Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 19 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 8



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Febrero de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 94 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del jueves 26 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes veinticuatro de febrero de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de la Ciudadana Lizette Clavel Sánchez como Senadora de la República.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, los informes de sus participaciones en:

1) El Foro para Diseñadores de Políticas Públicas, que se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2014 en Washington, D.C. y

2) El Foro Global “Las Mujeres en los Parlamentos”, realizado del 8 al 11 de octubre de 2014 en Washington, D.C.

Las comunicaciones quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, su Informe de Labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe correspondiente a los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2014, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Decreto de reformas a la Ley Federal de Derechos publicado el 12 de diciembre de 2011.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comisión de Administración)

Se sometieron a consideración de la Asamblea los proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de febrero y marzo de 2015.- Sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración, los Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015.- Quedaron de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de Juan Simbrón Méndez.

(Efeméride)

La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios, dio paso a una ronda de intervenciones para referirse a la conmemoración del "Día de la Bandera”.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Benjamín Robles Montoya del PRD; Mónica Arriola Gordillo; Vianey Montes Colunga del PAN; Patricio Martínez García del PRI; Jorge Aréchiga Avila del PVEM; y Jesús Casillas Romero del PRI.

(Iniciativas)

El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 3; la fracción iv del artículo 4; el artículo 17; los artículos 42, 43, 52, 66, 68; y se derogan los artículos 62, 63, 64, 69 y 72 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral quinto del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación y el artículo 3 bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de prevención y combate de las adicciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan la fracción viii del artículo 76 y la fracción xviii del artículo 89; y se reforman los artículos 95, 96, 98, 99 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román, Angélica de la Peña Gómez, Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett Díaz, Isidro Pedraza Chávez, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Silvia Guadalupe Garza Galván, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones xi y xii del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos, firmado en la Ciudad de Abu Dhabi, el diez de octubre de dos mil doce.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los senadores: Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Relaciones Exteriores. El Decreto fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2015, a la ciudadana Carmen Moreno Toscano.- Intervinieron las Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión, y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Martha Elena García Gómez entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates. El acuerdo fue aprobado por 89 votos en pro. El Senado de la República realizará Sesión Solemne el 10 de marzo del año en curso para la entrega del reconocimiento. Se instruyó a las Secretarías Generales del Senado a llevar a cabo las acciones necesarias para la realización de la sesión solemne.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 76, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas a fortalecer las medidas de protección y establecer programas de apoyo en los municipios más vulnerables ante la presencia de bajas temperaturas.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar las acciones correspondientes con el fin de que los concesionarios otorguen cobertura telefónica en la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, del estado de Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a suspender las actividades del relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un informe sobre el diagnóstico realizado para la implementación de los criterios establecidos en las Bases de la Licitación CNH-R01/2014.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de la norma oficial nom-007-ssa2-1993, sobre la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González, a nombre propio y de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República formula el más amplio reconocimiento y felicitación a las mujeres y hombres que integran el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senadora Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo cuadragésimo tercero transitorio del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente para promover la comercialización de productos agropecuarios de las entidades federativas de la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Layda Sansores San Román, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum a establecer una mesa de trabajo para garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre los expedientes, casos o situaciones relacionados con actos de corrupción por parte de funcionarios, así como el estatus que guardan dichos documentos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los avances del dictamen de viabilidad sobre las acciones de rescate de cuerpos de la mina Pasta de Conchos.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar la pertinencia de llevar a cabo las licitaciones de la Ronda 1 en el presente escenario de mercado.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación en torno a la poliomielitis en México.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a posponer la denominada Ronda Uno y a llevar a cabo una evaluación de los términos y condiciones de los contratos planteados, con el fin de garantizar que el Estado reciba por lo menos el 70% de las ganancias por cada barril de crudo producido y comerciable.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Braulio Manuel Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita al Ejército Mexicano por su 102 aniversario y le reconoce el honor, valor y lealtad en su servicio por la patria.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las afectaciones técnicas y cronológicas que sufrirá el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, debido al recorte en el presupuesto para el 2015.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca al Director General de Petróleos Mexicanos a una reunión de trabajo con comisiones del Senado, a efecto de explicar el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las diligencias necesarias para la firma de la Convención 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud de las minas de 1995, a propósito del noveno aniversario de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y citó a la siguiente el jueves veintiséis de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión”.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario de Acción Nacional, le solicita atentamente someta a consideración de este Pleno, la modificación del Orden del Día, a efecto de que una proposición con punto de Acuerdo que ha solicitado y ha firmado el Senador Javier Corral, y otros Senadores y Senadoras, se discuta en primer término en esta sesión, por la relevancia, la urgencia y la obviedad del caso.

Y es la situación que se está viviendo, desde algunos días, en el Instituto Nacional Electoral, en el cual siete partidos han abandonado el Consejo General en señal y expresión de protesta por las decisiones y las no decisiones que ha tomado ese Consejo General y que están afectando la equidad en la competencia electoral.

El grupo parlamentario de Acción Nacional le solicita atentamente, a través de mi conducto, para que se ponga a consideración de este Pleno la modificación del Orden del Día y entremos de inmediato a la discusión de un asunto que es sumamente relevante para la democracia mexicana y para las instituciones de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Roberto Gil, esto que usted plantea fue tratado en la sesión previa de la Mesa Directiva, hoy por la mañana.

Ya está incorporado en el Orden del Día. Si su grupo parlamentario lo privilegia, será de los puntos que se traten en el apartado correspondiente.

Es así como podemos desahogarlo, no para que se arranque la sesión con este punto, sino para que se trate en el momento de proposiciones con punto de Acuerdo.

Así está acordado en la sesión previa de la Mesa Directiva.

¿Le parece que sea así el trámite?

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Y gracias por compartirnos que fue motivo de discusión en la Mesa Directiva, sobre todo porque eso implica que también en la Mesa Directiva hay conciencia de la relevancia de este caso.

La propuesta que hace Acción Nacional, es justamente que no se trate en el apartado de proposiciones con punto de Acuerdo, sino que se haga en un momento diferente de la sesión, por obvias razones, y es que a las proposiciones con punto de Acuerdo llegamos una vez pasado bastante tiempo de la sesión, después del apartado de iniciativas y dictámenes.

La propuesta muy concreta es, que se modifique la estructura del Orden del Día, para que el apartado de proposiciones no sea el momento en el cual discutamos este tema, sino se pueda realizar en un momento previo.

Puede ser inmediatamente después de las iniciativas y de los trámites que da la Mesa Directiva a las distintas comunicaciones que se presentan ante este Senado.

La intención es que tengamos una discusión abierta, pública; una discusión republicana sobre un asunto que no amerita demora y sobre el cual debe haber un pronunciamiento del Senado de la República.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Mire, Senador Roberto Gil, podemos resolverlo como un acuerdo de la Mesa Directiva, que he consultado aquí con los Vicepresidentes, y si quiere alguien que lo sometamos a consideración del Pleno, también lo podemos hacer.

Que el capítulo, el apartado de proposiciones de punto de Acuerdo, se desahogue inmediatamente desahogado el apartado de iniciativas, antes de los dictámenes. Y con eso se garantice la presentación de este punto de Acuerdo.

En tanto ocurre esto, los grupos parlamentarios podrán tener acuerdos o no, para que este asunto se desahogue de urgente resolución. Si es que alcanza la mayoría de dos terceras partes, para que así sea.

Les parece que así podamos correr el Orden del Día.

¿Alguien quiere dar una opinión sobre este asunto? De acuerdo.

Pasamos al siguiente asunto, y Servicios Parlamentarios deberá hacer la corrección del Orden del Día, en la forma como se tratan los apartados correspondientes.






SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 2 al 5 de marzo de 2015, con el objeto de realizar una Visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

SEGOB

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/561/15
México, D.F., 25 de febrero de 2015

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA
DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP/0239/15, signado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional del 2 al 5 de marzo de 2015, con el objeto de realizar una visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La visita de Estado responde a la invitación que extendió la Reina Isabel II al C. Presidente Peña Nieto, ya que se considera a México un socio prioritario, con quien mantiene relaciones diplomáticas desde 1826. Entre los objetivos está promover la imagen de México como un actor con responsabilidad global y un destino privilegiado en términos de comercio, inversión, turismo e intercambio académico; Así como consolidar la asociación estratégica que México mantiene con uno de sus principales socios europeos.

El Presidente Peña Nieto se reunirá asimismo con el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron; con el Vice Primer Ministro y Líder del Partido Liberal Demócrata, Nicholas Clegg; y con el líder de la oposición, Edward Miliband. Adicionalmente, el Primer Mandatario dirigirá un mensaje político en el Parlamento británico y dictará la conferencia magistral "Canning Lecture", organizada con Canning House, foro líder de debate sobre la política en América Latina.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

 






BANCO DE MEXICO

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio del Banco de México, por el que informa de la reducción en 80.9 millones de pesos el presupuesto de la institución, en el apartado denominado Gasto Corriente e Inversión Física, no relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Colegisladora, se recibió un proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos.






Solicito a la Secretaría dé lectura a una comunicación que nos ha remitido la Senadora Arely Gómez González.

COMUNICACION

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



 

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Qué te hicimos, Arely? ¿Por qué nos tratas así? Si en algo te ofendí, te pido perdón.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Unico.- Se concede licencia a la Senadora Arely Gómez González, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de febrero de 2015.”

Está a discusión este asunto.

¿Quieres hacer uso de la palabra, Arely? Adelante, por favor.

La Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente. Amigas y amigos Senadores:

Hace casi 2 años y medio tuve el privilegio de encontrarme con todos ustedes en este recinto legislativo. Asumí con entusiasmo y compromiso la alta responsabilidad de ser Senadora de la República, de participar en el diseño de leyes que contribuyeran a un entorno de paz y estabilidad social, y de ser partícipe también de una gran transformación estructural acorde a los tiempos que actualmente vive el país.

Ha sido un privilegio formar parte de esta legislatura, una que sin duda ha sido histórica, que con resultados ha honrado el valor de la política de mujeres y hombres que le hacen honor a las letras inscritas en oro a mis espaldas: “La Patria es primero”.

Hombres como el coordinador de mi bancada, el Senador Emilio Gamboa Patrón, no tengo la duda de que, más allá de ser coordinador de la bancada del PRI, le hace honor al sobrenombre por el que muchos le conocemos.

Muchas gracias por tu apoyo siempre, líder.

En este salón de sesiones he visto y he sido partícipe de los debates más aguerridos, de las discusiones más fervientes; pero no me queda duda de que en todos los partidos y bajo todas las banderas ha habido un debate rico en ideas y plural en sus contenidos.

Durante este tiempo he conocido a destacadas personas, extraordinarios legisladores, grandes profesionistas, políticos comprometidos con el bien del país, grandes amigos todos y todas.

A todos mis compañeros, amigas y amigos del grupo parlamentario del PRI, gracias por sus atenciones, gracias por su amistad y gracias por su cariño.

Agradezco también de todo corazón al Presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, sobre todo su amable disposición para poder llevar a cabo los trabajos legislativos de manera plena, todo su apoyo que él me ha brindado siempre.

Reconozco a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política, a mis queridos coordinadores parlamentarios.

No puedo dejar de reconocer a los presidentes de las comisiones de las que formo parte, a los que reconozco su compromiso y capacidad de conducción de los trabajos.

Roberto Gil, gracias por siempre escucharme, por siempre dejar que fuéramos, que hubiera un equilibrio en tu comisión para sacar todos los temas adelante, todos los temas que benefician al país.

A mi amigo Pablo Escudero, gracias, Pablo, nos han tocado temas complejos y temas que hemos sacado siempre con tu gran entusiasmo.

Qué decir de mi amigo Enrique Burgos, su gran capacidad, en la cual siempre me ha dado un trato como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y mi amiga Angélica de la Peña, de quien también soy integrante de su comisión.

A todos los demás amigos y amigas que participo en comisiones. A mi amigo el Senador Alejandro Encinas, Laura Rojas, Marcela, hemos sido compañeras de batallas.

Si algo espero, amigas y amigos, haber aportado en estos 2 años y medio a mi país, es dotarlo de mejores herramientas para que las y los mexicanos gocen de una justicia pronta, expedita y, sobre todo, cercana a la gente.

Hoy México avanza de manera firme hacia un sistema de justicia más sólido, como el que merece su gente. Continúen desde esta trinchera luchando por nuestra responsabilidad y meta compartida, hacer de nuestro país un país más justo.

Gracias a todo el personal técnico, el de estructura, a todo el personal administrativo por su invaluable apoyo.

A los medios de comunicación, la fuente del Senado que apoyaron con su cobertura mi trabajo legislativo.

Agradezco a la Mesa Directiva siempre atender todas nuestras peticiones, todas nuestras solicitudes que hacíamos como integrantes o como secretarios de comisiones.

Gracias, gracias a todos.

Hoy vengo ante ustedes para solicitar su voto a favor, para que me concedan licencia, y de esta forma continuar con mi compromiso y vocación a mi país desde otras áreas, con la satisfacción de haber cumplido en esta legislatura, en esta Honorable Cámara de Senadores.

Si así me lo permiten ustedes seguiré trabajando, de mis nuevas responsabilidades, por los mismos principios que, en este gran recinto, juntos hemos construido.

Esto no es una despedida, trabajar de la mano será la clave para seguir logrando que nuestro país avance en cada uno de los temas pendientes. Tienen en mí a una amiga.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Arely Gómez. Muchísimas gracias.

Los integrantes de la Mesa Directiva la felicitan y le desean lo mejor. Y en este orden de ideas, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Emilio Gamboa Patrón, desde su escaño.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Quiero decirles que tengo un sentimiento encontrado el día de hoy, un sentimiento de emoción por haber tenido el privilegio de conocer a una mujer íntegra, trabajadora, que siempre procuró y se ocupó.

De que en las comisiones que estuvo, como Secretaria de la Comisión de Justicia, donde siempre me dijo de su gran amistad con el Presidente de dicha comisión, con Roberto Gil; su amistad con un amigo nuestro que se está recuperando, y hago votos porque se recupere lo más pronto, Manuel Camacho; su amistad con Laura Rojas y con el Senador Alejandro Encinas.

Y esa emoción encontrada es porque estoy convencido, como lo platicamos en el grupo parlamentario, nos deja un hueco.

Arely llegó aquí hace dos años y medio, conociendo a dos, tres Senadoras o Senadores, y se incorporó de cuerpo presente para trabajar porque México salga adelante.

Sin duda, lo acabo de oír en el gran aplauso que le dieron a mi compañera, hizo amistad con todos los grupos parlamentarios: con el PT, con el Partido Verde Ecologista, con el PRD, con el PAN y, desde luego, hizo amistad con mis compañeras y compañeros de mi partido.

En lo personal, Arely, yo te deseo lo mejor en una nueva y enorme responsabilidad que te ha otorgado el Presidente de la República.

Vas a tener, seguro estoy, el apoyo del Senado de la República, vamos a seguir, sin duda alguna, en un enorme contacto contigo.

No hay duda que dejas también un hueco importante en la Presidencia del Comité de Transparencia de este Senado de la República.

Arely se ganó el corazón de mis compañeras y compañeros del PRI, él mío, en lo personal, de verdad, te lo ganaste.

Y hoy que México requiere de mujeres y de hombres talentosos, se da muestra con esta solicitud de licencia de mi amiga, Arely Gómez.

Irás a una enorme responsabilidad, estoy seguro que lo harás rodeada de mujeres y de hombres talentosos, que los hay, que te van a ayudar.

El Senado, sin duda, extrañará tu sonrisa, tu sencillez, tu amabilidad, tu trabajo serio y responsable que nos lo demostraste en estos dos años y medio.

Pero quiero decirte mi sentir.

He estado en la administración pública durante muchos años, y estoy convencido que México requiere hoy de una mujer de gran altura, como es Arely Gómez.

Te digo, de verdad, no te vas, te quedas en nuestros corazones.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Se concede el uso de la palabra al Presidente de la Mesa Directiva, Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Tomé la decisión de pedir el uso de la palabra, de tomar tribuna, de bajar de mi escaño de Presidente, sentarme en el de Senador, para poder expresar, para dejar constancia de la opinión que tengo, y estoy seguro tenemos aquí en el Senado de la República, sobre nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra hermana, Arely Gómez González.

Arely, primero decirte que esta decisión que tomas, sin duda, es de enorme dificultad para ti, porque estoy seguro que nos quieres, y dejar tu papel, tu cargo de Senadora, para ir a ocupar otras funciones, tuvieron que estar precedidas de un análisis muy complicado, de una valoración en la que las tareas públicas, en las que vas a emprender y las que dejas de desarrollar, las dos son por el bien de México, estoy seguro en eso, pero que son de tal complicación para ti, porque acá en el Senado hemos generado una gran familia, un gran equipo, el Senado de México es un gran equipo.

Fuiste, a partir de septiembre de 2012, encontrando la confianza de quienes tuvimos el privilegio de tratarte como compañeros, Senadores y Senadoras. De ti no tengo más que hablar de cosas buenas, de cosas de construcción, de cuestiones positivas, dispuesta siempre a colaborar no solamente en esta excelente Comisión de Justicia que tenemos en el Senado, sino en todas las tareas que tenían que ver con el buen funcionamiento del Senado de la República.

Te debemos mucho, el Senado te debe mucho.

La construcción de muchos instrumentos legales, tuvieron tu participación muy importante.

Además de extrañarte, vas a ser una sensible falta en el Senado, lo digo con plena objetividad.

Todos los integrantes de este órgano del Estado, le deseamos a todos los que están tomando la decisión de ir a poder generar un desarrollo político distinto, les deseamos lo mejor, les deseamos que encuentren el cumplimiento de sus propósitos, nos hemos vuelto compañeros y amigos, y en ti vemos cristalizado todas esas características.

Vamos a seguir en contacto.

¡Y hasta pronto, doña justicia, doña transparencia!

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Sin lugar a dudas, este sonoro aplauso es la mejor expresión de lo que significa Arely Gómez González para las Senadoras y los Senadores, no solamente una compañera y amiga leal, auténtica, que nos ha enriquecido no solamente con su alegría, su bonhomía, su capacidad de trabajo, su creatividad, su responsabilidad, sino también haciendo honor a una función, la función de la política, la función de parlamentario, que en su persona desmiente cualquier prejuicio sobre esta actividad.

Arely Gómez demuestra que se puede ser un legislador comprometido con su país, una legisladora que produce bienes públicos para su país, que logra consensos, que logra el acercamiento y la aproximación con los diferentes, pero que, ante todo, piensa siempre en hacer el mayor de los bienes.

Como decía el Senador Barbosa Huerta hace un momento, sin lugar a dudas hay sentimientos encontrados, sentimientos encontrados porque la vamos a extrañar, pero también una profunda alegría porque sabemos que en esta nueva encomienda seguirá sirviendo, como lo ha hecho, a su país, que ante todo verá por el bien de esta nación, que tanto necesita de gente que trabaje, de personas que vean siempre por el interés superior.

Le deseamos, en lo personal y a nombre de mi grupo parlamentario, la mejor de las suertes, sabemos que cosechará muchos éxitos en esta nueva encomienda.

Extrañaremos mucho a Arely Gómez González en este Senado de la República.

Y no puedo terminar esta intervención sin darle nuestro más sentido pésame al Senador Emilio Gamboa, porque ha perdido a uno de sus mejores cuadros.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente.

Reconocer, primero que nada, una gran compañera Senadora, reconocer también a la amiga de todas y todos los Senadores, a una mujer seria, a una mujer responsable y una mujer que se ha ganado el respeto de este Senado de la República, entregada a esta tarea de legislar. Una mujer de leyes, pero también una mujer de justicia, una mujer que el día de hoy se separa de su cargo como Senadora de la República, con un trabajo y una trayectoria en esta legislatura muy exitosa.

Que todos le reconocemos la contribución a esos grandes cambios y logros legislativos de los cuales en esta legislatura todos debemos de sentirnos orgullosos.

El día de hoy emprende un nuevo reto en su vida, del cual no tenemos duda lo hará con el mismo compromiso que hasta el día de hoy lo ha hecho en este Senado de la República, y con el mismo compromiso que ha demostrado en toda su trayectoria profesional.

Ese mismo compromiso, Arely, que nos has demostrado que tienes para con el país, y ese mismo compromiso con el que tú has llevado ya una larga carrera judicial y que ahora también asumiste un tema tan importante en este momento, como es el compromiso con la transparencia.

Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda, que estamos seguros que lo cumplirás a cabalidad en beneficio de nuestro país.

Muchas felicidades, mucho éxito y muchas gracias por habernos permitido compartir esta legislatura contigo.

¡Enhorabuena! Muchas gracias.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador puente Salas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, en su carácter de coordinador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) La bancada del PT se suma a esta cariñosa despedida y reconocimiento que hace el Senado de la República a Arely, que se retira y seguramente nos deja un hueco importante.

Conocí a Arely siendo Secretaria del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, una posición de gran importancia porque la ejerció ella. Hay cargos que dignifican y hay personas que dignifican los cargos, fue una magnífica Secretaria Particular de Mariano Azuela, Presidente de la Suprema Corte. Trabajó en esa labor de ayudar a coordinar ese creciente, enorme Poder Judicial.

Decía Ruiz Cortines, que en la política es muy importante el modito, así decía, el modito, y sin duda alguna Arely es campeona.

De manera que aquí en los debates, las discusiones, las malas caras y los malos humores, siempre estuvo la simpatía de Arely atrás de grandes proyectos.

Buena abogada, buena en el manejo, en la diplomacia legislativa, esta explosión de aplausos lo demuestra, a la que nos sumamos todos.

Exito en sus áreas, Arely, lo tendrás seguramente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, desde su escaño.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Simplemente para sumarme al reconocimiento del trabajo de la Senadora Arely Gómez, fuimos compañeras en la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y reconozco en ella el conocimiento de los temas, seriedad en el trabajo y, sobre todo, apertura, aunque muchas veces no pensábamos igual, siempre hubo respeto y apertura de parte de Arely para escucharnos y tratar de llegar a acuerdos e incorporar todos los puntos de vista.

Sé que te vas a una encomienda difícil, una entidad muy dañada, la Procuraduría, pero sé que tu capacidad de trabajo, tu integridad, tu responsabilidad, ayudará muchísimo a sacar adelante esa institución.

Te vamos a extrañar mucho y mucha suerte en la nueva encomienda.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Torres Peimbert.

De la misma manera, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, en su carácter de Presidente de la Comisión Anticorrupción y del grupo parlamentario del PVEM, desde su escaño.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Conocí a Arely hace 15 años, la conocí cuando éramos ambos oficiales mayores, ella de la Suprema Corte de la Justicia y yo de un organismo constitucional autónomo.

Desde ahí, desde ese primer momento me di cuenta de las grandes cualidades que tenía Arely Gómez. Tuvimos juntos la oportunidad de llegar a este gran Senado de la República, donde de verdad pudimos conocerla y trabajar de la mano con ella.

Se nos va una gran Senadora, se nos va una gran abogada y una gran mujer: seria, trabajadora, con mucha templanza, una mujer valiente. Se va de aquí con nuestro cariño, con nuestro respeto y con nuestra amistad.

A nadie se nos van a olvidar los grandes logros legislativos que tuvimos aquí, una gran reforma constitucional en materia de transparencia, sin duda las largas jornadas que tuvimos para poder llegar a la conclusión del Código Nacional de Procedimientos Penales, gran logro.

Y también, sin duda, los trabajos que nos ha dejado encaminados para la Ley General de Transparencia y Rendición de Cuentas. La vamos a extrañar.

También para la minuta anticorrupción que estamos próximos a recibir.

Enhorabuena para la Senadora Arely Gómez, enhorabuena para la procuración de justicia para este país, enhorabuena para México.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Para continuar con este derramamiento de miel, en uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quiero, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, pero a nombre propio, hacerle un amplio reconocimiento a nuestra compañera Arely Gómez, que siendo una mujer de nuestro partido, creo que dio muestra clara y las expresiones de todos aquí dan cuenta de ella, que ha sido más una mujer de Estado, que una mujer solamente de partido; y que ha contribuido a construir las reformas más importantes que se han dado en nuestro país en materia de procuración y administración de justicia y en materia de seguridad pública.

Espero que tenga mucho éxito, que sé que lo va a tener en su nuevo encargo. Y ahora con la visión que tiene ella del Senado de la República, y desde la posición que tendrá en la Procuraduría General de la República, seguramente tendremos la posibilidad de seguir construyendo más y mejores leyes para México.

¡Felicidades Arely!, te queremos mucho.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les voy a anunciar quienes han pedido el uso de la palabra, para que los demás podamos hacer una carta y se la entreguemos a Arely. La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y el Senador Zoé Robledo Aburto.

Adelante, Laurita.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, la verdad que ya se ha dicho muchísimo de ti, Arely, yo quisiera nada más agregar que por supuesto además de considerarte una compañera leal y una amiga, creo que nos hemos acercado mucho en este tiempo que hemos trabajado juntas.

Yo sí quisiera reconocer que además eres una de las compañeras de las que yo en lo personal he aprendido cosas. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezamos a trabajar los temas, me sorprendía muchísimo ver tus notas, siempre perfectamente ordenadas, perfectamente articuladas con colores, y eso la verdad que lo único que refleja es un profesionalismo muy fuerte, muy marcado.

Entonces, siempre con metodología de trabajo, proponiendo metodologías claras para poder destrabar los temas; siempre tus opiniones fundadas en conceptos, no en ocurrencias o no en la coyuntura, sino en conceptos.

Y yo creo que eso es lo que más se debe de valorar en un compañero, porque es lo que al final del día nos permitió avanzar, a pesar de las diferentes posiciones, en construir acuerdos.

Entonces, desearte muchísimo éxito, reconocerte estas cosas que a mí me has dejado y sobre todo tu calidad humana, porque es mucho más fácil, mucho más sencillo poder acercar las diferentes posiciones entre las bancadas cuando de por medio hay buen trato; hay cordialidad, hay una sonrisa, hay un buenos días, y eso siempre ayuda, y yo se lo quiero reconocer y desearle mucho éxito en lo que vas a hacer, y decirte que siempre vas a contar conmigo como amiga.

Muchas gracias, y ¡felicidades!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Zoé Robledo quiere ratificar todos los cariños.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para sumarme a todos estos conceptos, todos justos y todos verdaderos, y decir, simplemente y de manera muy breve, tres cualidades que yo voy a extrañar de Arely Gómez.

Primero, que ella entiende la política como el ejercicio de diálogo permanente y de respeto a lo que piensan los demás.

Lo segundo, es que Arely siempre ha ejercido sus responsabilidades intentando convencer y no imponer, y eso también lo vamos a extrañar.

Y finalmente, otra gran cualidad de Arely Gómez, es que, pésele a quien le pese, en sus venas corre sangre chiapaneca, y por eso sus paisanos estamos muy orgullosos de ella.

Arely: Te vamos a extrañar, y la mejor forma de homenajearte es con la aprobación próxima de una gran Ley General de Transparencia.

Gracias amiga, ¡enhorabuena y mucho éxito!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Mesa Directiva ha sido siempre incluyente en que se dé el uso de la palabra, le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios mande a hacer los avisos a que se refiere el artículo 58 para que se escuche en los pasillos que si alguien quiera hablar, venga a hacerlo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Le aprecio profundamente su tolerancia para permitirnos expresar en esta solicitud de licencia de nuestra amiga, la Senadora Arely Gómez, el sentir de muchas y muchos de los compañeros que compartimos estos intensos años en el Senado con ella, pero que la conocemos desde tiempo atrás como compañera de partido, y sobre todo, siempre en su función y en su realización como profesional del derecho en la FEPADE y en algunos otros puestos que ha ocupado de manera muy destacada.

Yo quisiera solamente decir que estamos muy orgullosos de haber podido compartir en este tiempo con nuestra compañera la posibilidad de construir condiciones, instrumentos y herramientas legales que le den al país una mejor condición.

El que el día de hoy Arely se vaya del Senado de la República para ocupar un puesto tan importante en la Procuraduría General de la República, una institución que mucho necesitan los mexicanos, sea una institución fuerte, bien organizada, bien administrada y con el empeño de llevar a cabo el mayor bien que los mexicanos podemos buscar, que es el de la justicia, a mi me inspira de verdad mucho orgullo y la confianza y la certeza de que habrás de ser, Arely, ese apoyo, ese sostén y ese soporte que la Procuraduría General de la República habrá de tener con tu labor, con tu desempeño, con tu formación y con tu solidez profesional, académica y personal.

Muchísimas, muchísimas felicidades, tus amigas y tus amigos del grupo parlamentario del PRI nos sentimos muy orgullosos del desempeño que tuviste en la Cámara de Senadores; del desempeño que tuviste en una de las comisiones más importantes del Senado, como es la Comisión de Justicia, que preside de manera magistral nuestro amigo Roberto Gil, y en el que pusiste el empeño para que los instrumentos legales, que de ahí se llevaron a cabo, fueran lo mejor para el país.

Enhorabuena, y que este nuevo tránsito en esta encomienda que hoy se te da, sea también para bien de México como ha sido toda la tarea que hasta ahora has realizado.

Felicidades y no te vas, te quedas con nosotros en nuestro corazón, muchas gracias, Arely.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Ortiz González. En uso de la palabra, el Senador Enrique Burgos, sonido en su escaño.

El Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Muy apreciada, querida y admirada Arely, sin zalamerías de ninguna especie, sino el reflejo de lo que se ha sentido en la expresión de todas y todos los Senadores.

Un orgullo haber sido compañero tuyo en el Senado de la República, porque aprendimos de ti cómo se asume la dignidad de ser Senadora de la República, con tu solidez académica, con tu formación de jurista, como bien lo apuntaba el Senador Manuel Bartlett; decirte que a la manera de Machado, “dejaste huella en el camino”, has dejado la impronta tuya en este Senado de la República, y que además de todas las cualidades que te arropan, eres sobre todo una dama de la política.

¡Enhorabuena Arely!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Burgos García.

Sonido en el escaño de Senador Gerardo Flores.

El Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Antes que nada agradezco su generosidad y su paciencia para que podamos expresar nuestro reconocimiento a nuestra querida amiga, la Senadora Arely Gómez.

Lo hago desde la perspectiva de ser integrante del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de este Senado de la República, un comité que ella encabezó de manera no sólo digna, sino yo diría, decidida, donde siempre impuso un compromiso para lograr una apertura de la información que se genera en este Senado de la República, de generar que haya más facilidad a los ciudadanos para poder tener acceso a la información que se genera aquí en los trabajos legislativos.

Desde luego me sumo a todos los reconocimientos que se han hecho, y no puedo dejar de señalar que Arely Gómez será siempre recordada en este Senado de la República, como una Senadora protagonista de unos años legislativos muy productivos para México y los mexicanos.

Yo me sumo a la felicitación y al exhorto de los buenos deseos para que tenga un gran éxito en la nueva tarea que va a iniciar, estoy seguro que así como aquí en el Senado lo demostró, y en otros trabajos, en otros encargos que ella ha desempeñado de manera eficiente, esta nueva tarea también la realizará de igual forma con mucha convicción, con mucha seriedad y siempre teniendo en cuenta a los mexicanos y su bienestar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Adán Augusto López Hernández.

El Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Pues sumarme al reconocimiento merecido que se le ha hecho esta mañana a Arely Gómez, y en lo personal agradecerle el respeto que me profesó en el trato y el afecto; en lo personal desearle mucho éxito en las tareas que emprenderá.

Suerte.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador López Hernández.

Sonido en el escaño del Senador Eviel Pérez.

El Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda, por ser su vecino de escaño, tengo el privilegio de haber conocido a una gran mujer de valores, que sabe ser amiga, que sabe que la palabra se honra, y de verdad que yo voy a extrañar mucho a Arely, y quise decírselo, ya se lo dije, pero se lo digo delante de los compañeros, ha sido un gran privilegio conocerte y ser tu compañero.

¡Felicidades!

Y además, sólo te corrijo Zoé, tiene más sangre oaxaqueña.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Primero, pues agradecer mucho a Arely su amistad, su compañerismo, una gran integrante de la Comisión de Gobernación, con quien no solamente hizo equipo con la Mesa Directiva, sino con todos los integrantes.

Arely, muy merecido, tienes cualidades que destacan, tu alto sentido de responsabilidad y, sin duda, tu capacidad, y eres una mujer muy estudiosa.

Te vamos a extrañar, pero te deseamos el mayor de los éxitos y estamos seguros que será un éxito donde estés siempre.

¡Muchas felicidades!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Arely Gómez González, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día, 26 de febrero de 2015.

¡Enhorabuena, amiga!

(Aplausos)






En el apartado de proposiciones con punto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo para honrar la memoria de hechos trascendentales en la historia de las relaciones diplomáticas México-Japón.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Presento ante ustedes un punto de Acuerdo con solicitud de Decreto, para honrar la memoria de hechos trascendentales en la historia de las relaciones diplomáticas México-Japón.

En la madrugada del 9 de febrero de 1913, se alza el General Manuel Mondragón y abre las puertas de la prisión a los Generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, desarrollando rápidamente una acción que da por resultado la toma de Palacio Nacional y el desarrollo de una lucha armada entre los insurrectos y las fuerzas leales al Presidente Francisco I. Madero. En cuestión de horas, Palacio Nacional es recuperado y las tropas comandadas por traidores se atrincheran en La Ciudadela.

Entonces, se da el bello gesto de la Marcha de la Lealtad, donde cadetes del Heroico Colegio Militar dan protección al Presidente Madero en las calles de la ciudad de México, del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional.

Ese día, la paz y la tranquilidad de los civiles se pierden al convertir el centro de la ciudad de México en campo de batalla, tierra de fuego, sin seguridad para nadie, interrumpiéndose los servicios de electricidad, transporte, policía y demás.

Al atardecer de aquel día de la gran traición, reciben refugio en la Legación de Japón los padres, la esposa y dos hermanas del Presidente Madero con su personal de apoyo, un número mayor a 30 personas. Reportes iniciales informan de más de trescientos muertos y heridos frente a Palacio Nacional, ese día.

Un diario acucioso llevado aquellos días, nos permite conocer lo ocurrido al interior de esa Legación, que en la aglomeración de tantos refugiados, para el lunes 10 querían ver con optimismo la posible recuperación de la paz y la tranquilidad, lo que se desvanece cuando los combates en La Ciudadela, para el martes 11, reportan más de trescientos muertos y quinientos heridos.

El miércoles 12 en dicha sede diplomática, se escucha la intensificación del cañonero y el constante tableteo de las ametralladoras, que aumentan la angustia del personal y sus refugiados, que carecían de espacios y habían agotado sus víveres.

En tal situación, residentes japoneses en México, desde los primeros momentos se aprestaron a servir, llevando camas, suministros y a apoyar en el servicio a la familia Madero, para lo cual hacían heroicos viajes en un camión que abastecía de provisiones desde Tacubaya a la Legación, ubicada en la colonia Roma.

Igualmente, en misión diaria entre el fuego constante en las calles de la ciudad, residentes japoneses hacían labor de mensajería y comunicación telegráfica que permitiera el reporte a Tokio de lo que ocurría en el interior y en la ciudad de México.

Para el jueves 13 se recrudece el combate y proyectiles impactan la sede diplomática, reportándose para el viernes 14 explosiones con intensificación de metralla, que en paralelo siembran angustia y desesperanza a la población y a la familia refugiada.

Ese día a las 14:00 horas, al escuchar la alarma de incendio, desde la azotea del mismo edificio la familia Madero y el personal observan, en silencio doloroso, el gran incendio provocado en la casa de la familia Madero, ubicada en la colonia Juárez.

La familia estaba sumida en el caos. Banca, comercio, servicios, todo suspendido, con el cálculo de más de cinco mil muertos y heridos, estimando que el 90 por ciento de las víctimas eran civiles. El ambiente se impregnaba con el olor repugnante de los miles de cadáveres incinerados con petróleo a cielo abierto.

El sábado 15 de febrero, ante la amenaza de la representación de Japón, sale la familia Madero a refugiarse en el Castillo de Chapultepec. Lejos de contar con la protección de fuerzas militares o policiacas en su traslado, aquí un hecho muy importante, el jefe de la Legación Diplomática, el Excelentísimo señor Kumaichi Horigoutchi, decide enviar a su propia familia como escudo, a sabiendas de que las balas y la metralla no conocen de esos acuerdos internacionales.

Esa noche, más de veinte residentes integrantes de la colonia japonesa armados con pistolas, rifles y sables, custodian la Legación del posible ataque hasta el amanecer del domingo 16.

El lunes 17 la fuerza de la costumbre hacía aceptar la intensidad de los cañoneos, lo que el martes 18 hizo extrañar a la población por el inusitado silencio que se observó en la mañana de ese mismo día. Por la tarde, se recibe la información de un posible bombardeo al Castillo de Chapultepec, lo que lleva al señor Kumaichi Horigoutchi a desarrollar el operativo, para llevar de regreso a la Legación a la familia Madero y a su propia familia. Entonces, en esos momentos se enteran de la gran traición de Victoriano Huerta, que desde la noche anterior había hecho prisionero al Presidente Madero y a su gabinete, en Palacio Nacional.

El miércoles 19 los rebeldes exigen la renuncia del Presidente prisionero, de quien escriben las crónicas, su rechazo textual expresado en la breve frase de: “Aunque me maten, no renunciaré”.

Para presionar la renuncia, se filtra nuevamente el rumor de que se hará el bombardeo de la Legación, aniquilando a la familia Madero y, por consecuencia, a inocentes refugiados y a quienes les daban protección.

De inmediato, como lo relata en su sentido testimonio el honorable representante de Japón, el Excelentísimo señor Kumaichi Horigoutchi, acompañado del Secretario Kinta Arai, y del residente doctor Suzuki, solamente armados con un maletín de emergencia, se dirigen a Palacio Nacional, protegidos con una pequeña banderita del Sol Naciente, como si ésta fuera suficiente para blindarse ante los ataques que había entre los bandos, y lo hacen entre el fuego cruzado de los bandos en conflicto, con alto riesgo para sus vidas.

Al llegar a Palacio, explican el motivo de su presencia, acreditan su condición diplomática y solicitan entrevista con el jefe de la rebelión Victoriano Huerta, la que logran de inmediato. Ahí, en larga y detallada entrevista, explican el motivo de su presencia y exigen garantías para la Legación japonesa y sus ilustres refugiados, la que sin más posibilidades en contrario, es concedida, reafirmando el respeto que la norma internacional y humana establecen para estos recintos y sus residentes.

En esta entrevista, aprovecha el Ministro Kumaichi Horigoutchi, no solamente para exigir garantías, sino también para dejar plasmada una gran, gran lección de humanismo en la diplomacia.

Para evitar malas interpretaciones en su actuación como diplomático, entonces expresó: “Hay un adagio en el Japón que dice que al ave perseguida que se refugia en la casa de uno mismo, no se le puede matar. Al que viene pidiendo asilo, no se le puede negar. Sin distinción de partidos ni de clases, todo el mundo tiene que ser protegido, mucho más tratándose de personas ancianas y sin protección, como los padres del señor Madero y sus familiares. Es la simpatía que tienen los japoneses por los mexicanos en general, sin distinción, y esa protección que dio la Legación a la familia del Presidente no fue por tratarse de esa familia, sino que se le daría la misma protección a cualquier mexicano”. Palabras textuales del señor ministro Horigoutchi.

En esa circunstancia, el ministro aprovechó para pedir al carcelero mayor le permitiera una entrevista con el Presidente prisionero, la que logra trasladándose al primer piso de Palacio, dando palabras de aliento al Presidente y en un conmovedor diálogo, informándole que su padre, su madre, su esposa y sus hermanas seguirían siendo protegidas por el pueblo de Japón en su Legación en México.

La misma noche del 19 de febrero, el señor Kumaichi estuvo al pendiente en la estación del ferrocarril hasta la madrugada, esperando en vano al Presidente Madero, que llegara a la misma para su viaje a Veracruz, rumbo al exilio nunca alcanzado. En las horas de ese día, Victoriano Huerta arrebata la renuncia de Madero, firmada bajo condición de su propia liberación, y entonces se declara Presidente provisional.

Ese mismo día, la familia Madero y el personal diplomático recibieron en la Legación, un informe que el hermano del Presidente Madero había sido torturado y fusilado la misma noche anterior en La Ciudadela, dando así, en aquella circunstancia, consuelo en su dolor y aflicción a sus padres y a la familia, en escena conmovedora y de gran compasión.

El jueves 20 el señor Horigoutchi con el cuerpo diplomático visita Palacio y obtienen la promesa de respetar la vida de los cautivos, guardándolos en lugar seguro, sin liberarlos, para evitar su alzamiento, según ofreció el falso Presidente.

La noche del jueves 20, la familia Madero sale de la Legación, quedando como única refugiada la esposa de on Francisco I. Madero.

El viernes 21 el Presidente provisional recibe al cuerpo diplomático en Palacio Nacional, y el embajador de Gran Bretaña elogia abiertamente la valentía y el altruismo del ministro de Japón, quien al salir de Palacio, recibe vítores del pueblo, mientras el Presidente Madero y el Vicepresidente Pino Suárez siguen detenidos y liberado su gabinete.

El sábado 22 transcurre para prisioneros, sus familias y la nación entera, como transcurren las horas de navegantes al garete y en la sospecha del inminente naufragio.

El domingo 23 a las 7 de la mañana se presenta una amiga de la señora Madero en la Legación, para informarle que la noche anterior a las 23 horas, su esposo don Francisco I. Madero, y don José María Pino Suárez, habían sido asesinados en su traslado a Lecumberri.

Sin pérdida de tiempo, con el embajador Cologan de España, se trasladan a hacer gestiones para reclamar el cuerpo del Presidente, para más tarde con los embajadores de Inglaterra y España, exigir que los funerales del señor Pino Suárez y Madero debieran efectuarse con los honores correspondientes.

Desde ese día hasta el 23 de marzo de 1913, Madame Horigoutchi vistió diariamente a la viuda del Presidente Madero, fecha en la que terminaron su misión diplomática.

Estos hechos aquí planteados, me llevan a solicitar a este Honorable Senado el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se realicen por los medios idóneos las compulsas hemerográficas y las investigaciones complementarias que reafirmen y enriquezcan los conceptos aquí vertidos.

Segundo.- Se registren estos hechos con toda su valía y detalle y se conserven como una de las páginas más bellas en la historia de las relaciones del pueblo de México con el pueblo de Japón, cuya representación diplomática en nuestro país, desde entonces, honra su generosidad y grandeza.

Tercero.- Se promueva la difusión por los medios adecuados de manera sistemática, este gran ejemplo de profundo humanismo y valentía en la diplomacia, incorporándolo en su parte correspondiente a los textos de nuestra historia patria.

Cuarto.- A 102 años de aquellos sucesos, este Senado de la República haga llegar al Honorable Senado de Japón nuestro reconocimiento a su pueblo, a su gobierno y a los descendientes del Excelentísimo señor Ministro Kumaichi Horigoutchi, y a los descendientes, hacerles saber nuestro agradecimiento perenne y eterno, trayéndolo a esta tribuna como un ejemplo de paz y hermandad que jamás podrá olvidarse.

Quinto.- Se informe al ciudadano Presidente de la República y al ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores, las determinaciones tomadas por este Honorable Senado, para que su actuación, si así lo decide, sea coincidente en honorar hechos tan destacados.

Sexto.- Se dé información amplia a los cabildos en todo el país, para que en el ámbito de sus atribuciones y considerando su propia circunstancia, honren la memoria del señor Kumaichi Horigoutchi, dando su nombre a calles y lugares en su municipio, y así también se reconozca a los miembros de su propia colonia japonesa.

Séptimo.- Se reimprima y difunda el diario escrito por el señor ministro.

Octavo.- Si un día, en este Senado de le República, se pinta un mural, se incluya la imagen del señor Kumaichi Horigoutchi.

Noveno.- Se devele, si es acuerdo del Pleno, placa alusiva a esta gesta heroica, que recuerde a la colonia japonesa en México la rica herencia de la cual goza.

Y termino, señor Presidente.

Si pasó tanto tiempo para que en esta tribuna se relatara someramente en lo escrito en su diario por el señor Kumaichi Horigoutchi, con lo entonces por él y su familia vivido, actuado y sufrido, que por siempre las futuras generaciones recuerden este hecho y lo conserven como un lucero fulgurante, que sin polvo y sin olvido, ilumine en las noches que con frecuencia llenan de tristeza y dolor las relaciones de las naciones.

Es todo. Muchas gracias.

(Aplausos)



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Patricio Martínez.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, el Senador Arturo Zamora, el Senador José Rosas Aispuro, el Senador Luis Sánchez, la Senadora Martha Palafox y su servidor, Miguel Barbosa. Ernesto Cordero, Patricio Martínez, es decir, los Senadores y las Senadoras presentes de esta Mesa Directiva, pedimos su autorización para sumarnos al punto de Acuerdo, también los Senadores Graciela Ortiz, Teófilo Torres Corzo, Carlos Romero Deschamps, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Salvador López Brito, Ernesto Ruffo, Hernández Deras, Martín Orozco, Mariana Gómez del Campo y Manuel Cavazos

A ver, tome nota la Secretaría. Hay ciento y tantos Senadores que quieren sumarse a su punto de Acuerdo.

¿Quién más? los Senadores Pedroza, Pilar Ortega, Itzel Ríos, Armando Neyra y Jesús Casillas.

¿Autoriza usted, Senador? ¿O lo va a evaluar? Lo autoriza. Gracias.

Como lo ha solicitado el proponente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión. Como no hay oradores u oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Aprobado este punto de Acuerdo. ¡Felicidades, Senador Patricio Martínez!

(Aplausos)

 






Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación que nos ha hecho llegar el Senador Francisco Domínguez Servién.

COMUNICACION

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN
SENADOR DE LA REPUBLICA

México D.F., 25 de febrero-de 2015

C. SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
PRESENTE,

Francisco Domínguez Servien, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11, 12 y 13, fracción IV del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente solicito licencia por tiempo indefinido, al ejercicio de mi cargo como Senador de la República, a partir del jueves 26 de febrero.

Por lo anterior, solicito se someta a la consideración del Pleno de esta soberanía mi solicitud, para los efectos del numeral 2 del artículo 13 del mismo Reglamento.

Agradezco sus atenciones.

RESPETUOSAMENTE”

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Unico.- Se concede licencia al Senador Francisco Domínguez Servién, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día 26 de febrero de 2015.”

Me ha pedido el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para expresarse en relación a la solicitud del Senador Francisco Domínguez.

Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez Jiménez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para a nombre de la fracción, hacer un reconocimiento a nuestro compañero y amigo Senador Francisco Domínguez, considerando, pues, siempre su disposición al trabajo, siempre su visión de aportar a este país y por supuesto deseándole que tenga mucho éxito en esto que emprenderá en futuro.

Mi estimado amigo, ¡felicidades!, un abrazo.

Nuestro reconocimiento, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Tiene la palabra el Senador Francisco Domínguez.

El Senador Francisco Domínguez Servién: Muchísimas gracias, señor Presidente, por darme esta oportunidad.

Me entusiasma compartir este momento con todos ustedes.

¿Por qué solicito licencia al cargo de Senador de la República?

Mi respuesta: La decidí con mi familia. Mis motivos: Los he comprometido durante muchos años con la gente de Querétaro, que me ha dado su confianza.

Porque dando cátedra en mi Universidad Autónoma de Querétaro, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, he entendido a muchas jóvenes mujeres y hombres, que quieren abrirle la puerta hacia su futuro, hacia un país de un estado mejor.

Porque como Diputado Federal y como presidente municipal de la capital del estado, confirmé que necesitamos un Querétaro para todos, hecho por todos; es el bien común al que aspiran los queretanos.

Porque como Senador de la República e integrante del grupo parlamentario del PAN, he tenido el honor de trabajar y legislar junto a ustedes, entregando leyes, con buenos contenidos para nuestro país.

Hoy tengo el firme anhelo de servir a Querétaro, para seguir sirviendo a México.

Hoy tengo el firme compromiso de servir a Querétaro, para devolverle junto con sus ciudadanos orden, respeto a la ley, justicia, paz, igualdad y mucha esperanza.

Hoy tengo la firme convicción de seguir haciendo de Querétaro un referente de grandeza para México.

Quiero aprovechar y darle las gracias a mis compañeros de la comisión, en la que integré y a mi Presidente de esa comisión, Fernando Yunes, la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros que integramos esa comisión.

Al mismo tiempo, a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Agricultura, por esa oportunidad de compartir ese trabajo por el campo mexicano.

Agradecerle a mis compañeras y compañeros, y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Pepe Yunes, por ese trabajo arduo, incansable en esa comisión.

Y aquí sí quiero detenerme y dar las gracias a los compañeros de la Comisión de Energía, y en especial a David Penchyna, donde entregamos a este país, una de las reformas, o la reforma más importante para México; esperando que el Ejecutivo la pueda aprovechar.

Quiero darle las gracias a la Senadora Mónica Arriola, de Nueva Alianza.

A la bancada del PT y a su coordinador don Manuel Bartlett.

Al Partido Verde Ecologista, a Carlos Puente y a su bancada, muchas gracias.

Al PRD, a don Miguel Barbosa y a toda su bancada, muchas gracias por el aprendizaje que me han dado durante estos dos años y medio.

Al grupo parlamentario del PRI, a Emilio Gamboa, gracias por tu enseñanza y por tu amistad, y a toda tu bancada, mis respetos.

A mi bancada, al grupo parlamentario del PAN, gracias por su apoyo, gracias por su amistad y gracias por trabajar de forma conjunta para México.

Este anhelo, ese compromiso y convicción, me lleva ahora a pedirles tengan a bien aprobar mi solicitud de licencia, para separarme del cargo de Senador de la República, y poder así competir por el honor, el gran honor de ser gobernador de mi estado de Querétaro.

Ha sido y seguirá siendo un honor servir a México junto a todos ustedes.

De corazón, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Francisco Domínguez.

Sonido en el escaño del Senador Herrera Avila, Coordinador del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Fernando Herrera Avila: Gracias.

Este jueves es otro día especial para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El Senado de la República, el pasado mes de diciembre, dio trámite a la licencia solicitada por el Senador Carlos Mendoza Davis, quien legítimamente decidió ir a buscar la gubernatura de Baja California Sur. Después la compañera Sonia Mendoza hizo lo propio para contender por la primera magistratura en San Luis Potosí.

Luego tocó a Luisa María Calderón regresar a la tierra de sus mayores y recorrer, con su esperanza a cuestas, los caminos de Michoacán.

En días pasados correspondió al Senador Jorge Luis Preciado pedir licencia para buscar la gubernatura de Colima, de cara a los comicios del próximo 7 de julio.

Hoy el Senador Francisco Domínguez Servién, el Pancho, como le dicen en el norte; don Pancho, como lo refieren en el sur; Pancho Domínguez, como lo conocen, lo quieren y lo reciben en Querétaro, habrá de ir ahora a buscar, dicho en términos de Pepe Alameda, “no con la graciosa huida, sino con la apasionada entrega a su Patria chica, a buscar la gubernatura de Querétaro”.

No dudamos que esa apasionada entrega, la nueva encomienda que asumirá, llevará la insignia del alto sentido de la responsabilidad.

Sabemos que Pancho Domínguez se hablará de tú con su pueblo. Es un hombre que habla claro, de frente y con la verdad.

Muchos queretanos recuerdan a Pancho Domínguez con su terna, triunfando en su primer faena como Diputado federal, y posteriormente salir airoso en otra similar al ganar la presidencia municipal de Querétaro, y con paso de vencedor conquistó su tercer triunfo, al obtener un escaño en el Senado de la República.

Estamos seguros, sus amigos y compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que en esta cuarta ocasión, en que partirá plaza en la fiesta de la democracia queretana, saldrá por la puerta grande, con el trofeo más preciado al que puede aspirar un candidato a un puesto de elección popular, el voto mayoritario de la gente.

Hoy queremos decirte, amigo y compañero Pancho Domínguez, que en esta trascendental faena no irás solo. En el ruedo al alimón tus compañeros Senadores del Partido Acción Nacional te acompañamos, estamos seguros y ciertos que serás un extraordinario gobernador de Querétaro.

¡Felicidades!

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Herrera Avila.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, estas palabras no las haré en términos taurinos, por obvias razones, pero sí me quiero referir al compañero que hoy despedimos, al Senador Francisco Domínguez, mejor conocido como Pancho Domínguez.

Un compañero con quien tuve la oportunidad de compartir en la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, y después reencontrarnos en esta legislatura, aquí en este Senado de la República.

Un Senador con quien tuvimos la oportunidad, algunas de las Senadoras y de los Senadores de mi bancada, de compartir trabajo legislativo en algunas de las comisiones de su responsabilidad, construyendo algunos de los grandes logros en beneficio de nuestro país, como él lo mencionara en su intervención anterior.

Gracias, Pancho, por tus aportaciones a la Reforma Energética, México te lo ha de reconocer.

El día de hoy aprobamos tu licencia y te decimos gracias por tu compañerismo y por tu amistad.

Muchas gracias.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Puente Salas.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

No cabe duda que soplan vientos de renovación en el Senado de la República, se viene renovando, llegan mujeres y hombres talentosos, inteligentes, y se van mujeres y hombres Senadores con licencia, que tienen atributos.

Francisco Domínguez el día de hoy está pidiendo licencia porque tiene un compromiso con él mismo, buscar ser el candidato, que ya lo es, de Acción Nacional, para contender a la gubernatura en ese estado.

Conozco a Pancho hace mucho, como le decimos. Sé de su colaboración seria y firme que hizo aquí en el Senado de la República.

Son testigos mis compañeros y sus compañeros que en una reforma, que para nosotros es de enorme calado, de enorme trascendencia, que va a tener frutos sin duda alguna para nuestro país, Pancho jugó un papel importante en las decisiones.

Hoy que toma una decisión muy personal, a nombre del grupo parlamentario de mi partido, le digo que vaya con el ánimo de que sea una contienda limpia, que sea una contienda de propuestas, que sea una contienda donde los que se van a enfrentar para buscar una gubernatura encuentren miras muy altas, para que ese estado pujante y brillante, que es Querétaro, siga por el sendero del desarrollo que hoy actualmente tiene.

Pancho, como te decimos aquí, vamos a extrañar tu seriedad, tu profesionalismo y yo en lo personal voy a extrañar tu amistad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Emilio Gamboa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Senador Francisco Domínguez Servién, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día 26 de febrero de 2015.

Senador Francisco Domínguez Servién. Amigo Francisco, ¿dónde está usted? Quiero pedir la atención por muy poquitos segundos, pero de corazón se lo digo, también lo vamos a extrañar, también es una falta sensible la operatividad de esta licencia para el Senado de la República.

De usted sólo tengo presente su firmeza en el carácter, el cumplimiento de la palabra, de los acuerdos, su trabajo le ha dado mucho al Senado de la República. De verdad te deseamos, Pancho, lo mejor en esta nueva etapa que vas a desarrollar en tu vida política, va a ser una contienda dura, tu presencia así lo augura, no hay duda.

Todo lo mejor a nuestro amigo Francisco Domínguez.

Acuérdate que éramos muy felices hasta que dejamos de serlo.

(Aplausos)






Se concede el uso de la tribuna al Senador Javier Corral Jurado, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Fernando Herrera Avila, Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a apegar su actuación a los principios constitucionales que rigen la función electoral.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Javier Corral Jurado: Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Debo aclarar antes, que esta proposición con punto de Acuerdo también la suscribe el Senador Alejandro Encinas, así como el Senador Adán Augusto López, el Senador Luis Sánchez y la totalidad de los Senadores que integran el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.

El pasado miércoles 18 de febrero, siete partidos políticos, de los diez que tenemos representación en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y sus respectivos Consejeros Legislativos, decidimos abandonar la sesión en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que, como en ninguna época, se vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana. El Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizan uno de los momentos más preocupantes de regresión autoritaria que hayamos experimentado en la época reciente.

Durante décadas, los partidos y la sociedad hemos edificado instituciones garantes de derechos, en busca de arribar a una auténtica competencia democrática basada en la equidad y, en la cual, sean los méritos y las razones de los asuntos los que determinen las resoluciones de la autoridad.

No queremos una autoridad partidista, no queremos un INE partidista ni favorecedor de la oposición, pero no aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a los tiempos donde el gobierno y el PRI, mediante el fraude electoral y la simulación, violentaban la voluntad popular.

El retiro de siete de los diez partidos que tienen representación en el INE, está animado por un largo listado de acciones y omisiones que, a ciencia y paciencia de la mayoría de los integrantes del Consejo General, han venido a afectar los principios fundamentales que deben regir el desempeño electoral.

Una de las preocupaciones centrales es la actuación, dentro del INE, de un bloque de Consejeros que se han desapegado de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral, para coordinadamente favorecer al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México.

Con frecuencia, algunos Consejeros se suman a este bloque para conformar una mayoría que, dentro o fuera de la Mesa del Consejo General, determina el rumbo de sus decisiones, favoreciendo intereses parciales.

Si estas conductas no cesan de inmediato, los representantes de esos siete partidos y sus Consejeros del Poder Legislativo, hemos anunciado que pediremos la renuncia de tales Consejeros, sin menoscabo de las responsabilidades jurídicas que pudieran devenir.

Ese grupo, ese bloque de Consejeros priístas ha tenido, en su actuación, acciones verdaderamente delicadas que han afectado la equidad de los comicios actuales.

Por ejemplo, en la integración de los OPLES, donde se incumplió el principio de máxima publicidad y de un proceso amplio de deliberación, se favoreció la selección de perfiles cercanos al PRI.

Como es público, la actuación de dichos Consejeros, en bloque, actuando bajo una lista que por consigna impuso el Presidente de la Comisión de Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejero Marco Antonio Baños Martínez, la amenaza de generar, incluso, una crisis institucional en la conformación de las autoridades locales, si no se aceptaban sus listas, incluso, su ofrecimiento para que los demás partidos seleccionáramos a nuestros preferidos.

Esto marca, de modo estructural, a quien en muchos casos es hoy la autoridad en las entidades del país.

También la imposición en la pauta estatal del Reglamento de Radio y Televisión, en detrimento de la prerrogativa de partidos y candidatos, ha vulnerado el derecho a la información de la ciudadanía y ha sido otra de las acciones que se advierte la falta de independencia de las y los Consejeros Electorales.

Este bloque logró también imponer la exclusión de programas de opinión y debate del monitoreo de programas que difunden noticias.

La Comisión de Quejas y Denuncias ha operado como un órgano de consigna, ha decidido o no el otorgamiento de medidas cautelares, según el partido o persona que la solicita, acatando consignas del oficialismo.

Esta parcialidad y la emisión, en completa opacidad de las resoluciones, constituyen uno de los más escandalosos aspectos de la administración de justicia electoral que hoy padecemos.

La censura de contenidos, en los promocionales, se ha convertido en un instrumento para limitar la libertad de expresión en contra de todos los precedentes que las autoridades edificaron en los últimos años.

La impunidad de la que goza el Partido Verde Ecologista de México, la adquisición de tiempos en radio y televisión, disfrazados de informes legislativos, sin que la autoridad electoral actúe para contener el fraude a la ley que genera este partido, ha generado su complicidad, atentando contra la equidad y la igualdad de la competencia política.

El Verde y su aliado, el PRI, han hecho ya un fraude a la ley que se cuenta en los miles de spots, promoviendo al Partido Verde, quien de facto y como partido debe ser descalificado de la competencia política por los actos anticipados de campaña.

En esta impunidad del Partido Verde Ecologista de México, destaca el incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en contra de los cineminutos, durante 56 días y contando el de hoy, la falta de resolución en materia de fiscalización sobre el despliegue de una campaña multimillonaria que todos hemos visto: “El Verde sí cumple”, el evidente uso ilegal de los datos personales del Padrón Electoral, del que deriva para promocionar la misma campaña, son todos ejemplo del daño irreparable a la equidad de la contienda electoral que las y los Consejeros Electorales han generado con su pasividad, con su complicidad.

No toleraremos una autoridad omisa, que permanece inactiva ante violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de la legislación electoral, las exoneraciones a los gobernadores priístas y del Partido Verde, por violaciones al artículo 134 de la Constitución, a través de la difusión de propaganda personalizada y del uso parcial de recursos públicos.

A pesar de que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos constituye uno de los ejes fundamentales de la Reforma Política de 2014, que este Senado de la República aprobó, recientemente el INE rescindió el contrato con la empresa que desarrollaría el Sistema de Contabilidad en Línea, sin que a la fecha exista deslinde de responsabilidades ni alternativas de solución que garanticen el cumplimiento de esta atribución.

La ausencia del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mantiene como encargado del despacho ni más ni menos a quien solventara los procedimientos de investigación del caso Monex Gate y de rebase de topes de gasto de campaña de Enrique Peña Nieto, la forma en que se desahogaron esos procedimientos de investigación absolutamente para mantener en la impunidad esa montaña de dinero sucio, en la que Enrique Peña Nieto construyó primero su candidatura y luego se hizo de la Presidencia de la República.

El deficiente trabajo y la permanente dilación de la Unidad de lo Contencioso Electoral en la integración de los expedientes de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores.

La administración de justicia electoral se ha caracterizado por investigaciones lentas e incompletas, la falta de oportunidad para ejercer las funciones de oficialía electoral, la deficiente y lenta respuesta de la secretaría ejecutiva ante las diversas solicitudes que le presentan los representantes de los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo.

La exclusión de los representantes del Poder Legislativo, formamos parte del Consejo General, con derecho a voz pero sin voto, esta exclusión de reuniones de trabajo de la mayor relevancia y la ausencia de información institucional hacia nosotros marca también el desdén de esta nueva etapa de la autoridad electoral con relación al Poder Legislativo, que es parte integrante de la institución.

El menosprecio y el desdén de los Consejeros Electorales hacia el sistema de partidos, manifestado mediante expresiones de intolerancia de las sesiones del Consejo General, como son la ausencia de debate, la falta de diálogo, la descalificación de nuestras aportaciones.

Compañeras y compañeros Senadores: La decisión que tomamos los representantes y consejeros del Poder Legislativo de siete partidos políticos, en México, la decisión que tomamos el 18 de febrero y que reiteramos el pasado miércoles al no concurrir de nueva cuenta a la sesión del Consejo General, es un llamado de atención a la autoridad electoral para que reencauce su actuación a los principios que debe cumplir, y ese llamado de atención no puede ser eludido por el Senado de la República.

No se trata solo, como se ha querido decir, del incidente de retiro de siete partidos, sino del reclamo en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral asuma su responsabilidad constitucional de legalidad, independencia, transparencia, certeza, equidad e imparcialidad.

No estamos ante una disputa sobre tal o cual asunto, sino en un esfuerzo legítimo de siete partidos políticos para que se garantice el funcionamiento institucional del Instituto Nacional Electoral.

Es preciso el fortalecimiento del Instituto, pero eso será imposible sin la imparcialidad que hoy escasea en su seno. Los partidos políticos y los Consejeros Electorales del Poder Legislativo somos parte del Instituto, y en tanto tales, nos encontramos obligados no solo a vigilar, sino también a intervenir en el estudio y en la deliberación de todos los temas, en un ambiente de diálogo sincero que hoy no existe.

No es verdad que todos los temas se discuten en el Consejo General, sino que existen muchas omisiones y actos contrarios a la ley y a la equidad que se procesan en las áreas ejecutivas y en comisiones, como la de quejas, que tiene capturada el bloque priísta de consejeros con funciones decisivas para asegurar la concreción de los principios constitucionales.

En el Consejo General, por lo demás, existe una actitud notoriamente refractaria, frente a propuestas de consejeros y representantes que no expresan acuerdos previamente negociados al margen del examen y de la liberación, lo cual tiende a convertir cada vez más al Consejo General en una instancia más formal y convalidadora de decisiones previamente tomadas, y mucho menos en la instancia colectiva que debe ser.

Mientras el diálogo sincero no se admita, el INE seguirá padeciendo situaciones críticas como la que hoy enfrenta, y lo peor, seguirá perdiendo respetabilidad y confiabilidad, lo cual es justamente lo que buscamos evitar.

Por estas razones, por esta argumentación queremos proponer a la Asamblea del Senado bajo el trámite de urgente resolución, sea sometido a discusión del Pleno, y sometido a aprobación de las señoras y señores Senadores la presente propuesta con punto de Acuerdo:

Primero. Se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a su Consejero Presidente a apegar su actuación a los principios constitucionales que rigen la función electoral, tales como los de independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad; así como establecer un diálogo sincero con todos y cada uno de los partidos políticos que tienen representación en ese órgano de autoridad.

Segundo. Se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atender de manera puntual y oportuna los planteamientos formulados en el mensaje a la nación, del 25 de febrero de 2015, suscrito por los representantes de siete de los diez partidos políticos con representación en el Instituto, y privilegiar los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE.

No queremos un INE partidista, queremos un órgano autónomo al servicio de la democracia que tanto ha costado a los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Proposición

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A APEGAR SU ACTUACION A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA FUNCION ELECTORAL, TALES COMO LOS DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, CERTEZA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD Y MAXIMA PUBLICIDAD; ASI COMO REESTABLECER UN DIALOGO SINCERO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE TIENEN REPRESENTACION EN ESE ORGANO DE AUTORIDAD.

“Las y los suscritos, legisladores ante la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A REENCAUZAR SU ACTUACION EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de la crisis institucional del Instituto Nacional Electoral, el pasado 18 de febrero, siete de los diez representantes de los partidos políticos nacionales y sus respectivos Consejeros Legislativos en el Consejo General del INE, abandonaron la sesión en protesta por la manifiesta parcialidad de la mayoría de los Consejeros Electorales, favoreciendo claramente prácticas contrarias a un proceso electoral democrático violentando de esa forma los principios constitucionales que rigen la materia electoral.

El día de ayer la prensa dio a conocer que 243 Consejero Locales (OPLES) apremian al Consejo General del INE con la finalidad de que dicten lineamientos para evitar el uso de recursos públicos para la compra de votos.

Estos dos hechos revelan que el INE atraviesa por la mayor crisis institucional que se haya presentado desde 1996 hasta la fecha, que demanda de esta Cámara un llamado a los Consejeros Electorales, con la finalidad de que su actuación se apegue a los principios constitucionales de legalidad, independencia, transparencia, certeza, equidad e imparcialidad.

Derivado de todo ello los representantes y Consejeros Legislativos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido MORENA, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social emitieron el siguiente:

MENSAJE A LA NACION:

La crisis de legalidad e imparcialidad en el INE.

El pasado miércoles 18 de febrero, 7 partidos políticos de los 10 que tienen representación en el Consejo General del INE, y sus respectivos Consejeros Legislativos, decidimos abandonar la sesión, en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que como en ninguna época, se vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana. El Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizan uno de los momentos más preocupantes de regresión autoritaria que hayamos experimentado en la época reciente.

Durante décadas los partidos y la sociedad hemos edificado instituciones garantes de derechos, en busca de arribar a una auténtica competencia democrática basada en la equidad y en la cual sean los méritos y las razones de los asuntos los que determinen las resoluciones de la autoridad. No queremos una autoridad partidista ni favorecedora de la oposición, pero no aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a los tiempos donde el gobierno y el PRI, mediante el fraude y la simulación, violentaban la voluntad popular.

En este marco, hacemos públicos nuestros puntos para que se les dé respuesta:

1. Desde la conformación del INE, advertimos la actuación de un bloque de consejeros que se han desapegado de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral para, coordinadamente, favorecer al Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Con frecuencia, algunos consejeros se suman a este bloque para conformar una mayoría que, dentro o fuera de la mesa del Consejo General, determina el rumbo de sus decisiones, favoreciendo intereses parciales. Si estas conductas no cesan de inmediato solicitaremos la renuncia de tales consejeros, sin menoscabo de las responsabilidades jurídicas que pudieran devenir.

2. En la integración de los OPLEs, se incumplió el principio de máxima publicidad y de un proceso amplio de deliberación, se favoreció la selección de perfiles cercanos al PRI. Como es público, la actuación de dichos Consejeros en bloque, actuando bajo una lista que por consigna impusiese el Presidente de la Comisión de OPLEs Marco Antonio Baños Martínez, la amenaza de generar una crisis institucional en la conformación de las autoridades locales si no se aceptaban sus listas, e incluso su ofrecimiento para que los demás partidos seleccionáramos a nuestros preferidos, marca de modo estructural a quien en muchos casos es hoy la autoridad en las entidades del país. 

3. La imposición de la pauta estatal en el Reglamento de Radio y Televisión en detrimento de la prerrogativa de partidos y candidatos ha vulnerado el derecho a la información de la ciudadanía, y ha sido otra de las acciones en la que se advierte la falta de independencia de las y los Consejeros Electorales. El Reglamento no sólo no supuso un avance, sino que se materializan retrocesos en el modelo de comunicación política, aplazando la implementación de medidas tecnológicas como la notificación electrónica, sometiendo la competencia a un ritmo lento en el cambio de materiales e imponiendo limitaciones a la pluralidad de contenidos en los mensajes de radio y televisión.

4. La exclusión de programas de opinión y debate del monitoreo de programas que difunden noticias, ha supuesto negar el derecho de las y los ciudadanos a conocer las diversas posturas editoriales en la televisión y la radio, censurando incluso la posibilidad de monitoreo de los programas de opinión de mayor audiencia, ello ante las amenazas públicas de que un atrevimiento de esas características tendría consecuencias.

5. La Comisión de Quejas y Denuncias ha operado como órgano de consigna ha decidido el otorgamiento o no de medidas cautelares según el partido o persona que las solicita, acatando consignas del oficialismo. Esta parcialidad y la emisión en completa opacidad de las resoluciones constituyen uno de los más escandalosos aspectos de la administración de justicia electoral que hoy padecemos.

La censura de contenidos en los promocionales se ha convertido en un instrumento para limitar la libertad de expresión, en contra de todos los precedentes que las autoridades edificaron en los últimos años. Exigimos de inmediato que los integrantes de la Comisión de Quejas se apeguen a los principios constitucionales de la función electoral y a que transparenten los criterios para la toma de decisiones en la misma.

6. La impunidad de la que goza el Partido Verde en el INE. La adquisición de tiempos en radio y televisión disfrazados de informes legislativos sin que la autoridad electoral actuara para contener el fraude a la Ley ha generado su complicidad, atentando contra la equidad y la igualdad de la competencia política. El Verde y su aliado el PRI, han hecho ya un fraude a la ley que se cuenta en los miles de spots promoviendo al Partido Verde, quien de facto y como partido, debe ser descalificado de la competencia política por actos anticipados de campaña.

El incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en contra de los cineminutos durante 55 días y contando, la falta de resolución en materia de fiscalización sobre el despliegue de una campaña multimillonaria: “El Verde sí cumple”, el evidente uso ilegal de los datos personales del padrón electoral del que deriva para promocionar la misma campaña “El Verde sí cumple”, son todos ejemplo del daño irreparable a la equidad de la contienda electoral que las y los Consejeros Electorales han generado con su pasividad. No toleraremos una autoridad omisa que permanece inactiva ante violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de la legislación electoral.

7. Las exoneraciones a Gobernadores priistas y del Partido Verde por violaciones al artículo 134 constitucional, a través de la difusión de propaganda personalizada y del uso parcial de recursos públicos, y la aplicación de criterios diferenciados en la determinación de las faltas y la adopción de medidas cautelares, han ocasionado una distorsión en la competencia política, abriendo la puerta a la intervención del dinero público en las campañas electorales. Es éste el contexto en que el 18 de febrero pasado el bloque priista, impidió la discusión y adopción de criterios claros para inhibir la parcialidad en la actuación de los servidores públicos y el uso electoral de los programas sociales, en perjuicio de la equidad de la competencia política.

Las decisiones diferenciadas de algunos Consejeros Electorales que integran el bloque priista muestran la parcialidad con que se conduce esta autoridad. Existen ejemplos claros de la postura diferente que los mismos Consejeros han tenido sobre casos similares. Exigimos se adopten de inmediato mecanismos para garantizar la transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones.

8. A pesar de que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos constituye uno de los ejes fundamentales de la reforma política de 2014, recientemente el INE rescindió el contrato con la empresa que desarrollaría el sistema de contabilidad en línea, sin que a la fecha exista deslinde de responsabilidades, ni alternativas de solución que garanticen el cumplimiento de esta atribución.

No aceptaremos un modelo de fiscalización superficial, que dé lugar a la simulación. No admitiremos la toma de decisiones que no vayan acompañadas de una investigación paralela sobre las causas de la recisión y el seguimiento que la Unidad Técnica de Fiscalización y otras instancias del INE dieron a la actuación de la empresa a la que se adjudicó el proyecto, la cual tiene antecedentes de incumplimiento en otros países.

9. La ausencia del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mantiene como encargado del despacho a quien solventara los procedimientos de Monex y rebase de tope de gastos de campaña a favor de Peña Nieto. Una labor de Estado de esta relevancia no puede estar en manos de un funcionario designado únicamente por el Consejero Presidente. Exigimos de inmediato se presente al Consejo General una propuesta de designación para el análisis, discusión y decisión del colegiado en pleno.

10. El deficiente trabajo y la permanente dilación de la Unidad de lo Contencioso Electoral en la integración de los expedientes de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores. La administración de justicia electoral se ha caracterizado por investigaciones lentas e incompletas, toleradas por una Comisión de Quejas que administra sus decisiones con criterios partidistas. Exigimos que se establezcan mecanismos que garanticen una actuación imparcial, exhaustiva y expedita en las investigaciones.

11 La falta de oportunidad para ejercer las funciones de Oficialía Electoral ha trastocado el propósito mismo de su creación. La demora en su actuación la ha convertido en obsoleta, y la circunscribe a los factores institucionales que propician la impunidad.

12. La deficiente y lenta respuesta de la Secretaría Ejecutiva ante las diversas solicitudes que le presentan los Representantes de los Partidos Políticos y del Poder Legislativo. Las solicitudes y planteamientos que formulamos son atendidas por el Secretario Ejecutivo con el mismo desdén que recientemente ha caracterizado a esta autoridad electoral, convirtiendo las impugnaciones en el único mecanismo para obtener una respuesta cierta, clara y pronta, minando con ello el término de relación entre los diversos integrantes del Consejo General del Instituto.

13. La exclusión de los Representantes del Poder Legislativo de reuniones de trabajo de la mayor relevancia y la ausencia de información institucional hacia éstos. Los Consejeros Electorales han reducido a su mínima expresión los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE, buscando además dificultar la participación de uno de los tres integrantes del Consejo General en las mismas, desconociendo la composición misma de su máximo órgano de dirección. A modo de ejemplo basta recordar las reuniones a las que no hemos sido invitados, así como la negativa de la mayoría de los integrantes del Comité de Radio y Televisión de reconocer reglamentariamente los alcances de nuestra participación en ese órgano.

14. El menosprecio y el desdén de los Consejeros Electorales hacia el sistema de partidos manifestado mediante expresiones de intolerancia de las sesiones del Consejo General como son la ausencia de debate, la falta de diálogo, la descalificación de nuestras aportaciones. Contrariando el principio de máxima publicidad que ahora rige la función electoral, la mesa de Consejeros, convertida en un espacio privado, inaccesible y opaco, ha sustituido de facto al Consejo General. Es imperante que en el INE se establezcan mecanismos eficientes, transparentes y efectivos de discusión crítica y abierta sobre asuntos de interés público.

15. El retiro del orden del día de la sesión extraordinaria del 18 de febrero de los proyectos de acuerdo para normar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y blindar los programas sociales. La decisión de una mayoría de Consejeros Electorales de sobreponer la opacidad a un debate público y abierto sobre temas de la mayor relevancia, debe ser analizada como el punto de quiebre en la crisis institucional y de imparcialidad en que se encuentra la autoridad electoral.

En este contexto, la decisión que 7 de los 10 partidos políticos, y sus respectivos consejeros legislativos, tomamos el 18 de febrero pasado es un llamado de atención a la autoridad electoral, para que reencauce su actuación a los principios que debe cumplir.

No se trata solo del incidente de retiro de 7 partidos, sino del reclamo en el sentido de que el INE asuma su responsabilidad constitucional de legalidad, independencia, transparencia, certeza, equidad e imparcialidad. No estamos ante una disputa sobre tal o cual asunto sino en un esfuerzo legítimo de 7 partidos para que se garantice el funcionamiento institucional del INE.

Es preciso el fortalecimiento del Instituto pero eso será imposible sin la imparcialidad que hoy escasea en su seno. Los partidos son parte del Instituto y, en tanto tales, se encuentran obligados no solo a vigilar sino también a intervenir en el estudio y en la deliberación de todos los temas en un ambiente de diálogo sincero que hoy no existe. No es verdad que todos los temas se discuten en el Consejo General sino que existen muchas omisiones y actos contrarios a la ley y a la equidad que se procesan en las áreas ejecutivas y en Comisiones que como la de Quejas tienen asignadas funciones decisivas.

En el Consejo General, por lo demás, existe una actitud notoriamente refractaria frente a propuestas de Consejeros y Representantes que no expresan acuerdos previamente negociados al margen del examen y la deliberación, lo cual tiende a convertir cada vez más al Consejo en una instancia más formal y convalidadora de decisiones y mucho menos en la instancia colectiva que debe ser.

Mientras el diálogo sincero no se admita, el INE seguirá padeciendo situaciones críticas y lo peor, seguirá perdiendo respetabilidad y confiabilidad, lo cual es justamente lo que buscamos evitar. Creemos firmemente que los Consejeros Electorales deberían dar respuesta a los presentes planteamientos.

Como elemento adicional, es preciso comentar que los ataques expresados en la sesión de hoy por los Representantes del PRI y el PVEM, el lenguaje utilizado, los calificativos utilizados y el tono sin precedentes en contra de 7 partidos firmantes del presente texto, solo son manifestaciones caricaturescas de una desesperada defensa de la parcialidad del INE que les ha beneficiado. Los improperios expuestos en nuestra contra no merecen respuesta, pero sin duda, sus autores han aprovechado cobardemente nuestra ausencia de la mesa del Consejo hasta el grado de caer en los ataques personales.

México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 2015.

Los Representantes y Consejeros Legislativos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido MORENA, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIIMERO.- Se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a su Consejero Presidente a apegar su actuación a los principios constitucionales que rigen la función electoral, tales como los de independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad; así como reestablecer un diálogo sincero con todos y cada uno de los partidos políticos que tienen representación en ese órgano de autoridad.

SEGUNDO.- Se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atender de manera puntual y oportuna los planteamientos formulados en el Mensaje a la Nación del 25 de febrero de 2015, suscrito por los representantes de siete de los diez partidos con representación en el Instituto y privilegiar los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Signan

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.

EL Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral Jurado.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. En términos de lo dispuesto por el Reglamento del Senado de la República, y con el respaldo de cinco compañeros Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, le solicito que la votación se haga a través del sistema electrónico.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gil Zuarth. Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) En el mismo sentido, tratándose de un tema que implica, sin lugar a dudas, un posicionamiento firme del Senado respecto al proceso electoral en marcha, y las responsabilidades que debe de asumir la autoridad electoral, solicitamos también la votación nominal con el aval de más de cinco compañeros, aquí en el Senado.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Bien. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

Me han pedido, adelante, para consultar si es de considerarse de urgente resolución el planteamiento hecho por el Senador Javier Corral. Abrase el sistema electrónico de votación.

Solo para que quede precisado el sentido de la votación. Votación a favor, es a favor de considerarse de urgente resolución; votación en contra, es que no se considera de urgente resolución

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes del Colegio Centro Unión, del municipio de San Juan del Río, del estado de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, no se reúne la mayoría de las dos terceras partes, no se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Sólo para dejar acreditado que estos votos de cada uno de los Senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, lo único que confirman es cómo de nueva cuenta el gobierno, el PRI y su aliado han capturado al Instituto Nacional Electoral; y cómo se benefician de la imparcialidad y la crisis de legalidad que ahí se vive.

Es bochornoso que dos partidos políticos, acusados centralmente en la tribuna del Senado de ser favorecidos por un bloque de consejeros, no acepten ni siquiera salir a responder con argumentos, lo hicieron en el Instituto Nacional Electoral el día de ayer varios de los consejeros, incluido su representante legislativo, cuando estábamos ausentes de la mesa del Consejo General; y hoy que les planteamos el debate de frente, se echaron para atrás.

Así fue ayer la sesión, aprovecharon la ausencia de los siete partidos para llenar de oprobio y descalificaciones personales.

No son capaces de enfrentar el debate cara a cara, está acreditada la connivencia, la captura del INE por parte del PRI y del Verde Ecologista de México.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Javier Corral, lo hemos escuchado, y para quienes me han pedido el uso de la palabra, yo les hago una recomendación, no instalemos la práctica parlamentaria de calificar el sentido del voto en el Senado de la República; el debate sigue las reglas del procedimiento, nos escuchamos y nos tratamos con respeto.

Voy a escuchar al Senador Alejandro Encinas; también me ha pedido el uso de la palabra el Senador Carlos Puente, el Senador Manuel Bartlett, pero el tema no está a discusión, ya se votó, ese es el procedimiento parlamentario, y le sugiero no calificar el sentido del voto que hacen los grupos parlamentarios.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Bueno, yo entiendo bien el planteamiento del señor Presidente.

Sin embargo, yo quisiera hacer una moción respecto a la forma en que estamos desahogando los asuntos políticos de fondo que enfrenta el país.

Yo creo que no es evadiendo la discusión como se va a resolver la crisis en la que se encuentra el Instituto Nacional Electoral, y que sería mucho más sano que estableciéramos mecanismos de debate y discusión en el Senado de la República, y en lugar de estar alegando asuntos procesales si se considera o no de urgente resolución un tema, abramos una agenda política en el Orden del Día de nuestras sesiones, para poder conocer realmente de ese tipo de asuntos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Primero que nada, hacer, como usted ya lo ha hecho y le reconozco, un llamado a conducirnos con respeto.

Aquí todas las Senadoras y todos los Senadores tenemos el derecho a ejercer nuestro voto libremente, no conforme a ningún tipo de caprichos, hay que decir y dejarlo muy claro, la discusión, claro que la vamos a dar en donde debe de darse, en la Comisión de Gobernación; si algunos no quieren dar la discusión en la arena y en la mesa, en donde tiene que darse, del Instituto Nacional Electoral referente a ese tema, es porque así lo decidieron, se han autodescalificado, se han retirado, se han levantado, considérenlo y vamos a debatir a esa mesa con mucho gusto, no venir a tratar de mediatizar los asuntos tratando de sacar una raja política.

Mantengamos el nivel de este Senado de la República, de la discusión, del análisis, pero, ¿en dónde?, en donde debe de ser.

Simplemente se sometió a votación y pido que se respete nuestro sentido del voto.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Me uno a la propuesta del Senador Alejandro Encinas, no puede ser que se esté siempre escamoteando la discusión, y es lo que estamos viviendo hoy.

Este Senado, este Pleno es el lugar para discutir los asuntos más importantes, como lo son las próximas elecciones.

Es verdaderamente grave que no se den cuenta de lo que está pasando en el país.

Está México en una crisis profunda, las autoridades están sin ningún prestigio, sin ninguna autoridad real.

México necesita que haya una apertura, no una cerrazón; lo que hacen en el organismo electoral, que no dejan pasar nada, silenciamiento de organismos, y luego la discusión aquí no se da porque no se quiere.

Estamos en una situación de peligro institucional, señores Senadores y Senadoras, no estén confiados en que pueda haber una elección igual a las anteriores, este país puede explotar en cualquier momento, hagan que las instituciones funcionen, no impongan, no escamoteen la discusión, pongan orden en el gobierno, pongan orden en las instituciones o este país va por mal camino.

No se dan cuenta, ni el Papa, que les reclama, ni los presidentes que lo hacen, ni las Comisiones de la ONU, ni los Derechos Humanos les importan, están llevando al país realmente a un desastre.

Es tiempo todavía de que recapaciten y se den cuenta que no son dueños del país, y que al contrario, el partido del gobierno y el gobierno están en crisis y no tienen autoridad moral.

Abran la discusión, no se cierren, vamos por un camino al desastre.

Muchas gracias por permitirnos hablar.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Yo quiero, con todo respeto, hacer una moción, que tiene que ver con una rectificación de hechos, en relación con lo dicho por el Senador Carlos Alberto Puente, y lo digo con todo respeto, porque él ha señalado que este no es el ámbito natural de esa discusión, que en todo caso sería el Consejo General del INE y la Comisión de Gobernación.

Yo sí debo aclarar a este Pleno, es fundamental que lo señale, que el artículo 41 de la Constitución, señala que el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, se integra por un Consejero Electoral Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos.

Quiero plantear aquí, ¿cuál es la racionalidad de esta norma? ¿Cuál fue el motivo y el origen para que el Poder Legislativo se incorporara al Consejo General del INE? Por supuesto, una colaboración, una presencia de colaboración, de vigilancia, de participación directa, se nos dio voz, pero no voto.

Los que somos representantes del Poder Legislativo en el INE, fuimos votados por el Congreso para tener esa representación y tenemos el deber de informar a la Asamblea de lo que está sucediendo en esa institución.

Tenemos un mandato constitucional que no podemos evitar, que no se puede reducir a una comisión legislativa, ni sólo a la mesa de Consejo General.

Si en algún momento está llamado el Senado para escuchar a sus Consejeros Electorales, es este. Para eso se creó la figura; es una figura no sólo de colaboración, es una figura de contrapeso y quien renuncia a discutir en este seno, está incumpliendo el mandato constitucional con todos y cada uno de los Senadores.

Por supuesto, señor Presidente del Senado, que este es el ámbito natural para discutir, y para informarles a todos y cada uno de ustedes, que se está dinamitando la autonomía de una de las instituciones fundamentales de México, que nuevamente el gobierno, su partido y su aliado, el Verde, están llevando a esta institución a un momento de desprestigio, de desconfianza brutal, como en ninguna época. Asuman su responsabilidad, son gobierno y tienen el deber de cuidar la gobernabilidad del país en el momento de mayor ilegitimidad de México. Está devastada la imagen del Presidente de la República, y aquí se niegan a discutir.

No es correcto cerrarle a un mandato constitucional, que ustedes mismos nos dieron la discusión de estos problemas fundamentales del país.

Los convoco, respetuosamente, a que celebremos un debate en este momento, usted como yo es representante Consejero del Poder Legislativo, asumamos nuestro deber, debatamos con altura de miras y hagámoslo en este momento, no le dé dilación al asunto, la crisis del INE no puede ir a las tácticas dilatorias de las comisiones legislativas, necesitamos reestablecer la institucionalidad democrática. Acepte debatir los puntos que he planteado.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Vamos a normar el procedimiento que estamos siguiendo en este momento.

No está a discusión ningún asunto, de manera tolerante hemos permitido que se expresen con libertad, en el tiempo que han deseado cada una de las y los Senadores que han hecho uso de la palabra, después de que ya fue turnado el tema.

Sugiera el procedimiento, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Quisiera proponer, conforme a nuestro Reglamento, en el artículo 75, numeral 2, que pueda modificarse el Orden del Día de esta sesión, para que la agenda política pase en este momento, porque un debate nacional de un tema fundamental, que le urge tomar determinaciones a las instituciones del país, más aún a esta, donde estamos representados los partidos afectados, con una actitud facciosa del INE, es urgente que se ponga a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Orden del Día ya fue votado, Senadora, al arranque de la sesión, también existe el mecanismo de incorporar un asunto que no esté previsto, se incorpora, está proponiendo una incorporación de un apartado que hasta hoy no existe en el Orden del Día, que es la agenda política.

Y debo decirles algo, en otros años legislativos, yo propuse que hubiera un capítulo que se llamara: “Agenda Política”, como existe en Cámara de Diputados. No ocurrió.

En este año legislativo también llevé la propuesta. Yo me comprometo con el Pleno a hacerlo, a provocar los consensos con los grupos parlamentarios, para que si la Mesa Directiva lo aprueba como órgano colegiado, podamos tener, a partir de la sesión siguiente, el capítulo de agenda política, pero hoy no puede aparecer en el Orden del Día como tal.

Así es que, ese es el procedimiento. Yo les voy a pedir, a quienes han pedido el uso de la palabra, que es el Senador Armando Ríos Piter, y nuevamente al Senador Carlos Puente, para que podamos cerrar este rol de intervenciones y podamos dar paso al capítulo siguiente.

Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente quiero retomar lo comentado por la Senadora Dolores Padierna, en el artículo 75, fracción 2, lo que dice es:

“Durante el desarrollo de la sesión se pueden agregar en el Orden del Día otros asuntos a solicitud de la Junta o de algún grupo parlamentario, si el Pleno lo aprueba por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En su caso, previamente al desahogo del asunto del que se trata, los documentos relativos se distribuyen entre los Senadores en la misma sesión”.

Es decir, lo que estamos planteando, entendemos perfectamente que ya se votó un punto de Acuerdo y no se juntaron las dos terceras partes.

Me parece que hay argumentos suficientes, y la magnitud y la trascendencia del tema, y dado que el Reglamento lo posibilita, lo que estamos pidiendo, es que la Junta de Coordinación Política, pues apruebe la posibilidad de incorporar esto como un debate de agenda política. Estamos en tiempo, el tema lo amerita, hay condiciones, como ha expuesto el Senador Javier Corral, pues que son parte, digamos, del desahogo del propio trabajo legislativo, que algunos de nuestros representantes están haciendo, el Instituto Nacional Electoral; de tal manera, señor Presidente, que yo le pediría que, con base en el Reglamento, la Junta de Coordinación Política pueda llegar a un acuerdo, que me parece que es por mayoría simple demostrado en el tablero e interés de esta Asamblea.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Ríos Piter, interpretemos el Reglamento, no intentemos estirarlo al nivel que no sea posible aplicarlo; ya fue tratado el asunto como proposición de punto de Acuerdo y no alcanzó los dos tercios para poder ser considerado de urgente resolución. No existe el hecho, de que como no fue admitido a discusión, que por cierto, la discusión en parte ya se permitió, ahora se convierta en otro capítulo, y que se pida que se reúna en este momento la Junta de Coordinación Política, previa convocatoria, para que nos pidan, a esta misma sesión, que hagamos lo que se está pidiendo.

Yo les planteo que provocaré los entendimientos y acuerdos para que en la siguiente sesión, como lo prevé el Reglamento, tengamos un apartado que se llame “Agenda Política”. Está previsto en el Reglamento del Senado, sólo que no ha estado en el Orden del Día en los 2 años legislativos precedentes. Y en este momento los grupos podemos discutir, cuál sería el tema de agenda política.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Puente.

Seguimos con la discusión informal, que ya nos gustó.

Adelante, Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Primero que nada, para ilustrar a la gente que nos sigue a través del Canal del Congreso, dejar en claro que no se votó en contra de la proposición con punto de Acuerdo, sino simplemente para que el trámite fuera analizado y discutido en la comisión que se ha turnado, que es la Comisión de Gobernación, en donde ahí estaremos, compañero Senador, para dar el debate, para analizar y para ir a fondo, y verdaderamente poner los puntos sobre las ies.

Número uno. Yo le conmino, de igual forma, con respeto, y se lo acepto. Vamos a analizar, vamos a discutir donde lo tengamos que hacer.

Qué bueno que nos dio esa claridad, de la responsabilidad que tenemos de cómo fuimos electos, usted y su servidor, como consejeros legislativos: en el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral.

Le conmino a que cumpla con ese mandato, a que asista a las sesiones, a que cumplamos con esa responsabilidad, a que vayamos y analicemos, en lo que estamos de acuerdo y en lo que no, en que contribuyamos en ese debate, al fortalecimiento democrático de nuestro país.

Hay instancias a las cuales podemos acudir y lo hemos hecho. Nos hemos pronunciado siempre, por mantenernos en el marco de la legalidad, ahí es donde nos habremos de mantener.

Hagámoslo allá, como consejeros legislativos, y hagámoslo aquí como Senadores de la República, en sus comisiones, y seguramente en su momento llegaremos aquí al Pleno a hacerlo con esa responsabilidad.

Ahí está el tema, yo creo que iremos al análisis y a la discusión de fondo en la Comisión de Gobernación para llegar aquí.

No es con caprichos del momento en el que ustedes deseen hacerlo, sino también hay un procedimiento.

El día de ayer, en la sesión, me permito informarle, compañero, que se abordaron los temas en los cuales ustedes tenían tanto interés, y se aprobaron para el fortalecimiento del proceso electoral, con las opiniones y aportaciones de todos los consejeros electorales; los aprobaron por unanimidad, los puntos que tanto les preocupaban, que desgraciadamente ya no pudieron estar presentes, porque se autoexcluyeron de esa discusión.

Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente, por la tolerancia.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Acepta usted la pregunta, para que no se diga que se ha cancelado el debate?

¿La acepta usted, Senador Carlos Puente o no?

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) ¡Claro que sí, señor Presidente!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Yo creo que el Senador Puente tiene muchas confusiones, en primer lugar, porque nosotros no nos hemos ausentado de ningún debate.

Nosotros no somos ni consejeros legislativos, ni formamos parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Nosotros queremos debatir en nuestro carácter de Senadores de la República, y queremos discutir el día de hoy.

Yo no sé por qué tanta simulación, más bien, sí sé, los intereses que hay detrás de todo esto. Pero si realmente quiere debatir, yo le pregunto: ¿Por qué no lo hacemos en este momento, y quienes forman parte del INE lo hagan en su oportunidad?

(Aplausos).

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver. ¿Fue pregunta al Senador Puente Salas, Senador Alejandro Encinas?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) ¡Sí!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Puede usted responder?

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Daré respuesta a la reflexión.

Y yo les diría que vamos a debatir, pero también tenemos respeto por lo que deciden las mayorías. Se requería una mayoría calificada y no se dio.

Respeto profundamente el voto de mis compañeras y compañeros, en el sentido que haya sido. Acato el mandato de la mayoría, e iremos a hacerlo de acuerdo con el procedimiento que sea dispuesto por la mayoría de este Pleno.

Es cuanto.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) En innumerables ocasiones, señor Presidente, se ha dicho que el Pleno del Senado es la máxima autoridad y todo lo puede, y eso no puede cambiar ahorita.

Si hay una petición de que se añada un tema ahorita, y hay una votación de mayoría del Pleno, se debe de aprobar, porque venir a decir: “Que aquí no se discute, sino que es en otro lugar o en comisiones”, es falso.

El Senado tiene plenas facultades para decidir si se anota un tema más, que se está pidiendo por los que estamos aquí, y demostramos que hay mayoría simple, para el tema que se plantea y se pueda ir respetando el voto anterior. Estamos de acuerdo y muy respetuosos, pero también respetemos la norma de que este Pleno puede abrir, en este momento, la discusión de un tema que se proponga por mayoría.

De manera que yo le pediría, señor Presidente, que en el compromiso fundamental de este Pleno, que quiere en su mayoría, veo yo, o que lo defina en mayoría, añadir un tema a la agenda. No nos podemos negar a esa petición.

Muchas gracias, señor Presidente.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo me sumo a la propuesta del Senador del Partido Verde, que se respete la mayoría, y la mayoría queremos debatir.

Que no nos confundan con la mayoría calificada para si es de urgente y obvia resolución. Este es otro tema. Esta Asamblea es quien tiene la máxima decisión.

¡Qué no sé cuántas presiones y que le estén diciendo por teléfono!

Pero creo que usted tiene la facultad para hacer la propuesta a la Asamblea, votarlo y discutir este tema que es de la mayor trascendencia.

Es una vergüenza que el Senado haya abdicado de su función de su responsabilidad de ser un equilibrio de poderes del Ejecutivo.

Aquí nosotros nada más discutimos lo inocuo, y los grandes temas: La Casa Blanca, ni tocarla. ¿Por qué? Porque evidencia lo corrupto que es Peña Nieto.

No se puede tocar a Ayotzinapa, porque evidencia lo inepto. Y hoy no se puede tocar este tema que es fundamental para la paz social del país.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si cuidamos el tonito, nos entendemos mejor, y el Senado de la República no es vergüenza de nadie, es una honra formar parte del Senado de la República, para todas y para todos, lo digo por mí.

Y voy a dar paso a la solicitud que están haciendo de incorporar un punto en el Orden del Día, porque así procede, no por presiones, ni por gritos de nadie.

(Aplausos)

Primero. ¿La solicitud de qué? De que se incorpore, ¿qué?, ¿quién me lo puede decir?

Solicítenme algo en específico, soliciten a la Mesa Directiva algo en específico. Hay 3 solicitudes, 4.

¿Quién habla?

Alejandro Encinas, Roberto Gil y Javier Corral.

¿Qué solicita, Senador Encinas?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Que se incluya como punto del Orden del Día, la discusión sobre la situación de crisis que está enfrentando el Instituto Nacional Electoral a raíz de la denuncia que han hecho representantes de diversos partidos políticos en ese órgano, y las actitudes que han asumido los consejeros electorales.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Secundo la propuesta de inclusión que ha hecho del tema el Senador Alejandro Encinas.

Conforme lo establece el numeral 2 del artículo 75 del Reglamento del Senado de la República, que dice: “Durante el desarrollo de la sesión, se puede solicitar la incorporación de un punto a discusión en el Orden el Día”. Ese es el fundamento.

Me sumo a la discusión, llamándole: La crisis de legalidad e imparcialidad por la que atraviesa el Instituto Nacional Electoral.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se abre a debate. No es punto de Acuerdo, es un planteamiento, el mencionado por el Senador Alejandro Encinas y el Senador Javier Corral.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se abre a debate lo presentado por el Senador Encinas y el Senador Javier Corral. Quienes…

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Antes, permítame, Secretaria.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Rogarle, señor Presidente, con el apoyo de cinco compañeros Senadores, para que esta votación sea también nominal.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador.

Abrase el sistema electrónico de votación para consultar a la Asamblea si se abre a discusión la propuesta hecha por el Senador Encinas Rodríguez y el Senador Javier Corral.

Aclaro, a favor es porque se abra; en contra, es porque no se abra. Es un asunto de votación mayoría absoluta, cincuenta por ciento por más uno.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 53 votos a favor y 42 en contra. Sí se autoriza.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se incorpora al Orden del Día para desahogarse de inmediato, es decir, lo que sigue es, la propuesta que hizo el Senador Encinas y el Senador Javier Corral.

Los Vicepresidentes Luis Sánchez y José Rosas Aispuro, harán un recorrido rápido por los escaños de los coordinadores, para hacer una propuesta de debate, de ser un orador u oradora por cada grupo parlamentario.

En orden ascendente, tiene el uso de la palabra el representante que tome tribuna del Partido del Trabajo.

¿Senador Bartlett, a quién ha designado?

Usted. Se autodesigna, don Manuel. Adelante.

Cinco minutos. Vamos a conminar al respeto del tiempo.






INTERVENCIONES

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

La larga lista que han presentado los representantes de la mayoría, siete u ocho partidos en el Instituto Nacional Electoral, es verdaderamente grave.

Ya lo vimos. Ya lo especificó aquí el Senador Corral.

Y no la voy a repetir, sino vamos a sacar una conclusión de lo que está pasando en esa institución.

No es posible, que en un organismo colegiado plural, una claque se apodere del mando, verdad, no es posible. Porque no va a llegar a ningún resultado positivo.

Esta imposición que tiene el grupo priísta y el Verde; están violando todos los principios de equidad en el organismo, y con eso, desde ahí, desde ese nivel, bloquean la comisión de quejas; bloquean la definición ni más ni menos, de los principios fundamentales de la comunicación cuando se ha peleado durante años porque se establezca la equidad en los medios de comunicación; violada una y otra vez, y es lo que están haciendo. Se dice: El Partido Verde, verdad, ya debería de ser descalificado, por la violación sistemática a un principio fundamental; a un principio fundamental, que es el equilibrio en los medios de comunicación.

Ahí van otra vez, cuando hemos tenido esta dictadura mediática, la manipulación de los medios. Ya están montados en eso, el Partido Verde, en un juego que hasta vergüenza debería darle al PRI. Necesitan sacar para que sea el Verde el que les quite el desprestigio absoluto que tiene el gobierno y el PRI.

Entonces estamos en una maniobra, vamos a hacer grande al PRD, digo, al Verde. Bueno, es realmente vergonzoso, son maniobras, y esas maniobras van a conducir a una antidemocracia y van a conducir, decía yo hace un momento, a una crisis mayor.

Ya estamos en crisis, aunque lo quieran ocultar. El Presidente Peña Nieto no entiende que está en una crisis, se lo dice la ONU, se lo dice el Papa, se lo dicen dignatarios Presidentes, y lo niega.

No hay una actitud de cambio en el gobierno, que haya una apertura en esta discusión, en el organismo.

Tienen que entender, quienes se están apoderando de una mayoría tramposa, que no van a llegar a buen término. Van a llegar a hacer estallar el sistema electoral, que tal vez eso es lo que quieren para no perder el plan de negocios del Presidente Peña Nieto; pero necesitan entender que en un organismo colectivo así, plural, no se puede hacer eso, no se puede hacer, por más que se monten en una mayoría y que jale a uno, y los cuatro que están ahí, que es público.

Entonces las decisiones que van tomando a esas alturas, muy al principio del proceso, los están llevando a un desprestigio total y brutal, no lo pueden tapar con el dedo, ni lo pueden tapar con el silencio. Tienen que rectificar, tienen que entender que en un organismo, como es el que maneja las elecciones, tiene que haber debate, discusión, tiene que haber honestidad en el planteamiento y tiene que haber un criterio democrático.

Si no se compone esa claque, y entienden, que no pueden bloquear todo y hacer trampa, y permitir que un partido, como es el Verde, se monte en la televisión y no se dé el manejo a las quejas adecuado,  van a llegar a una explosión que está cerca de venir. No lo hagan, entiendan.

Este país se merece responsabilidad de todos los partidos, y se merece que tomen en cuenta que no podrán aplastar a todos en las próximas elecciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Este debate consistirá en dos rondas de oradores, de cinco minutos:

Para la primera ronda de oradores ha hecho uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, le sigue el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista; la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática; el Senador Roberto Gil, del Partido Acción Nacional; y la Senadora Graciela Ortiz González, del PRI.

Esperamos la propuesta de los integrantes de la segunda ronda.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia, señor Presidente.

Bienvenido el debate, mayoría tramposa. ¿Quién quiere hacer estallar al Instituto Nacional Electoral?, ¿acaso no serán aquellos que buscan dinamitarlo haciendo el vacío en ese Consejo del Instituto Nacional Electoral? Hay que dejar muy claro a partir de dónde inicia esta discusión.

La semana pasada, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 18 de febrero del 2015, estaban inscritos en el Orden del Día 15 asuntos. Pidieron que se retiraran 3: uno referente a las normas reglamentarias sobre imparcialidad de los recursos; otro proyecto de Acuerdo que refería solicitar a los ejecutivos, en los diversos órdenes de gobierno, a cumplir con las reglas de operación y objetos de programas sociales; y uno más que había sido circulado a las 6:30 del día anterior, y se manifestó que no se había contado con el tiempo suficiente para su análisis.

Quiero ser enfático y muy claro en la presentación que hiciera el Senador a la propuesta del punto de Acuerdo. Ninguno de esos asuntos se refería al Partido Verde.

Se ha hablado mucho de que mi partido no ha atendido las medidas cautelares, pero quiero decirles, y a las pruebas nos remitimos, que hemos cumplido con todas las medidas cautelares ordenadas. Esto se ha cumplido a cabalidad, tenemos las pruebas de ello.

Nosotros, en el Partido Verde, no mandamos al diablo a las instituciones, las respetamos y respetamos las leyes.

En el Partido Verde hemos acatado todas las órdenes del Instituto Nacional Electoral, a pesar de que algunas no nos han favorecido, pero siempre somos respetuosos del estado de derecho.

No es válido, como hacen otros partidos al descalificar a nuestras instituciones, cuando éstas no actúan a modo. ¿Qué democracia es la que queremos? Es lo que aquí deberíamos de preguntarnos.

En el Partido Verde queremos una democracia donde se debata, queremos un debate que se gane con argumentos y no con ausencia ni con vacíos.

Algunos partidos intentan descalificar a la autoridad electoral, intentan descalificar al árbitro de las próximas elecciones, y esto obedece únicamente a una simple y sencilla razón, que se ven abajo en las encuestas, que ven que no les va a favorecer la elección.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador Puente. Si me permite un momento.

Sonido en el escaño del Senador Adán Augusto López Hernández.

El Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para preguntarle al orador si me admite una pregunta.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con mucho gusto al término de mi intervención. Con gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Al término de su intervención. Y les ruego, sin cancelar ninguna figura dentro de lo que es un debate, estamos desahogando este asunto bajo un formato de debate pactado. Se los ruego a todos, que tomen consideración de esto que hicimos.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Compañeras y compañeros: Por mandato constitucional debemos recordarlo y poner el acento.

Los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral fueron designados por la Cámara de Diputados, en donde se encuentra representada la pluralidad de las fuerzas políticas nacionales. Sin embargo, por su propia naturaleza y definición jurídica, la actuación de los consejos electorales se rigen, entre otros, por el principio de la imparcialidad.

No se vale descalificar con adjetivos a la autoridad electoral. Nosotros manifestamos nuestro respeto al Instituto, y también para las consejeras y los consejeros Electorales.

Por las definiciones que ellos han tomado en su momento como las medidas cautelares, y que hemos sido claros, que muchas atentan contra nuestro partido, las hemos acatado, las hemos resuelto, y es por ello que nosotros hemos podido seguir adelante.

Como parte de las resoluciones del órgano electoral, el Partido Verde ha retirado diversos mecanismos de propaganda, a pesar de que se encuentran apegados al marco jurídico vigente.

No existe argumento alguno para acusar al Partido Verde de llevar a cabo actos contrarios a la legislación electoral, ni mucho menos acusar a la autoridad electoral de actuar de manera parcial en beneficio de cualquier instituto político.

Lo señalado para mi partido es una gran mentira, y así lo queremos decir, porque apunta todas las baterías hacia los consejeros electorales, y no apunta ni hace referencia a las sentencias del Tribunal Electoral que ha validado una serie de sentencias, como las referidas en la integración de los OPLES. Obvio están buscando amagar a la autoridad electoral, a través del chantaje.

Desde un principio han descalificado, sin prueba, los trabajos del Instituto para la selección de consejeras y consejeros electorales de los estados, incluso han presentado, sin éxito, diversas impugnaciones que fueron desechadas ya por la Sala Superior, nuevamente con una actuación y un discurso estridente, desprovisto de pruebas y un discurso frívolo.

Compañeras y compañeros: tengan ustedes la certeza y la garantía de que el Instituto Nacional Electoral ha sido, es y será imparcial, no se preocupen, en este proceso electoral no se va a caer el sistema.

Y les dejo una reflexión.

Todos los ataques que han centrado en contra de mi partido, ¿de verdad le tienen tanto miedo al Verde? ¿De verdad le tienen tanto miedo al Verde, al PRI y a Nueva Alianza, que vamos a lograr resultados positivos?

Se los dejo en la reflexión porque, al final del día, el debate lo tenemos que dar en las áreas que lo tenemos que dar, conminar a los que tenemos una responsabilidad, como representantes legislativos en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, a que cumplamos con el mandato precisamente que nos han dado desde aquí, y cumplir con ella para el análisis, el debate, que contribuye al fortalecimiento de la democracia de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Hay una pregunta que iba a formular el Senador Adán Augusto.

Gracias, Senador, por su consideración.

El Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Preguntarle al orador si está aquí hablando en su calidad de vocero del Partido Verde, o de Senador y coordinador de la fracción del Partido Verde, porque en los spots que se están transmitiendo en la televisión, en el afán de torcer y de burlar nuevamente a la legislación, aparece como vocero del Partido Verde, sin que anuncie que es Senador de la República, entonces, nada más que nos aclarara con qué carácter está participando.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador.

EL Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Gracias por la pregunta, compañero, y me permitiría ilustrarle.

No puedo hablar ni renunciar a mi cargo de Senador, y lo hago como Senador de la República, como primera fórmula del estado de Zacatecas, mi estado, también lo hago como coordinador de la bancada de mi grupo parlamentario en este Senado de la República, pero no estoy impedido también a ser vocero nacional de mi partido, una figura que queda muy clara en los estatutos de nuestro partido y que ha sido aprobada por el Instituto Nacional Electoral.

Decirle que venimos, hoy aquí, a manifestar nuestras ideas de manera libre, a dejar claro qué es lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, en donde utilizaron un pretexto para levantarse de la mesa, utilizaron algo que, incluso, va en un contrasentido de lo que muchos actúan aquí.

Cuántas veces no hemos visto que no se discute un tema en este Pleno, porque recientemente fue apenas circulado, un día antes, a las 7:30 de la tarde, el proyecto de dictamen.

Ese día, en esa sesión, la mayoría de las consejeras y consejeros electorales, se pronunciaron no por eliminar el punto que estaba a discusión, se pronunciaron porque se retirara de ese Orden del Día, de ese día de la sesión, y llevarlo a la siguiente sesión, ¿Para qué?, para poder ir más a fondo, para verdaderamente construir algo que fortaleciera el proceso electoral en el que estamos.

Lo hicieron, creo yo, de una forma seria, de una forma responsable, lo hicieron comprometidos con un proceso electoral que, sin duda, debe ser ejemplar para todas y todos los mexicanos. En ese momento, se aprovechó el pretexto para tratar de descalificar un proceso electoral.

Déjeme decirle, también, que están tratando de descalificar un proceso electoral en donde, ya dije, no se ven en las mejores condiciones, en donde ven que hay partidos en ascenso, con un crecimiento gracias a la voluntad de las mexicanas y de los mexicanos, con sondeos, pero déjeme decirle, porque yo creo que aquí sí lo puedo decir, mi partido sí cumple.

Y le voy a decir, ¿por qué hemos cumplido? Porque nosotros hemos cumplido a cabalidad.

Las propuestas del Partido Verde, nosotros fuimos y las registramos en la plataforma político electoral en el proceso del 2012.

También llevamos nuestras propuestas casa por casa y se las acercamos a las mexicanas y a los mexicanos, eran las mismas, seguíamos siendo congruentes.

Llegamos a aquellos que tuvimos y nos vemos favorecidos, a través del voto de las mexicanas y de los mexicanos, y que aquí le quiero agradecer a las zacatecanas y a los zacatecanos que me otorgaron su confianza, y también trajimos una agenda legislativa congruente con esa plataforma político electoral que registramos, congruente con la oferta que le habíamos llevado a las mexicanas y a los mexicanos.

Y ahora, se nos acusa de que estamos difundiendo nuestros logros, los difundimos porque nosotros en el Verde consideramos que es una obligación como instituto político, como legisladores: la rendición de cuentas para las mexicanas y los mexicanos, y también, si me apuran, la transparencia.

Porque los recursos que le han entregado a mi partido están a la vista de todos, en las calles, nosotros ahí ejercimos nuestras prerrogativas, lo cual también está permitido, para decirle a las mexicanas y a los mexicanos que el Verde “Sí Cumple”.

Que propusimos no más cuotas obligatorias en escuelas públicas. Y cumplimos.

Que propusimos cadena perpetua a secuestradores y logramos hasta 140 años de prisión.

Y para terminar, compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Respetemos al orador, por favor, que va a concluir.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: A ver, para que no se nos olvide.

Propusimos prohibir las cuotas obligatorias en escuelas públicas, y gracias por el acompañamiento, hoy es una realidad.

Es triste y es lamentable que digan que es falso, algo que ustedes también construyeron como un instrumento para favorecer a las familias mexicanas, que le va a ayudar a esas familias que menos tienen, que les va a ayudar a muchas niñas y niños que les condicionaban el acceso a la educación pública, a cambio de una contraprestación.

Y nada más les quisiera decir, compañeras y compañeros, que tengamos memoria, que también ustedes, el Partido de la Revolución Democrática, al día de hoy, tienen spots en donde hacen referencia a programas de políticas públicas, en el Distrito Federal hacen referencia a becas para los jóvenes, al subsidio al transporte, lo que le dan a los adultos mayores.

Y de los compañeros de Acción Nacional, recordemos el proceso electoral del 2012, en donde la señora candidata presidencial transmitía en sus spots y hacía referencia al programa oportunidades, el programa con más recursos públicos, de un programa social del gobierno de la República, a los “pisos firmes”, a las “becas para los jóvenes”.

Recordarles que nosotros, en el Partido Verde, estamos actuando cien por ciento apegados a legalidad, pero también hay instancias jurídicas a las cuales podemos acudir para solucionar la controversia y los diferendos. Reiterar que seguiremos trabajando con una misión: cumplir lo que prometemos. Aquí lo único ilegal sería, y debe de ser, no cumplirle a las mexicanas y a los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, compañero, por la pregunta.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Hay que recordar a los oradores, que para responder a una pregunta se cuenta con tres minutos, la Mesa Directiva ha sido tolerante en las expresiones de los oradores.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de directores comunicadores de medios informativos del estado de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién.

Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos, señores.

(Aplausos)

En uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

En vísperas de las campañas y los comicios federales de este 2015, el Instituto Nacional Electoral ha sido secuestrado por el oficialismo, a través de un claro bloque de Consejeros que responden a intereses del PRI y del PVEM.

El Instituto Nacional Electoral vive una regresión grave que pone en riesgo la contienda electoral de este año, al cinismo frente a la violación a la ley de parte del Partido Verde, socio electoral del PRI, se suma a la actitud facciosa de este bloque de consejeros, consentido por el propio consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, en contra de todos los partidos de oposición que tienen presencia en el Consejo General.

En el Instituto Nacional Electoral, este bloque de consejeros ha olvidado que ellos son arbitro y no jugadores de la contienda electoral; han confundido al máximo órgano colegiado del Instituto con un "ring" de boxeo, han minado en menos de seis meses los valores máximos de esta institución como son la confianza y la credibilidad ciudadanas, la imparcialidad y el respecto a la ley.

Tres hechos se han concatenado para llegar a esta crisis institucional del Instituto Nacional Electoral.

Primero. La actitud claramente omisa y cómplice para frenar la ilegal, excesiva e inmoral campaña del Partido Verde en distintos medios y espacios en los espectaculares urbanos, en anuncios de prensa, en la radio, en la televisión, en sus cineminutos, que son repudiados por los propios asistentes a las salas cinematográficas y hasta en el papel para envolver tortillas en muchos estados.

El Partido Verde se convirtió en la avanzada, en el laboratorio del PRI para violar las restricciones a la ley, disfrazando su campaña de informes legislativos. La Comisión de Quejas y la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, han consentido esta franca violación a la ley minando la imparcialidad, la autonomía y la credibilidad del Instituto.

La trampa es muy clara, que el Partido Verde gane tiempo para que su mensaje constante y masivo haga recuperar la pérdida de intención de voto que ha registrado el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI en los últimos meses.

Segundo. La clara alineación de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, para enfrentarse a los representantes de los partidos de oposición, a los consejeros que han demandado frenar la ilegalidad del Partido Verde y afrenar el uso electoral de programas sociales, como el reparto de vales de medicina que constituyen la segunda fase de esta embestida.

El pasado miércoles 18 de febrero, siete partidos decidieron abandonar la sesión del Consejo General en repudio a la decisión de la mayoría de los consejeros, seis contra cinco, para posponer la discusión de estos temas.

Los consejeros que votaron en contra de posponer fueron: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Arturo Sánchez, Roberto Ruiz Saldaña y Pamela San Martín. El bloque de mayoría priísta y Verde fue conformado por los consejeros: Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Adriana Favela, Enrique Andrade, Benito Nacif y Javier Santiago; este bloque mayoritario de consejeros ha secuestrado al Instituto Nacional Electoral y ha minado a la autoridad del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova.

Su interlocución se ha agotado, su posición titubeante y sumisa frente al chantaje ha agudizado la crisis; lo peor de este escenario es que los medios masivos de comunicación, especialmente las televisoras más importantes, han apoyado con su cobertura sesgada el fraccionamiento en el Instituto Nacional Electoral.

Esto se observó claramente en la sesión del pasado miércoles 25 de febrero, los representantes de los partidos de oposición lo señalaron en una carta que le enviaron a Córdova, y entrecomillo, “el Verde y su aliado el PRI han hecho ya un fraude a la ley, que se cuenta en los miles de spots, promoviendo al Partido Verde quien de facto y como partido debe ser descalificado de la competencia política por actos anticipados de campaña”.

Termino diciendo, frente a esta situación, el Senado de la República no puede mantener silencio y mucho menos quedarse de brazos cruzados; es responsabilidad del Congreso de la Unión, la elección de estos consejeros, así como frenar la espiral de violencia y la credibilidad y autonomía que vive el Instituto Nacional Electoral.

Por estas razones los 11 consejeros electorales deben comparecer ante el Congreso para que expliquen por qué han abandonado su posición como árbitros para convertirse en parte de la contienda y en una clara amenaza de regresión a los tiempos anteriores a la reforma electoral de 1996, cuando el IFE era apéndice de la Secretaría de Gobernación.

Exigimos el cese inmediato de la propaganda ilegal y excesiva del Partido Verde, así como los actos anticipados de campaña en los que ha incurrido este partido para ayudar al PRI en la contienda electoral del próximo siete de junio.

Lo único verde del Partido Verde, es que están muy verdes, sin el PRI y sin las cínicas violaciones a la ley, no serían absolutamente nada.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Señores Senadores.

No creo que para alguien pueda pasar inadvertido la grave crisis de credibilidad que tiene el sistema político mexicano y la grave crisis de credibilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral.

Siete partidos políticos que integran el Consejo General se han retirado de las sesiones en señal, en expresión de protesta por una conducta ominosa por parte de ese Consejo General en relación con el curso del proceso electoral.

Decía hace un momento el vocero del Partido Verde Ecologista de México que han acatado escrupulosamente las medidas cautelares, y nos pide prácticamente que le aplaudamos. Quiero informarle que les han aplicado medidas cautelares, no por ser buenas personas, sino por haber quebrantado y violado la ley y las reglas de competencia.

Hay medidas cautelares dictadas contra el Partido Verde Ecologista de México porque están haciendo actos anticipados de campaña; porque están violando el marco constitucional que prohíbe la difusión de logros y la imagen personalizada de servidores públicos fuera de los contextos electorales; porque se están contratando espacios en radio y televisión, habiendo prohibición expresa en la Constitución.

Esas son las razones por las cuales están aplicando medidas cautelares, y como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba.

En efecto, los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos de siete instituciones partidarias se han retirado del Consejo General no en protesta por el "diferimiento" de la discusión de un reglamento, se han separado de las deliberaciones del Consejo porque el INE no ha actuado frente a violaciones evidentes a la ley; frente al reparto de millones de televisiones con el logotipo de Mover a México, cuando se está generando la competencia en nuestro país, esa es una violación a la ley y el Instituto Nacional Electoral no ha actuado.

Porque el Instituto Nacional Electoral no ha actuado precisamente para evitar la difusión de espectaculares en radio y televisión; porque el INE no ha actuado frente a la burla de los informes legislativos semanales de legisladores plurinominales, que en muchos casos ni siquiera han presentado una sola iniciativa.

Y la nueva violación a la ley, que es una burla a la inteligencia de los mexicanos, esos promocionales de radio y televisión con respecto a los vales de medicinas; un programa que ni siquiera existe como política pública en nuestro país.

De eso se trata esta discusión y de eso se trata la discusión del Consejo General del INE, de la violación a la ley y a la Constitución de los mínimos estándares de equidad en la competencia y de que no haya influencia extralegal de dinero, extralegal en el proceso electoral en curso.

Uno de los datos más relevantes de las reformas electorales de la transición democrática, fue la autonomía del órgano electoral, precisamente en este Senado de la República, transformamos al IFE en una autoridad nacional frente a la evidencia de la captación de las autoridades electorales locales, le dimos esa atribución porque estábamos ciertos y confiados de que el Instituto Nacional Electoral podría hacer valer su autonomía frente a los poderes locales.

Nos hemos dado cuenta de que esta integración del consejo general no está a la altura de esa responsabilidad, no quiere aplicar sus nuevas encomiendas, no quiere asumir su deber democrático; está actuando como cofradía a favor de los intereses de dos partidos políticos, y en efecto, ya todos vimos las encuestas, y lo único que revelan las encuestas es que el PRI va en franca caída; que el PRI no va a obtener la confianza de los ciudadanos, y esa es la razón por la cual hay una estrategia deliberada y tolerada por el Instituto Nacional Electoral para hacer crecer al Partido Verde y obtener los votos que no va a obtener el PRI dada las circunstancias que vive el país.

El Verde desafortunadamente para el sistema político, no es un partido, no tiene ideología, no tiene programas, no tiene identidad; el Partido Verde es un club de intereses, el Partido Verde Ecologista de México es el nuevo sector del corporativismo priísta; el Partido Verde es únicamente un tucán en la oficina del Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le ruego a los Senadores, las Senadoras, que mantengamos el respeto entre todas y todos nosotros.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo lamento mucho que tengamos esta discusión en el Senado de la República, justamente aquí donde Senadoras y Senadores de todos los grupos políticos votamos la última Reforma Político Electoral.

Dimos vida a un nuevo órgano electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, por petición concreta del PAN y del PRD.

Al darle nueva vida a ese órgano también votamos su integración, y en esa integración que incorporó a dos consejeros más de los que ya tenía la anterior institución, el Instituto Federal Electoral, se dio como resultado ésta actual integración que hoy tenemos, una integración votada justamente por todas y por todos los representantes senatoriales que aquí estamos.

Yo quisiera partir en mi intervención, dando un voto de confianza por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al Presidente y a las señoras y a los señores consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Ciertamente, no todos ellos parten de la nueva integración, algunos venían de la integración anterior, pero todos ellos gozan de nuestra confianza, porque el acatamiento al marco jurídico que nos imponemos, el respeto a la autonomía de una institución como es el Instituto Nacional Electoral, ayer Instituto Federal Electoral, es fundamental para que verdaderamente logremos ir consolidando, construyendo, mejorando, perfeccionando el sistema democrático mexicano.

Yo no puedo verdaderamente entender cómo aquí se viene y se habla de democracia, cómo se habla de respeto a la ley, cómo se habla de acatamiento a la norma que nos damos, cómo se habla de la necesidad de la ciudadanización, y luego, cuando las cosas no nos agradan, cuando pensamos que no son como quisiéramos, entonces hay que desconocer absolutamente todo.

Permítanme, compañeras y compañeros porque este es un momento de la mayor importancia para el México actual y el México que queremos construir, permítanme hacer con ustedes una reflexión histórica.

El Instituto Federal Electoral que fue creado el 11 de octubre de 1990, hace ya casi 25 años, ha sido testigo, sobre todo de manera especial en 1994, en el que logra su plena ciudadanización, ha sido testigo de una transición y de un camino hacia la democracia que los mexicanos hemos ido explorando, que los mexicanos hemos ido construyendo, y que incluso ha sido referente en algunos otros países que buscaron conocer la forma de organización que los mexicanos nos dimos en materia electoral para poder caminar hacia ese proceso democrático.

Plena ciudadanización de consejeros en 1994, construimos una institución ciudadana, ¿fue una institución apartidista?; hagamos un repaso, pasaron por ahí hombres con prestigio, hombres con el sentido de solidaridad hacia los mexicanos, hombres y mujeres que vieron en esa participación la posibilidad de contribuir al enriquecimiento democrático que México requería, exigía y que ha ido avanzando.

Y permítanme hacer aquí mención de algunos de ellos:

Santiago Creel, espero que les resulte conocido el nombre.

El maestro Lujambio, que fue nuestro compañero y a quien aquí le rendimos tributo por la aportación que en sus diferentes encomiendas le hizo a México.

El gran y respetado Presidente en la etapa 1997-2003, José Woldenberg.

Y quiero recordarles que esa es justamente la etapa, en el 97, en el que mi partido pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y los priistas acatamos la voluntad ciudadana, y acatamos, desde luego, todas y cada una de las resoluciones, los dictámenes, los acuerdos que se tomaron en ese Instituto Federal Electoral, ya ciudadanizado.

Y como dije, del 97 al 2003 fue Presidente José Woldenberg, y tuvo estos destacados consejeros que eran consejeros ciudadanos, pero no eran ciudadanos apartidistas.

Perdimos en el año 2000 la Presidencia de la República, y al perder la Presidencia de la República acatamos en el PRI la disposición ciudadana y respetamos las decisiones, las definiciones, los acuerdos, los dictámenes de ese consejo ciudadanizado, pero no apartidista, ahí estuvo un destacado miembro del Partido Acción Nacional, ahí estuvo Molinar Horcasitas.

A mí me parece que nosotros debemos de ser congruentes y de verdad tener memoria, y respetar la inteligencia y la memoria también de los mexicanos.

En el año 2006, con ese mismo órgano ciudadanizado vuelve a ganar la Presidencia de la República un Presidente emanado de filas del Partido Acción Nacional. Presidente que por cierto, por la izquierda mexicana fue duramente cuestionado en la legitimidad de su acceso al poder, y ahí estuvo el PRI acatando la disposición ciudadana que no le fue favorable, que lo mandó al tercer lugar, y dándole con su presencia en la Cámara de Diputados y ante el Congreso de la Unión, dándole la posibilidad y la viabilidad, no a Felipe Calderón, a México, para que México no se entrampara en la disputa partidista y pudiera caminar en ese perfeccionamiento y en esa transición democrática que se inició hace casi 25 años.

Luego, ante el desconocimiento del Presidente Calderón por la izquierda mexicana, pues hubo que reformar el marco legal que regía, que es la elección.

No nos gustó lo que decidieron los ciudadanos, entonces había que reformar la ley, y reformamos la ley; reformamos la Constitución y la ley en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, en las pasadas legislaturas, para poder acceder, ahora sí, decíamos, con mejores reglas a la elección del 2012, y con esas reglas más claras, más transparentes, más a nuestro modo, poder atender una elección que sentíamos, o que sentían quienes vivieron su modificación, les iba a garantizar la certeza, la legalidad, la transparencia y la certidumbre en la elección.

Pero resulta que la izquierda y la derecha, en el año 2012 perdieron la elección, y por supuesto que tampoco nos gustó, y por supuesto que tampoco les agradó y entonces hubo que modificar nuevamente todo nuestro andamiaje y nuestro marco legal, y crear ahora el Instituto Nacional Electoral, porque ya no solamente había que desconfiar de lo que pensaban y decían y decidían los ciudadanos, había que -según lo que aquí se dijo- amarrarle las manos a todos los actores que impedían que la democracia se expresara, como debe de expresarse, que se exprese con la oferta y el Partido Político que nosotros planteamos.

Tampoco nos gustó y tuvimos nuevamente que armar un nuevo marco legal, que es el que hoy, por decisión de ustedes, por solicitud de ustedes, por definición de los partidos políticos unidos, izquierda y derecha, se le dio a este país, y resulta que el día de hoy, esos consejeros ya no nos merecen el respeto que les merecieron cuando los plantearon; porque fueron propuestas de todos los partidos políticos y fueron votados, nombrados, elegidos por todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados; porque no les gusta una resolución, porque no es a modo una definición, porque no están cumpliendo con la interpretación que ustedes consideran que deben dar los consejeros.

Ya perdí la cuenta de cuántos dictámenes, acuerdos, resoluciones, tomó el IFE en todos estos años que afectaron al Partido Revolucionario Institucional; recuerdo muchos de ellos, olvidé el número, ha habido muchísimas decisiones que no nos han gustado, ha habido muchísimas definiciones que nos han parecido que no responden a lo que la ley establece, y las hemos combatido en las instancias que nosotros le dimos a la ley, para que sea esa instancia superior la que determine si la resolución que estamos recurriendo es correcta o no, interpreta cabalmente o no las reglas que nos dimos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión.

Yo pregunto en esta tarde:

¿Por qué el Instituto Nacional Electoral, que vuelvo a reiterar, tiene toda nuestra confianza, un voto de confianza del PRI, por qué tiene que obedecer consigna?

¿Por qué tiene que trabajar con la enjundia que aquí se les pidió desde esta tribuna, en función de lo que ustedes consideran que la ley debe de determinar?

¿Por qué no respetar la ley que ustedes mismos votaron y expidieron?

¿Por qué no esperar, señoras y señores, a que sea la voluntad ciudadana la que de una vez por todas determine el rumbo de este país?

Aquí habremos de discutir una, y otra vez, nuestras visiones; habremos de confrontar nuestras posiciones y habremos de decir una y otra vez, que lo que está haciendo el Gobierno está bien o está mal, dependiendo del partido en el que estemos, y dependiendo de que el partido en el que estamos, esté o no gobernando este país o algún estado. Esa es parte de la democracia.

Pero lo que no podemos hacer, es venir aquí brincando esa instancia, esa autonomía; tratando de violentar su autonomía, de desconocerla y de venir aquí, a decir aquí lo que no decimos en el Instituto que nosotros creamos, en el Instituto que nosotros determinamos su normatividad, en el Instituto cuya integración decidimos nosotros.

Eso no es congruencia.

¿Ideología? Yo quisiera saber, ¿cuál es la ideología que prevalece en esos acuerdos que se hicieron PAN y PRD en Oaxaca?

¿A quién le responden esos gobernantes que se decidieron en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero?

¿A quién le responden?, ¿a qué ideología?

No será que ustedes, nosotros y todos a quienes debemos de responderle es al pueblo y desde una vez y por todas, dejemos que sea el pueblo el que determine, y no vengamos aquí a definir cómo va a votar el mexicano el día de mañana, no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Para la segunda ronda, están inscritos: Por parte del Partido del Trabajo, la Senadora Layda Sansores San Román; del Partido Verde Ecologista, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez; del Parido de la Revolución Democrática, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez; del Partido Acción Nacional, Javier Corral Jurado; y del Partido Revolucionario Institucional, la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

En uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente, aprovecho para decirle que ojala hoy le guste mi tonito, porque un presiente, creo que no tiene la facultad de violar la Constitución cuando a un Senador no se le puede reconvenir por lo que diga, menos por el tono en que lo diga, así es que con mucho respeto, señor Presidente, que se respete mi forma de decirlo.

Y yo nada más quiero decir algunas puntualizaciones, porque para contestar lo que dice la compañera Graciela, que nos vino aquí a hacer un relato romántico, otra vez la vuelta a la nostalgia; lo que ella dice más podría parecer una entrada a Wikipedia; no no nos importa el pasado, compañera, nos importa qué está sucediendo hoy en el Instituto Nacional Electoral: la violación de los medios, la queja que no funciona, el que un grupo se ha apoderado de este Instituto, se olvidaron de su principio fundamental y del compromiso con la imparcialidad.

Lo que nos preocupa es que ellos están dedicados a proteger al partido en el poder y a su chambelán, porque no llega ni a partido político, en serio, a su chambelán, el Partido Verde, que ya debería de habérsele cancelado el registro si hubiera decencia en el Instituto y si hubiera imparcialidad.

Creo que lo que tenemos que hacer los Senadores, es pugnar porque tengamos un Instituto verdaderamente ciudadanizado, que no lo hay, son parcelas políticas, aquí se quedan con la liebre, la despedazan y hasta con las uñas se quedaron.

Queremos un Instituto Nacional Electoral que dé confianza al ciudadano, porque las elecciones por venir, pueden determinar la paz social de México.

Eso es todo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora, no se fije usted en palabras que se agregan a una intervención; muy buen tono y, desde luego, mientras no usemos la intención de ofender, todo está muy bien.

En uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Acudo a esta tribuna, convencido de la importancia de sostener un debate, un debate respetuoso pero, en primer lugar, lo que quiero señalar, a nombre de mi grupo parlamentario, es que no podemos descalificar por capricho a las instituciones que el poder reformador de la constitución creó.

Demos oportunidad para que esas instituciones que creamos, y que de hecho son resultado de una reforma electoral de gran calado que, nuevamente tuvo que discutir el Congreso de la Unión en esta ocasión, en esta legislatura, para que estas instituciones actúen conforme al mandato que les dimos y en los tiempos que tienen previsto en la constitución y en la legislación aplicable.

Hoy venimos a escuchar aquí reclamos respecto a la actuación de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Me preocupa, y nos preocupa en el grupo parlamentario del Partido Verde, que se le descalifique sin que se hayan terminado de agotarse todas las instancias previstas en el marco constitucional y legal.

Repito lo que ya dijo aquí mi compañero Senador y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde: “No dinamiten al Instituto Nacional Electoral, haciéndole el vacío a ese órgano constitucionalmente autónomo, que ya dije, creamos”.

Se trata de un órgano que conforma el Estado mexicano, así como el Senado de la República también es un órgano del Estado mexicano.

Respetemos a ese órgano que creamos, por virtud de una amplia discusión que hubo, tanto en esta Soberanía, como en la Cámara de Diputados.

Este mediodía, con todo respeto se los digo, he escuchado mucha esquizofrenia.

Hay quien se atrevió a dictar sentencia aquí; en esta tribuna, resolviendo la desaparición del Partido Verde. Eso es un claro ejemplo de un debate caprichoso; justamente, el capricho los lleva a hacer un pronunciamiento sin sustento, simplemente apoyado en motivaciones subjetivas.

Hay también quien vino a cuestionar un programa público de repartición o de distribución de televisiones. Me llama mucho la atención que con esa enjundia con la que lo vino a criticar aquí, no vino a decirlo, cuando tuvimos la discusión de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

No ví esa enjundia, para cuestionar que, lo que le estábamos obligado a hacer al Gobierno Federal para garantizar que la población tuviera acceso a señales de televisión abierta digital, pudieran recibir algún equipamiento por parte del Gobierno Federal.

Esta es una discusión que ya ocurrió en el seno de la Comisión Permanente, nuevamente hoy la vuelven a traer a esta tribuna.

Lamento también que hoy se venga a descalificar al Partido Verde, como un partido sin identidad. Tan tenemos identidad, que hoy somos la cuarta fuerza en este Senado de la República.

Hoy no veo en ustedes esa capacidad de autocrítica. Se atreven a cuestionar la identidad y valores del Verde, cuando en su partido han callado y ninguneado a esas voces que con tanto ahínco le han señalado a su dirigencia, cómo se han apartado de la ideología y valores que les dejó su fundador como legado.

Hoy prefieren enderezar sus baterías contra el Verde, y se hacen de la vista gorda del maltrato que le han dispensado a una de sus más reconocidas figuras.

Se les olvidó demasiado pronto su contribución a la cultura política, como la recién instaurada: “Noches con Montana”.

De la misma forma, convenientemente omiten referirse a la cultura del moche, que también han puesto de moda, tristemente, en perjuicio de los mexicanos.

Hay quienes también vienen a ufanarse de demócratas, a presumirnos sus supuestos principios de democracia; se les llena la boca para cuestionar al Instituto Nacional Electoral. Esos no hablan, de cómo ellos han instaurado un mecanismo, que es una burla para los mexicanos, especialmente para aquellos que son sus simpatizantes, me refiero, desde luego, a esos que creen que la política y la representación social se define por concurso, la que se define por una tómbola.

Asimismo, nos llama poderosamente la atención que algunos de los que hoy están en contra de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, no reconozcan que gran parte de su enojo, se explica por su frustración: por haber elegido mal a sus candidatos, por haber elegido candidatos que se convirtieron en alcaldes, que le generaron un daño enorme al Estado mexicano.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador, ¿me permite?

Hay dos escaños que tienen tintineos en la luz verde: uno es el de Roberto Gil y el otro es el de Rabindranath Salazar.

¿Me permite preguntarles cuál es el deseo de su petición tintineante?

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: ¡Sí, señor Presidente!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Señor Roberto Gil. Sonido en su escaño.

El Senador Roberto Gil Zuarth (Desde su escaño): Le ruego, señor Presidente, le consulte al orador si me admite una pregunta.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿La admite?

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Sí, señor Presidente.

Yo prefiero dedicarme ya a terminar mi intervención, y creo que el debate está siendo suficientemente amplio, para que demos lugar a más preguntas. Preferiría no aceptar preguntas, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: De acuerdo, señor Senador.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Rabindranath Salazar, ¿con qué propósito?

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Por la trascendencia del tema, por supuesto que también hay algunos cuestionamientos de lo dicho por el Senador, también hacerle algunas preguntas sobre lo dicho por él.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¡Senador!

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Es la misma posición, señor Presidente.

Me parece que en cada intervención que ha tenido cada grupo parlamentario, ha habido la oportunidad para responder a esos señalamientos. Me parece que en su oportunidad ustedes la tendrán.

Muchas gracias.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Nada más para ver si el Senador me permite preguntarle, ¿si no considera una ofensa para los mexicanos que la lista de plurinominales del Verde, tradicionalmente ha estado formada por familiares o representantes de otros intereses?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Delgado es si admite o no la pregunta. ¡No la puede usted hacer, por favor!

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) ¡Ah, perdón!

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Con qué objeto?

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Para hacerle una pregunta al orador, que me parece que ayudaría.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Lamento responderle que no.

Y lamento la novatez del Senador Mario Delgado, que se adelanta a los tiempos que dicta el Presidente de este Senado.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo creo que el debate se está yendo a otro lado. Estamos discutiendo lo del INE, al rato nos vamos a tirar pedradas. Vamos a centrarnos en lo que estamos discutiendo, creo yo que sería lo mejor, ¿no? Por favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para solicitarle al orador, toda vez que su vocero, coordinador, el Senador estrella de televisión, ha planteado que no tiene miedo, hacerle una pregunta.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Lamento decirle que no, señor Senador.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Bueno, hoy no hay preguntas.

Adelante, Senador.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Por último, sólo quiero concluir, señor Presidente, afirmando o señalando que no somos chambelán, como también aquí se señaló.

A esa intervención, donde se hizo esa referencia, simplemente le reitero lo que ya dije hace un momento: no somos chambelán, sí somos partidos políticos. Somos la cuarta fuerza hoy, en el Senado de la República, y lo que tanto temor les genera es que muy probablemente en la Cámara de Diputados, podamos llegar a ser la tercera fuerza política en la siguiente legislatura.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Flores.

En el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño)Para alusiones personales, por favor.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Presidencia considera que no corresponde.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Me aludió el Senador que estaba en el uso de la palabra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tiene que ver con un planteamiento que usted le hizo, dio la respuesta.

Seguimos en el debate, por favor.

¡Adelante, por favor!

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que aquí, hemos escuchado muchos calificativos, epítetos, frustración, tómbolas, en fin, asuntos cuyo objetivo fundamental eluden el centro del debate.

Lo que está aquí a debate hoy, no solamente es el comportamiento ilegal e irregular en que han derivado las prácticas del Partido Verde, en el abuso de los medios de comunicación, sino lo que está en el centro de discusión: son los problemas de la equidad, la imparcialidad y la legalidad con la que se está llevando a cabo el proceso electoral federal y en otras entidades de la República.

Cuando discutimos la reforma político electoral en el Senado de la República, el centro de la discusión o la idea de la que partió la reforma política, era eliminar el secuestro que los gobernadores tenían sobre los institutos electorales locales; y eso llevó a plantear la necesidad, decían, de crear un Sistema Nacional Electoral, que centralizara tanto el proceso de organización, como el desarrollo general de las elecciones.

Evidentemente a lo largo de esa discusión, se demostró que un proceso de descentralización desmedida, como el que se planteaba no solamente vulneraba el régimen de facultades y competencias de los estados de la República, sino que prácticamente iba a ser imposible el desarrollo de los procesos electorales, dado la misma diferenciación que existía, no solamente entre las entidades de la República, sino entre los mecanismos de elección; porque no en todos los municipios del país, por ejemplo, se realizan las elecciones, en el marco de la legislación constitucional, sino que se reconocen los usos y costumbres.

Y de ahí derivó un híbrido, en donde se otorgaron facultades extraordinarias al Instituto Nacional Electoral, donde incluso podría arrogarse la facultad de atraer la realización de las organizaciones locales o de algún municipio, en casos extraordinarios.

Y a lo que estamos asistiendo hoy, frente a esta crisis del Instituto, es que este modelo electoral, está siendo agua.

Y ya el órgano electoral, ya no son 32 órganos electorales secuestrados por 32 gobernadores o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sino es un órgano electoral secuestrado por una sola persona, que es el Presidente de la República.

Esa es la crisis real que está viviendo hoy la autoridad electoral. El secuestro de 32 órganos electorales, se ha convertido en el secuestro de un órgano electoral.

Y esto se da, en el peor momento de credibilidad de las instituciones públicas. En medio de la más profunda crisis del Estado mexicano, y en momentos enfrenta la peor crisis de violación a los derechos humanos, en nuestro país.

Y si no hay una corrección de estos mecanismos, con los que está trabajando y adoptando sus resoluciones el Instituto Nacional Electoral, esta crisis no solamente se va a profundizar, sino va a acabar convirtiéndose en un fracaso profundo de la reforma electoral, que hace apenas unos meses aprobamos en el Senado de la República y en la Cámara de los Diputados.

Por eso el llamado debe ser, a que el Instituto Nacional Electoral, cumpla con los principios y objetivos para los que fue creado. Garantizando los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y equidad en la contienda. Y en eso tiene que tomar decisiones firmes.

Ya acaba de renunciar Alfredo Cristalinas, de la Unidad de Fiscalización; espero que sea un primer paso, que sea una buena señala; pero ahora esperemos que el Instituto corrija los abusos, en que partidos como el Partido Verde han incurrido y que elimine esta actuación en bloques; que lo está demostrando, es que hoy tenemos una autoridad secuestrada, ya no por los 32 gobernadores, sino por el Presidente de la República.

Si no se corrige ello, pues evidentemente fracasará la reforma, fracasarán las elecciones y tendremos un resultado que profundizará la falta de credibilidad de las instituciones y en los representantes que de esa elección emerjan.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

El Senador Javier Corral, tiene el uso de la palabra.

El Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo debo reconocer, al inicio de mi intervención, lo conveniente que resulta y lo acertado que fue la decisión de abrir, por lo menos, en el tema de Agenda Política, este asunto.

Y debo reconocer ese signo de apertura a la discusión que estamos reclamando.

El momento que vive el país, la crisis de legitimidad que vive México, el deterioro institucional, la crisis no sólo de la seguridad, la inconfiabilidad de la procuración de justicia, a partir de los informes, no sólo de Tlatlaya, sino las conclusiones sobre Ayotzinapa.

La corrupción que enloda a los más altos niveles de la política en México, partiendo desde el Presidente de la República, y que corroe a varios de los miembros más distinguidos de su propio gabinete, y a otras instancias de los poderes.

Las propuestas, incluso recientes que ha hecho el Presidente de la República, en la terna para Ministros de la Corte. Todo este tipo de cosas hablan del delicado momento mexicano. Estamos atravesando por una de las mayores crisis de legitimidad, de deterioro institucional y estamos ahora ante lo que nos faltaba: la crisis en el Instituto Nacional Electoral.

Por eso, es bueno que el Senado de la República aborde con todo cuidado y con todo rigor, lo planteado por siete representantes de partidos políticos y sus respectivos consejeros legislativos.

Debo decir, en primer término, pues que, sólo los espíritus facciosos, lamentan los debates en el Parlamento del que forman parte. La vocación natural de los Parlamentos es la deliberación, y la agenda política está llamada a ese ejercicio deliberativo; está en la naturaleza del Congreso, parlamentar.

No se puede lamentar uno, no se puede lamentar uno de que se abra un debate de esta naturaleza.

Y tampoco deben asustarse o deben asombrarse, con medidas, como la tomada por los partidos políticos, de abandonar la sesión del Consejo General.

Esa es una medida, en la que históricamente la oposición, colocó la mirada sobre la actuación parcial de las autoridades electorales. Es incluso un recurso de los grupos parlamentarios. Aquí mismo, ni más ni menos, el propio partido del gobierno, ha abandonado la sesión.

No sé si recuerden, la ocasión en que la Senadora Layda Sansores, hacía una de las mejores descripciones que se han hecho en este Parlamento sobre Peña Nieto, como la bancada del PRI abandonó la sesión para romper el quórum.

Entonces, ese es un recurso que se utiliza para llamar la atención. Y menos deben asombrarse de las figuras de las alianzas electorales. Verdaderamente es grotesco que se vengan aquí a cuestionar las alianzas entre partidos políticos, cuando si hoy de algo vive el PRI y el Verde, porque viven mutuamente, pues es de las alianzas electorales; están no solamente en alianza electoral, están en amasiato político, porque lo han extendido a distintas instancias del poder público.

El voto de confianza del PRI, aquí expresado, y la defensa del Partido Verde Ecologista de México, al INE, es el mejor homenaje que la complicidad brinda a la parcialidad con la que ahora se actúa en el Instituto Nacional Electoral.

La defensa, es el mejor homenaje que la mediocridad brinda al deterioro institucional de la autoridad electoral. Y refleja y revela, el nivel de la componenda.

¿Cuál es el problema que hoy tenemos en el INE?

En primer lugar, es un problema de liderazgo. Ni siquiera el PRI, que impulsó en la Presidencia del Consejo General del INE a Lorenzo Córdova, lo ha respaldado en los hechos.

En términos reales ha habido una sustitución de liderazgo en el Instituto Nacional Electoral; el Presidente Consejero lo es de manera formal, pero no en los hechos, porque en los hechos se ha suplantado una figura de mando y de conducción. ¿Fruto de qué? De la existencia de un bloque de Consejeros que han ido más allá de reconocerle al PRI haberlos impulsado en esa integración.

Aquí se dijeron varios nombres de destacados Consejeros Electorales de otras épocas, se habló de Creel, de Molinar, de Lujambio, etcétera. Efectivamente, la autoridad electoral la forman, la integran, la eligen los partidos políticos a través de la Cámara de Diputados, esa es una realidad en nuestro sistema electoral, que son los propios competidores, de alguna manera por decirlo, los que integran al máximo órgano de autoridad, y eso se da a través de la Cámara de Diputados.

Así fue también en este INE. Los partidos políticos, los grupos parlamentarios de los partidos políticos propusieron perfiles y muchos de ellos propusieron perfiles afines a esos partidos.

El problema de este INE es que el PRI propuso soldados. Sí, soldados, que obedecen a Felipe Solís Acero, a Osorio Chong y a Manlio Fabio Beltrones.

Porque son soldados en el INE: Marco Antonio Baños, Enrique Andrade; porque es soldado Adriana Favela, porque es soldado Beatriz Galindo, y en el transcurso de este primer año ese bloque de Consejeros priístas adquirió a Javier Santiago, que había sido propuesto por el grupo del PRD, porque ahí, a pesar de que se advirtieron a lo largo de las discusiones, porque estos Consejeros se eligieron en El Pacto por México y luego se trasladó ese diseño a la Cámara de Diputados.

Incluso yo tengo correos electrónicos de cómo se hizo la distribución de cada una de esas propuestas para que quedaran en las quintetas.

A ver, a nosotros no nos van a cuentear. El problema es ese, que el PRI propuso soldados, que han ido más allá de agradecerle al PRI haberlos impulsado al Consejo.

Por eso han llegado a cometer desatinos, como el de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto. Hay resoluciones en la Comisión de Quejas, de criterios diferenciados de los mismos Consejeros frente a casos similares.

La exoneración a los gobernadores priístas y del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el artículo 134 de la Constitución. Al Gobernador de Puebla, Moreno Valle, le aplicaron las medidas cautelares inmediatamente, bajaron los spots del PAN que anunciaban logros del gobierno de Puebla.

Yo estuve de acuerdo con que se bajaran esos spots en términos de medida cautelar, pero lo que queremos es que actúen igual con los demás. ¿A los demás qué les hacen? Los exoneran, los protegen.

Ese es el tema más delicado en el INE, la conformación de un bloque que está recibiendo órdenes del gobierno y del PRI, y que está haciendo prevalecer sus decisiones al conjunto del resto de los Consejeros Electorales, porque con cada uno de ellos va formando alianzas en distintos temas. Toma las agendas particulares del resto de los Consejeros, y así va sacando sus propios intereses.

Así integraron los OPLES. Yo tengo los archivos digitales de las listas de los organismos públicos locales electorales que integraron, en donde cinco Consejeros: Baños, Favela, Galindo, Andrade, Santiago, votaron exactamente igual por el mismo número de Consejeros.

Más de 360 votaciones exactamente en el mismo sentido, lo que matemáticamente eso no es posible, ¿por qué? Porque hubo una lista en la que se pusieron de acuerdo y se la llevaron a los demás.

¿Qué le sucede a un órgano colegiado cuando se actúa así? Se pervierte, se distorsiona, se vulnera, se generan graves daños a la confianza, a la credibilidad de esa institución.

El tercer problema muy grave del INE, es el que ha perdido la observancia de su mandato constitucional. Debo recordar a la Mesa Directiva que dos intervenciones anteriores de compañeros Senadores intervinieron 14 y 15 minutos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Usted haga uso de la palabra hasta por 15 minutos.

El Senador Javier Corral Jurado: Le agradezco muchísimo, señor Presidente. Ahora está usted en muy buena disposición. Muchas gracias por eso.

Ha abandonado, decía el INE, el deber constitucional de hacer prevalecer los principios rectores de la Constitución, ha olvidado la oficiosidad con la que debe de actuar. Que el Verde Ecologista compre disfrazados de informes legislativos propaganda en radio y televisión, no hacen nada, hay que presentar la queja.

En materia de fiscalización, aún está pendiente la resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre ese gasto multimillonario. Sólo en la primera etapa, el Partido Verde Ecologista de México ha originado 240 mil impactos en radio y televisión de la campaña “El Verde Sí Cumple”.

Ya se acabaron, todos y cada uno de los recursos de campaña, no tienen un centavo más, derecho a un centavo más en campaña, han excedido los topes de gasto de campaña. ¿Pero qué ha dicho otro de los voceros del Partido Verde Ecologista de México? Que ahí vienen con la segunda etapa porque han ahorrado 320 millones de pesos, han ahorrado de lo que el Congreso le da a los legisladores para las actividades legislativas, 320 millones de pesos, porque ahí le van a meter otra vez un tonel de dinero a la campaña de simulación, porque no es más que campaña electoral, campaña de propaganda política electoral.

Denme oportunidad de concentrarme en mi intervención. Ha tenido usted el gran propósito de distraerme todo este día.

La impunidad del Verde es el reflejo de la Comisión de Quejas, ahí está el gran problema. Cautelares que hasta el día de hoy no se pueden aplicar en los cines, y todos lo vemos.

¿En dónde se basa la impunidad del Partido Verde de México? Hay que decirlo con toda claridad. ¿En serio, sólo en un bloque priísta?

No, compañeras y compañeros, en muchas de esas decisiones otros Consejeros han acompañado al bloque priísta protector. El Partido Verde basa su impunidad en el poder de Televisa, ese poder transversal que chantajea, intimida, amenaza a poderes, a niveles de gobierno, a legisladores de todos los partidos, a Consejeros de todas las corrientes.

Porque el Partido Verde, no es ni partido ni verde, ni ecologista mucho menos. Es un partido inflado con el aire de Televisa, es un partido que no es verde porque en realidad es tricolor, porque en realidad es el nuevo PPS del PRI, su satélite, y nada tienen de ecologista porque no hay un solo Partido Verde en el mundo que promueva la pena de muerte, que esté a favor de la fractura hidráulica como técnica para la extracción de hidrocarburos.

Son, sí, una especie de folclor en la política mexicana, son una figura exuberante dentro de los Partidos Verdes. Es el partido de la impunidad, en la que ahora se refugia el enorme desprestigio que tiene el PRI, en la enorme caída que tiene el Presidente de la República, y por eso el INE durante tres meses se ha mantenido pasivo, inconmovible, cómplice, se ha callado, no han hecho nada para que los señores crezcan en las encuestas, porque no tienen estructura, porque no tienen historia.

Usted que habla de nocturnidades y fiestas, usted que ha recordado aquí el ¡ánimo Montana! Yo le digo a usted que el Verde, debe una explicación más delicada a la opinión pública de México.

Si de fiesta se trata, es necesario que terminen de explicar bien a bien la fiesta en Cancún, donde Jorge Emilio González disfrutaba con amigos en una verdadera orgía de sexo y alcohol, y donde resultó muerta una mujer de nacionalidad búlgara.

Sí, les preocupan las fiestas en Puerto Vallarta. Ustedes tienen una pendiente en Cancún que explicar, y se está relacionada con una muerte de una mujer.

Compañeras y compañeros Senadores: Ya sabemos que el PRI, sus dirigentes y el Presidente de la República, no entienden que no entienden, ya lo sabemos, pero el Senado de la República no puede ser omiso frente a la crisis de legalidad e imparcialidad, de credibilidad, que atraviesa una de las instituciones en la que más nos ha costado trabajo construir luchas dadas.

Ojalá que, lo que hoy se vive en esta institución, realmente dé para más que un debate de agenda política.

Ojalá que aquí haya responsabilidad para exhortar a esos Consejeros, a que depongan sus intereses parciales, sus intereses partidistas y se apeguen a los principios que la Constitución los mandata.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral.

El Senador Carlos Puente, ¿con qué propósito, Senador?

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Señor Presidente, para hacer una rectificación de hechos, ante los dichos y las acusaciones tan graves que ha hecho el Senador Corral.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No hemos otorgado esa figura, como tal, por eso se amplío a dos rondas, sin embargo, hemos admitido referencias desde los escaños, eso lo hemos establecido, pero como rectificación de hechos, no.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Simplemente, nada más para precisar que el que acusa tiene que probar, y que lo que señala el Senador, a un integrante de nuestro partido, a un compañero Senador, hoy ausente, con licencia, ojalá que lo pueda probar.

Nosotros hemos llevado este debate con altura, con respeto, compañero, Senador, pero usted se está basando en dichos, y es como si yo pudiera retomar dichos que le han señalado a usted, que le vinculan al narcotráfico.

Conduzcámonos con respeto, en este debate que propusimos y que, desde el inicio de mi participación dije: “bienvenido al debate”. Lo conmino a que lo mantengamos en el nivel y a la altura que debe de señalarse.

Por su atención, muchas gracias a la Asamblea.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz, del grupo parlamentario del PRI.

Antes, sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, la fiesta de Cancún es una de las fiestas de las que más se ha escrito y dado seguimiento en la opinión pública del país, y están no solamente acreditados los hechos, han sido canceladas las investigaciones, y está ahí colocada, con toda claridad, incluso, la actuación de varios de los familiares, de esta mujer extranjera, que resultó muerta en esa fiesta, porque dicen que se lanzó desde el sexto° piso, y en donde ha habido un bloqueo a esa investigación, y, por supuesto, en cualquier momento, lo podemos no solamente argumentar, sino desahogar y desarrollar como punto del Orden del Día, que usted mismo quiera y proponga.

Ahora bien, con relación a esta campaña, de la que Emilio Gamboa se ha solazado, en los últimos días y en las últimas semanas, esto de que uno lanza acusaciones directas y luego salen con el tema de mis hermanos.

Yo acuso a Peña Nieto de que está enlodado en la corrupción por la “Casa Blanca”, y luego salen con el tema de mis hermanos.

Y luego acuso a Videgaray sobre la casa de Malinalco, que ha mentido sobre el precio de esa casa, y digo que hay cohecho en ese asunto, y salen con el caso de mis hermanos.

Y luego señalo a Duarte como corrupto en Chihuahua, por el fideicomiso que formó con su mujer para hacerse accionista del Banco Progreso, y salen con el caso de mis hermanos.

Miren, es muy bueno desahogar también esta discusión, porque aquí tenemos nueve casos en el Senado de la República de igual o mayor nivel de problema que ese.

Y yo quiero saber si realmente esa es la estrategia que se va a proponer, que cuando uno acusa directamente a alguien, le salgan con una acusación directa. Esa es la estrategia que puso en marcha Emilio Gamboa en mi contra, lo vemos ahora en los medios, lo hemos visto estos últimos días en periódicos, en columnas difamatorias, calumniosas, tratan de amedrentarnos, de intimidarnos con ese tema.

Si la Procuraduría General de la República, en manos de un priísta, como Murillo Karam, el que le ha estado tapando todas sus corruptelas a Peña Nieto y a Duarte, en Chihuahua, porque ni siquiera nos dejan ver el expediente de la denuncia contra Duarte.

Si Murillo Karam quiere investigarme, que me investigue, y estoy listo para lo que quieran, no tengo falla alguna.

Por eso buscan a mis hermanos, por eso dicen el tema de mis hermanos, y una y otra vez lo sacan y lo enseñan.

Yo soy el que hago las acusaciones, yo soy el que hago los señalamientos, a mí díganme, a mí acúsenme, a mí díganme qué tienen conmigo o qué me saben. Yo les sé muchas cosas a varios.

Aquí hay libros que se han escrito sobre la conducta de muchos de los actuales Senadores de la República.

¿Vamos a darlas también por hecho?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador, le pido concluyamos.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Bueno, esa parte me dio la oportunidad, lo digo sinceramente, porque ese es un tema que está ahí, está colocada la calumnia, está colocada la difamación, la cortina de humo, para distraer la atención de los asuntos fundamentales, ¿no?

El caso de Cancún es el gran pendiente del Partido Verde Ecologista de México y de uno de sus dirigentes.

Usted fue el que sacó aquí las fiestas y las nocturnidades del grupo parlamentario del PAN. El Partido Verde aquí las sacó. Juan Gerardo Flores presentó en la tribuna ese tema. Entonces, yo les digo, empiecen por ustedes mismos a dar las explicaciones de sus propias fiestas.

Eso es lo que corresponde, eso es lo que sigue.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz.

A ver, el Senador Emilio Gamboa. Sonido en su escaño.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, quiero que quede muy claro, soy Senador de la República, igual que 127 compañeras y compañeros, no acostumbro de ninguna manera, y si hay alguna prueba, por favor que me la hagan llegar, lastimar a través de los medios a nadie, no sé de qué campañas hablan que pueda yo organizar, creo que me dan demasiada fuerza, pero quiero decir, claramente, respeto absolutamente a los 128 Senadores de esta Cámara.

Quiero que quede muy claro que no lo haré, que yo no sabía que el Senador está ofendido porque yo traigo una campaña, ni lo voy a hacer contra él, ni contra ningún compañero, compañera.

Sé que represento un cuerpo colegiado, que le quiero dar alturas de mira, lo que es hoy, orgullosamente, el Senado de la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gamboa.

Esta Presidencia reconoce la honorabilidad, el respeto, que entre nosotros ha prevalecido, entre los 128 Senadores, todos hemos actuado de manera correcta y adecuada.

Continuamos con el debate.

La Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciaré mi participación siendo muy objetiva y señalando que el Instituto Nacional Electoral, y es importante subrayarlo, es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.

De tal manera que, en el ejercicio de esta función estatal, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en sus decisiones, así lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por mandato del Congreso de la Unión.

Hoy se acusa de que este Instituto realiza sus funciones fuera de estos principios.

En el grupo legislativo del PRI, no podemos compartir tal acusación porque hacerlo desde este órgano legislativo significaría atentar contra la autonomía del Instituto, autonomía que nos ha costado muchos debates y reformas, en torno a la configuración de un organismo garante de los principios que rigen la función electoral.

Por lo tanto, en ese diseño hemos sido claros para que el debate de sus asuntos represente no solamente la opinión de los consejeros electos, bajo estos principios constitucionales por el Congreso de la Unión, también se escucha la opinión de los representantes de los partidos políticos, así como de los representantes del Poder Legislativo.

Primero. Sus decisiones corresponden exclusivamente a su Consejo General y cuando no se esté de acuerdo con estas, también fuimos claros en el diseño de un sistema de solución de controversias, a través de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El que haya siete partidos políticos representados en el Consejo General se haya retirado de las sesiones del Consejo General, están en el ejercicio de sus derechos de acción política, sin embargo, no puede este Senado de la República exhortar al INE a cumplir sus funciones por el cuestionamiento de algunos partidos políticos sin que sus decisiones hayan sido debidamente debatidas a través de los medios procesales que la Constitución y la ley establece.

El ordenamiento jurídico establece, que acudan a las instancias procesales que hemos pactado en la ley, y si de esta revisión se desprende que hay violación por parte de la autoridad electoral sobre su actuación, entonces que se aplique la ley para sancionar como corresponde de acuerdo con la Constitución.

Reitero, no hagamos juicios de valor en este Senado, no estamos facultados para ello, y no pretendan aprovechar el proceso electoral para sostener un debate fuera de las instituciones que nos hemos dado en la democracia.

Reitero, acusan al Consejo General del INE y ahí corresponde la discusión del tema, que hoy estamos trayendo al Senado; y si no están de acuerdo con sus decisiones, pues acudan a las instancias procesales que correspondan.

Para el grupo parlamentario del PRI, es importante continuar con el respeto a las bases de la democracia, el respeto a la autonomía de las instituciones de la democracia, y en ello estamos dispuestos a dar el debate de lo que corresponda, pero en los asuntos que son concernientes.

El INE es una institución que debemos fortalecer, a nadie nos conviene, ni a los ciudadanos, que los partidos políticos abandonen la institucionalidad que hemos construido por más de 30 años.

Los Consejeros son de reconocida y sólida trayectoria, y democráticamente electos en la pluralidad. Hoy el INE tiene un marco regulatorio sólido, y los ciudadanos y los partidos políticos tienen en la ley los instrumentos procesales para controvertir sus decisiones y hacer valer sus derechos.

Ahí habrá que dar la batalla dentro de los cauces institucionales y democráticos, en suma, fortalezcamos el debate, que haya voluntad para el diálogo y prestigiemos la elección, y que esa sea nuestra aportación en el Senado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

La versión estenográfica del contenido de este debate queda a disposición de las y los Senadores para los efectos legales que cada quien quiera destinar.






Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificación en la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría, dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Está a discusión el Acuerdo, y como no hay solicitud de intervenciones, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se prueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.






La Mesa Directiva acordó emitir un Acuerdo para lamentar la muerte de otro compatriota en los Estados Unidos de América, el señor Rubén García Villalpando, asesinado por un oficial de la policía en el estado de Texas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeros Senadores informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para la realización de la sesión solemne en que se otorgará el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la señora Carmen Moreno Toscano.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias Secretaria. Está a discusión el Acuerdo, no habiendo orador u oradora interesada en tomar tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, el Senado de la República realizará sesión solemne el 10 de marzo a las 11:00 horas en este recinto de Reforma número 135 para entregar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la señora Carmen Moreno Toscano, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones necesarias para realizar esta sesión solemne. Comuníquese.






Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., 20 Y 32 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

“Las que suscriben, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHGELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN I DEL APARTADO C. DEL ARTÍCULO 20 Y EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa más allá de una modificación en la terminología, se trata de un cambio conceptual del sistema jurídico que ha tenido como resultado, el fortalecimiento de los derechos de la persona y la protección de su dignidad.

Al incluir en la Constitución el término “Derechos Humanos” en 2011, se subrayó su carácter de derechos diferenciados de la naturaleza del Estado, al que le corresponde solamente reconocerlos y protegerlos.

La terminología utilizada en algunos artículos de nuestra Constitución, al hablar de otorgar derechos dista mucho de concordar con las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión así como del reconocimiento universal de los derechos humanos que prevalece a nivel internacional desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

A lo largo de nuestra historia, los textos constitucionales mexicanos han contenido el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 1° de la Constitución de 1857, se ubicó dentro del Capítulo Primero del Título Primero un amplio catálogo de derechos denominados "Derechos del Hombre", entendiendo por éstos las atribuciones mínimas reconocidas por el Estado mexicano a todo individuo que se encontrara en el territorio nacional, este artículo establecía:

“El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

El Constituyente del 1917 tomó por completo este catálogo y optó por el término “garantías individuales”, esto no se hizo con la intención de consagrar algo distinto a derechos, sino con el fin de subrayar su carácter vinculatorio, obligatorio y protector.

En junio de 2011, el Congreso de la Unión llevó a cabo modificaciones a diversos artículos de la Carta Magna que culminaron en una de las Reformas más trascendentales de la historia moderna de México. Esta Reforma brindó mayor claridad a los términos constitucionales y la armonizó con el derecho internacional de los derechos humanos.

Reconoció explícitamente a los derechos humanos como derechos inherentes a la persona, diferenciados y anteriores al Estado y los dotó de pleno reconocimiento y protección constitucional. Este cambio, tanto en la legislación como conceptual, ha ubicado a nuestro país a nivel internacional como un Estado protector y garantista.

De lo anterior, recae la importancia de generar congruencia en todo el texto Constitucional a la luz de esta Reforma, ya que actualmente  los artículos 1°, 15°, 18°, 21°, 33°, 35° fracción VII 3o. y 107 fracción I, se refieren al reconocimiento de derechos mientras que los artículos 2°, 20° apartado C y 32° refiere a los derechos establecidos u otorgados, sin una clara justificación de ello y dejándolo incoherente con el resto del articulado constitucional.

Hablar de “otorgar” o “establecer” derechos en lugar de “reconocer” derechos tiene un resultado más allá de la correcta terminología, ya que ubica a la persona como sumiso a la voluntad del Estado en otorgarle o restringirle derechos, cuestión que esta alejada de la intención del pueblo mexicano a través del Constituyente Permanente.

Por lo anterior, el Congreso tiene la obligación de armonizar los artículos 2°, 20° y 32° de nuestra Constitución que consagra los derechos que le reconoce la constitución a las comunidades indígenas y los derechos que gozan los mexicanos con doble nacionalidad, respectivamente.

En lo que respecta al artículo 2° en su último párrafo, la Constitución señala:

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

En este mismo sentido el artículo 20° apartado C, señala en su fracción I:

Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

En el caso del artículo 2°, se utiliza la palabra reconocimiento1 a lo largo de todo el texto, es únicamente en el último párrafo donde se habla de establecimiento de derechos. En el caso del artículo 20° no se menciona en ningún otro apartado o fracción el reconocimiento o establecimiento de derechos. Si bien, esto no genera un cambio en el sentido de los artículos, es importante que el Constituyente genere congruencia en todo el texto de la Constitución.

En cuanto al artículo 32° Constitucional, este señala en su primer párrafo:

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

Atendiendo a las Reformas de 2011 en materia de derechos humanos, resulta la importancia de adecuar este artículo.

Con esta modificación no se pretende eliminar las restricciones a los derechos que la Constitución establece para aquellas personas con doble nacionalidad, ya que conforme a la Contradicción de Tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional, sin embargo, se determinó que cuando exista una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Esta iniciativa si bien no es urgente resulta necesaria para la correcta definición de los términos. En ese sentido, podría ser incluida para su dictaminación en conjunto con  alguna otra Reforma Constitucional como es el caso de la que estamos analizando actualmente en materia de seguridad y justicia.

Por lo anterior y con la intención de reconocer explícitamente en la Constitución los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico: Se Reforman el artículo 2, la fracción I del apartado C. del artículo 20 y el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

A. …

I. a la IX. …

Sin perjuicio de los derechos aquí reconocidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 20. …

A. a la B. …

C. …

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor reconoce la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. a la VII. …

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana reconoce a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

...

TRANSITORIO

Unico: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores,
el 26 de febrero de 2015.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.


1 En el apartado A  y en la fracción VII del mismo apartado se “reconocen” los derechos.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Mariana Gómez del Campo Gurza, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Lilia Guadalupe Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia)

MARCELA TORRES PEIMBERT, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON,MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El perfeccionamiento de la regulación encargada de garantizar la pensión alimenticia en México, es sin duda un tópico que resulta de gran importancia para el Poder Legislativo, toda vez que al ser un derecho prioritario plasmado en nuestra norma jurídica fundamental, constituye una obligación para el Estado, no sólo el protegerlo de manera enunciativa a través de un marco normativo idóneo, sino también de asegurar que su cumplimento se de en tiempo y forma para beneficio de los acreedores.

El pasado 4 de diciembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual representa un gran logro en materia normativa, ya que contiene avances trascendentes, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

● Enfoque garantista, cambiando el paradigma asistencialista.

● La Federación y las entidades federativas programarán en sus proyectos de presupuesto los recursos para el cumplimiento a la Ley.

● Se reitera que es deber de la familia, el Estado, y la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

● Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones del Distrito Federal, que sustancien procedimiento de carácter jurisdiccional, administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que esté relacionada la niñez estarán obligadas a garantizar los principios generales y específicos que son reconocidos para la niñez y adolescencia.

● El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida.

● Derecho a la igual sustantiva por medio del cual las autoridades van a diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

● Se crea un Sistema Nacional de protección Integral el cual será presidido por el Presidente de la República.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula en su artículo 103, que:

“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

II a XI …”.

Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, señala dentro de su artículo 4º (reformado el pasado 12 de octubre de 2011), que:

“(…) en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Debemos resaltar que el artículo citado en el párrafo que antecede, constituye un principio constitucional el cual debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la protección y garantía de los derechos de la niñez en todo nuestro país.

En este orden de ideas, dentro del mismo ordenamiento jurídico, pero en su artículo 73 fracción XXIX-P (mismo que se reformó el pasado 12 de octubre de 2011), se dispone lo siguiente:

“Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”

Es con base en los preceptos constitucionales invocados, que consideramos que la pensión alimenticia, es un tema que debe ser abordado desde el ámbito legislativo a nivel federal, con el objeto de fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en México, ya que si bien es cierto, en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral, dejando así desprotegido a uno de los sectores poblacionales más vulnerable de nuestro país, es decir, a la niñez.

Dentro del marco de derecho supranacional, es de vital importancia señalar la adhesión del Estado mexicano a la “Convención sobre los Derechos del Niño”, tratado internacional que ratificó el Senado de la República en el año 1990, el cual representó un paso más hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los mexicanos menores de edad.

La Convención, es el primer instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que incorpora toda la gama de derechos humanos de la infancia: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Al aceptar nuestro país las obligaciones que se estipulan en dicho documento, se compromete a proteger y asegurar los derechos de la infancia; asimismo, acepta se le considere responsable de este compromiso ante la comunidad internacional, por lo que tendrá que

llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.

En materia de derecho comparado, encontramos diversas experiencias respecto al tema de pensión alimenticia, diferentes países latinoamericanos han tenido un avance significativo en este rubro con el objetivo de proporcionar herramientas que ayuden al cumplimiento de las obligaciones de los deudores alimentarios con las niñas, niños y adolescentes. A continuación, se hace mención de los países que cuentan con normas referentes al tema que nos ocupa:

País

Norma Jurídica

 

a) Argentina

● Ley 13.074, mediante la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

● Decreto 340/04 a través del cual, se establece de manera puntual los alcances de la Ley 13.074.

 

b) Perú

● Ley número 28970, la cual establece la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

● Decreto Supremo número 002-2007-JUS mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

 

c) Uruguay

● Ley número 17.957, mandata la creación del Registro de Deudores Alimentarios.

● Ley número 18.244, la cual dicta normas sobre su comunicación al banco central del Uruguay, referente a los deudores alimentarios morosos.

 

Como se desprende del análisis del cuadro anterior, son varios los países que garantizan el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia para los menores, mediante un Registro de Deudores, el cual no solamente sirve para tener una base de datos nacional; sino que además, con la ayuda y colaboración de diversas instancias gubernamentales, logra que los deudores alimentarios cumplan con dicha obligación en beneficio de la niñez.

Resulta también relevante y enriquecedor analizar lo que sucede en nuestro país de forma local en diversas entidades federativas, las cuales han emitido ya normas respecto al tema de pensión alimentaria. Dichas entidades son:

Entidad

Norma Jurídica

a) Chiapas

A través de una reforma al Código Civil local, se crea el Registro de Deudores Alimentarios.

b) Coahuila

Mediante una reforma al Código Civil local, se faculta al Registro Civil la creación y manejo del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.

c) Distrito Federal

Por medio de una reforma al Código Civil, el Registro Civil tiene a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

No obstante lo anterior, la falta de homogeneidad en la legislación local constituye un grave problema, como lo podemos observar en el cuadro anterior, si bien es cierto, existen entidades federativas en las cuales operan estos registros para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos, en la mayoría de las entidades del país no existen medios para hacerlos efectivos. Por ello debemos considerar, con fundamento en las facultades que nuestra Constitución establece, que resulta necesario plasmar en ley los mecanismos y las acciones que harán que  los deudores alimentarios cumplan con su obligación en toda la República Mexicana.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 29 de mayo de 2000, representó, en su momento, un avance en nuestra sociedad referente a la protección de nuestra niñez.

Si bien es cierto, el propósito de dicha Ley fue de gran trascendencia, puesto que integró un cuerpo normativo de aplicación general en todo el territorio y agrupó de manera sistemática, el conjunto de derechos que la sociedad mexicana confiere a toda la población menor de 18 años, en concordancia con las mejores prácticas internacionales, la realidad social y las últimas reformas constitucionales, tanto al artículo 4º, como al 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impusieron al legislador la obligación de adecuar o abrogar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de establecer los mecanismos necesarios de ingeniería normativa que garantizarán un mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres respecto a sus hijos.

El proyecto que se presenta más adelante, parte del reconocimiento de la importancia y validez del ejercicio legislativo que representó la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, en el año 2000, así como, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente recién aprobada, asimismo, de la impostergable necesidad de fortalecer la declaración de derechos y enriquecerla con una serie de mecanismos que le impriman el vigor, fortaleza y sentido necesarios, que aseguren su estricta observancia, y que a su vez confiera a los derechos de los niños, niñas y adolescentes el carácter de universales e inalienables.

Con el fin de alcanzar ese objetivo la iniciativa propone crear un Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos.

Este Registro funcionará de la siguiente manera:

Estará a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral, quién lo integrará y alimentará con la información que las Procuradurías de Protección de cada entidad le remita para tal efecto.

Recabará, ordenará y difundirá la información sobre obligados alimentarios morosos a través de una plataforma electrónica que contendrá datos de las entidades federativas.

Teniendo como referencia normas de diferentes entidades, se propone que el juez de lo familiar ordene la inscripción de quienes incumplan con sus obligaciones a fin de lograr la comparecencia del deudor incumplido y adoptará las medidas de apremio que correspondan a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones desatendidas.

La sociedad, por su parte, deberá contribuir alertando al registro sobre las operaciones financieras, crediticias, comerciales, corporativas, bursátiles y laborales en las que pretenda participar un deudor moroso, a fin de identificarles y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones.

Se pretende que el deudor alimentario cumpla de manera oportuna, eficaz y suficiente con su obligación, es decir, que sea en los tiempos que se determina, logrando que nuestra niñez se vea beneficiada de forma directa e idónea respecto al tema que nos ocupa.

Consideramos necesario hacer énfasis en la importancia del derecho alimentario, por lo cual se pretende establecer en Ley, que la niñez tiene el derecho inalienable e irrenunciable a recibir alimentos de sus padres o tutores, además se mandata a quien tenga su guardia y custodia, a realizar todos los actos necesarios para hacer efectivo este derecho. Lo anterior, debido a que nuestras niñas, niños y adolescentes, muchas de las veces, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad e indefensión para ejercer sus derechos y de esta forma les brindaremos una mayor protección.

No deberá quedar en duda que el primer crédito preferente, por encima de cualquier otro y sin importar su naturaleza u origen, es el alimentario. Cualquier omisión respecto de esto último será sancionada en los términos de la normatividad aplicable.

En el contexto mexicano se ha contribuido positivamente a la definición de los alcances delos principios plasmados en nuestra Carta Magna, de los criterios de órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, así como del desarrollo legislativo a partir de la ratificación de la Convención, sin embargo, es necesario continuar trabajando para que, efectivamente, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituya una herramienta para la vigencia de un verdadero Estado de Derecho para nuestra niñez.

Es cierto que México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales signados en materia de protección a los derechos de la infancia, también lo es, que el camino para asegurar el cumplimiento total de los mismos aún no ha llegado a su fin, y que de ninguna forma puede permanecer al arbitrio de la voluntad de un ser humano, el acceso a los derechos básicos de alimentación, en este caso contar con un instrumento jurídico que determine de manera específica estas obligaciones.

Este proyecto constituye un esfuerzo del Poder Legislativo para introducir en ley el reconocimiento y garantía del derecho alimentario, la iniciativa que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como fin primordial la armonización de los diferentes ordenamientos jurídicos para facilitar el cumplimiento de la obligación jurídica referente a los alimentos.

Con la elaboración y presentación de esta iniciativa, reafirmo nuestro compromiso por aportar un instrumento para armonizar y fortalecer el marco jurídico nacional, que permita garantizar la exigencia y justicia de los derechos humanos de la infancia de este país.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Unico. Se reforman el artículo 103 y se adiciona una Sección Tercera “Del Registro Público Nacional de Obligados Alimentarios Morosos” dentro del Capítulo Tercero para quedar como sigue:

Artículo 103. …

I. ...

El incumplimiento de la obligación alimentaria, a cargo del deudor correspondiente no queda al arbitrio de quien tenga la guardia y custodia del menor, quien está obligado a denunciar, ante el juez de lo familiar competente, el incumplimiento del obligado.

II. a XI. …

Capítulo Tercero

Sección Tercera

Del Registro Público Nacional de Obligados Alimentarios Morosos

Artículo 131 A. Las legislaturas de las entidades federativas establecerán normas a fin de garantizar el derecho alimentario de la niñez, para ello crearán en la legislación local de la materia, entre otras, las siguientes medidas:

I. Penas efectivas para sancionar la falsedad información o la negativa de los patrones a dar información sobre los ingresos reales del demandado o demandante.

II. La obligación de los patronos o representantes legales de brindar a la autoridad judicial correspondiente, información sobre el salario del deudor de la pensión alimentaria, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se les notifique.

III. Las sanciones ante la negativa o falsedad en la información en la que incurren los patronos o representantes legales en el delito de desobediencia, o el que corresponda según las normas penales competentes en la materia.

Las autoridades federales en coordinación con las locales, instrumentarán las  medidas de restricción migratoria, las cuales establezcan qué ninguna persona inscrita en el Registro, pueda salir del país, cuando:

a) Deba tres o más mensualidades de la pensión alimentaria, salvo que cubra las pensiones atrasadas; y

b) Exista prueba aportada por la o el beneficiario que permita al juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.

El impedimento para salir del país deberá ser solicitado por los beneficiarios ó por quienes tengan la guardia y custodia ante el juez correspondiente, quien luego de resolver sobre el particular, deberá notificar a las autoridades migratorias respectivas para los efectos conducentes, en términos de la normatividad aplicable.

En este caso se condicionará la salida del país, sólo si se realiza un depósito que podrá ir desde tres meses a un año del pago de la pensión correspondiente según las circunstancias o bien proporcione cualquier otra garantía, que a criterio del juez asegure el cumplimiento de la obligación.

En el caso de los obligados alimentarios cuyo trabajo implique salir y entrar frecuentemente al país y estén obligados, como consecuencia de lo dispuesto en este artículo, a realizar un depósito judicial u ofrecer otra garantía para asegurar el cumplimiento de su obligación, deberán hacerlo una vez al año.

Artículo 131 B. Se crea el Registro Público Nacional de Obligados Alimentarios Morosos, en el cual se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial.

La coordinación y emisión de lineamientos para la operación del Registro Público Nacional de Obligados Alimentarios Morosos, quedarán a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral.

Las Procuradurías de Protección de cada entidad, deberán enviar toda la información referente a sus bases de datos de deudores obligados alimentarios morosos, con la finalidad  de que el Sistema Nacional de Protección Integral concentre  y retroalimente a las procuradurías con toda la información recabada.

Artículo 131 C. Las Procuradurías de Protección Integral tendrán a su cargo las siguientes funciones:

I. Elaborar y mantener una base de datos que incluya a los deudores alimentarios morosos de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 B de esta Ley, así como aquellos patrones que hayan incumplido una resolución judicial de retención de recursos destinados al pago de alimentos.

II. Acatar las resoluciones administrativas y judiciales que ordenen la inscripción y en su caso, la cancelación en el registro de obligados alimentarios morosos una vez cumplidas las obligaciones a que se refiere esta Ley;

III. Expedir certificados sobre la inscripción o no en el registro, ante el requerimiento simple de personas físicas o morales, públicas o privadas; y

IV. Crear, instrumentar y mantener actualizado un sitio de internet, a través del cual los usuarios interesados podrán obtener, en tiempo real, certificados que proporcionen información de la existencia o inexistencia de inscripciones vigentes como deudor alimentario moroso.

Artículo 131 D. Las inscripciones que se realicen en el Registro, contendrán:

I. Nombre o nombres, apellidos y Clave Unica de Registro de Población del deudor alimentario moroso;

II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;

III. Datos del acta que acredite el vínculo entre el deudor y acreedor alimentario, en su caso;

IV. Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;

V. Organo jurisdiccional que ordenó el registro;

VI. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción, y

VII. Fotografía del deudor alimentario moroso.

El tratamiento de los datos señalados en este artículo atenderá a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, que deben de atenderse en el manejo y protección de datos

personales y demás principios previstos en la legislación en la materia.

Artículo 131 E. El certificado de inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 131 C fracción III contendrá lo siguiente:

I. Nombre o nombres, apellidos y Clave Unica de Registro de Población del deudor alimentario moroso;

II. Número de acreedores alimentarios;

III. Monto de la obligación adeudada;

IV. Organo jurisdiccional que ordenó el registro;

V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción; y

VI. Fotografía del deudor alimentario moroso.

Artículo 131 F. En caso de no encontrarse registros de inscripción, el Registro Civil,  expedirá el certificado correspondiente.

Artículo 131 G. La autoridad jurisdiccional competente, en términos de lo señalado en la legislación de las entidades federativas, que conoce o conoció la causa, previo a ordenar la

inscripción, deberá notificar al obligado alimentario la solicitud de inscripción en el Registro.

Este procedimiento se tramitará acorde a las normas jurídicas de cada entidad y el juez dispondrá lo necesario para que la resolución que proceda no se dicte en un plazo mayor a quince días.

Artículo 131 H. La inscripción en el Registro, tendrá los efectos de publicitar las obligaciones que tiene el deudor alimentario y garantizar de manera efectiva la preferencia en el pago de deudas alimentarias.

Artículo 131 I. El Sistema Nacional de Protección Integral celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro, misma que deberá actualizarse mensualmente.

Artículo 131 J. Las Autoridades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro, en los trámites y procedimientos siguientes:

I. Obtención de licencias y permisos para conducir;

II. Obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje;

III. Para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular;

IV. Para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial;

V. Para participar como proveedor de los tres órdenes de gobierno;

VI. Los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales; y

VII. En las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La creación del Registro Público Nacional de Obligados Alimentarios Morosos estará sujeta a la suficiencia presupuestal que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Tercero. Las Procuradurías de Protección Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal, de acuerdo a las facultades que sus reglamentos internos les confieran, deberán gestionar ante sus legislaturas locales la promulgación, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de las reformas a las leyes locales en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean necesarias, para que las Procuradurías estén en condiciones de cumplir con las obligaciones que la presente ley les confiere.

Cuarto. Los Jueces de lo familiar iniciarán la aplicación de la presente Ley, a partir de su entrada en vigor, proveyendo lo necesario, durante el tiempo en que inicien las labores del registro a que se refiere el artículo anterior.

Quinto. Las instituciones relacionadas con la asistencia y asesoría jurídica, en materia de familia, iniciarán la aplicación de la presente ley, a partir de su entrada en vigor.

Dado en la Cámara de Senadores, el 26 de febrero de 2015

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA

(Presentada por los Senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

“Los suscritos, Senadores Benjamín Robles Montoya Y Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169; 171 párrafo 1 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.

Las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al señalar que la información aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”.

A partir de esta premisa, el Comité formuló una serie de recomendaciones que incluyen el reconocimiento de la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales; la aprobación de una ley general que regule lo relativo a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas, en la que además se armonicen las obligaciones de la Federación y las entidades a las consagradas en la Convención; la creación al seno de la Procuraduría General de la República de una unidad especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados y personal capacitado en la materia, entre varias otras recomendaciones.

Pero la postura del Gobierno Federal ante las observaciones del Comité ha sido, una vez más, la de negar una realidad palpable, manifestando a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa que “Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.

Nuevamente, como en otros casos, el Gobierno Federal pretende negar la existencia de un problema grave al que el propio Comité califica como generalizado, en el que no ha habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo.

Ello se refleja incluso en las cifras oficiales consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales existen23,689 personas no localizadas desde 2007, de las cuales 9,672 han tenido lugar durante el actual sexenio.

Sin embargo, debemos reconocer que hoy por hoy no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de desaparición forzada, toda vez que de los casos registrados de personas no localizadas, resulta imposible determinar cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia del Estado.

A pesar de ello, la cifra de personas desaparecidas es una muestra clara y contundente de un problema generalizado que el Gobierno Federal insiste en negar.

Por eso resulta necesario que el Ejecutivo Federal deje de percibir las recomendaciones del Comité como un ataque político tendente a golpearlo y desacreditarlo públicamente y comience a asumir el problema en su magnitud, en aras de hacer lo necesario para erradicarlo. Esto incluye la colaboración más amplia con instancias internacionales como el propio Comité, cuyo único interés es el de combatir las desapariciones forzadas y la impunidad alrededor de ellas, sea cual sea el país en el que se cometa.

Es claro que el Comité no tiene interés político alguno en contra del gobierno mexicano y por ello éste debe reconsiderar la postura que ha asumido frente a las recomendaciones.

Igualmente resulta necesario que el Ejecutivo Federal, como cabeza del Estado mexicano y asumiendo una postura autocrítica y abierta, aproveche la emisión de las recomendaciones como una oportunidad para replantear el problema y las acciones encaminadas a su solución.

23,689 personas no localizadas no son una cifra menor, sino el argumento sólido de que lo que hasta ahora se ha hecho para combatir el problema es insuficiente y se requiere redoblar esfuerzos y realizar ajustes en las políticas públicas, en las estrategias y en el marco normativo vigente.

Las recomendaciones del Comité no son una acusación de inacción del Estado mexicano, sino una llamada de atención sobre la necesidad de hacer mejor las cosas. De no entenderlo así, estaremos condenados a seguir contabilizando desapariciones por miles durante muchos años más.

La respuesta que el Senado de la República ha dado ante las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada ha sido la de hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que haga llegar al Congreso de la Unión las propuestas legislativas necesarias para dar cumplimiento a dichas recomendaciones.

Sin embargo, es necesario asumir que el Congreso de la Unión, como órgano del Estado y depositario de uno de los tres Poderes de la Unión, es también destinatario de las recomendaciones formuladas al Estado mexicano en su conjunto, en virtud de que varias de ellas requieren necesariamente de un fundamento legal que el Congreso deberá de proporcionar en el ejercicio de su más elemental facultad: la de legislar.

En ese sentido, no debe perderse de vista que el Comité considera en su documento que nuestro marco normativo en vigor no se conforma plenamente con las obligaciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Por tal razón, la presente iniciativa se inscribe en la intención de dar cumplimiento, en lo que le corresponde al Congreso, a las recomendaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada, sobre las cuales no debemos olvidar que México quedó emplazado a presentar información respecto de su aplicación, a más tardar el 13 de febrero de 2018.

La presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comienza planteando una modificación al párrafo octavo del artículo 21, con el fin de establecer expresamente el reconocimiento pleno e irrestricto de la competencia de los organismos internacionales y comités convencionales en materia de desaparición forzada, para recibir peticiones y comunicaciones de personas allegadas a una persona desaparecida, con el fin de que dichas instancias internacionales puedan tener la participación que establezcan la ley y los tratados, en consonancia con el principio pro persona consagrado en el artículo 1° de nuestra Carta Magna.

Con esta propuesta se pretende dar cumplimiento a una recomendación específica del Comité, misma que tiene como fundamento los artículos 30 y 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En ese sentido es necesario aclarar que aunque una interpretación armónica delos artículos1° y 133 constitucionales sugerirían que tal competencia se encuentra ya garantizada en virtud del rango constitucional de los tratados internacionales suscritos y ratificados, lo cierto es que no existe una aplicación eficaz de la norma.

Tan es así que fue objeto de recomendación por parte del Comité, razón por la cual, a través de la presente iniciativa proponemos someter el tema a discusión, a fin de garantizar plenamente dicha competencia y cerrar el paso a cualquier interpretación que pretenda restringirla, en el entendido que dicha competencia no implica una vulneración de las atribuciones de las instancias nacionales, sino un complemento a su labor en beneficio de las personas, tal y como se desprende de la simple lectura de los mencionados artículos 30 y 31 de la Convención, mismos que expresamente contemplan el principio de definitividad, al condicionar la procedencia de peticiones y comunicaciones a la presentación previa de las denuncias ante los órganos competentes del Estado Parte y al agotamiento de los recursos internos, respectivamente.

En lo que respecta al artículo 73 constitucional, proponemos la reforma al inciso a) de la fracción XXI, con el fin de establecer el fundamento para la expedición de una ley general en materia de desaparición de personas.

En este rubro es necesario aclarar que la propuesta que se plantea es con relación a la expedición de un ordenamiento de carácter general que regule lo relacionado a la prevención, investigación y sanción de las desapariciones en general, sin importar si éstas fueron o no forzadas, así como la búsqueda y localización de las víctimas y de los probables responsables de estos delitos.

Ello en virtud de que referirse únicamente a una ley general en materia de desaparición forzada, impediría que su contenido fuese aplicado a los casos de personas desaparecidas por personas o grupos que no actúen con autorización o aquiescencia del Estado. En ese sentido es importante mencionar nuevamente que hoy por hoy no existe una fuente fidedigna que indique cuántas de las desapariciones registradas en nuestro país constituyen desapariciones forzadas.

De igual forma, su aplicación supondría también un indebido prejuzgamiento sobre el carácter de los autores del delito como agentes del Estado, mismo que podría ser desmentido durante la investigación y por ende su aplicación habría de ser interrumpida.   

Es por ello que con esta propuesta de reforma se pretende sentar las bases de una ley general que sea aplicable para la investigación de los casos de desapariciones, sean o no forzadas, pero en la que sin duda sea regulado todo lo relativo a ambos tipos de desaparición con las distinciones y especificaciones que resulten necesarias.

En síntesis, una ley general que regule lo relativo a la prevención, investigación y sanción de las desapariciones y desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas, en la que además se armonicen las obligaciones de la Federación y las entidades federativas con la Convención Internacional y se homologuen los procedimientos y acciones de búsqueda y localización de las personas no localizadas.

Con esto se pretende dar cumplimiento a la recomendación específica del Comité, pero también al artículo 3 de la Convención Internacional, el cual compromete a los Estados parte a tomar “las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables”.

En lo que respecta al artículo 102, se modifica el quinto párrafo del Apartado A, para introducir una fiscalía especializada en investigación de desapariciones, cuya naturaleza jurídica sea la misma que las fiscalías en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, previstas en el mismo párrafo.

Por ende el método de designación de su titular será el mismo, es decir, será nombrado y removido por el Fiscal General de la República, con la posibilidad de ser objetado por el Senado de la República mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes; en el caso de que el Senado no se pronuncie al respecto dentro del plazo que señale la ley, se entenderá que no tiene objeción en el nombramiento o remoción.

Esta propuesta responde a la recomendación formulada por el Comité, para que el Estado mexicano “considere establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo; que nutra las tareas de búsqueda; y trabaje de manera coordinada con otras agencias relevantes, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

No perdemos de vista que actualmente la Procuraduría General de la República cuenta con la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, misma que se encuentra orgánicamente adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; sin embargo, la finalidad de esta propuesta es que mediante la creación de una fiscalía especializada en la materia, se puedan concentrar y coordinar de mejor manera los esfuerzos tendentes a la búsqueda y localización de personas desparecidas, así como la integración de las investigaciones por tales hechos y la persecución de los responsables, lo que a la vez implica un reconocimiento de la gravedad del problema de la desaparición de personas en nuestro país y de lo prioritario que el tema debe ser para el Estado mexicano en general y para la institución investigadora y persecutora del delito en particular.

Cabe puntualizar que esta propuesta plantea textualmente la creación de una fiscalía especializada en investigación de desapariciones y no sólo de desapariciones forzadas, con el fin de no restringir su función investigadora y de búsqueda de personas a los casos cometidos por agentes del Estado o por  personas o grupos que actúen con su autorización o aquiescencia, toda vez que ello dejaría en un segundo plano al resto de los casos de desaparición que, desde luego, no deben ser consideradas menos importantes, pero también considerando que, como ya se ha señalado de manera reiterada, hoy por hoy no es posible distinguir los casos de desaparición forzada del resto de las desapariciones de personas.

En cuanto al régimen transitorio, se establece un término de 180 días naturales para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en materia de desaparición de personas a que se refiere la reforma propuesta al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, así como realizar las demás modificaciones legales que resulten necesarias.

De igual forma se establece un plazo de treinta días para que el Procurador General de la República expida el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de investigación de desapariciones y designe a su titular, el cual podrá ser objetado por el Senado de la República de conformidad con lo que establece la reforma propuesta al Apartado A del artículo 102, fijando un plazo de cinco días hábiles en virtud de la ausencia de una ley que señale el plazo.

Finalmente, aunque en rigor resulte innecesario, se vincula la creación de la fiscalía especializada en investigación de desapariciones con el artículo Décimo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que dispone que cuando el Congreso de la Unión emita la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a formar parte de aquella.

En conclusión, la presente iniciativa tiene como propósito principal iniciar el proceso legislativo tendente a dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en lo que corresponde al ámbito de atribuciones del Congreso de la Unión, en el afán de provocar también que tanto el Ejecutivo Federal como las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras legislativas, presenten iniciativas que enriquezcan el debate sobre un tema que por su gravedad no puede ser pospuesto.

El problema de las desapariciones en México, ejecutadas o no por el Estado, requiere de una acción inmediata, firme y cada vez más efectiva.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman el párrafo octavo del artículo 21; el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el quinto párrafo del Apartado A del artículo 102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21.…

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En los casos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, se reconocerá plenamente la competencia de los organismos internacionales y comités convencionales en la materia, para recibir peticiones y comunicaciones en los términos que dispongan la ley y los tratados internacionales celebrados de conformidad con esta Constitución.

Artículo 73. …

I. a XX. …

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

b) y c) …

XXII. a XXX. …

Artículo 102.

A …

I. a VI. …

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de investigación de desapariciones, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

B …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en materia de prevención, investigación y sanción de la desaparición de personas y realizar las modificaciones legales que resulten necesarias.

TERCERO.- En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de investigación de desapariciones y designará a su titular. El Senado de la República podrá objetar dicho nombramiento en los términos de la reforma que se hace al Apartado A del artículo 102, dentro del plazo de cinco días hábiles.

CUARTO.- La fiscalía especializada en materia de investigación de desapariciones quedará sujeta a lo establecido en el artículo Décimo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Zoé Robledo Aburto”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 3, FRACCIONES VI Y XII; 4; 8 FRACCIONES XI, XXIII; 9 PRIMER PARRAFO; 11; 13 PARRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO; 21 FRACCION I PRIMERO Y SEGUNDO PARRAFOS, Y FRACCION III Y 34 PRIMER PARRAFO; Y SE ADICIONAN: ARTICULO 3 FRACCIONES XIII, PASANDO LA ACTUAL XII A SER LA XIV; 8 FRACCIONES XXV, PASANDO LA ACTUAL XXIV A SER LA XXVI; CUARTO Y QUINTO PARRAFOS DEL ARTICULO 10; TERCER PARRAFO AL ARTICULO 12 Y UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 14; TODOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. ASI MISMO SE REFORMAN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 212; SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO217; TERCERO Y CUARTO PARRAFOS DEL ARTICULO 218; 220; ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 221; TERCER Y CUARTO PARRAFOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 222; SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PARRAFOS DEL ARTICULO 223 Y QUINTO Y SEXTO PARRAFOS DEL ARTICULO 224, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro País ha contado desde hace tiempo con disposiciones que regulan las posibilidades de quienes han sido escogidos para desempeñar un puesto público.

Las Leyes de responsabilidades que han regulado esta materia son: en el México Independiente encontramos antecedentes en la Constitución de 1824 y en la Constitución de 1857, a partir de la cual se expide la ley Juárez de 1870 y la Ley de 1896 durante el régimen del general Porfirio Díaz. Posteriormente durante la vigencia de la Constitución de 1917, el País ha conocido tres distintos ordenamientos jurídicos: La ley de Cárdenas de 1940, la ley de 1979 y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 la cual nace como un código de conducta, el País vivía una situación económica crítica y con una base social de apoyo al estado demeritado por diversos excesos, desde los puntos de vista social, político y económico, incluidos los de corrupción en el servicio público.

En 2002 se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Como complemento a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secretaría de la Contraloría adquirió nuevas facultades durante el gobierno del Presidente Vicente Fox y en 2003 fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que sumó a las responsabilidades de controles internos, las de prevención y combate a la corrupción mediante mecanismos de supervisión de los recursos ejercidos por los servidores públicos, que incluyen auditorías anuales y específicas, reglas de adquisiciones y obras públicas, sanciones a los servidores públicos y declaraciones patrimoniales.

En 2002 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LTAIPG) que estableció, por regla general, la publicación de la información del gobierno y creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como autoridad en la materia. En el mismo sentido, en 2007 se reformó al artículo 6º de la Constitución para establecer el acceso a la información pública como derecho constitucional y hacer obligatoria su aplicación en los ámbitos estatal y municipal.

En 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual sienta las bases para la homologación de los sistemas contables en el país; obliga a los estados a formar órganos de auditoría independientes y con amplias atribuciones; y da origen a la elaboración de presupuestos basados en resultados para vincular los recursos públicos a indicadores estratégicos.

Recientemente se aprobó una reforma importante a dicha ley, para ampliar las obligaciones de los gobiernos estatales y municipales de informar sobre sus ingresos, egresos y endeudamiento. En 2012 se promulgó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP), que faculta a la SFP para investigar y sancionar administrativamente a las personas físicas o morales que incurran en actos de corrupción en los tres ámbitos de la administración pública.

Se trata de la primera ocasión en que se establecen sanciones para los particulares nacionales que en México o en el exterior induzcan actos de corrupción.

Desde el punto de vista internacional, durante los últimos 15 años el Estado mexicano ha suscrito diversas convenciones internacionales como parte de la política de combate a la corrupción. En 1997 se adhirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que enfatiza mecanismos de prevención de la corrupción y la cooperación entre los países firmantes en materia de investigación de hechos de corrupción.

Ese mismo año, el gobierno federal firmó la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo es el combate conjunto —de los países firmantes— al delito de cohecho en transacciones internacionales, en particular en materia de extradición.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción —el último tratado internacional para combatir la corrupción firmado en 2003— establece distintas disposiciones a fin de promover medidas de prevención y combate a la corrupción; promover la cooperación internacional y la asistencia técnica, así como la rendición cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.2

En los últimos 30 años, el Estado mexicano ha desplegado diversos esfuerzos en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, que combinados debiesen haber propiciado menores niveles de corrupción. Sin embargo, la evidencia muestra que esos esfuerzos han tenido poco impacto.

La evolución en su regulación nos muestra un intento por el legislador de dejar mejor definido y regulado este ámbito tan importante dentro del control del poder público, sin embargo, aún faltan muchos rubros que atender de manera más concreta, ya que la realidad ha dejado más que constatado que siguen faltando reglas claras al momento de que a un servidor público se le detecte que incurrió en ciertos ilícitos, principalmente de tipo patrimonial en detrimento de la nación, y que por no haber los elementos legales necesarios, no se actué en consecuencia, sentando con ello un mal precedente, tanto para el resto de los servidores públicos, como para la población en general.

A lo largo de la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ha alejado inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación del narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vive México.

La corrupción es un obstáculo para el desarrollo, además de un problema ético. Las prácticas corruptas producen distorsiones en la asignación de recursos y por lo tanto desaceleran el crecimiento económico.

En el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios y su calidad se deteriora. Por ejemplo, los sobornos que ofrecen contratistas privados a funcionarios de gobierno para ganar concursos de obra pública son financiados mediante costos inflados o a través de materiales de construcción de menor calidad. Igualmente, existe una estrecha relación entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento: la corrupción actúa como un impuesto a las inversiones y reduce el atractivo del país frente a otras naciones con menor incidencia, o bien, estimula a las empresas para actuar en el sector informal de la economía y ello reduce la recaudación fiscal.

Según el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado anualmente por la prestigiada organización Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor y 10 la menor percepción de corrupción. Dicha calificación es la peor en 10 años.

Según el Barómetro Global sobre la Corrupción elaborado también por Transparencia Internacional, 76 por ciento de los mexicanos manifestaron en 2010 que en los tres años previos la corrupción había aumentado, 18 dice que era igual y sólo el 7 por ciento creía que había disminuido.

Más de la mitad de los mexicanos (52 por ciento) consideraba que la lucha del gobierno en contra de la corrupción era ineficaz. Asimismo, tres de cada diez mexicanos (31 por ciento) declararon que durante el 2010 pagaron un soborno.

Según el Barómetro de las Américas, un estudio muy prestigioso de opinión pública realizado en toda América Latina, mientras en 2004 el 38.6 por ciento de los mexicanos pensaban que la corrupción estaba muy generalizada entre los funcionarios públicos, la cifra creció a 47.9 por ciento en 2010.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año. En promedio, según la misma fuente, las empresas destinan el diez por ciento de sus ingresos a sobornos y “comisiones” para poder operar.

El tema anticorrupción no es nuevo, son múltiples las acciones que se han implementado en la historia de México en diferentes épocas, y con diferentes fines, en la administración actual es uno de los temas que el Lic. Enrique Peña Nieto anunció como prioritario desde su campaña, sin embargo los hechos nos han demostrado que antepuso otros temas y éste lo dejó para después, luego de muchas presiones en su tercer año de gobierno lo ha retomado, ¿qué es lo que nos muestra esta acción, una preocupación real por blindar el debido ejercicio de los servidores públicos y el adecuado manejo de los recursos públicos?

El pasado 15 de mayo del presente, el Congreso de la Unión, en sesión extraordinaria, aprobó el Decreto por el que SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. El Decreto de mérito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de mayo, contempla cambios a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con dos finalidades específicas: en primer lugar, ampliar el catálogo de obligaciones que los servidores públicos deberán cumplir en materia electoral, particularmente con los mandatos del Instituto Nacional Electoral y cualquiera de sus órganos. En segundo lugar, la reforma también amplió el catálogo de infracciones graves que la propia Ley prevé, por lo que se establecieron sanciones a aquellas conductas que, en materia electoral, los servidores públicos incumplan conforme a las obligaciones que las leyes les imponen.

Sin embargo esto no es suficiente, no solo hay que blindar el tema electoral sino el manejo inadecuado de los recursos y los actos de corrupción que en el desempeño de sus funciones puedan llegar a cometer los servidores públicos.

Sin duda alguna esta problemática es multifactorial, por ello las acciones para solucionarlo deben ser diversas, esta iniciativa de reforma es una propuesta que se suma para coadyuvar en su solución.

Una de las exigencias en la vida social, no solo es sujetar los actos de la autoridad a normas de competencia que le permitan al gobernado conocer las limitaciones legales del poder público y defender su esfera particular de libertades jurídicas, sino además, que el servidor público rija su conducta por un código, cuyo contenido y naturaleza sean reconocidos y acatados voluntaria y espontáneamente por él.

Hoy de nueva cuenta estamos viviendo una crisis de incremento de corrupción hasta niveles que podríamos afirmar nunca se habían visto en el País, y no solo en el desvío de fondos, sino a las formas corruptas del manejo del servicio público por parte de los servidores públicos de diversos niveles y en los tres órdenes de gobierno, hasta llegar a acciones de cinismo en la más pura expresión de la palabra.

Nos encontramos ante una severa crisis económica, con una pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población, desempleo y un futuro de incertidumbre porque las promesas hechas ante las reformas estratégicas recientes, no se han cumplido y no han mostrado sus bondades. Municipios, Estado y Federación con grandes cantidades de deudas desproporcionadas, con déficit financiero, con poca claridad y transparencia en el manejo de recursos y ante diversos casos de complicidad e impunidad política y jurídica que repercute en graves perjuicios hacia la sociedad, por la falta o escases en la calidad de servicios públicos.

El objetivo fundamental de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, es establecer las bases de la responsabilidad en la que incurren por actos u omisiones que afecten los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, y eficiencia que orientan a la administración pública federal y garantizan el buen servicio público.

Por ello, al hacer un análisis de la responsabilidad de los servidores públicos, concluí que para cumplir con el objeto del adecuado manejo de los recursos públicos y combatir la corrupción e ineficiencia en su desempeño, se debían hacer algunas reformas, por tal motivo en la presente iniciativa se propone reformar diversos artículos de la citada ley federal así como del Código Penal Federal.

La iniciativa plantea los siguientes cambios para combatir los actos de corrupción en México:

La Ley contiene un catálogo de obligaciones al que deben sujetarse todos los servidores públicos, no obstante se considera que existen obligaciones que deben incorporarse derivado de las incidencias en las que se han incurrido por parte de los servidores públicos en los últimos años, como son Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y Resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial, en los términos de la legislación aplicable, mismas que se proponen en la presente iniciativa.

La citada Ley establece las sanciones que deben aplicarse a partir de la valoración de la responsabilidad en la que se ha incurrido y considerando los antecedentes del infractor, sin embargo considerando que uno de los actos de responsabilidad que trascienden e impactan gravemente en el bienestar social son los que tienen que ver con el uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de funciones y tráfico de influencias, así como el manejo inadecuado de los recursos públicos que ha trascendido hasta su distracción con el fin de obtener un beneficio personal, a favor de sus amistades y familiares, por tal motivo en esta iniciativa se propone calificar de grave conductas que se encuadran en estos supuestos, con el fin de que sean severamente sancionadas.

De igual formase proponen reformas a diversos artículos del Código Penal Federal relacionados con la responsabilidad de servidores públicos, con el objeto de incrementar la multa y la pena a que se hacen acreedores quienes perpetran alguno de los delitos contenidos en el capítulo respectivo, así como los años de inhabilitación, con el fin de homologarlos con los que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es claro que las responsabilidades administrativas son autónomas de la responsabilidad política y penal, y deben estar sujetas al debido proceso para respetar los derechos del probable infractor, por eso se propone reformar el procedimiento a fin de brindarle mayor seguridad jurídica.

Tal como se ha señalado, esta iniciativa abona a favor del combate a la corrupción y deficiencia en el desempeño de los servidores públicos y a favor del bienestar social. Estoy convencido de que para resolver el problema de corrupción e ineficiencia en el servicio público, no basta con reformas al marco jurídico, debe estar aparejado a un cambio de ideología y cultura laboral y de servicio; y de mayor participación ciudadana, con el fin de que a través de ella no solo denunciemos los actos ilegales y de corrupción en que incurren los servidores públicos, sino que no contribuyamos a que dichos actos se den.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, para quedar como sigue en el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos: 3, fracciones VI y XII; 4; 8 fracciones XI, XXIII; 9 primer párrafo; 11; 13 párrafos tercero, cuarto y quinto;  21 fracción I primero y segundo párrafos, y fracción III; 34 primero párrafo. Y se adicionan: artículo 3 fracciones XIII, pasando la actual XII a ser la XIV; 8 fracciones XXV, pasando la actual XXIV a ser la XXVI; cuarto y quinto párrafo del artículo 10; tercer párrafo al artículo 12; un último párrafo a artículo 14; todos de

LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

ARTICULO 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

I al V…

VI. Instituto Nacional Electoral

VII al X…

XI. La Comisión Federal de Competencia Económica,

XII. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;

XIII. La Fiscalía General de la República, y

XIII. Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.

ARTICULO 4. Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I al X…

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para si, su cónyuge, concubina o concubinario o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

….

XII al XXII…

XXIII. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta tres años después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

XXV. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y

XXVI. Resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial, en los términos de la legislación aplicable, y

XXVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

ARTICULO 9.- El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta tres años después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a). Se deroga

b) a la c)…

ARTICULO 10.- En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

La queja podrá ser presentada por cualquier persona, la denuncia podrá ser formulada por un servidor público o de oficio cuando el área competente tenga conocimiento de hechos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en ésta y otras leyes, reglamentos o disposiciones aplicables.

A las quejas y denuncias deberán acompañarse las pruebas en las que se fundamenten o señalarse el lugar en donde se encuentren.

El quejoso o el denunciante, en ningún caso será parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa.

ARTICULO 11.- Las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y IV a XIII del artículo 3, conforme a la legislación respectiva, y por lo que hace a su competencia, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo.

ARTICULO 12…

Se impondrán las mismas sanciones previstas en la presente Ley al servidor público quien actúa en suplencia por ausencia de otro o por delegación de facultades.

ARTICULO 13.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I al V…

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un cinco hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En los supuestos señalados en el párrafo anterior se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones III, IV, VIII, XI, XII, XIII, XVI, XIX, XIX-A, XIX-C, XIX-D, XX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

ARTICULO 14.- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I al VI…

Además debe considerarse que el actuar del servidor público debe encuadrar en la hipótesis normativa que establece una conducta generadora de responsabilidad administrativa, indicando la infracción o infracciones de la norma, así como las consecuencias y agravios generados, si el servicio público dejó de prestarse, se vio suspendido injustificadamente, o bien, aun prestándose, la colectividad resintió un perjuicio.

ARTICULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I.- Presentada la queja o denuncia o instaurado de oficio el procedimiento, el área responsable deberá emitir acuerdo de inicio o desechamiento; en caso de inicio, en el mismo acuerdo se ordenará dar vista al servidor público, para lo cual se citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

En la notificación deberá expresarse el nombre del servidor público contra quien se instaure el procedimiento; lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público, así como las disposiciones violadas; el número de expediente, así como lugar y horario en el que puede ser consultado; el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor; su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a sus intereses convenga; el nombre, cargo y firma de la autoridad que ordenó la vista, así como la fecha y el lugar donde se emitió.

II…

III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los noventa días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por noventa días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;

IV a V…

ARTICULO 34.- Las facultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades para imponer las sanciones administrativas derivadas del procedimiento establecido en el artículo 21 de esta Ley, prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, si éstas fueron instantáneas, o a partir del momento en que se realizó la última conducta si fueren de carácter continuo, o a partir del momento en que se hubieren cesado, si fueren de carácter permanente.

En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 212; segundo párrafo de la fracción III del artículo217; tercer y cuarto párrafos del artículo 218; 220; último párrafo del artículo 221; tercer y cuarto párrafos de la fracción II del artículo 222; segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 224 del CODIGO PENAL FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, …

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier servidor público que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente, así como a quien actúa en suplencia por ausencia de otro o por delegación de facultades.

Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I al III…

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de tres años a doce años de prisión, de 500 a mil días multa, y destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, de cinco a 10 años si con la acción u omisión se cause daños o perjuicios, o exista beneficio o lucro, por un monto que no exceda de 200 días el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.

Artículo 218.- …

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 1 a 4 años de prisión, multa de treinta veces a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, de cinco a 10 años.

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente excedan de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

 I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, concubina o concubinario, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I al III…

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción III se le impondrá de tres a doce años de prisión, de 500 a mil días multa, y destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, de cinco a 10 años si con la acción u omisión se cause daños o perjuicios, o exista beneficio o lucro, por un monto que no exceda de 200 días el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.

Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho:

I y II…

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a catorce años de prisión, de quinientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I al IV…

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de dos a diez años de prisión, multa de mil a dos mil  veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres años a catorce años de prisión, multa de dos mil a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública, desarrollo social, salud y educación, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de cinco a 15 años de prisión, multa de mil a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de cinco diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de diez a veinte años a veinte años de prisión, multa de tres mil a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Raúl Morón Orozco”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A).- De las Personas Adultas Mayores.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo que exhorta a tener más atención a las necesidades particulares de las personas adultas mayores, promoviendo su participación activa en la sociedad y el respeto integral de sus derechos humanos.

En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total.

Con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

Asimismo, INEGI menciona que entre las principales estadísticas que corresponden a la realidad de las personas adultas mayores, tenemos que:

● 31.5 por ciento están en una etapa de pre-vejez (60 a 64 años);

● 41.1 por ciento  se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años);

● 12.3 por ciento  está en una vejez plena (75 a 79 años); y

● 15.1 por ciento  transita por una vejez avanzada (80 años y más).

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012), señala que del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más, en donde los tipos de discapacidad se presentan de la siguiente forma:

● 31.6 por ciento de las personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad.

● 71.9 por ciento  presenta mayor proporción es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar;

● 32.1 por ciento  tienen dificultades para ver aun usando lentes;

● 21.8 por ciento  para oír, aun usando aparato auditivo;

● 4.4 por ciento presentan limitación para poner atención o aprender cosas sencillas; y

● 2.1 por ciento relacionadas con discapacidad mental.

Bajo estas condiciones, las necesidades de las personas adultas mayores van en aumento, situación que se agudiza cuando se presenta la discapacidad, como lo señala la citada ENIGH 2012 en las siguientes cifras:

● Dentro de este contexto, del total del gasto corriente monetario trimestral en los hogares en los que hay presencia de adultos mayores con discapacidad, se destina una mayor proporción del gasto en cuidados de la salud, que en los hogares con adultos mayores sin esta condición (4.7 por ciento y 3.4 por ciento, respectivamente).

● Se observa que en los hogares donde no hay adultos mayores con discapacidad, el gasto en transporte (20.1 por ciento) y esparcimiento (11.4 por ciento) es mayor respecto a los hogares donde si los hay (16.8 y 8.3 por ciento).

B).- De las casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores.

En virtud del contexto anterior y las diversas necesidades de las personas adultas mayores, resulta preponderante la existencia de centros e instituciones destinadas a brindar servicios de salud, cuidado, estancia y brinden actividades culturales, así como deportivas para las personas adultas mayores que estimulen su participación e integración social.

Asimismo, es oportuno que las familias que tienen a su cuidado a persona adultas mayores puedan contar con estos centros e instituciones para que estás puedan coadyuvar con ellos en el desarrollo familiar en los casos que las actividades cotidianas no permitan que los integrantes de la familia les brinden la atención adecuada en algún horario en particular, preponderando siempre la unificación familiar y un ambiente amigable dentro de este núcleo social, desalentando su institucionalización, ya que lamentablemente, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), alrededor del 60 por ciento de los residentes de las citadas instituciones no mantiene contacto con su familia y vive una situación de abandono.

Asimismo, es necesario que se fortalezcan y diseñen espacios destinados a la atención de la personas adultas mayores en situación de abandono, que por las condiciones propias de la edad, no pueden gozar de independencia y deben ser integrados a alguno de estos centros.

En la actualidad, existe un gran números de albergues, casas hogar y demás instituciones, públicas y privadas, que brindan servicios a personas adultas mayores; sin embargo, no todas cuentan con especificaciones o estándares mínimas que permitan dar una atención integral e inclusive, algunas de ellas atentan en contra de los derechos fundamentales.

Esta situación se agrava, cuando en la actualidad no se cuenta con cifras oficiales precisas del número de albergues, casas hogar o instituciones hay en México, ni de las condiciones en las que operan o las necesidades básicas y retos que enfrentan, además de que muchos están rebasados en población y carecen de recursos; así como tampoco del número de personas adultas mayores que viven bajo esta condición.

C).- De las reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Las reformas a la Ley general en materia de garantía de derechos de las personas adultas mayores tienen como principal objetivo homologar términos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores, con la finalidad de que sin importar su denominación actual, todas deban conducirse bajo criterios mínimos a favor de sus beneficiarios y dar certeza jurídica respecto de sus obligaciones y derechos.

Con ello, se privilegia la unificación de criterios y, a su vez, se potencian las acciones destinadas por el Estado Mexicano para la supervisión y regulación de los Centros de Atención.

Bajo esa tesitura, como primera reforma, se adiciona al artículo 3° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer que se entenderá como “Centros de Atención y Cuidado”, a las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención, de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las personas adultas mayores, en donde se brinden servicios de salud, alimentación, estancia, cuidado, actividades recreativas, culturales y deportivas, en un marco de integración social y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Posteriormente se adiciona un artículo 6° Bis a partir del cual se establece que el Estado promoverá la creación de Centros de Atención y Cuidado para las personas adultas mayores en los tres órdenes de gobierno, las cuales para su funcionamiento deberán tener una clasificación dependiendo la modalidad o modalidades de los servicios que oferten.

Con esta adición, se cambia la estructura del Título Tercero de la Ley, cambiando la denominación del Capítulo Unico por Capítulo Primero “De los Deberes del Estado” y adicionando un Capítulo Segundo “De los Deberes de la Sociedad y la Familia”.

Finalmente, en lo que corresponde a los artículos 5, 25 y 48, las reformas que se realizan se deben a la homologación del término “Centros de Atención y Cuidado”.

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

UNICO.- Se adiciona una fracción XII al Artículo 3º, un Artículo 6º Bis, los Capítulos Primero y Segundo al Título Tercero, y se reforma el apartado c de la fracción VI del Artículo 5º, las fracciones XI, XII, XIII y XXX del Artículo 28 y el Artículo 48, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a IX…

X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y

XII. Centros de Atención y Cuidado. Instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención, de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las personas adultas mayores, en donde se brinden servicios de salud, alimentación, estancia, cuidado, actividades recreativas, culturales y deportivas, en un marco de integración social y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I a V…

VI. De la asistencia social:

a y b…

c. A ser sujetos de programas para tener acceso a Centros de Atención y Cuidado, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.

VII a IX...

TITULO TERCERO

DE LOS DEBERES DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA

CAPITULO PRIMERO

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 6º...

Artículo 6o Bis. El Estado promoverá la creación de Centros de Atención y Cuidado para las personas adultas mayores en los tres órdenes de gobierno.

Para su funcionamiento, los Centros de Atención y Cuidado podrán clasificarse en:

I. De Día: Cuentan con un horario definido y diariamente las personas adultas mayores que asisten a ellos, regresan a su domicilio.

II. Temporal: En donde las personas adulas mayores residen por periodos determinados, por decisión personal o en tanto son reintegrados a su familia o reubicados a otro Centro de Atención y Cuidado.

III. Permanente: Centros de Atención y Cuidado en donde, por situación de abandono y desamparo, decisión personal o cualquier otra, residen las personas adultas mayores.

IV. Mixta: Brindan servicios bajo cualquiera de las tres clasificaciones anteriores

Artículo 7o…

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA

Artículo 8o…

Artículo 9o…

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I a X…

XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en los Centros de Atención y Cuidado, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;

XII. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de los Centros de Atención y Cuidado;

XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a los Centros de Atención y Cuidado para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;

XIV a XXIX…

XXX.- Crear un registro único obligatorio de todos los Centros de Atención y Cuidado.

Artículo 48.-LosCentros de Atención y Cuidado, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este efecto.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- El Instituto, dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto, deberá expedir la reglamentación para el funcionamiento de los Centros de Atención Cuidado.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones de apoyo y rescate del Sistema Producto del Cacao en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; e implementar labores sanitarias contra la enfermedad de la Moniliasis que ataca a este producto. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a informar las acciones y políticas que ha implementado con la finalidad de que los jóvenes mantengan una mayor participación en el ámbito económico, social, cultural y deportivo del país. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A INFORMAR LAS ACCIONES Y POLITICAS QUE HA IMPLEMENTADO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS JOVENES MANTENGAN UNA MAYOR PARTICIPACION EN EL AMBITO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL PAIS

“La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 95 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES Y POLITICAS QUE HA IMPLEMENTADO CON LA FINALIDAD DE QUE LAS Y LOS JOVENES MANTENGAN UNA MAYOR PARTICIPACION EN EL AMBITO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL PAIS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 25 de febrero de 1950 se creó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana mediante Decreto presidencial, cuyas funciones eran el de preparar, dirigir y orientar a la juventud en las actividades cívicas, sociales, deportivas y extraescolares para el logro de su superación personal. Después de 32 años de ser creado el Instituto fue transformado en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en 1982; y desde 1991 cambió su nombre actual a Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Actualmente el Instituto brinda servicios de forma directa de becas académicas, bufete jurídico, servicio social, bolsa de trabajo, fortalecimiento a los derechos humanos, combate al bullying, equidad de género entre otras. El Instituto mantiene políticas para fortalecer la participación de los jóvenes a nivel nacional, para ello, mantiene un vínculo estrecho con los Institutos de la Juventud de cada una de las entidades federativas para el logro de sus objetivos y metas.

Sin embargo, a 65 años de la creación de dicho Instituto, nuestro país sigue teniendo una problemática con las y los jóvenes para acceder, principalmente al ámbito laboral y académicas, además de otras actividades como las sociales, culturales, políticas y deportivas.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país viven más de 31.4 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años, representan el 26.3% de la población total, este sector de la población ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes. Los cambios ya están aquí y las y los jóvenes los personalizan con mayor elocuencia en comparación con el resto de la población, y son ellos también quienes representan los principales desafíos para el Estado y la sociedad mexicana, debido a que:

I. Sólo el 56% reciben educación superior.

II. 3 de cada 10 encuentran empleo formal en su primer trabajo.

III. En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2%, respectivamente.

IV. El 53 % de los desempleados en nuestro país tienen entre 14 y 29 años.

V. Durante 2012, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos.

VI. Los temas que preocupan más a la población joven son la inseguridad y el desempleo (56.6 y 49.2%, respectivamente).

No obstante a pesar de estas desventajas educativas y socioeconómicas, son las y los jóvenes quienes están avanzado más que el resto de la población en otras áreas más dinámicas, por ejemplo, en el acceso y manejo sofisticado de las tecnologías de la información y comunicación; y también en las nuevas posibilidades de participación social y cultural mediante un enfoque participativo más activo.

Además, hay una serie de demandas estructurales que es imperativo atender para lograr una mejora significativa en los niveles y las condiciones de vida del sector juvenil como:

I. Más y mejores niveles educativos;

II. Ampliar las fuentes de empleo;

III. Suficientes servicios básicos y de calidad;

IV. Facilidad de acceso a una vivienda y de buena calidad;

V. Servicios específicos e integrales de salud, y

VI. Entornos personales, comunitarios y nacionales seguros y que propicien el mejoramiento de las relaciones entre generaciones.

Dentro de los programas del Gobierno Federal que atienden e impulsan a este sector, se tienen partidas presupuestales que son ejercidos por distintas dependencias de la administración pública federal, tales como:

A) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante apoyos a la educación indígena.

B) Secretaría Educación Pública, que opera el programa nacional de becas.

C) Secretaría de Economía, que aplica el programa nacional del emprendedor y el programa de fomento a la economía social.

D) Secretaría de Salud, impulsa prevención y atención contra las adicciones, y a través del programa de prevención y atención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH mantiene una relación permanente.

F) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el programa de vivienda rural y del programa de apoyo a Jóvenes emprendedores agrarios, se fortalece la participación económica.

F) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el programa de planeación, dirección y evaluación ambiental,

G) Instituto Mexicano de Seguridad Social, mantiene un programa de atención a la salud reproductiva, a pesar de ser limitativo para la población ya que solo los derechohabientes son participes del programa.

En materia de transparencia el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Juventud y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, está facultado para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, así como de las acciones que garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo integral.

A pesar de las acciones mencionadas, debe existir una sociedad igualitaria, no basta con garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, hace falta generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos sociales discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población.

Uno de estos grupos lo representan las y los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado debe reforzar las acciones específicas que impulsen en materia de educación, empleo, salud, participación social, prevención, para que todas las personas jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos.

Es fundamental que las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten una visión de igualdad mediante una perspectiva de vanguardia y efectiva, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil para eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la educación y el empleo son temas emergentes para el desarrollo de cualquier persona, pero en los jóvenes se vuelven un tema estratégico, ya que su retribución social es de gran trascendencia para el desarrollo del país; “los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico de las sociedades en las que viven”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que a través del Instituto Nacional de la Juventud informe a esta Soberanía sobre las acciones y políticas que están implementando para fortalecer la participación de las y los jóvenes en los ámbitos laboral, cultural, deportivo y social. Así mismo, se les exhorta para que de conformidad con sus atribuciones sigan fortaleciendo e impulsando la participación de las y los jóvenes del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto por el que el Senado de la República hace una respetuosa invitación al titular de la Secretaría de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos, ante la Comisión de Energía a efecto de que expongan las acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción de la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos, así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los mismos. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA HACE UNA RESPETUOSA INVITACION AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS, ANTE LA COMISION DE ENERGIA A EFECTO DE QUE EXPONGAN LAS ACCIONES ANUNCIADAS EN DÍAS PASADOS RESPECTO DE LA REDUCCIÓN DE LA PLANTILLA LABORAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA FORMA EN QUE SE GARANTIZARÁN LOS DERECHOS LABORALES DE LOS MISMOS

“El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, 95 numeral 1,  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA HACE UNA RESPETUOSA INVITACION AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS, ANTE LA COMISION DE ENERGIA A EFECTO DE QUE EXPONGAN LAS ACCIONES ANUNCIADAS EN DIAS PASADOS RESPECTO DE LA REDUCCION DE LA PLANTILLA LABORAL DE PETROLEOS MEXICANOS, ASI COMO LA FORMA EN QUE SE GARANTIZARAN LOS DERECHOS LABORALES DE LOS MISMOS,  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El año 2013 y 2014, durante la presentación y proceso legislativo de las Reformas Constitucionales, así como la reglamentación secundaria en materia de energía, el Gobierno Federal desarrolló una intensa campaña mediática a través de la cual, planteaba que con la Reforma Energética, la reducción de los costos del gas y la energía eléctrica serían una realidad, que habría una mayor captación de recursos por la renta petrolera que se convertiría en motor del crecimiento económico de nuestro país al denotar la inversión en varias áreas, cuyo crecimiento económico sería de más 1%  para el 2018 y más 2% para el año 2025, así como un mayor presupuesto para proyectos de infraestructura y programas sociales, pero sobre todo, que se crearían miles de empleos, de hecho, en la Exposición de Motivos del Proyecto por el que se expidió la Ley de Hidrocarburos se hacía un pronóstico de creación de 500,000 mil empleos adicionales durante el presente sexenio y 2,500,000 empleos para el 2025.

A pesar de que durante los debates las y los legisladores de la izquierda señalamos que la multicitada Reforma Energética estaba plagada de contradicciones y omisiones que derivarían en una auténtica incertidumbre laboral para los más de ciento cincuenta mil trabajadores de la ahora Empresa Productiva del Estado, como consecuencia de su reconversión y la volatilidad de los precios del petróleo en el contexto internacional, la misma fue aprobada.

Lamentablemente, como consecuencia de una reforma mal planteada que vulnera los derechos y garantías laborales, que no termina con la denominada “Pemex de pendencia financiera” y como consecuencia de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, el Secretario de Energía, anunció en el marco del Primer Foro del Petróleo de la COPARMEX1, un inminente recorte de personal que en estos momentos se encuentra en etapa de definición y que transitará por el congelamiento de plazas, reacomodo de trabajadores en distintas áreas y el despido de trabajadores que alcanzará incluso, al sector sindicalizado.

Ello contradice las aseveraciones del Gobierno Federal y de los legisladores que dieron aval a la Reforma Energética en lo concerniente a la creación de empleos y revela el rotundo y temprano fracaso de la reforma energética, aunado a una interminable cadena de contradicciones entre directivos de Pemex y funcionarios del sector, de ello dan cuenta las declaraciones del Director General de PEMEX que un día después de que el Secretario de Energía anunciaba el recorte de personal afirmó: “La Reforma Energética transformará de fondo a México al aportar un mayor volumen de ingresos fiscales a la nación por medio de la inversión derivada de la actividad de asociación, que generará empleos para los mexicanos”.2

De igual manera, sostuvo que el próximo año habrá un incremento significativo en la actividad de empresas privadas que invertirán en México y que, derivada de la actividad de asociación de PEMEX, se espera una inversión de 11 mil millones de dólares y, posteriormente, de 32 mil millones, lo que se advertirá en la generación de empleo en México.

Dichas declaraciones resultan contradictorias con el programa de recorte presupuestal para Petróleos Mexicanos anunciado por el Secretario de Energía, en el que se determinará el porcentaje de trabajadores que deberán salir a causa del recorte de $ 62 mil millones de pesos en su presupuesto para este año (equivalente al 11.5 por ciento del total del gasto anual de la empresa), ello a causa de una “desaceleración del ritmo de inversión”, siendo inminentemente afectados los empleados de PEMEX en sus distintas subsidiarias.

Asimismo, el recorte atiende al presupuesto elaborado por PEMEX, en base al precio estimado para la mezcla mexicana de exportación de 79 dólares por barril,  el cual hoy en día ronda los 50 dólares; para ello PEMEX prevé para este año un precio promedio de 55 dólares por barril para la mezcla mexicana, es decir, 24 dólares por debajo de los 79 previstos originalmente, por lo que ante tal panorama el Consejo de Administración se justificó para optar por el camino del recorte de personal.

Otro tema fundamental para las finanzas de PEMEX, sin duda alguna, son las pensiones y jubilaciones, pues de acuerdo con estudios actuariales equivalen a un aproximado del 10 por ciento del producto interno bruto3, y de las cuales se desconoce si también sufrirán afectaciones.

Por otro lado, es importante recordar que el recorte masivo de trabajadores de PEMEX y el cambio de condiciones laborales fueron señalados durante la discusión de la legislación secundaria en materia de energía, y fueron previstos desde el momento en el que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por medio  de un convenio administrativo sindical 10717-20134, (mismo que se adjuntó al contrato colectivo),signado y aprobado por dirigentes del gremio y directivos de la empresa acordaron “redimensionar o disminuir“ las plantillas de trabajadores de todas la unidades, plataformas y centros de trabajo.

Dicho convenio indica que el redimensionamiento abarcará todos los centros de trabajo, y al personal se le presentarán diversas opciones de recorte directo, prejubilación o jubilación, y en algunos pocos casos cambios de centro laboral.

Actualmente PEMEX, cuenta con un aproximado de 150 mil trabajadores de los cuales aproximadamente 100 mil son sindicalizados y casi 50 mil son de confianza o eventuales; conforme a la legislación secundaria en materia de energía, dichos trabajadores dejaron de ser empleados descentralizados de la Administración Pública, para convertirse en trabajadores de “empresas productivas del Estado”, ya que a partir de la entrada en vigor de la legislación en la materia, todos los bienes, derechos y obligaciones, así como recursos humanos5y financieros, de los organismos subsidiarios Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Pemex-Petroquímica y Pemex-Refinación se transmitieron a las nuevas empresas productivas subsidiarias.

De igual manera, durante la discusión, las y los legisladores de izquierda advertimos que la modificación en cuanto a atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones los facultaría a fijar los nuevos salarios para el personal, pero también, para establecer las bases en las que las “empresas” puedan conservar a los “trabajadores idóneos” para cumplir eficazmente con su objeto6.

Sólo recordemos que en los últimos meses se comenzaron a cerrar las recontrataciones de trabajadores, los despidos y las jubilaciones anticipadas, claro ejemplo de ello es lo sucedido en el “Complejo petroquímico Pajaritos”, que por motivo de la transferencia del 58 % de sus activos a la empresa Mexichem,  se transformó en la compañía Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV); razón por la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicará la cláusula número 20del convenio de asociación entre PEMEX y Mexichem para empezar a despedir a cerca de mil  trabajadores sindicalizados y eventuales que tienen una antigüedad  menor de cinco años7.

En concordancia con lo anterior, Rene Marquina Cárdenas, integrante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) manifestó que: “dentro del convenio de asociación entre Pemex y Mexichem, se está aplicando un proceso para poder disminuir la plantilla laboral”8.

Recordó que desde el inicio de operaciones de la empresa petroquímica mexicana de vinilo fueron reasignados más de mil trabajadores del complejo petroquímico a un nuevo centro de trabajo especializado en mantenimiento.

Es importante mencionar que dicho proceso de “renovación laboral” va de la mano con la realización de jubilaciones especiales para el personal que tiene más antigüedad, por lo que en los próximos meses los despidos serán una constante, utilizando el pretexto de una disminución en la materia del trabajo.

Ante tal panorama, la estabilidad laboral de los trabajadores de PEMEX es incierta, por un lado, el Sindicato Petrolero quedó fuera del Consejo de Administración de PEMEX en la Reforma Constitucional9,lo cual es un trato discriminatorio, respecto a otros trabajadores del sector, como son los electricistas, quienes si tienen un representante en el Consejo de Administración de la CFE; por otro, las utilidades que obtengan PEMEX y sus subsidiarias no se repartirán entre sus trabajadores10, ello es una muestra más de discriminación hacia los trabajadores petroleros; y por último, la redacción ambigua que sólo se estipuló en la exposición de motivos de la Ley de Petróleos Mexicanos, en la que sólo señala que: “se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, sin establecerse dicha premisa en alguna disposición jurídica a efecto de ser observados y por ende garantizados.

Por cuanto, es preciso señalar, que son grandes las probabilidades para que miles de los trabajadores de la antigua paraestatal queden sin materia de trabajo y por ende le sean respetados sus derechos laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 434 fracción III, en donde se estipula la causa de terminación de las relaciones de trabajo “por el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva”, aplicando la indemnización de tres meses de salario, y a recibir la prima de antigüedad conforme al artículo 436 de dicha Ley.

Para concluir, y derivado de las contradicciones en las declaraciones de los funcionarios y como consecuencia de la falta de claridad en el anuncio del Secretario de Energía respecto del recorte de personal de PEMEX, el reacomodo de los mismos o el congelamiento de plazas laborales, este H. Senado de la República considera necesario que estos funcionarios acudan a efecto de exponer en un ánimo de clarificar dichas acciones, sobre todo, porque en su momento, estos mismos funcionarios argumentaron que con la entrada en vigor de la reforma energética se crearían miles de empleos.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República hace una respetuosa invitación al Titular de la Secretaria de Energía, y al Director General de Petróleos Mexicanos, ante la Comisión de Energía a efecto de que expongan las acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción de la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos, así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los mismos.

Salón de sesiones del Senado de la República, 26 de febrero de 2015.

Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.


1 El Diario MX, viernes 20 de febrero de 2015

2 Impacto MX,  21 de febrero de 2015

3 Gonzalo Monroy, Presidente de la consultora especializada GMEC, CNN Expansión, julio de 2014.

4 https://acoronamx.files.wordpress.com/2013/12/convenio-10717-entre-pemex-y-stprm.pdf, convenio de fecha 23 de septiembre de 2013.

5 Artículo Octavo transitorio de la Ley de PEMEX.

6 Artículo 72 de la Ley de PEMEX

7 La Jornada Veracruz, 21 de febrero de 2015.

8 La Jornada Veracruz, 21 de febrero de 2015.

9 Artículo Vigésimo, fracción IV, de la Reforma Constitucional en materia Energética.

10 Artículo 118 de la Ley de PEMEX.






De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres. Se turna a la Comisión de Vivienda.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, A GENERAR ACCIONES PROPENSAS A RESPETAR Y PRESERVAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA DE LAS MUJERES

“MONICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracciones II y X, 76  numeral 1, fracción IX, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y aprobación, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres, conforme a la siguientes:

CONSIDERACIONES

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Cul­turales, ha expuesto, de manera enfatizada, que la interpretación del contenido del derecho a la vivienda no puede ser restrictiva o limitativa, sino por el contario, debe tener un amplio y constante desarrollo que satisfaga las necesidades de las personas en un lugar y tiempo determinado.

El derecho a la vivienda contiene, intrínsecamente, otra serie de derechos fundamentales como el de una vida con seguridad, paz y dignidad.

Los elementos constitutivos de este derecho, y que todo estado debe proporcionar a sus sociedades, se encuentran definidos en varios instrumentos internacionales, considerados interdependientes, y que de acuerdo al principio pro persona, deben considerarse de manera conjunta en el sentido más benéfico para la persona.

Existen, específicamente, observaciones generales de la Organización de las Naciones Unidas que definen los lineamientos para la existencia de este importantísimo derecho, y para que pueda ser ejercido con plenitud. Ciertas libertades son necesarias para cumplir la premisa anterior.

El absoluto resguardo contra cualquier desalojo forzoso, discrecional, contra la destrucción o demolición arbitrarias del hogar; el derecho al amparo sobre cualquier injerencia arbitraria en el hogar, la privacidad y la familia; y, el derecho de elegir la vivienda y fijar la localización de la misma, y su libre circulación, son sólo algunas de las primeras piezas dentro de este entramado.

Asimismo, existen otros derechos paralelos, igualmente fundamentales, que deben de auspiciarse para poder asegurar el derecho a la vivienda. Algunos de estos son: la certeza en la tenencia, la no discriminación para la adquisición de la vivienda, acceso igualitario a las oportunidades de adquirir una vivienda, y la restitución de la tierra y el patrimonio en caso de su perturbación ilegal.

Los alcances de una vivienda adecuada, en ocasiones, causan una ambigüedad en el entendimiento popular, por lo que se vuelve indispensable, que tanto usuarios y servidores públicos, estén conscientes de las magnitudes de este derecho, especialmente los requisitos indefectibles para ejercer el mismo.

Se deben abarcar medidas de seguridad que garanticen la tutela jurídica contra cualquier tipo de amenaza. Que los habitantes de la vivienda tengan la infraestructura e instalaciones necesarias para el suministro de agua potable, cocción, calefacción, sanidad, alumbrado, y refrigeración de alimen­tos; un costo accesible, créditos, opciones de pago; la garantía de la seguri­dad física de la estructura, espacio suficiente, así como protec­ción contra fenómenos meteorológicos leves e intensos, como la humedad, el frío, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud. [*]

En el mismo sentido de la ideas precedentes, la vivienda no puede ser considerada como adecuada, según las observaciones que ha proporcionado la ONU, si ésta no cuenta con una ubicación que tenga acceso a opor­tunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. [*]

En un sentido aclaratorio, me gustaría precisar con un párrafo del documento elaborado por la ONU, titulado “EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA”, que “El derecho a una vivienda adecuada NO es solamente una meta programática que debe alcanzarse a largo plazo. Otro malentendido es que el derecho a una vivienda adecuada no impo­ne obligaciones inmediatas al Estado. Por el contrario, los Estados deben realizar sin demora todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas posibles, dentro de los recursos de que disponen, para llevar a la práctica el derecho a una vivienda adecuada. No obstante las limitaciones de recursos, algunas obligaciones tienen efecto in­mediato, como la de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en condiciones no discriminatorias y de igualdad, elaborar legisla­ción y planes de acción específicos, prevenir los desalojos forzosos y garantizar cierto grado de seguridad de tenencia para todos. “

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano.

Como derecho humano, ha sido regulado en diversidad de normas internacionales a manera de derecho integral para un nivel de vida adecuado. La Declara­ción Universal de Derechos Humanos,  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio Nº 117, de la Organización Internacional del Trabajo sobre política social, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convenio Nº 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, son algunos de los instrumentos que regulan este derecho.

En el artículo cuarto de nuestra Constitución se establece, claramente, que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Dentro de los alcances que se han mencionado anteriormente en este documento, me permití omitir uno de los más importantes, a modo de enlazar el tema de una vivienda adecuada, al exhorto que precisamos en este punto de acuerdo, para fijar nuestra mirada en las mujeres con discapacidad. [*]

Dentro de los supuestos básicos para considerar este elemental derecho como consumado, se requiere la llamada “accesibilidad”, que supone que la vivienda no es adecuada si no se toman en con­sideración las necesidades específicas de los grupos desfavoreci­dos y marginados.

La Organización de las Naciones Unidas ha expresado, como lo indica en su folleto informativo número 21, sobre el derecho a una vivienda adecuada, que “algunos grupos o personas enfrentan dificultades aún mayores para ejercer su derecho a una vivienda adecuada como resultado de sus carac­terísticas personales, de la discriminación o los prejuicios, o de una com­binación de estos factores. Para proteger efectivamente el derecho a la vivienda, es necesario prestar atención a la situación de ciertos individuos o grupos, en particular los que viven en situaciones de vulnerabilidad. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que no se discri­mine contra ellos, deliberadamente o no. Por ejemplo, deben ajustar sus leyes y políticas en materia de vivienda a las mayores necesidades de esos sectores, en lugar de simplemente dirigirlas a los grupos mayoritarios.

La mujer

Aunque se carece de datos y es difícil calcular las cifras, se considera generalmente que las mujeres representan una proporción importante de las personas cuya vivienda es inadecuada. La mujer enfrenta discrimina­ción en muchos aspectos de la vivienda por ser mujer o debido a otros factores como la pobreza, la edad, la clase social, la orientación sexual o el origen étnico. En muchas partes del mundo, especialmente en las zonas rurales, que una mujer pueda o no disfrutar de su derecho a una vivienda adecuada depende a menudo de su acceso a la tierra y al patrimonio y del control que ejerza sobre ellos.

La discriminación contra la mujer en la esfera de la vivienda puede obede­cer, por ejemplo, a la legislación dictada por el parlamento; a leyes y nor­mativas neutrales en materia de género que omiten tomar en cuenta las circunstancias especiales de la mujer (como su vulnerabilidad a la violencia sexual y a la violencia que tiene raíz en el género); al predominio de leyes y prácticas consuetudinarias que discriminan contra la mujer; a la falta de imparcialidad de los órganos judiciales y la administración pública; a la carencia de recursos judiciales, de información y de procesos de toma de decisiones; y a la falta de conocimiento de sus derechos. Esta discrimina­ción se asienta sobre factores estructurales e históricos.

La mujer enfrenta una grave discriminación en lo relativo a la seguridad de la tenencia. Independientemente de su forma, la tenencia a menudo se entiende, anota o registra a favor del hombre, dejando que la mujer dependa de sus parientes hombres en cuanto a la seguridad de la tenen­cia. Además, si bien algunas formas de tenencia colectiva pueden incluir a la mujer, los procesos de adopción de decisiones frecuentemente son dominados por el hombre.

Sin poder controlar la vivienda, la tierra o el patrimonio, la mujer casi no disfruta de autonomía personal o económica y es más vulnerable al mal­trato en la familia, la comunidad y la sociedad en general. En caso de que el acceso a la vivienda, la tierra o el patrimonio dependa de un tercero -el padre, los hermanos, el marido u otros parientes hombres-, la mujer es vulnerable a la carencia de un hogar, la pobreza y la indigencia si esa relación llega a su fin.”

Dentro de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, se establece, dentro de su artículo 14 y 15, que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.”

Conexo a la condición de mujer, aquellas con la calidad de discapacidad agravan los obstáculos para el acceso a este derecho.

Las personas con discapacidad se enfrentan con una diversidad de dificultades para el correcto disfrute de su derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta de accesibilidad física; discrimi­nación y prejuicios continuos; obstáculos institucionales; falta de acceso al mercado de trabajo; bajos ingresos, y carencia de vivienda social o de apoyo comunitario.

La vivienda, los servicios básicos que supone la misma, y en general, la urbanización de la sociedad son, generalmente, perfilados para las personas sin discapacidad. [*]

La exclusión y la marginación, son los dos obstáculos más poderosos a los que se oponen y que, con frecuencia, tienen como resultado una diversidad de violaciones de sus derechos humanos.

En el mismo sentido, la regulación jurídica les da un tratamiento diferenciado por su capacidad específica, lo que da origen a una total ausencia en la asequibilidad de celebrar contratos, elegir viviendas, condiciones, e incluso oponerse a desalojos forzosos.
En México, por género, el 22.1% de los hombres cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda y las mujeres se ubican por debajo de la media nacional con 14.4 por ciento.

En México, los espacios que por tradición y género se asignan a las mujeres no consideran sus características.

Históricamente, se construye de acuerdo a lo que el varón quiere o representa, pero nunca en consideración a la figura femenina.

La discriminación estructural para las mujeres, como grupo, las expone a una mayor vulnerabilidad a las violaciones de sus derechos a una vivienda adecuada y tierra, por una supuesta subordinación estructural de las mujeres, debido a suposiciones preconcebidas sobre roles de género y disposiciones sociales, económicas y culturales, predominantes en todas las regiones. La interseccionalidad o discriminación múltiple, se presenta, aún en mayor grado, por la condición agregada de discapacidad.

Fundamentado en nuestra Constitución, la normatividad internacional aquí expresada; apelando al artículo primero constitucional y su importante reforma en materia de derechos humanos del año 2011, a la ley orgánica de la administración pública federal, que en su artículo 41 numerales XIII, XIV, y XV, dispone que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; y, especialmente, en la Observación general Nº 4 del Comité (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general Nº 7 (1997), ambas de la Organización de las Naciones Unidas, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición, porque una vivienda adecuada es más que cuatro paredes y un techo.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

MONICA T. ARRIOLA GORDILLO
Senadora de la República”






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe sobre los criterios y requisitos para la asignación de los créditos financieros, en el marco del Programa de Dignificación del Comercio en el centro histórico de Cuernavaca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANIA NACIONAL, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DE LOS CREDITOS FINANCIEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DIGNIFICACION DEL COMERCIO EN EL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 16 de febrero de 2015 el Gobernador del estado de Morelos dio a conocer que la administración que representa llevará a cabo una inversión superior a los cien millones de pesos para la renovación de la infraestructura del primer cuadro de la capital de la entidad, proyecto que en palabras del titular del Ejecutivo estatal tiene como objetivo sanear y revitalizar la zona del centro histórico para poder establecer una Eco zona de desarrollo integral.

Asimismo, precisó que los trabajos permitirán ampliar el desarrollo integral, educativo, turístico, cultural, comercial y en los servicios, elementos que en su conjunto coadyuvarán para la implementación de una economía sustentable y espacios públicos dignos.

En cuanto a la utilización de los recursos asignados señaló que en términos generales será de la siguiente manera: reordenamiento y modernización del transporte público; reconstrucción, remodelación y saneamiento de la infraestructura hidrosanitaria, eléctrica y de telecomunicaciones; y el fortalecimiento del comercio, así como la regularización del comercio informal. En relación al último asunto, se ha hecho énfasis en que quienes no estén en la formalidad no serán criminalizados, sino que más bien serán escuchados, integrados y reubicados para que continúen llevando a cabo una actividad comercial sin afectar a terceros.

Por otro lado, el Secretario Economía de la entidad manifestó que de acuerdo con el Programa de Dignificación del Comercio en el Centro Histórico de Cuernavaca, en la rehabilitación del centro histórico de Morelos, destacan las siguientes acciones: capacitación para el trabajo, campaña publicitaria, difusión en redes, equipamiento tecnológico y financiamiento a comerciantes.

Además de las acciones referidas, se contempla: la impartición de cursos sobre manejo de recursos, una campaña publicitaria en radio y televisión para que la gente siga adquiriendo bienes en la zona, y que la obra no representa el cierre de negocios. Sin embargo, de acuerdo con testimonio de vecinos, locatarios y empresarios de la entidad, las mismas son insuficientes y lejos de garantizar el incremento o mantenimiento del flujo comercial, desincentiva el mercado y genera condiciones adversas para llevar a cabo inversiones.

A partir de esta situación, es fundamental que los recursos que serán destinados al desarrollo de las obras sean ejercidos con absoluta transparencia. Al efecto, se anunció que disponen de 4 millones de pesos para que 200 comerciantes adquieran hardware con un subsidio de hasta por el 80 por ciento del costo del equipo, mientras que el Servicio Nacional del Empleo (SNE) otorgará 500 becas para capacitación en competitividad y productividad.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Economía del estado de Morelos dio a conocer que el Fondo Morelos (organismo del Gobierno Estatal que otorga financiamientos y apoya con asesoría y capacitación a las micro y pequeñas empresas), ha puesto a disposición 5 millones de pesos para otorgar créditos -desde 10 mil hasta 100 mil pesos- con tasas preferenciales para los comerciantes de la zona, así como tasa cero para comercios y restaurantes que paguen de manera puntual el financiamiento. 

Por lo anterior, es de vital importancia que el Gobierno y la Secretaría de Economía del estado informen de manera exhaustiva de qué manera y bajo qué criterios ejercerán los recursos públicos asignados para la rehabilitación del centro histórico de la entidad. En este sentido, ante cualquier tipo de irregularidad –por acción u omisión-, que se presente, ésta debe ser investigada y en su caso, sancionada conforme a derecho proceda.  

En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en lo importante que resulta establecer las condiciones que permitan el óptimo desarrollo, entre ellas, lo relativo al comercio y el turismo, por lo cual es fundamental que los recursos destinados a las obras y demás actividades derivadas de ellas, prevalezca la transparencia y rendición de cuentas, principios rectores del sistema constitucional mexicano y elementos indispensables para brindar certeza jurídica de la población. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, para que presente ante esta Soberanía Nacional, un informe detallado sobre los criterios y requisitos para la asignación de los créditos financieros en el marco del Programa de Dignificación del Comercio en el Centro Histórico de Cuernavaca para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015”.






Del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para que se alcancen los acuerdos pendientes para resolver los asuntos en trámite. Se turna a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.








Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a comparecer al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para que aclare la demora en la expedición del Reglamento sobre uso de programas sociales para que los gobiernos ejerzan con imparcialidad los recursos públicos en los próximos comicios electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a redoblar sus esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar todos los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electores de 2015, con el objeto de que los partidos políticos y los candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley en la materia establece. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE, EN APEGO A SUS RESPECTIVAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REDOBLEN SUS ESFUERZOS PARA SUPERVISAR, MONITOREAR Y AUDITAR TODOS LOS RECURSOS QUE INGRESEN Y SE EROGUEN EN LAS CAMPAÑAS ELECTORES DE 2015, CON EL OBJETO DE QUE LOS PARTIDOS POLITICOS Y LOS CANDIDATOS SE AJUSTEN A LOS LIMITES Y TOPES QUE LA LEY EN LA MATERIA ESTABLECE.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las mayores demandas de los ciudadanos hoy en día, es que existan mecanismos que permitan una verdadera transparencia en la administración de todos los recursos públicos, ya que la opacidad en el manejo de dinero público conlleva a actos de corrupción, impunidad y desconfianza por parte de la sociedad hacia las instituciones del Estado.

En todos los ámbitos de la vida pública en los que hay manejo de recursos públicos, debe existir claridad en cómo y en qué se gasta cada peso que reciben las instituciones y servidores públicos, de lo contrario México no saldrá del deshonroso lugar 103 de corrupción de 175 naciones en el que se encuentra, de acuerdo al Indice de Percepción de la Corrupción de 2014 que elabora anualmente Transparencia Internacional. 

La transparencia debe dejar de ser vista como un gesto de gratitud por parte de los servidores públicos, y en cambio, se debe fortalecer la ley para castigar a quienes desvían o hacen uso indebido de recursos públicos.

Es importante mencionar que la legitimidad en cualquier régimen democrático exige garantizar a toda la ciudadanía un ejercicio eficiente, eficaz y transparente del erario; por tal razón, se requiere un gran sentido de responsabilidad por parte de todas las autoridades en la materia.

Sin embargo, uno de los más grandes desafíos que enfrenta la democracia en México es la transparencia y financiamiento de las precampañas y campañas electorales, tan sólo en el pasado proceso electoral federal el órgano fiscalizador del Instituto Federal Electoral, sancionó por un monto total de ocho millones 700 mil pesos a los institutos políticos, por dicho concepto.

En dicha sanción el Partido de la Revolución Democrática fue el que recibió la multa más alta con cinco millones 587 mil pesos, el Partido del Trabajo fue multado con 2 millones 574 mil 048 pesos; Movimiento Ciudadano fue castigado con 532 mil 422 pesos.

Mientras que al Partido Revolucionario Institucional fue multado con 6 mil 233 pesos por una observación, Acción Nacional con 210 mil 862 pesos y Nueva Alianza fue sancionado con 115 mil 310 pesos.1

El entonces Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (2008-2014), aseguró que no se detectaron aportaciones prohibidas o recursos ilegales ni rebase en el tope de gastos en las precampañas de los partidos o coaliciones, pero sí se registraron diversas irregularidades a la hora de entregar los reportes de fiscalización.

No obstante, Luis Carlos Ugalde, también ex Consejero Presidente del IFE (2003-2007), mencionó que: “[…] el costo promedio de una campaña de diputado federal en zonas urbanas es superior a los seis millones y en ocasiones puede llegar a los 10 o 12 millones”.2 

El financiamiento destinado a los partidos políticos, sobre todo a las campañas y precampañas, debe fiscalizarse de acuerdo a las disposiciones legales y bajo un método altamente especializado y profesional, siempre bajo el principio de máxima publicidad.

Por lo anterior, debe haber cooperación entre las instituciones encargadas, pues uno de los principales problemas en las contiendas electorales es precisamente la fiscalización de las mismas, esto aunado a la débil transparencia por parte de los partidos políticos, lo que fragmenta la democracia del país.

Una correcta fiscalización eleva la eficiencia y eficacia respecto al uso de recursos y legitima cualquier proceso electoral; al respecto con la reforma constitucional de 2014, se ha iniciado un proceso de transformación, el Instituto Federal Electoral, se convierte en el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual tiene a su cargo organizar las elecciones federales en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, con la finalidad de homologar los prototipos de los procesos en materia electoral para garantizar y dar transparencia a los resultados de las contiendas electorales.

El artículo 41 en su penúltimo párrafo, numeral V apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), está encargado de realizar la fiscalización y vigilancia durante la campaña, del origen y destino de todos los recursos de los partidos y candidatos.

Asimismo, el Consejo General del INE es el responsable de la fiscalización de ingresos y egresos de todos los partidos políticos nacionales y locales. Para lo cual, el INE diseñará un sistema informático que permita concentrar todos los ingresos que los partidos y candidatos realicen a nivel nacional.

De igual manera, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 7 inciso D, establece que corresponde al INE la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local.

Por su parte, el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, faculta a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, entre otras cuestiones a:

● Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.

● Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos.

● Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

● Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

Lo anterior, el INE lo debe realizar en un tiempo record, menos de 40 días para fiscalizar las precampañas y campañas electorales, así lo estipula al artículo 80, incisos c) y d) de la Ley General de Partidos; tarea sumamente titánica la que tiene que llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, quien es sus propias palabras señaló que: "[…] el INE está obligado a revisar alrededor de 30 mil informes de campañas en tan sólo 37 días, es decir, menos de la tercera parte del tiempo en que antes de la reforma se tenía contemplado para revisar poco más de 1,600 informes".1

Para llevar a buen puerto dichas funciones, el artículo 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, faculta al Consejo General del Instituto a desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, así como establecer mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones de éstos en materia de fiscalización.

No obstante, el INE inició un proceso de rescisión de contrato a la empresa SCYTL México, quien era la encargada de proveer el sistema de cómputo con el cual se fiscalizaría los informes de gastos de campaña en este proceso electoral que ya está en marcha.

Los motivos de la cancelación del contrato fueron porque la empresa se había comprometido con tener la primera fase del sistema electrónico del INE en línea el 14 de diciembre de 2014, para agilizar la rendición de cuentas de precandidatos y candidatos, antes de las precampañas y no cumplió con la fecha pactada, el contrato era por más de 61 millones de pesos.

Por tal razón, el INE aseguró que con sus propios recursos técnicos y con ayuda de la UNAM, trabajarán en el desarrollo de una aplicación informática que le posibilite cumplir oportunamente con sus atribuciones en materia de fiscalización.2

En virtud de lo anterior se desprende una posible irresponsabilidad por parte del INE ya que los tiempos no son los adecuados para garantizar, implementar y administrar un sistema que posibilite la fiscalización.

Es innegable que el INE cuenta con muy poco tiempo para desarrollar la aplicación informática y ponerla en operación, de por si la tarea de fiscalizar las campañas electorales es titánica, lo será todavía más cuando a 4 meses de que se celebre la jornada electoral no se cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo dicha auditoria.

Se debe considerar que el INE en estos primeros comicios, en los que aplicarán las nuevas leyes electorales, no únicamente velará el proceso electoral de renovación de la Cámara de Diputados federal, sino también de las nueve gubernaturas, los 17 Congresos estatales y los varios ayuntamientos.

El INE debe garantizar que se haga un proceso de transformación apegado a los principios de transparencia, imparcialidad y certeza para lo cual es necesario contar con reglas claras que eviten toda injerencia externa durante el desarrollo, vigilancia y conducción del proceso electoral.

Por tal motivo, el procedimiento de fiscalización debe realizarse mediante normas de vigilancia, de control operativo, transparencia y de rendición de cuentas para garantizar el derecho del ciudadano de acceso a la información y promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos, con el único objetivo de legitimar los procesos electorales.

De esta manera se debe elegir un sistema de fiscalización adecuado que permita el cumplimiento de la evolución de un sistema político sano y garantizar en todo momento la transparencia del proceso, tal como se establece en la legislación vigente.

Se debe recordar que el avance y fortalecimiento hacia una mejor fiscalización y una mayor transparencia del financiamiento a partidos políticos, precampañas y  campañas electorales beneficiarán las finanzas públicas al mismo tiempo de legitimar las elecciones y perfeccionar las instituciones públicas.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que, en apego a sus respectivas facultades y atribuciones, redoblen sus esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar todos los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electores de 2015, con el objeto de que los partidos políticos y los candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley en la materia establece.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que rinda un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía sobre:

A) ¿Cómo y en cuánto tiempo se desarrollará, implementará y administrará el sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, así como los mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones de éstos en materia de fiscalización?

B) Los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, así como las irregularidades en que hubiesen incurrido a los partidos políticos durante la etapa de precampañas electorales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero 2015.

Sen. David Monreal Avila”.


1 Páez, Alejandro  “IFE: ni dinero ilícito ni rebase de gastos en precampañas” [en línea], en el periódico La Crónica (consultado el 23-02-2015), disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2012/685553.html

2 Ugalde, Luis Carlos “¿Por qué más democracia significa más corrupción? en revista Nexos, núm. 446, febrero 2015, pág. 13.

1 Jesús Cantú, “Otro riesgo para las elecciones: fiscalización de campañas electorales”, [en línea], en el Siglo de Torreón, (consultado el 23-02-2015), disponible en http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1080584.otro-riesgo-para-las-elecciones-fiscalizacion-de-campanas-electorales.html

2 Comunicado de Prensa del INE, Número: 015, México, D.F. 21 enero 2015 “El INE inicia las acciones para la rescisión del contrato para el desarrollo e implementación del sistema de contabilidad” [en línea], (consultado el 23-02-2015),  disponible en http://www.ine.mx/es/web/portal/sala-de-prensa?p_p_id=INEComunicados_WAR_INEComunicadosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_INEComunicados_WAR_INEComunicadosportlet_jspPage=%2Fhtml%2Finecomunicados%2Fmore.jsp&_INEComunicados_WAR_INEComunicadosportlet_uuid=57ef90b0-d43c-4add-9226-0c12f0585c8a






De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por los premios otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE CONGRATULA POR LOS PREMIOS OTORGADOS A LOS MEXICANOS ALEJANDRO GONZALEZ IÑARRITU Y EMMANUEL LUBEZKI

GABRIELA CUEVAS BARRON Y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 109 y 276 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Senado de la República se congratula por los premios otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado 22 de febrero se llevó a cabo la 87ª edición de los Premios Oscar en el teatro Dolby de la ciudad de Los Angeles. Al igual que el año pasado, esta  ceremonia revistió un significado muy especial porque entre los nominados se encontraban mexicanos destacados en el ámbito de la cinematografía mundial.

El año pasado, Alfonso Cuarón fue el primer latinoamericano en llevarse el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como mejor director. Además, su película Gravity logró 6 premios más: Edición, Edición de Sonido, Fotografía, Mezcla de Sonido, Partitura Original y Efectos Visuales.

2. En esta ocasión, Alejandro González Iñárritu logró que el largometraje Birdman obtuviera 3 estatuillas: mejor director, mejor guión original y mejor película. Además, Emmanuel Lubezki fue galardonado con el Oscar a mejor fotografía.

Estos reconocimientos se deben al talento, al tesón, al empeño y a la pasión que estos mexicanos imprimen en cada uno de sus trabajos.

Iñárritu ya había alcanzado diversos reconocimientos a nivel internacional. Con Amores Perros ganó el premio de la Crítica en Cannes y junto con Babel y Biutiful recibió nominaciones a los Oscar por Mejor Película Extranjera. Por su parte, Lubezki se ha consagrado como uno de los mejores directores de fotografía gracias a su trabajo en películas como La Princesita, El árbol de la vida, Niños del Hombre, El nuevo mundo y Gravity.

Todo ese talento se podría aprovechar en nuestro país si los tres órdenes de gobierno y las instituciones culturales se decidieran a apoyar en serio a aquellas personas que quieren dedicar su vida al cine. Seguramente hay muchos  mexicanos y mexicanas que quieran incursionar en la gran industria del cine y lo único que necesitan es acceder a programas que les permitan impulsar su carrera y promover sus proyectos.

3. Por otro lado, y como ha sucedido en diversas ocasiones, el evento de los Premios Oscar también fue un escaparate mundial en el que se habló de derechos e igualdad. Hubo pronunciamientos sobre la discriminación racial, la desigualdad salarial que todavía existe entre hombres y mujeres, y también sobre el respeto de los derechos de las personas migrantes. Sobre este último tema González Iñárritu dio un emotivo y conciso mensaje al dedicar su premio:1

"Dedico este premio a mis compatriotas mexicanos. Rezo para que podamos hallar y construir el Gobierno que nos merecemos (…)

"A aquellos (mexicanos) que viven en este país, quienes son parte de la última generación de migrantes en este país, rezo para que ellos puedan ser tratados con la misma dignidad y respeto que aquellos que llegaron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes".

4. Los senadores, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 276 numeral 1, fracción II, podemos presentar proposiciones con punto de Acuerdo para solicitar la declaración expresa del Senado en relación con acontecimientos de interés general. Con base en ello, consideramos oportuno que el Senado se congratule por los premios que recibieron estos mexicanos, además de felicitar a González Iñárritu por las declaraciones valientes que hizo respecto a la situación por la que atraviesa nuestro país, así como del mal trato que reciben las personas migrantes en uno de los eventos más seguidos alrededor del mundo.

Esperemos que los deseos de Iñárritu respecto a que podamos construir el gobierno que nos merecemos se haga realidad con el esfuerzo diario de los mexicanos. Todos y cada uno debemos trabajar desde nuestras responsabilidades y tareas para que la realidad cambie y podamos construir un futuro mejor. Ellos han puesto el ejemplo de cómo se puede llevar el nombre de México a otro nivel. A eso debemos tender.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República se congratula y felicita a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki por los premios que recibieron el pasado domingo 22 de febrero de 2015 por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce al Director Alejandro González Iñárritu por su pronunciamiento a favor de los derechos de las personas migrantes durante la entrega de los Premios Oscar el pasado domingo 22 de febrero de 2015.

Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Mariana Gómez Del Campo”.


1 México Manda, Eduardo Molina, Periódico Reforma, 23 de febrero 2015. Disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=472089#ixzz3SbEXupGO.





De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Social, con objeto de que explique las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2013, en materia de programas sociales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CON OBJETO DE QUE EXPLIQUE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2013, EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES

“La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ROSARIO ROBLES BERLANGA, CON OBJETO DE QUE EXPLIQUE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION TRAS LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2013, EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer la revisión de la Cuenta Pública 2013, instrumento fundamental para la rendición de cuentas en nuestro país y punto de referencia para el escrutinio ciudadano de la gestión de gobierno en sus tres niveles.

Desafortunadamente, este año dicho informe ha despertado la indignación de las y los mexicanos, debido a que fueron detectadas una serie de omisiones y áreas de opacidad en el manejo de programas sociales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Estos, además de contar con duplicidad y falta de coordinación, presentaron deficiencias en la supervisión de su operación, en la coordinación para la entrega de apoyos y en el cumplimiento de objetivos, de acuerdo con lo reportado por el ente fiscalizador.

Como ejemplo, en el Programa de Pensión para Adultos Mayores, fueron detectadas personas fallecidas que seguían recibiendo su apoyo; así como la falta de documentos administrativos que avalen la entrega del apoyo y la inclusión de personas que no cumplen los requisitos y exclusión de los que tienen amplia necesidad del apoyo.

Hablando en términos económicos, a través de cinco convenios firmados en 2013 con dos universidades, la Secretaría de Desarrollo Social presuntamente podría haber encubierto un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional Contra el Hambre, esto se reporta a través del reporte a una Auditoría, en donde se muestra que a través del esquemas de subcontrataciones en forma de “pirámide invertida” las universidades habrían pagado millones de pesos por proyectos que pudieron incluso no ser realizados; traduciéndose en un costo de más de 845 millones de pesos para el erario nacional.

Me parece importante señalar en este punto que el informe de este año tiene una relevancia fundamental puesto que por primera vez la Auditoría Superior de la Federación informa sobre los resultados que arrojaron las auditorías que se hicieron a las distintas dependencias durante el actual Gobierno Federal.

Y, en ese sentido, podemos poner el ejemplo de las observaciones hechas a los contratos para equipos, servicios de asesoría y administración para abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin Hambre”, donde el desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales tuvo un costo de 697 millones de pesos, mismo que se llevó a cabo subcontratando a cinco empresas, pese a que el convenio lo prohíbe expresamente, dando como resultado que los servicios no se llevaran a cabo o se realizaran de forma incompleta.

Uno de los asuntos más indignantes es que entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre, existió una compra de 57 millones en vasos de plástico, o 79 millones en paliacates. Estas compras obviamente no corresponden con los objetivos de la Estrategia y poco ayudan a la población que vive en condiciones de pobreza y marginación.

Es indignante saber que de los 993 millones de pesos auditados en convenios a distintas universidades, cerca de 845 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio” a la hacienda pública.

Las dimensiones de este problema colocan nuevamente al Gobierno Federal en el entredicho de que no actúa buscando el bienestar de la población, sino el enriquecimiento personal de sus integrantes.

En distintas ocasiones he denunciado que el gasto social es insuficiente, y ahora vemos que, con todo y las limitaciones existentes, el poco gasto que tenemos fue utilizado en conciertos, en vasos y en paliacates que cuestan 79 millones de pesos.

El Gobierno Federal, y de manera específica la Secretaría de Desarrollo Social,  tiene que responder a estas observaciones para atender las causas que dan origen a este tipo de problemas, solo entonces podemos responsabilizar a quienes no atienden una labor tan importante para nuestro país.

Más allá de la exhibición mediática que este informe trae, estamos en deuda con nuestros ciudadanos y lejos de impulsar el linchamiento político, considero que como legisladores debemos atenderlo responsablemente impulsando acciones que actúen de manera eficaz y directa contra las fallas que fueron identificadas.

En este informe veo más la oportunidad de fortalecer a nuestra democracia e instituciones, sobre todo en un momento en que dentro del Poder Legislativo nos encontramos discutiendo un proceso de reformas en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas.

Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República cita a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Maestra Rosario Robles Berlanga, para que comparezca ante esta soberanía, con el objeto de explicar las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación tras la revisión de la Cuenta Pública 2013, en materia de Programas Sociales.

Salón de Sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contienepunto de Acuerdo que exhorta a las entidades estatales a cumplir en tiempo y forma con los reportes presupuestales, como se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Comisión de Federalismo.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y CON LOS PRINCIPIOS DEL FEDERALISMO MEXICANO A LAS ENTIDADES ESTATALES, PARA QUE CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REPORTES PRESUPUESTALES TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México requiere de órganos de fiscalización con facultades necesarias para llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas públicas, la rendición de cuentas de los gobernantes ante los ciudadanos son el medio de transparencia y eficiencia en el ejercicio de la gestión pública.

La obligación de todos los gobiernos estatales es dar cuentas, explicar y justificar sus actos a la ciudadanía y responder frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, que actúen en respuesta a las críticas o requerimientos señalados y se acepte la responsabilidad en caso de error, incompetencia o engaño.

Diversos son los actores y organizaciones estatales que juegan activamente en los sistemas de rendición de cuentas, desde los poderes constitutivos del Estado y entidades de interés público como sujetos obligados a rendir cuentas, hasta los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y los ciudadanos a título individual, que actúan más como vigilantes de los poderes de gobierno.

La Constitución Política Federal obliga a los Estados a ajustar sus ordenamientos jurídicos al marco federal y a no dictar normas que contradigan las leyes federales, las legislaciones de los estados en materia de rendición de cuentas son muy parecidas entre sí y con respecto a la legislación federal.

Los principales mecanismos y procedimientos existentes de rendición de cuentas incluyen la presentación anual del informe de gobierno sobre el estado de la administración pública y la comparecencia de miembros del poder ejecutivo estatal ante el Congreso local; la presentación y aprobación anual de las leyes de ingresos y el presupuestos de egresos, la revisión de las cuentas públicas, el juicio político y la declaración de procedencia y la declaración patrimonial.

De no llevar a cabo los mecanismos correspondientes, las entidades se hacen acreedoras a sanciones provenientes del Congreso en contra de los funcionarios responsables. Las auditorías estatales están facultadas para emitir apercibimientos y amonestaciones o solicitar al Superior Jerárquico (secretario de la dependencia, presidente del Congreso o del Poder Judicial) que asigne un castigo.

A pesar de las múltiples normas y actores que en ocasiones intervienen en la operación y vigilancia de recursos ejercidos por los ayuntamientos, la eficacia de la rendición de cuentas en el nivel municipal es muy limitada, mucho mayor que en los ámbitos estatal y federal de gobierno, pareciera que a medida que se desciende del ámbito federal al estatal y al local se va reduciendo también el sentido de responsabilidad de los gobernantes; existe evidencia informal de que en múltiples ocasiones esa rendición es limitada, intermitente y de poca confiabilidad.1

Además, las entidades se encuentran obligadas a presentar un informe pormenorizado y periódico de sus acciones y gasto, dicho informe sirve para la contabilidad y supervisión que realiza la Contaduría, la que, dado el caso, puede solicitar mayores informes o practicar visitas con el propósito de inspeccionar con mayor detenimiento el desempeño de cierta dependencia que haya despertado sospechas sobre posibles irregularidades.

Por lo anterior, se deben fomentar acciones para que los gobiernos estatales rindan cuentas de la forma en que gastan su presupuesto, tal y como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de acuerdo a esta Ley los gobiernos de los estados deben hacer públicos y entregar al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) cinco informes anuales.

Uno que contiene la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos; otro que refleja la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos; uno más con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; el cuarto es el Calendario de Ingresos Base Mensual, y el último, es el Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual.

El reporte del CONAC muestra que los estados de Chiapas, Tamaulipas y Yucatán cumple al ciento por ciento con sus obligaciones de información anual y trimestrales, mientras que Morelos se convirtió en el más opaco, pues no presentó ningún informe anual y únicamente entregó ocho de los 28 informes trimestrales.2

Se observa también que sólo los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán cumplieron cabalmente con la entrega de esos cinco informes anuales.

Morelos fue el estado que entregó el menor número de reportes trimestrales de gastos, sólo entregó ocho de 28, ya que en el cuarto trimestre de 2013 sólo entregó correctamente el informe sobre los Fondos de Ayuda federal para la Seguridad Pública; de manera incompleta los montos pagados por ayudas y subsidios; las aportaciones federales en materia de salud, de las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales y todo lo relacionado con los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica.3

Pero también deja ver que Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas entregaron de forma incompleta la Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, Jalisco entregó de manera incompleta este Informe Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos y no entregó el Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual.

Por otro lado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó que en la mayoría de las entidades existe una falta de pago a proveedores por parte de los gobiernos estatales y municipales misma que afecta gravemente las operaciones de empresas en México, principalmente pequeñas y medianas.4

Por consiguiente los estados deben ponerse al corriente y evitar que en la coyuntura de este año 2015 se acreciente la deuda; datos del Banco de México indican que el saldo de las cuentas de captación de los gobiernos estatales con la banca se elevó 109 por ciento real en los últimos cinco años, a 159 mil millones de pesos.5

Este fenómeno de no cumplimiento de obligaciones por parte de las entidades, se traduce en menos crecimiento económico y mayor endeudamiento, debido a la falta de mecanismos que garanticen la adecuada vigilancia de las acciones gubernamentales en materia de pagos y entrega de informes presupuestales, por lo que es necesario que se implementen sanciones más severas para que los gobiernos estatales rindan cuentas de la forma en que gastan su presupuesto, asimismo garantizar a la ciudadanía un ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, a través de una clara y permanente rendición de cuentas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente y con los principios del federalismo mexicano a las entidades estatales, para que cumplan en tiempo y forma con los reportes presupuestales tal y como se establece en la Ley general de Contabilidad Gubernamental.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente y con los principios del federalismo mexicano para que los gobiernos estatales y municipales se pongan al corriente y eviten la falta de pago a proveedores de servicios para soslayar que se acrecienten las deudas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

David Monrreal Avila”.


1 En opinión de Enrique Cabrero, la rendición de cuentas en los municipios pequeños. Ponencia presentada en la conferencia México Contra la Corrupción, México, D.F., 16 de abril del 2002

2 Consejo Nacional de Armonización Contable. Plan  anual de trabajo del consenso nacional y armonización contable para 2015. Fecha de consulta 20 de febrero de 2015, [En línea] Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/consejo/CON_01_03_024.pdf

3 Robles de la Rosa, Leticia. Solo Chiapas, Tamaulipas y Yucatán van al corriente sobre sus gastos. Periódico Excelsior 18 de febrero de 2015. [En línea] Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/18/1008983

4 Becerril, Isabel. Estados y municipios ahogan a proveedores. Periódico el Financiero. Fecha de publicación y consulta 20 de febrero de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/estados-y-municipios-ahogan-a-proveedores.html

5 Ibidem.






Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a establecer dentro de los tiempos oficiales del Estado, un espacio para la implementación de campañas de información y difusión para el uso correcto de las redes sociales. Se turna a la Comisión de Educación Pública.








De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas de difusión, orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PERMANENTES PARA LA SENSIBILIZACION, EDUCACION Y ESPECIALIZACION DEL PERSONAL DE SALUD MEDICO INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS DE TAMIZ NEONATAL AUDITIVO, OFTALMOLOGICO Y EL TAMIZ NEONATAL AMPLIADO, ASI COMO CAMPAÑAS DE DIFUSION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS BENEFICIOS QUE TIENE LA APLICACION DE ESTA PRUEBA EN LOS RECIEN NACIDOS

“La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD DISEÑE E IMPLEMENTE ACCIONES PERMANENTES PARA LA SENSIBILIZACION, EDUCACION Y ESPECIALIZACION DEL PERSONAL DE SALUD MEDICO INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS DE TAMIZ NEONATAL AUDITIVO, OFTALMOLOGICO Y EL TAMIZ NEONATAL AMPLIADO, ASI COMO CAMPAÑAS DE DIFUSION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS BENEFICIOS QUE TIENE LA APLICACION DE ESTA PRUEBA EN LOS RECIEN NACIDOS, DIRIGIDA ESPECIALMENTE A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y A LA POBLACION EN GENERAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Censo 2010 en México residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años y en cada uno de ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo. No obstante, las niñas y niños con menos de un año de edad es de 2 millones y en ellos resulta crucial la implementación de políticas que permitan su sobrevivencia.

Algunos datos estadísticos1 señalan que si bien en México se han reducido las enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias que en las primeras décadas del siglo pasado provocaron una alta mortalidad en niñas y niños menores de un año, también es cierto que aún se presentan defunciones que afectan a este grupo de edad, cuyos factores se encuentran relacionados a la salud de la madre antes, durante y después del embarazo; a aspectos asociados a las complicaciones del parto o bien a factores exógenos que tienen que ver con el medio ambiente en que se desarrollan niñas y niños. Datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en 2011 fallecieron 13.7 niños y niñas menores de un año por cada mil nacimientos, siendo Guerrero, Chiapas y Oaxaca las entidades con las tasas más altas (por encima de las 17 defunciones por cada mil).

Las principales causas de muerte, conforme al registro de defunciones 2011, indican que las tres primeras causas en los niños menores de un año son las infecciones originadas en el periodo perinatal (51%), las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (23.4%) y la neumonía (4.6%), que en conjunto representan ocho de cada diez fallecimientos. En cuanto a las causas de muerte, el grupo de 1 a 4 años muestra una estructura muy parecida a las que se presentan durante el primer año de vida, pero con intensidades diferentes: uno de cada siete (15.6%) fallece por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; le siguen los accidentes de transporte (7.8%) y la neumonía (6.8%), que en conjunto, representan 30.2% de las defunciones ocurridas en este grupo de edad.

Aunado a lo anterior, uno de los principales desafíos en México es garantizar que todas las niñas y niños gocen de buena salud y de una buena calidad de vida. En México, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2010), 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

De igual manera, cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, indican que 520 mil niños y niñas de 0 a 14 años tienen dificultades para la realización de tareas de la vida diaria. Ellos representan 9.1% de la población con discapacidad y 1.6% del total de niños del país. La discapacidad más frecuente se relaciona con las limitaciones para caminar o moverse (29.5 por ciento); le siguen las dificultades para hablar (28.3%), la limitación mental (19.3%), la dificultad para ver (17.8%), poner atención (15.9%), escuchar (7.4%) y atender su cuidado personal (7.3 por ciento). Por grupos de edad, de 0 a 4 años sobresalen las discapacidades para caminar o moverse (44.2%) y hablar (30%); de 5 a 9 años, para hablar (32.9%) y caminar (28 por ciento); mientras que de 10 a 14 destacan las dificultades para caminar (25.4%), hablar (23.4%) y ver (22.0 por ciento).

Conforme a lo anterior, ha resultado necesario establecer estrategias de detección temprana y tratamiento oportuno para atender de manera preventiva la discapacidad y enfermedades que puedan afectar el mejor desarrollo de niñas y niños.

En este sentido, uno de los derechos más fundamentales cuando un niño o niña nacen es garantizar su derecho a la vida, y consecuentemente su derecho a la salud, a la supervivencia y al desarrollo. Es por ello, que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recientemente publicada, establece que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, la supervivencia y el desarrollo y a gozar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad.

Para ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a realizar acciones que garanticen el desarrollo y a prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia. Así mismo, a reducir la morbilidad y mortalidad, a asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesaria, haciendo hincapié en la atención primaria y a promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y nutrición, entre otras. 

Bajo este contexto, nuestro país ha implementado políticas de carácter preventivo como el tamiz neonatal, el cual, es un examen que se realiza en México desde 1974 que consiste en obtener unas gotas de sangre del cordón umbilical o del talón del pie del recién nacido para detectar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste, además de que permite iniciar un tratamiento adecuado y evitar consecuencias graves para la salud y el desarrollo de niñas y niños desde una discapacidad física, mental o hasta la muerte.

Desde enero de 2013 con la entrada en vigor de la reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, se realiza la prueba de tamiz neonatal ampliado para los recién nacidos en hospitales del sector público, el cual tiene como objetivo la detección de errores innatos del metabolismo (EIM). Algunos estudios2 señalan que en México el tamiz neonatal ampliado se realiza para detectar cuatro enfermedades: hipotiroidismo congénito, galactosemia clásica, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita.

En 1988, la Secretaría de Salud emitió una norma técnica que estableció la prevención del retardo mental causado por hipotiroidismo congénito a través de la realización del examen de tamiz a todos los recién nacidos, y quedó incorporada con carácter de obligatoriedad en la Norma Oficial Mexicana en 1995.

Sin embargo, los resultados del tamiz neonatal ampliado, han demostrado que si se realiza para la detección de 54 enfermedades o más, es conveniente primero, realizar pruebas especiales para cada padecimiento que nos indique el tratamiento disponible, ya que la frecuencia de los EIM tiene importantes variaciones regionales y poblacionales.

El Hospital infantil de México 3 señala, que dado que el tamiz neonatal es un programa de salud pública, para su aplicación se requiere tanto de financiamiento como de los mecanismos logísticos de las agencias gubernamentales, en virtud de que las decisiones sobre el camino que dicha práctica sigue, son tomadas de manera general por los encargados de las instancias del gobierno que dirigen el programa.

Actualmente en México, el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaria Salud es el encargado de operar el programa de tamiz neonatal, no obstante, el sistema de salud en nuestro país resulta complejo e incluye a múltiples instituciones, cada una de ellas con distintas fuentes de subvención y con sus propios lineamientos, y en el caso específico del tamiz neonatal, no existe un convenio que unifique las políticas interinstitucionalmente sobre el tamiz neonatal en nuestro país.

Un estudio elaborado por la Secretaría de Salud en conjunto con otras instituciones, señala que en México, entre 2001-2002, se encontró una prevalencia del 4.12 casos por cada 10,000 recién nacidos con respecto al hipotiroidismo congénito. De igual manera establece que la incidencia con respecto a este trastorno reportada por el Instituto Nacional de Perinatología de 1997 a 2003 fue dos a tres veces mayor que la reportada a nivel nacional, sin embargo el estudio fue realizado en mujeres de alto riesgo.

Al respecto la Ley General de Salud establece un capítulo específico para la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. Además de que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende diversas acciones entre ellas:

La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; la revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; la aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar, entre otras.

No obstante, especialistas en la materia han señalado4 que “él éxito continuo de los programas de tamiz metabólico ampliado depende del desarrollo de las capacidades de vigilancia y mejora continua. Además, los resultados de salud de los niños afectados por estos trastornos deben ser monitoreados para tener una mejor comprensión de la respuesta de los tratamientos clínicos y para la elaboración de nuevos enfoques de tratamiento”.

Para lograr estos objetivos, también es fundamental la sensibilización, educación, preparación y compromiso del personal de salud involucrado en el proceso (enfermeras, médicos, pediatrías, endocrinólogos, médicos especialistas, técnicos, trabajadoras sociales, etc.), así como la difusión y sensibilización dirigida a la población en general.

Actualmente en México, a partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002 el tamiz neonatal debe practicarse de manera obligatoria por el personal de salud que brinda atención en el campo de la salud reproductiva de las instituciones públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, resulta una preocupación de la que suscribe la necesidad de difundir y promover el toda la población, especialmente en la mujeres embarazadas la relevancia del tamiz neonatal, así como informarlas durante las consultas prenatales de la importancia y beneficios de esta prueba en los recién nacidos.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Salud diseñe e implemente acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas de difusión, orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos, dirigida a la población en general y de manera más específica a las mujeres embarazadas.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe puntualmente a esta H. Soberanía los resultados e impacto que ha tenido en la población el programa de tamiz neonatal ampliado que opera el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez”.


1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2013) “Estadísticas a propósito del Día del Niño, Datos Nacionales”, disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/ni%C3%B1o0.pdf

2 Dautt Leyva JG, Aguilera Lizárraga (2012) M. Cápsula Científica “Tamiz Neonatal Ampliado”, Sociedad Médica del Hospital General de Culiacán. Vol. 6 No.1 pp 28-29. 

3 Hospital Infantil de México, (2009) “Variabilidad interinstitucional del tamiz neonatal en México”, Boletín Médico del Hospital Infantil, Méx. Vol. 66 no. 5 disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462009000500006

4 Dautt-Leyva JG, Aguilera Lizárraga M, (2012) M. Cápsula Científica “Tamiz Neonatal Ampliado”, Sociedad Médica del Hospital General de Culiacán. Vol. 6 No.1 pp 28-29. 






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO DERIVADO DEL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 DEL BANCO DE MEXICO Y EL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2013 REALIZADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION DERIVADO DEL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 DEL BANCO DE MEXICO Y EL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2013 REALIZADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Informe del Cuarto Trimestre de 2014 al Banco de México

El Banco de México tiene como finalidad, de acuerdo con el artículo 2 de su Ley, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Esta finalidad se ha malentendido por sus Gobernadores como un mero control inflacionario, sin importar las demás variables de la economía mexicana.

Es por ello relevante atender el informe rendido por dicho organismo autónomo el pasado 18 de febrero en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 51 de la Ley del Banco de México y respecto al cuarto trimestre de 2014. Este informe, sin embargo, mantiene la misma dinámica de los anteriores informes.

Como ya se ha señalado, el tema principal del informe del Banco es el manejo de la inflación. Al respecto advierte que después de los choques inflacionarios de principios de 2014, provocados por las modificaciones fiscales y otros fenómenos, la inflación pasó de 4.30% en octubre de 2014 a 3.07% en enero de 2015.1 Esta sola mención es insuficiente para conocer el efecto de las variaciones en los precios que afectan a la mayoría de la población.

Dentro de las variaciones a que nos referimos destaca el índice de precios de la canasta básica que presentó una tasa de variación anual de 2.94%, en tanto que en 2014 fue de 6.17%.2 Esta reducción pareciera una buena noticia, pero hay que tomar con cautela. Por su parte el índice de precios de los alimentos creció 5.35%, comportamiento que pudiera ser más estable durante el año.3 Este aumento ya se comió el raquítico 4.2% que se dio al salario mínimo, el que por cierto no alcanza ni para comprar la canasta básica alimentaria.

Para 2015, el Banco de México mantiene la meta de inflación de 3.0% más menos uno por ciento. Pero identifica los siguientes riesgos al alza:

● que se mantenga el tipo de cambio en los niveles actuales o superiores;

● que exista una recuperación económica que aumente la demanda y presiones a los precios.

Por ello el Banco de México dice que estará atento a estos fenómenos para tomar medidas que los contrarresten. Esto significa que intervendrá en el mercado de divisas cuando se produzcan devaluaciones significativas. También aplicará medidas monetarias restrictivas en el improbable caso de que la demanda interna se reactive. Lo anterior es preocupante ya que implicaría elevar las tasas de interés para encarecer el crédito y así frenar una demanda que de por sí está estancada.

Respecto a la actividad económica, el Banco de México revisó a la baja su pronóstico para 2015 y 2016. Para este año lo ubica entre el 2.5 y el 3.5% en vez del 3.0 al 4.0% que había pronosticado en su reporte anterior. Para 2016 lo baja a entre 2.9 y 3.9% en vez del 3.2 a 4.2% de su reporte previo.4 Esto resulta muy significativo, toda vez que durante todo lo que va de la administración de Peña Nieto, cada trimestre, tanto el Banco de México como la SHCP, han revisado sus pronósticos a la baja, lo que demuestra la ineficiencia de las autoridades responsables de la política económica.

También es muy significativo que de manera reiterada el Banco de México atribuya el pobre desempeño económico y la disminución de sus pronósticos a factores externos, como: la economía mundial, la volatilidad de los mercados financieros internacionales y los precios del petróleo. Por lo menos, en el informe que se comenta ya incluye un factor interno: el deterioro social que se ha manifestado en los últimos tiempos. No obstante, evita cualquier mención respecto del modelo de desarrollo, lo que implícitamente significa que está de acuerdo con él, a pesar de que nunca ha funcionado en los casi 30 años que lleva vigente.

Asimismo omite referirse a la enorme ineficiencia, despilfarro y corrupción con que se utilizan los recursos públicos. Solamente pondera la “disciplina fiscal” con que opera el Gobierno, entendiendo por ésta el mantener un déficit aparentemente manejable y deja de lado la eficiencia recaudatoria y del gasto, que la Auditoría Superior de la Federación documenta ampliamente en su informe sobre la revisión de la cuenta pública 2013.

En cuanto a las perspectivas para un mayor crecimiento, el Banco de México las limita a que los Estados Unidos crezcan más y a que las llamadas “reformas estructurales” funcionen. Para que eventualmente las reformas estructurales funcionen es indispensable que se remuevan las principales limitantes que, según el Foro Económico Mundial, impiden hacer negocios en México: la corrupción, la ineficiencia del Gobierno y la inseguridad. Es sorprendente que la autoridad monetaria, de clara tendencia neoliberal, no tome en cuenta por lo menos los planeamientos de un organismo internacional que tiene su misma ideología.

En síntesis, el informe del Banco de México no presenta nada nuevo. Repite prácticamente lo mismo que reiteradamente ha dicho en sus reportes anteriores. Mientras mantenga más o menos controlada la inflación, lo que es su misión, para qué proponer cambios de fondo o hacer diagnósticos y propuestas que verdaderamente contribuyan a resolver los graves problemas estructurales.

2. Informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la revisión de la Cuenta Pública 2013

Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe sobre la revisión de la Cuenta Pública 2013. Esta tiene la importancia de ser la primera evaluación de las finanzas públicas durante la administración de Peña Nieto. Los resultados son apabullantes. De manera general destacan los siguientes aspectos:

● El informe destacan enormes deficiencias detectadas en la recaudación fiscal y en la aplicación y eficiencia del gasto público. De igual modo, la Auditoría modifica la presentación del informe general con el propósito de hacer más comprensibles los resultados.

● La ASF pone de manifiesto un aspecto ampliamente conocido y de gran trascendencia: el limitado impacto que tiene la labor fiscalizadora en la solución de problemas detectados, en la mejora operativa y en la sanción a actividades incorrectas e incluso delictivas. De este modo insiste en que es indispensable el diseño e implementación efectiva de un Sistema Nacional Anticorrupción.

En este caso sólo baste señalar que como resultado de las auditorías se detectaron recuperaciones probables por $50,721 millones, de los cuales sólo se han recuperado $5,804, cifra que podría aumentar a $12,435 millones si se alcanza en pobre porcentaje de 22% logrado en años anteriores. Esta es una evidencia del bajo impacto de la fiscalización.

La ASF atribuye esta deficiencia a que las recuperaciones son responsabilidad de las entidades ejecutoras del gasto, a través de sus órganos internos de control, los que no están cumpliendo con su cometido. Esto es muy relevante y fortalece la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción que verdaderamente funcione. Es desesperante que a pesar de que cada vez se cuente con mayor información y salgan a la luz pública casos de usos indebidos de recursos e ineficiencias en su aplicación, no pase prácticamente nada y las autoridades en vez de solucionar los problemas hagan todo lo posible por justificarlos o desvirtuarlos.

● El informe de la ASF también pone de manifiesto que el mecanismo de revisión de la cuenta pública con 14 meses de retraso es insuficiente para que sea efectivo.

● En la revisión de la cuenta pública 2013, la ASF realizó 1,413 auditorías individuales, cuyos resultados específicos los publicó en su página de Internet. De dichas auditorías se desprendieron 10,861 deficiencias que incluyen malos manejos de recursos públicos, deficiencias administrativas y políticas públicas inadecuadas. Dichas deficiencias las clasificó en 13 temas, que llama áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público. Es interesante esta clasificación ya que identifica los problemas más importantes que se presentan en el quehacer público y que deberían ser la base para el diseño y aplicación de programas efectivos para solucionar la problemática. Así mismo apunta líneas generales de solución. La ASF también hace una serie de recomendaciones para solucionar las irregularidades detectadas, incluyendo 65 propuestas de modificación a 15 ordenamientos legales y la creación de 5 nuevas leyes.

El difícil entorno económico que ha sufrido el país durante los dos primeros años de esta administración y que continuará por lo menos durante 2015 y 2016, ya obligó al Gobierno a reducir el gasto público y aceptar por fin que se requiere una reestructuración integral del gasto para 2016, aplicando lo que se denomina presupuesto base cero y abandonar la práctica de hacerlo sobre bases inerciales.

La falta de credibilidad y la desconfianza en el Gobierno sigue en aumento, y cada vez que trata de convencer a la sociedad de logros inexistentes, como la declaración de Videgaray de que el crecimiento del PIB de 2014 demuestra que la economía se está “acelerando”5, resulta contraproducente y provoca una mayor irritación social.

Las tareas por venir son de tal trascendencia que no pueden dejarse a la discrecionalidad del Ejecutivo, porque ya ha demostrado una y otra vez que no tiene voluntad política para reconocer sus errores y proponer alternativas a la ruta trazada en el inicio del gobierno. Por ello el Congreso y la sociedad deben jugar un rol muy importante en este proceso.

Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en un período no mayor de treinta días naturales, remita a esta Soberanía un plan de acción en el que incluya el análisis de posibles cambios al recorte al gasto público anunciado en enero pasado, considerando los resultados del Informe del Banco de México, que implicó un ajuste a la baja de la previsión del crecimiento económico para 2015, así como las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013, todo ello con el objetivo de alcanzar un ejercicio más eficiente del gasto para 2015.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de trabajo plural y pública, con la participación de legisladoras, legisladores, académicos y representantes de la sociedad civil organizada,  con la finalidad de analizar el diseño del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, considerando el ajuste de las expectativas de las principales variables macroeconómicas, así como las recomendaciones para solucionar las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2013.

Dado en el Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 Banco de México, Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2014, http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BCD08EC33-68C4-C3C2-25F8-69C5786988B8%7D.pdf, p. 3, consultado el 23 de febrero de 2015

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Nota Técnica: Indice Nacional de Precios al Consumidor Enero de 2015, p. 8, http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/inpc2a.pdf, consultado el 23 de febrero de 2015.

3 Banco de México, Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2014, p. 5

4 Ibidem, p. 55

5 Carbajal, Braulio. “La economía se está acelerando: Videgaray”. En Milenio, 20 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.milenio.com/negocios/PIB_Hacienda_economia-Videgaray_economia_Mexico-crisis_economica_0_467953322.html   Consultado el 23 de febrero de 2015.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis en aquéllos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A CAPACITAR Y FORTALECER SUS POLICIAS CIBERNETICAS Y, EN SU CASO, CREARLAS, CON EL OBJETO DE ATENDER LOS DELITOS QUE SE REALIZAN A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, CON ENFASIS EN AQUELLOS RELACIONADOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

“La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 05 de diciembre de 2014.

Dicha iniciativa turnada por el Ejecutivo Federal fue analizada y discutida en observancia con el principio del interés superior del niño y los instrumentos internacionales en la materia, además de que se consideraron las opiniones de los actores involucrados, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales y la academia que han luchado por la garantía y respeto de los derechos de la niñez en México.

El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Asimismo, esta Ley contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.

Ahora bien, en específico la Ley en su Capítulo Octavo contempla el “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal” y establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Así también, que las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados .

En ese tenor es importante visualizar el aumento en delitos como el acoso sexual en medios electrónicos. Otro ejemplo es la pornografía infantil que es una de las formas de explotación infantil y puede tratarse de representaciones visuales y descriptivas. Cabe resaltar que en los últimos años, este delito que lacera a la infancia, se realiza a través del Internet.

De conformidad con informes de la Procuraduría General de la República (PGR), las organizaciones delictivas han generado nuevas estrategias mediante las cuales el número de niños, niñas y adolescentes víctimas ha aumentado, pues en el 2013 fueron detectadas al menos 12 mil 300 cuentas personales de internet, desde las cuales se difunde pornografía infantil. Desde el 2012 de las 274 víctimas atendidas por la Procuraduría hasta la fecha, 87 de ellas (31.7 por ciento) tienen menos de 18 años, y todas fueron ubicadas en redes sociales.

Por otro lado, a principios de mayo del año pasado, la PGR fue informada por el National Center for Missing and Exploited Children de que México ocupa ya el primer lugar a nivel mundial en cuanto emisión de material pornográfico infantil.

En virtud al aumento de la pornografía como una de las diversas modalidades de trata de personas a nivel mundial, se desprende la necesidad del buen uso de los medios electrónicos.

Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) difundió una guía de seguridad ONLINE, de la misma manera, la Secretaría de Educación Pública difundió también una guía para el buen uso de las redes sociales en las escuelas, sin embargo, es importante que las niñas, niños y adolescentes cuenten con información permanente al respecto, pues continuamente se generan nuevos fenómenos que atentan contra sus derechos.

El grooming es un ejemplo de ello, el cual es considerado como una forma en que se manifiesta el acoso sexual en la Red hacia los menores de edad.

Al respecto investigadores del UNICEF publicaron su informe Child Safety Online: Global challenges and strategies en el cual se reconoce que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no han creado los delitos de abuso y explotación sexual de menores de edad, pero si han llevado a estos delitos a una escala y potencial mayor.

Este informe advierte que el grooming como uno de los principales riesgos que amenazan a la niñez y alertan sobre la necesidad de que se visualice sobre estos problemas en los medios electrónicos en los programas públicos de protección de la infancia.

El estudio realiza una definición de online grooming que excluye la necesidad de engaño, y lo amplía a cualquier persona que intente contactar con un(a) menor de edad con intenciones sexuales, aunque lo haga abiertamente. Estas intenciones según el estudio se centran en un contacto sexual online, generalmente vía webcam, y que genera material que es compartido más tarde con otros, y que en algunas ocasiones lleva o pretende llevar a un encuentro sexual físico.

De conformidad con el informe los lugares de la Red donde se realiza habitualmente el grooming son salas de chat, redes sociales online y servicios de mensajería instantánea.
Por otro lado, el informe recomienda una estrategia para combatir estos fenómenos en la red y contiene cuatro objetivos principales al respecto:

● Empoderar a los niños y promover su resiliencia.

● Acaban con la impunidad de los abusadores.

● Reducir la disponibilidad del material nocivo de Internet.

● Promover la recuperación de los niños víctimas de abusos y otros daños.

En conclusión, si bien se han realizado acciones en nuestro país para atender los fenómenos y problemáticas que se generan en la red, se requieren de mayores esfuerzos para evitar que delitos en medios electrónicos, en especial aquellos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, continúen en aumento.

Al respecto por mencionar algunos de los estados que cuentan con Policías Cibernéticas son el estado de México, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, así como el Distrito Federal.

Estas Policías Cibernéticas tienen como principal objetivo prevenir la comisión de delitos en los que se utiliza como medio de operación el internet a través de monitorización de sitios en la web, además de que trabajan en coordinación con las Procuradurías de Justicia para la investigación de los delitos.

Lo anterior refleja la necesidad de que estas Policías junto con las Procuradurías redoblen sus esfuerzos para la atención de dichos delitos, pero sobre todo, se capacite continuamente al personal en virtud de los nuevos fenómenos que se desarrollan en la red.

Por otro lado, es importante la atención adecuada que se debe proporcionar a la víctima, más aún, tratándose de niñas, niños y adolescentes y del trato especializado que se les debe proporcionar.

Una medida importante es que las autoridades generen mecanismos de atención inmediata como lo son, números de emergencia exclusivamente para atender a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de delitos realizados a través de medios electrónicos, o en su caso centros de atención para estas víctimas.

Asimismo medidas de prevención permanentes en las instituciones educativas haciendo énfasis en la necesidad del buen uso de los medios electrónicos.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez mexicana

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus Policías Cibernéticas, y en su caso, a crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis, aquellos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a llevar a cabo mecanismos de atención inmediata para las víctimas de estos delitos.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en las instituciones educativas se realicen campañas informativas permanentes sobre el buen uso de los medios electrónicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez”.


Artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Procuraduría General de la República, FEVIMTRA.

Mtra Nelly Montealegre, Fiscal Especial de la PGR para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.






De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo a la Cámara de Senadores, a fin de informar sobre los avances de las investigaciones y los resultados obtenidos a más de dos meses de la creación de la oficina especial para el Caso Iguala. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO A ESTA SOBERANIA, A FIN DE INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS A MAS DE DOS MESES DE LA CREACION DE LA OFICINA ESPECIAL PARA EL CASO IGUALA

“Los suscritos, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senadores de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO A ESTA SOBERANIA, A FIN DE INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS A MAS DE DOS MESES DE LA CREACION DE LA OFICINA ESPECIAL PARA EL CASO IGUALA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías del municipio de Iguala, Guerrero, abrieron fuego contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, así como también en contra de integrantes del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”. Los primeros informes reportaron la muerte de tres estudiantes, un jugador de futbol, el chofer del autobús del equipo de futbol y la pasajera de un taxi, además de la desaparición de 57 estudiantes normalistas.

2.- El día 30 de septiembre se reportó que 14 estudiantes ya habían regresado a sus hogares y permanecían 43 normalistas desaparecidos. Posteriormente y tras diversas investigaciones, fue señalado un vínculo entre la policía municipal y el grupo criminal “Guerreros Unidos”, que actuando bajo las ordenes de José Luis Abarca, Presidente Municipal de Iguala, y de su esposa María de los Angeles Pineda Villa, fueron los que presumiblemente dieron la orden para evitar que los estudiantes llegaran a su destino. Tanto el Presidente Municipal como su esposa fueron detenidos en la demarcación Iztapalapa del Distrito Federal el 4 de noviembre de 2014.

3.- La señora María de los Angeles fue trasladada el 04 de enero del presente año, a un centro de reclusión federal en Tepic, Nayarit, luego de que un juez federal emitiera una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; y a quien por cierto le fuera negado el amparo por presuntas violaciones a sus derechos humanos durante el procedimiento judicial e incomunicación por parte de personal de la Procuraduría General de la República.

4.- Por lo que respecta a la actuación del ex Alcalde José Luis Abarca, según investigaciones fuera quien dio la orden a la policía municipal detenerlos al suponer que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposaMaría de los Angeles Pineda, para lo que pidió apoyo a la policía del vecino municipio de Cocula. Como resultado de dicha “detención” resultaron fallecidas seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más quedaron en calidad de desaparecidos, todos ellos estudiantes de la escuela rural. A continuación, se hace un resumen de los acontecimientos más relevantes sobre el caso:

● El 16 de octubre crece la movilización estudiantil por desapariciones de normalistas de Ayotzinapa. Las principales universidades a través de sus asambleas estudiantiles acordaron realizar un paro de labores de 48 horas, (30 escuelas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo), en “solidaridad” con los estudiantes de Ayotzinapa.

● El 22 de octubre la PGR establece una nueva línea de investigación: reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso reconoce a ésta última como la principal operadora. Murillo Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes.

● El 23 de octubre el gobernador Angel Aguirre solicita licencia a su cargo, “para favorecer un clima que ponga la atención en la solución (…)”.

● El 25 de octubre durante la madrugada, el Congreso de Guerrero aprobó la solicitud de licencia de Angel Aguirre.

● Estudiantes de 80 escuelas de México, que conforman la Asamblea Interuniversitaria, convocan a la Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional y a realizar un paro y movilizaciones nacionales el 5 de noviembre, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

● El 26 de octubre, a un mes de la desaparición de los normalistas, Salvador Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador sustituto de Angel Aguirre Rivero para concluir el periodo 2014-2015. En su primer mensaje aseguró que la prioridad de su gestión será intensificar la búsqueda de los 43 normalistas.

● El 27 de octubre dos de los cuatro últimos detenidos por el caso Ayotzinapa, afirmaron haber recibido a un numeroso grupo de personas que se presume fueron los normalistas, informó el procurador Murillo Karam en conferencia de prensa.

● Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras la reunión que duró unas 5 horas, los padres dijeron que no confían en las investigaciones del gobierno federal sobre el paradero de los jóvenes. Asimismo, el gobierno federal aceptó 10 compromisos relativos a la búsqueda de los jóvenes.

● El 5 de noviembre se realizó la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Miles de personas marcharon en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los normalistas. Al mismo tiempo, al menos 115 escuelas en todo el país iniciaron un paro nacional de tres días por la causa.

● El 7 de noviembre, familiares de los 43 estudiantes se reunieron nuevamente con el procurador Jesús Murillo Karam en el hangar del aeropuerto de Guerrero.

● El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en la identificaron de los cuerpos encontrados en Guerrero, informó que no hay relación genética entre los restos recuperados en Cocula, Iguala y La Parota con los 43 normalistas desaparecidos.

● El 18 de noviembre se formalizó el acuerdo por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará asistencia técnica a las autoridades mexicanas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre pasado.

● El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, tras los hechos de violencia ocurridos después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayozinapa, pareciera que hay un “afán orquestado por desestabilizar al país” y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno.

● Durante la marcha del 20 de noviembre se detienen a 11 personas por diversos motivos remitiéndolos a los penales federales Femenil, número 4 de Tepic, Nayarit, y número 5 de Villa Aldama, Veracruz, la CNDH envía visitadores para entrevistarse con las 11 personas ya consignadas.

● El 25 de noviembre el equipo de antropólogos forenses de Argentina que participan en la búsqueda de los normalistas desaparecidos informó que tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, Guerrero, no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.

● Para el 14 de diciembre el Senado de la República recibe información de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, en donde destaca que hay 80 detenidos y determina que 16 personas participaron en el presunto homicidio e incineración de un número indeterminado de personas, también refiere la detención de 44 policías municipales de los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero, que están relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos.

● El 9 de enero, padres de familia de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa, acompañados por miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Ayutla y San Luis Acatlán anunciaron que reanudarían la búsqueda de los estudiantes ausentes desde el pasado 26 de Septiembre. Las brigadas partirían a pie desde el paraje conocido como “Filo de Caballo” del 10 al 15 de enero desde las cinco de la mañana y pernoctarán en la sierra.

5.- El martes 27 de enero del 2014, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que “los normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”. Desatancando la numeraría siguiente:

● El expediente se integró por 85 tomos y 13 anexos

● 487 dictámenes periciales

● 99 detenidos

● 386 declaraciones

● 39 confesiones

● 2 reconstrucciones de los hechos

● 16 cateos

● 153 inspecciones ministeriales

6.- La noche del martes 27 de enero, los padres de los normalistas, mediante el comunicado suscrito por los mismos y elaborado en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., rechazaron a través de una lista de 10 puntos los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República.

CONSIDERACIONES

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o Decreto.

II.- Que de acuerdo artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo encargado de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en nuestro país; así como conocer sobre quejas en contra de actos u omisiones por parte de las autoridades administrativas, que violen los derechos.

III.- Que el artículo 3º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que dicho organismo actuará cuando en un mismo hecho estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios. Por lo que en el presente asunto, es claro y evidente que se señalan múltiples violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de la escuela normal, por alguna acción u omisión de diversas autoridades municipales, estatales y/o federales.

IV.- Que de acuerdo con el Comunicado de Prensa CGCP/354/14 de fecha 18 de diciembre de 2014, el Titular de la CNDH comunica sobre la creación de una Oficina Especial para el Caso Iguala, nombrando como Titular al maestro José T. Larrieta Carrasco, quien será el encargado de atender las violaciones graves a los derechos humanos de los acontecimientos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre; así como mantener una comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos, aunado al fortalecimiento de las tareas que permitan determinar las conductas u omisiones violatorias a los derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir, antes durante y después de los referidos acontecimientos. Asimismo, se señala que dicha Oficina deberá impulsar la integración del expediente de queja, procurar que la información sea proporcionada y analizar las constancias que obren en averiguaciones previas, para identificar probable violación a los derechos humanos.

En este sentido, y de acuerdo con el comunicado de Prensa marcado con el número CGCP/018/15, fechado el pasado 15 de enero, emitido por esa Comisión Nacional, se comunica lo siguiente:

...

1.- El Ombudsman nacional instruyó a la Oficina Especial de la CNDH para el caso Iguala, que continúe el análisis exhaustivo de las actuaciones de la PGR, a fin de no dejar ni un solo cabo suelto, para determinar las violaciones graves a los derechos humanos, derivados de los acontecimientos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre pasados.

El 18 de febrero, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuvo una reunión con los representantes, padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, con el objeto de comentar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas e intercambiar puntos de vista sobre los avances en las investigaciones del caso Iguala.

Asimismo, el artículo 43 de la Ley de la CNDH, establece que la Comisión Nacional podrá dictar acuerdos de trámite que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación, respecto de violaciones a los derechos humanos.

IV.- Que el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es clara al referir que las autoridades y servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas e inconformidades ante la CNDH.

Aunado a lo anterior, es de señalar que el artículo 71 de la referida ley faculta a ese Organismo Nacional para que pueda rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus investigaciones. Así como la obligación de la misma, para denunciar ante los órganos competentes los delitos o faltas hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos que se trate.

IV.- Que se tiene conocimiento de diversos comunicados de prensa emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entorno a los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo, se desconocen los avances de las investigaciones que realiza la CNDH a través de la Oficina Especial para el caso Iguala.

En resumen y dado que la Procuraduría General de la República ha presentado sus conclusiones respecto de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y ante la inconformidad de los padres de los estudiantes, resulta indispensable conocer sobre los avances que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como coadyuvar en caso de ser necesario, con dicho Organismo Nacional a fin de que pueda presentar sus recomendaciones a la mayor brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que asista a una reunión de trabajo a esta Soberanía, a fin de informar sobre los avances de las investigaciones y los resultados obtenidos a más de dos meses de la creación de la Oficina Especial para el Caso Iguala.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito”.






De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia. Se turna a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DIA NACIONAL DE LA FAMILIA

“Los suscritos Senadores LISBETH HERNANDEZ LECONA, JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MAYELA MARIA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, MELY ROMERO CELIS Y MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea; PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DIA NACIONAL DE LA FAMILIA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que la “Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, dicho reconocimiento también se encuentra contemplado en otros instrumentos internacionales como: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este ultimo establece: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.

Aunado a lo anterior respecto al tema de la familia, a nivel internacional el año pasado en conmemoración al XX Aniversario del año Internacional de la Familia 2014, se llevó a cabo la “Cumbre Transatlántica” con una serie de mesas redondas con expertos en materia de familia, con el fin de fortalecer la familia para un desarrollo sostenible.

Por lo que respecta a México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la Familia”.

En nuestro país la familia es considerada la institución cultural más importante para la población, es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano y la base de su desempeño en la vida, ya que provee la plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal.

Diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad mexicana, incluso en otros países como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2008, la familia es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se aplicó en 57 países, la familia es “muy importante” para 90.1% de los entrevistados considerados en conjunto, porcentaje bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados: trabajo (62.8%), religión (48.2%) amigos (47.8%), tiempo libre (35.1%) y política (14.3%).

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mayor proporción de hogares en México es de tipo familiar (90.5 por ciento), de acuerdo al censo de Población y Vivienda 2010, en el país habitan 112 millones 336, 538 personas viviendo en 28 millones 696,180 hogares.

Si bien hogar no es sinónimo de familia, tradicionalmente este concepto ha sido utilizado como aproximación de esta, ya que por medio del vínculo que cada uno de los miembros del hogar tiene con el jefe(a) (ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), se pueden conocer las distintas formas de organización de los hogares.

Cabe hacer mención que en nuestro país se observa un cambio profundo en las estructuras familiares, existen distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como el aumento de separaciones y divorcios entre las parejas, entre otros más.

De ahí que la conmemoración del “Día Nacional de la Familia”  la cual fue instaurada por decreto presidencial a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2005, a celebrarse el primer domingo de marzo de cada año, es propicia para fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad. El principal objetivo de esta celebración es transmitir los valores representativos de la familia, involucrando al mayor número de sectores posible. Teniendo como finalidad generar mayor conciencia de la transcendencia social de la familia, edificar una cultura favorable hacia ella, e impulsar la capacidad de las instituciones para la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema.

A la fecha diferentes sectores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otras autoridades han sido quienes han fomentado la celebración de tan importante fecha.

Por lo que resulta necesario que las instituciones gubernamentales de carácter social se involucren en la celebración del Día Nacional de la Familia, con el fin de fomentar y fortalecer la importancia y el valor de la familia en nuestra sociedad.

Es por ello que en el marco de la celebración del Día Nacional de la Familia, se propone exhortar a las Entidades Federativas y al Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes lleven a cabo diversas actividades para fomentar en la sociedad dicha celebración, con el fin de contribuir a la unión familiar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DIA NACIONAL DE LA FAMILIA.

Salón de sesiones, el 26 de febrero de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María del Rocio Pineda Gochi.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez”.






Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día Mundial del Trasplante”.

Día Mundial del Trasplante

27 de Febrero

De forma inesperada, la vida de miles de familias cambia de manera drástica en el momento que alguno de sus seres queridos requiere un trasplante de órgano. Sin embargo, también de manera inesperada, la vida les sonríe a algunas personas que tienen la fortuna de encontrar en sus hermanos, padres o tías, algo más que cariño y amor: otra oportunidad de vivir.

México tiene un rezago en trasplantes de órganos respecto de otros países de América Latina, según cifras de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa.

En el 2012 nuestro país tuvo una tasa de 24.1 trasplantes por cada millón de habitantes, cifra baja si se compara con países como Argentina (43.4), Uruguay (38.2), Brasil (36.8) y Costa Rica (30).

Si bien en México el crecimiento en materia de donación de órganos ha sido gradual y pausado, con el esfuerzo conjunto de las instituciones médicas, el gobierno y sobre todo la sociedad civil, el país se encuentra aún muy por debajo de las naciones punteras.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensifica la campaña de donación altruista de órganos informando que es una acción por medio de la cual muchos pacientes pueden tener una recuperación.

Y es que al recibir algún órgano ante problemas renales, oftalmológicos, hematológicos, cardiacos o hepáticos, sin duda, se tiene una mejor calidad de vida.

El IMSS informó que desde hace años se tiene el compromiso de fomentar la cultura de donación de órganos, tarea que se ha convertido en prioridad informativa con el objetivo de erradicar mitos y estigmas de esta práctica altruista, símbolo de humanismo y generosa solidaridad que, afortunadamente, se manifiesta con mayor frecuencia entre los mexicanos.

La donación de órganos representa la esperanza de una o varias personas con padecimientos crónicos para salvarse y en la mayoría de los casos para mejorar sustancialmente su calidad de vida, ya sea recuperando la visión o con mejor funcionalidad de sistemas vitales.

Para que se realice un trasplante no basta tomar la decisión de ser donador, sino que debe ser una determinación compartida, con la finalidad de que la familia y personas cercanas conozcan la voluntad de convertirse en salvador de vidas después de su muerte.

Los invito a intensificar la difusión de acciones que promuevan la cultura de la donación a efecto de así generar permanentemente una conciencia y cultura sobre la importancia de donar sus órganos, células y tejidos para salvar una o múltiples vidas.

Atentamente,

Jueves 26 de Febrero de 2015
H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día de las Enfermedades Raras”.

Día de las Enfermedades Raras

28 de Febrero

El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra cada día último de febrero, cuyo objetivo es crear conciencia entre la sociedad y los tomadores de decisiones acerca de estas enfermedades y su impacto en la vida de los pacientes.

Este tipo de enfermedades genéticas o degenerativas, por ser poco conocidas, producen efectos muy graves tanto en la salud, como en la actividad económica, social, familiar y emocional de las personas que las padecen.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo existen alrededor de 7 mil enfermedades de este tipo y que 80% tienen orígenes genéticos, que implican uno o varios genes o anormalidades cromosómicas y que pueden ser heredadas o derivadas de una mutación.

También que pueden ser ocasionadas por infecciones bacteriales o víricas y por alergias o debido a causas degenerativas o teratogénicas (productos químicos, radiaciones, etc.), e inclusive por una combinación de factores genéticos y medioambientales.

La mayoría de esta clase de enfermedades los mecanismos etiológicos son todavía desconocidos debido a la falta de investigación para encontrar la fisiopatología de la enfermedad, por lo cual el diagnóstico certero en ocasiones puede tardar años para identificar la patología específica.

Estas enfermedades representan un problema médico nuevo, y por tanto generan la necesidad de aprender a descubrir y reconocer la excepción, de realizar investigación con el objetivo de progresar en el conocimiento de la enfermedad, de compartir información y experiencia, y de organizar redes apoyadas por otras instituciones que cuenten con un mayor conocimiento en esta clase de patologías, tanto nacionales como extranjeras.

La compleja naturaleza de la mayoría de las enfermedades raras, junto con el acceso limitado a tratamientos y servicios, significan que los miembros de las familias suelen ser la primera fuente de solidaridad, apoyo y atención a las personas con enfermedades raras. 

Día a día, codo con codo, los pacientes, familias y organizaciones unen sus fuerzas para encontrar soluciones comunes, abogando por tratamientos, atención, recursos y servicios en solidaridad con todas las partes interesadas: cuidadores, profesionales sanitarios, servicios sociales especializados, investigadores, compañías farmacéuticas, diseñadores de políticas y organismos reguladores.

El Día de las Enfermedades Raras 2015, hagamos conciencia de los retos diarios al Vivir con una enfermedad rara.

Atentamente,

Jueves 26 de Febrero de 2015
H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la ejecución del emperador Cuauhtémoc.

“El 28 de febrero de 1525, es ejecutado el Emperador Cuauhtémoc, último emperador Mexica, por órdenes de Hernán Cortés, quien lo acusará de una supuesta conspiración en su contra. Junto con Cuauhtémoc, mueren los reyes Tetlepanquétzal y Coanacoch, de Tlacopan y Tezcoco, respectivamente. Sus cadáveres quedaron abandonados. El cadáver de Cuauhtémoc fue trasladado clandestinamente a Ixcateopan, del hoy Estado de Guerrero, (donde naciera en 1502 probablemente), bastante lejos de donde ocurrió la muerte del señor de Tenochtitlan, se encontraron osamentas, un cráneo y una placa de cobre inscrita en una de las iglesias del lugar, que, se dijo, eran los restos de Cuauhtémoc, estos trabajos fueron dirigidos por la eminente historiadora Eulalia Guzmán.

No obstante, estudios médicos y de otro tipo dieron por resultado que los huesos pertenecían a por lo menos ocho personas. El dictamen final de la Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Ichcateopan, después del examen realizado por diversos especialistas fue el siguiente: “No hay base científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Ichcateopan, Guerrero, sean los de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de México-Tenochtitlan”.

Sin embargo, no se necesita la presencia física de huesos o de otros elementos. Lo que representa Cuauhtémoc para el pueblo de México pervive por sí mismo. Sus palabras y recuerdo perduran en el tiempo. A Cuauhtémoc se le reconoce como símbolo de la mexicanidad por defender heroicamente a su pueblo de los conquistadores españoles.

México, D. F., 26 de febrero de 2015

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el martes 3 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:03 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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