Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 7

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Febrero de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 97 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del martes 24 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda que trataremos el día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.





 

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con un minuto del día jueves diecinueve de febrero de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Adolfo Romero Lainas, el informe de su participación en el Parlamento Latinoamericano, en el marco de su 50 aniversario, realizado del 3 al 6 de diciembre de 2014, en Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Grupo de Trabajo que dará seguimiento a la intervención de las autoridades mexicanas por la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, su Programa de actividades.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, solicitud licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de febrero de 2015.- Intervinieron los Senadores: Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Dolores Padierna Luna del PRD; y Fernando Herrera Ávila del PAN. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9º del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2014 y Programas y presupuesto 2015”.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2014, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho período.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de Decreto que adicionaba el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Por Acuerdo de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios, se dio paso a una ronda de intervenciones para referirse al Día del Ejército Mexicano.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Mónica Arriola Gordillo; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Francisco Salvador López Brito del PAN; Jesús Casillas Romero del PRI; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Marcela Guerra Castillo del PRI; y Miguel Barbosa Huerta del PRD.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la designación del ciudadano Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.- Intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; María del Pilar Ortega Martínez del PAN; y Enrique Burgos García del PRI. El Acuerdo fue aprobado por 97 votos en pro y 1 abstención. El fiscal rindió su protesta de ley.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal y reforma el inciso 24) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, presentó a nombre propio y de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Arturo Zamora Jiménez, Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Solorio, Mariana Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra Castillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna y Javier Corral Jurado, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero y las fracciones v y vii del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vinculación del sector educativo con el productivo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción xiv de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o, 3o, 4o, 56, 132, 133, 153-e y 994; y se adiciona un Título Quinto Ter “Trabajo de las Personas con Discapacidad”, de la Ley Federal del Trabajo.- Intervinieron los Senadores: Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado por 71 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Proposición)

Los Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su enérgica condena frente al asesinato de tres dirigentes del PRD, cometido el día 17 de febrero del año en curso, en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- Considerada de urgente resolución y sin discusión, fue aprobada en votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates.

(Comunicación)

Se recibió de la Comisión de Justicia, un acuerdo para fijar el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para la elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Quedó de enterado.

(Efemérides)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse al Día Internacional de la Lengua Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse al Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Internacional de la Lengua Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse a la fundación de la Cruz Roja Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse a la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 20 bis de la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta  al titular del Poder Ejecutivo Federal a aportar los recursos presupuestarios federales que se requieren para la culminación del centro penitenciario de Mina en el estado de Nuevo León y así, eliminar la sobrepoblación y hacinamiento existentes en los penales de dicha entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a decretar e implementar medidas de austeridad y reducción en el gasto de partidos políticos y en los topes de gastos de campañas; asimismo, al Poder Legislativo Federal a decretar e implementar medidas de austeridad para el ejercicio del gasto.- Se turnó a la Comisión de Gobernación y a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a suspender las actividades del relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senador Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales, así como a los titulares del ejecutivo estatal de las entidades federativas y el Distrito Federal a fortalecer a las instancias estatales de las mujeres, apuntalando los factores clave que inciden en su efectividad, conforme lo señala el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón,del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar puntual respuesta a las recomendaciones del Comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, emitidas durante la 133ª sesión celebrada el 11 de febrero de 2015.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, conpunto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano a explicar detalladamente el propósito del fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar estrategias y políticas públicas que ayuden a impulsar la industria aeroespacial en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer el programa nacional de pesca ribereña.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo cuadragésimo tercero transitorio del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajosobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, para su ratificación.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que puedan sufrir esta práctica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los resultados que ha tenido el programa  “Síguele, caminemos juntos”, en lo que respecta en su dimensión “Alerta Temprana”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Layda Sansores San Román, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum a establecer una mesa de trabajo para garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Morelos a implementar acciones y mecanismos de apoyo con motivo del proyecto de remodelación del centro histórico de la capital de ese estado.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar los criterios asumidos en el recorte presupuestal, en particular a las empresas pemex y cfe, a efecto de prevenir repercusiones permanentes en la economía del país.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a implementar acciones para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en predios contiguos a carreteras federales y estatales, así como a desalentar su consumo mientras se conducen vehículos automotores.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a incorporar en sus textos legislativos la figura de familia de acogimiento pre-adoptivo, así como incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, relativos a la adopción en los que el Estado Mexicano ha sido parte.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública investigue el desempeño de funcionarios federales sobre las resoluciones administrativas y permisos de impacto ambiental que no se establecieron a Dragon Mart en 2011 y 2012.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar personalmente una propuesta de nuevo instrumento multilateral de prohibición de las armas nucleares e incorporar este tema dentro de su agenda internacional prioritaria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar el monto y ejecución de los recursos asignados a la rehabilitación del Parque Ramón López Velarde, así como los avances en los trabajos y las cuestiones por las cuales se han presentado retrasos en los mismos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Metro, a presentar un informe sobre los principales lineamientos que serán observados en las licitaciones para llevar a cabo la ampliación, de Mixcoac a Observatorio, en la línea Dorada.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De las Senadoras Arely Gómez González, Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a destinar los recursos necesarios para dotar a los tribunales electorales estatales de los recursos presupuestales suficientes para cumplir con sus facultades y obligaciones legales.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con ocho minutos y citó a la siguiente el martes veinticuatro de febrero a las once horas".





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchísimas gracias.





 

Honorable Asamblea: a partir de la licencia que el Senado autorizó a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Lizette Clavel Sánchez, quien se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón, solicito a las Senadoras y Senadores: María del Rocío Pineda Gochi, Fernando Herrera Ávila, Raúl Morón Orozco y Aarón Irízar López, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito respetuosamente a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ciudadana Lizette Clavel Sánchez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La C. Lizette Clavel Sánchez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Felicidades señora Senadora, le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado, a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos. Bienvenida.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Dos, de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con las que remite los informes de sus participaciones en:

El Foro para Diseñadores de Políticas Públicas, que se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2014 en Washington, D. C.,







 

y en el Foro Global “Las Mujeres en los Parlamentos”, realizado del 8 al 11 de octubre de 2014, también en Washington, D. C.







 

Y una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite su informe de labores correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el informe correspondiente a los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2014.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Colegisladora envió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibieron de la Comisión de Administración del Senado los proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de febrero y marzo de 2015.

Es todo señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Están a consideración de la Asamblea los proyectos de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los proyectos de presupuesto de los meses de febrero y marzo de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobados los presupuestos de la Cámara de Senadores de los meses de febrero y marzo del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibieron de la Comisión de Administración los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibieron de la Comisión de Administración los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para proponer a este Senado de la República que, en su momento, podamos hacer un pronunciamiento, un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo de Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, ganadores de cuatro Óscar: a mejor película, mejor director, mejor guión original y fotografía.

Y también hacer un llamado a este Senado de la República para que, como clase política, escuchemos con mucha atención el mensaje que hizo el día domingo, y reconocer, por supuesto, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el talento cien por ciento mexicano, y también, por último, el pronunciamiento a favor de las personas migrantes.

Es un tema que está en la agenda de este Senado de la República, y que hemos impulsado desde el día 1o. Espero que pronto podamos hacer el debido reconocimiento.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Se registra el planteamiento y se abordará en la próxima reunión de la Mesa Directiva.





 

Honorable Asamblea: Hemos recibido petición de diversos Senadores, para guardar un minuto de silencio en memoria de un gran luchador social que dedicó su vida y sus esfuerzos a la defensa de los derechos indígenas; la integración de las comunidades originarias y la lucha permanente por el respeto a los derechos humanos. Don Juan Simbrón Méndez.

Desde este Senado de la República, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, al pueblo veracruzano y a las comunidades indígenas que lamentablemente han perdido a un guía y luchador incansable. Su recuerdo permanecerá en el tiempo, porque su figura se engrandecerá al recordar su gran obra social.

MINUTO DE SILENCIO

Por lo anterior, les pido a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.





 

Compañeros Senadores: Por Acuerdo de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios, daremos paso a una ronda de intervenciones para referirse a la Conmemoración del "Día de la Bandera".

Para estos efectos, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

En tanto arriba a este recinto, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Tiene usted el uso de la palabra.

INTERVENCIONES

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso y el de todos los compañeros, también.

Nuestra Bandera Nacional es uno de los símbolos que nos identifica como mexicanos y nos debe impulsar para conseguir la libertad en todos sus aspectos: la democracia y la justicia.

Nuestra actual Bandera Nacional ha evolucionado en su diseño y colores.

En su origen, don Miguel Hidalgo tomó como enseña una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Posteriormente, Morelos utilizó un lienzo azul y blanco con un águila coronada sobre un nopal, encima de un puente con tres arcos y las iniciales VVM: "¡Viva la Virgen María!"

La Bandera del Ejército Trigarante ya utilizó los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales que representaban a la Religión, la Unión y la Independencia.

Iturbide decidió, en su breve imperio, que el orden de los colores de la Bandera serían: verde, blanco y rojo, en franjas verticales y al centro un águila coronada.

El Escudo Nacional está posicionado en el centro de la franja blanca y está inspirado en la culminación del peregrinaje mexica para fundar la ciudad de Tenochtitlán.

El Dios Huitzilopochtli les indicó que en un lugar donde encontraran un águila devorando a una serpiente, parada sobre un nopal, debían construir su ciudad.

Este escudo diseñado originalmente por Antonio Gómez, habitante de Pénjamo, Guanajuato, ha perdurado.

Nuestra Bandera actual fue adoptada oficialmente el 16 de septiembre de 1968, y es festejada a nivel nacional el 24 de febrero de cada año, como símbolo de la mexicanidad.

El artículo 18 de nuestra ley, establece las reglas y fechas dónde la Bandera debe ser izada a toda asta en grandes acontecimientos nacionales, y a media asta en fechas luctuosas nacionales, particularmente de nuestros héroes.

El artículo 19 establece que en acontecimientos de excepcional importancia para el país, el Presidente de la República podrá acordar el izamiento de la Bandera Nacional en días distintos a los señalados en el artículo anterior; igual facultad se establece para los gobernadores de las entidades federativas en casos semejantes dentro de sus respectivas jurisdicciones. Hay algunos estados, uno por ejemplo, que conozco bien, donde vivo, que en lugar de izar la bandera la han quitado del lugar céntrico de nuestro estado.

En este momento en que la corrupción, la impunidad que estamos viviendo todos los mexicanos, esta agenda nacional debiera decir que se izara a media asta dada la tristeza y el luto por el que pasamos muchos mexicanos.

La Bandera Nacional es símbolo de defensa nacional, y al representarse a un cadete del Colegio Militar que se lanzó al vacío, eran niños y eran otros tiempos.

Hoy los mexicanos debemos de recuperar su identidad, el respeto y el orgullo del símbolo mexicano que nuestra Bandera mexicana debe tener; se ha perdido y es lo que debemos recuperar.

Nuestra Bandera debe estar herida ante los acontecimientos diarios que laceran a la identidad del pueblo mexicano y a los intereses nacionales, a nuestra independencia y a nuestra libertad.

¡Viva nuestra Bandera Nacional!

¡Viva nuestra Independencia Nacional!

¡Viva México!

Muchas gracias señores.


El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora.

Enseguida, tiene el uso de la tribuna el señor Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hay que ganarse el derecho de honrar esta Bandera, y hay que demostrarlo, desde mi punto de vista, por ejemplo, con la fortaleza de los campesinos de México quienes derrotan cada día las adversidades más inverosímiles y también a los distribuidores más rapaces.

Habrá que demostrarlo también con la gallardía de las familias de los desaparecidos.

Habrá que defender que la libertad, señor Presidente, y el sueño de acceder a una vida mejor, como lo hacen más de 7 millones de hombres y mujeres que ganan el salario mínimo, un salario a todas luces injusto e insostenible.

Hay que ganarse, compañeras y compañeros, el derecho a honrar esta Bandera, porque hoy, en pleno siglo XXI, en esta época de transformación y vorágine que nos ha tocado vivir, nuestra enseña nacional ya no solamente representa antiguas gestas de la Independencia, la Reforma o el Cardenismo, sino que simboliza el acto heroico de sobrevivir a la violencia cotidiana, a la pobreza endémica, a la tentación autoritaria, a la corrupción, a la desesperanza.

Es decir, compañeras y compañeros, en nuestro tiempo si bien la Bandera es la viva representación de los valores humanos que nos dieron origen como pueblo, también, y sobre todo hoy, simboliza una certeza, el que las y los mexicanos somos capaces de superar este tiempo de adversidad.

Y lo digo con certeza porque como ya lo decía Juárez, tenemos fe en la justicia de nuestra causa, pero también, porque veo, compañeras y compañeros, el brillo de millones de mexicanos que estamos tratando de rehacer y de reconfigurar nuestro país.

Ahí está, por ejemplo, la inteligencia de millones, de muchos científicos, académicos, de estudiantes que acuden al descubrimiento de salidas para salir adelante, para sacarlos adelante de nuestras contingencias comunes, o ahí está el trabajo de periodistas y medios que se entregan a la libertad y a la crítica, pero que también a la vez abren alternativas en el mejor ejercicio dialéctico de confrontar para avanzar.

Y ahí están también, compañeras y compañeros, los padres de familia que se entregan cada día a la causa de educar a sus hijos en la mejor tradición de la honestidad y el coraje.

La reconfiguración del país entonces, amigas y amigos Senadores, es la reconfiguración de lo que reconocemos como nuestra identidad nacional, de nuestros valores y culturas, de los derechos que el país considera fundamentales para la vida.

Por todo lo anterior, estoy cierto, señor Presidente, compañeras y compañeros, que es necesario reformular el sentido de nuestro lábaro.

Hay que reformularlo inclusive hasta en el lenguaje; y creo que debemos abandonar las palabras huecas que durante el siglo XX se apoderaron de los símbolos patrios, que pretendieron asociarlos con un estilo de gobierno, con un partido y hasta con un solo hombre, el más poderoso, se decía, el mejor hombre.

Ese lenguaje al que parafraseando a Gabriel Cid, denominaré el lenguaje revolucionario, es el mismo que hoy debe cambiarse por completo.

Hay que arribar, en cambio, compañeras y compañeros, al lenguaje de los ciudadanos, los mismos ciudadanos que hoy reclaman, entre otras cosas, el gobierno que nos merecemos, lo diré, compañeras y compañeros, en palabras directas: necesitamos Cámaras de legisladores que trabajen, que presenten iniciativas, que se preocupen por los intereses de sus representados y no sólo de sus partidos.

Gobernantes que no le teman a la transparencia, que sean los más honestos entre los más honestos de sus comunidades, que olviden inclusive las formas antiguas de hacer política, donde los arreglos eran el camino, y que en cambio, ahora deben ganarse la confianza de la gente, de la única manera que el conocimiento humano ha comprobado: con acciones.

Sí, necesitamos también candidatos que no estén ocupados en burlar las sentencias de los tribunales electorales, sino en respetar el espíritu de las leyes; y también como ciudadanos cuya responsabilidad democrática no se agota, compañeras y compañeros, con acudir a las urnas, sino que se extiende a la participación y al cumplimiento de las responsabilidades comunes

También requerimos gobernantes que deben ganarse el derecho de honrar esta Bandera, ganárselo con rectitud; huyendo, compañeras y compañeros, huyendo de la opulencia, siendo respetuosos de la situación de pobreza en que viven millones, millones de personas en el país, donde se clama por mejores empleos y oportunidades.

Es el derecho de honrar esta Bandera, Senadoras y Senadores de la República, el que debe ganarse cada día, y con él también se gana el derecho de sentir que México es nuestra casa, la tierra de nuestros antepasados, pero también, sin duda, el hogar de nuestros hijos.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, Senador.

Esta Presidencia saluda la presencia de integrantes del Sindicato de la Industria Embotelladora invitados a esta sesión por el Senador Armando Neyra Chávez. Ellos asisten a presenciar los trabajos de esta Cámara de Senadores.

Sean ustedes bienvenidos.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para referirse a este tema.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Arriola.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Al pueblo de México.

Existen símbolos que identifican a todo un país, que unen a un pueblo, que cuentan historias, tradiciones, batallas y luchas, símbolos que se conquistan con sangre y se originan en el sentimiento; que en ellos existe tal distinción, que se reconocen ante la comunidad de naciones alrededor del mundo.

Los mexicanos podemos discrepar en ideologías, visiones y caminos para alcanzarlo; sin embargo, todos guardamos con celo nuestra pertenencia a una de las culturas más apreciadas mundialmente: la nuestra.

Hoy más que nunca necesitamos motivar todas nuestras decisiones y acciones en ese sentimiento, ese simbolismo que le da a nuestra alma una identidad, una hermandad de por vida, una congregación que no puede sino manifestarla. En la inquebrantable unión de todas las mexicanas y mexicanos, la única forma en la que podremos superar los males que hoy afectan a nuestro país es demostrando la fraternidad que nos distingue mundialmente, expresándoles a los que han agravado al país, una solidaridad indestructible.

Hoy rendimos homenaje al que se ha llamado el más sagrado de nuestros símbolos patrios, partamos de la idea de que en ella, en nuestra Bandera, se resguarda la historia, la lucha y la visión de México y de su población, que tanto aquí en el Senado como en Guerrero, Michoacán, Chiapas; tanto en la frontera norte y sur, tanto en escuelas como en las plazas, podemos admirar igualmente el legado que nuestras figuras históricas nos dejaron.

No obstante, esta admiración conlleva a una responsabilidad inherente, la de participar y luchar por el México que todos soñamos. Conocemos el esfuerzo incansable que madres y padres llevan a cabo diariamente para traer el pan, para educar a sus hijos, para encontrar empleo, para forjar futuro.

Ese esfuerzo es el que nos motiva como representantes de esta lucha, a dar batalla diaria por sus intereses, por su bienestar, por su prosperidad.

Compañeras y compañeros Senadores, la Bandera fue estandarte de libertad y soberanía adquirida por nuestro país con el sacrificio de miles de mexicanas y mexicanos, ahora nos toca a nosotros concretar ese estandarte para que donde se postre nuestra Bandera, norte o sur, este u oeste, sea insignia de respeto a los derechos humanos, distintivo de democracia y emblema de transparencia y buen gobierno.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

A continuación, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Vianey Montes Colunga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene usted el uso de la palabra y bienvenida.

La Senadora Vianey Montes Colunga: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores.

El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, el documento hacia un llamado a los habitantes del continente sin discriminar a nadie, no importaba el origen o área de nacimiento, se reconocía a los pueblos indígenas.

El documento plasmaba las bases sobre las cuales la nación afianzaba su libre determinación sin la dependencia o tutela de la Corona Española; estas bases fueron la unidad religiosa, la total independencia de España, y la unión e igualdad de todas las clases sociales.

La suma de esto fue lo que dio vida al Ejército Trigarante que velaría por estas garantías para todos los habitantes de la nueva nación, y de su estandarte, que sería la primera Bandera de México, que simbolizaría las garantías de los insurgentes de independencia, religión y unión como pueblo independiente.

El Plan de Iguala también daba a conocer la forma en la cual se debería de gobernar el país, y ésta sería bajo la tutela de una monarquía constitucional. El trono de México se dio ofrecido a Fernando VII o a un miembro de la Corona Española, aunque la misma casa reinante rechazó esta idea. En el Plan de Iguala emanaban estos ideales y se declaraba la libertad de México; España no reconoció la validez del documento.

Seis meses después, el documento que ratificaba las proclamas del Plan de Iguala serían los Tratados de Córdoba, este documento vería la luz el 24 de agosto del mismo año, su firma se realizó en la ciudad de Veracruz, por Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú, que no contaban con autoridad para reconocer la independencia de México, pero aun así facilitó la transición del antiguo virreinato español al Impero Mexicano, con los tratados firmados con las tropas españolas fuera de la ciudad de México.

Se declara la Independencia de México, que sería reconocida por España hasta el 28 de diciembre de 1836. Los antecedentes de la Bandera Nacional están inmersos desde la época prehispánica cuando los pueblos plasmaban en estandartes los símbolos alusivos a sus gobernantes.

Durante la Colonia, los españoles introdujeron la identidad reconocible de la Bandera sobre la utilización de escudos o emblemas de los monarcas para representar sus dominios.

Con el inicio de la Guerra de Independencia, liderada por el Cura Miguel Hidalgo, se reconoce como la primera Bandera Nacional al estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, los historiadores consideran tal su importancia como el símbolo insurgente, que le ha otorgado el primer puesto en la identidad de la Bandera Mexicana.

Bajo el Imperio de Maximiliano, la Bandera Nacional fue nuevamente rediseñada, la versión apuntaba al diseño del Escudo Imperial Francés, y estuvo vigente hasta 1867 con la muerte de Maximiliano.

El Presidente Porfirio Díaz ordenó que el águila apareciera de frente y con las alas extendidas; Carranza, por su parte, designó la oposición en perfil izquierdo y conservando las características originales, acuñadas por los mexicas en la leyenda sobre la fundación de Tenochtitlán.

Se reconoce el 24 de febrero como el Día de la Bandera, por ser esta fecha en la que se adoptó oficialmente por Decreto el 16 de septiembre de 1968, y confirmada por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984.

Se cree que uno de los motivos para el rediseño definitivo de la Bandera fue el papel de México como anfitrión de los XIX Juegos Olímpicos a celebrarse en el país, además de su similitud con la bandera Italiana por utilizar la misma tirada de colores.

En las fechas declaradas solemnes, para toda la nación debe izarse la Bandera Nacional a toda o a media asta, según se trata la festividad o duelo respectivamente: en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México.

Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas portarán la Bandera Nacional. Los colores de nuestra Bandera representan, en la actualidad: Verde, esperanza; Blanco, unidad; y Rojo, la sangre de los héroes nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.


El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de líderes de diferentes municipios del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. Asisten también a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a este tema.

El Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Esta es una gran oportunidad para conmemorar un día que nos une como mexicanos, en torno al símbolo patrio más importante de nuestra República, la Bandera de los Estados Unidos Mexicanos, reflejo de identidad y soberanía del pueblo de México.

Las personas y su historia hacen de los objetos símbolos representativos, que deben recordarnos no sólo la historia de grandeza de nuestra Nación fundada en los principios políticos liberales de la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley y la solidaridad como sociedad, sino la obligación permanente que tenemos en esta tierra de enseñar las leyes que permitan realizar los sueños e ideales de generaciones enteras.

Celebramos este Día de la Bandera, instituido desde 1940 por el entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río. En ella encontramos los elementos que nos distinguen: independencia, libertad, igualdad, unidad y respeto.

La Bandera Nacional ha atestiguado los pasajes más emblemáticos de la historia de nuestro país y es compañera desde el inicio del Movimiento de Independencia hasta la creación del Ejército Constitucionalista en 1913; y, por supuesto, de cada una de las etapas del México contemporáneo, por lo que en ella se materializan los más grandes anhelos y deseos de los mexicanos.

No tenemos la más grande duda de la alta responsabilidad que tenemos, quienes somos protagonistas de la transformación de México en el siglo XXI.

Somos un país que se reconoce grande por su cultura y su gente; un país que se sabe tierra fértil y de oportunidad; una nación pluricultural que se aferra a proteger las libertades políticas y civiles que nos heredaron a lo largo de muchos años, grandes mexicanas y mexicanos que no dudaron en aportar lo mejor de su talento, esfuerzo y hasta su vida para heredarnos una patria libre.

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, poseen un valor singular, que en diferentes momentos han sido determinantes para la construcción de un México de libertades, instituciones y respeto igualitario a los derechos humanos.

Senadoras y Senadores: Tener presente de dónde venimos nos permite enfocar con claridad el rumbo que debemos tomar, lo que queremos diseñar y construir para contar la historia de los siguientes cien años de México. Por eso siempre es valioso recordar el origen y significado de los principales cambios que ha tenido nuestro Lábaro Patrio.

Para muchos historiadores, el estandarte utilizado por don Miguel Hidalgo y Costilla durante el inicio del Movimiento de Independencia de México fue la primera bandera. Nuestra Enseña Nacional se recreó el 24 de febrero de 1821, año en el que se promulgó el Plan de Iguala y atestiguó la entrada a la capital del Ejército Trigarante, conformado por más de 16 mil hombres, acontecimientos que representaron la consumación de la Independencia de México.

En la confección de la Bandera, se incorporaron los ideales del Movimiento Insurgente, utilizando los colores: blanco, verde y rojo, que en su conjunto representaban las victorias épicas y las ideas de religión, unión e independencia.

Posteriormente, Agustín de Iturbide decretó que la Bandera conservaría los mismos colores, pero distribuidos en el orden que mantiene hasta la actualidad: verde, blanco y rojo, teniendo al centro un águila con corona imperial, las alas caídas y posada sobre un nopal.

Desde entonces ha sido modificada en diversas ocasiones, hasta que en 1916, don Venustiano Carranza decretó que recobrara su estilo original con el águila de perfil posada sobre un nopal y devorando una serpiente.

Un aspecto importante ocurrió en 1823, año en el que el Congreso Constituyente decretó que la configuración del Escudo Nacional tenía que prescindir de la Corona del Imperio de Iturbide, como un refrendo del deseo y la voluntad general por rechazar el recuerdo de un régimen ajeno.

Nuestra Bandera Nacional, tal como la conocemos, fue establecida mediante Decreto Presidencial del 17 de septiembre del 1968, a través del cual se modificó el Escudo Nacional, con respecto al decretado en 1916 por don Venustiano Carranza, precisando que los colores tendrían el significado siguiente: Verde, de esperanza; Blanco, la unidad; y Rojo, por la sangre de los héroes nacionales.

La Bandera Nacional representa lo mejor de nuestra historia y cultura, da cuenta a las nuevas generaciones nacionales y extranjeras del país de libertades, esfuerzo y tesón con que se trabaja diariamente para alcanzar el éxito de una sociedad igualitaria.

Honorable Asamblea: En ejercicio de la soberanía conferida por el pueblo, y a propósito de esta importante celebración, convoco, muy respetuosamente, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a sumarnos en una sola voz, a favor de:

1. La consolidación y reforzamiento de una democracia de alto nivel.
2. La expansión y vigencia de los derechos humanos.
3. La lealtad con la Patria observando la legalidad, sin regateos.
4. La solidaridad, no como asistencia social, sino aquella que habilita personas.
5. Un compromiso más firme que nunca, de cumplir con el mandato constitucional de servir a la Patria con la misma entrega que lo hicieron nuestros ancestros.

Finalmente, recordar que hoy a estas horas, por la mañana, millones de niños están en lo que siempre se ha denominado coloquialmente, "jurar bandera", a ellos, en todas las escuelas del país, les mandamos un saludo y el recuerdo de que lo que hoy están jurando es de los valores más preciados y preciosos que tenemos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo tema.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En el ámbito de la geografía política, las banderas nacionales son utilizadas para identificar a las personas u objetos provenientes de algún país, distinguiéndose por colores, escudos o expresiones que entrañan algún significado para el Estado al que pertenecen.

En el caso de la Bandera de México, es indudable que su diseño representa gran parte de las raíces e identidad de un pueblo que luchó enérgicamente por su independencia; de un país que es partidario de la paz y de una Nación que confía firmemente en la unión y solidaridad entre los individuos.

Desde el verde, blanco y rojo, que fueron los colores que distinguieron al Ejército de las "Tres Garantías", durante la Guerra de Independencia, hasta nuestros días en que podemos ver representada nuestra historia a través de este gran símbolo, la Bandera Nacional destaca como imagen, que desde niños nos inspira el espíritu de patriotismo e identidad como mexicanos.

De manera particular, el Escudo Nacional simboliza la herencia de la cultura azteca, representando la leyenda que versa que el Dios Huitzilopochtli ordenó la Fundación de México-Tenochtitlan, en el sitio donde encontrase un águila postrada sobre un nopal y devorando una serpiente.

Precisamente en relación al Escudo Nacional, cabe resaltar que el águila real plasmada en él, actualmente se encuentra amenazada por el deterioro de su hábitat.

Se estima que hoy en día, sólo sobreviven 102 parejas del Águila Real en vida libre, por lo cual el gobierno federal ha implementado acciones de monitoreo, protección y recuperación de estos ejemplares y de su hábitat, a fin de que no se pierda esta especie.

De esta forma, el Escudo que forma parte de la Bandera Nacional, no sólo lleva implícita la historia de México, sino también representa que nos recuerda el valor de la riqueza natural de nuestro país y la necesidad de conservarla.

Proteger el Águila Real no sólo garantiza la supervivencia de la especie, sino que es una manera de honrar a nuestra Bandera, pues, es un símbolo de nuestro país.

El amor y el respeto hacia los símbolos patrios deben servir para que los mexicanos nos unamos y nos inspiremos en el anhelo de lograr una nación más libre y próspera. Indudablemente, ésta y todas las inspiraciones del pueblo de México, serán materializadas bajo los colores de nuestra Bandera, siendo reconocidos en todo el mundo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Y finalmente, tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Informo a la Asamblea que después de la intervención del Senador Casillas, pasaremos a la ronda de iniciativas que presentarán los grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la palabra, Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Realmente me siento muy honrado por la distinción que me da este Senado de intervenir en esta conmoración tan importante por el "Día de la Bandera".

Soy un convencido de que hay muchas razones que nos unen a los mexicanos, y sin duda, nuestra Bandera Nacional es una de ellas.

¿Quién de los que estamos aquí no se le ha crispado la piel cuando vemos ondear nuestra Bandera porque un compatriota, en una competencia o justa deportiva, ha logrado un triunfo para los mexicanos?

¿Quién de los que estamos aquí no nos hemos emocionado en una ceremonia cívica, en donde con el resto de los símbolos patrios, nuestro Escudo y nuestro Himno Nacional lo escuchamos con este fervor?

Ese, el Lábaro Patrio que representa nuestra historia, nuestros héroes, nuestras costumbres, nuestra cultura; esta hermosa Bandera que nos da identidad como mexicanos, a todos nos enorgullece.

A lo largo de la historia los grupos humanos han poseído símbolos que los unifican e identifican.

Sin duda, uno de los más representativos en todo el mundo son las banderas. Para los mexicanos ésta no es la excepción, pues, junto con el Escudo Nacional y el Himno, la Bandera representa uno de los símbolos patrios más emblemáticos, por contener el Escudo y sus características que le otorgan identidad a la nación y el simbolismo, detrás de ella, producto de tres civilizaciones distintas en el tiempo y en el espacio: La indígena prehispánica; la española, religiosa y colonial; la franco inglesa de liberalismo.

Con un gran reflejo de la identidad de los mexicanos, nuestra Bandera Nacional no ha sido siempre la misma, fue cambiando durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país, hasta quedar como ahora la conocemos, con un místico escudo de armas, de sus representativos colores:

El Verde, la esperanza; el Blanco, la unidad; y el Rojo, que simboliza la sangre de los héroes nacionales, para así lograr un símbolo de independencia, libertad, unidad y derechos de los que gozamos todos los mexicanos.

Hoy, 24 de febrero, celebramos con orgullo nuestra Bandera Nacional, emblema de todos los mexicanos, de la fraternidad, de nuestra historia y de nuestra identidad. Un festejo que data desde 1940, instituido durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de conmemorar a nuestro bello Lábaro Patrio, símbolo y representación nacional ante el mundo.

Es día en que se iza a toda asta, se le rinden honores, se le canta y recita alguna poesía, se ponen banderas en las casas y oficinas y nos deleitamos al verla ondear en el viento recordándonos la patria y nuestra libertad.

Por ello un homenaje al más emblemático de nuestros símbolos patrios, enigmática, sorprendente y aclamada como una de las banderas más bonitas del mundo: La Bandera de los Estados Unidos Mexicanos.

También quiero hacer propicia la ocasión para reconocer y felicitar a todos los mexicanos que estamos orgullosos de serlo, ya que aquí, como en el extranjero, hoy en día el Lábaro Patrio que nos simboliza y nos representa, hoy se dijo aquí: "Que cómo podemos honrar a nuestra Bandera". Y en el Senado de la República las Senadoras y los Senadores lo hemos hecho con nuestra labor, habernos atrevido a transformar este país, devolviéndoles el color verde, que tiene nuestra Bandera, a todos los mexicanos, el verde de la esperanza, con el trabajo cotidiano para garantizarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes un mejor futuro.

Para generar un país de oportunidades en donde todas las mexicanas y todos los mexicanos tengamos las mismas opciones de realizarnos como personas.

Desde aquí una felicitación a todos los mexicanos, y en especial a todos quienes nos sentimos orgullosos de nuestra Bandera Nacional.

Muchas gracias.





 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el señor Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Aviación Civil.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 3; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 4; EL ARTÍCULO 17; LOS ARTÍCULOS 42, 43, 52, 66, 68; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 62, 63, 64, 69 Y 72 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del PRI)

El Senador Teófilo Torres Corzo: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La Aviación Civil es un sector estratégico y preponderante para el desarrollo económico y progreso de cualquier país, sin ello, difícilmente podremos establecer y mantener las relaciones comerciales, políticas, educativas y culturales, que hoy ponen a México en los reflectores de la dinámica internacional.

Por ello, es de suma importancia contar con un marco jurídico actualizado, pero sobre todo ágil, que permita elevar la calidad de los servicios aéreos y así evitar situaciones irregulares que afecten a los usuarios en su patrimonio, en sus derechos, pero principalmente en su dignidad como personas.

Si cualquiera de nosotros, Senadoras y Senadores, consultara en este momento la opinión de algún ciudadano respecto al trato que ha recibido al contratar los servicios de alguna aerolínea, o respecto de los inconvenientes que ha sufrido desde el momento de la compra del billete hasta la llegada a su destino, nos daríamos cuenta que por lo general todos hemos sufrido afectaciones por retrasos, cancelaciones de vuelo, sobreventa de billetes, pérdidas o daños en el equipaje, y lo que es más grave, tratos ofensivos y discriminatorios que atentan contra los mexicanos.

Hoy los usuarios de los servicios aéreos no cuentan con los suficientes instrumentos legales para garantizar la protección de sus derechos, ni las autoridades competentes tienen las facultades necesarias para intervenir en su auxilio.

La solución de cualquier conflicto generado entre una compañía de aviación y un usuario, queda para efectos prácticos a la voluntad de estas compañías aéreas.

La presente iniciativa busca actualizar la Ley de Aviación Civil, para mejorar los mecanismos de protección a los usuarios de servicios aéreos a través de la incorporación de nuevos supuestos normativos relacionados con el respeto a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, en materia de derechos humanos.

No olvidemos que al incorporarse en la Constitución Federal el principio Pro Persona, y la obligación que tienen todas las autoridades de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en cualquier ámbito. Se debe revisar y actualizar la legislación secundaria, que trata con estos temas, como ocurre hoy con la Ley de Aviación Civil.

Proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios aéreos es, a la vez, mejorar la calidad del servicio que prestan las aerolíneas.

Esta iniciativa busca corregir tres circunstancias que afectan todos los días a los usuarios de los servicios aéreos.

Primero. Retrasos en los vuelos, cancelaciones y sobreventa de billetes.

Segundo. Responsabilidad de las aerolíneas por extravío de equipaje o daños causados al mismo y a los pasajeros.

Y tercero. Validación de las tarifas y las condiciones de comercialización de billetes.

En forma breve, intentaré exponer el contenido de la reforma propuesta.

Retrasos de vuelos y cancelaciones. Quizá éste sea el tema que más molestia causa a los usuarios de los servicios aéreos.

Lo vivimos todos los días, nadie está exento de retrasos, de cancelaciones, de recibir la noticia que existe otra persona con su mismo número de asiento.

Con esta reforma, propongo regular la figura del retraso de vuelo, que hoy no existe en nuestra legislación.

Quiero decir que esto no es una novedad. Hay países de avanzada legislación, como la Unión Europea, en la cual están legisladas y perfectamente establecidas estas condiciones.

Con la reforma, además de proporcionar transporte sustituto en el primer vuelo disponible, acceso a servicios de telefonía y al reembolso del billete, si así lo desea el cliente.

Además, se le debe dar acceso a correo electrónico o servicios de internet, para comunicarse con el punto de destino, para informar lo ocurrido.

En segundo lugar, la indemnización justa e integral no podrá ser menor del 50 por ciento del precio del billete, ya que hoy está limitado al 25 por ciento del valor.

En el caso de que el vuelo se cancele por causas imputables a la aerolínea, ésta estará obligada a proporcionar transporte digno y oportuno hacia un lugar de alojamiento, para que el pasajero, cubriendo el costo del mismo, más los gastos que se generen por alimentos y el regreso al aeropuerto, sea por cuenta de la aerolínea y, si desea el usuario, le sea devuelto su costo del pasaje.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha admitido tesis en la que considera que el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, limita la responsabilidad del transportista y coloca la protección del patrimonio de la industria aérea por encima de la salud, la integridad física y psíquica de los pasajeros, así como sobre su derecho a recibir una indemnización justa, en caso de ser afectados por un siniestro.

Esta reforma propone derogar los artículos 62, 63, 64, 69 y 72 de la Ley de Aviación Civil, ajustándonos a los comentarios y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger, Senadoras y Senadores, los derechos humanos de los usuarios, ya sea por retrasos, cancelaciones de vuelos, por negar el abordaje, en caso de sobre expedición de billetes.

No existe, además, sobre todo este tema, un procedimiento sencillo de indemnización. Ni tampoco existe en el área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una oficina o un departamento que intervenga en un conflicto entre la aerolínea y el usuario.

Se busca, además, facultar a la Secretaría, para crear un área de atención a pasajeros afectados.

Por lo que hace a la validación de tarifas y condiciones de comercialización de las mismas, vale la pena aclarar, y lo hago con toda puntualidad, que no se busca afectar o limitar el libre comercio ni cometer el error de pretender restringir la oferta y la demanda.

Más bien, propongo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigile que el precio de la venta sea acorde con las características del servicio ofrecido, el cual deberá ser de calidad, respetuoso de la dignidad de las personas, de las condiciones y, sobre todo, de cada una y cada uno de los usuarios.

En suma, a diferencia de otras propuestas que han sido presentadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, esta reforma busca proteger los derechos humanos de las personas que usan el servicio aéreo, para que de manera más completa y eficaz éstos sean respetados.

Además, se propone actualizar el marco normativo que servirá para atender lo relacionado con la comisión de delitos, nacimientos y defunciones en aeronaves, incorporando el Código Penal Federal y el Código Civil Federal, en sustitución a los códigos penal y civil para el Distrito Federal, en materia común.

Quiero señalar, con toda claridad, que esta reforma no sólo va a permitir una mayor protección de los derechos humanos de los pasajeros, sino se busca, también, que los propios trabajadores de las aerolíneas se les exija, para ellos, un servicio que sea digno e higiénico para cuidar la integridad física y psíquica de todas las personas que trabajan con ellos.

Es preciso y así lo solicito a esta Presidencia, que quede asentado, que al llegar esta iniciativa a las comisiones que se designen, se llame por estas comisiones a las aerolíneas, a los especialistas, a los técnicos, a los doctores en la materia y a todos aquellos que sea necesario escucharlos, para que las propuestas que ahí se realicen, puedan conseguir una ley moderna que a todos beneficie.

Compañeras y compañeros Senadores: Debemos preocuparnos por un sector prioritario y clave para nuestra economía; pero sobre todo, asegurarnos que la dignidad y los derechos humanos de los usuarios de los servicios aéreos sean garantizados y respetados. Tenemos la oportunidad para hacerlo.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

La Senadora Martha Palafox desea sumarse a esta iniciativa, si usted lo permite, señor Senador.

El Senador Rosas, también. El Senador Patricio Martínez. Senadora. Todas las señoras Senadoras y Senadores que deseen sumarse, Servicios Parlamentarios tome nota, es una iniciativa de la mayor importancia.

¡Felicidades, señor Senador!

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Que tomen nota. Esta iniciativa se turnará a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 





 

Ahora tiene la palabra la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 116 constitucional.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL QUINTO DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN)

La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez: Con su venia, señor Presidente. Senadores de la Mesa Directiva; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El 10 de febrero del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.

En el contexto de la discusión y aprobación de la reforma político electoral, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado siempre tuvo como objetivo el fortalecimiento e independencia de los órganos jurisdiccionales locales.

Para que una institución funcione, es necesario que cuente con los recursos económicos necesarios para que pueda realizar sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz.

Los tribunales electorales locales no son la excepción. Para que puedan cumplir con las atribuciones que la Constitución y la legislación les confieren, es necesario que cuenten con un presupuesto adecuado.

En nuestro país, los órganos jurisdiccionales locales cuentan con recursos económicos mínimos y, lamentablemente, en algunas entidades son insuficientes para realizar sus funciones mínimas.

Es evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la planeación  a mediano y largo plazo en las instituciones, teniendo como consecuencia un funcionamiento deficiente.

En la práctica, los Magistrados Electorales tienen que negociar con los actores políticos locales para lograr presupuesto que les permita tener recursos mínimos para desarrollar sus funciones, situación que es completamente indeseable porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia entre el poder político y la autoridad jurisdiccional electoral, circunstancia que puede provocar desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos.

Es nuestro deber como legisladores el diseñar un esquema constitucional que permita que los tribunales electorales locales ejerzan de manera independiente sus atribuciones y que su presupuesto no dependa de la voluntad del gobernador o de los congresos locales.

Es necesario que las legislaturas estatales expidan leyes que establezcan mecanismos que prevean la forma en que los tribunales integrarán su presupuesto lo más independientemente posible.

Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales garantizará la eficiencia de la justicia electoral, tal y como sucede a nivel federal.

En este tenor, la presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene como objetivo modificar el numeral quinto, del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las legislaturas de los estados puedan expedir sus leyes necesarias para garantizar la autonomía presupuestal de sus autoridades electorales jurisdiccionales.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

IRMA ZULEMA COBIAN CHAVEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL NUMERAL QUINTO DEL INCISO C) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral.

En el contexto de la discusión y aprobación de la reforma político-electoral, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, siempre tuvo como objetivo el fortalecimiento e independencia de los órganos jurisdiccionales locales.

Para que una institución funcione, es necesario que cuente con los recursos económicos necesarios para que pueda realizar sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz. Los tribunales electorales locales no son la excepción, Para que puedan cumplir con las atribuciones que la Constitución y la legislación les confieren, es necesario que cuenten con un presupuesto adecuado.

En nuestro país, los órganos jurisdiccionales locales cuentan con recursos económicos mínimos y, lamentablemente, en algunas entidades son insuficientes para realizar sus funciones mínimas. Es evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la planeación a mediano y largo plazo en las instituciones, teniendo como consecuencia un funcionamiento deficiente.

En la práctica, los magistrados electorales tienen que negociar con los actores políticos locales para lograr presupuestos que les permitan tener recursos mínimos para desarrollar su función; situación que es completamente indeseable, porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia entre el poder político y la autoridad jurisdiccional electoral, circunstancia que puede provocar desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos.

Es nuestro deber como legisladores, el diseñar un esquema constitucional que permita que los tribunales electorales locales ejerzan de manera independiente sus atribuciones y que su presupuesto no dependa de la voluntad del gobernador o del Congreso local.

Es necesario que las legislaturas Estatales expidan leyes que establezcan mecanismos que prevean la forma en que los tribunales integrarán su presupuesto, lo más independientemente posible.

Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales, garantizará la eficiencia de la justicia electoral, tal y como sucede a nivel federal.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Constituyente Permanente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO INICO.- Se reforma el numeral 5o del inciso c) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 116.-….

“…..

“I a III….

“IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

“a) a c) …..

“1° a 4°….

“5°. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. Las legislaturas de los Estados expedirán las leyes necesarias para garantizar la autonomía presupuestal de las autoridades electorales jurisdiccionales estatales.

“6º y 7°…..

“d) a p)……

“V a IX……”

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Atentamente,

Sen. Irma Zulema Cobián Chávez”.


El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de prevención y combate de las adicciones.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Lorena Cuéllar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LAS ADICCIONES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Recientemente fue presentado el Programa de Prevención y Control de Adicciones que concibe el uso de sustancias adictivas como una conducta que tiene efectos negativos en la salud física, psicológica y relaciones entre individuos y en la salud pública, lo que resulta en considerables pérdidas humanas y materiales para México.

Este programa busca promover estilos de vida en los que se logre restringir, eliminar el uso de estas sustancias, así como disminuir los efectos negativos que pueden presentarse en el individuo y la sociedad. Además, busca proporcionar servicios apropiados de atención terapéutica para los que ya sufren de esta adicción.

Al valorar dicho programa, sobresale que aunque es irrefutable el papel y la responsabilidad del sector salud en este tema, es indispensable la incorporación coordinada de otros sectores, cuyos esfuerzos son fundamentales para hacer frente de manera exitosa a este reto.

En este contexto, pongo a su consideración la presente iniciativa que busca involucrar a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud en las acciones de prevención y combate a las adicciones, alineándolas con los objetivos del Programa Nacional de Prevención y Control de Adicciones, para reducir los índices de uso y abuso de sustancias que causan adicción; para detectar y brindar atención oportuna a los adictos; para abatir los problemas de salud pública relacionadas con el consumo.

Ante este problema, la prevención es una estrategia prioritaria, cuyo propósito debe ser comunicar mensajes y desarrollar acciones que faciliten el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia la salud, generando estilos de vida saludables, desalentando el uso de drogas y de disminuir el consumo de sustancias dañinas, tales como el alcohol y el cigarro.

En este sentido, la prevención debe estar dirigida a las poblaciones más vulnerables ante las adicciones, siendo éstas las de los niños y los jóvenes que están en un mayor riesgo de iniciar el consumo.

Es fundamental emprender acciones contundentes, en razón de las cifras con las que se cuenta actualmente, que indican que uno de cada 3 mexicanos entre los 12 y los 65 años de edad consume alcohol con patrones de riesgo, además de haber cerca de 17 millones de fumadores activos, y más de medio millón de personas dependientes a alguna droga ilícita.

Debemos reconocer que México es un país donde los índices de incidencia de adicciones están creciendo rápidamente, lo que trae como consecuencia enfermedades por consumo de sustancias adictivas legales o ilegales.

En razón de lo anterior, las cifras de morbilidad por adicciones están elevándose en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se han incrementado en todas las entidades federativas y en el Distrito Federal el uso y abuso de sustancias adictivas; se ha reducido la edad de inicio de consumo de estas sustancias; se registra un mayor consumo de sustancias de impacto, es decir, de drogas sintéticas; y se reporta un acelerado incremento en el número de mujeres que consumen sustancias adictivas. Estas alarmantes cifras se asocian con el problema de la depresión que afecta a una de cada 5 personas en nuestro país.

De acuerdo con el INEGI, entre el año 2003 y el 2012, fallecieron casi 32 mil personas por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas, lo cual equivale a 3 mil 100 casos anuales o un promedio diario de 9 decesos.

Las personas jóvenes son las que en mayor medida enfrentan problemas de abuso y de adicción respecto a las sustancias adictivas, puesto que según los datos del Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, las mayores proporciones de mujeres y hombres que consumen alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, y que han sido atendidas por algún centro público o privado, se ubica entre los 15 y los 19 años de edad.

Este problema tiene también un componente de género que hay que atender, ya que una de cada tres mujeres que consumen alguna sustancia, predominantemente el alcohol y el tabaco, se encuentran en el segmento entre los 15 y los 19 años.

Entre los hombres el grupo que mayormente consume sustancias adictivas, se encuentra en el segmento de los mayores de 35 años, pues uno de cada 3 consumidores se ubica en ese rango de edad, lo cual indica que las mujeres están iniciando su consumo a edades tempranas, lo cual tendrá repercusiones en su salud a largo plazo.

Todas estas cifras nos muestran un problema de proporciones muy importantes, ya que pocas enfermedades alteran tanto la dinámica de las familias y las sociedades, como las adicciones.

No podemos negar que el consumo de alcohol, cigarro y sustancias psicotrópicas se ha convertido en un problema de salud pública que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que ha sacudido a nuestra sociedad y a nuestro gobierno.

Aún estamos a tiempo de evitar que nuestros jóvenes sean víctimas de las adicciones.

Es necesario pugnar por una cultura de la prevención que fomente el cuidado de la salud de forma individual y comunitaria, razón por la cual esta propuesta busca involucrar tanto a la Secretaría de Educación Pública, como al Instituto Mexicano de la Juventud, en acciones que mitiguen el problema de las adicciones y apunten a su eliminación.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

 





 

A continuación, tiene el uso de la palabra el señor Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones constitucionales.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 76 Y LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 89; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95, 96, 98, 99 Y 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT)

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Presentamos una iniciativa para reformar los artículos 95, 96, 98, 99 y 101 de la Constitución, para elegir, por voto directo de los ciudadanos, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los Magistrados Electorales de la Sala Superior de Justicia y Regionales del Poder Judicial de la Federación.

Voy a tratar de hacer una síntesis de una reforma que es de una enorme importancia.

Principio fundamental de un estado de derecho: es la división de poderes.

Desde la Revolución Francesa, en los derechos que de ahí derivan, el principio constitucional democrático estriba en la división de poderes, frente a la monarquía y la dictadura, y el poder de una sola persona. Se establece desde entonces, en 1789, la división de poderes.

La división de poderes entraña, lo sabemos todos, la independencia de cada uno de ellos con los demás, y la posibilidad de establecer lo que se llama en el constitucionalismo anglosajón "checks and balances", o sea, control y equilibrio entre los poderes.

Los controles y los contrapesos establecen principios fundamentales de democracia.

Los métodos vigentes de la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trastocan el principio de división de poderes, porque con ellos el Presidente de la República, ya sea de manera directa, los Ministros de la Corte, o indirecta, los Magistrados Electorales, termina determinando en su beneficio la actuación del Poder Judicial en los asuntos fundamentales para el país.

Los procedimientos de designación vigentes, significan una concentración desmedida del poder público en las manos del Presidente, que constituyen el inicio de la corrupción política existente en el país y la base de la oligarquía que gobierna a favor de los intereses del status quo, ahí está la esencia de la descomposición del sistema político en su conjunto.

Si revisamos el método de designación previsto en el artículo 96 de la Constitución, observamos cómo el Presidente de la República confecciona las ternas, nadie más puede intervenir en la designación de la terna, y si el Senado no resuelve entre los propuestos, o rechaza las ternas, el Presidente de la República termina definiendo, de entre los integrantes de la terna, quién será el Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Este método condiciona la independencia de todo el Poder Judicial Federal, porque el Presidente escogerá, como ha ocurrido en México, para integrar las ternas, a abogados cercanos a su esfera de intereses, deseos, predilecciones, y, en último término, en caso de que el Senado rechace las ternas, el titular del Ejecutivo escoge al ministro de entre los integrantes de la terna que él mismo planteó.

Lo anterior significa que el origen de los titulares del Poder Judicial de la Federación está en la voluntad presidencial, y que éstos, al ser nombrados, se constituyen en una correa de transmisión de los intereses, deseos o ideología del Presidente en turno, lo que impide y limita la labor de control y vigilancia del Poder Judicial al Ejecutivo.

Una de las consecuencias, insistimos, de esta realidad es la inexistencia del estado de derecho en nuestro país. Lo señalado aquí no es una especulación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha plegado sistemáticamente a la voluntad del Presidente de la República cuando están en juego cuestiones fundamentales para el Presidente, sobre todo cuando existe una "razón o decisión de Estado", entre comillas, la Suprema Corte lo avala, no existe posibilidad alguna, con el método de designación vigente, que la Corte decida en contra de los intereses fundamentales del Presidente en turno.

Por ejemplo, respecto a las reformas estructurales de este sexenio, en ningún caso la Suprema Corte, se trate de reformas constitucionales o secundarias, ha resuelto en contra de la voluntad omnímoda del Presidente, en ningún medio de impugnación interpuesto.

En la Reforma Energética, la Suprema Corte de Justicia rechazó las consultas propuestas por millones de mexicanos a través de los partidos y no admitió el trámite de los amparos presentados contra la voluntad presidencial.

Necesitamos un nuevo método y procedimiento para designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque son imprescindibles para que en México prevalezca el principio de la división de poderes, absolutamente vulnerado, para contar con un estado de derecho y una Constitución real que se respete.

El actual método concentra desmesuradamente al poder político en el Presidente de la República, pues el titular del Ejecutivo determina la composición ideológica de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, y de manera indirecta la de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sesiona, como aquí se ha acostumbrado, en la madrugada, a través de madruguetes, como lo hemos visto hace unos días. Con ello somete a los ministros y magistrados a su esfera de influencia.

Al grado que podemos decir que nuestro sistema constitucional parece más propio de una dictadura que de una democracia.

Si a lo anterior agregamos las facultades del Ejecutivo sobre el ejercicio del Presupuesto y del Gasto Público, el poder del titular del Ejecutivo sigue estando muy por encima de las competencias de los otros dos Poderes de la Unión.

Se requiere democratizar el Poder Judicial.

El sistema jurídico del país no puede estar en manos de once personas que no han sido electas popularmente y que no rinden cuentas a nadie, y que al final deben todo a una persona, de la que son sus delegados.

Un paso para lograrlo consiste en introducir en la Carta Magna la elección por voto directo, de los Ministros de la Suprema Corte y de los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación.

Las razones de esta reivindicación residen en seis argumentos fundamentales, el método de designación, uno de ministros en la historia constitucional ha sido diverso.

Esto es importante porque cuando se establecen estos principios ahí en la Constitución que tanto celebramos y halagamos sin aplicarla o violándola, pareciera que son principios que están establecidos de por siempre con un valor histórico absoluto, pero no es así, el método, éste que describo, de designación de los ministros, en la historia constitucional de México no ha sido éste, no ha sido así.

El método vigente no es el único existente en el Derecho Comparado ni en la historia jurídica de nuestro país. No puede haber una democracia, un poder público que no dimane directamente de la soberanía popular. La cúspide del Poder Judicial en México representa los intereses del Presidente, de los partidos mayoritarios y de los poderes fácticos, pero no representa a los ciudadanos.

El hecho de que los titulares de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación provengan de designaciones cupulares derivadas de la voluntad del Presidente y de las cuotas de los partidos aquí en el Senado, de los partidos mayoritarios, elimina cualquier legitimidad democrática del Poder Judicial.

Resulta absurdo, constitucionalmente, que los ministros y magistrados invaliden leyes que fueron elaboradas por representantes populares sin tener ninguna representación popular; resuelvan controversias constitucionales; acciones de inconstitucionalidad. El conjunto de los poderes debe estar al servicio de los ciudadanos, y si no son elegidos por los ciudadanos, sino por una cúpula oligárquica, los ministros de la Corte y los magistrados, y lo hemos visto en la historia reciente, representan estrictamente los intereses del mandatario en turno, aunque éste cambie.

La historia constitucional de México lo revela claramente. Miren ustedes, en la Constitución de 1824, los artículos 127 a 133 establecían que la facultad de propuesta de ministros correspondía a las legislaturas y a la Cámara de Diputados que los nombraba, aún en los periodos centralistas de Santa Anna se mantuvo.

Se estableció la gran Constitución liberal de 1857, cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley.

El método de elección indirecta se empleaba en el derecho constitucional mexicano para elegir a todos los poderes.

Un comentario importante de esa época, descrito por Daniel Cosío Villegas, decía: "…Mientras el Poder Judicial se considere como ramo de la administración pública, bien podría confiárselo el nombramiento de los jueces al Ejecutivo, ya que si sólo va con la intervención legislativa, pero desde el instante en que el ejercicio de las funciones judiciales sea consideradas como un verdadero poder público, desde el momento en que ese poder se ha conferido la inviolabilidad de la Constitución, ese debe de ser elegido por el pueblo…", y la Constitución de1857 establece ese principio.

Finalmente, la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente, no establece que el sistema esté en manos exclusivas de este personaje, por encima de todos, que es el Presidente de la República.

La Constitución en Querétaro no contemplaba la intervención del Ejecutivo en la designación de los ministros, y en su lugar, por respeto al sistema federal, eran las legislaturas locales, como en la Constitución de 1824, las que hacían las propuestas al Congreso de la Unión.

El articulo 96 original decía, en la Constitución de 1917, en Querétaro: "…Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán electos por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos en funciones de Colegio Electoral de los Estados Unidos Mexicanos", ahora ya van a ser los Estados Unidos con el nuevo ministro, si éste se autoriza.

Siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de Diputados y Senadores; la elección no se hará en escrutinio secreto ni por mayoría absoluta de votos.

"Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada legislatura de los estados en la forma que disponga la ley respectiva", Constitución de 1917.

Este artículo se mantuvo en vigor hasta 1928, la reforma del método de designación de los miembros de inspiración obregonista es la que cambia el sistema total; de estar desde 1824 hasta 1928 la designación de ministros se da en manos del Congreso, ambas Cámaras, y las propuestas, proviniendo de los congresos de los estados, todo esto desaparece por el Presidente Álvaro Obregón.

Esto es importante porque como ese es el sistema que existe actualmente, pues se los recuerdo, el sistema que existe actualmente es de Álvaro Obregón, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuando iniciaba todo el proceso de la aplicación de las reformas constitucionales.

Álvaro Obregón desaparece todos los municipios del Valle de México y establece una centralización política, y cambia el sistema de elección, y les voy a dar cuál fue su exposición de motivos.

Cuando la designación es hecha por el Presidente, dice el general Obregón: éste pone la garantía del vivo sentimiento de su responsabilidad, y en cierto modo se solidariza con la conducta del funcionario nombrado.

El requisito de la aprobación del Senado despertará en el Presidente de la República una mayor atención a los méritos de su candidato, apartándolo de la posibilidad de hacerla por favoritismo o por pagar una adhesión inconstitucional. La intervención del Senado, por otra parte, no viciará el nombramiento porque carecerá el Senado de facultad de escoger un juez de su propio agrado.

Ese es el principio que tenemos nosotros, la desaparición de la participación de las legislaturas de los estados, la desaparición de la Cámara de Diputados y el establecimiento en un solo individuo, el Presidente de la República.

Otra reforma, porque ha habido dos al sistema, uno, Obregón lo establece.

La otra es Zedillo, algunos de los que están aquí se acordarán de las acciones de Zedillo, en diciembre del '94, se cambia parte del procedimiento para designar ministros, pero se mantuvo en lo fundamental el sistema de 1928.

La reforma del '94 incluye el sistema de ternas, para que supuestamente exista comparecencia ante el Senado de los candidatos propuestos por el Ejecutivo.

Esta última reforma, la de Zedillo, establece el procedimiento a seguir en caso de que el Senado no elija ninguno de los integrantes, y llegan al extremo: es el Presidente el que decide.

El sistema vigente que significó la destitución de todos los entonces ministros, recuerden ustedes, Zedillo destituye a todos los ministros, y nos quedamos sin Suprema Corte de Justicia por voluntad omnímoda de ese Presidente cuya estatura ya ustedes conocen.

Cambia el procedimiento, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es cambiar ese sistema vigente y establece el de las dos ternas; y no puede ser más descarado y más falso.

La primer terna, si no se elige, lo repito, a nadie, vuelve a mandar el Presidente otra, y con eso, si no se aprueba ninguno, él decide, o sea, él decide siempre.

Esa es una gran reforma zedillista en colusión con el Partido Acción Nacional, bueno, esa ya es historia más cercana, que puede despertar a unos en esta mañana soñolienta.

¿Qué es lo que pasó con Zedillo? Zedillo se pone de acuerdo con el PAN, los Ministros de la Corte estaban nombrados, eran 21, entonces llegan a la conclusión, el PAN y ese estadista Zedillo, entre comillas, y corren a todos, bueno, fue un golpe de Estado clarísimo de Zedillo.

¿Por qué corren a todos? Corren a todos porque hay que dejar libre el campo para que se repartan entre Zedillo y el Partido Acción Nacional, esa es la reforma segunda, pero dejan perfectamente establecido el principio obregonista, de que el Presidente decide, punto.

Claro que ahora, limpiando, vamos a establecer ese duopolio Zedillo y el Partido Acción Nacional, ese es el sistema que tenemos hoy como producto de Álvaro Obregón, seremos obregonistas, y como producto de un contubernio entre el PAN y el Presidente Zedillo que limpió de un golpe, de manera absolutamente contra la Constitución y la esencia de la Constitución, y se repartieron a partir de entonces los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

No es ese, un principio democrático, es absolutamente antidemocrático, es establecer en manos del Presidente de la República, que ya tiene todos los recursos del país, que ya tiene el Ejército, que crece todos los días; que ya tiene las policías que crecen todos los días, que tiene el presupuesto a su antojo, eso se suma a los ministros de la Corte, y a los magistrado del Tribunal Electoral. Se acuerdan ustedes que en una jugada de un tal Castillejos, que se ha convertido en el legislador número uno, le metió en una reforma que no tenía nada que ver, un incremento salarial a los magistrados electorales que hoy se han visto muy agradecidos de esos incrementos de golpes de Estado, de violaciones a este Senado de la República.

No es un procedimiento, hay otros, hay una disposición académica amplísima, hay otros casos en el mundo, en América Latina se eligen a los jueces para no llegar a esta aberración.

Nosotros proponemos que los ministros de la Corte sean elegidos a través de una serie de planteamientos, de universidades, de colegios que puedan participar en una presentación de sus principios, sin tener recursos del erario, y usando el canal, los canales o los tiempos del Estado.

Habrá alguien que diga lo que se dijo muchas veces, hasta en el 57, que los magistrados deben de estar ajenos a la política, al tumulto de las masas, de los tumultos y las marchas, etc., pero eso es mentira; los Ministros de la Corte y los Magistrados están inmersos en la política, actúan políticamente sometidos a los intereses del Presidente de la República, jugosamente pagados, entran esos funcionarios judiciales a un nivel en donde ganan más que el Presidente. Un día se enojó el Presidente de la Corte porque la Auditoría Superior de la Federación dijo que, ahorita termino, Senador, pero le voy a pedir que lea sobre este tema, además de lo que he dicho, es que luego se ponen nerviosos.

Es un evento zedillista, con el PAN de entonces, que también ha cambiado mucho, como el PRD.

Entonces hay otras maneras. Aquí describimos una, lo único que no puede ninguno de ustedes alegar ni defender que este sistema, es un sistema democrático. Cuidado que ahí viene el ex embajador de los Estados Unidos, y cualquier otro capricho del Presidente, y si no les gustaba y que realmente se armaran de valor aquí y salieran los Senadores representantes de la República, y de la democracia mexicana y dijeran: ninguna de tus tres ternas, ni a éste ni al otro lo vamos a aceptar, no se les olvide que el sistema establece que entonces sí, quien va a decidir va a ser el Presidente de la República, ese es el mecanismo, lo pueden defender, pueden votar asociados, pueden sumar el voto extraordinario, pero estarán siempre, ustedes también, al servicio del emperador de este país, aunque no tenga calidad para serlo, ninguna, al servicio de este señor estarán votando hoy ustedes, y los ministros de la Suprema Corte y el Tribunal que sesiona dos años después en la madrugada, al estilo del Senado de la República.

Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

Iniciativa

"El suscrito MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 76 Y LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 89; Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 95, 96, 98, 99 Y 101 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELEGIR POR VOTO DIRECTO DE LOS CIUDADANOS A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y A LOS MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS SALAS SUPERIOR Y REGIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La división de poderes es un elemento central de cualquier Estado de Derecho, si no hay división de poderes no existe Constitución ni Estado de Derecho, tal como se estableciera desde 1789 en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando se postulaba que no podía haber Constitución sin la existencia de un catálogo de derecho humanos y sin una clara separación de poderes.

El principio de división de poderes se encuentra, entre otros preceptos, reconocido en el artículo 49 de la Constitución, el que indica: "El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".

La división de poderes entraña: 1) que los poderes de la Unión estén separados entre sí; 2) que cuenten con competencias específicas para realizar su labor; 3) que ningún otro poder puede invadir o interferir en las facultades de otro; y, 4) que cuenten con paridad de rango. Además, el principio de división de poderes implica un sistema de checks and balances (controles y contrapesos), el que contiene reglas de procedimiento que permiten a una de las ramas o poderes limitar constitucionalmente a la otra cuando el texto de la Constitución así lo establece. Cada país que emplee la separación de poderes tiene que tener su propio mecanismo de checks and balances; cuanto más se aproxime un país al sistema presidencial, más checks existirán entre las distintas ramas del poder, y más iguales serán en sus poderes relativos.

Los métodos vigentes de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trastocan el principio de división de poderes porque con ellos, el Presidente de la República, ya sea de manera directa (ministros) o indirecta (magistrados electorales) termina determinando en su beneficio la actuación del Poder Judicial en los asuntos fundamentales para el país. Los procedimientos de designación vigentes significan una concentración desmedida del poder público en las manos del Presidente que constituyen el inicio de la corrupción política existente en el país y la base de la oligarquía que gobierna a favor de los intereses del status quo.

Si revisamos, el método de designación, previsto en el artículo 96 de la Constitución, observamos cómo el Presidente libérrimamente confecciona las ternas, nadie más puede intervenir en la designación de la terna y, si el Senado no resuelve entre los propuestos o rechaza las ternas, el Presiente de la República termina definiendo de entre los integrantes de la terna quién es el Ministro. Este método condiciona la independencia de todo el Poder Judicial Federal porque el Presidente escogerá, como ha ocurrido en México, para integrar las ternas a abogados cercanos a su esfera de intereses, deseos y predilecciones y, en último término, en caso de que el Senado rechace las ternas, el titular del Ejecutivo escoge al Ministro de entre los integrantes de la terna.

Lo anterior significa que el origen de los titulares del Poder Judicial de la Federación, está en la voluntad presidencial y, que éstos, al ser nombrados se constituyen en una correa de transmisión de los intereses, deseos e ideología del Presidente en turno, lo que impide y limita la labor de control y vigilancia del Poder Judicial al Ejecutivo. Una de las consecuencias de esta realidad es la inexistencia del Estado de Derecho en México.

Lo señalado aquí no es una especulación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha plegado sistemáticamente a la voluntad del Presidente de la República cuando están en juego cuestiones fundamentales para la Presidencia de la República, sobre todo, cuando existe una "razón o decisión de Estado", la Suprema Corte la avala. No existe posibilidad alguna con el método de designación vigente que la Corte decida en contra de los intereses fundamentales del Presidente. Por ejemplo, respecto a las reformas estructurales de este sexenio, en ningún caso, la Suprema Corte, ya se trate de reformas constitucionales o secundarias, ha resuelto en contra de la voluntad del Presidente en ningún medio de impugnación interpuesto. En la reforma energética, la Suprema Corte rechazó las consultas propuestas por los partidos y no admitió a trámite los amparos presentados, según la voluntad presidencial.

Necesitamos un nuevo método y procedimiento para designar a los Ministros de la Suprema Corte y a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque es imprescindible que en México prevalezca el principio de división de poderes para contar con un Estado de Derecho y una Constitución. El actual método concentra desmesuradamente el poder público en el Presidente de la República pues el titular del Ejecutiva determina la composición ideológica de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, de manera indirecta la de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ello somete a los ministros y magistrados a su esfera de influencia, al grado que podemos decir que nuestro sistema constitucional parece más propio de de una dictadura que de una democracia. Si a lo anterior, agregamos las facultades del Ejecutivo sobre el ejercicio del presupuesto y del gasto público, el poder del titular del Ejecutivo sigue estando muy por encima de las competencias de los otros dos poderes de la Unión.

Se requiere democratizar al poder judicial. El sistema jurídico del país no puede estar en manos de once personas que no han sido electas popularmente y que no rinden cuentas ante nadie y que al final deben todo a una persona de la que son sus delegados. Un paso para lograrlo consiste en introducir en la Carta Magna la elección por voto directo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación.

Las razones de esta reivindicación residen en seis argumentos fundamentales: 1) El método de designación de ministros en la historia constitucional de México ha sido diverso; 2) El método vigente no es el único existente en el derecho comparado ni en la historia jurídica de nuestro país; 3) No puede haber en una democracia un poder público que no dimane directamente de la soberanía popular; 4) La cúspide del poder judicial en México representa los intereses del Presidente, de los partidos mayoritarios y de los poderes fácticos, pero no los de los ciudadanos; 5) El hecho de que los titulares de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación provengan de designaciones cupulares derivadas de la voluntad del Presidente y de las cuotas de los partidos mayoritarios elimina cualquier legitimidad democrática del poder judicial; y, 6) Resulta absurdo constitucionalmente que los ministros y magistrados invaliden leyes que son aprobadas por los representantes populares sin tener representación popular alguna.

Consideramos que el poder judicial federal, sobre todo los jueces constitucionales, deben estar al servicio del pueblo y no de los intereses del Presidente de la República y de la oligarquía. Hemos presenciado cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelven en las decisiones clave para el futuro del país, de manera consistente, a favor de los intereses del Presidente, de los grandes intereses económicos y de los intereses de los factores reales de poder. En general, los ministros y magistrados, son correas de transmisión de esos intereses, cuando no rehenes de los mismos. En esta iniciativa recuperamos el sentir popular y un debate internacional sobre este trascendental tema.

La historia constitucional de la designación y elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido diversa en el transcurrir de nuestro país. El método vigente, que concentra la decisión en el titular del Ejecutivo se incorpora constitucionalmente en 1928, al momento que empezaba la construcción del régimen autoritario del siglo XX, lo que implica que se mantiene en pie, hoy en día, uno de sus pilares autocráticos, presidencialistas y centralistas.

Durante la vigencia de la Constitución de 1824, los artículos 127 a 133 establecían que la facultad de propuesta de ministros correspondía a las legislaturas de los Estados y la Cámara de Diputados los nombraba. La quinta de las Leyes Constitucionales de la República de 1836, en sus artículos 5 y 6, precisaba que la elección de los ministros de la Corte Suprema se haría de la misma manera y forma que la del Presidente de la República.

El voto particular de Mariano Otero al Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, determinaba en su artículo 13 lo siguiente: "Por medio de leyes se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 6 de esta acta". Por su parte, el artículo 18 del Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de mayo de 1847 indicaba que los ministros de la Corte serían electos.

El artículo 92 de la Constitución de 1857 señalaba:

"Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral".

El método de elección indirecta era el que se empleaba, en el derecho constitucional mexicano, para la elección de legisladores y del ejecutivo. Es decir, era el método de elección de autoridades en el Siglo XIX.

¿Por qué los constituyentes de 1857 adoptaron este método? El profesor José María del Castillo Velasco, que fue constituyente de esa Ley Suprema, en su obra "Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano" señala textualmente:

"Mientras el poder judicial se considere…. como ramo de la administración pública, bien podía confiarse el nombramiento de los jueces al ejecutivo, ya por sí solo, ya con intervención del legislativo; pero desde el instante en que el ejercicio de las funciones judiciales se ha considerado como un verdadero poder público; desde el momento en que a ese poder se ha confiado la inviolabilidad de la constitución, y el examen y el juicio de las leyes mismas con relación a la ley suprema, no puede confiarse la elección de los jueces sino al pueblo…"1

Daniel Cosío Villegas en su obra "La Constitución de 1857 y sus críticos", compara a los ministros de la Corte del siglo XX con los ministros derivados del método de elección de la Constitución de 1857 y, concluye que éstos últimos eran, entre otras cosas, por el método de elección ciudadano, "…independientes, fiera, altanera, soberbia, insensata, irracionalmente independientes…"2. El artículo 92 de la Constitución de 1857 estuvo formalmente en vigor hasta la aprobación de la Constitución de 1917.

Durante el Congreso Constituyente de Querétaro el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte fue intensamente debatido porque algunos constituyentes exigían que todas las autoridades titulares de los poderes de la Unión, incluidas las del poder judicial, provinieran de la elección soberana del pueblo y no de métodos indirectos que no fundaban la legitimidad democrática de las autoridades. Hubo diputados como José María Truchuelo que sostuvieron que los ministros tenían que ser elegidos popularmente como todos los funcionarios de primer nivel de los demás poderes porque todo poder debe tener su origen en la soberanía popular. Hubo otros que al final prevalecieron, como Martínez Escobar, Paulino Machorro e Hilario Medina, que siguiendo la opinión de Emilio Rabasa expuesta en su obra "La Constitución y la Dictadura", sostuvieron que la elección popular de los ministros no podía dejarse al juicio del voto popular porque las turbas violentarían su independencia e imparcialidad al momento de juzgar, ya que recibirían directamente presiones de carácter social y no adoptarían sus resoluciones de manera sosegada e imparcial.

El diputado Truchuelo señalaba en el Constituyente de Querétaro que: "La independencia del Poder Judicial estriba en desligarlo de todos los demás poderes. Si los demás poderes tienen su origen en la soberanía popular; si el Ejecutivo toma su origen en la voluntad nacional, en la elección directa de todos los ciudadanos; si el Poder Legislativo toma su mismo origen en la voluntad directa de todos los ciudadanos, ¿por qué vamos a sujetar al Poder Judicial a los vaivenes, a los caprichos de la política y su subordinación al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, cuando precisamente debe tener su base, su piedra angular en la soberanía del pueblo y en la manifestación de la voluntad nacional? No hay absolutamente ninguna razón en nuestro derecho moderno, y más cuando aquí hemos aprobado el artículo 49, que consagra esa división de poderes, porque los tres vienen a integrar la soberanía nacional, no me parece conveniente hacer que esa soberanía nacional tenga un fundamento completamente mutilado, porque nada más el Ejecutivo y el Legislativo son los que, según el proyecto, se originan directamente del pueblo, y el Poder Judicial, que es parte integrante de la soberanía nacional, no tiene el origen inmediato en el pueblo"3.

Los argumentos en contra de Truchuelo, por ejemplo, los del diputado constituyente Martínez Escobar defendiendo el carácter técnico y supuestamente neutro de la función judicial indicaban que: "…la labor del magistrado debe ser únicamente interpretar la ley; debe únicamente resolver lo que la ley ordena y aplicarla en los casos en que la Suprema Corte tiene jurisdicción, cuando haya invasión de un poder a otro, y en otros casos, cuando se haya vulnerado la libertad individual, y es por esta razón contundente que la elección popular para el Poder Judicial no pueda ser jamás buena…"4.

Es importante destacar que la norma aprobada finalmente por el Constituyente de Querétaro de 1917 no contemplaba la intervención del ejecutivo en la designación de los ministros y, en su lugar, por respeto al sistema federal eran las legislaturas locales, como en la Constitución de 1824, las que hacían las propuestas al Congreso de la Unión. El original artículo 96 de la constitución de 1917 señalaba a este respecto:

"Articulo 96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral, siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos uno por cada legislatura de los estados, en la forma que disponga la ley local respectiva.

Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos."

Este artículo se mantuvo en vigor hasta 1928 (más de diez años). La reforma al método de designación a los ministros de inspiración obregonista fue publicada el 20 de agosto de 1928 en el Diario Oficial de la Federación. La modificación al artículo 96 determinó que el nombramiento implicaría la intervención del presidente y del Senado. Esta reforma es considerada por la doctrina constitucional como presidencialista, centralista porque elimina los componentes federales, y vulneradora de las facultades de la Cámara de Diputados, porque prescinde de su intervención en la designación de los ministros. Como bien se sabe, a partir de esa reforma, promovida por Álvaro Obregón, la Suprema Corte y el poder judicial federal en su conjunto, entraron a una etapa de sometimiento a un régimen no democrático institucionalizado.

La exposición de motivos de Alvaro Obregón a esa reforma -18 de abril de 1928- señalaba a favor de ese profundo cambio al sistema de designación de ministros que trastoca todo el sistema constitucional mexicano que: "Cuando la designación es hecha por el presidente, éste pone la garantía del vivo sentimiento de su responsabilidad, y en cierto modo se solidariza con la conducta del funcionario nombrado. El requisito de la aprobación del Senado despertará en el Presidente de la República una mayor atención a los méritos de su candidato, apartándolo de la posibilidad de hacerla por favoritismo o por pagar una adhesión incondicional. La intervención del Senado, por otra parte, no viciará los nombramientos, porque carecerá de la facultad de escoger un juez de su propio agrado".

El método de designación de ministros, iniciado por Obregón, sirvió para vulnerar el principio de división de poderes y para concentrar en el Presidente de la República desmesuradamente el poder público. A partir de esa reforma, el Poder Judicial mexicano pasó a formar parte de la órbita del Poder Ejecutivo de nuestro país. Las decisiones de la Corte, cuando atañen a los intereses estratégicos y políticos del Presidente de la República, jamás de se apartan o socavan la voluntad presidencial.

En el Diario Oficial, el 31 de diciembre de 1994, se cambio en parte el procedimiento para designar ministros, pero se mantuvo en los fundamental el sistema de 1928. La reforma de 1994 incluye el sistema de ternas para que supuestamente exista comparecencia ante el Senado de los tres propuestos por el ejecutivo. Esta última reforma establece el procedimiento a seguir en caso de que en el Senado ninguno de los integrantes de la terna alcance la votación favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, llegándose al extremo de establecer que será ministro el que designe el ejecutivo.

El sistema vigente, que significó la destitución de todos los entonces ministros de la Corte -¿un golpe de Estado?- y la designación de otros nuevos, no ha ayudado a democratizar al poder judicial federal. El sistema de designación constituye una trampa y una simulación, que como dijimos al inicio de esta exposición de motivos, vulnera el principio de división de poderes por la fuerte centralización en la designación a favor del titular del ejecutivo y, con consecuencias gravísimas para el control constitucional de las decisiones fundamentales. Bien podemos decir, que la Corte nunca resolverá -es imposible- en contra de las decisiones que importan al Presidente de la República, tal como ha ocurrido con las reformas estructurales aprobadas durante este sexenio, en particular respecto a la reforma energética, tanto la constitucional como la secundaria.

La reforma zedillista al método de elección de los ministros tuvo por propósito que el Presidente de la República compartiera el nombramiento de los ministros con el Partido Acción Nacional. Desde la entrada en vigor de esa reforma, los ministros han sido propuestos por el Presidente, pero el nombramiento ha recaído, no sólo en afines al PRI sino también en ministros cercanos al PAN.

En otras palabras, que el Presidente de la República sea la única instancia para nominar a los aspirantes a la Suprema Corte, induce al mantenimiento de la homogeneidad de pensamiento o de criterios jurídico-políticos a favor del status quo y de la permanencia de las decisiones que importan al Presidente de la República con menoscabo del respeto al orden constitucional. Esto es incompatible con el Estado de Derecho y el principio de división de poderes, además de que afecta el funcionamiento del poder judicial que tiene como su función más importante la de ejercer el control de constitucionalidad de todas las normas y actos del sistema. La Corte como está hoy en día es un enclave de los intereses de la oligarquía en donde el Presidente de la República tiene un papel central.

Existe en el mundo entero una fuerte discusión académica pero también política sobre el problema de la legitimidad democrática de los jueces. Preguntas como: ¿por qué el poder judicial, que no es producto de una elección popular, puede invalidar una ley emanada del legislativo?, ¿cómo la decisión democrática puede ser interferida por quienes no representan a nadie?, ¿en nombre de qué las generaciones pasadas pueden atar a las generaciones futuras?, ¿por qué parece que en el Estado Constitucional democrático de derecho el poder se traslada del legislador al juez? Todas estas preguntas y otras similares, así como sus difíciles respuestas tienen que ver con la legitimidad democrática de los jueces y, sobre todo, con los jueces constitucionales que en los sistemas de control concentrado o mixto anulan o invalidan leyes y, que en algunos ordenamientos, determinan al legislador sobre la manera específica en la que debe legislar materias concretas5.

¿Cuál es la justificación para tal intervención?, ¿no se pone en riesgo la democracia?, ¿a quién representan los jueces? Estas preguntas como las primeras ponen en cuestión al sistema democrático, al grado que algunos hablan ya de un gobierno de jueces.6 La dificultad contramayoritaria que significa la interpretación de constituciones conformadas preponderantemente por principios7 se ha intentado afrontar acudiendo a múltiples teorías. En algunas de ellas, existe un pesimismo evidente, en otras, se intenta conciliar a la democracia con el papel que en ella juegan los jueces. Desde antiguo, pero sobre todo ahora, que existe una muy clara conciencia en el papel que los principios desarrollan en el modelo constitucional de Derecho, se han dado respuestas diversas sobre la principal cuestión que señala: "sí el principio democrático establece que las decisiones que afectan a la colectividad deben ser adoptadas a través de un procedimiento en el que todos puedan participar con su voz y con su voto, bajo la regla de la mayoría; y si en las condiciones actuales de la modernidad ese principio abstracto se concreta en el establecimiento de un sistema representativo en el que un Parlamento elegido periódicamente por sufragio universal toma decisiones por mayoría; entonces, ¿por qué deberían someterse las decisiones a un ulterior control judicial?8. Algunas de las soluciones proponen una interpretación que asuma los presupuestos democráticos como es el caso del Ely9, otras aluden a la soberanía constitucional10, otras plantean la reducción de los poderes interpretativos del juez -Kelsen y los originalistas norteamericanos-, otras sostienen la legitimidad judicial a partir de las garantías orgánicas y funcionales de independencia e imparcialidad judicial11, algunas hacen consistir la legitimidad del juez en la calidad de su argumentación para vislumbrar la única respuesta correcta en los casos difíciles12, otras proponen nuevos diseños institucionales en el poder judicial que propendan a una democracia más deliberativa y participativa13, y así, un largo etcétera de soluciones en un ámbito en donde algunos son muy pesimistas14.

La clave desde nuestro punto de vista está en una nueva relación entre el poder judicial y al sociedad. Esa nueva relación puede darse a través de lo siguiente:

1.- Modificar los vetustos criterios de la legitimación procesal activa. Abrir ampliamente la jurisdicción a las acciones colectivas y a la protección de intereses difusos. También reformular los anquilosados criterios de interés jurídico y de interés legítimo. La jurisdicción debe estar al servicio de los ciudadanos y no debe ser un medio para denegar justicia.

2.- La apertura a la jurisdicción debe darse también con una revisión a la capacitación técnica y la ampliación de recursos para los defensores de oficio.

3.- La incorporación de sectores marginados o minorías al proceso debe ser una realidad a través de la figura del amicuscuriae.

4.- Deben incorporarse nuevas instituciones procesales, como el amparo social, para garantizar la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales.

5.- La garantía de la tutela judicial efectiva y la protección judicial debe ser la norma orientadora en todas las decisiones del poder judicial.

6.- Se debe promover un cambio en la cultura jurídica en donde el juez no se asuma como un burócrata pasivo sino como un activo defensor de la Constitución y los derechos humanos.

7.- El poder judicial y el juez constitucional debe concebirse como un controlador del poder. Ponerse del lado de la sociedad y de los derechos y, no de las instancias de autoridad, ya sean públicas o privadas. La justicia constitucional es el instrumento de control del gobernado fuera de los momentos electorales.

8.- La legitimidad de la constitucionalidad se fundamenta en las transformaciones que su acción y los discursos que la acompañan provocan en la noción de la democracia.

9.- Los tribunales deben proteger el sistema de derechos previsto en la Constitución y, someter a examen los contenidos de las normas controvertidas en conexión sobre todo con los presupuestos comunicativos y las condiciones procedimentales del proceso democrático de producción de normas.

10.- Y se debe corregir la falta de legitimidad democrática directa u originaria del poder judicial. Para ello los jueces constitucionales deben ser elegidos por el voto ciudadano y, se debe ampliar la transparencia, deliberación y participación en sus decisiones, procedimientos, y funcionamiento, más allá de lo que hace cualquier otro poder público u órgano del Estado por sus importantes funciones en el control de constitucionalidad.

El problema no es privativo de nuestro país. Uno de los rasgos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ha provocado un fuerte debate, tiene que ver con la legitimidad democrática directa de los titulares de los tribunales y de los órganos judiciales y demás órganos constitucionales autónomos15, tales son los casos, de la elección mediante sufragio universal de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que se prevé en la Constitución de Bolivia y la elección por sufragio universal de los titulares del Consejo de la Magistratura en Argentina. Los artículos 197 y 198 de la Constitución de Bolivia indican que el Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por magistradas y magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena ordinario campesino y, que las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que también se eligen mediante sufragio universal.

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso de la Nación, el día 8 de abril de 2013, seis proyectos para reformar al poder judicial de ese país. Una de las propuestas implicaba la elección por sufragio universal de los titulares del Consejo de la Magistratura. Las leyes fueron aprobadas en el Congreso argentino pero el 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de ese país declaró la inconstitucionalidad de la ley, argumentando que el artículo 114 de la Constitución Argentina, alude a los "estamentos" de jueces y "abogados de la matrícula", lo que implica una representación corporativa que debe ser observada.

En la academia se señala que la elección por sufragio universal de los titulares de los tribunales constitucionales no garantiza que el electo responda siempre a los intereses, expectativas y demandas de los sectores sociales que lo eligieron y, que siempre es posible, que esos titulares interpreten las normas para garantizar derechos de las minorías en contra de las mayorías16. Es verdad, que la elección por sufragio universal de los titulares de los órganos constitucionales autónomos no asegura que éstos decidirán a favor de los sectores sociales que los eligieron. Sin embargo, mantener los esquemas que hoy prevalecen para la designación o elección de los titulares de los tribunales y de los órganos constitucionales autónomos es una solución peor que la que consiste en hacer depender su elección de los ciudadanos, pues la evidencia mexicana demuestra que los tribunales son cooptados por el Presidente de la República o por los poderes fácticos.

Para que los tribunales ganen legitimidad es necesario transformar el método de elección de sus titulares. En muchos países de la región, el nombramiento de los titulares de estos órganos obedece a la lógica del reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios o dominantes en los Congresos, por lo que se suele favorecer con más nombramiento o cuota a los partidos con mayor representación legislativa. El esquema propicia que los titulares de los tribunales y de los órganos constitucionales autónomos sean, en muchos casos, auténticas correas de transmisión en sede institucional de los intereses de los partidos o del ejecutivo. El método de designación debe ser cambiado por otro en donde intervenga la sociedad, preferentemente a través de elecciones por sufragio universal.

Existen métodos alternativos al de la elección por sufragio universal de los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Se podría así pensar que los titulares de estos órganos sean designados por sorteo, porque así no existirían vínculos fuertes con los partidos, los poderes tradicionales u otros poderes fácticos. Pienso, no obstante lo anterior, que el mejor método es de la elección universal y directa. Las razones son las siguientes: 1) Los órganos cúspide del Estado merecen contar con legitimidad democrática directa de los ciudadanos para que sus titulares tengan responsabilidad directa frente a ellos y porque cualquier órgano cúspide del Estado debe ser expresión de la soberanía popular; 2) La historia constitucional de América Latina demuestra que los nombramientos de los titulares de los órganos constitucionales autónomos dependen del presidente o de las cúpulas de los partidos mayoritarios; 3) El hecho anterior limita su independencia porque suelen actuar y decidir como si fuesen correas de transmisión de los intereses y voluntad de quien los designó; 4) Por el mecanismo de designación, los órganos constitucionales autónomos se han partidocratizado y se conducen en atención a ese hecho; 5) No suele haber pluralismo jurídico, político o ideológico entre los titulares de estos órganos porque éstos representan y reproducen las concepciones jurídicas o políticas de las clases dominantes; 6) Por el método de designación existente, los titulares de esos órganos pierden independencia porque con motivo de sus funciones no afectarán los intereses de quién los nombró, ya sea el ejecutivo, el Congreso o, cualquier otra instancia de autoridad o conjunción de éstas; 7) Los órganos constitucionales autónomos que tienen facultades para anular o invalidar leyes con efectos generales actúan como poderes contramayoritarios, capaces de anular o desaplicar normas jurídicas que han sido aprobadas por las mayorías o por los representantes de éstas; 8) El método de designación más el estatuto de sus titulares los transforma en órganos elitistas; 9) El método de designación no les permite generar vínculos con la ciudadanía ni promueve la rendición de cuentas a la sociedad; y, 10) Sus titulares resuelven de espaldas a la sociedad y, por lo mismo, no sienten que estén allí para garantizar las necesidades, los intereses y los derechos de los ciudadanos, sino los intereses y privilegios de los dirigentes y beneficiarios del status quo.

En los Estados Unidos, las posiciones teóricas están divididas, hay autores como Jeremy Waldron17 que insisten en darle más participación a los ciudadanos en los asuntos del poder judicial.

¿Cuáles son los argumentos a favor de la elección popular de los ministros y magistrados electorales?

1. Los ministros tienen facultades para invalidar leyes o tratados que sean contrarios a la Constitución. Son legisladores negativos porque tienen poderes derogatorios o abrogatorios. ¿Por qué si el legislador positivo -el que crea la ley- es elegido popularmente, el ministro o legislador negativo, no es igualmente electo?

2. La Suprema Corte es un poder contramayoritario porque anula o invalida leyes aprobadas por los representantes de las mayorías ciudadanas. Es un poder que carece de legitimidad democrática y que impone sus criterios a las mayorías ciudadanas.

3. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, por lo tanto todos los poderes públicos son delegados del pueblo. No puede concebirse democráticamente que un poder público no dimane de la voluntad popular.

4. Los ministros de la Suprema Corte en sueldos y prestaciones son el Poder más elitista del sistema constitucional mexicano y esos sueldos los obtienen del pueblo que no participa en su elección.

5. Es un poder que suele dictar sentencias a favor del ejecutivo y de los poderes fácticos. Es decir no tutelan el interés general, sino el interés de unos cuantos que no constituyen la mayoría de la población.

6. En los hechos la actual composición de la Suprema Corte, representa los intereses del Presidente, del PRI y del PAN por tener la mayoría calificada en el Senado para su designación, como antes lo fueron representantes del PRI. Esta iniciativa propone:

1. Elección por voto directo de los ciudadanos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las Salas Regionales.

2. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del Tribunal Electoral serán electos por voto de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser ministro o ministra o magistrado, aplicarán un examen general de conocimientos ante la autoridad electoral nacional y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados electorales deberá coincidir con los procesos federales electorales.

3. La derogación de las actuales competencias del Senado y del Ejecutivo en la nominación y designación de los Ministros de la Suprema Corte.

4. La derogación de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Senado en la designación de Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las Salas Regionales.

5. Otorgar competencias a la Cámara de Diputados en la designación de Ministros y Magistrados Electorales interinos, en la concesión de licencias y en el conocimiento de las renuncias de éstos por causas graves.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGAN LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 76 Y LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 89; Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 95, 96, 98, 99 Y 101 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELEGIR POR VOTO DIRECTO DE LOS CIUDADANOS A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y A LOS MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS SALAS SUPERIOR Y REGIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

ARTICULO PRIMERO. Se deroga la fracción VIII del artículo 76 y la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. a VI…

La elección de los Ministros deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

ARTICULO TERCERO. Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 96. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser ministro o ministra, aplicarán un examen general de conocimientos ante la autoridad electoral nacional y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberá coincidir con los procesos federales electorales.

ARTICULO CUARTO. Se reforma el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes o faltare por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, la Cámara de Diputados mediante convocatoria y previa consulta ciudadana, nombrará por el voto de las dos terceras partes de los presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días, a un Ministro interino que durará en su encargo el tiempo restante. En el inmediato próximo proceso federal electoral que se lleve a cabo, se elegirá al Ministro sustituto que concluirá el plazo del encargo, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves y serán sometidas para su aprobación al Pleno de la Cámara de Diputados.

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Pleno de la Cámara de Diputados. Ninguna licencia podrá exceder del término de tres meses.

ARTICULO QUINTO. Se modifican los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo cuarto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser Magistrado Electoral, aplicarán un examen general de conocimientos ante la autoridad electoral nacional y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Electoral tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección de los Magistrados Electorales deberá coincidir con los procesos federales electorales. La elección de quienes integren las salas Superior y regionales será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables.

Las renuncias, ausencias, licencias y vacantes definitivas de los Magistrados Electorales de las salas Superior y regionales se regirán por los supuestos establecidos en el artículo 98 de esta Constitución.

...

ARTICULO SEXTO. Se modifica el párrafo tercero del artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobará las reformas legales necesarias para dar cumplimiento a este Decreto.

TERCERO. Los ministros de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones continuarán desempeñando sus atribuciones hasta que sean elegidos y tomen posesión de sus cargos los nuevos ministros y magistrados.

Sala de Plenos de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Manuel Bartlett Díaz
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo".

1 Del Castillo Velasco, José María, Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano, edición facsimilar, Miguel Ángel Porrúa, México 2007, página 203.

2 COSÍO VILLEGAS, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Fondo de Cultura Económica y Clío, segunda edición, 2007, p. 102.

3 CABRERA, Lucio, El Poder Judicial Federal Mexicano y el Constituyente de 1917, México, UNAM, 1968, pp. 73-74.

4 CABRERA, Lucio, El Poder Judicial Federal Mexicano y el Constituyente de 1917, México, UNAM, 1968, p. 75.

5 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, La argumentación como Derecho, México, UNAM, 2005, pp. 155-199.

6 DEL AGUILA, Rafael, La Senda del Mal,Política y Razón de Estado, editorial Taurus, Madrid, 2000, p. 293 y ss.

7 BICKEL, Alexander, The Least Dangerous Branch, New Haven, Yale University Press, 1962, p. 16.

8 FERRERES, Víctor, "Justicia Constitucional y Democracia", en Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, Miguel Carbonell compilador, Porrúa–UNAM, México, 2002, pp. 247 y 248.

9 ELY, John, Democracy and Distrust.A Theory of Judicial Review, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1980.

10 HAMILTON, A., MADISON, J. y JAY, J. El federalista, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1987. también ver la selección de artículos federalistas y antifederalistas en: SANCHEZ CUENCA, Ignacio y LLEDÓ, Pablo, Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la Constitución americana, Alianza editorial, Madrid, 2002.

11 IBAÑEZ, Perfecto Andrés, "Democracia con jueces", en Claves de razón práctica, diciembre 2002, numero 128, pp. 4-11.

12 DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, editorial Gedisa, Barcelona, 1988, pp. 44-71.

13 NINO, Carlos, Fundamentos de derecho constitucional, análisis jurídico y politológico de la práctica constitucional, editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, pp. 657 y ss. También ver: NINO, Carlos, "Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad", en Cuadernos y debates, número 29, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 97 y ss. GARGARELLA, Roberto, La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, editorial Ariel, Barcelona, 1996, pp. 173 y ss.

14 TROPER, Michel, "El poder judicial y la democracia", en La función judical. Ética y democracia, Jorge Malem, Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez compiladores, editorial Gedisa, Barcelona, 2003, pp. 209-233. También ver: TROPER, MIchel, Por una teoría jurídica del estado, editorial Dykinson, Madrid, 2001. PINTORE, Anna, "Derechos insaciables", en FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, editorial Trotta, Madrid, 2001, pp. 243-265.

15 SALAZAR, Pedro, "El nuevo constitucionalismo latinoamericano (Una perspectiva crítica)", en GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl y VALADÉS, Diego, El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, pp. 345-387.

16 SALAZAR, Pedro, "El nuevo constitucionalismo latinoamericano (Una perspectiva crítica)", en GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl y VALADÉS, Diego, El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, p. 381.

17 Waldron Jeremey, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede la palabra ahora al Senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI.

Senador Bartlett, pregunta el Senador Hermosillo si se puede sumar a su iniciativa. Que con mucho gusto. Después de 25 minutos ya convenció a un Senador. Muchas gracias.





 

Ahora se concede el uso de la palabra al señor Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 constitucional, en materia de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI)

El Senador Óscar Román Rosas González: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Senadoras y Senadores.

El municipio mexicano ha recorrido una larga lucha por el respeto a su autonomía gubernamental y a la libre administración, sin intervención de los estados o de la Federación, de su Hacienda Pública.

Sin embargo, actualmente existe dentro de la normatividad constitucional la disposición para que estén exentos de pago los bienes de dominio público de la Federación, estados y municipios, no así los utilizados por las entidades paraestatales o particulares, ya sea para fines administrativos u ajenos a su objeto público.

Esta excepción contenida en el artículo 115 constitucional, fracción IV, en su segundo párrafo, es contraria al principio jurídico sobre el cual descansa el espíritu del municipio libre expresamente contenido en la primera fracción del mismo artículo, al señalar que las competencias otorgadas al municipio se ejercerán de manera exclusiva por el ayuntamiento, siendo así la administración de la Hacienda Pública, competencia directa y exclusiva de su gobierno, a través del ayuntamiento.

Por lo tanto, toda clase de exenciones y subsidios sobre contribuciones municipales son competencia exclusiva de los ayuntamientos. El predial es el componente más significativo de las contribuciones, y al dejar exento de los pagos de los bienes de la Federación y los estados, por disposición constitucional, el municipio no sólo pierde la posibilidad de contar con más ingresos propios, sino también pierde competencias otorgadas y pierde la libertad en el manejo de su hacienda.

Como hemos señalado, la principal fuente de ingresos propios de los municipios es el Impuesto Predial, que representa el 66.2 por ciento de sus ingresos directos.

Una de las principales causas que inciden en la baja captación de ingresos municipales por concepto de impuesto predial, la encontramos en las desiguales capacidades recaudatorias que se manifiestan en nuestro país.

Los datos nos indican que tenemos una media de 205 pesos por habitante, sin embargo, hay extremos donde estados como Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala tienen una recaudación per cápita de solamente 50 pesos, mientras que Quintana Roo, Baja California Sur, el Distrito Federal, recaudan más de 500 pesos por habitante.

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por coadyuvar con los municipios para mejorar su capacidad recaudatoria, a través del programa de modernización catastral, los resultados no son suficientes, ya que sólo 93 municipios del país en 2013 suscribieron convenios en esta materia.

La falta de capacidades técnicas, administrativas y presupuestales de los municipios, inciden directamente en la baja recaudación de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

Adicionalmente, las exenciones a los impuestos sobre las contribuciones, previstas en el artículo 115 constitucional, lesionan gravemente la autonomía municipal y afectan su hacienda pública.

Por ello, la presente iniciativa busca suprimir del marco constitucional que regula la actividad municipal como órgano de gobierno, la injerencia indebida en las competencias exclusivas de todos los ayuntamientos en México.

Se pretende reformar la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 115 constitucional, para que las disposiciones sobre las contribuciones, en materia de propiedad inmobiliaria, guarden coherencia con los principios del municipio libre como un órgano de gobierno con competencias exclusivas y administrativas libres de su hacienda.

De esta manera se suprime la disposición que otorga exenciones a los bienes del dominio público de la Federación, los estados y los municipios, y se inserta de manera clara, puntual, la siguiente disposición: “Sólo los municipios, a través de su órgano de gobierno, ejercido por los ayuntamientos, podrán convenir u otorgar exenciones o subsidios sobre dichas contribuciones en beneficio de la hacienda municipal.

Con esta reforma, se salvaguarda el principio del municipio libre, se respeta la libertad para la administración de la hacienda municipal, y se fortalece económicamente al municipio, puesto que se faculta para cobrar, de manera equitativa, y sin privilegios, las contribuciones que deban pagar por concepto del impuesto predial y otros servicios.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Senador OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, al tenor al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Municipio en México tiene profundas raíces históricas que se combinan con la herencia española y la raigambre de las comunidades prehispánicas. En España el municipio adquiere una fuerte carga latina, producto del dominio romano y sus tradiciones jurídicas y administrativas que prevalecen en nuestros días. En México la figura del calpulli representa la unión de grupos y familias en una comunidad con cierto grado de autonomía en un territorio determinado y con autoridad reconocida para resolver asuntos y problemáticas inherentes a dicha unión comunal.

Entre las figuras más importantes del municipio español que han trascendido está la figura de alcalde como representante de la comunidad y autoridad política y ejecutiva al interior. Así como el concilium o asamblea dotado de autonomía política y administrativa para atender los asuntos colectivos, compuesto de vecinos de relevancia para la comunidad.1

El calpulli en la etapa prehispánica constituyó el núcleo social central y familiar del imperio Azteca.2 Esta forma de organización con características similares a las de un municipio recaudaba y pagaba tributos a las autoridades superiores o señoríos, supervisaba y asignaba labores en las diferentes actividades de la vida social, ejercía funciones de justicia en su demarcación, y mantenía su autonomía política, militar y religiosa.

Es interesante señalar que los representantes y autoridades del calpulli tienen semejanzas con las figuras del municipio español y con el municipio en México. Por ejemplo, existía la figura del calpullec que era una especie de procurador o alcalde; había una asamblea deliberativa electa por los miembros de la comunidad, los miembros recibían el nombre de pillio varones; y de igual manera el calpiz que ejercía las funciones de recaudador de impuestos.3

Los elementos arriba descritos, forman parte de los antecedentes primigenios de nuestra historia municipal. Junto a ello, es necesario conocer el significado etimológico de la palabra municipio, que deriva del latín manus (carga) y capere (asumir la carga o hacerse cargo); el municipium en la antigua Roma denotaba una comunidad o ciudad con obligación de contribuir con el imperio, pero estos mantenían su autonomía en cuanto a su régimen interior.4

El primer ayuntamiento de nuestro país fueerigido por Hernán Cortés, el 22 de abril de 1519, al que nombró la Villa Rica de la Veracruz, conformado por una capitanía general, dos Alcaldes, Regidores, Tesorero, Procurador y un escribano.5Cinco años después, con la caída de Tenochtitlán, comienza a funcionar el ayuntamiento de la Ciudad de México en 1524.

Las ciudades de las provincias como Puebla, fundada en 1531, Guadalajara en 1542 y Morelia, anteriormente Valladolid, fundada en 1541, los municipios tenían autoridades conformadas por un Alcalde Mayor o Corregidor, Alcaldes Ordinarios, Regidores y Alguacil, que cuidaba de la seguridad del municipio.6

A lo largo de la colonia los municipios fueron la única expresión y representación del gobierno de los pueblos y, pese a la participación muy limitada de los gobiernos y la elección popular acotada sólo para el Alcalde ordinario, es en el municipio donde se manifiestan las primeras relaciones de los ciudadanos con lo público, con sus intereses, con sus necesidades y con las reglas jurídicas.

Con el advenimiento de las lucha independentista y el desgaste de la Corona española, se expide la Constitución de Cádiz de 1812, como un intento por mantener el control de las colonias de la Nueva España; en ella se plasmaban la integración, organización y funcionamiento de los ayuntamientos como cuerpos encargados exclusivamente de la administración de un municipio en su área territorial.

A pesar de las disposiciones contenidas en la Constitución de Cádiz, para que el municipio se integrará a la vida institucional, no existieron las adecuaciones legales para hacerlo, puesto que México estaba en tránsito de ser un país libre y soberano.

Ya en el México independiente la idea de un municipio libre y autónomo, recobra su fuerza natural. El reglamento del Imperio Mexicano de 1822 establecía las bases para la elección de ayuntamientos municipales; las bases que dieron origen a la Constitución Federal de 1824 contemplan la elección directa de ayuntamientos; y Las Leyes Constituciones de 1936 señalaban expresamente que los ayuntamientos eran de elección popular.7

Para 1840 se precisaba que los ayuntamientos deberían estar integrados por Regidores  y Síndicos electos popularmente; la Constitución del 57 señalaba que los estados adoptarían el régimen republicano, representativo y popular, finalmente, en 1861 se expide un decreto sobre elecciones municipales, en el cual los municipios serian presididos por el Primer Regidor.8

Si bien el Imperio de Maximiliano instaurado en 1864, significó una afrenta contra la soberanía del pueblo de México, la visión municipal se nutrió de las reformas administrativas realizadas. Se perfiló la figura del Alcalde como la figura política y administrativa de los municipios y, los ayuntamientos serían la asamblea municipal electa popularmente y con renovación periódica.

Pero finalmente, la Constitución de 1917, procedente un movimiento revolucionario que buscaba hacer de la justicia social el basamento principal de una sociedad solidaria y democrática, llevaba también la bandera municipalista que durante el régimen porfirista simplemente fue nulificada.

El artículo 115 de la Constitución de 1917 dota de personalidad jurídica al municipio, señala expresamente que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y su base política y administrativa al municipio.

Se configura la administración del municipio mexicano por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá autoridades intermedias entre éste y el gobierno del Estado; la administración de la hacienda municipal correrá a cargo del mismo, pero las legislaturas señalaran las contribuciones para cubrir dichas necesidades; y quedan facultados e investidos de personalidad jurídica para los efectos legales propios de su esfera de actuación.9

Cabe señalar que el texto original del artículo 115 contenía disposiciones referentes a los gobernadores, diputados locales y municipios. Su primera reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928, tendía a regular la integración de los Congreso Locales, para disminuir el número de diputados y hacerlo proporcional con el número de representados.

El 29 de abril de 1933 la normativa constitucional del municipio sufre otra reforma para evitar la reelección consecutiva, no sólo del presidente municipal, sino del ayuntamiento en su conjunto. Adicionalmente se establece la prohibición para la reelección de los gobernadores y de los diputados locales.10

Para 1976, se da un paso importante en el fortalecimiento del municipio, la reforma publicada el 6 de febrero del citado año, adiciona las fracciones IV y V al artículo 115, las cuales facultan a los Estados y municipios para la expedición de leyes y, la expedición de reglamentos y normativas para regular y planear los centros urbanos, así mismo los municipios podrán participar de manera coordinada con los estados y la Federación en la planeación de centros urbanos continuos que afecten dos o más municipios en una o más entidades federativas.11

A la luz de la importancia que cobraba la vida y organización municipal, fue necesaria una reforma estructural que descentralizara las actividades políticas, económicas y sociales de los estados y la Federación, para dar paso a una división de competencias constitucionales que privilegiase la autonomía y la libertad de municipio, no sólo en cuanto a su régimen interior, sino al municipio como esfera política con competencias exclusivas y coordinación institucional.

Fue la reforma del 3 de febrero de 1983, impulsada por el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, la primera reforma estructural en materia municipal, después de la promulgación de la constitución de 1917. Tuvieron que pasar 66 años para que a nuestros municipios se les dotara de la suficiente capacidad y recursos para desarrollarse en su ámbito territorial y poblacional.

Par tratarse de una reforma de trascendencia para la organización política y social de nuestro país conviene reproducir el texto constitucional de los puntos más esenciales del artículo 115.

Párrafo tercero y cuarto de la fracción I:

“Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las Legislaturas designarán entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los periodos respectivos”.12

Fracción II:

“II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones”.13

Fracción III:

“III.- Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

a).- Agua potable y alcantarillado.

b).- Alumbrado público.

c).- Limpia.

d).- Mercados y centrales de abasto.

e).- Panteones.

f).- Rastro.

g).- Calles, parques y jardines.

h).- Seguridad pública y tránsito, e

i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios así como su capacidad administrativa y financiera.

Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda”.14

Fracción IV, inciso a):

“IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones”.15

Como se puede apreciar el nuevo andamiaje constitucional en materia municipal dota al municipio de facultades esenciales en materia política, administrativa, de su patrimonio, de su hacienda y de su relación con los estados y la federación.

Destaca la atribución para que las legislaturas locales puedan suspender ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros. En caso de declaratoria de desaparición y no procediese la celebración de nuevas elecciones, las legislaturas designarán a los Consejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.

Los ayuntamientos adquieren facultades para expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones. Tienen a su cargo los servicios públicos como el agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito.

Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo de sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la prestación de los servicios públicos que les correspondan.

Se establece que los municipios administrarán libremente su hacienda pudiendo percibir las contribuciones que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, las participaciones federales y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Se especifica que sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de pagar contribuciones. Los municipios estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; crear y administrar sus reservas territoriales; controlar el uso de suelo.

Un aspecto central en la reforma constitucional de 1983, es que los municipios quedaron facultados de manera exclusiva para imponer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en otras palabras, el impuesto predial cobrado por los ayuntamientos sería una contribución directa a su hacienda, sin intervención de los estados o de la federación.

La segunda reforma estructural del municipio se dio el 23 de diciembre de 1999, la cual plasma en el artículo 115 constitucional la gran demanda histórica de los ayuntamientos: el reconocimiento del municipio como un nivel de gobierno. Por lo tanto, a partir de 1999, se habla de los gobiernos municipales y no sólo de una administración por parte de sus respectivos ayuntamientos.

Esta segunda reforma, fundamental para la vida del municipio libre, faculta a las legislaturas de los estados para legislar en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento, renuncia o falta absoluta de sus miembros En estos casos, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos a los consejos municipales que concluyan los períodos respectivos, los cuales observarán los mismos requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.

Por otra parte, las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales establecerán las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos respectivos para dirimir controversias. De igual forma, deberán establecer el procedimiento para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal por imposibilidad del municipio de hacerlo.

Amplía las funciones y servicios a cargo de los municipios, tales como el drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, recolección traslado, tratamiento y disposiciones finales de residuos, equipamiento de calles, parques y jardines, policía preventiva municipal y tránsito.

Los municipios adquieren la facultad de coordinarse y asociarse para la presentación de servicios públicos, además podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de alguno de ellos en forma temporal.

Tratándose de la hacienda municipal mantiene el principio de su libre administración sin intermediación estatal o federal, se especifica que las legislaturas locales aprobarán las leyes de ingresos municipales, en tanto que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos conforme a las necesidades de su demarcación o sus planes de desarrollo.

Se mantiene la exención de contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria, a los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados para entidades paraestatales o particulares para fines administrativos o propósitos distintitos a los de su objeto público.

Amplía las facultades de los municipios para participar en la formulación de planes de desarrollo regional; intervenir en la formulación y aplicación de programas de trasporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial, así como celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En materia de seguridad pública, el Presidente Municipal estará al mando de la policía preventiva municipal, por lo que, se entiende, será el responsable de la seguridad dentro de su demarcación política y territorial.

Así, el municipio queda confeccionado como la organización política y de gobierno primaria del Estado, y a su vez pieza integral del federalismo como un nivel de gobierno con competencias definidas y coordinación con los otros niveles de gobierno.

Planteamiento del problema

Producto de las reformas constitucionales en materia municipal de 1983 y 1999, se dota al municipio de la autonomía suficiente para la administración de su hacienda, que conforme disposición constitucional en su artículo 115, fracción IV señala:

“IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;”.16

Del análisis de la fracción arriba citada se entiende que los ayuntamientos son los encargados de administrar y ejercer libremente los recursos con los que cuenta la hacienda municipal. Se estipula que los recursos del municipio quedan comprendidos por las contribuciones que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, si como su fraccionamiento, división, traslación y consolidación. Aclarando que la administración de dichas contribuciones pueden ser convenidas con las entidades federativas.

Otro componente de la hacienda pública son los recursos provenientes de las participaciones federales, que son cubiertas con arreglo a los plazos Y montos que determinen las legislaturas estatales.

Finalmente, forman parte de la hacienda municipal los ingresos derivados por la prestación de los servicios a su cargo, tales como derechos, contribuciones de mejoras, multas, permisos y otros rubros.

Manteniendo la autonomía municipal y la división de competencias como órgano de gobierno, el texto constitucional establece que la legislación federal no limitará la facultad de los Estados para establecer las contribuciones respecto de sus ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo y respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, tampoco mediante la legislación federal se concederán exenciones sobre los mismo rubros.

De la misma manera, se prohíbe a los Estados establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución respecto de dichas contribuciones. Sin embargo, existe dentro de la normativa constitucional, la disposición para que estén exentos de pago los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios, no así los utilizados por entidades paraestatales o particulares, ya sea para fines administrativos o ajenos a su objeto público.

Esta excepción contenida en el artículo 115 constitucional fracción IV, en su segundo párrafo, es contraria al principio jurídico sobre el cual descansa el espíritu del municipio libre, expresamente contenido en la fracción primera del mismo artículo, al señalar que las competencias otorgadas al Municipio se ejercerán de manera exclusiva por el ayuntamiento.

Siendo así, la administración de la hacienda municipal competencia directa y exclusiva de su gobierno a través del ayuntamiento. Por lo tanto, toda clase de exenciones y subsidios sobre contribuciones municipales son competencia exclusiva del Municipio.

Es importante destacar que las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, son una de las principales fuentes directas de recursos de los ayuntamientos. El impuesto predial es el componente más significativo de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y al dejar exentos de pago los bienes de la Federación y los Estados por disposición constitucional, el Municipio no sólo pierde la posibilidad de contar con más ingresos propios, pierde competencias otorgadas y pierde libertad en el manejo de su hacienda.

Actualmente la recaudación sobre impuestos a la propiedad inmobiliaria en México no se encuentra en los niveles deseables, pero si a ello sumamos las excepciones constitucionales para el pago de dicha contribución el panorama es aún más complicado.

De acuerdo con datos estadísticos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas en inglés (OCDE), la recaudación tributaria total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en México es del 18.8%. En contraste, los países miembros de la OCDE registran una recaudación del 33.8% del PIB.17

Al realizar la comparativa de entre los países de América Latina y el Caribe, quienes promedian una recaudación del 19.4% del PIB, nuestro país se encuentra por debajo de la media, incluso Ecuador con 19.6% y Costa Rica con 20.5% promedian porcentajes superiores de recaudación.

Tratándose de los ingresos tributarios recaudados por los gobiernos subnacionales, respecto de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, que en nuestro país es equivalente a al impuesto predial, la situación no es alentadora. La recaudación por impuesto predial que realizan como facultad exclusiva los ayuntamientos es del 0.3% del PIB, equivalente a 1.6% de la recaudación total.18

En el terreno de la recaudación del impuesto predial, las comparaciones tampoco nos son favorables. Los países de la región de América Latina y el Caribe recaudan por impuesto predial el 0.8% PIB, lo que significa 3.5% de su recaudación total, en cambio, el promedio de la OCDE es de 1.8% del PIB, lo que se traduce en 5.4% de la recaudación total de dichos países.19

Como podemos observar, la recaudación tributaria total de nuestro país está por debajo de la media observada por los países miembros de la OCDE. De igual manera, la recaudación del impuesto predial es particularmente baja: 1.6% respecto de la recaudación total. Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Perú, registran porcentajes de recaudación superiores al nuestro.

Radiografía nacional

Las finanzas públicas municipales dependen, en gran medida, de las transferencias federales, de la totalidad de los ingresos municipales éstas representan el 71.1%, dejando en evidencia una dependencia excesiva de los recursos que le son transferidos a través de los diversos mecanismos de coordinación fiscal y programas presupuestarios.

En tanto, las transferencias estatales representan el 2.4%, los derechos 6.2%, los impuestos municipales 14.2% y el rubro de ingresos propios por diversos servicios es del 6.1%. Por tanto, la segunda fuente de ingresos son los impuestos municipales, que son competencia directa y exclusiva de sus ayuntamientos.20

Ahora bien, la principal fuente de ingresos propios de los municipios es el impuesto predial, que representa el 66.2% de sus ingresos directos, el restante se distribuye en permisos, licencias, traslado de dominio, prestación de servicios y desarrollo urbano.

Lamentablemente, como hemos señalado la recaudación del impuesto predial en México muestra rezagos importantes al ubicarse en el último lugar de los países miembros de la OCDE con ingresos del 0.3% del PIB, superado por el promedio de ingresos en América Latina con 0.5%.

Una de las principales causas que inciden en la baja captación de ingresos municipales por concepto del impuesto predial, la encontramos en las desiguales capacidades recaudatorias que se manifiestan en nuestro país.

Tomando en cuenta la recaudación per cápita del impuesto predial por entidad federativa tenemos una media de 205 pesos por habitante, sin embargo hay extremos, dónde Estados como Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala tienen una recaudación per cápita de 50 pesos, mientras que Quintana Roo, Baja California Sur o el Distrito federal recaudan más de 500 pesos por habitante.21

Esta disparidad en la recaudación ha provocado que cuatro entidades concentren el 55% del monto total de la recaudación por impuesto predial: Distrito Federal 28%, Estado de México 13%, Jalisco 8% y Nuevo León 6%.22

Ante éste panorama y la inminente necesidad del Gobierno Federal por coadyuvar con los municipios para mejorar su capacidad recaudatoria se instrumentó el Programa de Modernización Catastral (PMC), con el objetivo de fortalecer los ingresos propios municipales a través de incrementar la recaudación del impuesto predial, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa.

La ejecución de éste programa, a cargo de Banobras, ha incorporado a 93 municipios de diversas entidades del país. Los municipios que han concluido la ejecución de sus proyectos de mejora recaudatoria, de acuerdo a la dependencia, han incrementado en un 50% la recaudación del impuesto predial.

El esfuerzo del Gobierno Federal, sin lugar a dudas, es necesario para el fortalecimiento de las haciendas municipales, pero debemos avanzar en la actualización de nuestro marco constitucional para que los municipios cuenten con disposiciones claras y sin cortapisas a sus competencias exclusivas como nivel de gobierno.

Objetivo de la iniciativa

La falta de capacidades técnicas, administrativas y presupuestales de los municipios, incide directamente en la baja recaudación de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Adicionalmente, las exenciones a los impuestos sobre las contribuciones previstas en el artículo 115 constitucional, lesionan gravemente la autonomía municipal y afectan su hacienda pública.

Por ello, la presente iniciativa busca suprimir del marco constitucional que regula la actividad municipal como órgano de gobierno la injerencia indebida en las competencias exclusivas de los ayuntamientos.

Dicha injerencia se manifiesta en una de las disposiciones contenidas en la fracción IV, párrafo segundo del artículo 115 constitucional, al señalar expresamente que los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios estarán exentos del pago de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y otros servicios comprendidos en los incisos a y c de la citada fracción.

Se propone reformar la fracción IV párrafo segundo, para que las disposiciones sobre contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria guarden coherencia con los principios del municipio libre, como un órgano de gobierno con competencias exclusivas y la administración libre de su hacienda.

De esta manera, se suprime la disposición que otorga exenciones a los bienes del dominio público de la federación, los estados o los municipios, y se inserta de manera clara y puntual la siguiente disposición:

Sólo los municipios a través de su órgano de gobierno, ejercido por los ayuntamientos, podrán convenir u otorgar exenciones o subsidios sobre dichas contribuciones en beneficio de la hacienda pública municipal.

Con esta reforma se salvaguarda el principio del municipio libre, se respeta la libertad para la administración de la hacienda municipal y se fortalece económicamente al municipio, porque se le faculta para cobrar de manera equitativa y sin privilegios las contribuciones que se deban pagar por concepto del impuesto predial y otros servicios.

Por lo antes expuesto y fundamentado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115…

I a III…

IV.  

a)  

b)  

c)  

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo los municipios a través de su órgano de gobierno, ejercido por los ayuntamientos, podrán convenir u otorgar exenciones o subsidios sobre dichas contribuciones en beneficio de la hacienda pública municipal.

V. a VIII…

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Óscar Román Rosas González”.

1 Guerrero Doger, Enrique. Gobierno Municipal. H. Cámara de Diputados. Universidad Autónoma de Puebla, y MAPorrua. Segunda Edición. México, 2013. P. 29.

2 Ibíd. P. 30.

3 Ibíd. P.31.

4 Ibíd. P. 18.

5 Palacios Alcocer, Mariano. “EL MUNICIPIO LIBRE EN MÉXICO, ORIGÉN, EVOLUCIÓN Y FORTALECIMIENTO”. UNAM-IIJ. P.145. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/151/dtr/dtr8.pdf

6 Ibíd. P. 146

7 Ibíd. P.149.

8 Ibíd. P. 150.

9 Op. Cit. Guerrero Doger, Enrique. P.54.

10 Ibíd. P. 55.

11 Ibíd. P. 58.

13 Ibíd.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Texto vigente en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 04/02/15.

17 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas en inglés (OCDE).  Estadísticas Tributarias en América Latina 1990-2010. http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Consolidated%20LAC%20country%20notes.pdf

18 Ibíd.

19 Ibíd.

21 Ibíd.

22 Ibíd.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del PAN)

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy subo a tribuna a nombre propio y de mi Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Le agradezco a mis compañeros su respaldo para presentar esta iniciativa, misma que adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a la que en obvio de tiempo no daré lectura, por lo cual, le solicito se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates, señor Presidente.

La iniciativa que presentamos tiene como propósito establecer como prioritarios y de interés público los programas de apoyo a las madres y padres solos, jefes de familia.

El concepto tradicional de familia que conocíamos se ha ido transformando, para dar paso a nuevas estructuras, con dinámicas diferentes, en las que sus integrantes cumplen ahora diversas funciones.

Sin embargo, a pesar de los nuevos roles y comportamientos, la familia continúa y debe seguir siendo la estructura básica de nuestra sociedad, que requiere de todo nuestro trabajo, para lograr una atención más igualitaria.

En nuestro país, es cada vez más frecuente que el número de hogares encabezados por mujeres, quienes desempeñan el papel de padre y madre a la vez, solas, hacen frente a las necesidades de su hogar y de sus hijos, al tiempo que ha ido creciendo también el número de padres solos, jefes de familia.

Así, podemos establecer que se consideren madres y/o padres solos jefes de familia a las mujeres y hombres con hijos propios o adoptados, a los tutores y responsables de éstos, que de acuerdo a su estado conyugal son solteros, viudos, divorciados o separados de su pareja, y que son por completo responsables de la manutención de sus hijos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2010, para este año se reportaron en nuestro país 7.8 millones de mujeres madres con al menos un hijo, sin cónyuge; el número de hogares en donde las mujeres son las jefas de familia aumentó del 7.4 por ciento en 1970, al 24.6 por ciento en el 2010.

Otro dato, por demás importante, es que más de la mitad de las madres solas, que trabajan, específicamente, el 53.7 por ciento, no tiene acceso a seguridad social, y más del 40 por ciento de éstas cumplen con jornadas laborales de tiempo completo.

Lo anterior sólo es clara muestra de que la mayoría de las madres solas se encuentran en condiciones socialmente complicadas y que hace cada vez más difícil sacar adelante su hogar y una familia, agudizando la situación de pobreza y de pobreza extrema, al tiempo que los hijos, sin la atención adecuada, es más probable que caigan en manos de la delincuencia y las drogas, como se ha dado en los años recientes en estados como Michoacán, Guerrero y muy especialmente en el estado al cual represento, Tamaulipas.

En situación similar se encuentran los padres solos, jefes de familia, que si bien, en números, son menos que las madres solas, cada vez son más frecuentes.

De los 18.8 millones de hombres mexicanos que son padres, el 1.6 por ciento son padres solteros, que se hacen cargo por completo de sus hijos, en ausencia de un cónyuge.

Ante estas transformaciones en la sociedad mexicana, el Estado ha implementado algunos programas y apoyos a madres solas, mismos que también se han modificado con las administraciones de los gobiernos en turno.

Asimismo, entidades como Colima, Sonora y el Distrito Federal, han incrementado programas de apoyo a madres solas, trabajadoras, que han elevado al rango de ley.

En general, la ayuda que se otorga es bastante diversa, va desde un pago único mensual, hasta pagos por cada hijo menor de edad, pero como un común denominador, únicamente se otorga a mujeres.

Lo que se traduce en la necesidad de homogenizar los apoyos y garantizar la certeza jurídica en el cumplimiento de dichos programas, pero con equidad de género.

Por lo anterior, se plantea que se garantice la aplicación de los programas de apoyos sociales, sin generar dependencias por cambios de administración, por el contrario, se conceda los elementos precisos para alcanzar un pleno desarrollo, en este caso, los jefes de familia de escasos recursos, sin importar el género, sea hombre o mujer.

Finalmente, lo que se propone es la concreción de una política pública incluyente y responsable, que llegue de manera efectiva, transparente y sin distingos de ningún tipo a las madres o padres solos trabajadores, no sólo en mi estado, Tamaulipas, sino en todo el país.

Está plenamente demostrado que la manera de restablecer el tejido social en muchos estados de nuestro país, es apoyar y respaldar al núcleo familiar, qué mejor manera de apoyar a las madres y a los padres solos que hoy en día están apoyando y respaldando a sus hijos, y qué mejor manera de establecer y homologar un programa social en todo el país.

Por su atención, muchas gracias.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Como lo ha solicitado el proponente, se ordena que se inserte íntegra la iniciativa al Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Mariana Gómez del Campo, del PAN, solicita el uso de la palabra.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, si me lo permite.

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con gusto, Senadora.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto accede. El Senador López Brito, también, el Senador Francisco Domínguez, por supuesto, muchas gracias, se toma nota de ello.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE AGUAS Y SE ABROGA LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Layda Elena Sansores San Román, Angélica de la Peña Gómez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Manuel Bartlett Díaz, Isidro Pedraza Chávez, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Silvia Guadalupe Garza Galván)

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo en nombre de Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios: La Senadora Dolores Padierna; Layda Sansores; Angélica de la Peña; Ana Gabriela Guevara; Luz María Beristain; Benjamín Robles; Silvia Guadalupe Garza Galván; Manuel Bartlett; Isidro Pedraza; Luis Sánchez Jiménez; Raúl Morón; Salvador López Brito; Fidel Demédicis; Lorena Cuéllar; Rabindranath Salazar; Adolfo Romero Lainas; Armando Ríos Piter y un servidor, a dar nuestro aval a una iniciativa ciudadana que propone reglamentar el artículo 4o. constitucional, que establece: "Que toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, donde el Estado garantizará este derecho".

Se trata de una Ley General de Aguas, que parte del trabajo que a lo largo de 2 años realizaron 450 investigadores de distintas instituciones educativas de educación superior, junto con organizaciones de la sociedad civil, representantes comunales, ejidatarios, comités de usuarios, y que parte del principio de que el derecho al agua, al acceso al agua equitativo, suficiente y de buena calidad es un derecho humano en donde debe asumirse como un asunto de interés público.

El agua es un bien y un servicio público que debe garantizar plenamente el Estado como un bien de la nación que proviene de la naturaleza, y por ello se propone esta iniciativa en la que quiero destacar los siguientes ejes fundamentales:

El primero.- El reconocimiento y restauración de los derechos del agua y territorio de los pueblos originarios.

La construcción de instancias de planeación ciudadana gubernamental, desde lo que son las microcuencas, hasta lo que es la gestión del agua en el ámbito nacional.

La implementación de planes rectores, consensados y vinculantes realizados cuenca por cuenca, con las obras y políticas requeridas para garantizar una gestión del agua de calidad y restaurando los flujos de ecosistemas a fin de eliminar los factores que están generando vulnerabilidad, e incluso, inundaciones y sequías.

Se plantea en esta iniciativa el rediseño del sistema de concesiones para evitar que éstas sean transferibles y que éstas se ajusten anualmente a la disponibilidad real del agua.

Se propone la reorganización de la infraestructura hidroagrícola y el uso agrícola del agua a través de comités de consumidores, investigadores y agricultores por cuenca para poner fin al desperdicio del agua y de energía en este sector y priorizar la producción para la soberanía alimentaria.

Se propone la creación de un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento para el financiamiento directo de proyectos auto gestionados por parte de comunidades que hoy no tienen acceso al agua o que tienen acceso a agua en condiciones de muy baja calidad, priorizando el equipamiento en los espacios públicos, particularmente en las escuelas públicas, y al mismo tiempo permitiendo la potabilización de aguas pluviales para bebederos.

Se propone la asignación presupuestal equivalente a por lo menos el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto para registrar los planes rectores y los planes municipales.

Se propone la creación de sistemas de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias sin fines de lucro, esto en el ánimo de fortalecer a las juntas municipales de agua y saneamiento para que garanticen una adecuada prestación del servicio.

Se establece como obligación para la explotación y aprovechamiento del recurso un dictamen de impacto socio hídrico ambiental para prevenir daños que son irreversibles, en ocasiones, a cuencas y acuíferos, y así facilitar la protección y buen manejo de áreas de importancia hídrica.

De manera particular, se prohíbe el uso de aguas nacionales para la fracturación hidráulica o la minería tóxica, que indudablemente serán de los grandes temas a debate en los próximos meses en este Senado y en todo el país.

Y de manera especial se plantea la creación de una Contraloría Social del Agua como una instancia ciudadana que colaboraría con la Auditoría Superior de la Federación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Ministerio Público, para poner fin a la impunidad hidrológica y ambiental.

Como ustedes pueden apreciar, se hace un replanteamiento total de lo que han sido hasta ahora las políticas de gestión de este recurso que es fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo de la actividad productiva, y esperemos contar con su apoyo, con su acompañamiento para que se generen las condiciones, para que todas las mexicanas y los mexicanos tengan acceso equitativo y sustentable al agua, para que el Estado mexicano garantice su responsabilidad en el ejercicio de esta función, y para que el recurso se utilice siempre con criterios de sustentabilidad para el desarrollo, cuidando nuestras cuencas hidrológicas, nuestros mantos acuíferos, los cuerpos superficiales de agua, porque éste, sin lugar a dudas, es el tema de temas de esta legislatura, más allá del petróleo, de la energía, el agua es un factor fundamental para la gobernabilidad, para la seguridad interior, para la seguridad nacional y para garantizar el buen desarrollo de la calidad de vida de todos los mexicanos.

Esperamos contar con su apoyo y esperemos que compañeros, como el Senador Hermosillo, se sumen a suscribir esta propuesta, con la cual avalamos una iniciativa presentada por ciudadanos, por organizaciones sociales y por distintos usuarios.

Por su atención, muchísimas gracias.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias. Se suma también la Senadora Martha Palafox y el Senador Hermosillo y Celada. Muchas gracias, señor Senador.

La Senadora Mariana Gómez del Campo, también, y todos los Senadores que deseen, con todo gusto. Se toma nota para que se sumen a la misma.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

A continuación, se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

El combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas.

Derivado de diversas conductas, actividades y situaciones negativas, México tuvo que hacer lo propio respecto a los temas de transparencia y de rendición de cuentas. Lamentablemente, no con el fin de hacer de México un país más democrático, sino por la alerta de atender los índices de corrupción y el mal uso de cargos públicos para lucrar de manera personal.

En términos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos quienes tienen la obligación de rusticar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.

La rendición de cuentas es un proceso en el cual los servidores públicos salen a dialogar con los ciudadanos y con otras instituciones, y entonces el servidor público está sujeto a sanciones negativas, como castigo; como positivas, la recompensa; y se podría asegurar que actualmente el país no cuenta con un sistema armónico e integrado de rendición de cuentas que sea plenamente útil y funcional para transparentar la actuación gubernamental.

Evaluar sus acciones y, en su caso, sancionar las conductas deshonestas e ilegales de los servidores públicos. Desafortunadamente distintos actos de corrupción han salido a la luz pública, exhibiendo que pese a que el país tiene una amplia legislación, ésta resulta muy ambigua y simplemente no regula temas de interés general.

Es el caso del llamado conflicto de interés. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, define al conflicto de interés como un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público.

Ante esta definición, se puede asegurar que en México, en diversas ocasiones se ha dado el fenómeno de conflicto de interés. Por citar un ejemplo, hay que recordar que el actual director general de Pemex, fue miembro en diversos consejos de administración, en empresas relacionadas con infraestructura y concesiones del sector energético, justo antes de que ingresara a la Administración Pública.

Lo anterior es un claro ejemplo de conflicto de interés. Desde su nombramiento, la oposición cuestionó el papel del actual director de Pemex, ya que pasó de ser un empresario petrolero, a un director de una paraestatal, que coincidentemente pertenece al sector energético.

Un ejemplo más, son los escándalos suscitados a raíz de la relación entre contratistas y el gobierno federal, con lo cual, en voz de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, queda comprobado que en el México de hoy, el dinero sirve para hacer política y la política sirve para hacer dinero.

Ante estos hechos, expertos de Transparencia Mexicana, de Fundar y de la Organización Civil Gestión Social y Cooperación, consideran que las autoridades federales no sólo deben de aclarar estos casos, sino promover cambios legales para evitar que otros similares ocurran en el futuro.

Según Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara, sobre qué es un conflicto de interés. Incluso, el especialista sugiere incluir en la ley, la figura de declaración de interés. Es decir, un documento similar a la Declaración Patrimonial, en el cual el funcionario informe en qué empresas o sectores económicos invierte; que a decir Bojórquez, esto impedirá que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios.

Chile es un ejemplo en América Latina de esta práctica. Dado que tiene una ley, con esta figura de declaración de interés, con la que se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en las que está involucrado.

En comparación, en México, la regulación del conflicto de interés es nueva, y como se puede notar, llega tarde, pues muchos abusos de poder ya se llevaron a cabo, si bien todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo tienen intereses, en otros países existe una regulación para transparentarlos y en caso de que ocupe un cargo público, no vaya a cometer esta desviación.

En este orden de ideas y en atención a las solicitudes hechas por diversas asociaciones civiles y la ciudadanía en general, la presente iniciativa tiene como objetivo principal, regular de forma más clara y precisa el fenómeno social, conocido como conflicto de interés.

Por ello, se propone modificar las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de que los postulantes a un cargo público, deban presentar una declaración de interés, en la que se especifiquen las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado.

Y ante el hipotético caso en el que el postulante a un cargo público se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, deberá renunciar a tales actividades, como condición previa para asumir el cargo.

Por lo anterior, también se propone que ante la existencia de un posible conflicto de interés, y en el orden a la prevención del mismo, el servidor público tendrá la obligación de excusarse de intervenir en alguna actividad que genera tal conflicto, como la ley actualmente lo establece.

Pero además, se adiciona, que si el funcionario público se encuentra desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, deberá renunciar a tales actividades. Esto, con el objetivo para que en lo futuro no deba excusarse constantemente; por el contrario, terminar con un vínculo que notablemente sólo beneficiará al servidor público.

Por último, también se propone aumentar el tiempo que la ley en mención prevé, respecto a que los servidores públicos soliciten, acepten o reciban por sí o por interpósita persona dinero, bienes muebles e inmuebles, que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público, de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que implique intereses en conflicto.

Este será un mecanismo más para que no se abuse más del cargo que se tuvo, debido a que es claro que el servidor público generará vínculos y relaciones con distintos actores que están íntimamente relacionados en el campo en el que se desempeñó; situación que permite tomar ventaja respecto del resto de los competidores.

En el régimen transitorio, se establece que los servidores públicos que estén actualmente en funciones, deberán presentar la declaración de interés, y ante el supuesto de caer en conflicto de interés, además de excusarse de intervenir en las actividades que dieron origen a dicho conflicto, también deberá renunciar a la relación con tales actividades.

El conflicto de interés constituye uno de los peores males para la transparencia y la rendición de cuentas, pues su ejecución abona al desmantelamiento del carácter público del Estado. El servidor público que cae en conflicto de interés, busca descuartizar al Estado para entregarlo a pedazos a intereses particulares; por los conflictos de interés, los actores privados se infiltran al Estado, para minarlo y debilitarlo por dentro.

Como legisladores y ciudadanos, esta práctica debe de rechazarse de manera contundente y legislar a favor de esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DE LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas. Derivado de diversas conductas, actividades y situaciones negativas, México tuvo que hacer lo propio respecto a los temas de la transparencia y la rendición de cuentas; lamentablemente, no con el fin de hacer de México un país más democrático, sino por la alerta de atender los altos índices de corrupción y el mal uso de cargos públicos para lucrar personalmente.

Anteriormente, la referencia constitucional sobre el derecho a la información era bastante escueta; se limitaba a una frase introducida durante la llamada reforma política de 1977 en el texto del artículo sexto; su contenido señalaba de forma breve y quizá hasta enigmática: "El derecho a la información será garantizado por el Estado".1

El 20 de julio de 2007 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que en su momento se consideró de mayor trascendencia. Por primera vez en la Constitución Política Mexicana se mencionaba expresamente al "derecho de acceso a la información", de esta manera, en siete fracciones se desarrollan los temas que deben contener cualquier regulación legislativa, práctica administrativa o política pública en materia de transparencia. Dicho en otras palabras, en la reforma constitucional de 2007 el artículo 6° de la Constitución Política Federal, establece las bases y principios que son susceptibles de ensancharse según sea posible por parte de las autoridades competentes. De hecho, dichas autoridades están obligadas, en la medida de sus posibilidades, a proteger con la mayor amplitud el derecho a la información.2

A pesar de los avances obtenidos en materia de transparencia y rendición de cuentas gubernamental, persisten escándalos sobre el abuso de los recursos públicos y el tráfico de influencias.

La problemática actual, ya no versa tanto sobre la transparencia de la información, en virtud de que se está haciendo pública y con acceso a todos los ciudadanos, sin embargo, la rendición de cuentas es un principio que ha quedado olvidado, ya que las instituciones no tienen la capacidad de hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones.

En términos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.3

Otra perspectiva es la del investigador John Ackerman, quien ha propuesto entender a la rendición de cuentas como "un proceso pro activo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes".4

Este último concepto supone que la rendición de cuentas es un proceso, en el cual, los servidores públicos salen a dialogar con los ciudadanos y con otras instituciones; entonces, el servidor público está sujeto a sanciones como negativas (castigo) como positivas (recompensas).

Los avances en materia de transparencia, fiscalización y responsabilidad de servidores públicos han podido registrarse al paso de los años, sin embargo, se podría asegurar que actualmente el país no cuenta con un sistema armónico e integrado de rendición de cuentas que sea plenamente útil y funcional para transparentar la actuación gubernamental, evaluar sus acciones y, en su caso, sancionar las conductas deshonestas o ilegales de los servidores públicos.

Desafortunadamente distintos tipos de corrupción han salido a la luz pública exhibiendo que pese a que el país tiene una amplia legislación, ésta resulta muy ambigua o simplemente no regula temas de interés general.

Es el caso del llamado conflicto de interés, Pablo García Mexía5 define el conflicto de interés como "aquella situación en que, por acción u omisión, incurre un cargo o funcionario público que vinculado por un deber de servicio al interés general, asume el riesgo de abusar de su poder, subordinando dicho interés general a su interés particular en forma de ánimo de lucro pecuniario o en especie".6

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al conflicto de interés como "un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público".7

Ante estas definiciones, se puede concluir que existe un conflicto de intereses en aquella situación en la que las pretensiones personales del funcionario público puedan afectar una decisión a su cargo; no es trascendental en este caso si la decisión oficial lo beneficia directamente o indirectamente, ya que las leyes son generales y abstractas por que le afectará de alguna manera; lo que es determinante para que exista un conflicto de intereses es que la decisión que tome el funcionario público esté orientada no por el interés público o fin del acto, sino por el interés personal; es decir, que las decisiones se tomen por motivaciones subjetivas de los encargados de tomarlas y no de manera objetiva, con miras al interés público.8

Entonces, en México sin duda, diversas ocasiones se han dado el fenómeno del conflicto de intereses. Por citar un ejemplo, en el año 2014, en el marco de la discusión y la aprobación de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, diversos legisladores y la propia sociedad se pronunciaron a favor de que algunos legisladores se excusaran de participar en el debate sobre leyes secundarias de telecomunicaciones. Lo anterior, bajo la justificación de que estos pudieran tener algún tipo de intereses particulares en la materia.

Según el Gobierno Federal, la reforma de telecomunicaciones tenía como objetivo debilitar a los monopolios de la industria y fomentar la competencia, empero, en el Congreso de la Unión, existía un grupo de legisladores que podrían tener intereses opuestos a los objetivos de la reforma.

Incluso se filtraron conversaciones telefónicas entre directivos del medio de telecomunicaciones y diversos legisladores, en las cuales, se exponían sus intenciones para arrancar un negocio después de hacer un traje a la medida con las leyes secundarias.9

Lo anterior, mostró un mal más de los aquejan al país; los servidores públicos, en este caso, los legisladores, no representaron los intereses de la ciudadanía sino los personales o particulares. Si bien, en el Congreso de la Unión se encuentran representados varios sectores de la sociedad como lo son los campesinos, petroleros, maestros, entre otros, debe existir una diferencia, entre representar a un sector poblacional y a las empresas privadas.

De esta manera, la corrupción en el Congreso de la Unión se presenta también cuando éste se ve influido por el "poder del dinero". En la actualidad existen expresiones como "captura" o "colonización del Estado", las cuales hacen referencia a la "compra" de leyes o decretos, es decir, de decisiones fundamentales, lo que origina que los representantes populares dejen de actuar como funcionarios al servicio del bienestar general para volverse en empleados de ciertos sectores de interés que compran su voluntad.10

También son frecuentes los casos de legisladores que litigan en contra del Estado, aprovechando la posición privilegiada en la que se encuentran, obteniendo así millonarias indemnizaciones en perjuicio del erario público. Esto constituye más que una vergüenza, un verdadero caso de corrupción y de traición: el Estado que se daña a sí mismo.11

No solo en el Congreso de la Unión se da el conflicto de intereses, también en la Administración Pública Federal. Para ejemplificar, Sempra Energy12 no es un nombre nuevo para el país, la vinculación de la empresa con Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha sido polémica desde que Emilio Lozoya Austin fue nombrado titular de la petrolera; hay que recordar que el actual Director General de PEMEX perteneció al Comité de Auditoría de la constructora española OHL, justo antes de que ingresara a la administración pública.13

Lo anterior es un claro ejemplo de conflicto de intereses, desde su nombramiento, la oposición cuestionó el papel del actual Director General de PEMEX, ya que pasó de ser un empresario petrolero a un Director de una paraestatal, que coincidencialmente, pertenece al sector energético.

Un ejemplo más, son los escándalos suscitados a raíz de la relación entre contratistas y el Gobierno Federal, con lo cual, en voz de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), queda comprobado que, "en el México de hoy, el dinero sirve para hacer política y la política sirve para hacer dinero".14

Ante estos hechos, expertos de Transparencia Mexicana (TM), de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y de la organización civil Gestión Social y Cooperación (GESOC) consideran que las autoridades federales no sólo deben aclarar estos casos, sino promover cambios legales para evitar que otros similares ocurran en el futuro.

Ente las recomendaciones, destaca definir el conflicto de interés. Según Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara sobre qué es un conflicto de interés.

En México, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece en el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 8, que esta situación se dará "cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión". Para el director de Transparencia Mexicana, esta definición no permite identificar con claridad cuándo habrá conflictos de interés y, por ello, dificulta evitarlos.

El especialista incluso sugiere incluir en la ley la figura de declaración de intereses, es decir, un documento similar a la declaración patrimonial, en el que en vez de que un funcionario dé a conocer qué posesiones tiene, informe en qué empresas o sectores económicos invierte. A decir de Bohórquez, esto impediría que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios.

Chile es un ejemplo en América Latina, dado que tiene una ley con esta figura de declaración de intereses, con la que se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en las que está involucrado.

Expresamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, plantea lo siguiente:

Párrafo 2º

De las inhabilidades e incompatibilidades administrativas

Artículo 56.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado:

a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública.

Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Artículo 57.- Para los efectos del artículo anterior, los postulantes a un cargo público deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a alguna de las causales de inhabilidad previstas en ese artículo.

Artículo 58.- Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.

Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada.

Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del artículo 56 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación.

Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones.

De lo anterior, se puede concluir que la legislación chilena, plantea una serie de medidas preventivas para evitarlo. Lamentablemente en la legislación mexicana no se establece expresamente lo que es el conflicto de interés, lo que trae consigo corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, entre otros.

Otros países que han hecho lo propio en materia de conflicto de intereses son:

a) Estados Unidos de Norteamérica, tiene la llamada Ley de Ética Gubernamental de 1978 (Ethics in Government Act, EGA)15 que regula la actividad ética y los posibles conflictos de intereses económicos y financieros de los funcionarios y miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel estatal y federal. Luego, la Ley de Reforma Ética del año 1989 (Ethics Reform Act of 1989) introdujo los "acuerdos éticos" (Ethics Agreements). Además, cada uno de los tres poderes, a nivel federal, ha establecido sus propios programas para gestionar los conflictos de intereses en relación a sus propios funcionarios y empleados.

b) España, La Ley de Conflictos de Intereses de miembros de Gobierno y de Altos Cargos de la Administración Pública, Ley 5/200616, en su Título II, nombrado "Conflictos de Intereses" regula, en los artículos 11 y 12, la declaración de actividades y la declaración de bienes y derechos, respectivamente, a que están obligados los altos cargos de la Administración Pública. Por su parte, la Ley Orgánica 5/198517, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en el artículo 160, establece que los Diputados y Senadores están obligados a formular una declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad y de las demás actividades que les proporcionen ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias.

En comparación, en México la regulación del conflicto de interés es nueva, y como se puede notar, llega tarde, pues muchos abusos de poder ya se llevaron a cabo. Si bien, todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo, tienen intereses, en los países antes mencionados existe una regulación para transparentarlos, en caso de que ocupen un cargo público; pero en México, existen múltiples casos de corrupción, lavado de dinero y nepotismo derivado de los conflictos de interés, sin embargo, la legislación es muy ambigua por lo que es resulta urgente legislar en materia de conflicto de interés.

Para combatir la corrupción a través de los conflictos de intereses, se puede adoptar alguna de las siguientes opciones: 1) evitar el problema estableciendo una serie de incompatibilidades o prohibiciones para quien ocupa el cargo; 2) Transparentar los intereses que puedan afectar la decisión del funcionario, como forma de incentivar el control de la ciudadanía como motor de responsabilidad política.18

En el primer caso, en muchos países se prohíbe al legislador no sólo el ejercicio de cualquier otro cargo remunerado de carácter público, sino también de todo empleo en el sector privado. Esto incluye el ejercicio profesional de la abogacía, la participación en la dirección de empresas vinculadas o que realizan contratos con el Estado, exceptuándose las actividades de índole académico o las de carácter honorario.19

En el segundo caso, algunos Estados reglamentan detalladamente las declaraciones de intereses que deben presentar los parlamentarios. La exigencia de las declaraciones referidas a los intereses, actividades y patrimonio del legislador son fundamentales para ampliar la transparencia.20

En este orden de ideas, y en atención a las solicitudes hechas por diversas asociaciones civiles y a la ciudadanía en general, la presente iniciativa tiene como objetivo principal regular de forma más clara y precisa en la legislación mexicana, el fenómeno social conocido como "conflicto de interés".

Para comenzar, diversos legisladores han propuesto crear un órgano especializado para regular el conflicto de interés, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde la Oficina de Ética del Gobierno se encarga de supervisar el conflicto de interés.

Lamentablemente, en México la Administración Pública es lo que más le cuesta a los ciudadanos, crear órganos y hacer más grande el sector administrativo público, muestra una cosa, que el país no tiene una legislación con visión de prevención, simplemente se regula la vigilancia y el castigo.

Se pretende crear un órgano especializado para que ante éste, se presente una queja de un posible conflicto de intereses de algún servidor público. Es decir, la queja se llevará ante el órgano después de sucedido el percance, cuando el legislador ya haya votado a favor de una Ley que beneficia a la empresa privada la de que él es parte, cuando un Gobernador compra medicamentos a una farmacia privada de la cual es propietario, por citar algunos ejemplos.

En cambio, si la legislación mexicana estableciera expresamente, que los servidores públicos tuvieran que hacer una declaración de conflicto de interés, México transitaría a una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas. Con esta declaración, el ente sancionador de carácter administrativo en contra de los servidores públicos, podrá hacer hincapié en los temas que posiblemente pudiera crearse un conflicto de interés, orillando al servidor público a abstenerse de intervenir o participar en situaciones en las cuales pudiese conseguir algún beneficio propio.

Por ello, se propone modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en virtud de que, los postulantes a un cargo público deban presentar una declaración de intereses en la cual, se especifiquen las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado.

Asimismo, se propone que ante la existencia de un posible conflicto de interés, y en orden a la prevención del mismo, el servidor público tenga la obligación de excusarse de intervenir en alguna actividad que genere tal conflicto, pero además se propone que si el funcionario público se encuentra desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades; esto con el objetivo para que en el futuro, no deba excusarse constantemente, por el contrario, terminar con un vínculo que notablemente sólo beneficiará al servidor público.

La propuesta no está enfocada a prohibir la vida empresarial de los servidores públicos, pero si a eliminar de raíz el posible conflicto de intereses que se pueda suscitar en la vida de la Administración Pública.

Por último, también se plantea aumentar el tiempo que la Ley en mención prevé respecto a que los servidores públicos soliciten, acepten, o reciban por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Este será un mecanismo más, para que no se abuse del cargo que se tuvo, debido a que es claro que el servidor público generará vínculos y relaciones con distintos actores que están íntimamente relacionados en el campo en el que se desempeñó, situación que permite tomar ventaja respecto del resto de los competidores.

Si el servidor público sólo espera un año, como la legislación actual lo establece, caería en conflicto de interés, beneficiando al ente privado. En cambio, en 5 años las condiciones del mercado serán distintas, los propios actores serán otros y el ex funcionario ya no tendrá tanta capacidad de injerencia en el sector.

Se clarifica el concepto de conflicto de intereses, en el sentido de que se comprenderá a aquellos servidores públicos que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas privadas o servicios públicos; por ello, la actuación del servidor público tendrá limites en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios públicos.

Además, resulta trascendente aclarar que en el supuesto en que el postulante aun cargo público se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

Por tal motivo estará estrictamente prohibido ocupar el cargo público a menos que se desentienda completamente de todos los intereses económicos, personales y profesionales que pudieran crearle un posible conflicto de interés con de sus responsabilidades ante la ciudadanía.

El conflicto de interés constituye uno de los peores males para la transparencia y la rendición de cuentas, pues su ejecución abona al desmantelamiento del carácter público del Estado. Finalmente, el servidor público que cae en conflicto de intereses busca descuartizar al Estado para entregarlo en pedazos a intereses particulares.

Con los conflictos de interés, los actores privados se infiltran al Estado para minarlo y debilitarlo por dentro. Como legisladores y ciudadanos esta práctica debe rechazarse de manera contundente y legislar a favor de preverla.21

Sin duda, es urgente que el conflicto de interés sea un tema en la agenda de la discusión y aprobación del dictamen de reforma a la Constitución Política Mexicana que permita construir un sistema nacional anticorrupción.

Como ley secundaria, modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como la presente iniciativa lo plantea, traerá consigo que el funcionario público esté obligado a declarar cuáles son sus intereses, que cargos ha ocupado, y en el caso de existir un posible conflicto de interés, el funcionario este obligado a abstenerse de tomar intervención.

Finalmente no podemos negar que diversos mexicanos que han ejercido funciones en la iniciativa privada, y en consecuencia, pueden ser muy útiles para la administración pública federal o sí así lo deseara la ciudadanía, para ocupar un cargo de elección popular. Sin embargo, lo que es inaceptable es que al ser un funcionario público, interpongas sus intereses particulares antes que los de toda una nación.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DE LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

UNICO.-SE MODIFICAN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS,para quedar como sigue:

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a. X. …

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Cuando, durante su gestión se presente un supuesto en el que pudiera configurarse un conflicto de intereses, además de excusarse de intervenir, conforme lo que establece el párrafo anterior, el servidor público que se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades.

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta cinco años después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá conflicto de intereses cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar e influir impropiamente el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión causando un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados.

En orden a la prevención de conflictos de intereses, se comprenderá a aquellos servidores públicos que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas privadas o servicios públicos; por ello, la actuación del servidor público tendrá limites en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios públicos.

Para los efectos del párrafo anterior, los postulantes a un cargo público deberán presentar una declaración de intereses en la cual, se especifiquen las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado.

En el supuesto en que el postulante aun cargo público se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

XIII. a XXIV. …

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los servidores públicos que estén en funciones aprobado el presente decreto deberán presentar su declaración de intereses dentro de los próximos 30 días hábiles.

TERCERO.-Los servidores públicos que estén en funciones y estén en el supuesto de un conflicto de intereses, además de excusarse de intervenir en las actividades que dieron origen a dicho conflicto, conforme lo que establece el presente decreto, también deberán renunciar a la relación con tales actividades.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

XI. …

Cuando, durante su gestión se presente un supuesto en el que pudiera configurarse un conflicto de intereses, además de excusarse de intervenir, conforme lo que establece el párrafo anterior, el servidor público que se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades.

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley;

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta cinco años después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá conflicto de intereses cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar e influir impropiamente el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión causando un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados.

En orden a la prevención de conflictos de intereses, se comprenderá a aquellos servidores públicos que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas privadas o servicios públicos; por ello, la actuación del servidor público tendrá limites en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios públicos.

Para los efectos del párrafo anterior, los postulantes a un cargo público deberán presentar una declaración de intereses en la cual, se especifiquen las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado.

En el supuesto en que el postulante aun cargo público se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los servidores públicos que estén en funciones aprobado el presente decreto deberán presentar su declaración de intereses dentro de los próximos 30 días hábiles.

TERCERO.-Los servidores públicos que estén en funciones y estén en el supuesto de un conflicto de intereses, además de excusarse de intervenir en las actividades que dieron origen a dicho conflicto, conforme lo que establece el presente decreto, también deberán renunciar a la relación con tales actividades.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. David Monreal Avila".

1 Carbonell Miguel. La reforma constitucional en materia de acceso a la información: una aproximación general [en línea]. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2521/5.pdf [Consulta 20 de febrero de 2015].

2 Ibídem.

3 Diagnostico de los derechos humanos en México [en línea]. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. México. 2003. p. 54. Disponible en: http://incidesocial.org/images/pdf/diagnostico_dh.pdf [Consulta 20 de febrero de 2015].

4 López Ayllón Sergio y Merino Mauricio. La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos [en línea]. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2800/4.pdf [Consulta 20 de febrero de 2015].

5

6 García Mexía, Pablo, "La ética pública. Perspectivas actuales", Revista de Estudios Políticos, Madrid, nueva época, núm. 114, octubre-diciembre de 2001, p. 147; Fernández Ruiz, Jorge, Poder Legislativo, México, Porrúa, 2003, p. 265.

7 Arellano Gault David y Lepore Walter. Prevención y control de conflictos de interés: lecciones para la administración pública federal en México a partir de la experiencia internacional [en línea]. Revista Chilena de Administración Pública. N° 10 Diciembre 2007. Disponible en: www.cide.edu.mx/publicaciones/status/dts/DTAP%20255.pdf [Consulta 23 de febrero de 2015].

8 Ramírez Altamirano, Marina, "Ética parlamentaria en Costa Rica", Revista Parlamentaria, San José, Costa Rica, vol. 7, núm. 3, diciembre de 1999,p. 210.Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/115/art/art3.htm [Consulta 23 de febrero de 2015].

9 Fernando Damián. Purificación ve la reforma como su premio mayor [en línea]. Milenio. México. 2014. Disponible en: http://www.milenio.com/politica/Purificacion-ve-reforma-premio-mayor_0_323967613.html [Consulta 23 de febrero de 2015].

10 Ferreira Rubio, Delia M., "¿Cómo lograr parlamentos menos vulnerables a la corrupción?" [en línea] Parlamentos y control de la corrupción. Desafíos políticos en América Latina, San Pablo, 11-13 de junio, 2003, sesión 6. Vulnerabilidad parlamentaria: Captura del legislativo por las elites, Disponible en: http://www.worldbank.org/wbi/governance/placc2003/pdf/ferreirarubio.pdf [Consulta 23 de febrero de 2015].

11 Chávez Hernández Efrén. Ética En El Poder Legislativo. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/115/art/art3.htm [Consulta 20 de febrero de 2015].

12 Sempra Energy es una empresas de gas natural en América del holding con sede en San Diego, California . Divide sus intereses en dos grandes categorías: Sempra Servicios públicos, incluidos Pacífico Empresas / Southern California Gas Company y San Diego Gas &Electric ; y Sempra Global, un holding de empresas que no están sujetas a la regulación de servicios públicos de California, principalmente Sempra International y Sempra EE.UU. Gas y Electricidad.

13 Ramírez Peniley. El cártel de Sempra [en línea]. Reporte Índigo. México. 2014. Disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-cartel-de-sempra [consulta 14 de Febrero de 2014].

14 Redacción AN. "Alud de escándalos", por relación del gobierno con contratistas: IMCO [en línea]. Aristegui Noticias. México. 2015. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/casa-blanca-casa-en-malinalco-casa-en-ixtapan-que-vamos-a-hacer-con-estos-escandalos-imco/ [Consulta 23 de febrero de 2015].

18 Op. Cit.

19 Op. Cit.

20 Op. Cit.

21 John Ackerman. Conflictos de interés [en línea]. Revista electrónica de opinión académica. Universidad Autónoma de México. México. 2014. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/21/art89.htm [Consulta 23 de febrero de 2015].

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre México y los Emiratos Árabes Unidos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ABU DHABI, EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura.

Y por tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen que nos ocupa.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Para estos efectos, ha solicitado la palabra el señor Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias nuevamente, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Con base en la facultad constitucional otorgada a esta Honorable Cámara de Senadores para el análisis de la política exterior, realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde esta tribuna se han respaldado las acciones que permitan una mejor inserción de nuestra nación en el mundo, buscando enriquecer el diálogo e identificando las nuevas áreas de oportunidad para México.

Respecto a lo que aquí se está planteando, hago referencia al Convenio sobre Servicios Aéreos entre los gobiernos de México y los Emiratos Árabes Unidos, firmado el día 10 de octubre de 2012, y que las comisiones dictaminadoras ponemos hoy a la consideración del Honorable Pleno para su aprobación.

Quiero señalar con toda claridad que los últimos años las relaciones diplomáticas entre México y los Emiratos Árabes Unidos han mejorado de manera significativa, y el convenio que nos ocupa es un ejemplo de ello.

El Convenio sobre Servicios Aéreos tiene como propósito establecer un marco jurídico que regule las cooperaciones aéreas entre ambos países con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la relación bilateral y al desarrollo de diversos sectores de la economía, como: el turismo, el sector económico y el del intercambio comercial entre nuestros países.

Hoy en día, la conectividad aérea representa una gran oportunidad para poder potenciar las redes económicas y comerciales con los Emiratos Árabes Unidos, cuyas aerolíneas ocuparon el cuarto lugar de ingresos en el año 2013, con 209.3 millones de pasajeros y kilómetros recorridos, resultando un incremento del 15.7% comparado con el año anterior, cifras registradas por la Organización de Aviación.

Los Emiratos Árabes Unidos han avalado una política de aviación liberal. Hasta 2013, tenían acuerdo de servicios aéreos con 147 países, de los cuales, 113 son de cielos abiertos o integralmente liberales, como es el caso de Argentina y Brasil, y desde hace algunos años han establecido convenios con líneas aéreas de otros países.

La conectividad que proporcionan todas las líneas aéreas y que operan en los 7 emiratos atrae el talento, la inversión extranjera directa, permitiendo así los conglomerados empresariales, la especialización y otras consecuencias indirectas en la capacidad productiva.

Esta conectividad también estimula el flujo de inversión a individuos entre los países, lo que redunda directamente en beneficio de los pasajeros aéreos. Por ello, México debe estar interesado en tener una relación directa y conveniente con los Emiratos Árabes a través de esta conexión aérea internacional.

El principal aeropuerto de los Emiratos Árabes, y es el más importante que lleva el mayor tráfico aéreo, es el de Dubái, el cual se encuentra en plena expansión con una tercer terminal recién construida y que será la más moderna del mundo.

Los otros aeropuertos más concurridos de los Emiratos son el Aeropuerto Internacional de Sharjah, base de operaciones de la aerolínea de ésta y de otras aerolíneas de bajo costo.

Debo enfatizar que el convenio que nos ocupa, y que vengo a defender a esta tribuna, busca incrementar el flujo de pasajeros de ambos países para generar oportunidades que resulten en beneficio para nuestras sociedades.

De esta manera, y en virtud de lo mencionado, dicho instrumento internacional, desde el punto de vista de las comisiones dictaminadoras, es una herramienta necesaria para la ampliación de oportunidades para el desarrollo nacional, y su aprobación daría paso a un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de ambas naciones reforzando los nexos comerciales, políticos y de cooperación.

Señoras y señores Senadores: De otorgar su voto en pro de este dictamen, será una acción decisiva para lograr una mayor cooperación, así como para consolidar el marco jurídico bilateral y continuar los contactos políticos para fortalecer y para hacer de mayor importancia las relaciones entre México y los Emiratos Árabes Unidos.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, se concede el uso de la palabra al señor Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, señor Presidente. Distinguidos legisladores:

A nombre de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Senadora Gabriela Cuevas, presento el dictamen.

El dictamen que hoy compartimos permitirá afianzar nuestras relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos 8 años, nuestro comercio se incrementó en 40% en promedio anual y se han realizado encuentros de alto nivel que han buscado impulsar la promoción del comercio y la inversión. Actualmente, los Emiratos Árabes se han ubicado como el tercer socio comercial de México entre los países de Medio Oriente.

El Convenio sobre Servicios Aéreos que ponemos a su consideración consta de 21 artículos, y tiene como objetivo fundamental regular las operaciones aéreas entre los dos países a fin de crear oportunidades en los sectores turístico, comercial y de negocios e incrementar el flujo de pasajeros.

Para ello, las aerolíneas podrán sobrevolar el territorio del otro Estado, realizar escalas para fines no comerciales, y también embarcar y desembarcar pasajeros, equipaje o carga. Entre otros temas, este instrumento garantiza igualdad de condiciones para las partes contratantes eliminando cualquier forma y discriminación, prácticas desleales o precios predatorios.

Por lo que hace a las tarifas, el Convenio establece que éstas se establecerán de acuerdo a las consideraciones comerciales de mercado, y las partes contratantes deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la libre competencia de las aerolíneas y evitar así prácticas desleales y precios predatorios.

En este mismo sentido, los Estados también asegurarán que los cargos a los usuarios sean justos y razonables.

En materia de seguridad, las partes contratantes prestarán la ayuda necesaria para impedir actos contra las aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de negociación aérea, y cualquier otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil. Asimismo, se señala que cada parte exentará las aerolíneas de restricciones para la importación, derechos de aduana, impuestos directos o indirectos, derechos de inspección u otros derechos, gravámenes nacionales y/o locales y cargos respecto de aeronaves.

Las controversias que lleguen a suscitarse por ello, para este instrumento se resolverán a través de la negociación, la mediación o por decisión de un tribunal de tres árbitros: dos por cada uno de los Estados, y un tercero de otro país.

Finalmente, destaco la importancia de que este Convenio de Servicios Aéreos se adopta de conformidad con la legislación nacional, los lineamientos establecidos por la política aeronáutica del país y las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional que garantizan la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo.

Es cuanto.

Está a su distinguida consideración.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar, en su momento, de la votación correspondiente.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del tablero electrónico se tiene un total de 93 votos a favor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado en la ciudad de Abu Dabi, el 10 de octubre del año 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

 





 

Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2015.

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para conocimiento de todas y todos los Senadores.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a los resolutivos correspondientes.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los resolutivos.

"Primero.- Se confiere el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, correspondiente al año 2015, a la ciudadana Carmen Moreno Toscano, como un justo reconocimiento del Senado de la República a su sobresaliente contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos humanos, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva.

Segundo.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días, en la actual sede del Senado de la República".

Es todo, señor Presidente.



(Intervención de la Senadora Angélica de la Peña Gómez)

VER INTERVENCION

 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

En el 2013, esta Cámara de Senadores aprobó un reconocimiento al más alto nivel que el Senado de la República otorgue a las mujeres mexicanas.

El año pasado se entregó por primera vez a una destacada mexicana, luchadora incansable por los derechos humanos de hombres y mujeres, pero con un alto énfasis a favor de las mujeres mexicanas, me refiero a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos.

Este año estamos listos, desde el mes de noviembre se presentó la convocatoria y se registraron importantes mujeres destacadas, mujeres que han trabajado a favor de los derechos humanos, pero especialmente en la justicia a favor de las mexicanas.

Y la Comisión está presentando, de manera positiva, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, un dictamen del cual pedimos un voto a favor para entregar este premio a la embajadora, a la doctora Carmen Moreno Toscano, distinguida mexicana, con una amplia trayectoria internacional.

Todavía en este momento, entre su hoja debía destaca ser Consejera del Consejo Consultivo de la CNDH, pero actualmente es la máxima representante de la SIM ante la Organización de Estados Americanos. Nosotros estamos pidiendo un voto a favor de una mujer tan destacada, y reconociendo también la participación de las mujeres que fueron registradas todas con amplios méritos para recibir esta presea tan importante que reconoce el trabajo de mujeres mexicanas.

Por su apoyo al dictamen, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

El Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" que otorga el Senado de la República, lleva el nombre de una magnífica mujer a quien se llamó también “La Monja Roja del Mayab”.

Me gusta recordarla porque sin ella probablemente yo no estaría aquí de pie en esta tribuna expresando libremente mis ideas y haciendo pleno uso de mis derechos políticos.

A veces damos por sentado que las mujeres podemos tener voz en los congresos, en la diplomacia y en la administración; y se nos olvida que esto no siempre fue así, y muchos de los retos que enfrentamos como mujeres aún están ahí.

Por mencionar algunos, la pobreza sigue afectando a las mujeres en mucha mayor proporción que a los hombres.

Seguimos registrando hechos de violencia hacia las mujeres que culminan en circunstancias tan desafortunadas como el feminicidio.

Ser mujer y ocupar un cargo público no garantiza que la labor que se lleva a cabo sea a favor de las mujeres, y por eso tiene más valor el trabajo de mujeres que se involucran en la defensa de los derechos humanos, justicia e igualdad social.

Por ello me congratulo ante la propuesta de la Comisión de Equidad y Género de otorgar a la Embajadora Carmen Moreno Toscano este reconocimiento, tan merecido por los trabajos que ha llevado a cabo en la OEA, y quien ha demostrado con su labor constante que la diplomacia sí es para mujeres.

La labor de la Embajadora Carmen Moreno Toscano no se puede poner en duda, ya que tiene una trayectoria notable que da cuenta del interés de una mujer en defender los mejores intereses de la diplomacia y desde todos los espacios que ha ocupado.

Por ello, desde mi espacio de mujer Senadora y digna representante del estado de Tlaxcala, felicito a las tres mujeres que fueron consideradas para la obtención de este reconocimiento y las invito a seguir trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa, como lo dispone el artículo 56 Bis del Reglamento del Senado.

Se informa a la Asamblea que debemos reunir dos tercios de votos de los presentes, para la aprobación del presente dictamen, por tanto, ábrase el sistema de votación, como ya se mencionó, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal de este asunto que hoy nos ocupa.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 89 votos a favor.

Se tiene la votación por unanimidad y se reúne la mayoría calificada.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En virtud de tener votación unánime a favor y mayoría calificada, está aprobado el dictamen por el que el Senado de la República confiere el Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2015, a la ciudadana Carmen Moreno Toscano.

El Senado de la República realizará sesión solemne el día 10 de marzo del año en curso, en este recinto, para entregar el Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto".

Se solicita al pleno de la Comisión para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana Carmen Moreno Toscano, la determinación que ha tomado esta Asamblea de manera unánime. Se instruye por tanto a las Secretarías Generales del Senado a llevar a cabo las acciones necesarias para la realización de la sesión solemne.

 





 

Solicito a la Secretaría dé lectura a una comunicación que nos remite la Secretaría de Gobernación.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

"Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaña al presente copias de los oficios números: 353-A-0054 y 315-A-00460 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envíe el dictamen de Impacto Presupuestario".

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Túrnese la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.





 

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76, 89, 126, 133 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD)







 

PROPOSICIONES

De la Senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas a fortalecer las medidas de protección y establecer programas de apoyo en los municipios más vulnerables ante la presencia de bajas temperaturas. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, NUEVO LEON, SONORA Y TAMAULIPAS A FORTALECER LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y ESTABLECER PROGRAMAS DE APOYO EN LOS MUNICIPIOS MAS VULNERABLES ANTE LA PRESENCIA DE BAJAS TEMPERATURAS

“La que suscribe, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este H. Senado de la República, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la temporada invernal se presentan las temperaturas más bajas del año, mismas que se verifican desde noviembre hasta el mes de marzo provocando heladas e incluso nevadas en diversas regiones del país, condiciones climatológicas que afectan de manera particular a los grupos más vulnerables de la población y actividades económicas principalmente del sector agropecuario.

El pasado 10 de febrero del presente año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer por medio del comunicado 097-15, que ingresaría el Frente Frio Número 35, mismo que está asociado con una masa de aire polar ártico y una baja presión fría, lo que traería como consecuencia la sexta tormenta invernal afectando a los Estados de la franja norte del país.

En este marco, el SMN prevé que se registren temperaturas inferiores a -5 grados Celsius en el norte del territorio nacional, con una mayor probabilidad de nieve o aguanieve en estados como en Chihuahua y Coahuila así como heladas en Durango, Nuevo León y Sonora.

Las bajas temperaturas no sólo ponen en riesgo la salud de las personas sino también representan pérdidas millonarias para diversas actividades productivas, entre ellas las que derivan del sector agropecuario. Tan sólo en el estado de Sonora a consecuencia de las heladas más de 7 mil hectáreas de hortalizas, maíz y frijol registraron daños parciales y totales.

Las condiciones climatológicas actuales del país provocan y potencializan las afectaciones a la salud de la población, por ello, el objetivo de la presente proposición con punto de Acuerdo es promover el fortalecimiento del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de proteger la salud de las familias que viven en el norte del país y apoyar a los municipios más afectados.

Los sistemas de Protección Civil, tanto de la federación y de los estados, se han convertido en un valioso instrumento para establecer medidas de prevención y atención ante este tipo de eventos meteorológicos.

Ciertamente no podemos modificar los ciclos naturales que vive nuestro planeta, pero lo que sí podemos hacer, es mitigar los riesgos ocasionados por los fenómenos naturales.

Por lo anteriormente expuesto y debido a que es una prioridad garantizar la salud de la población en situaciones adversas, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL H. SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, NUEVO LEON, SONORA Y TAMAULIPAS, PARA QUE EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL, FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y ESTABLEZCAN PROGRAMAS DE APOYO EN LOS MUNICIPIOS MAS VULNERABLES ANTE LA PRESENCIA DE BAJAS TEMPERATURAS.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Atentamente

Sen. Anabel Acosta Islas”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar las acciones correspondientes con el fin de que los concesionarios otorguen cobertura telefónica en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, del estado de Coahuila. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE QUE LOS CONCESIONARIOS OTORGUEN COBERTURA TELEFONICA EN LA CARRETERA SAN PEDRO-CUATROCIENEGAS, DEL ESTADO DE COAHUILA

“La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 95 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones correspondientes con la finalidad de que los concesionarios otorguen cobertura telefónica en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas del estado de Coahuila, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La carretera ubicada al sur del estado tiene una longitud de 183 kilómetros y el tiempo estimado del trayecto es de 3 horas con treinta minutos, por la importancia de la vía conduce de forma corta a las ciudades de Torreón y conecta con las ciudades de Monclova, Sabinas y Piedras Negras. Además de la comunicación interestatal, también tiene su importancia porque muchos turistas provenientes de los estados de Durango, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco tienen como destino Cuatrociénegas, zona rica en historia natural del mundo, cuyo paisaje desértico da lugar a dos grandes contradicciones, la primera es que se encuentran quinientos cuerpos de agua, entre ellas doscientas pozas y el resto son lagunas y ríos; la segunda, se encuentran dunas de yeso en lugar de las típicas dunas de sílices, propias de los desiertos.

Las pozas más reconocidas son:

a. La poza azul. El agua contiene estromatolitos son bacterias marinas generadoras de oxígeno, tienen una antigüedad de más de 3 mil años lo que origina el tono azul.

b. La poza de la tortuga. En esta se encuentran más de 80 especies endémicas de tortuga y peces, y

c. La poza de la Becerra. Es una de las más grandes e importantes lagunas de la famosa región del Valle de Cuatro Ciénegas, un paraíso en medio del desierto salino.

Sin embargo, dada la importancia turística de la carretera y del tránsito estatal, mi preocupación versa principalmente por la escasa interconexión sobre las redes telecomunicación, especialmente aquellos de telefonía.

En los últimos meses en esta carretera se han presentado diversos percances, entre ellos, problemas mecánicos, emergencias médicas, problemas de ubicación y localización entre otros, que sufren los automovilistas. Regularmente este tipo de contingencias atraen a delincuentes que se aprovechan de la nula comunicación, para apoderarse de los bienes que llevan consigo los usuarios. Es importante que exista la COBERTURA del servicio telefónico por parte de los concesionarios para que a la brevedad incluyan la conducción o enlaces de transmisión mediante la implementación de infraestructura para su interconexión. De acuerdo con la ley en la materia le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones ejercer y establecer obligaciones de cobertura para que los concesionarios puedan brindar un mayor servicio de interconexión, sobre todo, de cobertura universal que es el acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad.

Adicionalmente los concesionarios tienen la obligación de brindar el servicio de telefonía y proporcionar de manera no discriminatoria servicios al público mediante bases tarifarias y de calidad los servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios y demás condiciones establecidas en términos de esta Ley en la materia y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Con la cobertura solicitada, los usuarios tendrán la plena seguridad de atender cualquier contingencia que pudiera generarse durante su trayecto o destino final, evitándose que se cometan delitos; sobre todo, con la apertura de las comunicaciones de fomentara el turismo en la zona, para beneficia a los prestadores de servicios del municipio y en consecuencia mayores ingresos para las familias.

No es una tarea fácil, pero si es necesario que exista el servicio en la zona, además, adicionalmente hago un llamado al Gobierno del Estado para que refuerce la vigilancia en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, para que en la medida de lo posible se prevengan los delitos durante los trayectos de un punto a otro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones correspondientes con la finalidad de que los concesionarios brinden el servicio de cobertura telefónica en la carretera San Pedro-Cuatrocienegas del Estado de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a suspender las actividades del relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE A SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE HIDALGO

“El suscrito, Senador ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, integrante del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 51, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente punto de Acuerdo, por lo que se exhorta respetuosamente, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de que suspenda las actividades del relleno sanitario, ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec en el Estado de Hidalgo, hasta que informe esta soberanía sobre el grado de cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y demás normatividad aplicable en materia ambiental, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los residuos sólidos urbanos tienen una gran relevancia ambiental en virtud del impacto que estos tienen sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, con afectaciones a la flora y fauna, además de ser una fuente importante de generación de gas metano que influye en el planeta por ser un gas de efecto invernadero [1] .

En México uno de los principales problemas que aquejan el entorno ambiental y que dificultan la calidad de vida de la sociedad, tiene que ver con los grandes volúmenes de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país. El Estado de Hidalgo no es la excepción de acuerdo con Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el estado de Hidalgo se recolectan en promedio 1,870 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos o desechos generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente, que representan 2% de la recolección  nacional. En seis municipios, en los que reside casi la tercera parte de la población estatal, se recoge el 53% de todos los residuos; Pachuca, la ciudad capital, registra la mayor proporción con 380 toneladas (20%); le sigue Tulancingo de Bravo, con 152 (8%); Tula de Allende, con 150 (8%); Tizayuca, con 120 (6%); Actopan, con 100 (5%) y Mineral de la Reforma, con 90 (5%). La recolección promedio diaria por habitante a nivel estatal es de casi tres cuartos de kilo (0.701 kg) y el per cápita por municipio presenta variaciones: Actopan registra una recolección de casi dos kilogramos; mientras que en Pachuca de Soto y Tula de Allende el promedio es cercano a los tres cuartos de kilogramo por persona al día. En Mineral de la Reforma es muy cercano al promedio estatal (0.706 Kg).

De acurdo con este mismo documento los municipios de Hidalgo reportaron la existencia de 78 sitios para la disposición final de los residuos sólidos urbanos; 71 de éstos son “tiraderos a cielo abierto” y los restantes (7) son “rellenos sanitarios”, que reducen los riesgos ambientales de los desechos generados en la entidad. Un relleno sanitario es una instalación en la cual se depositan, de manera temporal o permanente, los residuos sólidos urbanos, en sitios y en condiciones apropiados, para prevenir o reducir la liberación de contaminantes al ambiente, prevenir la formación de lixiviados en suelos, evitar procesos de combustión no controlada, la generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas ambientales y sanitarios. [2]

Del total de rellenos sanitarios existentes en ese estado uno se encuentra ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, dentro del área del Acuífero de Valle de Tulancingo y el cual abastece a los manantiales denominados “Los Cangrejos” de los cuales el municipio y parte del Valle de Tulancingo surten de agua a la población. El 22 de mayo del 2010 los habitantes de esta localidad manifestaron su preocupación por la ubicación de este relleno sanitario y la posibilidad de filtración de los lixiviados en los mantos acuíferos lo que generaría un posible daño medio ambiental y de salud en los municipios aledaños y a la población de este lugar.

El 26 de julio del año 2010 mediante el oficio N BOO. E.11.3, el Titular de Comisión Nacional de Agua del estado de Hidalgo, indicó que considerando las características locales del sitio seleccionado para la ubicación del relleno sanitario era conveniente realizar pruebas y estudios complementarios que permitieran garantizar la seguridad acuífero y la población del valle. Ante esto la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo emitió un oficio en el cual indico que la autoridad facultada para instruir la reubicación del relleno sanitario correspondida al Consejo Estatal de Ecología del estado, y no hicieron llegar ningún estudio técnico.

Por otro lado la Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos emitió un oficio con número 143/2011el 27 de enero del 2011, en el que el Director General, manifestaba que el lugar donde se ubicaba la construcción del relleno sanitario del municipio de Cuautepec se trataba de una zona limítrofe en donde existen suelos no consolidados con permeabilidad medias y altas, en los que se encontraron que los valores de resistividad a 100 y 200metros de profundidad muestran un zona anómala con valores bajos de resistividad, lo que técnicamente indica que se trata de una zona que permite la circulación y acumulación de fluidos, por lo que se consideraba esta área una zona de alto riesgo dadas las características físicas superficiales lo que estaría facilitando la contaminación de los mantos acuíferos.

No obstante y ante la carente revisión por parte de las autoridades correspondientes de la normatividad aplicable, así como de la evasión de las recomendaciones generadas a través de los estudios técnicos el relleno sanitario entro en funciones sin que se remitieran los Estudios y análisis previos requeridos para su construcción. Por lo que en el mes de septiembre del 2013 autoridades de la Comisión Nacional del Agua realizaron un recorrido al interior de las instalaciones del relleno sanitario, del cual determinaron entre sus conclusiones que por la situación geográfica del relleno sanitario se recomienda la construcción de un pozo de monitoreo para la medición del nivel estadístico y monitoreo de la calidad del agua y que la autoridad competente para dar cumplimiento y vigilancia a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por su parte la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente emitió un acuerdo en el que comisiono a inspectores adscritos para que realizaren una visita de supervisión, sin embargo no se dieron a conocer los resultados de dicha inspección y el expediente se dio como concluido.

De acuerdo con el artículo 97 de La Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, que tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, “señala que las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados”.

De lo anterior, se desprende la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones de selección del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Donde se establece en el apartado 6.1.6 que la distancia de ubicación del sitio de disposición final, con respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas, debe ser de quinientos metros como mínimo. Mientras que el apartado 6.2 indica los Estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio son los siguientes:

• Estudio geológico.
• Estudios hidrogeológicos.
• Estudio Topográfico.
• Estudio geotécnico.

Asimismo, el apartado diez de dicha norma indica que las autoridades competentes para la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en esa Norma Oficial son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y señala que la Unidad de Verificación está debidamente acreditada y aprobada para verificar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana.

Adicionalmente, el artículo decimo de La Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, establece que los municipios tienen dentro de sus facultades las de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables.

Por lo tanto y recordando el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se considera necesario que para el caso del relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, dentro del área del Acuífero de Valle de Tulancingo del estado de Hidalgo y el cual abastece de agua a parte de la población de Ventoquipa, se lleven a cabo las medidas necesarias por parte de las autoridades federales, locales y municipales, en los respectivos ámbitos de competencias, para que brinden certeza y máxima protección ambiental a los ciudadanos de esas localidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de que suspenda las actividades del relleno sanitario, ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec en el Estado de Hidalgo, hasta que remita esta soberanía los siguientes estudios y análisis previos requeridos para la construcción:

1. Geológico y Geohidrológico Regionales.
2. Evaluación Geológica y Geohidrológica.
3. Hidrológico.
4. Topográfico.
5. Geotécnico.
6. Generación y composición de los RSU y de Manejo Especial.
7. Generación de biogás.
8. Generación de lixivia.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que informe de manera detallada a esta Soberanía sobre el grado de cumplimento de la Normas Oficial MexicanaNOM-083-SEMARNAT-2003 para el caso del relleno sanitario del municipio de Cuautepec en el Estado de Hidalgo.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua del Estado de Hidalgo (CONAGUA), a llevar a cabo la construcción de un pozo de monitoreo para la medición del nivel estadístico y monitoreo de la calidad del agua donde se encuentra ubicado el relleno sanitario.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.


[1] Estadística básica sobre medio ambiente datos de hidalgo,2013.
[2] Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo.





 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco, Guerrero. Se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO CON QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP), PREVIA CONSULTA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, PARA QUE SE PROPONGA ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), LA INSCRIPCION DEL ESPECTACULO DE CLAVADOS LA QUEBRADA EN EL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE MEXICO, ASI COMO SU INCLUSION EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO

“El que suscribe, Senador RENE JUAREZ CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.

El patrimonio cultural inmaterial es:

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.

Integrador: Cuando se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.

Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.

Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (París, 2003) establece que el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.

El patrimonio cultural inmaterial infunde un sentimiento de identidad, se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades. La UNESCO, sin llegar a establecer categorías ni clasificaciones cerradas, afirma que este patrimonio se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:

• tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma,
• artes del espectáculo,
• usos sociales, rituales y actos festivos,
• conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo,
• técnicas artesanales tradicionales.

El 20 de abril de 2006 entró en vigor en México el decreto del Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2006, que ratifica los términos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este Decreto representa la adhesión del Estado mexicano a la Convención mediante la cual se promoverán los mecanismos legales y los programas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial o intangible de nuestro país.

Entre las acciones que promueve la Convención figura la elaboración de inventarios con el fin de integrar una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y otra sobre el patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Una de las primeras tareas que tiene el Gobierno Federal a través de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como parte de la convención es la realización de un inventario del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.

El patrimonio cultural inmaterial reúne las diferentes expresiones y manifestaciones de la vida de los pueblos. Se trasmiten de generación en generación dependiendo de los portadores de su existencia y son fundamentales para mantener la cohesión social entre los miembros del grupo.

La Quebrada es uno de los atractivos turísticos más famosos del puerto de Acapulco, Guerrero, y está localizada en la zona clásica a unos pasos del centro de la ciudad de Acapulco.

Una tradición que inició en los años treinta cuando los nativos de los barrios cercanos a La Quebrada, después de pescar, bucear y nadar en esa zona se lanzaban del famoso peñasco de 35 metros de altura y de tan sólo 4 metros de profundidad, con la intención de desafiar al mar, en principio fue un reto fraternal y un pasatiempo, que ante el asombro de algunos espectadores poco a poco, esta hazaña llegó a oídos de los pobladores del puerto y los visitantes fueron atraídos por la novedad y valor de dichos jóvenes.

Estos  jóvenes intrépidos a través de generaciones muestran al turista la habilidad de su atrevida profesión; la cual se ha convertido en un espectáculo único en el mundo por las características propias de este lugar.

Para 1934, se estableció de manera oficial el espectáculo de clavados y se conformó la Asociación de Clavadistas Profesionales de La Quebrada, que el año pasado celebró su 80 aniversario.

El espectáculo da inicio desde el ascenso del clavadista por entre las hendiduras naturales del acantilado hasta lograr el punto más alto, lugar donde se ubica su santuario. Posteriormente a su ritual, los clavadistas se sitúan en una pequeña plataforma a una altura de 35 metros. El peligro radica en que el clavadista debe calcular el momento adecuado para lanzarse y que la ola haga que el nivel del mar sea más alto, ya que el clavadista hace contacto con el agua en un tiempo de 3 segundos a una gran velocidad y el impacto contra las rocas en el fondo del acantilado, cuando baja el nivel de la marea, podría ser fatal.

En este sitio se realiza el Campeonato Mundial de Clavados de Altura, el cual lleva el nombre de Raúl García “el Chupetas” como reconocimiento a uno de los clavadistas más destacados de este lugar. La intervención del Sr. Teddy Stauffer como impulsor de atractivos para el turista en este puerto, logró convertir esta actividad en un espectáculo internacional.

En el campeonato mundial de clavados de altura que se lleva a cabo en “La Quebrada” cada año, participan los mejores deportistas a nivel mundial de esta disciplina. También se desarrollan clavados de exhibición con diversos grados de dificultad y una ronda de clavados sincronizados. Este evento atrae cada vez más osados clavadistas provenientes de diferentes países.

Debido a lo atractivo de este lugar y la peculiaridad del espectáculo, La Quebrada ha servido de locación de diversas filmaciones y los clavadistas también han participado en ellas, tales como “Tarzán y las Sirenas” protagonizada por Johnny Weismuller; con Germán Valdez “TinTán” en Simbad el Mareado; a lado de Mario Moreno “Cantinflas” en El Bolero de Raquel y Pepe alrededor del Mundo con Frank Sinatra; El Coyote Emplumado junto a la India María; Semana Santa en Acapulco con Lucha Villa y David Reinoso; Paraíso con Andrés García, Jorge Rivero y Ofelia Medina, Fun in Acapulco protagonizada por Elvis Presley y más recientemente con Eugenio Derbez en la exitosa cinta No se Aceptan Devoluciones; además de un sin fin de telenovelas y comerciales.

Precisamente, el clavadista que más participó como doble en películas y comerciales fue Raúl “Chupetas” García, quien destacó por ser especialista en clavados de altura y fue el principal promotor de los Clavadistas de La Quebrada de Acapulco en el extranjero. Hasta la fecha, El Chupetas ostenta el Récord Guinness por 35 mil clavados de altura realizados, el último fue el 11 de diciembre de 1998 a los 71 años de edad. Otro Récord Guinness fue el obtenido en el 2006 por Iris Álvarez, que a los 12 años de edad ingresó como la clavadista más joven en haberse lanzado de La Quebrada desde una altura de 18 metros.

Los clavadistas de La Quebrada han sido reconocidos a nivel internacional abriendo las puertas no sólo de Acapulco, sino de México hacia el mundo. Un atractivo único e irrepetible ha pasado de generación en generación, y ha logrado mantenerse como uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país y como ícono del Puerto de Acapulco.

Los clavadistas de La Quebrada se han constituido en personajes admirables que han dado fama mundial al Puerto de Acapulco. Después de 80 años de realizar este espectáculo diariamente de manera ininterrumpida, representan un gran orgullo para este destino turístico, es por ello, que me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) ya la Secretaria de Educación Pública (SEP), previa consulta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el Municipio de Acapulco, Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.





 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un informe sobre el diagnóstico realizado para la implementación de los criterios establecidos en las Bases de la Licitación CNH-R01/2014. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS A REMITIR UN INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO REALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION CNH-R01/2014

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 276 y 109 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado donde se pueda apreciar de manera clara y precisa el diagnóstico realizado para la implementación de los criterios establecidos en las Bases de la Licitación CNH-R01/2014.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que en el ámbito de sus facultades remitan a esta soberanía un informe pormenorizado donde se pueda apreciar de manera clara y precisa el diagnóstico realizado para la implementación de los criterios establecidos en las Bases de la Licitación CNH-R01/2014.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACION RESPECTO DEL POSIBLE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA DE PETROLEOS MEXICANOS EN FAVOR DE PETROBAL Y DEMAS EMPRESAS DE GRUPO BAL, ENTRE 2004 Y 2014

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION A LA CONTRATACION DE CARLOS MORALES GIL POR PARTE DE PETROBAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 7 de febrero de 2014, Petróleos Mexicanos difundió a través de un boletín de prensa que “el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, aceptó la renuncia del Ingeniero Carlos Morales Gil al cargo de Director de Pemex Exploración y Producción (PEP).” En dicho comunicado, se hizo mención a que Lozoya reconoció la contribución de Morales durante sus más de nueve años al frente de la subsidiaria y sus más de treinta al servicio de la entonces paraestatal.1

Pocos días después de cumplir un año de la salida de Morales de Pemex PEP, el portavoz de Grupo Bal, propiedad de Alberto Bailleres, dueño de las mineras Peñoles y Fresnillo así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México, difundió que dicho Grupo creó “Petrobal”, con el fin de ingresar al “negocio de la exploración y extracción de petróleo y gas en México de cara a la reforma energética que se ha aprobado en el país.”2 Asimismo informó que Morales asumiría el cargo de director general de dicha empresa. Esta noticia provocó un gran revuelo, por la exactitud en que se cumplieron los plazos legales para evadir todo tipo de responsabilidad administrativa, así como porque al fin se divulgó la causa de la salida de Morales.

Al respecto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su artículo 9, la obligación de los servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión de observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, (…)

De esta manera, es necesario preguntarnos la manera en que Morales contribuyó con Grupo Bal para el diseño del proyecto de Petrobal, a través del uso de la información privilegiada a la que tuvo acceso por su cargo como Director de Pemex-Exploración y Producción, meses antes de la apertura del sector energético y con la que, seguramente buscará posicionarse como un actor importante en el sector, tal y como ocurre con el resto de las empresas de dicho Grupo.

Grupo BAL ha logrado posicionar a personas relacionadas con sus operaciones en cargos importantes del sector energético. Arturo Fernández Pérez, confirmado por el Senado como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, es rector del ITAM y por ello mantiene una relación estrecha con el presidente del consejo de gobierno de dicha institución: Alberto Bailleres González, tercer hombre más rico de México y selecto miembro del consejo internacional de JP Morgan Chase.3 En el mismo caso encontramos a Jaime Lomelín Guillén, quien hoy presentó su renuncia a su puesto de Consejero Independiente de Pemex por un potencial conflicto de intereses, al fungir también como Consejero Propietario de Peñoles, empresa de Grupo Bal y director corporativo de Técnica Administrativa Bal.4

Otro aspecto relevante de este anuncio es que la renuncia del ex directivo se dio días antes de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara a Oceanografía, por los incumplimientos en numerosos contratos que Pemex Exploración y Producción, bajo la conducción de Carlos Morales, le había otorgado. Es de resaltar que dicho ex servidor público aún está bajo investigación de la Procuraduría General de la República, al igual que una veintena de funcionarios de la otrora paraestatal. El caso Oceanografía va de la mano con la administración de Morales Gil al frente de PEP. No sólo se le otorgaron generosos contratos, también se le permitieron graves incumplimientos en los trabajos efectuados.

Durante la gestión de Carlos Morales las empresas extranjeras Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, acapararon la inmensa mayoría de los contratos de perforación, sumando miles de millones de dólares y que presumiblemente contenían elevados costos. Especialistas han denunciado que Halliburton cobra habitualmente un 20% adicional sobre los trabajos que realiza en México y  que no carga en otras partes del mundo. Algunos contratos fueron fraccionados para que cada una de esas firmas tuviera un pedazo. Lo mismo ocurrió con los contratos de arrendamiento de plataformas de perforación en la región marina, que beneficiaron a Grupo México, Swecomex (Slim), Dragados (España), entre otras. Carlos Slim, incluso creció como empresario petrolero gracias a los contratos que le otorgó la administración de Morales.

A Carlos Morales también se le vincula con las enormes pérdidas que sufrió la Región Norte en años recientes por onerosos contratos y trabajos no concluidos, y que la actual dirección de Pemex se ha esmerado en maquillar en las cuentas de la empresa.

Morales, por otra parte, utilizó a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), dependiente de la Secretaría de Energía, para evadir la ley y no llevar a cabo licitaciones públicas en la adquisiciones, obras y servicios por varios miles de millones de dólares.

Es claro que el caso de Carlos Morales ilustra una de las prácticas más utilizadas en la industria energética mexicana, en el que los funcionarios públicos pasan al servicio de las grandes empresas, a las que ahora se entregarán nuestras reservas petroleras, una vez que reúnen la experiencia e información estratégica de la ahora empresa productiva del Estado.

Cuando Luis Ramírez Corzo fue nombrado Director General de Pemex en 2004 nombró a Carlos Morales como director de Pemex Exploración y Producción. Esta designación fue pagada tiempo después mediante la asignación directa de varios contratos a Oro Negro, empresa petrolera que el primero fundó al concluir la administración foxista. Ramírez Corzo confesó en los medios de comunicación que recibía instrucciones desde Los Pinos para que asignaran contratos a Oceanografía, siendo su operador, Morales.

No hay que olvidar que Carlos Morales salió de Pemex gozando de una jugosa pensión a cargo del Estado, misma que se sumará a los honorarios que recibirá ahora como funcionario privado, más la fortuna que presumiblemente pudo acumular durante su importante cargo en Pemex.

El caso de Carlos Morales Gil es el más reciente ejemplo de funcionarios de Pemex que salen de la empresa pública para trabajar en la iniciativa privada, aprovechando conocimientos, experiencia, contactos e información privilegiada en perjuicio del interés general. Algunos, salen para cobrar favores que hicieron durante su paso en la administración pública. En la mayoría de los casos el conflicto de interés es evidente.

Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014.

SEGUNDO.- El Senado de la República exige al titular del Ejecutivo Federal a realizar una investigación respecto de la posible existencia de conflictos de interés por parte de Arturo Fernández Pérez, actual consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo ante la creación de Petrobal, como empresa del Grupo Bal.

Dado en el Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 Jalife, Alfredo, JP Morgan Chase y Evercore Partners, ¿detrás de la privatización encubierta de Pemex?, La Jornada, disponible en ENLACE
2 Cruz Serrano, Noé, “Renuncia consejero de Pemex por conflicto de intereses” en El Universal, 17 de febrero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
3 Petróleos Mexicanos, Boletín Nacional 13: El Ingeniero Carlos Morales Gil deja la Dirección de Pemex Exploración y Producción, 7 de febrero de 2014, ENLACE, consultado el 16 de febrero de 2015
4 CNN Expansión, Grupo Bal: del Palacio de Hierro a la exploración petrolera, 11 de febrero de 2015, ENLACE, consultado el 16 de febrero de 2015





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.- Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, en relación a las cesáreas. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL NOM-007-SSA2-1993, SOBRE LA ATENCION DE LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN RELACION A LAS CESAREAS

“La suscrita, Senadora MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país tiene un gran índice natalidad, tan solo en el año de 2011 nacieron dos millones quinientos ochenta y siete mil niños, de los cuales un millón trescientos veinte mil fueron varones y un millón doscientos ochenta y cinco mil de niñas, es decir un 40.72% de mujeres.

Estas cifras tienden a incrementarse, tan solo la Secretaría de Salud reportó para 2013 un millón cincuenta mil setecientos sesenta y nueve partos atendidos, número que habría de sumarse con los nacimientos atendidos por el sector privado.

El parto es un proceso natural y maravilloso del que muchas mujeres huyen por temor a sentir dolor o que se les dañe la vagina, no obstante que la mujer está diseñada para tener un parto natural, que requiere a un tiempo mayor de labor, durante el cual se afectan los horarios institucionales, el personal de obstetricia doctores y enfermeras tienen que dedicar mayor atención a las parturientas.

La cesárea es una opción que una gran mayoría de mujeres embarazadas elige como una alternativa para no sufrir los dolores del parto natural, que asocia como una situación estresante de la que quieren abstenerse, eligiendo esta opción por falta de información, ya que la cesárea es una intervención de cirugía mayor que representa un riesgo para la madre y al recién nacido, por ejemplo infecciones vaginales, aparición de complicaciones en la placenta como placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta, entre otros, así como mayor dificultad en la alimentación al seno materno a los recién nacidos y repercusiones negativas en el entorno social y familiar, incluyendo la depresión post parto.

La percepción que tienen los prestadores del servicio es de que se trata de un procedimiento más seguro que el parto vaginal, la disminución de las habilidades obstétricas del personal encargado de la atención de los partos, la creciente edad de las madres, la mayor capacidad tecnológica para detectar sufrimiento fetal. La preferencia de algunos sectores socio económicos de la sociedad, así como los incentivos económicos relacionados con los seguros privados.

Al médico en los hospitales privados le conviene hacer más cesáreas, son criterios y condiciones de mercado, el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2012 reportó que el costo promedio de un parto vaginal es de $17,400 en tanto que una cesárea es de $20,700, en un hospital privado es de $32,000 vaginal y de $48,000 por cesárea, más los honorarios médicos, anestesista y gastos de laboratorio.

Para la intervención quirúrgica de la cesárea se requiere hacer uso de un quirófano en lugar de una sala de partos, se requiere de mayor personal médico y aumenta la cantidad de días de ingreso después del parto, todo ello con su respectivo costo económico.

La Organización Mundial de la Salud recomienda el procedimiento de cesárea que solamente debe realizarse cuando la salud de la madre o del bebé corra peligro, que no debe recurrirse a esta opción por la simple conveniencia del médico, del hospital ni por ningún otro motivo que no sea de índole médica.

De acuerdo con Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, México es el país con mayor número de cesáreas en el mundo, donde el 45% de los niños nacen en esta forma, en el sector privado asciende a un 90% de los partos, que en la mayoría de los casos son innecesarias.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, relativa a la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.-Criterios y procedimientos para la prestación del servicio establece en el apartado 5.4.1.6 relacionado con las cesáreas, un máximo del 15% en los hospitales de Segundo Nivel, 20% en los de Tercer Nivel en relación con el total renacimientos, por lo que las unidades de atención médica deben aproximarse a estos valores.

De la misma forma, indica en el apartado 5.4.1.4 que el procedimiento debe tener una justificación por escrito y realizarse bajo estricta vigilancia médica y aplicando la norma institucional al respecto, esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud de los sectores público y privado a nivel nacional, sin que se respete.

No obstante existir esta regulación normativa que prohíbe el abuso  de la realización de las cesáreas, a la fecha no se hace ninguna acción por parte de la Secretaría de Salud para hacer cumplir la norma, e imponer las sanciones que para el efecto se establecen, así como establecer una política explícita en materia de promoción del parto natural.

Como ejemplo de lo que sucede en nuestra República, señalaré el caso de Tlaxcala, en donde por más de una década se ha hecho caso omiso de la Norma, la Ley de Salud y demás disposiciones que regulan la natalidad, ya que en la atención de las casi 22 mil partos anuales, se realizan un promedio del 80% de cesáreas en los hospitales o clínicas privadas y más de un 40% en el sector público.

La atención del parto vía cesárea, cuando no existan situaciones médicas que la justifiquen y la omisión de intervenciones del Estado, además de ser una violación de los estándares fijados desde el ámbito internacional y de la normatividad nacional, es una violación de las mujeres y su derecho al parto natural.

Por las razones anteriormente expuestas, me permito someter a consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL, NOM-007-SSA2-1993, RELATIVA A LA ATENCION DE LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO.- CRITERIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN RELACION A LAS CESAREAS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República formula el más amplio reconocimiento y felicitación a las mujeres y hombres que integran el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA FORMULA EL MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO Y FELICITACION A LAS MUJERES Y HOMBRES QUE INTEGRAN EL EJERCITO, FUERZA AEREA MEXICANOS Y ARMADA DE MEXICO EN EL MARCO DEL DIA EN QUE SE CONMEMORA A LA INSTITUCION CASTRENSE POR LA ENTREGA, DISCIPLINA, HONOR, LEALTAD Y CUMPLIMIENTO DEL DEBER CON QUE DESEMPEÑAN SU LABOR COMO GARANTES DE LA SALVAGUARDA DE LA SOBERANIA NACIONAL, DE LAS INSTITUCIONES Y DE TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS

“Las suscritas, Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALA RUIZ, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, ANA LILIA HERRERA ANZALDO Y ARELY GOMEZ GONZALEZ, a nombre propio y a nombre de las y los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República formula el más amplio reconocimiento y felicitación a las mujeres y hombres que integran el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, en el marco del día en que se conmemora a la institución castrense, por la entrega, disciplina, honor, lealtad y cumplimiento del deber, con que desempeñan su labor como garantes de la salvaguarda de la soberanía nacional, de las instituciones y de todas y todos los mexicanos, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de su historia, México ha tenido tres ejércitos nacionales, el primero surge a fines de 1821, conformado por las unidades del ejército virreinal que proclamaron el Plan de Iguala, y las tropas revolucionarias insurgentes que se adhirieron al plan y a finales de 1860, este ejército fue disuelto por decreto del general Jesús González Ortega al surgir el movimiento social de Reforma.

El segundo ejército, surge durante el periodo que abarco la Revolución de Ayutla y la Guerra de Tres Años, que fue consolidado como Ejercito Federal por el Gobierno de Porfirio Díaz.

En 1910, con el inicio de la Revolución Mexicana y con la revolución constitucionalista se constituyó la base del actual Ejército Mexicano, el Ejército Constitucionalista se conformaba principalmente por tres columnas conocidas como la División del Norte, y los Cuerpos de Ejército del Noreste y Noroeste, bajo el mando de los generales Francisco Villa, Pablo González y Álvaro Obregón, respectivamente, este ejercito libró diversas batallas como la de Santa Rosa y Santa María, en Sonora; en Candela y Monclova, en Coahuila en Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Zacatecas, Orendáin y Tampico, entre otras, en las que se hizo gala de valentía y lealtad.

El nuevo ejército post-revolucionario se regía por la Ordenanza General del Ejército, promulgada el 11 de diciembre de 1911 por Francisco I. Madero y 39 años después, el presidente Miguel Alemán estableció que el día 19 de febrero sería declarado como Día del Ejército Mexicano.
Al pasar de los años, las instituciones militares de nuestra nación han tenido un proceso de cambio, toda vez que se han diversificado y han tenido que adecuarse a las nuevas necesidades y condiciones del país, pero sin duda, siempre procurando la defensa de los principios de la democracia.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, sin descuidar su cometido principal de defensores de las instituciones y de velar por la soberanía e independencia del país, desarrollan, en colaboración con otras dependencias del Estado, varios Programas de índole social, en los que a menudo participan los conscriptos del Servicio Militar Nacional, cuyas actividades se dirigen a la atención social en tan variadas actividades como la reforestación, alfabetización, reparto de agua en localidades sin este servicio, auxilio en casos de desastre ocasionados por fenómenos naturales o accidentes, reconstrucción de las zonas afectadas, campañas contra enervantes, patrullaje de carreteras y puertos nacionales, vacunación y brigadas interdisciplinarias de acción social, entre otras.

A través de los tres planes de estrategia denominados Plan DN-I, Plan DN-II y Plan DN-III-E, el ejército mexicano realiza encomiables labores en aras de proteger a la población y a las instituciones democráticas mexicanas, por ello, las mujeres y hombres que integran las fuerzas armadas nacionales son un ejemplo de entrega, disciplina, honor y lealtad de gente que proviene del pueblo y vela por la protección de todos aquellos que pertenecemos a esta gran nación que es México.

Por ello, resulta de la mayor importancia hacer un reconocimiento a todos las y los mexicanos que integran el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada de México.

En mérito de lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República formula el más amplio reconocimiento y felicitación a las mujeres y hombres que integran el Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Armada de México en el marco del día en que se conmemora a la institución castrense por la entrega, disciplina, honor, lealtad y cumplimiento del deber con que desempeñan su labor como garantes de la salvaguarda de la soberanía Nacional, de las instituciones y de todas y todos los mexicanos.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Arely Gómez González”.





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

“La que suscribe, GABRIELA CUEVAS BARRON, Senadora de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 14 de abril de 2014, tres meses después de la décima ratificación, entró en vigor el “Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones”. Se trata de un instrumento de vanguardia que, como bien han señalado ya algunos analistas, marca el inicio de una nueva era en la protección internacional de los derechos de la niñez. A partir de lo establecido en este Protocolo, son precisamente ellos, los niños y adolescentes, quienes tendrán la posibilidad de denunciar violaciones a sus derechos y exigir reparaciones por los posibles daños causados directamente al Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño, conviene tener presente, está integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación por los Estados parte de la Convención y los Protocolos Facultativos.

Con la entrada en vigor de este Protocolo termina de conformarse el marco jurídico de protección a la niñez que la comunidad internacional, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, ha conseguido establecer para reafirmar el estatus de los niños como sujetos de derechos y la protección de sus intereses como una prioridad del derecho internacional contemporáneo. En efecto, este Protocolo abre un abanico de posibilidades para exigir, en el ámbito internacional, el cumplimiento de los derechos establecidos tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en los dos Protocolos previos, a saber: el Protocolo Facultativo relativo a los niños en los conflictos armados y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil.

Todo menor de 18 años, por sí mismo o por sus representantes, siempre y cuando el Estado del que es nacional haya suscrito y ratificado el Protocolo, podrá enviar una comunicación escrita al Comité de los Derechos del Niño denunciando la violación a alguno de sus derechos establecidos en cualquiera de los instrumentos antes referidos, siempre que considere que los medios domésticos para ello se le han negado, no han sido suficientes, se han prolongado injustificadamente o no consigan una reparación del daño efectiva. El Comité tendrá la facultad de solicitar al Estado en cuestión adoptar medidas precautorias para evitar posibles daños irreparables a las presuntas víctimas, obtener una explicación por parte de las autoridades estatales sobre los hechos, a emitir recomendaciones y a examinar la respuesta oficial a las mismas.

Ante la denuncia de violaciones sistemáticas o especialmente graves a los derechos del niño, el Comité tendrá la posibilidad de designar a algunos de sus miembros a fin de conducir una investigación y eventualmente efectuar una visita al territorio del país en cuestión. A partir de esa visita, el Comité está facultado para elaborar un reporte con recomendaciones específicas que pondrá a disposición de las autoridades del país observado. En un periodo no superior a seis meses, el Estado deberá emitir una respuesta integral a las observaciones y recomendaciones efectuadas por el Comité poniendo énfasis en las medidas adoptadas para atenderlas debidamente. Finalmente, establece también un mecanismo de comunicación entre Estados a fin de que un Estado Parte pueda denunciar a otro por supuestas violaciones a la Convención y sus Protocolos.

El Protocolo fue adoptado durante la Sexagésimo sexta sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución 66/138 del 19 de diciembre de 2011 y se abrió a la firma de los miembros de la organización el 28 de febrero de 2012 en Ginebra, Suiza. Hasta el momento, 45 países han suscrito el protocolo y las primeras once ratificaciones, las necesarias para su entrada en vigor, ya se han producido. Entre los países firmantes destacan varios países latinoamericanos y hay dos -Costa Rica y Bolivia- en el grupo de los diez que lo ratificaron.

Lamentablemente, México es uno de los países que aún no lo ha suscrito. A pesar de que fue una de las recomendaciones más importantes dirigidas a nuestro país en el contexto del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo con Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno mexicano apenas ha informado que continúa analizando si existen las condiciones o no para ratificarlo.

A partir de la última década y sobretodo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2011, México ha asumido un importante liderazgo internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos. En materia de derechos de la niñez, México ha adoptado también un papel activo en las deliberaciones internacionales en la materia y se ha comprometido en innumerables ocasiones a una constante mejora en la implementación y armonización de la Convención de los Derechos del Niño.

El año pasado, concretamente el 20 de noviembre de 2014, la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas celebraron los primeros 25 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Y en México no habría mejor manera de hacer esta conmemoración que ratificando este instrumento.

La Convención de los Derechos del Niño solía ser, al mismo tiempo, uno de los instrumentos más ratificados en la historia reciente del derecho internacional, pero también uno con los mecanismos internacionales de denuncia y exigibilidad más débiles. Con la entrada en vigor del Protocolo relativo al procedimiento de comunicaciones, esta situación cambiará radicalmente.

Es por ello que conviene hacer propio el señalamiento y la invitación que recientemente hiciera Sara Oviedo, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando advirtió: “la ratificación significa que los Estados toman en serio sus obligaciones y están preparados para cualquier escrutinio respecto a alegadas violaciones a los derechos de los niños y las niñas”. No permitamos que se pongan en duda las obligaciones y los compromisos de México en esta materia. No neguemos a 39.5 millones de niños y adolescentes que habitan en nuestro país la posibilidad de ejercer y reclamar sus derechos cuando no obtengan justicia y reparación a nivel nacional. No avalemos que nuestro país se quede fuera del grupo que promueve activamente este nuevo e importante mecanismo en el seno de la ONU. No enviemos una señal equivocada al mundo sobre lo que estamos dispuestos a hacer para defender a la niñez de los abusos, el maltrato, la violencia y la injusticia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y a enviarlo a la brevedad posible a esta Soberanía para su eventual aprobación.

Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente para promover la comercialización de productos agropecuarios de las entidades federativas de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION PARA QUE EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA EMERGENTE PARA PROMOVER LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las últimas décadas, debido, en parte a la continua urbanización, el intenso proceso de globalización y a las transformaciones demográficas que han configurado un nuevo entorno para este sector. Lo que ha llevado de manera concreta a una “desagrarización” del medio rural.

Se entiende por desagrarización a “la disminución progresiva de la contribución de las actividades agrícolas a la generación de ingreso en el medio rural”, no tanto por la desaparición de la actividad agropecuaria, como se aduce a menudo, sino por el impresionante crecimiento de los ingresos de carácter no agrícola en los hogares rurales.

Ante estas circunstancias los mexicanos han abandonado por completo las actividades agrícolas, y han buscado nuevas estrategias de subsistencia.

En consecuencia, existe un mayor desabasto del mercado interno, lo que impacta en el desequilibrio de la balanza comercial de aquellos productos que forman la base de la dieta de los mexicanos y ha creado una dependencia hacía las importaciones, en virtud de que las políticas públicas aplicadas a este ramo sólo han beneficiado a los grandes productores y a empresas transnacionales, que encontraron en el país un jugoso negocio.

La baja producción en granos básicos, como arroz, trigo, fríjol y oleaginosas, indican que existe una subordinación de las importaciones, esto trae como consecuencia que el sector agropecuario se encuentre rezagado, incompetente y desequilibrado. El abandono del campo y las políticas desastrosas en materia agrícola han comenzado a cobrar facturas al país, a su economía y a su gente.

Realidades como esta, afectan a diversos Estados en el país, el sector agropecuario de Zacatecas es un ejemplo claro de ello. Alrededor de la mitad de las familias zacatecanas habitan en el medio rural y las actividades agropecuarias aportan casi la tercera parte del empleo en el Estado, por lo que la situación del campo zacatecano y su gente, es un sector económico esencial para la entidad.

Las actividades agropecuarias del Estado de Zacatecas están compuestas por productoras y productores que se dedican principalmente a la producción de fríjol, maíz, forrajes, hortalizas y frutales como el durazno, guayaba, tuna, vid y otras.

Considerando el valor de la producción agrícola del Estado, el 90% de ese valor proviene, en orden de importancia, por los siguientes cultivos: fríjol, chile, maíz grano, jitomate, avena forrajera, papa, alfalfa verde, durazno, tuna, zanahoria, tomate verde y cebolla.
Asimismo, el Estado destaca por su producción de fríjol. De las 2.1 millones de hectáreas destinadas al cultivo del fríjol en México, entre 1980-2010 correspondieron a Zacatecas el 31.4% (esto es, más de 659 mil hectáreas).

Lamentablemente, en el sector rural zacatecano se identifican diversos problemas prioritarios que se pueden clasificar en ambientales, tecnológicos, sociales y económicos.

Entre los problemas sociales que afectan a la entidad, destacan el proceso de “descampesinización”, tomando en cuenta que el 46.1% de los más de 100 mil productores tiene una edad superior a los 60 años, y el 53.9% es de edad relativamente joven, se prevé un vació generacional en el campo puesto que, los jóvenes no están ocupando los lugares que los adultos dejan en el campo, por lo que no se está dando el relevo generacional.

Adicionalmente, en el estado existen altos niveles de pobreza, sub-alimentación y desnutrición en comunidades marginadas, aunado al bajo nivel educativo en el medio rural y a los altos índices de migración del medio rural hacia lo urbano, envejecimiento de la población rural, feminización del campo.

En cuanto a los problemas económicos se refiere, Zacatecas ha sido afectado por la apertura del Tratado Libre Comercio. Actualmente, existe un bajo desarrollo agroindustrial con capital mexicano, pues predominan las empresas trasnacionales. Además la comercialización está dominada por intermediarios, transnacionales y supermercados. Los mercados agropecuarios están ligados a los mercados energéticos, con grandes variaciones en precios de productos del campo y alza constante en el costo de los insumos.

Es una realidad que en el sector agropecuario de Zacatecas hay una deficiente planeación estratégica de la producción agropecuaria, poco valor agregado a los productos del campo, insuficiente infraestructura estratégica como la hidroagrícola, caminos, bodegas, agroindustrias y centros de comercialización.

Según datos del periódico local “Ángulos” de Zacatecas, un 95% de los municipios del estado entre ellos ejidatarios, pequeños propietarios y agrícolas de más de 200 invernaderos que generan más de 4 mil empleos directos se encuentran al borde de la quiebra.

Los trabajadores del campo afirman que se afectan a productores al permitir que se importen granos como: fríjol, maíz así como jitomate y chile seco, dejando en una dura batalla a campesinos no sólo zacatecanos, sino de todo el país.

Ante el contexto anterior urge un cambio profundo en la conducción económica y social del país en materia agropecuaria, las autoridades no pueden seguir pasivamente administrando simplemente los programas federales como lo han hecho en los últimos años, esperando que las reformas estructurales promuevan el empleo y el desarrollo inexistente en México.

Por parte del Gobierno Federal, se requiere una estrategia integral para el sector agropecuario mexicano, que privilegie el empleo, el desarrollo rural integral, la cohesión social y territorial, el bienestar con base en la educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura como soporte.

El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), apoyó la instrumentación y consolidación de 40 proyectos a través del Programa Opciones Productivas en el estado de Zacatecas, con más de tres millones de pesos.

La finalidad de este programa era fomentar la capacidad productiva de los zacatecanos, proporcionándoles preparación, apoyo y acompañamiento a proyectos productivos, a fin de que pudieran generar ingresos y una fuente estable de empleo que les permitiera sostener a sus familias y mejorar su alimentación.

Sin embargo, los productores saben que producen, y cómo hacerlo, pero en la mayoría de los casos no sabe para quién lo hace, de tal forma que existe una alta dependencia del productor para con los intermediarios para la colocación y venta de sus productos. Por lo que, programas como el anteriormente mencionado, sólo buscar instruir al campesino, y no impulsarlo al desarrollo.
Frente a la crisis que está viviendo el campo nacional, es necesario propiciar una comercialización de los productos rurales más eficiente a efecto de que el productor primario obtenga un porcentaje mayor del precio de venta final de sus productos.

Las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en conjunto con los diversos Gobiernos Estatales a favor del sector agropecuario, sin duda, son un avance. Sin embargo, los mexicanos requieren programas que sean atractivos, puesto que, se ha demostrado los programas federales de injerencia en el sector agropecuario padecen de márgenes de acción acotados por la carencia de recursos, la ineficiencia en su operación y aplicación.

El sector agropecuario está en crisis debido a la falta de una verdadera política agrícola, que cambie subsidios por inversión; es momento de que se deje de administrar la subsistencia del campo y se ponga a producir.

Citando al comentarista político mexicano Federico Reyes Heroles “no hay país próspero que tenga sistema agropecuario pobre”. El campo es una alternativa y un eje rector para el país, por ello, es necesario orientar los recursos presupuestales y las acciones programáticas para evitar la importación de productos agrícolas, así, promover la comercialización de estos productos, pero a través de la mano de obra mexicana.

Ante esto, se propone transitar de un modelo asistencialista a otro que privilegie los incentivos a la productividad. Es decir, si entidades como Zacatecas, producen fríjol, maíz, entre otras leguminosas, es necesario crear un programa emergente que apoye la producción nacional de estos alimentos y los distribuya entre la propia sociedad mexicana, a fin de generar empleo, desarrollo y terminar con la dependencia a las importaciones.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas estatales, implementen un programa emergente para promover la comercialización de productos agropecuarios de todas las entidades federativas de la República Mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. David Monreal Avila”.


1Escalante Semerena Roberto I. y Catalán Horacio. Situación actual del sector agropecuario en México: perspectivas y retos[en línea].Profesores de la Facultad de Economía, UNAM. México. 2008. Disponible en: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/350/01escalante.pdf [consulta 13 de Febrero de 2015].
2 Reyes Couturier Teófilo. La desagrarización del campo mexicano [en línea]. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Núm. 97. México. 2014. Disponible en: https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/3774/3656 [consulta 16 de Febrero de 2015].
3 García Zamora Rodolfo. Crisis agrícola, crisis migratoria e inseguridad humana en Zacatecas[en línea]. México. Disponible en: http://www.amep-mexico.com/HTMLobj-825/RODOLFO_GARCIA_ZAMORA.pdf [consulta 16 de Febrero de 2015].
4 Gobierno del Estado de Zacatecas. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2016 [en línea].México. 2011. Disponible en: http://transparencia.zacatecas.gob.mx/files/plan%20sectorial%20sedagro%202010-2016_0.pdf [consulta 16 de Febrero de 2015].
5 Ibídem.
6 Parra Karina. Productores del Campo en angustia por la crisis económica en la que se debaten [en línea].Periódico Ángulos de Zacatecas. México. Julio, 2014. Disponible en: http://angulosdezacatecas.com/2014/07/08/productores-del-campo-en-angustia-por-la-crisis-economica-en-la-que-se-debaten/ [consulta 16 de Febrero de 2015].
7 Secretaria de Desarrollo Social. Impulsó la Sedesol en Zacatecas 40 proyectos de opciones productivas [en línea]. México. 2014. Disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Comunicados/_rid/57/2753/impulso-la-sedesol-en-zacatecas-40-proyectos-de-opciones-productivas [consulta 16 de Febrero de 2015].





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL II PROTOCOLO ADICIONAL DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949

“La suscrita, Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscriba el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar los excesos de la guerra. Buscan establecer el límite entre las “necesidades de la guerra” y el respeto de los derechos humanos de las personas que participan activa o pasivamente en un conflicto armado.

Ahora bien, considerando los nuevos problemas de seguridad que enfrenta México y la comunidad internacional, es necesario impulsar, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, la protección de todas las personas que sufran alguna violación en sus derechos como consecuencia de un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional.

2. El origen del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH) se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones, ya que la guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. Sin embargo, el desarrollo del DIH moderno puede atribuirse a los esfuerzos de Henry Dunant, empresario suizo del siglo XIX quien en 1859 observó las consecuencias de una sangrienta batalla entre los ejércitos de Francia y Austria en Solferino, Italia. A su retirada, los ejércitos dejaron el campo de batalla regado de hombres heridos y moribundos y pese al esfuerzo de Dunant, destinado a movilizar ayuda para los soldados heridos, miles de ellos murieron.1

En este sentido, el DIH es la rama del derecho internacional constituido por los principios humanitarios y los tratados internacionales que procuran salvar vidas y aliviar el sufrimiento de combatientes y no combatientes durante un conflicto armado; protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra.

Así, puede decirse que el DIH, que también suele llamarse "derecho de la guerra" o "derecho de los conflictos armados", es la parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los Estados en materia del respeto de los derechos humanos durante un conflicto armado. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados, por el derecho consuetudinario internacional -que se compone a su vez de la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria-, así como por principios generales del derecho.2

Los principales instrumentos legales que constituyen el DIH son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 que hasta el momento han sido adoptados universalmente por 196 países del mundo, entre ellos México. Estos Convenios incluyen normas específicas diseñadas para proteger a los combatientes (miembros de las fuerzas armadas), heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra y civiles, así como personal médico, militares y personal de apoyo civil de las fuerzas armadas.

Los Convenios de Ginebra de 1949 son tratados internacionales que se aplican en todos los casos de guerra declarada o en cualquier otro conflicto armado. Además, se aplican en aquellos casos de ocupación parcial o total de un país por soldados de otro país, aún cuando no haya resistencia armada a esa ocupación. Los países que ratificaron los Convenios de Ginebra de 1949 deben respetar ciertos principios humanitarios e imponer sanciones legales contra quienes los violen. Asimismo, están obligados a “dictar la legislación necesaria para establecer sanciones penales efectivas para las personas que cometan u ordenen la comisión cualquiera de las infracciones (violaciones) graves”. 3

Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 son:

• El Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña;

• El Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar;

• El Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra; y

• El Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra.

Además de estos Convenios, existen tres Protocolos que complementan y amplían estas normas humanitarias. Dos de estos Protocolos Adicionales se aprobaron en 1977 (uno se refiere a la “Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales” y el otro a la “Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional”) y el 8 de diciembre de 2005 se aprobó el tercer Protocolo “Relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional”. Pero a la fecha, México no ha ratificado el Protocolo II, el cual aplica a todos los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable controlan parte del territorio nacional, acotándose que no aplica a situaciones de tensiones internas y disturbios interiores como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.4

3. Tomando en cuenta que el artículo 89 de la Constitución establece que dentro de las facultades y obligaciones que tiene el Presidente de la República se encuentra la de celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado, y conducir la política exterior bajo principios normativos claramente definidos, es importante mencionar que el Protocolo II de los Convenios de Ginebra no se contrapone a lo estipulado en la Constitución.

En primer lugar, es importante mencionar que el Artículo 3 del referido Protocolo señala el principio de “no intervención”, aclarando que no podrá invocarse disposición alguna del mismo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Asimismo, estipula que no podrá invocarse disposición alguna como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.

Por otro lado, y desde el punto de vista del derecho consuetudinario, llama la atención que México no haya suscrito este Protocolo considerando que en el escenario internacional somos un activo promotor de la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como se manifiesta en los distintos instrumentos jurídicos que se han suscrito al respecto, por ejemplo, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el Tratado para Evitar o Prevenir conflictos entre los Estados Americanos (Tratado Gondra); la Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz; la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, por mencionar algunos.

Asimismo, es importante señalar que el pasado mes de diciembre la delegación mexicana que participó en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos señaló que no es posible implementar la recomendación 148.6 emitida por el Gobierno de Estonia relativa a que nuestro país se adhiera al Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949, al señalar que “México asume todas las obligaciones de derecho internacional humanitario aplicables en todas las circunstancias, tanto en situaciones de conflicto armado, como en tiempos de paz. Además del umbral amplio previsto en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, la definición de conflicto armado no internacional contenida en el Estatuto de Roma es más amplia que la contenida en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra”.5

Sin embargo, y a pesar de que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 hace referencia a las disposiciones mínimas que se deberán aplicar en los conflictos armados no internacionales y de que el Estatuto de Roma enlista una serie de actos que se consideran como conflictos armados no internacionales, ninguno de los dos pone especial énfasis en las características que se pueden identificar en los actores que ocasionan dichos conflictos armados de forma tan explícita como lo hace el artículo primero del Protocolo II de los Convenios de Ginebra. Y en este sentido, México debería explorar la posibilidad de adherirse a un instrumento que en lugar de 6contradecir su política exterior, la fortalece y la complementa.

De esta manera, y en pleno reconocimiento de que el Examen Periódico Universal constituye una valiosa herramienta para promover la cooperación y consolidación de un sistema internacional de derechos humanos, resulta importante que el gobierno de México reconsidere esta postura y analice, de manera conjunta con la sociedad civil organizada y organismos internacionales, la planeación y la ejecución de las políticas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que se deberían impulsar en nuestro país, de forma tal que se reitere el compromiso del Gobierno mexicano de mantener la interlocución con la comunidad internacional y el seguimiento objetivo a las recomendaciones internacionales.

4. La revisión de esta postura también debe hacerse a la luz de la situación de violencia por la que atraviesan algunas zonas del territorio nacional y del deterioro permanente que se ha registrado en los niveles de paz de nuestro país. Tan sólo en los primeros 21 meses de gobierno de esta administración (de diciembre 2012 a agosto de 2014), se registraron cerca de 32 mil homicidios dolosos, lo que representa un incremento de aproximadamente 63% con relación a los 19,571 casos observados durante los primeros 21 meses de la pasada administración. Mientras que de enero a agosto de 2014, el total de homicidios dolosos y culposos cometidos ascendieron a 24,531, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.7

Adicionalmente, cabe reconocer que esta ola de violencia ha generado otras problemáticas tales como la migración internacional y el desplazamiento interno de personas. El Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC por sus siglas en inglés) reportó que en México unas 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones, principalmente por la violencia prevaleciente en el país.8

Ante esta situación, valdría la pena analizar si la violencia por la que atraviesa el país debería o no ser definida como un conflicto armado no internacional, entendido como aquél que surge en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes y que cumple generalmente con dos criterios.9

• Por una parte, las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando las hostilidades son de índole colectiva o cuando el Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los insurrectos, en lugar de recurrir únicamente a las fuerzas de policía.10
• Por otra parte, los grupos no gubernamentales que participan en el conflicto deben ser considerados “partes en el conflicto”, en el sentido de que disponen de fuerzas armadas organizadas. Esto significa, por ejemplo, que estas fuerzas tienen que estar sometidas a una cierta estructura de mando y tener la capacidad de mantener operaciones militares.

5. En este sentido, y en pleno reconocimiento y respeto a los lineamientos de política exterior que deberá respetar el Ejecutivo Federal, la adhesión al II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 no representa ninguna contradicción con los principios normativos de la Constitución. Por el contrario, complementa la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, y dado que el Gobierno de México ha suscrito diversos instrumentos legales que sustentan una postura a favor del derecho internacional humanitario, se reconoce que el Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 complementa la obligación contraída por el Estado Mexicano en el artículo 3 común a dichos Convenios y al Estatuto de Roma, relativo a los conflictos armados no internacionales, de brindar a las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratados con humanidad y en pleno respeto de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y a enviarlo a la brevedad posible a esta Soberanía para su eventual aprobación.

Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.


1 Cruz Roja Americana, Resumen de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, DE: http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m17540812_Resumen-de-los-Convenios-de-Ginebra-de-1949-y-sus-Protocolos-Adicionales.pdf, fecha de consulta: 4 de agosto de 2014.
2 CICR, ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario?, DE: http://cde.usal.es/arc/doc_curso_derechos_hum/derecho_internacional_humanitario.pdf, fecha de consulta: 4 de agosto de 2014.
3 “Resumen de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales”, Op. Cit.
4 Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, CICR, DE: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/protocoles_adicionales.pdf. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2014.
5 Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. DE: http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/addendum.pdf. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2014.
6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Cifras de Incidencia Delictiva 1997-2014”, DE: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1406/1/images/publicacionvictimasago14(1).pdf, fecha de consulta: 13 de octubre de 2014.
7 Animal Político, “160 mil desplazados por violencia en México: informe”, DE: http://www.animalpolitico.com/2013/04/desplazados/#ixzz39Z4wbEy6, fecha de consulta: 5 de agosto de 2014.
8 TPIY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997, para. 561-568; v. también TPIY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 de noviembre de 2005, párr. 84.
9 ICRC, ¿Cuál es la definición de conflicto armado, según la definición del derecho internacional humanitario? DE. http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf, fecha de consulta: 5 de agosto
10 Ibid.





 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Layda Sansores San Román, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum a establecer una mesa de trabajo para garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL MUNICIPIO DE TULUM, A QUE EN CONJUNTO ARTICULEN SUS FACULTADES PARA ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO EN COORDINACION CON REPRESENTANTES DEL POBLADO DE AKUMAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL LIBRE ACCESO AL PUBLICO A LA PLAYA EN LA BAHIA DE AKUMAL Y ASI EVITAR LA PRIVATIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y MAR TERRITORIAL

“Los suscritos, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, LAYDA SANSORES SAN ROMAN, ARMANDO RIOS PITER, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, Senadores en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comunidad de Akumal, en el Municipio de Tulum, Quintana Roo, han solicitado la intervención de los Senadores de la República para impedir la probable privatización del acceso al mar, de la bahía de Akumal y del disfrute que esta brinda al pueblo mexicano, es por ello que se elabora esta propuesta, con la finalidad de poner un alto a la privatización de los accesos públicos.

Es importante mencionar que la “Bahía de Akumal” se ubica frente al poblado de Akumal en la Costa Caribe del Municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

El poblado de Akumal se localiza aproximadamente a 35 Km al sur de Playa del Carmen, aproximadamente a 25 Km al norte de Tulum y a aproximadamente 0.8 Km de distancia de la Bahía de Akumal Norte. El acceso a la Playa de Akumal es a través del acceso público que inicia desde la carretera Federal 307 o a través de embarcaciones menores, partiendo de Playa del Carmen o Tulum.

Es importante mencionar algunos de los antecedentes relacionados con la problemática:

1.- El Poblado de Akumal siempre tuvo su morada en la Zona Costera de la Bahía de Akumal, hasta que en 1995, a través del Gobierno Estatal de Quintana Roo, se les reubicó al área actual donde se encuentra el Poblado de Akumal, a efecto de que FIDEICARIBE estuviese en la posibilidad de desarrollar, en favor de la Comunidad, el área de esparcimiento en la bahía de Akumal.

2.- La organización Centro Ukana I Akumal A. C., de forma sorpresiva realizó construcciones y delimitación del acceso con sogas haciéndolo más estrecho, sin embargo, siempre existió el libre acceso a la Playa de la Bahía de Akumal, por el que todos los días las distintas familias de la Comunidad de Akumal, gozan de dicha Bahía.

3.- Durante varios años, la Organización Civil Centro Ukana I Akumal A. C. mejor conocido como Centro Ecológico Akumal (CEA) ha procurado obstruir el acceso público1, surgiendo diversos disturbios sociales con la Comunidad de Akumal2, puesto que en más de 40 años, ese siempre ha sido el acceso público a la Bahía de Akumal.

4.-Furtivamente en la madrugada del día 8 de Julio de 2013 diversas personas, que decían trabajar para las organizaciones Centro Ukana I Akumal, A.C y Club Akumal Caribe, S.A. de C.V bloquearon el acceso público nuevamente.

La Comunidad de Akumal con apoyo de autoridades Municipales nuevamente abrió el acceso que de origen les pertenece3.

5.- Conforme al Periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo; 2ª época, tomo 1 del 20 de enero de 1975 se autorizó el fraccionamiento de toda el área que conforma el actual territorio de Akumal, señalándose la donación de áreas para la creación de “calles, accesos, plazas y retornos…” y en general obras para el servicio público como “mercado, escuela primaria, guardería infantil y oficina de gobierno…” áreas públicas de la Comunidad de Akumal.

Mediante Oficio No. DC/DTC/161/11 de fecha 29 de marzo de 2011, emitido por la Dirección de Catastro del Municipio de Tulum, Quintana Roo. La Colindancia del Predio identificado con la clave catastral: 905 001 000 010 001, propiedad de “Club Akumal Caribe S.A. de C.V.”, lo constituye un Acceso Público a la Playa.

El documento descrito, se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo; mediante escritura pública número 10338, de fecha 11 de Mayo del año 2011, pasada ante la fe del Notario Público Número 13 del Estado de Quintana Roo, Licenciado Rubén Antonio Barahona López y referida en la escritura pública 11412 de fecha 10 de agosto del 2011, es decir, tiene efectos constitutivos frente a terceros.

En suma, es clara la existencia de un derecho tutelado para la Población de Akumal y el Público para gozar del Acceso Público a la Playa de la Bahía de Akumal.

6.- Lo anterior, es claramente descrito, al momento en que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Akumal 2007-2032, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día Diciembre 13, 2007, por el entonces Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, en cuyos antecedentes resultan claras las precisiones anteriores.

Pero más aún, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Akumal 2007-2032, en todos sus Planos, en particular el Plano D-3, se establece “puerta del agua” a la Vía Publica a la playa de Akumal, con lo que se señala expresamente la preexistencia del Acceso Público.

7.- Es claro que el Gobierno Federal ha procurado por los intereses de las poblaciones desprotegidas como es el Poblado de Akumal, y por tanto en el 2006, en precisión el 06 de Julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana “NMX-AA-120-SCFI-2006”, en cuyos términos establece en su punto 5.5 “De Seguridad y Servicios”, cuyo sub-inciso “5.5.b” Señala literalmente lo siguiente:

“5.5.b Se debe mantener por lo menos un acceso al público en aquellas playas que midan menos de 500 m, si la playa es mayor a 500 m deberá mantener un acceso al menos cada 500 m; ……….”

Luego, es claro que, si la Bahía de Akumal, mide aproximadamente 2,600 metros, entonces, deben existir, por lo menos 3 Accesos Públicos.

8.-El 14 de Enero de 2014, se presentaron aproximadamente a las 21:00 horas, diversas personas ostentándose como servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes levantaron un acta administrativa, sin dar acceso a la misma, ni señalar a quien se realizaba dicha acta, instalaron los siguientes letreros de clausura en el camino de acceso público a la Playa:

• 14 de Enero de 2014 Clausura de acceso público a la playa de Akumal por PROFEPA.

• 29 de Enero de 2014; personal del Centro Ecológico Akumal instaló sogas de para bloqueo del acceso públicos a la playa de Akumal.

En adición a los antecedentes antes expuestos debemos exponer la siguiente motivación:

En los artículos 17, 47 fracción VII, 74 fracción VI del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, los propietarios de terrenos adyacentes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, están obligados a permitir el libre tránsito a las Playas, patrimonio de la Nación, y por tanto, cualquier obstrucción o eliminación de accesos resulta en una conducta punible.

De tal manera que las personas que han obstruido el acceso público deben ser sancionados conforme a derecho, con la finalidad de garantizar el acceso público y evitar su privatización.

El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 74 fracción VI, establece precisamente que constituye una infracción a dicho reglamento, obstruir el acceso público a la Playa:

ARTICULO 74.- Son infracciones para los efectos del Capítulo II de este Reglamento las siguientes:

• …..

…….

VI. Obstruir o impedir el libre acceso o tránsito a las playas marítimas en contravención a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

Es necesario el reconocimiento de Acceso Público al acceso existente y que consuetudinariamente se hace uso desde hace más de 40 años, para lo cual es imprescindible que la SEMARNAT, en conjunto del gobierno del Estado y del municipio de Tulum realicen las acciones necesarias para garantizar el acceso público y sancionar a quienes han cerrado indebidamente el acceso.

Asimismo, han cerrado el acceso con el principal argumento que es propiedad privada, sin embargo al analizar las escrituras resulta evidente que son apócrifas, hay innumerables anomalías, ya que se en sus mismas escrituras aparece el acceso a la playa, y del año 1973 Al año 2011 el predio incrementó su superficie en 2,800 metros cuadrados, sin omitir las referencias de colindancia, es decir que crece el terreno pero no especifican hacia donde, y al momento de realizar la medición se incluye ya el área que por antonomasia ha sido usada como acceso público, lo cual es sumamente sancionado, además se cree que el crecimiento anormal del terreno abarca la zona federal, por lo que hay que investigar a fondo este tema.

Es necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto para solucionar este conflicto, por lo cual es necesario que trabajen en conjunto con la población de Akumal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum, a que en conjunto articulen sus facultades para establecer una mesa de trabajo en coordinación con representantes del poblado de Akumal, con la finalidad de garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal y así evitar la privatización de espacios públicos y mar territorial.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.


1 http://www.youtube.com/watch?v=qb6P-gSYKsg
2 http://noticaribe.com.mx/2011/10/23/protestan_300_contra_virtual_privatizacion_de_playa_en_akumal/
3 http://sipse.com/novedades/podrian-privatizar-acceso-a-playa-en-akumal-40748.html





 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre los expedientes, casos o situaciones relacionados con actos de corrupción por parte de funcionarios, así como el estatus que guardan dichos documentos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO A ESTA SOBERANIA, SOBRE LOS EXPEDIENTES, CASOS O SITUACIONES RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCION POR PARTE DE FUNCIONARIOS, ASI COMO EL ESTATUS QUE GUARDAN DICHOS DOCUMENTOS

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción y sus consecuencias son una problemática nacional que va desde el pago de sobornos menores a agentes de tránsito hasta la entrega de contratos y compra de voluntades, que recae en el debilitamiento del Estado de derecho, instituciones poco transparentes y la pérdida de los recursos públicos y privados.

Al abuso del poder para beneficio propio se le denomina como corrupción, misma que se puede clasificar en tres rubros según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca:

• Corrupción a gran escala: Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

• Actos de corrupción menores: Consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

• Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Los factores de corrupción que existen en el sector público, dan cuenta de que el sistema de transparencia requiere ser más estricto, en cuanto a solicitudes de información y declaraciones fiscales, pues las decisiones que se toman en las altas esferas del poder se manejan con absoluta discreción y opacidad.

Es claro que los intentos por combatir la impunidad generalmente tiene una salida fácil o jurídica que termina con el pago de una fianza, lo que muestra la incapacidad jurisdiccional de las propias autoridades o la limitación de facultades para investigar a fondo un hecho contrario a derecho.

Además, cuando una autoridad de mayor jerarquía actúa de manera corrupta y existe conocimiento por parte de la opinión pública, se manda un mensaje claro de si la autoridad, y a esos niveles, promueve y consiente actos de corrupción, aunado a que quedan en claro estado de impunidad, el ciudadano de a pie, cae en cuenta que podrá cometer actos de soborno -corrupción- sin que haya una sanción al respecto, dado que cualquier autoridad solaparía y aceptaría una remuneración ilegal para la consumación de actos contrarios a derecho.

Es decir, la mentalidad generalizada para actuar por encima de la ley a cambio de favores y sobornos considerados mínimos, que eximen de responsabilidades civiles; son circunstancias minúsculas que en conjunto desembocan en mayores actos de corrupción creando un efecto domino en la sociedad.

Las autoridades sin excepción tienen una responsabilidad cívica y ética, como comúnmente se dice, es necesario “predicar con el ejemplo”; situación que no ocurre en muchas partes del país y en todos los niveles de gobierno.

Por si fuera poco, la ciudadanía no confía en las instituciones, tal y como lo indica el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014, “el 61% de los mexicanos víctimas de algún delito, no denuncia; el 63% de estos dijo que fue porque no sirve de nada, y más de la mitad por falta de confianza en la autoridad.”

Además de todo lo mencionado en la revista Forbes, a México le cuesta, al menos 100,000 millones de dólares al año la corrupción; pero lo que es más lamentable, es que a este mal se le vea como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen. Por eso, no se le combate.

Continuando con el tema de cifras, el costo anual de la corrupción en México, por poner un ejemplo, también representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado, y es superior a los dividendos que el país capta como producto de la extracción de petróleo crudo y gas cada año, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La corrupción e impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico de México, tal y como lo manifiesta el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el cual plantea la necesidad de crear en el país un órgano anticorrupción verdaderamente independiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con jurisdicción nacional, para tener capacidad de fiscalización en Estados y municipios.

Solo una institución absolutamente independiente ayudará a resolver los conflictos de interés que surgen en cualquier otro arreglo. “Hoy ninguna de las instituciones que podrían participar en este esfuerzo tiene la independencia ni la jurisdicción necesarias: ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Secretaría de la Función Pública”, subrayó el CEESP en su Análisis Económico Ejecutivo.

El costo monetario de la corrupción apoyada en la impunidad existente en el sistema de justica es considerablemente alto, pero lo que es aún más grave, es no instrumentar cambios inmediatos para su erradicación, pues estos representan una amenaza y consecuencias graves para las actividades económicas o productivas del país, las secuelas de los actos de corrupción indudablemente son factores que afectan negativamente en el flujo de la inversión pública y en mayor proporción a la privada.

La situación que viven las familias mexicanas, y la falta de confianza en las autoridades, la debilidad existente en el mercado interno, mismo que se encuentra imposibilitado para la creación y generación de empleos mejor remunerados ha deteriorado la calidad de vida de los mexicanos.

Dicho lo anterior, y con el firme objetivo de combatir los actos de corrupción que afectan el sector económico, jurídico, político y social, se espera que con el reciente nombramiento del Secretario de la Función Pública se apliquen las medidas ejemplares para aquellos servidores públicos que se han visto envueltos en conflictos de interés y actos de impunidad o bien, la separación de sus cargos para que de esta manera se blinden a las instituciones con el objetivo de llevar a cabo procesos de trasparencia eficientes apegados a derecho promoviendo así una cultura de legalidad.

Se requiere crear una conciencia ciudadana de las consecuencias y repercusiones que traen consigo la corrupción en cualquiera de sus grados, la cual abona en gran medida al deterioro de la instituciones en su conjunto; para afrontar esta problemática es necesario que una verdadera autoridad investigue y sancione a quien resulte responsable de actos de corrupción.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que:

a. En la medida de sus facultades y atribuciones rinda un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía, sobre los expedientes, casos o situaciones relacionados con actos de corrupción por parte de funcionarios, así como el estatus que guardan dichos documentos.

b. Informe a esta Soberanía sobre las acciones, programas o estrategias que se implementarán a fin de combatir y erradicar los actos de corrupción en todas las instituciones públicas.

c. Diseñe e implemente campañas de sensibilización; así como de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Guía del Lenguaje Claro sobre Lucha contra la Corrupción. 08 de Diciembre de 2009, [En línea] Disponible en:http://www.transparency.org/whatwedo/publication/guia_de_lenguaje_claro_sobre_lucha_contra_la_corrupcion
2 Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014. IFE [En línea] Disponible en: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
3 El país más corrupto del mundo. Revista Forbes 18 de mayo de 2014. [En línea] Disponible en: http://www.forbes.com.mx/el-pais-mas-corrupto-del-mundo/
4 La corrupción cuesta a México el 10% del producto Interno Bruto. Formato siete. 12 de febrero de 2015 [En línea] Disponible en: http://formato7.com/2015/02/12/la-corrupcion-cuesta-mexico-el-10-del-producto-interno-bruto/
5 Un sistema nacional anticorrupción impulsaría el crecimiento: CEESP. Periódico Excélsior [En línea] Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/08/1007167





 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los avances del dictamen de viabilidad sobre las acciones de rescate de cuerpos de la mina Pasta de Conchos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL DICTAMEN DE VIABILIDAD SOBRE LAS ACCIONES DE RESCATE DE CUERPOS DE LA MINA PASTA DE CONCHOS

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, BRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE, SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 19 de febrero 2006, en el municipio de San Juan de Sabinas Coahuila, sucedió una de las peores tragedias mineras de la cual tenemos memoria.

Durante la madrugada se registró una explosión por altas concentraciones de gas metano que colapsó la mina de carbón mineral y en la cual fallecieron 65 mineros. Hasta el momento sólo ha sido posible recuperar los cuerpos de dos de ellos.

Hace un año aprobamos un punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría General de la República realicen las acciones necesarias para el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron sepultados en la explosión de la mina 8 Pasta de Conchos requiriendo además que  estas autoridades remitan un informe sobre el resultado del dictamen de viabilidad correspondiente.

Hoy presentamos este punto de acuerdo en seguimiento al anterior, para exhortar al Secretario del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría General de la República a que informen sobre los avances del dictamen de viabilidad correspondiente a fin de conocer el estado que guardan las cosas.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría General de la República a que informen sobre los avances del dictamen de viabilidad sobre las acciones de rescate de cuerpos de la mina Pasta de Conchos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Braulio Fernández Aguirre”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar la pertinencia de llevar a cabo las licitaciones de la Ronda Uno en el presente escenario de mercado. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación en torno a la poliomielitis en México. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a posponer la denominada Ronda Uno y a llevar a cabo una evaluación de los términos y condiciones de los contratos planteados, con el fin de garantizar que el Estado reciba por lo menos el 70 por ciento de las ganancias por cada barril de crudo producido y comerciable. Se turna a la Comisión de Energía.







 

De los Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Braulio Manuel Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita al Ejército Mexicano por su 102 aniversario y le reconoce el honor, valor y lealtad en su servicio por la patria. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA FELICITA AL EJERCITO MEXICANO POR SU 102 ANIVERSARIO Y EL CUAL RECONOCE EL HONOR, VALOR Y LEALTAD EN SU SERVICIO POR LA PATRIA

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, BRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE, MIGUEL ROMO MEDINA SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTEL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por decreto presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció que el 19 de febrero se celebraría como Día del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano.

La referencia inmediata del actual Ejército Mexicano data de 1913, cuando se libraban las batallas de la revolución. La traición de Victoriano Huerta, lo llevó a apoderarse del Poder Ejecutivo de la Nación al capturar al Presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, tomados prisioneros por órdenes de Huerta. Una vez en prisión, se les forzó a fi­rmar la renuncia a sus cargos para que sólo unos días después fueran asesinados.

El hecho provocó que el Congreso del Estado de Coahuila, mediante decreto del 19 de febrero de 1913, desconociera a Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo y otorgara al Gobernador del Estado, Venustiano Carranza, facultades extraordinarias para crear una fuerza armada.

Producto de este documento surgió un Ejército cuya principal característica fue su origen popular, por ser integrado por ciudadanos armados, acaudillado por jefes improvisados que se unieron a Carranza; el propósito de este levantamiento popular que se convirtió en una revolución fue luchar por restablecer el orden constitucional roto por la ambición del poder de algunos mexicanos.

De esta manera inició la Revolución Constitucionalista. Carranza comenzó a aglutinar fuerzas revolucionarias de Sonora y Chihuahua.

Esto fue facilitado por el Plan de Guadalupe, firmado en la hacienda del mismo nombre en Coahuila, documento en el que ratificaba el desconocimiento de Huerta y la creación del Ejército Constitucionalista, encargado de recuperar el orden constitucional de la República, antecedente del actual Ejército Mexicano.

El Ejército Nacional cambió su denominación a Ejército Mexicano, en 1948, por considerarse lo más adecuado. Más tarde, como un reconocimiento a su importante labor en beneficio de la Patria, se creó el “Día del Ejército”, en 1950 con la misma fecha en que fue creado y es reconocido en diversas leyes y ordenamientos jurídicos. Hoy día 19 de febrero se festeja el Día del Ejército Mexicano como una fecha solemne de la Nación.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República felicita al Ejercito Mexicano por su 102 aniversario y le reconoce el honor, valor y lealtad en su servicio por la patria.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos De la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.





 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las afectaciones técnicas y cronológicas que sufrirá el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, debido al recorte en el presupuesto para el 2015. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME CON LAS AFECTACIONES TECNICAS Y CRONOLOGICAS QUE SUFRIRA EL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEBIDO AL RECORTE EN EL PRESUPUESTO PARA EL 2015

"La que suscribe, Senadora ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, rinda un informe pormenorizado con las afectaciones técnicas y cronológicas que sufrirá el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, debido al recorte en el presupuesto para el 2015, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 8 de julio de 1943, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto que declaraba internacional el Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, para efectos de entrada y salida de pasajeros y aviones. Seis años después se inició la construcción de la pista 05D-23I y nuevas instalaciones como plataforma, edificio terminal, torre de control y oficinas para autoridades. La pista entró en servicio en 1951 y el 19 de noviembre de 1952 se inauguró el inmueble por el Presidente Miguel Alemán.

2. Para el año de 1956, el Aeropuerto tenía cuatro pistas en servicio; la 051-23D con 2 mil 720 metros de longitud por 40 de anchura; la 05D-23I con 3 mil de longitud por 45 metros de anchura; la pista 13-31 con 2 mil 300 metros de longitud por 40 de anchura; y la cuarta pista que era llamada la 5 Auxiliar tenía solamente 759 metros de longitud por 40 de anchura.1

3. Desde 1970, se anunció la saturación del Aeropuerto y la imposibilidad de ampliar el espacio aéreo y terrestre, dada la expansión urbana de la Ciudad de México, motivo por el cual se hicieron varias propuestas de reubicación.2

4. Para el año 2000, el AICM ya superaba los 20 millones de pasajeros y 272 mil 654 operaciones al año, motivo por el cual en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 planteaba el proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, con dos posibles ubicaciones: Texcoco y Tizayuca.

5. En el año 2001, se publica el decreto oficial para la expropiación de tierras en el municipio de Atenco, para la localización del nuevo aeropuerto. Sin embargo, las movilizaciones de los ejidatarios en el 2002, ocasionaron que la presidencia de la República cancelara el proyecto.

6. El 30 de mayo de 2003, el Gobierno Federal anunció la ampliación de la Terminal 1, para aumentar su capacidad e inició la construcción de la Terminal 2 quedando con una superficie total de 574 mil m2 (332 mil T1; 242 mil T2), es decir, se pretendía un crecimiento aproximado del 73%, de su capacidad.

7. En el año 2007 entra en operación la Terminal 2, cuyo costo fue de 600 millones de dólares, desglosados en 200 millones de dólares aportados por el Gobierno Federal y 400 millones de dólares obtenidos a través de un crédito sindicado. La Terminal 2, permitió que AICM aumentara su capacidad de operaciones en un 50% lo que permitió pasar de 22 a 32 millones de pasajeros anuales, con un total de 362 mil operaciones.

8. Para el año 2013, el número de pasajeros que llega al AICM es de 31.5 millones, por lo que empieza a presentar nuevas condiciones de saturación, ocasionando retrasos y problemas de operación.

9. La Comisión Federal de Competencia mediante resolución de fecha 16 de julio de 2014 emitió su opinión favorable a fin de que Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorgara a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. la concesión para construir administrar operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

10. Con fecha 2 de septiembre de 2014, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, dirigió un mensaje a la nación con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, del cual se destaca el anuncio sobre la construcción de un Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual contará con seis pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año; es decir, cuatro veces la capacidad del actual.

11. El día 3 de septiembre, el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruíz Esparza, confirmó que los encargados de diseñar el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, son el arquitecto británico Norman Foster y el mexicano Fernando Romero. El mismo día, la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que se detallan las etapas del proyecto: la primera etapa (2015-2020) cuenta con 4 mil 430 hectáreas, con de 3 pistas proyectadas en 14.5 kilómetros y con una inversión de 169 mil millones de pesos. La segunda etapa (2020-2065) cuenta con 4 fases, con más de 196.16 hectáreas, 3 pistas e infraestructura proyectadas en 13.5 kilómetros y con una inversión de 40 mil 712 millones de pesos.

12. Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2014, la Secretaría de la Función Pública por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales destinó a favor de Secretaria de Comunicaciones y Transportes, los inmuebles con una superficie de 44 mil 311 millones 640 mil545 hectáreas ubicados en el Estado de México que se utilizarán para la construcción administración operación y explotación de la Infraestructura Aeroportuaria.

13. El 29 de septiembre de 2014, el Diario Oficial de la Federación emitió la declaración de saturación en el AICM.

14. El 26 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Título de Concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., para construir administrar operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.3

15. El 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda y Crédito Público en conferencia de prensa, anunció un ajuste al presupuesto de egresos de 20154; sobre las perspectivas económicas 2015-2016, y los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2014. Sin embargo, precisó que no se afectaría el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que continuará conforme a los calendarios y procedimientos previamente anunciados.

16. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicó el 8 de febrero de 2015 que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un ajuste presupuestal para este año equivalente a 4 mil 300 millones de pesos, es decir, de los de 6 mil 871 millones de pesos que se tenían asignados para este 2015, sólo se destinaran 2 mil 500 millones de pesos, lo que equivale al 36% de lo estimado5.

CONSIDERACIONES

I. Desde hace tiempo es evidente la necesidad de construir un Nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México. Desde hace 20 años se hizo presente la relevancia de ampliar la capacidad del ya existente y sea congruente con el incremento del transporte de pasajeros y mercancías, lo cual ha generado, al día de hoy, que la capacidad del aeropuerto sea insuficiente.

II. El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la gran apuesta del Presidente de la República está estructurado en dos etapas, con una perspectiva a más de 50 años y con una gran inversión:

Etapa

Operaciones

Pasajeros transportados

Fase

Superficie ha.

Pistas proyectadas

Inversión mdp

1 (2015-2020)

500 mil anuales

50 millones

Fase 1

4, 430

Pista 1 de 5 km por 60 metros

169, 000

Pista 2 5 km por 45 metros

Pista 3 de 4.5 km por 45 metros (uso militar)

2 (2020-2065)

1 millón anuales

120 millones

Fase 2

47.25

Sin pista

3, 696

Fase 3

58.95

Pista 4 de 4.5 km por 45 metros

11,572

Fase 4

89.96

Pista 5 de 4.5 km por 45 metros

18, 282

Fase 5

Sin dato

Pista 6 de 4.5 km por 45 metros

7, 162

III. La construcción del nuevo aeropuerto implicará además 12 proyectos viales, entre los que se encuentra la construcción de un segundo piso vehicular de 18 kilómetros de extensión sobre el Viaducto Río Piedad, más una vía de acceso controlado de 17 kilómetros desde donde termina esta vialidad hasta las estaciones de la nueva; el proyecto de 10 kilómetros a lo largo de la avenida Vasco de Quiroga, en la zona poniente, para darle conexión con Santa Fe, Las Lomas, y los nuevos desarrollos de Huixquilucan hacia el Viaducto; la ampliación del Viaducto, entre otros. Este proyecto también cuenta con 7 obras de transporte público, entre los que se encuentran: ampliación de los metros Pantitlán y Muzquiz hasta la nueva terminal; ampliación de 11 kilómetros del Mexibús que corre por la vía Morelos, al norte de la ciudad; y ampliación de las líneas 4 y 6 del Metrobús;

IV. El proyecto del NAICM expone muchos beneficios en sectores sociales, económicos y ambientales, entre los que destacan: Transformar una zona de alta marginación en una de oportunidades, con acciones en educación, salud y vivienda para que los habitantes de la región oriente cuenten con servicios, centros de trabajo, espacios públicos, parques, centros deportivos y hospitales cercanos a sus hogares; será la principal unidad económica generadora de empleos en México durante los próximos años. Durante su construcción se detonarán aproximadamente 160 mil empleos; se convertirá en líder mundial en diseño, construcción y operación de aeropuertos sustentables, 100% de suministro energético para operación base se proveerá con energías limpias.

V. El 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda y Crédito Publico dio a conocer el recorte al presupuesto del 2015, debido a la drástica caída del precio del petróleo a nivel internacional, la inminente normalización de la política monetaria de los Estados Unidos y la desaceleración global en distintas regiones del mundo, acentuada por inestabilidad geopolítica. La medida representa en números que el sector público federal realizará durante 2015 ajustes por un monto de 124 mil 300 millones de pesos del gasto público, lo que representa el 0.7% del PIB. En materia de inversión se incluye una reducción por 18 mil millones de pesos que implica que las dependencias deberán, para algunos proyectos de inversión, reducir y recalendarizar metas físicas de programas, y proyectos aprobados.

VI. El Gobierno Federal, si bien ha insistido en que el proyecto del NAICM no tendrá afectaciones por dicha reducción, menciona que las dependencias tendrán reducciones, despertando incertidumbre sobre el presupuesto asignado para las obras contempladas dentro de dicho proyecto como son las obras viales, la ampliación de transporte público y la transformación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

VII. Aunado a lo anterior, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comunicó, en días recientes, que sí se hará un ajuste el presupuesto fijado al proyecto para este año, dejando sólo el 36% asignado, es decir solo se destinarán 2 mil 500 millones de pesos.

VIII. Por ello es indispensable conocer los detalles de esta reducción, a fin de clarificar si el Proyecto del NAICM tendrá modificaciones técnicas y cronológicas.

Ante esto, solicito se someta a consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe pormenorizado con las afectaciones técnicas y cronológicas que sufrirá el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, debido a la reducción de presupuesto para el 2015.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno".


1 tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/12375/1/1829%202012.pdf
2 http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Ponencia%20Asuad.pdf
3 http://www.aeropuerto.gob.mx/boletines/26012015_dof.pdf
4http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2015/lvc_fin_publicas_iv_trime_2014_30012015.pdf
5
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/comSoc/Sintesis_Electronicos/ELECTRONICOS_06_02_2015.pdf





 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANIA UN INFORME SOBRE LOS MONTOS, EJECUCION DE LOS RECURSOS Y AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DEL HOSPITAL “PILAR SANCHEZ VILLAVICENCIO” EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ENTIDAD

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que presente ante esta Soberanía un informe sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de  Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

El acceso a los servicios de salud es una condición básica para el bienestar de la población y una de las mejores inversiones que puede realizar el gobierno para mejorar la calidad de vida y el nivel de desarrollo de las familias.

Por tal motivo, en el estado de Oaxaca es necesario consolidar un sistema de salud, moderno eficiente y justo, que garantice en todo momento su acceso, con servicios de calidad y al alcance de todos. Lo anterior es elemental para que no se repitan casos como el de Nancy Salazar López de 21 años, originaria de la agencia de policía El Molino de Huajuapan de León, quien dio a luz en las inmediaciones del hospital general Pilar Sánchez Villavicencio.

Lamentablemente, lejos de ser un acto aislado, estas omisiones forman parte de una serie de acontecimientos de la misma naturaleza, basta mencionar los casos de Irma López en Jalapa de Díaz, Alma Ruth Mendoza Martínez en San Antonio de la Cal y Cinthia Gisel López Aristeo en la comunidad San Jacinto Amilpas, quienes hicieron labor de parto en las inmediaciones de los centros de salud.

Estos acontecimientos han dejado de manifiesto la inadecuada infraestructura hospitalaria de la entidad, la falta de camas y medicamentos, asimismo, la carencia de médicos, especialistas y personal de enfermería que existe en las comunidades y regiones del estado de Oaxaca.

Ante estas circunstancias, autoridades estatales anunciaron la construcción de una extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, el cual contará con 60 camas y beneficiará a más de 117 mil habitantes de la región Mixteca, esto será posible con una inversión de 285 millones de pesos.

Por lo anterior, el pasado 5 de febrero de 2014 se colocó la primera piedra que se construirá en una superficie de 30 mil metros cuadrados y contará con los servicios de consulta externa, urgencias, terapia intermedia, diálisis y unidad de cuidados intensivos.

La finalidad del proyecto en su conjunto, es garantizar el acceso a los servicios de salud, esto de acuerdo con declaraciones del titular del sector en la entidad, quien señaló que se atenderán las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para generar las condiciones de operación clínica que prevengan la atención de emergencias obstétricas.

A pesar de su importancia y después de un año de la colocación de la primera piedra, los trabajos de construcción no presentan avances significativos, por si fuera poco, a decir del Secretario de Acción Política de la Sub- Sección 05 de la Secretaría de Salud, el gobierno estatal no cuenta con los recursos para iniciar con la obra.

Diversos medios informativos han documentado ampliamente que al menos en cinco ocasiones distintas se ha colocado la primera piedra, sin que hasta el momento se haya concluido la edificación, siendo esta una prioridad, así lo constata el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, quien al efecto argumentó que en este momento las camas y el personal son insuficientes, ya que se atiende a los habitantes de municipios cercanos lo cual genera una sobre demanda.

Las omisiones referidas indican el poco interés del gobierno del estado hacia el sector salud, por lo cual apremia que hagan público y accesible los montos y ejecución de los recursos destinados para la construcción del hospital, ya que los recursos deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos preocupa que las mujeres en estado de gravidez tengan garantizado el acceso a los servicios de salud y así garantizar su bienestar y el de los recién nacidos. Por tal motivo seguiremos insistiendo en la implementación de las acciones necesarias para cumplir con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Estatal de Salud del estado de Oaxaca, todo ello, en favor de la protección de la salud.

Por lo anteriormente expuesto y conscientes de la importancia del cumplimiento por parte del gobierno del estado de Oaxaca en sus obligaciones básicas en materia de salud,  para que sean con disponibilidad, efectividad y calidad; los legisladores del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno del estado de Oaxaca, para que presente ante esta Soberanía un informe sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 24 de febrero de 2015”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se convoca al Director General de Petróleos Mexicanos a una reunión de trabajo con comisiones del Senado, a efecto de explicar el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS A UNA REUNION DE TRABAJO CON COMISIONES DEL SENADO, A EFECTO DE EXPLICAR EL PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTAL DE 62 MIL MILLONES DE PESOS APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION A LAS MEDIDAS DE AJUSTE PRESUPUESTAL DE PETROLEOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de dos años y medio de gestión, el Gobierno Federal ha demostrado su incapacidad para manejar las finanzas públicas, cometiendo graves errores encaminados a publicitar las llamadas “reformas estructurales”. Estas reformas, lejos de significar una verdadera transformación del funcionamiento del Estado se han convertido en un verdadero lastre para el interés general en favor de intereses privados.

Un claro ejemplo de la manera en que las “reformas estructurales” no han logrado reforzar al Estado mexicano es la repercusión de la incipiente crisis económica mundial producida por la manipulación de los precios del petróleo por parte de algunos países encabezados por Estados Unidos. Esta manipulación ha provocado un desplome del precio del barril de petróleo, que en el caso de la Mezcla Mexicana de Exportación llegó el 13 de enero de 2015, a un mínimo de $37.36 dólares por barril1, y en el mes de enero, un precio promedio de 39.26 dólares por barril.2Es de resaltar que estos precios se encuentran muy por debajo del precio de 79 dólares establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Esta situación encendió las alarmas en todas las áreas de la vida pública nacional. El Gobierno Federal afirmó durante la negociación del paquete económico 2015, que se habían contratado coberturas del precio de petróleo a un valor de 76.4 dólares por barril por un volumen de 228 millones de barriles. Esta situación resultó preocupante, toda vez que no se logró una cobertura por la totalidad de la producción petrolera nacional toda vez que “México no sólo exporta petróleo sino que importa otros productos ligados al mismo, como gasolinas, y lo que se busca cubrir es esa posición neta para no sobreasegurar.”3 No obstante, el titular de la Unidad de Crédito Público informó que “las coberturas petroleras serían pagadas a México hasta que el promedio del precio del petróleo a 12 meses se encuentre por debajo de 76.4 dólares por barril. El lapso a tomar en cuenta para obtener el promedio comprende desde el 1 de diciembre del 2014 hasta el 30 de noviembre del 2015.”4

Resulta claro que la estrategia del Gobierno Federal para afrontar una reducción significativa de los ingresos petroleros en este 2015 ha sido equivocada y con poco profesionalismo. El 28 de enero, el Secretario de Energía adelantó por primera vez, luego de presentar la Tercera Ronda de Licitaciones de Transporte e Infraestructura Eléctrica, que “ya está trabajando la dirección general, conjuntamente con el Comité de Estrategia e Inversión de Petróleos Mexicanos, para hacer un ajuste al presupuesto de egresos de Pemex, pues es lógico que si disminuyen los ingresos de la paraestatal, pues se tenga que reducir también sus gastos.”5 El Gobierno Federal propuso, por tanto, afectar el gasto del Estado antes de evaluar la conveniencia de modificar los términos fiscales de los contratos que se licitarán en la Ronda Uno.

Un par de días después, el Gobierno Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció un primer ajuste de las finanzas públicas por un equivalente al 0.7% del PIB. Este recorte, de acuerdo con lo mencionado por Videgaray, no implicaría un impacto a la inversión. No obstante, los principales ajustes se hicieron al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 62 mil millones de pesos y de 10 mil millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).6 Cabe advertir que este ajuste presupuestal, no atendió lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto a las medidas a tomar para el caso de una disminución de los ingresos públicos.

Siguiendo los anuncios antes señalados, el 13 de febrero, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, aprobó el “plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos presentado por el director general de Pemex, lo que representa una disminución de 11.5 por ciento respecto al presupuesto programable autorizado por el Congreso de la Unión.”7 Este programa tiene como su principal destinatario las refinerías nacionales.

Aún y cuando la información difundida por Pemex, señala que “Si bien una de las premisas que se utilizó para construir el programa de ajuste al gasto fue mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos, el ajuste es de tal magnitud que se está difiriendo la ejecución de las principales obras en esta materia, incluyendo reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios (Ultra Bajo Azufre).”8 Es evidente que este recorte marcará un parteaguas de la refinación en el país.

Las causas que condujeron este recorte fueron, según la información de Pemex, de naturaleza económica, toda vez la Dirección General de la ahora empresa productiva del estado no se ha cansado de advertir que al tercero trimestre de 2014, Pemex Refinación tuvo pérdidas de 86 mil 408 millones de pesos.9 Con ello, se ha buscado promover la necesidad de mantener la estrategia de importación de petrolíferos y así evitar la reconfiguración de refinerías y la creación de plantas para producir combustibles limpios.

Es de advertir que el presupuesto destinado por Pemex para la reconfiguración de las refinerías es de 15 mil millones de dólares, lo cual es visto ahora como un gasto innecesario pues en el exterior, los precios de las gasolinas también han caído y los márgenes en el negocio de la transformación son menores. Es por ello previsible, que el impacto que tendrá la cancelación de los programas en materia de refinación será muy importante.

Según lo difundido la estrategia del actual Consejo de Administración de Pemex es la producción de riqueza, por lo que parece que se enfocarán los recursos a la exploración y producción de crudo.10 11 El Centro de Investigación para el Desarrollo advierte que la política de negocios de Pemex tendrá como uno de sus principales efectos el aumento de la importación de gasolinas, que en 2014 alcanzó niveles de 370 mil barriles diarios, frente a una caída de 3.59% en producción anual de gasolinas. 12

Un aspecto que no debe pasar inadvertido ante esta situación de Pemex es que será necesario renegociar varios contratos con proveedores, como son los contratistas encargados de perforar pozos, lo que deja en claro que se afectará también la producción, reparación y mantenimiento de pozos.

El Consejo de Administración solicitó al Director General de Pemex implementar un esfuerzo que reduzca el gasto corriente, incluyendo los recursos humanos y servicios personales, a fin de que se reduzca el impacto en los proyectos de inversión productiva de Pemex, como lo hacen otras empresas del sector.13 Esta situación resulta sumamente delicada, por dos aspectos, se considera el criterio de producción por encima del respeto de los derechos laborales y, en segundo lugar, se anuncian estas medidas de frente a la renegociación del Contrato Colectivo.

Por otra parte, el Director General de Pemex admitió el 18 de febrero que “en Pemex sin duda hay áreas donde podemos recortar gasto corriente, en lo que son servicios personales y recursos humanos. Sí se irá gente.”14 Lo anterior resulta preocupante, ante el señalamiento que también hizo Lozoya de que se buscaría incrementar los sueldos a fin de retener al personal frente a la entrada de nuevos actores, como Petrobal y la incorporación de Morales Gil, después de 40 años de trabajo en Pemex.

La situación en la que el Gobierno Federal ha puesto a Pemex es alarmante. Ella demuestra la intención de reducir el tamaño de Pemex a tal grado que quede únicamente como una empresa dedicada a la exploración y extracción y eso cada vez más en conjunto con empresas privadas. Con ello, el Gobierno Federal reafirma la renuncia a la soberanía energética.

Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República convoca al Director General de Petróleos Mexicanos a una reunión de trabajo con las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de explicar detalladamente el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado el pasado 13 de febrero, así como los alcances y detalles del Programa de Austeridad y Uso Racional de Recursos.

Dado en el Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 Servicio Geológico Mexicano, Seguimiento Precio del Petróleo, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
2Ídem
3 Morales, Yolanda, “Las coberturas protegen sólo el riesgo real para el gobierno” en El Economista, 18 de enero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2105
4 Ídem
5 Cruz Vargas, Juan Carlos, “Anuncia Coldwell recorte en gasto de Pemex y CFE” en Proceso, 28 de enero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
6 El Financiero, “Hacienda recorta 124 mil 300 mdp al gasto federal” en El Financiero, 30 de enero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
7 Petróleos Mexicanos, Ajuste al Presupuesto 2015 de Petróleos Mexicanos, 16 de febrero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
8 Idem
9 Quintana, Enrique, ¿A qué apuntan los recortes de Pemex? en El Financiero, 17 de febrero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
10 Quintana, Enrique, ¿A qué apuntan los recortes de Pemex? en El Financiero, 17 de febrero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
11 Meana, Sergio, “Pemex abandona sus refinerías” en El Financiero, 17 de febrero de 2015, ENLACE, consultado el 17 de febrero de 2015
12 Idem
13 Petróleos Mexicanos, Ajuste al Presupuesto 2015 de Petróleos Mexicanos, op. cit.
14 Reforma, “Frena Pemex proyectos y recorta personal” en Reforma, 18 de febrero de 2015, http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=467983&v=22&po=4, consultado el 18 de febrero de 2015





 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las diligencias necesarias para la firma de la Convención 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud de las minas de 1995, a propósito del noveno aniversario de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA FIRMA DE LA CONVENCION 176 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS MINAS DE 1995, A PROPOSITO DEL NOVENO ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE LA MINA DE PASTA DE CONCHOS

“Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el noveno aniversario de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este día se cumplen nueve años de la trágica explosión de la mina Pasta de Conchos en la que perdieron la vida 65 trabajadores. Esto ocurrió por la negligencia de los Gobiernos Federal y Estatal, así como de Grupo México a dotar de medidas de seguridad adecuadas en los llamados pocitos, situación que aún no ha sido corregida, ni sancionada. Las pésimas condiciones en que operan las grandes corporaciones mineras siguen existiendo y nos llevan a pensar en la manera en que esclavizan a los trabajadores y los peligros que afrontamos.

Familia Pasta de Conchos ha mantenido una lucha constante a fin de que se les devuelvan los cuerpos de sus familiares, encontrando la negativa de Grupo México. Esta empresa ha incluso promovido diversos recursos legales con el fin de evitar un nuevo peritaje por parte de la Procuraduría General de la República que permita conocer la viabilidad de recuperar los restos de los trabajadores mineros.1

Ante esta situación, el Secretario de Trabajo y Previsión Social advirtió que la empresa se ha basado en un dictamen elaborado durante la Administración foxista en que se advertía los riesgos de un rescate por las elevadas concentraciones de gas metano que podrían generar una nueva explosión, así como por la contaminación del agua debido a la descomposición de los cadáveres.2 Navarrete también comentó que, en caso de que este nuevo dictamen contemplara la viabilidad técnica de a acceder a la mina, se realizarían todos los trabajos necesarios para recuperar los cuerpos, dado que consideró la acción como de mínima justicia3.

Las víctimas de esta catástrofe han solicitado diversas medidas para que se repare el daño de manera integral. Una de estas medidas es la diversificación de la actividad económica en las zonas carboníferas del país, lo cual según apuntan diversos expertos no se ha cumplido. Esta diversificación es particularmente importante para introducir una alternativa de actividad económica a la región, para que así no dependan los pobladores exclusivamente de la penosa actividad minera, pero además para frenar la emigración a Estados Unidos de los habitantes de la región4.

Por otra parte, Familia Pasta de Conchos impugnó en agosto pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los gobiernos federal, estatales y municipales no han actuado penalmente contra empresas mineras que han provocado la muerte de cientos de trabajadores por las pésimas condiciones de seguridad e higiene de sus centros de trabajo. En este sentido precisó que las empresas mineras acumulan 600 viudas y 140 huérfanos por los trabajadores en sus minas, signo claro de la precarización del trabajo. “Estamos viviendo una etapa de violencia laboral de Estado, porque las instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales no están para imponer el estado de derecho, sino para cuidar los intereses patronales’’5

Debemos advertir que la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificaron al Estado Mexicano de negligente y omiso por la actuación del mismo en el caso en cuestión. Esto en razón de que en el caso de los mineros atrapados en la mina de San José, Chile, tanto los mineros como el Gobierno Chileno hicieron hincapié en que ellos no serían abandonados como los del caso mexicano, cuestión que dejó en ridículo al Gobierno Mexicano a nivel internacional.

A través de las redes sociales, Familia Pasta de Conchos señaló también como medida reparadora que “No importa si pasó mucho tiempo, ni tampoco nos importan los dichos sin sustento técnico sobre las condiciones de los Restos de los Mineros, mucho menos, el costo del Rescate. Los cientos de familiares que representamos en la Organización Familia Pasta de Conchos, que han sostenido esta lucha durante 9 años, y que esperan la admisión del caso en la CIDH, tienen derecho a sepultar a sus muertos según sus costumbres…”6

En la víspera del aniversario, la organización Familia Pasta de Conchos reiteró la incapacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para superar los argumentos legales de la empresa y reanudar los trabajos de rescate, suspendidos en abril de 2007.7

Hace un año, la Organización Familia Pasta de Conchos entregó a las y los senadores de la LXII Legislatura un documento informando las condiciones de trabajo indignas e inhumanas de los tiros verticales conocidos como “Pocito” y en una nueva explotación siniestra llamada minitas de arrastre que pueden ser consideradas como nuevas formas de esclavitud y aun cuando se hizo un exhorto al Gobierno Federal para que suscriba el Convenio número 176 de lo Organización Internacional del Trabajo, referente a la seguridad y salud de las minas que data desde 1995, sin que el mismo haya sido atendido, en detrimento de la seguridad y salud en las minas.

Grupo México se ha esforzado por dejar en el olvido su negro historial y la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, tal y como lo señala Cristina Auerbach Benavides, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, advirtiendo que puede ocurrir lo mismo que en Sonora cuando Grupo México cambió el nombre de la mina Cananea, por el de “mina Buena Vista del Cobre”, para dejar en el olvido el trágico derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora.8

Un ejemplo de esta maquinación de Grupo México se dio en septiembre de 2014 cuando el consorcio minero logró que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Minas, le unificara sus títulos de concesión minera, bajo el número 240977, que denominó “Los Laureles”, quedando vigente el lote de la mina 8 de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas que estaba suspendido para cualquier tipo de obra o extracción de minerales. 9

No debe pasar por alto que Grupo México es una de las empresas favoritas para participar en las licitaciones de la Ronda Uno, en materia de explotación de hidrocarburos. Esto se debe a que Grupo México ya cuenta con la posibilidad de colocar las mismas plataformas petroleras que actualmente comercializa Pemex.10 De esta manera resulta preocupante que además de no haber recibido castigo alguno por la negligencia con que ha actuado esta empresa y su responsabilidad corporativa, se le premie con concesiones en el mercado energético y demuestra que el Gobierno Federal busca proteger el interés de las grandes corporaciones en detrimento de los derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que realice las diligencias necesarias para la firma de la Convención 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud de las minas de 1995, con el fin de que el Estado Mexicano adecue su legislación interna a las disposiciones internacionales en la materia.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Procuraduría General de la República, informen sobre el resultado del dictamen de viabilidad para el ingreso y rescate de los trabajadores acaecidos en la mina Pasta de Conchos y reitera su voluntad de que se realicen todas las acciones necesarias para efectuar el rescate de los mismos.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y local del Estado de Coahuila a emprender todas las acciones necesarias para lograr la diversificación económica de la zona minera del Estado de Coahuila, con el fin de brindar a la población de la región mayores oportunidades de trabajo.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a remitir a esta Asamblea un informe detallado sobre las condiciones en las que operan las minas a nivel nacional.

Senado de la República, a 24 de febrero de 2015.

Suscriben”.


1 Milenio, “Impide Grupo México peritaje de PGR en Pasta de Conchos” en Milenio, 11 de julio de 2014, http://www.milenio.com/region/Pasta_de_Conchos-Industrial_Minera_Mexico-peritaje_mina_de_Coahuila_0_333566789.html, consultado el 18 de febrero de 2015
2 Ídem
3 Gudiño, Alma, Asunto de mínima justicia rescatar cuerpos de Pasta de Chonchos, Excelsior en línea, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/29/941036
4 La precaria situación en Pasta de Conchos no cambió: académico, en http://www.jornada.unam.mx/2014/01/27/politica/022n1pol
5 Muñoz Ríos, Patricia, “Familia Pasta de Conchos solicita ayuda de la CIDH” en La Jornada, 27 de agosto de 2014, http://www.jornada.unam.mx/2014/08/27/politica/005n2pol, consultado el 18 de febrero de 2015
6 Valdez, Ángel, “Inician camino al IX Memorial de Pasta de Conchos” en Vanguardia, 19 de enero de 2015, http://www.vanguardia.com.mx/iniciancaminoalixmemorialdepastadeconchos-2252988.html, consultado el 18 de febrero de 2015
7 Ramos, Leopoldo. La PGR, incapaz de resolver la tragedia de Pasta de Conchos: deudos de minero. En la Jornada 18 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/02/18/politica/020n1pol consultado el 18 de febrero de 2015.
8 Camelia Muñoz, Concede SE nueva concesión a Grupo México para Pa<sta de COnchos", publicado en el sitio web de MVS Noticias, el día 3 de septiembre 2015. http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/concede-se-nueva-concesion-a-grupo-mexico-para-pasta-de-conchos-273.html
9 Guardiola, Magda. G México reactivaría trabajos en mina 8 de Pasta de Conchos. En El Financiero 2 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gmexico-reactivara-trabajos-en-mina-de-pasta-de-conchos.html consultado el 18 de febrero de 2015.
10 Rosalinda Morales, "Retrasará Pemex reconfiguración de refinería en Minatitlán por recortes", publicado en el diario web Imagen del Golfo, del 18 de febrero 2015. http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41051369





 

Asimismo, los textos de las intervenciones del grupo de efemérides de nuestra Agenda de hoy, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día de la Bandera”.

“HONORABLE ASAMBLEA:

A lo largo de la historia, los grupos humanos han poseído símbolos que los unifican e identifican. Sin duda, uno de los más representativos en todo el mundo lo son las banderas.

Para los mexicanos esto no es la excepción, pues junto al Escudo y el Himno Nacional, la Bandera representa uno de los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos, quizás, el más emblemático por contener el Escudo y por sus características que le otorgan identidad a la nación y el simbolismo detrás de ella, producto de tres civilizaciones distintas en el tiempo y espacio: la indígena prehispánica, la española, religiosa y colonial y la franco inglesa del liberalismo, con un gran reflejo de la identidad de los mexicanos.

Nuestra Bandera Nacional no ha sido siempre la misma, fue cambiando durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país hasta quedar como ahora la conocemos, con un místico escudo de armas y sus representativos colores:

El verde: Esperanza;

El blanco: Unidad; y

El rojo: Sangre de los héroes nacionales.

Para así, lograr un símbolo de independencia, libertad, unidad y derechos de los que gozamos como mexicanos.

Hoy 24 de febrero, celebramos con orgullo a nuestra Bandera Nacional, emblema de todos los mexicanos, de la fraternidad que nos une, de nuestra historia e identidad, en un festejo que data de 1940 instituido durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito conmemorar a nuestro bello lábaro patrio, símbolo y representación nacional ante el mundo.

Es día en que se iza a toda asta, se le rinden honores, se le canta y recita alguna poesía, ponemos banderas en nuestras casas y oficinas y nos deleitamos al verla ondear en el viento, recordándonos la patria y nuestra libertad.

Por ello, un homenaje al más emblemático de nuestros símbolos patrios. Enigmática, sorprendente y aclamada como una de las banderas más bonitas del mundo: La Bandera de los Estados Unidos Mexicanos.

También, lo hago propicio para reconocer y felicitar a todos los mexicanos que estamos orgullosos de serlo, ya aquí como en el extranjero, hoy en el día del lábaro que nos simboliza y representa.

Suscribe

Senador Jesús Casillas Romero

Dado en la Ciudad de México, a los 24días del mes de febrero de 2015.”





 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, con motivo del “Día de la Bandera”.

“Hoy celebramos el Día de la Bandera. El festejo, que fue instituido durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1940, tiene como propósito conmemorar a nuestro lábaro patrio, símbolo y representación nacional ante el mundo. La bandera es símbolo de independencia, libertad, unidad y derechos que gozamos como mexicanos.

El estandarte enarbolado por Miguel Hidalgo y Costilla durante el Grito de Independencia (1810) es considerado como la primera bandera nacional. Pocos años después, en 1813, el Ejército Insurgente utilizó otro lábaro patrio, el cual mostraba la leyenda en latín Oculis et unguibusaequevictrix (Con los ojos y las uñas, igualmente victoriosa).

Fue durante el imperio de Agustín de Iturbide que la bandera tomó el diseño que hasta hoy mantiene: tres franjas verticales, verde y roja en los extremos, blanca al centro. El águila se mostraba solitaria, con las alas abiertas y de frente con una corona en la cabeza, símbolo del imperio.

Corría el año de 1823 cuando el Congreso Constituyente decretó que el Escudo Nacional se conformaría de acuerdo a la tradición nacional indígena: el águila de perfil y posada sobre un nopal devorando una serpiente, omitiendo la corona del imperio de Iturbide.

La Bandera Nacional que conocemos actualmente es consecuencia del decreto expedido por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz el 17 de septiembre de 1968, en el cual se modifica el Escudo Nacional en algunos detalles con respecto al decretado en 1916 por Venustiano Carranza.

Los colores de nuestra bandera representan lo siguiente:

Verde: Esperanza.

Blanco: Unidad.

Rojo: La sangre de los héroes nacionales.

Sus tres colores, son tres garantías que definen las ideas políticas que impulsaron el proyecto de independencia nacional, y de los mexicanos que iniciaron la construcción de un Estado libre y soberano.

¡Celebremos juntos el Día de la Bandera, símbolo de nuestra nación!

Atentamente,

Martes 24 de Febrero de 2015

H. Cámara de Senadores

Senador Francisco Salvador López Brito.”





 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día de la Bandera”.

“En la Sexagésima Segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, celebramos el Día de la Bandera, instituido en el año de 1940 por el entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río.

Sin duda, momento oportuno para reconocer y sentirnos orgullosos de nuestro lábaro patrio, símbolo y representación de México ante el mundo-. La importancia de la Bandera Nacional estriba en que en ella se encuentran concentrados los elementos que nos distinguen como nación -independencia, libertad, igualdad, unidad y respeto a los derechos-, en síntesis, está plasmado el orgullo de ser mexicanos.

A través del tiempo, la Bandera Nacional ha sido testigo de los pasajes más emblemáticos de la historia de nuestro país, desde el inicio del movimiento de independencia, hasta la creación del ejército constitucionalista de 1913, y por supuesto, de cada una de las etapas del México contemporáneo, por lo que materializa los más grandes anhelos y deseos de los mexicanos.

La bandera, el escudo e himno nacional poseen un valor singular, que en diferentes momentos ha sido determinante para la construcción del México de libertades, instituciones y respeto de los derechos humanos en que vivimos, uno justo e igualitario. En este sentido, es oportuno llevar a cabo una breve pero sustancial remembranza del origen y significado de los principales cambios que ha tenido.

Varios autores consideran que el estandarte utilizado por Don Miguel Hidalgo y Costilla durante el inicio del movimiento de independencia de México fue la primera bandera que tuvimos, sin embargo, fue hasta 1821 cuando tomó el diseño que conocemos.

Al efecto, nuestra enseña nacional fue creada el 24 de febrero de 1821, año en el que ocurrió la promulgación del Plan de Iguala y la integración del ejército Trigarante, acontecimientos que representaron la consumación de la independencia de México. En su confección se incorporarán los ideales del movimiento insurgente, utilizando los colores: blanco, verde y rojo, que en su conjunto representaban las victorias épicas y las ideas de religión, unión e independencia.

Después, Agustín de Iturbide decretó que la bandera conservara los mismos colores pero distribuidos en el orden que mantienen hasta la actualidad -verde, blanco y rojo-, teniendo al centro un águila con corona imperial, las alas caídas y posada sobre un nopal. Desde entonces fue modificada en diversas ocasiones, hasta que en 1916 Venustiano Carranza decretó que recobrara su estilo original, con el águila de perfil y devorando una serpiente sobre el nopal.

Otro cambio importante aconteció en 1823, año en el que el Congreso Constituyente decretó que la configuración del Escudo Nacional sería a partir de la tradición nacional indígena -el águila de perfil y posada sobre un nopal devorando una serpiente-, suprimiendo la corona del imperio de Iturbide.

Respecto a la Bandera Nacional tal y como la conocemos actualmente, ésta fue establecida por decreto Presidencial de fecha 17 de septiembre de 1968, a través del cual se modificó el Escudo Nacional en algunos detalles con respecto al decretado en 1916 por Venustiano Carranza, precisando que los colores tienen el siguiente significado: verde (esperanza), blanco (unidad), y rojo (la sangre de los héroes nacionales).

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la Bandera Nacional representa lo mejor de nuestra historia, cultura y tradiciones. En el marco de esta importante celebración, es oportuno reflexionar sobre el valor que la Bandera Nacional tiene en nuestra historia, presente y futuro.

Siempre, como hasta ahora, la Bandera Nacional debe erigirse como el símbolo por excelencia de la libertad, igualdad, fraternidad y orgullo de ser mexicanos, pero sobre todo, como el emblema de las más grandes transformaciones sociales y políticas de nuestro país. Es pues, uno de los más importantes emblemas de la vasta y exitosa historia de México.”





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con motivo del “Día de la Bandera”.

“HONORABLE ASAMBLEA:

El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, el documento hacia un llamado a los habitantes del continente sin discriminar a nadie, no importaba el origen o área de nacimiento, se reconocía a los pueblos indígenas.

El documento plasmaba las bases sobre las cuales la nación afianzaba su libre determinación sin la dependencia o tutela de la corona española, estas bases fueron; la unidad religiosa, la total independencia de España y la unión e igualdad de todas las clases sociales. La suma de esto fue lo que dio vida al Ejército Trigarante que velaría por estas garantías para todos los habitantes de la nueva nación y de su estandarte, que sería la primera bandera de México que simbolizara las garantías de los insurgentes: Independencia, Religión y Unión como pueblo independiente.

El Plan de Iguala, también daba a conocer la forma en la cual se debería de gobernar el país y ésta sería bajo la tutela de una monarquía constitucional. El trono de México sería ofrecido a Fernando VII o a un miembro de la corona española, aunque la misma casa reinante rechazo esta idea, así como el Plan de Iguala del cual emanaban estos ideales. Con el Plan de Iguala se declaraba la libertad de México, España no reconoció la valides del documento.

Seis meses después el documento que ratificaba las proclamas del Plan de Iguala serian los Tratados de Córdoba. Este documento vería la luz el 24 de agosto del mismo año. Su firma se realizó en la ciudad de Veracruz por Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú que no contaba con autoridad para reconocer la independencia de México, pero aun así facilitó la transición del antiguo virreinato español al imperio mexicano. Con los tratados firmados y con las tropas españolas fuera de la ciudad de México se declara la Independencia de México, que sería reconocida por España hasta el 28 de diciembre de 1836.

Los antecedentes de la Bandera Nacional están inmersos desde la época prehispánica cuando los pueblos plasmaban en estandartes los símbolos alusivos a sus gobernantes. Durante la Colonia, los españoles introdujeron la identidad reconocible de la bandera sobre la que utilizaron escudos o emblemas de los monarcas para representar sus dominios.

Con el inicio de la guerra de Independencia liderada por el cura Miguel Hidalgo, se reconoce como la primera bandera nacional al estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los historiadores consideran tal su importancia como el símbolo insurgente que le ha otorgado el primer puesto en la identidad de la bandera mexicana.

Bajo el imperio de Maximiliano, la Bandera Nacional fue nuevamente rediseñada. La versión apuntaba al diseño del Escudo Imperial Francés, y estuvo vigente hasta 1867 con la muerte de Maximiliano.

El Presidente Porfirio Díaz ordenó que el águila apareciera de frente y con las alas extendidas; Carranza, por su parte, designó la posición en perfil izquierdo y conservando las características originales acuñadas por los mexicas en la leyenda sobre la fundación de Tenochtitlán.

Se reconoce el 24 de febrero como el "Día de la Bandera" por ser esta fecha en la que se adoptó oficialmente por decreto el 16 de septiembre de 1968, y confirmada por la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984. Se cree que uno de los motivos para el rediseño definitivo de la bandera fue el papel de México como anfitrión de los XIX Juegos Olímpicos a celebrarse en el país, además de su similitud con la bandera italiana por utilizar la misma triada de colores.

En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, debe izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional.

Los colores de nuestra bandera representan en la actualidad:

Verde: Esperanza.

Blanco: Unidad.

Rojo: La sangre de los héroes nacionales.

Suscribe

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván

México, D.F., a los 24 días del mes de febrero de 2015.”





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 26 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:47 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Teléfonos: 53-45-30-00
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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