos actualiza. La dependencia económica, la necesidad de empleo, la persistencia de las costumbres de aquella época colonial, la sumisión a los corporativos tradicionales, el ejército, la Iglesia, los alejaban de la vida política.

La historia no se detiene. Los jacobinos vencedores de la Guerra de Reforma, establecieron en la Constitución del 57 los derechos humanos como base y sustento de todos otros los otros derechos.

El artículo primero, decía: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre, son la base y el objeto de las discusiones sociales; sentando así la premisa fundamental de su contenid”o.

En la Constitución del 17, se retoman estos principios y se añaden los derechos sociales, que regulan las garantías de acceso a los  beneficios en la sociedad moderna.

Lejos estamos de cumplir el propósito. La igualdad ante la ley, se minimiza ante las desigualdades sociales que persisten. Apenas este año, logramos una reforma al artículo 41 de la Constitución, y establecimos también la igualdad de género en los procesos electorales, pero siguen persistiendo las mismas carencias y sigue habiendo esclavitud, que empobrece a miles de mujeres indígenas en nuestro país.

Hay minorías sociales excluidas del relativo bienestar, y aquí lo ha señalado mi antecesor.

En esta sociedad contemporánea, no tenemos en el campo, los campesinos las condiciones para ejercer los derechos que las leyes nos otorgan para las indígenas, las mujeres, que viven y trabajan en el campo,

Es cierto, miles, millones de indígenas viven en situación de marginalidad. Una aplicación viciada de los derechos, heredados de la legislación colonial, considerados derechos tradicionales; los llamados usos y costumbres que se han convertido en abusos y exclusión.

Los hombres y las mujeres de las comunidades viven la exclusión social, por sus carencias, la exclusión económica por su falta de oportunidades, la exclusión política por el predominio de cacicazgos locales y por la manipulación de los líderes comunales.

En la sociedad mexicana coexisten carencias con excesos: cientos de miles de niños, niñas, hombres y mujeres sufren marginalidad, mientras unos cuantos pasean y contrastan su fortuna en las calles de nuestro país.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Senador, le ruego…

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Si voy hacer un poquito más extenso…

El Presidente Senador Aispuro Torres: Cuánto tiempo ocupa para, y con todo gusto…

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Cuatro minutos, señor…

El Presidente Senador Aispuro Torres: Cuatro minutos…

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Tenemos miles de comunidades, cuyo presente de exclusión se sustenta en el incumplimiento de los preceptos constitucionales.

Por eso es necesario reafirmar los contenidos de nuestra Constitución.

En los considerandos nos remite al quinto párrafo del artículo 1o. Constitucional, que prohíbe toda discriminación, dice: “…La discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…”.

El artículo 2o., establece la composición pluricultural de la nación sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y se refiere a la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación.

Ambos preceptos protegen la igualdad para ejercer los derechos protegidos de las minorías que es doblemente excluida, y más por ser mujer.

Hay un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de discriminación de que fue objeto la profesora Eufrosina Cruz, la actual diputada y promovente, señala que existen prácticas sociales de autoridades y servidores que constituyen violación a los derechos humanos: estas prácticas excluyentes se justifican en la aplicación de usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Compañeros: en el dictamen de las comisiones se reconoce el derecho de todas las personas a gozar de los derechos humanos, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Asimismo, ratifica la interpretación que favorece en todo tiempo a las personas a garantizar el ejercicio de sus derechos. Esta propuesta de modificación al Artículo Segundo, es con la finalidad de fortalecer los derechos políticos de los indígenas con un sentido de igualdad ciudadana y equidad de género.

Por eso, cuando alguien sube y habla en contra de esto, pudiera tener una perspectiva de razón, pero lo que busca esta reforma, particularmente es cerrarle el paso a la injusticia; no es un capricho que apoyemos la propuesta de esta minuta porque finalmente nosotros creemos que de esta manera paso a paso es como vamos a lograr colocar la igualdad de las mujeres y de los hombres en comunidades indígenas. Por eso sentimos que estas virtudes se encuentran en esta propuesta de Decreto, de dictamen, y que nosotros, en el grupo parlamentario del PRD votaremos a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente.

Venimos aquí con toda la firmeza, por supuesto, a defender este Decreto que ha impulsado una mujer, una mujer que vivía en una comunidad discriminada por los hombres; que no se le permitió acceder a un puesto de representación popular, y que insistió, insistió e insistió con su fuerza, con su firmeza, con sus ganas de servir, y que  llegó a ser diputada local, y Presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca; y que hoy es Diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de los Diputados. Por supuesto que estamos de acuerdo, y por supuesto que venimos a defenderla, y por supuesto que tenemos que seguir impulsando acciones afirmativas, que a pesar de la oposición de muchos hombres que creen que tenemos que estar mejor calificadas en la escuela para poder acceder a un puesto  público, la vamos a defender.

Hace unos 60 años a las mujeres no nos dejaban votar, por todos los prejuicios culturales y económicos que ustedes quieran.

A fuerza de acciones afirmativas de muchas mujeres de este país, y de otros países, nos hemos ido haciendo espacios para estar aquí con ustedes. Primero acciones afirmativas y hoy tenemos paridad.

Esta decisión constitucional, por supuesto tiene que ver con los derechos de las mujeres indígenas  a no ser discriminadas.

Qué error, compañero; decir que tienen que haber ido a la escuela, primero para poder gobernar.

Las mujeres sabemos gobernar desde casa; hemos hecho siempre el esfuerzo de cuidar a nuestros niños, a los nuestros y a los de los vecinos; de no dejarlos sin comer, a los nuestros ni a los de los vecinos; de hacer que se perdonen entre ellos, a los nuestros y a los de los vecinos; de estirar el gasto y el ingreso, hace el esfuerzo en los días de vigilia para cuidar a los nuestros para que crezcan, para que sean solidarios, para que sean mejores, para que sean respetables, y eso se llama gobernar; y no necesariamente se aprende en la escuela.

Hay muchos, con muchos títulos que no han sabido servir, ni cuidar, ni respetar la vida tampoco ver por los suyos. Por supuesto, que es necesario seguir lo que dice el Apartado B de la Constitución, que tiene que ver con acciones afirmativas en políticas públicas de educación, de salud, de ingresos, de economía, pero eso no impide que las mujeres vengamos a exigir el derecho a nuestra igualdad política, y por eso, y a pesar de que digan que tenemos que haber ido a la escuela para poder gobernar, defendemos con toda la firmeza, con toda la alegría y con toda la esperanza el derecho de las mujeres indígenas a gobernar sin ser discriminadas, ni siquiera por los usos y costumbres, ni los prejuicios neoliberales o de la calificación que usted le quiera poner.

Por eso, señor Presidente, con todo gusto votaremos a favor de esta reforma constitucional que da a las mujeres sus derechos de ser elegidas.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

En el uso de la palabra, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Suscribo íntegramente lo dicho por la Senadora Calderón. Es una pena que sigamos en el Congreso de la Unión todavía inscribiendo diferentes comentarios, si leemos el Diario de los Debates son muy parecidos a los que se esgrimieron en 1953, cuando se estaba discutiendo la Reforma del Artículo 34.

¿Para qué?, ¿para qué reformar?, si ya en los hombres ven inscritas a las mujeres.

La Constitución del 17, como si fuera un Corán, una Biblia, algo que no tiene que modificarse a partir de que las sociedades también cambian; y no han cambiado los derechos de las mujeres y las niñas de las sociedades más marginadas de nuestro país, justamente las de los pueblos indígenas. Por cierto, no es esta reforma dirigida a las mujeres campesinas, sino a las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas, así es, no mujeres campesinas.

Se dice que estamos fingiendo, que esta reforma no va a servir para nada, que ya está el precepto fundamental, que la Constitución simplemente hay que aplicarla, y que además, la Reforma Constitucional solamente tiene que emprenderse por parte de nosotros cuando estas reformas sean, se dice, trascendentes, y verdaderamente importantes.

Pues claro, que ésta es importante para nosotras, y espero que también para todos los Senadores, y espero también para el resto del Congreso Permanente.

Esta es una minuta importante que viene de la Cámara de Diputados con una gran autoridad moral, porque efectivamente es de una mujer, por cierto, preparada, por cierto, accedió a la educación, regresa educada a su pueblo, resulta electa, y al final del resultado de la elección, simplemente le dicen, pues, “sabes qué, tú no puedes gobernar, porque eso atenta contra los usos y costumbres de nuestro pueblo”; y ese pueblo es igual a muchos pueblos, donde siguen casando a las niñas a los diez años, afortunadamente espero que la Cámara de Diputados pronto pueda sacar la casta y reforme debidamente la minuta que les mandamos, que reforma la Ley de Trata de Personas, porque, casar a las niñas menores de edad por parte de los padres en estos pueblos indígenas ahora será constitutivo de una comisión de delito como Trata de Personas.

En fin, yo venía con un discurso muy contenta, me parecía que estábamos dando un paso muy importante al reformar la Constitución en el artículo 2o., que va, ciertamente, en la dinámica de reformas desde el 2001, y que ahora después de las reformas en el 2011, hoy sigue haciendo cambios importantes.

Destaco tres cuestiones, por el tiempo: primero, la corrección del concepto de equidad por el concepto de igualdad, ese es, señores y señor Senador, un cambio trascendente, importante y sustantivo; dos, efectivamente inscribe, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales; y tres, también muy trascendente, le da una vacatio legis cuando se declare esta reforma constitucional a los congresos locales, para que en el término de 180 días efectivamente reformen sus respectivas leyes, y podamos lograr que los derechos políticos y los derechos civiles de las mujeres indígenas, no campesinas, sino de las mujeres indígenas sean una realidad, como tiene que ser en nuestro país, porque son sujetas de derechos.

Llamo, con todo respeto a que aprobemos de manera afirmativa este dictamen que nos ponen a consideración las respectivas comisiones.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

En uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

La verdad, se me hace increíble que nos podamos oponer a un derecho de uno de los grupos de mujeres más marginados, no sólo de México, sino del continente. El tema de las mujeres indígenas, es un tema que si bien es cierto, aquí se dijo, pasan por situaciones difíciles; pero la violencia política es la que más prevalece en los pueblos indígenas, porque la violencia política, con los mal llamados usos y costumbres, pues la costumbre es violentar a las mujeres, maltratar, eliminar.

Si las mujeres, a las que se ha hecho alusión aquí; que vamos a la escuela, fuimos víctimas de Las Juanitas, o lo que es peor, ni una sentencia se pudo respetar. Se tuvieron que sustituir muy al final, o sea, no se respetó ni lo que el Tribunal correspondiente dijo. Se pueden imaginar ustedes, las que sí tienen voz, yo acabo de estar en un evento donde una indígena se para y lo primero que le dice el Presidente de la República es: Mi primera palabra que tuvo mi padre conmigo es: “Tú no vales nada”.

El tema de la discriminación es un tema muy serio, y tiene que estar garantizado desde la Carta Magna, desde lo máximo que tenemos, que es la Constitución. Yo no puedo entender, que cuando se trata de garantizar de manera especial a las más marginadas pueda haber oposición, creí que el dictamen iba a pasar sin problemas.

Le abrimos la puerta a la Constitución, le hemos abierto la puerta a la Constitución, a otros asuntos, de menor importancia. Este tiene la mayor importancia, no solamente por el segmento poblacional, sino por la situación de desventaja que tienen las mujeres.

Eufrosina es muy nombrada, pero hay cientos de mujeres indígenas que no tienen derecho ni a aspirar a los derechos políticos, y hay que decirlo, los derechos políticos también son derechos humanos, donde las indígenas también tienen salvaguardados sus derechos humanos.

Yo pido el voto a favor de esto, y ojalá se pudiera borrar cualquier situación. A mí me apena que se pueda regatear a esta población tan necesitada, tan marginada, que además ellas quieren estar en la mesa donde se toman decisiones, y donde se dirige el país, porque es de ahí donde se separan, las indígenas no necesitan tutores ni mentores, ni tampoco necesitan quien hable por ellas. Deben de tener sus derechos políticos a salvo, y creo que la reforma constitucional y la ley secundaria lo valen.

No más discriminación, y no más para ese bordo de contención para la democracia. La democracia debe ser completa para hombres y para mujeres, pero especialmente para aquellas que viven en discriminación, y en desventaja, en sus derechos políticos como las mujeres indígenas.

Por eso espero no ver ningún voto en rojo, porque vale la pena luchar por esas que no tienen voz.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Senador Bartlett… ¿Quiere usted hacer uso de la palabra? ¿Desde su escaño? Adelante, Senador. A usted lo ven mejor, si está en tribuna.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Así sí las veo a todas de manera directa. Todo lo que aquí me han reclamado es falso. Esta reforma es la que da el derecho, así lo apunté, es la que da el derecho a las mujeres a participar políticamente, a ser respetadas, por tanto, esta reforma no le da ese derecho, no es cierto, el derecho está en el artículo 2o., por eso digo que esa es una actitud innecesaria para reformar la Constitución, y todos quedamos muy bien.

De la Cámara de Diputados viene unánime, de maravilla. Todo lo que aquí han dicho, quienes están en defensa…

El Presidente Senador Barbosa Huerta: ¿Senador Bartlett, me permite?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Claro.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: La Senadora de la Peña Gómez, está pidiendo el uso de la palabra. Sonido en su escaño.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Desde luego que sí. Claro.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: No sabemos qué quiere. Adelante, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente de la Mesa Directiva, ¿puede usted consultar al señor Senador Manuel Bartlett Díaz, si me permite hacer le una pregunta?

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Ha escuchado usted el planteamiento de la Senadora Angélica de la Peña.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Desde luego que sí.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador.

Puede usted decirnos, para ilustrarnos, ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, deme el beneficio de la duda.

Miren, ese es uno de los cambios que se plantean como avances en esta reforma, el cambio del concepto equidad por igualdad. Y ese es un enorme avance, el concepto equidad, el concepto igualdad, está garantizado en el artículo 1o. de la Constitución, ahí está.

Por eso le digo que todo esto ahí está, está en la Constitución. Ahora, es increíble, dice mi queridísima amiga y respetada mujer, Diva. Dice Diva: “Es increíble que estemos aquí oponiéndonos a que se le dé el derecho a la mujer para gobernar y para ser respetado su derecho a participar. Nadie se está oponiendo a eso Diva, perdóname, nadie se está oponiendo. Al contrario, eso ya está en la Constitución. Por eso les digo que no es cierto que esta Reforma le está dando ese derecho a las mujeres.

Ee repite en varios de los apartados que exclusivamente, especialmente las mujeres, en esas circunstancias para apoyarlas. No es cierto que se está dando.

Es increíble, diría yo, Diva, que no tomemos el tema aquí, por ejemplo a la Senadora Calderón que ya se fue, que tomemos el tema para luchar porque se aplique el artículo 2o.. Es increíble que no lo tomen ustedes.

No es un acto en contra de las mujeres, al contrario. Es increíble, que no hagan una campaña en apoyo de la mujer indígena.

Eso es lo que es increíble, porque la mujer indígena no está apoyada en nada. Eso es lo que yo considero más importante, que agrandar un principio que ya está ahí.

Es increíble que no lo hagan, que no lo apoyen, porque eso es lo que hará que la mujer indígena esté realmente en situación de equidad y de igualdad.

Está pidiendo la palabra Diva.

¿No?

Bueno.

Cuando se nos dice que queremos que no haya un voto en contra. Vuelvo a tocar el tema principal. Ya había quedado con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que no íbamos a reformar la Constitución de manera inútil, innecesaria ¿verdad? Y lo dijo aquí en la sala: “Vamos a hacer un estudio para ver qué hacemos de la Constitución”.

Y siguen reformando la Constitución en temas que ya están aquí. De manera que no me opongo a que las mujeres indígenas accedan a los puestos de dirección, de mando, de presidencias, de lo que sea; sino al contrario, lo que estoy diciendo es que se necesita cumplirse realmente el artículo que no lo cumple.

Necesitamos como Senadores y Senadoras ver si los gobernadores están cumpliendo lo que mandata el artículo 2o.

El artículo 2o., ante la dificultad de definir exactamente las comunidades indígenas en el país que son muy variadas, se establece que cada gobernador tiene qué legislar en relación a su realidad en materia indígena, y fortalecer lo que las comunidades indígenas requieran y no legislar. No legislan.

Yo diría, señoras Senadoras, ustedes defensoras de las mujeres indígenas y nosotros, los Senadores, debemos obligar a nuestros gobernadores a que legislen. En el Estado de Puebla no se ha legislado el tema.

Entonces está en el aire. La reglamentación de esto debe de ser en los estados. De manera que sí estamos a favor, absolutamente a favor, de que la mujer tenga una posición de igualdad real frente al hombre. Y con todo respeto, para la Senadora  Calderón, sí se necesita más educación. Porque si ni siquiera saben cuáles son sus derechos, pues sí son muy gobernadoras en su casa que las tienen más bien de sirvientas gobernando sus casas, no saben ni cuáles son sus derechos.

De manera que sí se necesita educación para todo. Se necesita educación para el desarrollo, se necesita educación para todo, es la pieza clave. Y la educación en las zonas indígenas, está en los suelos.

De manera que sí estoy con ustedes, no estoy en contra de ustedes. Estoy en contra de que se banalice la reforma constitucional, y que no se tome en cuenta lo que ya está ahí para obligar a que se cumpla. Porque decíamos, vamos a hacer una Reforma Constitucional porque no se cumple la Constitución; eso me parece que es absurdo, y tiene un sentido político muy grave, sobre todo en estos gobiernos que lo que quieren es reformar la Constitución para echarla para atrás y romper el pacto social, y romper el sentido de justicia social que algún partido tuvo en alguna parte de su historia.

No, lo que necesitamos es respetar la Constitución, proteger el pacto nacional, hacer que los derechos que ahí están se cumplan.

Que haya educación para las mujeres indígenas, que haya salud para las mujeres indígenas, que tampoco la hay, que haya recursos que vayan a las comunidades indígenas que están abandonadas. Es lo que yo digo y por eso me parece increíble que no digan “sí es cierto”. Esto es lo que es cierto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Senador Bartlett Díaz, nuevamente en la tribuna, le agradezco su participación.

Senadora Angélica De la Peña, ¿para qué objeto?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, simplemente para decirle al señor Senador Manuel Bartlett que no contestó mi pregunta. Y por cierto, el principio de igualdad no se encuentra en el 1o. constitucional; sino en el 4o. constitucional. Y sí hay una diferencia entre equidad e igualdad, pero lo seguimos platicando.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: No lo provoquen, Senador Manuel Bartlett, ¿va a usted a replicar la intervención? Adelante, Senador, por dos minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: No, ya ahí terminé, ahora vamos con la Senadora Diva Gastélum.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por favor díganos la pretensión.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Yo no le voy a preguntar, porque seguimos muy confundidos en esta Cámara sobre que es la igualdad sustantiva, perdón porque diga eso; no es aquello de las y los que nos degradó tanto, porque no es un tema gramatical.

Entonces, señor Presidente, si me da chance por alusiones personales, poder intervenir desde aquí.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Senador Bartlett, ¿va a usted hacer uso de la palabra para conservarse en tribuna, o ya terminó?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno ya terminé, ¿ya no va a haber ninguna otra pregunta?

El Presidente Senador Barbosa Huerta: No, es que la Senadora Diva Gastélum, va a intervenir por alusiones personales, ya no para hacerle pregunta.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Quién? ¡Ah! Bueno, entonces yo me voy, ¿pero puedo regresar, señor Presidente?

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Siempre puede volver usted.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Me voy, pero regresaremos, como dijo MacArthur.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, desde su escaño.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Fíjese que la pregunta que hizo la Senadora Angélica de la Peña es muy importante. Yo creo que las indígenas, aquí se desconoce que también luchamos por un porcentaje para capacitación y llegar a formar y crear cuadros políticos.

Lo importante aquí es, cómo les garantizamos a ellas sus derechos. Pero sería muy importante, Presidente, que pudiéramos saber de qué estamos hablando, porque me parece que hay una falta de conocimiento de lo que es, como dijo la Senadora Angélica de la Peña, la igualdad sustantiva.

Y en esta igualdad sustantiva, las mujeres indígenas juegan un papel determinante.

Y la Constitución, la propuesta que tenemos, es la garantía que tienen las mujeres indígenas; no la podemos soltar así nomás. Ya lo dije, la Constitución que el hombre y la mujer son iguales ante la ley; las mujeres todavía no cubrimos el 7 por ciento de las presidencias municipales. Y yo preguntaría:

¿Qué participación tienen las mujeres indígenas? Nula.

No hay una participación. Esto es una garantía a la que tiene derecho esta población y que no podemos decir que van incluidas porque, apenas va a ser una prueba de fuego en la próxima elección el 2015, en lo que tiene que ver con paridad.

Por lo tanto le pido, señor Presidente, no le demos más vuelta y usted, que es tan proclive a la capacitación, sería muy importante que nos pudiéramos capacitar en el tema.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores. Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Yo iba a hacer una moción para considerar que fue muy puntual los señalamientos del Senador Bartlett Díaz, él se opone a esta reforma, porque no hubo una consulta a los pueblos indígenas.

Dos. Porque considera que ya están planteados los contenidos de esta reforma en la propia Constitución, y sobre todo en el artículo 2o. constitucional.

Los enfoques que cada quien ha dado en la defensa de esto; han quedado claros, por lo tanto, siento que es innecesario seguir redundando en el tema, y que se someta a votación.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Lo había dispuesto, Senador Pedraza Chávez, gracias por la interpretación de lo dicho por el Senador Bartlett.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulto si algún Senador reservará el artículo, para su discusión en lo particular.

Al no haber oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya entregó a esta Mesa Directiva el texto de su intervención, el cual les pido sea insertado de manera íntegra en el Diario de los Debates.



Les solicito a las y los Senadores, que una vez que emitan su voto, de este asunto, que es Reforma Constitucional, que requiere dos terceras partes de los Senadores presentes, vamos a proceder a la votación de los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión, para que permanezcan en el Pleno.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 89 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a los congresos estatales, para el efecto del artículo 135 constitucional.

Esta Presidencia saluda a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus la ciudad más bella del mundo, Tehuacán, Puebla, invitados por su servidor Miguel Barbosa Huerta.

¡Bienvenidos!

También saludamos a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de Especialidades, invitados, ¿es de Guadalajara?, invitados por el Senador Jesús Casillas, la segunda ciudad más bella del mundo.

¡Felicidades!





 

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la elección de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Si la Asamblea lo autoriza, el despacho de este asunto será el último de la sesión de  hoy.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto referido por el señor Presidente se integre a los asuntos del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: El Acuerdo está disponible en sus escaños.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA



En consecuencia, está a discusión. Se concede el uso de la palabra, si me lo autorizan las comisiones, al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar el Acuerdo; también lo podrán hacer las presidentas de las dos comisiones.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

Aclaro, en primer término, que ese Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, no del estado de Puebla. Se quedó entusiasmado mi paisano con la visita de los estudiantes.

Miren, de lo que trata este Acuerdo es de la integración del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Como ustedes recordarán, este sistema es parte de la reforma constitucional y de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

De hecho, hay una ley específica en la materia para este sistema público y, bueno, recientemente aquí nombramos a Armando Carrillo, como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión.

Pero hay otros órganos de gobierno dentro del mismo, como son la Junta Directiva y un Consejo Ciudadano, está previsto en la ley este último que sea integrado por 9 personas de reconocido prestigio y experiencia en la materia, y hago una aclaración, cuyo cargo es honorífico, honorario, no van a recibir remuneración alguna por participar en carácter de Consejero Ciudadano. Esto es muy relevante por dos razones:

Primero.- Porque este Consejo Ciudadano, será una suerte de garantía de que los contenidos que se vayan a transmitir por los medios audiovisuales del sistema público de radiodifusión del estado mexicano, verdaderamente obedezcan al objetivo para el cual fue creado este sistema.

Además, porque 3 de los consejeros van a formar parte de la Junta Directiva, que estará integrada por 7 miembros: 3 nombrados por el Ejecutivo Federal: uno de la Secretaría de Educación Pública, uno de la Secretaría de Gobernación y uno de la Secretaría de Salud; el Presidente del sistema, y 3 de estos consejeros ciudadanos.

Se hizo una convocatoria por la Junta de Coordinación Política, para que los interesados presentaran su postulación. Recibimos 19 expedientes; debo decir que todos y cada uno de ellos resultaron idóneos para poder ocupar el cargo de Consejero Ciudadano.

Fue muy difícil hacer esta selección porque todos ellos verdaderamente, tienen una trayectoria ejemplar, y sobre todo es de reconocerles y agradecerles el interés mostrado por participar en este consejo, insisto, sin cobrar un solo centavo de remuneración.

Después de haber revisado su currículum vitae, después de haber revisado su trayectoria; los ensayos que respectivamente presentaron para acreditar o sustentar su postulación, y después de las audiencias públicas que sostuvimos el día de ayer, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Gobernación; y Comunicaciones y Transportes, que tengo el honor de presidir, llegamos a la conclusión de que 9 de estas personas, que voy a leer a continuación, son, no solamente idóneas; sino que son las que reúnen de mejor manera el perfil que estamos buscando para darle el balance deseado al sistema público de radiodifusión del estado mexicano.

Aclaro, que estábamos hablando de temas de equidad de género, que en este caso hay más mujeres que hombres.

De los 9 integrantes del Consejo Ciudadano: 5 son mujeres, 4 serán hombres, y esto es estrictamente por su capacidad, y no por una cuota; eso es algo que me da mucho gusto destacar y resaltar en este momento.

Los integrantes del Consejo Ciudadano, según el Acuerdo que está a su consideración, y que ruego que nos acompañen con su aprobación, son:

Nora Patricia Jara, por 1 año, Coral Castillo, 2 años, Lourdes Barbosa, 2 años, Carmen Patricia Ortega, 3 años, Raúl Quintanilla, por 3 años, Javier Esteinou, 4 años, Lidia Camacho, por 4 años, Enrique Lazcano, 5 años y Ernesto Velázquez, por 5 años.

Son todos ellos profesionales de la materia, gente muy acreditada en el sector, en el manejo de medios públicos, en el manejo de medios audiovisuales, y estoy convencido de que esto viene a fortalecer a una de las instituciones del Estado mexicano de nueva creación que es parte, insisto, integral de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, pues, está a su consideración este Acuerdo.

Agradezco y reconozco la participación de los integrantes de las 3 comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; Gobernación; y Comunicaciones y Transportes, que nos acompañaron en este proceso y, bueno, con esto estamos dando un paso adelante para concretar esta histórica reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del estado mexicano.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Así como fue turnado este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Acudo a esta tribuna para hablar a favor del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en virtud de que ha sido un asunto tratado al interior de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación, con la finalidad de llevar un proceso de evaluación y de audiencias públicas sobre 19 aspirantes a ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

El Acuerdo, es el resultado de un amplio consenso entre los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios representados en las comisiones dictaminadoras, como lo señaló el Senador Javier Lozano.

Nos encontramos en un momento, en el que los retos de índole tecnológica, normativa y social alcanzan a los medios públicos de comunicación, y es por ello que dependerá de la capacidad de reacción de los medios públicos y la adaptación a esta nueva realidad para atraer la atención de las audiencias cada vez más abrumadas por la amplia oferta existente. Estos son los retos que van a enfrentar estos consejeros ciudadanos.

Es importante destacar, que los principales objetivos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano están focalizados en: articular los esfuerzos del Gobierno Federal en materia de radiodifusión pública para incrementar el nivel de acceso a la población a la oferta de contenidos, coadyuvar en el desarrollo de obras audiovisuales de calidad de acuerdo con las aspiraciones de la sociedad mexicana, así como desarrollar mecanismos de concertación y alianza estratégica.

Este sistema pretende reforzar la participación democrática de la sociedad garantizando los mecanismos de acceso público en la programación mediante una plataforma para la libre expresión que promueva, tanto el desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos, como fomentar el intercambio cultural internacional fortaleciendo con ello, la unidad nacional y la integración social de las minorías.

En este sentido, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano contempló la creación de un Consejo Ciudadano, el cual es un órgano de representación social que será conformado por nueve ciudadanos de amplio prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación; seleccionados mediante consulta pública por el Senado de la República.

La importancia de este consejo radica, en que gracias a su conformación plural, se garantiza la inclusión y el respeto a la diversidad de ideas. Es importante que subrayemos que esta ley establece siempre el respeto a la integración de la Junta de Gobierno, misma que es la autoridad suprema del sistema, la participación de tres representantes de este Consejo Ciudadano.

Dentro de las funciones del Consejo destacan: la evaluación de los proyectos de programas y propuestas que cubran los objetivos de creación del sistema, proponen a la Junta de Gobierno, las reglas para la  expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales y elabora mecanismos de participación ciudadana, a fin de atender las inquietudes y las propuestas de los radioescuchas y televidentes.

Con ello, estamos asegurando que no solo sean un órgano de consulta y opinión sino que entre sus funciones encuentre la de presentar ante la Junta de Gobierno los criterios con los que se adopta la independencia y la política editorial imparcial y objetiva del sistema.

También es importante señalar, que dentro de los criterios que deberán obedecer en este Consejo de Ciudadanos, es, la igualdad; la igualdad entre mexicanas y mexicanos.

México es un país que destaca por ese mosaico cultural amplio y, por ello, la participación de este Consejo Ciudadano, para la generación de opiniones y acciones de asesoría al propio sistema, tiene una representación plural y diversa de quienes lo integra.

Con ello, quiero reconocer, que estas tres comisiones y sus integrantes, cuidaron la pluralidad y la diversidad de quienes estarán representando este Consejo Ciudadano.

Sin duda, lo que busca es, incrementar las audiencias, considerando sus intereses y necesidades mediante la producción de contenidos de calidad que propicien los espacios para que todas las voces de nuestra sociedad plural, estén representadas.

Quiero decir, que en esta búsqueda de los mejores perfiles para ocupar este cargo, de Consejeros Ciudadanos, se destaca la participación de 19 curriculums, todos ellos con una trayectoria importante.

Sin embargo, se tiene que reconocer por la participación, por la presentación de sus proyectos en materia de comunicación y su trayectoria, tuvimos que buscar la idoneidad de nueve de estos perfiles.

Quiero hacer el más amplio reconocimiento a estos 19 ciudadanos, que participaron en esta aspiración para ser consejeros, y sin duda, estaremos eligiendo en este Senado a nueve de ellos; nueve de ellos que cumplen con la idoneidad para representarnos a toda la diversidad de esta gran cultura, de este mosaico cultural que es México.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

En uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente.

A nombre de la Comisión de Radio, Televisión y  Cinematografía, queremos también respaldar el Acuerdo en el que han dado cuenta las presidencias de las comisiones de  Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, a las cuales fue también turnado este asunto, que sigue dando cumplimiento a lo recientemente ordenado, a lo recientemente creado por este Senado de la República, que es este órgano de radiodifusión del Estado mexicano.

Hace algunas semanas, nos dimos cita en este Senado de la República, para nombrar en aquel entonces, al Presidente de este organismo, Armando Carrillo, y advertimos desde ese entonces, que emitiríamos la convocatoria para poder seleccionar a los nueve integrante de este Consejo Ciudadano, que tendría nada más y nada menos bajo su responsabilidad, el dictar los criterios para poder garantizar la autonomía al interior de este importante órgano.

Es relevante para el Senado de la República, la conformación de este cuerpo, de este cuerpo ciudadano, porque será el encargado de garantizar que este sistema, que tiene la responsabilidad de garantizarnos la difusión nacional, verdaderamente se ocupe de difundir valores, de difundir todos estos criterios cívicos, de retomar ese amor, incluso, a la patria, que tanta falta le hace a nuestro país; y que no necesariamente los medios públicos… perdón, los medios privados, se ocupan de garantizar que estos valores también puedan permear a la sociedad.

Yo quiero también reconocer el trabajo serio, el trabajo puntual que se realizó al interior de estas tres comisiones, que sesionamos para escuchar a los 19 interesados en participar y formar parte de este consejo.

Me parece que es digno de reconocer su interés, porque además de sus perfiles, sus trayectorias en este cuerpo, el Consejo Ciudadano no tendrá ninguna remuneración; es una responsabilidad honorífica, y nos parece que ello lleva un doble reconocimiento. Por ello, hay un doble reconocimiento a estas personalidades que con sus trayectorias, sus perfiles, nos ayudarán a poder dar cumplimiento a esta reforma, a este trabajo realizado recientemente por el Senado de la República.

Ya se dieron cuenta, los nombres que conformarán o que están propuestos al interior de estas comisiones unidas, para integrar este Consejo Ciudadano.

Yo solamente quiero destacar, porque no es un dato menor, que de estos nueve, hay una mayoría, que son mujeres; son cinco mujeres las que están propuestas, si así lo respalda este pleno, para integrar este Consejo.

Me parece que también es digno de reconocer, la apertura y el reconocimiento a las trayectorias de todas estas mujeres, que también están participando.

Los 19 participantes, de verdad que son buenos perfiles, buenas trayectorias, pero hay una propuesta para poder hacer esta designación; la ponemos a su consideración, y hacemos una convocatoria a todo el pleno para que se sumen a respaldar el dictamen que estamos emitiendo y que con ello estamos dando cumplimiento a esa reforma, también recientemente aprobada por el Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno.

Tiene la palabra el Senador Gerardo Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, a hablar a favor y a pedir el apoyo de todo ustedes, de este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone la integración de este Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, compuesto como ya lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por cinco mujeres y cuatro hombres; cinco mexicanas y cuatro mexicanos muy valiosos.

Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en las audiencias que se organizaron para tal propósito, a los ciudadanos mexicanos que pasarán a integrar este Consejo Ciudadano, previsto en los artículos 22 al 28 de la Ley del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Ayer fuimos testigos en estas audiencias de espléndidas exposiciones por parte de todos los interesados en participar en este proceso, yo diría que si bien se inscribieron menos mexicanos que en muchos otros procedimientos de designación de funcionarios, las 19 mexicanas y mexicanos que se inscribieron demostraron ayer varios atributos o varias virtudes: entre ellas su conocimiento amplio del tema, su amplia experiencia, y yo destacaría también, su pasión por colaborar en la construcción del nuevo modelo de medios públicos que nos propusimos con la Reforma Constitucional y que se consolidó con la legislación secundaria que aprobamos en julio de este año.

Son mexicanas y mexicanos, que en su exposición de ayer acreditaron y enfatizaron su compromiso para participar en la construcción, como ya lo dije, de este nuevo modelo de medios públicos para el Estado Mexicano, para México: un nuevo modelo acorde a los tiempos que vivimos, sino también acorde a los desafíos que impone el vertiginoso avance tecnológico.

Me gustaría destacar en lo particular, que la mayoría de ellos, por ejemplo, no dejó de mencionar la importancia de que este nuevo modelo de medios públicos se incruste o utilice de  manera intensiva los distintos o las distintas plataformas tecnológicas que hoy en día están a disposición de esta industria de comunicación, en particular a disposición de los medios públicos.

En el Partido Verde estamos a favor de la conformación de estos mexicanas y mexicanos, que, como ya se dijo, tienen la característica de que ejercerán su encargo de manera honorífica, es decir, que es lo que yo destacaría, y mencionaba hace un momento el hecho de que es un grupo menor, quizá de los que se han inscrito para otros procedimientos de designación de funcionarios, pero son personas que por ese hecho de que ejercerán su encargo de manera honorífica, ayer demostraron enorme seriedad y enorme compromiso para este desafío que ellos mismos están dispuestos a emprender.

Yo concluiría, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, con una reflexión, porque efectivamente estamos atendiendo una de las cuestiones importantes derivadas de la Reforma Constitucional, y de la aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero apenas en este corto tiempo que llevamos con este nuevo modelo, este nuevo orden constitucional, y marco legal para la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión podemos atestiguar que el Senado no puede dejar de estar pendiente de lo que ocurre con esta reforma.

El órgano constitucionalmente autónomo que creamos por virtud de esta reforma desafortunadamente no está actuando conforme a lo que mandató el Congreso, y yo creo que es nuestro deber poner los puntos sobre las íes, y no bajar la guardia; estar atentos a que las cosas se hagan tal como lo mandató el Congreso, tanto en la Constitución como en la legislación secundaria.

El caso del nuevo Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano no podrá ser la excepción, yo estoy seguro que todos ustedes estarán atentos a que funcione, tal como lo previmos desde la Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senador Flores Ramírez. ¿Hay algún orador u oradora interesado en tomar tribuna en este tema?

No habiendo interesada o interesado se ha agotado la lista, pasaremos a la votación por cédula como lo marca la Base Séptima de la Convocatoria aprobada el 9 de octubre pasado; la aprobación de los nombramientos debe reunir una votación favorable de las dos terceras partes de las Senadoras y Senadores presentes, como lo marcan los artículos 17 y 19 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen, una vez sufragadas, a depositarlas a la urna colocada debajo de este presidium.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los presentes a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Pasa lista en orden alfabético.

Señor Presidente, se emitieron: 80 votos a favor, 0 votos en contra de la planilla integrada por los ciudadanos: Enrique Lazcano Vázquez, por 5 años, Ernesto Velásquez Briseño, por 5 años, Lidia Camacho Camacho, por 4 años, Javier Esteinou Madrid, por 4 años, Carmen Patricia Ortega Ramírez, por 3 años, Raúl Quintanilla Matiella, por 3 años, María de Lourdes Barbosa Cárdenas, por 2 años, María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por 2 años y Nora Patricia Jara López, por 1 año.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

En virtud de que se reúne la votación mínima exigida por la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se declara que han sido electos para integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los ciudadanos: Enrique Lazcano Vázquez, por 5 años, Ernesto Velásquez Briseño, por 5 años, Lidia Camacho Camacho, por 4 años, Javier Esteinou Madrid, por 4 años, Carmen Patricia Ortega Ramírez, por 3 años, Raúl Quintanilla Matiella, por 3 años, María de Lourdes Barbosa Cárdenas, por 2 años, María Elvira del Coral Castillo Zepeda, por 2 años y Nora Patricia Jara López, por 1 año. Comuníquese.

Se convoca a los ciudadanos que acaban de ser designados para que acudan a este Pleno a la Sesión del próximo martes 2 de diciembre a rendir la protesta correspondiente.





 

Compañeras Senadoras y Senadores, les informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el cual el Senador Ernesto Cordero Arroyo se da de alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.



Está a discusión el Acuerdo. Si hubiere interesada, interesado en hacer uso de la palabra, hágalo saber. No habiendo interesada o interesado en ello, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo mencionado. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de la Comisión de Desarrollo Social.





 

Compañeras Senadoras y Senadores, a petición de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera para que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, presentado el 13 de noviembre del año 2012.

EXCITATIVA

EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL.

“La que suscribe, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 212, 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, de conformidad con las siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria del Senado de la República del día13 de noviembre de 2012, las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.

II. El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, para su dictamen.

CONSIDERACIONES

El empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho.

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc. En efecto, en su artículo 41, último párrafo se establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública “de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”. No obstante, actualmente se adolece en el ámbito federal de una legislación especial en la materia.

Al respecto, tomando en consideración que cada vez más entidades federativas han venido avanzando en la expedición de leyes que regulan el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, se desprende la necesidad de que en materia federal sea expedida una ley especial que regule los alcances del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales federales, misma que incluso pueda en determinado momento servir de referente para las entidades federativas que aún no cuentan con una legislación al respecto o que contando con ella esta es incipiente.

En tal virtud, con fecha13 de noviembre de 2012, la suscrita junto con las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República.

Dicha iniciativa en términos generales tiene por objeto establecer las bases de regulación del uso progresivo y diferenciado de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal en cumplimiento de sus funciones, con plena observancia de los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

De igual forma tiene por objeto dar cumplimiento a compromisos internacionales contraídos en la materia, en aras del respeto y observancia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, plasmados en nuestra Constitución, así como como en los tratados internacionales.

Todo lo anterior cobra fuerza, si se consideran casos como el de la puesta en operación de la Fuerza Civil en Veracruz, la cual se define como un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad estatal, cuyos integrantes fueron entrenados por integrantes de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal e incluso de menciona que son expertos francotiradores, montañistas y rescatistas, que cuentan con capacidad para desactivar explosivos y conducir cualquier vehículo terrestre, aéreo o marítimo1.

En el mismo sentido, el pasado veintitrés de octubre se dio a conocer que la creación de la Policía Militar en el estado de Nuevo León, corporación que cuenta con entrenamiento de la Secretaria de la Defensa Nacional. El planteamiento consiste en el despliegue de elementos de instrucción militar bajo un modelo de policía civil, y está integrada por elementos con adiestramiento para operar, patrullar y hacer detenciones como policías civiles, coordinados con el ministerio público, con la policía estatal y las corporaciones policiacas municipales2.

Lo anterior es un claro ejemplo de la puesta en funcionamiento de fuerzas policiales con una instrucción militarizada, que por su definición misma tienen una orientación reactiva antes que preventiva, lo que deja muchas dudas sobre su eficacia a mediano y largo plazo ya que con este tipo de policías no se combate el origen de la delincuencia y mucho menos se asegura el respeto a los derecho humanos en su actuación, es decir no se instrumentan acciones concretas en materia de prevención y de protección a los derechos humanos, por lo que es más que urgente que entre en vigor el marco legal necesario para regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública, máxime en casos como los mencionados supra líneas, debiéndose observar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de quienes integran a las instituciones policiacas, sobre todo cuando su instrucción es de corte militar.

En el mimo sentido, otro argumento sobre la necesidad urgente de dictaminar la iniciativa de marras, es el de evitar que se repitan casos como el de Tlataya y el de Ayotzinapa de los 43 normalistas, casos que en este momento histórico son un claro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.

Refuerzan la idea anterior, los datos señalados por Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien ha mencionado que las autoridades mexicanas no han dado una debida respuesta a las denuncias por la desaparición forzada de 26 mil personas.

Cifras actualizadas hasta diciembre de 2013, en el primer año del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, señalan un total de 169 cuerpos fueron rescatados de fosas descubiertas con base en denuncias anónimas, investigaciones o confesiones criminales.

Algunas fueron halladas en Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Es el caso de Jalisco, donde a última cuenta 67 cuerpos habían sido desenterrados por agentes ministeriales federales.

Pareciera que lo anterior no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. Sin embargo claro que guardan una estrecha relación, ya que si los agentes de la seguridad involucrados en esos casos hubieran contado con una adecuada preparación, si hubiesen contado con un marco legal al cual apegarse y que les sirviera de referencia, esto tendría como consecuencia un paulatino cambio cultural en los policías, además de que el estado mexicano estaría cumpliendo con los deberes que en materia de derechos humanos a contraído internacionalmente.

Es menester señalar, que otro de los temas que hacen imperativa la regulación del uso de la fuerza en las instituciones de seguridad pública lo constituyen las marchas que en las últimas semanas se han desarrollado en protesta de la tan lamentable situación que atraviesa nuestro país. Debo dejar claro que no estoy a favor de la violencia en las manifestaciones, pero también deben existir los medios adecuados, acordes a derecho, para evitar dicha violencia, prueba de ello son los testimonios de que han dado constancia algunos medios, sobre los hechos sucedidos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo, destacando lo señalado por Ernesto López Portillo en su columna del pasado día 25 publicada en El Universal3, en la que señala el uso de la violencia desmedido, violencia de género4 y el uso de prácticas contrarias a los derechos humanos como la utilización de choques eléctricos para reprimir a los manifestantes5.

Finalmente, se estima conveniente señalar que han pasado más de dos años de que el proyecto de iniciativa fue presentado ante el Pleno del Senado de la República y turnado a las Comisiones Dictaminadoras, sin que hasta la fecha se haya emitido el dictamen correspondiente.

Llama la atención que la Comisión de Seguridad Pública de este Senado no ha llamado a sesionar a las Comisiones Unidas a las que fueron turnadas las iniciativas,  para dictaminar un tema tan importante como el que nos ocupa.

Baste recordar que el pasado 10 de septiembre de 2013, realice una excitativa en el mismo sentido sin que a la fecha se haya avanzado en la dictaminarían de la iniciativa de referencia.

En este contexto es preocupante que en medio de esta crisis de seguridad, la Comisión de Seguridad Pública haya tenido solo dos sesiones ordinarias en lo que va del año, misma que se registró el 4 de marzo y el 3 de abril, destacando que en el actual periodo legislativo dicha comisión legislativa no se ha reunido para sesionar.

Es cierto que la comisión se ha reunido en otras 3 ocasiones, pero únicamente fue para acordar y realizar la comparecencia de Monte Alejandro Rubido García, para su ratificación como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los días 24 y 25 de marzo y el 29 de abril para para la Comparecencia C.P. Jorge Carlos Hurtado para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Unicamente en dos las reuniónes señaladas se trataron, de manera directa y concreta, temas sobre la situación actual de la seguridad en nuestro país, sin que en otra ocasión se haya tenido la oportunidad de que quienes integramos dicha comisión sesionáramos para tratar los asuntos de seguridad pública que aquejan a este país y en consecuencia abordar las diferentes soluciones, que desde el ámbito legislativo, contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y por ende las condiciones de vida de los mexicanos y mucho menos se abordó de manera seria el tema de la regulación del Uso de la fuerza en las instituciones de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, es que se presenta ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores la siguiente:

EXCITATIVA

Primero. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República formule excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, para que en el ámbito de sus respectivas competencias emitan el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de noviembre de 2014.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez”.

1 http://www.milenio.com/estados/Fuerza_Civil-legado-gobernador_Veracruz-Javier_Duarte_0_400760266.html

2 http://www.jornada.unam.mx/2014/10/24/politica/018n2pol

3 http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/11/73496.php

4 http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/11/21/escudos-toletes-y-patadas-nos-sacaron-de-la-marcha/





 

Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 76 fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; ASÍ COMO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa trata del derecho a la atención médica a familiares y beneficiarios de los trabajadores, en función de su afiliación al esquema de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las leyes que rigen ambos sistemas de cobertura señalan puntualmente el derecho al acceso a los servicios de atención médica de las parejas de los trabajadores, precisando específicamente al o la cónyuge; o al concubinario o a la concubina; en estos casos se precisa la existencia de dicho vínculo entre un varón y una mujer.

De lo anterior se desprende que ambos ordenamientos no previenen el derecho a recibir servicios de atención médica a favor de la pareja del mismo sexo del trabajador o trabajadora, lo que a todas luces contraviene lo previsto por nuestra Carta Fundamental, a la luz incluso de los más elementales derechos humanos de fuente internacional1.

En esta virtud, el objeto de la presente Iniciativa es inhibir los actos discriminatorios que eventualmente se deriven de la aplicación de la normatividad expresa en los ordenamientos de referencia, más allá de discusiones  ya superadas, en torno a los derechos a la diversidad sexual.

En el marco de la evolución del reconocimiento a los derechos humanos, resulta incuestionable que las parejas del mismo sexo tienen iguales derechos que las parejas heterosexuales, entre otros aspectos, para afiliarse y recibir servicio médico de las instituciones públicas de salud, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Es inconcuso que el trabajador debe contar con el derecho a amparar a su pareja indistintamente del sexo, a través del seguro de salud. Lo anterior presupone el reconocimiento a la más amplia garantía en materia de seguridad social y derechos humanos de las personas.

De ahí la importancia de esta Iniciativa, por la que se pretende abatir la grave discriminación de alcance francamente inconstitucional.

En efecto, la propuesta previene que los trabajadores puedan inscribir a su pareja del mismo sexo, como beneficiarios del aseguramiento de servicios médicos en el régimen del IMSS o del ISSSTE, según corresponda.

Lo anterior se enmarca en el principio de igualdad consagrado por el artículo 1° de la Carta Magna, que al efecto proscribe cualquier tipo de discriminación, con relación al artículo 4°, que establece el derecho a la salud, de lo que se desprende la importancia respecto de la actualización normativa de la Ley del Seguro Social, así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concretamente por cuanto hace al derecho que le asiste a todo trabajador, varón o mujer, para inscribir a su cónyuge, varón o mujer, o concubina o concubinario, indistintamente, para recibir servicio médico por parte de dichas Instituciones, en caso de enfermedad, ampliando el espectro de beneficios de conformidad con el marco jurídico establecido por las propias leyes, a las parejas del mismo sexo.

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley del Seguro Social, que excluye implícitamente a las parejas del mismo sexo a tener acceso al seguro de enfermedades y maternidad, transgrede el derecho a la igualdad, por lo que ordenó interpretarla conforme a la Constitución para anular ese impedimento2.

Efectivamente, la Segunda Sala estimó que la manera más efectiva de reparar la discriminación normativa, antes que declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, es a través de una interpretación conforme de la disposición impugnada al tenor de otras disposiciones contenidas en la Ley del Seguro Social, para hacerla compatible con la Carta Magna3.

Así, la propia Sala estimó que la norma impugnada debe interpretarse y aplicarse no en su texto literal, sino en el sentido de permitir el acceso a los seguros correspondientes al cónyuge o concubino del asegurado, con independencia de si se trata de matrimonios o concubinatos de distinto o del mismo sexo.

Por lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es procedente la inscripción como derechohabiente de un asegurado respecto de su pareja. Lo anterior, indubitablemente dota de sentido pleno el contenido normativo de nuestro artículo 1° constitucional.

A nadie escapa que en virtud de las actuaciones de nuestro máximo Tribunal, se amplían estas garantías; sin embargo, corresponde al legislador ordinario, actualizar en el ámbito de nuestras responsabilidades constitucionales, las leyes de referencia.

De ahí la importancia de  reformar la Ley del Seguro Social, concretamente en su artículo 84 y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  en sus artículos 6° y 41, a fin de proporcionar certeza jurídica y dotar de congruencia normativa a lo resuelto por la Corte.

Es prudente desatacar que la Iniciativa de mérito no alude a figuras de uniones familiares similares al matrimonio civil, por considerarse en su caso de carácter local, tales como las sociedades de convivencia y el pacto de solidaridad4 por mencionar algunas, toda vez que no todas las Entidades Federativas del país cuentan con la regulación y reconocimiento de dicha figura, por lo que el objeto de la presente se circunscribe a lo resuelto por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, respecto de la interpretación conforme de la fracción III del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a fin de abatir la eventual inconstitucionalidad en torno a la atención médica de las parejas del mismo sexo de los asegurados, proyectando sus alcances a la Ley del ISSSTE.

Por lo anterior, a fin de dotar de seguridad social específicamente por cuanto hace a la atención médica, en congruencia con el multicitado resolutivo de la Corte, se propone establecer en ambos ordenamientos, el acceso a los servicios médicos a las parejas del mismo sexo de las y los trabajadores.

No pasa desapercibida la existencia de diversas Iniciativas e incluso una minuta en torno al tema, no obstante, la presente plantea de manera muy congruente y puntual,  respecto a la labor de nuestro máximo Tribunal, lo atinente al servicio médico para las parejas del mismo sexo.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo de la fracción III, así como el inciso a) del último párrafo del artículo 84; y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del mismo numeral de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. a II. …

III. El o la cónyuge del asegurado o, a falta de éstos, la persona con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinarios ninguno tendrá derecho a la protección.

Se deroga

IV. a IX. …

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a) Que no tengan por sí mismos derecho a las prestaciones correlativas a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad.

b) …

Artículo Segundo. Se reforma el inciso a) fracción XII del Artículo 6°, así como la fracción I del artículo 41,  ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. …

XII. Familiares derechohabientes a:

a) El o la cónyuge; a falta de éstos, la persona con quien haya vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad; o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si tuviere varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

b) a d) …

XIII. a XXX. …

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:

I. El o la cónyuge; a falta de éstos, la persona con quien haya vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad; o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si tuviere varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a recibir la prestación;

II. a V. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 27 de noviembre de 2014.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

1 El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, previene el reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en la materia, señalando en lo atinente, la asistencia médica.

2 2ª Sala, A. R. 485/2013; Resolución, aprobada por tres votos a favor y dos en contra, el 29 de enero del 2014, bajo la Ponencia del Ministro Fernando Franco González Salas.

3 2a Sala de la SCJN, Ministro Fernando Franco “la norma impugnada es inconstitucional en su literalidad, porque distingue entre parejas de distinto sexo y parejas del mismo sexo, lo cual está prohibido por la Constitución”.

4 Coahuila y Distrito Federal, respectivamente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y SE REFORMA EL ARTICULO 56, NUMERAL 1 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 56 TER AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

GABRIELA CUEVAS BARRON, Senadora de la República integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE LA REPUBLICA para reconocer a los hombres y mujeres nacionales y extranjeros que se hayan distinguido por su trabajo en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, del derecho humanitario y de la paz en beneficio de la Humanidad, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos se han convertido en parte esencial de la agenda internacional y, en buena manera, delinean las agendas multilaterales y las relaciones entre países. Esto es así, en tanto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha reconocido que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

La internacionalización de los derechos humanos ha generado un efecto generalizado en su reconocimiento a partir de la igualdad, dignidad y libertad de la persona. En México, en junio del año 2011, se reformó la Constitución Política con la finalidad de ampliar la base positiva de los derechos fundamentales, al reconocer que dichos derechos son, además de los reconocidos por la propia Constitución, aquellos contemplados en los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos.

Con esa modificación, el poder revisor de la Constitución configuró un nuevo cuerpo normativo de rango constitucional a través del cual se expanden los derechos humanos de las personas, en tanto que se reconocen como derechos constitucionalizados aquellos que prevén los instrumentos internacionales. Es evidente que esto ha constituido un paso significativo y esencial en el pleno reconocimiento de los derechos humanos. Sin embargo, el ejercicio y la realización efectiva de los derechos fundamentales, que implica la verdadera eficacia del reconocimiento de los derechos, es un problema que en México y en el mundo dista de estar solucionado y, por el contrario, siguen ocurriendo violaciones a los derechos esenciales de las personas. Por tanto, el problema de los derechos humanos no es tanto el de su reconocimiento jurídico (prerrequisito esencial) sino el de su realización, vigencia y eficacia.

En ese sentido, en pleno siglo XXI siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos generadas por conflictos armados, flujos migratorios, discriminaciones masivas, rasgos genéticos y raciales, discriminaciones indígenas, religiosas, étnicas, políticas, entre muchas otras razones. Basta ver la tragedia de los refugiados que ha ocasionado el conflicto político y militar en Siria, o la guerrilla del M23 en el Congo; la limitación a las libertades de expresión e información en países como Irán, Cuba y China; o el trato discriminatorio y humillante que se les da a las mujeres en países como Arabia Saudita. Además, las guerras en Irak y Afganistán, los conflictos y revoluciones sociales generadas a consecuencia de la llamada “primavera árabe” en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Irán y Marruecos, generan violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de esos países.

Pero entre toda esa vorágine de conflictos sociales y armados que ocasionan miles de violaciones a los derechos humanos, existen personas que destacan por su encomiable labor en defensa del derecho internacional humanitario, de la dignidad humana y de los derechos fundamentales haciendo frente a circunstancias adversas y riesgosas en beneficio de la humanidad. Son personas que sobresalen por su compromiso con los seres humanos y que incluso ponen en riesgo su vida para defender y luchar de manera desinteresada por la paz, la seguridad y la integridad de las personas alrededor del mundo.

Los proponentes de esta iniciativa consideramos que el Senado, dentro de cuyas facultades se encuentra el análisis de la conducción de la política exterior, debe reconocer a esos hombres y mujeres que luchan por la defensa de la dignidad de la persona y por la paz en beneficio de la humanidad.

Es en ese sentido que proponemos que el Senado de la República otorgue una distinción a las personas nacionales y extranjeras que se hayan destacado en estas labores. Así, el objeto de la presente iniciativa es crear la Medalla de Honor Gilberto Bosques “para reconocer a los hombres y mujeres nacionales y extranjeros que se hayan distinguido por su trabajo en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y la paz en beneficio de la Humanidad”.

La presente iniciativa toma como referente el “Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia”, creado en 1988, que otorga el Parlamento Europeo a personalidades excepcionales que luchan contra la intolerancia, el fanatismo y la opresión. Los galardonados el Premio Sájarov “dan testimonio del coraje que es necesario para defender los derechos humanos y la libertad de expresión”.1Algunos galardonados con este Premio han sido Las Madres de la Plaza de Mayo, por su trabajo en la búsqueda de los desaparecidos bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina; la ONU y el Secretario General Kofi Annan; la Organización Basta Ya; Oswaldo Payá; las Damas de Blanco, como movimiento disidente cubano; Guillermo Fariñas; los activistas de la primavera árabe, entre otros.

Somos de la convicción que el Senado de la República debe de reconocer y hacer eco de las acciones y de las personas que han dedicado su vida a la lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos. Por ello, es que proponemos que el reconocimiento lleve el nombre de Gilberto Bosques, maestro, periodista, político y diplomático que a lo largo de su vida enfrentó condiciones difíciles como la Segunda Guerra Mundial y el nazismo en Europa. Como Cónsul General de México en París, Bayona y Marsella, ayudó a miles de refugiados de diversas nacionalidades ofreciéndoles visas, residencia, la nacionalidad mexicana y, con ello, una oportunidad de vida; razón por la que se ha erigido en un símbolo que representa el valor y los alcances de la diplomacia en defensa de los derechos humanos.

“Don Gilberto Bosques patrocinó y llevó a feliz realización la idea de crear para los refugiados un oasis en medio de aquel inmenso desierto de sentimientos que es Francia. Fundó una residencia para que, bajo el pabellón de los Estados Unidos Mexicanos, fuesen garantizadas la tranquilidad y las vidas de los allí acogidos y albergados, y para que, al mismo tiempo, sirviese de punto de reunión, de partida, en los sucesivos embarques. Bajo estos auspicios y con estos propósitos se abrieron las puertas de aquella residencia, feliz recuerdo para los que tuvimos la suerte de estar en ella, y para gloria imperecedera de sus fundadores y alentadores”.2

En ese sentido, se propone que la Medalla Gilberto Bosques sea otorgada por el Presidente de la República en sesión solemne de la Cámara de Senadores, el día 10 de diciembre de cada año, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las propuestas o candidaturas a este reconocimiento y distinción se deberán realizar en el mes de septiembre previo a la fecha referida en el párrafo que precede y podrán ser realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal, miembros del Poder Legislativo Federal, instituciones académicas y organizaciones sociales.

Las propuestas o candidaturas al reconocimiento y distinción, se deberá realizar en el mes de octubre previo.

El dictamen de las propuestas y candidaturas realizadas corresponderá a la Comisión de Relaciones Exteriores que propondrá al Pleno del Senado de la República el nombre de la persona a quien se sugiere distinguir. Será el Pleno del Senado el que elegirá a la persona que recibirá la Medalla de Honor Gilberto Bosques.

Finalmente, en el artículo segundo transitorio se propone que el Senado, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, organice un concurso público de entre diseñadores, artesanos y artistas mexicanos, para el diseño de la Medalla Gilberto Bosques.

Los proponentes estamos convencidos de que un reconocimiento de esta naturaleza abonará y ayudará en la cultura y difusión de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que dicha distinción hará hincapié en  que el reconocimiento jurídico y constitucional de los derechos humanos es importante pero que lo es más su plena vigencia, ejercicio y disfrute.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y SE ADICIONA UNA FRACCION SEXTA AL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 56 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 56 TER AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Medalla “Gilberto Bosques” del Senado de la República para reconocer a los hombres y las mujeres nacionales y extranjeros que se hayan distinguido por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la paz en beneficio de la Humanidad.

ARTICULO SEGUNDO. La Medalla “Gilberto Bosques” del Senado de la República se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública por el Pleno del Senado de la República, previo el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y la discusión de los méritos delos candidatos que podrán ser propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, miembros del Poder Legislativo Federal, Instituciones de Educación Superior del país y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

ARTICULO TERCERO. El registro de las postulaciones se recibirá por la Comisión de Relaciones Exteriores, en el mes de septiembre previo al otorgamiento de la Medalla “Gilberto Bosques”.

ARTICULO CUARTO. Las propuestas que se hagan llegar a la Comisión de Relaciones Exteriores deberán contener, cuando menos, el nombre del o la candidata; reseña sucinta de su trabajo en la defensa de los derechos humanos, o bien en la promoción del derecho humanitario y la paz en beneficio de la Humanidad; así como la sustentación por la cual dicha persona debe ser elegida como merecedora de la Medalla Gilberto Bosques.

ARTICULO QUINTO. El dictamen emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores contendrá la propuesta de la persona que en el año correspondiente recibirá el reconocimiento y deberá justificar los motivos y razones por las que se considera que la persona a quien se propone otorgar la Medalla Gilberto Bosques, es meritoria de la misma. Lo anterior para efectos de que el Pleno del Senado de la República determine su aprobación o negativa.

ARTICULO SEXTO. Las Medallas y los Diplomas respectivos, serán impuestos y otorgados en la sesión solemne el día 10 de diciembre de cada año que celebre la Cámara de Senadores, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

ARTICULO SEPTIMO. La Sesión Solemne de entrega de La Medalla de Honor Gilberto Bosques será presidida por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y el reconocimiento será entregado e impuesto por el Presidente de la República a quién haya resultado elegido.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto surtirá sus efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El diseño de la Medalla de Honor “Gilberto Bosques”, se obtendrá del resultado del concurso que organice el Senado de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, de entre artistas, artesanos y diseñadores mexicanos. Las bases del concurso se deberán a dar a conocer a más tardar dentro de los treinta días a partir del inicio de la vigencia del presente decreto.

El resultado de dicho concurso deberá darse a conocer en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en que sea expedida la convocatoria.

El ganador será definido por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en colaboración con la Comisión de Relaciones Exteriores.

ARTICULO SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTICULO 56, NUMERAL 1, PARA ADICIONAR UNA FRACCION VI, Y SE ADICIONA EL ARTICULO 56 BIS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 56

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para:

I. a V. ...

VI. Otorgar la Medalla “Gilberto Bosques".

2. ...

Artículo 56 Ter.-

La persona nacional o extranjera acreedora a la Medalla "Gilberto Bosques" será elegida por el voto de las dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes, de la Cámara de Senadores.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, previa auscultación de los sectores académicos, sociales y culturales, propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores a la persona propuesta para recibir la Medalla “Gilberto Bosques”.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores, el 27 de noviembre del año 2014.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.

1 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html

2 Citado en Gilberto Bosques Saldívar, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Serie BioGráficos, 2010. Tomado de: Somos, Homenaje de los republicanos españoles a las representaciones diplomática y consular de México en Francia, revista elaborada por personas españolas exiliadas en México, junio de 1944.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por los Senadores Rabindranath Salazar Solorio y Roberto Armando Albores Gleason)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, senador a la LXII legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propongo ante esta Cámara de Senadores iniciativa que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, los nuevos análisis sobre la pobreza, han puesto de relieve el vínculo entre esta, entendida como la limitación de recursos para satisfacer un conjunto de necesidades básicas, y otras carencias, como la falta de capacidades y patrimonio, la insuficiente participación en la sociedad, la falta de poder, la falta de acceso a capital social y otros elementos sociales, culturales y políticos. 1

Vivir en la pobreza no consiste únicamente en no contar con los ingresos necesarios para tener acceso al consumo de bienes y servicios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas; ser pobre es también padecer la exclusión social, que impide una participación plena en la sociedad y merma la exigibilidad de los derechos.2

El concepto de exclusión social incluye, entre otros, las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los servicios sociales, a la justicia y a la instrucción; el aislamiento, la segregación territorial, las carencias y la mala calidad de las viviendas y los servicios públicos de los barrios de las clases populares; la discriminación por género a la que están expuestas las mujeres en el trabajo y en la vida social, y la discriminación política, institucional o étnico-lingüística en que se encuentran algunos grupos sociales.3

La exclusión social es un proceso que debilita los vínculos entre los individuos y el resto de la sociedad. Estos vínculos son de tipo económico, laboral, social, personal y espacial. Cuantas más dimensiones abarca la exclusión de una persona, mayor es su grado de vulnerabilidad.

Es, en este sentido, carencia de ciudadanía, por cuanto priva a los sujetos pobres de beneficios y mecanismos de pertenencia a los que debieran tener acceso por ser parte de la sociedad. En otras palabras, la pobreza impide el ejercicio del derecho individual a una vida digna, que supone estar en condiciones de satisfacer las necesidades básicas.4 Las demandas en el campo de la ciudadanía son también demandas que permiten superar la pobreza.

En contraparte, existe la inclusión social cuya finalidad es garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordinada y articulada para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos de calidad y de acceso a las oportunidades que abre el crecimiento económico. Que la ciudadanía participe de los beneficios del desarrollo, vale decir, gozar de un estándar y una calidad de vida que debieran garantizarse de acuerdo al nivel de progreso y bienestar de una sociedad.

Dichos planes y programas deben consistir en una combinación de medidas de alivio de la pobreza a corto y largo plazo con medidas tendientes a eliminar sus causas más estructurales. En este contexto, los programas y las políticas sociales deben entenderse como mecanismos de integración e inclusión sociales que faciliten el ejercicio de una ciudadanía plena.5

Ante esta realidad, actualmente en México se ha impulsado la importancia que tiene la inclusión social para el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de las personas, tales como el acceso a la salud y el uso de las nuevas tecnologías, las cuales permitirían ampliar las oportunidades educativas, productivas y económicas en el país. Lo anterior ha impactado en la calidad de vida de las personas, la accesibilidad de los servicios y mejorar las condiciones de vida ampliando las oportunidades para alcanzar un desarrollo incluyente, sostenible y universal.

Actualmente México se encuentra en la lógica de asegurar la inclusión social, promover el crecimiento económico inclusivo y la protección del medio ambiente, con el propósito de erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza multidimensional.

Así, la inclusión social representa una oportunidad de dirigir los compromisos políticos hacia acciones prácticas a fin de superar las barreras relacionadas con las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la degradación ambiental y, con ello, mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.

Al respecto, debemos mencionar el reciente programa Prospera, que tiene como componente importante impulsar la inclusión social, productiva y financiera, con el objetivo de que las familias superen sus condiciones de pobreza. Asimismo, promover una amplia participación comunitaria y ciudadana en la puesta en marcha de las diversas políticas sociales de los programas y acciones, con el objetivo de que sea la sociedad la que decida el rumbo de la política social.

Debemos considerar que la inclusión social y económica es una vía para erradicar la pobreza y la desigualdad, y sobre todo, para lograr un desarrollo sostenido, colocando a las personas en el centro de las políticas sociales. Crear las oportunidades económicas y sociales para todas las personas, particularmente para aquéllas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

De igual manera, es conveniente mencionar que el pasado 8 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo presidencial que asigna mayores atribuciones a la Dirección General de Cohesión e Inclusión Social de la SEDESOL, entre las que destacan las siguientes:

I. Conducir los proyectos de políticas, lineamientos y mecanismos de instrumentación, operación y evaluación de las acciones de cohesión e inclusión social, para el desarrollo comunitario en áreas marginadas de zonas rurales y urbanas;

II. Diseñar e implementar los mecanismos de articulación y control de acciones de cohesión e inclusión social de los sectores sociales más desprotegidos que fortalezcan la capacidad de la sociedad de conocer y canalizar la problemática comunitaria;

III. Instrumentar, acciones de vinculación que fortalezcan la cohesión e inclusión social, en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de las entidades federativas y municipios;

IV. Establecer mecanismos y acciones para desarrollar modelos de cohesión e inclusión social comunitaria, orientados a fortalecer las estrategias de desarrollo social impulsadas por la Secretaría;

V. Establecer estrategias para diagnosticar, revisar y determinar la política de cohesión e inclusión social que articule esfuerzos para su atención;

VI. Diseñar e implementar sistemas para la identificación y articulación de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y de la sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y del fortalecimiento del tejido social, y

VII. Implementar acciones que permitan que los sectores público, privado y social reconozcan y garanticen los derechos sociales de la población en áreas marginadas de las zonas rurales y urbanas, en sus componentes de identidad, legitimidad, habilidades sociales y la participación de la comunidad.

No obstante estas importantes reformas de carácter administrativo, la Ley General de Desarrollo Social sólo hace referencia a la participación social, y no se refiere a la cohesión e inclusión social; siendo temas tan importantes, y que ya varios países han incluido en sus ordenamientos jurídicos correspondientes; por ello, es que consideramos necesario que estos principios, sean incluidos en la Ley General de Desarrollo Social. De ahí nuestra propuesta de adicionar el artículo 13 de la mencionada Ley.

La única mención se señala en su artículo 36, refiere que la medición de la pobreza, que realiza el CONEVAL, debe tomar en cuenta, el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación, y el grado de cohesión social.

Ante esta nueva realidad, es importante que la cohesión e inclusión social sea reconocida en dicho ordenamiento  como un enfoque transversal para eliminar las brechas de la desigualdad. Valorar la importancia de cohesión y la inclusión como una vía para alcanzar la igualdad de oportunidades y la protección social universal, que permita definir umbrales mínimos de inclusión.

Con la presente iniciativa se propone articular los procesos de gestión y rectoría de la política social. Busca que la población que lo requiera, acceda a programas sociales a través de una adecuada focalización y de un proceso de afiliación eficiente y transparente.

Asimismo, busca que las prestaciones sociales sean de calidad y efectivas, y que la población pueda mejorar sus condiciones de vida de forma sostenida. Esto implica contar con programas y planes que incorporen estándares de calidad ya establecidos para la mejora de sus servicios, y al mismo tiempo contar con una política continua de evaluación de los resultados de estos programas.

Finalmente, se requiere que los usuarios de las prestaciones sociales tomen iniciativas y actúen de manera coincidente. Por tanto, es fundamental incorporar a la política de inclusión los factores de género, cultura, adaptación de conductas y aprendizaje, que pueden atenuar o potenciar los resultados de las intervenciones de inclusión social. Incorporar aspectos de género, diálogo intercultural y la participación comunitaria como elementos transversales en sus políticas y programas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA  EL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

UNICO.- Iniciativa de Ley que adiciona  el artículo 13  de la Ley General de Desarrollo Social  para quedar como sigue:

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.

Los Programas y Planes en materia de Desarrollo Social, deberán articularse a partir de una visión de largo plazo, que considere la cohesión e inclusión social.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

2 Ibidem.

3 Alicia Ziccardi.Políticas de inclusión social de la Ciudad de México en http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/barba/16zicca.pdf

4 Cepal. Op. Cit.

5 Cepal. Op. Cit.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIV AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE COBERTURA MEDICA EN ESCUELA PRIMARIA

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL DE   VICTIMAS

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta  H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las últimas dos décadas, en la mayoría de los países iberoamericanos se han realizado importantes reformas a nivel procesal penal, definiendo un modelo acusatorio con el que se pretende redimensionar la posición de la víctima y de sus derechos. Las reformas buscan corregir el olvido en el que se encontraban las víctimas de derechos humanos en los procesos penales. 1

De primera instancia, a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas (la “ONU”) ha promovido diversos instrumentos para la protección y respeto de los derechos humanos. Mismos que han buscado el equilibrio en el ámbito interno de los Estados.

De este modo tenemos que la Declaración base de los Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) establece en su artículo 8 que:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley.”

Asimismo, el artículo 10 establece que:

“Toda personas tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece:

Artículo 2

1. […]

2. […]

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 7

1. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

En lo que se refiere a las víctimas, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, refiere en su artículo 14 que los Estados Parte velarán para que la legislación garantice a las víctimas de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada.

Al siguiente año es cuando la ONU define lo que es una “víctima” en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, (Resolución 40-34, 1985), entendiendo por éstas a:

“1. […] las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”

Asimismo, refiere que, en lo que versa sobre el acceso a la justicia y trato justo:

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.”

Es importante mencionar que uno de los Tratados Internacionales más importantes de los últimos tiempos, es el Estatuto de Roma, el cual insta respecto a las víctimas lo siguiente:

“Artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones.

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias, establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.”

En el ámbito nacional, hasta hace muy poco fue que se creó una Ley General que tratara sobre el tema de las víctimas, esfuerzos que resultaron en la publicación, el  9 de enero de 2013, de la Ley General de Víctimas, ley que tiene como objeto, de conformidad con su artículo segundo:

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

3. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

4. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;

5. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

De este modo, dentro del Título Segundo referente a los Derechos de las Víctimas, es que establece en su artículo 17 que:

“Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.”

Si bien la ley referida anteriormente es un gran avance para el país, también lo es que de acuerdo a la última reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011, el Estado está obligado a cumplir e incorporar dentro de su legislación nacional los tratados internacionales y convenciones de los que sea Parte.

Como es bien sabido, México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, misma que protege el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

En ese tenor, el Estado Mexicano no sólo ha signado y ratificado estas convenciones internacionales sino que además ha trabajado al interior para crear leyes de aplicación general que protejan estos derechos. En esta materia podemos encontrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en un aspecto mucho más general, la anteriormente referida Ley General de Víctimas.

Así, como parte signante de la Convención Belém do Pará, tenemos que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) ha establecido en su Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención que:

“1.8 Prohibición expresa de la conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial.

Aunque no formó parte del cuestionario de la Primera Ronda, en el Primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os notó con preocupación que varios estados reportaron contar con métodos de conciliación o avenencia entre el agresor y la víctima de violencia contra las mujeres, o exoneración de la pena para el agresor si contraía matrimonio con la víctima, o aplicación del principio de oportunidad.

Reiterando su análisis realizado durante la etapa de seguimiento de sus recomendaciones, el Comité de Expertas/os encuentra que la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en que, hacer este delito negociable o transable parte de la premisa que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encontró que este desequilibrio de poderes en los acuerdos de conciliación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres, los acuerdos no son generalmente cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí.”2

Además delo anterior, se debe tomar en cuenta que, tal como lo menciona la ONU:

“10. Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.

VII. Derecho de las víctimas a disponer de recursos

11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuras los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

A) Acceso igual y efectivo a la justicia;

B) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;

C) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.”3

Si bien es cierto, que los medios alternativos de solución de controversia pueden ser muy útiles para algunos casos, en otras ocasiones pueden ser generadores de victimización secundaria.

Así, la doctrina nos señala que “La consecuencia inmediata de la necesaria consideración de la víctima, de su tutela y de la protección de sus derechos es la necesidad de establecer los cauces jurídicos adecuados para hacer valer estos derechos. En palabras de SANZ HERMIDA, “es preciso establecer los cauces jurídicos adecuados, no sólo para asegurar la efectividad  del derecho a la reparación o resarcimiento de las víctimas”, sino también en orden al logro de dos grandes objetivos  no menos importantes. De un lado, “la consideración de que el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la activación de su papel en el proceso pueden contribuir directamente a la recuperación de la víctima, al aumento de la eficacia del proceso penal y al sentido –individual y colectivo- de “justicia”. De otro, evitar la victimización secundaria. Esto es, “el aumento innecesario del daño producido a la víctima como consecuencia del transcurso del tiempo y del propio desenvolvimiento del proceso penal”. Señalado esto, cabe añadir que esa victimización secundaria también puede acontecer por otras causas como, por ejemplo, la justificación social del acto violento o de los daños padecidos o la ausencia de respuesta institucional (o respuesta institucional insuficiente) frente al crimen cometido. En otras palabras el abandono institucional puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar sus efectos.”4

Es por esto que el MESECVI abunda:

“El Comité de Expertas/os destaca nuevamente la contribución de las leyes integrales de violencia para lograr la prohibición de la conciliación, mediación u otros medios de solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, quedando pendiente la armonización de las normas procesales respecto a esta disposición. Ello es de particular importancia dado que, si bien un número importante de Estados han reportado diversas formas de evitar el uso de dichos métodos para casos de violencia contra las mujeres en la sección de legislación, algunos de ellos han incluido en la sección de información y estadísticas cifras sobre casos de violencia doméstica o familiar resueltos vía conciliación. Ello indica que dichos métodos siguen siendo utilizados en el Poder Judicial.

El Comité de Expertas/os insiste en su recomendación de prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres. En caso de que ya cuenten con dicha prohibición, recomienda a los Estados armonizar su legislación procesal con esta prohibición, a fin de evitar que en casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación. Finalmente, en casos donde dicha prohibición se haya dado en casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, el Comité de Expertas/os recomienda la ampliación de dicha prohibición a otros casos de violencia contra las mujeres, lo cual requiere como condición indispensable la incorporación de la definición de violencia de la Convención de Belém do Pará y la penalización de otras formas de violencia contra las mujeres distintas a la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica.”5

Es de conocimiento que el argumento que se ha utilizado en distintos países6 para prohibir la mediación y la conciliación cuando se trata de violencia familiar, es aquel que versa sobre la imposibilidad de que las partes se encuentren en igualdad. Sin embargo, no todos los tipos de violencia, ni todas las víctimas caen dentro de este supuesto. Es por eso que sólo cuando se trate de delitos graves, como es el caso de feminicidio, lesiones físicas graves, agresiones sexuales o que haya daño a menores de edad o discapacitados donde el bien jurídico tutelado es de la más alta estima, como lo es la vida, la integridad física o sexual, no debe ni puede caber la mediación y la conciliación.

Es por lo anterior, que en cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de los estándares internacionales más altos, como los establecidos en el Estatuto de Roma, la suscrita somete a su consideración la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimaspara quedar como sigue:

Artículo 17. …

En el caso de víctimas de delitos por violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 noviembre de 2014.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.

Artículo 17. …

 

En el caso de víctimas por delitos de violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tercera reunión preparatoria Cumbre Judicial Iberoamericana. Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Quito Ecuador. 2012.

2 MESECVI. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. OEA, abril de 2012.

3 Resolución A/RES/60/147, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener Reparaciones. Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 2005.

4 FERNANDEZ DE CASAVANTE ROMANI, Carlos. Las víctimas y el Derecho Internacional, A.E.D.I. vol. XXV, 2009.

5 MESECVI. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. OEA, abril de 2012

6 Es el caso de España, Portugal y Australia. Por su parte, Inglaterra y Alemania han optado  por el uso de la jurisdicción civil como la primera de las respuestas para casos “leves” de violencia de género y países como Austria, prefieren intervenir de manera integral usando órdenes de protección civiles. Ver: Castillejo Manzanarez, Raquel; Torrado Tarrío, Cristina y Alonso Salgado, Salgado. Mediación en violencia de género. Revista de Mediación, año 4, no. 7, mayo de 2011. En el caso de Australia, se hace uso de las órdenes de protección y de la mediación solo en estos casos, pero no tratándose de personas que ya han sido detenidas después de haber recibido órdenes de protección ya que se considera “inadecuado, improductivo e inseguro” Ver: FamilyViolence. A National Legal Response (ALRC Report 114) en www.alrc.gov.au





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 234 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE REVALIDACION DE ESTUDIOS PROFESIONALES

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION MEDICA MATERNO-INFANTIL

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION MEDICA MATERNO INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección de la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio así como del recién nacido requiere de especial atención en el diseño e implementación de programas y acciones eficaces que garanticen la más amplia protección de sus derechos.

Según datos de la Organización Mundial de Salud1 cada día mueren 800 mujeres aproximadamente, por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto; un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo; la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres; en comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo; asimismo, precisa que la atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos.

Además, la OMS señala que en el caso de complicaciones, la mayoría aparecen durante la gestación; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación. Las principales complicaciones, causantes del 80% de las muertes maternas, son:

● Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto)

● Las infecciones (generalmente tras el parto)

● La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia)

● Los abortos peligrosos

● Las demás son asociadas a enfermedades como el paludismo, o la infección por VIH en el embarazo

La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Cada año mueren cerca de 3 millones de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer.

Cifras a nivel nacional2 demuestran que todavía ocurren en el país 1,313 muertes maternas, muchas debidas a causas evitables con intervenciones poco costosas. Las causas más frecuentes de muerte materna son los trastornos hipertensivos del embarazo (31%) y las hemorragias en el embarazo y parto (26%). Sin embargo, los factores asociados a estas muertes son diferentes dependiendo del tipo de localidad de residencia. En las áreas urbanas, casi la mitad de las muertes maternas se deben a complicaciones del embarazo, mientras que en las áreas rurales esa misma proporción corresponde a complicaciones en el parto.

Pese a las cifras anteriores, la atención medica materno infantil pareciera no mejorar. En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido las recomendaciones 43/2014, 29/2014, 24/2014, 8/2014 y 1/2014. Dichas recomendaciones tienen una característica común, las víctimas son o fueron mujeres indígenas, pues algunas, lamentablemente perdieron la vida por falta de atención medica durante el parto, situación de la que se desprenden partos en lugares inadecuados y en los que se expuso la salud, integridad y seguridad del recién nacido.

Así, del estudio y análisis de las recomendaciones, se advierte que el organismo nacional garante de los derechos humanos constató la falta de atención por parte de las autoridades para brindar el servicio médico y, en los casos en los que se proporcionó éste, fue de forma irregular y deficiente, ya que se omitieron practicar las acciones necesarias que permitieran brindar la atención médica adecuada, dejándose de observar el contenido de diversos instrumentos entre ellos, el de la Norma Oficial Mexicana NOM-007­SSA2-1993, Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido, Criterios y Procedimientos para la Prestación del Servicio Público; actos que sin duda, vulneraron los derechos de las víctimas, relativos al derecho a la protección de la salud, al trato digno, a la vida, a una vida libre de toda forma de violencia, todos ellos contenidos en instrumentos de derechos humanos de orden internacional y que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Cabe precisar que de los instrumentos emitidos por la CNDH se advierte su recomendación para que se diseñen e impartan en las clínicas, hospitales y centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud, de los Estados en donde han ocurrido lo hechos programas integrales de educación, formación y capacitación sobre derechos humanos que el orden jurídico le reconoce a las mujeres, que garanticen el trato digno y la situación de vulnerabilidad de diversos grupos, como son los miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

La muerte materna y del recién nacido ocurre por causas inherentes al embarazo, parto o puerperio; sin embargo, son muertes prevenibles y evitables en la mayoría de los casos. La muerte materna, por prevenible en la mayoría de los casos, es el ejemplo más claro de las desigualdades, de injusticia social e inequidad de género, que afecta principalmente a las mujeres indígenas en las comunidades rurales o que han emigrado a zonas urbanas.

En 2001, al incluirse en la Constitución Federal los derechos de la población indígena, el Estado asumió la obligación de garantizar su más amplia protección, entre éstos, el derecho a la salud, a efecto del cual se obliga a diseñar e implementar todas aquellas medidas, acciones y políticas públicas que permitan logra la consecución de tal objetivo.

La presente propuesta de reforma tiene como finalidad que en la Ley General de Salud se establezca que la atención materno infantil deberá de ser prioritaria tratándose de mujeres indígenas, pues son un grupo de la población que dadas sus características propias se tornan vulnerable, pues no conocen ni se les respetan con plenitud, sus derechos y mucho menos, los servicios a los que pueden acceder o ser beneficiarias.

Para nadie pasan desapercibidas las condiciones de pobreza, marginación así como la brecha de género de la población indígena, las cuales se acentúan más en las mujeres indígenas, lo que conlleva a la violación de sus derechos humanos. La desventaja acumulada de las mujeres es un hecho reconocido plenamente a nivel nacional e internacional, así como en diversos instrumentos de equidad y de protección de derechos, situación que prevalece en la mujer indígena.

El derecho a la vida y a la protección de la salud son derechos fundamentales que deben ser entendidos como prerrogativas que tienen los seres humanos, para que se respete su vida y para que puedan disfrutar de todos aquellos medios necesarios que les permitan alcanzar el más alto nivel de vida.

Es compromiso del Estado mexicano responder a los compromisos nacionales e internacionales como una prioridad para el establecimiento de las condiciones básicas que permitan a las mujeres indígenas ejercer plenamente sus derechos y que al mismo tiempo promuevan el respeto a la diversidad y a la pluralidad cultural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 3, FRACCION IV; 27, FRACCION IV; 61, FRACCION I; 64 BIS Y 65, FRACCION I, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3o.-En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a III. …

IV. La atención materno infantil, con enfoque especial a la mujer indígena;

IV Bis. a XXX. …

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a III. …

IV. La atención materno-infantil, con enfoque especial a la mujer indígena;

V. a X. …

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer, especialmente la de la mujer indígena, durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. a V. …

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas, especialmente a las mujeres indígenas, a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil, especialmente la destinada a mujeres indígenas;

II. a IV. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

1 Datos consultados el 25 de noviembre de 2014 en:  Nota descriptiva N°348, Mayo de 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 

2 Cuentas nacionales en salud reproductiva y equidad de género. Secretaría de Salud/Instituto Nacional de Salud Pública, 2005. Datos consultados el 25 de noviembre de 2014 en: www.insp.mx/publicaciones-anteriores-2010/641-cuentas-nacionales...





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN FONDO DE BECAS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE UNIVERSITARIOS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

“Quien suscribe, Senador ARMANDO RIOS PITER, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE UN FONDO DE BECAS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE UNIVERSITARIOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lo que se suponía imposible hace 20 años ha ocurrido: la educación superior dejó de ser garantía de ascenso social y, sobre todo, de prosperidad. El desempleo de los ilustrados es una situación que va en aumento, a pesar del enorme crecimiento del gasto público.

En este contexto, es imperativa la intervención del Estado a favor de las y los jóvenes mexicanos para que estos puedan adquirir la experiencia profesional necesaria que les permita insertarse al mercado laboral y con ello mejorar su calidad de vida.

Los jóvenes en México

A principios de los setenta, a cada persona en edad productiva le correspondía poco más de una en edad no laboral, principalmente menores de 15 años. Para 2010, por cada persona en edad no productiva hay dos en edades activas. En 2050, por cada persona en edad productiva habrá 0.6 que estará en edad no laboral.

Los jóvenes de hoy serán parte del fenómeno de envejecimiento poblacional; esto hace indispensable crear las condiciones socioeconómicas necesarias para integrarlos a la sociedad, al sistema educativo y al mercado laboral.

De no hacerlo el efecto del excedente poblacional en este grupo de edad puede resultar adverso, agudizando los problemas derivados de una futura población envejecida, con un perfil educativo insuficiente, oportunidades laborales precarias y complejos cuadros epidemiológicos.

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en México residen 20.2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 10.4 millones son adolescentes (15 a 19 años) y 9.8 son adultos jóvenes (20 a 24 años).

De acuerdo a INEGI, en el 2011 la población juvenil de México, compuesta por jóvenes entre 15 y 24 años de edad, conformó aproximadamente la quinta parte de la población total del país. Dicha población joven reportó en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE) que los temas que más le preocupaban era la inseguridad con 51.8 por ciento y el desempleo con 51.7 por ciento.

El desempleo se da como una condición derivada de la falta de educación o bien, de experiencia profesional. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, 56.9% de los adolescentes de 15 a 19 años asistían a la escuela, pero esta proporción disminuía conforme avanzaba la edad y llegaba a ser de 22% entre los jóvenes de 20 a 24 y de 6.1% en aquellos de 25 a 29 años. En cuanto a su escolaridad, 1.7% no tienen escolaridad, 15.8% cuenta con al menos un grado aprobado de primaria y 36.5% tiene al menos un año cursado de secundaria; sólo 28.5% cuenta con estudios a nivel medio superior y entre los jóvenes de 25 a 29 años, uno de cada cuatro (24.5%) cuenta con estudios a nivel superior. Según CONAPO, el promedio de escolaridad pasó de 8.6 años en 2000 a 10.0 años en 2010; lo que equivale a pasar de segundo de secundaria, al primer año del nivel medio superior.

México tiene el gasto público total más bajo como porcentaje del PIB (24%) en la OCDE (promedio 43% del PIB de los países). Aunque el gasto público es relativamente bajo, la inversión en educación representa el 20.6% del gasto público total, la mayor proporción entre los países de la OCDE. Como porcentaje del PIB, el gasto educativo ha incrementado cerca de un punto porcentual de 2001 a 2011 al 5.8%, cerca de la media de la OCDE del 5.9%.

Entonces, la inversión de México en educación es similar al promedio de la OCDE, pero el gasto público por estudiante sigue siendo bajo en la enseñanza primaria y secundaria. México gasta en promedio el 15% del PIB per cápita por estudiante de primaria y el 17% por estudiante de secundaria y nivel medio superior, ambos significativamente por debajo del promedio de la OCDE (23% y 26% del PIB per cápita, respectivamente).

En México, alcanzar mayores niveles educativos no necesariamente se traduce en mejores resultados en el mercado laboral. Para las personas con un nivel educativo por debajo de la enseñanza media superior las tasas de empleo tienden a ser más altas que el promedio de la OCDE. Por otro lado, para las personas que tienen un nivel educativo más alto, las tasas de empleo se encuentran por debajo del promedio de la OCDE.1

La falta de educación en los jóvenes y la casi nula vinculación de ésta con la práctica profesional, contribuye al desempleo. En México, los jóvenes entre 15 y 24 años de edad representan el 19% de la PEA del país. De acuerdo a información de INEGI, la tasa de desempleo juvenil se duplicó en la última década de 5.3 a 10.3 por ciento, prácticamente el doble de la tasa de desempleo en la población general situada en 5.6 por ciento.

El 47.1% de los jóvenes trabaja y el 26.7% estudia, se genera la idea de que el 26 por ciento restante “ni estudia ni trabaja”; sin embargo, un porcentaje importante realiza una actividad fundamental como son los quehaceres del hogar.

El 88.5% de los jóvenes ocupados laboran de manera subordinada; 87.6% de éstos reciben una remuneración por su trabajo, el 12.4% restante no la recibe por ser en su mayoría trabajadores familiares.

De los jóvenes que se ocupan de manera subordinada y remunerada 10.6% recibe hasta un salario mínimo; 31.3% gana más de uno y hasta dos salarios mínimos; 30% recibe más de dos y hasta tres salarios mínimos, en tanto que 20.3% recibe más de tres salarios mínimos.

Dadas estas condiciones, resulta indispensable que el Gobierno Federal propicie un ambiente educativo que brinde las condiciones a las y los jóvenes mexicanos para que estos puedan adquirir la experiencia profesional necesaria para que más tarde logren insertarse en el mercado laboral formal, con un salario que garantice un nivel de vida digna.

La experiencia internacional

El modelo alemán

Con la consolidación del poder militar prusiano sobre el austriaco y el bávaro, se comienza a sentir en el territorio germánico el influjo creciente de la idea de unificación. De alguna manera, la educación alemana al inicio del siglo XIX tenía características propias, cargadas de esta motivación política.

El sistema educativo alemán está organizado en cuatro niveles: Sector primario, Sector Secundario I, Sector Secundario II y Sector Terciario.

● Sector primario: La educación preescolar, de los tres a los seis años, es opcional. A partir de los seis años, es decir, desde el primer grado de primaria, la educación escolar es obligatoria y no se permite educar a los niños en casa, estando incluso penado por la ley. La única excepción que se contempla es en el caso de enfermedad grave del menor que no permita su escolarización.

● Sector Secundario I: Los criterios para la selección, los cuales se realizan en el proceso de la escuela, son las calificaciones alcanzadas durante la escuela primaria y la recomendación de su profesor de primaria. Por lo general, los padres no toman parte ni influyen en la decisión. Los niños se distribuyen entonces entre la Realschule (escuela media que permite realizar ciertos aprendizajes) y la Hauptschule (escuela media cuya finalización permite realizar aprendizajes artesanales).

En algunos estados existe además una Gesamtschule, la cual, en vez de separar a los menores en tres escuelas diferentes, los mantiene unidos para ciertas asignaturas y para otras ofrece niveles diferentes. Al término de la Realschule, después del 10º grado, y de la Hauptschule, después del 9º grado, los alumnos realizan una formación profesional dual que les permite aprender un oficio simultaneando la asistencia a la escuela con el trabajo en una empresa.

● Sector Secundario II: El Gymnasium, es un instituto que tiene una duración de ocho o nueve años y al terminarlo permite asistir a la universidad. Esta escuela incluye el sector secundario I y II desde el quinto grado; y la nota que los alumnos alcancen en este nivel es muy importante para su futuro profesional, ya que de ella depende dónde y qué carrera pueden estudiar en la universidad.

● Sector Terciario: La Fachhochschule (Universidad de Ciencias Aplicadas) y la Universidad conforman el sector terciario del sistema educativo alemán. El Studienkolleg forma también parte del sector terciario para extranjeros.

En total existen 400 universidades y Fachhochschulen en Alemania, de las cuales la mayoría son públicas; los pocos centros de educación superior que no son del Estado se encuentran en manos de la Iglesia o de entes privados. De esas 400, 215 son Fachhochschulen y 52 son Universidades de Artes. El 29% de los estudiantes se educa en una Fachhochschule, el 2% en una Universidad de Artes y el 69% en una universidad tradicional. La tarea fundamental de las universidades tradicionales es la investigación y la creación de nuevo conocimiento a través de la ciencia.

La idea de universidad germana supone que la ciencia se cultiva en las Academias, es decir, entre los maestros ya consagrados a ella; mientras que los estudiantes, a penas se han iniciado en los ejercicios intelectuales. Por tanto, la universidad se concibe como el punto de reunión de ambos contingentes; para que el encuentro pueda efectuarse, la universidad debe estar dotada de los ámbitos que corresponden a cada uno de los agentes de la vida universitaria. Los profesores deberán estar reunidos según sus propias disciplinas y los alumnos deberán contar con el espacio que les permita estar en contacto con los expertos.

Para que se pueda desarrollar dicho modelo educativo, el Estado alemán garantiza a los estudiantes con bajos recursos económicos la financiación del estudio a través de un crédito conocido como bafög. La meta del apoyo económico educativo bafög, es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de estudiar independientemente de su situación social o económica.

El bafög es un programa para la subvención de la educación que no es otorgado de manera global a todos los estudiantes sino diseñado como una medida individual para ayudar a los estudiantes que necesiten un apoyo económico. La nueva ley de ayuda federal para la capacitación (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) entró en vigor el 1 de abril del 2001; desde entonces el gobierno federal cuenta con más de 660 millones de euros para la ayuda y promoción de la educación y/o capacitación. Esta subvención ha aumentado cerca de un 50% frente al valor del año 1998. El número de estudiantes que reciben este subsidio también ha aumentado y hoy la cifra llega a más de 125,000 estudiantes cobijados bajo este programa.

El modelo francés

El modelo educativo francés, también llamado napoleónico, tiene como objetivo formar en las universidades a los profesionales que requieren la economía y el Estado mismo.

El modelo napoleónico, es uno de los ejemplos más antiguos de utilización por el Estado de la universidad como herramienta de modernización de la sociedad, a través de un control estricto del financiamiento de la institución y de la designación del personal académico y de una legislación que garantice una repartición equitativa de los recursos nacionales en todo el territorio. Las universidades francesas son el instrumento de la afirmación de una identidad nacional propia, basada en los principios de reconocimiento al mérito y de una igualdad formal.

El modelo estadounidense

De acuerdo con Burton Clark, en su estudio comparativo entre los modelos universitarios, la educación estadounidense es débil, incluso muy defectuosa en los niveles elemental y secundario; a diferencia del nivel terciario, donde la educación superior estadounidense se ha vuelto el primer sistema imán del mundo, que atrae estudiantes avanzados de todos los lugares del mundo, que viajan en busca de un entrenamiento de alta calidad. Esta situación se da como resultado de que en Estados Unidos, las instituciones universitarias surgen como espacios en donde se genera investigación.

Cuando en las universidades extranjeras se brindan las condiciones para estudiar y trabajar que no se ofertan en el país de origen, surge un grave problema conocido como fuga de cerebros, fuga de talentos o migración altamente calificada; que refiere a la emigración de profesionales y científicos formados universitariamente en su país de origen a otras naciones, impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo de sus áreas de investigación, por motivos económicos o por conflictos políticos.

En México, este fenómeno ha cobrado gran importancia, ya que para muchos jóvenes, estudiar una maestría y un posgrado en el extranjero no solo resulta ser una buena oportunidad para adquirir mayor conocimiento, sino para conseguir un buen empleo y bien remunerado, algo que difícil pueden encontrar en el país. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  ubica a México en el séptimo lugar entre los países con mayor fuga de cerebros.

En este sentido, el gobierno mexicano ha emprendido diversas cruzadas para frenar la fuga de cerebros, sin embargo, éste problema continuará mientras no se garanticen las condiciones a los universitarios para que puedan realizar prácticas profesionales que les permitan sumarse al mercado laboral y con esto aumentar su calidad de vida.

La importancia de un programa de becas

Los programas de becas para prácticas profesionales, son un conjunto de actividades realizadas por estudiantes de nivel superior o técnico, que tienen como principal objetivo la adquisición de habilidades útiles para desarrollar una carrera profesional o técnica. Las prácticas profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, puesto que les permiten experimentar en un ambiente vinculado al campo de sus estudios e identificar un particular interés en alguna de las áreas de su carrera profesional.

Sus principales objetivos son:

Brindar la oportunidad a los estudiantes de poner en práctica los conocimientos adquiridos en su escuela en un ambiente vinculado al campo de estudios de su profesión.

Contribuir activamente en la formación de competencias primordiales que el sector productivo demanda de los jóvenes profesionistas de nuestro país.

Inspirar en la juventud mexicana una cultura de participación activa en el desarrollo económico.

Si bien existen diversos programas de becas puestos en marcha por asociaciones e incluso por las propias empresas, los alcances siguen siendo muy limitados si se comparan con otros países; debido a que aún cuando en comunidades pobres existe el talento las becas que se ofrecen a los estudiantes resultan insuficientes para que estos puedan cubrir los gastos de alimento, vivienda y transporte; lo que los obliga a permanecer en su localidad de origen y con ello, perder la posibilidad de alcanzar su máximo potencial.

Para que un programa de becas funcione requiere la participación de los diferentes niveles educativos, principalmente de las instituciones educativas, como incubadoras de jóvenes con un perfil de competencias que haga frente a las exigencias que el sector productivo demanda.

Por su parte, el Estado debe intervenir para que dicho programa de becas pueda llegar a todas las comunidades del país, de modo que el nivel socioeconómico de las familias no sea una limitante del desarrollo y que en cambio, se premie y potencie el talento de los mejores universitarios del país.

Por ello, se propone establecer un Fondo de Becas que brinde a los estudiantes de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos de las universidades públicas, la oportunidad de realizar prácticas profesionales, con el objetivo de lograr un desarrollo profesional que facilite su inserción al mercado laboral y en el largo plazo, contribuya a la formación de capital humano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un inciso c) y d) al artículo 3o. Bis, un párrafo sexto al artículo 153-A y un artículo 153-A Bis en la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) …

b) …

c) Prácticas profesionales, consisten en actividades de carácter temporal acorde a cada profesión, realizadas por los pasantes, egresados o estudiantes de las instituciones educativas de nivel técnico y superior.

d) Fondo, es un fondo de becas para estudiantes de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos en las universidades públicas que garantice la realización de prácticas profesionales.

Capítulo III BIS

De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.

Los patrones deberán garantizar la inclusión de estudiantes para realizar sus prácticas profesionales con el objetivo de contribuir a la formación y capacitación de capital humano, que permitirá elevar la competitividad y productividad a largo plazo.

Artículo 153-A Bis. La Secretaría de Educación Pública administrará el Fondo que garantice a los estudiantes universitarios de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos de las universidades públicas la realización de prácticas profesionales para contribuir a su inserción en el mercado laboral.

Las prácticas profesionales tienen el objetivo de brindar a los estudiantes la oportunidad de experimentar en un ambiente vinculado al campo de estudios, contribuir a la formación de competencias primordiales que el sector productivo demanda y desarrollar capital humano en el largo plazo.

La Secretaría de Educación Pública intervendrá para que el Fondo llegue a todas las comunidades del país, de modo que el nivel socioeconómico de las familias no sea una limitante del desarrollo.

El Fondo cubrirá los gastos de alimentación, transporte y vivienda, incluso en aquellos casos en los que los estudiantes tengan que cambiar de residencia ya sea dentro del territorio nacional, o en el extranjero.

Artículo 153-B. …

Artículo 153-X. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, 27 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.

1 IMCO. “Panorama de la educación 2014 vía OCDE” OCDE, 2014.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO 11 Y EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 24 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 13 BIS, 13 TER, 17 BIS, 24 BIS, 50 TER, 50 QUATER Y 76 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

(Presentada por los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTICULO 11 Y EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 24 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 13 BIS, 13 TER, 17 BIS, 24 BIS, 50 TER, 50 QUATER Y 76 BIS, TODOS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas se relaciona estrechamente con el cambio que a nivel mundial se ha realizado sobre las funciones del derecho penal para poder sancionar penalmente a las personas morales, que en ocasiones son usadas por sus miembros, para la comisión de ciertos ilícitos, por ejemplo: la criminalidad económica, el lavado de dinero, la trata de personas, el terrorismo, los delitos ambientales, entre otros. Estos son ámbitos que están básicamente impregnados de modelos de conducta colectiva, es por ello que, debido a la influencia real de las personas morales, éstas deben comenzar a ser objeto de estudio de la política criminal en nuestro país.

No es casual que el legislador, en Europa continental, haya admitido, desde los años 20 en que nace el derecho económico moderno, algunas excepciones al dogma societas delinquere non potest1 (por ejemplo, en materia fiscal, aduanera o de competencia). Japón ha seguido esta tendencia a partir de los años 30 y lo mismo ha hecho Rusia hacia finales de la década del 80.2

Entre los países de nuestra tradición jurídica, tanto España (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de 2010) como Chile (Ley 20.393, de 25 de noviembre de 2009) han instaurado ya este tipo de responsabilidad para ciertos delitos. En este sentido se viene cubriendo un aspecto en el que se plantean consecuencias jurídicas con ciertos efectos específicos cuando se instrumentaliza a las personas jurídicas.

En el caso Chileno, que por analogía podría ser el más parecido al mexicano, Héctor Hernández indica que la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas “presenta el desafío más estructural y de largo plazo de desarrollar efectivamente una cultura empresarial de autorregulación en materia de prevención delictiva. Al efecto será indispensable una práctica punitiva efectiva y con preferencia por criterios materiales por sobre los meramente formales, que demuestre que la ley no es una mera fachada cosmética, y que al mismo tiempo cumpla con la promesa de que las empresas que cumplen seriamente con sus deberes no tienen nada que temer.” 3

El tema forma parte de obligaciones convencionales que vinculan a México, como el Convenio Contra la Corrupción de la OCDE, cuyos evaluadores en su examen de nuestro país en octubre de 2011 entendieron insatisfactoria la situación del ordenamiento mexicano al respecto.

En la realidad de nuestros días, la mayor parte de los delitos en los negocios socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa; y el crimen organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas: establecimientos financieros, sociedades de exportación o de importación, etcétera.

Estas nuevas formas de criminalidad (económica) han obligado a preguntarse si las actuales excepciones deben convertirse en regla; pues es poco convincente, considerada la realidad y los demás subsistemas del derecho, que por ejemplo el atentado contra el medio ambiente cometido por una gran empresa sea comprendido como un hecho de una sola persona natural: la que lo ordenó o ejecutó en una determinada medida.

Esta evolución implica una revisión a fondo de criterios de política criminal, que sanciona únicamente a las personas morales con medidas de derecho civil o administrativo, en tanto que la dogmática penal, que negaba abrir una brecha en el tradicional principio de que la responsabilidad penal sólo concierne a las personas físicas por estar fundada en la culpabilidad, hoy se abre a fin de tutelar de manera eficiente bienes y valores de carácter colectivo.

El debate sobre la evolución que se debe de tener en la política criminal y la dogmática penal se ha intensificado en la medida, en tanto que, en el orden nacional como en el internacional se ha sentido la urgencia de reconocer a la empresa como sujeto de derecho penal, para enfrentar mejor las nuevas formas de criminalidad, fomentadas por el desarrollo de la economía, de los transportes, de las comunicaciones, en el que las empresas nacionales y multinacionales juegan un papel cada vez más decisivo.

Panorama Internacional

1. México ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que contienen como opción para reprimir a las empresas criminales la posibilidad de que los Estados legislen sobre la responsabilidad penal de las mismas

En este sentido la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 10 menciona:

Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4. Cada estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

2. Por su parte la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción establece en su artículo 26 lo siguiente:

Artículo 26 Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

3. Por otra parte, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptada por la conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997, dispone:

Artículo 2.Responsabilidad de las personas morales

Cada parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero.

El reporte de implementación de la convención elaborado en octubre de 2011, en materia de responsabilidad de las personas jurídicas señala que las provisiones legislativas de México en materia de responsabilidad de las corporaciones por corrupción internacional son sustancialmente deficientes y las recomendaciones del grupo de trabajo para la fase 2 continúan sin implementarse. Por tanto los examinadores recomiendan que México enmiende su Código Penal Federal sin demora para que las personas jurídicas puedan ser responsables por corrupción internacional sin requerir la previa identificación y condena de la persona física, y sin la prueba de que los actos de corrupción fueron cometidos con los medios de la persona jurídica.4

Como se advierte, y con el fin de sustentar lo anterior, existen instrumentos internacionales, firmados y ratificados por México, para combatir la delincuencia organizada transnacional y la corrupción contemplando la obligación de implementar en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas morales para reprimir aquellas empresas que se dediquen a realizar actividades ilícitas que como ya lo he precisado, será totalmente independiente de la responsabilidad penal de las personas físicas.

4. Es necesario destacar que se ha reconocido la importancia de que los países parte adopten medidas adecuadas para combatir el lavado de dinero y sancionar penalmente tanto a personas físicas como morales, de acuerdo con lo establecido en las “cuarenta recomendaciones” del Grupo de Acción sobre el lavado de activos (GAFI) del 20 de junio de 2003. El apartado A referente a los Sistemas Jurídicos en el punto 2 inciso b) textualmente menciona:

“2. Los países deberán garantizar que:

“a) ...

“b) Se deberá aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no sea posible, la responsabilidad civil o administrativa. Esto no debería obstaculizar a los procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas en aquellos países que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deberán estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas.”

México es miembro desde el año 2000 del Grupo de Acción Financiera y ha endosado dichas recomendaciones para cooperar en la lucha contra el lavado de dinero. Entre los países miembros destacan Estados Unidos, la Gran Bretaña, Australia, Francia, Japón, Portugal, Suiza, España,5 entre otros. Cabe destacar que algunos de los países miembros del (GAFI) ya regulan la responsabilidad penal de las personas morales.

5. Por otra parte, existen al menos 12 instrumentos normativos aprobados por la Unión Europea en las que se prevé la responsabilidad de las empresas por la comisión de delitos:

A) Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 10 de junio de 1997 (artículo 4);

B) Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo (artículo 8);

C) Decisión marco 2002/946/JAI, del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a las estancias irregulares (artículo 3);

D) Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal, artículo 7).

E) Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (artículo 6);

F) Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (artículo 7);

G) Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de octubre de 2004 relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (artículo 7);

H) Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa a los ataques contra los sistemas de información (artículo 9);

I) Decisión marco 2005/667/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de buques (artículo 6);

J) Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (artículo 6);

K) Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (artículo 8 de la decisión marco 2002/475).

L) Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (artículos 5 y 7)

M) Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (8 Ter y 8 Quáter).

6. Los Estados miembros del Consejo de Europa aprobaron el 8 de noviembre de 2001, en Budapest, el Convenio sobre Ciberdelincuencia, que quedó abierto a la firma el 23 de noviembre de 2001, fecha en que fue suscrito por Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Japón.

El título 5 establece otras formas de responsabilidad y de sanciones. Así, en su artículo 12, la convención señala que:

Artículo 12 - Responsabilidad de las personas jurídicas

1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para que pueda exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos previstos de conformidad con el presente Convenio, cuando sean cometidos por cuenta de las mismas por cualquier persona física, tanto en calidad individual como en su condición de miembro de un Organo de dicha persona jurídica, que ejerza funciones directivas en la misma, en virtud de:

a un poder de representación de la persona jurídica;

b una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;

c una autorización para ejercer funciones de control en la persona jurídica.

 2 Además de los casos ya previstos en el apartado 1 del presente artículo, cada Parte adoptará las medidas necesarias para asegurar que pueda exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la falta de vigilancia o de control por parte de una persona física mencionada en el apartado 1 haya hecho posible la comisión de un delito previsto de conformidad con el presente Convenio en beneficio de dicha persona jurídica por una persona física que actúe bajo su autoridad.

3 Con sujeción a los principios jurídicos de cada Parte, la responsabilidad de una persona jurídica podrá ser penal, civil o administrativa.

4 Dicha responsabilidad se entender· sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido el delito.

Cabe mencionar que el desarrollo de la tecnología es cada vez más usual en la comisión de delitos, de ahí la importancia de esta convención. Y previendo la comisión de los delitos informáticos a través de personas jurídicas, este instrumento internacional contempla al igual que los instrumentos internacionales ya mencionados, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

7. El aforismo societas delinquere non potest predominó, hasta hace pocos años, en el derecho penal de Europa continental. Después de la intensa discusión de los años cincuenta, parecía impensable la represión penal de las empresas, sobre todo en el ámbito germanófilo. Así, el legislador estableció, en Alemania, Austria y Suiza, sanciones específicas para las organizaciones tanto en el derecho de contravenciones (Ordungswidrigkeiten) como en el derecho penal administrativo.6

Mediante la introducción de las figuras no penales de la responsabilidad solidaria indirecta (Austria), de la responsabilidad por el resultado (Suiza) o de multas administrativas (Alemania), se buscó respetar, el principio de culpabilidad penal. Si bien es cierto que nunca se logró hacer desaparecer completamente las diferencias, estos sistemas auxiliares fueron considerados como “los hijos menores del derecho penal”. En Austria, se fue aún más lejos mediante la introducción, en el Código Penal en 1982 y 1987, de la regulación del decomiso de la empresa (§ 20 C.P.) y de la posibilidad de confiscar sus utilidades (§ 20a C.P.).

A nivel internacional, la mayoría de los países, ante el creciente poder de las grandes empresas, han recurrido a determinadas formas de represión penal. Algunos países, sobre todo anglosajones, disponen en esta materia de una larga experiencia. El viraje hacia esta dirección, en los años setenta de Japón, Corea y Holanda, se puede comprender, desde la perspectiva europea, como una pequeña concesión al espíritu de la época.

Mientras tanto, otros países, en los que se admite el principio de culpabilidad, han cambiado de orientación. Dinamarca, Noruega y Suecia, establecieron, en los años ochenta, sanciones penales específicas para las empresas consideradas especialmente peligrosas. Francia, introdujo en 1994, una responsabilidad general para las personas jurídicas, la siguió Finlandia en 1995.

Por su parte Italia lo hizo en 2001 (Decreto Legislativo de 8 de junio de 2001, nº 231), Suiza insertó en su Código Penal en 2007 la responsabilidad penal de la empresa y España en 2010 reconoció la responsabilidad penal de las personas morales en determinados delitos. Existen igualmente proyectos de ley en este sentido en países de Europa del Este (Lituania, Hungría, Polonia).

Criminalidad de la persona moral

Hay coincidencia en la doctrina respecto de que, el denominado derecho penal de la empresa, constituye una rama del derecho penal económico.7 Se trata, sin duda, de un universo de análisis que, desde hace ya algunos años, se encuentra en ebullición; muestra de ello son los numerosos trabajos de investigación que, en la actualidad, se desarrollan.

Este interés se explica a partir del reconocimiento de que la participación de la empresa en el sistema económico la convierte en titular del rol de agente económico.8 En este contexto, precisamente, el orden económico puede resentirse cuando las actuaciones producidas en el ámbito del mercado empresarial desbordan sus cauces legales y las líneas generales del sistema, para adentrarse en prácticas no sólo de riesgo sino evidentemente lesivas en las que se pone de relieve que la utilización abusiva e incorrecta de los mecanismos de financiamiento produce beneficios ilícitos a los que la practican lesionando a otros componentes de la sociedad o a terceros que con ellas se relacionan.9

Sin dejar de reconocer las dificultades que ofrece la delimitación conceptual de esta materia, nos inclinamos por el concepto propuesto por Bernd Schünemann. Tal opción se justifica por considerar que, sobre la base de la misma, es posible inferir, con cierta claridad los ámbitos de estudio que comprende el derecho penal de la empresa.

Para Schünemann el concepto de criminalidad de la empresa alude a aquellos “delitos económicos en los que por medio de una actuación para una empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e intereses propios de los colaboradores de la empresa”.10

De esta manera, dos son los ámbitos respecto de los cuales puede predicarse el concepto: uno se perfila a comprender aquella criminalidad que, surgida en su seno, se proyecta al exterior a partir de la empresa (afectando intereses y bienes de terceros ajenos a ella); la otra, en cambio, aún cuando germina en la estructura societaria, sus efectos se despliegan en contra de la empresa o de los miembros de las misma.11 O dicho en otras palabras, la distinción precedente puede reconducirse a la clásica diferenciación formulada por Schünemann: criminalidad desde la empresa y criminalidad dentro de la empresa.12

Son dos básicamente los grupos de casos en los que se pueden clasificar las posibilidades de conexión de la persona jurídica con el fenómeno delictivo. En efecto, siguiendo a Jaime Malamud Goti,13 podemos advertir la existencia de:

1) En primer lugar, un grupo de casos en los que el uso de la personalidad societaria constituye una modalidad especial de burlar alguna disposición legal. Se trata de hipótesis en las que la creación de la persona jurídica es ex profeso para la actividad delictiva, como ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de aquellas corporaciones constituidas con el propósito principal de evadir obligaciones impositivas u obtener beneficios sobre una base ficticia.

2) Junto a este grupo encontramos un segundo grupo, que se caracteriza porque la estructura societaria refleja una organización orientada hacia una actividad permisible como tal y de cuyo ejercicio se derivan una o varias transgresiones que pueden configurar delitos. Dicho en otros términos: los hechos antisociales propios de este grupo de casos presentan como característica común haber sido cometidos en el escenario que ofrece una persona jurídica, cuyo objeto societario o actividad desarrollada no resultan ilícitos.

Ambos grupos de casos exigen, para su tratamiento por parte del ordenamiento jurídico, la adopción de estrategias de muy distinto grado de complejidad que, incluso, han llevado a sostener la necesidad de construir un sistema de responsabilidad penal de la persona moral diferente de la responsabilidad que les corresponde a las personas individuales que integran los órganos de aquélla.

Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas

De conformidad con Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno, los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas dominantes en el derecho comparado pueden reconducirse a dos grandes grupos, los denominados modelos de heteroresponsabilidad o responsabilidad por hecho ajeno, y los modelos de autorresponsabilidad o de responsabilidad por hecho propio.14

Los primeros, también denominados de imputación directa o de responsabilidad vicarial, parten de que las acciones de ciertos sujetos (cargos directivos) se imputan directamente a la persona jurídica. No se trata sólo de que se le impute la conducta, sino también el tipo subjetivo (dolo o imprudencia) con el que ésta fue cometida por el sujeto individual.

Se parte pues de que las personas con puestos directivos le vinculan directamente, siempre que la conducta del sujeto individual se haya producido con ocasión del ejercicio de sus funciones en la empresa y en beneficio de ésta.

En cuanto a la responsabilidad por actos de los empleados de nivel inferior, la tendencia internacional es exigir algún tipo de infracción del deber de cuidado (culpa in eligendo/in vigilando) de algún sujeto con poder de dirección, superando la situación en el anterior derecho penal estadounidense, conforme en la que también las acciones de los empleados eran directamente imputadas a la empresa.15

Los segundos modelos, los de autorresponsabilidad, se centran en la conducta de la propia persona jurídica. Igual que en los anteriores modelos, se exige una conducta delictiva por parte de una persona física, así como que ésta haya tenido lugar con ocasión de sus funciones en la persona jurídica y en beneficio de ésta. Pero la conducta de la personas física no se le imputa directamente a la persona jurídica, sino que es necesario que tal conducta haya sido consecuencia de la defectuosa organización de la personas jurídica o se haya visto favorecida por ella.

Es decir: mientras que en los modelos de responsabilidad por imputación directa o vicarial la conducta delictiva de ciertos sujetos es condición necesaria y suficiente de la responsabilidad de la persona jurídica, en los modelos de responsabilidad por defecto organizativo la conducta delictiva de esos sujetos es condición necesaria, pero todavía no suficiente, de la responsabilidad de la persona jurídica. Para que se produzca esta segunda es necesario que exista una infracción de un deber o un defecto organizativo de la persona jurídica que facilitó o propició el delito.

Si bien el modelo de imputación directa o vicarial, por su mayor simplicidad, fue el primero en el tiempo, en la actualidad, ya sea por decisión legislativa o mediante la introducción de criterios correctores, está siendo progresivamente desplazado por el modelo de responsabilidad por defecto de organización.16

1. El sistema de doble imputación en el modelo legislativo francés. Francia incorporó en su nuevo Código Penal la responsabilidad de las personas morales, con el sistema de doble imputación, en vigor a partir del 1 de marzo de 1994.

Las características del modelo legislativo francés, establece que la responsabilidad es: a) acumulativa; b) especial, y c) condicionada.17

a) Es acumulativa por cuanto la responsabilidad penal de la persona moral no excluye la responsabilidad de las personas físicas a quienes se les atribuye, sea en carácter de autor o de cómplice, el mismo hecho delictivo (artículo 121-2).

Respecto a esta primera condición, se ha considerado que, la responsabilidad de la persona moral supone siempre la actuación de una persona física. Y esta persona física debe ser un “órgano” o un “representante” de la persona moral. Por “órgano” se entenderá, por ejemplo el consejo de administración, la asamblea general, el consejo de vigilancia o el directorio de una sociedad. En tanto que, bajo el concepto de “representante” se comprende, un director general o un gerente.

b) Es también una responsabilidad especial por cuanto ella debe estar expresamente prevista por el texto de la ley (para el caso de delitos) o reglamento (cuando se trata de contravenciones) que define la infracción. Esto significa, nada menos que es necesario para poder responsabilizar a la persona moral que, tal posibilidad haya sido prevista en el propio texto que tipifica la infracción delictual o contravencional que se quiere aplicar. Este segundo requisito se orienta a que, la concreta actuación de aquel órgano o representante de la persona jurídica se haya realizado con el propósito de obtener un beneficio para la misma.

El modelo legislativo descrito se completa, como una lógica consecuencia de la consagración de esta forma especial de imputación, con la previsión de un sistema de sanciones penales (artículos 131-37 a 131-49) adecuado a esta nueva categoría de sujetos (persona jurídica). Así, se establecen como principales penas las de multa, disolución de la persona jurídica, colocación de la corporación bajo vigilancia judicial, cierre del establecimiento, prohibición de emisión de cheques o utilización de cartas de pago, confiscación, y publicación de la sentencia condenatoria.

c) Se trata de una responsabilidad condicionada a un doble requisito: a) la infracción debe haber sido cometida por un órgano o representante de la persona moral, y b) debe, además, haberlo realizado a cuenta de la persona moral.

2. Responsabilidad de las Personas Jurídicas en la Doctrina Española.

En diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, entre cuyas modificaciones destaca, por la indudable incidencia que tiene la organización empresarial, el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El modelo de imputación escogido por el legislador español se encuentra recogido en el primer número del artículo 31 Bis, conforme al cual:

“En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.”

De conformidad con lo anterior, se advierte que el legislador español se ha decidido por un modelo de imputación directa o vicarial. Esto se infiere de la interpretación sistemática y a contrario de los dos incisos del art. 31 bis.1. Mientras que el primer inciso no hace referencia a la existencia de algún tipo de responsabilidad subjetiva por parte de la empresa, el segundo, si bien no es claro, puede interpretarse en el sentido de admitirla. Ello es así toda vez que se refiere a que las personas físicas hayan podido cometer el hecho “por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”.

En lo referente a la sanción, es la pena de multa, por cuotas –los ya habituales días multa- o proporcional al beneficio obtenido o al perjuicio causado. En los supuestos más graves el juez podrá acordar la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, la intervención de la persona jurídica o la prohibición de realizar aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. A estas penas habrá que añadir, lógicamente, la indemnización de los daños ocasionados por el delito.

Por otra parte, mediante la Ley Orgánica 7/2012, se modificó nuevamente la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal Español en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, a fin de modificar la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, con lo que se “supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.”18

Una vez revisada la regulación sobre la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas en el ámbito internacional, es claro advertir que nuestro país adolece de un marco normativo en la materia, por lo que es necesario crearlo con el objetivo de sancionar aquellas conductas delictivas realizadas por las personas jurídicas.

Claramente existen actividades que por su naturaleza, resultan susceptibles de ser utilizadas como mecanismos para la comisión de ilícitos, tal como los relacionados con juegos y sorteos, importaciones y exportaciones, etc., como ha quedado estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas actividades, así como aquellas tendientes a la corrupción de servidores públicos para la obtención de favores o beneficios, en su gran mayoría son realizadas por conducto o en provecho de personas jurídicas.

Por otra parte, en fechas recientes ha quedado de manifiesto los graves daños que en materia ambiental pueden ser atribuidos a las personas jurídicas que detentan concesiones o autorizaciones del estado para llevar a cabo determinadas actividades económicas, así como el aprovechamiento de bienes y recursos naturales, tales como la minería, la explotación forestal, entre otras.

A este respecto, Gabriel Calvillo señala que “sobre el particular nos parece adecuado incorporar mecanismos de racionalidad al sistema persecutorio, que prevean el incentivo de una cultura corporativa de legalidad. En la materia ambiental esto se traduce en la necesidad de incrementar los estándares de gestión y administración ambiental dentro de las empresas, y el uso y la utilidad de Programas como el de Auditoría Ambiental voluntaria que impulsa actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.19

La imposición de sanciones penales a las personas jurídicas necesariamente debe traducirse en sistemas de gobierno corporativo y autorregulación que inhiban dichas conductas. Como lo señala Adán Nieto, “la imposición de sanciones a la empresa cuyo fundamento radica en la ausencia de una organización adecuada comunica además de forma muy eficaz a socios y administradores que el cumplimiento con la legalidad penal es un fin de primer orden dentro de toda ordenada gestión empresarial, y que su incumplimiento puede traer consecuencias económicas desfavorables para los socios y, por tanto, poner en peligro la estabilidad en el empleo de los administradores.”20

A fin de sancionar adecuadamente estos y otros delitos, el legislador federal ha considerado necesario unificar criterios a nivel nacional para la imposición de sanciones penales, por lo que en el año 2013 se reformó el artículo 73 fracción XXI de la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, y el 5 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que desarrolla los principios de sistema de justicia penal adversarial y oral.

El legislador advirtió la necesidad de incluir un apartado relativo a las personas jurídicas, por lo que contempló en el Título X Capítulo II un procedimiento especial en el que se dispone una serie de reglas para el ejercicio de la acción penal, la conducción de la investigación, la formulación de la imputación y vinculación a proceso, formas de terminación anticipada, así como las sentencias en contra de personas jurídicas.

No obstante lo anterior, dicha norma no es el instrumento idóneo para determinar quienes pueden ser autores o partícipes del delito, ya que únicamente regula las cuestiones adjetivas, por lo que es imperativo establecer las disposiciones correspondientes en el Código Penal Federal, que además, señale las penas aplicables a las personas jurídicas, atendiendo a su naturaleza, al tiempo que se establece un numerus clausus de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas.

Una organización que se estructura de tal manera que favorece o se aprovecha de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos ambientales, el financiamiento al terrorismo y el cohecho, entre otros supuestos, no puede quedar impune a las sanciones penales, con independencia de la responsabilidad que les corresponde a las personas físicas que deciden y ejecutan actos delictivos a través de la persona jurídica.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal en materia de responsabilidad de las personas jurídicas.

Artículo Primero. Se derogan el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y se adicionan los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 11. Se deroga.

Artículo 13 Bis. Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas de acuerdo a lo siguiente:

I. No serán penalmente responsables las personas jurídicas de naturaleza pública;

II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas por los actos o hechos delictuosos realizados por cuenta o a nombre de aquéllas.

III. La transformación regular de una persona jurídica con otra forma jurídica, denominación o razón social no será obstáculo para la aplicación de las consecuencias jurídicas.

IV. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de una persona jurídica, no será obstáculo para aplicar las sanciones a la nueva persona jurídica o a la persona jurídica escindida.

V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.

Artículo 13 Ter. La responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente procederá respecto de los siguientes delitos:

I. Contra la salud, contemplados en el Título Séptimo del Código Penal Federal.

II. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipificados en el Título Noveno del Código Penal Federal.

III. Delitos cometidos por servidores públicos, regulados en el Título Décimo del Código Penal Federal.

IV. Delitos en contra de las personas en su patrimonio, consagrados en el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal.

V. Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contenidos en el Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal.

VI. Contra el ambiente y la gestión ambiental, regulados en Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal.

VII. Los regulados en el Título Cuarto del Código Fiscal de la Federación.

VIII. Los contenidos en el Título Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 17 Bis. No serán penalmente responsables las personas jurídicas cuando concurran las circunstancias siguientes:

a) La persona jurídica haya cumplido con la normatividad gubernamental respectiva aplicable al caso;

b) Los órganos de la persona jurídica, responsables de dirigir o supervisar al agente que cometió el delito, hayan cumplido con las normas técnicas de cuidado exigibles en el caso concreto.

Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:

1 a 15. ...

16. Se deroga

17 a 19. ...

Artículo 24 Bis. Se podrán imponer a las personas jurídicas, de acuerdo a la gravedad del delito, una o varias de las penas y medidas de seguridad siguientes:

1. Suspensión;

2. Prohibición de realizar determinadas operaciones;

3. Remoción;

4. Decomiso;

5. Multa;

6. Publicación de sentencia; y

7. Disolución

Titulo Segundo

Capítulo XII

Suspensión, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción y disolución de personas jurídicas

Artículo 50 Ter. La suspensión consistirá en la cesación de toda actividad de la persona jurídica por un plazo de tres meses a cinco años.

La prohibición de realizar determinadas operaciones se refiere a la imposibilidad de llevar a cabo determinadas actividades comerciales y a participar en licitaciones públicas o contratar con las entidades de la administración pública federal por un periodo de tres meses a cinco años.

La remoción consistirá en la sustitución del administrador por uno designado por el juez, durante un periodo de uno a tres años a propuesta de los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito.

La disolución de la persona jurídica implica concluir definitivamente toda actividad social de la misma, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta.

Artículo 50 Quáter. Al imponer las penas y medidas de seguridad anteriores, el juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.

Titulo Tercero

Aplicación de las sanciones

Capítulo VII

Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Artículo 76 Bis. Las penas y medidas de seguridad previstas en el artículo 24 Bis podrán reducirse hasta en una tercera parte si la persona jurídica acepta su participación en la comisión del delito o si colabora en la etapa de investigación, dotando de información efectiva, a la autoridad competente, para esclarecer los hechos y procesar a los probables responsables de la comisión del delito, por medio de sus representantes legales. La colaboración con las autoridades excluye la posibilidad de decretar la disolución de la persona jurídica.

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

Notas

1. Es una locución latina que significa “las sociedades no pueden delinquir”, utilizada en Derecho penal para referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según este principio, una persona jurídica no puede cometer delitos, pues carecen de voluntad (elemento subjetivo) que abarque el dolo en sus actuaciones. De esta forma, a las personas jurídicas no pueden imponérsele penas, entendidas como las consecuencias jurídico-penales clásicas, más graves que otras sanciones.

2. Tiedemann, Klaus (1997). “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” Anuario de Derecho Penal 96, Lima.

3. Ver Hernández, Héctor. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”. Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/ Vol5N9A5.pdf]

4. “Mexico’s legislative provisions on corporate liability for foreign bribery are substantially deficient and the Working Group’s Phase 2 recommendations remain unimplemented. The lead examiners therefore recommend that Mexico amend its Federal Penal Code (CPF) without delay so that legal persons may be held liable for foreign bribery without the prior identification or conviction of the relevant natural person(s), and without proof that the bribery was committed with the means of the legal person.” PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO, October 2011 Página 12. www.oecd.org.

5. Ver http://www.fatf-gafi.org/document/19/0,3746,en_32250379_ 32236869_36099475_1_1_1_1,00.html

6. Ver Günter Heine, La responsabilidad Penal de las Empresas: evolución internacional y consecuencias nacionales, Editorial Lima, Lima, 1996

7. Ver Terradillos Bosco, Juan, Derecho Penal de la Empresa, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 11. La doctrina ha enfatizado las graves dificultades que se presentan al momento de tratar de precisar el concepto de derecho penal económico. En términos generales, sin embargo, los autores concuerdan respecto a que este concepto irá en consonancia con la correspondiente estructura social y grado de evolución económica del Estado que ha generado sus normas.

8. Ver García Cavero, Percy, La responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación, Editorial Bosch, Barcelona, 1999.

9. Ver Jufresa Patau y otros, Los delitos societarios, en “AA. VV, Delitos societarios, de la receptación y contra la hacienda pública”, editorial Bosch, Barcelona 1998, p. 13-14.

10. Ver Schünemann, Bernd, Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y la política criminal acerca de la criminalidad de empresa, en “Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales”, 1998-II, Madrid, p. 531.

11. Realiza esta distinción José De Faría Costa, La responsabilidad jurídico penal de la empresa y de sus órganos (o una reflexión sobre la alteridad en las personas colectivas a la luz del derecho penal), en : “J.M Silva Sánchez (Edición española) - B. Schünemann- J De Figueiredo Días(Coordinadores), Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal,” Editorial J. M. Bosch, Barcelona 1995 pág. 429- 430.

12. Shünemann, op. cit.

13. Malamud Goti, Jaime, Política criminal de la empresa. Cuestiones. Alternativas, Editorial Hammurabi, Madrid, 1983, p. 31

14. Sobre estos dos modelos, v. las excelentes presentaciones de Zugaldía Espinar, J. M.: La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Tirant lo Blanch, Valencia 2008, pp. 140-151 y Nieto Martín, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo. Madrid, Iustel 2008, pp. 88-177.

15. Laufer, W.: “La culpabilidad empresarial y los límites del Derecho”, en Gómez-Jara Díez, C. (editor):Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 71 y 75.

16. Apuntan esta evolución Gómez-Jara Díez, C.: “Presentación” en el mismo (editor): Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 21-22) y Heine, G.: “Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa”, en Gómez-Jara Díez, C. (editor): Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 3.

17. Poncela, Pirette, Nouveau Code Pénal: Livere I. Dispositions generals, Reveu de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N. 3, julio-septiembre de 1993.

18. Ver Boletín Oficial Del Estado Núm. 312 Viernes 28 de diciembre de 2012 en http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf

19. Ver Calvillo Díaz, Gabriel. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos contra el ambiente: un tendencia inevitable” en http://www.ceja.org.mx/IMG/Art._Gabriel_Calvillo_43.pdf

20. Ver Nieto, Adán. “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa”. Polít. crim., Nº 5, 2008, A3-5, pp.1-18. [http://www.politicacriminal.cl/n_05/a_3_5.pdf].





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera tapia, con punto de Acuerdo en el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO EN EL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA HERRERA ALE y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las      siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), catalogado como el instrumento vinculante internacional que tiene como objetivo proteger y promover la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

México, firmó la CDN el 26 de enero de 1990, siendo aprobada por el Senado el 19 de junio del mismo año, entrando en vigor el 21 de octubre siguiente. Cabe señalar que la CDN es el instrumento internacional más ratificado de la historia.

La CDN consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo entre sus aportaciones más destacadas, el establecimiento del principio del interés superior del niño, que establece que en todos los asuntos en los que estén involucrados niñas y niños, ni en el diseño de políticas públicas, programas o resoluciones judiciales, nunca se podrá anteponer los derechos de los adultos.

Asimismo, la CDN establece tres principios, como ejes rectores del respeto de los derechos de la niñez: La no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el respeto de la opinión del niño.

2.- Posteriormente, la CDN ha sido complementada en el año de 1995 con una Enmienda, así como en los años 2000 y 2011 con tres protocolos facultativos:

a).- Enmienda al Párrafo 2 del Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño,adoptada en Nueva York, el 12 de diciembre de 1995, que tiene como objetivo sustituir la palabra "diez" por la palabra "dieciocho", respecto del número de miembros que integrarían el Comité de los Derechos del Niño.

b).- Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000, que tiene como objetivo que los Estados Partes adopten todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades y tampoco sea reclutado obligatoriamente en sus fuerzas armadas.

c).- Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000, cuya finalidad es ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Asimismo, reforzar las medidas tendientes a fomentar el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o socia.

d).- Tercer Protocolo Facultativo sobre los Derechos de los Niños relativo a un procedimiento de comunicación, adoptado el17 de junio de 2011 y tiene como objetivo permitir a niñas y niños denunciar cualquier vulneración.

3.- Asimismo, como uno de los mecanismos de control y vigilancia en la aplicación de la CDN, en su artículo 43, la creación del Comité de los Derechos del Niño, que tiene entre sus características las siguientes:

● Examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño.

● El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la Convención.

● Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.

● Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas.

● Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.

4.- En estrecha relación con el apartado anterior, el artículo 44 de la Convención establece la obligación de los Estados parte de informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma y sobre los avances logrados, ante lo cual el Estado mexicano ha presentado los siguientes informes:

● Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la Convención". (CRC/C/15/Add.13). 7 de febrero de 1994.

● Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la Convención". (CRC/C/15/Add.112). 10 de noviembre de 1999.

● Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la Convención". (CRC/C/MEX/CO/3). 8 de junio de 2006.

Asimismo, los siguientes informes con fundamento en diversos artículos de la Convención:

● Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía". (CRC/C/OPSC/MEX/CO/1). 7 de abril de 2011.

● Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados". (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1). 7 de abril de 2011.

Los informes señalan aciertos de parte del Estado Mexicano en su tarea de dar cumplimiento a la Convención, pero también pendientes y accione que como país debemos realizar en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que a grandes rasgos se han centrado en los aspectos siguientes:

a. Las condiciones de pobreza, explotación, y riesgo en que viven millones de niñas y niños en México, además de desigualdades de género y origen étnico.

b. La necesidad de modificar las leyes para que se adecuen a los principios y ordenamientos establecidos dentro de la Convención.

c. La necesidad de establecer sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de la infancia con capacidad financiera, de independencia y mandato.

d. La participación civil y de la infancia en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas.

5.- Es innegable que desde la firma de México de la Convención sobre los Derechos del Niño, se han realizado muchas acciones que han tenido como propósito favorecer el respeto y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

Estás acciones van desde el diseño de políticas públicas, hasta el diseño de un marco jurídico en la materia, una reforma constitucional y la conclusión del proceso legislativo un nuevo ordenamiento legal vanguardista y garantista, que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos que vendrá a potenciar su desarrollo.

Sin embargo, aún nos encontramos que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su Censo 2010, hay en el país 39’226,948 niñas, niños y adolescentes (34.91% de la población total), de los cuales 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas.

Los problemas recurrentes que ponen el riesgo el respeto y cumplimiento de sus derechos son asignaturas pendientes para el Estado Mexicano:

● Explotación sexual comercial infantil.

● Niños en situación de calle.

● Desnutrición.

● Niños portadores de VIH.

● Niños migrantes.

● Obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria

● Embarazo en adolescentes.

● La incipiente aplicación de un sistema integral de justicia aplicable adolescentes a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, sistema en el cual verdaderamente se respeten los derechos consagrados la Constitución.

Asimismo, diversas estadísticas del INEGI señalan lo siguiente.

● 60% son víctimas de violencia;

● 11% de entre 5 y 17 años están trabajando;

● Anualmente alrededor de 40 mil niñas y niños que migran son repatriados;

● 34.4% de niñas y niños, entre 5 y 11 años, presentan obesidad o sobrepeso, y

● Un primer lugar mundial de violencia escolar a nivel secundaria.

Por todo ello, es necesario que continuemos con el trabajo a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes como Estado Mexicano, desde nuestros tres órdenes de gobierno, con la finalidad de garantizarle a la niñez un desarrollo integral adecuado.

En ese sentido, en el marco del 25 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, sirva esta conmemoración para que la Federación y las Entidades Federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, realicen y diseñen las medidas necesarias para darle puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Federación y a las Entidades Federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.





 

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a posponer la entrega de televisores digitales en el estado de Querétaro, hasta que concluya el proceso electoral en dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A POSPONER LA ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES EN EL ESTADO DE QUERETARO, HASTA QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECTORAL EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA

“El suscrito, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  87 numerales 1 y 2, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 13 de Mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el Estado de Querétaro entregaría la cantidad de 167 mil 943 televisiones como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de su programa de trabajo de transición a la televisión digital.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social  planean entregar en Querétaro 182 mil 656 televisores digitales, 14,713 televisores más de lo que se estipulo en el DOF en Mayo 2014.

La entrega esta programada para hacerse del 15 de diciembre de 2014 al 26 de febrero de 2015, en pleno periodo electoral constitucional. Esto representa un retraso de cuatro meses respecto a la calendarización original ya que estaba previsto para el mes de Agosto de 2014, es decir 2 meses antes de que iniciará formalmente el Proceso en Querétaro.

El Proceso Electoral Federal inició formalmente el pasado 7 de octubre y por lo que refiere, específicamente a Querétaro el 1° del mes referido. Por lo que se debe considerar que en curso se encuentran desarrollando, por parte del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales los actos tendentes a cumplir con la Etapa de Preparación de la Elección.

Comparativamente en Querétaro, el número de electores contrastado con el número de beneficiados de este programa, con el dato publicado en el Diario Oficial que es de, 167 mil 943 televisores contra 1 millón 374 mil 063 ciudadanos, es decir equivale al 12% de electores.

De lo anterior, se desprende que el principio de equidad que debe prevalecer en los Procesos Electorales se vería vulnerado, antes de que formalmente inicien las campañas electorales, que para el estado de Querétaro será el 5 de abril de 2015.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que los Servidores Públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Por lo que esta entrega de televisores en el Estado de Querétaro en periodo electoral puede claramente entenderse como propaganda.

Por lo anterior, es recomendable que se pida la suspensión de la entrega de los televisores hasta que concluya el Proceso Electoral, o por lo menos, hasta un día después del día de la jornada electoral.

Por todo lo anterior, someto a este H. Soberanía, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que posponga la entrega de televisores digitales en el estado de Querétaro,  hasta que concluya el proceso electoral en dicha entidad federativa.

Atentamente

Sen. Francisco Domínguez Servién”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un proyecto integral de rescate de la Laguna de Las Salinas, zonas aledañas y de la playa Principal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), SECRETARIA DE MARINA (SEMAR) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), SE IMPLEMENTE UN PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS, ZONAS ALEDAÑAS Y DE LA PLAYA PRINCIPAL EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO

“El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Zihuatanejo deriva de la palabra nahuatl “Cihuatlan” que significa "lugar de mujeres", muy probablemente por estas incursiones del Rey con sus esposas que eran una mayoría en relación a los pocos hombres que las cuidaban.

De acuerdo a la crónica del Cap. Bernal Díaz del Castillo en "La Conquista de la Nueva España", en 1526 Hernán Cortés envió a Zihuatanejo a varios carpinteros españoles y sus ayudantes para construir tres barcos utilizando las finas maderas del lugar, roble y cedro rojo, y la mano de obra de los nativos.

Estos barcos bautizados con los nombres de La Florida, Espíritu Santo y Santiago zarparon del puerto el 31 de Octubre de 1527 bajo el mando del Cap. Alvaro Saavedra y Cerón con destino a la Filipinas. Este evento se puede interpretar como la inauguración de Zihuatanejo como puerto mercante al dejar un rústico muelle de madera y astillero al partir.

Posteriormente, varios piratas que surcaban el pacífico buscaron refugio del mal tiempo en esta bahía o bajaron para abastecerse de comestibles en un intercambio con los lugareños, pero la razón más común de sus visitas, fue la de utilizarla como escondite en espera de ataques a las flotillas de la Armada Española y a sus galeones mercantes, en su próspera ruta comercial de México a las Filipinas.

Hombres como Sir Francis Drake y el Almirante George Anson, Joris van Spilbergen y Thomas Cavendish han dejado su huella por este paradisiaco lugar.

Hace aproximadamente 200 años se modifica su nombre por última vez para quedar en Zihuatanejo con el cual hoy todos lo conocemos. Así empieza a aparecer su nombre escrito en documentos de la parte final de los años 1700.

Entre los años 1890 y 1910, Zihuatanejo se va identificando gradualmente como una villa de pescadores, residiendo sus habitantes en los márgenes de la bahía. Para el año de 1923, Zihuatanejo también se convierte en un importante puerto exportador de maderas finas y una de sus hermosas playas aún hoy en día conserva su nombre original, La Madera, por ser ahí donde se cargaba a los barcos. La playa La Ropa toma su nombre a causa de un naufragio de un Galeón Chino el cual vertió su carga de ropas y telas al mar y estas llegaron hasta sus orillas.

Para mediados de los años 30’s Acapulco comienza a adquirir fama como "El Destino Turístico de México" y unos pocos años después algunos aventureros visitantes buscaron otros sitios cercanos y descubrieron al pintoresco Zihuatanejo. Más tarde, la afluencia de estos visitantes por carretera pese a lo difícil que era llegar aquí, más de 15 horas desde Acapulco, y la construcción en un inicio de un aeropuerto con capacidad de aterrizaje para aviones Douglas DC-3 facilitarían el comercio y el arribo de turistas vía aérea, lo que motivó la necesidad de crear una pequeña infraestructura hotelera, ya que en un comienzo solo podían hospedarse en precarias casas de huéspedes o en casas particulares.

No es sino hasta los fines de los 70’s cuando Zihuatanejo empieza a aumentar su capacidad hotelera y mejorar sus servicios para actualizarse con la creciente demanda.

Por los numerosos descubrimientos realizados en los últimos 40 años de antiguas ruinas cerca de Zihuatanejo, incluyendo una gran pirámide, una cancha de juego de pelota y de muchas reliquias y petrograbados en el cercano Petatlán, los historiadores especulan que esta área en un determinado momento tuvo una importante civilización indígena que iba desde la ciudades de Tecpan hasta La Unión bordeando la costa.

Debido a ciertas diferencias con otros sitios arqueológicos y culturales de México, algunos creen que esta civilización podría haber tenido sus propios monarcas, su propio sustento y haber sido semi-independiente de las demás.1 Lo que lo adiciona un atractivo más a este histórico y tradicional puerto.

Debido a la importancia del puerto, en 1974, FONATUR planeó y desarrolló su segundo Centro Integralmente Planeado: Ixtapa; el cual inició operaciones de forma simultánea a Cancún. Ixtapa está localizado a tan sólo 7 kilómetros de Zihuatanejo.2 Con base en lo anterior, es posible señalar, que Ixtapa no habría existido sin Zihuatanejo.

Es importante recordar, que la belleza de esta bahía, en conjunto con el trato y hospitalidad de sus pobladores, fueron los detonantes del desarrollo turístico de Ixtapa, lugar que cuenta con importancia no únicamente nacional, sino internacional, el cual representa el segundo destino turístico de playa para la recaudación de divisas del estado de Guerrero.

Según cifras de 2013, el número de cuartos de hotel del binomio Ixtapa-Zihuatanejo, alcanzó un total de 5,292; de los cuales 4,700, se ubican en Ixtapa, es decir casi el 89%, en dicho año con una se logró una ocupación promedio de casi el 70%.

En esa zona, y dentro de los cuerpos de agua que tiene el estado de Guerrero, se encuentra la Laguna de Las Salinas, ubicada en el mismo municipio de Zihuatanejo de Azueta, la cual posee una extensión aproximada de 5.4 hectáreas y se encuentra contaminada; asimismo, los lotes de terreno aledaños que se encuentran afectados suman una superficie de aproximada de 17 hectáreas, dando un total aprox. de 22 hectáreas. A consecuencia de lo anterior, la playa principal y la más tradicional de Zihuatanejo, presenta índices muy por encima de la norma sanitaria.

La importancia de las lagunas en el medio ambiente radica en que funcionan como el hábitat temporal necesario para el cumplimiento de los ciclos biológicos de especies marinas, salobres y de agua dulce con importancia para la actividad pesquera3, además de evitar inundaciones.

Sin embargo, desde hace más de 40 años la situación en la Laguna de Las Salinas es complicada, ya que enfrenta fuertes problemas de contaminación. La acumulación de azolve, así como la descarga de aguas negras han provocado que dicho cuerpo de agua sea considerado actualmente como de riesgo sanitario para las personas.

La problemática que presenta la Laguna de Las Salinas ha traído consigo que la playa principal de Zihuatanejo sea una de las más polucionadas a nivel nacional, esto a causa del intercambio de aguas entre ambos cuerpos.4

A decir del presidente municipal, el problema se ha agravado debido a que la planta de tratamiento La Marina, que vierte aguas negras a la laguna a razón de 110 litros por segundo, ya es obsoleta.5

Lo anterior tiene como consecuencia, azolvamiento de la laguna, problemas de salud pública, ausencia de turismo, anulación de la función de la laguna como vaso regulador de aguas pluviales, lo que ocasiona las inundaciones del centro de Zihuatanejo, así como un fuerte impacto en la economía de la población.

En este sentido, comerciantes de la zona han visto como sus ingresos cada día son menores, debido a que año con año disminuye la afluencia de turistas a este destino, pues hace 10 años llegaban 120 cruceros en cada temporada vacacional, lo que equivalía a 360 mil turistas, el día de hoy solo arriban 3 y dirigen su gasto principalmente a la zona de Ixtapa;6 dando como resultado una crisis económica acentuada en el puerto.

Sin embargo los pobladores no se han quedado con los brazos cruzados, y buscando aportar soluciones se organizaron en un Comité para el Rescate de la Zona de la Laguna de las Salinas; gracias a lo anterior, lograron que una delegación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Arquitectura, presentara un proyecto de “Programa de Rescate y de Desarrollo Turístico de la Laguna de las Salinas y de la Zona Tradicional de Zihuatanejo”; este documento, prevé generar una solución integral, desde una perspectiva interdisciplinaria.

La inversión para dicho proyecto alcanza los 18.5 millones de pesos más impuestos. Sin duda una cantidad mínima para el beneficio que traería a la población, la realización de antedicho programa.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente en el Programa Sectorial de Turismo, el objetivo 5°, establece la necesidad de fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

Con el desplazamiento de los turistas a Ixtapa, por la contaminación de la Laguna, el Puerto Tradicional de Zihuatanejo ha sido paulatinamente desplazado, lo que ocasiona un menor reparto de la riqueza generada, principalmente por esquemas como el “Todo Incluido”, que solo permiten a la población originaria, a ofrecer su mano de obra muy barata, mientras que las grandes ganancias se concentran en los principales inversionistas, sean nacionales o extranjeros, limitando así el desarrollo de la comunidad.

Ixtapa-Zihuatanejo, está considerado como uno de los 44 Destinos Prioritarios, establecidos por el Gabinete Turístico.7 Sin embargo, la aplicación estratégica de diversos programas federales, está enfocada al desarrollo principalmente de lxtapa.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), declara dentro de su visión a futuro para el caso de Ixtapa, la instrumentación de una Estrategia de Relanzamiento sustentada en fortalezas y oportunidades que ofrece el destino, como son la amplísima variedad de recursos naturales y paisajes de la región, una oferta hotelera renovable, la sub-utilización de su capacidad instalada, la cercanía con mercados de importancia y por último la capacidad potencial para integrar las reservas turísticas y urbanas de Zihuatanejo.

Esta estrategia de desarrollo urbano-turístico pretende inyectarle nueva energía al posicionamiento internacional de Ixtapa y atraer el turismo especializado de alto nivel a través de cinco grandes líneas; promover el segmento de campos de golf, incentivar el segmento de pesca deportiva, propiciar la creación de marinas y muelle de cruceros en Zihuatanejo e impulsar la creación de parques temáticos, spas y clubes de playa.8

Bajo este esquema y sin la remediación de la contaminación de la Laguna, y de las playas de Zihuatanejo, se condena a esta población a solo servir de muelle de atraque de los cruceros con turistas para visitar Ixtapa.

Cabe señalar, que el pasado mes de abril, presente ante esta soberanía una proposición con Punto de Acuerdo en el que solicité a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lleven a cabo la implementación de un Proyecto Integral de Rescate de la Laguna de las Salinas y de la playa principal del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

Asimismo, solicité se exhortara respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía se implementen acciones necesarias para la reactivación económica en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el cual fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin que hasta el momento haya sido dictaminado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) se etiqueten recursos suficientes para que la Universidad Autónoma de México (UNAM) lleve a cabo el Programa de Rescate y de Desarrollo Turístico de la Laguna de las Salinas y de la Zona Tradicional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero en 2015.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) destine recursos suficientes para que una vez establecido Programa de Rescate y de Desarrollo Turístico de la Laguna de las Salinas y de la Zona Tradicional de Zihuatanejo, se asignen los recursos suficientes para realizar este fundamental programa de rescate.

Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 IXTAPA-ZIHUATANEJO Mexico - Guia Turistica de Ixtapa y Zihuatanejo  http://www.ixtapa-zihuatanejo.com/info/espanol.htm?http://www.ixtapa-zihuatanejo.com/info/historia1.htm

2 Ixtapa: Información General, Secretaría de Turismo, [En línea]: http://www.fonatur.gob.mx/es/proyectos_desarrollos/ixtapa/index.asp?modsec=01-INFO&sec=1

3 Gobierno del estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Rural. Manifestación de impacto ambiental, modalidad particular, para el dragado en la laguna Tres Palos, Acapulco, Guerrero. Marzo, 2007.

4 Secretaría de Salud del estado de Guerrero, Informe de Resultados de Playa de Ixtapa-Zihuatanejo, 07/04/14/ Oficio No: SRCFS/070/2014

5 Herrera, Rolando. “Reciben a turistas aguas negras” Diario Reforma. 6-Abril-2014.

6 Olvera, Manuel, Informe del Coordinador Ejecutivo para el Rescate de la Zona de la Laguna de las Salinas, de la Comisión Municipal de Ecología de Zihuatanejo de Azueta.

7 Presidencia de la República, [En línea]: http://www.presidencia.gob.mx/destinos-prioritarios-del-gabinete-turistico/

8 Ixtapa, Visión a Futuro FONATUR,
http://www.fonatur.gob.mx/es/proyectos_desarrollos/ixtapa/index.asp?modsec=01-VIS&sec=6





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre de Senadoras de diversos grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar los mecanismos para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y promoción de las mujeres del servicio exterior mexicano, así como para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres en el servicio exterior mexicano, respecto a la conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE INFORME LOS MECANISMOS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES EN EL ACCESO Y PROMOCION DE LAS MUJERES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, ASI COMO  PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, RESPECTO A LA CONMEMORACION DEL 25 DE NOVIEMBRE “DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER”

“Quienes suscriben, Senadoras de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE INFORME LOS MECANISMOS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES EN EL ACCESO Y PROMOCION DE LAS MUJERES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, ASI COMO  PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, RESPECTO A LA CONMEMORACION DEL 25 DE NOVIEMBRE “DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en México ha sido una constante en las agendas legislativa y ejecutiva en el país, así como parte de los debates internacionales en los que se promueve el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva como medio para el desarrollo.

Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres1, con el objeto de sensibilizar sobre las causas, los efectos y las consecuencias para las mujeres, sus familias y la sociedad y evitar que persistan conductas que vulneren o restrinjan los derechos humanos.

Al respecto, en el marco de este día surge  la oportunidad para realizar un análisis de la situación y posición de las mujeres,  sus posibilidades de desarrollo para el país, y particularmente en el Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  La Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su Artículo Primero refiere que el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante esto, resulta importante analizar la importancia y la realidad de la participación de las mujeres en cargos de representación diplomática en el exterior o en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y establecer un proceso de construcción de liderazgos con igualdad de género.

En este sentido, una  persona que está al servicio público de carrera en el Servicio  Exterior Mexicano se encuentra posibilitada a ser promocionada en los diversos cargos públicos, teniendo su límite en el cargo de Ministro. Sin embargo, para ser Embajadora es necesario ser designada por el Titular de la Presidencia de la República, previa propuesta de la Secretaría de las Relaciones Exteriores, mediando sólo la opción de ser escogidas por “preferencia” de aquellas personas funcionarias de carrera.2

Ante esto, las mujeres encuentran limitado el acceso a ser Embajadoras, aunado  al número bajo de mujeres en cargos de toma de decisiones en el Servicio  Exterior y a la designación discrecional del cargo; sin que se establezcan medidas que impulsen la igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres a ser Embajadoras y Embajadores.

Esto actualiza los supuestos de la discriminación por condición de género, y en el marco del  ámbito laboral, se constituye como violencia laboral. Es necesario resaltar que la violencia laboral, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la constituye, entre otras conductas, la negativa a respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo, a todo tipo de discriminación por condición de género. 3

El artículo 4 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)  refiere que los Estados Partes se comprometen a la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.4

De manera específica, el artículo 8 de esta Convención establece que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”.

Como resultado de esto, las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del año 2006, expresa a México su preocupación sobre el reducido número de mujeres en puestos directivos, en particular a nivel municipal y en el Servicio Exterior. Recomienda al Estado Mexicano a que “fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública”5; así como a que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el Servicio Exterior.6

Por otro lado, de acuerdo a los 7º y 8º Informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) enviados en septiembre de 2010, arrojan un diagnóstico sobre la situación de género del personal en territorio nacional y del Servicio Exterior Mexicano, que dice:

“114. La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece las formas de ingreso y ascenso para las ramas diplomático-consular y técnica administrativa. Los procesos se basan en la igualdad de oportunidades para el personal, el ingreso es por concurso público, la evaluación inicial la realizan instituciones educativas y no se revela la identidad. Los ascensos son por concurso abierto y evaluaciones de desempeño. En los últimos cinco años, del personal que ingresó al SEM, aproximadamente 40% son mujeres. Aumentar el número de mujeres participantes en el proceso de ingreso al SEM es un desafío, a fin de buscar la paridad.”7

Sin embargo, realizando un análisis desde la perspectiva de género de los datos que otorga el Servicio Exterior Mexicano al Comité, se advierte que en algunos ámbitos aún persiste la discriminación laboral y violencia contra las mujeres.

● En México, están adscritos al SEM 266 miembros, 39.1% son mujeres.

● En la rama técnico-administrativa, las mujeres continúan siendo mayoría en rangos más altos, aunque de 2006 al 2010, su porcentaje disminuyó de 62% a 59%, en contraste, en la rama diplomático-consular se incrementó la presencia de mujeres del 27% en 2006 al 30% en el 2010.

● Existe una disparidad en la cantidad absoluta del personal diplomático: hay una mujer por cada dos hombres, no obstante, de cada diez diplomáticas una es Embajadora, y en igual proporción, lo es para los hombres.

● De los 396 mexicanos que laboran en organismos internacionales 229 son mujeres. El nivel jerárquico más alto lo ocupa una mujer; en puestos de mando superior, 8 son mujeres y 9 hombres; en los niveles correspondientes a profesionales, servicios generales e idiomas, las mujeres ocupan 220 plazas y 158 los hombres.8

Lo anterior permite observar que, si bien se ha ampliado la participación de las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano, ésta no se ha extendido en cargos superiores o de toma de decisiones, como es el cargo de embajadoras, por lo que puede afirmarse que existen actos de discriminación laboral contra las mujeres y falta de cumplimiento en la adopción de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva.

No obstante, uno de los puntos a rescatar de este informe es que de 901 integrantes del Servicio Exterior acreditados en el exterior, el 40% son mujeres; el mayor porcentaje se encuentra en los niveles medios y bajos; y el menor, en los cargos altos. 9

Además, en 2010, de las 145 representaciones de México en el exterior, solo 21 están dirigidas por mujeres, 108 por hombres y 16 están vacantes.10 Es decir, sólo 21 mujeres han sido Embajadoras con respecto a 108 embajadores.

Esto nos da una muestra de la desigualdad imperante en la designación de mujeres en cargos de mayor responsabilidad, o desde el ingreso o permanencia de las mujeres en el Servicio Exterior, generando condiciones de discriminación y violencia laboral.

Es necesario resaltar que la violencia laboral, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la constituye, entre otras conductas, la negativa a respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo, a todo tipo de discriminación por condición de género.11

Las reformas de 2013 y 2014 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, otorgan mayores recursos de coordinación entre los Poderes de la Unión, y representa un avance significativo en la consolidación de la igualdad sustantiva y no discriminación.

El artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es claro al definir que “los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.12

Además, establece las bases para adoptar acciones afirmativas y medidas para lograr la igualdad de oportunidades en la participación de las mujeres y hombres en el Servicio Exterior Mexicano; la adopción de medidas específicas para prevenir la discriminación contra las mujeres, así como la violencia laboral, con la finalidad de evitar obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres particularmente de aquellas que se encuentran en el Servicio Exterior Mexicano, tal y como lo mandata la CEDAW.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 al establecer la igualdad sustantiva de género como uno de sus ejes trasversales, establece que sin la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, México será una democracia incompleta y enfrentará barreras para su desarrollo económico, político y social.

Asimismo, los cambios Constitucionales para garantizar los derechos civiles y políticos de las mujeres: artículo 34 Constitucional que otorgaron el derecho a votar y ser votadas en el año de 1953; la reforma al artículo 4 para establecer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en el año de 1974; y el artículo 41,  por el que se establece el principio de paridad que garantiza que las mujeres participen en candidaturas de manera igualitaria tanto a nivel federal como a nivel local, por los principios de representación proporcional y de mayoría relativa en el año 2013, si bien marcan un avance en materia de igualdad de oportunidades y paridad, aún falta mucho por hacer.

La igualdad de oportunidades y la paridad no sólo es un asunto que se reduce a la participación política de la mujer. La paridad es incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones en todos los sectores y en todos los niveles tanto nacional como internacional, político, económico, social, cultural, deportivo e institucional.

La paridad de género ya es un derecho Constitucional, el reto fue lograrlo en la Constitución, pero al día de hoy, el reto es lograrla en el quehacer Institucional.

No basta con reflejarse únicamente en el texto constitucional o en la representación popular, sino que debe trasladarse a otros espacios donde el predominio del hombre es evidente y la participación de la mujer en la toma de decisiones es mínima.

Es por ello, que en el marco del  25 de noviembre, podemos  analizar los obstáculos que limitan el ejercicio de los derechos humanos y libertades de las mujeres en todos los ámbitos, principalmente en aquellos en los que pueden adoptar un liderazgo para continuar con los esfuerzos para alcanzar la igualdad sustantiva tanto en el plano internacional como al interior de México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exprese las medidas de carácter temporal que han implementado para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres desde el año 2006 en el Servicio Exterior Mexicano, con base en el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y las Leyes Generales en la materia, así como de conformidad con las observaciones y recomendaciones internacionales.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe la estrategia que ha realizado el Gobierno de la República para cumplir las Recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México del año 2006.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que establezca los mecanismos transparentes y en igualdad de condiciones para seleccionar a las personas con cargo de Ministro para ser propuestas a ser  embajadoras y embajadores de carrera en el Servicio Exterior Mexicano.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe los mecanismos que se han adoptado para que Ministras y Ministros puedan integrarse como Embajadoras y Embajadores, particularmente en el seguimiento del servicio de carrera.

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que mencione cuál es la estrategia que sigue en la actual administración y seguirá del año 2014 al 2018 para impulsar la participación de las mujeres en igualdad de trato y oportunidades en el personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano, principalmente en los cargos de Embajadora .

Dado en el Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Suscriben

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastelúm Bajo.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Ninfa Salinas Sada.- Sen. Itzel Sarahi Rios de la Mora”.

1 Resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999, Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2 Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

3 Artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo reformado el 02 de Abril de 2014.

4 Artículo 4 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

5 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México.

6 Idem.

7 7º y 8º Informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.

8 Idem.

9 Idem.

10 Idem.

11 Artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo reformado el 02 de Abril de 2014.

12 Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ultima reforma publicada el 20 de Marzo de 2014.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar un balance y un análisis del evento “El Buen Fin”, con la intención de crear medidas de protección contundentes para el respeto de los derechos del consumidor y para que la institución protectora adquiera elementos legales de mayor firmeza para una protección efectiva hacia los consumidores. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE A LA PROFECO, A REALIZAR UN BALANCE Y UN ANALISIS DEL EVENTO “EL BUEN FIN” Y QUE SEA REMITIDO A ESTA SOBERANIA, CON LA INTENCION DE CREAR MEDIDAS DE PROTECCION CONTUNDENTES PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y PARA QUE LA INSTITUCION PROTECTORA ADQUIERA ELEMENTOS LEGALES DE MAYOR FIRMEZA PARA UNA PROTECCION EFECTIVA HACIA LOS CONSUMIDORES

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARAEXHORTAR A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A REALIZAR UN BALANCE Y UN ANALISIS DEL EVENTO “EL BUEN FIN” Y QUE SEA REMITIDO A ESTA SOBERANIA, CON LA INTENCION DE CREAR MEDIDAS DE PROTECCION CONTUNDENTES PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y PARA QUE LA INSTITUCION PROTECTORA ADQUIERA ELEMENTOS LEGALES DE MAYOR FIRMEZA PARA UNA PROTECCION EFECTIVA HACIA LOS CONSUMIDORES bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En este ya largo periodo de crisis en el país, que ha mermado valores, creencias y cultura, hay un punto psicológico que ha sufrido un menoscabo profundo y que forma parte de la estructura emocional de cada persona en relación con sus entornos, uno de los cuales, eminentemente, es el entorno institucional. La credibilidad es un enlace de articulación en donde interviene la esperanza, la confianza y la seguridad; en el entorno institucional es exactamente lo mismo. Los ciudadanos desean obtener de las instituciones esperanza, confianza y seguridad: esperanza para solucionar necesidades, confianza de obtener sus peticiones y la seguridad de tener una relación con todas las instituciones con las que tenga ocasión de tener contacto. Una de las entidades en donde toda la ciudadanía debe confiar su seguridad es la institución que procura un consumo sano, confiable y seguro, tal es la responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor. La misión es: Proteger y promover los Derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos para consumidoras y consumidores.

2.-En el anterior sentido nos remitimos ahora al evento comercial de reciente creación llamado “El Buen Fin” y que está destinado, según su concepto, a ayudar a la economía familiar al generar oportunidades para que los consumidores se beneficien por medio de ofertas, a incentivar la actividad del mercado mexicano y a fortalecer el comercio formal. Es cierto que los dos objetivos últimos se cumplen cabalmente pero no así el primero. Durante este fin de semana la actividad de las redes sociales y de los medios de comunicación estuvo atenta a las quejas de consumidores que negaban las ofertas anunciadas y que se trataba de un engaño. La PROFECO misma ha puesto en su portal web una nota que se refiere a ese evento: Durante el “Buen Fin 2014”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la actividad comercial en 77 establecimientos por irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) por tratar de presentar artículos como oferta cuando en el histórico del programa “Quién es Quién en los Precios” presentaban el mismo precio.

Las principales irregularidades detectadas son publicidad engañosa; no respetar promociones, ofertas y tarjetas de descuento; no informar o respetar términos y condiciones; condicionar la venta de productos; y anunciar productos inexistentes en tienda, entre otros. Los establecimientos donde Profeco colocó sellos de suspensión son Coppel, Elektra, Famsa, WalMart, Salinas y Rocha, Liverpool, Sears, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana y Bodega Aurrera, en el Distrito Federal, Estado de México, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Guerrero. Por otra parte, Profeco recibió 597 inconformidades, logrando la conciliación inmediata en 449 casos a favor de las y los consumidores, con una efectividad del 75 por ciento. Asimismo, las empresas con el mayor número de inconformidades son: WalMart, Soriana, Sam´s Club, Liverpool, Famsa, Coppel, Bodega Aurrera, Chedraui, Sears y Home Depot; principalmente en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana, Puebla, Jalisco, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León. Profeco realizó visitas en 437 establecimientos de 53 ciudades en todo el país para verificar el precio de 31 mil 326 productos, donde detectó variación de precios al alza en 991 artículos, a la baja en 9 mil 672 artículos, 13 mil 462 se mantuvieron sin variación y se incorporaron al catálogo 7 mil 201 nuevos artículos. Esto aún no cuenta las inconformidades posteriores que bien habría que contabilizarlas y clasificarlas. Hay una que circula en medios de comunicación que avisa tener cuidado si no se acostumbra pagar todo el saldo de la tarjeta al corte, se perderá el beneficio de los meses sin intereses. El principal riesgo para los usuarios de tarjeta de crédito es que casi siempre traen otras deudas en el plástico al momento de realizar sus compras. No hubo avisos cautelares al respecto. O bien, tienen domiciliados mensualmente muchos servicios que se cargan en automático y hay que pagarlos en el corte, como el teléfono o el servicio de cable.

Miles de consumidores se dieron cuenta de las irregularidades lo que generó descontento y desconfianza en el evento. El próximo año, seguramente se acudirá, quienes acudan con una comprensible desconfianza a la adquisición de productos en oferta. Posiblemente la sanción de Profeco impedirá nuevas intentonas de engaño a los consumidores; sin embargo, es pertinente que esta institución obtenga un balance y un análisis del evento “El Buen Fin” de parte de PROFECO con la intención de tomar medidas de protección contundentes para el respeto de los derechos del consumidor y para que la institución protectora adquiera elementos legales de mayor firmeza para que los consumidores tengan la certeza de que se trata verdaderamente de una oferta extraordinaria, tal como lo anuncia el concepto del evento comercial anual.

3.- Para fortalecer esta propuesta se presenta esta notas informativa en donde se suscribe que “la promesa del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, sobre los “extraordinarios y espectaculares descuentos en todas las tiendas del país” durante el Buen Fin quedó en el aire, luego de las sanciones que impuso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a las grandes cadenas de autoservicio y departamentales. Lejos de bajar sus precios, ciertas cadenas engañaron a los consumidores mexicanos al mantener los mismos costos en productos anunciados previamente con rebajas. No sólo eso. Hubo otras irregularidades como no respetar promociones, ofertas y tarjetas de descuento; no informar o respetar términos y condiciones; condicionar la venta de productos y anunciar productos inexistentes en tienda, entre otros. Las anomalías se detectaron en diferentes tiendas del Distrito Federal, Estado de México, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Guerrero.  Por otra parte, la Profeco recibió 597 inconformidades, de las cuales logró la conciliación inmediata en 449 casos a favor de los consumidores, con una efectividad de 75%.

Las sanciones a grandes empresas, la mayoría de ellas cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores, echan abajo lo dicho por Videgaray al anunciar el Buen Fin ante empresarios, el pasado primero de octubre:“ Hoy en día, esta joven tradición ya es muy esperada por las familias mexicanas. Hoy ya todos sabemos que si uno necesita comprar algún electrodoméstico o está esperando para comprar ropa, zapatos, una computadora, lo que sea, sabe que un buen momento para hacerlo es el Buen Fin”. Es por ello que la intención de fondo es contribuir a que el ritual de compra sea verdaderamente para ayudar a la economía familiar a generar oportunidades para que los consumidores se beneficien por medio de ofertas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICAEXHORTA A LAPROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A REALIZAR UN BALANCE Y UN ANALISIS DEL EVENTO “EL BUEN FIN” Y QUE SEA REMITIDO A ESTA SOBERANIA, CON LA INTENCION DE CREAR MEDIDAS DE PROTECCION CONTUNDENTES PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y PARA QUE LA INSTITUCION PROTECTORA ADQUIERA ELEMENTOS LEGALES DE MAYOR FIRMEZA PARA UNA PROTECCION EFECTIVA HACIA LOS CONSUMIDORES.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.