Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 30 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 24

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Noviembre de 2014

SUMARIO                                              


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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores Martha Elena García Gómez, por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género.

Para la discusión en lo general, intervienen los CC. Senadores Héctor Larios Córdova, David Monreal Avila, Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández y Fidel Demédicis Hidalgo. Se inserta intervención de la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Los CC. Senadores Héctor Larios, Mariana Gómez del Campo, Francisco Domínguez Servién, Luisa María Calderón Hinojosa, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Daniel Avila Ruíz y Fernando Yunes Márquez, entregaron una propuesta de modificación a los considerandos cuarto y sexto de la parte expositiva del dictamen. El C. Senador Héctor Larios Córdova hizo uso de la palabra e informó del retiro de la misma.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibió sendas peticiones de Senadores del PRI y del PAN, que solicitan se acumulen al expediente del dictamen, como documento anexo. La Asamblea autorizó su acumulación al expediente y el Presidente informa que se integrarán al Diario de los Debates. Se remite al Ejecutivo Federal.


































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

APERTURA

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: (11:43 horas) Buenos días. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 82 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del jueves 6 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y siete minutos del martes cuatro de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que del 14 al 30 de noviembre de 2014 se realizará un intercambio de adiestramiento de Operaciones en Selva entre elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano e integrantes de la Legión Extranjera Francesa, que se impartirá a los elementos del ejército mexicano en la Guyana Francesa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Se remitió a las Comisiones Contra la Trata de Personas y de Derechos Humanos.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2014. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2014; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Tercer Informe Trimestral, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

La Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Minería.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 137 bis 5 de la Ley Aduanera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el numeral 6 del artículo 232 y el numeral 8 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Intervinieron los Senadores: Félix González Canto, por la comisión, para presentar el dictamen; y Margarita Flores Sánchez del PRI, a favor. Fue aprobado el proyecto de decreto por 91 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se solicita al poder judicial de cada una de las entidades federativas realizar los convenios necesarios con las instancias correspondientes que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.- Intervinieron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Roberto Albores Gleason del PRI, a favor; Mónica Arriola Gordillo, a favor; y Luisa Calderón Hinojosa del PAN, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Isidro Pedraza Chávez retiró su propuesta de modificación. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en las unidades de estudio de la Encuesta Intercensal 2015 dar una mayor cobertura conceptual a la población afromexicana o afrodescendiente para conocer sus características socioeconómicas, demográficas, así como su distribución en el territorio nacional.- Intervino la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones llevadas a cabo por el Consulado de México en Vancouver, en el caso de la mexicana Lucía Dominga Vega Jiménez.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para que pueda considerar la creación de un tipo especial de visa en caso de separación prolongada de un familiar en los Estados Unidos.

3) Por el que el Senado de la República se adhiere a las diversas organizaciones y legisladores del país vecino para exhortar al gobierno de Estados Unidos de América a fin de que se frenen las deportaciones masivas de migrantes mexicanos, hasta que la aprobación de un texto de reforma migratoria determine los canales legales de ingreso a ese país.

4) Por el que el Senado de la República condena de manera enérgica las acciones realizadas por el gobierno del estado de Texas mediante las que convocó a la integración de un cuerpo de la Guardia Nacional de Texas y el despliegue de los primeros elementos del mismo en días recientes, con objeto de reforzar la frontera con México.

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el proceso de su intervención en el caso del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado en Texas, Estados Unidos.

6) Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban al congreso de los Estados Unidos a dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Avena.

Intervinieron las Senadoras: Marcela Guerra Castillo, por la comisión, para presentar los dictámenes; Fidel Demedicis Hidalgo del PRD, a favor; y Layda Sansores San Román del PT, a favor. Los puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se declara la improcedencia de la petición de Consulta Popular suscrita por diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, relativa a la expedición de una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del artículo 127 Constitucional.- Intervinieron los senadores: Luis Sánchez Jiménez del PRD, en contra, quien presentó propuesta de modificación; Héctor Larios Córdova del PAN, en contra; Zoé Robledo Aburto del PRD, en contra; Roberto Gil Zuarth del PAN, en contra; Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; David Penchyna Grub del PRI, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; y Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. La propuesta de modificación del Senador Luis Sánchez Jiménez, no se admitió a discusión. El dictamen fue aprobado por 44 votos a favor y 40 en contra. En consecuencia, se archivó el asunto y quedó como totalmente concluida la petición de consulta popular presentada por diversos senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática relativa a la expedición de una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por lo que respecta al resolutivo segundo del dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva emitió atento exhorto para su dictamen a la Cámara de Diputados con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que no procede declarar la desaparición de poderes en el estado de Guerrero.- Intervinieron los Senadores: Omar Fayad Meneses, por la comisión, para presentar el dictamen; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; Layda Sansores San Román del PT, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; Graciela Ortiz González del PRI; Dolores Padierna Luna del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica. El asunto quedó como totalmente concluido.

(Efeméride)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se declara el día 2 abril “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de fortalecer el principio de transparencia en los procedimientos de contratación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

De los Senadores Teófilo Torres Corzo y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de bioseguridad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Sexto denominado "Del Procedimiento al Resultado Vinculante de la Consulta Popular" y un artículo 279 Bis y un 279 Ter al Título Sexto "De los Procedimientos Especiales" del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de delitos electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4º. y 5º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 BIS y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 3º de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo 2014.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una planeación sectorial integral y, a su vez, un análisis amplio de las políticas aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas, reconsiderando la adopción a la política aeronáutica de “cielos abiertos” y creando una estrategia de liberalización, a mediano y largo plazo, de los cielos mexicanos, con el propósito de fortalecer dicha industria y sea competitiva internacionalmente.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo una revisión integral de su estrategia económica y su política social con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a realizar las acciones necesarias para decretar como área natural protegida el sistema lagunar de Catazajá.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Manuel Bartlett Díaz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Avila, Martha Palafox Gutiérrez y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrogar el decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades en materia de salud a la elaboración de una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que sugiere al titular del Poder Ejecutivo Federal efectuar las acciones pertinentes para la implementación de un programa de entrega de bicicletas a estudiantes de los niveles secundaria y bachillerato, principalmente a aquéllos que por motivos de traslado se ubiquen en situación de riesgo de deserción escolar.- Se turnó a la Comisión de Educación.

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación a explicar la metodología de la contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el gasto de inversión física, que permita comprender el diferencial existente respecto de los datos publicados por INEGI; asimismo, realizar una auditoría especial al gasto que realizan los estados y municipios, en razón de los recursos federales destinados a infraestructura.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner en libertad a los ciudadanos cubanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones que corresponda para reducir el tiempo que tome la rehabilitación, actualización y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo e informe a esta Soberanía respecto a los datos y estudios técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con el programa de mejoramiento del Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía para que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, promuevan o, en su caso, fortalezcan políticas públicas, acciones y programas que permitan la creación de fuentes de empleo y acceso al mercado laboral para combatir el desempleo juvenil.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno en torno a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar acciones a favor de la práctica de actividad física y deporte, así como de una adecuada alimentación a fin de combatir y disminuir el porcentaje de obesidad en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a crear una campaña de comunicación dirigida a las instituciones federales, estatales y municipales, para desarrollar una cultura de respeto y tolerancia de los servidores y funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades, son grabados por ciudadanos, lo cual no constituye un delito.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a los probables actos de corrupción del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la entidad, a fin de deslindar responsabilidades.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a agilizar los pagos pendientes por concepto de devolución del impuesto al valor agregado a favor de los contribuyentes.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la localización de hidrocarburos y gas lutita de pemex que entregará a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la exportación de crudo extra ligero.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicaciones respecto a las radios comunitarias y los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar las acciones pertinentes a fin de dar respuesta puntual a cada una de las recomendaciones emitidas para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres en la entidad.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la SEMARNAT y a la SAGARPA a realizar estudios sobre la repercusión y evaluación de las afectaciones del cambio climático a las actividades pesquera y acuícola nacional y se elabore un “atlas de riesgos” para dichas actividades.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las acciones necesarias para erradicar los secuestros de migrantes en la frontera sur del país y a garantizar una política de asistencia humanitaria en materia de migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe en relación al proceso de licitación para la compra de las luminarias del programa “Iluminamos tu Ciudad”.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Federación y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los recursos otorgados por el Estado mexicano a la Refinería Bicentenario.- Se turnó a la Comisión de Energía.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el costo total de la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el impacto financiero en las finanzas públicas de la entidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el procedimiento que se sigue en contra del proyecto Dragon Mart en el estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reforzar las acciones emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, del estado de Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De los Senadores María Alejandra Barrales Magdaleno y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia física a sus sesiones de Pleno, así como respecto de las acciones para garantizar, asegurar y ponderar el cumplimiento del principio de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información pública.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Gabriela Cuevas Barrón, David Monreal Avila, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos Lanz y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma al punto de urgencia aprobado por la Unión Interparlamentaria sobre “El papel de los parlamentos en apoyo de una respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la epidemia del ébola y adoptar las leyes que permitan responder y prepararse eficazmente para la epidemia del ébola y otras enfermedades infecciosas”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a suspender el proceso de licitación del Tren México-Querétaro, por considerar que la propuesta única del consorcio registrado no garantiza las mejores condiciones económicas para el estado al exceder en más de 10 mil millones de pesos el techo financiero propuesto por el gobierno.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la inclusión de México en la lista de países que se han unido a los Estados Unidos de América contra el Estado Islámico y sobre la vulnerabilidad en que se ha colocado a los mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las acciones necesarias a fin de hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el estatus y acciones realizadas respecto al derrame de la mina "Dos Señores", ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los avances de la estrategia Sin Hambre e investigar el presunto manejo de programas sociales con fines electorales.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a ordenar una investigación pronta, expedita y transparente en contra del ex gobernador y el ex secretario de Salud de la entidad, por actos u omisiones que derivaron en diversas irregularidades en el Instituto de Salud Pública de ese estado entre 2011 y 2012.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

Del Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación al comprobante fiscal digital.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al procedimiento de evaluación, selección y designación de las propuestas para integrar los organismos públicos locales electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Instituto de Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a instrumentar e impulsar acciones contundentes a favor del bienestar, igualdad, protección, así como fomentar una cultura de sensibilización para prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

De los Senadores Roberto Gil Zuarth y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar un programa de apoyos e incentivos fiscales para los proveedores y contratistas del estado de Michoacán sujetos del incumplimiento de pagos y al gobierno del estado de Michoacán a priorizar el pago a proveedores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe en el que se explique la metodología que se aplicó para estimar los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal de 2015, así como los datos y los cálculos específicos utilizados en dichas estimaciones.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Blanca María Del Socorro Alcalá Ruíz e Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud llevar a cabo una campaña de prevención, detección y atención del cáncer de mama en hombres a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances y estatus actualizado en el que se encuentra la elaboración y, en su caso, publicación del Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático establecido por la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a fomentar la creación de programas dirigidos específicamente a las personas de talla pequeña, con el fin de promover su inclusión laboral.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que, en coordinación con el titular del Instituto Estatal de Educación Pública del estado, garantice y mejore la impartición de clases a nivel básico y medio superior, proporcionando una educación de calidad, continua y gratuita que combata el analfabetismo de la población.- Se turnó a la Comisión de Educación.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar si las autoridades de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo cumplen con los requisitos legales en la construcción de obras urbanas.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a distintos órdenes de gobierno tomen acciones en el caso de la ciudadana Nestora Salgado García, por las posibles violaciones a sus derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a informar las causas por las cuales el contrato de arrendamiento y mantenimiento para los trenes de la Línea 12 del Metro, otorgado a la Empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, se realizó con un tipo de cambio fijado en 16.75 pesos por dólar.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre las acciones tendentes al fortalecimiento de la aeronáutica nacional, así como de la posibilidad de adoptar una política de “cielos abiertos” para nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la atención de todas las etapas del cáncer de pulmón de células no pequeñas y su tratamiento al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Nuevo León a informar sobre la normatividad y el por qué resulta necesaria la Policía Militar.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Itzel Sarahí Ríos de la Mora e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar programas y acciones que permitan la inclusión plena y efectiva de las personas de talla pequeña en la sociedad; asimismo, a la titular de la Secretaría de Salud a adoptar las medidas e instrumentos necesarios para la atención de enfermedades relacionadas con la acondroplasia.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Armando Ríos Piter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto a medidas de prevención del Estado Mexicano frente al virus del ébola.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a solicitar al titular de la Auditoría Superior del estado a llevar a cabo una auditoría integral de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el período comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse en pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos detenidos en la ejecución del Programa Integral Frontera Sur para Migrantes.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Alejandro Tello Cristerna, Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado Carrillo, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Oscar Román Rosas González, Francisco Búrquez Valenzuela, Ismael Hernández Deras, Mely Romero Celis, Claudia Pavlovich Arellano, Raúl Pozos Lanz, Hilda Esthela Flores Escalera, Blanca Alcalá Ruíz, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Fidel Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez Hernández, Gerardo Flores Ramírez, Martha Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se etiquete la asignación de recursos para la creación y operación del repositorio nacional, así como los recursos que sirvan para fortalecer a los repositorios institucionales, bancos de datos y sistemas de información.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el issste y el imss, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones privadas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a agilizar y efectuar las diligencias necesarias para aclarar y precisar las circunstancias del deceso del estudiante Ricardo de Jesús Esparza Villegas, quien fuera encontrado sin vida en condiciones no esclarecidas en el patio de un inmueble de la ciudad de Guanajuato.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico “Trudy” en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se asignen 250 millones de pesos adicionales al presupuesto programado para la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que éstos se destinen al Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González, ya que dicha institución presta servicios hospitalarios y de salud pública a más de medio millón de pacientes al año.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, por su incompatibilidad con los derechos humanos y porque su aplicación ha estado produciendo resultados desastrosos como parte de la llamada guerra contra las drogas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en materia de diagnóstico, tratamiento y cobertura de la fibrosis quística.- Se turnó a la Comisión de Salud del Senado los resolutivos primero al quinto y a la Cámara de Diputados del sexto.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar las causas del derrame de hidrocarburos de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Félix Arturo González Canto, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo a fin de promover el incremento de recursos destinados a la prestación de servicios turísticos con accesibilidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación a la Sra. Dilma Vana Da Silva Rousseff, por haber sido reelecta al cargo de Presidente de la República Federativa de Brasil.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita recursos a la Cámara de Diputados para fortalecer la actividad turística del estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cuatro minutos y citó a la siguiente el jueves seis de noviembre a las once horas.

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si es aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Se aprueba el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite su informe de actividades conjuntamente con la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, durante el 57º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado del 13 al 22 de marzo del año en curso, en Viena, Austria.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 2014, con el objeto de participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y realizar una visita de Estado a la República Popular China, así como para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, en Brisbane, Australia, atendiendo a la invitación de los gobiernos de ambos países.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el que remite un proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.




 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: El anterior asunto túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Este asunto actual, túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27 Y 28 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los CC. Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Nuestro país ha suscrito 1,361 tratados internacionales, 727 de ellos tienen un carácter bilateral, y 634 de orden multilateral.

México, aparentemente, ha mostrado su compromiso en la escena internacional, con la suscripción de ellos. Y ha centrado buena parte de los esfuerzos de la política exterior para colocarse frente al mundo, como un país con un relativo e interesado en la construcción de acuerdos.

Esto ha sido un acierto, porque ha hecho creíble el interés de México en muchas materias; ha generado transformaciones muy favorables en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, el comercio, la educación, la alimentación, el combate a la desigualdad, la justicia, cooperación, entre muchos otros.

La realidad es que muy pocos sabemos, los mexicanos, a ciencia cierta, de los resultados que hemos tenido de manera tangible. Y cuál ha sido el seguimiento que ha dado nuestro gobierno a nivel federal y los de las entidades federativas a esos 1,361 tratados.

Y lo que menos deseamos, los Senadores mexicanos, es que estos tratados terminen siendo letra muerta.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, Decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales. Así como también establecer el Banco de Datos correspondiente.

Hoy es muy sencillo y accesible consultar vía Internet todos estos documentos, gracias al Portal Orden Jurídico.

Pero lo que no establece de manera clara la Ley Orgánica, es que será la misma Secretaría de Gobernación, la responsable de crear los canales de comunicación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, en materia de cumplimiento con los tratados internacionales.

Con esto queremos decir, que la ley se está quedando corta.

Por lo que respecta a la Cancillería, en materia de celebración de tratados, la cual se propone abrogar por la minuta remitida por la Cámara de Diputados, relativa a la unión de ésta, con la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en su artículo 6º establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y su responsabilidad de formular una opinión sobre la suscripción y registro correspondiente; pero no señala que se llevará a cabo un seguimiento puntual sobre el cumplimiento de cada tratado o acuerdo internacionales, al que se adhiere el Estado mexicano.

Sigue prevaleciendo aquí un vacío, una laguna que imposibilita la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, sencillos, transparentes y accesibles para que los mexicanos sepamos qué resultados se han obtenido, qué nivel de avance en su implementación y cumplimiento y qué repercusiones ha tenido en su vida diaria la suscripción de un tratado internacional.

En seguimiento, algunas recomendaciones hechas por la Auditoría Superior, que dejaré en el Diario de los Debates, el documento en su totalidad.

Es importante, primero, que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda contar con un sistema de información integral y automatizada, que de manera oportuna y amplia resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones sobre el cumplimiento de los tratados internacionales, incluso, que le permita planear a mediano plazo.

Segundo. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con procedimientos administrativos que normen el registro de los tratados internacionales, donde se incorporen que sea obligatorio asentar sus objetivos, la periodicidad con que se deben atender cada uno de los compromisos suscritos, las unidades responsables del seguimiento y, en su caso, el cumplimiento realizado a los instrumentos jurídicos internacionales en el ámbito de su competencia.

Y tercero, y último. Urge también que las dependencias federales, encabezadas por la Cancillería, establezcan en sus programas de corto y mediano plazo, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados obtenidos en la armonización de la legislación nacional, con los tratados internacionales de los que México forma parte.

Con esta iniciativa, lo que estamos buscando es poderle dar seguimiento a los tratados internacionales, que no son pocos, estamos hablando de 1,361 tratados internacionales, y que todos podamos tener acceso al seguimiento de los mismos, que los ciudadanos sepan en qué consisten y puedan también revisar si se están cumpliendo con los objetivos y con las metas que la Cancillería y el gobierno mexicano se plantea, cuando se habla de tratados internacionales.

Agradezco a los Senadores que se suscribieron a esta iniciativa, y todo esto es para mejorar nuestras relaciones exteriores, y que se vea claro que estamos trabajando muy fuerte desde el Senado de la República.

En especial, agradezco a mi buen amigo, el Senador López Brito.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, ERNESTO CORDERO ARROYO, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, JOSE ROSAS AISPURO TORRES,Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Marco Jurídico Internacional

Las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 fueron elaboradas  por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas con el principal objetivo de codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y desarrollarlo progresivamente. La Convención de Viena de 1969 cristalizó el derecho internacional de los tratados. Posteriormente, la Convención de Viena de 1986, denominada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, fue elaborada para complementar la de 1969. Así, estas últimas dos convenciones rigen el derecho internacional en material de tratados.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969

México firmó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados el 23 de mayo de 1969, aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1972 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975. Dicha Convención entró en vigor a nivel internacional hasta el 27 de enero de 1980, fecha en que se alcanzaron las primeras treinta y cinco ratificaciones.

Esta convención rige el derecho de los tratados entre Estados, sin menoscabo de los aspectos que siguen rigiéndose a través del derecho consuetudinario internacional.

Entre sus principios se encuentran la normapacta sunt servanda, establecida en el artículo 26, que a la letra dice:

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Además, con respecto a la observancia de los tratados, se establece que:

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

Aunado a ello, en la Parte III, Sección Segunda de la Convención, se codifican las obligaciones en cuanto a la aplicación de los tratados.

29. Ambito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.

En la Sección Tercera, sobre interpretación de los tratados destaca el artículo 31, que establece también el principio de buena fe.

31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

En suma, los Estados Unidos Mexicanos están obligados como Estado parte de la Convención de Viena de 1969 a cumplir de buena fe en todo su territorio las disposiciones a las que se compromete, y sin invocar el derecho interno como motivo de incumplimiento.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales no ha entrado en vigor a nivel internacional, debido a que el artículo 85 señala que surtirá efectos el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión por los Estados, y actualmente sólo ha sido ratificada por 31 de los 35 Estados requeridos.

Aún así, este instrumento ya genera obligaciones para los Estados firmantes. México se ha adherido a ella, aprobándose el 11 de diciembre de 1987 por el Senado de la República y, posteriormente, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1988.

Con esto, México reafirmó su apego al derecho internacional y a los principios derivados de éste para vincularse con otros Estados, y como novedad de esta convención en particular, con las organizaciones internacionales.

2. Marco Jurídico Nacional

En el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las facultades exclusivas del Senado de la República, una de ellas determina que le corresponde:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

En cuanto a Tratados Internacionales, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

En este sentido, derivado del Juicio de Amparo en Revisión 120/2002 y de conformidad con el principio de “Supremacía Constitucional” la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)1, emitió tres criterios de tesis en torno a la interpretación de los tratados internacionales siguientes: a) la interpretación de las leyes generales a que refiere el artículo 133; b) la Constitución General de la República, las leyes generales que emita el Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la “Ley Suprema de la Unión”; y c) la tercera tesis que ubica a los tratados internacionales debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, atendiendo al principio fundamental de derecho consuetudinario “pacta sunt servanda”, del que derivan las obligaciones contraídas por nuestro país, no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno. De esta forma, los tratados internacionales se convierten en derecho interno y, por lo tanto, pueden ser invocados ante los tribunales.

Del análisis al marco normativo que rige la operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se establece que para la conducción de la política exterior y para el cumplimiento de los tratados internacionales, la dependencia se organiza mediante los procesos administrativos de planeación, registro, armonización jurídica, coordinación, ejecución, control y evaluación.2

3. Complimiento de los compromisos adquiridos por México a través de los tratados internacionales

En la actualidad México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 45 países, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y 9 Acuerdos de Alcance Limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

De carácter general se cuenta con:

1. Carta de la Organización de los Estados Americanos

2. Carta de las Naciones Unidas

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica

4. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969

5. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas

6. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

7. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

8. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San  Salvador.

9. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte.

En materias específicas se cuenta con:

● 4 Convenciones sobre Asilo

● 3 Convenciones, 4 Convenios y 2 Protocolos sobre Derecho Internacional Humanitario

● 2 Convenciones sobre Desaparición Forzada

● 1 Protocolo y 2 Convenciones sobre Personas con Discapacidad 

● 1 Declaración y 3 Convenciones sobre Discriminación Racial

● 2 Convenciones sobre Educación Y Cultura

● 1 Protocolo Y 2 Convenciones sobre Esclavitud 

● 1 Convención sobre Genocidio

● 4 Enmiendas, 2 Acuerdos, 18 Convenios y 7 Protocolos sobre Medio Ambiente

● 7 Convenciones, 1 Enmienda y 2 Protocolos sobre Menores

● 1 Acuerdo, 1 Conferencia, 1convención, 1 Constitución sobre Migración Y Nacionalidad

● 2 Convenios sobre Minorías y Pueblos Indígenas

● 10 Convenciones, 1 Convenio y 2 Protocolos sobre Mujeres

● 1 Acuerdo, 2 Convenciones, 1 Estatuto y 1 Protocolo sobre Derecho Penal Internaciona

● 3 Actas, 1 Acuerdo, 4 Arreglos, 7 Convenciones, 6 Convenios, 1 Modificación y 4 Tratados sobre Propiedad Intelectual

● 1 Convención y 1 Protocolo sobre Refugiados

● 1 Convenio, 1 Código Sanitario y 1 Protocolo sobre Salud

● 2 Convenciones, 1 Declaración, 1 Enmienda y 1 Protocolo sobre Tortura

● 1 Acuerdo, 1 Convención y 29 Convenios sobre Trabajo3

Este conjunto de instrumentos, entre los muchos otros que ha ratificado México, obligan al Estado a cumplir sus compromisos contraídos, sin embargo esto no se traduce en la adecuación de la legislación nacional o en la implementación de programas ad hoc para su cumplimiento.

Esto, en parte se debe a que no se lleva a cabo un seguimiento puntual sobre el cumplimiento de cada tratado o acuerdo internacional al que se adhiere el Estado. No se sabe el grado de avance en el cumplimiento o las autoridades responsables de ejecutar los mecanismos para ello. Además, la ley no responsabiliza de manera clara a ningún ente gubernamental para que dé cabal cumplimiento a los compromisos contraídos por nuestro país en el ámbito internacional.

Cabe señalar que la Ley sobre la Celebración de Tratados (la cual se propone abrogar por la Minuta remitida por la Cámara de Diputados, relativa a la unión de ésta con la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica), en su artículo 6°establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y su responsabilidad de formular una opinión sobre la suscripción y registro correspondiente. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 10 refiere que la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal, para cumplir con sus acuerdos y órdenes. Asimismo, el artículo 28 señala que la Secretaría de Gobernación, compilará y sistematizará las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, de esta manera, no queda claro en la legislación quién es el responsable de la sistematización de información en cuanto al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante tratados internacionales.

En este sentido, se tiene la referencia de la auditoría practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF)4 en 2012a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y de Marina, mediante la cual se señala que nuestro país no ha cumplido muchos de los compromisos internacionales que ha firmado. Ante ello, se asevera que la Cancillería carece de instrumentos que aseguren la observancia de los 62 tratados o convenios y acuerdos en materia ambiental. Además se señala que, entre otros temas, no se ha cumplido con los tratados internacionales en vigor sobre desapariciones forzadas. La auditoría declara que las Secretarías de Estado, institutos y comisiones nacionales no tienen claro sobre qué tipo de acciones son responsables.

La Auditoría Superior de la Federación hizo un análisis de la eficiencia, la eficacia y la economía con las cuales se dio cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los 1,361 tratados internacionales registrados a esa fecha por la SRE.

Para la eficiencia, se revisó el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano plazo establecidos en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012, así como los procesos de planeación, registro, armonización, coordinación, control y evaluación para acatar los tratados internacionales en las 20 direcciones generales que la SRE informó como responsables del seguimiento y, en su caso, el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales.

En el proceso de evaluación de la eficiencia en la planeación de las acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales, se encontró que la principal problemática radica en “el seguimiento y la falta de información para la verificación de su cumplimiento”. Se destaca lo siguiente:

● No se cuenta con  mecanismos para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

● Descoordinación con las instancias federales, principalmente en materia de seguridad pública y derechos humanos.

● México tenía suscritos a esa fecha 1,361 tratados internacionales y, de acuerdo al   “Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012”, no se tiene información del seguimiento de la mayoría.5

● En 17 de los 20 programas anuales de trabajo de las direcciones generales de la SRE –el 85 por ciento–, no se incluyeron actividades, metas e indicadores que dieran cuenta del cumplimiento de los tratados internacionales.6

● Los únicos programas que establecieron metas fueron los que corresponden a las secciones mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas.7

● En materia de derechos humanos, el Informe Sombra de 2010, referente a la discriminación contra la mujer, señaló deficiencias de la SRE en cuanto a la difusión e información a funcionarios públicos y organismos estatales sobre los acuerdos adquiridos.

● En 2012, se registró que sólo 4 de las 18 direcciones generales de la SER elaboraron procedimientos administrativos para normar la negociación, seguimiento y actualización de los tratados correspondientes.8

De la coordinación de acciones para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales, se desprende que en el 2012 la SRE realizó la coordinación entre las unidades administrativas de la dependencia mediante comunicados entre ellas. Mediante fichas de información que documentan las reuniones de trabajo realizadas con servidores públicos responsables en las 18 direcciones generales donde se realizaron las entrevistas correspondientes, la SRE señaló a la ASF que no existe un lineamiento que norme la coordinación entre las direcciones generales y que se utilizó el sistema denominado “Fichas para Reportar Acciones de Coordinación de Actividades en Materia de Tratados” como mecanismos de coordinación para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, en el cual no se muestra un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones.

Por lo tanto, dentro de la valoración de las acciones realizadas para evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales, la ASF constató que la SRE careció de procesos documentados para evaluar el desempeño de las acciones realizadas por sus direcciones generales en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales.

En el 2012, de acuerdo a la matriz de riesgos de la ASF, se verificó que la SRE no contó con una metodología implementada para administrar los riesgos que se pudieran presentar en el cumplimiento de los tratados internacionales, ya que no contó con un procedimiento para determinar la forma en que los riesgos deben ser identificados, evaluados y administrados.

En lo que respecta a la eficacia, se verificaron las acciones realizadas en 2012 por la SRE para dar cumplimiento a las obligaciones suscritas por el Estado mexicano en los tratados internacionales vigentes hasta ese año. En este rubro, dentro de la condición de la política exterior para el cumplimiento de los compromisos internacionales, en el 2012 México tenía suscritos 1,361 tratados internacionales: 727 bilaterales (el 53.4 por ciento) y 634 multilaterales (el 46.6 por ciento).

Como resultado de la revisión del registro de los tratados internacionales se determinó que se carece de información para identificar los compromisos asumidos en cada uno de los 1,361 tratados, así como para distinguir los de atención por única vez y los de atención periódica; los que se han cumplido; y los que están próximos a cumplirse en un periodo determinado, tanto en los que la secretaría es ejecutora, como en los que las dependencias y entidades de la APF son responsables de cumplir dichos compromisos.

Dentro del rubro de Recomendaciones al Desempeño, la ASF hace referencia a los siguientes aspectos:

1. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la factibilidad de establecer un sistema de información integral y automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones sobre el cumplimiento de los tratados internacionales.

2. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores considere evaluar la pertinencia de formular procedimientos administrativos que normen el registro de los tratados internacionales, donde se incorpore la obligatoriedad de asentar sus objetivos, la periodicidad con que se deben atender cada uno de los compromisos suscritos, las unidades responsables del seguimiento y, en su caso, el cumplimiento realizado a los instrumentos jurídicos internacionales, en el ámbito de su competencia.

3. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la factibilidad de establecer un sistema de información que le permita conocer el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción que se establezcan en la planeación de mediano plazo.

4. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores considere establecer en sus programas de corto y mediano plazo, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados obtenidos en la armonización de la legislación nacional con los tratados internacionales de los que México forma parte.

La ASF considera que, en términos generales, la SRE no cumplió en el 2012 con los procesos de planeación, registro, armonización jurídica, coordinación, ejecución, control y evaluación que permitieran disponer de información para determinar el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Estado mexicano. El registro de los 1,361 tratados internacionales suscritos por México carece de información para identificarlos compromisos asumidos en cada uno de los tratados; los compromisos de atención por única vez, como los de atención periódica; así como los que están programados a cumplirse en un período determinado.

Es por lo expuesto anteriormente que se busca reformar dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus artículos 27 en su fracción IV y el 28 integrando una nueva fracción dentro del mismo.

Artículo Actual

Propuesta de Reforma

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[…]

IV. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos;
[…]

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[…]

IV. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos;

IV A. Coordinar a las Dependencias del Ejecutivo Federal y establecer canales de comunicación con las Entidades Federativas, para que, de acuerdo al ámbito de su competencia den cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia internacional; asimismo, remitirá la información correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el seguimiento y análisis correspondiente.

[…]

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[…]

XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[…]

XII.-Establecer un mecanismo de control, seguimiento y grado de avance de los compromisos contraídos por nuestro país a través de tratados internacionales, el cual deberá publicar en su sitio web y actualizarlo de manera semestral.

XIII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

DECRETO

UNICO. Se reforma el artículo 27 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, agregándole una fracción y se reforma el artículo 28 agregándose un párrafo y se recorre la numeración de los párrafos subsecuentes para quedar como sigue:

TITULO SEGUNDO
De la Administración Pública Centralizada

CAPITULO II
De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[…]IV A. Coordinar a las Dependencias del Ejecutivo Federal y establecer canales de comunicación con las Entidades Federativas, para que, de acuerdo al ámbito de su competencia den cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia internacional; asimismo, remitirá la información correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el seguimiento y análisis correspondiente.

[…]

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[…]

XII.-  Establecer un mecanismo de control, seguimiento y grado de avance de los compromisos contraídos por nuestro país a través de tratados internacionales, el cual deberá publicar en su sitio web y actualizarlo de manera semestral.

XIII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

[…]

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Dado en el Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. José Rosas Aispuro Torres”

1 https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr_trat_int.pdf

2 Secretaría de Relaciones Exteriores, Marco Normativo, disponible en: http://www.sre.gob.mx/index.php/cancilleria/marco-normativo (consulta: 30 de octubre de 2014)

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014). "Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos". octubre 30, 2014, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html

5 Ibíd.

6 Ibíd.

7 Ibíd.

8 Ibíd.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TITULO II DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Aprovecho esta tribuna legislativa para poner a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley de la Economía Social y Solidaria, que entró en vigencia el pasado 23 de mayo del 2012, y cuya última modificación se registró el 11 de junio del año 2013.

Puesta en marcha dicha norma, impulsada la política pública en materia, creado el Instituto Nacional de la Economía Social y asignado su presupuesto, hemos realizado una revisión de los resultados concluyendo que su impacto ha sido muy bajo, sino es que nulo para los sujetos que constituyen el sector social de la economía nacional.

Ello es así, porque la norma y la política pública en la materia son muy débiles, lo cual se refleja en un instituto de bajo calado, que tiene un presupuesto que no alcanza a siquiera los 3 mil millones de pesos, a los cuales habría que descontar el gasto corriente.

Además, consideramos las experiencias a nivel mundial, particularmente de América Latina, donde observamos que las instituciones responsables de impulsar el sector social alcanzan el nivel de Ministerios o Secretarías de Estado e inversiones públicas mucho más elevadas.

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), que por ciento prácticamente la sociedad no lo conoce, tiene solo dos programas de apoyos directos para el sector social de la economía y dos más para la normatividad y diseño de políticas. En contraste, en otros organismos públicos hay 22 programas para el fomento del sector social de la economía, con un monto total de 47 mil 415.1 millones de pesos, que no es suficiente para alcanzar siquiera el nivel registrado en el año 2011.

Los programas de la SAGARPA son los más importantes por su monto financiero, pues representan en promedio el 83 por ciento del total de los programas vinculados al desarrollo del sector social de la economía. Es decir, es ahí y no en la Secretaría de Economía y menos aún en el INAES, donde en realidad se invierte más en el sector social de la economía.

Así, el total de recursos en el 2013 para fomentar el sector social de la economía asciende al 0.1 por ciento del gasto total del gobierno federal. Finalmente, como se puede claramente apreciar en teoría, la política pública del sector social de la economía es o debieran ser de carácter transversal.

Sin embargo, el marco jurídico sectorizado al INAES en la Secretaría de Economía, que de acuerdo con los diagnóstico anterior, es una de las instituciones federales que menos invierte para tal fin. Podría decirse que en los hechos el INAES no es sustancialmente otra cosa que un cambio de denominación del antiguo FONAES.

En resumen, el sector social de la economía es muy débil, tanto en el marco jurídico que lo rige, como en las políticas públicas y presupuestales, además de estar fragmentado e indebidamente sectorizado por estos motivos.

Por estos motivos, la presente iniciativa pretende descentralizar y sectorizar al INAES; dotarlo de una estructura más poderosa y de un fondo presupuestal más sólido, de manera que se convierta en un organismo que se haga responsable de una política pública estratégica y prioritaria, como lo es el sector social de la economía, según lo establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los recursos presupuestales que sean necesarios para tal fin.

Más aún, el propósito principal de esta propuesta de reforzar, es avanzar progresivamente hasta lograr que se asuma la necesidad de crear una Secretaría de Estado, y así el sector social de la economía alcance el nivel que reclama y que merece.

En congruencia con lo anterior, el grupo parlamentario del PRD, un servidor, pone a consideración de esta legislatura reformar el Título II de la Ley de la Economía Social y Solidaria, para definir el carácter jurídico del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), su estructura, su base financiera y su colaboración con los Poderes de la Unión y de los órdenes de gobierno.

Así, en el Capítulo I, además de la descentralización del INAES, se establece con mayor precisión las bases para conducirá la política nacional de fomento y expansión del sector social de la economía, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo; el Presupuesto de Egresos de la Federación; el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Social de la Economía; los programas sectoriales en sus tres órdenes de gobierno.

En el Capítulo II, se define la estructura orgánica y el patrimonio del INAES, cuyas principales funciones son: formular el Programa Nacional del Sector Social de Desarrollo la Economía; diseñar el Sistema Nacional de Planeación y Financiamiento de la Economía Social; y los criterios normativos para la transversalidad.

Otra función no menos importante del instituto es impulsar y expandir el sector, para priorizar la generación de empleo, la distribución justa del ingreso, el desarrollo regional y la competitividad y productividad de las unidades de la economía social.

El instituto estará integrado por el Consejo de Administración, la Dirección General y la Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional para el Desarrollo del Sector Social de la Economía.

El nombramiento del director del instituto, en tanto organismo descentralizado, está a cargo del titular del Ejecutivo Federal. El Consejo de Administración del Instituto se integra por el director general, un representante de cada Secretaría de Estado involucrada programáticamente con el Sector Social de la Economía, el Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores; cuatro expertos en la materia, el Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo del Sector Social de la Economía y el Secretario Técnico del Instituto.

En el Capítulo III se establece el Fondo Nacional para el Desarrollo del Sector Social de la Economía, su objeto y operaciones para el financiamiento las unidades económicas y sociales del sector social de la economía. Se trata de un sistema de financiamiento de apoyos, créditos, préstamos y garantías destinados a la inversión de proyectos productivos comerciales o de servicios socialmente necesarios, que detonen la generación de empleos, promuevan el desarrollo regional y territorial, la articulación productiva, el impulso de habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de las unidades sociales y económicas que integran el sector social de la economía.

En el Capítulo IV, se establecen las bases para la colaboración entre los Poderes de la Unión y entre órdenes de gobierno. Tratándose de una ley de observancia general en toda la República, en el Capítulo V se establece la forma en que el INAES podrá solicitar información y colaboración para el cumplimiento de sus atribuciones tanto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal como a las Cámaras del Congreso de la Unión.

En los artículos transitorios del Decreto se establece la obligación del Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la ampliación presupuestal que corresponda para la reforma del Instituto Nacional para el Desarrollo del Sector Social de la Economía.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Aarón Irízar López: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Señor Presidente, por economía parlamentaria, le solicito muy atentamente tenga a bien girar las instrucciones precisas a su personal para que se integre esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros:

La presente iniciativa tiene por objeto atender desde el marco de las atribuciones del Poder Legislativo Federal, la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cuanto hace a la declaratoria de invalidez del último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, derivada de la acción de inconstitucionalidad 1- 2013, la cual fue promovida por el 34 por ciento de los Diputados y Diputadas que integran la LXII Legislatura de este Congreso de la Unión.

El escrito, en apego al marco jurídico nacional y desde la más amplia colaboración de funciones entre los poderes del Estado, es dable considerar que las precisiones normativas que se atienden como resultado del ejercicio constitucional de nuestro más alto tribunal en forma alguna, vulneran el diálogo democrático prevaleciente entre los Poderes del Ejecutivo y el Legislativo de la Unión.

Es claro que las leyes por antonomasia son perfectibles en el devenir del ejercicio legislativo y, en consecuencia, es labor impostergable de labor del legislativo acatar en las propias atribuciones constitucionales, llevar a cabo las adecuaciones normativas de nuestro orden jurídico demanda.

En este sentido, es que la presente iniciativa tiene por objeto proponer la reforma a las fracciones XII y XXX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecían la atribución del Senado para ratificar al Comisionado Nacional de Seguridad y citar a comparecer cada seis meses al Secretario de Gobernación, supuestos que nuestro máximo tribunal designó como inconstitucionales en virtud de que el legislador ordinario se extralimitó al establecer dicha disposición normativa. En virtud de que es la Constitución Política de nuestro país la que dispone de manera precisa los casos en donde deberá realizarse una ratificación por parte del Senado, además de referir en otros casos los funcionarios de la Administración Pública Federal que deberán acudir a comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da a la razón a los que sosteníamos hace meses que los mandos de seguridad que proponga el Ejecutivo Federal no tendrían que ser ratificados por el Senado, y no por no estar conscientes de la importancia que tiene una adecuada colaboración entre los Poderes de la Unión y que permita brindarle al país un equilibrio de poderes. Por el contrario, nosotros estamos convencidos que la coordinación que debe haber y que debe de resultar determinante en el equilibrio del ejercicio del poder, sin embargo, hay temas como el de seguridad nacional que deben de estar bajo la tutela del Ejecutivo Federal, y esto ahora lo resuelve así el tribunal de México.

Derivado de lo anterior, es que el nombramiento del comisionado, el máximo tribunal del país declaró inexistente de base constitucional que sustente la participación del Senado concretamente por lo que hace a su ratificación.

De lo anterior, es que el propio tribunal consideró la invalidez de las fracciones XII y XXX, a las porciones normativas que involucran la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado, y la Bicamaral del Congreso General respectivamente.

Y es en esta iniciativa del Senado de la República que cumple con la función del legislador y con base a la resolución de la Suprema de esta Corte, es que se reforma la inconstitucionalidad emitida.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Irízar López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA   LA FRACCION XI AL ARTICULO 153-J DE LA LEY FEDERAL DEL  TRABAJO

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Los jóvenes desempeñan un papel importante en el desarrollo social y económico de un país, se les tiene que brindar orientación y oportunidad adecuada, ya que la población juvenil contribuye significativamente al desarrollo y conducción de la sociedad.

En el año 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informaba que México era un país de jóvenes, pues según los resultados del Censo de Población y Vivienda de ese año, 29 millones 706 mil 500 tenían 26 años o menos, esta cifra representaba el 26 por ciento del total de habitantes en el país.

Sin embargo, este mismo informe arrojó una cifra inquietante, el 47 por ciento de los jóvenes trabajaba; el 26.7 por ciento, estudiaba; y el 26 por ciento restante no estudiaba ni trabajaba, es decir, se encontraba en una situación improductiva.

Las cifras mostraron una más de las problemáticas que aquejan el país, la mitad de los jóvenes mexicanos estaban desempleados o sin estudiar. Y, en consecuencia, sin hacer alguna actividad productiva que los beneficiara individual, así como colectivamente.

Esto generalmente era relacionado con la dificultad para obtener un primer empleo formal, puesto que las empresas comúnmente solicitaban a los jóvenes cumplir con requisitos como la experiencia previa, lo cual era imposible debido a que nunca habían laborado formalmente.

Contradicciones como ésta, llevaron a crear programas con el objeto de incentivar a los patrones a contratar a jóvenes por primera vez.

En el 2007 se implementó el Programa de Primer Empleo, el cual buscaba apoyar a las personas físicas y morales a que generaran nuevas fuentes de trabajo de carácter permanente.

Desafortunadamente el principal programa del sexenio anterior para la generación de nuevas fuentes de trabajo, no tuvo éxito y la problemática de la falta de trabajo para jóvenes se siguió agudizando, iba a la alza.

Un segundo intento, pero ahora por parte del Congreso de la Unión, fue en el 2010, creando la Ley de Fomento al Primer Empleo, la cual tendría por objeto brindar deducciones adicionales de Impuestos Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica a los patrones que crearan nuevos puestos y estos fueran ocupados por un trabajador del primer empleo.

Lamentablemente y pese a los esfuerzos mencionados, el desempleo en los jóvenes es constante. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en el informe panorama de la educación 2013, reveló que 24.7 de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tiene trabajo ni asisten a las escuelas, un nivel que se ha mantenido por casi una década y para este organismo existe una falla estructural como raíz del problema.

Lo anterior puede sostenerse con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en el marco del Día Internacional de la Juventud indicó que en México, hasta agosto del 2014, residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cifra que representa 26.3 pro ciento de la población total de los jóvenes adolescentes, y de estos datos se desprende que hay un desempleo en adolescentes de la misma edad, de 15 a 19, y de los jóvenes de 20 a 24 años son 9.8 y 9.2 respectivamente la tasa de desempleo.

La inquietud de los jóvenes mexicanos no es cosa menor, el desempleo no es un problema sólo de México, a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo reporta que si bien es cierto que el mundo está superando los efectos de la crisis financiera, las tasas de desempleo permanecen igual.

Los datos citados anteriormente muestran cómo uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana va en aumento, la falta de oportunidad de trabajo para toda la población, pero particularmente para los jóvenes.

El desempleo juvenil a nivel mundial es uno de los retos más grandes, y por lo tanto, para México no debe ser la excepción. Ante esto, cabe preguntar, ¿qué está haciendo el Estado mexicano por sus jóvenes para darles una educación de calidad que en consecuencia les asegure un buen desarrollo laboral y económico?

La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la realidad nacional; el problema laboral en México es el problema de ayer, de hoy y mañana, al permitir que los jóvenes sean empleados y se conviertan en ciudadanos informados, de inmediato se detona el desarrollo de recurso humano que contribuye al progreso económico y la inserción social.

Acceder a un trabajo decente, ayuda a los jóvenes a liberarse de la pobreza y de la marginación; la economía y sociedad en general de la misma manera que los jóvenes y las empresas se beneficiarán de la formación y desarrollo de este recurso humano.

La economía será más productiva, innovadora y competitiva.

Derivado de lo anterior, es urgente darle una solución inmediata al problema de desempleo juvenil en México, sin embargo, se debe de tomar en cuenta que el empleado deberá sentirse satisfecho con el trabajo, con la empresa, y manteniendo altas sus motivaciones y expectativas.

Lo anterior traerá consigo distintos beneficios en un inicio individuales para el propio desarrollo del joven, seguido por el progreso que traerá la empresa contratista, y finalmente contribuirá a la estabilidad de la sociedad, ya que no buscará otras opciones como el subempleo, comercio informal, la migración, y en el peor de los casos, la delincuencia organizada, males que actualmente aquejan al país.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es otorgar un marco jurídico legal y realmente viable para la generación de empleo a este sector poblacional, el de los jóvenes.

Por tal motivo, se adiciona una fracción XI al artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo, a fin de elevar la productividad de las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se propone que el patrón elabore programas que tengan por objeto impulsar en sus empresas el fomento de puestos de nueva creación para los jóvenes estudiantes y egresados de nivel de educación media superior y superior, a efecto de incentivar su contratación, generar oportunidad de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

Así, se busca que el patrón esté comprometido con la implementación de un programa que relacione a los jóvenes mexicanos recién egresados, que busquen emplearse, y al mismo tiempo la población juvenil obtenga experiencia y competencia laboral que cumpla con todas sus expectativas.

Un beneficio más será que el sector empresarial será favorecido al incorporar a los jóvenes en su plantilla laboral, ya que mediante este programa podrá encontrar los perfiles, la mejor edad, el talento y el conocimiento del joven.

Al momento de darles a los jóvenes la oportunidad de tener su primer empleo a México, se le asegura un amplio desarrollo económico y social.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XI,  DEL ARTICULO 153-J DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los jóvenes desempeñan un papel importante en el desarrollo social y económico de un país, si se les brindan orientación y oportunidades adecuadas, la población juvenil contribuye significativamente al desarrollo y conducción de la sociedad.

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer por medio de un boletín informativo que México era un país de jóvenes, puesto que, según los resultados del Censo de Población y Vivienda, 29 706 560 mexicanos tenían 26 años o menos, en ese momento, esta cifra era proporcional a la mitad de la población.1

Sin embargo, este mismo informe arrojó una cifra inquietante, el 47.1% de los jóvenes trabajaba, el 26.7% estudiaba, y el 26% restante no estudiaba, ni trabajaba, es decir, se encontraba en un situación improductiva.2

Las cifras mostraron una más de las problemáticas que aquejan al país, la mitad de los jóvenes mexicanos estaban desempleados o sin estudiar, y en consecuencia, sin hacer alguna actividad productiva que los beneficiara individual,  así como colectivamente.

Lo anterior era consecuencia de diferentes factores, generalmente relacionados con la dificultad para obtener un primer empleo formal, puesto que las empresas comúnmente solicitaban a los jóvenes cumplir con requisitos, como la experiencia previa, lo cual, era imposible debido a que nunca habían laborado formalmente.

Contradicciones como esta, llevaron a crear programas con el objeto de incentivar a los patrones a contratar a jóvenes por primera vez.

En 2007, se implementó el Programa “Primer Empleo”, el cual buscaba apoyar a las personas físicas y morales a que generaran nuevas fuentes de trabajo de carácter permanente.

El apoyo consistía en el otorgamiento de un subsidio que sería aplicado a la parte de las cuotas obrero patronales causadas a cargo de los patrones, al contratar trabajadores adicionales de nuevo ingreso e inscribirlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.3

Desde un inicio el programa en mención causó inconformidad, debido a que promovería trabajos de baja calidad y no atacaría el problema que enfrenta el mercado laboral en México, que es ocupar a personas de calificación media y alta.

Pese a ello, el Gobierno Federal con fines de cumplir con sus promesas de campaña, propuso y, en colaboración con el Poder Legislativo, autorizó un presupuesto de 3 mil millones de pesos para su arranque.

Sin embargo, de dicho monto sólo se ejercieron unos 500 millones de pesos, es decir, el 16 por ciento del total; sin que hubiera cumplido un año de operaciones, el Programa desapareció prácticamente del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2008, toda vez que no se le asignaron recursos directamente.4

Así, el principal programa del “presidente del empleo” para la generación de nuevas fuentes de trabajo fue ignorado por los patrones, y la problemática de la falta de trabajo para jóvenes iba a la alza.

Un segundo intento, pero ahora por parte del Congreso de la Unión, fue en 2010, creando la Ley de Fomento al Primer Empleo, la cual, tendría por objeto brindar deducciones adicionales de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica a los patrones que crearan nuevos puestos y estos fueran ocupados por un trabajador de primer empleo.

Lamentablemente, y pese a los esfuerzos mencionados, el desempleo en los jóvenes aumentó. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el informe Panorama de la educación 2013, reveló que el 24.7% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la escuela, un nivel que se ha mantenido por casi una década, y para este organismo " existe una falla estructural a la raíz del problema”.5

Lo anterior puede sostenerse con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que informa que 6 de cada 10 habitantes del país se encuentra en edad de desarrollar alguna actividad productiva o generadora de ingreso. Sin embargo, de estos, 5 de cada 100 está desocupado o carece de un empleo remunerado, mientras que 6 de cada 10 se desempeña en el sector informal.6

Lo anterior se traduce que mientras el porcentaje de la población desocupada del país es de 5.17 por ciento, otro 58 por ciento se dedica a actividades económicas de poca productividad. Aunado a la carencia de prestaciones, falta de pago de impuestos y son escasamente competitivas.7

Asimismo, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el mismo organismo gubernamental indicó que en México, hasta agosto de 2014, residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 26.3% de la población total. De estas cifras se desprende que la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2%, respectivamente.8

Finalmente, el mismo organismo por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, notificó que los temas que preocupan más a la población joven son la inseguridad y el desempleo (56.6 y 49.2%, respectivamente).

La inquietud de los jóvenes mexicanos no es cosa menor, el desempleo no es un problema sólo de México, a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que, si bien es cierto que el mundo está superando los efectos de la crisis financiera, las tasas de desempleo permanecen igual. Actualmente en el mundo existen 202 millones de personas sin trabajo, lo que equivale a una tasa de 6 por ciento de desempleo.9

Por su parte, México sobresale por sus cifras. La tasa de desempleo en el país se disparó del 3.4 por ciento en el 2007, hasta ubicarse en niveles cercanos al 5 por ciento. La OIT estima que en el 2013 el país registró una tasa de desempleo del 5 por ciento y que durante los próximos tres años se mantendrá estable.10

De acuerdo al organismo, los mexicanos pueden esperar que para el 2016 el desempleo se reduzca hasta el 4.7 por ciento, lo que no representa un cambio muy optimista.11

Los datos anteriormente muestran como uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana va en aumento, la falta de oportunidades de trabajo para toda la población, pero particularmente para los jóvenes es un mal adicional que debe abatirse. El desempleo juvenil a nivel mundial es uno de los retos más grandes, para México no debe ser la excepción.

La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la realidad nacional. El problema laboral en México es el problema del México de ayer, hoy y mañana.

Como se mencionó anteriormente, se ha trabajado en la problemática, creando programas y modificando las leyes, sin embargo, su implementación ha sido con fines electorales y asistencialistas, dejando a un lado el objetivo principal que es  otorgar oportunidades de trabajo dignas a los miles de jóvenes.

La mayor inquietud es que todos los programas y la legislación han ido enfocados en apoyar en mayor medida a los patrones, pero emplear a los jóvenes es una de las mejores decisiones que podría tomar una empresa en desarrollo, puesto que ellos son las ideas frescas, el conocimiento nuevo y el progreso.

Empero, lo anterior no puede predicarse más que con el ejemplo y lamentablemente, el propio Estado pocas veces da oportunidades y apoyos  laborales a los jóvenes, y en consecuencia, esto genera fuga de conocimientos, desempleo, pobreza, marginación y ante este panorama en el peor de los casos, los jóvenes se unen a las filas de la delincuencia organizada ante la necesidad que los aqueja.

Es una realidad, la sociedad mexicana carece de lo indispensable, de una libertad económica, la cual es de gran importancia y soporte para las demás libertades. Y en cuanto a los jóvenes se refiere, existen dos factores que actúan negativamente en su contra. El primero de ellos es la falta de educación o de una educación de calidad; el segundo, es la falta de opciones laborales.

Es decir, lo único que pueden encontrar los jóvenes en México son estudios de mala calidad o truncos, aunado a trabajos inseguros y poco remunerados. Ante esto, cabe preguntar, ¿qué está haciendo el Estado Mexicano por sus jóvenes.  Por darles una educación de calidad, que en consecuencia les asegure un buen desarrollo laboral y económico?

La empleabilidad según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los resultados fundamentales de una educación y formación de alta calidad y de la ejecución de varias otras políticas. Abarca las calificaciones, los conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían, e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida.12

Al permitir que los jóvenes sean empleados y se conviertan en ciudadanos informados, de inmediato se detona el desarrollo de recursos humanos que contribuyen al progreso económico y la inserción social.

Acceder a un trabajo decente, ayuda a los jóvenes a liberarse de la pobreza y de la marginación. La economía y la sociedad en general, de la misma manera que las personas y las empresas, se beneficiarían de la formación y desarrollo de recursos humanos. La economía es más productiva, innovadora y competitiva.

Ante esta definición, se puede hacer una introspectiva y es notable que México no está haciendo lo propio por emplear a sus jóvenes, la satisfacción laboral es sorprendentemente alta a pesar de la baja calidad del empleo, lo cual, es un indicio de la ausencia total de oportunidades de trabajo decente que obliga a los mexicanos a aceptar cualquier tipo de empleo.

Una encuesta aplicada por el portal Web Trabajando.com a más de 3 mil personas lo muestra, exhibiendo las razones por las cuales las personas que trabajan, no se sienten satisfechas con su empleo.13

La encuesta arroja que de los encuestados, el 57% aseguró no gustarle su actual trabajo, mientras que el restante 43% dice lo contrario. El cuestionamiento giró en torno a que “si buscan trabajo mientras siguen en la empresa, un 72% aseguró que sí lo hace y que si aparece una buena oportunidad, la toma de inmediato; el 13% dijo que no lo hace, ya que sería un acto desleal; un 9% dice hacerlo, pero sólo por si acaso; y un 6% dice no hacerlo, prefiriendo quedarse con su puesto actual”.

Al referirse a sus jefes, la insatisfacción se hace notable, así lo dejó en claro el 52% que asegura haberle manifestado su descontento al jefe, pero que éste no le presta atención. Mientras tanto, el 19% dice haberlo hecho y que él intenta satisfacer sus necesidades, un mismo porcentaje dice que no lo ha hecho y que prefiere disimular su descontento, y finalmente el 10% dice no haberlo hecho por miedo a salir perjudicado.

Pero, ¿por qué el descontento? El 56% dice que es porque no tiene ninguna proyección de carrera, el 31% porque gana poco, el 8% porque no le gusta lo que hace y el 5% porque se lleva mal con su jefe.

Derivado de lo anterior, se puede concluir que es urgente darle una solución inmediata al problema de desempleo juvenil en México, sin embargo, también se debe tomar en cuenta que el empleado deberá sentirse satisfecho con el trabajo, con la empresa, y manteniendo altas sus motivaciones y expectativas. Esto se dará por medio fomentar la creación de empleos formales que favorezcan a los millones de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral.

Lo anterior traerá consigo distintos beneficios, en un inicio individuales, para el propio desarrollo del joven, seguido por el progreso que traerá a la empresa contratista, y finalmente contribuirá a la estabilidad de la sociedad, ya que no buscará otras opciones como el subempleo, comercio informal, la migración y, en el peor de los casos, la delincuencia organizada, males que actualmente aquejan al país.

La Organización Internacional del Trabajo en la reunión de junio de 2012, respecto  de la Conferencia Internacional del Trabajo, en la resolución “La crisis del empleo de los jóvenes: Un llamado a la acción”, subraya la importancia de emprender una acción inmediata y especifica dirigida a abordar la crisis sin procedentes del desempleo juvenil que está afectando a la mayoría de los países en todas las regiones.

El marco abarca cinco ámbitos principales de política:

1. Políticas económicas y de empleo que refuercen la demanda agregada y mejoren el acceso a la financiación.

2. Educación y formación que faciliten la transición de la escuela al trabajo y supongan un freno contra el desajuste de las competencias.

3. Políticas de mercado de trabajo orientadas a favorecer el empleo de los jóvenes más desfavorecidos.

4. Iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia para ayudar a los jóvenes aspirantes a empresarios

5. Derechos laborales basados en las normas internacionales del trabajo para velar por que los jóvenes disfruten de igualdad de trato y por que se les concedan sus derechos en el trabajo.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es darle atención al llamado de la OIT y otorgarle un marco jurídico legal a la generación del empleo para jóvenes.

Si bien, las políticas implementadas ofrecían incentivos fiscales, con el objeto de apoyar el desarrollo de infraestructuras y llevan adelante leyes que fomentarán la generación de empleo juvenil y así promover una gran variedad de oportunidades de trabajo, la práctica nos ha mostrado que los patrones no han querido generar empleos a costa reducir impuestos u obtener un beneficio fiscal.

Por ello, se propone que el patrón esté vinculado en la implementación de un programa que relacione a los jóvenes mexicanos que busquen emplearse, con la oferta de puestos de trabajo que ofrecen las empresas establecidas en el país.

Es decir, la idea central radica en agilizar el intercambio de información sobre los perfiles laborales de los jóvenes que buscan empleo y los requerimientos específicos de los empleadores.

Con lo anterior y para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto impulsar el fomento de puestos de nueva creación para los jóvenes estudiantes y egresados del nivel de educación media superior y superior, a efecto de incentivar su contratación, generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

Así, se busca que la población juvenil que busca activamente empleo, obtención de experiencia y competencias laborales, encuentre mediante su vinculación con las empresas, un empleo que cumpla con todas sus expectativas.

Al mismo tiempo, el sector empresarial será beneficiado al incorporar a los jóvenes en su plantilla laborar, ya que mediante este programa podrá encontrar los perfiles idóneos para cada vacante.

De esta manera, se busca que las empresas y patrones, se comprometan y cumplan con realizar un programa de contratación de nuevas plazas formales para que los jóvenes que buscan su primer empleo, puedan acceder al mismo.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XI,  DEL ARTICULO 153-J DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

UNICO.- SE ADICIONA LA FRACCION XI, RECORRIENDOSE LA ACTUAL FRACCION X A SER LA XI, DEL ARTICULO 153-J DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar como sigue:

Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto:

I. a IX. …

X. Impulsar el fomento de puestos de nueva creación para los jóvenes estudiantes y egresados del nivel de educación superior, a efecto de incentivar su contratación, generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional; y

XI. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto:

I. a IX. …

X Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.

Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto:

I. a IX. …

X. Impulsar el fomento de puestos de nueva creación para los jóvenes estudiantes y egresados del nivel de educación superior, a efecto de incentivar su contratación, generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional; y

XI. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. David Monreal Avila”.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Conociendo…nos todos [en línea]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. 2010. Disponible en. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociodemograficas/mexico-jovenes.pdf [consulta 28 de Octubre de 2014].

2 Ibídem.

3 DECRETO que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer Empleo [en línea].  México. 23/01/2007. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4960022&fecha=23/01/2007 [consulta 28 de Octubre de 2014].

4 González Susana. Un fracaso, el programa de primer empleo, considera la Coparmex [en línea]. La Jornada. México. 2008. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/01/13/index.php?section=economia&article=024n1eco [consulta 28 de Octubre de 2014].

5 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la OCDE [en línea]. México. 2013. Nota país. Disponible en: http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20(ESP).pdf [consulta 27 de Octubre de 2014].

6 Howard Georgina. Una aspirina al desempleo. Reporte Indigo. México. 2013. Disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/una-aspirina-al-desempleo [consulta 28 de octubre de 2014].

7 Ibídem.

8 Instituto Nacional De Estadística Y Geografía. “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud” [en línea]. México. 2014. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2014/juventud0.pdf [consulta 28 de Octubre de 2014].

9 Dabdoub Alejandro, Hinojosa Rolando. Desempleo para rato [en línea]. Reporte Indigo. México. 2014. Disponible en: http://www.reporteindigo.com/indigonomics/desempleo-para-rato [consulta 28 de Octubre de 2014].

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Resolución sobre el Desarrollo de Recursos Humanos, conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 88a. Reunión. Ginebra, junio de 2000. Disponible en: http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/oit_1.pdf [consulta 29 de Octubre de 2014].

13 Al 57% de los mexicanos no le gusta su actual trabajo. Consejo Laboral. Portal Web Trabajando.Com. México. 2014. Disponible en: http://www.trabajando.com.mx/contenido/noticia/1387200966/Al_57_de_los_mexicanos_no_le_gusta_su_actual_trabajo.html [consulta 29 de Octubre de 2014].

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y si me permiten un momento, saludo la presencia de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa, quienes realizan una visita a este recinto legislativo con la finalidad de conocer el desarrollo del trabajo legislativo, ¡sean ustedes bienvenidos!

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizan también una visita a este órgano legislativo con el fin de conocer el proceso legislativo que se desarrolla en esta institución, ¡sean ustedes también bienvenidos!





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 11 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los CC. Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Claudia Artemiza Plavlovich Arellano, Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente, muchas gracias. Compañeras y compañeros Senadores:

El de la voz, y a nombre del Senador Manuel Cota Jiménez, y de las Senadoras Claudia Pavlovich, Ivonne Liliana Alvarez, Mely Romero e Hilda Estela Flores Escalera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta legislatura, sometemos a la consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones:

Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo, así lo ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien los define como aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, que no han cruzada una frontera estatal internacionalmente reconocida.

En México, más de 160,000 personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones del país, principalmente por la violencia asociada con el narcotráfico y la delincuencia organizada, cifras que se han ido incrementando a partir del 2007, según datos del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno.

Las entidades que presentan mayor desplazamiento son Chiapas y Chihuahua, aunque el incremento de las actividades del narcotráfico y del crimen organizado en los últimos años ha provocado que pobladores de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz también se han visto en la necesidad de huir de sus estados, perdiendo prácticamente todo; abandonan sus hogares, bienes, medios de vida e incluso documentos de identidad.

El Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno en México señala, además, como causas del desplazamiento interno forzado, conflictos armados, violencia generalizada, violación de los derechos humanos, delincuencia organizada, conflicto social, disputas de tierras y/o recursos naturales, ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo que provoquen violaciones a los derechos humanos y por desastres o contingencias socioambientales.

En este sentido, consideramos necesario establecer medidas jurídicas eficaces para impedir la violación reiterada de los derechos humanos de quienes ya han sido desplazados y de quienes corren el riesgo de serlo, a partir del reconocimiento de dicha comisión en la norma fundamental y establecer por mandato constitucional la obligación para todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, respetar las garantías y derechos de estos grupos altamente vulnerables.

En este orden de ideas, proponemos a esta Soberanía reformar el artículo 11 constitucional toda vez que dicho precepto alude a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, y la libertad de establecer la residencia en cualquier lugar de la República.

Es así que con la propuesta de reforma no solo se garantizarán dichas libertades, también se obligaría a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a hacer valer los derechos humanos de las personas o grupos de personas desplazadas en el territorio nacional.

El desplazamiento es considerado por las Naciones Unidas en Materia de Refugiados, el nuevo reto del siglo XXI, por lo que esta incorporación permitirá armonizar al marco jurídico nacional, los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, como los denominados principios rectores de los desplazamientos internos que definen los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante este, es decir, durante todo el desplazamiento y reintegración del individuo.

La incorporación de la propuesta, materia del presente Decreto, permitirá dar un paso más en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país.

Por lo anterior, en nuestra calidad de Senadoras y Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Unico: Se adiciona el párrafo tercero del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán proteger y garantizar los derechos de las personas o grupos de personas desplazadas dentro del territorio nacional, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes.

Transitorio.

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Los que suscriben GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, CLAUDIA ARTEMIZA PLAVLOVICH ARELLANO, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCÍA, MELY ROMERO CELIS, E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 11º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. Así lo ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien los define como aquellas "personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida."1

En México más de 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones del país principalmente por la violencia asociada con el narcotráfico, cifras que se han ido incrementando a partir del 2007 según datos del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC).2

Las entidades que presentan mayor desplazamiento son Chiapas y Chihuahua, aunque el incremento de las actividades de narcotráfico en los últimos años han provocado que pobladores de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, también se han visto en la necesidad de huir de sus estados perdiendo prácticamente todo; abandonan sus hogares, bienes, medios de vida, e incluso documentos de identidad.

El Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno en México señala además, como causas de desplazamiento interno forzado: conflictos armados; violencia generalizada; violación de derechos humanos; delincuencia organizada; conflicto social; disputas por tierras y/o recursos naturales; ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo que provoquen violaciones a los derechos humanos y; por desastres o contingencias socio-ambientales.3

Por lo anterior, consideramos necesario establecer medidas jurídicas eficaces para impedir la violación reiterada de los derechos humanos de quienes ya han sido desplazados y de quienes corren el riesgo de serlo, a partir del reconocimiento de dicha condición en la norma fundante y establecer por mandato constitucional la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, respetar las garantías y derechos de los multicitados grupos vulnerables.

En este orden de ideas, proponemos a ésta Soberanía reformar el artículo 11º constitucional, toda vez que dicho precepto alude a la libertad de tránsito  dentro del territorio nacional y la libertad de establecer la residencia en cualquier lugar de la república.

Es así que con la propuesta de reforma, no sólo se garantizarían dichas libertades, también se obligaría a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a hacer valer los derechos humanos de las personas o grupos de personas desplazadas en el territorio nacional.

El desplazamiento es considerado por la ACNUR el “nuevo reto del Siglo XXI”, por lo que esta incorporación permitirá armonizar al marco jurídico nacional, los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, como los denominados  Principios Rectores de los desplazamientos internos, que definen los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante este; es decir durante todo el proceso de desplazamiento y reintegración del individuo.

La incorporación de la propuesta materia del presente Decreto permitirá dar un paso más en el reconocimiento de los derechos humanos en México.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de Senadoras y Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO: se adicionan el párrafo tercero al artículo 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.-

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán proteger y garantizar los derechos de las personas o grupos de personas desplazadas dentro del territorio nacional, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes.

TRANSITORIO

UNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Claudia Artemiza Plavlovich Arellano.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 Párrafo número 2 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del 11 de febrero de 1998. ACNUR

2 Internal Displacement Monitoring Centre. http://www.internal-displacement.org/

3 Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno en México. http://desplazamiento.mora.edu.mx/

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Sánchez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 416 Y 417 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

En el año 2011 en nuestro país se dio una reforma constitucional trascendental, en la cual plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del interés superior de la niñez.

En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables, y en su artículo 3 establece tal principio, observando este principio en febrero de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, en él se establece que uno de los derechos reconocidos de la niñez y a la adolescencia, es el acceso a la justicia.

Es así que en uno de los principios que son tomados como marco de referencia se desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto al derecho a opinar en todos los asuntos que le afecten y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, en específico, este principio se encuentra enunciado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también se hace mención en la observación general número 5 sobre las medidas generales de aplicación de la Convención emitida por el Comité de los Derechos del Niño.

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anunció que trabajan en la construcción de salas lúdicas dentro de los juzgados para que los niños permanezcan en un ambiente tranquilo en el cual puedan expresar sus opiniones de manera idónea.

Ahora bien, otro punto a observar, es que la participación de la infancia en materia judicial generalmente está enfocada en procedimientos y mecanismos que se han orientado para adultos.

El pasado 16 de julio del presente año realicé un exhorto al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, a que en virtud del protocolo mencionado, se garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar en todos los asuntos que le afectan y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, y en ese sentido se tomen las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de la infancia, considerando como una posibilidad la construcción de espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores. Dicho exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 13 de agosto de 2014.

Por otro lado, cabe resaltar que hoy discutiremos la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dicha minuta establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan.

Además, de que en estos procesos se deberán contemplar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes, durante la sustentación de los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y se celeridad procesal.

Continuando con las acciones legislativas, tendientes a garantizar el derecho a la participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes, es que se propone esta iniciativa que reforma y adiciona los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal con el objeto de que sus opiniones sean escuchadas y consideradas en lo que concierne a la decisión del juez.

En el caso de desacuerdo sobre la patria potestad, la guardia y custodia, y así mismo y en concordancia con esta adecuación, se considera pertinente que con la finalidad de que ejerzan su derecho a la participación de conformidad a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, se destinen espacios lúdicos en los recintos en los que se lleven acabo diligencias o comparecencias.

La presente iniciativa está orientada en garantizar el derecho de la niñez, a la seguridad jurídica y a un debido proceso, observando primordialmente el principio del interés superior del niño y su derecho a la participación.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre sus derechos.

Agradezco su atención y solicito al Presidente de la Mesa Directiva que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Quien suscribe la Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 416 Y 417 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y

En los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y las  personas adolescentes.

Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación de un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia se observe en todo momento el Interés Superior de la Niñez, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Por lo anterior, en febrero de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes”, documento que se reeditó en este año. Las razones en las cuales se fundamenta la elaboración de dicho Protocolo tiene que ver en primera instancia con el marco constitucional y las obligaciones del Estado que derivan de este; en segundo lugar con las características específicas de la infancia y la adolescencia los cuales requieren de una atención especializada.3

Este protocolo es el resultado de la colaboración de todos los actores en la materia, además, es una herramienta de trabajo no vinculante que está estructurada básicamente por:

1.- Principios a observar en materia de infancia y la adolescencia.

2.- Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores.

3.- Consideraciones específicas para adolescentes en conflicto con la Ley.

4.- Consideraciones específicas en materia penal.

5.- Consideraciones específicas en materia familiar.

6.- Expectativas de la aplicación del Protocolo.

El presente instrumento ha sido una herramienta eficaz y actualmente existe un amplio catálogo de sentencias que ya observan dicho protocolo. En el mismo se establece que uno de los derechos reconocidos a la niñez y a la adolescencia es el de acceso a la justicia.

Es así que uno de los principios que son tomados como marco de referencia en el protocolo de actuación mencionado que se desprenden de la Convención sobre los

Derechos del Niño, es el de EL DERECHO A OPINAR EN TODOS LOS ASUNTOS QUE LE AFECTAN Y QUE SEAN DEBIDAMENTE TOMADAS EN CONSIDERACION SUS OPINIONES.

En específico este principio se encuentra enunciado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también se hace mención del mismo en la Observación General No. 5 sobre las Medidas Generales de Aplicación de la Convención emitida por el Comité de los Derechos del Niño.

El Comité ha señalado que las opiniones del niño deben ser un medio para el Estado para que las medidas que se adopten a favor de los niños estén cada vez más orientadas a la puesta en práctica de sus derechos.

La Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., ha citado que las niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados en TODAS las decisiones que les afectan, en TODAS las materias y que su derecho a opinar incluye que ésta debe ser informada generándose así la obligación de que se dé una atención especializada.

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anunció que trabajan en la construcción de salas lúdicas dentro de los juzgados, para que los niños permanezcan en un ambiente tranquilo en el cual puedan expresar sus opiniones de manera idónea. Cabe mencionar que las actividades lúdicas traen múltiples beneficios tales como:

● Desarrollo del lenguaje verbal (reglas gramaticales y léxicas)

● Desarrollo del lenguaje en sentido amplio (no verbal, musical, plástico, etc.)

● Expresión de ideas

● Contribuye a la conformación de la personalidad

● Fomenta una expresividad y estabilidad emocional

● Facilita el desarrollo social

● Facilita la concentración

● Desarrollo cognitivo

● Desarrollo ético (justicia, ley, equidad, falsedad, etc.).

Es de suma importancia que los Juzgados y Tribunales consideren la relevancia de tomar en cuenta las opiniones de la niñez en los asuntos que les conciernen, por lo que es recomendable la observancia del protocolo de actuación multicitado.

Ahora bien, otro punto a observar es que la participación de la infancia en materia judicial generalmente está soslayada a procedimientos y mecanismos que se han orientado para adultos.

El trato especializado que se le debe de dar a la infancia en las instancias judiciales debe tener la perspectiva de que existan procesos y mecanismos orientados para ellos. Esto en definitiva ayudará a que las niñas, niños y adolescentes ejerzan efectivamente su derecho a opinar. Lo anterior se robustece con el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género, el cual se aprobó por unanimidad en la Reunión Preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Guadalajara- México.4

En su apartado sobre niñas, niños y adolescentes, hace hincapié en la necesidad de impulsar medidas especiales necesarias para que la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales sea idónea, garantizando de esta manera su acceso pleno a la justicia.

Es por ello que el pasado 16 de julio del presente año realicé un exhorto al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, a que en virtud del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar en todos los asuntos que le afectan y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, y en ese sentido se tomen las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de la infancia, considerando como una posibilidad la construcción de espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores. Dicho exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 13 de agosto de 2014.

Por otro lado, en días anteriores en este Senado de la República aprobamos el dictamen por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dicho dictamen en su Capítulo Décimo Quinto, Del Derecho a la Participación establece en su artículo 73 lo siguiente:

Artículo 73. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados por el capítulo décimo octavo.

De esta manera el Capitulo Décimo Octavo, Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso, establece en sus artículos 83 y 86:

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que están relacionados niñas, niños o adolescentes estarán obligadas a observar, cuando menos a:

I... a la X...

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal;

XII... al XIII...

Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que están relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos:

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable;

II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más expedita, en espacios lúdicos, y condiciones especiales, asistidos por profesional en derecho especializado;

III ... al  V...

Continuando con las acciones legislativas tendientes al derecho a la participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes, es que se propone esta iniciativa que reforma y adiciona los artículos 416 y 417 del Código Civil con el objeto de que sus opiniones sean escuchadas y consideradas en lo que concierne a la decisión del juez en el caso de desacuerdo sobre la patria potestad, la guarda y custodia. Asimismo y en concordancia con esta adecuación, se considera pertinente que con la finalidad de que ejerzan su derecho a la participación de conformidad a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, se destinen espacios lúdicos en los recintos en los que se lleven a cabo diligencias o comparecencias.

Un verdadero acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes se debe analizar desde la perspectiva de que los procedimientos no estén orientados solo para adultos; se deben de crear los espacios especializados en donde puedan participar efectivamente. La presente iniciativa está orientada en garantizar el derecho de la niñez a la seguridad jurídica y a un debido proceso observando primordialmente el principio del interés superior del niño y su derecho a la participación.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez y la adolescencia mexicana.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Primero.- Se reforma  el artículo 416 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público y a la niña, el niño, o adolescente de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

...

Segundo.- Se reforma el artículo 417 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos.

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor y al derecho de este a opinar en los asuntos que le afecten. Para tal efecto se destinarán espacios lúdicos en los recintos en que se lleven a cabo dichos procedimientos en que intervengan niñas, niños o adolescentes. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Martha Elena García Gómez”.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición: 2014

4 La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que articula la cooperación y concentración entre los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura Iberoamericanos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias a usted, Senadora García Gómez. Con gusto pido a la Secretaría que se pueda insertar de manera íntegra la iniciativa que ha presentado la Senadora Martha Elena García Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, por favor se sirva preguntar a la Senadora Martha Elena García, si me permite sumarme a esta importante iniciativa que nos está presentando el día de hoy.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Martha Elena, ¿acepta? Sí. Pido a la Secretaría que tome nota de ello, con gusto.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos para las y los trabajadores del hogar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTICULOS 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 Y 998; DEROGA EL ARTICULO 146; REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 49 Y LA FRACCION VI DEL ARTICULO 127 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,  EN MATERIA DE DERECHOS PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En México las y los trabajadores del hogar se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables y constituyen una parte fundamental de la fuerza de trabajo en los esquemas de empleo informal.

Estas personas trabajan para hogares privados, muchas veces sin contrato y bajo condiciones laborales deplorables, sufriendo incluso explotación laboral y abusos a sus derechos humanos.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de las niñas y niños y otros cuidados personales. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo lo define como la actividad en donde un trabajador presta sus servicios de aseo, asistencia y además propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Para diferenciar el trabajo doméstico remunerado del no remunerado, los trabajadores han reivindicado su actividad económica y productiva llamándola “trabajo del hogar”.

Al respecto cabe mencionar que aunque la Organización Internacional del Trabajo sigue refiriéndose a esta actividad como trabajo doméstico  a través del Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, todavía, hasta la fecha, muchas personas e instancias de gobierno siguen utilizando este término.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado la atención sobre la necesidad de cambiar este término por el de trabajadores del hogar, ya que la idea de domesticidad no constituye al reconocimiento pleno del los derechos de las personas.

En palabras de algunos expertos, la expresión trabajo doméstico es anacrónica y tiene una connotación de pertenencia a la trabajadora al hogar como si fuera un objeto de su propiedad.

En el convenio ya referido de la OIT y que aún no ha sido ratificado por nuestro país, se ha reconocido la contribución que las y los trabajadores del hogar hacen a la economía mundial y que incluye el aumento de las oportunidades laborales para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares.

El cuidado de señoras de edad avanzada, niñas y niñas, así como personas con discapacidad, a pesar de su importancia, una de las causas por las cuales el trabajo doméstico sigue infravalorándose es que este es realizado principalmente por mujeres y niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades marginadas y vulnerables a la discriminación.

La ubicación de estas personas en el imaginario social así como su condición de mujeres en la mayoría de los casos y su calidad de indígenas en muchos otros, los convierte en un grupo vulnerable.

Esta discriminación ha traído consigo problemas para lograr el acceso de estas trabajadoras y trabajadores a sus derechos humanos y laborales.

Además el trabajo del hogar es poco visible debido a que se desarrolla en el ámbito privado, razón por la cual las y los trabajadores son más propensos a sufrir violaciones a sus derechos laborales y humanos.

Por ello es necesario combatir la informalidad y la falta de valoración por parte de la sociedad hacia este trabajo, ya que estas condiciones han generado una serie de problemáticas para quienes se desempeñan en esta ocupación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, las problemáticas más comunes que enfrentan esas trabajadoras y trabajadores se encuentran asociados con los bajos salarios, la carencia de seguridad social, falta de capacitación, discriminación y violencia.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre del 2013, señala que 4.5 por ciento del total de la población ocupada en el país eran trabajadoras y trabajadores domésticos representando 10.5 por ciento de las mujeres y el 0.7 por ciento de los hombres ocupados.

A esto debe agregarse que además de ser un trabajo desempeñado principalmente por mujeres, en su mayoría es llevado a cabo por indígenas provenientes de zonas rurales o en situaciones de pobreza.

Dicho en cifras, podemos resumir el tema de la siguiente manera:

El 76 por ciento de las trabajadoras y trabajadores del hogar no cuentan con ninguna prestación laboral y perciben un salario mínimo o menos por jornadas de 35 o más horas por semana, apenas un 2.2 por ciento tiene un contrato escrito.

El 76.1 por ciento no goza de ninguna prestación laboral, y tan sólo el 2.2 por ciento cuenta con accesos a servicios de salud como prestación laboral.

Hay 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar en México de las cuales 9 de cada 10 son mujeres.

El 13 por ciento cubre una jornada superior a las 48 horas semanas, el 34.6 por ciento percibe un salario mínimo o menos y tan sólo 2 de cada 100 tienen acceso a servicios médicos como prestación laboral.

El 45.8 por ciento cuenta con estudios de primaria, el 6.9 por ciento es analfabeta, los trabajadores domésticos con mayor nivel de institución son los choferes en casas particulares.

Bajo este contexto, es urgente colocar en la agenda pública la situación de desventaja que viven las mujeres y hombres que se desempeñan como trabajadores del hogar y sobre todo plantear una estrategia integral de acciones legislativas que les permitan acceder y garantizar plenamente sus derechos.

Las personas que trabajan como empleadas del hogar difícilmente cuentan con redes de apoyo debido a que en su mayoría no son originarias del hogar donde trabajan, lo cual dificulta que su familia cercana pueda apoyarlas.

También no cuentan con estos apoyos porque los horarios se les dificultan para que estén en posibilidad de que hagan gestiones para acercarse a programas sociales.

Con la presente iniciativa, como ya se mencionó, además de cambiar el término de trabajadores domésticos a trabajadores del hogar, en términos de las condiciones laborales, queda suprimiendo el eximir al patrón de la obligación de reinstalar a los trabajadores del hogar mediante el pago de indemnizaciones que establece la ley.

Asimismo, se establece la obligación de un pago extraordinario simultáneo al que las empresas otorgan por concepto de utilidades por un monto equivalente a un mes de salario de los trabajadores.

En el caso de la vivienda, las y los trabajadores del hogar no son sujetos de inscripción en el fondo de ahorro para la vivienda, ya que la propia ley absuelve a los empleadores de la obligación de pagar aportaciones. Por ello propongo suprimir el artículo en donde se estipula dicha obligación.

Finalmente, en materia de salud, propongo establecer la obligación de que el patrón no sólo brinde la llamada asistencia médica, sino un proceso integral que comprende la consulta médica, medicinas, y en caso, de tratarse de una enfermedad crónico-degenerativa, la rehabilitación.

En suma, con la presente iniciativa se pretender otorgar a los trabajadores domésticos oportunidades para vivienda, su reinstalación en caso de controversia, tener mejores servicios en materia de salud y recibir un bono anual por un concepto similar al que otorgan las empresas por utilidades.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 Y 998; DEROGA EL ARTICULO 146; REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 49 Y LA FRACCION VI DEL ARTICULO 127; TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE DERECHOSPARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, las y los trabajadores del hogar se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables y constituyen una parte fundamental de la fuerza de trabajo en los esquemas de empleo informal.

Estas personas trabajan para hogares privados muchas veces sin contrato y con condiciones laborales deplorables, sufriendo incluso explotación laboral y abusos a sus derechos humanos.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidos las tareas domésticas, el cuidado de niños y niñas y otros cuidados personales. La Ley Federal del Trabajo, lo define como el trabajo en donde un trabajador presta servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Para diferenciar el trabajo doméstico remunerado del no remunerado, los y las trabajadoras han reivindicado su actividad económica y productiva llamándola “trabajo del hogar”.

A este respecto cabe mencionar que aunque la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sigue refiriéndose a esta actividad como “trabajo doméstico”, a través de su Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 y en algunas instancias de gobierno se sigue utilizando este término, sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado la atención sobre la necesidad de cambiar este término por el de trabajo del hogar, ya que la idea de “domesticidad” no contribuye al reconocimiento pleno de los derechos de las personas.

En palabras de algunos expertos, la expresión “trabajo doméstico” es anacrónica y tiene una connotación de pertenencia de la trabajadora al hogar, como si fuera un objeto de su propiedad.1

En el convenio 189 de la OIT, ya referido, y que aún no ha sido ratificado por nuestro país, se ha reconocido la contribución que las y los trabajadores domésticos hacen a la economía mundial, y que incluye el aumento de las oportunidades laborales para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el cuidado de personas de edad avanzada, niñas y niños así como personas con discapacidad.

A pesar de su importancia, una de las causas por las cuales el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisibilizado, es que éste lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades marginadas y vulnerables a la discriminación.

La ubicación de estas personas en el imaginario social, así como su condición de mujeres en la mayoría de los casos, y su calidad de indígenas en muchos casos, hacen que sean un grupo vulnerable. Esta discriminación ha traído consigo problemas para lograr el acceso de estas trabajadoras y trabajadores a sus derechos humanos y laborales.

Además, el trabajo del hogar es poco visible debido a que se desarrolla en el ámbito privado, razón por la cual las y los trabajadores son más propensos a sufrir violaciones a sus derechos laborales y humanos.

Por ello, es necesario combatir la informalidad y la falta de valoración por parte de la sociedad hacia este trabajo, ya que esas condiciones han generado una serie de problemáticas para quienes se desempeñan en esa ocupación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, las problemáticas más comunes que enfrentan estas trabajadoras y trabajadores, se encuentran asociados con los bajos salarios, la carencia de seguridad social, falta de capacitación, discriminación y violencia.

Según la OIT, en el caso de México así como otros países en desarrollo, dado que históricamente han existido escasas oportunidades de empleo formal, los trabajadores del hogar constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores más marginados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2013, el 4.5 % del total de la población ocupada en el país, eran trabajadoras y trabajadores domésticos, representando 10.5% de las mujeres ocupadas y el 0.7% de los hombres ocupados.

Además de ser un trabajo desempeñado principalmente por mujeres, en su mayoría lo llevan a cabo indígenas provenientes de zonas rurales o en situación de pobreza.

Dicho en cifras, podemos resumir el tema de la siguiente manera:

● El 76% de las trabajadoras y trabajadores del hogar no cuentan con ninguna prestación laboral y perciben un salario mínimo o menos por jornadas de 35 o más horas por semana.

● Tan sólo un 2.2% tiene un contrato escrito, el 76.1% no goza de ninguna prestación laboral y tan sólo el 2.2% cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral.

● El 34% percibe un salario mínimo o menos.

● Hay 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar en México, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres.

● El 13% cubre una jornada superior a las 48  horas semanales, el 34.6% percibe un salario mínimo o menos y tan sólo 2 de cada 100 tienen acceso a servicios médicos como prestación laboral.

● De las mujeres que se dedican a esta actividad, el 34.6% realiza  funciones de limpieza en hogares particulares, el 8.6% son cuidadoras de personas y el 4.7% son lavanderas o planchadoras en casas particulares.

● De los hombres que se ocupan como trabajadores del hogar y que suman más de 115 mil a nivel federal, el 51% son empleados domésticos y el 41% son choferes en casas particulares.

● El trabajo del hogar remunerado es una actividad primordialmente urbana en donde 1 de cada 2 reside en localidades mayores a los 100 mil habitantes, el 30.8% reside en las viviendas donde trabajan, y el 30.8% nació en una entidad federativa o país diferente al de su residencia actual.

● Los Estados con más personas dedicadas al trabajo del hogar son: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán.

● El 45.8% cuenta con estudios de primaria, el 6.9% es analfabeta. Los trabajadores domésticos con mayor nivel de instrucción son los choferes en casas particulares, ya que 4 de cada 10 tienen bachillerato.  Los que tienen nivel educativo más bajo son los y las lavanderas y los y las planchadoras.

En este contexto, es urgente colocar en la agenda pública la situación de desventaja que viven las mujeres y hombres que se desempeñan como trabajadores del hogar y, sobre todo, plantear una estrategia integral de acciones legislativas que les permitan acceder y garantizar plenamente  sus derechos.

Es importante tener en cuenta que las personas que trabajan como empleadas del hogar, difícilmente cuentan con redes de apoyo, debido a que, en su mayoría, no son originarias del lugar donde trabajan, lo cual dificulta que su familia cercana pueda apoyarlas o apoyarlos.  Esta situación en donde la empleada o empleado vive aislado o con un núcleo de personas de confianza reducido, genera situaciones que las colocan en vulnerabilidad. De acuerdo con la bibliografía especializada,  “la conformación de un sindicato podría ser una buena alternativa para encontrar apoyo. Sin embargo, aun cuando tienen el derecho constitucional de formarlo, lo cierto es que no existen este tipo de organizaciones en este gremio”2.

Con la presente Iniciativa, como ya se mencionó, además de cambiar el término de Trabajadores Domésticos a Trabajadores del Hogar; en términos de las condiciones laborales, queda suprimido el eximir al patrón de la obligación de reinstalar a los trabajadores del hogar, mediante el pago de indemnizaciones que establece la Ley.

Asimismo, se establece la obligación de un pago extraordinario, simultáneo al que en las empresas se otorgan por concepto de utilidades, por un monto equivalente a un mes de salario de los trabajadores.

En el caso de la vivienda, las y los trabajadores del hogar no son sujeto de inscripción en el fondo de ahorro para la vivienda, ya que la propia ley absuelve a los empleadores de la obligación de pagar aportaciones. Esta propuesta suprime el artículo por el que se estipula dicha obligación.

Finalmente, en materia de salud, se obliga al patrón no solo a brindar la llamada “asistencia médica”, sino un proceso integral que comprende la consulta médica, medicinas, y en caso de tratarse de una enfermedad crónico degenerativo, la rehabilitación

En suma, esta reforma brinda a los trabajadores domésticos  oportunidades para vivienda, ser reinstaladas por patrón, tener mejores servicios en materia de salud y recibir un bono anual por un concepto similar al que se otorga en las empresas por utilidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se MODIFICA el Título del Capítulo XIII; se REFORMAN los artículos 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 y 998; la fracción IV del artículo 49 y la fracción VI del artículo 127; y se DEROGA el artículo 146.

Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

I. al III. …

IV. En el servicio doméstico; y (SE SUPRIME)

V. …

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes:

I. al VI.

VII. A los trabajadores del hogar se les participará de un bono equivalente a un mes de su salario; y

VIII.

Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos. (SE SUPRIME)

CAPITULO XIII

Trabajadores del Hogar

Artículo 331.- Trabajadores del hogar son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I. y II. …

Artículo 333. Los trabajadores del hogar que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajo del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 336. Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador del hogar el salario que le corresponda hasta por un mes;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle servicio médico y medicamentos entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle servicio médico especializado, medicamentos y rehabilitación, hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

Artículo 340.- Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. y II. ..

Artículo 341.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo. El trabajador del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador del hogar que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general.

TRANSITORIO

UNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senador del H. Congreso de la Unión,
a 6 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.

1 Moreno Ramírez, Ileana, Los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar y sus garantías en México, Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/.../150/Becarios_150.pdf, Consulta: 3 noviembre, 2013.

2 Moreno Ramírez, Ileana, Los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar y sus garantías en México, Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/.../150/Becarios_150.pdf, Consulta: 3 noviembre, 2013.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato, quienes estuvieron presentes en el Foro “Retos y perspectivas de los bomberos en México”, a todos ellos les damos la más cordial bienvenida al Senado de la República, quienes fueron invitados por el grupo parlamentario del PAN en el Senado, y reconocemos, reconociendo en ustedes siempre su labor a favor de las mejores causas de México, de los ciudadanos.

Es un orgullo para las Senadoras y los Senadores tenerlos en este Recinto Legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes:

Dos de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, que contienen proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que  se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de febrero de 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó  Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se adiciona la fracción IX al artículo 30 a la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos la iniciativa para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala que el derecho a la vivienda, es un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Agrega que el derecho a la vivienda deber ser un derecho colectivo y social, que al ser reconocido como un elemento de justicia y desarrollo social, permite que el Estado Mexicano garantice políticas de accesibilidad y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho.

Menciona que a pesar de esfuerzos legislativos, la política habitacional aún no se refiere a la vivienda como un derecho, sino que construye su programación anual y sexenal, sin establecer las necesidades de vivienda del País desde una perspectiva de los derechos humanos.

Señala que el modelo actual de la política habitacional, aún es excluyente pues está estructurado en torno a lo que podemos llamar el enfoque de la “financiación”, en donde se erige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.

Propone que los organismos de vivienda  se constituyan en reales operadores de una política habitacional descentralizada, coordinada y más abierta a la participación de los distintos actores de la sociedad civil.

Añade que con esta propuesta, se tendría un conjunto de acciones y de actores que concurran al apoyo del desarrollo ordenado de conjuntos habitacionales de bajo costo y de mayores beneficios a la clase trabajadora.

Precisa que para el logro de esta propuesta debe impulsarse la integración de la representación del sector laboral en los órganos colegiados de diseño y dirección de los organismos responsables del desarrollo de las políticas de vivienda en México.

Alude a que con la vigente Ley de Vivienda se redefinieron sustantivamente los lineamientos de la política nacional en la materia, así como los contenidos del Programa Nacional de Vivienda, creándose una estructura de manera ordenada y funcional denominada "Sistema Nacional de Vivienda".

Destaca que el texto legal vigente determinó que el Ejecutivo Federal contara con un Consejo Nacional de Vivienda, que tendría por objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema, y una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones de vivienda.

Menciona que el Estado mexicano, ha implementado políticas habitacionales, creando organismos y mecanismos para dotar de una vivienda a los trabajadores, estableciendo una estrategia para contar con fondos que le permitan cumplir con lo previsto en ley de la materia.

Resalta que en esta estrategia concurren tres figuras, a saber, el trabajador, el patrón y el Estado, quienes participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conformación de los fondos.

Señala que bajo este esquema es necesario que los trabajadores, siendo los beneficiarios directos, participen en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de vivienda, para velar por sus intereses y sus derechos.

Puntualiza que como la vivienda es una garantía constitucional, es preciso que los representantes del sector obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimiento de este mandato establecido en la Carta Magna.

Resalta la importancia de la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro País, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de los programas  de vivienda.

Concluye en la necesidad de que se adicione una fracción IX al artículo 30  de la Ley de Vivienda, para considerar a los representantes de los trabajadores como integrantes del Consejo Nacional de Vivienda.

El Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, es del tenor literal siguiente:

Artículo Unico. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

El consejo se integrará con:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Representantes de los diversos sectores laborales.

TRANSITORIO

Unico. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo principal de la Iniciativa que se dictamina, consistente incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda.

La propuesta legislativa representa una aportación importante para asegurar la participación articulada de todos los factores productivos en las actividades que incidan en el desarrollo de la vivienda.

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras comparten las consideraciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a que resulta indispensable que los trabajadores participen en el diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de vivienda.

La Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda contiene, entre otras, las disposiciones de interés al caso siguientes: 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado (artículo 1, párrafo tercero).

Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda (artículo 3, párrafo primero).

La Política Nacional de Vivienda es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa (artículo 4, fracción X).

La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos: Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades (artículo 6, fracción II).

Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto: Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo de la vivienda (artículo 13, fracción XIII).

El Ejecutivo Federal determinará la forma de integración del Consejo, atendiendo principios de pluralidad y equidad, considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado (artículo 30, párrafo primero).

De las disposiciones legales antes transcritas, se desprenden las proposiciones siguientes:

● La normatividad en materia de vivienda debe aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social.

● La política nacional y los programas en materia de vivienda, deben considerar en su diseño y desarrollo, la concertación con los sectores social y privado.

● La política nacional de vivienda es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos, y medidas de carácter general que se establecen, entre otros propósitos, para la concertación con los sectores privado y social.

● La política nacional de vivienda deberá incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado.

● El Sistema Nacional de Vivienda es un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene, entre otros objetivos, promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo de la vivienda.

● El Ejecutivo Federal en la integración del Consejo Nacional de Vivienda deberá atender a los principios de pluralidad y equidad y considerar la representatividad de los sectores público, social y privado.

Bajo este marco normativo, es atendible la propuesta legislativa de incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda, en tanto que con ello se atiende a los principios de pluralidad y equidad, así como a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de la política nacional de vivienda.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable la propuesta de adicionar la fracción IX al artículo 30  de la Ley de Vivienda, para considerar a los representantes de los trabajadores como integrantes del Consejo Nacional de Vivienda.

Por último, las Comisiones dictaminadoras, por razones de técnica legislativa, estiman pertinente realizar algunas modificaciones de forma al proyecto de decreto propuesto, con el propósito de mejorar la iniciativa de que se trata, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

 Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

 Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

 Artículo Unico. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

El consejo se integrará con:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Representantes de los diversos sectores laborales.

Transitorio

Unico. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 Artículo Unico. Se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I.  a VIII...

 

 

 

 

 

 

 

IX. Representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

Artículo Unico. Se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I.  a VIII...

IX. Representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 1 de octubre de 2014

COMISION DE VIVIENDA,
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

Y, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS


H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de febrero de 2014, la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa establece que el cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas; señalando que se trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionados con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana.

Agrega que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha indicado que los incrementos en la temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas, particularmente en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación, así como en aquellos procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.

Precisa que de las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo y va a tener sobre nuestro planeta, es importante señalar que sus efectos no inciden por igual en todas las regiones del mundo, siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.

Subraya que México no es una excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el País sea una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional.

Destaca que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes, debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo, y son quienes precisamente sufren mayores pérdidas humanas y económicas.

Resalta que a pesar del vertiginoso avance de los satélites, que permiten localizar geográficamente un fenómeno meteorológico, hacer el seguimiento de su trayectoria y predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se pone en práctica un política activa de prevención antes, durante y después de su paso.

Menciona que uno de los pasos más importantes que puede dar un País para mitigar el impacto de los huracanes es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación, que comienza con la compilación de todos los registros históricos de su anterior actividad, determinando la frecuencia y severidad de ocurrencias en el pasado.

Indica que el diseño de medidas de mitigación seguirá a continuación del análisis estadístico y considerará los efectos a largo plazo.

Distingue entre las medidas de mitigación estructurales, de las no estructurales; y que ambas deben considerarse, en todo caso, tomando en cuenta las dificultades de su implementación.

Define a las medidas no estructurales como las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo; y que las medidas estructurales atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales.

Subraya que el riesgo no sólo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los desastres.

Hace un recuento de los daños y afectaciones producidos por fenómenos meteorológicos ocurridos en el País durante los últimos años; y destaca que las autoridades responsables del sector vivienda en México, han reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo, además de que la tendencia estriba en evitarla de conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional por riesgo.

Cita la obra de Omar Darío Carmona, Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos, quien sostiene que la literatura técnica hace énfasis en el estudio de la vulnerabilidad y en la necesidad de reducirla mediante medidas de prevención-mitigación; pero lo que realmente se intenta es la reducción del riesgo; y que el análisis del riesgo puede entenderse de manera general como el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos.

Agrega, siguiendo al autor citado, que una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo en su totalidad, para efectos de planificación, protección y diseño de obras de infraestructura, ha sido común que se defina un nivel de "riesgo aceptable"; precisando que se alude al riesgo aceptable como las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y, usualmente, a cambio de un beneficio inmediato.

Conviene, con el referido autor, que la sociedad, toma sus propias decisiones con base en información fragmentada y proveniente de muchos puntos de vista diferentes; y que las personas simplemente no perciben la amenaza o el riesgo de una manera cuantitativa y que este es el fundamento sobre el cual descansan la mayoría de las normas de construcción sismorresistente y el argumento de las ciencias aplicadas, en cuanto a que el nivel de riesgo aceptable debe ser definido por expertos en el estudio de las amenazas y el comportamiento de los sistemas sometidos a la acción de los fenómenos que las caracteriza.

Subraya que la lección que se ha aprendido con todos los datos que sintetizan a nuestro País con la siguiente frase "México: alto riesgo ante desastres naturales", es que hay que dar congruencia al marco normativo del sector vivienda, respecto de la severidad del riesgo.

Coincide también con el mencionado autor, que habría circunstancias atribuibles al actuar humano o nexos de culpabilidad y responsabilidad; y que en ese sentido ¿qué tan responsable es el Estado por los desastres?; añadiendo que la respuesta depende de la previsibilidad de tales situaciones y sobre todo de la posibilidad del Estado de evitarle daños a la sociedad.

Enfatiza que lo anterior es la razón por la cual se sigue relacionando intencionalmente el concepto de desastre, con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito; y que en el caso de México, la Ley General de Protección Civil asocia el riesgo a los llamados fenómenos perturbadores.

Afirma que la paulatina migración de la visión "atencionista" o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención-mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias sino la reducción de la vulnerabilidad, ha respaldado la necesidad de hacer ajustes a la legislación para armonizarla con las nuevas concepciones.

Menciona que no es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad.

Señala que el evadir no sólo la responsabilidad jurídica, sino también la responsabilidad política, ha sido una práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos, y que se han dado casos en los que ciertas autoridades gubernamentales, han diluido su responsabilidad, no sólo ante la población afectada sino ante la comunidad internacional.

Expresa que en ocasiones se dice que el desastre ocurrido era factible "prevenirlo", cuando las consecuencias se sabe, no sólo dependen de la ocurrencia del fenómeno que lo origina, sino de la vulnerabilidad de los elementos afectados; y que desafortunadamente, las condiciones de vida de muchas comunidades, en los países de desarrollo, se asemejan a una situación de desastre y por eso cuando un desastre ocurre tales comunidades no le es fácil discernir los niveles de protección a los cuales tenían derecho de acuerdo a su propia legislación.

Apunta que hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja, que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tienen instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo; y que en la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo, pocas veces se hacen sondeos para averiguar acerca de su cobertura, su recepción y entendimiento.

Reitera que aun cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar desastres es un tema ineludible a la hora de comprender el riesgo, es común no abordar la vulnerabilidad y sólo se menciona como causa de los desastres a las amenazas; y que esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que ocurra un fenómeno intenso, que usualmente se interpreta como algo contra lo cual no es posible hacer algo para evitarlo.

Considera urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector vivienda y área prioritaria para el desarrollo nacional, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de la vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado.

Plantea la necesidad de que las personas tomen conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.

Considera indispensable el reconocimiento del riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos en la Ley de Vivienda, como un conjunto ordenado de "objetos", procesos, principios y soluciones tecnológicas racionalmente enlazados entre sí con un fin común: evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa en México.

Propone reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos; de igual forma, reformar la fracción I del artículo 6 para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

Considera así mismo reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad que en el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo.

Propone reformar el artículo 71 de la citada Ley, con el propósito de garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo.

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, de conformidad con el altas nacional de riesgos, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 6. ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo principal de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, para incorporar el concepto de riesgo en la normatividad de la materia.

Las Comisiones dictaminadoras comparten las consideraciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a que es necesario contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda, como una medida legislativa para prevenir y mitigar desastres y daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan consideran pertinente formular las precisiones siguientes:

Por definición de su artículo 1, la Ley de Vivienda es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, y tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Por determinación de su artículo 1, la Ley General de Protección Civil tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil.

Por definición del artículo 2, fracción IV y XLVIII de la Ley General de Protección Civil, se entiende por:

Atlas Nacional de Riesgos, al sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.

Riesgo, a los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

Se consideran agentes perturbadores a los fenómenos naturales (geológicos a hidrometeorológicos) o de origen humano (ecológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos) que pueden afectar a un ecosistema y transformar su estado normal en un estado de daño que puede llegar al grado de desastre hasta cambiar su dinámica.

De lo expuesto se sigue que la Ley General de Protección Civil, es el ordenamiento legal encargado de establecer el instrumento denominado Atlas Nacional de Riesgos y de conceptuar la figura del riesgo.

En tal virtud, no corresponde a la Ley de Vivienda normar el Atlas Nacional de Riesgos ni conceptualizar la noción de riesgo.

En este orden de ideas, sería inapropiado que en el marco de la Ley de Vivienda se proponga establecer un Atlas Nacional de Riesgos, y se pretenda ampliar o modificar el concepto de riesgo.

Se considera innecesario aludir al Atlas Nacional de Riesgos en las disposiciones que se pretenden reformar de la Ley de Vivienda, ya que en todo caso la regulación de la figura del riesgo se encuentra normada por la Ley General de Protección Civil.

Por último, es importante señalar que el tema de la vivienda no es una materia concurrente y por tanto la Ley de Vivienda no tiene el rango de Ley General, por lo que resulta improcedente que en las disposiciones transitorias del Decreto en estudio, se establezcan plazos para que las legislaturas de los estados adecuen su normatividad con la propuesta legislativa materia de dictamen.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable incorporar la figura del riesgo en los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, prescindiendo de las referencias al Atlas Nacional de Riesgos.

Así mismo, se estima que es procedente suprimir el contenido del artículo segundo transitorio del Proyecto de Decreto.

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa las Comisiones que dictaminan, consideran pertinente realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

 Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

 Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, de conformidad con el altas nacional de riesgos, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 6. ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

Artículo 8. ...

  1. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTICULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTICULO 6.- ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

ARTICULO 8.- ...

I. a IV. ...

 

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno, la zona donde se ubican las viviendas y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

 
Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTICULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTICULO 6.- ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

ARTICULO 8.- ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce.

COMISION DE VIVIENDA
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS".





 

Uno, de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito, con punto de Acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de 8 años.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACION COMO SUBGOBERNADOR
DEL BANCO DE MEXICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 21 de octubre de 2014, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la propuesta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, mediante la cual somete a la consideración de esta H, Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 38 y 40 de la Ley del Banco de México, la propuesta de designación del C. Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de ocho años.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la Ley del Banco de México; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239 numeral 1, fracción ll; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocó al análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de octubre de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la consideración de la H. Cámara de Senadores, la designación por un nuevo periodo de ocho años con fundamento en los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 38 y 40 de la Ley del Banco de México, al C. Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, cargo que actualmente ejerce el cual concluirá el 31 de diciembre de 2014. Esta propuesta fue remitida a los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante Oficio No. SELAP/300/2553/14, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

2. En la Sesión Ordinaria del 21 de octubre de 2014, se turnó la propuesta antes citada por la Mesa Directiva del Senado de la República mediante Oficio No. DGPL–1P3A.-2784, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, revisaron y analizaron el contenido de la citada propuesta, y realizaron observaciones y comentarios a la trayectoria profesional en el sector financiero en los cargos que ha desempeñado con el fin de fundamentar e integrar el presente dictamen.

II.ANALISIS DE LA PROPUESTA DE DESIGNACION

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otros aspectos, lo siguiente:

El Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría nacional que le corresponde al Estado, para lo cual cuenta con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones.

Para el cumplimiento de su objetivo, el Banco de México como órgano constitucional autónomo tiene como finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; es por ello que le corresponde, entre otras funciones, regular los cambios, la intermediación y los servicios financieros; operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y financiera, así como participar en organismos de cooperación financiera internacional.

Es de destacar el papel del Banco de México en la instrumentación de la reciente reforma energética, en lo concerniente al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, donde además de fungir como institución fiduciaria del mismo, su participación resultará de vital importancia, toda vez que dicho vehículo contribuirá a la mejor distribución de los ingresos petroleros a través del seguimiento, la trasparencia y rendición de cuentas, la organización, el ahorro y la administración de los mismos, coadyuvando a la preservación de la estabilidad macroeconómica nacional para futuras generaciones.

Para cumplir con su objetivo la Ley del Banco de México establece que el ejercicio de las funciones y administración del mismo estarán encomendados, en el ámbito de sus respectivas competencias a una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, de entre los cuales el Ejecutivo Federal designa tanto al Gobernador como a los demás integrantes de dicho órgano colegiado, estos últimos se denominarán Subgobernadores.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas que gocen de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros requisitos; y ejercerán sus funciones por un periodo de ocho años, pudiendo ser designados más de una vez.

Bajo este contexto, se requiere la necesidad de designar a personas que cuenten con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Con fundamento en el artículo 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 40 de la Ley del Banco de México, el Ejecutivo Federal propuso para la aprobación de este H. Senado de la República, la designación, por un nuevo periodo de ocho años, al C. Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, cargo que actualmente ejerce y el cual concluirá el 31 de diciembre del presente año.

Se considera que el designado continúa cumpliendo con los requisitos de la Ley del Banco de México, para desempeñar el cargo de Subgobernador, y se manifiesta que es un funcionario público que seguirá cumpliendo con el encargo de manera idónea y con mayor profesionalismo como lo ha demostrado hasta la fecha.

III.CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. De conformidad en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la Ley del Banco de México; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239 numeral 1, fracción ll; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la propuesta de designación descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Esta Comisión que dictamina, realizó un exhaustivo análisis del expediente personal del C. Roberto del Cueto Legaspi, del que se desprende que satisface los requisitos que por ley se exigen para ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México; cumple con los requisitos que señala el artículo 39 de la Ley del Banco de México, de nacionalidad, de edad requerida y que a la fecha se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

TERCERA. Goza de reconocida competencia en materia monetaria como se muestra en la trayectoria profesional en el sector financiero con que cuenta el C. Roberto del Cueto Legaspi, al ser actualmente Subgobernador del Banco de México. Obtuvo el grado de Abogado por la Escuela Libre de Derecho en 1975. Presidió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 2007. Fue Consejero del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. y Presidente de sus Comités de Riesgos y de Auditoría de 1999 al 2006. Se desempeñó como Jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM en el período 2004-2005. Asimismo, fue Director del Centro de Estudios de Derecho Privado del ITAM de 1999 a 2006. Director General del Banco Nacional de México, S.A. en el período 1996 -1997. En el Banco de México ocupó el cargo de Director General Adjunto de 1990 a 1994 y de Director de Disposiciones de Banca Central de 1985 a 1990.

CUARTA. Esta Comisión que dictamina, considera que la propuesta de designación del C. Roberto del Cueto Legaspi, cuenta con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como miembro de la Junta de Gobierno, por lo tanto, cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el Presidente de la República.

QUINTA. Con el objeto de que esta Comisión que dictamina evaluara integralmente la capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y en general si cumple adecuadamente con las cualidades para la designación; se llevó a cabo una reunión de trabajo para analizar la propuesta en comento el día miércoles 5 de noviembre de 2014.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que el C. Roberto del Cueto Legaspi, ha cumplido en su encargo de manera idónea y profesional, que reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de ocho años a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de designación realizada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de ocho años a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Subgobernador del Banco de México, en los términos expuestos.

Dado en la sala de Comisiones del Senado de la República, a 5 de noviembre de 2014

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hacer algunos comentarios sobre este asunto.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que aprueba la designación del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un periodo de 8 años, a partir del 1º de enero de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2022, debe también ser la ocasión para hacer algunas reflexiones sobre política monetaria, seguida por el Banco de México.

Por mandato de ley, el Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para ello ha propuesto o ha puesto como objetivo, desde hace ya varios años, una meta de inflación de 3 por ciento, con un rango de variaciones de más-menos 1 por ciento, es decir, que esta meta consiste en mantener la inflación entre el 2 y el 4 por ciento.

Después de la crisis del 2008-2009, la inflación, medida a través del índice nacional de precios al consumidor, ha sido de 3.9 por ciento, es decir, el máximo límite en la meta.

Sin embargo, el crecimiento de los precios de la canasta básica ha superado dicha meta, se ubica en 4.5 por ciento, promedio, en los últimos 5 años, y el precio de los alimentos aún es mayor en 5.1 por ciento.

Los precios de la canasta básica, y en especial los alimentos, son los que afectan a la mayoría de la población, y en este sentido, la política del Banco de México prioriza cumplir su meta macroeconómica y se despreocupa del impacto de las políticas inflacionarias que golpean a la población más pobre del país, que es alrededor de 60 ó 70 millones de personas.

Es la inflación, ésta, la que afecta al grupo mayoritario, y el Banco de México debe tomar cartas en el asunto.

Mientras el valor de la canasta básica aumentó 18.3 por ciento, de junio de 2010 a junio de 2014, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ingreso medio de la población ocupada creció apenas 7.3 por ciento.

Es decir, en este periodo el ingreso de la población perdió 11 por ciento de su poder adquisitivo en términos del costo de la canasta básica.

Y en los 30 años de políticas neoliberales, el poder adquisitivo de salario mínimo disminuyó en 77 por ciento, según señala la CEPAL, y las cifras que en su propuesta para aumentar el salario mínimo nos mostró el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por ello, el Banco de México debe vigilar que la inflación no afecte al poder adquisitivo de las y los trabajadores.

Los principales instrumentos con que cuenta el Banco de México para mantener más o menos controlada la inflación, son la determinación de la tasa de interés-objetivo, y participar en el mercado cambiario.

En los últimos años, ha podido disminuir hasta 3 por ciento la tasa de interés-objetivo, por las condiciones del mercado internacional que ha llegado a ser casi cero o cero.

En el futuro próximo se prevé que dichas tasas aumenten y ello ocasionará una mayor competencia en los mercados, y es probable que este instrumento ya no pueda ser utilizado por el Banco de México, en la forma en que lo ha venido haciendo recientemente y podría tomar la decisión de aumentarla, lo que tendría un impacto negativo en la inflación y en el crédito interno; en teoría, el tipo de cambio se define libremente por el mercado.

Sin embargo, el Banco de México aplica una política de ofertar dólares, cuando ese libre mercado lo presiona a la alza. Este instrumento no ha sido utilizado por el Banco de México durante algún tiempo, sin embargo, durante las últimas semanas se ha depreciado el peso respecto del dólar, de una manera importante, aproximadamente pasó de 13 pesos por dólar, que terminó el año pasado, al día de hoy, se ubica en 13.60 pesos por dólar.

Por ello existe la posibilidad de que el Banxico, vuelva a intervenir en el mercado cambiario.

Otro de los propósitos del Banco de México, es promover el sano desarrollo del sistema financiero. En este aspecto, las entidades financieras son principalmente un gran negocio y están bien capitalizadas, pero no cumplen con su propósito fundamental, que es, de dar el crédito necesario, productivo, que requieren los distintos sectores para el desarrollo del país.

A septiembre de 2014, la cartera de crédito de la Banca Comercial ascendió a 3 billones de pesos, y la Banca de Desarrollo apenas a 0.56 billones, que en su conjunto representan el 20.7 por ciento del PIB.

La reforma financiera no ha servido para nada, porque han reducido las metas que se propuso.

Por otra parte, subsiste la enorme inequidad en el sistema financiero. Mientras las grandes empresas tienen un acceso casi ilimitado al crédito y por ello está concentrado en ellas, las pequeñas y medianas empresas no lo tienen o si tienen es en condiciones muy desfavorables.

En relación a la balanza de pagos, destaca que al menos de junio de 2014, la inversión extranjera en cartera, es decir, la inversión especulativa ascendía a 507 mil millones de dólares, y estaba respaldada por 190 mil millones de dólares de reservas internacionales, es decir, solo están respaldadas el 53 por ciento de las inversiones en cartera, ante la volatilidad de los mercados internacionales y el retiro previsto del gobierno de Estados Unidos, de los apoyos al sistema financiero, existe un serio riesgo de salida de capitales especulativos, que impactarán negativamente a la balanza de pagos y en consecuencia a las reservas internacionales.

Otra de las funciones del Banco de México, es de ser fiduciario del gobierno federal. Y en este sentido, administra diversos fideicomisos, como el Fondo Bancario de Financiamiento a la Vivienda o el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos o los fideicomisos constituidos en relación con la agricultura, como el FIRA; pero en la reforma energética privatizadora, agregó un nuevo fideicomiso, que será administrado por el Banco de México, me refiero al Fondo Mexicano del Petróleo, que seguramente será el más importante de los que administra el Banco de México.

Por mandato de ley, este fideicomiso tendrá un conjunto de atribuciones muy importantes, como el de administrar los aspectos financieros y calcular las contraprestaciones que establezcan los contratos que se otorguen a los particulares.

Así también, recibirá de PEMEX los recursos que correspondan al gobierno federal, derivados de las asignaciones. La administración de los aspectos financieros incluye la recepción de los recursos que correspondan; el pago de las contraprestaciones y a los contratistas; la parte más peligrosa y delicada de toda la reforma.

Y además, enterar al gobierno federal los recursos sobrantes de los contratos, que será una mínima parte, de acuerdo a como está la reforma energética.

En el caso de lo que los recursos que reciba el Fondo Mexicano del Petróleo, derivados de las asignaciones y contratos, descontados todos los pagos que se hagan a los contratistas por costos, gastos e inversiones superen el 4.7 por ciento del PIB, entonces y solo entonces, se podrá constituir una reserva que se irá acumulando hasta llegar al 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

Si alguna vez llegara a rebasar esa cantidad, podría enterar de manera extraordinaria al gobierno federal, ese excedente.

Esta nueva actividad del Banco de México requerirá necesariamente de una estructura de organización que pudiera ser importante y tener un costo muy oneroso, que mermaría aún más los recursos petroleros de la nación.

Recomendamos al ratificado subgobernador, que esta estructura sea a costos compensados, para no cargar en el pueblo de México el costo de estos aparatos burocráticos.

Es muy importante que todas las operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo se trasparenten y hacemos la exigencia, también, de transparentar las pensiones vitalicias y las remuneraciones de los altos mandos del Banco de México, así como transparentar el costo de las operaciones financieras.

Para 2015, aún no se tienen las cifras que van a entrar por contratos al Fondo Mexicano del Petróleo, solo se hizo una estimación de los ingresos petroleros del gobierno federal, derivado de las asignaciones de PEMEX, para efectos de la Ley de Ingresos.

A pesar de que se prevé que en 2015, porque ya se entregó la Ronda Uno, entonces a partir del 2015 van a entrar algunos ingresos por parte de los privados.

Debemos estar atentos a los informes trimestrales, que ahora debe de entregar el Banco de México, sobre los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo.

Termino diciendo que, en síntesis, la política monetaria que ha sido restrictiva para el crecimiento económico y las nuevas facultades del Banco de México, deben adecuarse para que puedan apuntalar el desarrollo del país y no cargar en el pueblo de México, los nuevos cargos y las nuevas facultades otorgadas al Banco de México.

Ojalá este subgobernador Roberto del Cueto Legaspi, apuntale estos objetivos en bien del país.

Es cuanto. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Regional del sureste del estado de Oaxaca, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth, quienes realizan una visita al Senado de la República para ver el proceso del desarrollo de carácter legislativo. ¡Sean ustedes bienvenidos!, jóvenes estudiantes de la licenciatura en derecho.

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se aprueba la designación del ciudadano Roberto del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un periodo de 8 años, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del año 2022. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, por lo que solicito a los Senadores David Penchyna Grub, Octavio Pedroza Gaitán, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de toma de protesta.

Pedimos a la comisión que cumpla, por favor, con su encomienda.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Senadoras y Senadores, favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ciudadano Roberto del Cueto Legaspi: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Subgobernador del Banco de México, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Roberto del Cueto Legaspi: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. ¡Felicidades!

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo, y solicito a la comisión designada acompañe al señor subgobernador cuando desee retirarse del salón de sesiones.

(La comisión cumple)

 





 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4° de la Ley General de Turismo, en materia de aplicación de instrumentos de política ambiental y de cambio climático en materia de turismo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 4 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2º y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4º de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I. El 18 de febrero de 2014, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2º y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4º de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa de mérito refiere que el turismo es una actividad económica que representa una industria completa y compleja capaz de aportar al crecimiento de cualquier país, sin embargo, señala que –como toda actividad humana- su acelerado crecimiento conlleva a casi el 5% de emisiones de carbono mundial a la atmósfera producto de los viajes aéreos, marítimos y terrestres, sin considerar los daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación de desechos.

Da cuenta de que, a través de la pérdida de hábitats, humedales, el aumento en el nivel del mar, el aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y fenómenos meteorológicos, los efectos del cambio climático ya son visibles para México, y que el calentamiento global afecta sectores tales como: el turismo, la agricultura, el comercio, el pesquero, el energético, entre otros.

En virtud de lo anterior, menciona que la relación del cambio climático y el turismo ha sido abordado en la Organización Mundial del Turismo, en 2003 y 2007 mediante la Primera y la Segunda Conferencias Internacionales sobre el Cambio Climático y el Turismo; durante la primera conferencia, celebrada en Túnez se emitió la Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático, la cual tuvo por objeto apremiar a los gobiernos del mundo a contribuir por un turismo sustentable y a que las organizaciones internacionales estudien las implicaciones recíprocas del turismo y el cambio climático; por otra parte, en la Segunda Conferencia se instó al sector turístico a actuar para hacer frente al cambio climático como uno de los mayores retos del desarrollo sustentable para el siglo XXI.

En razón de lo anterior, plantea la necesidad de transformar la industria del turismo tradicional a una industria del turismo sustentable, entendiendo ésta como una actividad que da uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, bajo estricto apego a las leyes en la materia, lo cual está de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial del Turismo sobre competitividad turística, lo que implica la eficacia de los destinos para atraer y satisfacer a los visitantes, ofrecer servicios de calidad e innovadores a los consumidores y garantizar al mismo tiempo que los recursos naturales que soportan el turismo son empleados de manera eficiente y sostenible.

Por lo anterior, la iniciativa propone coordinar la legislación en turismo con la legislación en cambio climático mediante la inclusión de objetivos específicos que otorguen el fundamento jurídico a la autoridad competente para realizar acciones que promuevan la competitividad de la industria turística y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México, respecto a la disminución de emisiones y sustentabilidad.

CONSIDERACIONES

La Comisión de Turismo reconoce que el cambio climático es un reto global que exige una respuesta pronta y decidida de todos los países para bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, máxime cuando México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.

La acción corresponsable de todos los gobiernos es fundamental para alentar prácticas amigables con el medio ambiente, en este sentido se debe reconocer que México ha venido asumiendo su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, a través de una política de estado que comprende la Ley General de Cambio Climático, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, entre otros.

México no es ajeno a la relación que guarda el turismo con el cambio climático, al respecto el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, reconoce que el turismo, al tener una estrecha relación con el medio ambiente lo hace vulnerable a cualquier cambio de las condiciones climáticas en los destinos, y al mismo tiempo, al ser el turismo una actividad humana, también tiene una elevada y creciente responsabilidad en las emisiones de Gases Efecto Invernadero, razón por la cual se han comenzado a repensar los esquemas de intervención en materia de sustentabilidad en el turismo y las acciones de adaptación y mitigación que se requieren implementar en el sector.

Por ello, el programa sectorial referido menciona que se debe apostar por una estrategia integral que fomente el desarrollo sustentable de los destinos turísticos, que utilice las nuevas tecnologías, fuentes de energía alternativa, que modifique los patrones de consumo y de desarrollo turístico con el fin de enfrentar los retos que plantea el cambio climático.

Así, la Estrategia 5.2 comprende el diseñar instrumentos con criterios de sustentabilidad para dirigir al sector turístico hacia una industria limpia y resiliente al cambio climático, a través de las siguientes líneas de acción: 5.2.1 Sistematizar y consolidar el monitoreo de destinos turísticos con un enfoque de sustentabilidad; 5.2.2 Promover la inclusión de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación y en las políticas turísticas locales; 5.2.3 Desarrollar diagnósticos de vulnerabilidad que permitan el diseño de programas de adaptación y sistemas de alerta temprana al cambio climático para destinos turísticos prioritarios; y, 5.2.4 Impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad aplicables y promover la implementación de mejores prácticas en el sector.

Como se puede observar, la política emprendida por el Gobierno Federal en materia de turismo y cambio climático coincide con la preocupación que manifiesta la promovente de la iniciativa de mérito en el sentido de emprender acciones que promuevan la competitividad de la industria turística, cumpliendo los compromisos adquiridos por México respecto a la disminución de Emisiones de Gases de de Efecto Invernadero y sustentabilidad.

En virtud de lo anterior, y de lo prioritario que para el Congreso de la Unión le resulta el crear leyes que impulsen la mitigación y adaptación al fenómeno del cambio climático, estas Comisiones Dictaminadoras consideran conveniente aprobar la propuesta de reforma a  la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo, a fin de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo coadyuve a  la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático en materia de turismo.

Cabe señalar que esta reforma está conforme con lo señalo por la fracción XXXIV del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el que señala que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le corresponde elaborar y aplicar en coordinación con la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley de Cambio Climático.

Asimismo, está conforme a la Ley General de Cambio Climático, principal instrumento de política con el que cuenta México para enfrentar el calentamiento global, la que prevé la integración del Sistema Nacional de Cambio Climático, mismo que está integrado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, las entidades federativas, las asociaciones de autoridades municipales y el Congreso de la Unión.

El artículo 45 de la Ley en comento, señala que la Secretaría de Turismo, junto con 12 secretarías de Estado integrarán la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la que tendrá como funciones: 1) formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación a los programas y acciones sectoriales correspondientes; 2) desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para que los apliquen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal; 3) aprobar la Estrategia Nacional de Cambio Climático; 4) participar en la elaboración e instrumentación del Programa Especial de Cambio Climático, entre otros.

Por lo que respecta a la adición de la fracción XVI al artículo 2 de la Ley General de Turismo, para establecer que esta Ley tiene por objeto: promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos turísticos sociales y privados, transitando hacía una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables;  estas Comisiones Legislativas consideran inviable la propuesta, toda vez que la Ley General de Turismo es un ordenamiento que tiene como objetivo principal establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes en materia de turismo entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado y que en el cuerpo de la ley no se comprenden mecanismos para transitar  hacía una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables.

No obstante lo anterior, se debe destacar que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras consideran que el espíritu de la promovente se encuentra atendido en: a) la fracción II del artículo 2º de la Ley en comento, el que señala como uno de los objetivos de la Ley General de Turismo el establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística bajo el criterio de sustentabilidad (entre otros); b) en la fracción VII del artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático, el que señala como objeto de la ley el promover la transición hacía una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono; c) en la fracción XVIII del artículo 5 de la Ley General de Cambio Climático, la que señala que es atribución de la federación: establecer las bases e instrumentos para promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos transitando hacía una economía sustentable de bajas emisiones de carbono, mejorando su eficiencia energética, participando en el comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento nacionales o internacionales; d) en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático la que establece que los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son: reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo – eficiencia de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico.

Los mismos argumentos señalados para considerar inviable la propuesta de reforma a la fracción XVI al artículo 2 de la Ley General de Turismo, aplican para considerar inviable la propuesta de reforma a la fracción XI del artículo 4 la que proponía establecer que son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría de Turismo el promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono y el uso de energías renovables.

No obstante que se considera inviables estas dos últimas propuestas, las Comisiones Dictaminadoras quieren rescatar que el espíritu de las propuestas de la iniciativa de mérito son de tal importancia que se contemplan en la Ley General de Cambio Climático, en diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte, en la planeación nacional, a través de su incorporación en estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y en la creación del Programa Especial de Cambio Climático.

Es importante mencionar que de conformidad con el Programa Especial de Cambio Climático, la Secretaría de Turismo participará con las siguientes líneas de acción para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.

1.4.1. Elaborar y difundir diagnósticos de vulnerabilidad, programas de adaptación y sistemas de alerta temprana al cambio climático para destinos turísticos prioritarios; 2.3.6 Impulsar, con perspectiva de género, proyectos de turismo comunitario sustentable de naturaleza en ANPs y/o en zonas vulnerables; 2.6.4 Fomentar acciones para restablecer el balance del ciclo del agua en los destinos turísticos prioritarios; 3.4.2 Promover acciones de eficiencia energética en las MIPyMES turísticas, principalmente en hoteles y restaurantes; 5.2.3 Promover la realización de un inventario de gases de efecto invernadero para reducir las emisiones en actividades asociadas al sector.

Por lo anterior y haciendo constar las diversas acciones que se han realizado en función de mejorar las acciones de adaptación y mitigación, es que las Comisiones Dictaminadoras consideramos oportuno coadyuvar con el principio de transversalidad, realizando acciones a través de diferentes sectores y creando una coordinación entre la Ley General de Turismo, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de crear un mayor soporte en materia de Cambio Climático, sin duplicar las funciones que corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancia coordinadora y responsable de la Política Nacional de Cambio Climático.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 4 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Unico.- Se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 4.  …

I – V …

VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático, en materia de turismo;

VII – XV …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.

Comisión de Turismo
Comisión de Estudios Legislativos, Primera”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Félix Arturo González Canto: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que las Comisiones Unidas de Turismo; y Estudios Legislativos, Primera que sometemos a su consideración el día de hoy, tiene como objetivo reformar la Ley General de Turismo, a fin de establecer que la Secretaría de Turismo coadyuvara a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático en materia turística.

El cambio climático es un reto global que exige una respuesta pronta y decidida de todos los países para bajar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

En esta materia, México ha venido asumiendo su responsabilidad a través de una política de estado que comprende la Ley General de Cambio Climático, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, entre otros.

El programa sectorial de turismo 2013-2020, reconoce la estrecha relación que existe entre el turismo y el cambio climático, por lo que dentro de sus estrategias se encuentra el diseñar instrumentos con criterios de sustentabilidad para dirigir al sector turístico hacia una industria limpia y resiliente al cambio climático.

Las líneas de acción del programa comprenden sistematizar y consolidar el monitoreo de destinos turísticos con un enfoque de sustentabilidad, promover la inclusión de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación y en las políticas turísticas locales.

Desarrollar diagnósticos que permitan el diseño de programas de adaptación y sistemas de alerta temprana al cambio climático para destinos turísticos prioritarios. Incluye también impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad y promover la implementación de mejores prácticas en el sector.

Como se puede observar, la política emprendida por el gobierno federal en materia de turismo y cambio climático, coincide con la preocupación que manifestó la Senadora Silvia Guadalupe Garza, promovente de la iniciativa que origina este dictamen, en el sentido de emprender acciones que promuevan la competitividad de la industria turística, cumpliendo los compromisos adquiridos por México respecto a la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y sustentabilidad.

Compañeras y compañeros Senadores:

Solicito su voto a favor de este dictamen para que la Secretaría de Turismo coadyuve a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático en materia de turismo, para fortalecer la transversalidad en el combate contra el cambio climático.

El coordinar la Ley General de Turismo, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de crear un mayor soporte en materia de cambio climático, sin duplicar las funciones que corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancia coordinadora y responsable de la política nacional de cambio climático, sin duda mejorará las acciones de adaptación y mitigación que nuestro gobierno ha emprendido contra este fenómeno global.

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador González Canto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para hablar a favor de este dictamen.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Agradezco al Presidente de la Comisión de Turismo, el Senador Félix Arturo González Canto, por la atención prestada a esta iniciativa, así como a todos los miembros de la comisión.

El turismo es una actividad económica muy importante no sólo para México, sino para gran parte del mundo.

México ha tenido un crecimiento acelerado durante las últimas décadas, pero debemos de reconocer que el aumento del turismo conlleva también a un aumento de emisiones de carbono y se da en gran medida por el incremento de viajes aéreos, marítimos y terrestres, además de daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación de residuos sólidos.

México debe seguir buscando atraer turismo hacia el país, porque contamos con lugares hermosos, irrepetibles, comparados con cualquier parte del mundo.

Este crecimiento debe ser sustentable, debe tratarse de un crecimiento que respete las políticas públicas ambientales y de cambio climático. Si lo hacemos, podremos conservar nuestro hábitat, los humedales, la selva, los bosques, las playas, si los conservamos será una garantía de que sigamos contando con turismo en las siguientes décadas.

El sector turístico debe actuar para hacer frente al cambio climático como uno de los mayores retos del desarrollo sustentable para el siglo XXI.

La iniciativa que presenté contribuye a incorporar el concepto de cambio climático como uno de los instrumentos de política que deberá respetar la Secretaría de Turismo para la implementación de sus políticas públicas.

La Secretaría de Turismo, conforme a la Ley General de Cambio Climático, forma parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, por lo que deberá formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación a los programas y acciones sociales correspondientes.

El trabajo de la Administración Pública Federal, en esta área, debe ser inexcusable, si es que queremos cumplir con nuestras metas nacionales e internacionales para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y sobre todo si queremos prevenir y evitar los efectos negativos del cambio climático, manteniendo segura a la población y al sector turismo.

Nosotros tenemos la obligación de dejar estos lugares maravillosos, turísticos, mejor que como los recibimos, mejor como no lo entregó la generación pasada, tenemos la obligación de dejarles a nuestros hijos los mejores y lugares más bellos del mundo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros:

El día de hoy analizamos un dictamen muy importante de la Comisión de Turismo, cuyas modificaciones implican una gran modernización a nuestros cuerpos normativos, lo cual representa avances en materia turística y trascienden hacia la mitigación del cambio climático.

El dictamen propone modificar el artículo 4 de la Ley General de Turismo, para que la Secretaría de Turismo coadyuve en la aplicación de los instrumentos de la política ambiental, y de igual forma genere esos instrumentos que se requieren para mitigar el cambio climático en el desarrollo de las actividades turísticas.

La integración de la SECTUR en el ámbito del cambio climático es pertinente, porque los prestadores de servicios turísticos deben realizar sus actividades en apego estricto a la sustentabilidad de los ecosistemas.

Este dictamen da seguimiento a las obligaciones contraídas por nuestro país y se da cumplimiento con la armonización que señala la Ley General de Cambio Climático.

Estas modificaciones redoblan esfuerzos por mitigar el cambio climático, propiciando beneficios para los turistas y para los ciudadanos que viven de esta actividad económica.

El turismo es de gran importancia, ya que es una de las principales actividades económicas en nuestro país, y los indicadores recientes del Producto Interno Bruto turístico muestran un crecimiento del 1 por ciento a tasa anual en términos reales.

Ante esta dinámica, debemos seguir fortaleciendo el sector turístico por medio de estrategias que establezcan lineamientos claros de respeto y preservación al medio ambiente, como los que se proponen en este dictamen.

De aprobarse la propuesta en comento, la Secretaría de Turismo podrá incidir en el desarrollo de políticas públicas vinculadas al turismo y al cambio climático.

Es importante diseñar mecanismos de protección a los polos turísticos ante desgastes climatológicos.

Recordemos que los daños y pérdidas económicas generadas por fenómenos climatológicos durante 2013, fueron de 0.37 por ciento en términos del Producto Interno Bruto, esto representa el 40 por ciento del crecimiento económico anual.

Con esta propuesta buscamos desarrollar estrategias que generen un ahorro muy significativo para nuestro país.

Con este dictamen estaremos facultando a la SECTUR, para desarrollar estrategias que beneficiarán diversamente al turismo nacional.

Con este dictamen se reconoce la importancia de la mitigación, del freno a este cambio climático para detener las afectaciones y además se están proponiendo herramientas jurídicas que se sumarán a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.

Por lo anterior, en el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor del dictamen.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Agotada la lista de oradores, y no habiendo ningún artículo reservado, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de estudiantes del Instituto Universitario Franco-Inglés de México, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes realizan una visita al Senado para conocer el desarrollo del proceso legislativo, ¡sean ustedes bienvenidos!

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y 0 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la discusión de seis dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen punto de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al cuarto dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al quinto dictamen.







 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al sexto dictamen.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, sobre el acceso a la playa en Akumal.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros:

Definitivamente en el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de este dictamen, porque hemos estado en una campaña permanente para que se respeten los accesos a las playas.

Los accesos a las playas se han ido reduciendo paulatinamente derivado de la inversión privada que ha desarrollado infraestructura en la Riviera Maya, frente a la zona federal marítimo-terrestre.

Este modelo de desarrollo turístico ha limitado gravemente el acceso al mar a la población local quintanarroense, y a los turistas connacionales.

Solicité con anterioridad a la SEMARNAT  la información de cuántos accesos al mar existen en Quinta Roo, respondió, existen 21 accesos, esto es gravísimo, considerando el tamaño del estado.

Compañeras Senadoras y Senadores, actualmente se ha restringido el único acceso que quedaba en la comunidad de Akumal, ubicada en el municipio de Tulúm, Quinta Roo, esto derivado de una determinación de la PROFEPA, donde determina que la presencia de los ciudadanos en la playa daña la zona de dunas.

Sin embargo, los únicos que han informado respecto a este acto de autoridad son los medios de comunicación, es por eso que es necesario que la PROFEPA esclarezca su resolución.

La sociedad en general exige conocer detalladamente los estudios de impacto ambiental que realizó la PROFEPA para determinar cerrar el único acceso que quedaba para la playa en Akumal, Tulúm.

En este acto arbitrario, pareciera que es una evidente privatización de esta playa, esto parece un proyecto que busca volver exclusivo el acceso para los huéspedes de los dos desarrollos turísticos que están ubicados frente a las playas de Akumal.

Pareciera ser que quienes ostentan una propiedad y un contrato de tiempo compartido en Akumal son los únicos que pueden tener acceso a esta playa, y también nos exenta de impactar los ecosistemas de la erosión de dunas.

Lamentablemente esta situación se da en muchos otros estados con zona marítimas. Estas políticas gubernamentales privatizadoras están destruyendo el turismo social y el tejido social. Hoy en Quintana Roo los únicos espacios que están quedando para ir a pasear los fines de semana con la familia, son los centros comerciales, la gente no tiene un salario de donde pueda tener oportunidad de comprar y de gastar y de pasarla bien en un centro comercial, bueno, por lo menos ir a las playas públicas, pero ya ni eso, porque hay una especie de contubernio de ley no escrita en el que se está facilitando la privatización de los accesos al mar, y eso es muy grave, muy grave porque en Quintana Roo hay problemas sociales muy grandes, y que la gente no tenga derecho ni siquiera al sano esparcimiento en las área naturales, eso no lo podemos permitir.

Estas políticas gubernamentales privatizadoras están destruyendo el turismo social, impedir el acceso a las playas es una violación grave a los derechos humanos de los ciudadanos, así que hacemos uso de esta tribuna para transmitir la indignación que se vive en el estado de Quintana Roo, por estas políticas de exclusión que impiden el uso pleno de nuestras riquezas naturales, como legítimos ciudadanos de la República.

Es urgente que la PROFEPA informe detalladamente sobre esta determinación de cerrar el acceso a Akumal. Como legisladora por el estado de Quintana Roo, mi obligación será siempre velar por los derechos de los ciudadanos, razón por la cual seguiré exponiendo las demandas de la ciudadanía en esta tribuna.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre los dictámenes de la mariposa monarca y el relativo al cambio climático.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Dirán que por kilo sale más barato.

Me toca hablar de dos dictámenes en el mismo sentido de la Comisión de Cambio Climático, y éste tiene que ver, en primer lugar, con el problema que se ha anunciado de la mariposa monarca que ha venido registrándose desde el 2013 y 2014, una disminución en las colonias que se venían presentando en nuestro país, hay detectada en este periodo tres en Michoacán y cuatro en el Estado de México y ocuparon 0.67 hectáreas y hay cinco colonias con 0.62 centiáreas, vamos a decir así, dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca y 2.05 hectáreas fuera de esta zona de la reserva de la biosfera.

Esto habla de una disminución del 43.7 por ciento con respecto a la registrada en el periodo pasado del 2012 a 2013, cuando había nueve colonias de mariposa monarca en una superficie mucho mayor a 1.19 hectáreas, cifra que ya entonces era como la menor desde 1993.

La reducción de la población de la mariposa monarca se atribuye principalmente a la pérdida de los sitios de alimentación, a la erradicación de las plantas de algodoncillos debido al uso de herbicidas y fertilizantes para uso agrícola, mismos que contienen organismos genéticamente modificados y esto también contribuye a la deforestación y degradación forestal causada por la tala ilegal y las condiciones climáticas extremosas cada día más frecuentes debido al calentamiento global.

Si estas son las causas de la disminución del número de la presencia de mariposa monarca en México, en Estados Unidos y Canadá se empezaron a trabajar en soluciones en razón de las graves consecuencias que pueden generarse para los diferentes países en el caso de su extinción total.

 La mariposa monarca, ¿qué significa para nosotros?

La mariposa monarca ayuda en su papel de polinizador, también ayuda a diversificar la flora, sin embargo, también representan profundos impactos en la agricultura y a la alimentación, ya que naturalmente aseguran la sostenibilidad de nuestros sistemas de producción agroalimentarios.

En Estados Unidos, por ejemplo, dan cuenta de la importancia económica de otro polinizador, la abeja, y la abeja representa para los Estados Unidos en su economía ingresos de 15 mil millones de dólares anuales.

Si esto en analogía con lo que produce la mariposa monarca en nuestro país, pues tenemos que ver la forma de protegerla, de preservar su hábitat y generar su presencia, su permanencia y su desarrollo.

Por eso, incluso en Estados Unidos se ordenó la creación de una estrategia federal para promover la salud de las abejas y otros polinizadores, también se ordenó la inclusión de la mariposa monarca dentro de dicha estrategia.

Para México la mariposa monarca es y debe ser una prioridad, ya que también, además del tema ecológico, brinda ingresos y bonanzas económicas y culturales y esto fue reconocido cuando se decidieron reservar 56 mil 259 hectáreas como reserva de la biosfera de la mariposa monarca en el territorio de Michoacán y del Estado de México.

 Y la propia ONU en el 2008 la declaró como reserva de la biosfera y patrimonio mundial de la humanidad.

Fíjense lo que representó para los michoacanos el 2010 en materia de turismo, 8 millones 507 mil visitantes y dejaron una derrama económica de 11 mil   300 millones de pesos y para 2011 se recibieron 7 millones 236 mil 81 turistas que dejaron una derrama de 9 mil 551 millones de pesos, y gran parte de estos ingresos fueron generados por el turismo que se dirige a la reserva de la biosfera, y si tenemos nosotros potenciados esta importancia que representa en la economía este tema de la mariposa, por obvias razones este Senado debe pronunciarse en que se apruebe en lo general a favor este dictamen y que sea un primer paso en la conservación de nuestros ecosistemas y que se reconozca también que la tala ilegal es uno de los problemas, para que podamos generar el mejor hábitat para nuestra mariposa monarca.

Y en el tema del otro dictamen, señor Presidente, que tiene que ver con el punto de Acuerdo que nos llama a que los mexicanos hagamos un poco más de conciencia para disminuir el uso de energía, el ahorro de energía y para generar otras fuentes alternativas de transporte para poder incidir en la disminución del índice de contaminación, dicen que México presenta altos niveles de bióxido de carbono y esto se debe a la existencia de un alto número de vehículos.

En los últimos 20 años el número de automóviles en México se ha triplicado y en la ciudad de México se incorporan anualmente 496 vehículos al parque vehicular, cerca de 500 automóviles diarios se incorporan.

Esto, compañeros, crea que el problema de los automóviles sean la principal fuente de contaminación en nuestro país, y esto pues no es un dato inventado, lo está dando la Organización Mundial de la Salud que se registran 15 mil decesos anuales atribuibles a la contaminación del aire ambiental.

Y una de las causas principales de la generación de este gas contaminante de efecto invernadero viene de los contaminantes que tiene que ver con el monóxido de carbono y de los óxidos de nitrógeno que son los que emiten los vehículos ligeros y que está calculado que ese 74 por ciento del bióxido de carbono con que se está contribuyendo la formación de ozono troposférico asociado con graves enfermedades pulmonares.

Pero eso si, nosotros estamos como nación, contribuyendo con el 1.5 por ciento de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero, es decir, producimos aproximadamente 643 millones de toneladas de bióxido de carbono y somos el lugar 12 entre los países con mayores emisiones a nivel mundial.

Esto obliga a que efectivamente se haga una campaña para hacer que se desista del medio de transporte del vehículo como uso personal individual y se genere el impulso al transporte colectivo, al transporte eléctrico, al transporte que genere otras condiciones de frenar y mitigar cuando menos los efectos al daño ambiental.

La propia Ley General de Cambio Climático es un instrumento que nos permitiría hacer esto y que tenemos que incidir en que vayamos también cambiando el tipo de energías con las que ocupamos el diésel, el carbón y que vayamos utilizando energías limpias, renovables para que podamos hacer un mayor efecto en la contaminación de nuestro entorno.

Por eso, compañeras y compañeros, la fracción del PRD, su servidor, pues ya vamos a votar a favor de estos puntos de Acuerdo, que son un oportuno llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quienes realizan una visita de trabajo a este órgano legislativo para conocer el desarrollo del proceso legislativo.

Igualmente, saludo también la presencia de un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean ustedes bienvenidos también al Senado de la República!

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el dictamen de turismo de naturaleza en humedales costeros.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, presenta hoy a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen referente a una proposición con punto de Acuerdo promovido el pasado 24 de octubre del 2013, con el objetivo de exhortar a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a desarrollar un programa a nivel federal que ayude a dar un mayor impulso y dinamismo eco turístico a los humedales costeros en zonas de manglar.

En México predominan 4 especies de manglar, las cuales son el Mangle Negro, Botoncillo, Blanco y Rojo, sin embargo, se tienen registradas la presencia de al menos otros 4 tipos, estos se localizan en las costas del Océano Pacífico, del Golfo de California, del Mar Caribe y el Golfo de México.

La superficie cubierta por mangles en el país es de más de 764 mil hectáreas, extensión que nos coloca en el segundo lugar a nivel continental, después de Brasil, siendo el quinto lugar a nivel mundial.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, las entidades federativas con mayor superficie de manglar en el país son:

En primer lugar, Campeche, mi estado, con más de 197 mil hectáreas, de cual puedo dar constancia de la belleza e importancia de este recurso natural y lo que representa para nuestra gente.

Le siguen en importancia los estados de Quintana Roo, con 128 hectáreas; Yucatán, con 91 mil 356; Sinaloa, con 77 mil, y Nayarit, con 66 mil.

Esta propuesta fue conformada con la visión de impulsar social, económica y sustentablemente el potencial eco turístico de las regiones con el apoyo de los programas del gobierno, que serán y que deben ser cada vez más provechosa y oportuna la viabilidad para que sus habitantes logren aprovechar el potencial de sus regiones adecuadamente.

El presente dictamen su sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que reconoce el sector turístico como estratégico en el crecimiento económico del país, dadas las capacidades que posee para generar inversiones; que se brinden y que generen más empleos, impulsar el autoempleo de los emprendedores locales, competir exitosamente en mercado turístico internacional, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alta valor a través de la integración de cadenas productivas locales.

Asimismo, consideramos en el marco de la meta nacional número 4 del “México Prospera”, específicamente el programa sectorial de turismo que establece 4 ejes estratégicos en el sector turístico.

Compartimos plenamente estos objetivos, tal como se refleja en los últimos indicadores, que vamos en la ruta correcta, sin embargo, debemos de ir por más.

Exhortamos y solicitamos al gabinete turístico y a sus grupos de trabajo para que consideren estratégico el ecoturismo en zonas de manglar, y en consecuencia se diseñen e implementen políticas públicas que lo impulsen.

Sin demeritar los esfuerzos que se han realizado en el pasado, creemos que podemos avanzar más rápido para que se cumpla a cabalidad con las expectativas y metas que se han trazado.

Para ello es fundamental continuar robusteciendo los segmentos turísticos, que a pesar de formar parte de la política nacional, en la materia deben ser conducidos por sendas innovadoras.

Según datos oficiales del gobierno federal, es uno de los segmentos más demandados por el turismo internacional, en particular de Estados Unidos, Europa y América Latina, y estos son la posibilidad de admirar paisajes naturales, terrestres, únicos en su tipo.

La experiencia de interactuar con los habitantes de las comunidades y conocer nuestra diversidad cultural y tradiciones, y sin duda la oportunidad de observar y convivir con las especies únicas de flora y fauna de estos sitios.

De tal suerte que debemos impulsar actividades económicas sustentables y competitivas explorando nuevas alternativas que beneficien a los habitantes de las comunidades costeras, permitiéndoles participar del uso sustentable.

Compañeras y compañeros:

Apostemos al impulso del turismo de naturaleza como una gran oportunidad para innovar y competir.

Señoras y señores Senadores, por tal motivo, les pedimos que voten a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pozos Lanz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de Acuerdo sobre la reforma al campo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen con punto de Acuerdo.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de alcaldes y regidores del estado de Tlaxcala, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández, quienes realizan una visita al Senado de la República para conocer el proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Para presentar el dictamen, se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Siempre hemos sostenido que para poder iniciar la ruta de una reforma integral es necesario que se parta de un diagnóstico.

Hemos planteado, haciendo un símil con la cuestión médica, que es difícil que un doctor otorgue una receta si antes no diagnostica cuáles son los síntomas que tiene el enfermo.

Una vez que ha identificado, a partir de los síntomas, el posible mal que padece el enfermo, entonces hace una receta y le hace un otorgamiento de posibles medicamentos que tiene que tomar para cuidar el mal.

Hemos venido sosteniendo, a partir de los datos del Coneval, a partir de los datos de la CEPAL, la condición complicada que vive el campo en México.

México se ha caracterizado por ser un país importador de alimentos, más de 30 mil millones de dólares al año, en importación de alimentos.

Productos esenciales para la alimentación del pueblo de México, como el maíz, es un producto agrícola, que a pesar de que el maíz es nativo de México, hoy importamos entre el 33 y el 35 por ciento.

Productos como el arroz, México está importando un promedio del 70 por ciento del arroz que consume el país.

Productos como la soya, México está importando el 95 por ciento de la soya que se consume en nuestro país.

Las condiciones en que vive la gente del campo, tenemos, según la CEPAL, 30 millones de compatriotas en pobreza alimentaria, y de esos 30 millones, aproximadamente 22 millones viven en el área rural, es decir, en el campo. Ahí precisamente donde deberían de producirse los alimentos.

Frente a este panorama, el gobierno actual hace un planteamiento de una Cruzada contra el Hambre, pero esta Cruzada contra el Hambre no modifica las políticas de asistencialismo que han venido planteando los gobiernos, como la alternativa para poder aliviar el hambre en nuestro país.

Hemos sostenido en todos los foros, donde hemos estado, tanto nacionales como internacionales, que México necesita cambiar del modelo asistencialista, a un modelo de producción social.

El 6 de enero de este año, el Presidente de la República anunció al país que habría, por fin, una reforma al campo. Desafortunadamente para el pueblo de México esta reforma solo se quedó en anuncio.

El ciudadano Presidente, en Manzanillo, también en el mes de marzo, plantea situaciones como el hecho de que instruye a la SAGARPA, como la gran coordinadora de foros nacionales, de foros regionales y de foros estatales, para iniciar la ruta de la reforma al campo.

La molestia de la mayoría de la gente del campo es que, estos foros fueron integrados principalmente por los empleados de la SAGARPA, y hubo muy poca presencia de los productores.

El resultado todavía no se tiene, y todavía no se tiene por una razón, compañeros Senadores, no hay un compromiso serio, no hay un compromiso de a de veras, de este gobierno con el campo mexicano. A tal grado, que las condiciones infames en que viven las gentes del área rural, la gente del campo, no han variado en lo absoluto.

Con todo este panorama, recibimos una propuesta de la compañera Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, donde está planteando que se tomen las cosas en serio y que iniciemos la reforma al campo, a partir de un gran diagnóstico.

Por eso, la Comisión de Desarrollo Rural tuvo a bien votar de manera unánime, que esta propuesta se diera y se presentara al Pleno para su consideración.

Ha sido leído ya el punto resolutivo, y si es importante, muy importante compañeros Senadores, que este punto de Acuerdo pudiera votarse por unanimidad, para que a partir de las facultades que tenemos como Senadores de la República, pudiésemos iniciar nuestra propuesta alternativa a la propuesta que no llega del Ejecutivo Federal, poder confrontarlas.

Estoy seguro, de que cuando la presente vamos a encontrar puntos coincidentes y entonces presentarle al país, una propuesta para que México pase de ser un país importador de alimentos, a ser un país productor de alimentos.

Esa es la intención de este punto de Acuerdo; esa es la intención de la Comisión de Desarrollo Rural, que su servidor preside, y es necesario que el problema del hambre lo empecemos a atacar con productos que se produzcan en el campo mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Informo a la Asamblea que se han inscrito para hablar sobre este mismo asunto, los Senadores Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN y David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

Para hablar a favor de este dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, compañeras y compañeros:

Es necesario, urgente, que entre la dinámica nacional, demos una vuelta a los asuntos y revisemos de verdad con responsabilidad, lo que el tema del campo representa para nuestro país.

Nosotros hemos estado, desde diversas trincheras, acudiendo a los llamados y a la oferta que el gobierno federal nos hizo para iniciar la discusión y concluir esta discusión en una reforma que transforme al campo de México.

Una reforma integral, una reforma que aborde la problemática en la que se encuentran cientos de compañeros que viven y trabajan en el medio rural.

Y esta convocatoria fue aceptada, adoptada, promovida por el conjunto del movimiento campesino en nuestro país, en movimientos sociales, plenamente identificados como el CONORP, como el CAP, como el FAT; y en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, por las comisiones que estamos participando en esos temas.

Se iniciaron en marzo el llamado, en abril, mayo, junio se hicieron foros en nuestro país; hubo siete foros temáticos de carácter estructural y se empezaron a discutir diversas cuestiones de trascendencia para poder incidir desde el punto de vista del sector social, en la transformación de la política pública destinada al campo.

¿Y qué ha pasado después de algunos meses? Pues que no se ha logrado concluir en nada.

En el mes de julio dijeron que iban a dar a conocer los resultados. Y luego no nos entregaron ninguna convocatoria, para ninguna próxima reunión, y el tema de la reforma al campo, ha sido postergado no para segundo, sino para tercero o cuarto lugar.

Nosotros hemos visto con preocupación, que el Ejecutivo planteó como una cuestión de seguridad nacional, la producción de hidrocarburos, no la producción de alimentos.

Creemos que esta reforma que estamos buscando, debe declarar como prioridad nacional y como asunto de seguridad nacional la producción de alimentos en nuestro país, para lograr la autosuficiencia alimentaria.

Sentimos que es necesario que se revise de fondo la política económica que el gobierno ha aplicado al campo; porque no es posible que se le apliquen los mayores recursos a los que más tienen y se le esté destinando el menor monto de recursos a los que menos tienen. Y esto se explica, porque en nuestro país hay cerca de 5 millones 900 mil unidades económicas rurales que tienen solamente en un 8 por ciento, es decir, en un millón 86 mil unidades económicas rurales, reciben más del 60 por ciento del presupuesto destinado al campo, dejando a un universo de más del 80 por ciento con el mínimo de recursos donde está concentrada la mayoría de la población rural.

Y ahí en esas unidades económicas rurales es donde hace crisis, esta crisis que se ha manifestado en nuestro país y que tiene que ver con diversos problemas: la falta de empleo y la inseguridad. Hay estados, y no se ha analizado, y por eso es importante revisarlo, en donde el crimen organizado, el narcotráfico y los cárteles han hecho que la actividad del campo sea una actividad desalentada y sea una de las causas por las que se han retirado inversiones en el campo mexicano.

Este tema del narcotráfico es un tema que transversalmente está afectando al desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras sociedades productivas. Revisen ustedes el caso del aguacate, el caso del limón, el caso del ganado, y que estos cárteles han sido los que han colocado en una condición de máxima pobreza a productores rurales porque ahí hay tráfico de influencias, hay una circunstancia de cobro de plazas, hay condiciones de inseguridad que agravan este conflicto.

Y no hablo de nada que no sepan y que no conozcan, que nos está afectando en el país. Hoy, como nunca, se está traduciendo en los hogares de cada mexicano el problema de la inseguridad, porque hemos visto cómo esto ha hecho que las instituciones de nuestro país se vayan derrumbando de manera paulatina.

Hay, por lo tanto, la urgencia de acudir y ver estos temas que son importantes, porque aquí hemos abordado, incluso en la discusión pasada, que tenía que ver con los efectos de mitigación, de prevención, de adaptación para el cambio climático, una de las causas que desalientan la productividad en nuestra tierra, en nuestro país. Y este fenómeno del cambio climático es un problema que impacta a los productores.

Tenemos una creciente población en el mundo, países como China, Rusia, que están demandando mayores alimentos, y que está generando una crisis de precios a nivel mundial que generan la volatilidad de precios en el tema del sector agropecuario, y esto ha hecho que entonces no estemos en las mejores condiciones preparados en nuestro país para tener una política de Estado para enfrentar las grandes necesidades de alimentos que se van a generar en los próximos años.

Y esto habla de que nosotros también vemos que no tenemos ni siquiera previsto un sistema de planeación de reservas de alimentos en nuestro país. Nos desnudó el problema del huevo, el problema del limón, el problema del aguacate; de cómo hace falta que en este país empecemos a tomar medidas para construir una reserva nacional de alimentos.

Y este problema se suma a que ahora se están ocupando semillas y productos del campo para producir agro-combustibles, en esta pelea que tiene que ver también con el cambio climático y la generación de energías alternativas para contaminar menos. Por eso, cuando vemos este escenario, y vemos, y podemos catalogar que se anuncian dónde se está concentrado el mayor número de pobres en este país, es donde se producen los alimentos y es donde más hambre se está padeciendo.

Por eso no podemos, en este sentido, dejar pasar esta oportunidad para que ustedes, compañeras y compañeros de este Senado de la República, aprobemos este punto de Acuerdo, y le exhortemos al Ejecutivo a que empecemos ya a transitar de manera plástica, de manera transparente y de manera efectiva el problema de la discusión de esta reforma al campo.

En los próximos días empezaremos, desde las comisiones también, a hacer propuesta para que vayamos dándole forma, vida y contenido a este llamado de construir un acuerdo para el campo en México. Si nosotros seguimos privilegiando la política de la productividad e industrial, no estamos privilegiando la política de desarrollo agropecuario en nuestro país, vamos a estar imitando los modelos de desarrollo que desde la década de los 60’s se empezaron a implementar en México.

El campo en los 60 fue rentable y de alguna manera esto generó que se transfiriera la riqueza del campo para el desarrollo de la industria. Y ahora hemos tenido un campo con un crecimiento desigual que exige, que demanda una urgente revisión para hacer las transformaciones propuestas que tienen que ver con la revisión del Tratado de Libre Comercio y su impacto en nuestro país.

Cómo fuimos a un Tratado de Libre Comercio en condiciones de máxima desventaja. Tenemos que revisar el sistema de financiamiento para el campo para que la tasa para los productores rurales, de menores ingresos, sea tasa cero. Si ya logramos que esté en una tasa de un dígito, ahora hay que lograr que esté en tasa cero.

Necesitamos revisar la cadena de comercialización y distribución de alimentos. Necesitamos impulsar la industrialización de alimentos para que podamos combatir con efectividad el hambre en nuestro país. No podemos sentarnos después a discutir reactivamente, después de que no podamos darle de comer a nuestra sociedad, en esos temas tan importantes, pensando que hubiéramos hecho lo correcto.

Por su atención, compañeros Senadores, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre este asunto y presentar una propuesta de adición a dicho dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Leticia Herrera Ale.

- La C. Senadora Juana Leticia Herrera Ale: (Desde su escaño) Señor Presidente, buenas tardes.

Pedirle modificar el resolutivo sobre este tema. Si me lo permite usted leerlo, es el resolutivo Unico.- Que es importante contar con un diagnóstico unificado que sirva como base para la integración a una apropiada reforma del campo.

Que se instruya a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural para realizar este diagnóstico consultando a las instituciones académicas y de investigación, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias y el Colegio de México, COLMEX, entre otras.

Muchas gracias, señor Presidente, espero se pueda modificar en este tema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Cómo no. Gracias, Senadora Herrera Ale.

Solicito a la Secretaría que dé lectura a la propuesta presentada por la Senadora Leticia Herrera Ale, y que inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Está a discusión la misma. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación de manera conjunta ya en el dictamen con esta modificación que ha sido aprobada por el Pleno.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para hablar sobre este tema del campo, sobre el dictamen que ha dado cuenta ya el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, agradezco a la Comisión de Desarrollo Rural que haya aceptado a discusión este punto de Acuerdo que propuse hace algunos meses, que como han dicho el Senador Isidro Pedraza y el Senador Demédicis Hidalgo, surgió de la invitación del propio gobierno federal de ir a una reforma transformadora realmente de las condiciones del campo.

Atendiendo a ello, nosotros hemos ido preguntándole a la gente, sabiendo qué está pasando y hay como muchos elementos que nos tienen ocupados en tener un diagnóstico claro.

El primero es que paradójicamente no producimos nuestros alimentos y para el año 2050 habrá insuficiencia de alimentos en todo el mundo, que se convierta en una gran oportunidad.

Segundo, no vamos a tener mucha agua, de tal forma que tendremos que aprender a hacer productivos, eficientes con sistema de riego que permitan producir los alimentos necesarios para todo el mundo.

Tercero, está habiendo un fenómeno de migración brutal del campo a la ciudad, porque no hemos atendido, yo creo que con criterios objetivos, las necesidades del campo para que sea productivo.

Han sido muchísimas veces criterios políticos, presiones desde los organismos, para recibir más recursos, seguir con algunos mitos. Y esto nos ha llevado a crisis, el campo está abandonado, los viejos están solos en el campo, sus hijos se vienen a la ciudad. No es rentable, los propios papás empujan a sus hijos a que se vayan de ahí porque no queden en la pobreza.

Por otro lado hay muchísimas universidades y centros de estudio, como ya aquí ha mencionado la Senadora Leticia Herrera, que invita al diagnóstico, que están cerca del campo, que tienen propuestas y que se quedan ahí guardadas en sus colegios. Que la realidad política y la dinámica superan las propuestas académicas y a los diagnósticos formales.

Si queremos asumir este gran reto que para el 2050 produzcamos alimentos, qué necesita el mundo. Necesitamos también saber en qué parte de nuestro país queremos concentrarnos, a cuál gente queremos invitarla a que vuelva al campo, cómo ayudarle a que modernice sus esquemas, otro elemento que acá en el camino.

Recuerdo es que los distritos de riego que alimentaban al país y que manejaba el gobierno de repente en los 90’s se los deja a los productores sin tener una capacitación.

De tal forma que todos estos elementos nos hacen decir, bueno, hagamos una gran transformación, pero que esté concentrada, sustentada en un diagnóstico objetivo que nos permita volver al campo, que nos permita estar orgullosos del campo, que nos permita hacer que los productores produzcan y generen los alimentos que se necesitan en el mundo.

Hoy tenemos el maíz caído, no sé si hoy ha habido 800, pero de 4 mil ha bajado a 2 mil 800, a 2 mil 200, el último precio era 1,800.

El limón, como ya ha dicho el Senador Isidro Pedraza, trae ahí el dragón, se produce de más y algunas cosas de otras, tenemos absoluta deficiencia.

Hemos dejado a la ganadería de un lado, hemos dejado que la ganadería produzca en ciertos lugares y en otros sea muy poco rentable.

Estamos importando leche, granos, cuando tenemos un país riquísimo.

Así que, frente al gran reto de producir alimentos para el año 2050, con poca agua, pero con la riqueza de nuestro campo mexicano, hemos solicitado que se haga este diagnóstico. Bienvenidas las instituciones que sugiere la Senadora, hagámoslo con eficiencia.

Luego de repente entre muchos, cuando haces una gran comisión y te mandan a diseñar un caballo, acabas diseñando un camello. Creo que lo que necesitamos es eficiencia, es la sabiduría, el método con el que podamos hacer este diagnóstico y que podamos muy pronto a partir de un diagnóstico objetivo, científico, con un método muy claro, y después a esta propuesta de reforma del campo para asumir el reto de producir los alimentos que México necesita con la poca agua que debemos utilizar y que también remitamos un poco el cambio climático.

Es por esto que presenté esta propuesta de punto de Acuerdo, que celebro que la comisión haya aceptado que hoy la enriquezca la Senadora Leticia Herrera y que vayamos para adelante.

Agradezco el tiempo, señor Presidente.

Y es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias a usted, Senadora Calderón Hinojosa.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de estudiantes de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas, invitados por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, quienes realizan una visita al Senado para conocer el proceso legislativo. ¡Sean ustedes bienvenidos al Senado! Jóvenes estudiantes.

Finalmente sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Saludo con afecto a nuestros visitantes.

Espero que no estemos llegando tarde, me congratulo con este punto de Acuerdo, el campo hace tiempo que debió de atenderse, hace tiempo que debió de haberse celebrado este diagnóstico que por cierto no es difícil, no es difícil, cualquiera de nosotros elaborar ese diagnóstico. El campo está en crisis, el campo está en quiebra, al campo le falta equilibrio, hay mucha desigualdad. Y me parece, a pesar de todo, oportuno este punto de Acuerdo.

Hoy después ya de casi 20 años de celebrarse el Tratado de Libre Comercio, este fue uno de los rubros que se abandonó, que no se le dio seguimiento, que se conformó sólo con los programas de Alianza, el del Procampo. Estos que no han sido si no paliativos para una realidad de cada uno de los sistemas-producto y del campo en su conjunto.

Por eso qué bueno que ahora con el anuncio de la reforma del campo se vaya a atender.

Qué bueno que se esté llamando a las instituciones, a los campesinos, a las organizaciones, para poder no solamente elaborar este diagnóstico. Entiendo que ahí surgirán el diseño y la intención de una política pública, de un plan, de un rescate al campo mexicano, de elaborar y generar instrumentos de comercialización, de financiamiento, de acceso a los programas de maquinaria, de brincar por fin de la etapa primaria a la etapa secundaria en las actividades agropecuarias, que vayamos a la industrialización del campo.

Desde luego sin desconocer que sí hay algunos productores, que sí hay algunos sistema-producto que han estado incursionando inclusive ya en el comercio internacional, en el marco de este tratado que hablamos. Pero no es la mayoría, no es el jornalero, no es el ejidatario, no es el comunero, no es todos estos que son pequeños propietarios y que son los que están empecinados en seguir viviendo en las comunidades rurales y producir para muchos mexicanos.

Por eso celebro y me congratulo con este punto de Acuerdo y en efecto me parece que el campo debe ser solución y no problema.

Me parece que en el campo hemos dejado una extraordinaria oportunidad. En los productores de México hay talento, hay capacidad, hay convicción. Por eso le siguen terqueando a la tierra a pesar de los pesares, a pesar de estar abandonados, por eso el productor y el campesino se empeña en seguir produciendo maíz, en seguir produciendo fríjol, en seguir produciendo cereales, por eso sigue, porque le tiene verdadero amor a la tierra, y lo que necesita, lo único que necesita es poquita voluntad gubernamental; lo único que necesita es poquita sensibilidad de sus representantes populares para concluir con una buena política pública.

Una realidad que no se puede ocultar, pues es la situación, ésta que arrojó después del Tratado Comercial en el 94; de la reforma promovida en el 91; yo estoy convencido de que si se hubiera aplicado el gobierno dándole seguimiento, dándole recursos, no dejándolo a merced al campesino del coyote; no dejándolo a merced de estas trasnacionales abusando de su trabajo, abusando con precios de barata, con precios injustos; lo que han hecho que la realidad que hoy vivimos es un campo empobrecido y una dificultad para los que están en esta actividad.

Por ello, bienvenida esta proposición, este dictamen, felicito a la promovente y a la comisión, y ojalá que de veras se abra un gran debate, porque el campo no aguanta más, y el campo, hay praderas secas, y es un polvorín. Si no se atiende con justicia social, si no se atiende con conciencia social, y si no se va a un, si no se concluye con una verdadera política pública de rescate al campo mexicano, me parece que tendremos un gris panorama y una tristeza en las familias del campo mexicano.

Por eso, bienvenido este punto de Acuerdo, y felicidades a los promoventes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo con la propuesta de modificación que fue aceptada por el Pleno a través de la Senadora Leticia Herrera Ale.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo con la modificación que fue aceptada con antelación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Es aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la misma. Comuníquese.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS    DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, iniciaremos su discusión.

Compañeras y compañeros Senadores, como es de su conocimiento, este dictamen se desprende del proyecto aprobado en el Senado como Cámara de origen, y al que la Colegisladora aplicó modificaciones, y nos lo devolvió para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Los artículos modificados fueron los siguientes: 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sólo sobre éstos podrá versar la discusión en esta fase del proceso legislativo.

Los demás artículos lograron ya la aprobación de las dos Cámaras, y no podrán ser modificados en forma alguna.

Para iniciar la discusión, se le concede en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, a fundamentar el dictamen en sentido positivo que presentamos las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, respecto de la minuta con proyecto de Decreto por el que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Desde que el Ejecutivo envió la iniciativa preferente, las comisiones dictaminadoras realizamos un ejercicio inédito de inclusión y análisis de la misma.

Se estableció un método de trabajo para el estudio y elaboración del proyecto de dictamen, el cual contempló el desarrollo de audiencias públicas en las que escuchamos y recibimos opiniones y propuestas de todos los sectores sociales.

De igual manera recibimos propuestas de diversas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, especialistas, académicos y autoridades gubernamentales que si bien no contaron con un espacio de participación en las audiencias, debido a los tiempos señalados en la propia ley orgánica, todas fueron revisadas y analizadas por las comisiones dictaminadoras.

Este proceso que muchos de ustedes también vivieron, constituyó además un hecho inédito en la historia legislativa al generar un amplio, plural y abierto, observando en todo momento nuestro marco jurídico nacional y los tratados internacionales de los que México es parte.

Esto, amigas y amigos, representa un trabajo responsable e informado por parte del Senado de la República reflejado en las modificaciones del casi 90 por ciento de la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Hoy discutimos el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Diputados con modificaciones parciales a 18 artículos de los 154 que contemplaba el dictamen enviado por este Senado.

Las seis comisiones dictaminadoras luego de un análisis profundo, y atendiendo las inquietudes de la Colegisladora, presentan este dictamen en sentido positivo como resultado de un trabajo unánime que antepuso en todo momento la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

El espíritu de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizado por esta Cámara, continúa firme, pues se mantiene el enfoque de los más altos estándares internacionales que cambia el paradigma asistencialista y reconoce a la niñez y a la adolescencia como tutelares de derecho, espíritu que la Colegisladora respaldó.

Senadoras y Senadores, para este Senado de la República, y en especial para quienes integramos la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, es y ha sido prioritaria la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues no nos podemos negar a ver la realidad a la que se enfrentan día a día.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hace apenas unos días señaló los riesgos que México tiene para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, y por mencionar solo un ejemplo, de acuerdo con el CONEVAL, actualmente 59 por ciento de las niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza patrimonial; y el 25 por ciento en pobreza alimentaria, lo que pone en duda el cumplimiento del primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Como verán, es urgente atender de manera responsable a las niñas, a los niños y a los adolescentes, es por eso que pido su voto a favor del presente dictamen porque con ello contribuiremos a la aplicación de lo más importante que tiene la ley, fuera de estas modificaciones, pues contaremos con un Sistema Nacional de Protección Integral, los sistemas estatales y municipales, integrados por los más altos niveles de gobierno.

También se contará con los programas nacionales y locales que establezcan el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas enfocadas a la niñez y adolescencia. Todas y todos sabemos que niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad no pueden seguir esperando más, necesitan ya la atención y responsabilidad del Estado para proteger y garantizar sus derechos.

Los sistemas DIF, como lo indica la ley, serán quienes atiendan a los que se encuentran en situación de calle, de orfandad, de migración, es decir, de quienes enfrenten cualquier tipo de vulnerabilidad.

Las procuradurías de protección deben de ser instaladas a la brevedad para que la niñez y adolescencia cuenten con un medio de defensa, protección y restitución de sus derechos.

Estimados Senadores y Senadoras, los recientes y lamentables actos que hemos vivido, y en los que se han visto involucrados adolescentes, nos obligan a enfocarnos a la urgencia de promover, garantizar y proteger sus derechos.

La ley, en su conjunto, también contribuye a la instalación de áreas especiales de atención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, así otro gran acierto de estas comisiones.

Las y los Senadores presidentes de las seis comisiones dictaminadoras establecimos de manera clara en el contenido de la ley, que todas las acciones se deben realizar de conformidad con la edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez de niñas, niños y adolescentes.

Además puntualizó, siempre en el contenido de la ley hemos priorizado a la familia como el principal núcleo de desarrollo y de protección, determinando la responsabilidad del Estado a garantizar que siempre buscará la reunificación familiar, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Desde los cambios establecidos por esta Cámara, la ley marca acciones para salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia, para evitar y prevenir que vivan en violencia escolar, trabajo forzado, que sean atraídos por la delincuencia organizada, que reciban servicios de salud y también la educación de calidad.

Como bien sabemos, la aplicación adecuada requiere de recursos, es por eso que necesitamos ya de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además mandata a la Federación, a los gobiernos locales, a programar en sus proyectos el presupuesto a los recursos necesarios para cumplir con lo establecido y estamos a unos días de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, y sería muy lamentable que dejemos a niñas, niños y adolescentes sin presupuesto.

Que no quede duda, el trabajo realizado por el Senado de la República es y ha sido un trabajo responsable e informado, y así lo han hecho saber organismos nacionales e internacionales, expertos, organizaciones de la sociedad civil y académicos de muy gran prestigio.

Las comisiones hemos coincidido en aceptar las modificaciones de la Colegisladora actuando con gran responsabilidad hacia todas las niñas, niños y adolescentes con la clarificación de que toda ley es perfectible, por lo que hoy estoy segura continuaremos trabajando de la mano con el compromiso firme de garantizar, promover, proteger los derechos de las niñas y de los niños.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Luis Barbosa Huerta: Gracias, Senadora García Gómez.

En uso de la palabra, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores y audiencia que el día de hoy nos acompaña.

México es un país que tiene la deuda con sus hijos, y estos son sus niñas, sus niños y adolescentes, y basta ver la calle que está llena de jóvenes sin educación y sin empleo, universitarios que no encuentran solución a sus problemas de la vida cotidiana, a la trata de personas y, sobre todo, las familias que no están cumpliendo y no tienen el acompañamiento educativo.

En este contexto recibimos una iniciativa del Ejecutivo, y para fortuna de todos nosotros construimos una mejor iniciativa, y quiero destacar cinco cambios.

Primero. El cambio de denominación.

Segundo. El cambio de filosofía, de una filosofía proteccionista y asistencialista, a una filosofía garantista, que tenga trascendencia, incorporamos 13 principios y 20 derechos.

Tercero. Cambiamos la arquitectura institucional, pusimos un sistema nacional local, estatal y municipal; una evaluación de un órgano autónomo, constitucional, el CONEVAL, procuradurías federal y locales, así como órganos ejecutivos para llevar esto a feliz término.

Cuarto. Instruimos al Congreso de la Unión y a los Congresos Locales y los ejecutivos correspondientes, a adjudicar los recursos necesarios.

Quinto. Hicimos algún ajuste en el tema de los centros de asistencia social. Y finalmente, pusimos en contexto cuál es el papel de los medios de comunicación.

Esto no lo pudimos haber hecho solos, aquí yo quiero hacer un reconocimiento a Naciones Unidas y en especial a los organismos que hoy nos acompañan. Está por ejemplo, la representante de UNICEF, Isabel Crowley con su equipo; están organismos de la sociedad civil organizada, especialistas, los secretarios técnicos y muchas personas.

Algo inédito ocurrió aquí, se turnó a seis comisiones unidas, y las seis trabajaron de una manera solidaria, de una manera acuciosa, palabra por palabra, y texto por texto fue cuidado por todas las personas.

De los 141 artículos de origen, 106 se transformaron y le agregamos 13, por lo tanto, más del 90 por ciento con el acompañamiento de todos se fue modificando.

Queda claro cuál es el principio superior de ésto, el interés de la niñez, la inclusión, su derecho a la vida, la corresponsabilidad de la familia, el acceso a un mundo libre de violencia, a la equidad de género, y de los 20 derechos, incorporamos algunos nuevos, a un mundo libre de violencia y junto con esto el acceso a las tecnologías de la información, del derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la propia dignidad.

Este reconocimiento es porque las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de derecho y este reconocimiento es una condición de persona de su inalienable dignidad.

Estos derechos exigen ser tutelados no sólo singularmente, sino en su conjunto y la familia aquí tiene un papel preponderante, la familia precede al estado en importante y la ley obliga al Estado, aunque en el orden de la familia, la comunidad y el propio Estado garanticen estos derechos.

Uno de los bienes más preciados que tenemos en el país son nuestras niñas, niños y adolescentes, y aquí me preguntaría, qué es lo que hemos dejado de hacer.

Esta ley, invito a todos ustedes a estudiarla en texto y contexto, está construida en base a principios, porque garantiza sobre todo la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, el derecho a la vida, el principio pro persona y el principio de autonomía progresiva.

Celebro en este sentido el reconocer el derecho y la obligación de los padres de familia y sobre todo porque esto requiere de la participación social y de la participación ciudadana; la participación quiere decir tomar parte, asumir las consecuencias y sobre todo tener un papel preponderante.

¿En qué consiste el marco educativo?

La Convención en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de diciembre de 1948, establece en el artículo 26 el derecho preferente que los padres puedan escoger el tipo de educación, y en el caso de la Carta Magna mexicana, el artículo 31 establece como primera obligación de los mexicanos, la obligación de hacer que los niños y pupilos vayan a la escuela, sobre todo en educación básica y secundaria.

Y en la reforma educativa, establecimos en el artículo 3o. que el que haya la consideración para que los padres y los maestros sean escuchados para los contenidos educativos.

Uno de los capítulos que más transformación tuvo fue precisamente en el tema educativo.

El artículo 57 y siguientes se reitera el compromiso con una educación de calidad, el que la autoridad garantice la atención junto con los padres de familia para el pleno desarrollo atendiendo a la edad, la madurez, las circunstancias particulares y las tradiciones culturales.

Para que se adopten medidas para garantizar el derecho a la gratuidad, a que se provea lo necesario en recursos humanos, materiales y presupuestarios, a que haya acciones afirmativas para garantizar el derecho para atender los mayores rezagos educativos, a que haya normalidad mínima para que en cada plantel funcione de manera cómo debe ser.

Así, junto con esto, que la escuela sea un centro de convivencia armónico, que se establezcan protocolos para la atención al acoso a la violencia escolar, a establecer sobre todo, que todo lo que se hace considere la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las personas; a que se fomente el uso responsable de las tecnologías de la información.

A que en suma, se provea de una educación integral.

Y una de las partes más hipersensibles y que tiene una repercusión ética, evidentemente tiene que ver con la educación sexual e integral.

 Y aquí nos tenemos que preguntar a quien le corresponde primero es a la familia, el derecho y el deber de origen está en la familia y la complementariedad tiene que estar en la escuela.

Escuchamos voces de preocupación que de una u otra manera se acercaron a darnos una serie de inquietudes.

Yo quiero garantizarles que esta legislación atiende precisamente al desarrollo de la persona y respeta cosas elementales.

Primero, no es una ley que garantice el aborto voluntario.

Segundo, no promueve la esterilización forzada.

Tercero, no legaliza la pederastia.

Cuarto, está atenta, sobre todo a los derechos y obligaciones y no atenta a la patria potestad.

Asimismo, tampoco estimula la actividad sexual temprana.

Todo esto es muy importante destacar porque en algunas voces de preocupación probablemente no se dieron la oportunidad de leer el detalle contextualizado de qué es lo que viene en esta iniciativa. Por eso celebro que las seis comisiones unidas hayan tenido esa actuación. El 29 de septiembre votamos esta ley por unanimidad en lo general.

La etimología de la palabra unanimidad viene de una sola alma, de una sola voluntad, y hubo una sola reserva que tiene que ver con el tema de sexualidad, que siempre será un tema delicado.

Se fue a la Cámara de Diputados, lo regresan con 18 observaciones.

Nosotros, por respeto a la Colegisladora, los estamos asumiendo, probablemente a nivel de detalle, algunas partes no las compartimos a plenitud.

Sin embargo, lo que sí queda muy importante es que esta ley tiene que buscar el mejor interés y nadie de nosotros tiene el derecho de atentar contra las niñas, los niños y los adolescentes.

¿Cuánto vale el sueño de una persona de este grupo?

¿Cuánto vale su realidad inmediata?

¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dejando de hacer?

Por eso la Colegisladora interpretó esto de alguna manera, en coincidencia para algunos y para otros no, y se hacen algunos ajustes correspondientes.

Lo que sí es muy importante destacar es que la persona es sujeta de derechos, no es propiedad de otra, es una persona que tiene dignidad, es única, irrepetible e insustituible, que es una unidad biológica, psicológica y social, y en esta perspectiva nosotros quisimos adoptar una línea en la dictaminación y esta es de cooperar y necesariamente consentir en todos los detalles, la percepción no existe, es una búsqueda, y este Senado ha actuado en consecuencia, escuchamos absolutamente a todas las voces, lo hicimos con civilidad y queremos consolidar el derecho a una educación de calidad, con valores en la familia, en la vida próspera y eso es lo que hoy queremos garantizar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Romero Hicks.

En uso de la palabra, la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del PRD, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy estamos discutiendo el envío de la revisión de la minuta que tiene que ver con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este Senado de la República mandó a la Cámara de Diputados.

Y así como lo establecen los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con esta potestad, la Colegisladora revisó nuestra minuta.

Derivó de esta revisión la modificación de 18 artículos.

De manera general voy a anunciar los cambios que inscriben en estos 18 artículos.

Por ejemplo, se reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privado de la vida bajo ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

Que quienes están institucionalizados en el sistema DIF o en sistemas estatales, sean colocados dadas las características específicas de cada caso en un acogimiento residencial, brindado por centros de asistencia social en donde deben de permanecer el menor tiempo posible, aunque ciertamente la eliminaron que esta medida de protección tendría un carácter de último recurso.

Se modificó también la disposición de proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable y sus derechos sexuales y reproductivos.

En su lugar, lo que definieron es que exista esta asesoría y orientación, pero ya no a sus derechos, sino a la salud sexual y reproductiva, eso en el capítulo de salud.

Igualmente incorporan que cuando exista duda o percepción de si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad.

Creo entender que este elemento lo retoman en la Colegisladora en el precepto que se inscribe cuando un adolescente infractor no se sabe con certeza su edad, puede tener más o menos de 12 años, o puede tener más o menos de 18 años.

Siempre se presumirá, dice la ley, lo que mejor le convenga a este adolescente. Mientras que los peritos forenses determinan con puntualidad su edad.

Yo tengo mis dudas respecto de estos dos cambios, si sean realmente plausibles, sobre todo por la, puede ser alguna situación que nos lleva a algunas confusiones.

Pero, sin embargo, lo veo con ojos de una buena voluntad política para que estos artículos modificados sean ya aceptados por el Senado, aun cuando creo que en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, sí me preocupa una dinámica y afanosa, muy afanosa campaña de organizaciones y personas que por cierto nos han invadido nuestros correos, desde las redes sociales, igual, han hecho un lobby realmente interesante.

Pero me llama la atención que esa misma actitud no la vi, por ejemplo, frente al asesinato de las adolescentes en Ciudad Juárez, frente al feminicidio, que involucra también a personas menores de edad, o de las mujeres.

No veo esa misma actitud de preocupación frente a la desaparición de adolescentes en toda la franja de Ecatepec, que aquí hemos recibido a padres y madres totalmente preocupados porque no aparecen sus hijas.

No la vimos, por cierto, frente al descubrimiento de la Gran Familia en el caso de Uruapan, Michoacán, donde centenas de niñas, niños y adolescentes han estado y han pasado durante 60 años en situaciones claramente de violaciones a sus derechos humanos.

Bien, entiendo que la Cámara de Diputados, a veces usando algunas formas muy inadecuadas, como el de twittear de que nos están corrigiendo redacciones confusas, al Senado de la República, yo lo veo políticamente como muy poco prudente.

Sin embargo, veo con una gran certeza en, por ejemplo, incluir que se establecerán mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia.

Es decir, hay algunos agregados, que yo valoro en toda su pertinencia, mejoran por supuesto la minuta que enviamos a la Cámara de Diputados y, por supuesto, quiero destacar de manera puntual que las seis comisiones que dictaminamos consideramos, sin lugar a dudas, como ya lo expresaron la Senadora Martha Elena García, y el Senador Juan Carlos Romero Hicks, de que ciertamente es importante que esta minuta, revisada por nuestra Colegisladora, no se detenga porque es necesario tener presente, que ahora mismo en la Cámara de Diputados se está discutiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y necesitamos que se impacte presupuestalmente, con asignaciones ex profeso para poner en funcionamiento a diversas instituciones que hoy estamos creando en esta ley.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá un secretariado técnico, una nueva figura, hay que fortalecerla presupuestalmente.

El Sistema Nacional del DIF contará con una Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niñez, hay que fortalecer presupuestalmente la creación de esa procuraduría.

Y por supuesto, requerimos ya tener el registro nacional de todos los centros de atención en toda su diversidad, que funcionan en los ámbitos gubernamentales y en los ámbitos privados y de la sociedad civil para que sepamos con puntualidad ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y ¿Qué características tienen? Y ¿Cómo están funcionando? Y por supuesto, ordenarlos para que en función de la aplicación de esta ley, las autoridades gubernamentales diseñen un único protocolo que pueda articular el funcionamiento de todos estos centros de atención, y por supuesto, prevenir que no tengamos más casos, como el que yo mencioné de Michoacán, pero también como el de la Guardería ABC, o el caso de otros problemas gravísimos: Casitas del Sur, en el Distrito Federal, etcétera, etcétera.

Es necesario, por lo tanto, también atender los albergues que tienen hoy que atender debidamente, respetando la dignidad humana de la niñez en situación de migración.

Es decir, hay muchas tareas que es necesario ya poner en movimiento por parte de los ejecutivos.

De tal forma, que a pesar, a pesar de esta situación de presión mediática que, incluso violentó la vida privada de una de nuestras compañeras Senadoras, y que aquí en días pasados suscribimos un acuerdo para apoyarla, a pesar de todas esas circunstancias, yo creo que el trabajo en general, a excepción de lo que yo mencioné, es un trabajo que corresponde, insisto, a la potestad de nuestra Colegisladora, como está planteado en la ley.

No crean que no hago esta valoración, señoras y señores, para que, a pesar de eso, les pida que votemos a favor.

Es necesario que no detengamos este dictamen, con la revisión de estos 18 artículos, porque tenemos que pensar hacia delante. Y lo que viene es que esta ley ya tendrá que estar del otro lo más pronto posible, sería lo mejor para que empiecen a articularse las políticas públicas.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Barbosa Huerta.

A ver si no acabo de descomponer la reunión que tienen ahí, con la intervención que voy a hacer, pero yo creo que hay que hablar con toda claridad.

Yo, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo que desarrollamos las seis comisiones unidas, quienes hemos elaborado un dictamen, que indudablemente avanza de manera significativa en la construcción de un sistema de garantía para que las niñas, los niños y los adolescentes sean sujetos plenos de derechos.

Este ha sido un debate, que como lo planteó nuestra compañera Senadora Martha Elena García, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, y la Senadora Angélica de la Peña, pues nos permitió llegar a un consenso el día 29 de septiembre y aprobar por unanimidad una ley, que ahora nos regresan como minuta del Senado para, donde se modifican 18 artículos, y eso es lo primero que quiero destacar.

No estamos discutiendo el conjunto de la ley, estamos discutiendo estrictamente los 18 artículos que modificó para bien o para mal la Cámara de Diputados.

Y evidentemente, en este proceso ha habido, no solamente distintas interpretaciones del contenido de la ley, sino incluso también ha habido un conjunto de campañas fundadas en la mentira y en la ignorancia, que incluso llegaron agraviar en lo personal a una de nuestras compañeras, a la Senadora Diva Gastélum, a quien le refrendo toda mi solidaridad y reconocimiento.

Y la verdad es que ahora estamos ante dos presiones adicionales.

Una, la de los tiempos legislativos, ya que tratándose de una iniciativa preferente, pues tiene que cumplirse justamente en sus términos, para que ésta sea publicada con la oportunidad que nos manda la ley.

Y la otra, las presiones para que esta ley sea publicada por el Ejecutivo Federal y sea considerado en la construcción del sistema, que plantea el garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues en el que se ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que próximamente aprobará la Cámara de Diputados.

Y seguramente como se discutió el día de ayer en comisiones unidas, será aprobado en tiempo y forma.

Sin embargo, y abusando de mi condición de presidente, y ofrecido una disculpa a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos, sí quiero dar mi opinión personal respecto a las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó, en donde, efectivamente, hay algunos avances; pero también, hay que señalarlo, hay severos retrocesos, resultado de las presiones que a través de campañas basadas en la mentira, encontraron y tuvieron eco, lamentablemente, en la Cámara de Diputados.

Hubo señalamientos por parte de algunos Diputados, respecto a que había algunos errores de técnica legislativa, incluso de redacción de la ley, lo dijo el propio coordinador de los Diputados del PRI.

Aunque la minuta que ahora nos envían, en el artículo 50, donde hacen una adición, que señala: en los casos específicos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, una perla del trabajo legislativo, que puede generar, desde mi punto de vista, confusión, discrecionalidad e incluso puede incurrir en discriminación sobre las niñas, niños y adolescentes, al establecer en la ley un párrafo, donde dicen: "cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad".

¿Quién va a determinar eso?

¿Cuál autoridad va a definir esa situación?

¿Y qué tratamiento va a recibir esa niña, niño o adolescente?

Creo que esto puede tener efectos de interpretación negativos, e incluso incurrir en prácticas de discriminación.

Igual, en la que se refiere al artículo 83, en donde era imperativo el señalamiento que habíamos tenido en la ley, en el sentido de que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberían, señalaba de manera imperativa, el hecho de que estaban obligadas a observar la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Y ahora, la reforma en la Cámara de los Diputados, establecen restricciones, que serán en función, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; con lo cual, algunas autoridades se van a declarar incompetentes para dar garantías plenas al ejercicio, de que son sujetos las niñas, niños y adolescentes.

Pero lo más lamentable, es la eliminación a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes, en materia de educación y de salud.

Particularmente con las modificaciones a los artículos 50 y 58, en donde de manera clara habíamos construido el acuerdo para establecer la obligación de la autoridad, de proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes, así como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, para reducirlo estrictamente a proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. Lo que se ratifica en el artículo 58, al señalar que será conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes. Donde de nueva cuenta queda a la discrecionalidad de la autoridad.

Y evidentemente, pues esto es el resultado de una campaña que se fincó en la mentira, la infamia, la calumnia y el abuso de la ignorancia.

Y creo que esto retoma una de las peores tradiciones de la ultraderecha mexicana, donde prácticamente se respaldaron mecanismos y prácticas de fascismo.

Aquella vieja frase de Goebbels, el gran comunicador del fascismo y de Hitler, que decía: Que una mentira repetida mil veces, se convertía en verdad.

Y vaya que se repitieron miles de veces. Se publicaron, y tienen nombre y apellido.

Está el caso del señor Juan Manuel Dabdoub Giacoman, Presidente del Consejo Mexicano de la Familia, para quien esta ley es un script de terror, que conlleva prácticamente a que se pierda la patria potestad de los padres sobre los hijos. Lo cual es absolutamente falso.

Porque queda con toda claridad definida la patria potestad y la tutela a la que tienen derecho los niños en esta ley.

Y que dice que no puede haber conformidad, ya que como padre de familia dice no permitiremos más intromisiones y atropellos, y no dejaremos a nuestros hijos solos. Ya que esta ley, al otorgarles derechos a los hijos, pretende dar una libertad, en donde los hijos puedan denunciar a los padres por abusos y meterlos a la cárcel.

Es decir, ese señor, pues lo que pretende no solamente es mantener esa vieja idea de la familia nuclear autoritaria, donde el padre decide todo sobre los hijos, sino acepta el hecho de que los hijos no puedan denunciar los abusos y violaciones a los derechos de los niños.

Incluso, ofende, ya no solo también a las Senadoras, sino a las propias Diputadas que defendieron este capítulo. Como el caso de la Diputada Verónica Juárez, del PRD, a quien califica como "Lady Erótica". En esta lógica de desprecio, justamente, que lo caracteriza sobre la mujer.

También habrá que ver lo de Pablo Mier y Terán, en la columna, en un video que sale en Reporte Indigo, donde cuestiona la introducción de los derechos sexuales y reproductivos de los niños.

Y dice, que es algo que nadie entiende. Pero los entendidos dice nos han dicho que eso quita o reduce la patria potestad de los padres sobre los niños, lo cual, de nueva cuenta, es falso.

Se pregunta. ¿Qué significa derechos sexuales y reproductivos? Significa, a su juicio, que la patria potestad de nosotros sobre nuestros hijos va ser disminuida, según derechos sexuales y reproductivos de los niños, que ahora dice pueden suceder cosas, como la siguiente, lo dice el señor Pablo Mier y Terán, que amigo dice: de cinco, diez, doce o catorce años, le expliquen, que él si quiere puede cambiar de género o significa que si una niña está embarazada puede abortar, sin ni siquiera el consentimiento de sus padres o significa dice lo que es peor, que una niña 15 años pueda enamorarse e irse con un señor de 50 años, y no ser acusado de pederasta.

Cuando eso está plenamente tipificado en las disposiciones legales y penales de nuestro país.

Más y más mentiras.

Bueno, llegaron cientos, miles de correos electrónicos, por machote, contra el concepto, dentro de la ley, de derechos sexuales y reproductivos.

Pero hay unos que realmente valdría la pena publicar una antología de lo que hemos recibido aquí en el Senado de la República.

Por ejemplo, para la señora Beatriz Amaya, en su correo electrónico, el libre desarrollo de la personalidad significa, eso es lo que entiende la señora, establecer como natural la homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, travestismo, transexualismo en la niñez y la juventud y elegir el género LGBT que quiera tener.

Bueno, es un asunto de cada persona. Entiende que la autonomía progresiva, que es un concepto contrario a la patria potestad, que las preferencias sexuales significan elegir la preferencia sexual sin tener conciencia de las implicaciones de vida que llevaría en su elección. Que igualdad sustantiva, dice, respecto a qué, respecto a quién, dice, entonces los niños son absolutamente iguales que los adultos y pueden tener los mismos derechos que ellos en todas las esferas, situándolos precisamente en situación de vulnerabilidad.

Hay otras que señalan. Conocer causas, efecto y terapias de conductas que impiden vivir una sexualidad plena. Esas serían implicaciones de la ley. Dice, los jóvenes tienen derecho a saber qué es la pornografía, la masturbación, la homosexualidad, la adicción sexual y otras prácticas y conductas alteran el orden de la sexualidad plena, y sus causas y consecuencias muchas veces son dolorosas.

Y por eso dice: "Hay que vivir en castidad. Los jóvenes tienen derecho a saber que vivir la castidad tiene más mérito y beneficios que no vivirla. Que quien llega casto al matrimonio regala a su esposo, a su esposa salud, fidelidad, autodominio. No es represión de la sexualidad, sino saber encauzarla. Que el joven que ya tuvo relaciones sexuales puede vivir una segunda castidad; es decir, hoy hasta que no se case no tener relaciones sexuales respetando su propia dignidad y la de otras personas". Como si tener relaciones sexuales fuera algo degradante o vergonzante.

Hay otras, la señora Ana S. que dice, que nos acusa, nos acusa "de que un pederasta podrá violar a sus hijas y salir impune, como violando toda la ley. Nos acusa de recibir dinero por haber aprobado esta legislación, y nos envía una maldición divina". Dice: "Todo el peso de la desgracia caerá contra ti y tu familia. Tu descendencia quedará en el sufrimiento y escarmentarás en carne propia tu pésima decisión". "Ave María Purísima".

Miren. Yo creo que lo que tenemos que evitar frente a la ignorancia y estas campañas propias del fascismo, es contribuir a la confusión. Aquí hay que evitar la doble moral, las dobles caras, asumir que los niños no son propiedad de los padres, como tampoco lo son del Estado, que efectivamente las familias, no la familia tradicional, nuclear, sino las familias que hoy existen, diversas, son una célula básica en el desarrollo de nuestra sociedad, y que para fortalecerla tienen que establecerse disposiciones que permitan reconocer en primer lugar que somos distintos, somos diversos; que la familia nuclear hace muchos años quedó atrás cuando se superó el cinismo y la hipocresía, y hoy no solamente hay parejas divididas, hay hijos que tienen dobles padres, dobles madres, hay familias conformadas con personas del mismo género, y esto tiene que quedar plenamente identificado en la ley.

Hay que asumir que cerca del 20 por ciento del total de los embarazos que se presentan en México corresponden a mujeres menores de 18 años. Que hoy existen en el país 500 mil niños, hijos de madres adolescentes menores de 18 años. Hay que asumir, y tienen que tenerlo claro estas personas, que la pederastia, la violación, el estupro, la corrupción de menores, la pornografía y la prostitución infantil, al igual que la trata de personas, están penados por la ley.

Aquí no se permite, de ninguna manera, que de ninguna manera se autoriza el aborto. En esta ley ni se le quita la patria potestad absolutamente a nadie. Yo creo que es una vergüenza el que nosotros hagamos eco de estas campañas de un sector ignorante y conservador, que lo que quiere es regresar un vuelco al pasado y no reconocer los derechos plenos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes.

Creo que habrá que dar el debate ideológico fuerte, pero sí, hay que recordarles ahora a estos ciudadanos tan puros y castos que el octavo mandamiento dice, con toda claridad: "¡No levantarás falsos testimonios ni mentirás!". Y están pecando, se van a ir al infierno.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Que así sea, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Quiero hoy fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de Decreto que emitirá esta nueva Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y para ello quiero comentarles que alrededor de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el país: 60 por ciento son víctimas de violencia, 11 por ciento de entre 5 y 17 años están trabajando.

Anualmente alrededor de 40 mil niñas y niños que emigran son repatriados; 34.4 por ciento de niñas y niños entre 5 y 11 años presentan obesidad o sobrepeso, y un primer lugar mundial de violencia escolar a nivel secundaria. Son los retos que tenemos para el diseño de un marco jurídico integral que fomente y garantice el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes de México.

Desde el año 1989, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en México hemos trabajado como Estado para contar con una ley que responda íntegramente a sus necesidades. Una ley que las y los reconozca como sujetos de derechos y les garantice su ejercicio pleno, teniendo como bases su diversidad, multiculturalidad.

Reconocemos todo el trabajo que se ha realizado en estos ya casi 25 años en el país, que tuvo como primer paso la publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 29 de mayo del año 2000. Asimismo, la reforma constitucional de octubre de 2011, que fue uno de los últimos detonantes para que la ley que estamos discutiendo en este momento sea una realidad.

Finalmente, enfatizar la voluntad y compromiso del Poder Ejecutivo Federal, de presentar una iniciativa preferente en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, en donde se retomaron diversas propuestas para su presentación, dejando de manifiesto una apertura y acompañamiento sin precedentes.

De igual manera, es necesario hacer mención de todos los esfuerzos legislativos que se han llevado a cabo, que sin lugar a dudas han abonado para llegar a este momento, en el cual en este Senado estamos discutiendo la aprobación de la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta ley general, Senadoras y Senadores, tiene grandes alcances, y contiene una serie de elementos que la convierten en una legislación integral y garantista de derechos humanos, a partir de los cuales establece la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral al más alto nivel, encabezado por el Presidente de la República.

Reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, mandata la obligación para incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos suficientes.

Señala que niñas, niños y adolescentes deben ser registrados de forma inmediata y gratuita.

Homologa criterios mínimos para los procedimientos de adopción.

Expresa la prohibición de contraer patrimonio antes de los 18 años.

Promueve el derecho a la protección de la salud.

Garantiza también el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Previene el trabajo antes de los 18 años de edad.

Establece el derecho de la igualdad sustantiva.

Diseña mecanismos para la prevención y erradicación del acoso y violencia escolar.

Contempla el derecho a la participación conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Prevé medidas para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes.

De igual forma señala los requisitos que deben cumplir los centros de asistencia social.

Instituye la conformación de un sistema de información a nivel nacional.

Crea también una secretaría ejecutiva del sistema como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Señala igualmente que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, dará seguimiento a las políticas que emanen de esta ley. Y establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Organismos de las Entidades Federativas deberán establecer áreas especializadas en derechos de niñas, niños y adolescentes.

Compañeras y compañeros:

Quienes hoy formamos parte de esta Cámara de Senadores, tenemos la oportunidad de dotar al marco jurídico nacional de una ley que tiene como objetivo fundamental promover el respeto y garantía de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, que sin duda alguna son el principal y único tesoro que tenemos como nación, ya que todas las acciones que realicemos para mejorar sus condiciones y potenciar su desarrollo se traducirán en un México más prometedor.

Así segura de que este ordenamiento con el apoyo de ustedes será muy pronto una realidad y convencida que tratándose de los derechos de la niñez y adolescencia mexicana, el presente es ahora y el futuro es hoy.

Así teniendo el honor de presidir una de las comisiones dictaminadoras, someto a su consideración el presente dictamen con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su atención, pero sobre todo por su respaldo a esta importante ley, muchísimas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura en derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus, Morelia, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. ¡Bienvenidos, estudiantes!

También saludamos y le damos una cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, ¡bienvenidos!

Como invitados de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, está presente, la señora Isabel Crowley, de UNICEF; la señora Elba Cárdenas del DIF nacional; y el señor Luis Alberto Bárquena de Odisea. ¡Bienvenidos estos tres personajes interesados en el tema que estamos resolviendo!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, desde su escaño.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente.

Hoy realmente es un día histórico porque tenemos enfrente un marco jurídico que por muchos años estuvimos buscando.

Muchos intentos hicieron, pero hay que recalcar la voluntad política, la rectoría de Estado que el Presidente de la República marcó al mandar como una iniciativa preferente esta ley.

Muchas cosas se han dicho de la ley, pero me parece como aquí se ha expresado, que la ley tiene cosas muy muy grandes, grandes, que garantizan a más de 40 millones de seres humanos que hoy viven sin un marco jurídico que los voltee a ver.

Una complacencia que hemos tenido por años de una legislación que no dice nada.

Pero hoy hay que decirlo, en principio nos allanamos a las dieciocho modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y mi grupo parlamentario le dice bienvenidos. Pero es importante resaltar todo lo que esto lleva.

Ustedes sabían que la ley de niñez tiene el órgano rector más importante que cualquier sistema tenga, saben cómo está conformado, quién lo preside, de qué se trata.

Sabemos, ustedes también, que esta ley va a tener dinero, va a tener recursos.

Habla de los centros asistenciales que hace muy poco fue tema. La casa de Mama Rosa fue un gran debate, no se pudo hacer gran cosa porque no teníamos una legislación adecuada.

Qué tal con las procuradurías.

Qué tal con el tema de la discapacidad.

Qué tal con el tema de la movilidad humana.

Yo les quiero decir que esta ley es mucho más que otras preocupaciones que en este momento deberían de ocupar en ese tercio de la población que no tiene una defensa, que no tiene voz, que no tiene una legislación adecuada.

Yo he luchado muchos años por el tema de niñas y niños. Me siento muy orgullosa de que mi formación tenga que ver con este trabajo a favor de niñas, niños y de la familia. Y vengo de una familia muy tradicional y formé otra muy tradicional.

Sin embargo, la realidad que nos ocupa tenemos que ver más allá y el ver más allá es que esta ley tiene todos sus derechos de los niños, niñas y adolescentes, tienen todos sus derechos a salvo. Y más aún, sus principios.

Soy una convencida que valió la pena venir a esta Cámara de Senadores, por todas las reformas que ha habido, pero especialmente por esta reforma, porque muchas que están aquí, no tantas, unas pocas, en donde yo me incluyo, luchamos muchos años, tuvieron que pasar 24 años para poder tener en la mesa la mejor legislación que hoy debemos de aprobar.

Y la debemos de aprobar porque está enfrente el presupuesto y tendremos que buscar recursos para que esta ley tenga vida y pueda garantizar lo que estamos buscando.

Yo quiero agradecer enormemente a los presidentes de las comisiones, a todo el equipo técnico, pero especialmente a los y las Senadoras, para quienes les pido el apoyo para esta ley.

Esta ley no debe esperar más, esta ley debe de cumplir el proceso legislativo, y exactamente en la brevedad posible lograr su promulgación. Porque esto verdaderamente representa el espíritu humanitario, el espíritu de respeto a los derechos humanos de esta parte de la población, por eso y por mucho más me siento orgullosa de trabajar por esa legislación que le va a dar voz, que le va a dar garantía a las niñas, niños y adolescentes mexicanos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Ha concluido la presentación del dictamen por parte de las comisiones.

Para discusión en lo general, se han inscrito los siguientes oradores: Héctor Larios Córdova, del PAN, en contra; David Monreal Avila, del PT, a favor; Víctor Hermosillo y Celada, del PAN, a favor; Mónica Arriola Gordillo, del PRD, a favor; José María Martínez y Martínez, del PAN, a favor; Adriana Dávila Fernández, del PAN, a favor; Mariana Gómez del Campo, del PAN, a favor; y el Senador Fidel Demedicis, a favor; Miguel Romo, a favor; Javier Corral, a favor; María Elena Barrera Tapia, a favor; Angélica de la Peña Gómez, a favor, y nos vamos como a las 7 de la noche, se los advierto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, del PAN, en contra del dictamen.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a las comisiones, a sus presidentes, a las cinco comisiones que dictaminaron, primeramente la iniciativa preferente que el Presidente de la República hizo en el plazo establecido, y que enviaron a la Cámara de Diputados.

Cuando, bueno, en primer lugar una reflexión.

México tiene, ha optado por un sistema bicameral, la mayor parte de su historia, tenemos un sistema bicameral, salvo las facultades exclusivas, todas las demás tienen una Cámara de origen, y una Cámara revisora, que revisa.

Podríamos hacer un enorme recuento de iniciativas que inició la Cámara de Diputados y que en el proceso de discusión en el Senado, funcionando como Cámara revisora, le hicimos correcciones y que luego fueron seguramente algunas aceptadas o todas aceptadas o ninguna por la Cámara de Diputados.

También tenemos un sistema de doble lectura, en cada una de las Cámaras, una vez que una comisión tiene un dictamen, se le da una primera lectura y después una segunda lectura.

Lamentablemente hemos optado, en primer lugar, por a veces renunciar a la función revisora de una Cámara con respecto a la otra; y también por obviar las lecturas.

Es claro que ya no estamos en la época en donde tendría que leerse todo un dictamen completo, con que se publique, se solicita al Pleno si obvia la lectura, pero a veces sí conviene que se deje reposar unos días, por muchas razones, hoy se da primera lectura, se obvia la primera lectura, y también se obvia la segunda lectura cuando no había estricta necesidad ni incluyendo lo del presupuesto que será discutido y votado hasta finales de la próxima semana en la Cámara de Diputados.

¿Para qué se necesita o por qué, cuál es la ventaja de este régimen bicameral?

Precisamente que los dictámenes puedan sufrir modificaciones y revisiones conforme al criterio de ambas Cámaras, ese es un proceso, no es una afrenta, para ninguna Cámara en que un dictamen sea modificado por la otra.

Creo que en este tema se toma como una afrenta que la Cámara de Diputados haya hecho modificaciones a la minuta que hoy recibimos.

Segundo, en todo proceso legislativo es importante que participe la sociedad, todos los que tienen intereses, tenemos aquí un conjunto de personajes que representan intereses de temas específicos, pero aquí estamos hablando quizá del tema más sensible que tenemos los mexicanos, el tema de nuestros hijos.

Nadie aquí ha venido a reclamar los epítetos, los insultos, los agravios, las descalificaciones y las generalizaciones, por ejemplo, de la reforma del petróleo, no son de aceptarse, como tampoco son de aceptarse un conjunto de descalificaciones que se hayan hecho de legisladores porque no coinciden con su manera de pensar, eso no lo suscribo yo de ninguna manera.

Sin embargo, básicamente la Cámara de Diputados, del dictamen que aprobó el Senado, le hizo dos conjuntos de modificaciones, que la Cámara de Senadores ha aceptado en su integralidad.

Uno que tiene que ver con los medios de comunicación, y la aparición de los menores de edad en medios de comunicación que en la iniciativa del Presidente lo prohibía, si no tenían aprobación, y lo convertía en un delito penal; se modificó aquí, y ha sido modificado nuevamente por la Cámara de Diputados, y el tema más polémico, más sensible que es el tema de la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los niños.

Tomando en consideración que las convenciones internacionales consideran niño desde el recién nacido hasta los 18 años.

Hay un concepto internacional de plena aceptación que México acepta, cuando se habla de salud sexual y reproductiva, no de derechos sexuales y reproductivos en donde no hay una definición hoy total y uniformemente aceptada; lo que hay es una convención que se celebró en Uruguay, y hay un documento que establece cuáles son estos derechos, y desde luego que tienen todo el derecho del mundo los padres de familia que se han alertado cuando se presenta esta definición, que, insisto, no es una definición universalmente aceptada, México no ha suscrito este convenio, y que, desde luego todos aceptaríamos aquí que son derechos sexuales y reproductivos que deben de privar para los adultos pero que tienen serias limitaciones para poder ser sometidos como derechos de los niños.

Entre ellos, destaco, por ejemplo, dos, de la propia declaración: Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, libre de discriminación, coacción o violencia.

Nadie aquí estará en contra de que esto es un derecho que debe disfrutar todo mexicano, pero que en las distintas etapas de la niñez tiene que estar necesariamente supeditado a la tutela de los padres, ese es un derecho universal que desde 1948 está establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Otro derecho: Ejercer su preferencia sexual libremente, y sin sufrir discriminación, coacción o violencia.

Lo mismo me parece que es un derecho que debe disfrutar cualquier mexicano, pero que no puede ser extendido como un derecho universal que genera enorme preocupación en los padres de familia si se incluyera este término en la ley como se incluyó en el dictamen que aprobó el Senado y que fue modificado en la Cámara de Diputados. Por qué, porque corresponde a los padres, nadie podrá decir que un niño de ponle la edad que quieras, porque además tienen diferentes grados de maduración, un padre puede decidir, impulsar a su hijo a tomar una decisión de este tipo a los 16 años.

Y otro padre de familia puede estar en contra, y tiene absolutamente todo su derecho. No se vale venir aquí a imponer una concepción a todos los padres de familia si están en contra de ello.

Bueno, qué pasó, que la Cámara de Diputados ha modificado estos términos, sin embargo, yo no tendría objeción sobre el articulado de la ley, pero la exposición de motivos, particularmente en dos de los considerandos, las comisiones dictaminadoras dicen: la Colegisladora modificó el artículo fulano, erróneamente considerando tales cosas, y nosotros insistimos, incluso, termina diciendo, el segundo considerando, debe de interpretarse la ley en términos de las convenciones que nosotros señalamos, etc.

Me parece que es un despropósito que genera, incluso muchísima inquietud entre los padres de familia porque alguien ha dicho que esto puede ser sujeto de interpretación, en caso que así lo fuera, el que se le dé al margen de los padres de familia, derechos a los hijos, de este término, me parece que sí es un tema que es de profunda preocupación.

Yo en lo personal pienso que aun cuando la Cámara de Senadores diga en sus considerandos, que la ley debe de interpretarse de una manera, si la Cámara de Diputados dijo lo contrario, me parece que no sería razón de interpretación.

Pero también creo que los padres de familia, independientemente de la concepción que tengan de estos conceptos, tienen todo el derecho de elegir por sus hijos hasta la edad que ellos consideren, siempre y cuando no rebase la edad convencionalmente aceptada, que es 18 años, de dejar la niñez.

Y creo que en términos de darle tranquilidad, la seguridad de que no sucederá esto, que lamentablemente ya ha sucedido en algunas leyes locales, vale la pena bien quitar los considerandos cuarto y sexto de la exposición de motivos que han hecho las comisiones dictaminadoras.

Por eso varios Senadores del PAN también hemos presentado una reserva en poder de la Mesa Directiva, y me han pedido que mencione a los suscribientes de este dictamen, precisamente para ....esa tranquilidad a la sociedad, para eso serían las leyes, para eso queremos transparencia, para sacar un dictamen en la mañana, o ayer en la tarde, o a mediodía de un volumen extraordinario, votarlo de repente, se trata de que la sociedad también participe, tiene todo el derecho, y tenemos que hacerlo a la luz del día.

Han suscrito esta reserva también la Senadora Mariana Gómez del Campo, el Senador Francisco Domínguez, Luisa María Calderón, Octavio Pedroza, Jorge Luis Lavalle, Francisco Búrquez, Daniel Avila y Fernando Yunes, entre otros.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su tolerancia.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Esta iniciativa que se presentara con carácter preferente en este Senado, se celebró, se votó de manera unánime, pero hoy regresa con 18 modificaciones que hiciera la Cámara de Diputados, y que me parece, por el debate que estamos observando, no logra el consenso ni el beneplácito de la mayoría.

Cuando nosotros la celebramos es porque no puede postergarse el derecho de la niñez, porque en México contar con un marco que le garantice sus derechos es de elemental justicia, tarde pero cuando menos ya se está atendiendo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, de una alimentación adecuada, de salud, educación, al sano esparcimiento para su desarrollo integral; de esa manera es que el Estado debe de promover, proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos.

Las diversas organizaciones que existen han dado como resultado que los gobiernos se interesen cada día más en la problemática que atenta contra la niñez y la adolescencia.

El Estado mexicano en el año 2011 ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, mediante la reforma constitucional en "testamentaria", elevando al máximo rango estos preceptos que protegen la dignidad humana.

Esta ley viene a actualizar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida apenas en el año 2000, la cual buscaba garantizar el pleno respeto a los derechos, así como asegurarles un desarrollo pleno e integral.

A pesar de que esta nueva ley retoma mucho de lo que ya estaba legislado, hay avances importantes en cuanto a la instrumentación de la misma en los tres órdenes de gobierno, sobre todo en el establecimiento de la Procuraduría que defienda los derechos de este sector, y el Sistema Nacional de Protección que se encargará de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección.

Ahora, esta nueva ley que se expedirá, busca establecer bases más sólidas para garantizar el pleno disfrute de los derechos de este sector, privilegiándolo por su condición e importancia.

Los cambios sustanciales de la minuta están en la manera en que se promueva la educación, que se promoverá la educación sexual integral conforme a su edad, desarrollo cognoscitivo y madurez, lo que le permitirá ejercer de manera informada y responsable sus derechos.

Otro cambio de la presente minuta es el referente a la modificación del artículo 78 donde se señala, no se requerirá el consentimiento de los padres en caso de entrevistas a niñas y niños, y abre la posibilidad de que en los casos en los que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, este será quien pueda otorgarla.

Lo anterior posibilita a los medios de comunicación a no respetar el derecho a su privacidad, poniendo en riesgo su honra y reputación, sin embargo, apegado al principio de progresividad de los derechos humanos, esta ley es un avance en materia de protección de derechos de las niñas, niños, adolescentes.

La crisis social por la que atraviesa el país requiere de una visión integral, los niveles de impunidad, corrupción y violencia que se viven, son la base para que exista la violencia escolar, la falta de respeto a los derechos de los niños migrantes, y el maltrato para quienes viven en los centros de asistencia social.

Los futuros adultos se forjan en el presente, y en la medida en que se logre garantizar sus derechos, así se obtendrá que las niñas y niños adolescentes se formen sin rencores sociales, con derechos, satisfechos en la prevención de futuros problemas a fin de tener una vida libre de violencia.

En este sentido, los invito a seguir legislando a favor de las niñas y niños, y dotar de mayores herramientas a las escuelas, a las autoridades migratorias, y en general a la sociedad para que verdaderamente se cumpla con la protección de los derechos de niñas y adolescentes.

Esta iniciativa me parece que en origen venía acompañada de una buena intención, pero me parece que el debate que se está suscitando nos obliga a que pudiéramos discutir mayormente y profundamente, porque así lo están expresando distintos compañeros, y es por ello que el sentido de mi voto seguramente será una abstención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Mi posición es a favor del dictamen. Quiero empezar valorando el trabajo de este Senado, que recibió la iniciativa preferente del Ejecutivo y la modificó en más del 90 por ciento. Eso nos da un indicio positivo de que en esta legislatura la Cámara de Senadores cuando se lo propone, un poder efectivo del estado y contra preso del Ejecutivo.

La discusión de esta ley hizo polémica, porque de alguna manera evidenció que en ocasiones no compartimos los mismos valores, ya que la representatividad no sólo es de partidos, sino también de principios, experiencias, visión del país y opinión de nuestros electores.

Por eso considero que no debemos ser omisos de la realidad.

Todos los debates en cualquier congreso tienen por mínima que sea una carga ideológica, pero en una democracia las cargas ideológicas se discuten, no podemos ser iguales todos, pensamos diferente.

Pienso que muchos compañeros de mi partido están de acuerdo que cuando salió esta ley de la Cámara el pasado 29 de septiembre, llevaba elementos de riesgos para las niñas, niños y adolescentes en los artículos 50, 57 y 58, y en su momento me pronuncié junto con el Senador José María Martínez, pero ahora este dictamen y gracias a las modificaciones realizadas en Cámara de Diputados, precisa que la asesoría y orientación sea sobre salud sexual y reproductiva.

 También que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá que darse a las niñas, niños y adolescentes.

Además de promover una educación sexual integral, conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes.

Me parece importante señalar que no comparto las consideraciones de este dictamen en su apartado cuarto y sexto, ya que son inconsistentes con el artículo final que aprobamos hoy.

Mi preocupación y trabajo por los menores de México no empezó con esta ley, hace un año convoqué a un foro de combate a la pornografía de niñas, niños y adolescentes para abrir el debate, y he venido impulsando acciones y legislación con el objeto de mejorar las condiciones en que viven y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes. Es una situación que me preocupa y me ocupa en serio.

Destaco el trabajo arduo de esta comisiones, sí que ha sido complejo por el esfuerzo que representó considerar la premura y la eficiencia con la presión política y social.

Hago un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil  que estuvieron muy activas haciéndonos llegar información con visitas, llamadas y en redes sociales.

Estamos siempre conscientes que su intervención en los asuntos públicos de nuestro país es fundamental para generar cambios positivos.

A todos los que nos estuvieron asesorando, mi reconocimiento, nosotros debemos a la sociedad, y la sociedad tiene el derecho de venir y decirnos qué es lo que opina, eso en cualquier democracia sucede.

Nosotros no somos una Torre de Babel, tenemos que oír a los que representamos, hoy enviamos al Ejecutivo los artículos restantes de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes con la esperanza de que la autoridad implemente la ley correctamente y no se convierta en letra muerta o en el mejor de los caso en buenos deseos.

Mi conciencia siempre me llama a actuar y en este caso a votar en función de mis convicciones y de los intereses de la gente que votó por mí.

Hoy no será lo contrario.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

En los últimos dos meses las discusiones sobre la iniciativa preferente que presentó el titular del Ejecutivo Federal se han intensificado.

El debate que podría parecer nuevo sólo reitera la enorme importancia que los ciudadanos y sus gobiernos deben dar a un tema que la mayor parte de las veces se utiliza como discurso político y no como una realidad que nos puede cambiar presente y futuro.

Y aunque este tema ha estado siempre en la agenda del Partido Acción Nacional, nos congratulamos porque por primera vez este país contará con una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Estoy convencida que ningún ordenamiento pueda sustituir la voluntad política y social de las autoridades, la responsabilidad del Estado y mucho menos las obligaciones que los padres tenemos con nuestros hijos.

Quiero empezar, a nombre de mi grupo parlamentario, por reconocer el trabajo, la responsabilidad y el profesionalismo con las que los presidentas y presidentes de seis comisiones en este Senado abordaron el tema, especialmente me enorgullece la congruencia y capacidad técnica de mis compañeros Senadores Martha Elena García y Juan Carlos Romero y de sus equipos de trabajo que, junto con el resto de los Senadores que coordinaron esta iniciativa, actuaron en este momento pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes.

México atraviesa por una etapa sumamente complicada, se ha hablado incluso de una crisis de derechos humanos en nuestro país.

Acciones violentas y un número importante de delitos que se cometen hoy, involucran cada vez más a niños y niñas y especialmente adolescentes.

¿Por qué es necesario garantizar a todos ellos sus derechos en un documento legal?

No se supone que como padres tenemos la obligación de cuidar la protección de nuestros hijos e hijas.

Permítanme precisar.

Jesús es un niño de 3 años, cuando nació, su madre lo abandonó en el albergue de Mamá Rosa, aduciendo falta de dinero para hacerse cargo de él.

Los niños más grandes en el albergue eran responsables de su cuidado, por supuesto Jesús no aprendió a hablar, a ir al baño o a comer correctamente, es más, derivado de su situación hoy tiene una enfermedad en su piel que no ha sido cuidada, atendida y además es contagiosa.

Estar en ese albergue lo protegió luego del rescate de más de 500 personas, las autoridades encontraron a sus padres, quienes no aceptaron tenerlo, porque su condición de pobreza no se lo permitía.

A Jesús no lo aceptan en ningún otro albergue, porque como otros niños que viven ahí, pueden contagiarse.

Hoy vive con un activista que no lo procreó, pero que hace el papel de padre y de madre.

¿Quién no respetó los derechos humanos de Jesús?

La respuesta es muy cruel, sus padres, el gobierno, la sociedad, el Estado mexicano en su conjunto.

¿Por qué les platico esto?

Porque en cada artículo de esta ley existen miles de historias con nombres, rostro, corazón, a veces domicilio y apellido de niñas, niños y adolescentes a lo que el Estado tiene la obligación de garantizarle que sus derechos sean respetados.

Desde cuándo una persona tiene derechos humanos.

Recibió correos en donde se cuestionaba el trabajo del Senado.

Una pregunta me llamó la atención, ¿por qué igualdad sustantiva? ¿Igualdad respecto a qué? Decía el correo.

Entonces los niños son iguales que los adultos y pueden tener los mismos derechos, en tono de reclamo nos lo hacían.

No critico a quien la planteó, porque creo que su planteamiento se hace desde la ignorancia o la superficialidad para entender que nuestros niños y niñas tienen derecho, un ser humano tiene derecho desde que nace, en mi partido, incluso, estamos convencidos que un ser humano tiene derechos desde que se concibe y en el PAN estamos decididos a defender ese derecho.

Se nos cuestionó también la creación de las procuradurías de protección, dicen que para exigir la instrucción de los derechos humanos a los padres y elaborar reportes al CONAPRED, fue creada.

Creo firmemente que el ser padre o madre no te da derecho a ver a tu hijo como propiedad o artículo de acompañamiento, te da obligaciones de guiarlo, conducirlo, protegerlo y acompañarlo para que tome decisiones correctas.

Ante los señalamientos sin fundamento sobre un tema en especial planteado en el artículo 50, me permito aclarar, precisar y reiterar que en este Senado y especialmente mi grupo parlamentario nunca ha contrariado normas y menos en materia de derechos humanos.

Por el contrario, sostenemos que el verdadero derecho humano es que las niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas y orientación en base a su edad y desarrollo con el fin de evitar abusos y delitos y a hacer corresponsables a padres, madres, tutores y custodios de que se les otorguen, para que llegado el momento, cuenten con valores y ejerciten plenamente sus derechos.

Se escucharon las voces de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, organismos internacionales, autoridades de gobierno, entre otros, por cierto, con múltiples opiniones al respecto, todas diversas.

Se manejaron propuestas y se propició un debate abierto, plural y tolerante para construir un acuerdo jurídico que promueva y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en territorio nacional, sean mexicanos o extranjeros, los cuales deben ser universales, con aplicación, sin restricción alguna.

Que procuren el principio pro persona y contribuyan a su desarrollo integral en beneficio de la sociedad.

Las modificaciones contempladas por nuestras compañeras y compañeros Diputados, alrededor del 10 por ciento del articulado, quiero subrayarlo, mantiene los objetivos y motivaciones de las y los Senadores.

Muchos de los cambios propuestos se habían considerado en la minuta aprobada por esta Soberanía en septiembre.

Se pretende, por la vía legislativa, fortalecer, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, evitar toda forma de abuso físico, mental o sexual, descuido o trato negligente, maltrato, explotación, sea por madres, padres, tutores o instituciones al ciudadano de los menores.

De ahí, que aprovecho para reiterar el llamado respetuoso del Senado, para que a la brevedad, en la Colegisladora, se observe, se discuta, se someta a votación la minuta en materia de trata de personas aprobada por esta Soberanía el pasado mes de febrero, que protege de manera especial a la niñez.

Destaco el derecho de las personas que ejercen la patria potestad, la custodia, guarda o tutela para intervenir en educación de niñas, niños y adolescentes. Ese derecho debe ejercerse con libertad, sí, pero con absoluta responsabilidad para garantizar el pleno y sano desarrollo cognoscitivo acorde a su edad y madurez.

En este Senado no hubo, ni siquiera como insinuación, la intención de quitar ese derecho a los padres.

Se propone promover la educación sexual integral conforme a la edad, desarrollo cognoscitivo y madurez.

De esta forma se ejercerán de manera responsable y formada los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

Mención especial amerita la aportación legislativa a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, porque deja claramente establecido en la norma el derecho que tienen a vivir en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, sea en la convivencia diaria, en comunidad o en los servicios de atención en los centros de atención social.

Hace unas décadas, el no saber leer y escribir representaba un grave problema de analfabetismo en el país.

Hoy, no tener acceso, no saber manejar, estar marginado de la modernidad y la tecnología representa un atraso social considerable.

En un mundo globalizado no basta con tener una educación pública de calidad en la norma; se debe dotar de herramientas para fomentar el conocimiento, por eso resulta valiosa la propuesta de reconocer y garantizar el derecho a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radio, difusión y telecomunicaciones, como el de Internet y la banda ancha para la niñez y la adolescencia.

Se enfatiza la obligación del conocimiento, uso irresponsable de herramientas tecnológicas, que por su naturaleza contribuyen al desarrollo, pero también representan, si se cae en el descuido, ventanas para el abuso y la explotación de los menores, así como de su intimidad.

Por ello es que padres de familia, tutores y/o personas que tengan la guardia o custodia deben estar atentos para no permitir, bajo ninguna circunstancia, las situaciones de riesgos.

Quiero apuntar, sin embargo, una circunstancia de vulnerabilidad que puede ser la relativa a la exposición en los medios de comunicación.

La libertad de expresión no puede ni debe afectar la privacidad, no poner en peligro la honra o la reputación, ante todo debe velarse por la protección y seguridad de niñas, niños y adolescentes.

Senadoras y Senadores:

Con esta votación concluye el ciclo legislativo. El marco legal que estamos a punto de aprobar, sin duda contribuirá al diseño de políticas públicas eficientes, así como sistemas de información en distintos rubros, además establecerá la necesidad de contar con mecanismos transparentes, de seguimiento y evaluación.

Este Senado de la República tiene muy claro que el proceso de reconstrucción del tejido social será complejo, que llevará meses, años de trabajo constante.

La niñez y la adolescencia merecen respeto de la familia, comunidad y el estado.

Ellos, como seres humanos sienten y merecen ser queridos y atendidos, tienen derecho a la libertad y al libre desarrollo de su personalidad con una vida digna, con oportunidades.

Tener, para empezar, una identidad, un nombre y nacionalidad que le den sentido de pertenencia.

Derecho a jugar sin amenazas o probabilidades de sufrir daños colaterales.

A no trabajar, ni a ser explotados en los años en que su derecho y obligación es estudiar.

Prepararse y alcanzar el desarrollo de capacidades y talentos en beneficio de su comunidad.

Esta iniciativa es uno de los muchos pasos que debe dar el Estado mexicano para erradicar la cultura de la indiferencia ante el dolor ajeno.

Es la obligación legal de hacer visibles a los invisibles, y atender a aquellos que hoy, ignorados, olvidados o utilizados están.

Es cierto, hay que decirlo. Este afán legislativo, esta ley de nada servirá si no se cuenta con recursos económicos y voluntad política para su aplicación, y también requiere de una tarea conjunta, responsable y comprometida entre el Estado, la sociedad civil y las familias.

Es oportuno señalar que este esfuerzo parlamentario atiende la diversidad de un país multicultural como el nuestro, por supuesto, es perfectible, no es concluyente, y amerita seguimiento continuo, supervisión especializada y evaluación permanente.

Para lograr que México sea un país desarrollado, debemos impulsar la cultura de la legalidad y del pleno estado de derecho.

Empecemos por garantizar el libre, auténtico y universal desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Ellos son nuestra responsabilidad.

Escuchemos su urgente llamado de atención. Ellos representan la esperanza, el juego nuevo que permitirá la reconciliación nacional.

De su formación y libertad, con valores éticos, dependerá el México de mañana. No los abandonemos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

Les recuerdo a los oradores que el tiempo del que se dispone en esta etapa de la discusión es de 5 minutos. Les rogaría que nos sujetáramos al tiempo reglamentario, gracias.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que estamos a favor de esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y estamos a favor, porque cualquier esfuerzo que se haga para coadyuvar a que los niños, niñas y adolescentes de este país tengan mejores condiciones de vida en todos los sentidos, sin duda que serán bienvenidos.

Hemos leído y analizado con atención las modificaciones que hicieron los compañeros Diputados al Decreto que les mandamos de aquí de la Cámara de Senadores; hicieron incorporaciones que son muy importantes, y lograron algunas adiciones que aquí en el Senado habían generado un enorme debate, sobre todo en el tema de la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes.

Por supuesto que estamos de acuerdo, estamos a favor de que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en todos los sentidos.

Tenemos que reconocer que eso hacía falta en la ley que elaboramos aquí en el Senado, y qué bueno que los compañeros Diputados tuvieron a bien incorporar esta parte.

El tema donde hablaba del ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos. Aquí fue motivo, repito, de un enorme debate, de acusaciones, de unas bancadas contra otras.

Pero que el texto que nos proponen los compañeros Diputados, es un texto que viene a cubrir las preocupaciones en este sentido de los Senadores de la República y de la sociedad; proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva.

Yo recuerdo, cuando ingresé a la secundaria en 1971, en mis primeras clases de biología, cuando me entregaron el libro de texto de biología, y empecé a revisar aspectos que en ese entonces eran verdaderos mitos.

1971, en las escuelas secundarias se iniciaba el proceso de que los niños de México necesitábamos conocer cómo eran el aparato reproductor del hombre y de la mujer; porque evidentemente aquella hipótesis de que el ser humano viene de una situación divina, pues no todos lo aceptan. Hay que adecuar a la realidad concreta, y no hay que tenerle miedo al conocimiento.

Creo que ese era el asunto de esos momentos, y hoy está ley lo toma ya con naturalidad. Además hoy basta que un niño apriete una tecla en una tableta o en una computadora, ponga ahí lo que quiere saber y ahí le dan explicaciones hasta de más, de estos asuntos.

Por eso coincidimos con los aspectos que aquí se han planteado desde la Cámara de Diputados. Y por eso vamos a votar a favor.

Hemos señalado, desde la posición de lo que somos, maestros de escuela, educadores, que esta ley tiene que ser revisada, una vez que cumpla con el proceso legislativo y sea promulgada.

Yo no estoy conforme y lo tengo que decir, cómo quedó el Capítulo del Derecho a la Educación.

Solamente, compañeros Senadores, les voy a leer la primera parte del artículo 57, para que quede, para la reflexión futura y nos atrevamos a ser modificaciones a esta ley, para que esta ley verdaderamente proteja el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de México.

Dice el artículo 57. Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales…

México es de los países que más altos índices de deserción escolar tienen en el mundo. Y si revisamos las causas de la deserción escolar, nos vamos encontrar, que ésta se encuentra en la pobreza patrimonial y en la pobreza extrema que viven millones de compatriotas a lo largo y ancho de la nación.

¿Por qué se van los niños de las escuelas? Lo comentaba hace rato en el foro interamericano que tenemos aquí en el Senado de la República.

No es una situación particular de México, pero sí es una situación que se acentúa más en México que en otros países del continente.

¿Por qué se van los niños de las escuelas?

Porque los padres de familias que están en pobreza o en pobreza extrema, si no pueden comprar la canasta básica, menos van a poder darle al niño un uniforme escolar que hoy se exige en todas las escuelas de educación pública del país, menos van a comprarle los elementos indispensables para que el niño pueda enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cuadernos, los libros, los juegos geométricos, los lápices, las plumas, la listota que hoy se hacen en las escuelas preescolares, primarias y secundarias, donde los niños pobres de México no tienen acceso y por eso desertan de las escuelas.

El tema que tiene que ver con la alimentación, además de proporcionar alimentación suficiente, sana y nutritiva, el padre tiene que darle un dinerito para el recreo y si no se le da entonces el niño siente esa discriminación de la pobreza; unos, en los puestos que se ponen en las escuelas públicas, van y compran, y otros se aguatan sus ganas y se aíslan en donde no los vea nadie, porque no pueden comprar absolutamente nada, porque sus padres evidentemente no se los pueden proporcionar.

Son las reflexiones que tenemos que hacer en esta ley. Y si tenemos que insistir en que el Estado mexicano tiene que hacerse responsable de la alimentación de todos los niños y niñas que están en educación básica de este país. Las letras no entran cuando se tiene hambre.

Por eso cuando leemos los datos, de una comisión del Coneval con la UNICEF, pues sinceramente es espeluznante lo que aquí leemos.

Y decimos, por ejemplo, del 2012, el 78.5 por ciento de la población indígena, de 0 a 17 años, se encontraba en situación de pobreza.

De 33 y 33.4 por ciento en situación de pobreza extrema.

El 93.5 por ciento de las niñas, niños y adolescentes indígenas, presentaban una o más carencias sociales. Casi el 100 por ciento de nuestra población indígena.

Y hablamos aquí de un derecho a la educación, desde una visión de los derechos humanos.

Con todo respeto, compañeras y compañeros Senadores, si no se refleja en el Presupuesto de la Federación del 2015, cómo solucionamos estos problemas, entonces todo será mera demagogia.

Y como diría uno de los ponentes que vinieron a discutir estos temas con nosotros, la Ley General de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes de México, será un mamotreto.

Serán buenas intenciones, pero la educación en México, su calidad no se eleva solo con buenas intenciones.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se protegen con buenas intenciones.

Vamos a ver de qué tamaño es el amor que tiene el Ejecutivo Federal, y que tienen los compañeros Diputados con estos derechos de los niños, niñas y adolescentes de México.

Esta ley por supuesto que la votamos a favor, por todo el contenido que tiene. Es imperfecta, sí, es imperfecta, por ejemplo, en este rubro; pero estoy convencido que si se le mete el recurso económico, los niños de México recuperan la alegría y ese debe de ser el objetivo de los Senadores de México, al aprobar este tipo de leyes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado…

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senador.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, no hay quórum. Lleva una lista de diez y no aparece nadie…

- El C. Presidente Aispuro Torres: En este momento continuaremos con la lista de oradores.

El Senador Miguel Romo Medina…

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Agotada…

Sí, ¿para qué asunto?

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, lleva una lista de diez y no están en la sala del Pleno.

Yo le pido verificación del quórum o en su caso un receso, porque aquí se le está hablando a la pared…

- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de que no hay más oradores registrados…

Se agotó el registro de oradores inscritos en lo general…

Sonido en el escaño del Senador Enrique Burgos García.

- El C. Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Señor Presidente, los coordinadores, por lo menos la mayor parte de coordinadores de los grupos parlamentarios, están reunidos aquí a un lado tratando de encontrar la mejor opción a este tema.

Respetuosamente solicitaríamos un breve receso en lo que termina la reunión de ellos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, desde luego que tomamos en cuenta la propuesta del Senador Burgos García.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans Canabal.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) El salón de Plenos es este, el Capital Grill está ahí en Reforma, entonces, yo le pido verifique el quórum o un receso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó a esta Mesa Directiva el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates.



En virtud de la propuesta que ha hecho el compañero Senador Enrique Burgos García, esta Presidencia declara un receso en tanto se culminan los últimos detalles para poder votar el dictamen en lo general, el tiempo por el cual se declara que el receso será hasta por diez minutos.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: Se reanuda la sesión. Se ha agotado la lista de oradores.

Informo a la Asamblea que los Senadores Héctor Larios Córdova, Mariana Gómez del Campo, Francisco Domínguez Servién, Luisa María Calderón Hinojosa, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Daniel Avila Ruiz y Fernando Yunes Márquez, entregaron una propuesta de modificación al dictamen en los considerandos cuarto y sexto de la parte expositiva.



Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, desde su escaño.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En virtud de que hemos entregado a la Mesa Directiva un adéndum al dictamen, en el cual diversos Senadores del PAN no hacemos nuestros los considerandos cuarto y sexto del dictamen, retiramos la reserva para que no se vote en lo particular, con la solicitud atenta de que el documento que presentamos sea integrado al expediente y quede claro que no respaldamos o no compartimos esos considerandos.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Se tiene por retirada la reserva presentada por los Senadores mencionados. Pero vamos a darle el trámite siguiente, Senador, si me permite.

Informo a la Asamblea que hemos recibido sendas peticiones del grupo parlamentario del PRI y de los mismos ocho Senadores mencionados, del PAN, que solicitan sean acumuladas al expediente del dictamen que nos ocupa como documento anexo y publicadas en el Diario de los Debates.



Las peticiones están disponibles en sus pantallas, razón por la cual solicito a la Asamblea, en votación económica, se dispense la lectura de dichos documentos que ustedes pueden consultar en sus pantallas.

Solicite la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si dispensa la lectura de los dos documentos.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la dispensa de la lectura de ambas peticiones acumuladas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa de la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: En consecuencia, está dispensada la lectura de ambos documentos.

En consecuencia, al haberse dispensado la lectura de ambos documentos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que ambas peticiones se acumulen al expediente como documento anexo.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las peticiones de Senadores del PRI y del PAN se acumulen al expediente como documento anexo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente, la acumulación de los documentos al expediente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Por tanto, las peticiones de los Senadores del PRI y del PAN se acumulan al expediente como documento anexo y se publicarán en el Diario de los Debates.

Procederemos a la votación de los artículos a discusión.

Consulto si alguno de los artículos se reserva para proponer modificaciones. Quien tenga reservas de artículos, favor de expresarlo.

Al no haber artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación de los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos referidos.

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remite al Ejecutivo para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores, a solicitud del Senador….

¿Es para expresar su voto, Senadora? ¿En qué sentido, Senadora? A favor. Que tome nota la Secretaría.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Como constó hace un momento en el tablero, mi voto estaba a favor y luego aparece como abstención.

¿Quiere usted corregir el sentido del voto que aparece en el tablero? Así es, a favor. Gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Entonces, tome nota la Secretaría del voto del Senador Javier Corral a favor y se suma a los declarados expresados en ese sentido.

¿Algúna Senadora o Senador que tenga una rectificación o voto no emitido? Ninguno.





 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Compañeros Senadores, a solicitud del Senador Aarón Irízar López, el punto de Acuerdo sobre el 140 Aniversario del restablecimiento del Senado de la República, se turna directamente a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen, y a la Mesa Directiva para su conocimiento y efectos







 

Las demás iniciativas y propuestas inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por los CC. Senadores Félix González Canto y Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 10 junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una de las reformas más trascendentes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relativa a derechos humanos.

Dentro de los aspectos más relevantes de esta reforma podemos mencionar la modificación al artículo primero, misma que contempla: el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la introducción del principio “pro persona” el cual es el eje rector en la interpretación y aplicación de las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; la creación del bloque de la constitucionalidad, mediante el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como la incorporación de la figura de “la interpretación conforme”; la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; la obligación del Estado Mexicano de prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que la ley establezca, entre otros.

Como se puede apreciar el contenido substancial del artículo primero constitucional reside en las obligaciones del Estado Mexicano para universalizar el goce efectivo de los derechos humanos; uno de los mayores retos de las autoridades reside en acortar la distancia entre el discurso y la implementación práctica de los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna, son inherentes e inalienables a todas la personas sin distinción alguna, sin embargo, de acuerdo al Programa Nacional de Derechos Humanos, de 2005 a 2012 han aumentado el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por personas con discapacidad por violación a sus derechos humanos1.

Las personas con discapacidad tienen que hacer frente a una serie de estereotipos que limitan su desarrollo, aún hoy día la sociedad, el entorno y la falta de políticas públicas adecuadas han creado y fomentado una serie de barreras que les imposibilitan ejercitar plenamente sus derechos humanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.6% de la población del país reporta tener una discapacidad, siendo adultos mayores el 51.4%; adultos el 33.7%; jóvenes el 7.6%; y, niños el 7.3% de las personas discapacitadas. La encuesta reveló que hay mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los deciles de ingresos más bajos que en los más altos para 2012.

Es importante tener presente que la discapacidad forma parte de la condición humana, casi todas las personas presentaran algún tipo de discapacidad temporal o permanente a lo largo de su vida; los adultos mayores experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento, pero no sólo por cuestiones de orden médico biológico, sino también contextuales, es decir, por la influencia negativa o poco facilitadora del entorno.

En este sentido, si bien es cierto, que en 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para tratar de armonizar Ley General de las Personas con Discapacidad con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual representa un gran avance, lo cierto es que hoy día, persiste la discriminación contra las personas con discapacidad, razón por la cual se hace necesario reformar la legislación secundaria para que cumpla con su cometido de forma más eficaz, así como para armonizarla con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En virtud de lo anterior se propone lo siguiente:

Establecer que los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, en el ámbito de sus competencias deberán impulsar la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacidad, el propósito de incorporar dentro de la Ley la palabra real se debe a que es en los hechos, en la vida cotidiana en la que las personas con discapacidad sufren barreras para su inclusión, integración, convivencia y participación de la vida privada y social.

Es conveniente mencionar que se considera pertinente la modificación, toda vez, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de reconocer como principio de la misma la igualdad de oportunidades, también hace referencia a la igualdad de hecho estableciendo en el artículo 5.4 que: “No se consideran discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad”.

El acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas que garanticen en los hechos la igualdad, por lo que también se propone incorporar en la Ley el que los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar  medidas de nivelación e inclusión.

Bajo este contexto, se entenderá en la Ley por medidas de nivelación aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de las personas con discapacidad a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades; y por medidas de inclusión aquellas disposiciones de carácter preventivo o correctivo cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que las personas con discapacidad gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Por técnica legislativa, se propone, trasladar al artículo 2 de la Ley las definiciones de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas; sobre este último concepto también se propone eliminar la palabra positivas, toda vez que las acciones afirmativas, son medidas de discriminación positivas, por lo que se considera que el denominarlas acciones afirmativas positivas es redundante; asimismo, se propone reformar la definición de acciones afirmativas, dado que éstas doctrinariamente son medidas especiales de carácter temporal que se implementan para eliminar las formas múltiples de discriminación que afectan a los grupos vulnerables.

En razón de lo anterior se propone definir a las acciones afirmativas como aquellas medidas especiales, específicas y de carácter temporal, cuyo objetivo es corregir las situaciones patentes de desigualdad que tienen las personas con discapacidad en su incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural o en el disfrute o ejercicio de sus derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones.

También se propone reformar el artículo 4 de la Ley en comento para establecer que todas las personas con discapacidad gozan de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, armonizando así la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Incorporar en el texto de la ley que la interpretación de la misma, así como la actuación de los representantes de los poderes públicos federales, estatales y municipales se ajustará a los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Establecer que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas con discapacidad.

Con las últimas tres propuestas mencionadas se busca armonizar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el contenido en el principio “pro persona”, la interpretación conforme y el Bloque de la Constitucionalidad, contenidos en el artículo primero constitucional.

En consonancia con el artículo 5.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la igualdad y no discriminación, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, se propone incorporar en el texto de la Ley  el señalamiento de que no se considerarán discriminatorias las medidas de nivelación, medidas de inclusión, medidas contra la discriminación y las acciones afirmativas que tengan por objeto promover la igualdad de las personas con discapacidad. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.

Asimismo, para registrar el avance del acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a participar plenamente en todos los aspectos de la vida, se propone establecer que las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán reportar periódicamente las medidas de nivelación, medidas de inclusión, medidas contra la discriminación y acciones afirmativas que han adoptado al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad(el Consejo) para su registro y monitoreo.

En este mismo sentido, se propone incorporar una atribución al Consejo, para que pueda solicitar a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios información relativa a la adopción de medidas de nivelación medidas de inclusión, medidas contra la discriminación y acciones afirmativas.

Dado que el Consejo es la autoridad que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas en la materia, se propone incorporar la fracción VI al artículo 42 de la Ley para incluir dentro de las atribuciones del Consejo el elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para la inclusión de las personas con discapacidad.

De acuerdo con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que actualmente se consideran como normas de derecho consuetudinario internacional, los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la participación en el entorno físico, en virtud de ello se propone modificar la fracción IV del artículo 42 de la ley para que el Consejo también tenga atribución para promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones privadas, dado que las barreras en materia de accesibilidad ante las que se enfrentan las personas con discapacidad se dan tanto en la infraestructura pública, como la privada.

Por otra parte, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 16.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a una de las conclusiones sobre el estado de los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, se propone incorporar una fracción IX, al mencionado artículo 42 de la Ley, para establecer que el Consejo tiene atribución para llevar un registro, control y supervisión de las condiciones en que operan las instituciones públicas, sociales y privadas que prestan servicio de albergue, refugio o estancia para personas con discapacidad, en especial para niños, niñas y adolescentes.

También se propone modificar la fracción XII del artículo 42 para establecer que el Consejo podrá promover la armonización de las Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, aplicables en la materia, toda vez que México también ha firmado y ratificado la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para el buen cumplimiento de esta Ley se propone establecer que el Consejo tendrá facultad para promover que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos necesarios para el desarrollo de una política pública de inclusión de las personas con discapacidad.

Las propuestas referidas anteriormente tienen el propósito de emprender acciones y generar políticas públicas tendientes a la inclusión de las personas con discapacidad y que ellas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de oportunidades, asimismo profundiza las obligaciones que el Estado Mexicano tiene a partir del nuevo contenido del artículo 1º constitucional.

Asimismo, se señala que con estas reformas se armoniza el contenido de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo que reforzará las acciones del Estado Mexicano en pro de las personas con discapacidad.

Finamente se propone modificar los requisitos para ser Director General del Consejo, para establecer que éste deberá de: contar con Título Profesional; haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley; no haberse desempeñado como secretario de Estado, procurador General de la República, gobernador, jefe de gobierno, senador, diputado o dirigente de un partido político durante los dos años previos al día de su nombramiento; asimismo, se propone eliminar la prohibición de que no se cuente con doble nacionalidad, toda vez que la Ley ya prevé que el Director General sea mexicano por nacimiento, y que la nacionalidad mexicana no se pierde por adquirir otra nacionalidad, de igual forma se observa que no se trata de un cargo por el que se ejerza la representación de la nación mexicana, por lo que se considera inadecuado el requisito de no contar con otra nacionalidad.

Lo anterior permitirá que se profesionalice y fortaleza el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

UNICO: Se adicionan las fracciones II, XX, XXI, y XXII al artículo 2, pasando las actuales fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII a ser las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX, XXXI Y XXXII respectivamente; dos párrafos al artículo 3; los artículos 3 Bis, 3 Ter y 4 Bis; las fracciones VI, IX, X y XX, pasando las actuales fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII a ser las fracciones VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y la XXI respectivamente; las fracciones III, IV y V al artículo 49, pasando a ser la actual fracción III a ser la fracción VI; se reforman: los actuales párrafos primero y cuarto del artículo 4, las fracciones IV y XV del artículo 42 y la fracción 1 del artículo 49; se derogan: los párrafos segundo y tercero del artículo 4 y la fracción II del artículo 49; todos ellos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. …

II. Acciones Afirmativas. Son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, cuyo objetivo es corregir las situaciones patentes de desigualdad que tienen las personas con discapacidad en su incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural o en el disfrute o ejercicio de sus derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones;

III. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

VI. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;

V. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad;

VI. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

VII. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral;

VIII. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

X. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

XI. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

XII. Educación Especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género;

XIII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos;

XIV. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;

XV. Estimulación Temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración;

XVI. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población;

XVII. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;

XVIII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;

XIX. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XX. Medidas contra la discriminación. Todas aquellas que prohíban conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee;

XXI. Medidas de inclusión. Aquellas disposiciones de carácter preventivo o correctivo cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que las personas con discapacidad gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato;

XXII. Medidas de nivelación. Aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de las personas con discapacidad a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades;

XXIII. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social;

XXIV. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad;

XXV. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXVI. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley;

XXVII. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;

XXVIII. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XIX. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

XXX. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXXI. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y

XXXII. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

El Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estén a su alcance, tanto separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio correspondiente, para que todas las personas con discapacidad gocen de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en las leyes.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las medidas contra la discriminación, de inclusión, de nivelación y acciones afirmativas.

Artículo 3 Bis. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de los poderes públicos federales, estatales y municipales se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.

Artículo 3 Ter. No se considerarán discriminatorias las medidas de nivelación, medidas de inclusión, medidas contra la discriminación y las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacidad. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, y demás leyes en la materia,  sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Se deroga.

Se deroga.

Los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsarán el derecho a la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacitada través de establecimiento de medidas contra la discriminación, medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad y el ejercicio pleno de sus derechos. Será prioridad adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 4 Bis. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán reportar periódicamente las medidas de nivelación medidas de inclusión, medidas contra la discriminación y acciones afirmativas que han adoptado al Consejo para su registro y monitoreo.

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. – III. …

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y privadas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;

V. …

VI. Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para la inclusión de personas con discapacidad;

VII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

VIII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley;

IX. Llevar un registro, control y supervisión de las condiciones en que operan las instituciones públicas, sociales y privadas que prestan servicio de albergue, refugio o estancia para personas con discapacidad, en especial para niños, niñas y adolescentes;

X. Solicitar a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios información relativa a la adopción de medidas de nivelación medidas de inclusión, medidas contra la discriminación y acciones afirmativas;

XI. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad;

XII. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;

XIII. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;

XIV. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias;

XV. Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, aplicables a la materia;

XVI. Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad;

XVII. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del Programa;

XVIII. Presentar un informe anual de actividades;

XIX. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad,

XX. Promover que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos necesarios para el desarrollo de una política pública de inclusión de las personas con discapacidad; y

XXI. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.

Artículo 49. El Director General será designado por el Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Se deroga;

III. Contar con Título Profesional;

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley;

V. No haberse desempeñado como Secretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador, Jefe de Gobierno, Senador, Diputado o dirigente de un Partido Político durante los dos años previos al día de su nombramiento; y

VI.No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Organo de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas las autoridades competentes deberán adoptar las medidas descritas en la presente Ley de manera progresiva, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria determinada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014.

Sen. Félix González Canto”.

1 Ver Programa Nacional de Derechos Humanos, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION XX, RECORRIENDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 4 Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XX, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 4 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, establece un marco jurídico cuya finalidad es propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura, reglamentando disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de regulación, fomento y administración del aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícuolas en el territorio nacional, de acuerdo con el artículo 27;  y estableciendo bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura corresponden bajo el principio de concurrencia, a la federación, entidades federativas y  municipios, con la participación de los sectores social y privado, como lo dispone el artículo 73, fracción XXIX-L, que enumera las facultades del Congreso General.

Dentro de los objetivos de esa ley destacan el establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales; promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola; y en el caso  de la iniciativa que planteo, establecer el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de pesca y acuacultura.

En efecto, dentro de sus catorce títulos, en el sexto se establecen y regulan los instrumentos de la política pesquera (artículos 36 a 59), reconociendo como tales; los programas de ordenamiento pesquero, los planes de manejo pesquero y las concesiones y permisos, previniendo que dichos instrumentos se aplicarán en congruencia con los previstos en otras disposiciones legales.

Dentro de su capítulo IV, artículos 40 a 59, relativo a concesiones y permisos, se precisan las actividades que requieren unas y otros para su explotación; que corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación otorgar concesiones o permisos, distinguiendo las concesiones como aquellas que se otorgan en función de la evaluación de los resultados que arrojen los estudios técnicos y económicos, así como de la cuantía y recuperación de la inversión, mientras los permisos se otorgan cuando por la cuantía de la inversión no se requiera de estudios técnicos y económicos; que el otorgamiento de concesiones y permisos queda sujeto a las modalidades que dicte el interés público y que la Secretaría debe basarse en criterios de equidad social y en información científica para decidir sobre el recurso pesquero. En el artículo 43, in fine, se faculta a la Secretaría a otorgarlos preferentemente a los habitantes de las comunidades locales; que en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia las solicitudes de las comunidades indígenas.

Precisamente, en materia de otorgamiento de concesiones y permisos, la presente Iniciativa plantea que dentro de los titulares de concesiones y permisos con un derecho de preferencia, se incorpore a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, entendiendo por éstos: “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”, que es la descripción que de ellos, la Ley General de Desarrollo Social acoge en su artículo 5, fracción VI.

Esta propuesta tiene las siguientes razones:

a) Es plenamente justificable que las comunidades indígenas que ocupan el lugar donde se encuentre el recurso pesquero que quieran aprovechar, sean preferidas para su concesión o permiso; en similares circunstancias se encuentran las comunidades afrodescendientes que para ser sujetas a esa preferencia, deben equipararse a un pueblo indígena, tal como lo dispone el artículo 2°, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma planteada permitiría incluir a las comunidades afrodescendientes, no sólo por equiparación, sino por encontrarse en el supuesto de un grupo social en estado de vulnerabilidad, por tratarse de núcleos de población que enfrentan situaciones de discriminación que les permiten alcanzar mejores niveles de vida.

b) La situación de vulnerabilidad no surge sólo de cuestiones étnicas, pues también existen factores diversos que impiden que un grupo social o a una persona o personas alcancen mejores niveles de vida. Podrían enumerarse casos específicos de situación de vulnerabilidad, pero considero que su descripción “núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida” permitirá a la autoridad administrativa competente determinar si determinado grupo social, persona o personas, se encuentran en esa hipótesis y satisfacen además, los  requisitos necesarios para ser concesionarios o permisionarios, atendiendo que el objetivo general de la citada ley es propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

c) Por otra parte, se propone que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables incorpore la misma descripción de grupos sociales en situación de vulnerabilidad que la Ley General de Desarrollo Social, pues ambos ordenamientos tienen carácter general, establecen la concurrencia de autoridades federales, locales, municipales y del Distrito Federal y las materias que regulan están vinculadas.

Por consiguiente, es indispensable incorporar al glosario de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables la definición de grupos sociales en estado de vulnerabilidad, para así establecer su derecho de preferencia en concesiones y permisos para el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas. Por ello se propone reformar el artículo 4, para que en su fracción XX, conservando el orden alfabético del glosario, se inserte dicha definición y se recorran las subsecuentes  en su orden.

Con esta definición previa y por las consideraciones vertidas, se propone reformar el artículo 43 en su primer párrafo, para incluir, junto a las comunidades indígenas con su derecho de preferencia, el enunciado “y a los grupos sociales en estado de vulnerabilidad”.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO. SE REFORMAN LA FRACCION XX, RECORRIENDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 4 Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 4. ...

I. ...  XIX. …

XX. Grupos sociales en estado de vulnerabilidad: aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

XXI. … LII. …

Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales y a los grupos sociales en estado de vulnerabilidad, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.

...

...

...

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Eviel Pérez Magaña”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII, RECORRIENDO EL RESTO EN SU ORDEN, AL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por los CC. Senadores Jesús Casillas Romero y Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 134 Y EL ARTICULO 144 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, REFERENTE A LA VACUNACION OBLIGATORIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

(Presentada por las CC. Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

“Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 134 Y 144 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, REFERENTE A LA VACUNACION OBLIGATORIA DEL VPH VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

El cáncer de cuello uterino sigue siendo un importante problema de salud pública entre las mujeres del mundo, especialmente en América latina. Aunque esta enfermedad es prevenible en gran medida, los gobiernos no han sido tan efectivos para implementar los programas que permitan reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino en esta región. En contraste nuestro país la mortalidad por cáncer cervico uterino ha disminuido en un 32 por ciento durante esta última década, lo que nos da la evidencia de que las acciones de prevención y detección oportuna dan resultados satisfactorios.

En nuestro país, este tipo de cáncer es la primera causa de muerte por neoplastias malignas entre las mujeres de 25 a 64 años. Según cifras del INEGI en el 2010 la tasa media nacional de mortalidad fue de 42.12 por 100,000 mujeres de 25 años o más, lo que representa 15, 247 defunciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un derecho constitucional, que tenemos todos los mexicanos y que se debe proteger a cabalidad es el establecido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna que a la letra señala: “toda persona tiene derecho a la salud” en este sentido y con las diversas modalidades debemos sostener políticas públicas que garanticen esta obligación del Estado.

En este mismo tenor, el artículo 19 de la Ley General de Salud, establece claramente “que la federación y los gobiernos de las entidades federativas de conformidad a su normativas aplicables, aportaran los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salud general”, razón por la que debemos actuar en congruencia con nuestra normativa.

En la actualidad, el tema de salud, ha sido preocupación para México y a nivel mundial, y aún reconociendo que han existido avances significativos en el campo de la medicina, aun persisten estragos en la población por los brotes de enfermedades infecciosas que día con día surgen causados por los más variados factores.

La Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas siguen presentes en todos los países del mundo, siendo importante su prevención, ya que con esto pueden evitarse muchas muertes

México ha sido uno de los países promotores de iniciativas mundiales a favor de las condiciones de salud y bienestar de la niñez, las cuales han sentado precedente al haber establecido, entre otros compromisos, la decisión de reducir los indicadores de mortalidad infantil, así como la mortalidad materna.   

En este sentido, en México, el tratamiento del virus del Papiloma Humano, ya ha sido considerado como un factor determinante en la disminución de la incidencia de cáncer cervico uterino.

Asimismo, debemos señalar que esta grave enfermedad es prevenible en gran medida, implementando programas de prevención que logren reducir su incidencia en la causa de cáncer de cuello uterino.

Hoy en día los nuevos adelantos tecnológicos ofrecen posibilidades para hacer frente al cáncer de una forma más integral y ofrecer un futuro más saludable a las niñas y mujeres.

En la mayoría de las mujeres, la infección es asintomática y en el 80 por ciento de ellas desaparece en un período que va entre los 12 y 18 meses, debido a una respuesta inmune efectiva, entre otras causas.

Existen países como Colombia y Estados Unidos que aplican la vacuna contra la enfermedad VPH, a niñas y niños para prevenir este tipo de padecimiento, situación que ha llegado a mejor a las tasas de mortalidad en estos países, y en México existe ya una campaña de vacunación en niños con el mismo fin.

Debemos hacer mención sobre la importancia de realizarse la citología (Papanicolaou) radica en la enorme posibilidad de detectar de manera temprana lesiones precursoras antes que evolucionen a cáncer, para ser atendidas o para que reciban tratamiento oportuno, de esta forma estaríamos previniendo el desarrollo de casos de cáncer, tomando en cuenta los lapsos de tiempo de evolución que presenten.

Se conocen actualmente 200 tipos de VPH, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo y guardan relación causal demostrada con el cáncer de cuello uterino, que produce más de 270,000 muertes al año en el mundo. En ese sentido en nuestro país se trabajó en esta materia, creando la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, para la prevención, detección, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.

La prevención de este tipo de cáncer en su prevención, el grupo destinatario recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la vacunación es de las niñas y niños de 9 a 13 años de edad que todavía no sean sexualmente activas. Cabe mencionar que ambas vacunas requieren 3 dosis administradas en el transcurso de 6 meses. Los estudios respecto de la inocuidad de estas vacunas, dan resultados muy tranquilizadores.

Por otro lado, encontramos que el costo estimado de la vacuna es de 1 mil 477 pesos, lo que implica que el tratamiento tuviera un costo de 4 mil 343 pesos, en atención a las 3 dosis requeridas para el compuesto.

En vista de esto, el impacto presupuestal para la vacunación contra el VPH era considerable, pues de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios y Finanzas Públicas, se estimaba un costo inicial de acerca de 80 mil millones si se vacunaba a más de 18 millones de mujeres de entre 18  a 50 años de edad.

Sin embargo, según datos de la Secretaria de Salud, el acuerdo de comercialización y transferencia tecnológica permitirá que cada una de las dosis, tenga un costo de 175 pesos; es decir, alrededor de 540 pesos por tratamiento. Ello representa una gran oportunidad para la prevención y el control de la citada enfermedad.

El virus del papiloma humano representa una de las infecciones de transmisión sexual  común, ya que tiene cifras alarmantes. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo a causa del cáncer en el cuello uterino, asociado directamente a este virus. El 99 por ciento de los canceres está relacionado al virus del Papiloma Humano.

Se calcula que en México el VPH afecta a 19.3 mujeres por cada 100,000. Estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el 90 por ciento de las mujeres mexicanas han tenido alguna vez en su vida el VPH, considerando como uno de los principales factores para desarrollar cáncer cérvico uterino, siendo la segunda causa de muerte en mujeres.

La Secretaría de Salud ha implementado programas de vacunación a indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, para lograr reducir el cáncer cervicouterino en esa región, dando como resultado que estas entidades federativas sean las segunda, cuarta y quinta en el país, en materia de prevención en contra del virus del papiloma humano.

Como consecuencia de lo anterior, algunos Estados de la República como Guerrero y Jalisco han adoptado esta medida y presentado iniciativas en su legislación local para agregar dentro de las Leyes Estatales de Salud, la vacuna del VPH como obligatoria dentro del cuadro básico de vacunación en sus niños y adolescentes.

Debemos continuar con medidas de prevención con la finalidad de erradicar el virus VPH en las mujeres mexicanas; es claro que este problema tiene que atenderse de fondo, es por ello que la presente iniciativa tiene la finalidad que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), el cual se encuentra en el Programa Nacional de vacunación y se incluya al cuadro básico de vacunación, con lo que evitaremos consecuencias de desequilibrio social y atenderemos, una condición urgente para la sociedad mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico: Se reforman la fracción VIII del artículo 134 y 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención  y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I a VII.  …

VIII.  Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX a XIV. …

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR,  Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como respuesta a la necesidad de incentivar la lectura entre la sociedad mexicana, con fecha 24 de julio del año 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con el objetivo de promover la lectura entre los ciudadanos, estableciendo los lineamientos generales para diversos temas relacionados con la materia.

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente el Sectorial de Educación1, en su objetivo número 5 de promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral, nos indica que “la cultura es un componente esencial para alcanzar una educación integral, una herramienta para el desarrollo, eje fundamental para la articulación social y garante de la paz. Difundir las manifestaciones culturales promueve el conocimiento y aceptación de la diversidad social y cultural, la tolerancia”.

El Programa plantea como estrategia para alcanzar este objetivo, el “fomentar la lectura como habilidad básica en la superación de la desigualdad”. Esta promoción de la lectura, responde al compromiso de ofrecer a la sociedad las condiciones que favorezcan el desarrollo de sus competencias lectoras, el incremento de su capacidad de aprendizaje y, por tanto, su desempeño académico y laboral, a la vez que se promueve que se involucren activamente en la vida cultural y cívica de su sociedad.

Según la Encuesta Nacional de Lectura2, “poco más de la mitad de los mexicanos de 12 años y más (56.4%) reporta que lee libros; poco menos de la tercera parte (30.4%) reportó haberlos leído en algún momento de su vida; en tanto que 12.7% reportó nunca haber leído libros. Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Conteo de Población de 2005 publicado por el INEGI, 92.1% de la población de 12 y más años sabe leer y escribir”.

Por edad, los niveles más altos de lectura de libros se dan entre los jóvenes de 18 a 22 años, con 69.7%, y de 12 a 17 años, con 66.6%. Las diferencias asociadas a la escolaridad son muy pronunciadas, con porcentajes de 76.6% entre quienes tienen educación universitaria. Por grupos socioeconómicos, el porcentaje más alto se da en el nivel medio (79.2%), desciende ligeramente para la población de niveles socioeconómicos medio alto y alto (75.9%) y decrece conforme el nivel socioeconómico es más bajo.

El promedio de libros leídos en el año es de 2.9, con cifras superiores para los jóvenes de 18 a 22 años (4.2), los mexicanos con educación universitaria (5.1) y los de niveles socioeconómicos medio alto y alto (7.2).

Asimismo, “cuando al entrevistado se le preguntan las principales razones por las que no lee, la falta de tiempo es, por mucho, la respuesta más común (69.0%) aun cuando la falta de gusto tiene también un peso importante (30.4%), como también el hecho de que se prefieran otras actividades (19.1%). El costo de los libros y revistas tiene un peso menor como razón para no leer entre la población en su conjunto (14.6%) e incluso entre los niveles socioeconómicos muy bajo (15.3%) y bajo (16.0%).

Cuando la pregunta se formula sobre el principal problema que enfrentan las personas para leer, las principales respuestas son la falta de interés (18.2%), la falta de educación (13.9%) y la falta de hábito (13.1%). La falta de tiempo pasa de 69.0% en la pregunta anterior a 8.6%.”

De igual forma, el Programa Sectorial antes mencionado, nos señala que se “requiere de un impulso adicional para la construcción de nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes”.

Es importante destacar que según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su estudio “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010”3, indica que en ese año, “por cada 100 personas con discapacidad, 27 declararon tener dificultades para ver4, aún usando lentes, lo cual representa alrededor de 1.6 millones de individuos. Número solo superado por quienes tienen limitaciones de movilidad; es decir las limitaciones visuales ocupan el segundo lugar en el país”.

Igualmente nos dice, que “en México, este tipo de limitaciones de la vista es más frecuente entre los mayores de 29 años de edad, ya que mientras en niños (0 a 14 años) y jóvenes (15 a 29 años) con discapacidad el porcentaje no supera el 24%, en los adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 años y más) es cercano al 30 por ciento”.

Con esta perspectiva, también señala que “los datos censales revelaron que saben leer y escribir un recado 85 de cada 100 niños con dificultades para ver en ese rango de edad. Las mujeres tienen un mejor desempeño que los hombres en esta variable ya que presentan un porcentaje ligeramente más alto de personas con aptitud para leer y escribir: 87.3 frente a 83.4 por ciento”.

Así también, la encuesta del INEGI nos indica que los datos censales mostraron que no están activos económicamente 64 de cada 100 personas con limitaciones para ver. Lo anterior nos indica que sólo un 35.3% de las personas con discapacidad visual tienen una participación en el mercado laboral.

En este mismo orden de ideas, es importante referir que el 13 de diciembre se firmó el Acuerdo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. En el mencionado Acuerdo, se estipula que los Estados parte, “reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad: a) tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; y b) tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles.

Consecuencia de lo anterior, es que hoy en día es posible para personas con discapacidad hacer uso de las herramientas informáticas que cada vez son más indispensables tanto en la escuela, en el trabajo, así como en la vida diaria. Existen diversos dispositivos de hardware y software que permiten a las personas con discapacidad acceder a las aplicaciones de uso común. Por ejemplo: Programas editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, correo electrónico, mensajería instantánea e Internet.5

Dentro de estas herramientas, se encuentran los llamados “audio-libros”, los cuales son grabaciones habladas (o leídas automáticamente por programas informáticos) de libros ya existentes, o de libros creados expresamente para ser difundidos en ese formato audible. Estos suelen estar en soportes digitales (CD’s, DVD’s, etc.) o se pueden descargar directamente de Internet.

Un audio-libro puede ofrecer los contenidos más variados: puede ser un cuento, una conferencia, un curso, un artículo, un ensayo, un diálogo, una entrevista, un programa de radio, un relato más o menos largo realizado por una emisora de radio, etc.

Igualmente, existen los libros basados en el “sistema braille”, el cual es un código de escritura en relieve, basado en la combinación de puntos distribuidos en dos columnas. Debido a esta textura, las personas con discapacidad visual pueden hacer uso de su sentido táctil para poder leer.

México ha expresado su preocupación por la inclusión de personas con discapacidad visual, firmando en junio de 2014 el Tratado de Marrakech, el cual estipula que “los países firmantes se comprometen a adoptar o adaptar en su legislación nacional las disposiciones que permitan la reproducción, distribución y puesta a disposición del público de obras publicadas en formatos accesibles6.

Además, armonizará las limitaciones y excepciones a los derechos de autor previstas en las legislaciones de los Estados para facilitar el intercambio transfronterizo de las obras en formato accesible entre organizaciones que estén al servicio de las personas con discapacidad visual”7

Justificación de la propuesta

A partir de lo anteriormente expuesto, se observa que en materia de lectura, México todavía se encuentra rezagado. Es por ello que se debe fortalecer esta área mediante políticas públicas destinadas a impulsar este hábito entre la sociedad.

Asimismo, se muestra que existe un elevado número de personas que padecen una discapacidad visual en algún grado, afectando este problema la habilidad lectora de este segmento de la población, y por ende creando una desigualdad, que como ya lo describimos, afecta el desarrollo integral de su persona, lo que a su vez les impide integrarse en la sociedad.

Es por ello, que con la presente Iniciativa, se propone lo siguiente:

a) Incluir en la definición de Libro, como materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, los audio-libros y los libros en sistema Braille. Estos servirán como herramientas para propiciar la lectura dentro del segmento poblacional que padece discapacidad visual en algún grado.

Los materiales servirán de impulsor para que las personas con discapacidad visual en algún grado, tengan una mayor calidad en su formación y puedan integrarse de mejor manera en la sociedad, ya que la lectura, como se mencionó, es una fuente de conocimiento para las personas.

b) En segundo lugar, se pretende incluir dentro de las tareas de la Secretaría de Educación Pública, el garantizar el acceso a la lectura a personas con alguna discapacidad visual, mediante la incorporación en el Sistema Educativo Nacional de audio-libros y libros en sistema Braille.

Con esta adición, se busca que la Secretaría de Educación Pública posibilite a las personas con algún grado de discapacidad visual, el uso de materiales que permitan el ejercicio de la lectura, coadyuvando en su formación y en su integración social.

c) En tercer lugar, se propone integrar al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con lo anterior se pretende incluir las la aportaciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas, en el trabajo para el desarrollo de lineamientos que propicien la lectura y el libro.

d) En cuarto lugar, se le atribuye la función al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, de proponer incentivos para la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación de audio-libros y de libros en sistema Braille para fomentar la inclusión de las personas con alguna discapacidad visual al hábito de la lectura.

Con este apartado, se plantea que el Consejo, coadyuve en la creación de proyectos, que faciliten los audio-libros y libros en sistema Braille, con el objeto de fomentar la inclusión de personas con algún grado de discapacidad visual.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 2; se ADICIONA una fracción III al artículo 10 recorriéndose las subsecuentes; una fracción IV al artículo 14 recorriéndose las subsecuentes; y una fracción XV al artículo 15 recorriéndose la subsecuente, todas de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:

Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, los audio-libros y los libros en sistema Braille, que conformen conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I …

II …

III. Garantizar el acceso a la lectura a personas con alguna discapacidad visual, mediante la incorporación en el Sistema Educativo Nacional de audio-libros y libros en sistema Braille.

IV. Diseñar políticas para incorporar en la formación inicial y permanente de maestros, directivos, bibliotecarios y equipos técnicos, contenidos relativos al fomento a la lectura y la adquisición de competencias comunicativas que coadyuven a la formación de lectores, en colaboración con las autoridades educativas locales.

V. Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, de los maestros y de los diversos sectores sociales para el diseño de políticas de fomento a la lectura y el libro en el Sistema Educativo Nacional, con base en los mecanismos de participación establecidos en la Ley General de Educación.

VI. Promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y temas variados, para su lectura y consulta en el Sistema Educativo Nacional, en colaboración con autoridades de diferentes órdenes de gobierno, la iniciativa privada, instituciones de educación superior e investigación y otros actores interesados.

VII. Promover la realización periódica de estudios sobre las prácticas lectoras en el Sistema Educativo Nacional y sobre el impacto de la inversión pública en programas de fomento a la lectura en este sistema, así como la difusión de sus resultados en los medios de comunicación, en colaboración con las autoridades educativas locales, otras autoridades, la iniciativa privada, las instituciones de educación superior e investigación, organismos internacionales y otros actores interesados.

VIII. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las autoridades educativas locales, las instituciones de educación superior e investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados, y

IX. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, la producción, promoción y difusión del libro y la lectura, en colaboración con autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de educación media superior y superior y la iniciativa privada.

Artículo 14.- El Consejo estará conformado por:

I. a III. …

IV. El Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

V. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana;

VI. El presidente de la Asociación de Libreros de México;

VII. El presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios:

VIII. El presidente de la Sociedad General de Escritores de México;

IX. El Director General de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública;

X. El Director General de Publicaciones del Consejo para La Cultura y las Artes, y

XI. El Director General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura tendrá las siguientes funciones:

I a XIV.

XV. Proponer incentivos para la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación de audio-libros y de libros en sistema Braille para fomentar la inclusión de las personas con alguna discapacidad visual al hábito de la lectura, y

XVI. Exponer su manual de operación conforme al cual regulará su organización, funcionamiento y trabajo,

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018.
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

2 http://sic.conaculta.gob.mx/publicaciones_sic.php

3 “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010” http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf

4 La Secretaría de Educación Pública
(http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad-visual.pdf), define la discapacidad visual como una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez.

5 http://www.conevyt.org.mx/images/documentos/invidentes/manual_para_asesor_pcdv.pdf

6 El Tratado de Marrakech se encuentra en espera de su ratificación por parte de esta Soberanía.

7 http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/junio-2014/587-comunicado-180-mexico-firma-el-tratado-de-marrakech-y-refuerza-su-compromiso-con-las-personas-con-discapacidad-visual





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN MATERIA DE CONDECORACIONES Y PERMISOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR,  Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE CONDECORACIONES Y PERMISOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 30 de septiembre de 2013, el Presidente de la República, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto de mérito establece lo siguiente:

Artículo Unico. Se reforman las fracciones II, III y IV, y se suprime el último párrafo del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

A)...

B)...

C)...

I...

II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal;

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.

El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

 V....

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedará sin efecto toda disposición que contravenga el presente Decreto.

Con el objeto de una debida apreciación de las modificaciones al artículo 37, se elabora el siguiente cuadro comparativo:

 Texto anterior a la reforma.

Texto vigente.

Artículo 37

A)…

B)…

I …

II.…

C) La ciudadanía mexicana se pierde:

I …

II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

V.…

VI.…

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, El Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurridos el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud de interesado. 

Artículo 37

A)…

B)…

 

 

C). La ciudadanía mexicana se pierde:

I …

II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal;

 

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.

 

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

 

V.…

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

(Se deroga el último párrafo del Apartado C)

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de 2013 del decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modificó el trámite para que los ciudadanos obtengan el permiso para aceptar o usar condecoraciones extranjeras.

La reforma al artículo 37 constitucional obedeció a que el procedimiento que requería la autorización para prestar servicios a un gobierno extranjero era complicado y demasiado tardado.

De igual modo, dicha reforma tuvo como uno de sus objetivos el agilizar y hacer más eficiente el trabajo legislativo dentro del Congreso de la Unión, con el fin de que éste, realmente se abocará al análisis y estudio de los asuntos que representen un verdadero impacto positivo para la sociedad mexicana. En este sentido, el legislador, consideró que resultaba obsoleto dedicar gran parte del tiempo al análisis y aprobación de las solicitudes de aquellos ciudadanos mexicanos a que hacen referencia las fracciones II a IV del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma estableció que el permiso constitucional a que se refiere el artículo 37 ya no sería otorgado por el Congreso de la Unión o por su Comisión Permanente, sino que ahora el procedimiento para que le sea otorgado dicho permiso se deberá realizar ante el Poder Ejecutivo Federal, por lo que corresponde a éste emitir las disposiciones reglamentarias que normen los procedimientos administrativos conducentes.

Para tal efecto, el tres de enero de 2014,  la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se da a conocer el procedimiento para el trámite y recepción de las solicitudes de permisos a que se refieren las fracciones II, III y IV del apartado c) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El procedimiento para solicitar el permiso para aceptar o usar condecoraciones extranjeras se encuentra establecido en el Capítulo Tercero del ACUERDO a que se hace referencia en el cual se detallan los documentos y el formato que los ciudadanos deberán de presentar ante la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Justificación de la Propuesta

La presente propuesta tiene por objeto derogar diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República en razón de que dentro del procedimiento legislativo, el trámite de las solicitudes de autorización para prestar servicios oficiales  a gobiernos de otros países, aceptar o usar condecoraciones extranjeras o admitir títulos o funciones del gobierno de otro país ya no se efectuarán ante el Congreso de la Unión o su Comisión permanente sino ante el Ejecutivo Federal, de conformidad con el Decreto por el que se reforma el artículo 37 Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2013.

De igual modo, ésta iniciativa pretende ser congruente con el Decreto mencionado, ya que en su artículo segundo transitorio, éste dispone que quedara sin efecto toda disposición que lo contravenga. En este sentido, se advierte que en el Reglamento del Senado de la República, se continúa regulando un supuesto  en el cual el Congreso de la Unión ya no tiene competencia pues ahora le corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Por ello, con la presente Iniciativa, se otorgará una certeza jurídica y de aplicabilidad a las solicitudes de autorización realizadas por ciudadanos mexicanos para prestar servicios oficiales a gobiernos de otros países, aceptar o usar condecoraciones extranjeras o admitir títulos o funciones de otro país, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 Constitucional. 

En este sentido, la propuesta concreta consiste en derogar del Reglamento del Senado, el texto de las fracciones relativas de los artículos 163 y 231, así como el texto completo del artículo 167, al tenor del propuesto Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 163.

1. El procedimiento legislativo a que se refiere este Reglamento se ocupa del trámite de:

I…

II.…

III.…

IV. (Se deroga) 

2.…

Artículo 167. (Se deroga)

Artículo 231.

1.…

I. a V.…

2….

I …

II. (Se deroga)

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
a 6 de noviembre de 2014

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al titular de la Secretaría Movilidad del gobierno capitalino a reglamentar e instrumentar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de los usuarios en las diversas modalidades de transporte de servicio público en la capital y sus delegaciones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO CAPITALINO, PARA QUE DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REGLAMENTEN E INSTRUMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LAS DIVERSAS MODALIDADES DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO EN LA CAPITAL Y SUS DELEGACIONES.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA MOVILIDAD DEL GOBIERNO CAPITALINO, PARA QUE DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REGLAMENTEN E INSTRUMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LAS DIVERSAS MODALIDADES DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO EN EL LA CAPITAL Y SUS DELEGACIONES, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Contar con un transporte público eficiente, cómodo y seguro, debe ser una prioridad para el Gobierno del Distrito Federal y para la Secretaría de Movilidad, pues representa uno de los componentes más importantes que determina la calidad de vida.

A través del transporte público millones de personas diariamente se movilizan a diversos sitios, como son sus espacios educativos, centros de trabajo, instituciones de salud o centros de abasto, por lo que las autoridades deben establecer reglamentos y acciones focalizadas con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios en términos de su seguridad.

Fortalecer estas medidas se hace necesario ante las múltiples denuncias de robos y acoso sexual; propiciado entre otros aspectos por la saturación de rutas, parque vehicular obsoleto, falta de capacitación a los operadores e irregularidades en la prestación del servicio y violaciones permanentes a la normatividad vigente, así como fallas técnicas, operativas y de gestión, que se traduce en viajes inseguros, lentos y servicios ineficientes que ponen en peligro la vida de los usuarios.

Lamentablemente, las mujeres son las más proclives a ser sujetas a estas acciones, así lo dejó ver la encuesta de la Fundación Thomson Reuters que junto con la encuestadora YouGov, aplicó más de 6 mil 555 cuestionarios en 15 ciudades del mundo.

Los resultados de la encuesta global sobre seguridad y acoso en el transporte público, posiciona al Distrito Federal como  el segundo más peligroso, sólo debajo de Bogotá, Colombia. Para dimensionar el fenómeno, basta señalar que más del 64% de las encuestadas afirmó haber experimentado acoso físico en el transporte público.

La encuesta contempla rubros como los de viajar sola de noche, riesgo de ser verbalmente acosada por personas del sexo masculino, riesgo de ser físicamente abusada, confianza en que otros pasajeros ayudarían a una mujer en este tipo de situaciones, seguridad en que las autoridades investigarían el hecho y la disponibilidad de transporte público seguro.

Por su parte la asociación Presencia Ciudadana Mexicana, declaró que según sus investigaciones las experiencias más desagradables en el transporte público están relacionadas con la seguridad con el 38%, le sigue la falta de cultura cívica en el transporte con 11%, incomodidad con 6%, contaminación con 2% y tráfico con 2%.

Por si esto fuera poco, el 15% de los habitantes de la Ciudad de México dijo haber sido asaltado dentro del taxi, 3% denunciaron acoso sexual y un 1% abuso sexual. Asimismo, 3 de cada 10 opinan que los operadores no respetan el reglamento de tránsito. 

En este contexto, urge fortalecer las normas y medidas para un transporte de calidad, funcional, eficiente y seguro, que coadyuve a una mejor la calidad de vida de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto es crucial la participación de la Secretaría de Movilidad, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 31 establece que es la encargada de  atender los temas en relación al desarrollo integral de la movilidad, el transporte, control del autotransporte urbano, así como la planeación de la movilidad y operación de las vialidades.

Dentro de sus atribuciones en relación al tema, destaca la de formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad y transporte…; establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público de carga, taxis y autobuses para autorizar las concesiones correspondientes; determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo; y emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público de transporte de pasajeros, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y al titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno Capitalino, para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones, reglamenten e instrumenten las acciones necesarias, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios en las diversas modalidades de transporte de servicio público en la capital y sus delegaciones.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Partido Revolucionario Institucional”.





 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a informar los resultados obtenidos a partir de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad anunciado el 31 de marzo de 2014. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se constituye un subgrupo de investigación de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República para el conocimiento de la verdad sobre los delitos de desaparición forzada, feminicidios, homicidios relacionados con el crimen organizado, secuestros, delitos financieros, responsabilidades de actores políticamente expuestos y combate a la impunidad en todo el país. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Justicia.







 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social y de Turismo a destinar un fondo especial para la protección del ámbar en México. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, DE DESARROLLO SOCIAL Y DE TURISMO A DESTINAR UN FONDO ESPECIAL PARA LA PROTECCION DEL AMBAR EN MEXICO.

“El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO, A DESTINAR UN FONDO ESPECIAL PARA LA PROTECCION DEL AMBAR EN MEXICO.

CONSIDERACIONES

En la actualidad sólo en algunos países hay yacimientos de ámbar, principalmente en España, Lituania, Polonia, Rusia, Alemania, México, República Dominicana, Nicaragua y Colombia. En México sólo existen en Chiapas, específicamente en los municipios de Simojovel, Huitiupán, Totolapa y Pantelhó.

El 15 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración general de protección de la denominación de origen "AMBAR DE CHIAPAS1".

Esta Denominación de Origen se elaboró con la finalidad de fortalecer e incrementar el desarrollo económico sustentable de la entidad y del país y de consolidar una cultura de interacción respetuosa con el medio ambiente.

Cabe resaltar que al día de hoy en México sólo existen 13 Denominaciones de Origen reconocidas:2el Tequila, el Mezcal, la Vainilla de Papantla, el Chile Habanero, el Sotol. el Bacanora, la Talavera, el Café de Veracruz, el Café de Chiapas, el Ambar de Chiapas, la Charanda, el Mango Ataulfo de Chiapas y el Olinalá.

Entre las razones para regular y salvaguardar las denominaciones de origen se encuentran: (i) proteger los intereses de los productores ubicados en esa localidad geográfica, que han realizado esfuerzos para que los productos cobren merecido renombre; (ii) amparar al público contra las prácticas engañosas y garantizar calidad en el producto; y (iii) fomentar la organización del sector productivo y facilitar el acceso de productores a los mercados nacionales e internacionales

De la Denominación de Origen se despliega la norma oficial mexicana “NOM-152-SCFI-2003, Ambar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba”3 publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de agosto del 2003, con la finalidad de dar sustento a dicha denominación, en los términos de la Ley de Propiedad Industrial.

En ella se establecen las especificaciones que debe cumplir el ámbar de Chiapas, durante su extracción y su transformación. Dichas especificaciones se aplican al ámbar en bruto, así como a productos derivados de éste, como joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros; en igual forma obligan a los fabricantes y/o artesanos a llevar un control de calidad permanente por medio de su propia estructura o de la contratación de los servicios de una persona acreditada.

El ámbares una resina vegetal fosilizada, producto de algunos árboles prehistóricos.4 Es la única piedra semipreciosa de origen vegetal. Es un producto natural, no mineral. Su proceso de formación consiste en que, al caer sobre la corteza de troncos, envuelve a animales, insectos o plantas y permite disponer de información de especies en extinción.

De la producción de ámbar en México, el municipio de Simojovel de Allende, en Chiapas, es el más importante, ya que en él se extraen alrededor de 292 kilos por mes5, que equivalen al 90 por ciento de la extracción del producto en el país; municipio en el que gran parte de la población se dedica al proceso de explotación y transformación de la resina.

El ámbar de México destaca con relación al de los otros países por su proceso de extracción, considerado artesanal debido a que las minas se encuentran en sitios de difícil acceso debido a procesos erosionales. Adicionalmente, una vez extraído el ámbar, se selecciona y pule de manera manual con diferentes lijas para borrar líneas e impurezas.

Durante los últimos años la actividad ha cobrado mayor importancia económica en el municipio, por lo que agricultores y familias completas de la región se han convertido en mineros y/o artesanos de la resina. Asimismo, su cercanía con ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal, ha permitido que se comercialice para consumo del turista nacional y del extranjero.

Sin embargo, su gran demanda ha provocado fenómenos de piratería y falsificación de piezas que en realidad están elaboradas con vidrios o plásticos.

Se reconoce la labor de nuestras autoridades de otorgarle la debida importancia a la resina por medio de la denominación de origen y de la expedición de la norma oficial correspondiente, aunque consideramos que es necesario retomar el tema y crear nuevas estrategias que permitan otorgarle al ámbar el valor adecuado, por su condición única y de gran valor artesanal.

Adicionalmente es preciso señalar que el ámbar no sólo es una pieza ornamental, sino que también provee información que contribuye al entendimiento de los cambios climáticos, las plagas y el calentamiento global, por su contenido prehistórico. Dicha información debe continuar siendo aprovechada por universidades, museos y autoridades, entre otras instituciones y organismos.

Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social tengan a bien implementar políticas públicas para impulsar el fomento del sector productivo del ámbar mediante la creación de un fondo compensatorio destinado al rescate de los productores y artesanos de la región, otorgando prioridad a los artesanos nacionales.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social para que, a través del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, divulgue información sobre la importancia del ámbar y organice muestras artesanales para que se fomente el crecimiento económico, social y cultural de la región.

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía y de Turismo a proporcionar asistencia técnica, capacitación, orientación productiva y de comercialización, a los productores de ámbar en el Estado de Chiapas.

CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía, para que, en coordinación con el gobierno del Estado de Chiapas y la Presidencia Municipal de Simojovel, elabore un estudio sobre el recurso del ámbar en el país y la proyección de su explotación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

1 DOF: Declaratoria General de Protección de la Denominación de origen del Ambar de Chiapas. México, D.F., a 15 de noviembre  de 2000.

2 http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=13146

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692206&fecha=25/08/2003

4 http://www.ambardechiapas.com/definicion.php

5 http://www.iadb.org/mif/sendas/2/ambar.html





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer mesas de diálogo con los sindicatos adscritos a su Registro de Asociaciones sobre los cambios convenientes en la legislación laboral para el mejor desempeño de las funciones sindicales en beneficio de los derechos de los trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A ESTABLECER MESAS DE DIALOGO CON LOS SINDICATOS ADSCRITOS A SU REGISTRO DE ASOCIACIONES SOBRE LOS CAMBIOS CONVENIENTES EN LA LEGISLACION LABORAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES SINDICALES EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país que a lo largo de su historia ha recorrido un camino marcado por las constantes luchas sociales, en este contexto, el pueblo de México ha sido zagas en la búsqueda del reconocimiento y protección de los derechos sociales, uno de ellos, y fundamental para la vida democrática del país fue el derecho al trabajo.

Ejemplo de estas luchas sociales en México son muchos, pero sin duda sobresalen la Huelga de Cananea y La Huelga de Río Blanco en el año de 1906, la Huelga Ferrocarrilera en 1959, y cuyas demandas tenían en común la búsqueda de condiciones óptimas y justas en el libre ejercicio del trabajo, tales como una jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo, aguinaldo, participación en el reparto de utilidades, días de descanso y el derecho de agruparse en sindicatos.

Es por ello, que la naturaleza del derecho del trabajo está en la idea de una democracia social y tiene como misión principal, corregir las injustas desigualdades provocadas en todos los órdenes de la vida social en perjuicio directo de los económicamente débiles, particularmente de los trabajadores.

A pesar de todas estas constantes luchas sociales y del marco jurídico emanado en virtud de las demandas aclamadas en aquéllas, México atraviesa una crisis laboral sin precedentes, no solo por la falta de empleo o por la escasa remuneración respecto de las necesidades básicas de la población, sino por la vulnerabilidad de los derechos sociales en materia laboral frente a los abusos de algunos empleadores nacionales e internacionales.

En un primer rubro, según datos de la Secretaria de Educación, el número de desempleados jóvenes es alarmante, pues de 36 millones de jóvenes entrevistados en una edad de entre 12 y 29 años, el 20 por ciento no estudia y mucho menos tienen acceso a algún empleo, ya que dentro de esta misma cifra, solo el 11 por ciento logró concluir una licenciatura.1

En un segundo rubro, hablando del poco valor adquisitivo del dinero y con base en los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México es uno de los países con mayor pobreza laboral, puesto que más del 18.5 por ciento del total de la fuerza laboral en México no cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, la falta de empleo y la baja remuneración en los empleos formales no son los únicos problemas que afronta el país en la materia, sino que aunado a ello, existe la informalidad laboral, que es el principal generador de empleo en el país, cuya tasa es de 59%, lo que refleja que estructuralmente la informalidad tiene la mayor parte de la ocupación en México.2

Existen múltiples focos rojos alrededor del sector informal, uno de ellos es la exacerbación de las desigualdades, ya que excluye entre un 40 y 60 por ciento de la seguridad social; también están expuestos a la falta de acceso a los servicios financieros, a una capacitación laboral adecuada, lo que perpetúa la generación de empleos poco productivos y por consecuencia generadores de pobreza.3

Como lo señalan las cifras de diferentes organizaciones y como es posible apreciar a diario en la sociedad mexicana, son evidentes los múltiples problemas que quejan a los trabajadores y, en consecuencia, afectan a toda la población. Las soluciones son varias, las propuestas, son aún más, sin embargo es importante recordar que  el sistema laboral existente esta forjado en las luchas y sociales y, producto de ello han emanado medios pacíficos de defensa, protección e impulso del bienestar de los trabajadores.

Sin embargo, y pese a todos estos problemas, ha quedado en el olvido el papel tan importante que juegan las organizaciones forjadas por los trabajadores: los sindicatos. En materia laboral, son el eje rector que vela por los derechos y la dignidad de los trabajadores, son el gremio en cuyo seno nace la lucha y la defensa de los intereses de los que menos tienen.

Son múltiples las causas que han mermado la valiosa función de los sindicatos, la más importante de ellas, por ser la garantía de los gremios sindicales tiene para desenvolverse con libertad, es la legislación.

El marco jurídico positivo menoscaba en diferentes aspectos la naturaleza, el funcionamiento y los fines de los sindicatos, atando de manos a estos para que constantemente se sometan a los intereses de los poseedores de la riqueza y de los medios de producción.

Ejemplo claro de ellos son los límites legales para la constitución y el ejercicio de las funciones sindicales, puesto que si un sindicato desea convocar a huelga, ejercer negociaciones colectivas o bien participar en un comité tripartito, es necesario que se encuentren debidamente adscritos en el Registro de Sociedades de la Secretaría del Trabajo, lo cual está supeditado a la autorización del patrón, esto evidentemente es una limitación al ejercicio de las funciones sindicales.

Es incalculable el valor de las tareas que nacen y se manifiestan en los sindicatos y es sin duda la huelga uno de los más importantes, pues es el medio garante en virtud del cual los trabajadores se manifiestan en la defensa de sus derechos humanos en materia laboral.

Sin duda alguna el derecho de huelga ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos laborales, sin embargo, hoy en día se encuentra mermado por diferente disposiciones legales que por ello, son susceptibles de una urgente evaluación por parte de diferentes actores del ámbito laboral.

Ejemplo de ello son los trabajadores del sector privado, ya que si desean convocar a huelga, su actuar esta supeditado a la aprobación de dos terceras partes de los agremiados en el sindicato; y si se trata de trabajadores del Estado la huelga solamente será legítima cuando se ejerza en virtud de un menoscabo total de sus derechos laborales. Estas limitaciones, evidentemente, hacen del derecho de huelga un medio obsoleto ante la urgencia de defender los derechos laborales y en consecuencia requiere de una mayor protección legal.

Es evidente que es urgente sumar esfuerzos,  es momentos de olvidar la lucha de intereses por la lucha de la clase trabajadora y el ejercicio integro de sus derechos constitucionales. Es menester que la labor legislativa se evoque en la construcción de un marco jurídico solidó que recoja y brinde protección plena a las figuras jurídicas a las instituciones emanadas de los grandes movimientos sociales en beneficio de los derechos laborales.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer mesas de diálogo con los sindicatos adscritos a su Registro de Asociaciones sobre los cambios convenientes en la legislación laboral para el mejor desempeño de las funciones sindicales en beneficio de los derechos de los trabajadores.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. David Monreal Avila”.

1 “Encuesta Nacional de Juventud SEP e IMJUVE 2010. Resultados Generales”. Secretaría de Educación Pública. México. 2011. Disponible en: http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Encuesta_Nacional_de_Juventud_2010_-_Resultados_Generales_18nov11.pdf [consulta 28 de octubre de 2014].

2 Periódico El Economista. Informalidad, a la cabeza de nuevos empleos. México. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/02/13/informalidad-cabeza-nuevos-empleos [Consultado el día 28 de octubre de 2014].

3 Periódico El Economista. Informalidad, a la cabeza de nuevos empleos. Consulta 28 de octubre de 2014. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/023n1eco





 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones que atiendan el problema de comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera-verano 2014, provocado por la caída de los precios internacionales del grano. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristain Navarrete, integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático; y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado jurídico actualizado en el que se encuentra la declaratoria del área natural protegida con categoría de Reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de Baja California. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el municipio de Ecatepec, Estado de México, derivada de la violencia sistémica en su contra en ese municipio. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, LICENCIADO MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, EN COADYUVANCIA Y COORDINACION CON EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, LICENCIADO ERUVIEL AVILA VILLEGAS.

“Quien suscribe, senadora ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, LICENCIADO MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, DERIVADA DE LA VIOLENCIA SISTEMICA EN SU CONTRA EN ESE MUNICIPIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mes de mayo pasado, presenté ante la Comisión Permanente de esta Soberanía, un Punto de Acuerdo, a propósito de la serie de feminicidios ocurridos en el Estado de México.

En el referido Punto de Acuerdo se exhortaba, respetuosamente, al Titular de la Secretaría de Gobernación, Licenciado Miguel Angel Osorio Chong, en el ámbito de sus facultades establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, declare la alerta de violencia de género en el Estado de México, en coadyuvancia y coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado Eruviel Avila Villegas.

En esta ocasión, preocupada por el índice de violencia contra las mujeres en esa entidad federativa, especialmente en el municipio de Ecatepec, presento este Punto de Acuerdo, a fin de dar a conocer hechos que alarman no solo a la ciudadanía del Estado de México, sino a la ciudadanía en su conjunto.

La semana pasada acudió a mí, un grupo de familiares de adolescentes y mujeres desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, así como la tercera síndica y la octava regidora de Ecatepec para hacer un llamado al Senado de la República, para que por su conducto, se exhorte a las autoridades de ese municipio a llevar a cabo las acciones de investigación y procuración de justicia, así como instrumentar las políticas públicas de seguridad indispensables para salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres de Ecatepec.

Como se ha insistido, la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita, total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de éstos; es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Podemos afirmar que en México, no se ha garantizado efectivamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues el número de feminicidios en México ha ido en aumento constante desde 1985 hasta 2009, reportando en ese periodo una cifra de 34, 17 según revela el informe Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-20091.

Es necesario tener presente la definición del feminicidio, término que se refiere a los crímenes de odio contra las mujeres que en ocasiones pueden concluir en el asesinato e incluso suicidios de éstas2. El feminicidio tiene su origen en el dominio de género, en la sobrevaloración de “lo masculino” que genera la exclusión de las niñas y las mujeres.3

Debemos tener presente, que el feminicidio tiene entre sus principales características la impunidad, la cual genera un colapso de las instituciones nacionales.

Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, específicamente, en materia de derechos humanos de las mujeres entre otros, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)4considera que la violencia contra las mujeres, es una forma de discriminación, y su Comité (COCEDAW)5exhortó al Estado mexicano a investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de los feminicidios, así como abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de alerta de género.

Por otro lado, en el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)6reconoce como uno de los derechos humanos de las mujeres el derecho a que sea respetada su vida; su integridad física y moral, el derecho a la libertad y seguridad personales, así como el derecho a una vida libre de violencia.

En ese sentido, y en congruencia con el artículo 1° Constitucional que reconoce explícitamente los derechos humanos, las autoridades de nuestro país tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos.7

En el marco jurídico nacional, encontramos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia8 (LGAMVLV) define la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Este ordenamiento introduce la figura de “alerta de violencia de género”, que se traduce como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para combatir la violencia feminicida ejercida por individuos particulares o por la autoridad, en determinado territorio. Con esta alerta se pretende asegurar la seguridad de las mujeres, y cesar la violencia en su contra en una entidad determinada.

Los supuestos que se establecen para decretar la declaratoria de la alerta de violencia de género son:

- Los delitos del orden común contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres que perturben la paz social en determinado territorio

- La existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, es decir, que un ordenamiento contenga distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para un mismo delito; no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, o se genere una aplicación inequitativa de la ley, lesionándose los derechos de las mujeres

- La solicitud de organismos de derechos humanos nacionales, internacionales y de la sociedad civil

Se determina que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarare la alerta de violencia de género y notifique la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

La legislación penal federal9 tipifica el delito de feminicidio de la siguiente manera:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México10, considera la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”.

También se incorpora la Alerta de Violencia de Género, y la define como: “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Mientras que el Código Penal de dicha entidad considera feminicidio, el homicidio doloso de una mujer cuando:

a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo;

b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo;

c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o

d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.

La sanción que corresponde al delito de feminicidio en el Estado de México, va de 40 a 60 años o prisión vitalicia.

De lo anterior, podemos concluir que en el Estado de México, el delito de feminicido no es un delito autónomo, sino que únicamente, agrava el delito de homicidio dolosode una mujer.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Estado de México registró 1,003 asesinatos de mujeres entre 2005 y 2011, un número mayor al reportado en el municipio de Ciudad Juárez en el mismo lapso”. En el proyecto de investigación denominado: Violencia y Feminicidio en el Estado de México, se reveló que existen elementos comunes entre Ciudad Juárez y Ecatepec, toda vez que son sociedades son sociedades conformadas por migrantes marginados que basan su economía en el mercado informal o en la actividad ilícita (CIESAS11).

En el proyecto referido en el párrafo anterior, clasifican los feminicidios en cinco tipos: por posesión, pasional, intrafamiliar, explotación sexual, y homicidios relacionados con robo y secuestro.

El Estado de México encabeza las cifras de defunciones femeninas con presunción de homicidio, pues en el año 2009 presentó 272 defunciones, mientras que el total nacional fue de 1,858 defunciones.

Preocupa sobre manera que según datos de la organización civil Alianza por los derechos de las mujeres en el Estado de México, se han documentado 226 desapariciones de mujeres de 2010 al 2014 en los municipios de Ecatepec y Tecamac. De ahí la importancia de contar con cifras oficiales y un Banco de Datos, que den cuenta del número exacto de mujeres desaparecidas en el Estado de México.

Considero indispensable entender debidamente la figura de la alerta de violencia de género, la cual conlleva a emprender acciones urgentes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres de una entidad federativa o municipio determinado.

Por tanto y en mérito de lo expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría de Gobernación, Licenciado Miguel Angel Osorio Chong, en el ámbito de sus facultades establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, declare la alerta de violencia de género en el municipio de Ecatepec, Estado de México, derivada de la violencia sistémica en su contra en ese municipio.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría de Gobernación, Licenciado Miguel Angel Osorio Chong a la atención inmediata a los casos de desapariciones de mujeres denunciados, y establecer los mecanismos que permitan la creación de un Banco de Datos de ADN de víctimas a nivel nacional conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Dado en el Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1 ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, Colegio de México. (2012). Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009. México.

2 Russell, D. y Harmes R. (2006). Feminicidio: una perspectiva global. Cámara de Diputados, CEIICH, Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

3 Op. cit.

4 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 1981.

5 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (52° período de sesiones, 2012).

6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 9 de junio de 1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (dof) el 19 de enero de 1999.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero del 1917.

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de febrero del 2007.

9 Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931.

10 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

11 http://www.conacyt.gob.mx/agencia/index.php/ciencias/30-violencia-y-feminicidio-en-el-estado-de-mexico





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe detallado sobre la incidencia de casos de violencia escolar, así como el seguimiento que se les ha dado. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, ASI COMO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL UN INFORME DETALLADO SOBRE LA INCIDENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES HA DADO.

“Los suscritos, Senadores MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Senado de la República LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, ASI COMO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REMITAN UN INFORME DETALLADO SOBRE LA INCIDENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR, ASI COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LES HA DADO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Dan Olweus es un reconocido investigador y pionero en temas de acoso escolar. “Por aproximadamente 40 años… ha estado involucrado en la investigación y la intervención en el trabajo el acoso entre niños en edad escolar y jóvenes.  En 1970, se inició un proyecto a gran escala que ahora se considera generalmente como el primer estudio científico de los problemas de acoso en el mundo.  En la década de 1980, se llevó a cabo el primer estudio de intervención sistemática en contra de la intimidación en el mundo que documentó una serie de efectos muy positivos de su "Programa de Prevención de la Intimidación".1

2. Existe una gran variedad de definiciones de Acoso Escolar, conocido internacionalmente como Bullying, aunque en muchas los elementos que la componen son los relacionados con violencia, sometimiento, tiempo prolongado, entre otros aspectos característicos. Dentro de ese conjunto de definiciones se encuentra, la siguiente: “maltrato psíquico o físico al que es sometido un niño en la escuela por otro niño más fuerte o con más poder o por un grupo de niños que actúan en conjunto. El poder del agresor puede deberse a su superioridad física o a la incorporación de otros niños como secuaces de su ofensa.2

3. En México, también se hace referencia al Bullying como Acoso Escolar o Violencia Escolar, en ese sentido la Secretaría de Educación Pública hace referencia del Acoso Escolar como: Maltrato verbal, psicológico o físico entre los alumnos, que se realiza de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es una agresión metódica y sistemática, en la que el agresor somete a la víctima,  a través del silencio, la manipulación, la indiferencia y bajo la complicidad de otros compañeros.3

4. En México este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, motivo por el cual autoridades locales y federales han implementado una serie de acciones que permitan atender, prevenir y erradicar actos de Acoso Escolar, incluso se han puesto en marcha campañas para concientizar sobre las consecuencias de la práctica de este tipo de violencia entre estudiantes, pues en casos extremos quien es objeto de Acoso Escolar puede recurrir al suicido como alternativa a este problema.

5.- En un comunicado de prensa del 4 de mayo del 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da a conocer lo siguiente:

● El número de casos de acoso o bullying en nuestro país ha aumentado y afecta a 40 por ciento de los 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, en instituciones educativas públicas y privadas.

● De acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying entre estudiantes de secundaria.

● La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje es de poco más de 7 por ciento.

Ante el incremento de casos de Acoso Escolar en los planteles educativos del país es necesario contar con datos y cifras actualizados sobre los casos de acoso que se detectan en cada uno de los centros educativos, por lo que es urgente se implementen acciones que permitan conocer el estado actual de este fenómeno, así como de los procedimientos y los resultados de éstos que son pilares en la atención, seguimiento y sanción de dichas conductas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, como es el caso del exhorto que se plantea en el presente instrumento parlamentario.

SEGUNDA.- Que en nuestro país al día de hoy no existe un informe o estudio oficial que permita conocer el estado actual de los casos de Acoso Escolar en los planteles educativos, con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan implementar acciones eficaces a fin de erradicar, atender y prevenir este tipo de conductas.

TERCERA.- Que según lo publicado por la Secretaría de Educación Pública, “En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se establece que la colaboración de las familias y las escuelas debe servir para el propósito de construir una convivencia pacífica basada en el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. También será preciso reforzar los vínculos de las escuelas con las autoridades en materia de salud y con las que brindan asistencia prioritaria a estudiantes con problemas personales y familiares serios.”4

CUARTO.- Que en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública no existe informe o estadística alguna que detalle con precisión o de forma general, los casos de Acoso Escolar en los centros educativos del país, omisión que da origen al presente punto de acuerdo.

QUINTO.- Que el artículo 6 de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal, dispone que: las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Dentro de las autoridades a que se refiere el artículo citado se encuentran el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Educación Pública, entre otras.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Senado de la República con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-Se solicita al Secretario de Educación Pública envíe a este Senado de la República un informe pormenorizado sobre los casos de Acoso Escolar, en los términos siguientes:

I.- Informe sobre el número de quejas recibidas sobre casos de Acoso Escolar.

II.- Informe sobre el procedimiento de las quejas presentadas.

III.- Informe sobre las sanciones aplicadas en los casos de Acoso Escolar.

IV.- Cuantos alumnos, personal docente y administrativo han sido sancionados por casos de Acoso Escolar y desglose por tipo de sanción.

V.- Cuántas quejas de Acoso se han resuelto, así como el tiempo aproximado de atención o respuesta.

VI.- Edad y sexo de los alumnos objeto de acoso.

VII.- Número de quejas recibidas por entidad federativa.

VIII.- Municipios y delegaciones dónde se han registrado el mayor número de casos de Acoso Escolar.

Segundo.- Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, remitan un informe detallado sobre el número de casos que ha conocido de Acoso Escolar en los plateles de educación básica y media superior, edad y sexo de las personas menores de edad objeto de acoso, así como de los agresores, así como el procedimiento y tratamiento que ha dado a cada uno de ellos.

Tercero.- Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, remitan un informe detallado sobre el número de quejas recibidas por Acoso Escolar en los plateles de educación básica y media superior, edad y sexo de las personas menores de edad objeto de acoso, así como de los agresores, así como el número de recomendaciones emitidas por casos de Acoso Escolar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito”.

1 http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.clemson.edu/olweus/history.html&prev=search

2 Cadena, Serrano, Las Lesiones Psíquicas y el Mobbing. Breve Referencia al bullying, La Reforma Penal en Torno a la Violencia Doméstica y e Género, Barcelona, 2006, pag. 202.

3 http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/La_violencia_escolar

4 http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Politica_Nacional_de_Educacion





 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excuse de participar en la deliberación y votación del recurso presentado por diversos ciudadanos mexicanos conocido como el Amparo #Yo Contribuyente. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA SE EXCUSE DE PARTICIPAR EN LA DELIBERACION Y VOTACION DEL RECURSO PRESENTADO POR DIVERSOS CIUDADANOS MEXICANOS CONOCIDO COMO EL AMPARO #YO CONTRIBUYENTE.

“Los suscritos, SEN. MARIO DELGADO CARRILLO Y SEN. LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrantes de la LXII Legislatura en el Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SEÑOR MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA SE EXCUSE DE PARTICIPAR EN LA DELIBERACION Y VOTACION DEL RECURSO PRESENTADO POR DIVERSOS CIUDADANOS MEXICANOSCONOCIDO COMO El amparo #Yo Contribuyente, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La sustentabilidad de las finanzas públicas ha estado presente en la agenda nacional, no solo en la deliberación en el ámbito legislativo sino también en el ámbito jurisdiccional.

Los temas de esa agenda son varios, pero todos alrededor de la fortaleza y sustentabilidad de las finanzas públicas en el país, ya se trate de la deuda pública, el déficit público, la reforma hacendaria, los mecanismos para fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, la homologación de las cuentas públicas y la mayor transparencia.

En materia de deuda pública, desde el inicio de la legislatura LXII, los senadores y diputados al Congreso de la Unión hemos avanzado para alcanzar una reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios, aún pendiente de aprobación.

En el escenario del incremento del déficit público, varios senadores nos vimos en la necesidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como órgano garante del control de la constitucionalidad, a presentar acción de inconstitucionalidad en contra del déficit fiscal aprobado para 2013 y 2014 que actualmente se tramita en expediente 38/2013 y que está pronto a resolverse.

En fecha reciente, dentro del contexto de discusión del paquete económico 2015, las senadoras y senadores en un acto de responsabilidad, propusimos y se logró modificar el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, con el objeto de realizar ajustes al precio de la mezcla mexicana de crudo no únicamente por el impacto que tal precio tiene en los ingresos públicos, sino por el que tiene también en la responsabilidad hacendaria, en el entendido que estamos comprometidos en la aprobación de una ley que refleje las necesidades económicas actuales y que contribuya a la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales. 

Todas estas acciones demuestran la preocupación de todas y todos para asegurar la fortaleza y salud de las finanzas públicas, y se manifiestan en diversos frentes tanto legislativos como judiciales e interesa las áreas temáticas de generación, obtención, administración y destino de los recursos que obtiene el gobierno para satisfacer las necesidades colectivas.

Los que tenemos una responsabilidad pública somos subsidiarios respecto del ejercicio de los derechos fundamentales que directamente emprenden los ciudadanos. Las acciones por la vía jurisdiccional de individuos y organizaciones se han manifestado con alta preocupación en ese pasaje peligroso de creciente vulnerabilidad de las finanzas públicas nacionales, estatales y municipales.

En febrero de 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que en su último párrafo otorga beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta a gobiernos estatales y municipales. A la fecha dicha petición, conocida como #Yo Contribuyente, ha sido apoyada por más de 46 mil ciudadanos.

El 19 de agosto de 2013, el Juzgado de Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal emitió sentencia que desechó el juicio del amparo #Yo Contribuyente, argumentando que los quejosos no tenían interés legítimo al presentar el amparo.

El 4 de septiembre de 2013, se presentó recurso de revisión contra la sentencia del Juez de Distrito, mismo que fue admitido en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Los contribuyentes afectados posteriormente solicitaron a la SCJN que ejerciera la facultad de atracción para resolver el caso, por varias consideraciones, principalmente aquellas relativas al cumplimiento de los principios constitucionales de contribución al gasto público y el cumplimiento de los principios y valores constitucionales en la administración de los recursos; también está a deliberación la eficacia de la reforma legal que ha permitido transitar el interés en el mundo del derecho: de aquel que está concentrado en actos en lo individual y cuyos alcances son limitados a aquel que se expanda a grupos de individuos y que alcanza a la sociedad en general, denominado ahora legítimo para asegurar el control constitucional y legal de las medidas fiscales, inclusive.

El 9 de julio de 2014, la Primera Sala de la SCJN rechazó el proyecto del ministro Cossío Díaz que negaba el amparo contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2013. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviera mayoría, el presidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones.

Actualmente el asunto con el número de expediente 216/2014, amparo en revisión, está a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se determinará si los contribuyentes cuentan con un interés legítimo que los faculta para promover juicio de amparo y los alcances de su protección.

A la fecha está pendiente la decisión final sobre este asunto de trascendencia.

Cabe recordar que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ministro ingresó al Servicio de Administración Tributaria en 2003, habiéndose desempeñado como administrador general jurídico, administrador de Grandes Contribuyentes y administrador general, puesto para el que fue confirmado por el Senado en julio de 2008 y permaneció hasta noviembre de 2012.

El nuevo artículo 51 de la Ley de Amparo establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia  del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

Las nuevas causales para la excusa se adicionaron a las contenidas en la Ley de Amparo abrogada, con la voluntad legal de asegurar la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de la función judicial, como es el supuesto de la fracción VIII recién citada.

Como representantes populares nos hemos preocupado especialmente por la forma en que se han estado conduciendo las finanzas públicas, porque su viabilidad no es una discusión meramente formal, sino porque la resienten día a día los bolsillos de los ciudadanos, los presupuestos de las familias y las economías de las empresas. El ejercicio de las facultades tributarias, de administración y de gasto público se ha estado desviando paulatina y constantemente de sus objetivos primordiales, aquel consistente en mirar por el bienestar de la nación.

Hoy, cuando con insistencia de habla del juez como garante de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos, creemos que hay que actuar con plena justicia para, a la par de la revisión de las formalidades del caso, se haga valer la justicia material frente a la ilegalidad, la arbitrariedad, la desviación y el exceso de la administración pública, y en el presente caso, para que los ingresos que el gobierno obtiene sean legales, equitativos y proporcionales y el gasto, en consecuencia, sea ejercido de manera honesta, transparente y eficiente.

Tanto dañan aquellas acciones fiscales que son confiscatorias o ruinosas como aquellas que perdonan u olvidan el pago del crédito fiscal, porque al final ambas redundan (una por exceso y otra por defecto) en perjuicio de la justa distribución de la riqueza en un país, y más si quien es beneficiario es el propio gobierno.

Exhortamos a los jueces a que nos digan en sede jurisdiccional si hay o no en México mecanismos efectivos de control constitucional sobre los ingresos públicos, su administración y el ejercicio de los egresos. Es un tema de la agenda nacional sobre el que el administrador, legislador y el juez tenemos plenos compromisos. El primero porque mira al presente, el segundo porque mira al futuro, y el tercero porque hecha una mirada al pasado para hacer hablar al derecho.

No está de más señalar recordar que el control constitucional en México, como en el mundo, está estrechamente vinculado con el inicio de la historia constitucional y con la manera en que el gobierno obtiene ingresos y los ejerce en beneficio colectivo. En el siglo XVIII, siglo del constitucionalismo, los ciudadanos apelaron a la auténtica representatividad y al control sobre la administración de los recursos que el pueblo entrega al gobierno; esto además, dio paso además a las independencias de los Estados Unidos de América frente a Inglaterra (No taxation without representation) y del pueblo francés respecto a su gobierno por causa del despilfarro y opulencia del gobierno de Versalles.

Además, no podemos olvidar que mucha de la carga de trabajo judicial se debe en buena medida a los asuntos fiscales; el programa anual de estímulos que se controvierte comenzó y se ha venido aplicando anualmente desde el año 2008, año en el que el señor Ministro Ortiz Mena fue ratificado en su nombramiento como titular del Sistema de Administración Tributaria como empleado superior de Hacienda; el tema ha sido abordado por varias personalidades en ejercicio de la libertad de expresión ante la opinión pública, como un asunto aun no resuelto, pendiente para la primera Sala de la SCJN, mismo que tendrá una siguiente discusión puede restringirse en exclusiva a la delimitación del interés legítimo en materia hacendaria.

Estos elementos concatenados son elementos que pueden configurarse y derivar en el riesgo de pérdida de imparcialidad, en menoscabo de la ética judicial basada en los pilares de la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad.

Por ello, dentro del contexto de discusión general del derecho de los ciudadanos para conocer, evaluar y exigir cuentas del ejercicio de las funciones de administración de los recursos públicos y en particular de la legitimidad procedimental del amparo #Yo Contribuyente, exhortamos respetuosamente al Señor Ministro a excusarse o en su caso a ser recusado del caso, a fin de asegurar la imparcialidad, objetividad y neutralidad de la actuación de los jueces.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SR. MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA A QUE SE EXCUSE Y EN SU CASO SEA RECUSADO DE LA DISCUSION Y VOTACION DEL EXPEDIENTE 216/2014, AMPARO EN REVISION RELATIVO A LA IMPUGNACION DEL ARTICULO 9 DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, A FIN DE NO PONER EN RIESGO LA OBJETIVIDAD, LA NEUTRALIDAD Y LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL AL MOMENTO DE DETERMINAR SI LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON INTERES LEGITIMO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO Y LOS ALCANCES DE SU PROTECCION, ASI COMO CONOCER, EVALUAR Y EXIGIR CUENTAS DEL CORRECTO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo sobre los casos de tráfico de armas que han llevado a cabo las agencias de seguridad de Estados Unidos hacia nuestro país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS CASOS DE TRAFICO DE ARMAS QUE HAN LLEVADO A CABO LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS HACIA NUESTRO PAIS.

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION SOBRE LOS CASOS DE TRAFICO DE ARMAS QUE HAN LLEVADO A CABO LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS HACIA NUESTRO PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los pasados 31 de octubre y 1 de noviembre del presente año, diversos medios de comunicación dieron a cuenta, una vez más, del desarrollo y persistencia de políticas instrumentadas por diversas agencias norteamericanas (CIA, DEA, ATF, CBP) relativas al contrabando de armas, uno de los tres negocios ilícitos más rentables en el mundo además del tráfico de drogas y la trata de personas.

A lo largo de cuatro décadas se ha documentado y demostrado que las agencias norteamericanas han comerciado armas con grupos contrarrevolucionarios en Cuba, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Venezuela; o con grupos dedicados a la producción, tráfico y venta de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas en Colombia y México.

Las razones de esta política norteamericana tienen cuando menos tres aristas. La primera de ellas, consolidar el flujo de comercio de armas con sobre ganancias para la industria militar norteamericana y mundial; es decir, mantener a costa de la inseguridad y la desestabilización de regiones del mundo ese lucrativo negocio. La segunda, controlar el suministro de drogas hacia Estados Unidos que es el primer consumidor del mundo. Y la tercera, promover la existencia de estados fallidos que justifiquen intervenciones o invasiones a naciones soberanas e independientes.

La prueba más reciente de estas políticas en nuestro país fue la llamada operación “Rápido y Furioso” (2006-2011) que bajo el supuesto objetivo de conocer las rutas y grupos que operan el tráfico de armas en México, permitieron la entrada ilegal de más de 2 mil armas largas de Estados Unidos a México para ser utilizadas por los diversos grupos delincuenciales que operan en el país. Estas armas se han ido recuperando a cuenta gotas en enfrentamientos entre los propios narcotraficantes, con su cauda de sangre e inseguridad para toda la sociedad, y en menor medida en operativos realizados por autoridades mexicanas.

“Rápido y Furioso” confirmó la porosidad y corrupción que privan en las aduanas mexicanas, carentes de una política de seguridad, pues el énfasis es estrictamente fiscal. La modernización de las aduanas en materia de seguridad es un pendiente de los gobiernos del PRI y el PAN desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio.

En esta ocasión, un Informe del Departamento de Justicia de EUA señaló que agentes federales de ese país permitieron el ingreso a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación. Por ejemplo, en 2010, Jean Baptiste Kingery fue detenido en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde se le encontró 114 cascos de granadas, 114 fusibles y más de 200 rondanas de municiones.1

El reporte de la Oficina del Inspector General del DOJ documentó que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) marcaron las partes de granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas una vez que entraran a México.2 Lo anterior demuestra la injerencia que han tenido las agencias estadounidenses dentro del territorio nacional, al claro amparo y complicidad con las agencias de seguridad mexicanas.

Es pertinente recordar que en enero del presente año, el diario El Universal publicó los resultados de una investigación periodística que, a partir de fuentes oficiales y declaraciones de agentes estadounidenses, revela que durante los últimos años la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y otras autoridades de ese país, “se reunieron y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país”.3

La información periodística afirmaba que, según declaraciones judiciales, cabezas de ese grupo criminal se reunieron al menos en 50 ocasiones con agentes de la DEA, según declaraciones judiciales de ellos mismos. En la información publicada abundan nombres, fechas y lugares de las reuniones de los estadounidenses con delincuentes mexicanos en nuestro territorio. El diario también afirma que “David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano.4 El año pasado, el periodista J. Jesús Esquivel publicó el libro La DEA en México, en el cual detalla cómo los agentes de esa agencia operan de manera independiente y viajan por el país ilegalmente armados.

Cabe señalar que el pasado 15 de enero del presente año, se presentó un Punto de Acuerdo solicitando información sobre las actividades de los agentes antidrogas de Estados Unidos que operan en territorio nacional, sin que el mismo haya sido analizado dentro de la Comisión Permanente, ni tampoco resuelto en las Comisiones del Senado a las cuales se les fue turnado el asunto.

Ahora bien, con la nueva información revelada no podemos dejar de pensar si el tráfico ilegal de armas promovido por la operación Rápido y Furioso fue el responsable de la existencia en nuestro país de las granadas que fueron utilizadas en el trágico atentado que tuvo lugar en 2008 en pleno centro histórico de Morelia, en la conmemoración de la Independencia nacional; donde fallecieron 7 personas y 132 resultaron heridas.

Todo esto ha sido acompañado por el silencio cómplice del gobierno mexicano que no emite un comunicado oficial donde se condene enérgicamente esta estrategia del gobierno norteamericano y el tráfico ilegal de armas. Pero sobre todo, que no instrumente una política propia para detener el acopio y utilización de armas provenientes de Estados Unidos, que están detrás de la muerte y la desaparición de miles de mexicanos.

Desde que se dieron a conocer los cables de Wikileaks, las revelaciones sobre la injerencia ilegal de Estados Unidos no han parado. Ni habrán de detenerse en tanto el gobierno mexicano deje pasar, como si no existieran, las violaciones a la ley que ocurren con el pretexto de la cooperación. En un momento como el que vive hoy nuestro país en diversos estados, es indispensable retomar el rumbo del Estado de derecho y de la sujeción al orden constitucional. La cooperación bilateral y la política de seguridad del gobierno deben transparentarse, ser sujeto de un efectivo control parlamentario y de la opinión pública.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República condena enérgicamente las acciones empleadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos en lo relacionado al trasiego de granadas estadounidenses a México, lo cual vulnera flagrantemente nuestra seguridad nacional y daña en sobremanera las relaciones bilaterales.

SEGUNDO.-El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias de la Administración Pública Federal encargadas de la seguridad nacional, entregue un informe acerca de las acciones y políticas que se han llevado a cabo bajo el amparo de la llamada “Iniciativa Mérida”, principalmente en lo relacionado al tráfico ilegal de armas que se ha llevado a cabo por parte de agencias de seguridad norteamericanas.

TERCERO.-El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, entregue un informe detallado acerca de todas y cada una de las actividades que realizan o han realizado los agentes de las agencias de seguridad estadounidenses en nuestro territorio.

Dado en el Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Revelan el ingreso ilegal de piezas para fabricar granadas, La Jornada, consultado el 01 de noviembre de 2014, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2014/11/01/politica/015n1pol

2 Revela EU que permitió entrada ilegal de granadas a México, Excelsior, consultado el 01 de noviembre de 2014, disponible en http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/31/989927

3 Gómora, Doris, Tuvo DEA puertas abiertas con Felipe Calderón, El Universal, Lunes 6 de enero de 2014, http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/tuvo-dea-puertas-abiertas-con-fch-977360.html

4 Idem





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación a los Señores Juan Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera por el triunfo en las pasadas elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE UNA FELICITACION A LOS SEÑORES JUAN EVO MORALES AYMA Y ALVARO GARCIA LINERA POR EL TRIUNFO EN LAS PASADAS ELECCIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente Resolución por la que el Senado de la República extiende una FELICITACION A LOS SRES.  JUAN EVO MORALES AYMA Y ALVARO GARCIA LINERA POR EL TRIUNFO EN LAS PASADAS ELECCIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado día 12 de octubre de 2014, se desarrollaron los comicios generales para la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia así como para renovar el poder legislativo. En dichos comicios, fue indiscutible el triunfo de los Sres. Juan Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera como Presidente y Vicepresidente respectivamente, para el período 2015-2020, triunfo que fue ratificado por el Tribunal Supremo Electoral.

La campaña de Evo Morales estuvo antecedida por la promoción de su Programa de Gobierno para dicho período intitulado “Juntos vamos bien para Vivir Bien”, mismo que plantea la consolidación de la Revolución Democrática y Cultural, así como los principios fundacionales de y los aspectos nodales en la construcción y desarrollo del Estado Plurinacional boliviano, considerando la importancia de los 12 ejes en que se sustenta, principalmente el compromiso con el pueblo de Bolivia, el cual ratificó su confianza al acudir a las urnas y votar mayoritariamente por su partido, el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)

Cinco candidaturas disputaron la Presidencia de Bolivia, país cuya población es de cerca de once millones de personas y un padrón electoral de 5.310.437 de votantes, resultando electos Evo Morales y Alvaro García con aproximadamente el 58% de la votación total emitida, es decir,  3.053.846, además de que su partido, el MAS-IPSP, obtuvo la mayoría de los escaños en ambas Cámaras.

Es indiscutible que Evo ha sabido sacar adelante a Bolivia, con una economía que se ha mantenido sólida y en curva ascendente debido a la generación de altos ingresos por materias primas, especialmente del sector energético, por una correcta distribución de bonos y el financiamiento de infraestructura, por lo que la votación amplia a favor de renovar la Presidencia con Evo Morales al frente, es parte de los procesos políticos y económicos e que se han manejado adecuadamente y en armonía.

Los logros en su ejercicio gubernamental y la transparencia en el mismo, son muchos y variados, donde destaca un prudente ahorro fiscal, reservas récord de divisas y un crecimiento sostenido en medio de la crisis,, pues vale recordar que a finales del año 2009, el año de la mayor contracción económica mundial en décadas, que Bolivia, el país más pobre de Sudamérica y gobernado por un Presidente de Izquierda, recibió los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) por su sólida gestión macroeconómica y una eficaz respuesta política para mitigar el impacto de la crisis global.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía boliviana liderará este año el crecimiento en América Latina y se ubicará en segundo lugar en 2015, puesto que en su informe semestral “Perspectivas Económicas Globales”, el organismo financiero internacional da cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia crecerá 5,2% en esta gestión y 5,0% en 2015.Por otro lado, datos de la Comisión Económica Para América Latinas y El Caribe (CEPAL)organismo dependiente de Naciones Unidas y, publicados por distintos medios (agosto 2014) proyectan que Bolivia liderará en este y el año venidero, el crecimiento económico en Sudamérica con una expansión de su PIB del 5.5%, pues dicho país continuará el ritmo de expansión de su economía.

De acuerdo al Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien por cierto ocupa dicho Ministerio desde el inicio de la gestión del Presidente Evo Morales, en declaraciones realizadas en la primera semana del mes y año en curso, señaló que se proyecta que en 2015, el crecimiento de la economía boliviana continúe elevándose debido a que entrarán en funcionamiento los proyectos de industrialización como la Planta de Separación de Urea y Amoniaco.

Las elecciones recientemente celebradas en Bolivia y la activa participación ciudadana son un reflejo de la acertada visión de los gobiernos que ha encabezado Evo Morales, con programas que incluyen el concepto del “buen vivir”, mismo que versa sobre un concepto en construcción que aspira ir más allá del desarrollo convencional, y se basa en una sociedad donde conviven los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Esa es la esencia que anima el accionar gubernamental en beneficio del pueblo boliviano.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República extiende una felicitación a los Señores Juan Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera por su triunfo en los comicios generales del 12 de octubre de 2014, en donde resultaron electos como Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, respectivamente.

Dado en el Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

FMI ubica a Bolivia como líder en crecimiento en la región hasta 2015, La Razón, disponible en http://www.la-razon.com/economia/Informe-FMI-Bolivia-lider-crecimiento-region_0_2139986029.html

La Razón, óp. Cit.





 

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se incrementen los recursos destinados a los programas de rescate de espacios públicos y de reordenamiento y rescate de unidades habitacionales. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a implementar de manera permanente medidas de vigilancia y supervisión, con respecto al incremento en el gasto que se tiene programado para el siguiente año fiscal en materia energética, derivado de la reciente reforma integral en este sector, así como en todos y cada uno de los subsiguientes paquetes económicos. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION, CON RESPECTO AL INCREMENTO EN EL GASTO QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL EN MATERIA ENERGETICA, DERIVADO DE LA RECIENTE REFORMA INTEGRAL EN ESTE SECTOR, ASI COMO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SUBSIGUIENTES PAQUETES ECONOMICOS.

“El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES EXCLUSIVAS DE FISCALIZACION, IMPLEMENTE DE MANERA PERMANENTE MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION PERMANENTES, CON RESPECTO AL INCREMENTO EN EL GASTO QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL EN MATERIA ENERGETICA, DERIVADO DE LA RECIENTE REFORMA INTEGRAL EN ESTE SECTOR, ASI COMO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SUBSIGUIENTES PAQUETES ECONOMICOS al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Una de las principales modificaciones que se llevaron a cabo con la aprobación de la Reforma Energética, es el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), lo cual quedó asentado principalmente con la expedición de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como mediante diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Dichos organismos, tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión. Contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades, y en el desempeño de sus funciones, los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias.

Con lo que respecta a las modificaciones a la Administración Pública Federal,  estas consistieron en desvincular tanto a la CNH como a la CRE de la Secretaría de Energía, a fin de brindarles mayor autonomía, así como una serie de facultades y atribuciones.

Con lo que respecta a la CRE, ésta asegurará y garantizará el suministro confiable, de calidad y precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores dando mayor certidumbre al mercado, así como mejores condiciones en el abasto y promoverá la competencia, por lo que incentivará la inversión productiva en la generación eléctrica.

En materia de gas natural, contribuirá a mejorar la calidad en el servicio que ofrecen los permisionarios de gas natural y gas L.P., por lo que verificará que las instalaciones para almacenamiento, distribución y aprovechamiento de gas L.P., cumplan con las medidas de seguridad que se establezcan en las normas oficiales mexicanas. Además, con el propósito de optimizar el beneficio a los consumidores, revisará la estructura y procedimiento del mecanismo de ajuste mensual que se aplica a las tarifas eléctricas industriales, comerciales y domésticas.

Por su parte, la CNH participará en la adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción, y administrará, gestionará y supervisará en materia técnica dichos Contratos, asimismo, regulará y supervisará la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él.

También, realizará el acopio, resguardo, uso, administración, actualización y publicación de la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como, de exploración y extracción realizadas por cualquier ente, por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

Bajo tales consideraciones, es posible apreciar la relevancia de las actividades que desempeñaran estos órganos reguladores, por tanto, es menester atender a cabalidad las disposiciones transitorias que se incluyeron en materia presupuestal. Esto así en virtud de que de no atenderse con el cuidado que requiere, la eficacia de lo que en el Congreso de la Unión diseñamos jurídicamente y aprobamos en meses pasados, podría verse afectado.

Del mismo modo, otra de las modificaciones sumamente relevantes con la reciente reforma energética, es la diversificación de fondos y tasas mediante las cuales, el estado mexicano obtendrá ingresos por la extracción y exploración de hidrocarburos. Estos ingresos se encuentran reflejados en la recientemente expedida Ley de Derechos Sobre Hidrocarburos, en la cual se especifican los métodos y gravámenes que habrán de normar en materia fiscal los contratos que se celebren entre el Estado mexicano y los particulares.

En este sentido es importante señalar que de acuerdo a dicha Ley, tanto el Fondo Mexicano del Petróleo como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son los entes recaudadores y administradores de estos bienes, y por tanto su actividad adicionalmente a las medidas en materia de transparencia que se incluyeron en la multicitada reforma energética, se deben establecer los mecanismos de supervisión necesarios para la perfecta fiscalización de cada una de las partidas presupuestales que se asignan a estos nuevos organismos, como a los métodos por los cuales ingresarán los recursos al erario público.

Acorde con todo lo anterior, dentro de la Estrategia Programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se dice lo siguiente:

Las reformas en materia energética, generan cambios organizacionales sustanciales, tales como: en el sector se desincorporan la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las que se transforman en Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, consideradas como dependencias de la Administración Pública Federal, cuyo presupuesto forma parte de los recursos fiscales de Ramo 18 en tanto se concluyen los trámites oficiales necesarios para la separación.

Así, dentro de los programas presupuestarios en clasificación económica del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, correspondiente al ramo 18-Energía, el titular del Ejecutivo Federal propone un gasto por 3 mil 836 millones 964 mil 376 pesos, divididos en los siguientes rubros:

 Programa Presupuestado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Gasto total

 

Total Gasto Programable

3,836,964,376

 

Prestación de Servicios Públicos

2,777,606,347

 

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

757,951,897

 

Promoción y Fomento

25,716,076

 

Regulación y Supervisión

621,414,416

Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable Energía

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

607,424,200

 

Administrativos y de Apoyo

1,059,358,029

Tales rubros representan, de acuerdo al análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, un incremento en el ramo de energía del 12.6 por ciento en comparación con el presupuesto aprobado el año anterior. De suerte que es de considerar que tal incremento obedece a los factores de desincorporación que ya se señalaron y a las diversas necesidades presupuestales que de esto se deriva.

No obstante, si bien los integrantes del Congreso de la Unión, hemos aprobado estas reformas y estamos conscientes del esfuerzo presupuestal que conlleva alcanzar los objetivos que nos planteamos con la realización de esta histórica reforma, es nuestra responsabilidad salvaguardar que esos recursos que en algunos casos se gastarán y en otros se invertirán, se aprovechen al máximo y se fiscalicen en todo momento.

De suerte que la presente proposición, pretende que la colegisladora en su calidad de Cámara de origen del paquete económico-fiscal del año entrante y de los subsiguientes, y como la soberanía exclusiva de la facultad fiscalizadora en nuestro país, mantenga una estricta vigilancia con respecto a las asignaciones presupuestales a fin de que estas se dirijan específicamente a los rubros que sean necesarios para la correcta y efectiva implementación de las medidas aprobadas con la reforma energética. 

Debemos estar conscientes los legisladores que aprobamos esta gran reforma, que tenemos que ser muy cuidadosos en el modo en el que se vigilan tanto los recursos que se invierten, como los que se recaudan alrededor de estas mayúsculas modificaciones a nuestro marco jurídico en materia energética.

El éxito de los cambios que hicimos para lograr la seguridad energética de nuestro país, e incrementar los ingresos de la nación, sin que los mexicanos perdiéramos la propiedad sobre los hidrocarburos, depende mucho del trabajo de fiscalización y transparencia que realicemos los verdaderos autores de esta reforma, que somos los integrantes del Congreso de la Unión. .

Por tanto, este exhorto pretende que la Cámara de Diputados, que de conformidad con el artículo 74 de la Constitución guarda la exclusividad de la fiscalización de los recursos públicos, dé un especial seguimiento, a partir de este ejercicio fiscal que se encuentra en proceso de aprobación y los subsiguientes, a todos los recursos y acciones que se emprenden con base en estos, en el rubro energético.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a que en el ámbito de sus facultades exclusivas de fiscalización, contenidas en el artículo 74 de la Constitución, diseñe e implemente los mecanismos necesarios para que de manera permanente se lleve a cabo una vigilancia y supervisión de los recursos que se asignarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 en materia energética, derivado de la reciente reforma integral en este sector, así como en todos y cada uno de los subsiguientes paquetes económicos, en virtud de que estos presentarán importantes incrementos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del periodo conocido como “Guerra Sucia”. Se turna a la Comisión de Gobernación el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A PAGAR LAS INDEMNIZACIONES A LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL PERIODO CONOCIDO COMO “GUERRA SUCIA”.

“El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II, 103 numeral 2 Fracc. III y 108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El periodo que en México es conocido como de “guerra sucia” y que abarca dé cada y media desde fines de los sesentas a principios de los ochentas- del siglo pasado, es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la rebelión popular.

Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Actos de tal suerte inicuos que “lo sucio” de la “guerra sucia” implica “crímenes de lesa humanidad” que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones, estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de derecho, para que jamás se vuelvan a repetir1.

A raíz de estos hechos, se inició un proceso jurídico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocido como el caso “Radilla”. En esa hipótesis -que sustentaría el criterio invariable de la Corte- quedó establecida la extrema gravedad de la desaparición forzada, su carácter continuo o permanente --que abre la posibilidad de enjuiciamiento durante todo el tiempo que se prolonga la desaparición--, su naturaleza de violación pluriofensiva de derechos y su frecuente relación con un fenómeno que la Corte Interamericana ha impugnado frontalmente: la impunidad.

El 15 de diciembre de 2009, la CIDH notificó la Sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares en 1974. La CIDH halló al Estado mexicano responsable de la violación de los derechosa la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia de debido proceso en el derecho internacional.

Por lo cual, la Corte Interamericana emitió 18 resolutivos a cumplir a cabalidad por el gobierno mexicano. Dicha sentencia se emitió en San José, Costa Rica, el 23 de noviembre de 2009, y se notificó al Estado Mexicano el día 15 de diciembre del mismo año2.

Desafortunadamente, el caso Radilla no fue el único, en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 26/2001; se reconocen un total de 532 expedientes de queja. 308 casos correspondieron a la zona rural y 174 a la zona urbana; adicionalmente, para alcanzar la suma de 482 casos. En el transcurso de las investigaciones de la CNDH se acumularon 50 casos más. En la zona rural destaca el estado de Guerrero con 293 casos3.

Del total de casos, cuyas evidencias obtenidas durante su tramitación permitieron a la CNDH emitir un pronunciamiento, de acuerdo con los principios de valoración de las pruebas, tales como los de la lógica, la experiencia, así como el de la legalidad que la llevaron a concluir que en 275 casos a las personas reportadas como desaparecidas se les conculcaron sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa, previstas en los artículos 1o., 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce en una trasgresión a su derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de su persona, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, así como al proceso regular, protegidos en los artículos 1, 5, 7, 8.1, 11.1 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 3, 5, 7, 9, 11.1 y 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I, II, VIII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 9.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En los mismos términos se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos crueles e inhumanos, lesivos a la libertad de la persona y al derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la integridad personal de los detenidos, quienes se vieron sometidos a todo tipo de vejaciones, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, con lo cual también se les conculcaron los derechos contenidos en los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en cuanto a los allanamientos documentados se surte la conducta violatoria del artículo 16 constitucional, así como de los artículos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y V y IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; igualmente, se conculcaron el principio de legalidad y el derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, lo cual se traduce en violación a los Derechos Humanos previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 8, 11 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 7, 8, 10 y11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre4.

Por las consideraciones antes enunciadas, el 27 de noviembre de 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Recomendación 26/2001, en que la resolución tercera establece:

“En los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada”.

Hasta ahora del total de casos quedan aún pendientes de indemnizar a 219 familias de víctimas de desaparecidos reconocidos por la recomendación 26/2001 de la CNDH.

El 4 de noviembre de 2013, el Auténtico Comité General de Familiares Desaparecidos, Víctimas y Ofendidos de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero, giró un oficio donde se solicita el apoyo para que esta histórica deuda del Estado mexicano sea saldada y cumplimentada la antedicha recomendación.

El día 12 de noviembre del año pasado, presenté ante el pleno de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo solicitando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que ese incluyera un presupuesto suficiente para cubrir el adeudo ante estas familias.

La Cámara de Diputados recibió la proposición el 13 de noviembre de 2013 para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considerara establecer una partida para este propósito con cargo al programa L01 del ramo 04 Gobernación.

El 21 de mayo de 2014, giré un oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, mismo que obtuvo respuesta el 17 de junio de 2014, a través del oficio CPCP/ST/1281/2014, en el cual se me informa que “la solicitud en comento fue atendida, según se considero en el resolutivo Primero. del “Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014”, aprobado el 25 de febrero de 2014 y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 4 de marzo de este año”.

Asimismo se me informó que en ese sentido, aparece en el RAMO: 04 Gobernación, con cargo al programa “L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional”, en el renglón “001 Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH a fin de reparar el daño de los mismos”, la Cámara de Diputados, conforme a la suficiencia presupuestaria, aprobó una asignación por 51 millones de pesos.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, ejerza a la brevedad posible los 51 millones de pesos destinados a cubrir parcialmente las obligaciones del Estado Mexicano para con las víctimas y familiares del periodo conocido como “Guerra Sucia”.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que asigne el recurso complementario para que el Estado mexicano cubra a cabalidad con el monto de los pagos por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos determinados por la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para las 219 familias faltantes, con cargo al programa L01 del ramo 04 Gobernación, para que al fin el Estado mexicano restituya en algo a los familiares y víctimas del periodo conocido como “guerra sucia”.

Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2014

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Gutiérrez, Juan Carlos, et. Al. (2010) La Sentencia de la Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Peritaje de Carlos Montemayor, “la violencia de Estado en México, durante la llamada guerra sucia del siglo XX”. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2011) Crónicas del Pleno y de las Salas, Sesiones del 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2001), Resolución 26/2001. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México.

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2001) Ibíd.





 

De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que se incrementen en términos reales los recursos asignados a los programas Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora, Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, y Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE SE INCREMENTEN EN TERMINOS REALES LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA MUJER EMPRENDEDORA, FONDO PARA EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN NUCLEOS AGRARIOS, Y FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2015.

“Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ Y GERARDO SANCHEZ GARCIA, todos Senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y A TRAVES DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, SE INCREMENTEN EN TERMINOS REALES LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROMETE, FAPPA Y FOMMUR, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

En marzo de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, publicó las estadísticas definitivas del Censo de Población y Vivienda 2010, en ellas se menciona que en el país vivían 112 millones 336 mil 538 personas, de los cuales 26 millones 49 mil 128 habitantes eran población rural, y de éste subtotal, 13 millones 140 mil 437 personas son del sexo femenino, es decir, el 11.7 por ciento de la población total a nivel nacional y el 50.4 por ciento de la población rural. Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estima que en 2014, el monto de población femenina del ámbito rural equivale a 22.8% de las mujeres del país.

En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. Por consiguiente, este derecho humano, encuentra su correlato en el artículo 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el cual se señala que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción la igualdad de la ley para su protección”; asimismo, en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1968, se alude que “todas las personas son iguales ante la ley, y tienen derecho, sin discriminación alguna a la protección de la ley”.

Cabe señalar que este principio de igualdad no está presente dentro de la estructura y participación del empleo en el sector rural, pues aún se presentan diferencias drásticas entre mujeres y hombres rurales. El INEGI señala que de las mujeres rurales ocupadas, 32.7% trabajan por cuenta propia y 16.3% son trabajadoras que no reciben remuneración por su trabajo. Prácticamente una de cada dos mujeres ocupadas (49.1%) son subordinadas y remuneradas. El 64.6% de estas mismas trabajadoras no cuenta con la prestación de servicios de salud; más de la mitad (54.3%) no cuenta con prestaciones; y 45.2% cuenta con prestaciones sin considerar acceso a los servicios de salud.

En este contexto cobra relevancia lo señalado por el constitucionalista mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, al plantear que la idea jurídica de igualdad consiste en “la posibilidad o capacidad que tiene una persona de adquirir derechos o contraer obligaciones, propios de todos aquellos sujetos que se encuentran en su misma situación jurídica determinada”1. Para el caso del constitucionalista contemporáneo, Miguel Carbonell Sánchez, señala que el principio constitucional de igualdad deriva de dos sub-principios: el de la ley y ante la ley. El primero, de la ley, se dirige principalmente al Poder Ejecutivo y Judicial, en el cual su mandato debe ser de trato igual en la aplicación de la ley; en tanto que el segundo, ante la ley, se encuentra dirigido al Poder Legislativo, en el cual el legislador no debe y no puede establecer en los textos legales diferencias no razonables o en su caso no justificadas para las personas que se encuentran en la misma situación2.

En los últimos años en nuestro país se han instrumentado diversos programas presupuestarios que  buscan eliminar y erradicar las desigualdades de género, y que han tomando como base el principio humano constitucional de igualdad jurídica ante la ley, acompañado de manera implícita la erradicación y combate por discriminación. Ante ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado al respecto por medio de una tesis aislada, que fue pronunciada en el mes de agosto de 2012, que a la letra dice:

IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACION. SU CONNOTACION JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Si bien es cierto que estos conceptos están estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos aunque sí complementarios. La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas con base a su nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que todas las personas son iguales; es decir, la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un concepto de identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, éstas deben ser razonables y justificables.

[TA: constitucional, 1ª CXLV/2012] 10ª Epoca; Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 487.

Finalmente, el principio humano de igualdad jurídica vertido en el artículo 4° constitucional, forma parte de la visión actual de la teoría jurídica, ésta deja de ser normativa para ser principialista, dicho en otros términos pasar del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. En ese sentido, el jurista argentino Rodolfo Luis Vigo, menciona que los principios suponen un derecho concentrado, que no llegan a definir una hipótesis y mucho menos una consecuencia, a través de los principios se pueden expresar y justificar diferentes normas. Por tal razón, los principios son mandatos de optimización debido a que mandan una mejor conducta ante las posibilidades fácticas y jurídicas.3

Es importante señalar que en la actualidad existen programas destinados a fortalecer a quienes hacen del campo su vida, mismos que están sujetos a asignación presupuestal, tales como: 

Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora –PROMETE-, que tiene por objetivo fomentar la Igualdad de Oportunidades y de trato a las mujeres rurales, así como  promover el ejercicio pleno de sus derechos para dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política.

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios –FAPPA-que coadyuva a la eliminación de la pobreza y se articula con otras políticas públicas transversales orientadas a atender preferentemente a la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad, marginación y desigualdad como las mujeres rurales, la población indígena, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores.

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales –FOMMUR-el cual contribuye a que las mujeres rurales que se encuentran excluidas del financiamiento de la banca comercial, dispongan de financiamiento oportuno y suficiente para que, en un entorno propicio para la colocación de sus productos, desarrollen unidades económicas sostenibles a través de microcréditos otorgados por ORGANISMOS INTERMEDIARIOS.

Como se puede observar, dichos programas se enfocan a atender a las mujeres rurales que se encuentran en una situación vulnerable, al igual que fomenta la Igualdad de oportunidades y a alcanzar una vida digna, buscando eliminar la pobreza, articulando políticas públicas orientadas, preferentemente, a las mujeres rurales.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo central exhortar de manera puntual y respetuosa a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el fin de que asignen recursos adicionales, en términos reales, a los programas antes señalados para el ejercicio fiscal 2015, en razón de que estos programas promueven y propician mejores condiciones de vida y el empoderamiento de la mujer rural en sus núcleos agrarios productivos, y por medio de éstos se contrarresta su situación de vulnerabilidad, logrando abatir la desigualdad con los hombres de su mismo sector.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, amplíe, en términos reales,  los recursos financieros asignados a los programas Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora, PROMETE; Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, FAPPA, presupuestados en el Ramo Administrativo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”; así como al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, FOMMUR, presupuestado en el Ramo Administrativo 10 “Economía” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.-
Sen. Gerardo Sánchez García”.

1 BURGOA, O. Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. México, 2011, Octava edición, editorial Porrúa, pp. 217.

2 CARBONELL, Sánchez Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. México, 2004, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 173 y 174.

3 LUIS, Vigo Rodolfo. De la Ley al Derecho. México, 2012, Tercera Edición, Editorial Porrúa, pp. 4-6.





 

De los Senadores Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola y Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial para el fortalecimiento de la educación dual en México, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR UNA PARTIDA ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION DUAL EN MEXICO, DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2015.

“Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DANIEL AMADOR GAXIOLA Y RAUL MORON OROZCO, Senadores de la República e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y A TRAVES DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, SE DESTINE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION DUAL EN MEXICO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Consideraciones:

La educación es el instrumento idóneo para que los mexicanos podamos transitar hacia mejores estadios de vida que permita su desarrollo individual y colectivo pleno. Es incuestionable que un México próspero y con mayores oportunidades para todos, sólo es posible con una educación de calidad que responda a las exigencias del contexto actual, el cual exige cada vez más que los estudiantes del nivel medio se encuentren vinculados al sector productivo.

La educación es uno de los pilares fundamentales para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social en nuestro país, por ello, debemos estar conscientes de que aún persisten retos que atender, como el analfabetismo, la brecha digital, el abandono escolar y la implementación de mecanismos complementarios de formación e incorporación laboral exitosa.

Asimismo, no existe una fórmula única para resolver estos retos, sin embargo, destacan 2 graves problemas que enfrenta la juventud mexicana la deserción escolar y la falta de oportunidades de empleo.

Bajo esta tesitura, en las últimas décadas la formación dual se ha convertido en una opción idónea en el combate de estos rezagos, en virtud de que combina el aprendizaje de los centros educativos, con la formación profesional en las empresas, con énfasis en la generación de habilidades y destrezas, necesarias para el trabajo.

Asimismo, su eficacia queda de manifiesto en diversos países como Alemania, Australia, Bosnia, Croacia, Serbia y Suiza, donde cuentan con experiencias exitosas de formación e incorporación laboral a través de este modelo educativo. Entre otras cuestiones, su efectividad radica en que sustituye procesos didácticos de memorización por la aplicación de  métodos orientados a la adquisición constructivista de contenidos.

En consecuencia, su establecimiento y fortalecimiento es necesario, ante el panorama educativo que vivimos en México, el cual de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública correspondientes al ciclo escolar 2013-2014, la Educación Media Superior representaba el 13.1% de la Matrícula total del Sistema Educativo Nacional, con 4,682,336 alumnos inscritos en profesional técnico y bachillerato; mientras que el bachillerato general, tecnológico y profesional técnico cuenta con1´785,575 alumnos, representando más de un tercio de su matrícula.

Además, cada año más de 650 mil jóvenes de todo el país dejan las aulas del bachillerato1, en gran medida, por la falta de recursos económicos, la pérdida de interés en los contenidos educativos, y una preferencia de muchos jóvenes, en un contexto de carencias, por el trabajo en lugar de los estudios, resultando que el 60% de los estudiantes concluyen estos estudios en el tiempo previsto, debido entre otras razones, a que uno de cada tres alumnos reprueban asignaturas de bachillerato o preparatoria.

Por otra parte, en este tipo educativo, uno de cada siete alumnos no desarrolla las competencias lectoras mínimas necesarias para una formación integral.

Asimismo, las competencias de los egresados de la educación media superior no están del todo alineadas a las necesidades del sector productivo: 40% de los empleadores manifiesta tener problemas para llenar sus vacantes, mientras el 60% percibe que los jóvenes que se incorporan al mercado no están bien preparados2.

Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior 2012, dio a conocer que tres de cada cinco jóvenes entre 18 y 20 años señalaron que la escuela donde cursaron su educación media superior tenía un escaso o nulo vínculo con las empresas.

Según el propio organismo público, de cada 100 alumnos que cursan sus estudios de primaria, 85 los concluye, 69 ingresan a la secundaria, y 52 egresan; de éstos sólo ingresan 50 al nivel medio superior, de los cuales sólo 29 egresan y 23 ingresan al nivel superior, egresando únicamente 13.

Sin embargo, en nuestro país existen experiencias relevantes de esquemas de formación impulsados entre los sectores educativo y empresarial, que han permitido construir de manera conjunta los cimientos para un sistema de formación dual en la educación media superior vinculando de manera temprana y simultánea la teoría y la práctica educativa.

Los trabajos en torno al Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), en la educación media superior, constituyen la materialización de un esfuerzo de cooperación de los ámbitos público y privado a nivel nacional, llevando a la realidad  y concretando la vinculación escuela empresa para impulsar la pertinencia y transición al trabajo de los jóvenes, así como  la productividad y competitividad de las empresas. Asimismo, se ha contado con la cooperación del gobierno y diversas instancias alemanas, quienes han acompañado y fortalecido esta iniciativa.

En este orden de ideas, la importancia de que se asignen recursos para el fortalecimiento de la formación dual en el presupuesto de egresos de la Federación 2015, estriba en que este modelo educativo tiene como eje rector la vinculación de la teoría y la práctica, elementos que permiten la integración del estudiante dentro del ámbito laboral para desarrollar sus competencias profesionales, complementadas con las genéricas y disciplinares, con el objetivo de alcanzar una educación integral.

En esencia, como lo hemos referido, la formación dual comprende la vinculación de dos entidades en beneficio recíproco, por un lado tenemos al Estado como promotor del bienestar de la ciudadanía, y por el otro lado, a la iniciativa privada como motor de la economía nacional.

Luego entonces, es crucial sentar las bases que permitan que los convenios de colaboración y coordinación educativa entre empresas y planteles educativos se incrementen de manera considerable, todo en beneficio de las y los jóvenes que actualmente cursan la educación media superior. Otorgar mayor impulso a la formación dual en México es indispensable para contar con el capital humano altamente capacitado que México necesita, y terminar de transitar en el camino de ser un país que tan sólo recibe inversión extranjera encaminada a la generación de productos con poco valor agregado hacia la producción de alta tecnología como es la automotriz y otras derivadas de la reforma constitucional en materia energética.

De esta manera afrontaremos las exigencias del mundo globalizado en que nos encontramos, asimilando con responsabilidad lo importante que es formar mexicanos competitivos, no sólo en los conocimientos básicos, sino también en conocimientos especializados, conocimiento científico y tecnológico, que permita a nuestros estudiantes poder acceder a un mejor porvenir.

Como vemos, la trascendencia de la educación dual nos constriñe en la necesidad de que en proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal 2015, se contemple la implementación de una partida que permita que este modelo educativo sea fortalecido, y en consecuencia, se traduzca en beneficios para la juventud de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se destinen recursos específicos para el Modelo Mexicano de Formación Dual dentro del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus funciones, destine recursos específicos para que bajo un modelo de coparticipación entre la Federación y los Estados y el Distrito Federal, desarrollen e impulsen la  Formación Dual.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Raúl Morón Orozco”.

1 Secretaría de Educación pública. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Cifras referidas al ciclo escolar 2011-2012.

2 Mourshed et al. (2012), Education to Employment: Designing a System that Works, McKisney & Company.





 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Coordinación Nacional de Prospera para que considere incrementar el número de beneficiarios en los municipios de Santa Catarina, Juárez, San Nicolás y Cadereyta Jiménez en el 2015. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.







 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a evaluar y, en su caso, considerar la inclusión de los municipios de Santa Catarina, Juárez, Doctor Arroyo, Galeana, San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez, Aramberri, General Zuazua y Mier y Noriega, dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y A LA COMISION INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE PARA QUE EVALUEN Y EN SU CASO CONSIDEREN LA INCLUSION DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, JUAREZ, DOCTOR ARROYO, GALEANA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, CADEREYTA JIMENEZ, ARAMBERRI, GENERAL ZUAZUA Y MIER Y NORIEGA, DENTRO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.

“La suscrita, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103, numeral 2, fracción 3, artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con Punto de Acuerdo, sustentada en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pobreza y su evolución están vinculadas a una serie de factores, tales como crecimiento económico, política económica, cambios en el mercado de trabajo, movilidad social, integración valorativa de tipo individual, integración de las personas a la sociedad, espacios de acción colectiva y cambio en las oportunidades ocupacionales. El estudio de la pobreza se relaciona estrechamente con la noción de desarrollo, ya que representan aspectos contrapuestos a lo que se vislumbra como una vida digna y plena.

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza tiene un carácter multidimensional y una persona se encuentra esa condición cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de los derechos necesarios para su desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

Uno de los componentes de la pobreza multidimensional es la pobreza alimentaria, que es definida según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2012, como aquella situación de privación en la cual todos los ingresos familiares son insuficientes para cubrir las necesidades alimenticias de los hogares.

La medición de la pobreza es uno de los retos más importantes para poder erradicarla, sin embargo la relatividad de la pobreza  y sus causas, hacen difícil establecer los parámetros de clasificación que puedan hacerse por los grados de carencia que sufra un hogar o una persona.

No obstante lo anterior, existe una forma de privación absoluta que tiene como límite la capacidad del cuerpo humano para poder realizar cualquier otra actividad, que es, la exclusión de una alimentación sana y adecuada.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4° que es una obligación del Estado el garantizar las condiciones necesarias que todas las personas tengan una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Consecuentemente,  la Ley General de Desarrollo Social establece que la Política Nacional de Desarrollo Social debe propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades y, entre tales derechos, se encuentra el de la alimentación.

Es importante destacar que el 21 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia coordinada por el Gobierno Federal que busca que la población supere su condición simultánea de carencia alimentaria y pobreza extrema. Esta población, constituye la población objetivo de la Cruzada, que en 2010 ascendía a 7.4 millones de personas distribuidas en todo el país.

De acuerdo con el Decreto  de mérito la estrategia tiene los siguientes objetivos:

- Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa.

- Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia.

- Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas.

- Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios.

- Promover la participación comunitaria.

La Cruzada está integrada por 70 programas federales y, de acuerdo con la información pública difundida por la SEDESOL, la estrategia se concentró, en una primera etapa, en 400 municipios para extenderse luego a todo el territorio nacional.

De acuerdo con CONEVAL, en 2012 el porcentaje de población en situación de pobreza en el Estado de Nuevo León, fue de 23.2 por ciento, que equivale a 1 millón 132 mil 900 personas en esta condición. Esto representa un aumento en términos porcentuales con respecto a 2010 de 21.0 por ciento.

Además, en 2012 aumentó la población en pobreza extrema, la cual pasó de 1.8 por ciento (86,400 personas) en 2010 a 2.4 por ciento (117,500 personas) en 2012, es decir, hubo un aumento de 31,100 personas en esta condición.

Así mismo, en el Informe denominado “Estadísticas de Pobreza en Nuevo León” de 2010 a 2012 se presentó una reducción tanto en el número de personas como en el porcentaje de población con las carencias sociales de rezago educativo y acceso a los servicios de salud. Cabe destacar el avance en la disminución de la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó de 18.6% (880,300 personas) en 2010 a 15.5% (755,200 personas) en 2012, es decir, hubo una disminución de 125,100 personas en esta condición. Se registró un aumento tanto en el número de personas, como en el porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios en la vivienda, carencia por acceso a la alimentación, y carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

A pesar de que Nuevo León se caracteriza por su competitividad y dinamismo económico, y se han logrado importantes avances en  materia de desarrollo social, sigue siendo una prioridad para los 3 niveles de Gobierno establecer una eficaz  política social, con el objetivo de que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar.

De esta forma, es necesario asumir un enfoque integral que conjunte los esfuerzos que en materia de desarrollo social llevan a cabo, a fin de salvaguardar el derecho constitucional en materia alimentaria y en general de todos los derechos sociales.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre, coadyuva sin duda en el abatimiento de la pobreza, y representa uno de los esfuerzos más importantes en materia de política social al considerar diversas acciones transversales, concretas y coordinadas.

En 2014, la Cruzada Contra el Hambre integró a los municipios de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe y Anahuac, sumando un total de 6 municipios junto con Monterrey que fue el primer municipio del Estado en formar parte de esta. En este año, la Cruzada ha llegado a un total de 1012 municipios.

De acuerdo con la medición de la pobreza municipal realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en 2010, los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza en contraste con su población total, son: Mier y Noriega (86.6%), Aramberri (69.2%), Dr. Arroyo (68.7%), General Zaragoza (68.4%) y Galeana (61.4%).

Cabe destacar que la misma medición, indica que estos municipios tuvieron el mayor porcentaje de población  tanto en pobreza como en pobreza extrema.

Lo anterior significa que en 2010, había siete municipios de un total de 51 (13.7 por ciento) en donde más de la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza, sin embargo, ninguno de ellos fue incluido en esta importante política social implementada por el Gobierno Federal.

Cabe destacar que de acuerdo con la CONAPO, la zona metropolitana de Monterrey, registraba en 2012  una población 1 de 4 millones 106 mil 054 personas, en los municipios de Apodaca (283,497), Cadereyta Jiménez (75,059), Carmen (6,644), García (28,974), San Pedro Garza García (125,978), General Escobedo (233,457), Guadalupe (670,162), Juárez (66,497), Monterrey (1,110,977), Salinas Victoria (19,024), San Nicolás de los Garza (496,878), Santa Catarina (227,026), Santiago (36,812).

De esta forma, los municipios que concentraron mayor número de personas en pobreza son:

1. Monterrey, 244,764 personas (21.0 por ciento)

2. Guadalupe, 109,278 personas (13.2 por ciento)

3. Apodaca, 98,941 personas (18.0 por ciento)

4. Gral. Escobedo, 85,406 personas (24.2 por ciento)

5. Santa Catarina, 66,323 personas (25.4 por ciento)

Es decir que en estos municipios se concentró 61.3 por ciento del total de la población en pobreza en el estado.

De acuerdo con la siguiente tabla, puede observarse que algunos municipios presentan una marcada necesidad de atender y contener las condiciones de vulnerabilidad:

CLAVE

MUNICIPIO

CNCH

POBLACION TOTAL

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA

NUMERO DE PERSONAS

%

NUMERO DE PERSONAS

%

039

MONTERREY

  •  

1.135.550

244767

21

20804

1,8

021

GRAL. ESCOBEDO

  •  

357.937

85406

24,2

7811

2,2

026

GUADALUPE

  •  

678.006

109278

13,2

7091

0,9

018

GARCIA

  •  

143.668

43378

35,4

6591

5,4

006

APODACA

  •  

523.370

98941

18

6201

1,1

048

SANTA CATARINA

  •  

268.955

66323

25,4

5492

2,1

031

JUAREZ

  •  

256.970

61255

25,9

4610

2

014

DR. ARROYO

  •  

35.445

12851

68,7

4215

22,5

017

GALEANA

  •  

39.991

19052

61

3603

11,6

046

SAN NICOLAS

  •  

443.273

56943

12,8

2058

0,5

009

CADEREYTA

  •  

86.445

21316

28

1885

2,5

007

ARAMBERRI

  •  

15.470

6038

69,2

1800

20,6

025

GRAL. ZUAZUA

  •  

55.213

13571

24,4

1194

2,1

005

ANAHUAC

  •  

18.480

7672

45,3

1155

6,8

036

MIER Y NORIEGA

  •  

7.095

3843

86,6

906

20,4

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 31 de enero de 2014.

A partir de los datos referidos, se puede observar que si bien  este año se integró a la Cruzada Nacional Contra el Hambre a los municipios de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe y Anáhuac, existen más municipios en el Estado de Nuevo León que cuentan con elevados índices de pobreza y de pobreza extrema.

Es por ello, que el presente punto de acuerdo propone exhortar respetuosamente  tanto a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a fin de que considerenla incorporación de los municipios de Santa Catarina, Juárez, Doctor Arroyo, Galeana, San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez, Aramberri, General Zuazua y Mier y Noriega, ya que dichos municipios cuentan con un elevado número de personas en situación de pobreza extrema.

Por lo anteriormente  expuesto  fundado y motivado, someto  a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre para que evalué y en su caso, considera la inclusión de los municipios de Santa Catarina, Juárez, Doctor Arroyo, Galeana, San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez, Aramberri, General Zuazua, y Mier y Noriega, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2014

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

1 “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México”, disponible en: http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010




 

De los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, INSTRUYA A LA COMISION NACIONAL FORESTAL A REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y PARA DECLARAR COMO PRIORITARIA A LA CUENCA DE SAN JUAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, Y LA INCLUYA ASI EN EL PROGRAMA DE RESTAURACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS.

Los que suscribimos, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y MANUEL CAVAZOS LERMA, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de  urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declare como prioritaria la Cuenca de San Juan.

ANTECEDENTES

El 23 de Abril de 2013, presenté ante esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se declare como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León, mismo que fue aprobado por este Senado de la República el 18 de septiembre de 2013.

Sin embargo, a más de un año de la aprobación, no se ha recibido respuesta. Ante esta situación y dada la relevancia de la Cuenca de San Juan para el noreste del país someto a su consideración lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuevo León y el noreste del país han tenido problemas de sequía en los últimos 5 años derivado de la disminución en la precipitación pluvial en un 57 %. Es importante señalar que a pesar de las intensas lluvias atípicas recientes, prevalecen los efectos negativos de las sequías en diversos estados de la República.

Por ello, y dado que según los especialistas la situación no mejorara en el corto plazo, son esenciales las medidas de prevención; en especial la conservación de la cuenca, necesaria para que las sequías en la región no generen las graves consecuencias que se presentaron en años anteriores, y se minimicen los impactos que estas tienen tanto para el consumo como para las actividades productivas que desempeñan las familias de esta zona del país, evitando el abuso de la extracción de agua del subsuelo y de los escurrimientos superficiales.

Es necesario que se tomen las acciones precisas para asegurar la correcta captación y abastecimiento de agua en todas las zonas del país. En este contexto, la Cuenca de San Juan no sólo es de la mayor importancia para el Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), sino para el desarrollo de los estados de Coahuila y Tamaulipas.

Al respecto el Río San Juan, es el segundo afluente de mayor importancia dentro de la Cuenca del Río Bravo. Está ubicado estratégicamente entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra del Cerro de la Silla. Da cobertura directa a millones de habitantes de Monterrey, 35 municipios de Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas.

Es abastecedora de agua de una de las zonas con mayor crecimiento demográfico del país, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), al alimentar algunas de las presas más importantes del estado de Nuevo León, como lo son: La Boca, El Cuchillo-Solidaridad y Rompepicos.

Además de representar una forma de mejorar la calidad de los recursos hídricos de la ZMM, la Cuenca es una herramienta que permite disminuir los desastres generados por fenómenos naturales derivados del cambio climático. Por ejemplo, sirvió de amortiguador durante el Huracán Alex de 2010, evitando aún mayores daños tanto en infraestructura como a la población.

Es por su importancia, no sólo como fuente de agua para consumo humano y para actividades agrícolas y pesqueras sino como instrumento natural para evitar daños por desastres naturales, que resulta indispensable que la Cuenca de San Juan cuente con los recursos necesarios para su correcta conservación, restauración y protección, así como para potenciar su desarrollo.

Un ejemplo de deterioro de la Cuenca es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), que es una fuente natural de agua. En el PNCM, más de 900 mil hectáreas sufren de algún tipo de erosión, ya sea eólica o hídrica. Se estima que para recuperar una hectárea de terreno con erosión se requiere invertir 30 mil pesos; mientras que para prevenir la erosión, sólo se requiere de una inversión de 15 mil pesos por hectárea. Por lo que resulta mucho más benéfico en costos invertir en la prevención de daños en la Cuenca. Para lograr los recursos necesarios, es crucial que la Cuenca quede reconocida como prioritaria y sea incluida en el Programa de Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias.

Desde su creación en 2009 a la fecha, este Programa incluye a 15 cuencas del país, donde se han restaurado más de 800 mil hectáreas. Los recursos del programa se han destinado a mejorar y conservar áreas degradadas de alto impacto para la población, mejorar la sobrevivencia de la reforestación, contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, atendiendo de manera focalizada la restauración y conservación de áreas forestales de especial importancia.

Por lo anteriormente expuesto, y dada la creciente demanda de agua en los estados del noreste derivados de las constantes sequías en el país, es crucial que se reconozca como prioritaria la Cuenca de San Juan para que se puedan destinar los recursos necesarios a su restauración y conservación.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se instruya a la Comisión Nacional Forestal para a realizar las acciones pertinentes y declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan así como de su inclusión en el Programa de Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 6 de Noviembre de 2014

Sen. MaríaCristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.-
Sen. Manuel Cavazos Lerma”.





 

Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, en el apartado de servicios de salud, recursos financieros para la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la categoría de "segundo nivel" en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integran al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del “Día del Ferrocarrilero”.

“EFEMERIDES

PALABRAS DEL SENADOR JESUS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION EN MEXICO DEL “DIA DEL FERROCARRILERO”, EL 7 DE NOVIEMBRE.

H. ASAMBLEA:

Sin duda, el Ferrocarril en México constituye un ícono emblemático no sólo como medio de transporte, considerando que fue el medio más usado durante el Siglo XIX. Además, existen casos históricos, de heroísmo, leyendas, aventuras y literatura escrita, gráfica y fílmica en relación con los trenes.

Por ejemplo, las historias de la Revolución Mexicana tienen como marco las vías ferroviarias que trasladaban a las personas que andaban en la lucha armada.

Pero, además de la relevancia histórica, social, de movilidad y de desarrollo del país, existe en un suceso que se marcó en la memoria de los trabajadores del ramo y en la historia de México.

El martes 7 de noviembre de 1907 un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari.

El tren llevaba ese día dinamita para la mina de Pilares, a sólo cuatro kilómetros de Nacozari en Sonora. La explosión se escuchó a casi veinte kilómetros de distancia y el cuerpo de Jesús García, lanzado por el frente de la máquina, fue identificado sólo por sus botas. Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García.

Esta hazaña heroica es narrada por el famoso corrido “Máquina 501”.

A partir de 1944 por decreto presidencial, ese día se conmemora en México el Día del ferrocarrilero.

En esta fecha, 7 de noviembre, se busca reconocer, además de la ofrenda de la propia vida del Héroe de Nacozari para salvar a su pueblo, a todos aquellos que entregan su valioso tiempo, esfuerzo, dedicación y sacrificio en trabajar en las potentes moles de acero y recorrer miles de kilómetros de vía, también llamadas por los propios del gremio, las paralelas de acero; ya sea guiando un tren o bien dando el mantenimiento a esa importante vía de comunicación que ha servido al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país.

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 7 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que sirvieron y sirven a su pueblo a través del Sistema Ferroviario del País, así mismo un homenaje a la memoria del Héroe de Nacozari: Jesús García.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los ferrocarrileros de México, el 7 de noviembre en su día.

Dado en la Ciudad de México, D.F., a 6 de noviembre de 2014

¡Muchas felicidades!

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero

Presidente de la Comisión Especial de Movilidad”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del 103 aniversario del inicio del gobierno del Presidente Francisco I. Madero.

“103 Aniversario del inicio del Gobierno del Presidente Francisco I. Madero.
06 de Noviembre

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA 

(Francisco Ignacio Madero, llamado erróneamente Francisco Indalecio Madero; nació en Parras, Coahuila, 1873 – México, 1913) Político de la revolución mexicana. Hijo de un terrateniente, Francisco Madero estudió en Francia y en Estados Unidos. Su preocupación por las condiciones de vida de las masas le hizo entrar en política, defendiendo ideas democráticas y de reforma social.

En 1908, Madero publicó el libro La Sucesión Presidencial en 1910, donde defendió la libertad política, así como la necesidad de formar un partido político que participara en las elecciones para presidente de la república en 1910. 

En base en su libro, creó en 1909 el Partido Nacional Antireeleccionista, y lo nombraron candidato para la presidencia, e inició una gran campaña electoral a fin de evitar la reelección de Díaz. Pero el 6 de junio lo acusaron de “tratar de organizar una rebelión y de ultraje a las autoridades”, por lo que fue encarcelado y trasladado a San Luis Potosí. Luego después de las elecciones se dio cuenta que los resultados le favorecían, pero Díaz cometió fraude y se declaró su reelección. 

Madero logra escapar y huye hacia San Antonio, Texas, donde más tarde lanza su Plan de San Luis para declarar nulas las elecciones, y hace un llamado a toda la población para que se sublevara el 20 de noviembre de 1910. 

El Partido Constitucional Progresista postuló a Madero como candidato para la presidencia y a José María Pino Suárez para las elecciones, y fueron ellos quienes resultaron ganadores. 

Así el 6 de noviembre de 1911 Madero toma la presidencia, durante su gobierno nunca pudo contar con el apoyo de la prensa, y también por los constantes ataques de los porfiristas que todavía tenían puestos en el gobierno. 

En sus quince meses de gobierno, Francisco Madero quiso reconciliar a la Revolución con los restos del antiguo régimen; pero la división del movimiento revolucionario puso fin a sus planes.

Madero había establecido un régimen de libertades y de democracia parlamentaria; pero no había satisfecho las aspiraciones de cambio social que latían en las masas revolucionarias.

En febrero de 1913 fue víctima de un golpe de estado encabezado por Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Félix Díaz y Victoriano Huerta, quienes lo apresaron junto con Pino Suárez y lo obligaron a renunciar el 19 de febrero. El 22 de febrero, cuando los trasladaban a la penitenciaría de Lecumberri por órdenes de Huerta fueron asesinados.  Quien no había conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios, se convirtió tras su muerte en un símbolo eficaz de la unidad de la Revolución contra el usurpador Huerta.

Atentamente,

Jueves 6 de noviembre de 2014

H. Cámara de Senadores
Sen. Francisco Salvador López Brito





 

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, en conmemoración del “Día Mundial del Urbanismo”.

“H. ASAMBLEA:

El urbanismo ha adquirido una importancia sin precedentes, ante dos propósitos imprescindibles: Reorganizar las viejas ciudades y la fundación de las nuevas de acuerdo con criterios más racionales y sustentables.

Los urbanistas se proponen mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las metrópolis, con la creación espacios verdes que sirvieran de pulmones a las ciudades, diseñando sistemas de eliminación de los residuos, reduciendo el tiempo de traslado desde las áreas residenciales a las de trabajo, racionalizando las rutas de circulación del tránsito y combatiendo el hacimiento, entre otros avances; atendiendo a la funcionalidad y dinamismo de los centros de población.

Breve síntesis que nos deja ver a grandes rasgos la trascendencia de las actividades de nuestros amigos, que tienen como tarea diaria, el objetivo de lograr las mejores formas de hacer ciudades.

Por ello, bien merecido tienen que el mismo día que se celebra el “Día Mundial del Urbanismo”, también sea “Día Mundial del Urbanista”: El día 8 de noviembre.

La organización internacional que dio origen a la celebración del Día Mundial del Urbanismo fue fundada en 1949 por el fenecido profesor Ing. Carlos Maria della Paolera, primer catedrático de urbanismo en la Argentina, ex director del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Surgió de su propuesta para convocar al mundo a un día para la discusión del Urbanismo. Desde entonces se celebra en innumerables países que se hicieron eco de la invitación, y la mantienen desde hace más de sesenta años.

De la importancia de los profesionales del urbanismo estamos consientes en esta honorable Cámara de Senadores, de ahí que el pasado 13 de diciembre, a propuesta de la senadora Angélica Araujo Lara, se aprobó declarar el 8 de noviembre como “Día del urbanista mexicano”. Aprobación que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, bajo atinados razonamientos como el siguiente:

“Un pueblo que privilegia el orden, la comunicación, la conectividad y la seguridad, necesariamente proveerá una mayor calidad de vida y salud social. Estos pueblos no son producto de la casualidad, sino de una planificación adecuada llevada a cabo por profesionales del urbanismo, con un profundo y claro compromiso social y con el medio ambiente”.

Se trata de un día apto para reconocer y reflexionar sobre la necesidad de la planificación para la creación de comunidades sustentables, atendiendo sus implicaciones desde una perspectiva nacional y global.

Por ello, compañeros legisladores, proponemos hacer este 8 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que se ocupan y preocupan por conseguir espacios urbanos más humanos, cómodos, accesibles, incluyentes, saludables, habitables, respetuosos con el medio ambiente y por ende, de una mejor calidad de vida para sus pobladores.

Nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los urbanistas mexicanos, el 8 de noviembre en su día.

Dado en la Ciudad de México, D.F., a 6 de noviembre de 2014

¡Muchas felicidades!

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Angélica Del Rosario Araujo Lara”.





 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del "Día del Urbanista".







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 11 de noviembre a las 11:00 horas.

Y aplausos, por favor, en nombre de esta ley.

(Se levantó la sesión a las 17:35 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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