Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 28

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Noviembre de 2014

SUMARIO                                              


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TURISMO MEDICO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DE TURISMO Y LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Martha Palafox Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, Adolfo Romero Lainas, María Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza Davis, Luz María Beristain Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique Mayans Canabal, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Salvador López Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar Cisneros, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Raúl Morón Orozco, Héctor Larios Córdova y Angel Benjamín Robles Montoya)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Salud; de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.













































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: (12:17 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 97 ciudadanos Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 25 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del miércoles diecinueve de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Carlos Alberto Puente Salas, su Informe Legislativo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en la Décima Edición de la Reunión Global del "Women´s Forum", llevada a cabo del 13 al 17 de octubre del año en curso, en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Programa de Actividades para el Tercer Año de la LXII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Salud, su Informe Anual Actividades, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del C. César Orlando Díaz Sánchez, padre de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los remite 113 hojas de servicios de personal naval, para ratificación de diversos grados.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a la Comisión de Marina, el viernes 14 de noviembre.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el remite 176 hojas de servicios de personal militar, para ratificación de diversos grados.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a la Comisión de Defensa Nacional, el viernes 14 de noviembre.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor de la C. María Luisa Beatriz López Gargallo, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Ucrania.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Miguel Angel Isidro Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor de la C. Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Guatemala.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Perú.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Carlos Quesnel Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del C. Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, un oficio con el que remite el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, por el que afirma que el número de ciudadanos solicitantes representados por el C. Héctor Melesio Cuén Ojeda, que proponen proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple con el requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional.- La iniciativa ciudadana se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en cumplimiento a lo que marca el inciso d) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción VIII al artículo 4 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Biblioteca y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de tecnologías de la información y comunicación, alfabetización digital y acceso sin costo a los servicios de banda ancha e internet dentro de los planteles educativos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 15 bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; el artículo 77 bis y el Apartado G al tercer párrafo de la fracción ii del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar y Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel, unidades de atención integral al paciente diabético e incluir dentro del cuadro básico los medicamentos genéricos destinados al tratamiento de la diabetes.- Intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen; Arquímedes Oramas Vargas del PRI; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Adolfo Romero Lainas del PRD; Marcela Torres Peimbert del PAN; y Miguel Barbosa Huerta del PRD.

2) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias estatales y municipales del estado de Baja California Sur, a mantener las medidas sanitarias suficientes que fortalezcan el saneamiento básico para evitar epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de las inundaciones provocadas por el Huracán “Odile"; asimismo, informar a esta Soberanía si encontró responsabilidades por parte de la mina Buenavista de Cobre, en materia de salud, y en su caso, cuáles serán las sanciones.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a reforzar las medidas de prevención y acciones que eviten las consecuencias generadas por vectores, en especial en aquellas zonas con mayor incidencia de enfermedades transmitidas por estos organismos.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito.

4) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas, procurando ajustar dichos criterios con estándares internacionales, como el denominado semáforo nutricional.- Intervino la Senadora Marcela Torres Peimbert para presentar el dictamen.

5) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones del sistema nacional de salud a establecer programas y líneas de acción específicas para el diagnóstico temprano, atención, tratamiento y control del cáncer de próstata.

6) Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre el número de inspecciones de verificación realizadas a expendios de venta de bebidas alcohólicas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y el número de sanciones emitidas en cada inspección, especificando aquéllas que se originaron por la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad durante el último año.

7) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal a promover la cultura de la cremación funeraria.

8) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar una campaña nacional que informe sobre los beneficios y, en su caso, perjuicios que pueden derivarse del inadecuado consumo de vísceras, en la salud humana, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”.

9) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar el 2 de abril "Día Nacional de la Integración de las personas con Autismo”; y exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión para el conocimiento de los trastornos del espectro autista, con la finalidad de sensibilizar a la población y coadyuvar a una oportuna identificación, diagnóstico y atención.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito.

10) Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de información ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales, diarreicas agudas y dermatológicas.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito.

11) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas que informen sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia que tiene un diagnóstico oportuno.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito.

12) Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a recabar, sistematizar y divulgar información precisa sobre el número de niñas y niños nacidos de forma prematura, así como los índices de morbilidad y mortalidad originados por este fenómeno a nivel nacional, estatal y municipal.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibieron cinco dictámenes de la Comisión de Marina, por los que se ratifican 113 grados navales.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Sin discusión, fueron aprobados en votación nominal por 77 votos en pro y 1 abstención.

 

Se recibieron doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, por los que se ratifican 176 grados militares.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Sin discusión, fueron aprobados en votación nominal por 78 votos en pro y 1 abstención.

(Proposiciones)

El Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Layda Sansores San Román,  Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a realizar las investigaciones y fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, derivado de la participación del gobernador del estado de Chihuahua en supuestos delitos de enriquecimiento ilícito.- En términos de los dispuesto por los artículo 109 y 110 del Reglamento el asunto no se consideró de urgente resolución. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias del estado de Sonora a informar sobre el procedimiento legal que se llevó a cabo para obtener los permisos de construcción de una presa al interior de "Rancho Nuevo", en la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, Sonora.- En términos de los dispuesto por los artículo 109 y 110 del Reglamento el asunto no se consideró de urgente resolución. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con hechos de corrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se remiten a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos para ocupar el cargo de magistrado electoral del estado de Campeche, cuya vacante se genera con la renuncia de la ciudadana Gloria Vilmary Pérez Escobar, magistrada del órgano jurisdiccional electoral de ese estado.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora y al sistema de salud de la entidad a instrumentar y reforzar las acciones en materia de prevención, detección y atención especializada para el tratamiento adecuado de las personas afectadas por la contaminación Río Sonora.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a informar sobre el grado de avance del programa de inspección y vigilancia en embarcaciones de la playa San Lázaro, ubicada en el puerto Adolfo López Mateos en el Golfo de Ulloa, Baja California, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la tortuga Caguama.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión sobre la agenda de derechos humanos propia de esa Comisión y la relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 una vez aprobado.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversos congresos estatales y al Distrito Federal a armonizar sus respectivos códigos civiles y de procedimientos civiles con los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de León, Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares y, en su caso, dictamine la probable responsabilidad y promueva el fincamiento de sanciones ante las autoridades competentes, en los términos de ley.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la propiedad de la familia presidencial ubicada en la Colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe pormenorizado sobre la situación actual de desempleo y desocupación que existe en los diversos sectores sociales, áreas geográficas y actividades económicas que existen en el país.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De las Senadoras Silvia Garza Galván y Luz María Beristáin Navarrete, con punto de acuerdo por el que se solicitan diversas acciones en materia de cambio climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a destituir a la ciudadana Claudia Brígida Navarrete Aldaco como delegada de esa Secretaría en el estado de Guanajuato.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar el programa de prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la economía nacional y las posibilidades de recuperación y crecimiento en el corto plazo, dados los hechos de inseguridad y los indicadores reportados recientemente.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a publicitar su declaración patrimonial con los requisitos que exige la ley.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a l Jefe de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los hechos ocurridos el 15 de noviembre del año en curso en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México; asimismo, se exhorta a capacitar en materia de derechos humanos a cada elemento que integra las diversas agrupaciones de seguridad pública en el Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Efemérides)

El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 190 aniversario de la creación del Distrito Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo martes veinticinco de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

Informo a la Asamblea, que en este momento recibimos una comunicación del Senador Manuel Bartlett Díaz, que solicito se dé lectura.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Comunicación.

Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Presente.

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución, le solicito muy atentamente salvaguarde el fuero constitucional de la Senadora Martha Palafox, que el día 21 de este mes, en la ciudad de Tlaxcala, al dirigirse al sitio en donde rindió su informe de labores como legisladora, fue sometida con violencia por un grupo de personas armadas, que la encañonaron junto con sus acompañantes.

Ruego a usted que exija a las autoridades de procuración de justicia del estado de  Tlaxcala, la investigación y esclarecimiento de estos hechos. Y en el momento procesal oportuno, que esas autoridades comuniquen a esta soberanía, el resultado de sus indagatorias.

Asimismo, le pido que se realicen las advertencias a las autoridades de Tlaxcala, que constitucionalmente correspondan. A efecto de que las mismas respeten el fuero de los legisladores federales, en este caso, la Senadora Martha Palafox.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

El Senado de la República le manifiesta su apoyo y solidaridad a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Se exige a las autoridades correspondientes del estado de Tlaxcala, respeten el fuero constitucional de la legisladora e investiguen los hechos ocurridos y en el momento procesal oportuno comuniquen a esta soberanía, el resultado de las indagatorias.

Asimismo, hace un llamado al titular del gobierno del estado, para que se apliquen las medidas de seguridad que correspondan, para garantizar la seguridad de las y los Senadores, como ya fue una vez solicitado a todas las entidades federativas.

Debo decirles, a las Senadoras y los Senadores, que la Mesa Directiva ha dirigido oficios a 31 gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que garanticen la seguridad de las y los Senadores en las actividades legislativas de gestión política que desarrollan.

Ya lo hemos hecho con anterioridad, y vamos hacerlo de manera particular, para este caso que solicita el Senador Manuel Bartlett, para los hechos relacionados con la Senadora Martha Palafox. Comuníquese.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

En primer lugar me solidarizo con mi compañera Senadora Martha Palafox.

Y yo también quiero exponer, en algún momento, puede ser cuando participemos en una proposición, que aquí está incluida en el Orden del Día, para también hablar de la agresión que sufrió mi familia y mis hijos, el día 20 de noviembre, cuando se manifestaban pacíficamente en una marcha por Ayotzinapa.

Yo le pido, dado que solicité se incluyera en comunicaciones de Senadores, un comunicado, solicitando una comisión investigadora, para el caso de la “casa blanca”, y fue derivado a proposiciones.

Lo acepto siempre y cuando, me garanticen, que este tema no pasa del día de hoy.

Y ahí mismo hablaré sobre la agresión que sufrió mi familia, y muchos ciudadanos en la ciudad de México, venidos de todas partes.

Entonces, pido a usted me dé su palabra. Y en este momento podríamos incluirlo.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Cámara de Senadores, por mi conducto, le expresa su solidaridad a usted, Senadora Layda Sansores San Román, por la agresión padecida, a integrantes de su familia, y expresa su interés para que se realice una investigación exhaustiva, sobre el asunto.

Y le solicite a las autoridades del Estado, apliquen las medidas de seguridad que correspondan, para garantizar la integridad de usted, la Senadora Layda Sansores, en el lugar donde ocurrieron los hechos.

No obstante ello, cuando se desahogue el punto de Acuerdo, que usted ha presentado, tendrá la libertad de expresar lo conducente.

Gracias, Senadora Layda Sansores San Román.

Continúe la Secretaría.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de los Senadores Héctor Larios Córdova y Javier Lozano Alarcón, con la que remiten el Informe de su participación en la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 29 de septiembre al 3 de octubre del año en curso, en Estrasburgo, Francia.







 

Una, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual legislatura.







 

Y una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, su programa de actividades para el tercer año de la actual legislatura y el informe de la gira de trabajo por Colombia y Costa Rica.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.




 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita el retiro de su voto a favor de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, por los que se ratificaron diversos grados militares, aprobados el 19 de noviembre del año en curso.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Dicha comunicación está publicada en la Gaceta Parlamentaria, Senadora Padierna Luna.

La petición de la Senadora Padierna Luna, contiene un supuesto no previsto en el Reglamento del Senado. No se puede asignar un trámite jurídico alguno.

A manera de atención a la Senadora, como sería para cualquiera Senadora o Senador de este órgano, su comunicación se publicará anexa al resultado de la votación de los dictámenes en la página del Senado de la República, para que quede constancia de lo que ha manifestado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2914/14
México, D.F., 19 de noviembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.1816/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce.

En consecuencia, adjunto al presente:

Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Copia certificada del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.

 





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite el Acuerdo, por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo, entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, suscrito en la ciudad de México, el 9 de agosto de 1991, formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante notas intercambiadas el 26 de septiembre y el 8 de octubre de 2013.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2913/14
México, D.F., 19 de noviembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.1815/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al gue anexa el comunicado por el cual el Cv Presidente de la República, Lic. Enrique Pena Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aereo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de octubre de dos mil trece.

En consecuencia, adjunto al presente:

Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Copia certificada del Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Secretaría de Gobernación, remitió un oficio con el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de México, el 17 de julio de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2916/14
México, D.F., 19 de noviembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.1818/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, sucrito en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos mil catorce.

En consecuencia, adjunto al presente:

Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Copia certificada del Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, y de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América, el 12 de abril de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2915/14
México, D.F., 19 de noviembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de Ja Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.1817/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el doce de abril de dos mil catorce.

En consecuencia, adjunto al presente:

Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Copia certificada del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público.





 

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente. Pedirle que este Pleno guarde un minuto de silencio por el fallecimiento de un compañero nuestro, duranguense, amigo de muchos de los aquí presentes, del Diputado Jorge Herrera Delgado, de Durango. Le pediría que guardáramos un minuto de silencio en su memoria.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Teníamos previsto llevar a cabo este minuto de silencio, agradecemos su participación. Me ha pedido el Senador José Rosas Aispuro, tenga una pequeña intervención antes de dictar el minuto de silencio.

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Unicamente para sumarme a la petición que ha hecho el Senador Emilio Gamboa Patrón en torno a la persona, del ingeniero Jorge Herrera Delgado, diputado federal,  quien falleciera el día de ayer, y de quien quiero dejar testimonio de mi reconocimiento a su vida, a su obra.

Un duranguense ejemplar que supo ganarse en las diversas responsabilidades públicas como académico, como locutor, el cariño de diversos sectores de la sociedad duranguense; y por eso hoy quiero dejar testimonio de ese reconocimiento a un duranguense, que estoy seguro, que es ejemplo de vida, de obra para las siguientes generaciones.

Descanse en paz nuestro amigo y paisano Jorge Herrera Delgado.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Aispuro Torres.

MINUTO DE SILENCIO

Les pido ponernos de pie para guardar el minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, tomen asiento.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2014, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.

BANCO DE MEXICO

Ref.: ACC/2014C-122

Ciudad de México, Distrito Federal, 19 de noviembre de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de dos mil catorce, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Dr. Agustín Guillermo Garstens Carstens”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió un oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada, remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.





 

Compañeras Senadoras y Senadores, les informo que el día de ayer se turnaron directamente a comisiones los siguientes proyectos de Decreto:

Uno, de los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, de la Ley de Amparo, Reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucionales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth)

“ARELY GOMEZ GONZALEZ y ROBERTO GIL ZUARTH, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional al sistema de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 estableció entre otras cosas, la transformación del sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral que deberá estar implementado en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016.

Asimismo, derivado de la reforma constitucional del 8 de octubre de 2013 por la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, el 5 de marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establecieron las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República en el fuero federal y el fuero local, con lo cual se homologó el procedimiento penal bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral a nivel nacional, garantizando con ello, los mecanismos para el irrestricto respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos así como de imputados. Resulta importante referir que este Código Nacional es resultado de uno de los ejercicios democráticos más importantes en nuestro país, toda vez que su desarrollo derivó del debate y los consensos entre los operadores del sistema a nivel federal y local, académicos, expertos, así como de la sociedad civil.

En esa tesitura, de conformidad con el régimen de gradualidad para la entrada en vigor de dicho ordenamiento actualmente el Código Nacional está en operación a nivel local de forma parcial en los estados de Durango, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y está próximo a entrar en vigor en Coahuila el 27 septiembre, Guerrero el 30 septiembre, Tabasco 4 de octubre, Jalisco el 10 octubre, Sinaloa el 15 de octubre y Aguascalientes el 7 de noviembre del año en curso, asimismo el 24 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal en los estados de Durango y Puebla a partir del 24 de noviembre de 2014.

En tal virtud, cabe señalar, que no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento de reciente expedición, la entrada en vigor del mismo en algunas entidades de la República, ha permitido identificar que se requieren algunos ajustes para su adecuada aplicación, por lo cual, ante la próxima entrada en vigor en diversas entidades federativas y en la federación, resulta de especial importancia reformar el ordenamiento de mérito a fin de lograr que su operación sea la mejor.

Lo anterior también implicaría a nivel federal la adecuación de diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuven a la mejor operación y funcionamiento del sistema acusatorio en nuestro país. Lo anterior sin perjuicio de que eventualmente se requieran más reformas a otros ordenamientos con la finalidad de continuar instrumentando de mejor manera la operación del sistema procesal penal previsto en nuestro Código Nacional.

CODIGO NACIONAL DEL PROCEDIMIENTOS PENALES.

En este orden de ideas, observamos que el artículo 78 párrafo primero que establece la regulación de exhortos de tribunales extranjeros y en la cual se prevé que las solicitudes provenientes de tribunales extranjeros deberán ser tramitadas de conformidad con el Título VII, se lleva a cabo un ajuste para que la remisión sea al Título XI, en razón de que se trata del Título adecuado, mismo que refiere a la asistencia jurídica internacional en materia penal.

En relación con la figura de convalidación en las nulidades, se reforma el artículo 100 a fin de establecer los mismos supuestos de procedencia para el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el imputado, no obstante precisando que no será aplicable dicha convalidación, en el caso en que se violen derechos fundamentales de la víctima u ofendido o del imputado.

Respecto a los derechos del imputado previstos en el artículo 113, se ajusta el texto de la fracción VIII, toda vez que el texto vigente refiere a su derecho a tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 del Código, sin embargo, el artículo 217 únicamente hace referencia a la obligación del Ministerio Público y la Policía de contar con un registro de los actos de investigación, pero no establece el momento procesal en que el imputado o su defensor pueden acceder a estos, ya que tales supuestos, están previstos en los artículos 218 y 219, por lo que se modifica la remisión de artículos.

En el artículo 122 se reforma la disposición relativa a que en el caso de que el imputado no pueda o se niegue a designar un defensor particular, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, le nombrarán un defensor público, ya que bajo la lógica del sistema penal acusatorio ni el Ministerio Público ni el Juez son autoridades competentes para ello, ya que la defensoría pública con independencia de la naturaleza jurídica que tenga no puede depender directamente de ninguna de estas autoridades en vista de que esto  resultaría contrario a los principios del sistema, por lo cual, la opción que resulta viable es que estos le soliciten a la defensoría pública que se le designe un defensor al imputado.

Por otra parte, en el artículo 135 que prevé la queja y su procedencia, se sugiere establecer que los plazos que se prevén para el Consejo de la Judicatura Federal y los de las entidades federativas, se tramiten según lo previsto en sus respectivas leyes orgánicas. Asimismo, se reforma el último párrafo para señalar que en ningún caso podrá ordenar el Consejo al órgano jurisdiccional las condiciones y términos en que se subsanará la omisión sino que esta se limitará a resolver en el sentido de que se lleve a cabo el acto omitido.

Respecto de la resolución sobre la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia, se modifica el artículo 143 a fin de precisar con claridad que la resolución debe realizarse en el plazo de 24 horas a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia o de audiencia privada y que en este último caso, el juez resolverá en la misma audiencia de forma inmediata.

Por otra parte, el artículo 151 que prevé la asistencia consular, se precisa que será el Ministerio Público y no el órgano jurisdiccional, la autoridad encargada de informar y garantizar el derecho de asistencia consular a los imputados de nacionalidad extrajera, así como de informar a las embajadas o consulados la detención, salvo el caso de que la persona expresamente y en presencia de su defensor solicite que no se realice dicha notificación, lo anterior, con el objeto de armonizar el contenido del artículo de mérito con lo previsto por el artículo 36.1 inciso a) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la cual el Estado mexicano es parte, con motivo de que la notificación tiene que realizarse sin retraso alguno a partir de que la persona es detenida.

En el artículo 154 en el que se establecen los momentos en los que pueden solicitarse las medidas cautelares, se propone reformar el segundo párrafo, a fin de precisar que en el caso que el imputado se acoja al plazo constitucional o su duplicidad, el Ministerio Público o el imputado podrán solicitar la imposición de una medida cautelar, lo anterior en virtud de que en el caso de que la persona se encuentre detenida en virtud del cumplimiento de una orden de aprehensión o de la legal detención en flagrancia o caso urgente ésta permanecerá detenida durante dicho plazo en términos de lo previsto por el artículo 19 constitucional, razón por la cual se debe prever la posibilidad para que el Ministerio Público o el imputado puedan solicitar la imposición de una medida cautelar menos gravosa, asimismo el Ministerio Público o la víctima podrán solicitar la imposición de una medida cautelar en el caso de que la persona no se encuentre detenida, pero que exista necesidad de cautela y se acoja al plazo constitucional o su duplicidad para la vinculación a proceso.

En relación con el artículo 167 que establece las causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en su párrafo tercero se realiza un ajuste en la redacción conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, y se adición un párrafo séptimo en este artículo a fin de establecer que serán considerados como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en las entidades federativas, el homicidio doloso, violación y aquellos delitos graves contra la seguridad de la nación o el libre desarrollo de la personalidad, que estén tipificados en su legislación penal, lo anterior en virtud de que actualmente el Código es omiso en su referencia al fuero local, refiriéndose específicamente a los delitos previstos en el fuero federal, sin embargo, por la imposibilidad material de realizar remisiones exactas de los delitos que prevé la constitución y que no se encuentran previstos en las leyes generales o federales, es que se sugiere hacer una remisión a la denominación genérica con la finalidad de que puedan ser aplicables los que están previstos en las legislaciones locales y que encuadren en el supuesto constitucional y legal.

En el artículo 174, párrafo segundo, se clarifica que en caso de que el imputado incumpla una medida cautelar distinta a la garantía económica, el Ministerio Público además de solicitar audiencia para la revisión de la medida, podrá solicitar orden de comparecencia o de aprehensión, debido a que en el caso de la orden de comparecencia la facultad se prevé en el último párrafo de este artículo y para la orden de comparecencia en el último párrafo del artículo 141 lo cual genera confusión, en ese sentido, se sugiere derogar el último párrafo del presente artículo toda vez que su contenido queda comprendido en este segundo párrafo reformado.

Asimismo, en el párrafo tercero del artículo de mérito, se precisa que la ejecución de la garantía económica impuesta con motivo de una medida cautelar se hará efectiva al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, toda vez que, el artículo vigente remite únicamente al fondo federal, pese a que el código es de aplicación nacional, por lo que resulta necesario hacer una remisión expresa a los fondos equivalentes de las entidades federativas de conformidad con lo previsto en la Ley General de Víctimas.

Se adiciona un párrafo primero al artículo 176, con el objeto de establecer que la autoridad de supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, se ubique en la esfera de las instituciones policiales en términos de lo previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior en virtud de que el Código es omiso respecto de establecer la naturaleza de dicha autoridad, lo cual, genera dispersión en la ubicación que tanto la federación como las entidades federativas determinen para ello, trayendo como consecuencia disparidad en la eficacia del cumplimiento de sus atribuciones y un retroceso al proceso de unificación que pretende este ordenamiento procedimental.

En ese sentido, se advierte que del análisis de las funciones y atribuciones de dicha institución, así como la experiencia de mejores prácticas a nivel nacional, resulta que las instituciones que más se acercan al perfil necesario para el cumplimiento de las mismas son las instituciones policiales, lo cual, encuentra un sustento empírico en los avances que en la materia se han logrado en Baja California y Morelos, en las que se desarrollaron estructuras con atribuciones similares a las de ésta autoridad dentro de sus secretarías de seguridad pública de forma exitosa, por lo que se sugiere replicar dicho modelo a nivel nacional.

Por otra parte, en relación con la procedencia de la suspensión condicional del proceso que establece el artículo 192, se clarifica la redacción de las causas de excepción por haber llevado a cabo una suspensión anterior, a fin de establecer que solo podrá realizarse una nueva suspensión condicional en el caso de que hayan pasado dos años desde el cumplimiento de una anterior, esto con el fin de que no se generen “puertas giratorias” para evitar una sanción penal, asimismo, solo podrá llevarse a cabo la suspensión condicional cuando hayan transcurrido cinco años en caso de incumplimiento de la misma, sin embargo, se exceptúa de esta regla cuando el imputado haya sido declarado absuelto del procedimiento en el que incumplió la suspensión condicional, ya que de lo contrario se atentaría en contra del principio de presunción de inocencia.

Asimismo, en el artículo 196 se realiza un ajuste a fin de hacer referencia a la suspensión condicional del proceso y no a los acuerdos reparatorios debido a que el artículo de mérito es aplicable para el trámite de la suspensión condicional del proceso. 

En el artículo 218, se establece que los registros de investigación son de carácter reservado de forma permanente y no solo durante la investigación inicial, lo anterior sin perjuicio de conservar el texto vigente respecto del momento en que pueden acceder el imputado y su defensor, además se adiciona un párrafo segundo en el que se establece el derecho a la víctima u ofendido a acceder en todo momento a dichos registros y finalmente se adiciona un último párrafo en el que se prevé que  para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o el código penal del fuero común correspondiente, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Respecto de la técnicas de investigación que no requieren control judicial, se adiciona una fracción XI al artículo 251, con el objeto de adicionar la recompensa, la cual deberá aplicarse en términos de los respectivos acuerdos que al efecto en el ámbito de su competencia emitan el Procurador General de la República o los de las entidades federativas.

En relación con los criterios de oportunidad se reforma el artículo 256 con el objeto de clarificar su aplicación, por ello en el primer párrafo se especifica que el Ministerio Público podrá no ejercer la acción penal con base en un criterio de oportunidad, a fin de armonizar esta figura con su fundamento constitucional, asimismo se suprime la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad cuando la víctima u ofendido manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación, a fin de garantizar de forma irrestricta el derecho a la reparación del daño.

Aunado a lo anterior, se propone clarificar la redacción del supuesto de procedencia que prevé la fracción IV a fin de establecer que la colaboración debe tener como objetivo que se aporte información eficaz para la investigación y no solo la detención de imputado diverso como prevé el texto vigente, debido a que incluso es muy factible que pueda darse este caso cuando el otro imputado ya se encuentre detenido. Respecto a los efectos para la aplicación del criterio de oportunidad que establece la fracción V, se reubican en el siguiente artículo, toda vez que, es en el que se precisan los efectos de los criterios de oportunidad.

Además, se prevé derogar los supuestos para la aplicación de los criterios de oportunidad previstos en las fracciones VI y VII, toda vez que, el primer supuesto que establece la aplicación del criterio de oportunidad cuando la afectación al bien jurídico tutelado sea poco significativa, resulta contrario en sí mismo al objeto y fin del derecho penal, ya que precisamente el espectro de acción del poder punitivo del Estado es ante la afectación de un bien jurídico significativo, por lo que se advierte que resultaría inviable la aplicación de este supuesto. Asimismo, no se considera pertinente la hipótesis prevista en la fracción VII ya que establece la procedencia del criterio de oportunidad cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, de igual forma resulta contrasentido que puede derivar en impunidad, ya que precisamente el legislador al establecer los delitos, así como el procedimiento que puede aplicarse para su comisión, establece la política criminal, por lo que no se estima que este supuesto establezca una justificación para la aplicación de un criterio de oportunidad.

Asimismo en el artículo 257 párrafo segundo se precisa que el criterio de oportunidad que tiene como efecto la suspensión del ejercicio de la acción penal, es el previsto en la fracción V del artículo 256 referente al imputado que colabora con la justicia y no el supuesto en la fracción IV como establece el texto vigente, asimismo, se establece en este artículo la disposición prevista en la fracción V del artículo 256 vigente en relación a que el efecto de la aplicación de este criterio de oportunidad es la suspensión de la acción penal hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en procedimiento respecto del cual proporcionó información, también se precisa que a partir de que rinda su testimonio, el Ministerio Público contará con el plazo de 15 días para resolver en su caso la extinción de la acción penal. En el tercer párrafo del artículo de referencia se realiza el ajuste a la remisión a la fracción V y no a la IV, ya que es el supuesto que corresponde para la suspensión de la prescripción de la acción penal.

En el artículo 291 que regula la intervención de las comunicaciones privadas se precisa que ésta técnica de investigación, podrá ser solicitada por el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue la facultad y no solo los facultados en términos de su Ley Orgánica, ya que dicha disposición limita la flexibilidad operativa de la Procuraduría General de la República por lo que se sugiere abrir este espectro de acción del Titular del Ministerio Público de la Federación a fin de que este pueda delegar esta facultad a los servidores públicos que éste determine mediante la emisión de acuerdos y con esa misma facultad pueda restringirlo, lo cual es  acorde con lo previsto en el párrafo décimo tercero del artículo 16 constitucional, en el que se prevé que la autoridad judicial podrá autorizar la  intervención de comunicaciones a solicitud de la autoridad federal que faculte la Ley o el Titular del Ministerio Público de las entidades federativas, de lo cual se deriva que la reserva de ley a nivel federal es en relación con la institución facultada y no con los servidores públicos en específico.

Asimismo, se sugiere la adición de un tercer párrafo, con el objeto de regular la extracción de información contenida en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, ello en virtud de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación1 en la cual se establece que la protección de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en un equipo móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación, en ese sentido, también se establece el caso de excepción previsto por el máximo tribunal, en el que se determinó que no se requerirá autorización judicial cuando el dispositivo se encuentre abandonado en el lugar de los hechos en donde probablemente se haya cometido un hecho delictivo y no se encuentre a persona detenida. 2

En relación con la localización geográfica en tiempo real prevista en el artículo 303, se realizan diversos ajustes a fin de establecer un procedimiento acorde con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 32/2012 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de la figura prevista en el artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales.

En ese sentido, se propone que en el caso de que se estime necesaria la localización geográfica en tiempo real de los equipos asociados a una línea que se encuentre relacionada con los hechos que se investigan en el marco de un procedimiento penal, se realice en principio mediante un control judicial con un procedimiento muy similar al que prevé el Código Nacional para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, lo anterior con el objetivo de generar certeza jurídica y el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas que son imputadas por la comisión de un delito.

No obstante lo anterior, se prevé un supuesto de excepción para que en caso de que esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el Procurador o el servidor público en quien delegue esta facultad, puedan bajo su más estricta responsabilidad solicitar directamente a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos la localización geográfica en tiempo real de forma directa, lo cual se deberá informar a la autoridad judicial en el plazo de seis horas a fin de que el juzgador ratifique, modifique o revoque la subsistencia de la medida.

Asimismo, se adiciona en el presente artículo la solicitud y entrega de datos conservados que atiende al supuesto previsto en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, cabe señalar que esta figura establece la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, de conservar los datos externos de las comunicaciones también conocidos como datos de tráfico hasta por un plazo de doce meses para su consulta en tiempo real y de otros doce como datos almacenados, en este sentido es importante señalar que si bien estos datos no encuadran como tal en el concepto de comunicaciones privadas, en virtud de que no implican la información contenida en el mensaje de que se trate, ya el máximo tribunal de nuestro país ha establecido que resulta indispensable que los datos externos de la comunicación también sean protegidos3, por lo que se propone establecer para la solicitud y entrega de datos conservados, el mismo procedimiento que para la localización geográfica en tiempo real.

Lo anterior en razón de la similitud entre el tipo de datos, así como en su aplicación práctica, debido a que en aras de un irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas investigadas se estima necesario contar con un control judicial que dote de la debida certeza jurídica su aplicación, aunado a que existen supuestos de excepción, en los que atendiendo al caso concreto ya sea por el tipo de delito o por las circunstancias del caso, también en aras del respeto a los derechos humanos como lo son la vida, la integridad y la seguridad de las personas, así como el éxito de la investigación, es que existen casos de excepción que justifican el hecho de que el Ministerio Público pueda solicitar directamente la aplicación de estas técnicas de investigación, lo anterior, en razón de que existen diversas situaciones en el día a día que permiten establecer que contar con estos datos de forma inmediata pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, lo anterior sin perjuicio de que el Ministerio Público debe informar a la autoridad judicial a fin de que esta ratifique, modifique o revoque la subsistencia de la medida.

Por último, en el primer párrafo del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales también se incorpora la figura de la suspensión del servicio de telefonía y la regulación que permitirá su instrumentación, con el objeto de evitar que se sigan cometiendo de delitos, acorde con el artículo 190, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En relación con el segundo párrafo previsto en el artículo 303, referente a la conservación de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días, cabe precisar que dicha figura es independiente de la localización geográfica en tiempo real ya que en este supuesto se requiere a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenido, para que conserven los datos de tráfico o de contenido, esta disposición es de especial relevancia debido a que establece mecanismos necesarios para el desarrollo de la investigación y persecución de los delitos relacionados con la ciberdelincuencia, ya que deviene de lo previsto en el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa4, en ese sentido se propone recorrerlo como un último párrafo de dicho artículo y establecer un procedimiento para su solicitud y entrega, equiparándolo al procedimiento para la localización geográfica en tiempo real, toda vez que, el artículo actual no prevé un procedimiento de este tipo.

Por otra parte, se propone reformar la fracción segunda del artículo 304, a fin de establecer como supuesto para la procedencia de la prueba anticipada, el caso en que la víctima sea una persona menor de doce años, ya que la experiencia práctica refiere que los niños menores de doce años que son víctimas de la comisión de un delito, son revictimizados al ser sometidos a diversas audiencias en el desarrollo de un procedimiento para testificar sobre los hechos de los que fueron víctimas, lo cual, demerita los procedimientos de tratamiento psicológico, por lo que, si bien esta circunstancia es aplicable en función de todas las víctimas de un delito, se estima que debe realizarse una excepción para el caso de los niños y niñas en razón del interés superior de la niñez previsto en el artículo 4 constitucional. Asimismo, en este artículo 304 sobre la prueba anticipada, se prevé incluir en el supuesto de excepción también al perito, en virtud de que este no pueda concurrir a la audiencia para desarrollar su actividad y por esa razón se deba realizar con anticipación el acto, ya sea por vivir en el extranjero, que exista un motivo que lo haga temer por su integridad física o incluso su vida, por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impida declarar en momento posterior.

En las modificaciones que se proponen a los artículos 307, 308 y 309 se precisa la redacción del modelo de imposición de medidas cautelares durante el plazo constitucional, a fin de clarificar que en el caso en que la persona es puesta a disposición del juez por el cumplimiento de una orden de aprehensión o bien se ratifica la detención en flagrancia o caso urgente, ésta permanecerá detenida durante el plazo constitucional, incluso en caso de que se solicite la ampliación o duplicidad del mismo en término de lo previsto por el artículo 19 constitucional, sin embargo, también se precisa que en este caso cualquiera de las partes podrá solicitar la imposición de una medida cautelar anticipada, cuando se justifique al juez que no es necesario que la persona permanezca detenida durante dicho plazo y que la necesidad de cautela puede garantizarse mediante alguna otra medida, asimismo, el Ministerio Público o la víctima podrán solicitar la imposición de una medida cautelar durante el plazo constitucional en el caso en el que la persona no se encuentre detenida.

En el artículo 311 se sugiere modificar en primer párrafo a fin de adicionar que el Ministerio Público al formular la imputación deberá también exponer los datos de prueba contenidos en los registros de investigación, a fin de que el imputado pueda estar en posibilidad de decidir si ejerce su derecho a declarar o a guardar silencio durante la audiencia inicial.

Por otra parte, en las reformas propuestas a los artículos 314, 315 y 320, se determina que en el caso en que el imputado decida aportar medios de prueba durante el plazo constitucional, estos deberán ser aportados a la carpeta de investigación lo cual se hará a través del Ministerio Público, ello en razón de que se ha podido advertir que en los casos en que el imputado desahoga medios de prueba durante esta fase procedimental, se genera un importante desequilibrio entre las partes, atentando contra los principios de igualdad y de contradicción que caracterizan al sistema de justicia penal acusatorio, toda vez que, implica una seria desventaja para el Ministerio Público en el litigio al incorporar a su argumento de solicitud de vinculación a proceso únicamente datos de prueba mientras que la defensa lo haría con pruebas propiamente, y el juez al tener que valorar datos de prueba contra pruebas, en un ejercicio de imparcialidad; ya que el desahogo de medios de prueba tiene una influencia distinta frente a la exposición de los datos de prueba por parte del acusador, lo cual, en la mayoría de los casos genera inequidad en la apreciación objetiva e imparcial del juzgador.

Cabe referir que el derecho que otorga la constitución al imputado de ampliar el plazo constitucional, para defenderse, puede ser ejercido aportando medios probatorios directamente a la investigación por conducto del Ministerio Público quien dirige e integra la misma. Lo anterior, atendiendo la propia dinámica del proceso penal acusatorio y particularmente el diseño constitucional de roles del Ministerio Público y el juez, pues el juez de control no desahoga pruebas de fondo salvo que sea anticipada, y el Ministerio Público objetivamente es quien debe encargarse de recabar los medios de convicción necesarios para integrar la investigación convirtiendo estos en datos de prueba.

En ese sentido, es importante señalar que el plazo constitucional deviene de una tradición jurídica del sistema inquisitivo-mixto y que no tiene correspondencia en ninguno de los sistemas acusatorios a nivel internacional, por lo tanto el desahogo de medios de prueba ante el juez por parte de la defensa en esta etapa, corresponde a la lógica de que los elementos aportados por el Ministerio Público hacían las veces de prueba plena, por lo que era necesario que la defensa pudiera desvirtuarlos mediante el desahogo de pruebas, sin embargo, esta figura debe adecuarse a la luz del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir que, en virtud de que el Ministerio Público ya no expone prueba plena, sino datos de prueba que obran en la carpeta de investigación lo adecuado es que la defensa de igual forma exponga medios de prueba, mismos que previamente podrá esgrimir en la carpeta de investigación, a fin de con ello establecer parámetros claros de la esencia de la vinculación a proceso y sus efectos, así como evitar el desarrollo de “mini juicios” que transgreden el principio de igualdad entre las partes.

Respecto a la etapa intermedia se modifican varios artículos como el 336 a fin de clarificar el momento en que se realiza la notificación de la acusación y la entrega de su respectiva copia a las partes y se suprime la disposición que prevé que para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación, toda vez que, este supuesto se prevé en las reglas del descubrimiento probatorio que se ubican en diversos artículos del Código, por lo que únicamente genera confusión.

Asimismo, se sugiere ajustar los plazos de toda esta etapa en razón de que no coinciden, generando un grave problema de operación y de ausencia de certeza jurídica para las partes.

En el artículo 337 se clarifica en qué consiste el descubrimiento probatorio entendido como la obligación que tienen las partes de mostrarse mutuamente todas los datos de prueba que pretenden ofrecer en la audiencia intermedia; la obligación específica del Ministerio Público y del imputado de llevar a cabo esta obligación, el primero a través del acceso a las evidencias recabadas durante la investigación y el imputado con la entrega material de la copia de los registros, así como el acceso a los medios de prueba con los que cuente; la obligación del Ministerio Público de hacer constar en la carpeta de investigación el inicio y cierre del descubrimiento probatorio; el momento en que se actualiza para cada una de las partes esta obligación, así como, por la naturaleza de éstas, asimismo se prevé la obligación del imputado de presentar copia de los dictámenes periciales que pretenda ofrecer, salvo que justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, podrán ser entregados a más tardar antes de la audiencia inicial.

En el artículo 338, fracción III se modifica la actuación que puede realizar la víctima u ofendido consistente en presentar al Ministerio Público los medios de prueba necesarios para su acusación y la obligación de éste de comunicarlo al imputado en un plazo no mayor de veinticuatro horas, lo anterior con el objeto de que estos medios de prueba sean debidamente incorporados a la carpeta de investigación ya que resulta contradictorio que la víctima u ofendido cuente con medios de prueba fuera de dicha carpeta, con lo cual además se eficiente el desarrollo del descubrimiento probatorio, por lo que, en ese sentido se suprimen las disposiciones referentes a las reglas y plazos para el conocimiento de dichos medios de prueba por parte de la defensa, toda vez que estos quedarán dentro de la carpeta de investigación.

En relación con el artículo 340 se sugiere señalar que una vez agotado el plazo de tres días de la víctima u ofendido para constituirse como coadyuvante previsto en el artículo 338, comenzarán a contarse los diez días que tiene el imputado para señalar los vicios formales de la acusación o solicitar la acumulación de acusaciones en la fase escrita de la etapa intermedia, puesto que es relevante especificar que este plazo fenezca debido a que esta solicitud de coadyuvancia puede o no llevarse a cabo. Asimismo, se suprime el penúltimo párrafo del artículo de mérito ya que la obligación del imputado en el descubrimiento probatorio se adiciona en el artículo 337 ya mencionado.

También se modifica el artículo 341 con el objeto de establecer que el Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días a partir de presentada la acusación y no a partir de que fenezca el plazo para el descubrimiento probatorio de la defensa, tal y como prevé el texto vigente, toda vez que, en dicho esquema se alargan injustificadamente los plazos de la defensa lo cual opera en perjuicio tanto del imputado como de la víctima u ofendido, y contradice el principio de continuidad del proceso penal.

Por otra parte se modifican los artículos 347 y 349 a fin de establecer que la fecha y hora para la audiencia de juicio será fijada por el tribunal de enjuiciamiento y no por el juez de control, ya que resulta inviable que un órgano jurisdiccional sea el que determine la agenda de otro. En este último precepto se pretende clarificar que la celebración de la audiencia de juicio deberá realizarse en un plazo no menor a veinte ni mayor a sesenta días a partir de la emisión del auto de apertura a juicio por el Juez de control.

Respecto a las medidas de apremio que podrá aplicar el Tribunal de enjuiciamiento en la audiencia de juicio se sugiere modificar el último párrafo del artículo 355 para establecer que podrá ordenarse el arresto hasta por 36 horas no por quince días y no sólo a los testigos o peritos sino a todos aquellos intervinientes en el proceso penal que no comparezcan de forma injustificada o que obstaculicen el desahogo de pruebas, lo anterior a fin de ampliar el ámbito de aplicación de estas medidas de apremio y estar en concordancia con lo previsto en los artículos 21 constitucional y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En relación con el artículo 359 se clarifica que la valoración de la prueba por parte del Tribunal de enjuiciamiento se hará de manera libre y lógica en congruencia con el artículo 20, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, se suprime el último párrafo del artículo 373 pues, actualmente prevé que las partes sólo podrán formular preguntas a los testigos, peritos o al testigo en tres supuestos específicos, respecto a lo declarado previamente en la investigación, en juicio o cuando se pretendan ofrecer pruebas de refutación, precepto que pudiera entenderse limitativo al objeto de las preguntas, evitando que se pudieran llevar a cabo preguntas relacionadas, por ejemplo, con la credibilidad del testigo o respecto de cuestiones que no dijo anteriormente, pero que obren en algún registro.

Se modifica el artículo 401 para establecer que en la misma audiencia de comunicación del fallo se realizará la individualización de las sanciones y de reparación de daño, sin perjuicio de que las partes puedan celebrar una nueva audiencia en un plazo no mayor a tres días, lo anterior en virtud de que no existe justificación alguna de que en todos los casos se lleve a cabo una nueva audiencia, ya que los medios de prueba que se pretenden aportar para este fin, debieron ser ofrecidos desde la etapa intermedia. También, se suprime el tercer párrafo de este artículo relativo al aplazamiento de la redacción de la sentencia absolutoria, toda vez que la redacción se llevará a cabo después de la emisión del fallo y antes de la explicación de la sentencia, razón por la cual resulta innecesario especificar un plazo. Por último, en el artículo de mérito se establece que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después a la emisión del fallo estableciendo con ello una regla general con independencia de que dicte sentencia condenatoria o absolutoria.

El artículo 404 clarifica que una vez emitido el fallo, el Tribunal de enjuiciamiento redactará la sentencia respectiva, y que en caso de que el Tribunal de enjuiciamiento sea colegiado los jueces resolverán por unanimidad o mayoría de votos.

En relación el segundo párrafo del artículo 409 se suprime la última parte del párrafo que establece el momento en que se hace la redacción de la sentencia toda vez que ya se encuentra previsto en el artículo 401 como regla general.

Por otra parte, se modifica el Capítulo II respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, a fin de establecer un nuevo modelo de imputación de estos sujetos, con base en los siguientes argumentos:

Actualmente, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales es posible hablar en México de una responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ahora bien, la doctrina actualmente cuenta con varios modelos de imputación para las personas jurídicas:

El modelo de la representación.- Imputa la acción y la culpabilidad de una persona física a la persona jurídica. De hecho, en 1992, el Código Penal francés basó la responsabilidad penal de las empresas conforme a este modelo, el cual parte del siguiente principio de imputación: la persona jurídica actúa mediante sus órganos y por eso es capaz de actuar y su culpabilidad es idéntica a la que asumen sus órganos que por ella actúan.5

El modelo teórico-sistemático, conforme al cual, la persona física se concibe sólo como un sistema de acción excepcional, mientras que el sistema de acción de la persona jurídica, regulado normativamente, no se concibe como excepción, sino como directamente el destinatario de la norma penal normal.6

En todo caso, lo que se busca es que las personas jurídicas puedan responder penalmente de manera autónoma, es decir, con independencia de si las personas físicas (representantes o administradores) sean o no penalmente responsables.

En la actualidad el penalista alemán Klaus Tiedemann es el más representativo de la idea de hacer penalmente responsables a las personas jurídicas, su argumento principal consiste en que la empresa tiene una “posición de garante” sobre las acciones y omisiones de sus empleados, estando consecuentemente obligada a una organización correcta que, en caso de infringirse, ocasionaría responsabilidad penal. Considera la culpabilidad de las empresas como un defecto de organización de la persona jurídica.7

En cuanto al caso de España, cabe decir que con la reforma al Código Penal español de junio de 2010, así como la reforma procesal respectiva de octubre de 2011, muestran que las personas jurídicas deben responder penalmente en forma autónoma.

Con base en lo anterior, se propone dentro del Capítulo específico del procedimiento para personas jurídicas, un modelo de imputación en México que reconozca la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, por lo que se reforman los siguientes artículos:

En el artículo 421, se establece que las personas jurídicas, serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, y ante la inobservancia del debido control en su organización, a fin de tener un amplio espectro de responsabilidad ante cualquier supuesto, marcando la separación de la responsabilidad penal de sus representantes o administradores de hecho o de derecho. La independencia anterior también se hace manifiesta para el caso del ejercicio de la acción penal en contra de las personas jurídicas, la cual se llevará a cabo a parte de la que se pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido. Estas distinciones se llevan a cabo con la intención de eliminar el modelo que actualmente prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual se hace depender el procedimiento de las personas jurídicas del procedimiento para las personas físicas, método que rompe el esquema de establecer un modelo de imputación autónomo para las personas morales.

En el mismo numeral 421, se señala que a pesar de que las persona jurídicas sean sujetas a transformación, fusión, absorción o escisión, no será causa de extinción de la responsabilidad penal, y además, para estos casos, el traslado de la pena podrá graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente responsable del delito. A la par, también se establece que la disolución aparente tampoco será causa de extinción de la acción penal, siempre y cuando, continúe con su actividad económica, y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados o de la parte más relevante de todos ellos.

Lo anterior con la finalidad de evitar que se recurran en este tipo de estrategias para evadir la responsabilidad penal y tener herramientas para actuar en estos casos. Ante esta situación, de igual forma, se especifica que las causas de exclusión del delito, de extinción de la acción penal o el hecho de que alguna persona se sustraiga a la acción de la justicia, que pudieran concurrir en alguna de las personas jurídicas, no afectará el procedimiento contra éstas.

Asimismo, en los Códigos Penales de la República se deberán establecer los catálogos de delitos por los que podrá sancionarse a las personas jurídicas así como los ajustes necesarios para establecer los parámetros que nos permitan identificar el grado de culpabilidad de una empresa, de modo y manera que, para llevar a cabo la individualización de la sanción penal en estos casos, se deba estudiar la culpabilidad de la persona jurídica.

Se reforma el artículo 422, en el primer cambio establece las consecuencias para las personas jurídicas con personalidad jurídica propia, proponiendo un catálogo de sanciones, las cuales se podrán aplicar una o varias, y el órgano jurisdiccional, tomará como base los criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad del numeral 410 del presente Código, así como el grado de culpabilidad, tomando en consideración 6 aspectos: a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma; b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso; c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral; d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito; e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.

Las adiciones anteriores, están relacionadas con la idea de que el Derecho penal debe responder a las nuevas exigencias para poder atacar las modalidades de la criminalidad. Como se mencionó anteriormente, el artículo 410, únicamente toma en cuenta el injusto penal (conducta típica y antijurídica) para individualizar las sanciones correspondientes a las personas morales, y señala que las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica (…).” Al respecto se coincide de manera parcial con esta idea, toda vez que, como en el Código Penal español, esto puede ser aplicable al universo de las agrupaciones sin personalidad jurídica propia.

La segunda parte del artículo, señala que las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o más consecuencias.

En el artículo 423 se retoma el texto previsto en el actual 422 y 423 en relación con disposiciones en materia de procedimiento, sin perjuicio de que en todo lo no previsto se entenderá a las reglas que establece el Código Nacional para el procedimiento ordinario.

Asimismo en el artículo 424 se prevé que las personas jurídicas imputadas por la comisión de un delito podrán llevar a cabo las soluciones alternas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente por lo que refiere a la persona jurídica, el artículo 425, relativo a la sentencia, en el texto vigente establece que en la sentencia que se dicte, el Tribunal de enjuiciamiento resolverá lo pertinente a la persona física imputada y a la persona jurídica, imponiendo a ésta, en su caso, la sanción procedente. Por lo tanto se propone cambiar la referencia al Tribunal de enjuiciamiento, por órgano jurisdiccional, para no encuadrarlo únicamente al supuesto de juicio.

Por otra parte, se adiciona un segundo párrafo al artículo 456 recorriéndose los subsecuentes, a fin de precisar que para los efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente, salvo el caso de que únicamente consten por escrito.

Además se propone derogar los párrafos segundo y tercero del artículo 484, toda vez que al establecer disposiciones referentes a la admisión de medios de prueba en el recurso, mismos que deberán ser valorados por el tribunal de alzada, se compromete el principio de inmediación, generando con ello transgresión a las reglas para la adecuada valoración de prueba.

Se modifica el artículo tercero transitorio a fin de precisar que la aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales y los de las entidades federativas que quedan abrogados, será para los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Código y no para los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, lo anterior en virtud de que el texto vigente es más limitativo respecto de los asuntos que deberán tramitarse bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, circunscribiéndolo a los hechos delictivos que surjan a partir de su entrada en vigor, mientras que el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2014 establece que “los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto”.  En virtud de lo anterior es que se sugiere un ajuste del artículo tercero transitorio del Código nacional para armonizarlo con el artículo cuarto transitorio del referido decreto de reforma constitucional.

CODIGO PENAL FEDERAL.

La relevancia de la presente reforma radica en otorgar efectividad a distintas figuras jurídicas ya previstas en el CNPP, dado que si se prescinden dichas reformas quedarían impunes diversas conductas delictivas, por ejemplo aquéllas en las que se vean involucradas las personas jurídicas, y además, se encontrarían vigentes diversas incompatibilidades en la norma sustantiva y adjetiva, generando con ello un conflicto en su interpretación y aplicación.

El presente Decreto contempla diversas reformas, adiciones y derogaciones a distintas disposiciones normativas. El primer cambio efectuado es en la fracción I, del artículo 7 del Código Penal Federal, el cual actualmente dispone que la consumación instantánea del delito se agota cuando se han realizado todos sus elementos constitutivos; en ese sentido, se propone considerar que el delito está consumado cuando se hayan realizado solamente los elementos de la descripción legal. Con este cambio se pretende armonizar el artículo de mérito con el numeral 410 del CNPP, pues la problemática con la redacción vigente es que se deduce que un delito está constituido por los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, cuando en realidad bastaría la tipicidad para la consumación instantánea del resultado.

Por otra parte se propone la adición de un artículo 11 Bis en el que se establezca un catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, así como los límites de su punibilidad para los efectos de la individualización de sanciones en el caso de la responsabilidad de personas jurídicas prevista en el artículo 422 del CNPP.

Otro de los cambios consiste en armonizar el exceso de la legítima defensa establecido tanto en el artículo 16 del CPF como en el último párrafo del artículo 405 del CNPP, en el que expresamente se establece que en los casos de exceso de legítima defensa, deberá subsistir la imputación del hecho a título doloso, y no a título culposo como actualmente señala el CPF.

Además, se propone la armonización del artículo 25 del CPF, con el artículo 18 constitucional a fin de adecuar los conceptos de “privación de la libertad corporal” por el de “pena privativa de la libertad”, “colonias penitenciarias, establecimientos o centros que establecen las leyes” por “centro o establecimientos penitenciarios” y el de “privación de libertad preventiva” por “medida cautelar de prisión preventiva.

De igual forma el artículo 26 del se armoniza con lo previsto en el artículo 18 constitucional, para señalar que los procesados y los sentenciados políticos, serán privados de su libertad en lugar distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Un cambio similar, tiene lugar dentro del primero y último párrafo del artículo 27, así como del último párrafo del artículo 29 del CPF, cambiando conceptos de “readaptación”, por “reinserción”; así como “condenado” o “reo”, por “sentenciado”.

Por otro lado, el artículo 34 del CPF, se sugiere modificación para cambiar el concepto de “delincuente” por el de “imputado”, asimismo que para los efectos de la reparación del daño podrán aportarse al Ministerio “datos de prueba” y no “pruebas” como lo prevé el texto vigente, finalmente se adiciona la abstención de investigar como uno de los supuestos en los que puede reclamarse la reparación del daño por la vía civil en atención a lo previsto por el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el artículo 35 se sugiere modificar el párrafo cuarto, a fin de armonizarlo con el último párrafo del artículo 138 del CNPP, en el cual se dispone que en el caso de que se haya impuesto una providencia precautoria, se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria, toda vez que la naturaleza de dicha figura es para garantizar la reparación del daño. Y a su vez, se deroga el último párrafo del artículo ya que al haber modificado el párrafo anterior, no tiene sentido su existencia en virtud de que en el sistema penal acusatorio no se prevé la figura de la libertad provisional bajo caución.

En el artículo 38 del CPF, cambia el concepto de “reo”, por el de “sentenciado”, con base en el artículo 18 constitucional.

Se armoniza el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo a fin de armonizarlos con las disposiciones relacionadas con el decomiso en términos de lo dispuestos en los artículos 249 y 250 del CNPP. 

El artículo 50 Bis se modifica la referencia a la autoridad ejecutora para la readaptación social del reo y la protección de la comunidad, por el de autoridad ejecutora para la reinserción social, a fin de armonizarlo con el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución.

En el artículo 55 se armonizan las excepciones a la prisión preventiva previstas en el artículo 166 del CNPP, agregando al supuesto en el que la persona sea afectada por una enfermedad grave o terminal o se trate de mujeres embarazadas, o madres en lactancia, en esa tesitura, se establece que no gozarán de estás prerrogativas, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia, o bien, manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.

Por otra parte en el artículo 56 se realizan modificaciones a la terminología del artículo sustituyendo los conceptos de “inculpado” y “reo” por el de “imputado”.

Además, se propone la armonización del artículo 64 con el penúltimo párrafo del artículo 410 del CNPP relativo a las reglas del concurso de delitos, el cual fija márgenes de punibilidad para tales delitos previstos de forma distinta por el artículo 64 del CPF.

En los artículos 71, 74 y 76, se armonizan con el artículo 18 de la Constitución, cambiando conceptos de “reo” o “condenado”, por “sentenciado”, y a su vez, los artículos 75 y 77 del CPF, se armonizan con el tercer párrafo del artículo 21 constitucional, al establecer que la imposición, modificación y duración de las penas, son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

En los artículos 87 y 90 Bis, se sustituye la referencia a Secretaría de Seguridad Pública por la Secretaría de Gobernación, en virtud, de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013, en la cual  se extingue la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y se atribuyen sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, se pretende armonizar la denominación del Título Quinto del CPF, con lo establecido en el artículo 485 del CNPP, dado que éste actualmente se denomina “Extinción de la Responsabilidad Penal”, cuando debiera llamarse “De las Causas de Extinción de la Acción Penal”. En el mismo sentido, el Capítulo I, del Título Quinto, del Libro Primero, del CPF, actualmente se denomina “Muerte del delincuente”, sin embargo, el artículo 485 del CNPP en su fracción II se refiere a la “Muerte del acusado o sentenciado”, como una causa de extinción de la acción penal, por lo tanto, con dicha modificación se busca armonizar ambos ordenamientos, y en el mismo sentido se reforma el artículo 91, a fin de homologarlo con los ajustes en lo relativo al decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito así como bienes cuyo valor equivalga a dicho producto.

En el artículo 93 párrafo cuarto, se modifican las referencias al inculpado por la de imputado.

También, se armoniza el primer párrafo del artículo 97, modificando el concepto de readaptación social por el de reinserción social.

En el artículo 101 párrafo segundo se modifica la referencia a la integración de una averiguación previa por la de realizar una investigación, a fin de armonizarla  con el sistema de justicia penal acusatorio y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo en el tercer párrafo cambia el concepto de acusado por el de imputado, así como el de proceso por el de procedimiento. Una modificación similar, tiene lugar dentro del primer párrafo del artículo 110, ya que el texto vigente habla de las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes, por lo que se sugiere, cambiar a las actuaciones que se practiquen en la investigación y de los imputados.

De igual manera, el artículo 117 establece la supresión del tipo penal como causa de extinción de la pretensión punitiva, pero la denominación del Capítulo VIII “Vigencia y aplicación de una la ley más favorable” es susceptible de armonizarse con la fracción VIII del artículo 485 del CNPP, el cual lleva por nombre “Supresión del tipo penal”.

Por otra parte en el artículo 211 bis 2 que prevé sanciones para quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado y para quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, se adiciona un último párrafo a dicho numeral, en el que se establezca una agravante que duplique las penas en caso de que el delito se cometa con la finalidad de obstruir la procuración o impartición de justicia, o bien, recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal, con lo que se pretende salvaguardar los registros del procedimiento penal que serán resguardados mediante sistemas informáticos.

Finalmente, el artículo 225 que establece los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos se proponen las siguientes modificaciones:

En la fracción IX, se cambia el concepto de consignación, actividad que realiza el Ministerio Público en el sistema mixto-inquisitivo, por lo que ahora ejercerá la acción penal, de igual forma se modifica el concepto de probable responsable, por el de imputado.

En la fracción X, refiere a fase de averiguación previa, por lo que a luz del sistema de justicia penal acusatorio no existe dicha etapa, y se propone establecer la etapa de investigación.

La fracción XII, se refiere al concepto de inculpado, por lo que se propone cambiarlo por el de imputado, en armonía con el sistema de justicia penal acusatorio.

En la fracción X, habla de la fase de averiguación previa, por lo que a luz del sistema de justicia penal acusatorio no existe dicha etapa, y se propone establecer la etapa de investigación.

La fracción XI y XIII se derogan, toda vez que lo que establece en relación a la libertad caucional y a la declaración preparatoria, ya no tiene aplicación dentro del sistema de justicia penal acusatorio.

La fracción XVI, se armoniza con el artículo 67 del CNPP, relativo a las resoluciones judiciales.

La fracción XVII, se modifica la referencia al auto de formal prisión y al auto de libertad, sustituyéndolo por el de vinculación a proceso.

La fracción XXI, se armoniza con el artículo 18 constitucional en relación a los centros de internamiento o establecimientos penitenciarios, a su vez, se modifica el concepto de internos, por el de imputados o sentenciados.

La fracción XXVII, se armoniza con el CNPP, ya que, ya no se decreta la sujeción a proceso, sino su vinculación a proceso.

La fracción XXVIII, al igual que se ha hecho anteriormente, se modifican los conceptos de averiguación previa por el de una investigación, y el de proceso penal, por el de procedimiento penal.

Y por último en la fracción XXXI se adiciona al tipo penal, la sanción para quien altere, destruya, pierda o perturbe la cadena de custodia o el lugar del hallazgo.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

En el Título Primero, Disposiciones Preliminares, actualmente se establecen las disposiciones que orientan el Sistema Nacional de Seguridad Pública,  instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas de seguridad pública; instituyendo las competencias para determinar las estrategias a seguir en materia de prevención; atención integral a víctimas; participación ciudadana; procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública; los sistemas de estímulos y recompensas, así como los disciplinarios y, de manera imprescindible, el suministro y sistematización de la información a la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

En ese sentido, y atendiendo a la función de Seguridad Pública, se propone sustituir en el artículo 2  el término “individuo” por el de “sentenciado”, con  el propósito de tener la certeza jurídica que quién requiere de “reinserción social”, es la persona a la que se le ha sentenciado por  la comisión de algún delito, al haberse acreditado del cúmulo probatorio la responsabilidad del individuo.

Asimismo, se propone modificar el concepto “Ministerio Público” por el de “Instituciones de Procuración de Justicia”, debido a que la redacción vigente del artículo 3, acota el ejercicio de la función de seguridad pública en la citada Institución Ministerial, y la función de referencia, también es realizada por otros elementos que integran las Instituciones de Procuración de Justicia como lo son: los policías de investigación y peritos los cuales contribuyen directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Por otra parte, en la fracción IX del artículo 5 referente al concepto “Instituciones  de Procuración de Justicia”, se propone incorporar en la definición a los policías de investigación, lo anterior a fin de clarificar que los cuerpos policiales a los que les corresponde la investigación de los delitos son en principio a las que se ubican en las procuradurías o fiscalías, a fin de hacer patente la importancia que tendrá la policía de investigación a la luz del sistema de justicia penal acusatorio, y a su vez, que forma parte de estas Instituciones.

Asimismo se sugiere reformar la fracción X del referido artículo a fin de incluir dentro de las instituciones policiales a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior con el objeto homologar su naturaleza jurídica a nivel nacional, por lo que derivado de un análisis de las posibilidades para la inclusión de esta nueva estructura, se advierte que el modelo más exitoso en la experiencia a nivel nacional es en el esquema de las instituciones policiales.

Finalmente, con el fin de adecuar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con motivo de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013, en la cual se extinguió la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se elimina la referencia a dicha Secretaría en la fracción XIV del artículo 5, para sustituirla por la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, a fin de adecuar la Ley objeto de la iniciativa a las disposiciones de la reforma antes señalada, se propone modificar su artículo 27 referente a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, para que sea el titular de la Secretaría de Gobernación, quien presida dicho Organo Colegiado auxiliándose del Comisionado Nacional de Seguridad, quien lo suplirá en la  presidencia en su ausencia.   

En la fracción III del artículo 41 se propone que el actuar de los integrantes de las Instituciones Policiales en la investigación  y persecución de los delitos, se realice “bajo el mando y conducción del Ministerio Público”, en congruencia con lo referido en el artículo 21 constitucional y el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el Título Quinto, Del Desarrollo Policial, la propuesta es distinguir en los artículos 75, fracciones I y II y 76 de la Ley, las atribuciones de las “policías de investigación” y de las “policías preventivas”, precisando las funciones de “investigación” que se realizan en el marco del procedimiento penal para la persecución de los delitos, y las acciones de “investigación” que se llevan a cabo en materia de prevención de los delitos. Lo anterior con el objeto de clarificar  que los policías que no pertenecen a las Instituciones de Procuración de Justicia solo podrán actuar en el marco de un procedimiento penal, en detenciones en flagrancia, como primer respondiente o a solicitud expresa del Ministerio Público y puntualizando que dicha participación deberá realizarse siempre bajo el mando y conducción del Ministerio Público, dado que es éste por mandato constitucional, quien dirige la investigación y el único que puede como órgano del Estado ejercitar acción penal.

De igual manera, la propuesta es clarificar que las instituciones policiales podrán en el marco de sus atribuciones realizar acciones de investigación únicamente para el fin de la prevención, y en caso de que se tenga conocimiento de la comisión de un delito se deberá informar de inmediato al Ministerio Público y con ello se dará inicio al procedimiento penal.

Por otra parte, se propone modificar la redacción del artículo 76, con la intención de precisar las instituciones en las cuales estarán ubicadas las unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos y otorgar mayor claridad en la coordinación de dichas labores con las Instituciones Policiales.

Adicionalmente, se propone derogar el segundo párrafo del referido artículo 76, toda vez que, con las modificaciones propuestas, éste se encontraría ya contemplado en el primer párrafo.

Se reforman diversas fracciones del artículo 77 a fin de adecuarlas con las obligaciones de la policía previstas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo se adiciona un párrafo segundo con el objeto de establecer que dichas acciones podrán ser realizadas por los miembros de Instituciones Policiales en los supuestos de lo previsto en la fracción I del artículo 75 y con ello fortalecer el esquema de coordinación entre las policías a nivel nacional.

En el Título Séptimo, De la Información sobre Seguridad Pública, en el artículo 110, la propuesta es reservar la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los Registros Nacionales, atendiendo a a que en virtud de las características de esta información resulta estrictamente necesario precisar que  sólo tendrán acceso a su consulta, las Instituciones de Seguridad Pública, a través de los servidores públicos designados para tal efecto.

Asimismo, se propone la adición de un artículo 127 Bis en el que se establezcan la creación y los requerimientos mínimos del registro del registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, a fin de hacerlo acorde con los requerimientos del sistema de justicia penal acusatorio en términos de lo previsto en los artículos 182 y 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por otra parte el Título Noveno, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene como finalidad regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos con el propósito de lograr el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, se propone reformar el artículo 141, adicionando la mención al Código Nacional de Procedimientos Penales, con la intención de que este nuevo ordenamiento adjetivo aplicable en todo el país, se encuentre dentro del catálogo de los ordenamientos aplicables para sancionar los delitos previstos en este título, armonizando así lo relativo al nuevo sistema de justicia penal.

Por lo respecta al Título Décimo Primero, De las Instalaciones Estratégicas, se precisan los términos en los que se sujetará la coordinación entre los tres distintos niveles de gobierno para la protección de aquellas instalaciones que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera como estratégicas.

En el artículo 149, en su primer párrafo, se propone actualizar la redacción sustituyendo Centros de Readaptación Social por el de Establecimientos Penitenciarios Federales, para estar en concordancia con lo que establece el artículo 18 constitucional.

LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

Ministerio Público Se propone que en el artículo 2, fracción X se modifique en el glosario el concepto de testigo colaborador, con el objeto de que este pueda considerarse para el caso de una asociación delictuosa, así como en la aplicación de un criterio de oportunidad, ya que el artículo 256 fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé esta hipótesis, de igual manera, se hace la adecuación del concepto de otras pruebas por el de medios de prueba ya que ésta última corresponde a la terminología propia del sistema acusatorio, y en la fracción XI en donde refiere que se entenderá por procedimiento penal, se realizan ajustes de redacción respecto de las etapas procesales por procedimentales en armonía con lo previsto por el artículo 211 del Código Nacional, y a su vez, se modifica el concepto de averiguación previa por el de investigación.

En el artículo 5 fracción II se amplía el alcance del principio de secrecía, en el sentido de que antes sólo se contemplaba a los servidores públicos y a las personas sujetas a protección, pero debido a la relevancia del tema, se incluye a cualquier persona relacionada con la aplicación del presente ordenamiento.

En el artículo 7 se adiciona una fracción XII, recorriéndose en su numeración la fracción X vigente, pasando a formar la fracción XII, para así poder incluir la facultad del Director del Centro Federal de Protección a Personas, de gestionar ante las autoridades competentes la documentación soporte para el cambio de identidad de la persona sujeta a protección, lo cual se relaciona con la propuesta de adición de un artículo 18 Bis, y conseguir la adecuada aplicación de la figura de cambio de identidad, lo que representa un tema de seguridad y discreción sumamente relevante cuando se trata de la protección a personas.

En el artículo 13 se realiza un importante ajuste debido a que actualmente se establece que el programa de protección a personas será aplicable únicamente para delitos graves o de delincuencia organizada, sin embargo, cabe señalar que en el sistema acusatorio no subsiste como tal un catálogo de delitos graves para estos efectos, sino que el artículo 19 constitucional hace referencia al catálogo de delitos graves para prisión preventiva oficiosa que son debidamente desarrollados por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese sentido es que se considera necesario que el referido programa sea aplicable para los delitos  que ameritan prisión preventiva oficiosa así como de asuntos relacionados con otros delitos, siempre y cuando se considere necesario; atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de ejecución, la relevancia social que tenga, por motivos de seguridad u otras que puedan impedir el garantizar un desarrollo adecuado del procedimiento, otorgándole al Procurador la facultad de emitir un Acuerdo al respecto, para que el Titular del Ministerio Público de la Federación pueda contar con los mecanismos necesarios para emplear estas herramientas eficaces, cuando las circunstancias del caso lo ameriten.

En el artículo 18 en el que se prevén las medidas de protección, se modifica la fracción VII que señala actualmente el cambio de identidad previo acuerdo del Procurador, modificación que tiene como finalidad que esta pueda ordenarse únicamente con la determinación del Procurador sin necesidad de expedir un acuerdo, asimismo en la fracción VIII se sustituye el término proceso por procedimiento y en el inciso a) de esta fracción el de actas por registros para adecuarlos al lenguaje propio del sistema penal acusatorio.

Asimismo en el tercer párrafo del artículo 18, en el que se señala que cuando la persona o testigo colaborador se encuentre recluso en alguna prisión administrada por una entidad federativa, este centro con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, podrá suscribir los convenios necesarios para garantizar la protección de las personas o testigos colaboradores incorporados al programa, se sustituye la referencia a la Secretaría de Seguridad Pública por la Secretaría de Gobernación, en virtud de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013, en la cual se extingue la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y se atribuyen sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

Así también, se propone la adición de un artículo 18 Bis, en el que se regulan las reglas para llevar a cabo el cambio de identidad de una persona, toda vez que pese a que la figura se encuentra prevista en la Ley, no cuenta con los mecanismos necesarios para su adecuada aplicación, por lo que en ese sentido se prevé lo siguiente:

Que las autoridades en materia de sus competencias estén obligadas a colaborar con el Centro para la expedición o reemplazo de documentos o procedimientos que den término o inicio a una situación jurídica sin que se lleven a cabo los procedimientos ordinarios, lo anterior en razón de que para la expedición de documentación o la agilización de procedimientos que deriven de cambios de situación jurídica tal como los certificados de estudios, licencias, actas, matrimonio, herencias y cualquiera otra que influye en la vida cotidiana de una persona, es necesario contar con los instrumentos debidos para que la persona pueda seguir desarrollando su proyecto de vida, sin que ello implique riesgos en su seguridad cuando se encuentre en una medida tan gravosa como el cambio de identidad, en ese sentido, es necesario que todas las autoridades en materia de sus competencias colaboren de forma eficiente y eficaz para tales fines.

Que el Director del Centro determine atendiendo al caso concreto y a las circunstancias del caso, si la persona amparada por el cambio de identidad civil sólo podrá hacer valer su nueva identidad, para lo cual se deberá extinguir la personalidad original de la persona protegida o si la medida será de carácter temporal y sus efectos.

Que los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos antes o después de la vinculación al programa, toda vez que los delitos que se cometan no pueden, ni deben quedar impunes únicamente por la inclusión al programa, sino que estos deben ser debidamente investigados y perseguidos sin perjuicio de que puedan aplicarse criterios de oportunidad, soluciones alternas o formas de terminación anticipada.

Asimismo prevé que el Centro deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la celebración del convenio por la persona protegida, es decir, que el hecho de que la persona se encuentre sujeta a esta medida no implicará la evasión de obligaciones de otra naturaleza, tal como alimentos, cuestiones laborales o civiles, para lo cual el Centro deberá emprender las acciones correspondiente para que estas obligaciones no impliquen un riesgo para el persona protegido.

En los artículos 22 y 35 se hace la adecuación del término proceso al procedimiento penal a fin de ampliar el espectro de aplicación de la ley en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el artículo 37, en el que se prevé que se podrá revocar la vinculación del programa cuando la persona haya ejecutado un delito, se precisa que este supuesto será aplicable también cuando haya intervenido en la comisión de dicho delito.

En el artículo 44 referente a la práctica de diligencias para obtener la declaración de testigos que resida en el extranjero, se realiza el reenvío al Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo dicha declaración conforme a sus disposiciones.

A su vez, se propone la adición de un artículo 46 Bis para establecer que en los casos en que un Estado extranjero solicite la cooperación del Estado mexicano para el internamiento de una persona protegida en el territorio nacional, el Director del Centro determinará la procedencia, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

La persona esté inscrita en el programa de protección del país solicitante.

 El delito con el que se relaciona a la persona sea equiparable a alguno de los delitos por lo que procede la aplicación del programa de protección personas en términos de lo previsto por el artículo 13 de esta Ley.

En caso de que la persona requiera además la medida de cambio de identidad cuente con la documentación necesaria de una nueva identidad, emitida por el Estado solicitante.

El Estado solicitante cubra con los costos del internamiento de la persona garantizando que cuente con los medio para vivir de forma digna.

Asimismo, se prevé que cuando el ingreso de la persona sea determinado por el Director del Centro, este deberá ordenar a las autoridades competentes la gestión de la calidad migratoria de la persona, quedando obligadas a colaborar para la expedición de los documentos necesarios para su adecuado internamiento, sin que para ello sea necesario realizar los procedimientos ordinarios, lo anterior debido a que actualmente no existe ninguna regulación que permita el adecuado desarrollo de los medios para una cooperación internacional en la materia.

Además es importante prever que la persona que sea admitida para internarse en el país, deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Programa, y en caso de incumplimiento, el Director del Centro podrá revocar la admisión y deberá ser enviado al país remitente a fin de establecer los controles necesarios en caso de cooperación internacional.

Finalmente, en el artículo 49 en el que se establece el tipo penal para sancionar a quien divulgue la información relacionada con el programa, se propone eliminar el último párrafo en el que se prevé que este delito amerita prisión preventiva, ya que no corresponde al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa por lo que debe atenerse a las reglas generales para la imposición de las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Se propone derogar el segundo párrafo del artículo 1, disposición que prevé la obligación que tienen actualmente los poderes judiciales de la Federación o de las entidades federativas, para ordenar de oficio el desahogo de pruebas que ellos consideren necesarias, sin embargo, ello resulta incompatible con el sistema de justicia penal acusatorio, toda vez que, el procedimiento se rige por el principio de contradicción, igualdad ante la ley y entre las partes, así como la imparcialidad del juzgador, por lo cual resulta estrictamente necesario derogar el contenido de dicho párrafo.

Por otra parte se propone contemplar en el primer párrafo del artículo 2 la referencia a los tipos penales en la materia, así como la aplicación para la investigación, persecución, sanción y para todo lo referente del procedimiento, del Código Nacional de Procedimientos Penales en sustitución del Código Federal de Procedimientos Penales, así como eliminar la referencia sobre la aplicación a los códigos de procedimientos penales de los Estados, e incluir a la Ley General de Víctimas.

Asimismo, se deroga el segundo párrafo del artículo 2, debido a que establece que a falta de regulación en los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos que se regulen en esta Ley, se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales, sin embargo esta disposición resulta innecesaria a la luz de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que una de sus funciones principales es homologar el desarrollo del procedimiento penal en toda la República tanto en fuero federal como local.

Finalmente, se propone reformar la parte final del tercer párrafo del artículo 2 para considerar a la prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que refiere al glosario, dispuesto en el artículo 4, se modifica la fracción VIII y se deroga la fracción IX a fin de hacer una remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales para unificar la referencia del concepto de víctima u ofendido, asimismo se adiciona una fracción X para incluir el  envío al Código Nacional de Procedimientos Penales, al resultar indispensable para su aplicación en los términos y conforme a las disposiciones de esta ley.

En el artículo 6, se proponen dos ajustes de redacción para adecuarlo con los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustituyéndose la referencia de la reserva del expediente por la de archivo temporal de la investigación, y el concepto de la consignación ante tribunales por el del ejercicio de la acción penal.

De igual forma en el artículo 7 se realizan ajustes de términos, el primero consiste en que el texto vigente señala que sólo podrá suspenderse el procedimiento judicial por ciertos supuestos, en este aspecto el cambio va en relación a que debe referirse al proceso penal, ya que con base al Código Nacional de Procedimientos Penales, el concepto de procedimiento comprende desde la etapa de investigación hasta la de juicio, y en este caso, solo se quiere hacer referencia a un momento específico del proceso.

Asimismo se armonizan los supuestos de suspensión del proceso con lo previsto en el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al contemplar también como supuestos de la suspensión del proceso cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia o que el imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso.

Por lo que respecta al artículo 15, se armonizan los conceptos previstos en las fracciones IV y V en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el texto vigente únicamente establece sanciones para quien altere, modifique o destruya el lugar, huellas o vestigios, sin embargo es necesario adicionar los conceptos relacionados con la cadena de custodia, tal como los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Asimismo, se propone sustituir la referencia del “inculpado” por la del “imputado”, esta última acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penalesy el respeto irrestricto al principio de presunción de inocencia.

Se hace una corrección en el inciso a) del artículo 15 de la ley motivo de la presente iniciativa, en razón de que actualmente se emplea la conjunción “y”, por lo que se estima necesario disponer en su redacción la disyunción “o”, ya que en el caso de presentarse el ocultamiento del infractor, no se aplicará la pena prevista en la fracción III de este artículo 15, cuando se trate de los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos, o cuando se trate del cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.

En cuanto al artículo 16, párrafo segundo; 19, párrafo segundo y fracción V; 40, fracción XIX; 46 párrafos primero, segundo y tercero, 47 y 48, se propone llevar a cabo una serie de ajustes relacionados con los términos del sistema de ejecución de sanciones penales, así como la legislación única en materia de ejecución de sanciones penales, a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 y del 8 de octubre de 2013.

Se propone derogar el párrafo segundo del artículo 20, toda vez que esta disposición refiere que la autoridad judicial puede imponer la medida cautelar de vigilancia policial tratándose de inculpados en libertad con las reservas de ley e indiciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso, sin embargo dicha disposición resulta inconveniente en razón de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece disposiciones en materia de medidas cautelares.

En el artículo 23, que prevé las reglas de competencia entre la Federación y las entidades federativas, para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente Ley, se modifican los párrafos tercero y cuarto, a fin de clarificar que en el caso en que se remitan procedimientos penales del fuero local al federal o viceversa, ya no resulta aplicable la remisión de la averiguación previa con un desglose, tal y como prevé el texto vigente, sino que sólo deben remitirse los registros de la investigación debido a que bajo el sistema de justicia penal acusatorio estos registros no tendrán el valor de prueba plena sino que deben ser incorporados al procedimiento, en términos de los previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, por lo que refiere al párrafo primero solamente se hace un ajuste en la referencia al Código Nacional en lugar de al Código Federal de Procedimientos Penales.

Por lo que respecta al artículo 24, que regula lo relativo a la intervención y aportación voluntaria de comunicaciones, se propone establecer simplemente una regla de remisión expresa a lo previsto por el Código Nacional, ya que es en dicho ordenamiento donde se desarrollan con la debida suficiencia las referidas técnicas de investigación, y en este sentido se advierte que estas disposiciones en sus términos vigentes resultan limitativas e incluso contradictorias con lo previsto en la ley adjetiva.

En ese sentido, también se prevé modificar el artículo 25 referente a las obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones, toda vez que de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, específicamente en el Título Octavo referente a la Colaboración con la Justicia, resulta innecesario establecer diversas reglas en específico para la investigación y persecución de los delitos en materia de secuestro ya que las disposiciones previstas en el referido ordenamiento, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, desarrollan adecuadamente el objeto y fin del presente capítulo, por lo que se sugiere una remisión expresa a las disposiciones aplicables a fin de evitar contradicciones legislativas.

En cuanto al párrafo segundo del artículo 26 de la ley en cita, se propone referir a la intervención en el procedimiento penal en lugar de referir a la averiguación previa.

Por otra parte, se propone derogar el último párrafo del artículo 26 ya que prevé la posibilidad de ordenar como medidas cautelares la protección de personas, lo cual se aparta de la naturaleza de las medidas cautelares en términos de lo previsto por el sistema de justicia penal acusatorio, asimismo, el juez ya no está facultado para imponer la protección de personas ya que ello corresponde al Ministerio Público.

En razón de lo anterior en el artículo 29, párrafo quinto, se elimina la porción normativa que señala que, el juzgador también podría revocar la protección de personas en los supuestos en el que la haya ordenado, toda vez que dejó de ser una facultad que le corresponda. Por lo que respecta a la fracción III de este artículo 29 de la Ley en comento, se sustituye la referencia al delito grave, por el de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa a fin de armonizarlo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Finalmente en el último párrafo se sustituyen las referencias de la indagatoria por el de la investigación y se precisa que el Ministerio Público puede determinar la imposición de medidas de protección y no de providencias, a fin de armonizarlo con lo previsto en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No omitimos señalar que por lo que refiere al párrafo primero de este artículo 29 en comento, también se actualiza el concepto de la averiguación previa sustituyéndolo por la referencia al procedimiento penal, toda vez que dicho concepto engloba a la fase de investigación inicial hasta etapa de juicio.

La fracción IV del artículo 32, establecía como uno de los derechos de las víctimas u ofendidos, el solicitar a la autoridad judicial las medidas precautorias o cautelares que procedieren, sin embargo, en atención a lo dispuesto en el Código Nacional la víctima u ofendido podrá solicitar providencias precautorias para garantizar la reparación del daño o bien medidas cautelares para garantizar su seguridad, la presencia del imputado en el procedimiento o evitar la obstaculización del mismo. Asimismo, se reforma la fracción VII, para armonizar el derecho de la víctima u ofendido a rendir o ampliar sus declaraciones por el de rendir su testimonio.

En este orden de ideas, se propone derogar la fracción VIII, toda vez que, prevé el derecho a participar en careos a través de medios electrónicos, sin embargo, esta es una figura que no subsiste en el sistema de justicia penal acusatorio, por su parte en la fracción IX se precisa su derecho a estar asistido por un asesor jurídico en armonía con lo previsto en el la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En la fracción XI, se adecúa el concepto de aportar pruebas, por el de medios de pruebas, de conformidad con los conceptos que establece el Código Nacional.

En el artículo 34, se establece en la disposición vigente que las víctimas contarán con asistencia gratuita en materia penal designada por el Poder Judicial, sin embargo, tal disposición contradice lo previsto en Ley General de Víctimas, por lo que se suprime esta referencia y se dispone la referencia de la autoridad competente en los términos de las disposiciones aplicables.

El artículo 36, relativo al embargo por valor equivalente, se armoniza con el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de regular de mejor forma lo que actualmente establece la presente Ley, y no generar confusión o disparidad en la práctica.

Finalmente se modifica la fracción II del artículo 43, ya que actualmente establece como facultad de las unidades especiales de investigación el decretar las providencias precautorias para proteger la vida e integridad de las víctimas o sus familiares, sin embargo en términos de los previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede decretar la aplicación de medidas de protección y en su caso, solicitar a la autoridad judicial la providencias precautorias para la reparación del daño.

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En el artículo 12 párrafo segundo se establece que el autorizado para efectos del amparo por parte del quejoso o del tercero interesado en el sistema penal acusatorio deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, lo anterior a fin de garantizar en todo momento la adecuada defensa o asesoría jurídica para las partes.

Por otra parte en el artículo 61 en el que se establecen las excepciones a la improcedencia del juicio de amparo, se precisa en el inciso b) que será procedente respecto de autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas y no por  el auto de vinculación a proceso como prevé el artículo vigente, ello en razón de que el inciso de mérito hace referencia a las resoluciones que implican una restricción de la libertad, sin embargo, la vinculación a proceso no trae aparejada la restricción de la libertad sino que esa es una resolución independiente, por lo que se sugiere hacer esta distinción y establecer la procedencia del amparo contra el auto de vinculación a proceso como un nuevo inciso d) ya que de lo contrario se estaría conservando la tradición jurídica del sistema mixto-inquisitivo en respecto de la figura del auto de formal prisión y erroneamiente equiparándola con el auto de vinculación a proceso que atiende a supuestos diversos y tiene efectos distintos.

En el artículo 73 se establece que en el caso resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad  de una norma general o amparo colectivos, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales de circuito deberán hacer públicos los proyectos de sentencia, cuando menos con tres días antes de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán, asimismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de las sentencias referidas.

Además se propone la modificación al artículo 75 con el objeto se exceptuar que en los juicios de amparo directo que se sigan por procedimientos correspondientes al sistema penal acusatorio el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable y que el juez oficiosamente recabe pruebas y realice actuaciones para la resolución del asunto, ello en virtud, de que tal disposición transgrede los principios más relevantes del sistema penal acusatorio tal como la inmediación ante el juez de la causa permitiendo que el juex de amparo desahogue medios de prueba ante procedimientos diversos a los previstos en el ordenamiento procesal y asimismo el principio de igualdad entre las partes, permitiendo que el juzgador recabe pruebas de forma oficiosa.

En relación con los efectos del juicio de amparo se sugiere precisar en el artículo 77 que en los asuntos del orden penal en el que se establezcan providencias precautorias o medidas cautelares restrictivas de la libertad respecto de las que no proceda la prisión preventiva oficiosa la sentencia de amparo surtirá efectos inmediatamente sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame el auto por el que se resuelve la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal y el amparo se conceda por vicios formales, lo anterior, con el objeto de prever los efectos que tendrá la concesión de amparo respecto de las nuevas figuras que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior, sin perjuicio de dejar subsistentes las normas aplicables para el sistema de justicia penal mixto con el objeto de que norma pueda ser adecuadamente aplicada por el operador ante la aplicación de ambos sistemas durante la tramitación de los juicio de amparo.

Respecto al artículo 79 se establece que la suplencia de la queja en materia penal podrá operar en favor del imputado y del acusado, además del indiciado y sentenciado que prevé el texto vigente, a fin de adicionar las denominaciones aplicables al sistema de justicia penal acusatorio.

Respecto al informe justificado de la autoridad responsable en el artículo 117 se establece que en el sistema penal acusatorio, se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique la intervención de cada una de las partes, ello con el objetivo de permitir al juez de amparo el debido análisis de las audiencias del procedimiento penal y con ello estar en posibilidad de allegarse de los medios necesarios para su resolución.

Asimismo en el artículo 124 se prevé que en la audiencia constitucional se hará una relación de las videograbaciones analizada íntegramente, ello con el objeto de adicionar el supuesto en el que las pruebas consten en dicho formato en virtud de que provienen de un acto realizado en audiencia, en ese sentido, resulta importante precisar que dichas videograbaciones deben estar íntegramente analizadas a fin de garantizar que juez de amparo lleve a cabo el estudio de todos los medio probatorios en su conjunto y no únicamente respecto de determinados actos.

Por otra parte se prevé en el artículo 128, la excepción para la concesión dela suspensión del acto reclamado  en el caso de que órdenes o medidas de protección para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica o medida cautelar concedida por la autoridad judicial.

En el artículo 138 se adiciona la no contravención a disposiciones de orden público como supuesto que deberá ponderar el juzgador para la resolución de la suspensión del acto reclamado.

Respecto a lo previsto en el artículo 165 en relación con los efectos de la suspensión en materia penal, se modifica el concepto de consignación ante el juez penal por el de puesta a disposición ante el juez penal a fin de hacerlo acorde con el lenguaje propio del sistema acusatorio, asimismo prevé adiciona que el plazo de retención ante el Ministerio Público que empezará a contar a partir de que el imputado este a su disposición será también aplicable para la detención por caso urgente y no solo para la detención en flagrancia como prevé el texto vigente.

En el artículo 166 se hacer una remisión respecto de lo dispuesto por el artículo 128 respecto de la excepción para la procedencia de la suspensión para el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas del procedimiento penal.

Asimismo en el artículo 170 se precisa que en materia penal el proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de control a fin de armonizarla con lo previsto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el artículo 173 se distingue y precisa respecto de las violaciones a las leyes del procedimiento  con trascendencia a las defensas del quejoso, lo anterior con el objeto de clarificar cuales de ellas son aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y las del Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar contradicciones y antinomias y con ello permitir la adecuada resolución del juicio de amparo directo en materia penal con independencia del sistema procedimental que sea aplicable.

En relación con informe justificado de la autoridad responsable se prevé una regla que se relaciona con en el artículo 117 a fin de establecer que en el sistema penal acusatorio, la autoridad responsable acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique la intervención de cada una de las partes.

En el artículo 182 se prevé que para el amparo adhesivo en asuntos en materia penal la víctima u ofendido quedarán excluidos de hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, hubiese agotado los medios ordinarios de defensa a fin de equiparar su tratamiento al del imputado, ello con el fin de generar el equilibrio procesal acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por otra parte en el artículo 191 se suprime la referencia a la libertad provisional bajo caución como efecto de la suspensión de oficio, ya que es una figura que ya no se contempla en el esquema de medidas cautelares del Sistema Penal Acusatorio.

Finalmente en el artículo 227 se realiza una precisión a fin de establecer que los magistrados del tribunal unitario de circuito tendrán legitimación para denunciar contradicciones de tesis

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

Se prevé dentro del Título Segundo, capítulo IV, relativo a las Salas con las que contará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en concreto dentro del artículo 21, el cual señala lo que le corresponde conocer a las Salas, la derogación de la fracción X, toda vez que refiere la figura del reconocimiento de inocencia, y con base en el artículo 488 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicha atribución ya no les correspondería.

El artículo 50 Bis, se modifica en relación a que derivado del sistema de justicia penal acusatorio, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el Juez de control, haciendo la mención que se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dentro del Título Quinto, se propone la adopción de un nuevo diseño administrativo-judicial, basado en la creación de Centros de Justicia Penal Acusatoria. En el artículo 56, se establece que dicho centros estarán integrados por Jueces de control, Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada, así como por un Administrador del Centro, y el personal que determine el Consejo de la Judicatura Federal conforme al presupuesto del Poder Judicial.

El artículo 57, se establece en específico a que se entenderá por Organos jurisdiccionales, señalando al Tribunal de Alzada, al Magistrado Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema de justicia penal acusatorio, y asimismo, al Juez de control, al Tribunal de Enjuiciamiento, y al juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio.

Dentro del artículo 60, se establece de manera específica de los asuntos que conocerán los Tribunales de Alzada, como por ejemplo, del recurso de apelación, así como de los procedimientos de reconocimiento de inocencia del sentenciado y de anulación de sentencia, con base en el artículo 488 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se prevé un modelo de conformación jurisdiccional unitaria, en virtud de que además de ser acorde, al diseño constitucional del Poder Judicial de la Federación, permite que los tribunales unitarios conozcan de un mayor número de asuntos, frente a la creciente demanda de impartición de justicia; lo que, adicionalmente, es acorde con la política de austeridad del Estado Mexicano, ya que se requeriría una menor erogación en recursos humanos, materiales y financieros, lo que reduce el costo de implementación de la reforma.

Ahora bien, por lo que toca a la intervención de los secretarios de juzgado y de tribunal de circuito, se considera que con el cambio de modelo su participación en el proceso penal no es acorde con la naturaleza de las funciones que les son encomendadas, ya que la responsabilidad total de conducir, tramitar y resolver el proceso recae en el juzgador; sin embargo, ello no es óbice para reconocer la necesidad de contar con el personal especializado que le auxilie en el desahogo de las audiencias.

Dicho personal auxiliar está referido en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en su artículo 54. De esta suerte se considera necesario incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la categoría de “Asistente de Constancias y Registro”, como parte de la carrera judicial, previsto en los artículos 63, 64 y 66 de la Ley de mérito.

Se modifica la fracción V, del artículo 101, para armonizarlo al Código Nacional de Procedimientos Penales y establecer las figuras de imputado y medida cautelar.

En el artículo 131, relativo a las causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se modifica la fracción XIII, para hacer referencia a la omisión del segundo párrafo del artículo 135 del Código Nacional, respecto de que a partir de que se advierta la omisión del acto procesal, la queja podrá interponerse ante el Consejo.

De igual forma, se modifica la fracción XVI del artículo 146, para adicionar las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una de las causas por las que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal se encuentran impedidos para conocer.

En el artículo 147, se incluye como parte de los interesados en los asuntos del orden penal al imputado y a la víctima u ofendido.

Se reforma el último párrafo del artículo 158, toda vez que en el texto vigente prevé que los jueces ordenen la práctica de diligencias para que resuelva sobre la forma prisión, la sujeción a proceso o la libertad por falta de méritos para procesar, por lo que a la luz del sistema de justicia penal acusatorio se debe de hacer referencia al auto de vinculación o no vinculación a proceso en términos de lo que disponga el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se incluye dentro de la fracción II del artículo 243, relativo al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, lo previsto por el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su segundo párrafo, que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.

Finalmente, se suprimen las referencias al jurado popular que se hacen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que dicha figura ya no se contempla en el texto constitucional, como parte de la estructura de dicho poder.

LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA.

Se propone la reforma al artículo 4 con el objeto de precisar que los servicios de defensoría pública se prestarán en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y no en el sistema federal, en razón de que ello es acorde con lo previsto en el artículo 18 constitucional, amplía el ejercicio de la defensoría no solo a la averiguación previa o investigación sino a cualquier otra consecuencia.

Asimismo en el artículo 5 se adiciona como requisito de permanencia de los defensores públicos el no incurrir en deficiencia técnica manifiesta o reiterada, ni incumplir los deberes propios del cargo, lo cual será aplicable a todos los servidores públicos del servicio civil de carrera.

En cuanto a las obligaciones de los defensores y asesores jurídicos se precisa en la fracción IV del artículo 6 la referencia a la vigilar el respeto a los derechos humanos y no garantías individuales como prevé el texto vigente, así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de defensa cuando aquellos se estimen violentados.

En el artículo 10 se clarifica que los defensores públicos y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin mayor requisito que la solicitud formulada por el destinatario de los servicios o por el Ministerio Público.

Respecto a los servicios que comprende la defensoría pública en materia penal y de adolescentes  ante el Ministerio Público y ante la autoridad judicial res reforman los artículos 11 y 12 con el objeto de armonizarlos con las atribuciones que se establecen al defensor en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el artículo 12 Bis, que establece las atribuciones para los defensores públicos para adolescentes se realizan diversos ajustes de terminología a fin de hacerlo acorde con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Finalmente en el artículo 32 se establece como atribución del Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública el dar seguimiento a los asuntos penales cuya defensa este a cargo de los defensores públicos federales, y se precisa que de forma particular deberán dar seguimiento a los asuntos penales que se estén asistiendo por defensores públicos federales a efecto de conocer si lo imputados cuentan con derecho a medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

En la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, se plantean los siguientes puntos:

a) Facultad de la SHCP para obtener datos que sirvan para investigación de delitos fiscales, al respecto, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre la autonomía que existe entre las materias penal y administrativa para la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales. Mientras que para las infracciones existen procedimientos denominados visitas, para los delitos existe un procedimiento distinto, el cual tiene por objeto verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante: “actos de comprobación en materia de delitos”. Tanto los actos de comprobación tendientes a las infracciones como los actos de comprobación dirigidos a los delitos, no son vinculantes o requisitos previos, uno de otro, a pesar de que  guardan cierta conexidad.

Existen interpretaciones erradas sobre la forzosa interdependencia o requisito previo para el inicio entre ambos actos de comprobación. Iniciada una visita de naturaleza administrativa forzosamente debe derivar en asunto penal, o bien, iniciado un “acto de comprobación en investigación de delito”, éste debe tener como requisito previo y de manera forzosa una visita domiciliaria. Ahora bien, el Ejecutivo Federal considera que ambos tipos de facultades para la comprobación de obligaciones fiscales, esto es, las encaminadas a las infracciones y las referentes a los delitos, deben mantener su independencia y autonomía, y por consiguiente deben de estar contenidas y referenciadas en los apartados que el Código Fiscal de la Federación (CFF) contempla para ambas categorías.

Bajo este orden de ideas, se reubican las facultades de investigación de delitos fiscales o “actos de comprobación en materia de delitos”, comprendidas en la fracción VIII del Artículo 42 del CFF, al artículo 92 del mismo ordenamiento, y por lo tanto, se deroga el texto actual de la fracción VIII del artículo 42, en lo referente a las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales, tendrán el mismo valor probatorio que se concede a las actas de la policía judicial, lo anterior, en virtud de que el concepto de prueba tasada queda eliminada a la luz del sistema de justicia penal acusatorio, pues ahora será de manera libre y lógica y sometidos a la crítica racional .

Ahora bien, con el fin de mantener la coherencia de la operación del sistema actual, hasta en tanto no entre en vigor el nuevo sistema oral-adversarial, se mantienen las facultades del apartado contenido en la mencionada fracción VIII del artículo 42, en lo referente a:

“y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.”

Resulta importante precisar que la presente adecuación legislativa no podría incidir sobre la validez de los actos realizados en ejercicio de las facultades de investigación denominadas “actos de comprobación en materia de delitos” que se hayan iniciado antes de la presente reforma, ya sea que se encuentren en trámite o que ya hayan dado inicio a un procedimiento penal, dado que fueron ejercidas, en su momento, bajo las disposiciones vigentes y aplicables.

b) Figura de la asesoría jurídica y la victima u ofendido, para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es, sin lugar a duda, el garante del sistema tributario El Fisco Federal como parte integrante del gobierno mexicano, el cual a su vez es parte del Estado, encargado de vigilar el cumplimiento de las contribuciones; por otro lado, se integra de bienes y otros derechos, conceptos que sin lugar a dudas son parte del patrimonio del Estado Mexicano. Sobre la base de lo anterior,, es el abogado hacendario, a través de la figura del “asesor jurídico”, quien deberá representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de víctima u ofendido, en el cual pueda participar en condiciones de igualdad en cualquier etapa del procedimiento penal, incluso pueda interponer juicios en contra de alguna resolución que deje impune una conducta delictiva y especialmente evitar que quede impune el derecho Constitucional de la “reparación del daño”.

No debe dejarse de enfatizar la necesidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de participar activa y funcionalmente en los juicios y procedimientos penales derivados de delitos fiscales, de tal manera que, atribuyéndole en ley el carácter de víctima u ofendida, para esos efectos, se logrará dicho cometido, tanto en el sistema actual como en el nuevo. La elevada naturaleza técnica de esos asuntos amerita la participación especializada de esa dependencia, pues se encuentra de por medio la defensa de los bienes jurídicos hacendarios que el Estado está obligado a proteger, en virtud de ser intereses fundamentales para el funcionamiento de todo el aparato gubernamental.

Al tratarse de una figura procesal que tiene intervención en el procedimiento penal, es conveniente que quede incorporada en el capítulo de los delitos fiscales que trata aspectos procedimentales.

Asimismo, se ajusta el actual párrafo tercero del artículo 92 del citado Código Fiscal a las figuras que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.

c) Aplicación de providencias precautorias y medidas cautelares:

Actualmente, el artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, establece los parámetros que deben considerarse al fijar el monto de la caución para garantizar la reparación del daño, cuando se solicita la libertad provisional por los inculpados, al tratarse de delitos no graves. El Código Nacional de Procedimientos Penales, no contempla la figura de la libertad provisional bajo caución, toda vez que, a la luz del sistema de justicia penal acusatorio incluye figuras como las providencias precautorias y las medidas cautelares, a efecto de garantizar la reparación del daño y la presencia del imputado en el procedimiento, respectivamente. Asimismo, para dar seguridad jurídica a los contribuyentes que pudieran ser objeto de un procedimiento por un delito fiscal, se propone especificar que, tanto para la condena a la reparación del daño como para las providencias y medidas cautelares, los montos se deberán fijar exclusivamente respecto de las contribuciones adeudadas del delito fiscal de que se trate en el procedimiento.

Ahora bien, en la presente adición al párrafo cuarto, con el concepto de medidas cautelares y providencias, se permite armonizar el nuevo sistema penal procesal recogido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Respecto al actual párrafo quinto del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, se mantiene la política fiscal establecida en beneficio del contribuyente, adecuándola a las figuras del nuevo sistema de justicia penal.

En relación a las adecuaciones realizadas al artículo 96 del Código Fiscal de la Federación, se ajustan a las figuras del Código Nacional de Procedimientos Penales.

d) Presunción de contrabando como delito que exige requisito de procedibilidad, ya que, actualmente, se ha interpretado por los órganos jurisdiccionales que tratándose del delito de presunción de contrabando previsto en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, tal requisito de procedibilidad es la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación, al no contemplarse en ninguna de las tres fracciones del numeral 92 del Código Fiscal de la Federación.

Existen razones por las que se estima que el criterio asumido por los órganos jurisdiccionales es equivocado, entre ellas, que el bien jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando y por el tipo penal de presunción de contrabando es el mismo, el cual se ve lesionado con la omisión de contribuciones que deben cubrir los contribuyentes, de ahí que sí existe identidad de bien jurídico y de lesión jurídica, debe haber identidad en el requisito de procedibilidad; se trata de un tipo penal de resultado material, por lo que el requisito de procedibilidad debe ser la declaratoria de perjuicio; es un tipo penal complementado, por ello debe seguir la suerte del principal (delito básico).

Por lo anterior, es necesario determinar de manera clara que el requisito de procedibilidad que debe corresponder al tipo penal de presunción de contrabando, previsto en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación es la declaratoria de perjuicio contenida en la fracción II del artículo 92, de dicho ordenamiento, a efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados, por lo que se propone adicionar el artículo 103 a la fracción II del numeral 92, así como derogar el último párrafo del artículo 102, para incluirlo como último párrafo del artículo 103 del mismo ordenamiento.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

Los requerimientos de información protegidos por el secreto financiero que se formulen, con motivo de la adición al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, impactan en la Ley de Instituciones de Crédito, por tanto se pretende alinear con la reforma antes propuesta.

REGIMEN TRANSITORIO.

En relación con el régimen transitorio se propone que el presente Decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a excepción de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2 13, 44 y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y el artículo 21 en su fracción X, el 50 Bis y el 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mismas que se prevé que entren en vigor en los mismos términos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con lo previsto en el artículo segundo transitorio de su Decreto de expedición.

En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 78, primer párrafo; 100, primer párrafo, la fracción II y segundo párrafo; 113, fracción VIII; 122, 135, segundo y cuarto párrafos; 143, primer párrafo; 151, primer párrafo; 154, último párrafo; 167, tercer párrafo; 174, segundo y tercer párrafos; 176 y su epígrafe; 192, fracciones I, II, y segundo párrafo; 196, tercer párrafo; 218; 251, fracción X; 256, primer párrafo, fracciones IV y V; 257, segundo y tercer párrafos; 291, primer párrafo; 303 y su epígrafe; 304, fracción II; 307, segundo párrafo; 308, tercer párrafo; 309, tercer párrafo; 311, primer párrafo; 314; 315, primer párrafo; 320; 336; 337; 338, fracción III; 340, primer párrafo; 341, primer párrafo; 347, fracción I; 349; 355, cuarto párrafo; 359; 401, tercero y sexto párrafos; 404, primer párrafo; 409, segundo párrafo; 421 y su epígrafe; 422 y su epígrafe; 423; 424; 425, primer párrafo, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2014; se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 143, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un séptimo párrafo al artículo 167, recorriéndose en su orden el subsecuente; un primer párrafo al artículo 176 recorriéndose en su orden el actual primer párrafo en su orden; una fracción III al artículo 192; un segundo y tercer párrafos, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo y un quinto párrafo al artículo 218; una fracción XI, recorriéndose en su orden la subsecuente al artículo 251; un tercer párrafo al artículo 291, recorriéndose en orden los subsecuentes párrafos; un segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 303, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo para ser séptimo párrafo; un segundo y tercer párrafos al artículo 314; un quinto párrafo al artículo 337; un primer párrafo, recorriéndose en su orden el actual primer párrafo para ser segundo párrafo, un tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 421; las fracciones I a V al primer párrafo, los incisos a) a f) al segundo párrafo, las fracciones I a VI al tercer párrafo, y un cuarto párrafo al artículo 422; un primero, segundo y tercer párrafos, recorriéndose en su orden el actual primero y segundo párrafo para ser cuarto y quinto párrafo, un sexto párrafo, recorriéndose en su orden el subsecuente al artículo 423; y un segundo párrafo al artículo 456, recorriéndose en su orden los subsecuentes, y se DEROGAN el último párrafo del artículo 174, las fracciones VI y VII del artículo 256; el actual segundo párrafo del artículo 340; el actual tercer párrafo del artículo 373; el actual quinto párrafo del artículo 401; y los actuales segundo y tercer párrafos del artículo 484, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 78. Exhortos de tribunales extranjeros.

Las solicitudes que provengan de tribunales extranjeros deberán ser tramitadas de conformidad con el Título XI del presente Código.

Artículo 100. Convalidación.

Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado quedarán convalidados cuando:

I. …

II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este Código, o

III. …

Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido.

Artículo 113. Derechos del imputado.

I. a VII. …

VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código;

IX. a XIX. …

Artículo 122. Nombramiento del Defensor público.

Cuando el imputado no pueda o se niegue a designar un Defensor particular, el Ministerio Público o el Organo jurisdiccional, solicitarán a la autoridad competente se nombre un Defensor público que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga.

Artículo 135. La queja y su procedencia.

A partir de que se advierta la omisión del acto procesal, la queja podrá interponerse ante el Consejo. Este deberá tramitarla y resolverla en los términos de su ley orgánica.

En ningún caso, el Consejo podrá ordenar al Organo jurisdiccional los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia.

El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.

Dicha solicitud deberá ser resuelta dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia o de audiencia privada, en este último caso el juez resolverá en  la misma audiencia de forma inmediata.

Artículo 151. Asistencia consular.

En el caso de que el detenido sea extranjero, el Ministerio Público le hará saber sin demora y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá comunicarse a las embajadas o consulados de los países respecto de los que sea nacional; y deberá notificar a las propias embajadas o consulados la detención de dicha persona, registrando constancia de ello, salvo que el imputado acompañado de su Defensor expresamente solicite que no se realice esta notificación.

Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares.

I y II. … 

En caso de que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o en su caso el imputado solicite la imposición de una medida cautelar anticipada durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.

Artículo 167. Causas de procedencia.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley, que atenten contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad o contra la salud.

I. a XI. …

Para las Entidades federativas se considerarán delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el de homicidio doloso, violación y aquellos delitos graves contra la seguridad de la nación o el libre desarrollo de la personalidad, que determine su legislación penal.

Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares.

El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión.

En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas.

Se deroga.

Artículo 176. Naturaleza y objeto.

La Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso se ubicará en la institución policial federal o local que corresponda y contará con un cuerpo de policía procesal para el auxilio en el desarrollo de sus funciones.

Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Artículo 192. Procedencia.

...

I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años;

II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido, y

III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso.

Lo señalado en la fracción III, del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento.

Artículo 196. Trámite.

La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal.

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

Los registros de la investigación, incluyendo todos los documentos, fotografías, videos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y cualquier otro dato de prueba que obre en la carpeta de investigación, son estrictamente reservados, por lo que únicamente podrán tener acceso a los mismos la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico, el imputado y su defensor, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control.

I. a IX. …

X. La entrevista a testigos;

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador, y

XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial.

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad.

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá no ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

...

I. a III. …

IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero.

V. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione sea eficaz para la investigación y se comprometa a comparecer en juicio.

VI. SE DEROGA.

VII. SE DEROGA.

Artículo 257. Efectos del criterio de oportunidad.

En el caso de la fracción V del artículo anterior, se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de prescripción de los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información, momento a partir del cual, el agente del Ministerio Público contará con quince días para resolver definitivamente sobre la procedencia de la extinción de la acción penal.

En el supuesto a que se refiere la fracción V del artículo anterior, se suspenderá el plazo de la prescripción de la acción penal.

Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas.

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría General de la República o el servidor público en quien delegue esta facultad, así como los Procuradores de las Entidades federativas, deberán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.

También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de datos de identificación de las comunicaciones; así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos vinculados con estos, sin embargo, en el caso de que se encuentren estos mismos en el lugar de la posible comisión de un hecho delictivo y sin que exista persona detenida, el Ministerio Público podrá ordenar la extracción de información sin que medie la solicitud correspondiente a la autoridad judicial.

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real, solicitud de entrega de datos conservados y suspensión inmediata del servicio de telefonía.

Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados de registro y control de comunicaciones o la suspensión inmediata del servicio de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentre relacionada con los hechos que se investigan, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control competente, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación y, en su caso, procedan a suspender inmediatamente el servicio de telefonía para hacer cesar la comisión de delitos.

En la solicitud se expresarán los equipos de comunicación móvil relacionados con los hechos que se investigan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real, la entrega de datos conservados de registro y control de comunicaciones o la suspensión inmediata del servicio de telefonía, su duración y, en su caso, la denominación de la empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones a través del cual se operan las líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida.

La petición deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya recibido.

Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

En caso de que el Juez de control niegue la orden de localización geográfica en tiempo real, la entrega de datos conservados de registro y control de comunicaciones o la suspensión inmediata del servicio de telefonía, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.

Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, formulará directamente la solicitud de localización geográfica en tiempo real, la entrega de datos conservados de registro y control de comunicaciones o la suspensión inmediata del servicio de telefonía, a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá hacerlo del conocimiento del juez de control competente dentro del plazo de seis horas a efecto de que ratifique, modifique o revoque la subsistencia de la medida.

Asimismo el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá requerir a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días, lo cual deberá realizarse de forma inmediata. La solicitud y entrega de los datos contenidos en  redes, sistemas o equipos de informática se llevará a cabo de conformidad por lo previsto en este artículo.

Artículo 304. Prueba anticipada.

I. …

II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo o perito no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar o en el caso de que se trate de una víctima menor de doce años;

III. …

IV. ...

Artículo 307. Audiencia inicial.

En caso de que el imputado se acoja al plazo constitucional o su duplicidad se podrá solicitar la imposición de una medida cautelar anticipada, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial.

Artículo 308. Control de legalidad de la detención.

Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial de conformidad con lo previsto por el artículo 19 constitucional, sin perjuicio de que pueda solicitarse la aplicación de una medida cautelar distinta.

Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas.

En el caso de que el imputado se haya acogido al plazo constitucional y el Ministerio Público solicite la aplicación de una medida cautelar anticipada, el debate sobre ésta sucederá previo al diferimiento de la audiencia.

...

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación.

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, los datos de prueba contenidos en los registros de la investigación, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.

Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación.

El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, incorporar a los registros de la investigación los datos de prueba que consideren necesarios, con el fin de que puedan ser presentados ante el Juez de control en dichos plazos.

El Ministerio Público deberá incorporar todos los datos de prueba aportados por el imputado o su defensor y en caso de que estos no sean incorporados, el imputado o su defensor, podrán solicitar audiencia, a fin de que el Juez de control, escuchando a las partes, pueda determinar la vista al superior jerárquico del Ministerio Público y ordenar que estos sean incorporados de inmediato.

En este caso la audiencia deberá llevarse a cabo a más tardar dentro de las seis horas siguientes a su solicitud.

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial.

La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los registros de la investigación de investigación aportados por las partes. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

Artículo 320. Valor de las actuaciones.

Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código.

Artículo 336. Notificación de la acusación.

Una vez presentada la acusación, el Juez de Control ordenará su notificación a las partes día Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación.

El Ministerio Público estará obligado a realizar su descubrimiento probatorio así como el de la víctima coadyuvante en un plazo no mayor a cinco días que iniciará una vez concluido el plazo otorgado al imputado en el artículo 340 de este Código. El acusado estará obligada a realizar su descubrimiento en un plazo de cinco días contados a partir del cierre del descubrimiento del Ministerio Público.

El Ministerio Público hará constar en la carpeta de investigación el inicio y cierre de los plazos para el descubrimiento probatorio.

El imputado deberá entregar los dictámenes de las pruebas periciales en el descubrimiento probatorio, salvo que aún no cuente con ellos, caso en cual podrá descubrirlos a más tardar al inicio de la audiencia intermedia.

Artículo 337. Descubrimiento probatorio.

El descubrimiento probatorio consiste en la obligación que tienen las partes de mostrarse mutuamente los datos probatorios que pretenden ofrecer como prueba en la audiencia intermedia; en el caso del Ministerio Público, esta obligación implica dar a la defensa copia de los registros y acceso las evidencias materiales recabada durante la investigación con independencia del derecho que tiene el imputado de acceder a la carpeta de investigación en términos de lo previsto en esté Código.

En el caso del imputado, esta obligación consiste en entregar materialmente al Ministerio Público copia de los registros y acceso a los medios de prueba que ofrecerá en la audiencia intermedia

Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación.

I. a II. …
II. Presentarle al Ministerio Público los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación. En tal caso, el Ministerio Público deberá integrarlos a la carpeta de investigación y comunicarlo al imputado o a su defensor en un plazo no mayor de veinticuatro horas.

IV. …

Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia

Dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o bien en audiencia intermedia:

I. a III. …

Se deroga.

El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su comparecencia.

Artículo 341.Citación a la audiencia.

El Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días a partir de presentada la acusación

Artículo 347. Auto de apertura a juicio.

I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio;

II. a IX. …

Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones.

El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia.

Artículo 355. Disciplina en la audiencia.

I. a V. …

El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad, derivado de sus incomparecencias injustificadas a audiencia o aquellos actos que impidan que las pruebas  puedan desahogarse en tiempo y forma.

Artículo 359. Valoración de la prueba.

El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado.

Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio.

Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos.

Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en contrainterrogatorio.

Se deroga

Artículo 401. Emisión de fallo.

I. a III. …

En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se llevará a cabo la  individualización de las sanciones y reparación del daño, salvo que alguna de las partes solicite una nueva audiencia la cual deberá celebrarse dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días.

Se deroga

El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública dentro de los cinco días posteriores a la emisión del fallo. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes.

Artículo 404. Redacción de la sentencia.

Una vez emitido fallo el Tribunal de enjuiciamiento redactará la sentencia correspondiente. En caso de que el Tribunal de enjuiciamiento sea colegiado los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor.

Artículo 409. Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Cerrado el debate, el Tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño.

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma.

Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, y ante la inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con excepción de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido.

No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan. En estos casos, el traslado de la pena podrá graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente responsable del delito.

La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

Las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal, que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas, no afectará el procedimiento contra las personas jurídicas. Tampoco podrá afectar el procedimiento el hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga de la acción de la justicia.

Las personas jurídicas serán penalmente responsable únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas.

Artículo 422. Consecuencias jurídicas.

A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones:

I. Sanción pecuniaria o multa;

II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito;

III. Publicación de la sentencia;

IV. Disolución, o

V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales.

Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración  lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos siguientes:

a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma;

b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;

c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;

d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito;

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.

Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas:

I. Suspensión de sus actividades;

II. Clausura de sus locales y establecimientos;

III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión;

IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público;

V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o

VI. Amonestación pública.

En este caso el órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas establecidas en este apartado, conforme a lo dispuesto en el artículo 410 de este Código.

Artículo 423. Formulación de la imputación y vinculación a proceso.

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en este Código, iniciará la investigación correspondiente.

En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes el Ministerio Público, éste dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga.

Para los efectos de este Capítulo, el órgano jurisdiccional podrá dictar como medidas cautelares la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial.

En la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física, se darán a conocer, en su caso, al representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor, los cargos que se formulen en contra de su representado, para que dicho representante o su Defensor manifiesten lo que a su derecho convenga.

El representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor designado, podrá participar en todos los actos del procedimiento. En tal virtud se les notificarán todos los actos que tengan derecho a conocer, se les citarán a las audiencias, podrán ofrecer medios de prueba, desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la persona jurídica perjudiquen.

En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá representarla.

En su caso el órgano jurisdiccional podrá vincular a proceso a la persona jurídica.

Artículo 424. Formas de terminación anticipada.

Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a que se refiere este Capítulo, se podrán aplicar las soluciones alternas y las formas anticipadas de terminación del proceso y, en lo conducente, los procedimientos especiales previstos en este Código.

Artículo 425. Sentencias.

En la sentencia que se dicte el órgano jurisdiccional resolverá lo pertinente a la persona física imputada, con independencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica, imponiendo la sanción procedente.

Artículo 456. Reglas generales.

Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente, salvo el caso que únicamente consten por escrito.

Artículo 484. Prueba.

Podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o registros del debate, o en la sentencia.

Se deroga

Se deroga

ARTICULO TERCERO. Abrogación .

El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

ARTICULO SEGUNDO.- Se REFORMAN el artículo 7 fracción I, los artículos 16, 25, 26, 27 primer y último párrafos, el artículo 29 último párrafo, el artículo 34 primero y último párrafo, los artículos 38, 40 primero y segundo párrafos, 50 Bis segundo párrafo, el artículo 55 primero y segundo párrafos, los artículos 56, 64, 65 segundo párrafo, artículo 71 último párrafo, artículo 74 primer párrafo, artículos 75, 76, 77, 87, 90 Bis, la denominación del Título Quinto, Capítulo I, artículo 91, artículo 93 último párrafo, artículo 97 primer párrafo, artículo 99, artículo 101 segundo y tercer párrafos, 110 primero y tercer párrafos, el artículo 114, artículo 115 primer párrafo, la denominación del capítulo VIII de la Supresión del tipo penal del Título Quinto, artículo 225 fracciones, IX, X, XII, XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII; se ADICIONAN Los artículos 11 Bis, un cuarto párrafo al artículo 35, un segundo párrafo al artículo 40 recorriéndose en su numeración el vigente; un segundo párrafo al artículo 55 recorriéndose en su numeración los vigentes, y un último párrafo al artículo 211 Bis 2, y se DEROGAN el último párrafo del artículo 35, el tercero y último párrafo del artículo 55, la fracción XI y XIII del artículo 225, todos del Código Penal Federal para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 7. …

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal;

II. a III. …

ARTICULO 11 Bis. Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

A. De los previstos en el presente Código:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

II. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis;

III. Contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero;

IV. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201;

V. Tráfico de influencia previsto en el artículo 221;

VI. Cohecho, previsto en los artículos 222, fracción II, y 222 Bis;

VII. Falsificación y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237;

VIII. Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254;

IX. Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter;

X. Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

XI. Sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos o sus derivados, previsto en el artículo 368 Quáter;

XII. Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y posesión, comercio, tráfico de vehículos robados y demás comportamientos previstos en el artículo 377;

XIII. Fraude, previsto en el artículo 388;

XIV. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;

XV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis;

XVI. Contra el ambiente, previsto en los artículos 414, 415, 416, 418, 419 y 420;

XVII. En materia de derechos de autor, el previsto en el artículo 424 Bis;

B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:

I. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

II. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159, de la Ley de Migración;

III. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, de la Ley General de Salud;

IV. Trata de personas, previsto de los artículos 10 al 38 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

V. Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos;

VI. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15;

VII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación;

VIII. Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del Código Fiscal de la Federación;

IX. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223;

X. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111; 111 Bis; 112; 112 Bis; 112 Ter; 112 Quáter; 112 Quintus; 113 Bis y 113 Bis 3;

XI. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los previstos en los artículos 432, 433 y 434;

XII. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 96; 97; 98; 99; 100, y 101;

XIII. De la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, los previstos en los artículos 112 Bis; 112 Bis 2; 112 Bis 3; 112 Bis 4; 112 Bis 6, y 112 Bis 9;

XIV. De la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, los previstos en los artículos 141; 143; 145; 146; 147, y 147 Bis;

XV. De la Ley del Mercado de Valores, los previstos en los artículos 373; 374; 375; 376; 381; 382; 383 y 385;

XVI. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos 103; 104 cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 105; 106, y 107 Bis 1;

XVII. De la Ley de Fondos de Inversión, los previstos en los artículos 88 y 90;

XVIII. De la Ley de Uniones de Crédito, los previstos en los artículos 121; 122; 125; 126 y 128;

XIX. De la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los previstos en los artículos 110; 111; 112; 114 y 116;

XX. De la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los previstos en los artículos 136 Bis 7; 137; 138; 140, y 142;

XXI. De la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en los artículos 117 y 271, y

XXII. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

XXIII. En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable.

Para los efectos del apartado B, del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estará a los siguientes límites de punibilidad para las consecuencias jurídicas de las personas jurídicas:

a) Suspensión de actividades, por un plazo de entre seis meses a seis años.

b) Clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre seis meses a seis años.

c) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, por un plazo de entre seis meses a diez años.

d) Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, por un plazo de entre seis meses a seis años.

e) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores en un plazo de entre seis meses a seis años.

La intervención judicial podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. Se determinará exactamente el alcance de la intervención y quién se hará cargo de la misma, así como los plazos en que deberán realizarse los informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención judicial se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Público. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica, así como a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. La legislación aplicable determinará los aspectos relacionados con las funciones del interventor y su retribución respectiva.

En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico.

ARTICULO 16. En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.

ARTICULO 25.- La prisión consiste en la pena privativa de libertad. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros o establecimientos penitenciarios, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

La medida cautelar de prisión preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea.

El límite máximo de la duración de la pena privativa de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se sancionen con lo estipulado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración máxima será la que marque dicha Ley.

ARTICULO 26.- Los procesados y los sentenciados políticos, serán privados de su libertad en lugar distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

ARTICULO 27.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

...

Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el sentenciado.

ARTICULO 29.-…

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que el sentenciado hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión.

ARTICULO 34.- La reparación del daño proveniente de delito que deba ser hecha por el imputado tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público. El ofendido o sus derechohabientes podrán aportar al Ministerio Público o al juez en su caso, los datos de prueba que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales.

Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción o la abstención de investigar por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.

ARTICULO 35.- …

Se deroga

En el caso de que se haya impuesto una  providencia precautoria para garantizar la reparación del daño, esta se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria.

ARTICULO 38.- Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del responsable o con el producto de su trabajo en la prisión, el sentenciado liberado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que falte.

ARTICULO 40.- La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio.

En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, podrá decretar el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el sentenciado, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante el procedimiento. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.

ARTICULO 50 Bis.- …

La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y orientación de su conducta por personal especializado dependiente de la autoridad ejecutora, para la reinserción social.

ARTICULO 55.- En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan.

De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia.

Se deroga

No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social ni los imputados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se deroga

ARTICULO 56.- Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al imputado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.

ARTICULO 64. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuesto en el cual se aplicarán las reglas de concurso real.

En caso de concurso real, se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito.

En caso de delito continuado, se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero.

ARTICULO 65.-

En caso de que el imputado por algún delito doloso calificado por la ley como grave, fuese reincidente por dos ocasiones por delitos de dicha naturaleza, la sanción que corresponda por el nuevo delito cometido se incrementará en dos terceras partes y hasta en un tanto más de la pena máxima prevista para éste, sin que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero.

ARTICULO 71.- ....

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido la sanción sustitutiva.

ARTICULO 74.- El sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la sustitución o conmutación de la sanción y que por inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiera sido otorgada, podrá promover ante éste que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo en los términos de la fracción X del artículo 90.

ARTICULO 75.- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, el Juez de Ejecución de Sanciones podrá modificar aquélla, siempre que la modificación no sea esencial.

ARTICULO 76.- Para la procedencia de la substitución y la conmutación, se exigirá al sentenciado la reparación del daño o la garantía que señale el juez para asegurar su pago, en el plazo que se le fije.

ARTICULO 77.- Corresponde a la autoridad judicial la imposición de las penas, su modificación y duración y al Ejecutivo Federal la ejecución de las sanciones con consulta del órgano técnico que señale la ley.

ARTICULO 87.- Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, concedida por la autoridad judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación y de aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de la Policía Federal.

ARTICULO 90 Bis.- El Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación y aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución de sentencias remitirán un informe al Sistema Nacional de Seguridad Pública en forma periódica en el que especificará el número de sentenciados del orden federal, las penas impuestas, el número de expedientes beneficiados con libertad anticipada o condena condicional, y el número de acciones de la autoridad para supervisar su debida ejecución.

TITULO QUINTO.

De las Causas de Extinción de la Acción Penal.

CAPITULO I.

Muerte del imputado o sentenciado.

ARTICULO 91.- La muerte del imputado extingue la acción penal, así como las sanciones que se le hubieren impuesto, a excepción de la reparación del daño, y la de decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito así como los bienes cuyo valor equivalga a dicho producto de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de este Código.

ARTICULO 93. …

El perdón sólo beneficia al imputado en cuyo favor se otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los imputados y al encubridor.

Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I. a III. …

Artículo 99.- La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en los derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviere suspenso.

Artículo 101.-...

Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible realizar una investigación, concluir un proceso o ejecutar una sanción.

La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el imputado. Los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del procedimiento.

Artículo 110.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación y de los imputados, aunque por ignorarse quiénes sean éstos no se practiquen las diligencias contra persona determinada.

La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del imputado que formalmente haga el Ministerio Público de una entidad federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega.

Artículo 114.- Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser menor de un año.

Artículo 115.- La prescripción de la sanción privativa de libertad sólo se interrumpe aprehendiendo al imputado aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso, o por la formal solicitud de entrega que el Ministerio Público de una entidad federativa haga al de otra en que aquél se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive aplazar el cumplimiento de lo solicitado.

CAPITULO VIII.

Supresión del tipo penal.

ARTICULO 211 BIS 2. …

Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta tenga como finalidad obstruir la procuración o impartición de justicia o recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes.

ARTICULO 225. …

I. a VI. …

VII y VIII. …

IX. Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación o querella.

X. Detener a un individuo durante la investigación fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución;

XI. Se deroga.

XII. Obligar al imputado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura;

XIII. Se deroga.

XIV. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el procedimiento;

XV. …

XVI. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido;

XVII. No resolver la vinculación a proceso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el imputado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al nuevo plazo;

XVIII. …

XIX. Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;

XX. …

XXI. A los encargados o empleados de los centros de internamiento o establecimientos penitenciarios que cobren cualquier cantidad a los imputados, sentenciados o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen;

XXII. a XXVI. …

XXVII.- No ordenar la libertad de un imputado, decretando su vinculación a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa;

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una investigación o en un procedimiento penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales, y

XXIX.- …

XXX.- Retener al imputado sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas;

XXXI. Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia.

XXXII.- Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;

XXXIII. y XXXIV.- …

ARTICULO TERCERO.- Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 2; el artículo 3; las fracciones IX, X y XIV del artículo 5;; el primer párrafo del artículo 27; la fracción III del artículo 41; las fracciones I y II del artículo 75; el párrafo primero del artículo 76; el párrafo primero y las fracciones I, II, III, V, VIII, IX y X del artículo 77; el párrafo segundo del artículo 141, y el párrafo primero del artículo 149; se ADICIONAN  un cuarto párrafo al artículo 27, un segundo párrafo al artículo 77, un tercer párrafo al artículo 110, la Sección Cuarta del Registro Nacional de Medias Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada y el artículo 127 Bis; se DEROGA el párrafo segundo del artículo 76 todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VIII. …

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de aquél;

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso,  de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

X. a XIII. …

XIV. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación de la Administración Pública Federal;

XV. y XVI. …

Artículo 27.- La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el titular de la Secretaría, quien  se podrá auxiliar del Comisionado Nacional de Seguridad.

Las ausencias del Secretario de Gobernación serán suplidas por el Comisionado Nacional de Seguridad.

Artículo 41.-  …

I. y II. …

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

IV. a XI. …

Artículo 75.-  …

I. Investigación, que será aplicable ante la comisión de un delito en flagrancia, la preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo o a petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación, debiendo actuar bajo el mando y conducción de éste, sin perjuicio de llevar a cabo los actos que se deban realizar de forma inmediata;

II. Prevención, que será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través de acciones de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción; y

III.  …

Artículo 76.- Las unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, y en su caso, se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones con las Instituciones Policiales. Por lo que sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

Derogado.

Artículo 77.- La policía de investigación y las policías de las Instituciones Policiales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las siguientes funciones:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de inmediato, así como de las diligencias practicadas.

II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto.

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, bajo el mando y conducción del Ministerio Público;

IV.  …

V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;

VI. y VII. …

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en la legislación aplicable;

IX. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente;

X. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta.

XI. a XIV. …

Las instituciones policiales estarán facultadas para desarrollar las funciones establecidas en el presente artículo en términos de lo previsto por la fracción I del artículo 75 de esta Ley.

Artículo 110.- …

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

Sección cuarta.

Del Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada.

Artículo 127 Bis.- Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Medidas Cautelares y Salidas Alternas, el cual incluirá por lo menos lo siguiente:

I. Las medidas cautelares impuestas a un imputado, fecha de inicio y término, delito por el que se impuso la medida y en su caso incumplimiento o modificación de la misma;

II. Los acuerdos reparatorios que se realicen, especificando el nombre de las partes que lo realizan, el tipo de delito, la autoridad que los sancionó, su cumplimiento o incumplimiento;

III. La suspensión condicional, el proceso aprobado por el juez de control, especificando los nombres de las partes, el tipo del delito, las condiciones impuestas por el Juez, y su cumplimiento o incumplimiento;

IV. La sustanciación de un procedimiento abreviado, especificando los nombres de las partes, el tipo de delito y la sanción impuesta.

Artículo 141.-  …

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales o Código Nacional de Procedimientos Penales según corresponda y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 149.- El Consejo Nacional establecerá, para los fines de seguridad pública, los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico y en los Establecimientos Penitenciarios Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que  sea su denominación.

ARTICULO CUARTO.- Se REFORMAN las fracciones X y XI del artículo 2, la fracción II del artículo 5, la fracción XII del artículo 7, el artículo 13, las fracciones VII, VIII y su inciso a) y el párrafo tercero de la fracción IX del artículo 18, el inciso c) del artículo 22, el artículo 35, la fracción III del artículo 37, el artículo 44; se ADICIONAN la fracción XII del artículo 7 recorriéndose en su orden la vigente pasando a formar una fracción XIII, los artículos 18 Bis y 46 Bis, y se DEROGA el último párrafo del artículo 49, todos de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 2.- …

I. a IX. …

X. Testigo Colaborador: Es la persona que habiendo sido miembro de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva o cuando sea beneficiario de un criterio de oportunidad accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.

XI. Procedimiento Penal: Son aquellas etapas procedimentales que comprenden desde el inicio de la investigación hasta la sentencia firme.

XII a XIV. …

ARTICULO 5. …

I. …

II. Secrecía: Los servidores públicos y las personas sujetas a protección, así como cualquier persona relacionada con la aplicación de la presente ley, mantendrán el sigilo de todas las actuaciones relacionadas con las Medidas de Protección adoptadas por el Centro, así como lo referente a los aspectos operativos del Programa.

III. a VII. …

ARTICULO 7. …

I. a XI. …

XII. Gestionar ante las autoridades competentes la documentación soporte para el cambio de identidad de la persona sujeta a protección, y

XIII. Las demás que determinen otras disposiciones y el Procurador, cuando sean inherentes a sus funciones.

ARTICULO 13. El presente Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos de lo previsto por la Constitución y la legislación aplicable. También podrá ser aplicable en asuntos relacionados con otros delitos cuando se considere necesario atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de ejecución, la relevancia social del mismo, por razones de seguridad o por otras que impidan garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento para lo cual el Procurador emitirá el Acuerdo respectivo.

En los demás casos corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares dictar y ejecutar las medidas de protección distintas a las de aplicación exclusiva por el Director del Centro, tendientes a garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en una situación de riesgo, por su participación dentro de alguna de las etapas del procedimiento penal, entre las cuales se podrán tomar en cuenta las previstas en los artículos 17, fracciones I, II y V, y 18, fracciones I, incisos a) y b), II, IV, VIII, incisos a), b) y c) y X del presente ordenamiento; así como las demás que estime pertinentes o las que se encuentren previstas en los ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 18. …

I. a VI. …

VII. Previa determinación del Procurador se podrá otorgar y ordenar, con base en las circunstancias del caso, la autorización para que ante las autoridades competentes se gestione una nueva identidad de la Persona Protegida, dotándolo de la documentación soporte.

VIII. Durante el procedimiento el Ministerio Público, podrá solicitar las siguientes medidas:

a) La reserva de la identidad en las diligencias en que intervenga la Persona Protegida, imposibilitando que en los registros se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que lo ponga en evidencia en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable.

b) a e) …

IX. ...

a) a c) …

Cuando la persona o Testigo Colaborador se encuentre recluso en alguna prisión administrada por una entidad federativa, el Centro con apoyo de la Secretaría de Gobernación, podrá suscribir los convenios necesarios para garantizar la protección de las personas o Testigos Colaboradores incorporados al Programa.

X. …

Artículo 18 Bis. El cambio de identidad de una persona se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

I. Todas las autoridades en materia de sus competencias están obligadas a colaborar con el Centro para expedición o reemplazo de los documentos o procedimientos que den término o inicio a una situación jurídica respecto del admitido al programa, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios;

II. El Director del Centro atendiendo al caso concreto y a las circunstancias del caso determinará si la persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo podrá hacer valer en adelante su nueva identidad, para lo cual se deberá extinguir la personalidad original de la persona protegida o si la medida será de carácter temporal y sus efectos; y

III. Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos antes ni después de la vinculación al Programa.

El Centro deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la celebración del convenio por la persona protegida.

ARTICULO 22. …

a) a b) …

c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.

d) a f) …

ARTICULO 35. El Centro, una vez concluido el Procedimiento Penal e impuestas las sanciones del caso podrá, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de amenaza o peligro, extender la continuación de las Medidas de Protección.

ARTICULO 37. …

I. a II. …

III. La Persona Protegida haya ejecutado o intervenido en la comisión de un delito doloso durante la permanencia en el Programa.

IV. a VII. …

ARTICULO 44. Cuando se requiera la práctica de diligencias tendientes a obtener la declaración de un Testigo residente en el extranjero, se deberá realizar conforme a lo previsto en el título XI, del Libro Segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 46 Bis. En caso de que un Estado extranjero, solicite la cooperación del Estado mexicano, para el internamiento de una persona protegida en el territorio nacional el Director del Centro determinará su procedencia, para lo cual deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

Que la persona se encuentre inscrita en el programa de protección de personas del país solicitante;

Que el delito con el que se relaciona a la persona sea equiparable a alguno de los delitos por lo que procede la aplicación del programa de protección personas en términos de lo previsto por el artículo 13 de esta Ley;

Que en caso de que la persona requiera además la medida de cambio de identidad, cuente con la documentación necesaria de una nueva identidad, emitida por el Estado solicitante y,

Que el Estado solicitante, cubra con los costos del internamiento de la persona, garantizando que cuente con los medio para vivir de forma digna.

Cuando el ingreso de la persona sea determinado por el Director del Centro, deberá ordenar a las autoridades competentes la gestión de la calidad migratoria de la persona, quedando obligadas a colaborar para la expedición de los documentos necesarios para su adecuado internamiento, sin que para ello sea necesario realizar los procedimientos ordinarios.

Además de los requisitos antes señalados, la persona que sea admitida para internarse en el país, deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Programa, en caso de incumplimiento, el Director del Centro podrá revocar la admisión y deberá ser enviado al país remitente.

ARTICULO 49. A la persona que conozca información relacionada con la aplicación, ejecución y personas relacionadas con el presente Programa y divulgue la misma, sin contar con la autorización correspondiente, se le aplicará una pena de seis a doce años de prisión.

En caso de que sea un servidor público el que revele la información, la pena se incrementara hasta en una tercera parte, esto con independencia de otros posibles delitos en que pueda incurrir.

Se deroga

ARTICULO QUINTO.- Se REFORMAN los párrafos primero y tercero del artículo 2, la fracción VIII del artículo 4, el artículo 6, el artículo 7, las fracciones IV y V del primer párrafo y el inciso a) del segundo párrafo del artículo 15, el segundo párrafo del artículo 16, el segundo párrafo y la fracción V del artículo 19, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 23, el artículo 24, el artículo 25, el párrafo segundo del artículo 26, los párrafos primero, quinto, fracción III, y el último párrafo del artículo 29, el párrafo primero, fracciones I, IV, VII, IX y XI, del artículo 32, el párrafo primero del artículo 34, el artículo 36, la fracción XIX del artículo 40, la fracción II del artículo 43,  los artículos 46,  47 y 48; se ADICIONAN una fracción X al artículo 4; y se DEROGAN el párrafo segundo del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 2 recorriéndose en su orden el vigente, la fracción IX del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 20, el párrafo quinto del artículo 23, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 24, las fracciones I a IV del artículo 25, el párrafo tercero del artículo 26, y la fracción VIII del artículo 32, todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1.

Se deroga.

Artículo 2. Esta Ley establece los tipos penales y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente ley se aplicará en lo conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Víctimas.

Se deroga.

Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa.

Artículo 4.

I. a VII. …

VIII. Víctima u ofendido: para los efectos de esta Ley se atenderá a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

IX. Se deroga.

X. Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 6. En el caso del delito de secuestro no procederá el archivo temporal de la investigación, aun cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 7. Sólo podrá suspenderse el proceso penal iniciado por el delito de secuestro o delitos por hechos conexos o derivados del mismo, en los casos aplicables a que refiere el Código Nacional o cuando sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero.

Artículo 15. …

I. a III. …

IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, o

V. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, o favorezca que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.

a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos, o

b) …

Artículo 16. …

I. a II. …

Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración o de administración de justicia, de los centros o establecimientos penitenciarios, pena será de cuatro años seis meses a trece años de prisión, así como también, la multa y el tiempo de colocación de dispositivos de localización y vigilancia se incrementarán desde un tercio hasta dos terceras partes.

Artículo 19. …

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

I a IV. …

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;

VI a VIII. …

Artículo 20.- La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación

Se deroga.

Artículo 23. Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

Si de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprende la comisión de alguno de los contemplados en esta Ley, el Ministerio Público del fuero común deberá, remitir al Ministerio Público de la Federación los registros de investigación correspondientes.

Si de las diligencias practicadas en la investigación de los delitos contemplados en esta Ley se desprende la comisión de alguno diferente del fuero común, el Ministerio Público de la Federación deberá, remitir al Ministerio Público del fuero local los registros de investigación correspondientes.

Se deroga.

Artículo 24. Para la intervención y aportación voluntaria de comunicaciones privadas, se estará a lo dispuesto en el Código Nacional.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 25. Los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 26. …

El Ministerio Público incorporará a dichos programas a las personas cuya vida o integridad corporal pueda estar en peligro por su intervención en un procedimiento penal seguido por las conductas previstas en la presente Ley.

Se deroga

Artículo 29. La incorporación al Programa Federal de Protección a Personas, durante el procedimiento penal será autorizada por el Procurador General de la República o el servidor público inmediato inferior en quien éste delegue la facultad.

La revocación de la protección deberá ser resuelta por el Ministerio Público previo acuerdo con el Titular de la institución de procuración de justicia que corresponda. Para lo que se deberá tomar en cuenta, en su caso, además de lo señalado en el párrafo anterior y lo subsecuente:

I. a II. …

III. Que haya ejecutado un delito que amerite prisión preventiva oficiosa durante la vigencia de la medida;

IV. a V. …

En tanto se autoriza la incorporación de una persona al Programa, el agente del Ministerio Público responsable de la investigación, con el auxilio de la policía que actúe bajo su conducción y mando, tomará medidas de protección, dadas las características y condiciones personales del sujeto, para salvaguardar su vida e integridad corporal.

Artículo 32. Las víctimas y ofendidos de las conductas previstas en el presente ordenamiento y los testigos en su caso, además de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional y demás legislación aplicable, tendrán los siguientes derechos:

I. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el imputado;

II. a III. …

IV. Solicitar ante la autoridad judicial competente, las providencias precautorias o medidas cautelares procedentes en términos de la legislación aplicable, para la seguridad y protección de las víctimas u ofendidos y testigos, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

V. a VI…

VII.  Rendir testimonio sin ser identificado dentro de la audiencia y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

VIII. Se deroga;

IX. Estar asistidos por, asesor jurídico, médicos y psicólogos durante las diligencias;

X. …

XI. Aportar medios de prueba durante la investigación;

XII. a XIV. ...

Artículo 34.  Las víctimas u ofendidos podrán contar con la asistencia gratuita de un asesor jurídico, que será designado por la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de que le facilite:

I. a IV. …

Artículo 36. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

Artículo 40. …

I. a XVIII. …

XIX. Realizar las acciones y gestiones necesarias para restringir de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros o establecimientos penitenciarios, cualquiera que sea su denominación.

Artículo 43. …

I. …

II. Decretar las medidas de protección para el resguardo de la vida o integridad de las víctimas o sus familiares, así como solicitar al juez las providencias precautorias para garantizar la reparación del daño;

III. a XII. …

Artículo 46. A los imputados y sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, se les podrán aplicar las medidas de vigilancia especial previstas en la legislación aplicable.

Las entidades federativas conforme a las disposiciones legales o los convenios al efecto celebrados, podrán remitir a los Centros o establecimientos penitenciarios, de otros estados o el Distrito Federal a los procesados o sentenciados, para cumplir la determinación judicial.

Las diligencias que deban realizarse por los delitos que contempla esta Ley se llevarán a cabo siempre en las áreas que al efecto existan dentro de los propios centros o establecimientos penitenciarios, sin que pueda justificarse para estos efectos traslado alguno, salvo petición del Titular del Ministerio Público o en quien éste delegue dicha atribución.

Artículo 47. Durante su estancia en los Centros o establecimientos penitenciarios, los imputados y sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, sólo podrán tener los objetos que les sean entregados por conducto de las autoridades competentes.

Artículo 48. Los imputados o sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, que proporcionen datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la detención de los demás participantes, podrán beneficiarse con medidas de protección durante el tiempo y bajo las modalidades que se estime necesario Además, se asegurará que la  prisión preventiva y ejecución de sentencia, se llevarán a cabo en establecimientos distintos a aquel en donde compurguen su sentencia los miembros del mismo grupo delictivo.

ARTICULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos12 segundo párrafo; 61 inciso b); 73 párrafo segundo y tercero; 75 párrafo segundo y tercero; 77 párrafo tercero; 79 fracción III inciso a); 124 primer párrafo; 138 primer párrafo; 165; 170 fracción I, párrafo quinto; 173; 182 párrafo tercero; 191; 227 fracción I, II y III; y se ADICIONA un inciso d) al artículo 61; un párrafo tercero al artículo 117 recorriéndose los subsecuentes; un párrafo tercero al artículo 128; un párrafo cuarto al artículo 166; los apartados A y B al artículo 173; segundo párrafo a la fracción III del artículo 178, todos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 12. …

En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón,  administrativa y en el sistema procesal penal acusatorio, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 61.

I. a XIII. …

a) …

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

c) …

d)El auto de vinculación a proceso.

XIX. a XXIII. …

Artículo 73.

El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 75.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, salvo aquellos casos del sistema procesal penal acusatorio, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.

Con excepción del sistema procesal penal acusatorio, el órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y, las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

Artículo 77.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales.

Artículo 79.

I y II. …

III. ..

a) En favor del indiciado, imputado, acusado o sentenciado, y

Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes.

Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

Artículo 128…

I y II. …

Asimismo no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o sea puesto a disposición ante el juez penal correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente,  el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. 

En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición del juez correspondiente.

Artículo 166.

I. y II. …

En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 128.

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I.-…

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control;

II. …

Artículo 173. …

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto

I. No se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere;

II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscripto al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio;

III. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley;

IV. El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;

V. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se la coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;

VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho;

VIII. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

IX. No se le suministren los datos que necesite para su defensa;

X. Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto, así como el defensor;

XI. La sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de intimidación, tortura o de cualquiera otra coacción;

XII. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;

XIII. Seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal; y

XIV.- En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;

II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir;

III. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente;

IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable;

V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones;

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;

VII. El juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra

VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;

IX. No se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero, el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto del que sea nacional;

X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo;

XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;

XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se les proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

XV. Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal;

XVI. No se permita interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión;

XVI. No se hayan respetadolos derechos de la víctima u ofendido en términos de la legislación aplicable.

XVIII. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, sin que hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, en términos de la legislación procedimental aplicable;

XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 178.

I y II. …

III. …

En el sistema procesal penal acusatorio, se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes.

Artículo 182.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del imputado y del ofendido o víctima.

Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable.

Artículo 227.

Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los magistrados de tribunal unitario de circuito, los jueces de distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.

Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los magistrados de tribunal unitario de circuito, los jueces de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los magistrados de tribunal unitario de circuito, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

ARTICULO SEPTIMO.- Se REFORMAN los artículos 50-BIS, 50-TER párrafo primero, 51 fracción II, la denominación del Título Quinto, los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 párrafo primero, 64, 65 párrafo primero, 66 párrafo primero, 67, 100 párrafos primero y tercero, 101 primer párrafo y las fracciones V, VI, y los párrafos segundo y tercero  de la fracción VII, el artículo 114 primer párrafo y fracción III, el artículo, el artículo 141 párrafo tercero, 146 primer párrafo y fracción XVI, los artículos 147, 148, 154, 158 párrafo cuarto, 181, y fracción II del artículo 243; se ADICIONAN las fracciones I y II al artículo 58, las fracciones VIII-Bis y IX-Bis al artículo 110, la fracción XIII recorriéndose en su orden la vigente pasando a formar la fracción XIV al artículo 131, y se DEROGAN la fracción X del artículo 21, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 50 TER, las fracciones I. a II del artículo 59, la fracción VI del artículo 60, los párrafos segundo y tercero del artículo 63, el párrafo segundo del artículo 65, las fracciones I a VI y el último párrafo del artículo 66 todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

ARTICULO 21.

I. a IX.

X. Se deroga.

XI. …

ARTICULO 50-BIS. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el Juez de control, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, según corresponda.

Artículo 50 Ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas se solicite por el Titular del Ministerio Público de las entidades federativas será otorgada de conformidad con lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, según corresponda.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

ARTICULO 51. …

I.

II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito;

III. a  IV. …

TITULO QUINTO
DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL
CAPITULO UNICO

Artículo 56. Los Centros de Justicia Penal estarán integrados por jueces de Control, tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada, así como por un Administrador del Centro, y el personal que determine el Consejo de la Judicatura Federal conforme al presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 57. Por órganos jurisdiccionales, a que se refiere este título, se entenderá:

I. Como tribunal de alzada, al magistrado del tribunal unitario de circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio, y

II. Como juez de control y tribunal de enjuiciamiento, al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio.

Artículo 58. El tribunal de alzada se auxiliará del número de asistentes de constancias y registro, y del personal que determine el presupuesto.

Artículo 59. El juez de control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán del número de asistentes de constancias y registros, y del personal que determine el presupuesto.

I. a III. Se derogan.

Artículo 60. Los tribunales de alzada conocerán:

I. Del recurso de apelación, así como de los procedimientos de reconocimiento de inocencia del sentenciado y de anulación de sentencia;

II. De los recursos previstos en leyes del sistema procesal penal acusatorio;

III. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución de sanciones penales de su jurisdicción;

IV. De los conflictos de competencia que se susciten  entre  los juzgadores especificados  en la fracción anterior, y

V. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.

Artículo 61. Los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 50, 50 Bis y 50 Ter de esta ley.

Artículo 62. Las ausencias de los servidores públicos a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta ley, serán suplidas conforme a los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 63. Para ser asistente de constancias y registro de tribunal de alzada se deberá contar con experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad mínima y serán nombrados de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de carrera judicial.

Artículo 64. Los asistentes de constancias y registro de juez de control o juez de enjuiciamiento deberán contar con una experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el de la edad mínima y serán nombrados conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial.

Artículo 65. Los servidores públicos a los que aluden los artículos 58 y 59 de esta ley gozarán de sus periodos vacacionales de conformidad a los acuerdos generales que determine el Consejo.

Artículo 66. Las licencias a los asistentes de constancias y registro de los órganos jurisdiccionales que no excedan de seis meses, serán concedidas por éstos. Las licencias que excedan de dicho término serán concedidas por el Consejo de la Judicatura Federal.

I a VI. Se derogan.

Se deroga.

Artículo 67. Las cuestiones no previstas en este Capítulo serán determinadas por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales.

ARTICULO 100. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el secretario ejecutivo de disciplina, deberán inspeccionar de manera ordinaria los tribunales de circuito, juzgados de distrito, Centros de Justicia Penal Federal y órganos jurisdiccionales que los integran, así como a los Plenos de Circuito, cuando menos dos veces por año, de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal en esta materia.

Los visitadores deberán informar con la debida oportunidad a los titulares de los órganos a que se refiere el primer párrafo, o al presidente, tratándose de los tribunales colegiados, de la visita ordinaria de inspección que vayan a practicar a fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los estrados del órgano con una anticipación mínima de quince días, para el efecto de que las personas interesadas puedan acudir a la visita y manifestar sus quejas o denuncias.

ARTICULO 101. En las visitas ordinarias, los visitadores tomando en cuenta las particularidades de cada órgano realizarán, además de lo que específicamente determine el Consejo de la Judicatura Federal en su caso, lo siguiente:

I. a IV. …

V. Harán constar el número de asuntos penales y civiles, y de juicios de amparo que hayan ingresado al órgano visitado durante el tiempo que comprenda la visita, y determinarán si los procesados o imputados que disfrutan de libertad caucional o medida cautelar relativa a la presentación periódica ante el juez, han cumplido con la obligación de presentarse en los plazos fijados o con los lineamientos para la aplicación de la medida, y si en algún proceso en suspenso transcurrió el término de prescripción de la acción penal;

VI. Examinarán los expedientes o registros integrados con motivos de las causas penales y civiles que se estime conveniente a fin de verificar que se llevan con arreglo a la ley; si las resoluciones y acuerdos han sido dictados y cumplidos oportunamente; si las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales; si los exhortos y despachos han sido diligenciados y si se han observado los términos constitucionales y demás garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los procesados.

Cuando el visitador advierta que en un proceso se venció el término para dictar sentencia, recomendará que ésta se pronuncie a la brevedad posible. En cada uno de los expedientes revisados, se pondrá la constancia respectiva, y

VII. …

De toda visita de inspección deberá levantarse acta circunstanciada, en la cual se hará constar el desarrollo de la misma, las quejas o denuncias presentadas en contra de los juzgadores y demás servidores del órgano de que se trate, las manifestaciones que respecto de la visita o del contenido del acta quisieran realizar los propios juzgadores o servidores del órgano, y la firma del juez o magistrado que corresponda y la del visitador.

El acta levantada por el visitador será entregada al juzgador visitado y al secretario ejecutivo de disciplina a fin de que determine lo que corresponda y, en caso de responsabilidad, dé vista al Consejo de la Judicatura Federal para que proceda en los términos previstos en esta ley.

ARTICULO 110.

I. a VIII.

VIII-Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada;

IX.

IX-Bis. Asistente de Constancias y Registro de juez de control o juez de enjuiciamiento; y

X.

ARTICULO 114. Los concursos de oposición libre e internos para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. a II. …

III. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la emisión y/o redacción de las respectivas sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado a que se refiere el artículo 117 de esta ley, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función de magistrado de circuito o juez de distrito, según corresponda. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante.

IV. …

ARTICULO 131.

I. a XII.

XIII. La omisión a que se refiere el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

XIV. Las demás que determine la ley.

Artículo 141. ..:

….

Si un tribunal unitario de circuito o Tribunal de Alzada solicita que se ejerza la facultad de atracción, expresará las razones en que se funde su petición y remitirá los autos originales a la Sala que corresponda, la cual resolverá dentro de los treinta días siguientes en términos del párrafo anterior.

….

….

ARTICULO 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

I. a XV. …

XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para magistrados de los tribunales unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468, del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XVII. a XVIII.…

ARTICULO 147. Para los efectos del artículo anterior, en los asuntos del orden penal se considerarán como interesados al inculpado o imputado, así como a la víctima u ofendido.

ARTICULO 148. Los visitadores y los peritos estarán impedidos para actuar cuando se encuentren en alguna de las causales de impedimento previstas por las fracciones I, II, IX, XIII, XIV y XV del artículo 146 de esta Ley o en las leyes de la materia, siempre que pudieran comprometer la prestación imparcial de sus servicios. La calificación del impedimento corresponderá, en todo caso, al órgano administrativo o jurisdiccional ante el cual debieran ejercer sus atribuciones o cumplir sus obligaciones.

ARTICULO 154. Los secretarios, asistentes de constancias y registros y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito protestarán ante el magistrado o juez al que deban estar adscritos.

ARTICULO 158. …

En los asuntos del orden penal los jueces de distrito podrán autorizar a los jueces del orden común en términos del artículo 47 de esta ley y cuando dichos jueces ordenen la práctica de diligencias para que resuelvan sobre la vinculación a proceso o no vinculación a proceso por falta de méritos para procesar, según fuere procedente, y para practicar las demás diligencias en los términos que disponga el el Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTICULO 181. También tendrán el carácter de servidores públicos de confianza, los secretarios ejecutivos, los secretarios de comisiones, los secretarios técnicos, los titulares de los órganos, los coordinadores generales, directores generales, titulares de unidades administrativas, directores de área, visitadores, defensores públicos, asesores jurídicos y personal técnico del Instituto Federal de Defensoría Pública, de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, subdirectores, jefes de departamento, oficiales comunes de partes, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, cajeros, pagadores y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.

ARTICULO 243.- …:

I.

II. Los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales, así como los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales de conformidad con lo establecido en los artículos 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales y 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

III y IV.

ARTICULO OCTAVO.- Se REFORMAN fracción I del artículo 4, las fracciones V y VI del artículo 5, fracción IV del artículo 6; artículo 10; párrafo primero y fracciones I, II, III, IV, V, VI y VIII del artículo 11; el artículo 12; las fracciones VII y VIII del artículo 12 Bis; la fracción III del artículo 29; la fracción III del artículo 32; y se ADICIONAN una fracción VII al artículo 5, las fracciones III y VIII, al artículo 11 recorriéndose las subsecuentes; las fracciones II, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII del artículo 12 recorriéndose las subsecuentes; la fracción II al artículo 32 recorriéndose en su numeración las subsecuentes, todos de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 4.

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y del Sistema de Justicia Penal Integral para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas, u otra consecuencia, incluida, en su caso, la extinción de éstas, y

II. …

Artículo 5.

I. a IV. …

V. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes;

VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año, y

VII. En cuanto a la permanencia, no incurrir en deficiencia técnica manifiesta o reiterada, ni incumplir los deberes propios del cargo. Esta disposición será aplicable a todos los servidores públicos del servicio civil de carrera.

Artículo 6.

I. a III. …

IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y sus garantías de sus representa dos; así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de defensa, cuando aquéllos se estimen violentados;

V. a VII. …

Artículo 10. Los defensores públicos y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el destinario de los servicios, o por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, según sea el caso.

Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el destinatario de los servicios o el Agente del Ministerio Público;

II. Solicitar al Agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente la libertad cauciona lo medida cautelar distinta a la prisión preventiva, si procediera o el no ejercicio de la acción penal en favor de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación;

III. Analizar la procedencia y proporcionalidad, así como promover lo que corresponda, en los casos en que se aplique una medida cautelar a su defendido;

IV. Entrevistaren privado y cuantas veces sea necesario al defendido, para conocer la versión personal de los hechos que motivan la averiguación previa o investigación en su contra, los argumentos, datos, medios de prueba y pruebas, así como todo aquello que sea necesario para plantear y llevar a cabo la defensa que corresponda;

V. Asistir jurídicamente al defendido en toda entrevista, declaración o diligencia que ocurra dentro del procedimiento penal o establezca la Ley;

VI. Informar al defendido, familiares o personas que autorice, del trámite legal que deberá desarrollarse durante todo el procedimiento;

VII. Analizar los registros de la investigación, carpetas y constancias del expediente a fin de contar con mayores elementos para la defensa;

VIII. Promover y participar en las diligencias de prueba, formular los argumentos e interponer los medios de impugnación que sean procedentes;

IX. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y

X. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa adecuada de los derechos, garantías e intereses de su defendido acorde al caso concreto y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta.

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales Federales comprende:

Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado o imputado, o por el juez de la causa;

Replicar o bien solicitar las aclaraciones o precisiones que estime necesarias respecto a la imputación formulada por el órgano acusador, o en su caso las realizadas por el coadyuvante del Ministerio Público.

Solicitar al juez de la causa la libertad cauciona lo medida cautelar distinta a la prisión preventiva, si procediera;

Hacer valer lo concerniente respecto de las medidas cautelares solicitadas;

Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal, hecho delictivo o la probable responsabilidad o participación del defendido, en cualquier etapa del proceso, presentando argumentos y datos de prueba, ofreciendo medios de prueba o prueba sy promoviendo los incidentes, juicio de amparo, recursos, alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa;

Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda su declaración preparatoria o declaración en la audiencia inicial y en cualquier audiencia o diligencia en que deba intervenir, y hacerle saber sus derechos;

Hacer uso de la palabra para expresar lo que convenga al interés del acusado en la apertura de la audiencia de juicio o en el momento que proceda;

Llevar a cabo el interrogatorio o contrainterrogatorio de testigos y peritos.

Solicitar la ampliación del plazo constitucional para el desahogo de medios de prueba que considere necesarios;

Solicitar las diligencias de investigación que hubiere rechazado el Ministerio Público durante la investigación;

Acceder a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido;

Formular las conclusiones a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales o replicar la acusación del Ministerio Público y la coadyuvancia a la acusación de la víctima u ofendido, en el momento procesal oportuno;

Manifestarse sobre los acuerdos probatorios si lo estima procedente;

Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;

Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión o internamiento con el objeto de comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución o medida cautelar distinta a la prisión preventiva, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;

Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables,

Promover el procedimiento respectivo cuando existan indicios de que el imputado es inimputable;

Solicitar cuando proceda la declaración de la extinción de la acción penal cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de uno de sus miembros;

Presentar los agravios que cause la resolución que recurra;

Promover cuando procede la extinción de la pretensión punitiva o de la potestad para ejecutar las penas o medidas de seguridad u otra consecuencia del delito; o el reconocimiento de inocencia o la anulación de sentencia;

Promover, cuando proceda, las soluciones alternas al procedimiento, formas de terminación anticipada del proceso y procedimientos especiales; y

En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho.

Artículo 12 Bis.

I. a VI. …

VII. Solicitar al Ministerio Público de la Federación para Adolescentes el no ejercicio de la remisión ante el Juez de Distrito u órgano jurisdiccional Especializado para Adolescentes, cuando no se encuentren reunidos los elementos necesarios para ello, y

VIII. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios, en tiempo y conforme a derecho para una eficaz defensa del adolescente o adulto joven, incluyendo la aportación de datos de prueba, ofrecimiento y desahogo de medios de prueba y pruebas, realización de careos, formulación de alegatos, agravios, conclusiones o réplicas de la acusación y su coadyuvancia, interposición de recursos, incidentes y demás actos conducentes.

Artículo 29.

I. a II. …

III. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades del sistema de libertad provisional o medida cautelar relativa a garantía económica de los defendidos que carezcan de recursos económicos suficientes para el pago de la caución que se les fije;

IV. a XII. …

Artículo 32. El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá las atribuciones siguientes:

I. …

II. Dar seguimiento a los asuntos penales cuya defensa esté a cargo de los defensores públicos federales, mediante el sistema que corresponda;

III. Particularmente dar seguimiento a los asuntos penales que se estén asistiendo por defensores públicos federales a efecto de conocer si los procesados o imputados con derecho a libertad cauciona lo medida cautelar distinta a la prisión preventiva están haciendo uso de esa prerrogativa, si cumplen con la obligación de presentarse en los plazos fijados, así como si los procesos se encuentran suspendidos o ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal;

IV. Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores públicos y asesores jurídicos y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados del Instituto Federal de Defensoría Pública;

V. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los defensores públicos y asesores jurídicos; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los empleados del Instituto Federal de Defensoría Pública;

VI. Proponer a la Junta Directiva las políticas que estime convenientes para la mayor eficacia de la defensa de los inculpados;

VII. Proponer a la Junta Directiva las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública;

VIII. Proponer al Consejo de la Judicatura Federal, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a los defensores públicos y asesores jurídicos;

IX. Promover y fortalecer las relaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones;

X. Proponer a la Junta Directiva el proyecto de Plan Anual de Capacitación y Estímulos del Instituto Federal de Defensoría Pública; así como un programa de difusión de los servicios del Instituto;

XI. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los defensores públicos y asesores jurídicos que pertenezcan al Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual deberá ser publicado;

XII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Junta Directiva, y

XIII. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

ARTICULO NOVENO.- Se REFORMAN  la fracción II y los párrafos tercero y quinto del artículo 92 y la fracción II del artículo 96; se ADICIONAN los párrafos primero, quinto, séptimo y octavo al artículo 92, recorriéndose en su numeración los vigentes, y  un último párrafo al artículo 103, y se DEROGAN la fracción VIII, del artículo 42 y el último párrafo del artículo 102, todos del Código Fiscal de la Federación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 42

I. a VII.

VIII. Se deroga.

IX. …

Artículo 92.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos.

I. ...

II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102, 103 y 115.

III. ...

...

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal y el Asesor Jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales.

Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará como base la cuantificación anterior, adicionando la  actualización y recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se ordene la providencia. En caso de que el imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor del fisco federal.

Para efectos de la condena a la reparación del daño, la autoridad competente deberá considerar la cuantificación referida en este artículo, incluyendo la actualización y los recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en la que se dicte dicha condena.

En caso de que el imputado hubiera pagado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del imputado, podrá considerar dicho pago para efecto de la determinación de providencias precautorias, la imposición o modificación de las medidas cautelares.

Artículo 96.- …

I. ...

II. Ayude en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de ésta u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los  indicios, evidencias, vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo o asegure para el imputado el objeto o provecho del mismo.

Artículo 102.-

I. a III.

Se deroga.

Artículo 103. …

I. a XX. …

No se formulará declaratoria de perjuicio, a que se refiere la fracción II del artículo 92 de este Código, si quien encontrándose en los supuestos previstos en las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII de este artículo, cumple con sus obligaciones fiscales y de comercio exterior y, en su caso, entera espontáneamente, con sus recargos y actualización, el monto de la contribución o cuotas compensatorias omitidas o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales y de comercio exterior.

ARTICULO DECIMO.- Se REFORMAN las fracciones I, II, III y IV del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 142.-

I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales y para efectos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

V. a IX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo.

SEGUNDO.- Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13 44 y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y el artículo 21 en su fracción X, el 50 Bis y el 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entraran en vigor en términos de lo previsto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 25 de noviembre de 2014.

Sen. Arely Gómez González.- Sen. Roberto Gil Zuarth”.

1DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU AMBITO DE PROTECCION SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELEFONO MOVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACION POR LA POSIBLE COMISION DE UN DELITO. Tesis: 1a./J. 115/2012 (10a.) Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Décima Epoca, Pág. 431, 2002741, 1 de 1, Jurisprudencia Constitucional, Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce.

2DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SI EL MINISTERIO PUBLICO ORDENA EXTRAER LA INFORMACION CONTENIDA EN UN TELEFONO CELULAR QUE FUE ASEGURADO POR ESTAR ABANDONADO EN EL LUGAR PROBABLE DE LA COMISION DE UN DELITO Y SIN QUE EXISTA DETENIDO ALGUNO, NO VIOLA DICHA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. Tesis: I.9o.P.25 P (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Epoca, pag.2108, 2003266, 1 de 1, Tesis Aislada (Constitucional, Penal), Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

3DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU OBJETO DE PROTECCION INCLUYE LOS DATOS QUE IDENTIFICAN LA COMUNICACION. Tesis: 1a. CLV/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: 1a. CLV/2011, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Epoca, pág. 221, 161335, 1 de 1, Tesis Aislada (Constitucional).

4 Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, también conocido como Convenio de Budapest, celebrado en 2001. México fue invitado a suscribirlo en el año de 2007, y desde entonces se ha impulsado su adhesión por parte de diversas autoridades, incluso existe un Punto de Acuerdo presentado por la Senadora de la LXII Legislatura Diva Gastélum Bajo, integrante del grupo Parlamentario del PRI, para que México se adhiera al referido Convenio.

5Schünemann, Bernd, Nuevas tendencias internacionales en la responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas, Op. cit., pp. 283 y 284.

6Schünemann, Bernd, Nuevas tendencias internacionales en la responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas, en XXV Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 283.

7 Gómez-Jara Diez, Carlos, Fundamentos Modernos de la Culpabilidad Empresarial, Ed. Ara, Perú, 2010, p. 396.





 

Uno, de los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz)

ARELY GOMEZ GONZALEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, MARCELA GUERRA CASTILLO Y BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional al sistema de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 estableció entre otras cosas, la transformación del sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral que deberá estar implementado en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016, con lo cual se prevé un sistema de justicia penal más respetuoso de los derechos humanos y eficiente para la investigación y persecución de los delitos, sin embargo, el Poder Reformador de la Constitución consiente de la realidad tanto nacional como internacional respecto de los grandes alcances de la delincuencia organizada y del fuerte impacto que ello significa para la sociedad, estableció en la reforma constitucional de mérito, diversas disposiciones con reglas especiales para combatir a la delincuencia organizada, lo que permite que aún en un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, se cuenten con los mecanismos necesarios para poder hacer frente a estos grupos delictivos organizados que se caracterizan por lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos más relevantes.

En ese sentido se establecieron diversas reglas especiales de carácter procedimental para los casos de delincuencia organizada, entre ellos la definición constitucional de dicha figura de conformidad con los artículos 16, párrafo noveno, así como la fracción XXI, del artículo 73, mediante el cual se dota con la facultad al Congreso de la Unión para legislar en la materia, previendo que la delincuencia organizada es competencia exclusiva de la Federación, lo cual cobra vigencia a partir de que el mismo ejerza la facultad legislativa de referencia.

Cabe destacar que no obstante que a partir de la aludida reforma constitucional, se han realizado diversas modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es menester llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales, así como la declaratoria expresa del ejercicio de la facultad constitucional que establezca la competencia exclusiva de la Federación para conocer en esta materia.

En este sentido, es importante referir que derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013 por la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán en el orden federal y el fuero común, así como la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, resulta estrictamente necesaria la armonización legislativa de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio a nivel federal, con la finalidad de que dicho ordenamiento pueda dar cabal cumplimiento a sus objetivos constitucionales, lo cual debe entenderse desde la visión de que en principio los procedimientos que se siguen por delincuencia organizada, se seguirán conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que no se oponga a las reglas especiales o de excepción que se prevén en el cuerpo normativo encargado del combate a la delincuencia organizada.

Asimismo, se proponen algunos ajustes con la finalidad de fortalecer dicho ordenamiento respecto a sus conceptos, figuras, delitos, así como los aspectos operativos y funcionales que requieren las autoridades para una investigación y persecución más eficaz de este fenómeno que representa el crimen organizado, para lo cual, entre otras cosas, se tomó en consideración las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Catálogo de delitos en materia de Delincuencia Organizada

Las diversas experiencias de las autoridades encargadas de combatir este tipo de delincuencia han ayudado a identificar cuáles son las conductas ilícitas que se han utilizado para cumplir con su finalidad delictiva y lograr impunidad en su actuar, es por ello que se ha considerado de vital importancia incluir en artículo segundo relativo al catálogo de delitos por los que se puede cometer delincuencia organizada, los relacionados con el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, para el cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley, en virtud de que aún y cuando existen controles respecto del empleo de este tipo de recursos, la delincuencia organizada ha hecho uso ilegal de los mismos en su beneficio; así también resulta fundamental incluir en este catálogo del artículo segundo de la ley en cita, el de uso de moneda falsificada a sabiendas, ya que se ha identificado que actualmente ésta es una de las nuevas conductas que tienen como objeto y fin las organizaciones criminales en el país, lo cual afecta gravemente la economía nacional, de ahí que se estime necesario e indispensable incluir en el catálogo de delitos que pueden ser cometidos por la delincuencia organizada.

Asimismo, se considera necesario adicionar en el referido artículo el delito de narcomenudeo, toda vez que, con independencia de que la Ley General de Salud prevé como uno de los criterios para el reparto de competencias entre la Federación y las entidades federativas su comisión bajo la modalidad de delincuencia organizada, este tipo penal tiene diversos matices en su comisión, ya que por una parte puede ser que se cometa de forma aislada atendiendo a fines muy particulares incluso relacionados con el consumo, pero también existen diversos supuestos en los que la conducta está estrictamente vinculada con los delitos contra la salud que ya prevé la ley de mérito y que atienden a un objeto y fin específico de la delincuencia organizada, por lo que actualmente el presente ordenamiento es omiso respecto de conductas, que en determinados supuestos se encuadran en el marco de la delincuencia organizada, lo anterior sin perjuicio de que en los casos en que estos delitos se cometan al margen de una organización criminal, podrán ser investigados, perseguidos y sancionados bajo las reglas del procedimiento ordinario e incluso en el fuero local de conformidad con la competencia concurrente que prevé la Ley General de Salud.

Otra de las conductas que de igual forma afectan la economía nacional y de la que han hecho uso las organizaciones delictivas es la relacionada con el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal, es decir, en donde las autoridades competentes no autorizan ese actuar por no cumplir con los requisitos legales para tal efecto, es por ello que el Código Fiscal de la Federación, prevé sanciones para este tipo de conductas; en tal virtud, es que ante el empleo de este tipo de actividades ilícitas por la delincuencia organizada es que de igual forma se propone incluirlas como parte de las conductas previstas en la ley especial para el combate a este tipo de delincuencia.

Por otra parte, en el artículo segundo se propone la adición de un segundo párrafo en el que se establezca que el delito de delincuencia organizada ameritará prisión preventiva oficiosa en atención a lo previsto en el artículo 19 constitucional y a la remisión prevista en el artículo 167, párrafo quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, además reubica el párrafo primero del artículo 3º como un tercer párrafo del artículo 2º, toda vez que, dicha disposición no corresponde a las reglas de competencia que se prevén en el artículo 3º, sino al ámbito de aplicación de la Ley, logrando prever con mayor claridad el objeto de la disposición.

Asimismo se ajusta el contenido del segundo párrafo del artículo 3º a fin de hacer referencia a todos los delitos en los que la Federación puede ejercer la facultad de atracción para conocer por delincuencia organizada respecto de los delitos del fuero común previstos en el artículo 2º, en virtud de que son materias concurrentes. En el artículo 4º en el que se establecen las sanciones que se aplicarán por la comisión del delito de delincuencia organizada, se sugiere incorporar dentro de los supuestos que se sancionan con mayor gravedad el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a que refiere la fracción I; el de trata de personas que refiere la fracción VI y el de secuestro que refiere la fracción VII, de lo previstos en el artículo 2º de la Ley en comento, lo anterior en atención al principio constitucional de proporcionalidad de las penas.

Figuras previstas en la Convención de Palermo

El Estado mexicano ha asumido diversos compromisos internacionales, siendo uno de ellos el previsto en el artículo 5 de la Convención de Palermo, en el que se prevé la necesidad de tipificar la participación que se tiene en un grupo delictivo, específicamente aquella relacionada con el acordar o preparar la comisión del delito de delincuencia organizada, y además determinen los medios para ello; conducta la cual dada la naturaleza de la misma exige la intervención de dos o más personas.

Ante tal situación, se propone la adición de un artículo 2 Bis para sancionar a quienes acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de delincuencia organizada y determinen los medios para ello.  

En este mismo orden de ideas se sugiere la adición de un artículo 2 Ter para sancionar a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva, lo anterior con el objeto de sancionar las conductas que tienen por objetivo vigilar e informar de la actuación y operativos de las autoridades que participan en el combate al crimen, además de dar cumplimiento a lo previsto en dicha disposición internacional.

Suspensión de los plazos de prescripción

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 6º para señalar que los plazos para la prescripción de la acción penal, se suspenderán cuando el imputado evada la acción de la justicia o cuando sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, cuando estos supuestos sean posteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada. Lo anterior a fin de regular la regla especial para delincuencia organizada que prevé el párrafo quinto del artículo 19 constitucional.

Colaboración en la investigación y persecución de los miembros de la delincuencia organizada.

En la presente iniciativa se plantea que sea la autoridad judicial la facultada, a petición del Ministerio Público de la Federación, para resolver sobre la proporción en que se reducirán las penas aplicables al testigo colaborador.

Así las cosas, resulta necesario establecer las reglas necesarias, a efecto de que no sea cualquier información la que permita la concesión del beneficio que se plantea en esta iniciativa, sino información relevante con la que un verdadero miembro de la delincuencia organizada debe contar, a cambio de una reducción importante de las penas por los delitos cometidos, mucho mayor que las hoy previstas.

Así las cosas, al miembro de la delincuencia organizada, en contra de quien existan datos o elementos de prueba distintos a la autoinculpación, que colabore eficazmente con el Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de otros miembros de la misma, se le podrá imponer las penas mínimas que correspondan por los delitos que cometió o en los que participó, las cuales podrán reducirse desde una tercera parte hasta cuatro quintas partes.

En razón de lo anterior, y con el fin de generar certeza jurídica respecto a la colaboración eficaz del miembro de la delincuencia organizada que colabora, se estima conveniente establecer en la propia ley los supuestos bajo los cuales se estima que se proporcionó una colaboración eficaz, siendo éstos:

a) Cuando se haya brindado información para evitar que continúe el delito o se perpetren otros de la misma naturaleza;

b) Proporcionar información para probar la participación de otros miembros de la delincuencia organizada que tengan funciones de dirección o administración dentro de la organización.

Complementariamente, en la iniciativa se señala que los beneficios sólo se concederán por la comisión o participación de los delitos vinculados con la delincuencia organizada, cuando los hechos cometidos o en los que participó el miembro de la delincuencia organizada, resultan más leves que aquéllos cuya investigación o persecución facilita o cuya continuación evita.

Armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales

Se propone reformar el primer párrafo del artículo 7º para señalar que los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se substanciarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que, en virtud de lo previsto en la gradualidad de entrada en vigor del referido ordenamiento, todos los procedimientos por delitos de delincuencia organizada previstos en esta ley, se seguirán conforme al sistema de justicia penal acusatorio y oral, pero con las reglas de excepción que prevé la ley especial de la materia, por lo cual se sugiere que más que una regla de supletoriedad, se prevea en la Ley una regla de aplicación directa de la Ley procesal, pero con las excepciones previstas en dicha Ley.

En el artículo 8º, se sugiere modificar el esquema actual que establece que el Ministerio Público actuará con el auxilio de policías y peritos, por un esquema en el que el Ministerio Público coordine a policías y peritos, lo anterior bajo una nueva lógica de relación entre estos sujetos y para armonizarlo con lo previsto en los artículos 127 y 131, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el segundo párrafo del referido artículo se modifica la referencia a que la unidad especializada en delincuencia organizada sea la que cuente con un cuerpo técnico de control para realizar una intervención de comunicaciones privadas y se sustituye en términos genéricos para que sea la Procuraduría General de la República la que cuente con este cuerpo técnico, en razón de que no es necesario que esta unidad especializada contemple dentro de su estructura al referido cuerpo técnico , sino que orgánicamente puede ubicarse en la esfera de otras áreas de la institución, asimismo en el último párrafo se modifica la redacción a fin de posibilitar que los agentes del Ministerio Público que no estén administrativamente adscritos a la unidad especializada en delincuencia organizada puedan colaborar con esta unidad a fin de ampliar el marco de acción de la autoridad.

En el artículo 9º se amplía la facultad para requerir la información y documentación a otras autoridades, caso concreto de la información de naturaleza comercial que puede solicitar el Ministerio Público o la autoridad judicial, por conducto de la Secretaría de Economía y los registros correspondientes. Lo anterior, en virtud de ser la autoridad administrativa competente en la materia, robusteciendo con ello los requerimientos en materia de investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada.

Asimismo, se prevé que en ningún caso podrá oponerse a los requerimientos de información el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza.

Por otra parte, se realiza la precisión en el artículo 10, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione inmediatamente información, previa solicitud, al Ministerio Público de la Federación de cualquier documentación que resulte conducente, y que se haya derivado de la realización de auditorías por parte de la dependencia antes mencionada.

En la propuesta se establecen diversos ajustes, así como adiciones que robustecerán las técnicas especiales de investigación que tiene el Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada. En tal virtud, en el artículo 11 de la Ley se prevé que la infiltración de agentes como parte de las investigaciones por delincuencia organizada puedan abarcar también el conocimiento de la identidad de los miembros del grupo delictivo, toda vez que, es un elemento fundamental para la imputación de estos delitos; asimismo se determina que la regulación de los agentes infiltrados se hará en términos de lo dispuesto por los protocolos que para tal efecto emita el Procurador General de la República, debido a que el uso de agentes infiltrados se engloba en el marco de una operación encubierta por lo cual se armoniza con lo previsto por el artículo 251, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Aunado a lo anterior se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 11 en el que se establezca que a los agentes de la policía infiltrados, con base en las circunstancias del caso, se les podrá proporcionar una nueva identidad, dotándolos de la documentación correspondiente, en coordinación con las autoridades que tengan facultades en la materia. Lo anterior con la finalidad de contar con los mecanismos adecuados para el debido empleo de esta técnica de investigación ya que debe de garantizarse la protección a la vida y la integridad del agente, así como evitar que se ponga en riesgo la investigación. 

En el artículo 11 Bis, se realizan ajustes en la terminología propia del sistema acusatorio, así como la sustitución de la referencia al Secretario de Seguridad Pública por el Secretario de Gobernación, en virtud de que mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de 2013, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y sus facultades fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación.

Asimismo se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto a fin de disponer que ninguna persona puede ser obligada a actuar como agente infiltrado, además prever que en caso de que el auto de vinculación a proceso no se dicte por el delito de delincuencia organizada, el órgano jurisdiccional pueda determinar la subsistencia de la reserva de identidad del agente infiltrado a petición del Ministerio Público y con base en un análisis de riesgo y amenaza que realice el juzgador, en donde se establecerá la pertinencia o no de la protección y, en su caso, las medidas que se aplicarán al caso concreto para salvaguardar el derecho de defensa, lo anterior con la finalidad de evitar que se ponga en riesgo la vida o la integridad de los agentes, toda vez de que puede darse el caso en el que solo se logre vincular a algunos de los miembros de la organización delictiva, por lo que se debe contar con los medios de control necesarios para evitar que se ponga en riesgo la vida y la integridad del agente así como el éxito de una investigación de delincuencia organizada.

Se adiciona un artículo 11 Bis 1 en el que se amplía el catálogo de técnicas especiales de investigación que pueden utilizarse para la investigación de delincuencia organizada, entre ellas, el recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesarias para la generación de inteligencia; la utilización de cuentas simuladas sean éstas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente; la vigilancia electrónica; el seguimiento de personas y la colaboración de informantes. No obstante, a fin lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el irrestricto respeto a los derechos humanos, para el caso de recabar información en lugares públicos y la vigilancia electrónica, se prevé que sea necesaria la autorización judicial previa su procedencia, la cual se sustanciará en términos de lo previsto para la intervención de comunicaciones privadas. Asimismo se determina que el desarrollo de estas técnicas se establezca en protocolos que para tal efecto emita el Procurador, debido a que resulta ser el ordenamiento más adecuado para establecer las directrices y mejores prácticas para su aplicación, pero a la vez goza de la flexibilidad necesaria para su actualización y perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de operación.

Por otra parte y a fin de garantizar la debida cautela en el resguardo y sigilo en el desarrollo de las técnicas de investigación por delincuencia organizada se sugiere la adición de un artículo 11 Bis 2 para sancionar  con pena de prisión de cuatro a ocho años, de dos mil a tres mil días multa y, en su caso, la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta, a quien divulgue o revele información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada, a quien no tenga derecho a conocerla.

El capítulo segundo se reestructura a fin de hacer referencia a la aprehensión y retención de imputados y en el artículo 11 Ter se reubica el texto del último párrafo del artículo 15 de la Ley vigente, a fin de conservar la previsión referente a que en el caso de que se emita una orden de aprehensión, ésta deberá ir acompañada de una orden de cateo, asimismo en el artículo 11 Quater, se prevé la posibilidad de duplicidad del plazo de retención ante el Ministerio Público, en el caso de delincuencia organizada de conformidad con lo previsto por el párrafo décimo segundo del artículo 16 constitucional.

En el artículo 12 se llevan a cabo unos ajustes mínimos para a fin de adecuar el texto con el sistema penal acusatorio, modificando la disposición referente a que el órgano jurisdiccional podrá “dictar” el arraigo por el término de “autorizar” el arraigo, así mismo se hace un ajuste a la figura del inculpado para adecuarlo más a los términos del nuevo sistema de justicia penal y referirse al imputado.

En el artículo 13 relacionado con la reserva de los actos de investigación, se hace una remisión expresa a los artículo 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen los momentos procesales para el acceso a la investigación, así como sus excepciones, además se conservan las reglas especiales para el acceso a los registros de investigación que prevé la ley, es decir, que en el caso de delincuencia organizada además de atender a los supuestos que prevé el ordenamiento procedimental, solo podrá tener acceso el imputado y su defensor que haya aceptado el cargo y únicamente en relación con los hechos imputados en su contra. Asimismo se deroga la parte final del primer párrafo de este artículo 13, así como el párrafo segundo, en razón de que resultan innecesarios a la luz del derecho del imputado de aportar medios de prueba, y de la valoración libre y lógica de las pruebas, que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por otra parte en el artículo 14 que prevé las reglas para la reserva de la identidad, para el caso de testigos, se precisa que esta podrá mantenerse no solo cuando se ponga en riesgo su integridad sino también su vida, y que podrá prorrogarse hasta que el imputado comparezca ante el juez para que se le formule imputación, aunado a lo anterior se adiciona un segundo párrafo en el que la reserva de identidad, podrá mantenerse en todo el procedimiento penal, cuando se trate del acusador, la víctima u ofendido, así como los agentes infiltrados, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 20, apartado B, fracción II, y apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también se adiciona un tercer párrafo en el que se prevé que en los supuestos previstos en este artículo se deberán llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de defensa, a fin de conservar los equilibrios necesarios entre los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos y del imputado.

En el Capítulo Cuarto referente a las órdenes de cateo y la intervención de comunicaciones privadas, se propone derogar los artículos 15 a 26, toda vez que las reglas para estas técnicas de investigación ya se encuentran reguladas con la debida suficiencia y eficacia para la investigación en la disposición adjetiva de índole nacional, por ello se estima que a fin de evitar contradicciones en la legislación resulta adecuado suprimir tales reglas de la ley especial y remitirse a las reglas ordinarias que se prevén en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el Capítulo Quinto relativo al aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso se propone conservar el texto previsto en los artículos 29 y 30, en los que se dispone el aseguramiento de los bienes de una persona o respecto de los que se conduzca como dueño, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, sin embargo, en ambos artículos se precisa que estas figuras son adicionales a los supuestos de aseguramiento que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, además, y en este sentido se propone derogar los artículos 31, 32 y 33 del mismo Capítulo que regulan cuestiones relacionadas al procedimiento de aseguramiento, lo anterior a fin de que le sean aplicables las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales ya que en dicho ordenamiento se encuentra debidamente desarrollado el procedimiento de aseguramiento.

En relación con las denuncias anónimas, se armoniza el texto del artículo 38 de la Ley con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer que en el caso de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los hechos e informará al Ministerio Público a fin de que este pueda determinar el inicio de la investigación.

Por otro lado se propone reformar el artículo 39 de la ley en cita, para disponer que toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público de la Federación durante la investigación y ya no referir a la averiguación previa.

Asimismo, se modifica el artículo 40 a fin de establecer la regla de excepción que prevé el artículo 20 constitucional en su apartado B, fracción V, referente a que las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas, además se elimina lo previsto en el párrafo primero del artículo 41 vigente toda vez que hace referencia a la prueba plena, la cual es incompatible con el sistema de justicia penal acusatorio, de igual forma, su párrafo segundo se reubica como primer párrafo del artículo 41.

En relación con el tercer párrafo del artículo 41 que prevé que cuando se cuente con una sentencia judicial irrevocable emitida por un tribunal nacional en el que se tenga por acreditada la existencia de una organización criminal solo será necesario probar la vinculación del individuo con la organización delictiva, así como demás elementos que se requieran para que pueda ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada, sin que sea necesario acreditar la existencia de la organización delictiva a la que pertenece. En este sentido se considera importante la adición para que esta disposición sea aplicable también para el caso de sentencias dictadas por un tribunal extranjero. Lo anterior, independientemente de que se encuentra previsto en la Convención de Palermo, en razón de que actualmente la delincuencia organizada se ha transformado en delincuencia organizada trasnacional, por lo que es necesario hacer uso de los mecanismos de cooperación internacional que permitan hacer frente a este fenómeno delictivo, mediante figuras de carácter trasnacional, por lo que se reubica como un tercer párrafo del artículo 41.

En relación con la materia de ejecución de sanciones penales y prisión preventiva, se adiciona un segundo párrafo al artículo 42 que prevé la regla de excepción prevista por el último párrafo del artículo 18 constitucional en el que se dispone que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, con el fin de contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los imputados o sentenciados y la disminución de riesgos de fuga.

Asimismo se adiciona un párrafo segundo al artículo 43 a fin de precisar que para la pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la detención, en su caso el arraigo, así como el de cualquier medida cautelar que implique la privación de la libertad personal.

En el artículo 45 se precisa que las personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, no tendrán derecho a cumplir con la medida o condena, respectivamente, en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, y se hacen ajustes de precisión en su segundo párrafo, y se distingue el imputado respecto del inculpado como ya se ha citado anteriormente.

Régimen transitorio

Por lo que refiere a los artículos transitorios se propone disponer en primer orden que el presente Decreto entrará en vigor en la forma y gradualidad prevista en la declaratoria en la que se dispone la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales según lo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide dicho ordenamiento, salvo lo dispuesto en el artículo 2, 2 Bis y 2 Ter, los cuales entrarán en vigor cuando se publique el Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Y como segundo punto que los procedimientos penales iniciados de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Penales o con los códigos de procedimientos penales de los estados o del Distrito Federal, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

En el artículo segundo transitorio se prevé que con la expedición del presente Decreto el Congreso de la Unión ejerce la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar de manera exclusiva en materia de delincuencia organizada de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Finalmente se dispone que el Procurador General de la República contará con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, para emitir los protocolos previstos en el mismo, y de esta manera dar atención a todas aquellas regulaciones que requieran regularse de una manera específica y descriptiva para dar efectiva atención a cada una de las necesidades dispuestas.

En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN la fracción I, IV y VI del artículo 2º, el artículo 3º, la fracción I del artículo 4, el primer párrafo del artículo 7º, los párrafos primero, segundo y quinto del artículo 8º, el segundo y tercer párrafo del artículo 9º, el artículo 10, el primer párrafo del artículo 11, el los párrafos primero, segundo y tercer del artículo 11 Bis, la denominación del Capítulo Segundo, el primer párrafo del artículo 12, la denominación del Capítulo Tercero pasando a formar el Capítulo Quinto del Título Segundo, el primer párrafo del artículo 13, el artículo 14, el artículo 29, el artículo 30, el artículo 35, el artículo 36, el artículo 38, el artículo 39, la denominación del Título Tercero, el artículo 40, el segundo y tercer párrafo del artículo 41, el artículo 45; se ADICIONAN la fracción VIII y un segundo y tercer párrafo al artículo 2º, el artículo 2 Bis, el artículo 2º Ter, un segundo párrafo al artículo 6º, un primer párrafo al artículo 7º  recorriéndose en su numeración el párrafo primero vigente pasando a formar el segundo párrafo, un tercer párrafo al artículo 9º recorriéndose en su numeración el tercer párrafo vigente pasando a formar el cuarto párrafo, un Capítulo Segundo del Título Segundo, recorriéndose en su numeración los subsecuentes, un tercer párrafo al artículo 11, el cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 11 Bis, el artículo 11 Bis 1,el artículo 11 Bis 2, un artículo 11 Ter, el artículo 11 Quáter, la denominación de un Capítulo Cuarto del Título Segundo, un segundo y tercer párrafo al artículo 14, el artículo 35-bis, el párrafo segundo al artículo 42, y el párrafo segundo al artículo 43; se DEROGAN el primer párrafo del artículo 3 corrigiéndose en su numeración para formar un párrafo único, el segundo párrafo del artículo 13, se deroga el Capítulo Cuarto De las Ordenes de Cateo y de Intervención de Comunicaciones Privadas del Título Segundo, los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, los artículos 31, 32 y 33, el párrafo primero del artículo 41 corrigiéndose en su numeración los vigentes párrafos segundo y tercero pasando a formar los párrafos primero y segundo respectivamente, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2º.-

I.       Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 ter; falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; robo de hidrocarburos previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. a III.

IV.    Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis, y delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud;

V.…

VI.    Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Libro Primero, Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34.

VII. 

VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105, fracciones I a la IV, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II o III, segundo párrafo, del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación.

El delito de delincuencia organizada previsto en este artículo ameritará prisión preventiva oficiosa.

Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 2º Bis.- Se sancionará hasta con la mitad de las penas previstas en el artículo 4 de esta Ley a quienes acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de delincuencia organizada y determinen los medios para ello.

Artículo 2º Ter.- Se sancionará hasta con un tercio de las penas previstas en el artículo 4 de esta ley a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva.

Artículo 3º. Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común referidas en las fracciones V, VI y VII, así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo competencia de las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 2 de la presente Ley, atribuibles a miembros de la delincuencia organizada, serán investigadas, perseguidas y en su caso procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia originaria, respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer tales delitos los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal estatal aplicable en los casos de las fracciones V, VI y VII del artículo 2° de esta Ley o bien, conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo referidos en la fracción IV del artículo 2° de esta Ley.

Artículo 4º.-

I. En los casos de los delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita a que refiere la fracción I; trata de personas que refiere la fracción VI y secuestro, que refiere la fracción VII, del artículo 2 de esta Ley:

a) …

b) …

II. …

a) …

b) …

Artículo 6º.- …

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Artículo 7º.- Los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se substanciarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley.

Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal Federal, las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de sanciones penales, así como las comprendidas en leyes especiales.

Artículo 8º.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes coordinarán a Policías y peritos.

La Procuraduría también contará con un cuerpo técnico de control que ejecutará las intervenciones de comunicaciones privadas y verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración o coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a otras áreas, así como la colaboración de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

Artículo 9º.- …

Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los de naturaleza comercial por conducto de la Secretaría de Economía y los Registros correspondientes.

En ningún caso podrá oponerse a los requerimientos de información el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza.

La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en el procedimiento penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

Artículo 10.- A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que resulte conducente, de conformidad con las disposiciones aplicables.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Artículo 11.- La investigación de los delitos a que se refiere esta Ley podrá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de los miembros del grupo delictivo. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizar en términos de lo que establezcan los protocolos, la infiltración de agentes.

Los agentes de la policía infiltrados, con base en las circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 11 Bis.- El Titular del órgano previsto en el artículo 8 podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados, así como de los que participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la investigación respectiva su nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que pudiera servir para la identificación de los mismos.

En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del Procurador General de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario de Gobernación y del servidor público a quien se asigne la clave.

En las actuaciones de la investigación, en el ejercicio de la acción penal y durante el proceso penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos de identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se haya autorizado el otorgamiento de la clave numérica y que ésta corresponde al servidor público respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de que el agente de la policía cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en diligencias de desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva de su identidad.

Ninguna persona podrá ser obligada a actuar como agente infiltrado.

Si el auto de vinculación a proceso no se dicta por el delito de delincuencia organizada, la reserva de identidad podrá subsistir a petición del Ministerio Público, con base en un análisis de riesgo y amenaza que realice la autoridad judicial, en donde se establecerá la pertinencia o no de la protección y, en su caso, las medidas que se aplicarán al caso concreto para salvaguardar el derecho de defensa.

Toda actuación que implique desapego a las instrucciones o actividades autorizadas será sancionada en términos de la legislación civil, administrativa o penal, según corresponda.

Artículo 11 Bis 1.- Para la investigación de los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público de la Federación podrá emplear además de la infiltración de agentes y las técnicas de investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes:

I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia;

II. Utilización de cuentas bancarias, financieras o de naturaleza equivalente;

III. Vigilancia electrónica;

IV. Seguimiento de personas; y

V. Colaboración de informantes.

Para el empleo de las técnicas previstas en las fracciones I y III de este artículo siempre que con su aplicación resulten afectadas comunicaciones privadas, se requerirá de una autorización judicial previa misma que se sustanciará en los términos de la autorización de intervención de comunicaciones privadas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Procurador General de la República emitirá los protocolos para el uso de las técnicas de investigación previstas en este artículo.

Artículo 11 Bis 2.- A quien divulgue o revele información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada, a quien no tenga derecho a conocerla, se le impondrá prisión de cuatro a ocho años, de dos mil a tres mil días multa y, en su caso, la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.

CAPITULO TERCERO
DE LA APREHENSION Y DE LA RETENCION

Artículo 11 Ter.- Cuando el Juez de Distrito competente, emita una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquellos que se señalen como los de su posible ubicación, o bien los lugares que deban catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11 Quater.- El Ministerio Público de la Federación podrá retener al imputado hasta por 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en los delitos previstos por esta Ley.

CAPITULO CUARTO
DEL ARRAIGO

Artículo 12.- El Juez podrá autorizar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

CAPITULO QUINTO
DE LA RESERVA DE LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACION

Artículo 13.- A los registros de la investigación por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el imputado y su defensor que haya aceptado el cargo, en términos de lo previsto por los artículos 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas.

Se deroga.

Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad inclusive cuando el imputado comparezca ante el juez para la formulación de la imputación.

La reserva de identidad, podrá mantenerse en todo el procedimiento penal, cuando se trate del acusador, la víctima u ofendido, así como los agentes infiltrados.

En los supuestos previstos este artículo se deberán llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de defensa.

Artículo 15.- Se deroga

Artículo 16.- Se deroga

Artículo 17.- Se deroga

Artículo 18.- Se deroga

Artículo 19.- Se deroga

Artículo 20.- Se deroga

Artículo 21.- Se deroga

Artículo 22.- Se deroga

Artículo 23.- Se deroga

Artículo 24.- Se deroga

Artículo 25.- Se deroga

Artículo 26.- Se deroga

Artículo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

Artículo 30.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como dueño además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán asegurarse con autorización judicial previa. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

Artículo 31.- Se deroga.

Artículo 32.- Se deroga

Artículo 33.- Se deroga

Artículo 35.-

Sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento abreviado, al imputado o sentenciado por alguno de los delitos previstos en esta Ley, que colabore eficazmente con el Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de algún miembro de la delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se aplicarán las siguientes reglas:

I. Hasta antes de los alegatos de clausura el Ministerio Público de la Federación podrá solicitar al órgano jurisdiccional la disminución de la pena cuando el imputado acepte su responsabilidad en los hechos materia de la acusación.

II. Si la información se proporciona durante la ejecución de la sentencia, el Ministerio Público de la Federación podrá solicitar la reducción parcial de la pena.

Artículo 35 bis.

Para los efectos del artículo anterior, se entiende que un miembro de la delincuencia organizada colabora eficazmente en la investigación cuando:

I. Brinde información para evitar que continúe el delito o se perpetren otros de la misma naturaleza;

II. Proporcione información para probar la participación de otros miembros de la delincuencia organizada que tengan funciones de dirección o administración dentro de la organización.

Los beneficios sólo se concederán por la comisión o participación de los delitos a que se refiere esta ley, cuando los hechos cometidos o en los que participó el miembro de la delincuencia organizada, resultan más leves que aquellos cuya investigación o persecución facilita o cuya continuación evita.

Los miembros que formen parte de la estructura de mando de las organizaciones criminales, no podrán gozar de los beneficios de esta Ley, salvo que éstos últimos colaboren para la detención o persecución de otros miembros de la misma jerarquía o nivel.

Tampoco se concederán los beneficios cuando se trate de delitos en los que se involucren víctimas, salvo que la información que proporcione el colaborador evite que el delito se ejecute o continúe ejecutándose.

La información que suministre el colaborador, deberá estar sustentada en datos o medios de prueba para la procedencia de los beneficios a que se refiere este precepto.

Artículo 36.

Al miembro de la delincuencia organizada que colabore eficazmente en la investigación y persecución de otros miembros de la misma, en términos de lo dispuesto en esta Ley, se le impondrán las penas mínimas que correspondan por los delitos que cometió o en los que participó, las cuales podrán reducirse desde una tercera parte hasta cuatro quintas partes. Para tal efecto se tomará en cuenta:

I. Jerarquía y número de los miembros de la delincuencia organizada detenidos.

II. Delito o delitos que se evitó se cometieran o se siguieran cometiendo.

III. Calidad y cantidad de los objetos, instrumentos o productos del delito de la organización criminal que se hayan asegurado.

Artículo 38.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, la policía corroborará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para ese efecto. En caso de verificarse la información, la Policía informará sin demora al Ministerio Público de la Federación, quien determinará el inicio de la investigación. El informe a que se refiere este artículo hace las veces de denuncia.

Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá necesariamente de la denuncia o querella.

Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público de la Federación durante la investigación, o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.

TITULO TERCERO
DE LA PRUEBA

CAPITULO UNICO

Artículo 40.- Las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del imputado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra.

Artículo 41.- Se deroga.

Las pruebas producidas en un proceso distinto podrán ser utilizadas en la investigación y la persecución de la delincuencia organizada y serán admitidas para su respectiva valoración con los demás medios probatorios.

En los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada cuando exista una sentencia judicial irrevocable emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero que tenga por acreditada dicha existencia. En estos casos, en los procedimientos penales seguidos en contra de cualquier imputado, se deberá probar su vinculación a dicha organización delictiva, así como demás elementos que se requieran para que pueda ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada, sin que sea necesario acreditar la existencia de la organización delictiva a la que pertenece.

Artículo 42.- ….

Para la prisión preventiva y ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales.

Artículo 43.- ….

En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la detención, en su caso el arraigo, así como el de cualquier medida cautelar que implique la privación de la libertad personal.

Artículo 45.- Las personas sujetas a prisión preventiva o que hayan sido sentenciadas por los delitos a que se refiere esta ley, no tendrán el derecho a cumplir con esta medida cautelar o compurgar sus penas, respectivamente, en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.

La legislación en materia de ejecución de penas preverá la definición de los centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias, la restricción de comunicaciones de los imputados y sentenciados y la imposición de medidas de vigilancia especial a los internos por delincuencia organizada.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en términos de lo previsto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, salvo lo dispuesto en los artículos 2, 2 Bis y 2 Ter del presente Decreto, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. Con la expedición del presente Decreto el Congreso de la Unión ejerce la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar de manera exclusiva en materia de delincuencia organizada de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

ARTICULO TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. 

ARTICULO CUARTO. El Procurador General de la República contará con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación del presente Decreto, para emitir los protocolos previstos en el mismo.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
El 25 de noviembre de 2014.

Sen. Arely Gómez González.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz”.





 

Uno, de los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

(Presentada por los CC. Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth)

“Los suscritos ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ y ROBERTO GIL ZUARTH, senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 27 de diciembre de 2012, después de un largo proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

La nueva Ley Federal tiene como objeto la creación del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, el cual incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales aplicables.

Esta Ley se aplicará a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito competencia de las autoridades federales y tengan al momento de la comisión de dichas conductas, entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Con este producto legislativo, el H. Congreso de la Unión cumplió con su obligación de reformar el marco normativo que aplica a los adolescentes que cometen delitos federales, para incorporar en ese marco los principios establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debido al cambio de paradigma y que ello conlleva la transformación completa del sistema de impartición de justicia para adolescentes, el legislador ordinario estableció una vacatiolegis de dos años desde el día en que el decreto fuese publicado en el Diario Oficial de la Federación. El término para la entrada en vigor de la ley se cumple el próximo 27 de diciembre de este año.

El Poder Legislativo Federal consideró que en este periodo de vacatiolegis el Poder Ejecutivo Federal y las autoridades federales correspondientes deberían expedir los reglamentos que se prevén en la ley, así como realizar las adecuaciones presupuestales y orgánicas correspondientes. También se obligó a estas autoridades a prever la selección y capacitación de los servidores públicos que integrarán el personal del Sistema, así como de quienes fungirán como formadores.

No obstante ello, a la fecha no se ha expedido el Reglamento de la ley y no se han llevado a cabo las adecuaciones orgánicas necesarias para su implementación, lo que muestra que de entrar en vigor el próximo 27 de diciembre, este ordenamiento legal tendrá diversas dificultades técnicas para ser debidamente aplicado.

Adicionalmente, en esta Legislatura, diversos Senadores presentaron sendas iniciativas de reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes:

1. El 7 de marzo de 2013, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El 3 de septiembre de 2013, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa de Decreto por el que se reforman el párrafo sexto del artículo 18 y la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 25 de marzo de 2014, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, integrante del Partido de la Revolución Democrática; Arely Gómez González e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el suscrito presentamos una iniciativa de Decreto que propone adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas iniciativas fueron dictaminadas por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, encontrando coincidencias respecto de la necesidad de transformar el sistema de justicia para adolescentes.

El dictamen de estas iniciativas fue aprobado por el Pleno de este Senado de la República en sesión de fecha 21 de octubre de 2014, aprobándose los siguientes cambios constitucionales:

1. Se precisa la terminología utilizada en el artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes.

2. Se establece que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral. Hay que recordar que la reforma al artículo 18 constitucional que fundamenta la existencia del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, data del año 2005, por lo que esta minuta aprobada por el Senado hace poco más de un mes recoge los principios del sistema acusatorio para incluirlos en este tipo de procesos.

3. Se abandona el término “reintegración social” para adoptar el de “reinserción social” en materia de justicia para adolescentes.

4. Se establece que la materia de justicia para adolescentes será de competencia exclusiva del H. Congreso de la Unión, al facultarlo para expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes, que regirá tanto en el fuero federal como en el local, en toda la República Mexicana.

Las bondades de la reforma constitucional aprobada por este Senado de la República son palpables y representan la mejora del sistema de derechos de las personas adolescentes que cometan o participen en un hecho que la ley señala como delito, pues se asegura la aplicación de los principios del nuevo sistema acusatorio y oral.

Adicionalmente, esta reforma unificará la legislación en materia de justicia para adolescentes en toda la República, pues no existe justificación alguna para que los mayores de 18 años cuenten con un ordenamiento adjetivo penal garantista que es aplicable en todo el territorio nacional y, por su parte, las personas menores de 18 años no cuenten con dicha garantía.

Actualmente, la minuta aprobada por esta Soberanía está siendo estudiada en la Colegisladora y, en su caso, será turnada a las legislaturas locales para su aprobación respectiva.

Empero, por los tiempos del proceso que lleva a cabo el Poder Revisor de la Constitución, será muy difícil que esta reforma constitucional sea promulgada por el Ejecutivo Federal antes de que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes entre en vigor, es decir, antes del 27 de diciembre de 2014.

Ello nos llevará a que a mediados del próximo año contaremos con tres sistemas de justicia para adolescentes:

1. El vigente que se deriva de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, que será aplicado solo a quienes ya están bajo procedimiento o cumpliendo una medida;

2. El establecido por la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que solo tendrá un par de meses de vigencia; y

3. El que establezca la Constitución de acuerdo con la reforma aprobada por el Senado en octubre de 2014, en tanto se expide la nueva Ley Nacional en Materia de Justicia para Adolescentes.

Como se aprecia, esta vigencia de múltiples sistemas solamente complicará la aplicación de la justicia para adolescentes, haciendo nugatoria la eficacia plena de los derechos humanos de estas personas.

En tal contexto, es necesario que esta Soberanía prevenga, por un lado, las dificultades técnicas de aplicación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que se derivarán de la falta de expedición de su Reglamento y de la falta de adecuación orgánica de las autoridades competentes y, por otro, la existencia de múltiples sistemas de justicia para adolescentes en un mismo ámbito temporal de validez.

Por ello, con la presente Iniciativa propongo reformar el artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para establecer que el periodo de vacatiolegis de ese ordenamiento se extenderá hasta que el H. Congreso de la Unión emita la declaratoria respectiva, con lo que se dará oportunidad para que el Poder Revisor de la Constitución determine la viabilidad de la reforma constitucional en la materia que se ha descrito.

En caso de que el Poder Revisor de la Constitución otorgue su aprobación a la minuta aprobada por esta Cámara, el Congreso de la Unión tendrá que abrogar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, sin que se generen las inconsistencias normativas y sistemáticas que se han mencionado.

Por su parte, en caso de que se rechace tal reforma constitucional, entonces el propio Congreso deberá emitir la declaratoria respectiva, coordinándose con el Ejecutivo Federal para asegurar que dicha declaratoria se expida una vez que se cuente con la normativa reglamentaria y con la estructura orgánica y presupuestal necesaria, sin que esto pueda exceder del 18 de junio de 2016, fecha en la que el nuevo sistema penal deberá estar vigente en todo el país.

Por ello, en la propuesta se establece que la declaratoria de entrada en vigor deberá ser solicitada de manera conjunta por el Poder Judicial de la Federación, por la Secretaría de Gobernación y por la Procuraduría General de la República, toda vez que son esas tres instituciones quienes deben substanciar los procedimientos en materia de justicia para adolescentes y quienes deberán cumplir con la creación de unidades administrativas o jurisdiccionales especializadas, con la emisión de reglamentos, con la previsión presupuestal y con la capacitación de personal.

Por lo antes expuesto, por el digno conducto de usted C. Presidente, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en los siguientes términos:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

SEGUNDO A NOVENO.-

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Arely Gómez González”.

Los tres proyectos de Decreto se turnaron directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, en uso de la facultad que me asigna el artículo 176 del Reglamento del Senado.





 

Compañeras Senadoras y Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El procedimiento será ascendente.

INTERVENCIONES

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente.

Con el permiso de mis compañeras y compañeros, a propósito de la violencia contra la mujer.

El día 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene como origen el asesinato de las hermanas Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1980, por órdenes del odiado dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo, por lo que a propuesta de la República Dominicana se propuso ese día como el Día de la No Violencia contra la Mujer, propuesta que contó con el apoyo de 80 países.

En el año de 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiéndola como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posibles o reales daños físicos, sexuales o psicológicos, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada.

En dicha Asamblea se reconoció necesaria una declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la Eliminación de Toda Violencia contra la Mujer en todas sus formas, y un compromiso de los estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer.

Las mujeres en todo el mundo representamos el pilar fundamental del desarrollo de la familia, hoy tan deteriorado por la desvinculación familiar. Las mujeres hemos sido compañeras en las luchas armadas, en las revoluciones, en la fábrica, en el campo, en la empresa, ahora en la vida política y el desarrollo social; razón por la cual debemos de valorar los derechos humanos que nos corresponden a todas las mujeres, por eso es que debemos luchar por erradicar la violencia contra la mujer, porque la violencia es un patrón que se repite por generaciones y nos retrocede en los valores, en identidad, en educación,  en competitividad, en todos los ámbitos de la vida diaria que hace la suma del comportamiento de un país.

Ojalá sirva este aniversario como reflexión para que aquellos que llevan a cabo violencia contra las mujeres reflexionen y den el lugar al respeto que  como humanos nos corresponde.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL ZAMORA JIMENEZ

- El C. Presidente Raúl Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto con el pronunciamiento de su grupo parlamentario, mismo que se integrará al Diario de los Debates. Para esos efectos, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se integre el texto de la Senadora María Elena Barrera Tapia.



Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo tema.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, Senadoras y Senadores:

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la Violencia contra la Mujer en el marco de la declaración también de que el día 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la no Violencia Contra las Mujeres en honor a las víctimas del General Rafael Leónidas Trujillo, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas quienes fueron asesinadas justamente un 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta de este dictador dominicano.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos humanos y a sus libertades, se define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos; la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si  se produce en la vida pública como en la vida privada.

Es necesario subrayar que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, es una violación a los derechos humanos de las mujeres, producto de un sistema de género que las subordina.

La violencia contra las mujeres, tiene origen precisamente en la naturalización de la violencia que a través de estereotipos de género, usos y costumbres en todas las sociedades del mundo, y sobre todo las particularmente definidas como patriarcales, que se han ido insertando en el colectivo social y familiar, pero también en el derecho en las leyes.

Las diferentes manifestaciones de violencia son tan cotidianas, que la sociedad las ha llegado a considerar como algo natural, pueden. Por ejemplo, seguir solicitando, pruebas de no embarazo para ingresar o permanecer en un trabajo, pueden expresarse en que una mujer realice el mismo trabajo que un  hombre, pero gane menos; puede también expresarse de manera patente y de manera terrible en las diversas formas de violencia que se viven en las familias, en el hogar por parte de sus integrantes, mujeres, en las escuelas, en fin, en los ámbitos comunitarios.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará, destaca el reconocimiento expreso del derecho que tienen todas las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

En México, se revela que en el último año, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han padecido alguna forma de violencia por parte de su pareja, o por otras personas, tanto en espacios públicos como en espacios privados.

Además, informa que en el ámbito de mayor ocurrencia de la violencia contra las mujeres es precisamente en el ámbito familiar por parte de su pareja, y en segundo ámbito, de mayor violencia es en los espacios públicos, pues alrededor del 39.7 por ciento de las mujeres han experimentado actos de violencia sexual por parte de desconocidos.

En el ámbito legislativo, como ustedes saben, tenemos que destacarlo con toda precisión, hemos legislado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre otras potestades define los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, mandata la coordinación entre la federación, los estados y los municipios, y por supuesto también entre esas modalidades introduce la modalidad de violencia feminicida, como una respuesta al feminicidio que se padece en la República Mexicana, se define como una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, formada por el conjunto de conducta misógina que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede  culminar en homicidio.

En el caso del feminicidio, tengo que mencionar que de las 32 entidades que tienen tipificado, solamente falta el Estado de Chihuahua, 14 solo tienen la posibilidad de acreditar este tipo penal, y en los demás estados del país es muy difícil su acreditación.

Los últimos datos nos demuestran que en el año pasado, tres mil 892  casos de mujeres asesinadas fueron contextualizadas como feminicidio. De estas solamente 613 han sido investigados, el 1.6 por ciento tienen sentencia; 25 por ciento están en proceso y 24 en investigación.

Como puede observarse, tenemos una gran cantidad de pendientes que enumero de manera general:

1. Seguir reformando la legislación para armonizarla a la Ley y, por supuesto, a la Convención Belem DoP pará, como nos lo mandata el COCEDAW.

2. Adicionar en la Ley, la violencia equiparada, obstétrica y además otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.

3. Además del feminicidio, también tenemos que ponderar como un agravante en la mortalidad materia evitable, lo estragos de los abortos inseguros por enfermedades de cáncer cervico uterino, cáncer de mama y otras enfermedades femeninas, como la desnutrición selectiva por género.

4. Precisar la tarea importante de sistematizar de todos los ordenamientos en materia de violencia, igualdad y no discriminación para una debida articulación.

5. Exigir cuentas respecto del funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia de Género contra las Mujeres, como lo mandata la Ley.

6. Llevar a cabo la tarea de despolitización y puesta en marcha de la alerta de violencia de género, no solamente en el ámbito federal, sino también las 32 entidades federativas.

7. Asegurar a las mujeres su acceso a la justicia, poniendo énfasis en la capacitación del personal de los centros de justicia femeninos, y por supuesto trabajar en un solo protocolo para su funcionamiento.

8. Reformar la legislación laboral, a fin de prevenir toda forma de violencia contra las mujeres como el acoso, el hostigamiento sexual, y por supuesto evitar que las pruebas de embarazo sigan siendo una exigencia para la permanencia del trabajo o para acceder  a él.

9. Llevar acabo disposiciones que aseguren la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas, de todas las mujeres defensoras de Derechos Humanos y por supuesto de las periodistas.

10.-Es indispensable; trabajar en la articulación de las estructuras sociales e institucionales, para que los preceptos de ley que ya están inscritos en nuestro marco jurídico se vean implementados en las políticas y las acciones gubernamentales.

Señoras y Señores: El Estado mexicano tiene el deber de asegurar los derechos humanos de todas las personas por igual, por lo tanto, debe emprender tareas para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia de género contra las mujeres y las niñas; debe, por lo tanto, asegurar el acceso pronto y expedito de todas las mujeres a la justicia, y que se logre irrestrictamente integralmente la reparación del daño, por supuesto exigiendo plena justicia, y la sanción a quienes son agresores.

Es la mejor conmemoración que el Senado de la República debe hacer justamente en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

-El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al mismo tema.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva.

Hoy es un día de conmemoración, un día de reflexión, hace ya 21 años que la ONU decretó este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contrala Mujer.

"Pinta tu Barrio de Naranja", es parte de la campaña "Unete" de este año, lanzada desde 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las  mujeres de todas las edades. Esta cruzada de activismo contra la violencia de género durará 16 días a partir del día de hoy.

Las manifestaciones violentas varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro. Sigue siendo una realidad devastadora de todas partes del mundo. Se calcula que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido golpeada, forzada a tener sexo o abusada de alguna manera en su vida. Situación que no distingue etnias, razas, estatus socioeconómicos, religión ni fronteras.

Esto representa un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.

Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, alrededor del 47 por ciento de las mujeres mexicanas, de 15 años y más, ha sufrido algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de la relación sentimental con su actual o última pareja.

Además, 37.1 por ciento ha sido víctima de violencia comunitaria, la cual consiste en tocamientos, manoseos, agresiones físicas, insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales, obligación de mirar o realizar actos sexuales provenientes de desconocidos, vecinos, amigos, policías o militares.

Un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional para el Feminicidio logró documentar 613 asesinatos de mujeres entre 2012 y 2013 en México.

De este total, 46 por ciento murieron por actos brutales como golpes, heridas, quemaduras o asfixia.

Las entidades con mayor índice de agresiones, agrega el informe, son el Estado de México con 73.4 por ciento y el Distrito Federal con 72.1 por ciento.

Esta fecha nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre este persistente flagelo en nuestras sociedades y para considerar medidas adicionales a las ya implementadas para prevenirlo.

En este día, se hace un llamado para poner fin a todo acto de violencia que resulte un daño físico, sexual o psicológico contra la mujer.

En México, desde hace más de dos décadas se viene trabajando incansablemente para erradicar la violencia hacia la mujer.

Han sido de gran importancia los movimientos de las mujeres, ha sido en buena medida la participación de las organizaciones de la sociedad civil las que han identificado, denunciado y exigido la construcción de espacios y de servicios de atención especializada a las mujeres maltratadas.

Contamos ahora con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Tenemos un marco legal e instituciones específicamente diseñadas en las que participan instancias judiciales, policiales, de salud, de educación para prevenir y atender esta problemática, pero no se puede cantar victoria. A pesar de los principios rectores de la ley que aprobamos en el Senado de la República, a saber, igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, respeto a la dignidad humana de las mujeres, no discriminación, y la libertad, así como mecanismos para la prevención, protección y asistencia a mujeres y niñas, la violencia contra ellas sigue formando parte de nuestra realidad cotidiana; la única manera de combatir con eficiencia la violencia es atendiendo todas sus formas, pues es un problema social que afecta a los espacios vitales de hombres y mujeres y que se origina del aprendizaje en el hogar, en la escuela, a través de los medios de comunicación y en la calle.

En la medida en que hombres y mujeres aprendan desde la más temprana edad, y a través del ejemplo de la familia que existen formas no violentas de resolver conflictos, podrán rechazar la violencia en la escuela, en el trabajo y en su vida.

Por ello, es preciso no solo continuar con las muchas labores realizadas hasta ahora sino buscar el involucramiento de un mayor número de hombres en apoyo de hermanas, madres, hijas y amigas; pero sobre todo es fundamental la enseñanza a hijos y nietos a respetar a las mujeres.

Urge cambiar mentalidades para prevenir y erradicar este problema; todos tenemos la responsabilidad de actuar; todos tenemos el deber de apoyar y  mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas; en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para propiciar que los autores de esos actos reciban un justo castigo.

Las herramientas ahí están, debemos usarlas, y es responsabilidad nuestra a través del trabajo legislativo, perfeccionarlas.

La  eliminación, discriminación y sanción de la violencia hacia las mujeres es una cruzada en la que el gobierno, legisladores y sociedad civil estamos implicados. No nos rindamos porque cada día es un comienzo a pesar de la frustración que representan las cifras adversas. Comencemos cada día la labor emprendida en contra de la violencia hacia las mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Díaz Lizama.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al mismo tema.

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente el día de hoy, se inician 16 días de activismo, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos.

Y, el día de hoy es el Día Mundial Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

A la luz de 20 años de la Convención de Belem do Pará, que es una convención de nuestra región de los países del continente, queremos decir que ha habido medidas transformadoras, y hoy, la propuesta es cómo generar conciencia y promover la acción a fin de combatir esta lacra mundial; la propuesta de hoy es: "Unete para poner fin a la violencia contra las mujeres".

La importancia de las acciones que se vienen realizando es que se impulsan cambios legales y el estatus de las mujeres, para asegurar el derecho a una vida libre de violencia.

En nuestro país, hace siete años que tenemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Mujeres y Niñas, y significa la necesidad de poner un alto al maltrato de miles de mexicanas que viven en esa condición día a día.

Se reconoce que no importa la edad, no importa el nivel de estudios, la actividad, el lugar de residencia, la condición socioeconómica, ninguna característica, simplemente el hecho de nacer mujer, conlleva el riesgo de estar viviendo con violencia toda la vida.

Es un tema que se ha generalizado en todo el mundo, multidimensional, tolerado, impune y subregistrado.

La violencia de género puede adoptar muchas formas sutiles e incluso disfrazarse de una cubierta de protección, lo que en realidad significa el miedo, el control. Y, lamentablemente ha costado miles, millones de vidas.

Efectivamente una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia y generalmente por personas muy cercanas.

En nuestro país, tenemos que se han registrado 44 mil 646 asesinatos de mujeres en muy diversas categorías.

Pero hay casos específicos, por ejemplo, en Puebla, estado del que provengo, entre el 2011 al 2014 el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos ha mapeado 123 asesinatos, muchos de ellos realizados en el propio domicilio y perpetuados por la pareja de la víctima, desde los novios de Carla López, Laura Pérez e Irahí Ortega, que deseaban evitar la responsabilidad del embarazo, hasta el enojo de esposos de Olga Nayeli, Arely García y Adriana Ruiz, entre muchas otras.

603 millones de mujeres en el mundo donde en sus países esta acción no es un crimen, no está en ley, no es delito.

Los motivos aparentes, cualquiera que sea la causa, la desigualdad de género, el poder, el control, el miedo, que aún en este siglo, derivan de una cultura que cobija estas conductas.

La violencia contra las mujeres es una de las caras de esta sociedad que aún no ha cumplido y tampoco se ha comprendido que la dignidad y la libertad del ser humano está por encima de todo; su erradicación esperará la conciencia de que las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos adopten una cultura de respeto a los derechos humanos.

Por eso, es que a siete años de promulgada la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en México, todavía su complementación está pendiente.

En tanto, una sola mujer siga viviendo maltrato en su hogar, en la escuela, en el trabajo, en la política, en la calle. En tanto, en los ministerios públicos las mujeres aún sean cuestionadas sobre los motivos o la actitud con la que provocaron la violencia, en tanto la denuncia sea baja y la impunidad siga prevaleciendo, en tanto se siga pensando que el cuerpo de las mujeres es una mercancía útil para la propaganda o para el comercio sexual. En suma, en tanto la sociedad no haya aceptado una cultura de igualdad y de respeto a los derechos, el balance podrá seguir siendo negativo.

Por cada hecho de violencia, es una muestra de lo lejos que estamos de ser una sociedad de derechos. Así coincidimos todos los grupos parlamentarios y particularmente el que represento, el PRI, con el llamado a la directora que hace la directora ejecutiva de las Naciones Unidas sobre los temas de mujeres, Phumzile Mlambo- Ngcuka, en donde afirma que es tiempo de cumplir esa promesa de una vida libre de violencia para las mujeres.

Y desde esta tribuna, hago un llamado a mis compañeros para que, quienes estén de acuerdo, se comprometan hoy a suscribir esta misma promesa desde su quehacer como legisladores, además de portar su listón naranja, símbolo de su solidaridad; tomen en sus manos este cartel de la campaña que es impulsada por Naciones Unidas donde se habla de mujeres; es una campaña que significa El por Ella en sus palabras en inglés He forshe.

Al costado está la página web para suscribirla, es un movimiento solidario para la igualdad de género en el que la mitad de la humanidad, los hombres, se comprometen con la otra mitad, las mujeres, para el bien de todo el mundo.

Al sumarse a esta campaña, cada hombre afirma que la igualdad de género no es sólo un asunto de las mujeres, sino un tema de derechos humanos que requiere su participación; se comprometen a emprender acciones contra todas las formas de violencia y discriminación que enfrentan mujeres y niñas. En este momento casi 200 mil personas, varones, han suscrito este compromiso en el sitio oficial de la campaña.

La mayor proporción se concentra en la región de América del Norte desde México hasta Canadá. Este compromiso que asumen hoy, hombres y niños, los coloca como defensores y agentes de cambio a favor de la igualdad de género y de los derechos humanos, particularmente hacia las mujeres.

La expresión de que los hombres que creen en la igualdad de género han pasado a la acción. Podemos hacerlo realidad.

La igualdad nos da el mismo valor, siendo diferentes somos igualmente diferentes.

Unete hoy y contribuye a la movilización social mientras haya una sola mujer en el mundo violentada, seguiremos en este activismo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Finalmente para referirse a este tema, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores.

La conmemoración de fechas y días que marcan precedentes e hitos en la historia de la humanidad, más allá de que recordemos algún hecho, es un momento para analizar y evaluar los avances y los retos que se tienen sobre algún tópico.

El día de hoy, 25 de noviembre de 2014, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Es una fecha que por su propia naturaleza busca generar conciencia y promover acciones que pongan fin y logren erradicar uno de los problemas culturales de mayor complejidad para la humanidad.

Lamentablemente, este grave flagelo subsiste con gran arraigo en muchas sociedades, que a pesar de los avances positivos, resultado de la lucha incansable por la reivindicación de los derechos de las mujeres y los derechos humanos, hoy por hoy millones de mujeres y niñas siguen siendo víctimas de distintas formas de violencia.

Las cifras son contundentes, y no importa que mis compañeras las hayan repetido en sus intervenciones anteriores. La importancia de estas cifras es para que las tengamos siempre presentes y sean un motivo de la lucha que entablemos para combatir ese mal de la sociedad.

Datos de la ONU, constatan que a nivel mundial una de cada tres mujeres ha soportado violencia física o sexual, principalmente por un compañero sentimental; y cerca de 120 millones de niñas han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida.

En el caso de nuestro país, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 47 por ciento de las mujeres, de 15 años y más, sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja durante su última relación sexual.

De las 4 formas de violencia identificadas en la encuesta, la violencia emocional sobresale de manera alarmante.

Respecto a la violencia física, sexual y económica. Estos datos nos dan cuenta de la magnitud del problema.

Desde la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, numerosos estados miembros de la ONU aprobamos la declaración y plataforma de la acción de Beijín con la finalidad de instrumentar medidas contra todos los tipos de violencia hacia las mujeres, reconociendo que la violencia es uno de los principales mecanismos sociales que niegan a las mujeres la igualdad y que tienen costos sociales, sanitarios y económicos de grandes proporciones.

Desde Beijín, dos terceras partes de los países, una cifra sin precedente ha instaurado leyes concretas para poner fin a la violencia doméstica.

Las campañas de promoción realizadas en todo el mundo han aumentado la concientización y han puesto en práctica acciones para poner fin a esta problemática.

Sin embargo, siguen existiendo lagunas en las leyes, en la implementación de la protección legal y en los servicios esenciales.

Durante la presente legislatura, la Comisión para la Igualdad de Género, junto con otras comisiones, hemos aprobado reformas importantes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: el endurecimiento de penas contra la trata, la ampliación del catálogo de actos de discriminación, la cuota de género para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, entre otras reformas.

Es la prueba fehaciente del trabajo decidido que hemos emprendido en el Senado de la República y en la propia Administración Pública Federal, bajo el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

Compañeros legisladores:

A nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, hago un respetuoso llamado a seguir dando la lucha de manera frontal, para que desde nuestro ámbito de competencia cerremos filas en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Estoy segura que a través de la concientización, el perfeccionamiento y el fortalecimiento de nuestro marco jurídico lograremos erradicar, desde las raíces culturales a este flagelo que retrasa el empoderamiento de las mujeres, el goce pleno de sus derechos y su participación activa en la vida política y pública; en la transformación y consolidación de una patria, de un México incluyente, igualitario, así como y con los más altos estándares de calidad de vida.

Desde esta máxima tribuna, los invito a sumarse a esta gran lucha para que a la vuelta de los años, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, sea un verdadero día de celebración.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Pineda Gochi.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón:(Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para comentar una situación bastante incómoda que se suscitó el día de hoy, y que como Senado de la República, creo que no nos prestigia.

Resulta que habíamos citado a reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, para desahogar todo el expediente correspondiente a la integración del consejo ciudadano del recién creado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Esa convocatoria, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la hicimos a efecto de que los interesados pudieran venir a desahogar sus audiencias públicas.

Fueron convocados el día de hoy, previa plática que sostuve con el Presidente de la Mesa Directiva; son 19 aspirantes. Hago la aclaración de que son personas que no recibirían remuneración alguna, son cargos honoríficos, los que estarían desempeñando; algunos de ellos vinieron desde el interior del país.

La solicitud correspondiente, para poder sesionar al mismo tiempo que la Sesión del Pleno, la realizamos desde mediados de la semana pasada a la Mesa Directiva, en términos del acuerdo que ustedes suscribieron el pasado 11 de noviembre.

Resulta que hoy, 20 minutos antes de que iniciara la reunión de Comisiones Unidas, recibí un oficio de parte del Vicepresidente de esa Mesa Directiva, Luis Sánchez, informándonos que se nos negaba la autorización para tener esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas, y por lo tanto, tuvimos que regresar a sus casas a los 19 aspirantes para ser consejeros ciudadanos en este consejo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

La verdad es que, si bien esa puede ser la regla general que todos estemos en sesión, cosa que no veo por cierto en este momento, también es que en muchas ocasiones sesionamos a la par en reuniones de comisiones cuando la ocasión lo amerita. Por cierto, ya estamos tarde en cuanto a la ley para la integración de este consejo ciudadano.

Francamente considero que es una brutal descortesía, no con nosotros como pares, sino con los 19 postulantes a ser integrantes de este consejo ciudadano, que insisto es un cargo honorífico, y se les tuvo que negar, su audiencia pública por la negativa del Vicepresidente de esta Mesa Directiva.

Yo le pido, ahora que usted está en funciones como Presidente de la Mesa Directiva, en este momento, que estas cosas no vuelvan a suceder.

Si nos van a dar una negativa, que lo hagan en tiempo y forma, no 20 minutos antes por la brutal descortesía que esto implica para los que estuvieron convocados a esta reunión.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senador Lozano Alarcón.

Compartir en ausencia del Senador Luis Sánchez Jiménez, si me lo permiten, distinguidas Senadoras y Senadores, para contextualizar el planteamiento. Es una decisión que se tomó de manera unánime por parte de todos los integrantes de la Mesa Directiva, no es una decisión, solamente, del Senador Luis Sánchez.

Tenemos la obligación, de comportarnos de manera solidaria, porque fue una decisión en relación a un planteamiento que efectivamente realizaron las Comisiones Unidas en este sentido.

Yo quisiera compartir también con ustedes que la propia Mesa Directiva, con toda oportunidad, le hizo saber a todas las comisiones, debidamente conformadas en el Senado de la República, sobre la necesidad de que las reuniones de trabajo y las sesiones de comisiones se puedan realizar en tiempos que no coincidan con los tiempos que tenemos previstos para el trabajo plenario.

Efectivamente, entendemos que se trata de una descortesía por los tiempos, por la brevedad, eso lo comprendemos plenamente, y en este sentido, esperemos que la comunicación entre las propias comisiones y la Mesa Directiva, permitan que se desahogue el trabajo fuera de los plazos establecidos para las sesiones plenarias, y que también podamos atender adecuadamente a nuestros invitados.

En este sentido nos solidarizamos; pero sí es muy importante que cobremos conciencia que las comisiones que, tienen días donde no hay sesiones, y también tienen espacios, incluso, el mismo día de sesión, antes de que esta inicie, y también posteriormente al término de la misma.

Pero repetimos, nos solidarizamos con el planteamiento, y esperamos que la comunicación nos permita, en lo sucesivo, evitar este tipo de cuestiones.

Muchas gracias.





 

En nuestro apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXIX-C DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras Senadoras y Senadores:

La movilidad es una necesidad básica de las personas para lograr la satisfacción de sus necesidades y su pleno desarrollo. Como tal, constituye una condición elemental para lograr una vida libre y autónoma.

Lamentablemente, la problemática de movilidad urbana que tiene nuestro país, es uno de los más importantes retos globales de desarrollo y medio ambiente, debido, en su mayor parte, a las consecuencias de un esquema de movilidad que privilegió a los vehículos automotores individuales sobre alternativas más sostenibles, como el transporte público y el transporte no motorizado.

Ello generó una inducción en el que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2000 y 2010, los automóviles particulares se duplicaron; pasaron de 15 millones a 32 millones de unidades, y se estima que para el 2030 sean 70 millones de vehículos.

Esa es una inercia, que durante ese plazo el número de automóviles creció un promedio anual del 7.1%, en tanto, que la población apenas aumentó en 1.5% al año.

Se trata de un asunto complejo, con implicaciones negativas, en cuando menos, los aspectos económicos, sociales, de salud, medio ambientales y energéticos, con sus obvias repercusiones en las personas.

De manera enunciativa, se pueden mencionar algunas implicaciones, como las siguientes:

La falta de planeación urbana y una visión de ciudad, ha resultado en la fragmentación del territorio y en el aumento de distancias y en los tiempos de traslado.

Los gastos dedicados al transporte generan altos costos para las economías de las familias, los cuales van desde el 14.3%, mientras que en las familias con menores ingresos, llegan a porcentajes alarmantes, del 48%, según un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara.

El automóvil y su infraestructura han hecho menos atractivo el espacio público; el desarrollo enfocado en el uso del automóvil es inequitativo y excluyente pues solo beneficia al 30% de la población que posee automóvil, y no garantiza que el resto de la población tenga acceso a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece una ciudad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 34 millones de personas en zonas urbanas, estamos expuestos a contaminantes de aire que causan enfermedades, baja productividad e inclusive de muertes.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en el país, señalan que hay: 24 mil muertes 40 mil discapacitados y 750 mil heridos por accidente de tránsito anualmente; los cuales generan el 1.3 del PIB nacional.

Los automotores, aproximadamente son responsables del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de carbono negro.

Así, los problemas relacionados con la movilidad urbana, dificultan la consecución de los objetivos de desarrollo que el país requiere. Por ello, imperante es, el dar pasos agigantados para mitigarlos y mejorar las posibilidades de movilidad en nuestra población.

Si bien es cierto, que las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, realizan esfuerzos para mejorar la movilidad de sus localidades, también se requiere de una atención coordinada integral de los tres órdenes de gobierno.

Para ello, el esquema jurídico que puede abonar a un diseño institucional de coordinación, como el que la atención de la movilidad requiere, definitivamente se encuentra en las posibilidades que las leyes generales pueden proporcionar.

Son el instrumento jurídico más apto para otorgar  atribuciones y obligaciones a los tres órdenes de gobierno, y no solo al federal, como es el caso ordinario de las disposiciones emitidas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto implica, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que sugiere realizar  a la fracción XXIX-C del artículo 73, por tratarse de la mayor afinidad a la materia que nos ocupa, es la movilidad urbana, que está íntimamente ligada a la planeación urbana.

El ordenamiento de espacio público sobre el cual se efectúan las acciones y actividades de la población para desplazarse. Espacio público que deberá ser incluyente para todos los mecanismos de desplazamiento de forma accesible, eficiente y segura.

De nada sirve el debate y las propuestas que se aporten para un ordenamiento, marco jurídico uniforme en materia de movilidad, si el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos está impedido para legislar sobre el otorgamiento de atribuciones, facultades y obligaciones a los distintos órganos de gobierno; indispensable para la uniformalidad del tratamiento de las necesidades de movilidad, para al fin hacer una realidad la satisfacción social, económica y medio ambiental de esta necesidad.

En la materia legislativa, es necesario que el pacto federal lo permita expresamente.

En mérito de lo anterior, la propuesta es contenida en la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, movilidad urbana sustentable y sus sistemas de transporte y desplazamiento; con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.

Quiero comentar. Presidente, que esta iniciativa la presentamos de manera conjunta, un servidor y la Senadora Mariana Gómez del Campo, quien es secretaria de la Comisión de Movilidad.

Quisiera abundar, que el día de ayer, en ocasión del Foro de Movilidad, convocado por la sociedad civil, entre otras organizaciones, cómo Reacciona por la Vida, el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo, Bicitecas, A.C., Ciudad Humana México, Víctimas de Violencia Vial, entre otras, recibimos 17 mil firmas; 17 mil firmas que acompañan una propuesta para aprobar, en este Congreso de la Unión, una nueva Ley de Movilidad, que entre otros aspectos, establece, compartir el espacio público de manera más equitativa, más generosa, en el que todos los sistemas de movilidad tengan el mismo derecho.

Pero no podemos hacer nada, si no estamos facultados para legislar en materia de leyes generales, en materia de movilidad.

Por eso es importante esta reforma, y la cual estoy solicitando, se sirva hacer lo conducente, para que se incorpore el texto íntegro de la iniciativa que presentamos la Senadora Mariana Gómez y un servidor, al Diario de los Debates.

Y en su oportunidad, las comisiones dictaminen, de manera favorable esta iniciativa, en favor de la movilidad, y en favor de todas las personas que vivimos en las zonas metropolitanas de este país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA LA FRACCIÓN XXIX-C DEL ARTÍCULO 73DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La movilidad es una necesidad básica de las personas para lograr la satisfacción de sus necesidades y su pleno desarrollo. Como tal, constituye uno de los “mínimos vitales” de la población y una condición elemental para lograr una vida libre y autónoma.

Lamentablemente, la problemática de movilidad urbana que tiene nuestro país es uno de los más importantes retos globales de desarrollo y medio ambiente, debido en su mayor parte a las consecuencias de un esquema de movilidad que privilegió a los vehículos automotores individuales sobre alternativas más sostenibles, como el transporte público y el no motorizado.

Con base en un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) para 10 zonas metropolitanas encontró que, en promedio, 77% de las inversiones en el rubro de movilidad de los fondos federales (ramo 23 y 33) se han destinado a la construcción de infraestructura vial. Mientras que sólo el 23% se invierte en otras modalidades: 11% transporte público, 8% en espacio público, 3% en infraestructura peatonal y 0.4% en infraestructura ciclista.

Ello generó una inducción en la que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2000 y 2010 los automóviles particulares se duplicaron: pasaron de 15.6 a 32.3 millones de unidades y se estima que para 2030 sean 70 millones. En esa inercia, durante ese plazo el número de automóviles creció un promedio anual de 7.1%, en tanto que la población sólo aumentó 1.5% por año.

Se trata de un asunto complejo, con implicaciones negativas en cuando menos, los aspectos económicos, sociales, de salud, medioambientales y energéticos, con sus obvias repercusiones en las personas, tanto en lo particular como en lo colectivo.

De manera enunciativa, pero que muestran una panorámica de la problemática, se pueden mencionar algunas implicaciones como las siguientes:

● La falta de planeación urbana y una visión de ciudad ha resultado en la fragmentación del territorio y el aumento de las distancias y los tiempos de traslado. Estas distancias que millones de ciudadanos recorren día a día son percibidas como barreras para los flujos de personas y bienes. Al menos el 30% de la población urbana percibe que su casa se encuentra lejos o muy lejos de su trabajo.

● El tiempo promedio de un desplazamiento en la zona metropolitana del Valle de México es de una hora con 21 minutos.  De manera acumulada, se estima que las personas pierden en promedio, al menos 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo.

● Los gastos dedicados al transporte generan altos costos para la economía de las familias, los cuales van desde el 14.3 %, mientras que las familias con menores ingresos llegan a porcentajes alarmantes del 48%, según un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara.

● Las largas distancias y la fragmentación de la ciudad ha generado una fractura social sin precedente, pues reducen el involucramiento de los individuos en sus comunidades y limitan las relaciones sociales, desfavoreciendo la conciliación entre la vida familiar y laboral y la calidad de vida de las personas.

● El automóvil y su infraestructura han hecho menos atractivo el espacio público y esto tiene efectos nocivos en las comunidades, porque pierden capital social.

● El desarrollo enfocado en el uso del automóvil es inequitativo y excluyente, pues sólo beneficia al 30% de la población que posee un coche y no garantiza que el resto de la población tenga acceso a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece una ciudad.

● De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 34 millones de personas en zonas urbanas están expuestas a contaminantes del aire que causan enfermedades, baja productividad e inclusive muertes.

● Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en el país, señalan que hay 24 mil muertes, 40 mil discapacitados y 750 mil heridos por accidentes de tránsito anualmente, lo cuales generan el 1.3% del PIB nacional.

● Los automotores aproximadamente son responsables de 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 70% de carbono negro.

● A esto hay que agregarle los efectos macroeconómicos de que la gasolina sea el principal producto importado (147 mil millones de pesos en 2010), pues las importaciones representan el 47% de del consumo nacional de este energético. Estas importaciones deterioran la balanza comercial y eliminan los beneficios de la exportación del petróleo.

Así, los problemas relacionados con la movilidad urbana dificultan la consecución de los objetivos de desarrollo que el país requiere, por ello, imperante el dar pasos agigantados para mitigarlos y mejorar las posibilidades de movilidad de nuestra población.

Definitivamente que esa labor requiere de grandes esfuerzos, ante los diversos aspectos que la movilidad urbana implica, considerando que el tema debe ser abordado cuando menos, desde los aspectos económicos, sociales, políticos, de la ingeniería y la tecnología, la gestión del territorio y de los sistemas de transporte.

Sin embargo, no obstante la multiplicidad de perspectivas, por su complejidad y el papel determinante que tiene en la vida de las personas y en todas las sociedades, la movilidad debe ser configurada como un derecho autónomo que requiere atención especial y que exige el cumplimiento de obligaciones específicas por parte del Estado en los distintos niveles y órdenes de gobierno.

Esto es, que si bien es cierto que las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, realizan esfuerzos para mejorar la movilidad de sus localidades, también lo es que se requiere de una atención coordinada e integral, y no sólo a base de esfuerzos aislados, para entre otros aspectos lograr de manera conjunta:

● La adopción de políticas públicas de movilidad, que no se focalicen en el automóvil particular e incluyan al sistema de transporte público, la estructura vial, la circulación peatonal y ciclista, y que se encuentren estrechamente vinculadas a los planes de ordenamiento territorial.

● La Promoción de la modernización del transporte público de pasajeros, desalentar el uso del automóvil, desarrollar un sistema integral de transporte multimodal en zonas metropolitanas, fomentar la movilidad no motorizada y la accesibilidad universal en los espacios públicos.

● La unificación de criterios en el uso inteligente del transporte, que pondere la conectividad, la multimodalidad, la accesibilidad y la fiabilidad, como elementos asociados que hacen que una persona y una sociedad sean más productivas y más equitativas.

● La planeación urbana sostenible, que incidan en la configuración de la movilidad.

● La incorporación de estrategias, planes y programas de Movilidad

● La inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en los modelos de movilidad; así como la educación, información y difusión para una cultura de la sociedad hacia una movilidad sustentable.

No obstante, a pesar de que la gestión de la movilidad es uno de los temas más relevantes en la agenda pública, no existe el marco institucional ni jurídico para atenderla de manera integral; de ahí que resulte apremiante el implementar un modelo que permita una coordinación intergubernamental e interinstitucional entre los distintos órdenes de gobierno.

Para ello, el esquema jurídico que puede abonar a un diseño institucional de coordinación como el que la atención de la movilidad requiere, definitivamente se encuentra en las posibilidades que las leyes generales pueden proporcionar, esto, porque son el instrumento jurídico más apto para otorgar atribuciones y obligaciones a los tres órdenes de gobierno y no sólo al federal, como es el caso ordinario de las disposiciones emitidas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto implica una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la propuesta contenida en el presente documento es precisamente para reformarla fracción XXIX-C del artículo 73, para prever la facultad del Congreso General para expedirla disposiciones en leyes generales que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de movilidad y sus sistemas de transporte y desplazamiento.

La propuesta realizada es para reformar la disposición de mérito, en virtud de ser la de mayor afinidad a la materia que nos ocupa, atentos a que el principio del cual se parte, es que la movilidad urbana está íntimamente ligada a la planeación urbana; esto es, el ordenamiento del espacio público sobre el cual se efectúan las acciones y actividades de la población para desplazarse; asimismo, espacio público que debiera ser incluyente para todos los mecanismos  de desplazamiento, de forma accesible, eficiente y segura. Dicho de otra forma, el espacio público es aquel sobre el cual la sociedad es usuaria con fines de movilidad, por lo que la legislación que establezca sus bases generales, debe prever la planeación de esta necesidad a efecto de hacer del derecho humano a la movilidad urbana, una realidad tangible.

De nada sirve el debate y las propuestas que se aporten para un ordenamiento o marco jurídico uniforme en materia de movilidad, si el Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos está impedido para legislar sobre el otorgamiento de atribuciones, facultades y obligaciones a los distintos órdenes de gobierno, indispensable para la uniformidad del tratamiento de las necesidades de movilidad, por lo que a fin de hacer una realidad la satisfacción social, económica y medioambiental de esta necesidad, en la materia legislativa, es necesario que el pacto federal lo permita expresamente. Con ello, habremos de superar el principal requisito del estado de derecho mexicano para lograrlo.

La aprobación de la sugerencia propuesta traerá consigo además, el alineamiento con las exigencias y expectativas de movilidad en materia de energías limpias, al estar vinculado con el artículo 27 Constitucional.

Razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, se señala la correlación de la presente iniciativa con la que expide la Ley General de Movilidad.

En mérito de lo anterior, tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, la propuesta contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCION XXIX-CDEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XXIX-Cal artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a la XXIX-B.            (…)

XXIX-C.        Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, movilidad urbana sustentable y sus sistemas de transporte y desplazamiento, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.

XXIX-D a la XXX.     (…)

TRANSITORIO

UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

México D.F., el 19 de noviembre del 2014.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Casillas Romero. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

El día de hoy vengo a presentar, a nombre propio, tres iniciativas que se encuentran relacionadas entre sí, y dada la naturaleza jurídica de las mismas, y de conformidad al Reglamento del Senado, han sido registradas de forma separada.

La primera de ellas, reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La segunda reforma, es para adicionar el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Y la tercera, reforma y adiciona el artículo 119 del Reglamento del Senado.

Las tres en materia de rendición de cuentas…

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Perdón, Senadora Calderón Hinojosa, me permite.

Solicito a la Asamblea, si son tan amables, de poner atención a la proponente, y en tribuna si son tan amables de poner atención a la proponente también.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Estos proyectos de Decreto se suman al esfuerzo que realizan mis compañeros Diputados y Senadores, del grupo parlamentario del PAN, en la iniciativa que propone crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

El objetivo de las iniciativas que propongo, tiene por finalidad el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, y por ende la rendición de cuentas de la función pública desde el trabajo que realiza el Congreso, a través de la figura de la comparecencia contemplada en los artículos 69 y 93 constitucional, misma que puede ser ante el Pleno de las Cámaras o en las Comisiones de investigación.

Pues uno de los principales objetivos de esta propuesta es que los legisladores cuenten con las herramientas necesarias para combatir la corrupción ampliando la facultad de comparecer, no sólo a los secretarios de Estado, sino a todos aquellos que tienen calidad de servidor público, de conformidad al artículo 108 constitucional.

Estas iniciativas también intentan dar respuesta a los reclamos de la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el marco de un estado de derecho en el que urge enviar el mensaje a la ciudadanía de que las leyes son respetadas y aplicadas a todos por igual, y que en el caso de los servidores públicos somos claramente sujetos de sanciones por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debemos de observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión.

Es conveniente mencionar que existen diversos instrumentos jurídicos internacionales, tanto regionales como globales, destinados a orientar el proceso de diseño, instrumentación y evaluación de políticas y estrategias nacionales de prevención y combate a la corrupción.

El Estado Mexicano ha suscrito y ratificado tres tratados internacionales:

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como la Convención de Mérida.

Los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano son aplicables a los tres Poderes y en todos los niveles de gobierno. Lo cual deriva del artículo 133 constitucional.

Por lo anterior las autoridades de la Administración Pública Federal deben cumplir con las obligaciones adquiridas con motivo de los tratados a los que el Estado mexicano se ha adherido.

El Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos en materia de transparencia y combate a la corrupción a través de la Secretaría de la Función Pública, que era la encargada de adoptar medidas y acciones de carácter inmediato que permitían hacer más eficientes las líneas de control en el ámbito en el que el desempeño de la función pública requería ser fiscalizado con prontitud y con acciones correctivas que impedían la desviación de conductas que dañaran la dignidad de la misión y deberes de los servidores públicos.

En el mes de enero de 2013, el Titular del Ejecutivo anunció la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como un órgano autónomo que tendría capacidad, para realmente asegurar que en todos los órdenes de gobierno existiera una verdadera y auténtica rendición de cuentas. Afirmando, que dicho organismo sería el encargado de velar porque los actos de corrupción, que en cualquier orden de gobierno se presentaran, pudieran ser sancionados y vigilados desde esa instancia, por lo cual la Secretaría de la Función Pública dejó de ser parte de la administración pública centralizada.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla que: las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, lo cual a la fecha se ha claramente incumplido.

En una evaluación y seguimiento de la cultura de la legalidad, se debe tener como resultado que la sociedad cambie fundamentalmente la dinámica de las instituciones gubernamentales, obligándolas a ser más eficientes, efectivas, y justas; objetivo que no se cumple cuando en un evidente retroceso, el actual gobierno no ha hecho lo conducente para la creación de la Comisión Anticorrupción. Aunado a ello se olvidó que la Secretaría de la Función Pública no sólo debía supervisar a los servidores públicos por sus actos u omisiones en el desempeño de su encargo, sino además debía evaluar y garantizar que los trámites y servicios que el gobierno federal brinda a la ciudadanía fueran eficientes.

Asimismo, existen faltas administrativas graves, conflictos de interés, nepotismo, entre otras, que no se pueden combatir como hechos de corrupción; deben ser sancionados a efecto de dar respuesta a los reclamos de la sociedad en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

En tanto que el Ejecutivo Federal ha incumplido con el compromiso de enero de 2013, por más de veinte meses, generando incertidumbre en los ciudadanos respecto de la rendición de cuentas que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 108 y 109 constitucional, se encuentra obligado.

Es facultad del Congreso, de conformidad a los artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, citar a comparecer a secretarios de estado, crear comisiones de investigación y realizar preguntas parlamentarias; sin embargo, ambos artículos constitucionales constriñen al Legislativo a convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos. En el caso del artículo 69 sólo contempla a los secretarios de Estado y a los directores de las empresas paraestatales.

Si bien es cierto, los titulares del ramo son los responsables de informar el estado que guardan las secretarías a su cargo; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para el despacho de los asuntos de su competencia, los Secretarios se auxilian y pueden delegar sus funciones en los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, y demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo.

Dichos servidores públicos son los primeros en ser llamados, cuando derivado de alguna revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, se determina un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, sustentado en el artículo 108 de nuestra Carta Magna.

Asimismo, la normatividad en cita faculta a los secretarios de Estado para emitir acuerdos con los cuales deleguen facultades. Es el caso, por ejemplo, del Comisionado Alfredo Castillo, en Michoacán.

Esta iniciativa no trata de eximir de responsabilidad a los secretarios de Estado, se trata de que el legislativo pueda ampliar la facultad de requerir información y escuchar a quienes consta, si los programas, acciones, tramites o servicios de la administración pública federal son eficaces y eficientes; ello, en un amplio ejercicio de rendición de cuentas y una sana interacción entre ambos poderes.

En este orden, el párrafo tercero del artículo 93 constitucional, limita a las Cámaras la facultad que tienen para integrar comisiones para fiscalizar entidades tales como los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria; dejando fuera a la Administración Pública Centralizada, cuando en esta descansa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los asuntos de orden administrativo que competen al Poder Ejecutivo.

Asimismo el artículo 43 Ter de la normatividad en cita, contempla ahora que la Administración Pública Centralizada contará con órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, por lo que ahora el Ejecutivo Federal ejerce sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de estos órganos.

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica, publicada recientemente, define al Centro Nacional de Control de Energía como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional.

De igual forma, la ley de La Comisión Federal de Electricidad y la Ley de Petróleos Mexicanos definen a CFE y Pemex, respectivamente, como empresas productivas del Estado, mismas que cuentan con un director general y un consejo de administración, los cuales son sus órganos supremos de administración.

Si bien ambas leyes establecen que los consejeros, tanto de Pemex y CFE, con relación al ejercicio de sus funciones, como miembros del Consejo de Administración, no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no es un impedimento para que cualquiera de las Cámaras los citen a comparecer ante el Pleno o ante sus comisiones en un claro ejercicio de rendición de cuentas para que los legisladores y la sociedad tengan acceso a información veraz respecto de los recursos públicos que ejercen atendiendo a su naturaleza jurídica de empresas productiva del Estado, y en estricto apego a lo dispuesto en sus propias leyes, las cuales contemplan que tanto en la CFE y Pemex y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia y de acceso a la información, de fiscalización y de rendición de cuentas y combate a la corrupción para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos u omisiones que las contravengan.

Sin embargo, el artículo 93 constitucional sigue señalando al igual que en la reforma política del 77, que los resultados de las investigaciones habrán de hacerse sólo del conocimiento del Ejecutivo Federal, por lo que no resulta acorde ni a la realidad que vive nuestro país después de las reformas estructurales aprobadas este año por el Congreso, ni al estado democrático de que los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69.-  Cada una de las Cámaras realizara el análisis del informe y podrá solicitar el Presidente de la República ampliar información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de la administración pública centralizada, directores y administradores de las entidades paraestatales; titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, integrantes del Consejo de Administración y Directores Generales de las empresas productivas del Estado, así como a los titulares de los órganos autónomos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Artículo 93.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a Titulares de las Administración Pública Centralizada, Directores y Administración de las entidades paraestatales; titulares de los Organismos Públicos Descentralizados; Directores generales e Integrantes del Consejo de Administración de las empresas productivas del Estado, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a  sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la Administración Pública Centralizada; Directores y Administradores de las entidades paraestatales; Organismos Públicos Descentralizados; de las empresas productivas del Estado y de los órganos autónomos. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal, a la Auditoría Superior de la Federación y en su caso se realizará la denuncia de hechos correspondientes.

Es cuanto, señor Presidente.

Agradezco su atención.







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 98 NUMERAL 1 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 119 NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Calderón Hinojosa. El turno a las iniciativas presentadas por la proponente será de la siguiente manera.

El proyecto de reformas constitucionales a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y los proyectos de reforma a la Ley Orgánica del Congreso  General, y el Reglamento del Senado de la República se turnarán a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:(Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solo para preguntarle a la Senadora Calderón si puedo suscribir sus iniciativas.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Para los mismos efectos, se pregunta a la proponente. Está de acuerdo. Adelante y que tome nota Servicios Parlamentarios de estas propuestas de las Senadoras.

Se encuentra en este salón el señor Juan Cristóbal Cruz Revueltas, nieto del escritor José Revueltas. Recordemos que este año conmemora el centenario de su nacimiento, que se cumplió el pasado 20 de noviembre.

El señor Cruz Revueltas asiste a invitación del Senador Zoé Robledo Aburto.

¡Sea usted bienvenido a este pleno de la Cámara de Senadores!

Esta Presidencia saluda a un grupo de alumnos del Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién, quienes asisten a este recinto con la finalidad de presenciar el trabajo legislativo del Senado de la República.

¡Sean bienvenidos!





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley  General de Turismo Médico; y se reforman y adicionan la Ley General de Turismo y la Ley General de Salud

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TURISMO MEDICO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DE TURISMO Y LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Martha Palafox Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, Adolfo Romero Lainas, María Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza Davis, Luz María Beristain Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique Mayans Canabal, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Salvador López Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar Cisneros, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Raúl Morón Orozco, Héctor Larios Córdova y Angel Benjamín Robles Montoya)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Quiero aprovechar la tribuna para hacer un comentario ahorita que veo a las compañeras Senadoras vestidas de naranja, celebrando el 25 de noviembre del 2014, la eliminación de la violencia contra la mujer; me llamó mucho la atención de las participaciones de las distintas Senadoras que me antecedieron .

El documento que nos fue entregado por la Senadora Lucero Saldaña, y quiero aprovechar la tribuna para leer el texto, porque me parece que es importante asumir el compromiso el día de hoy, con las mujeres y en pro de la eliminación de la violencia. Dice:

La igualdad de género no es solo un asunto de las mujeres, sino un tema de derechos humanos que requiere mi participación. Me comprometo a emprender acciones  contra todas las formas de violencia y discriminación que enfrentan mujeres y niñas. Me parece que es importante que este Senado de la República, y agradezco especialmente a las compañeras Senadoras que han tomado la palabra en este sentido, que asumamos una posición muy puntual sobre este tema, que hoy especialmente, cuando las calles están tomadas por la violencia que corroe gran parte de nuestro  territorio nacional, sin duda alguna la violencia con mujeres y niñas, es importante.

Les agradezco la oportunidad de presentar esta iniciativa de Ley General de Turismo Médico, como ustedes saben  yo soy del estado de Guerrero, y en repetidas ocasiones he aprovechado para presentar y para discutir en la Comisión de Turismo distintas iniciativas que tienen que ver con fortalecer esta actividad; del cual un estado como el mío vive prácticamente el 90 por ciento de su producto interno bruto, pero que en otras ocasiones hemos destacado que en lugares, como Quintana Roo o como Baja California Sur, son estados donde el turismo es una actividad sumamente trascendente.

En ese contexto, impulsar y mantener las posiciones en torno a que el Senado de la República pueda dictaminar los temas que tienen que ver con turismo médico, es de especial trascendencia esta iniciativa, y le agradezco enormemente a un total de 27 Senadores y Senadoras de la República, que junto con la Asociación Mexicana de Turismo Médico, y 124 asociaciones estatales más nos han ayudado a plantear, a construir y a presentar esta iniciativa.

Dentro de las nuevas tendencias del turismo internacional, ha surgido el Turismo Médico como resultado del envejecimiento poblacional y los diferentes precios que se presentan en cuanto a la prestación de servicios médicos entre países desarrollados y países emergentes. En ese contexto, el Turismo Médico de ha vuelto una práctica cotidiana de viajar fuera del lugar de residencia para someterse a tratamientos médicos y a cuidados; buscando una alta especialización, el acceso más rápido y especialmente una mejora tanto en la calidad como en los costos.

Por este contexto, y por la cercanía que tenemos a un importante mercado, que es el mercado norteamericano, México se posicionó recientemente en el 2012 como el segundo principal destino de turismo médico a nivel mundial, este no es un dato menor, no solamente por la afluencia de turistas que están viniendo no solo a disfrutar de la belleza escénica del paisaje, de la temperatura, de las condiciones climáticas de Guerrero, sino especialmente por la calidad y la eficiencia que están presentando varios estados de la República en cuanto a su infraestructura médica, y obviamente la provisión de servicios. Subrayar que en el 2010 el gasto global de salud alcanzó un monto de seis mil 548 miles de millones de dólares, existen aproximadamente, según los datos con lo que contamos con esta iniciativa, un total de 50 millones de estadounidenses que carecen de cobertura médica y un total de 120 millones que carecen de cobertura dental, además de 200 millones con cobertura médica limitada los cuales representan un mercado potencial.

Repito, por el diferencial de costos y por la calidad y la especialización que están logrando varios nichos en varias ciudades de estados de la República.

El análisis del marco jurídico nacional, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Turismo y la Ley General de Turismo no consideran, y esto es importante subrayarlo, al turismo como un sector prioritario para las políticas públicas a pesar de su aportación a la economía. 

En este momento el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales tiene en su haber, junto con la Comisión de Turismo, una iniciativa de cambio constitucional que varios Senadores y Senadoras de la República nos han acompañado a presentar, para que el turismo sea considerado a nivel constitucional como un sector prioritario; que esto nos permita impulsar recursos, impulsar financiamiento y una visión integral de política pública con un carácter estratégico.

Se requiere, elevar el potencial y la competitividad que tenemos en nuestro país, porque tenemos enormes, áreas de potencial que hoy están dejadas de lado, y que no están consideradas como una prioridad.

En ese contexto y en este marco presentamos esta iniciativa, porque, los llamados babyboomers, los adultos mayores que nacieron en los 60’s significan, como hemos dicho, una importante área de oportunidad para el crecimiento de la economía nacional, y que puede significar desde los estados del norte, Baja California, Nuevo León o, incluso el mío, el estado de Guerrero, un enorme potencial que hay que aprovechar con esta visión.

Lo que se plantea con esta iniciativa, es expedir la Ley General de Turismo Médico con el objetivo de establecer las bases de una nueva política de turismo en materia de salud, y que México se convierta en un destino verdaderamente de clase mundial en esta materia; establecer una política pública para detonar el turismo médico como actividad prioritaria dentro de la actividad de turismo nacional, establecer una política de turismo médico que fomente la inversión pública, privada y social, de origen nacional e internacional en proyectos de alto impacto regional que mejore las condiciones de competitividad mediante la planeación, y procurando fortalecer la marca y la imagen nacional como un destino turístico a nivel internacional.

Por último, se crea el consejo con esta iniciativa de turismo médico, integrado por los titulares de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía.

Nos parece importante, y aquí hablo como representante por el estado de Guerrero, que no dejemos ningún solo momento de pensar en el turismo como un área prioritaria: es una área de la que hoy deriva un importante derrama de recursos tanto en nuestro mercado interno como del mercado internacional, y es especialmente como guerrerense en estos momentos críticos que vive la entidad de Guerrero, la entidad que represento, poner el tema del turismo como una prioridad. Quiero destacar el señalamiento que hiciera ayer la Secretaria de Turismo, junto con otros actores del sector turístico guerrerense, para apuntalar el próximo mes de diciembre la actividad turística en Acapulco, en Zihuatanejo, en Taxco; lo que llamamos el triángulo del sol, y obviamente, las costas de Guerrero. Desafortunadamente las imágenes recientes de toma de carreteras, del conflicto social que hoy se vive en la entidad, pues han desalentado la presencia de muchos turistas del centro, del valle central, de Puebla, de Querétaro, de los distintos lugares del bajío que tradicionalmente nos visitan.

Quiero comentar que el reporte dado ayer por la Secretaria de Turismo es algo a lo que tenemos, o yo les planteo como Senador por esa entidad, que le debemos dar ahínco. Tenemos varias iniciativas presentadas para poner como actividad estratégica el turismo, pues que este fin de año, que es un fin de año del cual muchos miles, muchos ciento de miles de personas en el estado de Guerrero viven del turismo; están con los brazos abiertos esperando a que la gente vaya a pasar tanto el 24 de diciembre, como el fin de año, saber que este comunicado que ha sacado la Secretaría de Turismo cuente con el apoyo de todas las instancias y  de todo el estado mexicano. Hoy hay muchas miles de personas que están, repito, con los brazos abiertos, meseros, las mujeres que limpian las recámaras, los distintos dueños de restaurantes o de los hoteles del triángulo del sol, están esperando que la gente vaya, y quiero aprovechar la presentación de una iniciativa de este tipo, no solamente para mantener la visión del turismo como una prioridad que estoy convencido que podemos sacar en esta legislatura tanto a nivel constitucional como con iniciativas en esta materia de turismo médico para llamar la atención del Pacto Federal que está aquí representado, de todos mis compañeros y compañeras Senadoras, para que la solidaridad de la gente que aquí representa el pueblo de México podamos sacar adelante el turismo, y especialmente las condiciones complejas, que sin duda alguna mantiene a la gente con trabajo y esperanza de que esta será una buena jornada vacacional en Guerrero con el apoyo de todos ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 19 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 19 Y UNA FRACCION XII AL ARTICULO 43 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Presidencia.

Vengo a este Pleno a presentar posicionamiento para referirme a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 19 y una XII al artículo 43, de la Ley General de Desarrollo Social, y muy acorde con algunas recomendaciones de organismos internacionales de empoderar a la mujer y seguir en este combate en la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Es una iniciativa que pretende darle certeza, pretende darle seguridad para su condición de mujer en la responsabilidad de la conducción de un hogar, toda vez que cada vez son más las mujeres cabezas de familia, cada vez son más las mujeres responsables de proveer alimento, vestido y educación a los niños en este país.

La situación de las mujeres es de alarmar. Mucho se ha trabajado en preceptos y normas legales, en conceptos internacionales para que exijan y procuren justicia y políticas públicas a favor de la mujer. Sin embargo, los resultados son insuficientes y aún queda mucho por hacer debido a que existen algunas marginaciones ejercidas sobre grupos determinados, como es el caso de las madres solteras hoy en día.

No es raro ver a mujeres que logran formar una familia sin la necesidad de contar con una figura paterna, generalmente por cuestiones como el haber quedado viuda, maltrato intrafamiliar, divorcio, fenómenos sociales como la migración o simplemente por la decisión propia de tener hijos sin pareja, miles de mujeres asumen la responsabilidad de padre y madre en el hogar.

Ante esta situación, las jefas de familia se enfrentan frecuentemente a la sobrecarga de responsabilidad,  los problemas económicos y la dificultad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En México, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en el 2012 había 30 millones de mujeres que eran madres solteras o madres de familia; y el 18 por ciento eran madres solteras a lo que es lo mismo, 5.3 millones de mujeres en México vivían con hijos, pero sin una pareja.

La realidad de las madres solteras en México es alarmante, pues éstas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que al asumir su rol de jefa de familia se enfrentan a situaciones como las carencias sociales, debilidades económicas, inestabilidad social y en algunos casos hasta la discriminación.

La vida familiar y laboral para las madres solteras ha resultado en demasía complicada a consecuencia del déficit y la insuficiencia de servicios comunitarios y políticas públicas de apoyo a las mujeres.

Enfrentarse sola a la sociedad con un hijo es para cualquier mujer una situación difícil; el tener que lidiar con el largo proceso de abandono efectivo y económico por parte de su familia y amigos, así como sobrevivir ante las precarias condiciones habituales, sólo vislumbra en una cierta cantidad de casos un futuro tanto peso a su hijo como para ella, nada prometedores.

La situación no ofrece visos de mejora, a pesar de que se ha trabajado a favor de este sector, por lo que es menester aumentar las ayudas a las familias de madres solteras.

No hay duda de que la vida de las madres solteras en el país ha ido cambiando. Es cierto que con el paso del tiempo se ha logrado avances respecto a este tema, sin embargo, sigue siendo una condición socialmente complicada.

Actualmente, en su mayoría, las madres solteras se encuentran sin servicios médicos, sin acceso a una vivienda digna y seguridad social para ellas y sus hijos.

Además, pese a que a un gran porcentaje de este grupo vulnerable trabaja, la mayor parte vive en condiciones de pobreza.

Ante esta situación, cabe cuestionarse el papel del Estado por proteger a un grupo tan vulnerado y olvidado como lo es el de las madres solteras o jefas de familia.

En México existen diversos programas sociales encaminados a apoyar a las mujeres solteras con hijos, los cuales son ejecutados por los tres órdenes de gobierno; sin embargo, estos programas generalmente se aplican de manera caprichosa o de manera excluyente cada tres años, dependiendo de la presidencia municipal en turno o el gobierno estatal o federal; y esto trae como consecuencia que los programas destinados a favorecer a este grupo de mujeres jefas de familia no sea constante y nuevamente queden en una situación de vulnerabilidad debido al programa de apoyo.

En la actualidad, el gobierno federal implementó diversos programas sociales por medio de la Secretaría de Desarrollo Social encaminados a la protección de las jefas de familia y de sus hijos. Entre los programas en mención, podemos destacar el llamado “Seguro de vida para jefas de familia”.

Otro programa federal implementado a favor de las madres solteras es el de las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

Por otro lado, el gobierno del Distrito Federal implementó el programa de apoyo a madres solas, el cual da cumplimiento al derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solteras de escasos recursos, residentes en el Distrito Federal.

Los programas sociales antes mencionados exhiben una realidad. En el país no existe una política pública nacional que atienda las necesidades y carencias del sector de las madres solteras; es decir, no existe un apoyo real implementado en todo el país que garantice a las madres solteras y sus hijos acceso a los servicios de salud, de vivienda o de apoyo económico, dependiendo de sus necesidades.

Por el contrario, estos programas regularmente tienen tintes electorales y los gobernantes los ejecutan con la finalidad de promocionarse personalmente. Pero al llegar el siguiente gobierno, si no es de su interés, el programa social se descuida, se pierde o lo quitan, dejando a las jefas de familia sin sustento económico y social.

Ante este panorama por el que pasan las madres solteras, se plantea que el gobierno federal se responsabilice y asuma los esfuerzos para trabajar a favor de estas madres solteras y de sus hijos.

En la actualidad resulta incomprensible que continúe un alto grado de discriminación ante este grupo vulnerable. Por lo que urge un replanteamiento legal, social y mental de la población en su conjunto para brindar el apoyo y asistencia a este ejemplo de mujeres que luchan día a día por lograr un futuro para su familia.

Por lo anterior expuesto y con la finalidad de que el Estado tenga un compromiso verdadero con las madres solteras para brindarle esta oportunidad de desarrollo en lo laboral o de apoyo para su sustento y que no quede a capricho y discrecionalidad de nadie, se propone modificar los artículos 19 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, el gobierno federal priorice en cada sexenio los programas sociales de desarrollo orientados a madres jefas de familia. Con ello se plantea también que el Ejecutivo Federal promueva y fomente estos programas en beneficio de las madres jefas de familia.

Con esta modificación de la ley se busca que les brinde asistencia social a las jefas de familia y a sus hijos, sin importar el cambio del gobierno o el programa social, ya que ahora sería una obligación por parte del Estado mejorar las condiciones de vida de las madres de soltera.

Lo que se pretende es que las mujeres cabeza de familia y madres soltera tengan la certeza de seguir contando con estos programas sociales para su desarrollo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 19 Y UNA FRACCION XII AL ARTICULO 43, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia” ante este precepto constitucional se pude asegurar que el estudio jurídico de la familia entra en el órbita del derecho constitucional y en el campo de estudio de los derechos fundamentales.1

La familia es un concepto sociológico que se puede definir como “un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen  la responsabilidad del cuidado de los hijos,”2 asimismo, estos nexos forman relaciones interpersonales y jurídicas, sin distinción de sexo, edad, origen, color o cualquier otra condición. Esto trae como consecuencia, que estos vivan en pleno goce y con apego de sus derechos humanos, ante esto, la familia resulta la célula básica de la sociedad.

México es muy diverso en cuanto a estructuras familiares se refiere, encontramos que hay familias indígenas, campesinas, obreras, urbanas o rurales. Unas que se constituyen no sólo por el padre, la madre y los hijos, sino también por otros parientes.

En otros casos, y por diversos motivos, existen familias en las que el padre asume el rol de padre y madre. Sin embargo, el caso que es más común es en el que la madre, tiene que salir adelante sin el apoyo del padre de los hijos, asumiendo una función de jefa de familia.

En las últimas décadas ha desaparecido la percepción que se tenía de la familia tradicional, con la formación de otras formas de familia derivado de todos los cambios sociales, demográficos, económicos, culturales y de diferentes ideologías y situaciones personales.

Ante esto, no es raro ver a mujeres que logran formar una familia sin la necesidad de contar con una figura paterna. Generalmente por cuestiones como viudez, maltrato intrafamiliar, divorcio, fenómenos sociales como la migración o simplemente por la decisión propia de tener hijos sin pareja; así, miles de mujeres tienen que asumir las responsabilidades de padre y madre en el hogar.

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 2010, en el país residían 40.8 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales, el 71.6% tuvo al menos un hijo nacido vivo y 27.1% no los ha tenido.3

Asimismo, en el cuarto trimestre de 2012, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más, con al menos un hijo nacido vivo es de 51.4%, cifra que al compararla con la de mujeres que no han tenido hijos resulta inferior en 3.6 puntos porcentuales. Adicionalmente, en ese año, por cada 100 mujeres con al menos un hijo nacido vivo y que son económicamente activas, 61 tienen de uno a dos hijos y 35 tienen de 3 a 5 hijos. Es decir, la mayoría de las mujeres combina sus actividades laborales con las del hogar.4

Lo anterior exhibe la situación de las madres en México y, derivado a la situación económica del país, mantener un hogar ya no es cuestión sólo de padre y madre; ahora también, se habla de madres solteras jefas de familia, a las cuales les corresponde la crianza y manutención de los hijos mayoritariamente.

Ante esto, a las madres solteras al asumir su rol de jefa de familia se encuentran ante situaciones como carencias sociales, vulnerabilidad económica, inestabilidad social y en algunos casos, discriminación.

Datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2012, había 30 millones de mujeres que eran madres, de ellas, el 18% eran madres solteras, o lo que es lo mismo, 5.3 millones de mujeres en México vivían con hijos pero sin pareja.5

No hay duda de que la vida de las madres solteras en el país ha ido cambiando. Es cierto, que con el paso del tiempo se han logrado avances respecto a este tema; sin embargo, sigue siendo una condición socialmente complicada. Actualmente, en su mayoría las madres solteras se encuentran sin servicios médicos, sin acceso a una vivienda digna y seguridad social para ellas y sus hijos. Además, pese a que un gran porcentaje de este grupo vulnerable trabaja y la mayor parte vive en condiciones de pobreza.

Ante esta situación cabe cuestionarse el papel del Estado por proteger a un grupo tan vulnerado como lo son las madres solteras. En México existen diversos programas sociales encaminados a apoyar a las mujeres solteras con hijos, los cuales están implementados en los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, estos programas generalmente son implementados cada tres años, dependiendo de la Presidencia Municipal y el Gobierno del Estado, esto trae como consecuencia que el programa no sea constante y las jefas de familias nuevamente queden en situación de vulnerabilidad debido a la falta de programas sociales de apoyo.

En la actualidad, el Gobierno Federal implementó diversos programas sociales por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, encaminados a la protección de las jefas de familia y sus hijos.

Entre los programas en mención, destaca el llamado “Seguro de Vida para Jefas de Familia,”6 el cual, tiene como objetivo contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento a madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, que se encuentren en condición de vulnerabilidad, entendiéndose ésta como aquellas que presentan al menos una de las siguientes carencias sociales:

1. Personas u hogares que cuentan con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar o Línea de Bienestar Mínimo, es decir, cuyos ingresos mensuales son menores a $ 2,500.00

2. Rezago educativo: cuando la jefa de familia no cuente con primaria terminada.

3. Carencia de acceso a los servicios de salud: jefas de familia que no están afiliadas o inscritas para recibir ningún servicio de salud.

4. Carencia de acceso a la seguridad social: jefas de familia asalariadas que no reciben por parte de su trabajo las prestaciones de servicios médicos, pensión del IMSS o del ISSSTE, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.

5. Carencia de acceso a los servicios básicos de vivienda: aquellas jefas de familia que no cuentan con servicio de agua entubada, drenaje o no dispone de energía eléctrica.

6. Carencia de acceso a la alimentación: los hogares con grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir que no pueden tener 3 alimentos al día o que consideran que no reúnen los nutrientes básicos en cualquiera de ellos.

7. Carencia de calidad y espacios de vivienda: aquellos hogares que tienen piso de tierra, su techo es de lámina de cartón o de desechos, muros de embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho; o que presenten hacinamiento (demasiadas personas en poco espacio).

En caso de que las jefas de familia fallezcan, sus hijos o hijo será beneficiario de un apoyo mensual de hasta mil 850 pesos a cada uno hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años), con la finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, teniendo una cobertura y alcance nacional, cubriendo las 32 Entidades Federativas y los casi 2,500 municipios.

Otro programa creado a favor de las madres solteras es el de “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras,”7 el cual, apoya hogares con al menos un(a) niño o niña de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente:

“Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios”.

El Gobierno de la República, a través de la SEDESOL cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil, este apoyo se entrega directamente a la madre, padre o tutor responsable de los niños.

Por otro lado, el Gobierno del Distrito Federal implementó el “Programa de Apoyo a Madres Solas” el cual, da cumplimiento al derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en el Distrito Federal.8

Un ejemplo más es el Estado de Chiapas, en el cual, las jefas de familia reciben un apoyo económico mensual como parte de los beneficios del programa “Bienestar de Corazón a Corazón” que además les brindan la afiliación al Seguro Popular, becas escolares para sus hijos, capacitación para el empleo, apoyos para vivienda, microcréditos para poner su propio negocio y proyectos productivos.9

La comparación de los programas sociales antes mencionados, exhiben una realidad; en el país no existe una política pública nacional que atienda a las necesidades y carencias del sector de las madres solteras.

Es decir, no existe un apoyo real, implementado en todo el país que garantice a las madres solteras y sus hijos acceso a los servicios de salud, de una vivienda digna o de un apoyo económico dependiendo de sus necesidades.

Por el contrario, estos programas regularmente tienen tintes electorales. Los gobernantes los implementan con la finalidad de promocionarse personalmente y al llegar el siguiente gobierno, si no es de su interés, el programa social se descuida o se pierde por completo, dejando a las jefas de familia sin sustento económico y social.

Ante este panorama que muestra el problema social por el que pasan las madres solteras o solas, se plantea que el Gobierno Federal se responsabilice y sume esfuerzos por trabajar a favor de estas mujeres y sus hijos.

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de que el Estado tenga un compromiso con las madres solteras jefas de familia, se propone modificar la Ley General de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus atribuciones el Gobierno Federal priorice en cada sexenio por los programas sociales orientados a apoyar a madres jefas de familia. Con ello, se plantea también que el Ejecutivo Federal promueva y fomente programas sociales orientados a apoyar a madres jefas de familia.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 19 Y UNA FRACCION XII AL ARTICULO 43, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

UNICO.-INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 19 Y UNA FRACCION XII AL ARTICULO 43, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a IX. …

X. Los programas sociales de desarrollo social orientados a madres jefas de familia.

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a X.

XI. Promover y fomentar programas sociales de desarrollo social orientados a madres jefas de familia.

XII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a IX. …

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a IX. …

X. Los programas sociales de desarrollo social orientados a madres jefas de familia.

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a X. …

XI. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a X.

XI. Promover y fomentar programas sociales de desarrollo social orientados a madres jefas de familia.

XII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

 

 TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Carbonell Miguel. Familia, Constitución y Derechos Fundamentales [en línea]. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2287/7.pdf [consulta 24 de Noviembre de 2014].

2Ibídem.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día de la madre” [en línea]. INEGI. 2012. México. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2012/madre12.asp?c=2835&ep=91 [consulta 21 de Noviembre de 2014].

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día de la madre” [en línea]. INEGI. 2013. México. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/madre9.pdf [consulta 21 de Noviembre de 2014].

5 Redacción Animal Político. Madres solteras: ¿mejor solas que mal acompañadas? [en línea]. Animal Político. México. 2013. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-caleidoscopio/2013/10/01/madres-solteras-mejor-solas-que-mal-acompanadas/ [consulta 24 de Noviembre de 2014].

6 Secretaria de Desarrollo Social. Seguro de Vida para Jefas de Familia [en línea]. SEDESOL. México. 2014. Disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Seguro_de_Vida_para_Jefas_de_Familia [consulta 24 de Noviembre de 2014].

7 Secretaria de Desarrollo Social. Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras [en línea]. SEDESOL. México. 2014. Disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles [consulta 24 de Noviembre de 2014].

8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Programa de Apoyo a Madres Solas [en línea]. México. 2014. Disponible en: http://www.dif.df.gob.mx/dif/prog_serv.php?id_prog_serv=6 [consulta 24 de Noviembre de 2014].

9 Gobierno del Estado de Chiapas. En Chiapas, cinco meses de “Bienestar de Corazón a Corazón” para madres solteras [en línea]. México. 2014. Disponible en: http://www.sedem.chiapas.gob.mx/post/en-chiapas-cinco-meses-de-bienestar-de-corazon-a-corazon-para-madres-solteras/ [consulta 24 de Noviembre de 2014].

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación, la Ley de Asistencia Social, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION; SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; SE REFORMA EL ARTICULO 323 BIS Y SE ADICIONA UN PARRAFO Y DOS INCISOS AL ARTICULO 323 TER DEL CODIGO CIVIL FEDERAL; Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 343 TER DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Honorable Asamblea:

Nadie necesita argumentos para condenar la violencia contra los niños. Pocos temas en la comunidad internacional y en los debates nacionales disfrutan de un consenso unánime como la protección de los derechos a los niños.

La casi universal ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño es un ejemplo más evidente. Sin embargo, ese consenso no refleja la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es totalmente invisible, simplemente no existe en estadísticas nacionales como en estadísticas internacionales.

La historia de la violencia contra los niños es una historia de silencio.

El combate a la violencia exige de todos un gran esfuerzo que debe contemplar, además de la sanción de quienes incurren en ella, medidas de prevención que efectivamente cambien el escenario en que se produce la misma.

Es necesaria una estrategia de acción inteligente que incluya a los distintos sectores del Estado como educación y salud; pero sobre todo, es urgente que explícitamente se prohíba toda forma de violencia contra las niñas y niños en todos sus contextos.

Las leyes no son instrumentos mágicos para cambiar la realidad, pero difícilmente la realidad cambia sin el amparo de las leyes.

Erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes ha sido un tema de alta prioridad en la agenda del sistema de las Naciones Unidas desde que se dieron a conocer los resultados de un estudio que mostraba datos escalofriantes, entre los que destaca uno que es impactante, 80 por ciento de los niños que mueren por causa de la violencia son menores a 6 años.

El estudio identifica precisamente el castigo corporal como una de las formas de violencia más frecuentes a la que los niños se encuentran expuestos.

De acuerdo con la información disponible, entre un 80 y un 98 por ciento de los niños sufren castigos corporales de algún tipo. El castigo se define como la aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta determinada, clasificándose en dos tipos: el que incluye reprimendas verbales y desaprobación; y el que produce el daño físico.

En este contexto, los limitantes entre el castigo físico legítimo y el maltrato no están bien definidos y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a base de golpes degeneren en una escalada de violencia.

El castigo corporal constituye para los sistemas de protección de los diferentes países de América Latina un desafío para el pleno cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños.

El mismo estudio citado destacó que de los 35 países de la región, 32 cuentan con leyes que protegen a las personas que son objeto de una agresión; sin embargo, cuando se trata de los niños sólo 3 no permiten que los adultos los castiguen mediante golpes con el pretexto de la disciplina.

Ante esta situación, el informe concluye con un llamado para que los países latinoamericanos actúen de forma inmediata adaptando sus marcos normativos para la prohibición legal explícita del castigo corporal en todos los ámbitos.

En el caso de México, nuestro marco jurídico convalida el abuso, ya que mantiene un diseño institucional que responde a una forma de ver a niñas y a niños como seres dependientes en un estado de minusvalía, concepción que empieza a transformarse a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la aprobación en el Senado de la República de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, temas como el castigo corporal, al no estar explícitamente prohibidos en la legislación, constituyen un vacío jurídico que deja en posición de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes.

Prohibir y eliminar el castigo corporal sobre los niños es fundamentalmente una cuestión derechos humanos. Por ello, mediante la presente iniciativa se prevé garantizar el respeto a la dignidad humana e integridad física, e igualar jurídicamente su protección ante la ley.

En un marco de derechos humanos, se establece que la prohibición del castigo corporal a los niños a través de la reforma de la ley, es una obligación esencial de los gobiernos y constituye un medio importante para asegurar que se cumpla; pues desde esta perspectiva todo castigo corporal como método disciplinario infligido a niños es intolerable.

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establece que los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo.

En el 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de los niños, y por la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial.

Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.

De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos sus entornos, así como se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.

Por tanto, frente a toda forma de malos tratos hacia niñas, niños o adolescentes, cualquier persona responsable de su cuidado tiene la obligación forzosa de brindar protección, así como reconocer y respetar su condición natural para propiciar su pleno y libre desarrollo.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución, corresponde a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indisibilidad y progresividad.

Por ello resulta riesgoso para los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes la posible interpretación del Código Civil y que esta norma dé pie a que padres maltratadores encuentren una forma de disminuir su responsabilidad.

Esta situación ya fue señalada por el Comité sobre los Derechos del Niño en el 2002, y recomendó que se modifique.

El Comité sobre los Derechos del Niño aclara que el propósito de prohibir todo castigo corporal dentro de la familia es el de detener el uso de castigos violentos u otro tipo de cruel o degradante por parte de los padres a través de intervenciones educacionales y de apoyo, pero no punitivas.

Sostiene que el enjuiciamiento y otras intervenciones, por ejemplo, separar al niño o al autor de la violencia, deberían tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño o niña contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del niño afectado.

En 1979, Suecia se convirtió en el primer Estado en prohibir explícitamente todo castigo corporal y otros tratos humillantes a las niñas, niños y adolescentes.

Hoy 19 Estados han legislado a favor de la prohibición plena del castigo corporal al condenar el castigo corporal.

Creo necesario plantear la necesidad de que en México se legisle sobre esta materia. Ningún estado tendrá progresos significativos en la prohibición, prevención y eliminación de la violencia contra las niñas y niños, mientras no tenga un marco legal claro y bien publicitado que prohíba toda forma de violencia.

La tolerancia cero es generalmente aceptada como la meta respecto a la violencia doméstica entre adultos en el hogar. Igualmente es una obligación moral mantener la tolerancia cero contra la violencia de niños y niñas.

Los niños están hartos de ser considerados el futuro. Ellos quieren vivir en un mundo sin violencia en el presente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores.

Es cuanto.

Iniciativa

“La suscrita MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y DOS INCISOS AL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 193 países, entre los que se encuentra México, es el tratado de derechos humanos que más amplia aceptación ha recibido, tanto como instrumento que respalda la acción de diversos sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos; como marco de referencia para los encargados de formular las políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes. En este documento, las niñas, niños y adolescentes se les contempla como  individuos, como integrantes de una familia o comunidad y como sujetos de derecho.

Para comprender la importancia de esta perspectiva, es pertinente señalar que previo a la Convención prevalecía un enfoque que se sustentaba en las necesidades de niñas y niños, el cual partía de concebirlos como sujetos pasivos, en donde se les da un tratamiento de protección. Sin embargo, a partir de la aprobación de la Convención, la mirada del niño como objeto de compasión y represión tuvo un cambio hacia el enfoque de Derechos, el cual ve al niño como un sujeto pleno de los mismos. Dicho lo anterior, desde ese momento la Convención ha promovido construir una nueva concepción social de la infancia, objetivo que en gran medida se ha logrado en muchos de los países firmantes, donde las niñas, niños y adolescentes ya no son sujetos pasivos ni “pequeños adultos”, ya que ahora son sujetos que tiene igualdad jurídica, derechos, y regulados como personas en proceso de maduración, crecimiento y desarrollo.

Como firmantes de este magno acuerdo, muchos países han enfrentado diversos obstáculos de carácter económico, social e incluso cultural para hacer efectivos, y, llevar a la práctica con acciones específicas, los enunciados de la Convención, y así, garantizar y velar por  el cumplimiento de los derechos del niño.

La posición de todos los estados debe ser contundente, pues el respeto de los derechos humanos comienza por la manera en que la sociedad trata a sus niñas, niños y adolescentes. Una sociedad comprometida con una cultura del respeto de los derechos humanos, garantizará la libertad y dignidad de éstos, promoviendo acciones y políticas que contribuyan a crear las condiciones en que puedan desarrollar todas sus potencialidades y prepararse así para una vida adulta plena y satisfactoria. No obstante, la realidad es que la situación de los niños en el mundo, sobre todo en los países pobres, no es la que a todos esperamos, considerando el amplio consenso que existe en torno a los derechos de la infancia.

México ha sido partícipe y se ha comprometido a cumplir y garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y con ese objeto, hace apenas unos días en el Senado de la República se aprobó la expedición de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, misma que está a discusión en la Cámara de Diputados y que en su contenido ratifica el compromiso del Estado Mexicano en favor de los derechos de la infancia.

Con medidas como la expedición de una nueva Ley, avanzamos como sociedad en el ámbito de Derechos; sin embargo, los pendientes por atender son varios, desde temas como la calidad de la educación, además de garantizar la cobertura en educación inicial, uno de los niveles con mayor rezago a pesar de ser fundamental para la formación y desarrollo integral del niño; como rezagos en la atención a los problemas de salud, en el acceso a los servicios básicos y combate de los efectos relacionados con la violencia y el maltrato del que son víctimas las niñas, niños y adolescentes.

La exposición a la violencia es una seria violación a sus derechos, incluyendo su derecho a una vida libre de violencia, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.  A la letra, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General sobre el artículo 19 de la Convención, reconoció la especial vulnerabilidad de las niñas y niños pequeños, señalando que “los bebés y los niños pequeños enfrentan mayor riesgo de ser víctimas de violencia debido a la inmadurez del desarrollo del cerebro y a su completa dependencia de los adultos”

La violencia contra los niños en la primera infancia, incluyendo,  su exposición a la violencia entre padres o en la comunidad, son factores determinantes en la transmisión intergeneracional de la violencia. Los niños que sufrieron violencia en sus primeros años de vida tienen mayores probabilidades de usar la violencia en su vida adulta – contra sus parejas o contra sus propios hijos.

El adagio que indica que la prevención es mejor que la cura, puede ser antiguo, pero no menos cierto. Si tenemos éxito en poner fin al ciclo de violencia, podremos reducir y eliminar la violencia para las futuras generaciones.

La intervención apropiada y la prevención temprana de la violencia contra los niños, asegura la posibilidad de evitar problemas de largo plazo que significan un alto costo social y económico. Muchos consideran que, en su forma leve, el castigo físico es útil para enseñar al niño lo que significa "no" y para que se comporte apropiadamente; también para protegerlo de un peligro mayor ante urgencias. Sin embargo, hay evidencia de que el castigo físico, cuando alcanza niveles de maltrato, se asocia, años después, a un riesgo elevado de presentar comportamientos violentos y psicopatologías.

En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitir una opinión consultiva sobre el castigo corporal de los niños. El Tribunal respondió que la opinión era innecesaria, porque la jurisprudencia existente del Tribunal y las obligaciones conforme a otros instrumentos internacionales ratificados por estados en la región, en particular por la Convención sobre los Derechos de Niño, era claro. El Tribunal acentuó que los niños " tienen derechos y no son solamente un objeto de protección", tienen los mismos derechos que todos los seres humanos, que el Estado debe proteger estos derechos tanto en  lo privado, como en la esfera pública, y que esto requiere medidas legislativas así como otras en materia de políticas públicas.

En agosto de 2009, la oficina del Relator Especial sobre  los Derechos del Niño en la CIDH, el Profesor Paulo Pinheiro, publicó un informe temático (Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia), que pide a los Estados miembros de la OEA  "Actuar de inmediato sobre el problema del castigo corporal a través de una prohibición legal explícita y absoluta sobre su uso en todos los contextos y, en paralelo, mediante la adopción de medidas preventivas, educativas, y otras que puedan ser necesarias para asegurar la erradicación de esta forma de violencia, lo cual plantea un serio desafío para el bienestar de los niños en el Hemisferio". El informe incluye un análisis del estado de responsabilidad en el uso del castigo corporal por los ciudadanos, y de los castigos corporales en relación a los que tienen la patria potestad. A su vez, emite una serie de recomendaciones a los Estados miembros en las que se hacen explícitas las medidas que deben tomar para lograr la prohibición total del castigo corporal en todos los ámbitos.

Finalmente, concluye con el compromiso "hacia la cooperación con los Estados en las actividades de promoción que realizan en los planos nacionales y regionales con el fin de erradicar el castigo corporal como una forma de disciplinar a los niños y adolescentes"

En este contexto, erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ha sido un tema de alta prioridad en la agenda del sistema de las Naciones Unidas, desde que se dieron a conocer los resultados del estudio mencionado, se mostraron datos escalofriantes de los cuales destaca uno que es impactante: ochenta por ciento de los niños que mueren por causa de la violencia, tienen menos de seis años.

Nadie necesita argumentos para condenar la violencia contra los niños. Pocos temas en la comunidad internacional y en los debates nacionales disfrutan del mismo apoyo como la protección de los derechos de los niños; sin embargo, se ha confirmado que dicha violencia continúa existiendo en todos los países y regiones del mundo, en el Norte y en el Sur.

En el caso de nuestro continente, en América Latina existe un inmenso desequilibrio entre los compromisos que han asumido los países en el  contexto internacional y la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes bajo la amenaza  de sufrir distintas formas de violencia cuando están en sus hogares, en las escuelas, en las comunidades, en las instituciones de protección o detención o en los espacios de trabajo.

Proteger a los niños no significa tener derechos ilimitados sobre ellos, en el  estudio citado se incluyeron entrevistas a niños, niñas y adolescentes, para conocer sus percepciones y opiniones sobre la violencia ejercida hacia ellos o ellas, y sus propuestas para enfrentarla. El informe identifica precisamente al castigo corporal como una de las formas más frecuentes a la que los niños se encuentran expuestos: “En documentos elaborados en numerosos países de todas las regiones del mundo se señala que entre un 80% y un 98% de los niños sufren castigos corporales en el hogar y que un tercio o más de ellos recibe castigos corporales muy graves aplicados con utensilios.”

El castigo se define como la aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta determinada. Hay dos tipos de castigo típicamente empleados con niños: el que incluye reprimendas verbales y desaprobación; y el que produce dolor físico. Este último puede variar desde una palmada o nalgada, hasta golpes, rasguños, pellizcos, mordidas, quemaduras, etc. Los límites entre el castigo físico "legítimo" y el maltrato no están bien definidos y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a base de golpes degeneren en una escalada de violencia.

De hecho, según diversos especialistas, el castigo produce efectos colaterales y está lejos de ser una solución a los problemas de disciplina pues: 1. No enseña conductas nuevas, sólo suprime temporalmente, en el mejor de los casos, conductas indeseables. 2. Quien es castigado tiende a evitar relacionarse con quien lo castigó. 3. Pueden ocurrir complicaciones emocionales negativas y comportamientos agresivos. 4. Quien castiga se siente temporalmente reforzado al desquitar su enojo, pero esa gratificación puede impedir que se percate del impacto que el castigo tiene en el niño castigado.  5. También pueden generarse sentimientos de culpa en quien castiga y, posteriormente, tiende a tolerar la presentación de las mismas u otras conductas negativas.

En este mismo sentido, cuando el castigo es severo, puede producir en el niño efectos tales como promover que se esconda de quien lo castigó, mentir y rehuir el reconocimiento de su responsabilidad por temor. En otras palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación padre–hijo, o alterar el desarrollo moral del niño. Otras razones de lo indeseable del castigo son que requiere de mucha energía de parte del golpeador y que suele terminar cuando éste se cansa, no cuando el niño se porta bien. También se asocia con baja autoestima y depresión en el niño castigado. Muchas veces los progenitores emplean castigos físicos porque no conocen otra forma de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque sustentan creencias erróneas sobre la disciplina, sin olvidar que también lo hacen al no poder controlar su hostilidad o porque tienden a repetir la forma como ellos mismos fueron educados.

El castigo corporal constituye para los sistemas de protección de los diferentes países de América Latina un desafío para el pleno cumplimiento de derechos de niñas y niños; por ello, es urgente promover diversas acciones y medidas a través de las cuales además de señalar y denunciar los efectos negativos que el maltrato o castigo tiene sobre el desarrollo del niño; se tenga la capacidad de sancionar a quienes recurran al uso del castigo corporal como método de disciplina y de esta manera avanzar en la erradicación de esta forma de violencia.

Lo anterior es urgente ya que la situación de nuestra región es preocupante, el estudio citado,  destacó que  los 35 países de la región – excepto tres- cuentan con leyes penales que protegen a las personas que son objeto de una agresión, sin embargo cuando se trata de los niños, la ley permite que los adultos los castiguen mediante “golpes” con el pretexto de la "disciplina". Ante esta situación, el informe concluye con un llamado para que los países latinoamericanos actúen de forma inmediata, adaptando sus marcos normativos para la prohibición legal explícita del castigo corporal en la familia, la escuela, las instituciones de guarda y, en general, en la comunidad y para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y castigos crueles, inhumanos o degradantes.

El fundamento de este llamado tiene su base en el hecho de que nuestro país, y la mayoría de los Estados latinoamericanos, han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), misma que los obliga a adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para proteger al niño contra toda forma de trato negligente, malos tratos o explotación (Art. 19).

En el caso de México,  nuestro marco jurídico convalida el abuso, ya que mantiene un diseño institucional que responde a una forma de ver a niñas y niños como seres dependientes en estado de minusvalía, -concepción que empieza a transformarse, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la discusión y aprobación en el Senado de la República de la Ley de Derechos de niños, niñas y adolescentes-.

Sin embargo, es urgente que esta perspectiva derive en políticas públicas y acciones que logren hacer una realidad el respeto de los derechos de los niños en nuestro país.

La situación que vive la infancia en México es dramática, de acuerdo con el ensayo temático La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), se advierte que México asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio. Sólo para ilustrar la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes, el reporte destaca que la violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato infantil físico y sicológico,  y por último la omisión de cuidados y los tratos humillantes.

Sobre lo anterior, en el año 2011el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) elaboró un reporte donde registró más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias estatales.

Sobre las causas que dan lugar a este fenómeno, además de los aspectos socioeconómicos, el estudio destaca que, el hecho de que no exista una legislación que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia, o se  sancione a quienes incurran en ésta, se tiene escaso conocimiento sobre los derechos de las niñas y los niños.

Sin embargo, una realidad más preocupante es que en la actualidad es difícil cuantificar los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, debido al registro en las instituciones ya que las denuncias no forman parte de una práctica social, ya sea por el desconocimiento sobre la ilegalidad de estos hecho; a qué instancias acudir e incluso la desconfianza ante las autoridades, y elementos subjetivos o de interpretación de la agresión, que no siempre permiten identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.

Lo cierto es que mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y adolescentes se seguirán viendo altamente vulnerados en sus derechos. La conclusión del proceso legislativo y la aprobación de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes constituirá un gran avance; sin embargo, temas como el castigo corporal, al no estar explícitamente prohibidos en la legislación, constituyen un vacío jurídico que deja en  posición de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes.

Prohibir y eliminar el castigo corporal sobre los niños es fundamentalmente una cuestión de derechos humanos. Por ello, mediante esta iniciativa, se prevé garantizar el respeto a la dignidad humana e integridad física, e igualar jurídicamente su protección bajo la ley.

Para hacer realidad este principio, diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, ratificados por nuestro país, le imponen obligaciones jurídicas para asegurar que los derechos que están garantizados en éstos, se plasmen a través de reformas en las leyes nacionales y a través de otras medidas, expresadas en políticas públicas de atención a la infancia.

En este marco de derechos humanos, se establece que la prohibición del castigo corporal a los niños a través de la reforma de la ley es una obligación esencial de los gobiernos y constituye un medio importante para asegurar que se cumpla, pues desde esta perspectiva, todo castigo corporal, como método disciplinario infligido a niños, es intolerable y reprochable.

Actualmente, existe una visible evolución cimentada en bases humanistas y protectoras, que van desde una conciencia global que se forja en mecanismos jurídicos, científicos y sociales, hasta métodos pedagógicos accesibles, que parten de un imperativo ineludible: el respeto a la dignidad humana e integridad personal de los niños.

El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.”

México ratificó en 1990, la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”.

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial. Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.

De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.

Por tanto, frente a toda forma de malos tratos hacia niños, cualquier persona responsable de su cuidado tiene la obligación forzosa de brindar protección, así como reconocer y respetar su condición natural para propiciar su pleno y libre desarrollo. La  educación va más  allá  de asistir a un  salón de clases: engloba una amplia gama de contextos y métodos de aprendizaje, que permiten al niño desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes, para llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad.

Por tanto, quien trasmite conocimientos debe tener como modelo de conducta, materializar acciones en las que siempre se adopten las que mejor convengan o beneficien a un niño. En la consecución de estos derechos, no tiene cabida ninguna manifestación de violencia ni se justifican formas humillantes o severas de disciplina.

Ahora bien, fue pertinente destacar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar,  proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De igual forma, en el segundo párrafo del numeral citado, se reconoce el principio propersona, el cual implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para la persona, por lo que se debe optar por la aplicación de la norma más amplia y favorable cuando involucre proteger derechos humanos. Los derechos de los niños a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles,  inhumanos o degradantes, así como el derecho a la educación, están reconocidos en diversos instrumentos declarativos internacionales:

Resulta riesgoso para los derechos de nuestros niños y adolescentes, la posible interpretación del Código Civil en términos de que madres y padres posean el derecho de aplicar castigos corporales a sus hijos o que ésta norma dé pie a que padres maltratadores encuentren una forma de disminuir su responsabilidad dado este “permiso” que les otorga la ley. Esta situación ya fue señalada por el Comité de los Derechos del Niño en 2002 y recomendó que se modifique y que se especifique la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, incluyendo el hogar.

En Junio de 2006, el Comité emitió su Observación General Nº 8 sobre “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, una declaración autorizada de la interpretación del Comité sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella, el Comité insiste en que la “eliminación de los castigos violentos y humillantes de los niños, niñas y adolescentes mediante una reforma de la legislación y otras medidas necesarias es una obligación inmediata e incondicional de los Estados Partes.”

El Comité sobre los Derechos del Niño aclara que el propósito de prohibir todo castigo corporal dentro de la familia es el de detener el uso de castigos violentos u otros de tipo cruel o degradante por parte de los padres, a través de intervenciones educacionales y de apoyo, pero no punitivas. Además, sostiene que el enjuiciamiento y otras intervenciones (por ejemplo, separar al niño o al autor de la violencia) deberían tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño o niña contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del niño afectado.

En 1979, Suecia se convirtió en el primer estado en prohibir explícitamente todo castigo corporal y otros tratos humillantes a los niños, niñas y adolescentes. Hoy 19 Estados han legislado a favor de la prohibición plena del castigo corporal.  Al condenar el castigo corporal.

Los estados están sancionando no sólo una categoría de violencia particular, sino la idea cualquier grado arbitrario de violencia contra los niños, niñas y adolescentes que pudiera ser legal y aprobado socialmente. Este hecho es fundamental para hacer valer el estatus de los niños, niñas y adolescentes como personas y titulares de derechos individuales, tal como el cuestionar la violencia diaria del hombre contra la mujer en el hogar ha sido parte de la lucha por los derechos de las mujeres.

Ante lo señalado, creo necesario plantear la necesidad de que en México se legisle sobre esta materia, considero que ningún Estado tendrá progresos significativos en la prevención y eliminación de la violencia contra los niños y niñas mientras no tenga un marco legal claro y bien publicitado que prohíba toda forma de violencia. La tolerancia cero es generalmente aceptada como  la meta respecto a la violencia doméstica entre adultos en el hogar, así que ¿por qué no hacerlo con la violencia contra niños y niñas?

Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN;SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y DOS INCISOS AL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL YSE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Primero: Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación y se le adiciona un segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, queda prohibido utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina, se promoverán formas de disciplina positivas, participativas y no violentas compatibles con la edad de niñas, niños y adolescentes.

Se entiende por castigo físico o corporal, todo aquel en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve, que menosprecie, humille, denigre, asuste o ridiculice, con la intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, niño o adolescente.

Segundo:   Se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 10.- …

 I… III.

III. Recibir los servicios sin discriminación, quedando  prohibido utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescente

Tercero. Se reforma el artículo 323 bis y se adiciona un párrafo y dos incisos al artículo 323 ter del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia, niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales de los cuales se es parte.

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia y quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

Queda prohibido a padres, a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, cuidado personal, crianza, educación, tratamiento y vigilancia, sean éstas de manera temporal o definitiva, utilizar el castigo físico violento o cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes.

Las autoridades competentes deberán garantizar:

a) La ejecución de programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños, niñas y adolescentes; y,

b) La promoción de formas de disciplina positivas, participativas y no violentas que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante.

Cuarto. Se reforma el artículo 343 Ter del Código Penal Federal y se adiciona un párrafo.

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior o utilice el castigo físico violento o corporal sobre niñas, niños o adolescentes, con la intención de corregir, disciplinar o castigar su comportamiento o en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.

Se entiende por castigo físico violento o corporal, todo aquel en que se utilice la fuerza física y por su intensidad ocasionen lesiones en niñas, niños y adolescentes.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este Decreto.

Artículo Tercero. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 90, y se adiciona el artículo 90 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXVI DEL ARTICULO 90 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 90 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Teófilo Torres Corzo, a nombre propio y del C. Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por disposición constitucional, el Senado de la República es un actor clave para el adecuado funcionamiento de la política exterior.

El trabajo que hacemos en esta materia es visto y es reconocido en muchos países gracias al apoyo de nuestras áreas técnicas y a la labor que realizamos dentro de las comisiones legislativas.

Las comisiones, señoras y señores Senadores, son el espacio ideal para el análisis, discusión, votación de los asuntos. El trabajo que se realiza en ellas permite al Pleno el ahorro del tiempo, pero sobre todo, permite un análisis más profundo de las responsabilidades asignadas a cada comisión.

En cuanto al análisis de la política exterior, el Senado buscó desde el año 2000 especializar el trabajo que se realiza en la Comisión de Relaciones Exteriores, al crear por Acuerdo parlamentario, y subrayo, crear por Acuerdo parlamentario otras comisiones ordinarias especializadas por región o por materia.

Estas comisiones han venido adaptándose a las exigencias de la dinámica global, pero hoy debemos hacer una reflexión sobre su soporte normativo y sobre la forma en la que estamos turnando sus asuntos.

La iniciativa que hoy presento ante esta Soberanía busca actualizar el marco normativo de las comisiones ordinarias especializadas en relaciones exteriores del Senado de la República, mediante la derogación de la fracción XXVI, del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General y la adición de un artículo 90 BIS donde se incluyan a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores con base en su región o en su materia de especialización.

Queremos que todas las Comisiones de Relaciones Exteriores tengan el soporte en nuestra Ley Orgánica. Hoy solo una lo tiene y las demás existen y funcionan a través de un Acuerdo parlamentario, cuya vigencia termina con esta legislatura.

Regular, por Acuerdo parlamentario, la creación y el funcionamiento de las Comisiones de Relaciones Exteriores es, además de inexacto, un asunto que ha generado críticas en diferentes ámbitos, ya que la figura del Acuerdo parlamentario tiene una función específica, que no es la creación de comisiones ordinarias.

Los Acuerdos parlamentarios con resoluciones tomadas por el órgano legislativo son para atender temas específicos y con una duración limitada, pero en el caso que nos ocupa, no debe ser visto como instrumento para regular la organización de comisiones ordinarias en el Senado de la República. Además, compañeras y compañeros Senadores, de corregir este error legislativo, la iniciativa busca atender una problemática que se mantiene viva diariamente y que tiene que ver con el turno y el desahogo de los asuntos por las diferentes Comisiones de Relaciones Exteriores.

Hoy hay una distribución de los asuntos inequitativa. Esto rompe con la razón de ser de las demás comisiones especializadas en relaciones exteriores, ya que fueron creadas para atender directamente los asuntos de la región o materia de que se trata su denominación.

En la operación cotidiana la Comisión de Relaciones Exteriores interviene en todos los asuntos de las demás comisiones especializadas; y éstas actúan, en muchos casos, como si fueran una subdivisión de ella.

Las Comisiones de Relaciones Exteriores, especializadas por región o por materia, deben ser vistas como un sistema que trabaja coordinadamente, sin subdivisiones, a la par, por ser todas comisiones ordinarias dotadas de atribuciones específicas y facultadas para conocer y dictaminar los asuntos de su competencia.

Compañeras y compañeros Senadores, ¿cuáles serían los beneficios de la reforma que hoy propongo?

Primero. Regularizar y puntualizar las atribuciones de todas las Comisiones de Relaciones Exteriores.

Segundo. Crear un sistema de comisiones ordinarias especializado.

Tercero. Terminar con las diferencias en el turno y el desahogo de los asuntos entre las mismas.

Cuarta. Atender con mayor cuidado y eficacia las diferentes regiones o materias que puede representar un gran beneficio para México.

Senadoras y Senadores: Pido su apoyo a todos, pero particularmente a quienes son integrantes de las comisiones dictaminadoras, para que se apruebe esta iniciativa y se turne a este Pleno a la brevedad posible.

Por todo lo antes expuesto, propongo en forma concreta la siguiente iniciativa.

“Unico.- Se deroga la fracción XXVI del artículo 90 y se crea un artículo 90 BIS, fraccione de la I a VIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 90.

1.- Las comisiones ordinarias son las de:

I a XXV…

XXVI:(Derogado)

XXVI a XXX...

Artículo 90 BIS.

1.- Para ejercer las facultades exclusivas del Senado de la República en materia de política exterior, así como para conocer de las solicitudes requeridas por los ciudadanos mexicanos conforme al artículo 37, apartado C, fracciones I, III, IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contará con las siguientes comisiones ordinarias, especializadas en:

• Comisión de Relaciones Exteriores, Africa;

• Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte;

• Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe;

• Comisión de Relación Exteriores, Asia- Pacífico;

• Relaciones Exteriores, Europa;

• Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales;

• Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales;

• Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica.”

Señor Presidente, solicito que la versión completa de la presente iniciativa sea incluida de manera íntegra en el Diario de los Debates, ya que mi participación en este día y en este tema, por razón de tiempo y de respeto a mis compañeras y compañeros Senadores, ha sido una parte de la misma.

Agradezco a cada una de las Senadoras y Senadores su atención que han tenido para escucharme.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXVI DEL ARTICULO 90 Y SE CREA UN ARTICULO 90 BIS, FRACCIONES IA VIII DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La institución moderna del Parlamento, vista como asamblea representativa, no surgió sino hasta el siglo XIII. El antecedente lo encontramos en 1265, cuando Simon de Montfort, contra la voluntad del rey Enrique III de Inglaterra, convocó a reunirse, además de los altos feudatarios laicos y eclesiásticos, a dos caballeros de cada condado y a dos burgueses por cada ciudad.

Para 1295, su sucesor Eduardo I consolida la figura y convoca a la asamblea conocida como Model Parliament, integrándose por miembros de la pequeña nobleza del campo (gentry) y de las ciudades (boroughs). Así, asistirían directamente los miembros del clero y la nobleza, e indirectamente los representantes del tercer estado (el pueblo).

Esta forma de reunión –en asamblea representativa y deliberativa–,en la que el rey convocaba a sus consejeros, barones, obispos y siervos para atender los asuntos administrativos, elaborar leyes y escuchar las decisiones judiciales, conformó lo que hoy conocemos como el modelo clásico del Parlamento. Esta institución tuvo un origen de corte político, más que de estirpe jurídica, pues a través de sus reuniones siempre buscó solucionar los problemas históricos relacionados con la libertad y la autoridad.1

Desde entonces, los parlamentos o congresos realizan sus actividades de acuerdo a su particular composición, así como por las circunstancias que surgen al interior y exterior de las naciones. Por lo general, sus facultades radican principalmente en el control del Ejecutivo al interior del Estado, pues la participación en temas internacionales, es una tarea que realiza el Ejecutivo y su cuerpo diplomático.

El caso del Senado de la República mexicano es singular, ya que históricamente ha desempeñado un papel relevante en el tratamiento de los asuntos internacionales, esencialmente por tres factores: 1. El diseño constitucional que lo hace partícipe directo de la política exterior que realiza el Presidente de la República; 2. La cooperación internacional o multilateral que tiene México ante las organizaciones internacionales; y 3. Los procesos de integración regional para superar divisiones históricas, garantizar la paz y la estabilidad económica.

En la Cámara de Senadores lo hemos entendido y hemos creado dentro de nuestro sistema de comisiones, un modelo mucho más perfeccionado en materia de política exterior, compuesto por ocho comisiones especializadas en razón de la materia o región específica. Sin embargo, éste se sostiene sólo en acuerdos parlamentarios que no cubren ni resuelven la diversidad de los temas que en la realidad atienden las comisiones, generando vacíos y confusión tanto al interior como al exterior de este órgano legislativo.

Por mencionar un ejemplo, durante el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, el Senado de la República recibió 92 asuntos relacionados con alguna de las comisiones de relaciones exteriores, de los cuales el 63.04% (58 asuntos) fueron turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores; el 9.78% (9 asuntos)a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; el 8.69% (8 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; el 7.60% (7 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; el 7.60% (7 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores Europa; el 3.26% (3 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y a las Comisiones de Relaciones Exteriores Africa y Organismos No Gubernamentales, no les fue turnado ningún asunto.2

En septiembre de 2013, para equilibrar la asignación de turnos de los asuntos en materia de política exterior, los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores solicitaron a la Mesa Directiva establecer la “especialización” como criterio de asignación, generándose el “Acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el turno de los asuntos a las Comisiones de Relaciones Exteriores”.

Aunque en un inicio el acuerdo daba elementos para una distribución más equitativa, nuevamente el 28 de octubre de 2013, la Mesa Directiva emitió un Adendum para que la Comisión de Relaciones Exteriores, participara “invariablemente y en segundo turno en todos y cada uno de los asuntos que conozcan las comisiones con competencia específica”3. Esto trajo consigo un incremento del número de temas que deben ser atendidos por la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, no sólo conoce en primer turno de los asuntos que son de su competencia directa, sino también de todos los demás temas que se turnen a las otras comisiones de relaciones exteriores (en segundo turno).

Hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores encontramos una carga de trabajo importante que pudiera retrasar el trabajo de las demás comisiones, afectándose los tiempos de respuesta, la calidad y eficacia del trabajo legislativo del Senado de la República.

Por tal motivo, la iniciativa que hoy presento propone crear un Sistema de Comisiones Ordinarias Especializado en Relaciones Exteriores, que agrupe en un artículo específico de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a las ocho comisiones existentes, las que tendrán perfectamente delimitadas sus atribuciones según la región o materia a tratar.

Este sistema busca respetar uno de los elementos que dan origen a las comisiones dentro de cualquier parlamento: “La especialización”. El término “comisiones” deriva del término latino commissio-comissionis; que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define como “conjunto de personas encargadas por la ley, corporación o autoridad de ejercer determinadas competencias permanentes o atender en algún asunto específico”.4

En materia jurídica, Joseph Barthélémy, las define como organismos constituidos por una Cámara, compuestos generalmente por un número restringido de miembros, escogidos en razón de su competencia y encargados, en principio, de preparar su trabajo, normalmente mediante la presentación de un dictamen”.5

Por otra parte, el Doctor Manuel González Oropeza6, refiere que las comisiones parlamentarias, “son la parte medular de la estructura orgánica y funcional del Poder Legislativo Mexicano. Constituyen el núcleo fundamental del quehacer político parlamentario o congresional”. Su existencia obedece a los criterios de división del trabajo de las Cámaras y de la especialización en sus actividades”.

En conclusión, ambos autores coinciden que la actividad legislativa debe organizarse y soportarse en la especialización, diversificación funcional y racionalidad de los asuntos; reflexión con la que concuerdo.

Históricamente, la Comisión de Relaciones Exteriores es una de las primeras que constituye nuestro Congreso. Para 1821, ya consumada la Independencia de la futura nación mexicana, la Junta Provisional Gubernativa, integrada por los “notables del reino”, expidió para la organización de sus trabajos, el Reglamento para el Gobierno Interior de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, siendo éste el primer documento que explica a la población los motivos de su instalación y la manera en que se elegiría a los diputados de las Cortes, incorporando así, la figura de las comisiones en la estructura interna de las asambleas deliberativas mexicanas.

El texto de 1821 ordena nombrar “comisiones permanentes” para facilitar el curso y despacho de los asuntos que llaman imperiosamente la atención de la Junta. Estos órganos de trabajo, tenían por objeto examinar e instruir los asuntos hasta ponerlos “en estado de resolución”, la que indicarían mediante un “informe”. El artículo 2 ordenaba la creación de comisiones “fijas y permanentes” mencionando como tales a las de: Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda y Guerra.

Para 1823, como consecuencia del Tratado de Córdoba y tomando en cuenta la situación que vivía el país –principalmente nos referimos a la falta de integración nacional y a la escasa unidad social y cultural, que podía desencadenar una separación de las provincias–, el Congreso se pronuncia por el federalismo y convoca a la elección de un nuevo Constituyente, que para su funcionamiento, expediría el Reglamento para el Gobierno Interior del soberano Congreso Constituyente.

El artículo 67 estableció que para facilitar el curso y despacho de los negocios, se nombraran “comisiones particulares” que los examinaran e instruyeran hasta ponerlos en estado de resolución. A tales órganos se les proporcionarían todos los antecedentes del asunto, pudiendo ellas mismas pedir “por medio de sus presidentes” las noticias, expedientes o constancias que necesitaren, siempre y cuando no fueran de aquellas que exigiesen secreto.

El Reglamento para el Gobierno Interior permitía al Congreso Constituyente nombrar “comisiones permanentes y especiales” para el despacho de sus asuntos. Dentro de las primeras encontramos a las “de Constitución, de legislación, de gobernación, de justicia, de relaciones exteriores, de guerra y marina, de negocios eclesiásticos, de instrucción pública, de hacienda, de agricultura, de minería, de artes e industria, de comercio, de infracciones de Constitución, de libertad de imprenta, de policía y gobierno interior, y de peticiones”.

Al aprobarse la primera Constitución Federal el 4 de octubre de 1824, la nación adoptó la forma de República Representativa Popular Federal; dividiendo el “Supremo Poder de la Federación” en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo, según el artículo 7, se depositaría en un Congreso General dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El llamado Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, facultaría a ambas cámaras para constituir comisiones permanentes y especiales y una Comisión de Memoriales (fracción III del artículo 32). Entre las comisiones permanentes encontramos: a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1897, menciona que las cámaras para el despacho de los negocios, nombrarán comisiones permanentes y especiales, que los examinen hasta ponerlos en estado de resolución; de entre ellas la Comisión de Relaciones Exteriores.

El 20 de marzo de 1934 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un sistema de comisiones permanentes y especiales para el despacho de los negocios encomendados a las cámaras hasta ponerlos en estado de resolución. El artículo 66, nos dice que habrá cuarenta y tres comisiones con carácter de permanentes, entre ellas, la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el DOF el 25 de mayo de 1979, mantuvo en su texto a la Comisión de Relaciones Exteriores; pero en 1994, se reformó a fin de coadyuvar en el adecuado desahogo y atención de los asuntos de manera especializada, estableciendo por primera vez, la subdivisión del trabajo en esta materia, a partir de la creación de las llamadas “secciones” de Asuntos de América del Norte, Asuntos de América Latina, Asuntos de Europa, Asia y Africa; Asuntos de Organismos Internacionales, y Asuntos Consulares Migratorios y de Protección.

El 5 de octubre de 2000 el Pleno de la Cámara de Senadores, emitió un nuevo acuerdo parlamentariopara crear además de la Comisión de Relaciones Exteriores las de: Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Relaciones Exteriores Europa y Africa; Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y Relaciones Exteriores Organismos no Gubernamentales, es decir, convirtió a las secciones en comisiones ordinarias.

El 3 de octubre de 2006, la Junta de Coordinación Política sometió a la consideración del Pleno del Senado, un Acuerdo para la creación de comisiones ordinarias, que adicionaría dos comisiones más para la atención de los asuntos de las regiones de Europa y Africa. Así la Cámara de Senadores contaría con un total de ocho comisiones especializadas en relaciones exteriores por región o por materia.

En la actual LXII Legislatura, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 27 de septiembre de 2012, el Senado mantuvo las mismas Comisiones de Relaciones Exteriores que existieron anteriormente.

Reitero, las comisiones de relaciones exteriores que funcionan actualmente, no deben mantener su existencia en acuerdos parlamentarios. Un acuerdo legislativo tiene por objeto resolver y agilizar los procedimientos en determinados asuntos ante los cuales el reglamento o la ley no contemplen alguna respuesta, pero no deben soportar de una legislatura a otra, el actuar de las comisiones ordinarias.

Por lo anterior, propongo la derogación de la fracción XXVI del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la creación de un Sistema de Comisiones Ordinarias Especializado en Relaciones Exteriores que tenga su origen en un artículo específico (artículo 90 BIS).

Las comisiones ordinarias especializadas en relaciones exteriores atenderán la política exterior así como las solicitudes que realicen ciudadanos mexicanos para prestar servicios, aceptar o usar condecoraciones o admitir títulos de gobiernos extranjeros según la región o materia para la cual fueron creadas. Aunque esto ya se viene haciendo, no está establecido un orden para el turno y el desahogo de estos temas.

Para tales efectos, debido a las atribuciones que le son conferidas por su especialización a la actual Comisión de Relaciones Exteriores, se propone cambiar su denominación a Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica.

Estos cambios permitirán que el Senado de la República cumpla con sus atribuciones de una manera más ordenada, profesional y efectiva.

Cabe señalar que estas reformas y adiciones, no conllevan impacto presupuestario alguno para la Cámara de Senadores, ya que las comisiones que se propone incorporar en la Ley, ya cuentan con recursos humanos, materiales y financieros para su sostenimiento, por lo que no es necesario presentar ninguna propuesta de aumento o creación de gasto como lo previene el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXVI DEL ARTICULO 90 Y SE CREA UN ARTICULO 90 BIS, FRACCIONES I A VIII DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

UNICO.-Se deroga la fracción XXVI del artículo 90 y se crea un artículo 90 BIS, fracciones I a VIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 90

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I a XXV. …

XXVI. (Derogada)

XXVII a XXX. …

Artículo 90 BIS

1. Para ejercer las facultades exclusivas del Senado de la República en materia de política exterior, así como para conocer de las solicitudes requeridas por los ciudadanos mexicanos conforme al artículo 37, apartado C, fracciones II, III, IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contará con las siguientes comisiones ordinarias especializadas en:

I. Relaciones Exteriores, Africa;

II. Relaciones Exteriores, América del Norte;

III. Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe;

IV. Relaciones Exteriores, Asia Pacífico;

V. Relaciones Exteriores, Europa;

VI. Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales;

VII. Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales;

VIII. Relaciones Exteriores, Técnica.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 25 de noviembre 2014.

Sen. Teófilo Torres Corzo”.

1Cfr. José Luis Hernández Sánchez, Comisiones legislativas y sistemas penitenciarios. El cambio de la justicia penal, Tirant lo Blanch, México, 2014, p. 41 y ss.

2 El número de asuntos asignados, se obtuvo a partir de los turnos atendidos y reportados por todas las Comisiones de Relaciones Exteriores en su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. No se hace distinción, si la asignación fue como comisión de primer o segundo turno. Contempla los siguientes temas: ratificación de nombramientos diplomáticos, análisis de instrumentos internacionales, autorización para la salida de tropas, puntos de acuerdo, iniciativas y minutas.

3Adendum al Acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el turno de los asuntos a las Comisiones ordinarias general y especializadas en materia de relaciones exteriores, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 24 de septiembre de 2013.

4 Real Academia de la Lengua Española.Comisión. http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=iSwcwxYV1DXX2fYOrM6

5 José Luis Hernández Sánchez, op.cit., p.86.

6 Manuel González Oropeza. Doctor en Derecho, Investigador l Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., y autor de distintos libros en Derecho.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Torres Corzo.

Como lo solicita, el total de la iniciativa será incorporada al Diario de los Debates, así como su intervención.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Si me permite sumarme a su iniciativa, Senador, por favor. Muy amable.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain. ¿Es para sumarse?

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Sí, para sumarme.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El Senador Ascención Orihuela, para sumarse, la Senadora Laura Rojas, para sumarse, el Senador Braulio, ¿para sumarse también?, la Senadora Itzel Ríos, para sumarse. ¿Quién más?

¿Senador Teófilo Torres Corzo, acepta usted que se sumen?

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Con mucho gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sumados están. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar a nombre de Senadores de diversos grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 40 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN MATERIA DE PUBLICITACION DE LA INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION PATRIMONIAL

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores de diversos grupos parlamentarios)

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El descontento masivo de la sociedad con las autoridades mexicanas, es abrumador. Miles de personas se han manifestado, dentro y fuera de nuestro territorio, por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, por las fosas encontradas durante la búsqueda, por las violaciones graves a los derechos humanos; pero también, en estos días, se han sumado a este descontento otros más añejos, como el derivado del mal manejo del presupuesto público en los diferentes órganos de gobierno, la corrupción en casi todos los ámbitos de lo público, así como por la sombra de conflicto de interés que cae sobre el dirigente de nuestro país.

Esta crisis de inseguridad, violencia e impunidad, tiene que parar.

Y no es con mayor violencia como lo vamos a parar, sino a través de las instituciones y procesos democráticos que nos hemos dado y que tanto trabajo costó a generaciones de mexicanos construir.

El problema es que también las instituciones democráticas y quienes formamos parte de ellas, sufrimos una profunda crisis de credibilidad y de confianza.

México, y hay que decirlo, no es el único país que pasa por una crisis de liderazgo. Esta, que se deriva  principalmente de la corrupción y la impunidad, es una amenaza global y regional para el desarrollo; así ha sido catalogada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la ONU, cuyos Estados parte han decidido incluir como uno de los 17 objetivos que serán la base de la nueva agenda de Desarrollo Global; uno específicamente dedicado al estado de derecho que incluye, de manera destacada, el combate a la corrupción.

Además, esta semana la Red por la Rendición de Cuentas hace un llamado a la clase política mexicana. ¿Qué están esperando? Nos han dicho y hace mención en su boletín a ejemplos de otros países que ya han actuado.

En Francia, donde tras las dudas fundadas sobre el manejo financiero de la campaña del Presidente Francois Hollande, se lanzó una política de prevención de conflictos de interés que incluyó el refuerzo de medidas de transparencia y la publicidad obligatoria tanto de las declaraciones patrimoniales, como de las de intereses de los parlamentarios, ministros y altos funcionarios gubernamentales.

O Brasil, donde el mandato y la reelección de Dilma Rousseff, han sido constantemente amenazados por escándalos de corrupción. Ahí las movilizaciones masivas de 2011 obligaron al gobierno a iniciar una cruzada anticorrupción que implicó la destitución de siete ministros y la definición en la ley de la corrupción como un crimen hediondo.

Después, dadas las manifestaciones por los gastos excesivos del mundial, se convocó a un diálogo con los manifestantes para atender las exigencias de salud, transporte y combate a la corrupción, lo que tuvo como respuesta que la ciudadanía comenzara a llamar a Rousseff “La limpiadora”.

Recientemente el escándalo de Petrobras dejó al descubierto que 62 políticos recibieron sobornos y al menos 20 empresarios y funcionarios participaron en el desvío de fondos a través de contratos con la petrolera. Ante estos hechos el gobierno actuó contundentemente y se generaron 85 mandatos judiciales y se recuperaron 300 millones de dólares.

En México la clase política también tiene que reaccionar. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos casos más de corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés, colusión con el crimen organizado de las autoridades se tienen que ventilar para que demos los pasos necesarios para terminar de una vez por todas con la impunidad?

Este Senado ha dado muchos pasos ya en el camino de hacer de México un mejor país, pero debemos seguir en esa ruta. El gran pendiente de este gobierno y del Congreso es la reforma en materia de combate a la corrupción y otras medidas que abonen a este propósito, como es la obligación legal de que, salvaguardando los datos personales, las declaraciones patrimoniales de servidores públicos de alto nivel sean públicas.

Para combatir la corrupción y la impunidad esto sería una herramienta por demás útil. En este sentido, en lo que va de la Legislatura he presentado ya tres puntos de Acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal haga pública su declaración patrimonial; y lo ha hecho, pero siempre de forma parcial e incompleta, lo cual no permite tener claridad sobre su evolución patrimonial ni despejar las dudas al respecto.

La declaración patrimonial debería ser una herramienta de transparencia para que los ciudadanos estén ciertos de que quienes ocupamos cargos públicos lo hagamos siempre bajo criterios de ética pública.

La declaración patrimonial en cambio no debe ser una herramienta para la simulación, para hacer creer al público la existencia de un compromiso con la transparencia, que en realidad no existe.

Por eso propongo que, como ya se ha hecho en otros países, la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos de alto nivel deberá publicitarse en versiones públicas, esto es con plena salvaguarda de los datos personales y del derecho a la privacidad, pero de manera completa en los términos dispuestos por la ley.

Compañeros Senadores, les invito a ser partícipes de este cambio institucional, a recuperar la confianza de la ciudadanía que nos ha electo como sus representantes. Les invito, desde nuestra trinchera, a movilizarnos por México, a reaccionar, como lo han hecho ya miles de personas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Rojas Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros para presentar, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo del hogar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO DEL HOGAR

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Esta iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo y puedan reconocerse los derechos de las y los trabajadores del hogar.

El capítulo vigente relativo a los trabajadores domésticos resulta discriminatorio hacia este grupo de trabajadoras y trabajadores; y lejos de reconocer y proteger sus derechos, les atribuye menores derechos con respecto al resto de los trabajadores mexicanos.

Es urgente lograr el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores del hogar, no sólo para dignificar sus condiciones de trabajo, sino para erradicar esta discriminación que resulta inaceptable en nuestra época.

En materia de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones que permitan garantizar tales derechos para toda la población; y corresponde al Congreso de la Unión legislar, tener un marco legal o jurídico acorde con las garantías de los derechos humanos.

La situación del trabajo en el hogar es muy preocupante. Al segundo trimestre de 2014 había 2 millones 339 mil 940 personas ocupadas en esta actividad; de este universo por el 90 por ciento corresponde a mujeres.

Incluso, quiero comentarles que es importante señalar que hay más trabajadores del hogar, que trabajadores de la educación, pues en este momento tenemos un millón 803 mil 468 personas en el padrón de maestros. O sea que por mucho este sector está abandonado. Yo les pido a todos apoyar esta iniciativa.

El trabajo en el hogar está altamente feminizado y lamentablemente no está reconocido como trabajo. Casi ninguna persona tiene un contrato, la mayoría trabaja de entrada por salida, un 34 por ciento trabaja cuatro días a la semana y sólo el 43 por ciento gana entre uno y dos veces el salario mínimo. Es una realidad laboral deplorable que además no cuenta con seguridad social ni mucho menos prestaciones.

Este trabajo carece de regulación y los derechos laborales que se reconocen son menores que al resto de las y los mexicanos. El trabajo en el hogar es socialmente poco valorado, se han hecho intangibles, prácticamente no se ve lo que hace una trabajadora del hogar.

Algunas actividades como cuidar personas, cuidar niños, cuidar enfermos son cosas que nosotros muchas veces no apreciamos lo que en realidad vale este trabajo. Y se comentan muchos abusos contra este grupo de trabajadoras y trabajadores, ya que son víctimas de violencia laboral, de agresión sexual, se dificulta su sindicalización.

Cada trabajador o trabajadora negocia con el empleador las condiciones de trabajo y el pago por el trabajo mismo y en situaciones de total desventaja y la legislación presenta deficiencias muy importantes. Por eso mis compañeros de mi fracción hemos presentado esta iniciativa que tiene las siguientes características.

1. Definir el trabajo del hogar.

2. Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a la estabilidad en el empleo.

3. Proteger el salario de los y las trabajadoras del hogar.

4. Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a condiciones satisfactorias de trabajo, entendiéndose el hospedaje y la alimentación como parte de dichas condiciones.

5. Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a gozar de los beneficios de una seguridad social.

6. Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a no ser discriminados por sus creencias y tradiciones.

7. Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a la libertad sindical y la negociación colectiva.

8. Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a acceder a la justicia laboral.

9. Proteger las condiciones en que se ha de presentar el trabajo del hogar, estableciendo la supervisión del trabajo del hogar.

Por eso y por muchas otras razones, ya que todos lo vivimos en casa, es algo indignante que las personas que trabajan para nuestro servicio no tengan las mínimas condiciones necesarias y sobre todo, no sean respetados sus derechos humanos. Tenemos mucho que hacer en este tema.

Así que les pido se sumen a esta iniciativa que han formalizado los Senadores Miguel Barbosa, Dolores Padierna, Luz María Beristain, Mario Delgado, Raúl Morón, Isidro Pedraza, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña, Fernando Mayans, Zoé Robledo, Alejandra Barrales, Luis Sánchez y, desde luego, a nombre propio. Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los suscritos, Senadoras Dolores Padierna Luna y Lorena Cuéllar Cisneros y Senadores Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO DEL HOGAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 1° Constitucional reconoce y protege los Derechos Humanos de todas las personas sin hacer diferencia por ningún motivo o circunstancia, no obstante lo anterior, existen grupos que en la práctica y de manera histórica han resultado excluidos de dicha protección y reconocimiento como titulares de derechos, como lo son las trabajadoras y los trabajadores del hogar.

Lo anterior considerando que si bien en la Ley Federal de Trabajo (LFT) existe un capítulo relativo a los “Trabajadores Domésticos” dicho capítulo es insuficiente y más aún, el mismo resulta discriminatorio, pues lejos de reconocer y proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar, les atribuye menores derechos para dicho grupo respecto al resto de trabajadores mexicanos.

Lograr un reconocimiento de los derechos que deben de asistir a los y las trabajadoras del hogar dará lugar a mejores condiciones de trabajo, además de contribuir a erradicar la discriminación por los diversos motivos que padecen en relación con el trabajo que desarrollan. 

Aunado a lo anterior, el Estado Mexicano tiene el compromiso de ratificar y aplicar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y el hecho de que aún no haya sido remitido al Senado no resulta impedimento para la presentación de la presente iniciativa de reforma a la LFT, toda vez que en materia de Derechos Humanos el Estado tiene la obligación de generar las condiciones que permitan incrementar la protección, por lo cual se advierte necesario acercarse lo más posible al esquema de protección establecido el citado convenio. En este orden de ideas, existe la obligación de los legisladores de completar un modelo jurídico acorde con las garantías de no discriminación de los derechos humanos.

Erradicar las condiciones desfavorables de los y las trabajadores del hogar resulta un problema sumamente complejo toda vez que implica discriminación por parte de la sociedad y en consecuencia o como reflejo de ésta, de la normatividad que rige su actividad, considerando que en la sociedad de manera colectiva se tiene arraigada la idea de que “se hace el favor” de darle trabajo en el hogar a una persona de grupo discriminado.

En este punto es menester señalar a fin de hacer evidente la vulnerabilidad que pretende abatir la presente iniciativa, que para el año 2013 la población ocupada en México dedicada a trabajo del hogar sumó más de 2 millones de personas y de estas personas 9 de cada 10 son mujeres. (Según datos del INEGI con motivo del Día Internacional del Trabajador Doméstico 30 de marzo, datos de 27 de marzo 2014)

En este sentido, por lo que hace a las trabajadoras del hogar, éstas pueden ser objeto o motivo no solo de uno, sino de varios motivos de discriminación. Como motivos discriminatorios según la fracción II del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación pueden señalarse el origen étnico, el origen nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición económica, condición de salud, condición jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Así mismo, ha de entenderse por discriminación a toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o trato diferente por motivos discriminatorios y que tengan por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos, o en su caso incitar a la discriminación o el acoso. (Definición de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU)

Una vez identificados algunos de los motivos discriminatorios y habiendo definido la discriminación, es posible advertir que por lo que hace a los y las trabajadoras del hogar, al ser en su mayoría mujeres, son parte en ocasiones de 2 o más grupos discriminados, por lo que es importante legislar considerando todos los enfoques posibles sin dejar de advertir las vulnerabilidades de los grupos involucrados y no en el sentido proteccionista sino como titulares y sujetos de derechos.

Como ya se mencionó este trato desfavorable no es nuevo, tiene profundas raíces dentro de la sociedad mexicana, considerando que desde la época colonial bajo la figura de la encomienda (que consistía en la asignación por parte de la Corona Española de una determinada cantidad de individuos indígenas a españoles con el pretexto de  evangelizarlos, siendo que en realidad se beneficiaban de su trabajo) se ha permitido un abuso reiterado, dejando de reconocer sus derechos como cualquier otro trabajador.

La protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras del hogar ha de entenderse como “Derechos Humanos Laborales” los cuales se definen como los que adquiere toda persona que haya realizado o realice una actividad remunerada, según definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El trabajo del hogar tiene como características que es un trabajo altamente feminizado, es mínimamente reconocido socialmente como como un trabajo (es decir como una relación de tipo laboral), en consecuencia su regulación es escasa e insuficiente y los derechos laborales que como grupo se reconocen son menores frente al resto de los trabajadores. 

Al ser el trabajo del hogar poco valorado socialmente en muchas ocasiones debido a que el mismo consiste en “intangibles” como lo es el cuidado de personas y toda vez que el mismo se desarrolla en un espacio privado, permite que los salarios sean bajos y las prestaciones nulas, aunado al terrible hecho de que dicha desvalorización permite que en muchas ocasiones las trabajadoras del hogar sean víctimas de violencia laboral y agresión sexual por parte de las personas empleadoras.

Por las características propias de la actividad, su desarrollo es al interior de los hogares, es decir, en un espacio privado, lo que conlleva a que agruparse en sindicatos sea difícil, tan es así que no existe ningún sindicato en México, lo que obliga a que los y las trabajadoras del hogar negocien por su cuenta y en una situación de franca desventaja ante el empleador las condiciones laborales.

En la LFT bajo el título de “Trabajos Especiales” existen 18 regulaciones particulares para diversos tipos de trabajadores, los cuales originalmente tenían la intención que por las circunstancias en las que se desarrollan gozaran de una protección específica, sin embargo en la práctica han generado que dichos trabajadores vean mermados sus derechos respecto al resto de los trabajadores, en este caso se encuentran los denominados “trabajadores domésticos”.

En la reforma a la LFT de fecha 30 de noviembre de 2012, se modificaron 3 artículos relativos al capítulo del trabajo doméstico en temas específicos, tal es el caso de los periodos de descanso de los o las trabajadoras del hogar en su modalidad “de planta” y por lo que hace a las instalaciones que deben asignarse para su descanso a dichos trabajadores, no obstante las mismas resultan insuficientes para evitar la explotación y desventaja en que se encuentran los y las trabajadores domésticos respecto al resto de los trabajadores mexicanos.

Como primera crítica a la actual legislación en la materia encontramos la denominación, ya que si bien a nivel internacional el concepto “trabajo doméstico” es aceptado, en nuestro país y atendiendo a las razones ya expuestas el mismo tiene una carga negativa pues éste se considera únicamente femenino y sin retribución económica, por lo que la denominación correcta deberá ser “trabajadores del hogar” entendiéndose por estos todos aquellas personas, sin importar su género que realizan un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo.

En el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo se trata definir a qué se refiere el trabajo doméstico, “son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia”, de la definición anterior puede advertirse que no se hace referencia las diversas modalidades en que puede presentarse dicho trabajo, es decir “con salida” o de “entrada por salida”, o “sin salida” o “de planta”, situación que puede dar lugar a dudas respecto a si un trabajador deberá ser considerado como trabajador doméstico. Por ello es indispensable hacer los ajustes conducentes para incluir el concepto de trabajo del hogar y la definición de las modalidades en que puede prestarse el mismo.

Por lo que hace al descanso de los y las trabajadoras del hogar en su modalidad “de planta” o “sin salida”, el artículo 333 señala que disfrutarán de un descaso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, además de uno de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas, en este sentido bien puede interpretarse que la actual LFT permite que la jornada diaria de los y las trabajadoras del hogar sea de hasta 12 horas, situación completamente alejada de todo tratado internacional de Derechos Humanos y de los Derechos Humanos Laborales que protege la Constitución Política Mexicana, por lo que se advierte que se sigue permitiendo y tolerando la explotación de este grupo de trabajadores y trabajadoras.    

Ahora bien, por lo que hace al artículo 334 se perpetúa la injusticia contra este grupo de trabajadores y trabajadoras, toda vez que mediante este artículo se permite un descuento al salario de hasta el 50% por concepto de pago en especie atendiendo al  alojamiento y comida, lo que debe considerarse como condiciones mínimas para la prestación de dicho trabajo, además el artículo 123 Constitucional señala con claridad que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; el descuento salarial permitido se advierte completamente injusto y desigual para este grupo de trabajadores y trabajadoras. No debe caber en el sistema jurídico mexicano una distinción y un menor reconocimiento de los derechos que le asisten a un grupo de trabajadores o trabajadoras, menos siendo un grupo que históricamente ha sufrido diversas formas de discriminación, cabe destacar que este salario mínimo que puede ser reducido al 50%,resulta inviable para la subsistencia y desarrollo de un trabajador o trabajadora y su familia, ahora bien debe igualmente indicarse que la Comisión de Salarios Mínimos se ha abstenido de reglamentar  el salario de los y las trabajadoras del hogar como salario profesional (artículo 335).

Las obligaciones del contratante de trabajo del hogar se encuentran establecidas en los artículos 337, 338 y 339, y únicamente hacen referencia al buen trato al trabajador o trabajadora del hogar, la obligación de proporcionar habitación cómoda e higiénica (sin definir ambos conceptos, así mismo no se señala si existe mecanismo para evaluar que dichas condiciones se cumplan), comida sana y suficiente (no se hace referencia a los criterios para evaluar, sobre todo la suficiencia), condiciones de trabajo que aseguren la vida y salud del trabajador, cooperación con la instrucción del trabajador (sin indicar si dicha cooperación consiste en recursos materiales, horarios, etc.), el pago de enfermedades no relacionadas con el trabajo, el pago de gastos en caso de muerte del o la trabajadora.

Las obligaciones de los y las trabajadoras son abordadas en el artículo 340.

Por lo que hace la rescisión de la relación laboral, el tema es abordado en los artículos 341, 342 y 343, sin embargo en ningún momento se aborda el tema de la estabilidad en el empleo que deben gozar los y las trabajadoras del hogar, asimismo no se señala que los y las trabajadoras tengan derecho a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad en casos de incumplimiento de las condiciones del contrato.

Como ha de advertirse, en la LFT han sido omitidos diversos Derechos Humanos Laborales, sin embargo uno de los más graves es el derecho a la seguridad social que implica diversas cuestiones, actualmente la Ley del Seguro Social establece en el artículo 13 fracción II que los trabajadores domésticos podrán voluntariamente ser sujetos de aseguramiento el régimen obligatorio del seguro social, no obstante al final de dicho artículo se señala que mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de dichos trabajadores, así mismo se sujetarán al reglamento que expida el ejecutivo federal, sin embargo y no obstante se encuentra prevista la incorporación, actualmente al no existir el convenio respectivo, no se realiza la incorporación al régimen obligatorio, lo que hace que en su caso las trabajadoras o trabajadores del hogar únicamente puedan acceder el régimen voluntario.

La presente iniciativa pretende reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a ser incorporadas al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las obligaciones que en la Ley de Seguro Social se establecen para los patrones deberán entenderse iguales para los contratantes de trabajo del hogar, haciéndose mención de su aplicación para los trabajadores del hogar en su modalidad de “entrada por salida”.

Cabe señalar que por lo que respecta al régimen de afiliación voluntaria que actualmente la legislación permite, éste implica menor protección en relación con los demás trabajadores. En efecto, el régimen de afiliación voluntaria comprende tratamiento médico por riesgos de trabajo, tratamiento médico por enfermedades y maternidad, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sin que exista la posibilidad de que los y las trabajadores del hogar accedan a guarderías y prestaciones sociales como fondo de vivienda.

En México en general la seguridad social está condicionada al llamado trabajo formal, que consiste en la existencia de un contrato entre las partes, situación que por lo que respecta al trabajo del hogar, no se considera a plenitud. Debe considerarse que una Ley incluyente debe referir la necesidad de la suscripción de un contrato entre las partes y su contenido mínimo debe ser:

- Los sujetos de la relación laboral;

- El lugar en donde ha de realizarse el trabajo;

- Fecha de inicio del contrato y en su caso especificarse su duración cuando se trate de un contrato por tiempo determinado;

- Tipo de trabajo a realizarse;

- La remuneración especificándose la forma de pago y la regularidad con que se realizará el pago;

- Horario de trabajo;

- Días de descanso;

- Periodos vacacionales;

- Modalidad del trabajo es decir señalar si será “de entrada por salida” o “de planta”

- Deberá especificarse el suministro de alimentos y el alojamiento como condiciones de trabajo, en caso de ser procedente;

- Otras prestaciones y forma de pago de las mismas

La falta del contrato escrito, será imputable al empleador, por lo que en el caso de juicio tendrá la carga probatoria en contrario respecto a las manifestaciones del trabajador o trabajadora del hogar. Es de señalar que, para garantizar el cumplimiento de esta forma de la relación de trabajo, se propone el establecimiento del Registro de Personas Empleadoras de Trabajo en el Hogar, en el que se establecerá en la Inspección del Trabajo, a fin de permitir un mayor control de las personas empleadoras de los abusos que pudieren cometer en agravio de las personas trabajadoras. Es de señalar que la Inspección del Trabajo es una de las autoridades comprendidas en la Ley Federal del Trabajo para aplicar las normas laborales y que está comprendida en el Capítulo V del Título Once de la Ley.

Dentro del contenido del contrato deberá hacerse referencia a los periodos vacacionales, situación que actualmente no se contempla en la LFT, por lo que se advierte la necesidad de adicionar una disposición relativa a las vacaciones anuales pagadas, considerando que el resto de los y las trabajadoras gozan de dicho beneficio sin que pueda ser exigido por parte de los y las trabajadoras del hogar, siendo en todo caso una “gracia” o “concesión” por parte de su empleador y no un deber como debería ocurrir en un estado de derecho justo y equitativo.

Del mismo modo en el que existe la necesidad de incluir una disposición relativa a las vacaciones, se advierte la necesidad de señalar la obligación de los contratantes de trabajo en el hogar de pagar aguinaldo anual a los y las trabajadoras del hogar, considerando que no todos ellos o ellas gozan de dicho beneficio y en caso de que se les conceda el mismo su cantidad queda al libre arbitrio del contratante.

El hecho de que sea requisito la suscripción de un contrato, generará igualmente el beneficio de la estabilidad en el empleo, considerando que el o la trabajadora del hogar estará en posibilidad de exigir una indemnización en caso de despido injustificado, situación que en la actualidad es prácticamente imposible, debido a la normatividad que rige el tema.

Toda vez que los y las trabajadoras del hogar, son en su mayoría mujeres se advierte la necesidad de establecer una indemnización especial cuando la causa del despido sea el embarazo o el parto.

Las condiciones de trabajo deberán establecerse claramente en dicho contrato, lo que conlleva diversos beneficios a los trabajadores y trabajadoras, pues podrán establecerse condiciones tales como la jornada máxima y la forma en que ha de repartirse esta durante el día, aunado al pago de horas extras en su caso y la forma de contabilizar dichas horas extras.

A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos laborales de los y las trabadoras del hogar deberán considerarse mecanismos tanto de vigilancia e inspección de las condiciones en las que ha de prestarse el servicio, así como fácil acceso a tribunales en caso de incumplimiento. Respecto a la aplicación de la justicia por lo que hace a los y las trabajadoras del hogar cabe señalar que actualmente en el sistema jurídico mexicano, la carga probatoria corresponde a los y las trabajadores (lo que se advierte de las pocas jurisprudencias y tesis emitidas al respecto), situación que nuevamente vulnera sus derechos y garantías.

Cabe señalar que si bien algunas de las disposiciones que se agregan a la presente iniciativa pueden parecer repetitivas respecto a las disposiciones generales de la LFT, la vulnerabilidad del grupo a quien se dirige la presente reforma plantea la necesidad de que se reiteren los derechos que les asisten a fin de que los conozcan y de ser el caso los hagan valer en los términos previstos.

Es así que llegamos a la conclusión de que el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos Laborales que le asisten a los y las trabajadoras del hogares básico en una sociedad que pretende erradicar la desigualdad y discriminación.

La iniciativa que hoy presento tiene las características siguientes:

1. Define el trabajo del hogar.

2. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a la estabilidad en el empleo.

3. Protege el salario de los y las trabajadoras del hogar.

4. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a condiciones satisfactorias de trabajo, entendiéndose el hospedaje y la alimentación como parte de dichas condiciones.

5. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a gozar de los beneficios de seguridad social.

6. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a no ser discriminados por sus creencias y tradiciones.

7. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar la libertad sindical y la negociación colectiva.

8. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a acceder a la justicia laboral.

9. Protege las condiciones en que se ha de prestar el trabajo del hogar estableciendo la supervisión del trabajo del hogar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONANY DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO DEL HOGAR

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 331, 333, 334, 335, 337, 338, 340 y 342, así como la denominación del Capítulo XIII del Título Sexto; se adicionan los artículos 332 bis, 332 Ter, 332 Cuater, 332 Quintus, 334 Bis, 335 Bis, 336 Bis, 336 Ter, 341 Bis, 343 Bis, 343 Ter, 343 Cuáter, 343 Quintus, 343 Sextus y se deroga el artículo 339 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

CAPITULO XIII
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Artículo 331. Persona trabajadora del hogar es toda persona sin importar su género, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral en cualquiera de sus dos modalidades, las cuales son:

a) De entrada por salida

b) De planta

Se entiende por trabajo doméstico, el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. No se considera trabajo doméstico el que se realiza de forma ocasional o esporádica, sin que sea una ocupación profesional.

La modalidad de entrada por salida es aquella en que la persona trabajadora del hogar no pernocta en el centro de trabajo, y cuenta con una jornada laboral no mayor a lo establecido en el presente capítulo o en el Capítulo Tercero del Título Tercero de esta Ley. Por su parte, la modalidad de planta es aquella en que la persona trabajadora del hogar pernocta en el centro de trabajo.

Artículo 332BIS. - La simultaneidad de personas empleadoras no priva a la persona trabajadora del hogar en su modalidad de “entrada por salida” de los derechos que le concede este capítulo.

Artículo 332 TER.-Las personas empleadoras de trabajo en el hogar deberán inscribirse previamente en el Registro de Personas Empleadoras de Trabajo en el Hogar, que funcionará en la Inspección del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el registro constará el nombre y el domicilio de la persona empleadora para el que se ejecutará el trabajo.

Artículo 332 CUATER. La relación de trabajo del hogar deberá constar por escrito en tres juegos. Cada copia será conservada por cada una de las partes, debiendo entregar la persona empleador a otro tanto a la Inspección del Trabajo.

El contrato deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

a) Los sujetos de la relación laboral;

b) El lugar en donde ha de realizarse el trabajo;

c) Fecha de inicio del contrato y en su caso especificarse su duración cuando se trate de un contrato por tiempo determinado;

d) Tipo de trabajo a realizarse;

e) La remuneración especificándose la forma de pago y la regularidad con que se realizará el pago;

f) Horario de trabajo;

g) Días de descanso;

h) Periodos vacacionales;

i) Modalidad del trabajo;

j) Deberá especificarse el suministro de alimentos y el alojamiento, en caso de ser procedente, mismos que se considerarán como condiciones de trabajo y no prestaciones;

k) Otras prestaciones y forma de pago de las mismas;

La falta de forma escrita será imputable a la persona empleadora de trabajo del hogar, por lo que en el caso de juicio tendrá la carga probatoria en contrario, respecto a las manifestaciones de la persona trabajadora del hogar.

En caso de no convenir alguno de los elementos establecidos en este artículo, se estará a los mínimos comprendidos en este Capítulo o, en su defecto, en el Título Segundo de esta Ley en lo que no contravenga los elementos esenciales de esta relación laboral.

Artículo 332 QUINTUS.- Las personas empleadoras de trabajo del hogar están obligados a llevar un Libro de registro de las actividades de personas trabajadoras del hogar, en el que constarán los datos siguientes:

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil de la persona trabajadora del hogar y domicilio o local donde se ejecute el trabajo;

II. Días y horario para la realización de actividades de trabajo del hogar, y

III. La remuneración especificándose la forma de pago y la regularidad con que se realizará el pago.

Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo.

Artículo 333.Las personas trabajadoras del hogar tendrán una jornada máxima de trabajo de ocho horas diarias.

Por lo que hace a las personas trabajadoras del hogar contratados en la modalidad de planta tendrán un descanso mínimo de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, por lo que hace al descanso nocturno este será mínimo de nueve horas consecutivas, sin que la jornada diaria pueda extender de las ocho horas máximas establecidas.

En caso de que con consentimiento de la persona trabajadora del hogar se exceda el tiempo de ocho horas previsto como jornada máxima, deberá pagarse horas extras de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Por lo que hace a la jornada de trabajo y pago de horas extras en todo lo no previsto en el presente artículo deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 58 a 68 de la presente Ley.

Artículo 334.La retribución o pago a la persona trabajadora del hogar deberá realizarse en efectivo, sin que exista la posibilidad de descuento, compensación o embargo por ningún concepto entendido como pago en especie.

Artículo 334 BIS. Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Artículo 335.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar tanto en su modalidad “de planta” o “de entrada por salida”.

Artículo 335 BIS.- Las personas trabajadoras del hogar en su modalidad de “entrada por salida” tienen el derecho a que se les pague la parte proporcional de acuerdo a los días que laboran del salario relativo al día de descanso obligatorio.

Artículo 336 BIS. Las personas trabajadoras del hogar que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

No se consideran vacaciones los periodos en los que la persona trabajadora del hogar labora en acompañamiento de vacaciones a la persona empleadora de trabajo del hogar o su familia.

Artículo 336 TER. Los días de descanso obligatorio son aplicables a las personas trabajadoras del hogar y en caso de que durante los mismos los y las trabajadoras del hogar presten sus servicios serán aplicables las mismas reglas de pago que al resto de los y las trabajadoras.

Artículo 337.Las personas empleadoras de trabajo del hogar tienen las siguientes obligaciones especiales:

I. Dar un trato digno a la persona trabajadora del hogar, garantizando el desarrollo de su actividad libre de toda violencia física o verbal;

II. Proporcionar a la persona trabajadora del hogar en la modalidad “de planta”, habitación cómoda, higiénica, con ventilación adecuada e íntima es decir que la misma sea privada y que cuente con mecanismos de seguridad que permitan resguardar sus pertenencias, dicha habitación se considerará como condición de prestación del trabajo;

III. Proporcionara la persona trabajadora del hogar, en su caso, alimentación sana, nutritiva y suficiente, la cual se considerará una condición de la prestación del trabajo;

IV. Asegurar la vida, la salud y el desarrollo de la persona trabajadora del hogar en las condiciones de trabajo;

V. Cooperar con la instrucción de la persona trabajadora del hogar, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.La persona trabajadora del hogar gozará de todos y cada uno de los beneficios de seguridad social que gozan el resto de los trabajadores y trabajadoras  mexicanos.

Artículo 339. Se deroga

Artículo 340.Las personas trabajadoras del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar a la persona empleadora de trabajo del hogar, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto;

II. Proteger y no divulgar la información y datos personales de la persona empleadora de trabajo del hogar, su familia y en general de las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios; y

III. Conservar el menaje de la casa.

Artículo 341 BIS. Se considera despido injustificado además de las aplicables a cualquier otro trabajador o trabajadora y dará lugar a la reinstalación del trabajador o trabajadora del hogar en términos del artículo 49 de esta Ley o en su caso a la indemnización prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento las que se realicen por algunos de los motivos siguientes:

a) Embarazo;

b) Parto;

c) Matrimonio;

d) Discriminación, y

e) Enfermedad.

En el caso de trabajadoras del hogar, de acreditarse que los motivos del despido consistieron en parto o embarazo de la trabajadora, deberá considerarse además una indemnización adicional de dos meses de salario. 

Artículo 342. La persona trabajadora del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la persona empleadora del trabajo del hogar con ocho días de anticipación.

Artículo 343 BIS. La persona empleadora de trabajo del hogar deberá respetar en todo momento las creencias, tradiciones o manifestaciones culturales de la persona trabajadora del hogar.

Artículo 343 TER. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a las personas menores de dieciocho años.

Artículo 343 CUATER. Las personas empleadoras del hogar tendrán respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Artículo 343 QUINTUS. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizará programas de capacitación que brinden orientación respecto a los derechos que les asisten a las personas trabajadoras del hogar, asimismo realizará la defensa de sus intereses y derechos ante las Juntas Locales de Conciliación, en caso de requerirlo la persona trabajadora del hogar.

Artículo 343 SEXTUS. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:

I. Comprobar si las personas empleadoras de trabajo del hogar se encuentran inscritas en el Registro de Personas Empleadoras de Trabajo del Hogar. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se registren.

II. Comprobar si se lleva correctamente y se encuentra al día el Libro de registro;

III. Vigilar las condiciones de seguridad e higiene en que se desarrolla el trabajo del hogar.

IV. Vigilar las condiciones de hospedaje y alimentación que la persona empleadora de trabajo del hogar otorga a la persona trabajadora del hogar, de conformidad con la presente Ley y el contrato que las partes suscriban.

Para realizar la vigilancia se realizará un protocolo de inspección específico a fin de no violentar el derecho a la intimidad de todas las personas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contará con un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para emitir el protocolo de inspección señalado en el artículo 343 D.

Artículo Segundo. Para los efectos de la incorporación al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social de las personas trabajadoras del hogar, deberá realizarse el convenio señalado en los artículos 13 y 14 de la Ley del Seguro Social, especificando que la cuota anual deberá ser cubierta por quien recibe los trabajos en el hogar o en su caso la parte proporcional por lo que hace a la modalidad de “entrada por salida”, para lo cual contará con un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.

Artículo Tercero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Mario Delgado Carrillo Sen. Armando Ríos Piter”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, invitados por el Senador Ricardo Barroso Agramont, quienes asisten a este recinto para presenciar el trabajo de las y los Senadores de la República.

¡Bienvenidos!

Quiero comentarles algo, la semana pasada aprobamos en este Pleno un Acuerdo de la Mesa Directiva que regula el acceso al mismo; escúcheme Manuel.

Se distribuyeron, de acuerdo a la representación de cada grupo, ocho pases fijos para el grupo parlamentario del PRI y ocho pases temporales, para el grupo parlamentario del PAN seis pases de entrada fijos y seis temporales, para el PRD cuatro fijos y cuatro temporales, y para el PVEM, dos fijos y dos temporales.

La Secretaría de Servicios Administrativos mandó hacer dos fijos y dos temporales para PT. Se mandaron hacer gafetes, ya fueron entregados a los grupos parlamentarios y le pedía en este momento al Secretario de Servicios Parlamentarios, al doctor Arturo Garita, me hiciera un muestreo de que quienes están en el Pleno, los que en este momento están, si portaban gafete y cuantos presentes tenían gafete y cuantos no. Resulta que nueve, de quienes no son Senadoras y Senadores, tienen gafete y 17 no tienen gafete.

Por cierto, en este momento no hay mucha concentración de quienes no son Senadoras o Senadores. Yo le voy  a pedir la colaboración a los grupos parlamentarios para que podamos mantener ese Acuerdo vigente y aplicándose. Estamos recuperando la conducción ordenada de los trabajos del Pleno. Vamos a hacer muestreos continuos y si no es posible conseguirlo, la Mesa Directiva tomará medidas para que sólo estén quienes tengan gafete permanente y gafetes temporales. Les pido la colaboración a los grupos parlamentarios.





 

Recibimos en la Mesa Directiva del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual, a petición del promovente, se turna a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 66 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por los CC. Senadores Carlos Mendoza Davis y Roberto Armando Albores Gleason)

CARLOS MENDOZA DAVIS, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 66 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como propósito establecer una prohibición absoluta a la comercialización de las especies reservadas a la pesca deportiva, eliminando la franja de exclusión de cincuenta millas náuticas que limita su protección actualmente.

Asimismo, esta iniciativa, reconoce que las especies destinadas a la pesca deportiva, aún protegidas, pueden ser capturadas de manera incidental, como una cuestión inherente a cualquier pesquería, por lo que se propone que el producto de la pesca incidental sea destinado a la atención de las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos.

La pesca deportiva en México genera una importante derrama económica de más de $2,000 millones de dólares anuales, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Programa Nacional de Pesca Deportiva 2008 - 2012).

The Billfish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro destinada a la conservación de especies marinas de pico, estima que tan sólo en el estado de Baja California Sur la pesca deportiva atrajo en 2007 a más de 350 mil visitantes, en su mayoría internacionales, lo que generó una derrama de más de 630 millones de dólares por ventas al menudeo, así como 245 millones en ingresos correspondientes a impuestos locales y federales. Con ello, se fomentó le creación de 24 mil fuentes de empleo. De acuerdo a sus estudios, los visitantes que practicaron la pesca deportiva en el municipio de Los Cabos contribuyeron con el 24.1% del total de las divisas inyectadas en la economía local por concepto de turismo.

Aún en los estados sin litorales, la pesca deportiva genera una derrama económica considerable. Por ejemplo, en Zimapán, municipio de Hidalgo de poco más de 30 mil habitantes, apenas en un torneo regional celebrado en 2011 se recaudaron más de 3 millones de pesos de ganancias directas netas, sin considerar que durante el evento, el sector hotelero registró índices de ocupación del 90 por ciento.

La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de $1,785 dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.

La pesca deportiva es una actividad que tiene gran potencial y coloca a nuestro país en el escenario internacional, a través de eventos como el Torneo de Pesca Bisbees´Black and Blue 2014, que se llevó a cabo en Los Cabos, Baja California Sur en octubre del año en curso, evento que da inicio a la temporada alta en este destino turístico.

En ésta, la edición número 34 del torneo de pesca más importante del mundo, se registraron 130 embarcaciones de países como México, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Australia, entre muchos otros más y se contempló una bolsa de premios de 2 millones 145 mil dólares.

Es importante mencionar el esfuerzo realizado por diversas autoridades después del paso del Huracán Odile, pues la realización de este torneo y la derrama económica esperada de 12 millones de dólares, abona a la reactivación económica de este lugar que hace unos meses quedó devastado por los efectos de Odile.

Queda claro entonces que, para nuestro país, la pesca deportiva constituye una actividad altamente lucrativa y todavía con un gran potencial de crecimiento. Comunidades enteras en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur que anteriormente se dedicaban a la pesca comercial, han encontrado mejores expectativas de desarrollo en el ámbito deportivo, con una fuente de ingresos respetuosa de su propia sustentabilidad, en la medida en la que prácticas como las de “atrapar y soltar” aseguran la continuación de sus actividades.

Históricamente, la pesca deportiva ha sufrido con la pesca comercial ilegal que, no obstante el reordenamiento de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno, no ha logrado ser erradicada, pues los esfuerzos de inspección generalmente son insuficientes. Asimismo, la regulación administrativa vigente contiene espacios que disfrazan de legalidad la captura de especies destinadas a la pesca deportiva y que ponen en riesgo una actividad que pone a México en escenarios internacionales.

En este orden de ideas, si México desea aumentar los ingresos generados por el turismo de pesca deportiva-recreativa, será necesario tomar decisiones inteligentes y conciliadoras con respecto a la ordenación de las pesquerías. En este contexto se presenta esta iniciativa que pretende ser contundente en cuanto a la protección de las especies destinadas a esta actividad, e ir un paso adelante en la legislación actual y generar las condiciones necesarias para afianzar esta expresión del turismo.

Dicho lo anterior, procede comentar que en su redacción actual, el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone lo siguiente:

ARTICULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Como puede advertirse, el artículo 68 de la citada ley, efectivamente destina las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábado o chiro, pez gallo y dorado, en todos sus variedades biológicas, a la pesca deportiva, siempre dentro de una franja de cincuenta millas náuticas.

En relación a esta disposición, el artículo 132, fracción XXI, establece que la comercialización de las especies propias de la pesca deportiva constituye una infracción a la citada ley, sancionada a su vez por el artículo 133 de la misma, a saber:

“ARTICULO 132.-Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:…XXI. Comercializar las capturas de la pesca deportivo-recreativa;…”

Si bien existe entonces la prohibición de comercializar las especies destinadas a la pesca deportiva, como ya ha quedado señalado, lo cierto es que el cúmulo de regulaciones administrativas, tales como la NOM-PESC-029-2006, suponen que estas especies podrán ser capturadas dentro de la pesca incidental de otras especies objetivo, como una situación natural a cualquier pesquería.

Lo anterior, ocasiona en la práctica diversas distorsiones que llevan a los pescadores a dirigir su esfuerzo hacia las especies reservadas a la pesca deportiva, por los incentivos económicos que conlleva su comercialización, en la medida en la que éstas usualmente se cotizan en mejores términos que su pesca objetiva.

En efecto, la ley actualmente contempla el establecimiento de límites a la captura incidental, así como la existencia de reglas para su aprovechamiento. En este sentido el artículo 66 establece lo siguiente:

“ARTICULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.”

De la lectura del artículo anterior, parecería que la comercialización de especies deportivas, aún capturadas de manera incidental, se encuentra fuera de las posibilidades de aprovechamiento; sin embargo, en la realidad existe todo un mercado establecido que aprovechan los pescadores y embarcaciones, dedicados principalmente a la pesca del tiburón, que comercializan sin restricción algunas de estas especies. Por esta situación, es común encontrar en el menú de cualquier restaurante o en mercados que comercializan estos productos, la oferta de marlín, dorado u otras especies que, de observarse escrupulosamente esta disposición, no se verían.

Por su parte, las autoridades encargadas de la inspección pesquera, en los distintos órdenes de gobierno, se ven materialmente rebasadas para supervisar la operación de una flota pesquera nacional de más de 80,000 embarcaciones, de las cuales al menos 78,000 son pequeñas embarcaciones ribereñas, de acuerdo a las cifras del Anuario Estadístico Pesquero 2011 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

La pesca deportiva, como lo indican múltiples estudios en la materia, constituye el polo de atracción y fuente fundamental de la derrama económica de muchos destinos turísticos en México, por lo que su adecuada protección debe constituir una prioridad para el legislador.

En este escenario, la regulación actual no garantiza adecuadamente la protección de las especies de la pesca deportiva, pues aún y cuando éstas quedarían a salvo de cualquier amenaza de pesca comercial dentro de una franja de 50 millas, la realidad es que son capturadas y comercializadas de manera habitual, al amparo de su pesca incidental, sin que exista una prohibición expresa al respecto.

En este orden de ideas, se hace necesario que la Ley establezca claramente medidas más estrictas para garantizar la sustentabilidad de las especies y su afluencia en múltiples destinos turísticos de México.

La zona de exclusividad que actualmente establece la Ley, no es suficiente para asegurar la sustentabilidad de las especies cuya pesca han dado fama a México en el mundo y a propósito de los cuales se organizan importantes torneos de corte internacional, cuya participación ha venido en decremento, entre otras cosas, debido a que cada vez es menos frecuente capturar ejemplares de talla atractiva para los turistas que viajan miles de kilómetros exclusivamente para dedicarse a la pesca, con la consecuente derrama económica que genera su estancia.

Consideramos entonces, necesario, establecer una prohibición expresa a la comercialización de especies destinadas a la pesca deportiva, incluyendo su exportación, aún y cuando se hubiesen capturado de manera incidental.

En abundancia de lo anterior, debe señalarse que la prohibición de explotar comercialmente las especies destinadas a la pesca deportiva no es significativa para el esfuerzo pesquero nacional, en la medida en la éste se concentra principalmente en otras especies, tales como el atún o la sardina.

En este sentido, considerando su importancia dentro de la industria del turismo y que ésta no afecta la producción nacional, es prudente establecer la prohibición en comento, pero aún es necesario eliminar la franja de 50 millas náuticas que actualmente prevalece como zona de exclusión a la captura comercial de las especies en comento, porque lo existente en el ámbito normativo es disuasorio y se evade fácilmente.

Por lo anterior, se propone que en todas las aguas nacionales, las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, queden destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aún y cuando su captura hubiese sido de manera incidental.

No obstante lo dicho, es preciso reconocer que la pesca incidental es común a cualquier pesquería; sin embargo, ello obliga también a la selectividad que puedan tener los instrumentos de captura. De tal modo, que aún y cuando exista la prohibición de comercializar las especies deportivas, en la práctica seguirán siendo capturadas, aunque seguramente en menor escala debido a la falta de incentivos económicos que llevan al pescador a recurrir a diversas prácticas, algunas legales, para incrementar la posibilidad de atraer a las especies deportivas por encima de su pesca objetiva.

Por ello, además de la prohibición, proponemos en esta reforma, que el aprovechamiento de las especies de la pesca deportiva que hubiesen sido capturadas de manera incidental, se maneje exclusivamente a través de organismos o instituciones públicos u organizaciones sin fines de lucro, de asistencia pública o privada, destinadas a atender necesidades alimentarias de la población de escasos recursos, evitando así la comercialización que es el principal incentivo para la captura de estas especies.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento del Senado de la República, ordenamientos todos de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta Asamblea propongo:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforman los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTICULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo – recreativa; y deberá reservarse para instituciones u organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro o instituciones de asistencia pública o privada que atiendan necesidades alimentarias de poblaciones de escaso recursos.

ARTICULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aún y cuando ésta sea producto de su pesca incidental.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, emitirá las normas correspondientes para regular el aprovechamiento de la pesca incidental de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa, en los términos de esta reforma.

Tercero. En tanto la Secretaría emite las normas complementarias a que hace referencia el artículo anterior, las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa que sean capturadas de manera incidental, deberán ponerse a la disposición de los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales resolverán su destino final de acuerdo a su competencia.

Senado de la República, el 25 de noviembre 2014.

Atentamente

Sen. Carlos Mendoza Davis”.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes.

Dos de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, que contienen proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado Sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de México el 1º.de noviembre de 2013.

TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 1º. DE NOVIEMBRE DE 2013

(Dictamen de primera lectura)







 

Y por el que se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre extradición, firmado en la ciudad de México el 1º. de noviembre de 2013.

TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA SOBRE EXTRADICION, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 1º DE NOVIEMBRE DE 2013

(Dictamen de primera lectura)







 

Tenemos también un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Número 51, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado ad reféndum, por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 1º de noviembre de 2013, en  la ciudad de México.

PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NUMERO 51 CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 1º DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de primera lectura)







 

Y uno de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17, párrafo primero; 45, párrafo segundo; y 84 de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 17, PARRAFO PRIMERO; 45, PARRAFO SEGUNDO; Y 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Compañeras Senadoras y Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone modificación en la integración de comisiones. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interesada o interesado en hacer uso de la palabra, expréselo. Como no existe interés de parte de Senadora o Senador, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo, por el que modifica la integración de comisiones.





 

También recibimos otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican plazos y términos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés en intervenir favor de hacerlo saber.

No habiendo interesado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Háganse las publicaciones que dispone el propio Acuerdo.





 

Tenemos en la Mesa Directiva otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican plazos y términos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés en intervenir favor de hacerlo saber.

No habiendo interesado en hacerlo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Háganse las publicaciones que dispone el propio Acuerdo.





 

Recibimos de la Junta de Coordinación Política un último Acuerdo, por el que se amplía el plazo para que las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, presenten ante este órgano de gobierno el listado de los candidatos que a su juicio cumplen, de mejor manera, con el perfil y con los requisitos para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés de intervenir, háganlo saber. No habiendo interés, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.





 

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos los siguientes Acuerdos:

Por el que se crea un grupo de trabajo encargado de elaborar un Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores. Debo decirles que ya hay un grupo plural que ha estado trabajando esto y que están esperando a que se presente y se apruebe iniciativa que se está construyendo sobre la ley general y la ley secundaria en esta materia para que nuestro Reglamento del Senado tenga las adecuaciones propias del contenido de esta ley, pero que existe el compromiso de que antes de que terminemos este periodo el Senado tenga un reglamento de transparencia.

Otro para el establecimiento de obras de escultura para las imágenes del Senador Belisario Domínguez, de la maestra Elvia Carrillo Puerto y de don Gilberto Bosques Saldívar; es decir, para instalar las efigies en el patio del federalismo de esta mujer y estos dos hombres emblemáticos para el Senado de la República.

Y otro para regular el uso de los espacios de los inmuebles del Senado. Todos están disponibles en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primer Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés para intervenir, hágalo saber.

No habiendo interés, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo encargado de elaborar un Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores. Comuníquese y publíquese en la Gaceta del Senado.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al segundo Acuerdo relativos al establecimiento de obras de escultura con las imágenes del Senador Belisario Domínguez, la maestra Elvia Carrillo Puerto y don Gilberto Bosques Saldívar.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés para intervenir, hágase saber.

No habiendo interés, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo para el establecimiento de obras de escultura con las imágenes del Senador Belisario Domínguez, la maestra Elvia Carrillo Puerto y don Gilberto Bosques Saldívar. Publíquese en la Gaceta del Senado.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo para regular el uso de los espacios de los inmuebles del Senado de la República.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés de participar, hágase saber.

No habiendo interesado alguno, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo para regular el uso de los espacios de los inmuebles del Senado de la República. Comuníquese y publíquese en la Gaceta del Senado.





 

En el apartado de proposiciones, en nuestra junta previa de la Mesa Directiva, recibimos el planteamiento del grupo parlamentario del PAN, para que fuera tomada en cuenta una proposición relacionada con el inmueble que se ha atribuido públicamente que se adquirió por la esposa del señor Presidente de la República.

Ya en marcha de esta sesión, se nos ha dicho de parte del grupo parlamentario del PAN que la pospone para el día jueves.

No obstante, la Senadora Dolores Padierna Luna, mantiene su deseo de presentar la proposición, lo mismo que la Senadora Layda Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su proposición con punto de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

También, porque mi punto de no leerse hoy ya no podría leerse el jueves con las nuevas reglas que se tienen y me interesa mucho fijar posición en relación a este tema.

Una investigación periodística, confirmada en sus datos esenciales por la Presidencia de la República, ha puesto bajo la mirada pública un claro ejemplo de opacidad, tráfico de influencias, ilegalidad y corrupción.

La “casa blanca”, mansión particular de la familia Peña Rivera, valuada en 7 millones de dólares, 86 millones de pesos, no es un escándalo más, sino la prueba de cómo este régimen concibe el servicio público.

Jesús Silva-Herzog Márquez, quien recientemente fue incorporado a la Academia Mexicana de la Lengua, por ser un observador lúdico de los escenarios políticos y culturales del país, se ha referido a este caso de manera inmejorable.

“La ofensa de la casa no es la opulencia, sino la suciedad, la maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas.

Una empresa que gratifica fuera de toda proporción a una actriz al casarse con un político en ascenso.

Un contratista del gobierno construyéndole casa a la esposa de su favorecedor.

La reconstrucción que hace la esposa del Presidente reitera el motivo de la indignación. Una televisora patrocina groseramente a un político a través de su cónyuge.

El Presidente y su familia disfrutan de una casa que es propiedad de un sujeto al que el gobierno beneficia con obra pública”.

El beneficiario al que se refiere al escritor es del Grupo Higa, muy cercano al Partido Revolucionario Institucional y al Presidente Peña Nieto desde que era gobernador.

Cuando el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, dice que la casa pertenece a la señora Rivera, sólo parece confirmar la maniobra destinada al tráfico de influencias.

La señora Rivera ya tenía una propiedad colindante con la Casa Blanca, misma que le fue transferida por Televisa, bajo un esquema de incentivos por su trabajo como actriz.

La transacción a favor de la hoy esposa de Enrique Peña Nieto ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que contrajo nupcias con el entonces gobernador del Estado de México.

El inmueble transferido por Televisa ubicado en Paseo de las Palmas 1325, fue valuado en 27 millones 651 mil 744 pesos.

La otra propiedad, denominada “casa blanca” colinda con la primera y ubicada sobre la calle Sierra Gorda, fue valuada en 7 millones de dólares, unos 86 millones de pesos.

La respuesta de Peña Nieto fue, como escribió Jesús Silva-Herzog, fue desentenderse y entregar a su esposa al Coliseo, eso hizo el Presidente de la República.

Durante la campaña electoral de 2012, el hoy Presidente del país declaró ser dueño de 4 casas en el Estado de México 4 terrenos en esa misma entidad y un departamento en Acapulco, Guerrero, sin que hayan informado a la nación que su esposa era dueña de una mansión con las características y el valor de que tienen en Sierra Gorda, por lo cual Peña Nieto debiera terminar de rendir cuentas sobre el patrimonio suyo y de su familia aportando datos, domicilios y comprobantes de lo que se afirma.

Es necesario apuntar que el caso se agrava porque estamos ante un claro ejemplo de tráfico de influencias y corrupción.

La “casa blanca” está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas preferidos del gobierno del Estado de México y que forma parte de la Constructora Teya, una de las empresas que habían sido beneficiadas con la construcción del Tren Rápido México-Querétaro, que finalmente Peña Nieto decidió revocar, motivo por el cual serán indemnizadas bajo un proceso que todavía desconocemos, que parece desarrollarse en total opacidad y sobre evaluando los costos.

Asimismo, dicho empresario se ha visto beneficiado desde que Peña llegó a la Presidencia, puesto que se le ha asignado a dicho grupo los siguientes contratos:

Grupo Higa, ganó junto con otras empresas la licitación para construir un acueducto de 400 kilómetros para abastecer a Monterrey, una obra por la cual se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años, aunque inicialmente se haya previsto un costo de 17 mil millones de pesos.

La ampliación del Hangar Presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha asignado a la Constructora Teya, filial del Grupo Higa, por un monto de 100 millones de pesos.

Un contrato por 2 mil 556 millones de pesos para la construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca en los límites del Distrito Federal y el Estado de México, otorgado por la Comisión Nacional del Agua a Constructora Tella y otras empresas del ramo.

Teya también obtuvo, en febrero de 2013, el contrato para la ampliación de 2 de los 4 carriles en 400 kilómetros de la Carretera Guadalajara-Colima, el contrato se asignó por conducto de Banobras, por 417 millones de pesos.

Además, su razón social, Autopistas de Vanguardia, consiguió en julio de 2013 la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, por 2 mil 200 millones de pesos con financiamiento de Banobras.

Cabe señalar, que desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Grupo Higa, a través de sus diferentes filiales, participó en las obras como:

El Viaducto Elevado Bicentenario.

La construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan.

El distribuidor vial Naucalpan Par Vial Metepec.

La construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco.

Unidades médicas por todo el estado; remodelaciones y el estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México, puentes vehiculares y el distribuidor vial y el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca; el libramiento de Acambray; la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan, así como estudios para el gobierno y campañas publicitarias.

Este conjunto de datos aumenta las sospechas. Sólo el hecho de que una filial de dicho grupo sea dueña de la casa que supuestamente está pagando Angélica Rivera.

El Presidente debe aclarar muchas cosas. En primer lugar, los bienes patrimoniales que él y su familia tienen, como la ley lo establece.

En segundo lugar, sus relaciones con la Constructora Teya involucrada, en los casos de tren rápido y la “casa blanca”.

México padece una enorme crisis política y de legitimidad. Esta crisis es producto de una errática conducción de la economía del país, del descrédito e indignación que han generado los hechos de Iguala, Guerrero, y de Tlatlaya, en el Estado de México; de la corrupción y del tráfico de influencias que involucran directamente a Peña Nieto y su familia.

Como señala Jesús Silva-Herzog Márquez: “Desde tiempos de José López Portillo, no ha habido en México un escándalo de este tamaño”.

El mismo Presidente de la República involucrado en un serio escándalo de corrupción.

Quisiera ser claro. El problema no es el costo de la helada mansión, sino la relevación de un inaceptable conflicto de interés que toca al Ejecutivo mismo.

La honestidad y la transparencia debieran ser verdades y compromisos de cualquier gobierno, sin importar su identidad ideológica. Ser honestos y transparentes en el ejercicio del servicio público no es una virtud, es una obligación.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes puntos:

Primero. Que con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el Ejecutivo Federal haga pública su declaración de su situación patrimonial y la de su cónyuge en forma completa, porque la que publica tiene abundantes inconsistencias.

Segundo. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación exhaustiva acerca de los contratos otorgados al Grupo Higa y sus empresas filiales, así como las demás empresas pertenecientes a Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México a la fecha, con el fin de deslindar un posible tráfico de influencias y de corrupción y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

Tercero. El Senado de la República solicita al gobierno del Estado de México y al gobierno federal que informen detalladamente los contratos celebrados por el Grupo Televisa entre el 5 de septiembre de 2003 y el 1 de noviembre de 2014, precisando los montos y los objetos de los mismos.

Cuarto. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice una investigación detallada sobre los ingresos de la señora Angélica Rivera, a partir del ejercicio fiscal 2007.

Quinto. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto de las indemnizaciones de que será objeto el Grupo Higa por la cancelación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, mismas que el propio Secretario ha dado en medios de comunicación, con datos a la ligera y con costos injustificados.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA PROPIEDAD DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE MEXICO

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA PROPIEDAD DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados fuimos testigos de un trabajo periodístico que sacó a la luz pública, nacional e internacional, un claro ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, un hecho que involucra directamente a Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, el caso de la llamada “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec.

La información revelada por la prensa y confirmada por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, nos habla de una lujosa y ofensiva mansión particular de la familia presidencial valuada en 7 millones de dólares (86 millones de pesos), donde todo pareciera indicar un posible acto de tráfico de influencias ya que, de acuerdo a la fuente noticiosa, la propiedad pertenecía a una empresa filial de Grupo Higa, un grupo muy cercano al Partido Revolucionario Institucional y a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.1

Este asunto es un ejemplo nítido de opacidad, tráfico de influencias, ilegalidad y corrupción. Las declaraciones del señor Eduardo Sánchez solo lo confirman, puesto que en una pronta respuesta por parte de la Presidencia de la República, dicho personaje deslinda a Enrique Peña Nieto al precisar que la casa le pertenece a su conyugue, Angélica Rivera, quien adquirió dicha mansión gracias a los productos de su trabajo.2

Cabe señalar que Rivera ya tenía una propiedad colindante a la “casa blanca”, misma que le fue transferida por Televisa bajo un esquema de incentivos por su labor como actriz. La transacción a favor de la hoy esposa de Enrique Peña Nieto ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México.3

Dicho inmueble transferido por Televisa, y ubicado sobre Paseo de las Palmas 1325, fue valuado en 27 millones 651,744 pesos. La otra casa -denominada “la casa blanca”- que colinda con la primera, y está ubicada sobre la calle Sierra Gorda está valuada en 7 millones de dólares (unos 86 millones de pesos).4

Ahora bien, si de ser cierto lo que el vocero de la Presidencia dice, que dicha propiedad ha sido fruto del arduo trabajo de la primera Dama, lo anterior debiera verse reflejado en la declaración patrimonial del Titular del Poder Ejecutivo Federal. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción XVIII, establece la obligación de todo servidor pública de: “Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley”.

Dicha Ley establece en su artículo 87 que “Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.” Se considera que un presidente que estableció como uno de sus principales actos de gobierno la lucha contra la corrupción, debe ser totalmente transparente en lo que se refiere a su patrimonio.

En el marco de la campaña electoral del 2012, el hoy Presidente del país declaró ser dueño de 4 casas en el Estado de México, 4 terrenos en esa misma entidad, y un departamento en Acapulco, Guerrero, sin que hayan informado a la nación que su esposa era dueña de una mansión con las características y valor de la que tienen en Sierra Gorda, por lo cual Peña Nieto debe rendir cuentas sobre su patrimonio y el de su familia.

Es necesario apuntar que el caso se agrava porque estamos ante un claro ejemplo de tráfico de influencias y corrupción. La “casa blanca” está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas preferidos del gobierno del Estado de México, y que forma parte de Constructora Teya, una de las empresas que habían sido beneficiados con la construcción del tren rápido México-Querétaro que finalmente Peña Nieto decidió revocar. Motivo por el cual, serán indemnizadas.

Asimismo, dicho empresario se ha visto beneficiado desde que Peña llegó a la Presidencia puesto que se le ha asignado a dicho Grupo los siguientes contratos:

● Grupo Higa ganó junto con otras empresas la licitación para construir el acueducto VI en Monterrey, Nuevo León, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años.5

● La ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asignado a Constructora Teya (filial del Grupo Higa) por un monto de 100 millones de pesos (mdp)6

● Contrato por 2 mil 556 mdp para la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca en los límites del Distrito Federal y el Estado de México, otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua7), a Constructora Teya y otras empresas del ramo.

● Teya obtuvo también, en febrero de 2013, el contrato para la ampliación de dos a cuatro carriles en 400 kilómetros de la carretera Guadalajara-Colima. El contrato se asignó por conducto de Banobras por 417 mdp.8

● Además su razón social Autopistas de Vanguardia consiguió en julio de 2013 la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, por 2 mil 200 mdp con financiamiento de Banobras.9

Cabe señalar que desde que Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, Grupo Higa, a través de sus diferentes filiales, participó en las obras del Viaducto Elevado Bicentenario, la construcción-explotación-operación-conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, distribuidor vial de Naucalpan Par Vial Metepec, la construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco, unidades médicas por todo el estado, remodelaciones y el estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México, puentes vehiculares y el distribuidor vial y el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, el libramiento Acambay, la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan, así como estudios para el gobierno y campañas publicitarias10, por lo cual resulta sumamente sospechoso que una filial de dicho Grupo sea dueña de la casa que supuestamente está pagando Angélica Rivera.

El presidente debe aclarar muchas cosas. En primer lugar, los bienes patrimoniales de él y su familia como la propia ley lo establece. En segundo lugar, sus relaciones con la Constructora Teya involucrada en los casos del tren rápido y la “casa blanca”.

México padece una crisis política y de legitimidad muy grande. Esta crisis es producto de una errática dinámica económica del país, del descrédito e indignación que han generado los hechos de Iguala, Guerrero y de Tlatlaya en el Estado de México, de la corrupción y el tráfico de influencias que involucran directamente a Peña Nieto y su familia.

EL gobierno de Peña Nieto no tiene autoridad ni credibilidad alguna dentro y fuera del país. Un gobierno sin legitimidad y sin autoridad sólo se refugia en el discurso de la fuerza y en al autoritarismo. Ese es el fondo del reciente mensaje de Peña Nieto a la nación.

Resalta en este punto lo expuesto por el analista Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna semanal donde señala que “Desde tiempos de José López Portillo no ha habido en México un escándalo de ese tamaño. El mismo presidente de la República involucrado en un serio escándalo de corrupción. Quisiera ser claro: el problema no es el costo de la helada mansión sino la revelación de un inaceptable conflicto de interés que toca al Ejecutivo mismo.”11

A dos años vemos un gobierno desgastado y sin rumbo. Un gobierno que está obligado a rendir cuentas a esta soberanía. Un gobierno sin la capacidad de convocar a nadie, porque nadie le cree, porque está profundamente cuestionado, marcado por la mancha de la incompetencia y la corrupción.

La honestidad y la transparencia deben ser banderas y compromisos de cualquier gobierno democrático, sin importar su identidad ideológica. Ser honestos y transparentes en el ejercicio del servicio público no es una virtud, es una obligación y una convicción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República demanda al Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a que con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, haga pública su declaración de situación patrimonial y la de su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado, precisando la situación del inmueble ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación exhaustiva acerca de los contratos otorgados a Grupo Higa y sus empresas filiales, así como a las demás empresas pertenecientes a Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México a la fecha, con el fin de deslindar un posible tráfico de influencias y de corrupción y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

TERCERO. El Senado de la República solicita al Gobierno del Estado de México y al Gobierno Federal que informen detalladamente los contratos celebrados con Grupo Televisa entre el 5 de septiembre de 2003 y el 1 de noviembre de 2014, precisando los montos y objetos de los mismos.

CUARTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice una investigación detallada sobre los ingresos de la Señora Angélica Rivera, a partir del ejercicio fiscal de 2007.

QUINTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto de las indemnizaciones de que será objeto Grupo Higa, por la cancelación del proyecto de Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Redacción AN, “La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial)” publicada en el portal Aristegui Noticias el 9 de noviembre 2014. http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/

2 Eduardo Sánchez, “Precisiones en torno a la publicación de Aristegui Noticias”. http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Sierra-Gorda-nota-informativa.pdf

3 Confirma Televisa que transfirió la primera casa de Rivera; es un “incentivo” por contrato, Aristegui Noticias, consultado el 18 de noviembre de 2014, disponible en http://aristeguinoticias.com/1211/mexico/confirma-televisa-que-transfirio-la-primera-casa-de-rivera-es-un-incentivo-por-contrato/

4Idem.

5 Los contratos de Grupo Higa con el gobierno del presidente EPN, Aristegui Noticias, consultado el 18 de noviembre de 2014, disponible en http://aristeguinoticias.com/1711/mexico/los-contratos-de-grupo-higa-con-el-presidente-epn/

6Proceso 1985 del 16 de noviembre de 2014, pág. 23

7Idem

8Proceso Op. Cit,

9Proceso Op. Cit,

10Turati, Marcela, El contratista favorito de Peña Nieto, Proceso, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=307440

11 Silva-Herzog, Jesús, Si esto no es un escándalo, Reforma, consultado el 18 de noviembre de 2014, disponible en http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=50053

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Comisión de Gobernación.





 

Tiene la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario…

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítame, doy turno y ahorita le doy la palabra.

Tiene la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo que propone a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial investigadora de la posible configuración de actos de corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, derivado de los hechos de la adquisición del inmueble, conocido como la “casa blanca”

Permítame, Senadora Layda Sansores, no haga uso de la palabra, hasta escuchar al Senador Miguel Romo, desde su escaño.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitar y preguntar a la Mesa, si debemos o no ceñirnos a lo que se contiene, finalmente, en lo aprobado de la Orden del Día. En consecuencia, no tenemos registrado ningún punto de Acuerdo en este sentido en el capítulo que estamos, de la Senadora Sansores San Román.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sí está publicado, Senador Romo Medina. Tiene usted a la mano la forma de consultarlo. Sí aparece en el Orden del Día.

Adelante, Senadora Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Firmo lo que presentó mi compañera, la Senadora Dolores Padierna. Y quiero insistir en que México vive una profunda crisis y que esto no es una algarada, no es una revuelta, no es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia.

Se destapó con Tlatlaya, se detonó con Ayotzinapa y la “casa blanca” arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara.

La “casa blanca” pintó a Peña Nieto, de cuerpo completo, como inepto, como cobarde y como corrupto.

Inepto. Por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones, se dedica a buscar culpables…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senadora permítame.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Sí, señor Presidente…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Solamente la recomendación de que el lenguaje que utilicemos, no sea ofensivo.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: No es ningún insulto, es solamente la verdad, señor Presidente. Permítame expresarla, como Senadora, como legisladora; no se puede coartar mi libertad de expresión, como tampoco se debe coartar la libertad de expresión de los ciudadanos.

No estoy diciendo insultos, estoy diciendo lo que es mi punto de vista y cómo lo veo y cómo es la realidad…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Es una recomendación del Presidente del Senado, y usted puede atenderla o no.

Adelante, Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Claro que la rechazo…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Layda Sansores.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo le pido que haga verificación de quórum…

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Compañero, siempre se ve el quórum y esto lleno. Ahora lo que no, pues ahora termino:

Inepto. Por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Porque en lugar de dar soluciones, se dedica a buscar culpables.

Ustedes no quieren oír la verdad, compañeros, pero como se ponen nerviosos. Miren, mejor calladitos se ven más bonitos. Esto lo pone todavía más fuego a la hoguera.

Así que, por favor, calmados…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítame, Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Cobarde. Por mandar a su mujer a la jaula de los leones, en vez de dar él la cara.

Cobarde. Porque se fue a refugiar al Campo Marte, para lanzar sus amenazas, cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada.

Y cobarde. Porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senadora Layda Sansores, permítame.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Es lamentable que los Secretarios del Ejército y Marina, se dediquen solo hacerle el coro a su Comandante Supremo, olvidándose que su lealtad fundamental es para el pueblo, en donde reside la soberanía…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senadora Layda Sansores, permítame, por favor…

La hemos tratado con respeto, Senadora Layda Sansores…

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: No pueden amenazar quienes tienen.

¡Váyanse!, no importa, ahí lo van a escuchar por el Canal del Congreso. Si no yo se los haré llegar a sus twitter.

No pueden amenazar quienes tienen las armas en la mano, las armas republicanas.

Corrupto. Porque es evidente que trasgredió la ley al no declarar los bienes de su esposa y tener conflicto de interés.

Corrupto. Porque encubre a los ladrones. A los Montieles y a los Moreira.

Es clara la ley, hay intereses en conflicto, porque sus intereses personales o familiares afectan su imparcialidad y todo lo que dijo la compañera Dolores Padierna.

Ella es la dueña de la casa, que casualidad, en la que vive. Y es la empresa que recibe contratos millonarios en el Estado de México, por la adjudicación directa está haciendo la remodelación del aeropuerto y justamente, claro, había sido declarada la ganadora de la licitación del tren a Querétaro, como lo señaló la compañera Marcela.

El que se le haya descarrilado el tren como dijo ella y digan que venden la casa, no borra el delito.

A eso se le sigue llamando conflicto de interés, corrupción, tráfico de influencias, soborno; y el esquema financiero que usó, es típico de lavado de dinero. Oiga se bien, de lavado de dinero.

Que si Televisa fue inconmensurablemente generosa, pasa a segundo término. El problema no es su esposa, es él.

A un servidor público que cae en conflicto de interés se le destituye e inhabilita, se le fincan responsabilidades administrativas y penales y se castiga con la cárcel.

Las declaraciones de Pepe Mujica, expresan el sentir internacional, somos un Estado fallido. Mujica tiene lo que a Peña Nieto le falta, honestidad y valor.

Peña Nieto tiene muchas velas ardiendo y México puede incendiarse…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senadora Layda Sansores, permítame, un momento.

Quiere hacer uso de la palabra el Senador Miguel Romo Medina, desde su escaño.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nuevamente para rogarle, ante la evidente falta de la presencia de las señoras y señores Senadores, que haga usted, por favor, con base al artículo 59 de nuestro Reglamento, una verificación del quórum.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente, aquí nunca se declara falta de quórum, así sean tres que estamos nada más sentados.

No vengan con esas argucias, por favor, aguántense, realmente como Senadores dignos y responsables.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítame, Senadora Layda Sansores, el trámite lo dicta la Presidencia.

Senador Romo Medina, voy a determinar la rectificación del quórum, una vez que concluya la oradora.

Ninguna solicitud de rectificación de quórum puede darse para interrumpir a la oradora. Por eso estoy esperando que termine, para en ese momento ordenar la rectificación del quórum.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Si me permite…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Es el procedimiento, Senador Romo Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Si me permite, señor Presidente.

Sí, de acuerdo. Pero si usted me permite, antes de que la oradora iniciara, el Senador Orihuela, tuvo a bien solicitarle a la Mesa Directiva la verificación.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Ya se le pasó el tren, compañero. Por favor, déjenos terminar.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Ya estaba en uso de la palabra, Senador Romo Medina.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Yo ya estaba en el uso de la palabra, demasiado tarde.

Y son argucias. Quédese o váyase, si no quiere escucharme…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Layda Sansores, que le restan algunos segundos.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: No, no, mi compañera, la Senadora Padierna, tuvo quince, por favor.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senadora.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Por ello, propongo la creación de una comisión plural de Senadores para que investigue este caso, que adquiere mayores dimensiones dadas las condiciones de crispación social.

Y la “casa blanca”, “Ayotzinapa”, la manifestación del 20 de noviembre y la violencia ejercida por la autoridad contra los manifestantes, son polvos de los mismos lodos.

Ayotzinapa, es la última llamada. Y decenas de miles de ciudadanos, en una marcha histórica, salieron a las calles a manifestar su hartazgo y a exigir la renuncia de Peña Nieto.

Eso es lo que no quieren oír los priístas, hay se persignan.

El advirtió que no aceptaría la violencia en las manifestaciones de protesta, pero lo que no dijo Peña Nieto, es que él si se daba permiso para ejercerla y los actos vandálicos no se dieron por parte de los ciudadanos, sino por parte de Peña Nieto y el señor Mancera, que tiene, también, una responsabilidad.

Es grave que elementos del Ejército, vestidos de civiles, hayan sido infiltrados para incitar a la violencia.

Lo inaceptable es que este gobierno hipócrita condene la violencia, pero a la vez la provoca y la ejerce. La represión a ciudadanos manifestándose pacíficamente se llama “el terrorismo de Estado”. Y en una operación claramente planeada ante la señal de una luz, que recuerda la luz de bengala que anunció la represión en Tlatelolco, miles de militares empezaron a avanzar hacia los ciudadanos como barredora humana.

Las insultaban, “pinches viejas, no que querían venir”, “pinches putas”, para ser más claros. Así era como se referían a las mujeres hoy justamente en el Día de la No Violencia hacia la Mujer, para recordar la actitud caballerosa de los policías. No se espera que sean caballerosos, solamente se espera que sean responsables, que tengan un protocolo para actuar y no se dediquen a insultar a los ciudadanos que no están cometiendo ningún delito, más el que de ser ciudadanos.

Empezaron a avanzar insultándoles, golpeándoles con cascos, escudos, toletes, a patadas, sin importar si eran de la tercera edad, mujeres, jóvenes, padres cargando a sus hijos, como lo muestran las redes en todo el país. La gente corría arrastrando niños y caían al suelo, y en el suelo los golpeaban. Se habían formado embudos en las salidas de las calles y eso puso en peligro a la ciudadanía.

Arremetieron contra los que estaban al otro lado del Palacio, apagaron las luces, cerraron las calles y se dedicaron a aprehender a jóvenes sin motivo, se violó el debido proceso. Fueron enviados a penales de alta seguridad y hoy tenemos once presos políticos. Y el colmo, que Osorio Chong en televisión nacional firmara su sentencia criminalizándolos.

Las únicas pruebas que presentó la autoridad son los testimonios de los policías que los agredieron. Y como indicio irrefutable de que pertenecían a un grupo subversivo es que entre ellos se llamaban “compas”. Cuidado, “compas de Sinaloa”.

Son estrategias fascistas. Sólo un Presidente aterrorizado siembra terror. Ya están anunciando con fanfarrias que habrá otro gran pacto, que si por la legalidad, que para combatir la inseguridad. El problema es que Peña haga lo que haga, diga lo que diga no puede estar al frente de ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque ha perdido toda autoridad moral, porque ha perdido toda credibilidad y no hay argamasa para juntar de nuevo la confianza quebrada de un pueblo.

Peña cree que violentando el derecho a manifestarse va a callar a los que piden su renuncia. El miedo se convierte en coraje y el coraje en valor para seguir luchando. Peña Nieto, a ti te digo, donde estés: hiciste del Zócalo una pesadilla, mandaste a golpear, a aprehender mujeres, a hombres, a jóvenes, cuyo único delito fue caminar y contar del 1 al 43 infinidad de veces para terminar en un solo grito, “Justicia”. Peña Nieto, a ti te repito: eres un cobarde.

El 20 de noviembre mandaste a golpear a los ciudadanos en la obscuridad, entre ellos a mi familia y a mis hijos, más no les provocaste miedo, les diste fortaleza. De la misma forma permitiste que una noche oscura, en una luna nueva, se asesinaran y desaparecieran los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero la muerte de unos y la desaparición de 43 vino a darle fuerza y luz a un pueblo adormecido.

Y la salida más digna, Peña Nieto, es que renuncies. Pero si eliges por la represión no te van alcanzar las macanas, los gases, las cárceles, las balas; porque si quieres apagar las voces de un pueblo herido e indignado hasta las entrañas lo que sigue, y mírenlo bien, es como dice Benedetti: “Ponte a juntar todos tus odios y empieza a matar para seguir matando”.

Gracias, señor Presidente.

Cumplió su palabra.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Sonido en el escaño de la Senadora Laura Rojas Hernández.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente que quede constancia que el grupo parlamentario del PAN también tiene inscritos tres puntos de Acuerdo: uno sobre declaraciones patrimoniales del Presidente Peña, otro sobre el conflicto de interés y uno más para solicitar a la Secretaría de la Función Pública información detallada sobre otros contratos de Grupo Higa y que queremos se reinscriban para la próxima sesión.

Y también hacer un llamado muy respetuoso a las Senadoras y a los Senadores del PRI para que no eludan el debate. Este debate es ineludible, se lo debemos a los mexicanos. La sociedad está esperando que pase algo. No puede ser que lo que hemos estado viendo, específicamente en el tema de la “casa blanca” y del conflicto de interés de la licitación del tren México-Querétaro sea un fallido caso más de que la clase política no reacciona y no pase nada.

Este debate lo tenemos que dar de manera civilizada aquí, en donde es el lugar preciso para hablar de estos debates, en el Senado.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Para ser estricto con las solicitudes hechas por los Senadores Ascensión Orihuela y Miguel Romo, ábrase el sistema electrónico de registro de asistencia por tres minutos para verificar el quórum.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, le informo que hay 33 asistencias de Senadoras y Senadores presentes.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Al no haber quórum reglamentario....

A ver, de manera personal, la Secretaría verifique la presencia de quienes deseen hacerlo.

Por favor, de manera ordenada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Sigue abierto el sistema para que puedan presentar su asistencia.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: No, de manera personal, el sistema ya se cerró.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Ya se cerró.

Senadores Casillas, ¿Alguien más que desee registrar su asistencia? Arely Gómez, Ana Lilia Herrera, Yunes; Gándara, Romo, Margarita, Gamboa, Barroso, Pozos Lanz, Burgos, Blanca Alcalá, Juárez, Gerardo Flores, Escudero, Jorge Emilio, Eviel Pérez Magaña, Cristina Díaz, Neyra Chávez, Orihuela, Sofío Ramírez, Puente, Angélica Araujo, Lisbeth, Ivonne, Ricardo Urzúa, Pineda Gochi, Cavazos, Chico Herrera, González Canto, Torres Corzo, Hilda Flores Escalera, Torres Corzo ya está contabilizado, Arquímedes, Itzel Ríos de la Mora, y Claudia Pavlovich.

Señor Presidente, se registraron 43 Senadoras y Senadores en el sistema y 35 fuera del sistema. Por lo tanto hay 78 Senadoras y Senadores presentes, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Existe quórum para continuar la sesión. Agradezco la disposición de las y los Senadores del PRI, para terminar con una conclusión y un comportamiento parlamentariamente adecuado.

Gracias a todos.

 





 

Los demás asuntos inscritos en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 333 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO, AL ARTICULO 333 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho laboral se puede definir como el conjunto de principios y normas que regulan el haber social del trabajo, con su consumación se protegen las garantías de los trabajadores que se crean al ejercer el trabajo libre y voluntario.

El trabajo es algo propio de la vida humana, el hombre al trabajar crea algo útil, pero siempre dirigido a un fin. El ser humano trabaja por tener un desarrollo individual, económico y social. En este sentido, el derecho laboral surge para compensar la desigualdad, limitar el poder del empresario y proteger al trabajador como parte más débil de la relación laboral.

En México, el derecho laboral está expresamente establecido en el artículo 123, el cual, alcanza su máxima expresión en la Constitución Política de 1917, cuando se reformó y adicionó el texto con el objeto de estipular un conjunto de garantías sociales a favor de los trabajadores mexicanos. Esto, significó un reconocimiento histórico de las reivindicaciones sociales, y derivado de ello, un compromiso del Estado con los trabajadores.

En ese momento, el sindicalista, político y legislador constituyente mexicano, Héctor Victoria Aguilar, planteó la necesidad de crear bases constitucionales que permitieran legislar en materia de trabajo, aspectos como “jornada máxima, salario mínimo, descanso semanario, aplicación de medidas de higiene en fábricas, minas; convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros e indemnizaciones”, fueron algunos de los cambios trascendentales en materia laboral que le dieron protección al trabajador mexicano.1

Con ello, el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana se convirtió en la máxima constitucional a favor de la justicia de los trabajadores, considerando al ser humano como miembro de un grupo social, no como un objeto económico, incluso, el artículo en mención se convirtió en un modelo adoptado posteriormente por legislaciones de otros países.

Contrario a esto, la ley reglamentaria en materia laboral no se tiene la misma percepción positiva como del artículo 123 constitucional. La Ley Federal del Trabajo reglamenta, entre otras cosas, las condiciones de trabajo, la libertad sindical, el derecho a huelga, la regulación del salario y en general las disposiciones de las condiciones de trabajo. Ante esto, la Ley ha sido revisada y adaptada con el objeto de hacer frente a las problemáticas de la clase trabajadora.

De entre sus múltiples modificaciones destaca la recientemente aprobada “Reforma Laboral”, la cual fue una propuesta de carácter preferente por parte del Ejecutivo Federal, lo que llevó al Congreso de la Unión a pronunciarse sobre dicho proyecto en un plazo breve y así, en medio de un largo debate, el 30 de noviembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el cual entró en vigor el 1 de diciembre de ese año.

Con este instrumento se realizaron 363 modificaciones a la Ley Federal del trabajo, que trastocaron temas y concepciones tradicionales del Derecho del Trabajo mexicano. 

Bajo la justificación de que se “construiría un marco que permitiría incrementar la oferta laboral, alentaría la productividad de las empresas, y elevaría la competitividad del país”, la Reforma Laboral estuvo integrada de cinco objetivos:

1) Favorecer el acceso al mercado  laboral y la creación de empleos;

2) Fortalecer la transparencia y  democracia sindical;

3) Otorgar mayores facultades de vigilancia a las autoridades del trabajo;

4) Fortalecer la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales, y;

5) Modernizar la justicia laboral.

Lo anterior solo quedo en buenas intenciones, y la reforma laboral no significó un gran avance en la protección del trabajador, por el contrario, se adicionaron principios como el “outsourcing” que no es otra cosa más que la subcontratación, es decir, una empresa contrata a otra empresa, para que realice determinados servicios o tareas dentro de la empresa matriz.

Asimismo, se incluyeron nuevas modalidades de contratación, como son los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo de temporada. Adicionalmente, se contempló el contrato por unidad de tiempo (horas) dejando sin la posibilidad al trabajador de generar antigüedad, así como a quedarse sin derecho a las prestaciones que anteriormente la ley le otorgaba.

A casi dos años de su aprobación, la Reforma Laboral del Gobierno Federal quedó en letra muerta, y no cumplió con las expectativas esperadas, ya que no condujo a un crecimiento de productividad del trabajo como se prometió en su momento.

Por el contrario, la Ley Federal del Trabajo se ha convertido en un ordenamiento legal confuso, ya que con la última reforma, su interpretación generalmente causa conflicto, puesto al parecer la norma beneficia en cierta medida al patrón y no al trabajador.

Así, la Reforma Laboral no ha cubierto los objetivos esperados, ha sido todo lo contrario, violenta los derechos de los trabajadores, incrementa el poder de la parte patronal, limita el empleo a los jóvenes, mujeres, discapacitados e indígenas; y no ha logrado establecer incentivos eficaces para impulsar el trabajo formal y continúo, lo que hace evidente que las leyes laborales mexicanas, fuera de brindar protección al trabajador, lo vulneran.

Además, si bien un punto eje de la reforma laboral del Ejecutivo Federal era reconocer mayores derechos a los grupos vulnerables, es notable que en la discusión y aprobación de la reforma estos grupos fueron olvidados, por ejemplo, uno sumamente vulnerado, no sólo por el derecho laboral, sino por la violación a sus derechos humanos, es el de los trabajadoras domésticas, quienes, desafortunadamente no fueron atendidas sus demandas pese a la latente necesidad de una protección jurídica.

Lo anterior es preocupante, en marzo del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a propósito del “Día Internacional del Trabajador Doméstico”, informó que en 2013, la población ocupada en México dedicada al trabajo doméstico remunerado en hogares particulares sumó más de 2 millones de personas.2

Agregó que nueve de cada 10 trabajadores domésticos remunerados son mujeres y la edad promedio de los trabajadores domésticos remunerados en México es de 40.2 años.

Es decir, en el país el sector adulto ha encontrado en el trabajo doméstico un empleo informal, sin embargo, esta forma de trabajo es poco visible puesto que se desarrolla en el ámbito privado de los hogares y propicia la violación del derecho al descanso, privacidad, a tener horario definido de trabajo, contrato y las prestaciones que se ofrecen en otros empleos.

Lamentablemente, el mismo organismo gubernamental mostró cifras alarmantes referentes a las condiciones de trabajo por las que tienen que pasar los trabajadores domésticos debido a que no existen leyes que les brinden protección.

El documento exhibe que el 13.0% de los trabajadores domésticos cumplen una jornada laboral superior a las 48 horas por semana. De los trabajadores domésticos remunerados 34.6% percibe un salario mínimo o menos. Asimismo, 2 de cada 100 trabajadores domésticos tienen acceso a servicios médicos como prestación laboral.

A nivel mundial la situación vulnerable de los trabajadores domésticos se ha convertido en prioridad, por ello, se han emprendido acciones con el fin de dotar de derechos laborales a los empleados del hogar.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo realizó el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos número 189”, y la Recomendación número 201 que lo acompaña, ambos adoptados en 2011, y brindan una oportunidad histórica para hacer del trabajo decente una realidad para los trabajadores domésticos de todo el mundo.3

Muchos países hicieron lo propio y ratificaron el Convenio, pero adicionalmente, han emprendido reformas legislativas y de política orientadas por los importantes instrumentos nuevos de la OIT en la materia.

Lamentablemente, México ha mostrado muy poco interés en emprender acciones reales y efectivas que protejan a los trabajadores domésticos. Por ejemplo, el Ejecutivo Federal no ha concluido la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y en consecuencia, no ha sido enviado para su ratificación a esta Soberanía.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) considera que tanto las autoridades públicas como la sociedad, deben reconocer que las y los trabajadores domésticos tienen que contar con los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Ante esto, y partiendo del precepto constitucional del artículo 123, es urgente legislar a favor de las y los trabajadores domésticos.

Para comenzar, con base en el artículo 123 de la Constitución Política Federal, en términos generales, para todos los trabajadores, la duración de la jornada máxima es de 8 horas, por cada 6 días de trabajo, se debe disfrutar de 1 día de descanso y cada hora extra laborada se debe pagar al doble de lo que cuesta cada hora normal.

Sin embargo, para los trabajadores domésticos la realidad es otra pese a lo constitucionalmente expreso, puesto que según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las trabajadoras del hogar tienen jornadas muy largas, sin horario fijo y sin que se les paguen las horas extras. En general, sus horarios de trabajo exceden por mucho lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y las y los empleadores pagan lo que ellos mismos deciden, que son por lo general salarios muy bajos.4

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2012, 34.7% de las trabajadoras del hogar laboró menos de cuatro días a la semana y 59.4% trabajó de cinco o más días a la semana. Peor aún, 3.3% no descansan ni un solo día por semana de trabajo.5

Adicionalmente, la encuesta arroja que las jornadas laborales de 47.5% de trabajadoras del hogar son más de 35 horas a la semana, mientras que 50.7% de ellas trabaja de 15 a 34 horas semanales. A pesar de las difíciles condiciones laborales, 95.2% no busca otro empleo adicional al que tiene.6

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo dedica un capítulo especial a los trabajadores domésticos, en el cual se fijan ciertas obligaciones a cargo del empleador, como guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de propinarle cualquier mal trato; proporcionarle un local cómodo e higiénico para dormir, alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y cooperar para la instrucción del trabajador “doméstico.7

De igual manera, se estipulan obligaciones específicas en caso de enfermedad del trabajador, tales como pagarle el salario que le corresponda hasta por 1 mes; proporcionarle asistencia médica (si la enfermedad no es crónica), en tanto se recupera o se hace cargo de él algún servicio asistencial. Si la enfermedad es crónica, el empleador tiene la obligación de proporcionarle asistencia médica hasta por 3 meses (si el trabajador ha prestado sus servicios durante un mínimo de 6 meses)8. Por otro lado, si el trabajador muere, el patrón sufragará los gastos del sepelio.9

Lo anterior es un avance en la protección del trabajador, sin embargo en la legislación laboral mexicana actual no existe una norma que regule las jornadas de trabajo de los empleados domésticos, lo cual, es de urgente resolución debido a los abusos por parte de los patrones que se suscitan.

Lo más que se ha hecho por regular esta arbitrariedad, es la nueva redacción del artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo que establece que los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deben disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo de tres horas entre las actividades maturinas y vespertinas. Lo que en la implementación resulta una jornada “ordinaria” de 12 horas al día, excediendo cuatro horas lo estipulado por la Ley y generalmente esto trae como consecuencia injusticias y abusos por parte del patrón.

Y es que, aún cuando hay una jornada máxima de 8 horas establecida y el derecho al pago de horas extra en caso de que se exceda ésta, las trabajadoras del hogar no siempre tienen un horario fijo, pues ello depende del hogar para el que trabajen. La costumbre es que las horas extra no se paguen aparte, a menos que sea bajo circunstancias verdaderamente extraordinarias (trabajar hasta la madrugada por atender alguna cena, por ejemplo, o trabajar el día que normalmente sería de asueto).10

Condiciones de trabajo deplorables, explotación laboral, y abusos de los derechos humanos son los problemas más graves que enfrentan los trabajadores domésticos a nivel mundial, y en México esta problemática no es la excepción, puesto que adicionalmente también se presentan actos de discriminación.

Ante esto y con el objeto de hacer del trabajo decente una realidad para los trabajadores domésticos mexicanos, es necesario que en la legislación mexicana quede expresamente establecidas acciones destinadas a mejorar la protección y las condiciones de trabajo de los empleados del hogar.

Para ello, es importante modificar los vacíos jurídicos que dejó la Reforma Laboral, y que generalmente violentan los derechos de los trabajadores domésticos, como lo es, la jornada máxima de trabajo.

La regulación de sus horas de trabajo es un tema controversial en los actuales debates sobre políticas en esta materia, a pesar que la jornada laboral diaria de 8 horas es ahora internacionalmente aceptada como norma legal, los trabajadores domésticos se encuentran frecuentemente excluidos de esta norma.11

El principal argumento ofrecido para excluir a los trabajadores domésticos de la cobertura de esta normativa laboral general, sobreviene porque sus tareas son distintas a los usuales trabajos de oficina y en fábricas, debido a que las necesidades de los dueños de la vivienda no son siempre predecibles, no tienen límites definidos o, en algunos casos, exigen servicio a toda hora. Sin embargo, las largas e impredecibles horas de trabajo imponen un alto costo para la salud y bienestar de los trabajadores y, a su vez, erosionan su eficiencia y la calidad del servicio que entregan a sus empleadores.12

Ante esto, Brasil hizo lo propio y el Senado de este país, el año pasado, aprobó por unanimidad una ley que amplía los derechos de las y los empleados domésticos. La nueva ley dicta que los empleados domésticos tendrán jornadas máximas de ocho horas diarias, y de 44 horas semanales.

La nueva ley de Brasil abre un horizonte de mejorías laborales y de vida que tendrá que ir siendo reclamado y conquistado a pasos, pero, aún así, se trata claramente de una victoria mayor para una forma de trabajo importantísima en toda América Latina. Por ello, es momento de que el Congreso de la Unión mexicano estudie la ley brasilera y la adapte en el territorio nacional.

Si bien, la regulación del tiempo de trabajo en los servicios domésticos es compleja debido a que depende de las necesidades de los hogares y el hecho que puede involucrar tareas fuera de las “horas normales” de trabajo. A pesar de esto, existen Naciones que regulan la organización del tiempo de trabajo en el empleo  doméstico. A continuación se muestran ejemplos de medidas normativas implementadas en otros países con el fin de proteger el tiempo de los empleados domésticos, las cuales, podrán ser aplicadas en la legislación laboral mexicana:

• En Francia, la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, (Etendue par arrêté du 2 mars 2000, JO 11 mars 2000), artículo 15 (a), establece horas semanales normales para los trabajadores domésticos en 40 por semana a tiempo completo.13

• En Portugal, el Contrato de Trabalho Doméstico, DL 235/92, DE 24-10, Artículo 13(1) y (3), establece el total de horas semanales para los trabajadores domésticos en 44 horas por semana y además permite lograr el cumplimiento de la norma límite a través de un promedio calculado a lo largo de semanas diferentes.14

• Ley Nº 18.065, Artículo 2 de Uruguay, establece el límite diario en 8 horas y el límite semanal en 44 horas.15

• La Ley Disposición Sectorial 7 en Sudáfrica, prohíbe a los empleadores requerir o permitir a sus trabajadores domésticos trabajar más de 45 horas a la semana; y, si el trabajador trabaja 5 días o menos a la semana, no más de 9 horas diarias, o si el trabajador trabaja más de 5 días a la semana, no más de 8 horas diarias.16

La restricción del tiempo de trabajo y la provisión de horas adecuadas de descanso son esenciales para preservar la salud y seguridad de los trabajadores, permitiéndoles dedicar suficiente tiempo a sus propias familias y otras responsabilidades e intereses.

Ante esto, y con el objeto de asignar un límite obligatorio a las horas normales de trabajo, se propone como límite aceptable, que la jornada laboral de los trabajadores domésticos sea en un máximo legal de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.

La legislación nacional otorga una protección insuficiente a los trabajadores del hogar, por ello, generalmente se discrimina y se vulnera a ese grupo constantemente. Entonces, la presente iniciativa ante todo, busca el legítimo reconocimiento de los trabajadores domésticos como personas trabajadoras.

Es decir, como personas que deben tener derechos reconocidos y respetados en la práctica, tal y como se han reconocido en otros ámbitos laborales. Los trabajadores domésticos quieren y reclaman, con justicia, igualdad de derechos.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO,  AL ARTICULO 333 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

UNICO.-INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO,  AL ARTICULO 333 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar como sigue:

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

La jornada laboral de los trabajadores domésticos será en un máximo legal de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

La jornada laboral de los trabajadores domésticos será en un máximo legal de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México. Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana. 1960. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/127/5.pdf [consulta 05 de Noviembre de 2014].

2Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Día Internacional del Trabajador Doméstico” [en línea].México. 2014. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/domestico0.pdf

3 Organización Internacional del Trabajo. “Los trabajadores domésticos en el mundo. Estadísticas mundiales y regionales, y alcance de la protección jurídica”. OIT. 2013. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_200965.pdf

4Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Derechos iguales para las trabajadoras del hogar en México [en línea]. México. 2012. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Trabs-Hogar-DI-2012_ACCSS.pdf

5 Ibídem

6Ibídem.

7 Artículo 337.

8 Artículo 338.

9 Artículo 339.

10 Moreno Ramírez Ileana. Los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar y sus garantías en México [en línea]. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/150/Becarios_150.pdf

11 King Dejardin Amelita. Servicio sobre las Condiciones de Trabajo y del Empleo — Hacia un trabajo decente para las/los trabajadoras/os domésticas/os [en línea]. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_159049.pdf

12Ibídem.

13Ibídem.

14Ibídem.

15Ibídem.

16Ibídem.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país se encuentra protegido Constitucionalmente en el artículo cuarto párrafo quinto, el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, garantizando el acceso al agua, la preservación de los ecosistemas con que contamos, así como aquellas políticas públicas que logren la disminución de contaminantes en la ciudad y en zonas rurales.

En este orden de ideas es notable el avance del conocimiento científico y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que como país hemos tenido, lo que ha permitido conocer las problemáticas ambientales que prevalecen en todo el planeta casi de manera instantánea. Sin embargo, estos avances no han sido utilizados para crear una conciencia ambiental ni han logrado solucionar los problemas que amenazan la sobrevivencia del ser humano.1

También debe considerarse que aunque se contempla en el marco legal internacional, nacional y en diversas políticas públicas, el derecho humano a un medio ambiente sano, aún faltan recursos financieros y humanos para propiciar que los educadores ambientales, impulsen de manera efectiva la educación ambiental sostenible.

Los mexicanos y mexicanas deben adquirir, conocimientos, herramientas y valores que incidan en el cuidado del medio ambiente, intentando resolver la problemática que prevalece.

La Educación Ambiental (EA) es una corriente de pensamiento y acción, que adquiere gran auge a partir de la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental. El reconocimiento oficial de su existencia y de su importancia se produce en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972). En donde se concibe, desde una aproximación global e interdisciplinaria como:

● La comprensión de las complejas interacciones entre las sociedades y el ambiente.

● La mejora de conocimiento sobre los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales.

● El análisis crítico de los problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de gestión y las acciones humanas.

● Fomenta el compromiso para contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permita a cada persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo.

● Posibilita el desarrollo de competencias para la acción, capacitando no sólo para la acción individual sino también para la colectiva, especialmente en los procesos de planificación y de toma de decisiones, de búsqueda de alternativas, de mejora del entorno, sobre prevención y promoción de la salud.

Posteriormente, es adoptada por la Organización de las Naciones Unidas “La Carta de Belgrado”, durante un seminario celebrado en la entonces Yugoslavia en 1975 y es ahí en donde se define el propósito principal de la Educación Ambiental que es:

Desarrollar una población mundial consciente y preocupada acerca del ambiente y los problemas asociados y que posea los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y el compromiso de trabajar individual y colectivamente en la solución de problemas actuales, así como en la prevención de los futuros.

Dos años después, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental adoptó la Declaración de Tbilisi, elaborada a partir de la Carta de Belgrado. En ella se establecieron tres objetivos generales para la Educación Ambiental, que han constituido la directriz de gran parte de lo hecho en este campo desde 1978:

● Fomentar una clara conciencia y preocupación por la interdependencia de los asuntos económicos, sociales, políticos y ecológicos en áreas urbanas y rurales.

● Proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir conocimientos, valores, actitudes, compromiso y aptitudes para proteger y mejorar el ambiente.

● Crear nuevas pautas de comportamiento hacia el medio ambiente en individuos, grupos y la sociedad en general.

A medida que se ha avanzado en este campo, los objetivos que se han investigado, criticado, modificado y ampliado, pero permanecen como una base sólida para una visión internacional compartida de los conceptos y las habilidades centrales necesarias para formar ciudadanos ambientalmente educados.

Declaraciones surgidas de estudios y reuniones tales como la Comisión Brundtland (1987), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad (Tesalónica, 1997) y la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002), así como otras numerosas reuniones llevadas a cabo en América Latina y el Caribe (Cancún 2010), han contribuido a fortalecer la importancia del trabajo de los educadores ambientales.

En nuestro país es relevante que se involucre la sociedad ya que se presentan las siguientes problemáticas ambientales:

Ambito: Agua

● Contaminación de aguas continentales y marinas,

● Uso ineficiente de recursos hídricos,

● Sobreexplotación de acuíferos, falta de obras e infraestructura.

Ambito Suelo: ocupación y destrucción de suelo cultivable, erosión y desertización.

Ambito: Atmósfera

● Contaminación de la atmósfera

● Contaminación del aire y acústica, alta incidencia de incendios forestales.

Ambito biodiversidad:

● Flora y fauna amenazada, degradación y fragmentación de hábitats, pérdida de diversidad en especies agrícolas y ganaderas, sobreexplotación de recursos marinos.

Ambito Basura:

● Gran producción de residuos y muy bajo nivel de reciclado, residuos tóxicos.

Ambito Energía:

● Alta dependencia de fuentes no renovables, poco desarrollo de tecnologías renovables, despilfarro.

 

Ambito Transporte:

● Modelo dependiente de medios de alto consumo energético automóvil y avión, ocupación de las ciudades por el coche, impacto de grandes infraestructuras.

Ambito Territorio:

● Concentración de la población en ciudades, implantación del modelo de ciudad extensa, abandono del medio rural, pérdida de paisajes, etc.

En temas de tormentas e inundaciones los impactos ambientales son contaminación y degradación de la calidad del agua, vulnerando derechos que derivan en escases de agua potable, alimentación y salud (infecciones gastrointestinales) vulnerando específicamente a niños y niñas, mujeres, adultos mayores y población con pobreza.

En sequias los impactos ambientales son escases de agua y alimentos afectando la nutrición y por ende el trabajo de los campesinos y campesinas provocando migración, los grupos vulnerables son niños y niñas, mujeres, adultos mayores e indígenas.

Por todo lo anterior, es necesario educar ambientalmente a los niños, niñas y jóvenes mexicanos para brindarles elementos que les permita afrontar y solucionar estas problemáticas.

La Educación Ambiental se concibe como un proceso en donde se adquieren conocimientos, valores, conciencia de su medio ambiente, habilidades prácticas, experiencias y la voluntad de buscar soluciones e intentar resolver problemáticas de forma individual y/o colectiva. 2

Por consiguiente, la Educación Ambiental es una herramienta importante que impacta en diversos estratos educativos, actualmente se concibe necesaria para lograr un desarrollo sustentable, ya que impacta en la conducta de los ciudadanos, la cultura y los estilos de vida, conservación de la naturaleza, desde una perspectiva social, económica y ética, es decir, sostenible.

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) prepara a todas las personas, independientemente de su profesión y condición social, para planificar, enfrentar y resolver las amenazas que pesan sobre la sostenibilidad de nuestro planeta.

En la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro se definieron muchos de esos problemas fundamentales que, posteriormente, fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002. El propósito de la Educación para el Desarrollo Sostenible consiste en comprender las amenazas de carácter mundial a la sostenibilidad que afectan a los países y comunidades para procurar enfrentarse con ellas. Los problemas provienen de las tres esferas del desarrollo sostenible: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Los asuntos relacionados con el medio ambiente, como el agua y los residuos, afectan a todos los países, al igual que las cuestiones sociales como el empleo, los derechos humanos, la igualdad entre los sexos, la paz y la seguridad humana. Los países también deben enfrentar problemas económicos como la reducción de la pobreza, la responsabilidad y la rendición de cuentas colectivas. Asuntos graves, que han sido objeto de atención mundial, como el VIH/SIDA, las olas migratorias, el cambio climático y la urbanización, atañen a distintas esferas de la sostenibilidad. Se trata de problemas sumamente complejos y será preciso aplicar estrategias educativas heterogéneas y de vanguardia para que la actual generación de líderes y ciudadanos, así como las futuras, puedan resolverlos.

Es por ello, quela Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), a través del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014),plantea que para su ejecución, se debe poner a la educación para la sustentabilidad como eje de las políticas públicas de manera transversal, intención que ha sido plasmada en el Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable (DEDS), suscrito en México a partir del 11 de marzo de 2005, por actores estratégicos de distintos sectores.

En el marco de los amplios objetivos que fijó la Asamblea General, sobresalen los objetivos subsidiarios del D E D S que son:

● Proporcionar oportunidades para afinar y promover la perspectiva del desarrollo sostenible y la transición al mismo mediante todas las formas de educación, sensibilización de la opinión pública y formación.

● Poner de relieve la función fundamental que la educación y el aprendizaje desempeñan en la búsqueda del desarrollo sostenible.

Bajo este contexto en México, en el año de 2006 es publicada la Estrategia de Educación Ambiental Sostenible, documento de política en educación ambiental que fue construido colectivamente por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Semarnat, presentando un análisis de los avances, pendientes y proponiendo las líneas de acción que habrán de establecerse para ubicarla en el papel relevante que se requiere como gestora de la sostenibilidad del país en un horizonte de mediano plazo, y que consolide el trabajo realizado y la experiencia adquirida porcientos de educadores ambientales en instituciones más sólidas, con financiamiento, de mayor relevancia política en el campo de la educación ambiental y acciones contundentes que se reflejen en una cultura ambiental de la población. Producto de ello, se crea el Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que tiene el propósito de dar seguimiento al Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable UNESCO y creando las alianzas, convenios o acuerdos particulares que de éste se deriven.

Finalmente, podemos concluir que a pesar de estos esfuerzos y compromisos internacionales con México, aún falta por integrar programas formales sobre educación ambiental sustentable en los programas educativos en los diversos niveles: básico, medio, medio superior y superior.

MARCO LEGAL SOBRE LA EDUCACION AMBIENTAL EN MEXICO

La Ley General de Educación, en su artículo 7 fracción XI, dispone como fines de la educación, entre otros:

● Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental.

● El desarrollo sostenible o sustentable.

● La valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico del individuo y la sociedad.

En el artículo 48 párrafo tercero, se establece que:

“Las autoridades educativas locales propondrán para consideración y en su caso, autorización de la Secretaría contenidos regionales que, sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.”

ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA LEGISLACION FEDERAL

La Educación Ambiental para la sustentabilidad, pensada en el marco de los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerar la distribución de las competencias que en materia de educación y de desarrollo sustentable corresponden a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, lo cual implica:3

● Garantizar a todo individuo la educación ambiental para la sustentabilidad, conforme al artículo 2º; y también a los pueblos y comunidades indígenas, con el fin de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras;

● Garantizar que la Educación Ambiental Sostenible, a través de sus diferentes modalidades, contribuya al desarrollo sustentable por medio de procesos de información, comunicación, capacitación y la participación organizada de las personas, para llevar a cabo las acciones relativas a la protección del ambiente, la conservación y restauración de los ecosistemas, así como en la prevención y combate contra la contaminación, en forma individual o colectiva;

● Regular que la educación ambiental para la sustentabilidad se incluya en los diversos niveles que conforman el sistema educativo nacional, para contribuir a que los educandos construyan conocimientos, formen valores, adquieran actitudes y habilidades, y actúen para el mejoramiento del ambiente y eleven su calidad de vida y la de su comunidad;

● Formular, establecer y aplicar la Política Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad y sus instrumentos, de manera que sean compatibles con la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas, con criterios de democracia, equidad y justicia social; definir las atribuciones que en materia de educación ambiental para la sustentabilidad corresponden a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la regulación de las distintas formas de EAS que conforme a la Ley sean de su competencia;

● Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia de EAS; fortalecer y promover la investigación educativa y el desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, en materia ambiental, y

● Regular la comunicación educativa para la sustentabilidad, la difusión y divulgación de información de contenidos ambientales en apoyo a los programas previstos.

Otros aspectos a considerar son:4

● El derecho a la educación, garantizado en el artículo 3º, y la obligación que el Estado tiene en materia educativa para fomentar y apoyar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos. En este sentido, es necesario reforzar la idea de que la educación debe impulsar el respeto a la naturaleza y su uso adecuado, sin abandonar el desarrollo científico y tecnológico.

● Con respecto al Artículo 4º párrafo 5°, en el que explícitamente se nos otorga el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, sería necesario entonces garantizar que el Estado nos brinde los instrumentos y las bases teóricas y prácticas para una adecuada y eficiente educación ambiental para la sustentabilidad.

● En el artículo 27 de nuestra Carta Magna, aunque no incluye asuntos educativos, sí prevé la conservación y protección de los elementos naturales, así como la preservación y la restauración del equilibrio ecológico. Este artículo sirve como base para la creación de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas que regulan el cuidado y la protección del medio ambiente; tales ordenamientos, aplicables y vigentes en materia ambiental, aunque también desconocidos por la falta de una difusión y aplicación adecuada, deberían considerar explícitamente lineamientos de educación ambiental para la sustentabilidad.

LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR MEXICO.

La orientación internacional de carácter fundamental que debe considerarse en la política nacional de educación ambiental para la sustentabilidad es la Agenda 21, emanada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro 1992). La Agenda 21, en su Sección IV, Capítulo 36.

Las áreas de Programa son:5

I. Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible.

II. Aumento de la conciencia del público.

III. Fomento de la capacitación.

Otro referente importante es el rubro 11 de La Carta de la Tierra, en el cual se señala la necesidad de afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisito para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.

En el rubro 14, señala que es necesario integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible y esto se puede lograr al:

● Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible.

● Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad.

● Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales.

● Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.

Por los argumentos vertidos con anterioridad y porque es necesario promover el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático, la valoración y la protección del medio ambiente en México, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

UNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

ARTICULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, como el desarrollo sostenible, prevención al cambio climático, valoración y protección del medio ambiente conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

ARTICULO TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 25 de noviembre de 2014.

Diva Hadamira Gastélum Bajo
Senadora de la República”.

CUADRO COMPARATIVO:

TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE REFORMA

SECCION VIII
Investigación y Educación Ecológicas

ARTICULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

Asimismo, propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.

La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.

La Secretaría mediante diversas acciones promoverá la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente.


ARTICULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, como el desarrollo sostenible, prevención al cambio climático, valoración y protección del medio ambiente conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

...

1http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/educacionambiental/publicaciones/Estrategia%20de%20
Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20para%20la%20Sustentabilidad%20-%20SEMARNAT%202006.pdf

2Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente.
Moscú, 1987.

3 Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Primera Edición. México 2006. Pág. 56 y 57.

4 Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Primera Edición. México 2006. Pág. 57.

5 Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Primera Edición. México 2006. Pág. 60.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hablar del ejido en nuestro país de ninguna manera es cosa menor, ya que según el Censo Agropecuario 2007, en su apartado IX Censo Ejidal, realizado por el Instituto Nación de Geografía y Estadística existen en toda la República Mexicana 31,514 ejidos y comunidades que abarcan una superficie total de 105’948,306.16 hectáreas. Esta cifra, en información proporcionada en el sitio electrónico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano representa un 51% de las 196 millones de hectáreas de superficie del territorio nacional.

La misma dependencia federal señala que “la tierra que en México pertenece a las familias rurales de ejidos y comunidades es equivalente a todo el territorio de Venezuela, a 1.3 veces el de Chile, a 1.5 veces el de Francia, a dos veces el de España, a 10 veces el de Corea del Sur y a 47 veces el de El Salvador.”

De tal suerte, resulta evidente que el tema es de gran relevancia para todo el país debido a la magnitud que representa en términos sociales y económicos.

También, es conocido por todos, el proceso de transformación que ha sufrido el tema agrario. En este sentido, el cambio más importante que vivió el tema que nos ocupa se ubica con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1992 las reformas al artículo 27 de la Carta Magna que devinieron en la promulgación de la Ley Agraria.

En la Ley en mención, el ejido es visto como una mera aglomeración de parcelas con el reconocimiento jurídico de poder circular en el comercio, asimismo, estos cambios normativos pusieron fin al reparto agrario, el deber del Estado de dotar gratuitamente de tierra al campesino que lo requiriera y de manera destacable se produjo la liberalización de la propiedad social.

Retomando la importancia cuantitativa del ejido a nivel nacional, mencionamos las tres modalidades de la tierra ejidal:

● Parceladas: superficie adjudicada en lo individual a los ejidatarios.

● Asentamientos humanos: áreas necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria ejidal

● Uso común: tierras que no han sido fraccionadas para uso individual.1

Una de las características principales del precepto de mérito y que contrasta de la idea plasmada en la norma derogada en 1992 en lo relativo al impedimento de poder enajenar, hipotecar, o verse afectadas por un proceso judicial, dado su carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, la regulación vigente permite que este tipo de tierras puedan ser enajenadas por el ejidatario, dar en garantía de créditos el usufructo a terceros, así como la posibilidad de transmitir el uso o aprovechamiento hasta por treinta años mediante la consecución de cualquier tipo de contrato como el usufructo, medianería, arrendamiento o sociedad.

Lo anterior lo podemos constatar en los artículos 46, 79 y 80 de la Ley Agraria, que citamos a continuación:

Artículo 46.- El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al ejidatario según sea el caso.

Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

En virtud de lo anterior, podemos suponer que el objetivo de este tipo de disposiciones es abrir el espacio a la privatización de las tierras ejidales.

Con lo expuesto en las líneas precedentes, buscamos enmarcar de manera general el impacto de la Ley Agraria al dar un giro total a la concepción del ejido en nuestro país a partir de la conclusión del reparto agrario.

En tal sentido daremos paso a la materia de esta iniciativa que pretende fortalecer la figura del ejido incorporándola directamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de facultarla para que su papel en los procesos de planeación del desarrollo rural tenga una mayor presencia, lo anterior con base en los siguientes elementos.

El artículo 25 de nuestro Mayor ordenamiento jurídico estipula

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El proceso de planeación del desarrollo que se plantea en la disposición en cita otorga un papel de importancia al sector social en correspondencia directa con la actividad económica, en tal sentido el párrafo séptimo del artículo citado señala:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Podemos notar que el texto reconoce al ejido como una parte fundamental de la actividad económica del sector social, misma condición que no se cumple a cabalidad en las normas secundarias que reglamentan el texto constitucional.

Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Planeación dispone lo siguiente:

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Al mencionar que las organizaciones representativas de los campesinos y pueblos podemos suponer que se incluyó a los ejidos como una de estos grupos, pero al no ser determinante la interpretación da lugar, en la práctica, a limitar la participación en los procesos de planeación del desarrollo a estos grupos sociales, que sin lugar a dudas conforman un núcleo fundamental en lo referente al tema agrario y por ende, esencial en nuestra sociedad.

Por su parte, la Ley Agraria se refiere a este sector, en lo que se puede inferir, en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 4º, que en lo conducente señala:

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación.

Aunada a esta circunstancia, el artículo 8º de la Ley en cita determina que:

En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano.

Del mismo modo que en la Ley de Planeación el precepto en materia agraria identifica como organizaciones representativas de los productores agropecuarios a los ejidos y sus integrantes.

La duda que comienza a persistir, se orienta en el hecho de que si la Ley Agraria reconoce al ejido como núcleo del sector social en el campo mexicano, esta figura con personalidad jurídica propia no se reconoce ampliamente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un elemento significativo en los procesos de planeación del desarrollo en la materia. Incluso en ambos cuerpos normativos podemos observar, que el ejido es limitado a un papel de consulta, así como agentes propositivos y concertadores en la definición de los programas sociales.

Aunque, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela en su artículo 2º los sujetos del ordenamiento, que para pronta referencia citamos a continuación:

Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Sin embargo, este misma herramienta normativa cuando establece su proceso de planeación del desarrollo rural, y habiendo determinado que el núcleo del sector social compuesto por los ejidos son los sujetos del precepto, incorpora la figura del municipio como el eje fundamental para desarrollar los procesos de planeación del desarrollo rural, y le resta atribuciones al ejido como eje del sector social que como sujeto del desarrollo rural sustentable ha sido marginado de la elaboración de los programas de desarrollo, adquiriendo un rol de consulta, como se mencionó con antelación.

Si bien es cierto que con fundamento en la Constitución, en la Leyes citadas y las propias Constituciones locales, el municipio queda facultado para elaborar los planes de desarrollo municipal, lo que buscamos es que la figura del ejido se fortalezca, ya que la misma norma la reconoce como núcleo del sector social. En tal sentido, las atribuciones de consulta, de agentes propositivos y de meros concertadores los ubica en un plano limitado en su actuación, cuando son ellos los sujetos de la planeación del desarrollo en su ámbito.

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar el hecho de que con base en el artículo 115 de la Constitución al municipio no se le confiere ninguna función manifiesta referente al desarrollo rural sustentable.

Es necesario asegurar y garantizar que los mecanismos de participación propia de lo concerniente a las tierras ejidales y su organización, trasciendan y logren ser determinantes en la elaboración e implementación del desarrollo rural sustentable.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela la creación de los consejos municipales para el desarrollo rural sustentable. Estos organismos dan lugar a los planes municipales de desarrollo, sin embargo la participación de los ejidatarios, tal y como lo hemos venido sosteniendo, es marginal provocando que no se cumpla a cabalidad el mandato de este ordenamiento en relación a que es el ejido uno de los sujetos primordiales del precepto.

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo primero.- Se reforma el primer párrafo del artículo 4º, la fracción I del artículo 5º; el segundo párrafo del artículo 6º y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los ejidos y diversos agentes organizados del medio rural, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva  en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Artículo 5o.- …

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, sus ejidos, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V. …

Artículo 6o.- …

Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta Ley, el Gobierno Federal acuerde frente a los particulares, los ejidos y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 29.- Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada, para la realización de los programas operativos de la Administración Pública Federal que participan en el Programa Especial Concurrente y los Programas Sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y para la concertación con las organizaciones de  productores, los ejidos, y los sectores social y privado.

Artículo segundo.- Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 23.- …

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; así como la elaboración de propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, de conformidad con el artículo 4º de esta Ley.

II. a XV. …

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

1 Sotomayor Garza, Jesús, El nuevo derecho agrario en México, México, Porrúa, 2001, p. 129; Téllez, Luis (coord.), Nueva legislación de tierras, bosques y aguas, México, FCE, 1993, p.49.




 

PRONUNCIAMIENTO

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, respecto de las medidas anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el 20 de noviembre de 2014, en torno al tema migratorio.







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a acelerar el proceso de análisis y consulta del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, con el objeto de que pueda ser remitido al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación. La Mesa Directiva informó que este asunto tiene un antecedente en el Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 11 de junio de 2014 y que debido a que existe ya una petición formal, este punto de Acuerdo se atenderá con una nueva comunicación el Ejecutivo Federal en la que se reitere la petición hecha por la Comisión Permanente.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la modificación de la actual estrategia de seguridad pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL CUAL SE SOLICITA LA MODIFICACION DE LA ACTUAL ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICA

"La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL CUAL SE SOLICITA LA MODIFICACION DE LA ACTUAL ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El fenómeno de la inseguridad y violencia México

El pasado 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, la cuarta entrega de esta serie estadística anual. El propósito de esta encuesta es el de generar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización, así como información con respecto a la percepción de seguridad pública.

El levantamiento de la encuesta 2014 se realizó del 3 de marzo al 25 de abril de 2014. Toda la información correspondiente a victimización está referida al año 2013; aquellos que corresponden a la percepción de la población de 18 años y más en materia de seguridad pública y a las instituciones encargadas de brindarla, se refiere a 2014.

Los principales datos apuntan a que estos fenómenos se encuentran presentes en todas las entidades del país e involucra a todos los niveles de Gobierno. Se destaca inclusive que en algunos de los principales delitos y temas preocupantes, las entidades gobernadas por el partido en el poder son las que encabecen las listas con el mayor índice delictivo, tema en el que destaca, para mal, el Estado de México, el cual fuera gobernado por el actual inquilino de los Pinos.

Hay que señalar que lo anterior no se trata de un tema reciente, sino que es la consecuencia de políticas fallidas de seguridad, de nula visión y estrategia de combate al narcotráfico, de encubrimiento a la corrupción y de violaciones flagrantes a los derechos humanos de las y los mexicanos, principalmente en el último sexenio y en el presente.

La actual administración dio continuidad a las políticas de seguridad que más sangre han derramado en la historia moderna del país sin atender las múltiples carencias sociales, de combate a la corrupción y mejora en el sistema de justicia, enarbolando el principio de que el fuego se combate con el fuego.

En los siguientes apartados se presentan datos estadísticos de diversas fuentes, principalmente el INEGI, que apuntan hacia la responsabilidad del Estado en la presente situación del país. El Estado ha dejado inclusive de prevenir e intervenir en casos donde contaba información, situaciones gravísimas como fue el caso de Ayotzinapa en Guerrero.

Los datos apuntan a que la penetración del Estado por parte del crimen organizado es un tema generalizado y a todos los niveles. Por ello, la responsabilidad de los actores públicos involucrados es fundamental y debe ser también en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Sin embargo, esto no bastará si no va acompañado de nueva política de combate al narcotráfico, a la corrupción y la prevalencia de la justicia, con una visión integral de Estado y una reactivación económica.

Esta será la mejor forma de encontrar soluciones, basta de simulación, de evasión de responsabilidades o abandono. Basta de viajar a China o cualquier parte del mundo, cuando el país se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su histórica contemporánea. Estamos frente a uno de los retos más complicados que se han presentado para el futuro del país, es urgente que el gobierno federal reconozca la responsabilidad del Estado y se pueda generar una vía integral de acción. De no hacerlo, los datos indican que los hechos de Ayotzinapa no serán los últimos de este tipo, que seguirán repitiéndose los miles de casos de muertes, desapariciones y torturas que actualmente se presentan en todo el territorio nacional. Es urgente un cambio de fondo, el Estado debe reconocer su responsabilidad. Los siguientes datos confirman, lo hasta aquí señalado,  se trata de un tema de estado, presente en todas las entidades del país.

2. Contraste de la violencia por entidad y partido político al frente de ella.

Debido a la división federal que existe en México, es importante observar el fenómeno de la violencia hacia dentro de cada entidad federativa y tomar en cuenta qué partido político es quien está al frente de cada una de ellas. En otras palabras, puesto que se trata de una situación generalizada y sistemática como consecuencia de políticas federales erróneas, la inseguridad y violencia no distinguen colores a largo y ancho de todos los Estados de la República.  Inclusive, en algunos indicadores son las entidades priistas o panistas las que ocupan los tristes primeros lugares en materia de inseguridad. A continuación se presentan las principales conclusiones a partir de la información provista por el ENVIPE 20141.

1. Víctimas de delitos para la población de 18 años y más por cada cien mil habitantes en 2013 (tasa de prevalencia delictiva): de los 10 primeros lugares con las tasas más altas de prevalencia delictiva, el primer lugar es una entidad priista (Estado de México). Entre los 10 primeros lugares también se encuentran 5 entidades priistas adicionales (6 en total), dos panistas, una gobierno de coalición (Baja California) y solo uno perredista (el DF).

 2. Percepción de la posibilidad de ser víctima de secuestro-extorsión por entidad (%): de los 10 primeros lugares de las 32 entidades del país donde el mayor porcentaje de su población percibe que puede ser víctima de un secuestro,  la lista la encabeza Estado de México, a la cual se suman otras 5 entidades priistas (6 en total), tres perredistas y una panista.

3. Porcentaje de delitos que de acuerdo a la víctima generaron daño emocional, psicológico, físico laboral: al dividir las todas las  entidades del país en subgrupos de acuerdo al partido gobernante, son las entidades priistas las que presentan los promedios más altos en cuanto al porcentaje de las víctimas (35%) en cuyos casos  los  delitos les generaron daños emocionales, psicológicos o físicos. 

4. Porcentaje de delitos en los que de acuerdo a la víctima se presentó agresión física: al dividir las todas las  entidades del país en subgrupos de acuerdo al partido gobernante, son las entidades panistas las que presentan los promedios más altos de delitos en los que de acuerdo a las víctimas se presentó agresión física con el 25% de los casos, en segundo lugar se encuentran las entidades  priistas con 20% de los delitos y después las perredistas con 18%.

5. Percepción de las causas de inseguridad, drogas (%): al igual que en los casos anteriores para este caso también se consideraron los promedios de los subgrupos de entidades de acuerdo al partido gobernante. Encabezan estos promedios las entidades panistas donde el 43% de la población considera que las drogas es una de las causas principales de los delitos, las siguen las entidades priistas con 33% de la población, finalmente las entidades perredistas con 29% de la población.

 6. Percepción de las causas de inseguridad, corrupción (%): con las misma metodología de los últimos tres casos, prácticamente existe un empate en los promedios de los subgrupos de acuerdo al partido gobernante en cuanto este indicador. Es decir,  el32% de la población considera que la corrupción es una de las causas principales de los delitos en todas entidades del país. Es decir se trata de un problema de Estado, está presente en la infraestructura de todas las instituciones.

3. Estado de México: Primer lugar en los medidores de inseguridad.

De acuerdo al ENVIPE 2014, el Estado de México (Gobierno del PRI): primer lugar en algunos de los principales indicadores de inseguridad.2

1. Es la entidad con más víctimas para la población de 18 años y más: a nivel nacional el promedio fue de 28 mil 224 víctimas por cada cien mil habitantes en 2013, en el Estado de México fue de 47 mil 778 durante el mismo año.

2. Es la entidad con la mayor tasa de delitos para la población de 18 años y más: el promedio nacional fue de 41 mil 563 delitos por cada cien mil habitantes en 2013, en el Estado de México: 93 mil. Una cifra aterrorizante pues significa que se presentó prácticamente un delito por cada mexiquense durante el 2013.

3. Es la entidad donde más delitos se cometieron en 2013 con portación de armas: a nivel nacional fueron el 50.2%. En el Estado de México: 70%.

4. Es la entidad con el mayor número de extorsiones. en 2013 se presentaron  9 mil 790 extorsiones por cada cien mil habitantes en todo el país. En el Estado de México el promedio fue de 21 mil 785.

5. Estos indicadores son la razón por la cual es la entidad con la mayor percepción ciudadana de vivir en la inseguridad: 92.6% de los mexiquenses se siente inseguro como consecuencia de  la delincuencia  este dato corresponde a 2014. Cabe señalar que la media nacional es de 73.3%, es decir casi 20 puntos menos en el Estado de México.

En este contexto, en particular en el caso Tlatlaya el Gobernador del Estado de México, a través de la PGJEM, trató de encubrir la presunta ejecución de varias personas por parte de un grupo de soldados el 30 de junio pasado.3 El caso fue solo reconocido por parte de las autoridades federales a partir de la presión internacional. Peor aún, en este caso el Ejecutivo local no asumió responsabilidades y más lejos se encuentra todavía de solicitar licencia para facilitar las investigaciones.

4. La Violencia a Nivel Nacional.

La percepción ciudadana a nivel nacional es devastadoramente negativa, al punto que 58.1% de la población considera a la Inseguridad como su mayor preocupación. Esto se encuentra por encima del desempleo (46.1%) y el aumento de los precios (37.1%).4

A lo anterior, se le suman más datos negativos en cuanto a la percepción de seguridad. Actualmente, 73% de la población en el país se siente insegura; 77% de la población se percibe como posible víctima de un delito; 73% de la población percibe que la pobreza o el desempleo son una de las principales causas de la inseguridad; y solo uno de cada 4 mexicanos piensa que las tendencias de seguridad pública en el país van a mejorar.

De igual forma, la percepción ciudadana en cuanto a la eficiencia de los cuerpos de seguridad es negativa. La ENVIPE 2014 arrojó que:

● Solo 14.9% de la población percibe que la PGR es muy efectiva, mientras que 41% de la población percibe que es poco o nada efectiva.

● Solo el 5% de la población percibe que "siempre" se castiga a los delincuentes, solo 10% que la mayoría de las veces.

● Solo 18% de la población dijo tener mucha confianza en la PGR, mientras que casi la mitad (47%) de la población dijo tener poca o nada de confianza en ella.

La percepción de que la inseguridad  ha permeado hasta el fondo del tejido social es muy fuerte y por lo menos el 32% de la población considera que  la corrupción es una de las principales causas de la inseguridad. Esta información se confirma con investigaciones de especialistas como Edgardo Buscaglia quien señala que  el 77% de los municipios mexicanos están infiltrados por el narcotráfico y los controles del Estado mexicano para poder solucionar esta situación han colapsado porque no se han combatido las raíces del problema: la corrupción y la impunidad.

A pesar de una transición partidista a nivel federal, no hubo cambio de estrategia de seguridad ni disminuyó la violencia en todo el país. De hecho, durante los primeros 19 meses del actual gobierno federal gobierno (diciembre 2012 a junio 2014) se han registrado 55 mil 325 asesinatos (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)".5En el sexenio anterior, durante los primeros 19 meses de gobierno, se contabilizaron 41 mil 396 homicidios, es decir que ha habido un aumento de 34 por ciento en la presente administración. Es decir, pasamos del sexenio del horror al sexenio del engaño y la omisión.

Aunado a los asesinatos, México cuenta con un alarmante nivel de desapariciones. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas (RNPED), en el país hay 22, 322 personas desaparecidas hasta el 25 de junio del presente año. De estos registros, de acuerdo a subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana Benítez6 -información que se verifica en comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República-7 9,790 corresponden a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Suponiendo que el resto de las desapariciones se generaron en el sexenio pasado, en ese periodo hubo 12 personas desaparecidas al día. Lo anterior significaría que durante la presente administración hay casi 17 desaparecidos diariamente o más de un desaparecido (1.4) cada dos horas, este dato representa un crecimiento de 42 por ciento del número desaparecidos diarios con relación al sexenio anterior. Desafortunadamente,  más allá de los datos oficiales, la situación del país podría ser aun peor en la materia, otras organizaciones señalan la probabilidad de hasta 40 mil desaparecidos en el país, es decir, casi el doble del dato oficial.8

Esta radiografía de la inseguridad en el país confirma que de manera sistémica todo el país se encuentra asediado por la inseguridad. Se trata de un problema estructural en el Estado y  que debe resolverse de fondo. Ante la escalada de violencia es indudable que México necesita una nueva estrategia de seguridad, esta debe ser integral e incluir temas como la corrupción, justicia, combate a la desigualdad y pobreza así como una necesaria reactivación económica, principalmente en las zonas de mayores problemas. El objeto de estos cambios deberá ser regresar la seguridad a la ciudadanía en una auténtica política de Estado -donde todos los sectores de la sociedad estén considerados- y con visión de largo plazo. No podemos negar que en este esfuerzo, un papel de relevancia lo tendrá la participación de los tres órdenes de gobierno. Frente al negro panorama que nos revela la ENVIPE 2014, es impostergable que las autoridades lleven a cabo la modificación de manera inmediata así que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Publica y como consecuencia  del aumento exponencial de la violencia y la inseguridad en el país, analice y modifique el enfoque contenido en la actual estrategia nacional de seguridad pública para que en ella prevalezca la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos, el combate a la corrupción, mejoras al sistema de impartición de justicia, el combate a la pobreza y la reactivación económica de las zonas con mayores índices de delincuencia.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 25 de Noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1Ver cuadros en Anexos

2 Leo Zuckermann,  "El pacto y los abusos de poder", Excelsior, 06/11/2014

3 De acuerdo a Zuckermann (Opcit): "El 15 de julio recibí un boletín de prensa de esta institución que daba cuenta de todas las supuestas pruebas periciales que había realizado la procuraduría ("medicina legal, rodizonato de sodio, mecánica de hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres personas femeninas rescatadas en el lugar de los hechos") para comprobar que  "no existieron disparos a corta distancia", que "las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego", que "hubo un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó proporcional", que no tenían "indicio alguno sobre una posible ejecución", y que "los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense".

4 La suma de los porcentajes no es de 100 pues se interpreta de los datos que son los temas que más mencionó la población en general más que un rankeo de los mismos. Aun así, la seguridad es el tema que más reiterativamente preocupa a la población.

5 En http://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2014/07/29/973354

6 Cabe señalar que informaciones periodísticas del 19 de octubre de 2014, refieren que durante el sexenio de Peña Nieta han desaparecido 8 mil 334. Esta cifra de cualquier forma significaría un crecimiento del 25% de crecimiento de las desapariciones diarias (15 diarias). Se retoma la información de fuentes oficiales pues se considera que está basada en información directa. Mariana Benítez en AM,  "ONU pide a México una ley para personas desaparecidas", Viernes, agosto 29, 2014 http://amqueretaro.com/2014/08/onu-pide-mexico-una-ley-para-personas-desaparecidas/.html#sthash.Xf3f4V99.dpuf

7Segob y PGR, Comunicado de Prensa,  Personas No Localizadas, 21/08/2014 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1/1/MensajeaMediosPersonasNoLocalizadas21082014.pdf

8 Grupo de 20 organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos entregaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- de cara a la próxima revisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas de la ONU en el 2015- informes alternativos a los oficiales sobre desapariciones en el país. En ellos se señala la posibilidad de

ANEXOS

Cuadro 1. Indicadores agrupados de acuerdo a las entidades y los partidos políticos que los gobiernan

Partido Gobernante

Entidad federativa

Tasa total de prevalencia delictiva c/100 mil habitantes *

Agresión Física (%)

Delitos/Daño emocional, psicológico o físico (%)

 

Estados Unidos Mexicanos

28 224

16.3

33.4

PRI

Aguascalientes

26 784

25.8

25.4

PAN, PRD, PRD, PANAL y PEBC

Baja California

39 507

17.6

30.0

PAN

Baja California Sur

24 746

23.5

23.4

PRI

Campeche

23 710

21.5

34.2

PRI

Coahuila de Zaragoza

24 040

20.3

25.9

PRI

Colima

22 059

15.6

38.2

PRI-VERDE

Chiapas

16 445

21.8

33.2

PRI

Chihuahua

27 344

20.0

32.0

PRD

Distrito Federal

33 068

15.8

29.4

PRI

Durango

22 157

17.4

30.1

PAN

Guanajuato

27 293

26.7

31.5

PRD

Guerrero

26 002

20.2

38.9

PRI

Hidalgo

19 890

16.1

33.3

PRI

Jalisco

33 029

21.1

33.5

PRI

Estado de México

47 778

12.5

33.2

Independiente (PRI)

Michoacán de Ocampo

20 002

15.0

36.6

PRD

Morelos

26 146

15.6

34.5

PRI

Nayarit

18 535

19.7

41.5

PRI

Nuevo León

26 516

21.3

30.0

PAN-PRD-y PT

Oaxaca

16 291

19.2

37.3

PAN-PRD-CV-NA

Puebla

23 585

15.5

33.5

PRI-PANAL

Querétaro

23 554

28.2

37.8

PRI

Quintana Roo

26 519

25.8

25.9

PRI

San Luis Potosí

25 710

23.7

43.5

PAN-PRD-CV

Sinaloa

23 588

18.0

32.1

PAN

Sonora

27 395

24.2

28.7

PRD

Tabasco

22 725

21.5

34.2

PRI

Tamaulipas

17 570

11.6

39.6

PRI

Tlaxcala

21 924

20.0

46.8

PRI

Veracruz de Ignacio de la Llave

20 246

12.9

40.6

PRI

Yucatán

18 438

24.6

33.8

PRI

Zacatecas

20 863

17.4

37.3

Elaboración propia con base en ENVIPE

* La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad  federativa, entre la población de 18 años y más, residente en ésta multiplicada por 100 000 habitantes.

** La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población de 18 años y más multiplicada por 100 000 habitantes.

Cuadro 2. Indicadores agrupados de acuerdo a las entidades y los partidos políticos que los gobiernan

Partido Gobernante

Entidad federativa

Percepción de inseguridad por entidad (%)

Percepción de posibilidad de ser víctima de secuestro-extorsión por entidad (%)

Percepción principales causas inseguridad-corrupción   (%)

Percepción principales causas inseguridad-drogas  (%)

Estados Unidos Mexicanos

73.3

46.5

32.2

32.1

PRI

Aguascalientes

49.1

41.4

29.0

31.4

PAN, PRD, PRD,  PANAL y PEBC

Baja California

53.7

39.4

30.2

43.7

PAN

Baja California Sur

39.3

33.8

29.5

46.1

PRI

Campeche

58.9

48.4

32.3

34.6

PRI

Coahuila de Zaragoza

78.5

51.6

35.4

32.3

PRI

Colima

56.9

40.8

30.0

39.7

PRI-VERDE

Chiapas

62.1

35.7

29.6

32.0

PRI

Chihuahua

75.2

44.7

31.7

35.0

PRD

Distrito Federal

77.6

55.1

32.4

22.4

PRI

Durango

73.5

45.0

33.4

37.4

PAN

Guanajuato

64.8

47.4

28.9

38.4

PRD

Guerrero

78.9

43.2

28.8

34.5

PRI

Hidalgo

65.5

43.8

30.6

20.1

PRI

Jalisco

68.0

41.6

30.2

36.7

PRI

Estado de México

92.6

57.6

34.8

29.9

Independiente (PRI)

Michoacán de Ocampo

82.0

41.9

29.8

31.7

PRD

Morelos

89.0

57.5

34.2

28.1

PRI

Nayarit

51.1

37.9

32.7

37.9

PRI

Nuevo León

73.0

52.2

34.9

35.4

PAN-PRD-y PT

Oaxaca

77.1

39.6

30.2

29.6

PAN-PRD-CV-NA

Puebla

63.6

43.3

30.8

27.0

PRI-PANAL

Querétaro

38.5

36.4

25.3

34.3

PRI

Quintana Roo

67.0

44.9

33.3

34.5

PRI

San Luis Potosí

73.1

46.2

33.9

30.4

PAN-PRD-CV

Sinaloa

72.1

39.6

37.0

43.0

PAN

Sonora

57.2

44.4

37.4

45.4

PRD

Tabasco

86.1

52.8

34.6

30.9

PRI

Tamaulipas

83.9

49.4

35.1

31.8

PRI

Tlaxcala

60.0

44.4

33.7

20.9

PRI

Veracruz de Ignacio de la Llave

80.7

38.6

32.5

29.4

PRI

Yucatán

29.5

38.1

27.7

36.1

PRI

Zacatecas

80.3

43.8

33.4

31.6

Elaboración propia con base en ENVIPE

* La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad  federativa, entre la población de 18 años y más, residente en ésta multiplicada por 100 000 habitantes.

** La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población de 18 años y más multiplicada por 100 000 habitantes.

Cuadro 3. Principales promedios por subgrupos de entidades por partidos políticos

Entidades federativas por partido gobernante

Tasa total de prevalencia delictiva c/100 mil habitantes *

Agresión Física (%)

Delitos/Daño emocional, psicológico o físico (%)

Percepción de inseguridad por entidad (%)

Percepción de posibilidad de ser víctima de secuestro-extorsión por entidad (%)

Percepción principales causas inseguridad-corrupción   (%)

Percepción principales causas inseguridad-drogas  (%)

PRI

23 958

20

35

67

44

31.870

33

PAN

26 478

25

28

54

42

31.943

43

PRD

26 985

18

34

83

52

32.504

29

ALIANZA-COALICION

25 743

18

33

67

40

32.053

36





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobierno del Distrito Federal informe sobre las razones por las que se llevó a cabo una investigación ministerial en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México; las causas y sustento legal que justifican que un elemento de la policía de investigación ingrese armado a una institución educativa; así como cada uno de los acontecimientos ocurridos el 15 de noviembre de 2014, respecto del actuar de los elementos de seguridad pública del Distrito Federal en la UNAM. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados; así como las medidas de seguridad que se aplican para aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los centros penitenciarios de jurisdicción federal y estatal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y READAPTACION DE SENTENCIADOS; ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE APLICAN PARA AQUELLOS SENTENCIADOS POR DELITOS GRAVES DEL ORDEN FEDERAL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE JURISDICCION FEDERAL Y ESTATAL

“La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y READAPTACION DE SENTENCIADOS; ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE APLICAN PARA AQUELLOS SENTENCIADOS POR DELITOS GRAVES DEL ORDEN FEDERAL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE JURISDICCION FEDERAL Y ESTATAL, al tenor siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El tema de seguridad es hoy una gran preocupación, todos los países del mundo tienen esta gran enfermedad que lesiona a todas las clases sociales; a pesar de los grandes esfuerzos legislativos donde tienen su origen las políticas públicas encaminadas a detener en lo posible estas conductas antisociales. Vemos como los delitos se siguen incrementando; principalmente aquellos cometidos por la delincuencia organizada como el homicidio, secuestro, robo, extorsión, tráfico de armas, siembra y comercio de sustancias prohibidas como cocaína, entre otros, no solo los delitos están a la alza, también los sujetos que las cometen ya sea por reincidencia o como autores materiales iniciantes. De manera particular, voy a referirme a los sentenciados que cumplen una pena en algún centro penitenciario.

Es preocupante esta situación porque nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en población penitenciaria (incluyendo procesados y sentenciados), solo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India e Irán, de tal forma que  tenemos 206 reos por cada 100 mil personas en promedio.

El número de presos puede aumentar o disminuir con una mayor o menor impunidad y por la falta de eficacia en la impartición de justicia; en México únicamente se castigan 2% de los delitos cometidos, ya que los mecanismos de control están debilitados por corrupción, sobrecarga de trabajo en los juzgados y vicios por parte del personal que labora en los ministerios públicos y juzgados de todos los ámbitos, recientemente con la integración de la causa penal o por violaciones al debido proceso (caso Florence Cassez y Rafael Caro Quintero).

Al Estado mexicano le cuesta por la manutención (alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, uniformes, mantenimiento, etc.) un aproximado de $140 al día por interno, si estimamos una población cercana a 240 mil reclusos se genera un gasto al erario de 33.6 millones de pesos diarios; para algunos gobiernos locales sus internos les cuesta menos, como en Jalisco que estiman una gasto de 40 pesos aproximadamente. De los gastos de manutención se debe mencionar que cada año se gastan en promedio unos 2,000 millones de pesos en la manutención de presos no sentenciados, la mitad de ellos quedará en libertad por falta de pruebas o por declararse su inocencia.

Otras cifras que se tienen y que también forman parte de las erogaciones federales y estatales son en cuanto a la investigación durante el proceso penal, cada causa penal tiene un gasto de $4,330; el costo de cada juicio es de $14,500; la defensa pública y el trabajo social es de $541.83 (tomando en cuenta que el 50% de los internos procesados tiene un defensor público).

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en su Reporte de Delitos de Alto Impacto de enero de 2014publicó un análisis puntual y objetivamente de la estadística oficial más recientemente publicada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)1.

En el análisis del primer año de gobierno de la administración del Presidente Peña Nieto y la de diversos gobernadores electos en 2012, las múltiples promesas en materia de seguridad pública pronunciadas a lo largo de sus campañas, sólo fueron buenos deseos; con el paso del tiempo, se han convertido en recuerdos, pues aún continuamos observando incrementos de la criminalidad. En el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano se puede apreciar que de diciembre de 2013 a enero de 2014, aumentaron 5.60% en las denuncias de secuestro, 10.36% las de extorsión, 0.94% las de robo con violencia, 1.81% las de robo de vehículo, 3.60% las de robo a casa habitación y, por último, 1.22% las de robo a negocio. En resumidas cuentas, seis de los ocho delitos de alto impacto social registraron un comportamiento a la alza durante el primer mes de 2014.2

En 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los datos sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, los datos corresponden a 2013, entre los delitos cometidos reporta una cifra de 3´272,178 denuncias al Ministerio Público, en sólo 2´050,550 se inició una averiguación previa, y en 973,859 no se inició la averiguación. Quizás lo alarmante no son las cifras de los delitos que tuvo conocimiento el Ministerio Público, sino las cifras de los delitos que no se denunciaron las cuales ascienden a 29´783,719; es decir el 90% de los delitos no se denuncian, de un total de 33´090,263 delitos cometidos en todo el 2013 en el ámbito local o federal.3

El 2014 se ha caracterizado por múltiples eventos críticos en la materia de seguridad pública, que evidencian la probable corresponsabilidad de la delincuencia organizada con servidores públicos de los tres niveles de gobierno, me refiero al municipal, estatal y, en casos particulares, al federal. La compleja situación de Michoacán, por el dominio de la delincuencia y el surgimiento de grupos de autodefensa que han tomado el control de diversos municipios; de los homicidios de periodistas en Veracruz y Oaxaca; del hallazgo de fosas clandestinas con decenas de cuerpos en Jalisco, Coahuila (Allende), Tamaulipas y lo más reciente e insólito para la comunidad internacional, pero también para nuestro país, fue el caso de Ayotzinapa, Guerrero, que dio a la luz la violaciones graves a los derechos humanos y un sin fin de delitos del orden común y federales. Como consecuencia de nexos de las autoridades con la delincuencia organizada. Pese a la captura de importantes líderes como Dionicio Loya Plancarte y la detención de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, entre otros líderes, el control por las plazas es algo común al fragmentarse, tienen la obligación de reclutar gente que jamás ha delinquido, pero también obligan a las personas que en algún momento pugnaron una pena en un centro penitenciario.

Solo quiero destacar y hacer público que los programas de readaptación de los centros penitenciarios no están cumpliendo con su objetivo, de ahí que los sentenciados por delitos de bajo impacto egresan con nuevas formas delictivas y lejos de incorporarse a la sociedad, incursionan con mayores conocimientos que propician aun más su reincidencia en los centros penitenciarios, de ahí mi preocupación como Senadora de la República para conocer la eficacia y eficiencia en los programas de READAPTACION, para que los Centros Penitenciarios no sean academias delictivas.

Por otro lado, recientemente la Secretaría de Gobernación editó y publicó los avances en la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene por objeto reducir los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que ocurran actos violentos y delictivos; asimismo, fortalecer los factores de protección frente a los mismos. Es decir, implementa acciones y estrategias de prevención social de fondo, para que el Estado sume la participación activa de TODOS LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD, en un diseño, implementación y evaluación integral de seguridad ciudadana.

El programa tiene cinco objetivos particulares y son:

1) Incrementar la corresponsabilidad y participación de la ciudadanía.

2) Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en poblaciones prioritarias.

3) Generar entornos que favorezcan la convivencia.

4) Fortalecer las capacidades institucionales para la prevención social.

5) Asegurar una coordinación efectiva.4

En la misma publicación establecen factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, los de mayor índice se encuentran los relacionados a las actividades individuales como la falta de estudio, la baja capacidad de resolución de conflictos, embarazo temprano, la falta de empleo, violencia en el noviazgo, entre otros.5

A este factor debe sumarse la escaza efectividad de los sistemas de rehabilitación por parte de los centros penitenciarios, tanto locales como federales, es aquí en estos centros donde se fortalecen las asociaciones delictivas de aquellos sentenciados por delitos no graves o de bajo impacto, donde tienen un vínculo con los grandes líderes de los cárteles de la droga y organizaciones dedicadas al secuestro y la extorsión. La estancia corta de las personas que están en proceso o sentencia, los hace presa fácil para incursionar en las grandes esferas delictivas.

Mi exhorto al Ejecutivo Federal es que se informe a esta Soberanía sobre la exclusión de los programas de readaptación en los centros penitenciarios, del por qué no forman parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ya que la readaptación sirve para la reinserción social de las personas recluidas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Soberanía sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados; así como las medidas de seguridad que se aplican para aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los Centros Penitenciarios de jurisdicción federal y estatal.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que rinda al Senado un informe detallado y justificado, explicando las causas por las cuales los programas implementados por los Centros Penitenciarios de jurisdicción federal han sido excluidos del “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-2014”, ya que la prevención debe ser integral.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

1 Observatorio Nacional Ciudadano, Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto, enero 2014.

2Ibidem. Pág. 9

3 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE). Tabulados básicos.

4 Secretaría de Gobernación, Avances en la Implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014. Pág. 8

5Ibidem. Pág. 9