Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 19 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 26



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Noviembre de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: (12:15 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 105 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Se abre la sesión del jueves 13 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Desde mi escaño hago uso de la palabra, conforme al artículo 76, numeral 2, fracción I, del Reglamento de sesiones del Senado de la República, por el que se me permite hacer observaciones al Orden del Día.

Como usted bien lo sabe, un grupo de Senadores del PAN, del PRD y del PT, hemos formulado una propuesta con punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, a realizar las investigaciones pertinentes e iniciar las indagatorias que conforme a la ley se susciten, derivada de la participación del gobernador del estado de Chihuahua César Duarte Jáquez, en la conformación de un nuevo banco, el Banco Unión Progreso.

Es un punto de Acuerdo formulado en tiempo y forma, con los documentos y elementos probatorios que se requiere en la formulación de propuestas de este calado que señalan acusaciones delicadas de peculado, de enriquecimiento ilícito, de uso abusivo de funciones y atribuciones.

Desconocemos el motivo por el que este punto de Acuerdo se ha eliminado del Orden del Día.

He comentado a los compañeros promoventes, entre ellos el Senador Alejandro Encinas, y ninguno de nosotros dio su consentimiento para el retiro de este punto de Acuerdo.

No queremos que pase, porque sabemos que no está en su ánimo lo que nos pasó con el tren México-Querétaro, que pudimos haber adelantado, no solo la comparecencia, sino el exhorto para que se corrigiera en tiempo, como finalmente se corrigió, pero a destiempo; y que sigan pasando los asuntos.

El país no solo está sacudido, señor Presidente, por el caso de Iguala, por esta tragedia, este horror de Ayotzinapa; también está escandalizado con los casos de corrupción que se están ventilando en los últimos días, particularmente el caso del Presidente de la República y su esposa, con el tema de la casa blanca.

Estos temas no pueden seguirse posponiendo, hay que afrontarlos con toda claridad. El Senado debe discutir estos asuntos.

Por lo tanto, yo solicito que sea inscrito en el Orden del Día de esta sesión y se le destine el tiempo debido a la discusión de este tema.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral Jurado.

En atención a su solicitud, el punto de Acuerdo de su interés ya está inscrito en el Orden del Día de hoy; y será determinación de su grupo parlamentario, que sé que así ya lo hizo, asignarle la prioridad para su presentación a tribuna.

Y hago la referencia, de que esta Presidencia no será ningún obstáculo para que se trate en el Pleno ningún asunto del interés de alguna Senadora o Senador.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Informo a usted y a los miembros de la Mesa Directiva, que es decisión unánime del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, darle prioridad, al tratamiento de la propuesta que hemos presentado un grupo plural de Senadores, con motivo de la acusación de enriquecimiento inexplicable del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Así ya está informada la Mesa Directiva y así será, Senador Corral Jurado.






“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del martes once de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, oficio con el que remite, a nombre propio y de diversos Senadores, el Informe de su participación en la Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada en París, Francia, el 2 de octubre de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Seguridad Social, su Segundo Informe de Actividades correspondiente al período de octubre 2013 a septiembre 2014.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se recibió de la Mesa Directiva un Acuerdo para la programación de las reuniones de comisiones.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficio por el que notifica la resolución sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular promovida por el ciudadano Martí Batres Guadarrama y otros.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la notificación está publicada en la Gaceta del Senado desde el viernes 7 de noviembre. El asunto quedó de enterado y se ordenó archivarlo como totalmente concluido.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante el año 2013 y lo que ha transcurrido del año 2014.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del estado de Guerrero, oficio suscrito por la Magistrada Presidente Hilda Rosa Delgado Brito, por el que informa que el 7 de octubre de 2014 quedó instalado dicho tribunal y ella fue electa presidente.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del InstitutoNacional Electoral.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado electoral del estado de Campeche, cuya vacante se genera con la renuncia de la ciudadana Gloria Vilmary Pérez Escobar.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Claudia Artemiza Plavlovich Arellano, Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis, e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar exenciones en materia de impuesto predial.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó inciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 10, 25 y 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el estado de Guerrero.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en contra del Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos y por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización y combate a la corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.- Intervinieron los Senadores: María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Adolfo Romero Lainas del PRD, a favor; y Angélica Araujo Lara del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 97 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.- Intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen; Mónica Arriola Gordillo, a favor; e Isaías González Cuevas del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 100 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

El Presidente dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política sobre la agresión al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en Jalapa, Veracruz.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Javier Corral Jurado del PAN; Fernando Yunes Márquez del PAN; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Francisco Yunes Zorrilla del PRI; Layda Sansores San Román del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Blanca Alcalá Ruíz del PRI; y Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva emitió un exhorto a las autoridades federales, del Distrito Federal y de los estados de la república, a ejecutar los mecanismos que garanticen la seguridad para los senadores.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana Lilia Herrera Anzaldo; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el primer párrafo del artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer campañas de control de calidad en productos y servicios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a remitir un informe detallado sobre las causas por las cuales se otorgó a la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, un contrato de arrendamiento y mantenimiento para los trenes de la Línea 12 del metro, con un tipo de cambio fijado en 16.75 pesos por dólar.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una norma oficial mexicana.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones que corresponda a fin de cuidar la imagen de México y de la Ciudad de México en el orden internacional y ante la visita de representantes de otros estados.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación realizar y remitir un informe integral que señale las irregularidades, afectaciones al erario, los procesos que han llevado a cabo en contra de servidores públicos y particulares por acciones y omisiones relacionadas con la construcción del monumento Estela de Luz, así como los gastos efectuados con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Layda Sansores San Román,  Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a realizar las investigaciones y fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, derivado de la participación del gobernador del estado de Chihuahua en supuestos delitos de enriquecimiento ilícito.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una campaña masiva, permanente y gratuita de esterilización de perros callejeros, a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar las medidas, campañas y las acciones conducentes para preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable para proveedores y consumidores, salvaguardando los derechos de estos últimos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los mecanismos de vigilancia en los planteles de educación básica para el cumplimiento de los “Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita que la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dé cuenta al Pleno sobre la facultad exclusiva del Senado de la República para nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones correspondientes para proteger la tenencia y la propiedad de la tierra dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul en el estado de Campeche, y garantizar la protección de su riqueza natural y cultural.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sonora a solicitar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado realizar las investigaciones correspondientes en relación al probable cobro de dádivas por parte del gobierno del estado de Sonora entre 2009 y 2011 para favorecer a la empresa Bizjet International Sales and Support en la asignación de contratos para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de flota aérea, y en su caso se sancione a los responsables.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar la asignación de 650 plazas laborales operativas de base definitiva a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 180 al Instituto Nacional de Pesca; y exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se otorgue un mayor presupuesto a dichas dependencias que les permitan cumplir con las atribuciones que la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables les confieren.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado los dos primeros resolutivos y a la Cámara de Diputados el último.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a iniciar una investigación en contra del ex gobernador de ese estado por su probable responsabilidad, por acción u omisión, en diversas irregularidades ocurridas en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, durante 2011.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Excitativa)

El Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, recibido el 26 de septiembre de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del "Día del Cartero".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del "Día del Cartero".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Nacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, ocurrido el 12 de noviembre de 1651.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos y citó a la siguiente el próximo jueves trece de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron las comunicaciones de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte con la que remite su informe de actividades, correspondientes al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Y de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite su informe de actividades, correspondientes al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que notifica la resolución sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular, promovida por el ciudadano César Octavio Camacho Quiroz y otros.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada. Se instruye a la Secretaría dar por totalmente concluido el asunto y archivarlo.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la SEDENA, con el que anuncia que se suspende el intercambio de adiestramiento de operaciones en selva entre elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano e integrantes de la Legión Extranjera Francesa, que se llevaría a cabo del 14 al 30 de noviembre de 2014.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, para que en comisiones unidas determinen el destino de este asunto.

Pasamos al siguiente tema.






- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Colegisladora se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.






MESA DIRECTIVA

Compañeras Senadoras y Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió los siguientes Acuerdos:

Uno por el que se establecen reglas para el acceso y permanencia de personas distintas a los Senadores en el Pleno.

Uno para la constitución de un fideicomiso que promueva la obra artística y pictórica en la estructura arquitectónica de la nueva sede del Senado de la República.

Y uno para abatir el rezago legislativo de la Cámara de Senadores.

Todos están a su disposición en el monitor de sus escaños y en la Gaceta Parlamentaria, para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo por el que se establecen reglas para el acceso y permanencia de personas distintas a los Senadores en el Pleno.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Se instruye a las Secretarías Generales de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios a realizar las acciones descritas en el Acuerdo para su cumplimiento a partir de esta sesión.

Continuamos con el siguiente asunto.






- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo para la constitución de un fideicomiso que promueva la obra artística y pictórica de la estructura arquitectónica de la nueva sede del Senado de la República.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Háganse las notificaciones correspondientes a los grupos parlamentarios para que designen a su respectivo representante en el comité técnico que se crea con este Acuerdo.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al siguiente Acuerdo relativo a abatir el rezago legislativo de la Cámara de Senadores.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Comuníquese el contenido del Acuerdo.






Compañeros Senadores, como es de su conocimiento, el artículo 219 del Reglamento del Senado establece el procedimiento para que la Cámara pueda asignar un trámite de conclusión exclusivamente a las iniciativas de Senadores que están pendiente de dictamen desde el año anterior.

En consecuencia, para formalizar la aplicación de este procedimiento, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con la conclusión de asuntos que no han recibido dictamen. Al igual que los anteriores, está este Acuerdo disponible en el monitor de sus escaños y en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



 

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) En función de este Acuerdo, ¿no está a discusión? ¿Este ya se va a implementar?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El procedimiento que se siguió es, correr traslado a los grupos parlamentarios, allá en las comisiones, para que opinaran de los asuntos que podrían ser tener este procedimiento de cancelación.

Si usted tiene interés en que alguna iniciativa o algún asunto sean rescatados, con mucho gusto lo ajustamos, una vez que usted nos diga a cuáles se pudiera referir.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza Chávez.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Sí, la pregunta viene porque en comisiones hemos ya dictaminado varias iniciativas, varios proyectos; y las otras comisiones con las que tenemos que trabajar no se han ejecutado este tipo de reuniones y eso representa un rezago. Qué bueno que se empiece por llamar la atención a los grupos parlamentarios, para que de ahí podamos darle seguimiento a varias desde la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y otras que están en las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria; de Agricultura; y de Desarrollo Rural, que han tenido dificultades para sacar algunos temas.

Gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sí, estamos también dando a conocer un Acuerdo de la Mesa Directiva que tiene que ver con la productividad del Senado. La Mesa Directiva junto con las mesas directivas de las comisiones vamos a tener reuniones para hacer una calendarización de todos los dictámenes de los asuntos que ustedes deseen.

Así es que, si usted tiene interés en que sean rescatadas iniciativas o asuntos, que lo entendemos perfectamente y ya me lo había usted expresado, de que falta la correspondiente comisión para que incluya el trámite, por favor le pediría que nos lo hiciera saber por escrito.

Está a discusión el Acuerdo. No habiendo ninguna Senadora o Senador inscrito para su discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen. Comuníquese. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria los contenidos de los anexos a que se refiere el presente Acuerdo para que conozcan las iniciativas que se mantendrán en comisiones y las que se declaran concluidas en su trámite.

Esta Presidencia saluda a un grupo de alumnos destacados de bachillerato internacional del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Catarina y Eugenio Garza Laguera, invitados por las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Marcela Guerra Castillo y María Cristina Díaz Salazar.

¡Bienvenidos, jóvenes estudiantes!

También saludamos la visita de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, invitados a esta sesión por el Senador Carlos Mendoza Davis, quienes acuden a este órgano legislativo para conocer el trabajo mismo.

¡Bienvenidos, señores estudiantes!






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA FRACCION III DEL ARTICULO 1o. DE LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Muy buenos días compañeras y compañeros de partido y de Cámara.

Hoy presento una iniciativa con proyecto de Decreto cuya pretensión es reforman la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El tema de la discriminación está en todos los ámbitos; pero uno de los aspectos más recurrentes tiene que ver, y en los datos que presenta esta iniciativa, que anticipadamente pido sea considerada en todos sus términos como fue presentada, hay un porcentaje muy interesante, entre un 36 por ciento de personas que por tener algún tatuaje, alguna perforación o haber sido sentenciado, no se les ha ni seleccionado, ni contratado para el trabajo.

Los datos son muy aleccionadores; y la pregunta debiera de ser: ¿Para qué se pide, por ejemplo, la carta de antecedentes no penales a una persona?

Sería muy interesante saber el alcance que esto tiene; pero regularmente la carta de antecedentes penales para lo único que sirve, es simplemente para no contratar a un hombre o una mujer.

Aquí el dato también tiene que ver con las personas que tienen algún tatuaje, y yo debo de decirles que al revisar lo que la gente, porque uno es puente de la gente, vinieron a buscarnos, estuvimos revisando, y el tema de los tatuajes o de las perforaciones no tiene que ver con clases social o con un aspecto solamente que tuviera que ver con algún tema de vandalismo; además el tatuaje y la perforación no tiene esa connotación; además sería discriminatorio si así se tratara.

Por eso nosotros estamos pidiendo que, siendo afines al Plan Nacional de Desarrollo, en uno de sus ejes, que es que México este en paz; pero en un México en paz lo que se necesita es la no discriminación por cualquier motivo. Se han registrado algunos motivos por género, por religión, por raza, por color, pero creemos que es interesante poder traer a esta Cámara lo referente también a tatuajes, perforaciones, pero también a la gente que no puede ser contratada por motivo de tener un antecedente penal.

Por eso estamos pidiendo la reforma al artículo 1o. de la Ley Federal del Trabajo y al artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Creo que tenemos que ser muy responsables y poco a poco. Exactamente hoy que se votará el tema de quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; uno de los aspectos más importantes para atender es el que tiene que ver con la no discriminación; y no discriminar es también que todas y todos tengan acceso al trabajo, a ser seleccionados y contratados para trabajar.

Tener un tatuaje en este momento, una perforación, tener un antecedente penal en automático no se puede seleccionar ni contratar. Es selectivo y nosotros creemos que tenemos que ser congruentes con lo que defendemos, que es la no discriminación por ningún motivo.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2° DE LALEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA FRACCION III DEL ARTICULO 1° DE LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El fenómeno de la discriminación es una práctica presente a través de la historia de la humanidad. En nuestro país, la discriminación es una realidad que nos aqueja día a día y que se ha buscado combatir de diversas maneras, aplicando políticas públicas, promulgando leyes, etc. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la discriminación es:

“Una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”.1

El CONAPRED establece que debe de quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Menciona que los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. El CONAPRED presenta algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias destacando el prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo.2

En este contexto, si hacemos una revisión de los grandes problemas socioculturales de nuestro país concluiremos que muchas de las personas que pertenecen a un colectivo son víctimas de discriminación. Un elemento fundamental para evitar la discriminación es que los diferentes grupos sociales y culturas urbanas sean tolerados y procurados por la sociedad y el Estado; ya que la dignidad humana no debe ser cuestionable y mucho menos menoscabada en sus derechos fundamentales.3

Los gobernantes y los gobernados tienen que garantizar los derechos fundamentales para satisfacer las necesidades de todas y todos los ciudadanos. En nuestro país, la igualdad del hombre y la mujer fue reconocida constitucionalmente apenas en 1974, los derechos a favor de los pueblos indígenas en 1992 y 2001, los derechos en favor de los menores en 1980 y 2000, e incluso la prohibición expresa de la discriminación, no se incluyó en la Constitución (artículo 1º) sino hasta el año de 2001, publicándose en el año de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.4

Es importante recalcar que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad son personas que pueden realizar cualquier actividad, ya que su apariencia física o estrato social no limita sus capacidades. Sin embargo, las causas de discriminación son diversas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El CONAPRED, a través de su Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, muestra que seis de cada 10 mexicanos consideran que la riqueza es la principal causa de división social. Además, el 40% está convencido de que a la gente se le trata de forma distinta por su color de piel. Así mismo, factores como la apariencia física y preferencias sexuales, son de las principales causa de discriminación en la mayoría de los contextos.

Las estadísticas y cifras son fundamentales para entender esta situación, pero sobre todo, para atender los puntos a trabajar, tanto por parte del gobierno como de la sociedad, para prevenir y erradicar la discriminación. Diversos estudios estiman que el 36% de las personas entre 18 y 29 tienen al menos un tatuaje (se calcula que 1 de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje).5En materia laboral, más de la mitad de los trabajadores mexicanos considera que tener un tatuaje es motivo de discriminación laboral y de menores oportunidades para conseguir un empleo. El portal de búsqueda de empleo en línea OCC Mundial reveló que el 70 por ciento de los consultados opina que tener un tatuaje es causa de discriminación en la sociedad, en tanto que 60 por ciento piensa que también genera segregación en el ámbito laboral.6

La encuesta señala que para el 31% de los entrevistados, los tatuajes y las enfermedades podrían ser la causa de la reducción de oportunidades para conseguir empleo, en tanto que el 18 por ciento piensa que generan segregación. A su vez, la encuesta revela que el 29 por ciento admitió que contrataría a personas con tatuajes en áreas visibles del cuerpo, 36% que ello dependería del tipo de trabajo a desempeñar, mientras que 32 por ciento emplearía a personas con tatuajes no visibles. Entre las causas que manifestaron los encuestados para no contratar personas con tatuajes destacaron: la imagen en un 68 por ciento, la política organizacional con 39 %, la falta de profesionalismo con 31% y la rebeldía con 30 por ciento. OCC explica que en México, ocho de cada 10 profesionistas tienen un tatuaje y 84 por ciento de ellos lo tiene en lugares no visibles.7

Por su parte, una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) a ochocientas personas mayores de edad de todo el país, señala que el 74.2% de las personas tatuadas o con perforaciones piensa que éstos han sido un obstáculo para conseguir trabajo. Este dato contrasta con lo que afirmaron las empresas, pues un 55.3 por ciento afirmó que sí contratarían a alguien con piercing o tatuajes, mientras que el 36.6 por ciento respondió que por ningún motivo. El 50% de los entrevistados reconoció saber que puede ser objeto de discriminación, siendo las principales razones por las que se hicieron algún piercing o perforación: moda (29.3%), rebeldía (23%) y arte (12%); y el 81.1% no se arrepiente de haberse realizado el tatuaje.8

La Lic. Jacqueline L'Hoist Tapia, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), mencionó que según datos de la EDIS-CdMx2013, el 46% de las personas que dijeron haber sido discriminadas no lo denunciaron. El 8% decidió ignorar a quien lo hizo sentirse menos, y el 6% prefirió retirarse del lugar, en tanto que un 3% dijo sentirse muy molesto, pero solamente el 4% presentó una denuncia. En este sentido, puso como ejemplo el caso del parque de diversiones Six Flags, donde a raíz de una denuncia de negación de acceso a las personas tatuadas se logró que la empresa aceptara su error y cambiara su política de ingreso.9

MARCO LEGAL

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

A raíz de la reforma de 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), misma que el pasado 20 de marzo de 2014 se reformó de manera integral para dotar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de mejores y más amplias atribuciones en la materia, y brindar una efectiva protección del derecho a la no discriminación de las personas que viven y transitan por el territorio nacional, con apego a los instrumentos internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano. A través de dicha Ley, el Estado se compromete a proteger a todas y todos los mexicanos de cualquier acto de discriminación. En la legislación mexicana se tienen avances sobre esta problemática, y desde la creación de la LFPED a la fecha, 27 entidades federativas han creado paulatinamente leyes locales contra la discriminación.10

Por su parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal menciona en su artículo 5: “Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas”.11Esta Ley establece que queda prohibida cualquier forma de discriminación, incluyendo y haciendo referencia a esta por la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción a las personas que tengan tatuajes o perforaciones corporales.

Así mismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, presentó varias novedades en materia de derechos humanos en México. En el párrafo tercero del artículo primero, se expresa la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

INICIATIVAS EN MEXICO

En esta temática, se han presentado algunas iniciativas que abordan el tema de la discriminación por apariencia física, entre las que destacan:

● La iniciativa presentada el 26 de abril de 2011 por la Diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Diana Patricia González Soto, en la que se reforman los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo en la cual se plasma que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de preferencias o apariencia física.12

● Así mismo, el 23 de septiembre de 2014 el Diputado Local del Grupo Parlamentario del PRI, Fernando Mercado Guaida, que presentó Iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa que reforma al artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal a fin de establecer que ninguna persona sufra discriminación por motivo de modificaciones corporales. Tal concepto se refiere a tatuajes, perforaciones, branding, escarificaciones, implantes, entre otras.13

QUE DICE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 AL RESPECTO:

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Eje I. México en Paz, estrategia1.5.4., se especifica el establecimiento de una política de igualdad y no discriminación. Dentro de las principales líneas de acción de esta estrategia son: promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación; promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación de personas o grupos; fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación; y promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.14

En el Eje II. México incluyente, se enfoca la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. El Eje presenta el Plan de acción denominado: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Este Plan tiene como prioridad el integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Un México Incluyente busca consolidar plataformas de movilidad social que contribuyan a cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país. En este sentido, se plantea guiar la acción del gobierno alrededor de varios objetivos, destacando el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

El Eje habla de que México debe poner en el centro de todos los esfuerzos el objetivo de lograr una sociedad más igualitaria, no sólo por motivos éticos y de congruencia con su proyecto nacional, sino también por la necesidad de contar con mejores condiciones para una convivencia pacífica y civilizada que funjan como bases sólidas para un crecimiento económico sostenido y dinámico, así como para consolidar un liderazgo internacional y una inserción más competitiva en el mercado global.15En el apartado desigualdad y discriminación, se menciona que la discriminación, intolerancia y exclusión social de la población mexicana constituyen uno de los mayores desafíos para la presente Administración. De ahí el imperativo de generar políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades.16

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
(2014-2018)

Dentro del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, se menciona que según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), los principales motivos por los que las personas se han sentido discriminadas son: i) No tener dinero; ii) Su apariencia física; iii) Su edad; iv) Ser hombre/mujer; v) Su religión; vi) Por su educación; vii) Por su forma de vestir; viii) Provenir de otro lugar; ix) El color de su piel; x) Su acento al hablar; xi) Sus costumbres o su cultura. Esta percepción es más alta mientras más bajo es el nivel socioeconómico. Por su parte, el Programa informa que las causas o motivos de los presuntos actos de discriminación con mayor incidencia en 2013 fueron la condición de salud, la discapacidad, la edad, el género, la preferencia u orientación sexual y la apariencia física.17

En el punto 5 del programa denominado: conductas discriminatorias, prejuiciosas y estigmatizantes en la sociedad, se menciona que la discriminación como práctica social tiene fuertes raíces culturalmente enraizadas en nuestra historia y socialmente extendidas y validadas en nuestra sociedad. La discriminación no es privativa de un grupo social sobre otro, sino que tiene repercusiones diversas y casi siempre se expresa de manera múltiple, cuando dos o más características de las personas o grupos sociales, son utilizados para estigmatizar, excluir, limitar, o negar derechos en igualdad de condiciones. El Programa menciona que la prevención y lucha contra la discriminación requieren de un esfuerzo permanente, sistemático y multisectorial para identificar los elementos discriminadores normalizados y transformar la cultura discriminatoria mediante el combate a los prejuicios y estigmas, a fin de modificar no sólo los valores, sino también las prácticas discriminatorias en el terreno de las relaciones interpersonales, comunitarias, sociales e institucionales.18

REGULACION EN OTROS PAISES

En Latinoamérica, existen principalmente leyes que se enfocan en regular las actividades vinculadas con la aplicación de tatuajes, perforaciones, etc. Como ejemplo, Argentina cuenta con la Ley Núm. 1897/05 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires titulada: “Modificaciones Corporales - Regulación de Actividades Vinculadas con la Aplicación de Tatuajes, Perforaciones, Micropigmentación y otras similares”.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS
CON LA DISCRIMINACION

Es de suma importancia mencionar que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado decenas de instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y que son aplicables al derecho a la igualdad y a la no discriminación, entre los que destacan:

● C 100 Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, 1951 (OIT).

● C 111 Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (OIT).

● C 169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (OIT).

● C 182 Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (OIT).

● Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (ONU).

● Convención Americana Sobre Derechos Humanos (OEA).

● Convención de Belém do Pará (OEA).

● Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de 1999 (OEA).

● Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU).

● Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (ONU).

● Convención sobre Asilo Diplomático (OEA).

● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (ONU).

● Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU).

● Convención sobre los Derechos del Niño (ONU).

● Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y Recomendación 201.

● Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU).

● Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU).

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU).

● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).

● Protocolo de San Salvador (OEA).

● Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU). 

● Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU).

● Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía (ONU).

● Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).

● Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU).

● Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).

● Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (ONU).19

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

● Promover el desarrollo de las personas mediante la creación de políticas públicas y la realización de acciones legislativas que contribuyan a lograr un marco normativo que incluya las medidas suficientes de igualdad y tolerancia. El respeto a los derechos humanos es fundamental, por lo que se tiene la necesidad de difundir la no discriminación e impactar de manera positiva y propositiva en la protección de las personas, grupos y poblaciones vulnerables.

● Fortalecer los mecanismos e instrumentos que protegen a las y los mexicanos de la discriminación.

● Reformar el artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de incluir dentro del concepto de trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existiendo discriminación por tener tatuajes o perforaciones corporales.

● Finalmente y en este orden de ideas establecer en la fracción III del Artículo 1° de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se discrimine por tener  tatuajes o perforaciones corporales.

Lo anterior debido a que estas reformas son necesarias para reafirmar el compromiso de nuestro país en evitar y erradicar la discriminación de cualquier forma, haciendo énfasis en la discriminación laboral.

Por lo anteriormente expuesto, sabida de la importancia de evitar la discriminación en nuestro país y con la plena convicción de contribuir a mejorar la legislación mexicana en materia de protección de los derechos humanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: Se reforma el artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 2.-…

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, tatuajes, perforaciones corporales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma la fracción III del Artículo 1° de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 1.-…

I.-II …

  1. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, los tatuajes o perforaciones corporales, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

 

IV.-X …

ARTICULO TRANSITORIO:

UNICO.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2014.

Diva Hadamira Gastélum Bajo
Senadora De La República”.

CUADROS COMPARATIVOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,  condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral.

Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Artículo 2.-…

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, tatuajes, perforaciones corporales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás;

II. Consejo: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;

IV. Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado;

V. Estatuto: El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos;

VII. Ley: La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

VIII. Poderes públicos federales: Las autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos;

IX. Programa: El Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, y

X. Resolución por disposición: Resolución emitida por el Consejo, con carácter vinculante, por medio de la cual se declara que se acreditó una conducta o práctica social discriminatoria, y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas administrativas y de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o prácticas.


Artículo 1.-…

I.-II …

IV. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, los tatuajes o perforaciones corporales, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

 

IV.-X …

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para solicitarle a la promovente me pueda sumar a su iniciativa, toda vez que es un tema de mi interés en particular, por la vinculación de tener los tatuajes con la Mara Salvatrucha, que muchas veces termina en discriminación laboral para muchos chiapanecos y centroamericanos.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Yo creo que se concede la petición, y si no se concede, que se conceda. Solicito a la Secretaría lo registre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),Discriminación e Igualdad, documento en línea, dirección URL: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 [Consultado: 2 de octubre de 2014].

2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),Discriminación e Igualdad, documento en línea, dirección URL: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 [Consultado: 2 de octubre de 2014].

3 Castañeda Martínez, Osvaldo, “Modificaciones Corporales, Reformas para que se adicionen a su letra las modificaciones corporales”, 2014.

4 De Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc Manuel,La Discriminación en México”, Universidad Latina de América, documento en línea, dirección URL: http://www.unla.mx/iusunla31/opinion/LA%20DISCRIMINACION%20EN%20MEXICO.htm  [Consultado: 6 de octubre de 2014].

5 Centrodeartigos.com, Tatuaje, Historia, Tipos de tatuajes, Predominio, Asociaciones, Perspectivas religiosas, Procedimiento, Riesgos para la salud, La eliminación de tatuajes, Tatuajes temporales”, documento en línea, dirección URL: http://centrodeartigo.com/revista-digital-universitaria/contenido-37128.html [Consultado: 2 de octubre de 2014].

6 Crónica, Tatuajes, motivo de discriminación laboral en México: OCC Mundial”, 30-01-2013, documento en línea, dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726773.html [Consultado: 1 de octubre de 2014].

7 Crónica, Tatuajes, motivo de discriminación laboral en México: OCC Mundial”, 30-01-2013, documento en línea, dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726773.html [Consultado: 1 de octubre de 2014].

8 Merca2.0, A 74% de las personas tatuadas o con piercing se les dificulta encontrar empleo”, 28-02-2013, documento en línea, dirección URL: http://www.merca20.com/74-2-de-las-personas-tatuadas-o-con-piercing/ [Consultado: 1 de octubre de 2014].

9 Cárdenas, José, La Discriminación a Personas Tatuadas Violenta Derechos”, documento en línea, dirección URL: http://www.josecardenas.com.mx/contenido.php?apa=12&idart=49 [Consultado: 1 de octubre de 2014].

10 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), “Marco Legal contra la discriminación, documento en línea, dirección URL: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=160&id_opcion=170&op=170 [Consultado: 2 de octubre de 2014].

11 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), “Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal”, documento en línea, dirección URL: http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/ley_para_prevenir_y_eliminar_la_discriminacion_en_ [Consultado: 2 de octubre de 2014].

12 González Soto, Diana Patricia,Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo”, Gaceta Parlamentaria, número 3248-VII, martes 26 de abril de 2011, documento en línea, dirección URL: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/abr/20110426-VII/Iniciativa-3.html [Consultado: 2 de octubre de 2014].

13 Asamblea Legislativa del Distrito Federal,Presentan Reforma contra Discriminación a Personas con Modificaciones Corporales”, 23 de Septiembre de 2014, documento en línea, dirección URL: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-presentan-reforma-contra-discriminacion-personas-con-modificaciones-corporales--19265.html [Consultado: 6 de octubre de 2014].

14 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento en línea, dirección URL: http://pnd.gob.mx/  [Consultado: 2 de octubre de 2014].

15 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento en línea, dirección URL: http://pnd.gob.mx/  [Consultado: 2 de octubre de 2014].

16 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento en línea, dirección URL: http://pnd.gob.mx/  [Consultado: 2 de octubre de 2014].

17 Diario Oficial de la Federación (DOF), Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018”, 30/04/2014, documento en línea, dirección URL: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014 [Consultado: 2 de octubre de 2014].

18 Diario Oficial de la Federación (DOF), Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018”, 30/04/2014, documento en línea, dirección URL: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014 [Consultado: 2 de octubre de 2014].

19 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),Legislación Internacional”, documento en línea, dirección URL: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=listado_leyes&origen=2&id_opcion=173&op=173&pag=1 [Consultado: 2 de octubre de 2014].





Tiene la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 76 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA   EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los CC. Senadores Sonia Mendoza Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Avila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Torres Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Salvador Vega Casillas, Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Gracia Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz Lizama, Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Roberto Gil Zuarth)

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras Senadoras y Senadores:

Vengo el día de hoy ante ustedes a presentar, a nombre de varios Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, dos iniciativas, una constitucional y una legal, que tienen como objeto el debido cumplimiento de los compromisos internacionales que México asume como parte de tratados y convenciones y la rendición de cuentas en esta materia.

El marco legal establece claramente la vinculación y coordinación que debe existir entre el Ejecutivo Federal, como operador de la política exterior, y el Senado, como revisor de la misma; por ello resulta indispensable que para el desarrollo de sus facultades, el Senado cuente con información suficiente sobre la implementación de la política exterior, los procesos de negociación en los que el gobierno participa, las iniciativas que éste promueve y apoya, los resultados que alcanza y las eventuales obligaciones que deberá asumir el Estado mexicano.

Actualmente, el artículo 76 constitucional incluye dentro de las facultades exclusivas del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.

No obstante, los informes anuales que rinda el Ejecutivo Federal y el análisis de la glosa sobre el mismo son insuficientes en el ejercicio de la atribución del análisis de la política exterior que nos corresponde, sobre todo en el aspecto de llevar el seguimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado mexicano ante los organismos internacionales y con otros Estados.

Según la clasificación sugerida por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques de este Senado, los compromisos que se pueden adquirir por el Estado mexicano son aquellos derivados, en primer lugar, de la entrada en vigor de tratados internacionales y convenciones diplomáticas; en segundo lugar, por la violación a una obligación establecida en tratados internacionales y convenciones diplomáticas.

En tercer lugar de la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales y de acuerdos bilaterales, multilaterales o alianzas, asumidos con otros países o ante organismos internacionales.

Adicionalmente, se identifican como de interés público y como información relevante los siguientes: las candidaturas a cargos asumidos en organismos internacionales, los votos emitidos en el seno de organismos y mecanismos multilaterales, el inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, las labores de índole humanitaria en el marco de acciones de cooperación o de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz, las actividades detalladas anuales de las embajadas, consulados generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados y los informes sobre los Acuerdos interinstitucionales que celebren las dependencias y organismos descentralizados de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Esta información es sumamente relevante, por lo cual debe ser conocida de manera periódica y completa por el Senado de la República, para poder desempeñar de manera mejor y más responsable su atribución constitucional de análisis de la política exterior.

Aunado a ello, es también derecho de los ciudadanos conocer las decisiones que toma el Estado mexicano en esta materia.

El Programa Especial de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal 2014-2018, elaborado por las instituciones y organizaciones sociales que conforman la red por la rendición de cuentas, establece con claridad que la sociedad demanda contar con gobiernos capaces de informar, explicar y justificar con claridad, oportunidad y responsabilidad todo lo relacionado con el uso de recursos públicos, pero también las razones que sustentan sus decisiones públicas.

Además, hay que recordar que el artículo 6o. de la Constitución indica que toda la información en posesión de alguna autoridad, de cualquier orden de gobierno, es pública y su reserva es excepcional por razones de interés público y seguridad nacional.

La implementación de la política exterior no tiene por que ser una excepción a esta regla. El mismo artículo señala que los sujetos obligados, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicar a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Con esta iniciativa de reforma constitucional que presentamos, buscamos darle a la sociedad un sistema de rendición de cuentas de la política exterior mucho mejor articulado y al Senado darle mejores herramientas para desempeñar sus funciones.

Por ello proponemos que el Ejecutivo Federal envíe informes periódicos al Senado para el análisis de la política exterior, como se hace en otras materias, como el seguimiento del ejercicio del gasto público.

A la par de la presentación de esta reforma, acompaño otra iniciativa de reformas legales a la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento del Senado de la República, para generar este sistema de rendición de cuentas de la política exterior.

Finalmente, para atender la necesidad de lo que hoy presentamos, permítanme exponerles que en el apartado de análisis del cumplimiento de los indicadores para resultados de la cuenta pública 2013, solamente se evalúan de la Secretaría de Relaciones Exteriores tres indicadores en dos temas.

El primero es el porcentaje de casos de protección consular resueltos y el número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos.

Asimismo, en el anexo sobre el sistema, de nueva cuenta solamente se evalúan actividades de la Secretaría concernientes a los procedimientos consulares, como si la política exterior se constriñera solamente a la expedición de pasaportes.

Por eso es que es tan importante que estas actividades se publiciten de una mucho mejor manera cómo México decide los votos y posicionamientos en los organismos internacionales en temas tan trascendentes como la agenda de paz y seguridad, la agenda de derechos humanos, la agenda de cambio climático, la agenda de desarrollo crimen y drogas, cuáles son las justificaciones para emitir estos votos o cómo se prioriza la relación con un país u otro, cómo se decidió, por ejemplo, que fuera el Reino Unido el primer país con el que México celebrará el año dual en 2015 ó en 2016 con Alemania.

Finalmente, los Senadores que presentamos estas iniciativas estamos convencidos que el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas es el mejor camino para fortalecer y mejorar nuestra política exterior.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

“La senadora LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, así como senadoras y senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INFORMES DEL EJECUTIVO FEDERAL AL CONGRESO DE LA UNION SOBRE POLITICA EXTERIOR.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento del Estado democrático de derecho de nuestro país con base en la transparencia, la rendición de cuentas y la división de poderes, en lo relativo a la conducción y la revisión de la política exterior conferidas a los poderes Ejecutivo y al Senado de la República por los artículos 76 fracción I y 89 fracción X constitucionales, respectivamente.

Actualmente el artículo 76 citado incluye dentro de las facultades exclusivas del Senado “analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso”. No obstante, los informes anuales que rinde el Ejecutivo Federal y el análisis de la glosa sobre el mismo son insuficientes en el ejercicio de la atribución del análisis de la política exterior, sobre todo en el aspecto de llevar el seguimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado mexicano ante los organismos internacionales ni con otros Estados.

La Cancillería es nuestro puente con el mundo, es la ventana por la que conocemos las mejores prácticas y tendencias que nos ayudan a desarrollar mejores políticas públicas para alcanzar mejores condiciones de desarrollo, así mismo, también es el canal por el que México comparte lo mejor de sí con el resto de la comunidad internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores y sus funcionarios han sido convencidos y eficaces promotores de las mejores causas, y de su materialización a través de instrumentos de Derecho Internacional que obligan a la comunidad internacional y a nuestro Estado.

Según la clasificación sugerida por el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del Senado de la República en el documento Mecanismos de  implementación y armonización de compromisos internacionales: análisis y propuestas para el caso mexicano, los compromisos que se pueden adquirir por el Estado mexicano son aquellos derivados:

a) de la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,

b) por la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, de la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado,

c) de la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales, o

d) de acuerdos bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales. 

Adicionalmente, se identifican de interés público y como información relevante:

a) las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales,

b) los votos emitidos en el seno de organismos y mecanismos multilaterales,

c) el inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales,

d) las labores de índole humanitaria en el marco de acciones de cooperación o de la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz,

e) las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados, y

f) los informes sobre los acuerdos interinstitucionales que celebren las dependencias y organismos descentralizados de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

La información anterior, debe ser conocida de manera periódica y completa por el Senado de la República para desempeñar responsablemente el análisis de su atribución constitucional de análisis de la política exterior.

De acuerdo con el Programa Especial de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal 2014-2018 (PERC), elaborado con el diagnóstico compartido por 75 instituciones académicas, instituciones públicas y organizaciones sociales que constituyen la Red por la Rendición de Cuentas, la sociedad demanda “contar con gobiernos capaces de informar, explicar y justificar con claridad, oportunidad y responsabilidad, todo lo relacionado con el uso de recursos públicos”, pero también “las razones que sustentan sus decisiones públicas”.1 Según el PERC, la coordinación, coherencia y articulación de instituciones; el acceso a la información pública y la sistematización de ejercicios de monitoreo y evaluación son elementos de un fluido sistema de rendición de cuentas.

Con esta reforma, buscamos darle a la sociedad un sistema de política exterior de conducción y revisión mejor articulado, un Senado con mejores herramientas para desempeñar sus atribuciones y fomentamos la generación proactiva y actualización de la información de política exterior, que los ciudadanos podrán conocer. Pues, según la Ley Federal de Transparencia vigente y el proyecto de la iniciativa de Ley General de Transparencia, establecen que todos los informes que rinda un sujeto obligado serán de conocimiento de la sociedad y serán públicos.

A la par de la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional, acompaño otra iniciativa de reformas legales, que de manera integral, propician un sistema de rendición de cuentas en la materia de la siguiente manera:

1) se agrega la materia de política exterior a la Ley de Planeación, 2) se establece la entrega de informes periódicos de la Secretaría de Relaciones exteriores al Senado sobre los compromisos adquiridos internacionalmente, 3) se establece la publicación de la información anterior para la población, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia, 4) se elimina la prohibición de los miembros del Servicio Exterior Mexicano de difundir información sobre el desempeño de sus cargos y 5) se establecen requisitos con el fin de mejorar la calidad de los informes de gobierno anuales en materia de política exterior para su análisis por parte del Senado.

Lo anterior, pues comprendemos que el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la misma, que establece que de la propia Constitución emanan todas las atribuciones de los poderes públicos. En ese sentido se busca dejar en claro la estrecha vinculación que debe darse entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República en la conducción y análisis de la política exterior. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la separación de poderes “debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado”.2

En ese sentido, se propone que el Ejecutivo Federal envíe informes periódicos al Senado de la República para el análisis de la política exterior, adicionalmente al informe presidencial que rinda al Congreso de la Unión.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Unico. Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. …

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base, tanto en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso, como en los informes periódicos que presenten ante la Cámara de Senadores.

II.- a XIV.- …

Artículos Transitorios.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

1 Programa Especial de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal (2014-2018), Red por la Rendición de Cuentas, 2014, p. 7.

2 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, División de poderes. El que este principio sea flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna, Tesis: P./J. 78/2009.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE PLANEACION, LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA POLITICA EXTERIOR

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los CC. Senadores Sonia Mendoza Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Avila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Torres Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Salvador Vega Casillas, María Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Gracia Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz Lizama, Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Roberto Gil Zuarth)

“Las senadoras y senadores, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ,SONIA MENDOZA DÍAZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, FERNANDO HERRERA AVILA, JAVIER CORRAL JURADO, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, FERNANDO TORRES GRACIANO, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SALVADOR VEGA CASILLAS, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFOAPPEL, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Y ROBERTO GIL ZUARTH, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA POLITICA EXTERIOR.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Objeto de la iniciativa

El objeto de esta iniciativa es desarrollar un esquema de transparencia y rendición de cuentas de la política exterior mexicana, con el acento en los compromisos internacionales adquiridos por México. Para ello, se realizan principalmente cuatro modificaciones al ordenamiento jurídico mexicano: 1) se agrega la materia de política exterior a la Ley de Planeación, 2) se establece la entrega de informes periódicos de la Secretaría de Relaciones exteriores al Senado sobre los compromisos adquiridos internacionalmente, 3) se establece la publicación de la información anterior para la población, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia, 4) se elimina la prohibición de los miembros del Servicio Exterior Mexicano de difundir información sobre el desempeño de sus cargos  y 5) se establecen requisitos con el fin de mejorar la calidad de los informes de gobierno anuales en materia de política exterior para su análisis por parte del Senado.

Conducción de la política exterior

Entendemos por política exterior al conjunto de programas, decisiones y acciones que integran una doctrina coherente y consistente, basada en principios claros, sólidos e inmutables; por la que cada Estado define su conducta y establece metas y cursos de acción que trascienden fronteras sobre diversos temas, pero que también repercuten al interior del país. La política exterior se aplica sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en aras del bien general de la nación y de su desarrollo, así como del mantenimiento de relaciones armoniosas con el exterior.1

Según la Constitución, le corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior. Las metas y cursos de acción que deben guiar la política exterior, de acuerdo con la definición citada anteriormente, se delinean en el Plan Nacional de Desarrollo y se desarrollan en los programas sectoriales. Una vez definidos los objetivos de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá presentar su informe de gobierno al Congreso de la Unión, a fin de dar cuenta del estado general que guarda la Administración Pública Federal. El artículo 6 de la Ley de Planeación establece la relación que debe guardar el informe con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esta correspondencia entre planeación y resultados es básica para la rendición de cuentas. Es necesario saber a dónde queremos llegar para saber si nos hemos acercado a la meta o nos hemos desviado en el camino, para ello son indispensables un punto de partida y un punto de llegada claros.

Análisis de la política exterior

Nuestro Estado democrático con división de poderes, establece un contrapeso a la política exterior dirigida por el Ejecutivo Federal al dotar de facultades de revisión y aprobación al Senado de la República. Las cuales son:

1. “Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso”.

2. Aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas; así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formular declaraciones interpretativas de los mismos.

3. Ratificar nombramientos de embajadores y cónsules generales.

4. Permitir la salida de las tropas nacionales de los límites del país o el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional.

Es indiscutible la vinculación que existe entre el Ejecutivo, como operador de la política exterior, y el Senado, como revisor de la misma. Es indispensable que para el desahogo de sus facultades de revisión: análisis, aprobación, ratificación y de otorgar permisos, el Senado cuente con información suficiente sobre la implementación de la política exterior, los procesos de negociación en los que el gobierno participa, las iniciativas que éste promueve y apoya, los resultados que alcanza y las eventuales obligaciones a las que se sujetará el Estado.

Dentro de las herramientas con las que cuenta el Senado para hacerse llegar de información para el cumplimiento de sus facultades, se encuentran los informes anuales de gobierno, así como las obligaciones de información del Ejecutivo al Senado que establece el artículo 93 constitucional: el Poder Legislativo puede requerir a la “Administración Pública Federal para que informe, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”; asimismo, señala que “las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal” y establece un plazo para que se emita respuesta. 

Tanto las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior, sus atribuciones de requerir informes, citar a comparecer a funcionarios, como la obligación del gobierno de responder a los requerimientos de información de las Cámaras,  son mandatos constitucionales que constituyen un sistema de contrapesos de las facultades conferidas al Ejecutivo Federal.

Por otro lado, el capítulo sobre los “Procedimientos especiales” del Reglamento del Senado de la República regula las facultades exclusivas de la Cámara alta. Se establece que el análisis de la política exterior versará sobre los informes que deberá enviar tanto el Titular del Ejecutivo Federal, como el o la Secretario(a) de Relaciones Exteriores los cuales se discutirán por las comisiones especializadas en la materia (con ayuda de otras comisiones relacionadas, en su caso), y sus resultados se someterán a consideración del Pleno, o también el Pleno puede examinar la política exterior de manera directa.

De acuerdo con el capítulo referido, el análisis deberá:

1. Dar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales relativos a la política exterior.

2. Verificar que el Ejecutivo cumpla con los principios de: “autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

El artículo 236 del Reglamento referido menciona que: “los resultados del análisis sobre la política exterior se remiten al Presidente de la República para su conocimiento y consideración”. Es decir, las conclusiones a que llegue el Pleno deberán ser tomadas en cuenta por el Ejecutivo y deberán orientar la política exterior de los años que siguen. Con lo anterior, no debe caber duda de la relevancia del papel del Senado en la revisión de la política exterior.

Aunque la Constitución faculta expresamente al Senado para el análisis de la política exterior y delega a la Ley del Congreso y sus reglamentos para que válidamente desarrollen el ejercicio de esa atribución y que, en efecto, el Reglamento del Senado regula esa facultad, en la práctica, la evaluación de esta política por parte del Senado sigue el mismo procedimiento que el del análisis de la política interior, social o económica, por lo que resulta indispensable que el Senado de la República sea mucho más activo en el ejercicio de esa facultad exclusiva, sobre todo cuando no hay otra entidad que revise el desarrollo de dicha política.

Los resultados de la cuenta pública 2013 en el apartado de “Análisis del cumplimiento de los indicadores para resultados” de la Secretaría de Relaciones Exteriores solamente evalúan tres indicadores sobre dos temas: el porcentaje de casos de protección consular resueltos y el número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos. Asimismo, en el Anexo sobre el “Sistema de Evaluación de Desempeño”, de nueva cuenta, solamente se evalúan actividades de la Secretaría concernientes a los procedimientos consulares. Quedaron pendientes de evaluación los indicadores siguientes: 1) acuerdos alcanzados en el marco de encuentros de alto nivel, 2) iniciativas mexicanas aprobadas en foros multilaterales, 3) incremento de los recursos para oferta de cooperación, provenientes de diversas fuentes de financiamiento, y 4) audiencia cuantificable en los eventos culturales promovidos por la SRE- AMEXCID, que corresponden a los objetivos de 1) impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de México en el mundo, 2) contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo, 3) impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y otros países y 4) promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural.2

Así, nos damos cuenta que normalmente se evalúan aquellas actividades programáticas que ejercen ciertos recursos, con relación al presupuesto de egresos, pero queda sin analizar el vasto espectro de la política exterior sobre las decisiones tomadas por los representantes del Estado mexicano con otros Estados o con organismos internacionales, sobre la actuación de dichos representantes en la esfera internacional y sobre los compromisos adquiridos por México ante el mundo. El resto de los objetivos en materia de política exterior del Plan Nacional de Desarrollo: “México con Responsabilidad Global” permanece sin ser revisado.

Entendemos que la política exterior abarca un gran número de actividades y que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas deben estar articulados para su eficacia y eficiencia. Por ello, esta iniciativa se enfoca solamente en lo relativo a la revisión del cumplimiento de los compromisos internacionales que adquiere el Estado mexicano, enfocándose en las materias pendientes de análisis del Plan Nacional de Desarrollo mencionadas y respetando los avances en materia de fiscalización existentes.

Compromisos internacionales

De acuerdo con la clasificación sugerida por el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del Senado de la República en el documento Mecanismos de  implementación y armonización de compromisos internacionales: análisis y propuestas para el caso mexicano, los compromisos que se pueden adquirir por el Estado mexicano son aquellos derivados:

a) de la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,

b) por la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, de la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado,

c) de la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales, o

d) de acuerdos bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales. 

Adicionalmente, se identifican en específico los acuerdos interinstitucionales regulados en la Ley sobre la Celebración de Tratados Vigente, cuyo artículo 7 menciona que se celebran por las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, y no necesariamente por el Ejecutivo Federal, con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Así como las labores de índole humanitaria, que se destacan por la reciente determinación del Estado mexicano de participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, a la que se comprometió en la 69 Asamblea General del Organismo; las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales; los votos emitidos en el seno de organimos y mecanismos multilaterales; el inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, y las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados.

Transparencia y rendición de cuentas

A los mexicanos nos interesa saber más y mejor sobre el papel de México en el exterior. De acuerdo con los resultados de la encuesta México, las américas y el mundo 2012-2013, política exterior: opinión pública y líderes del Centro de Investigación y Docencia Económicas “resulta insuficiente la comunicación social a nivel gubernamental sobre las relaciones internacionales del país. Los mexicanos desconocen quiénes son los responsables de la política exterior, no están informados de las principales acciones e iniciativas diplomáticas de México, ni de cómo éstas se vinculan con el resto de las políticas públicas”.3

De acuerdo con el Programa Especial de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal 2014-2018(PERC),elaborado con el diagnóstico compartido por 75 instituciones académicas, instituciones públicas y organizaciones sociales que constituyen la Red por la Rendición de Cuentas, la sociedad demanda “contar con gobiernos capaces de informar, explicar y justificar con claridad, oportunidad y responsabilidad, todo lo relacionado con el uso de recursos públicos”, pero también “las razones que sustentan sus decisiones públicas”.4

Según el PERC, la coordinación, coherencia y articulación de instituciones; el acceso a la información pública y la sistematización de ejercicios de monitoreo y evaluación son elementos de un fluido sistema de rendición de cuentas. Con relación a los aspectos de coordinación y de sistematización de monitoreo y evaluación, hay que diferenciar entre a) el análisis de la política exterior como facultad del Senado, que se realiza con los informes de gobierno y cuyas conclusiones deben ser tomadas en cuenta por el Ejecutivo Federal para reencausar las metas del Plan Nacional de Desarrollo cada año, de b) la labor como contrapeso democrático del Senado de la República en la materia delineada en la Constitución y la necesidad de vinculación del Ejecutivo con éste para el desempeño de las atribuciones de ambos poderes. Es por ello, que esta iniciativa propone la rendición de informes periódicos con información sobre los compromisos internacionales adquiridos desde su etapa de negociación hasta la de su cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes.

Sobre la materia de acceso a la información, hay que recordar que con la reforma constitucional de febrero de este año, se ha dado un impulso sin precedentes a la transparencia en todos los poderes y en todos los órdenes de gobierno, así como en los organismos autónomos y en todas aquellas personas físicas o morales que ejerzan actos de autoridad y/o recursos públicos como los sindicatos, los partidos políticos y los fideicomisos públicos, entre otros. De este modo, la Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los sujetos obligados del nuevo enfoque y nuevos deberes de transparencia y debe responder al principio de máxima publicidad.

El artículo 6 de la Constitución indica que toda la información en posesión de alguna autoridad de cualquier orden de gobierno es pública y su reserva es excepcional por razones de interés público y seguridad nacional. Lo anterior, implica que la información relativa a la política exterior debe transparentarse. El mismo artículo señala que los sujetos obligados, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, “deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones” y “preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos”.

La ley de transparencia exige que las dependencias del Ejecutivo Federal y los sujetos obligados en general “deberán poner a disposición del público información con relación clara y actualizada de: su estructura orgánica; facultades de las unidades administrativas; metas y objetivos de sus programas operativos; servicios que ofrecen, trámites, requisitos y formatos; información sobre presupuesto asignado; resultados de auditorías presupuestales; […] informes que hayan generado por mandato de ley; o cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante”.

Los compromisos internacionales adquiridos por México son de gran relevancia, a ellos, debemos en gran medida, la inserción de los Derechos Humanos a nuestro marco normativo nacional: desde la Declaración de los Derechos del Hombre, hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o la Convención de los Derechos del Niño, y muchos otros que han sido acogidos por nuestra Constitución aumentando sus mecanismos de exigibilidad.

El derecho de acceso a la información es uno de los Derechos Humanos cuya garantía ha asumido México a través de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por México, que establece la “libertad de buscar y recibir información”. El acceso a la información ha sido reconocido como derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Claude Reyes y otros v. Chile). Desde el 2006, la Asamblea General de la OEA instó a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y [a] promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”.5

La Cancillería es nuestro puente con el mundo, es la ventana por la que conocemos las mejores prácticas y tendencias que nos ayudan a desarrollar mejores políticas públicas para alcanzar mejores condiciones de desarrollo, así mismo, también es el canal por el que México comparte lo mejor de sí con el resto de la comunidad internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores y sus funcionarios han sido convencidos y eficaces promotores de las mejores causas, y de su materialización a través de instrumentos de Derecho Internacional que obligan a la comunidad internacional. Por ello, en congruencia, con su actuación en los foros internacionales, es indispensable que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea en el interior, ejemplo en materia de acceso a la información pública y de transparencia proactiva. La Cancillería no puede quedarse a la zaga en el cumplimiento del nuevo marco de transparencia.

Cabe aclarar que esta iniciativa no pretende utilizar los mecanismos de rendición de cuentas desde una óptica sancionatoria, sino que busca eliminar los puntos débiles de la política exterior que dejan espacio a la opacidad o a la desvinculación. Se busca, al contrario, identificar opciones de mejora y de coordinación, de colaboración entre poderes para el ejercicio eficaz de sus funciones y de transparencia para los ciudadanos.

Los ciudadanos son los principales beneficiarios de esta reforma, pues con ello sabrán cuáles son los resultados del dinero que se invierte en la política exterior. Los ciudadanos merecen que los actos y las decisiones en materia de política exterior sean revisados con mayor información. 

En este sentido, es que se proponen nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la política exterior, pues como se ha mencionado en los apartados anteriores, quedan aspectos de ésta sin transparentar y evaluar. En específico, la presente iniciativa propone las siguientes reformas y adiciones:

1) Reforma a la Ley de Planeación

Para rendir cuentas debe tenerse un punto de partida y un punto de llegada a fin de poder comparar la línea de base con los resultados obtenidos. Si la planeación y programación nacional no contara con rubros de política exterior, sería prácticamente imposible la evaluación.

El Reglamento del Senado señala que una de las tareas en el análisis de la política exterior es dar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales relativos. Es por ello, que la inclusión de esta materia es tan importante en la Ley de Planeación, pues actualmente esta ley define como planeación nacional la “ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo tiene en materias económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales”, con lo que omite la política exterior atribuida al Ejecutivo Federal.

Texto vigente

Propuesta de reforma

Ley de Planeación

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de, regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materias de conducción de la política exterior, regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Artículo 16 bis.

Artículo 16 bis. El Plan y los programas correspondientes contemplarán, al menos, los objetivos de la Política Exterior que refieren los artículos 76 fracción I y 89 fracción X constitucionales, sobre la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, el cumplimiento de los Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, los acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales, las alianzas con otros países o ante organismos internacionales, y las labores de índole humanitaria.

2) Reforma y adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con las facultades para informar a los ciudadanos y al Senado sobre los diferentes compromisos internacionales que se adquieren; sobre el sentido del voto que emitan los representantes del Estado mexicano en organismos y mecanismos internacionales; sobre iniciativas, negociaciones, candidaturas y cargos que en nombre de México se asuman en el exterior; así como la información correspondiente en el ámbito de las relaciones bilaterales. La información deberá publicarse periódicamente en medios electrónicos de tal manera que sea comprensible, accesible y oportuna para las personas. Todo esto, en atención al artículo 6º constitucional, la ley de transparencia y el PERC de la Red por la Rendición de Cuentas que señalan que toda autoridad debe informar, explicar y justificar con claridad y oportunidad lo relacionado con el uso de recursos públicos y las razones que sustentan sus decisiones públicas.

Texto vigente

Propuesta de reforma

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados.

II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, para que puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior.

III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte;

IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales;

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos;

VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;

VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización;

VIII.- Guardar y usar el Gran Sello de la Nación;

IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos;

X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República;

XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación (sic) y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y

XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II.- …

II A.- …

II B.- …

III.- …

IV.- …

V.- …

VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;

VII.- …

VIII.- …

IX.- …

X.- …

XI.- …

XII.- Llevar el registro de los trámites y operaciones realizadas por la Secretaría;

XIII.- Recibir los informes acerca de los acuerdos interinstitucionales que pretendan celebrar o que celebren, las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, y comunicar al Senado de la República acerca del dictamen que emita acerca de su procedencia o notifique sobre su celebración y asunto, dentro del informe a que hace referencia en este artículo.

XIV.- Enviar al Senado de la República un informe detallado cada inicio de periodo de sesiones, de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano y su grado de cumplimiento, derivados de:

a) la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,

b) la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,

a) la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado,

b) la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales,

c) acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales,

d) candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales,

e) votos emitidos en el seno de organismos y mecanismos multilaterales,

f) inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales

c) labores de índole humanitaria en el marco de acciones de cooperación o de la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y

d) las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados.

XV.- Transparentar las decisiones y compromisos de política exterior y publicarlos en medios electrónicos periódicamente  conforme a la ley de la materia, de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

XVI.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

3) Reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Se advierte que los miembros del Servicio Exterior Mexicano tienen la prohibición de divulgar cualquier asunto que conozca con el desempeño de su encargo. Este mandato o prerrogativa podría interpretarse como un obstáculo a la transparencia. La reserva de información pública, según la Constitución, se da únicamente por razones de interés público o de seguridad nacional. Además, este precepto impone una carga diferenciada a los miembros del Servicio Exterior Mexicano de los demás representantes de México en el mundo que no son miembros de él.

En este sentido, se plantea incluir el principio de transparencia y el de máxima publicidad  en el actuar del Servicio Exterior Mexicano y armonizar sus disposiciones con relación a la reserva de información de manera excepcional.

Texto vigente

Propuesta de reforma

Ley del Servicio Exterior Mexicano

Artículo 41.- Es obligación de todo miembro del Servicio Exterior actuar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que corresponde a todo servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como coadyuvar al cumplimiento de las funciones que esta Ley encomienda al propio Servicio, conforme a las directrices que fije la Secretaría.

Artículo 42.- Los miembros del Servicio Exterior deberán guardar discreción absoluta acerca de los asuntos que conozcan con motivo de su desempeño oficial. Esta obligación subsistirá aún después de abandonar el Servicio Exterior, cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a los intereses nacionales.

Artículo 41.- Es obligación de todo miembro del Servicio Exterior actuar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad y eficiencia que corresponde a todo servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como coadyuvar al cumplimiento de las funciones que esta Ley encomienda al propio Servicio, conforme a las directrices que fije la Secretaría.

Artículo 42.- Los miembros del Servicio Exterior deberán guardar discreción absoluta acerca de los asuntos que conozcan con motivo de su desempeño oficial cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a los intereses nacionales, aún después de abandonar el Servicio Exterior.

 4) Reforma al Reglamento del Senado de la República

De conformidad con el artículo 69 constitucional, la facultad de análisis de la política exterior se desarrollará mediante las leyes y reglamentos del Congreso de la Unión. Por ello, se reforma el Reglamento del Senado, con el objeto de que el Senado cuente con las herramientas de revisión de los compromisos adquiridos internacionalmente.

Texto vigente

Propuesta de reforma

Reglamento del Senado de la República

Artículo 234.-

1. Conforme a la fracción I, del artículo 76, en relación con la fracción X del artículo 89, ambos de la Constitución, el Senado de la República analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.

2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en comisiones y se refiere al cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana que señala el artículo 89, fracción X, de la Constitución, con base en los informes que representan el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario de Despacho correspondiente.

 

Artículo 234.-

1. Conforme a la fracción I, del artículo 76, en relación con la fracción X del artículo 89, ambos de la Constitución, el Senado de la República analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.

2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en comisiones y se refiere al cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana que señala el artículo 89, fracción X, de la Constitución, con base en los informes que representan el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario de Despacho correspondiente.

3. Los informes a que se refiere este artículo deberán incorporar los compromisos adquiridos por el Estado mexicano y su grado de cumplimiento, derivados dela entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado, la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales, acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales y labores de índole humanitaria, así como las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales, votos emitidos en el seno de organimos y mecanismos multilaterales, el inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales y las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados.

Se deberá incluir en el informe, en su caso, las negociaciones que se inicien  tratándose de nuevos acuerdos, iniciativas o instrumentos internacionales, así como el sentido y razonamiento del voto que se haya emitido en relación con los compromisos a que se refiere este artículo.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 3 y se adiciona un artículo 16 bis a la Ley de Planeación.

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materias de conducción de la política exterior, regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Artículo 16 bis. El Plan y los programas correspondientes contemplarán, al menos, los objetivos de la Política Exterior a que refieren los artículos 76 fracción I y 89 fracción X constitucionales, sobre la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, el cumplimiento de los Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, los acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o alianzas con otros países o ante organizaciones internacionales, o labores de índole humanitaria.

SEGUNDO.- Se deroga la fracción VI y se adicionan las fracciones XII a XVI del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II.- …

II A.- …

II B.- …

III.- …

IV.- …

V.- …

VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;

VII.- …

VIII.- …

IX.- …

X.- …

XI.- …

XII.- Llevar el registro de los trámites y operaciones realizadas por la Secretaría;

XIII.- Recibir los informes acerca de los acuerdos interinstitucionales que pretendan celebrar o que celebren, las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, y comunicar al Senado de la República acerca del dictamen que emita acerca de su procedencia o notifique sobre su celebración y asunto, dentro del informe a que hace referencia en este artículo.

XIV.- Enviar al Senado de la República un informe detallado cada inicio de periodo de sesiones, de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano y su grado de cumplimiento, derivados de:

a) la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,

b) la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,

c) la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado,

d) la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales,

e) acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales,

f) candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales,

g) votos emitidos en el seno de organismos y mecanismos multilaterales,

h) inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales,

i) labores de índole humanitaria en el marco de acciones de cooperación o de la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y

j) las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados.

XV.- Transparentar las decisiones y compromisos de política exterior y publicarlos en medios electrónicos periódicamente  conforme a la ley de la materia, de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

XVI.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

TERCERO.- Se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 41.- Es obligación de todo miembro del Servicio Exterior actuar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que corresponde a todo servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como coadyuvar al cumplimiento de las funciones que esta Ley encomienda al propio Servicio, conforme a las directrices que fije la Secretaría.

Artículo 42.- Los miembros del Servicio Exterior deberán guardar discreción absoluta acerca de los asuntos que conozcan con motivo de su desempeño oficial cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a los intereses nacionales, aún después de abandonar el Servicio Exterior.

CUARTO.- Se adiciona un numeral 3 al artículo 234 del Reglamento del Senado de la República.

Artículo 234.-

1. Conforme a la fracción I, del artículo 76, en relación con la fracción X del artículo 89, ambos de la Constitución, el Senado de la República analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.

2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en comisiones y se refiere al cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana que señala el artículo 89, fracción X, de la Constitución, con base en los informes que representan el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario de Despacho correspondiente.

3. Los informes a que se refiere este artículo deberán incorporar los compromisos adquiridos por el Estado mexicano y su grado de cumplimiento, derivados dela entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado, la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales, acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales y labores de índole humanitaria, así como las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales, votos emitidos en el seno de organimos y mecanismos multilaterales, el inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales y las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados.

Se deberá incluir en el informe, en su caso, las negociaciones que se inicien  tratándose de nuevos acuerdos, iniciativas o instrumentos internacionales, así como el sentido y razonamiento del voto que se haya emitido en relación con los compromisos a que se refiere este artículo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 13 de noviembre del 2014”.

1 Diccionario de Política Internacional, en Lineamientos constitucionales de la política exterior en México, Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, 2005.

2 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

3 México, las américas y el mundo 2012-2013, política exterior: opinión pública y líderes, CIDE, 2013, en Carpeta Informativa para la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de Política Exterior, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2013.

4 Programa Especial deRendición de Cuentas del Gobierno Federal (2014-2018), Red por la Rendición de Cuentas, 2014, p. 7.

5 Estudio Especial sobre el derecho de acceso a la información, OEA, Relatoría Especial para la libertad de expresión,2007, disponible en http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Sonido en el escaño donde se encuentra la Senadora Marina Gómez del Campo. Es en la zona priísta.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitarle a la Senadora Laura Rojas si puedo sumarme a su iniciativa.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Que se registre por la Secretaría esta petición y esta generosa concesión.

La iniciativa de reformas al artículo 76 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda; el proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de la política exterior, se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 73 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA   UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La propuesta que vengo a someter a consideración de este Pleno tiene como propósito fundamental incorporar proyecciones económicas y de impacto presupuestario en todas las iniciativas que cualquier integrante del Congreso de la Unión tenga a bien presentar a fin, inclusive, de que se impidan desde ese momento posibles contingencias presupuestales con los planteamientos que se hagan en esas tribunas.

Lo anterior me parece importante, compañeras y compañeros, porque eso permitiría cumplir de manera integral no solamente disposiciones de un precepto jurídico, que es mantener el equilibrio presupuestario, es decir, no incurrir en el endeudamiento y lograr, sin duda, una mejor cobertura social del presupuesto y a reforzar la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos.

Por ejemplo, compañeras y compañeros.

En esta Cámara de Senadores nos hemos encontrado que al momento de dictaminar una serie de iniciativas, notamos que no tienen prácticamente ninguna de ellas impedimento o requisito más allá que el de respetar las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo; y en consecuencia, estas iniciativas en su mayoría se presentan bajo la premisa de que no consideran el impacto económico que podrían provocar si se aprobasen en el ejercicio de los recursos públicos.

Es por esta razón, compañeras y compañeros, que estamos proponiendo realizar reformas a nuestra ley fundamental a efecto de garantizar una mayor responsabilidad al aprobarse reformas legales, incluir este tipo de disposiciones en las leyes que norman la actuación del Congreso.

Nuestra propuesta, compañeras y compañeros, estriba en que la tarea de presentar el trabajo referente al impacto presupuestario provenga también de la propia iniciativa, lo cual sin duda elevaría la calidad de lo que se presenta y, también, abonaría a aminorar la carga de trabajo de las comisiones dictaminadoras.

Lo anterior, compañeras y compañeros, pensamos que es importante en virtud de que en la medida en que las iniciativas por parte de los legisladores se han suscrito y que una revisión nos permite entender, que han aumentado aquellas que tienen en cuenta las disposiciones presupuestarias. Entonces, en función de eso me atrevo a hacer este planteamiento.

Quiero decir, para subrayarlo, que no buscamos de ninguna manera poner obstáculos para que los legisladores ejerzan sus facultades. Lo que estamos proponiendo es que los trabajos que se presenten, específicamente los relacionados con las propuestas que de manera directa pudiesen impactar el ejercicio de los recursos públicos, tengan, sin duda, un mayor grado de integridad a fin de que la labor, repito, en los dictámenes respectivos sea mucho más expedita y en pro de dar cause a las iniciativas que se presentan; y evitar de esa forma que se queden en la congeladora legislativa debido, dicen, a la enorme carga de trabajo.

Pero además creo, compañeras y compañeros, que se abonaría, si se aprueba esta iniciativa, a respetar algo que es fundamental: el principio de equilibrio presupuestario que reside, como todos sabemos, en la idea de no gastar más de lo que se ingresa. Entendido esto, sin duda, como un objetivo fundamental de la política financiera con el propósito básico de enfrentar la crisis económica como hemos tenido recurrentemente en nuestro país.

Compañeras y compañeros, el equilibrio, como ustedes saben, entre los recursos que se obtienen frente a los gastos a erogarse es un mecanismo para impedir en la medida de lo posible caer, entre otras cosas, en déficit fiscal.

Y aunque este principio se encuentra contemplado en la ley en cito, en el artículo 17, de manera concreta nos parece que habría qué fortalecerlo y de ahí la iniciativa que estamos presentando.

Es por todo ello, señor Presidente, compañeras y compañeros, que consideramos, reitero, urgente la necesidad de que las propuestas de las legisladoras y legisladores contengan análisis respecto de las distorsiones económicas y presupuestarias que podrían ocasionarse con la aprobación de sus iniciativas y de reformas de leyes que impacten de manera directa en el ejercicio de los recursos públicos.

Para que se pudiese entrar a mayor detalle, he de rogarle, señor Presidente, me obsequie, como suelo hacerlo, al hacer uso de la tribuna que la iniciativa que aparece en la Gaceta Parlamentaria también quede incluida en el Diario de los Debates de esta sesión.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos:

La presente propuesta tiene como propósito fundamental incorporar proyecciones económicas y de impacto presupuestario en las iniciativas de reformas que presente cualquier integrante del Congreso de la Unión a fin de impedir posibles contingencias presupuestarias.

Las evaluaciones a las que nos referimos estarían contribuyendo a cumplir de forma integral las disposiciones de un precepto jurídico, a mantener un equilibrio presupuestario, no incurrir en endeudamiento, a lograr una mejor cobertura social del presupuesto y a reforzar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos.

Por ejemplo, en ésta Cámara de Senadores nos hemos encontrado que al momento de dictaminar iniciativas notamos que no tienen, prácticamente, ningún impedimento o requisito que el de respetar las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, la mayoría de las iniciativas que se presentan bajo esta premisa no consideran el impacto económico que provocarían en el ejercicio de los recursos públicos. De tal manera, proponemos realizar reformas a nuestra Ley Fundamental a efecto de garantizar una mayor responsabilidad al aprobarse reformas legales e incluir éste tipo de disposiciones en las leyes que norman la actuación del Congreso.

Desde el punto de vista presupuestario muchas de las iniciativas de reformas a las leyes afectan el ejercicio del presupuesto, tanto el corriente como los procesos de elaboración de lo subsecuentes.

Algunos trabajos no se relacionan con la planificación nacional y su contenido implicaría, invariablemente, un incremento en el gasto público; otros, por ejemplo, proponen la aplicación de porcentajes de determinadas contribuciones dirigidas a fines específicos; algunas reformas buscan, incluso, que se aplique un nuevo gasto no previsto en el ejercicio presupuestal correspondiente en contraposición con el carácter anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lo anterior, da como resultado una presión al gasto público en razón de la previsión de presupuestos posteriores debido a la obligación, al aprobarse una reforma, de crear nuevas partidas presupuestarias.

El artículo 71 de nuestra Carta Magna tutela la facultad de iniciar leyes o decretos y la deposita en el Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de las Entidades Federativas y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Derivado de la disposición anterior, es como se da comienzo al proceso legislativo que encuentra su fundamento en el artículo 72 que estipula que todos los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no se exclusiva de alguna de la Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, con observancia de su propia normatividad determinando para tal efecto la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Observamos que los legisladores tienen la facultad de presentar reformas de ley con el único requisito de respetar las materias reservadas al Titular del Ejecutivo y de ambas Cámaras. El riesgo que nos parece latente es que dentro de este proceso legislativo sólo encontramos la responsabilidad de incluir evaluaciones de impacto presupuestario en sus iniciativas de ley o reformas recae en el poder Ejecutivo.

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en lo conducente refiere:

A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Como podemos advertir solamente está obligado a presentar una evaluación de impacto presupuestario el Ejecutivo y deja la responsabilidad total a la dictaminadora legislativa de realizar el estudio señalado en sus resoluciones. Evidentemente el precepto no es claro.

Nuestra propuesta estriba en que la tarea de presentar el trabajo referente al impacto presupuestario provenga de la propia iniciativa, lo cual elevaría la calidad de lo que se presenta y abonaría, a su vez, a aminorar la carga de trabajo de las comisiones dictaminadoras.

Lo anterior, en virtud de que en la medida que la suscripción de iniciativas por parte de los legisladores ha aumentado considerablemente en las últimas legislaturas, se ha presentado una disminución de los dictámenes.

No buscamos poner obstáculos para que los legisladores ejerzan sus facultades, lo que pretendemos es que los trabajos que se presenten, específicamente los relacionados con propuestas que impacten de manera directa el ejercicio de los recursos públicos, tengan un mayor grado de integridad a fin de que la labor en los dictámenes sea más expedita en pro de dar cauce a las iniciativas para evitar que se queden en la congeladora legislativa debido a la carga de trabajo.

Mucho se ha criticado la labor del legislador en nuestro país queriendo crear la percepción de que no se trabaja en proporción a las demandas sociales lo cual, sabemos, es falso. Es por eso, que nuestra aportación para confrontar esta falsa idea es a través de comprometernos a presentar propuestas más integrales que se dictaminen de una manera más eficiente y oportuna, resultado de haber simplificado este proceso con la inclusión previa de evaluaciones de impacto presupuestario.

Las eventuales evaluaciones de impacto que proponemos en la presentación de iniciativas por parte de los legisladores nos ayudarían a evitar algunos de los siguientes supuestos que afectarían de manera drástica las finanzas públicas:

Un desequilibrio entre el ingreso y el gasto público.

Un impacto presupuestario, el cual puede o no ser cuantificable.

El establecimiento de nuevas obligaciones de gasto a mitad del ejercicio de un presupuesto.

Aumento considerable en los presupuestos de las dependencias del gobierno federal sin fuentes de financiamiento claras, como puede ser un incremento en el gasto administrativo al crear burocracia mediante nuevas estructuras federales.

Nuevos gastos no relacionados con la planeación nacional, como puede ser la creación de programas no relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.

La creación de nuevos órganos públicos, con fines ajenos a la Planeación Económica del país.

Creación de nuevas partidas presupuestarias.

Cambiar la naturaleza de algunos Organos de la Administración Pública y otorgarles autonomía de gasto, lo que implica que la observancia del ejercicio de sus erogaciones no sea susceptible de ser fiscalizado.

Presiones de Gasto.

Un incremento no moderado del gasto público.

Afectar los ingresos fiscales destinados a la atención de programas que podrían ser prioritarios.

El Poder Legislativo tiene la atribución constitucional, como todos sabemos, para elaborar normas legales en un sentido formal y material. El artículo 73 de nuestro Máximo Precepto instituye, entre otras, facultades en materia tributaria depositadas en las fracciones VII y XXIX que para referencia inmediata citamos a continuación:

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación;

f) Explotación forestal, y

g) Producción y consumo de cerveza.

En materia económica, fracciones XXIX-D, XXIX-F y XXIX-F:

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios;

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

De esta manera, advertimos la carencia en nuestra Norma Fundamental de una disposición que constituya la necesidad de este tipo de estudios presupuestarios.

En el ámbito normativo de carácter secundario, tal y como lo señalamos anteriormente, sólo se prevé la elaboración de las evaluaciones de mérito en el artículo 18 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, depositando esta obligación a las dictaminadoras y haciendo responsable al Ejecutivo del envió de estos estudios en las iniciativas que someta a consideración del Congreso.

También, es menester señalar otros supuestos que prescindirían si incorporamos la propuesta como un mandato legal, a saber:

● Aprobar una iniciativa de ley o de reformas a mitad de un ejercicio presupuestario sin que existan los recursos que permitan la iniciación de su vigencia y por lo tanto su cumplimiento.

● Crear un gasto adicional que en muchas de las ocasiones, por no establecerse una fuente de financiamiento, está sujeto a disponibilidad presupuestaria.

● Se afectan los recursos destinados a la Planeación Nacional por la creación de un gasto no relacionado con ella.

● Distorsionar los ingresos drásticamente en relación con el gasto público por la necesaria previsión de erogaciones futuras que no cuentan con fuentes identificadas de financiamiento.

En consecuencia la iniciativa estaría fortaleciendo, por una parte, el principio de anualidad depositado en el artículo 39, que señala en lo conducente:

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero.

Si bajo el término ex ante,las iniciativas o reformas de ley en temas que impacten las finanzas públicas, se presentan las evaluaciones de referencia, podremos estar en posibilidades de respetar en mayor medida el presupuesto anual sin causar serias afectaciones.

Por otro lado, se abonaría en respetar el principio de equilibrio presupuestario, que reside en la idea de no gastar más de lo que ingresa entendido como un objetivo fundamental de la política financiera con el propósito básico de enfrentar crisis económicas.

El equilibrio entre los recursos que se obtienen frente a los gastos a erogarse es un mecanismo para impedir, en la medida de lo posible, caer en un déficit fiscal. Aunque este principio se encuentra contemplado en la Ley en cita en el artículo 17, el objetivo es fortalecerlo.

Es por lo anterior que consideramos la necesidad de que las propuestas de los legisladores contengan análisis de las distorsiones económicas y presupuestarias que ocasionarían la aprobación de sus iniciativas y reformas a leyes que impacten de manera directa el ejercicio de los recursos públicos.

Así que, creemos pertinente que se realicen evaluaciones ex ante en las iniciativas de ley que sometan a consideración los legisladores con la finalidad de contribuir a que se cumplan las disposiciones de una ley que implique la erogación de gasto público manteniendo el equilibrio presupuestario, a efecto, de no incurrir en endeudamiento y lograr con esto, una mejor cobertura social del presupuesto y una mayor eficiencia en la asignación y uso del dinero público.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Unico: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 73.-El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX. …

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Para tal motivo se deberá prever la elaboración, ex ante,de evaluaciones de impacto presupuestario en la expedición de leyes que afecten directamente las finanzas públicas.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones, a 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robles Montoya. Como lo solicita, se tiene por transcrita su iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates, además de la correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Parece que el Senador Víctor Hermosillo quiere sumarse a la iniciativa.

¿Le concede usted esta petición?

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 15-B y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 15-B Y 15-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

En toda sociedad democrática debe prevalecer la defensa de los derechos fundamentales de cada persona, en aras de construir un pleno estado de derecho en el que cada individuo pueda desarrollarse plenamente sin condicionamiento alguno externo, llevando a cabo su plan de vida de manera digna.

Por esta razón, la lucha por los derechos se ha vuelto una tarea indispensable en toda sociedad, pues éstos tienen que ser reconocidos y ampliados universalmente a todos los seres humanos dotados de dignidad y autonomía,

Esto tiene que llevarse a cabo en base al principio de progresividad, el cual implica que no se puede dar marcha atrás en los avances y se tiene que apostar al mayor enfoque en ampliarlos.

Este principio tiene especial relevancia cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales durante mucho tiempo fueron considerados como cartas de buenos deseos, pues es difícil dar una garantía completa, real y efectiva de ellos.

Los derechos sociales son pieza clave en el desarrollo nacional y van más allá que sólo cartas de buenos deseos, estos derechos tienen la misma importancia que los demás y por ello su garantía debe de ser completa y de manera progresiva como lo marca la Carta Fundamental.

Uno de estos derechos es el del trabajo, el cual está consagrado en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es de gran trascendencia para el desarrollo individual y colectivo de los mexicanos.

Sin embargo, es uno de los más transgredidos, resulta incongruente que las brechas por el reconocimiento de los derechos laborales sean tan amplias y que las acciones del Estado vayan encaminadas a retroceder en materia del derecho del trabajo, en lugar de seguir el principio de progresividad y lo anterior se demuestra con la reforma laboral del 2012 la cual a la fecha no ha dado los resultados esperados.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo fue llevada a cabo de manera express, sin discusión y sin contemplación de las mejores acciones para los trabajadores, velando en todo momento por los intereses de unas cuantas manos.

Sin duda fue una reforma regresiva, lesiva, llena de contradicciones y lagunas y una de las acciones que más contraría el bienestar de los trabajadores es la poca y cómoda regulación que se hizo al respecto de la figura conocida como subcontratación.

La regulación de la figura fue hecha para satisfacer los intereses de pequeñas manos perjudicando a la mayoría de la población trabajadora que lucha día a día para salir adelante con un salario bajo.

La subcontratación se contempla en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, dejando grandes lagunas, ya que ha servido como uno de los principales instrumentos para eludir algunas de las principales obligaciones de los patrones.

Con esta regulación aparentemente se protegería a la clase trabajadora, pero todo quedó en mero discurso, pues a dos años de la milagrosa reforma las empresas de subcontratación siguen evadiendo su responsabilidad, aprovechándose de los trabajadores, explotando al máximo su fuerza laboral en beneficio de unos cuantos.

Las situación es por demás crítica, pues existen alrededor de 7 millones de trabajadores que están en empresas que no brindan ningún tipo de seguridad social.

Este gran aumento se debe en gran medida a que los patrones prefieren usar esta forma de contratación para eludir y evadir su responsabilidad como patrón de la Ley Federal del Trabajo.

Es todo un hecho que la subcontratación va en avance, en 1998 había 950 mil personas laborando bajo este esquema, para el 2008 esta cifra pasó a 2.7 millones, lo cual demuestra un crecimiento exponencial de esta forma de trabajo, el de la subcontratación, hasta el 2012, aproximadamente el 10 por ciento de la clase trabajadora en México está bajo esta figura, la famosa outsourcing, este gran aumento se debe en gran medida a que los patrones prefieren usar esta forma de contratación para eludir la responsabilidad como la de las cuotas de seguridad social ante lo cual no se debe de ser permisivo.

Derivado de lo anterior, se pueden realizar diversas reflexiones, en primer lugar, es un fenómeno en aumento y que necesita una regulación adecuada para hacer beneficio para la sociedad en general.

Sin embargo, en un país como México donde la corrupción impera es una figura aprovechada para el beneficio de unos cuantos pisoteando a la clase trabajadora.

En segundo lugar, se puede observar que la tan alabada reforma laboral no dio los frutos deseados, la regulación de la subcontratación fue demasiado tibia y el desempleo sigue siendo cosa común en el país, por lo que vale la pena cuestionar los verdaderos fines del poder público al llevar a cabo toda esta serie de reformas estructurales que no parecen dar los resultados prometidos.

Por ello es necesario implementar esfuerzos en aras de una mayor protección a la clase trabajadora, reivindicándole como titulares de derechos fundamentales y proteger, ampliarles los mismos, es por eso que se propone la presente iniciativa de reforma donde uno de los primeros pasos está en la modificación del artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

La finalidad es sencilla, se propone ser más riguroso en cuanto a los requisitos a los que se tiene que cerciorar la empresa beneficiaria, obligando a las empresas a que presten servicios por subcontratación a que mejoren las condiciones laborales de sus trabajadores con el fin de ampliar sus derechos.

Por ello la propuesta es incluir en las prestaciones laborales la seguridad social y equidad laboral como parámetros que deben cumplir las empresas contratistas. De esta manera se construye un piso de oportunidades más amplio.

A su vez, siguiendo un criterio progresista, se pretende una modificación al artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, para añadir como requisito a la celebración del contrato de subcontratación la verificación por parte de la empresa contratante, de que las empresas contratistas cumplan los derechos laborales contenidos en la Constitución, así como los tratados internacionales de los que México es parte.

De esta manera es que se obliga a que las empresas contratistas tengan un mayor margen de protección de los derechos laborales constitucionales y los derechos laborales contenidos en los tratados internacionales, logrando concordancia con el artículo 1o. constitucional, que establece:

“Es tiempo de velar por el bienestar de los trabajadores, luchando por sus derechos, con el fin de lograr un país más justo y equitativo, apostándole al desarrollo económico del país. La sociedad ya lo demanda, y el poder público debe ser congruente con su obligación de servir al pueblo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 15 B Y 15 C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En toda sociedad democrática debe prevalecer la defensa de los derechos fundamentales de cada persona, en aras de construir un pleno Estado de Derecho en el que cada individuo pueda desarrollarse plenamente, sin condicionamiento alguno externo, llevando a cabo su plan de vida de manera digna.

Es así como la lucha por los derechos se ha vuelto una tarea indispensable en toda sociedad, pues estos tienen que ser reconocidos y ampliados universalmente a todos los seres humanos, dotados de dignidad y autonomía.

La reforma en materia de derechos humanos de 2011 vino a ser un parteaguas en la concepción de los derechos y perfiló un sendero de esperanza en la sociedad mexicana; a través de esta reforma se habla de derechos y garantías necesarias para su protección y se establecen las llamadas obligaciones genéricas y específicas a cargo del poder público, posicionando a los derechos como barreras infranqueables para todo tipo de poder.

El párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.1

De tal manera que es deber fundamental el hacer una protección y promoción efectiva y pugnar por todos los medios suficientes para su plena garantía y una de las obligaciones de mayor importancia es la de la progresividad, la cual implica que no se puede dar marcha atrás en los avances y se tiene que apostar al mayor enfoque en ampliarlos.

Este principio tiene especial relevancia cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales durante mucho tiempo fueron considerados como cartas de buenos deseos, pues es difícil dar una garantía completa, real y efectiva de ellos.

Los derechos sociales son pieza clave en el desarrollo nacional y van más allá que solo cartas de buenos deseos, estos derechos tienen la misma importancia que los demás y por ello su garantía debe ser completa y de manera progresiva, como lo marca la carta fundamental.

Uno de estos derechos es el derecho al trabajo, consagrado en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es de gran trascendencia para el desarrollo individual y colectivo de los mexicanos, así como su gran interdependencia con los demás derechos. Es un derecho que por muchos años ha sido violentada en nuestro país, siendo protagonista de múltiples luchas de reivindicación social.

A su vez, el desarrollo del Estado social democrático y de derecho ha sido resultado de las luchas sociales por la reivindicación a garantías fundamentales; luchas, cabe recordar, protagonizadas preponderantemente por los trabajadores. Son ellos quienes ante la falta de garantías han recurrido a la protesta social, como medio para hacerse escuchar y pedir el pleno reconocimiento de sus derechos.

Y resulta incongruente que las bregas por el reconocimiento de los derechos laborales sean tan amplias y que las acciones del Estado vayan encaminadas a retrocesos en materia de derecho al trabajo, en lugar de seguir el principio de progresividad; lo anterior se demuestra con la reforma laboral de 2012, la cual a la fecha no ha dado los resultados esperados.

Es importante recalcar que en la parte expositiva de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo se hablaba de ciertos elementos indispensables de toda relación laboral, como lo son: la dignidad humana del trabajador; la no discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; el acceso a la seguridad social; el salario remunerador; la capacitación continua para el incremento de la productividad; la seguridad e higiene en el trabajo; la libertad de asociación; la autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga, y la contratación colectiva.

Todos estos elementos son enteramente afines con los contemplados en el artículo 123 de la Carta Magna, y en principio parece ser una camino hacia el progreso y la equidad social, sin embargo no fueron la piedra de toque para delinear la serie de reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo, pues fue una reforma llevada a cabo de manera exprés, sin discusión y sin contemplación de las mejores acciones para los trabajadores.

Una de las acciones contrarias al bienestar de los trabajadores, fue la poca y cómoda regulación que se hizo al respecto de la figura conocida como “subcontratación”, pues todo indica que la regulación fue hecha para satisfacer los intereses de pequeñas manos, perjudicando a la mayoría de la población trabajadora, que lucha día con día para salir adelante con el bajo salario que tiene.

La regulación de la subcontratación se lleva a cabo en los arts. 15-A, 15-B, 15- C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son tímidos en cuanto a protección de los trabajadores y está muy poco apegado a la realidad que se vive día con día en el país, los preceptos señalan:

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.2

Como puede observarse, los artículos 15-A, 15-B,  15-C y 15-Dde la Ley Federal del Trabajo pretenden regular lo referente a las llamadas outsourcings o empresas de subcontratación, que aunque tienen como propósito fundamental profesionalizar la fuerza de trabajo necesaria en un mercado laboral cada vez más demandante, verdaderamente han servido como uno de los principales instrumentos para eludir algunas de las principales obligaciones patronales.

Con esta regulación aparentemente se protegería a la clase trabajadora, pero todo esto quedó en mero discurso, pues a dos años de la “milagrosa reforma” las empresas de subcontratación siguen evadiendo sus responsabilidades, aprovechándose de los trabadores, explotando al máximo su fuerza laborar en beneficio de unos cuantos.

La situación es por demás crítica, pues existen alrededor de 7 millones de trabajadores que están en empresas que no brindan ningún tipo de seguridad social.3 Aunado a lo anterior, se experimentó una tasa del 10% en desempleo juvenil en el primer trimestre de 2014.4

Los jóvenes son un sector vulnerable de la población, los cuales son afectados por la falta de empleos formales bien remunerados, pues aproximadamente, 21.9 millones de jóvenes en México no estudian ni trabajan, de acuerdo con el documento “Trabajo decente y Juventud 2013, Políticas para la acción de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).5

Es todo un hecho que la subcontratación va en avance, pues en 1998 había 950 mil personas laborando bajo ese esquema y para 2008 esta cifra pasó a 2.7 millones, lo cual demuestra un crecimiento exponencial de esta forma de trabajo.6 Hasta 2012, aproximadamente 10% de los trabajadores en México están bajo esta figura.7

Y este gran aumento, se debe en gran medida a que los patrones prefieren usar esta forma de contratación para eludir sus responsabilidades patronales de la Ley Federal del Trabajo, pues según un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lo que hacen es:“Crear cooperativas para ser utilizadas como patrones ficticios y de esta forma tratar de hacer deducibles para el IETU los sueldos, salarios y las prestaciones al personal, así como eludir cuotas de seguridad social, constituye un acto de simulación, lo cual es penado severamente por las leyes”.8

De lo anterior se pueden extraer muchas conclusiones, en primer lugar, es un fenómeno en aumento y que necesita la regulación adecuada para ser benéfico para lo sociedad en general, sin embargo, en un país como México, donde la corrupción impera, es una figura aprovechada para el beneficio de unos cuantos, pisoteando a la clase trabajadora.

En segundo lugar se puede observar que la tan alabada reforma laboral no dio los frutos deseados, la regulación de la subcontratación fue demasiado tibia y el desempleo sigue siendo cosa común en el país, por lo que vale la pena cuestionar los verdaderos fines del poder público al llevar a cabo toda esta serie de reformas estructurales que no parecen dar los resultados prometidos.

Por esta razón es necesario implementar esfuerzos en aras de una mayor protección a la clase trabajadora, reivindicándolos como titulares de derechos fundamentales y proteger y ampliarles los mismos. Uno de los primeros pasos está en la modificación del artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que  la empresa beneficiaria deberá cerciorarse permanentemente que la contratista cumpla con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

La finalidad es sencilla, se propone ser más rigurosos en cuanto a los requisitos a los que se tiene que cerciorar la empresa beneficiaria, obligando a las empresas que presten servicios por subcontratación a que mejoren las condiciones laborales de sus trabajadores, con el fin de ampliar sus derechos.

Por ello la propuesta es incluir en las prestaciones laborales, la seguridad social, y equidad laboral como parámetros que deben cumplir las empresas contratistas. De esta manera se construye un piso de oportunidades más amplio para los trabajadores y se beneficiaría a millones de familias bajo el esquema de subcontratación.

A su vez, siguiendo un criterio progresista, se pretende una modificación al artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que: “La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. ”Para añadir como requisito la verificación del cumplimiento de los derechos laborales contenidos en la constitución así como los tratados internacionales de los que México sea parte.

Así se obliga a que las empresas contratistas tengan un mayor margen de protección de los derechos laborales constitucionales y los derechos laborales contenidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, logrando concordancia con el artículo primero constitucional que establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.9

Es tiempo de velar por el bienestar de los trabajadores, luchando por sus derechos, con el fin de lograr un país más justo y equitativo, apostándole al desarrollo económico del país. La sociedad ya lo demanda y el poder público debe ser congruente con su obligación de servir al país.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTICULOS 15 B Y 15 C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO:

UNICO.-SE REFORMAN LOS ARTICULOS 15-B Y 15-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar como sigue:

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, así como la garantía de los derechos laborales contenidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud, medio ambiente en el trabajo, prestaciones laborales, seguridad social y equidad laboral respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

 

 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, así como la garantía de los derechos laborales contenidos en la constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud, medio ambiente en el trabajo, prestaciones laborales, seguridad social y equidad laboral respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Ley Federal del Trabajo.

3 Periódico la Jornada. El sistema de pensiones cubre sólo la tercera parte de la PEA. Consultado el día 05/11/2014. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/03/sociedad/038n1soc

4 Forbes México. Desempleo y jóvenes, ¿no hay alternativa?Consultado el día 06/11/2014. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/desempleo-y-jovenes-no-hay-alternativa/

5 Ibídem

6 Periódico el Universal. Es necesario reglamentar la subcontratación. Consultado el día 07/11/2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/102159.html

7 Animal Político. Ese fenómeno llamado outsourcing. Consultado el día 07/11/2014. Disponible en:http://www.animalpolitico.com/2012/10/ventajas-y-riesgos-de-la-subcontratacion-outsourcing-en-mexico/

8 Ibídem.

9 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Saludamos la presencia de un grupo de alumnos de la Universidad Popular de Chontalpa, estado de Tabasco, invitados por el Senador Arquímedes Oramas Vargas.

¡Bienvenidos!

¡Feliz estancia en el Pleno del Senado y en la Sede del Senado!






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se integra la terna de candidatos a la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos.

Informo a la Asamblea que después de aprobado este dictamen, se realizará la votación por cédula para la elección correspondiente.

Las disposiciones constitucionales exigen que la elección reúna las dos terceras partes de los Senadores presentes.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el presente punto de Acuerdo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, para la presentación del dictamen.

Hago saber que la comisión, por anuencia del Senador Roberto Gil Zuarth, a quien ya habíamos dado el uso de la palabra, y por cortesía parlamentaria, y por obligación de que fue la Comisión de Derechos Humanos la que encabezó la coordinación, se le concede el uso de la palabra a la Presidenta de dicha comisión, la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y Senadores:

Hace 238 años, Tomás Jefferson ideó la frase: "Sostenemos como evidentes estas verdades. Entre los derechos inalienables están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

272 años después, la humanidad queda cimbrada por la valoración horrorosa de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto Nazi.

Y se enfatiza, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la consideración de que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

En 1991 se reúnen en Paris las instituciones nacionales para la protección de los derechos humanos, y se establecen criterios en relación a sus competencias y atribuciones, así como la composición y garantía de independencia y pluralismo.

Son principios conocidos como "Los principios de Paris", que además, el año siguiente fueron adoptados por la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy Consejo, y garantizan, entre otras cuestiones, se enfatizan que se debe garantizar entre otras cuestiones, que las instituciones encargadas de la defensa y protección de los derechos humanos deben tener una competencia cuasi jurisdiccional, o lo que hemos denominado: "La magistratura de opinión".

Nuestro país, como sabemos, y este Senado de la República, ha aprobado prácticamente todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Constituyó, hace 15 años, también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo.

Pero también se ha venido señalado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales y también internacionales, que el país, a pesar de todos esos progresos, todavía tiene pendiente de resolver muchas situaciones que llevan a la afrenta de los derechos humanos, a violaciones graves a los derechos humanos en diversas materias.

Yo señalo muy rápido: desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, por supuesto todavía tenemos mucho por caminar antes de que logremos que entre en pleno vigor el nuevo sistema penal con muchas dificultades para su implementación, sin lugar a dudas.

Es preocupante, y lo hemos señalado, las situaciones que viven, que padecen migrantes irregulares, pero también quienes son desplazados en nuestro propio territorio, la persecución de periodistas, defensores de derechos humanos; la violencia contra mujeres, niñas; los derechos que siguen sin cumplimentarse de los pueblos indígenas.

En algunos de muchos de estos casos, por supuesto, son responsabilidad, porque hay una participación de agentes del Estado, pero en otros hay aquiescencia para que se perpetren estas violaciones.

Como se señaló en las comparencias que realizamos para el proceso de la elección de quien debe presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se enfatizó de la importancia que tendrá la comisión a partir de que entre en vigor la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá que garantizar una protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las personas menores de 18 años de edad que constituyen el 37 por ciento de la población.

El dictamen que hoy presentamos ante esta Soberanía ha tenido un proceso arduo.

Comenzó con una amplia y abierta discusión sobre los términos en que el Senado emitiría la convocatoria para el proceso de elección o reelección de quien deberá presidir la CNDH en el próximo periodo; se inscribieron en este proceso 39 personas, de las cuales cumplieron todos los requisitos 22.

Y, finalmente, hoy estamos presentado ante ustedes una terna.

Se realizaron dos audiencias públicas para escuchar a organizaciones de la sociedad civil y de la academia; se recibieron y procesaron cientos, cientos de cartas de organizaciones no gubernamentales de especialistas y personas preocupadas por la materia y por la conducción de la CNDH.

Todos y todas fueron escuchados y se realizaron a quienes vinieron a las comparecencias, se les escucharon sus planes de trabajo y contestaron, además, las preguntas que Senadoras y Senadores de las comisiones, que hoy presentamos este dictamen, hicieron.

En este sentido, reconocemos que la diversidad y especialización de los y las candidatas constituyen aspectos que han venido a reforzar y consolidar este proceso de selección y ha sido absolutamente respetuoso de los principios de legalidad, publicidad y transparencia.

Es indispensable mencionar que todas las candidatas y candidatos, ciertamente satisfacen el perfil que se requiere, toda vez que son personas que gozan de reconocido prestigio en la sociedad, cuentan con el respaldo de diversos sectores de la sociedad, son mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos y, sin duda, cuentan con una gran destacada trayectoria en el ámbito de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

Quienes integramos estas Comisiones, Derechos Humanos y de Justicia, reiteramos nuestra satisfacción plena por el excelente nivel de las personas referidas, y enfatizamos nuestro compromiso irrenunciable con la selección de los perfiles más aptos, sin demérito alguno de las y los demás participantes.

Es necesario señalar que, hay una condición indispensable que debemos tomar en consideración, para que la sociedad confíe en la decisión que hoy vamos a tomar.

Y por supuesto, como yo mencioné también, siga la ruta, esta decisión que habremos de tomar, a partir de que los propios Principios de París nos señalan.

Por lo tanto, ¿qué es lo que pensamos que debe distinguir a la CNDH, para que cumpla con el objetivo que nos hemos propuesto?

En primerísimo lugar, tiene que ser una instancia vital para la vigilancia, defensa y protección efectiva de los derechos humanos, de manera armónica con los preceptos de nuestra Constitución; debe ser una pieza clave para que se reinvente, acorde a su autonomía y acorde al régimen democrático de nuestro país y, por lo tanto, tenemos que enfatizar la importancia de que sus recomendaciones sean atendidas cabalmente.

Debe ser capaz de privilegiar el diálogo respetuoso con sus homólogos en las 32 entidades federativas y también con las organizaciones defensoras de los derechos humanos en toda su diversidad.

Debe ser capaz de dialogar con las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

Debe ser respetuosa en su colaboración con el Poder Judicial.

Debe, por supuesto, tomar consideración de las distintas recomendaciones que los organismos internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos le han hecho a nuestro país.

Y, por lo tanto, también tiene que ser coincidente en la preocupación de los señalamientos de estos organismos internacionales al Estado mexicano.

Por supuesto que nos preocupa, por lo tanto, que haya una obligación irrestricta para la inmediata reparación del daño a víctimas y a víctimas sobrevivientes.

Debemos pensar en la CNDH como una defensoría del pueblo. Y desde el primer día de la asunción de quien vayamos a elegir en unos momentos más, debe trabajar por la construcción de la legitimidad social que requiere para que esté a la altura de la crisis que vive el país, sobre todo en las decisiones que debe tomar para que esta crisis, de violación a los derechos humanos, tenga un cumplimiento irrestricto con los estándares internacionales en esta materia.

En conclusión, señoras y señores, la independencia de su actuación, con los poderes, es equivalente a la autoridad ética que deberá refrendar con el aseguramiento de su autonomía en lo político y en lo profesional y, sobre todo, esté firmemente comprometida con la causa y con la defensa de los derechos humanos.

Estas y otras cuestiones tendrán que ser atendidas por quien elijamos para vindicar la CNDH en este cambio que hoy vamos a votar.

Y termino, con Thomas Jefferson: "necesitamos garantizar, también, la felicidad de las personas"

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

En el uso de la palabra, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Honorable Asamblea:

A nombre de la Comisión de Justicia, debo iniciar por reconocer el trabajo que se ha realizado en el seno de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Justicia.

El reconocimiento personal a la conducción, al compromiso, al sentido de responsabilidad que mostraron la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, a las integrantes de la Mesa Directiva, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, a la Senadora Adriana Dávila, a la Senadora Mónica Arriola Gordillo y por supuesto también a la Senadora Arely Gómez González, Secretaria de la Comisión de Justicia.

Creo que fue un proceso, no solamente escrupuloso, en el análisis de cada uno de los aspirantes; fue un proceso cuidado en todos sus aspectos; un proceso que cuidó mantener la exigencia constitucional y legal de la publicidad en cada una de sus fases; el rigor para analizar los perfiles, la objetividad para tratar a todos por igual y, sobre todo, la necesidad de privilegiar un perfil en la toma de decisiones sobre la persona que resultará electo.

Este proceso tuvo una importante aportación. Se escuchó como condición necesaria a las organizaciones de la sociedad civil, promotoras y defensoras de los derechos humanos en nuestro país, que todos los días hacen un trabajo honorable, valeroso y, sobre todo, comprometido para cambiar las realidades de nuestro México.

De esas organizaciones escuchamos, que México y la agenda de los derechos humanos, tienen pendientes muy claros.

Pendientes que le tocará acometer a quizá la institución que más honra el sentido humanista de la democracia en el mundo y en nuestro país.

Una institución que en su diseño, en su propósito y en sus fines, está orientada a hacer prevalecer la dignidad de la persona y la proyección de esa dignidad en las realidades jurídicas que significan los derechos.

De esas organizaciones escuchamos que es necesario estrechar la relación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con esas organizaciones para que haya un trabajo efectivo de acompañamiento, pero sobre todo el diálogo constructivo entre quienes todos los días se enfrentan a las realidades de violación a los derechos humanos, y quien tiene el mandato institucional de promover y defenderlos.

También escuchamos que es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos transite hacia el gobierno colegiado a través del fortalecimiento inmediato del consejo consultivo que también emana de la voluntad de este Senado.

Se nos ha sugerido, en esas consultas, que es impostergable convertir a la comisión en un verdadero instrumento de acceso a la justicia para quienes no tienen las condiciones materiales para acudir a la sede jurisdiccional. Y también ampliar la visión de la comisión para comprender no solamente aquellos derechos que están vinculados directamente en el esfuerzo del Estado para garantizar la seguridad y la paz pública, si no otros derechos que corresponden y comprometen el patrimonio ético de la humanidad: los derechos de acceso a la salud, los derechos a la educación, los derechos culturales de los pueblos indígenas, los derechos al medio ambiente, los derechos económicos y sociales, los derechos de la cuarta generación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple una función pacificadora de las relaciones sociales, es una instancia de mediación que la democracia mexicana tiene para evitar que los conflictos escalen a grados tales que se rompa el tejido social. Tiene también una función pedagógica, la misión de sembrar en la conciencia colectiva el respeto a la dignidad de las personas y el respeto a los derechos que circundan esa dignidad.

Tiene también una función política, la función política de evidenciar al poder, cuando el ejercicio de ese poder vulnera los derechos, vulnera la dignidad, irrumpe con el principio de legitimidad básico del Estado, que es responder a los seres humanos como principio y fin de la ordenación social.

Quien resulte electo esta tarde recibe un mandato claro, recibe el dato extraordinario del consenso, un mandato cargado de esperanza del pueblo de México en la mayor crisis que ha vivido nuestro país en materia de los derechos humanos. Tendrá la encomienda inmediata de atender los casos que han lastimado a México. Ayotzinapa y Tlatlaya deben ser la prioridad del nuevo titular para encontrar la verdad, reparar el daño, fincar las responsabilidades y, sobre todo, garantizar que nunca más se repitan hechos como estos.

Debe también tener como, claridad del mandato que recibe sobre situar a los derechos humanos en el primer punto de la prioridad nacional. Si hoy vemos violaciones sistemáticas a los derechos humanos en realidades sociales, tiene que ver con el hecho de que los derechos humanos han perdido la fuerza y el énfasis que debe tener en nuestra dinámica política, y también en nuestras dinámicas sociales.

El nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe hacer un esfuerzo contundente por recuperar la primacía que tienen los derechos humanos en la política, en los espacios sociales y en la interacción del poder y de la sociedad. Recibe un mandato de conducir una nueva etapa en la transformación institucional del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.

Una nueva etapa que implique atender los nuevos fenómenos de violación a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, de los derechos que se reconocen a partir de instrumentos normativos específicos, como los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. El pendiente histórico que no admite más espera de atender los derechos de los migrantes, de los desplazados, de las personas que sufren en su realidad cotidiana la ausencia de oportunidades y la imposibilidad de forjarse su propio destino.

El primer defensor del pueblo español dijo alguna vez: "que si cuando se concluye el cargo y se tienen muchos amigos en el poder, sólo puede obedecer a dos razones: la primera, porque aquella persona que concluya el cargo fue un mago de la política, o bien porque hizo mal su trabajo".

Nuestra esperanza, la esperanza de este Senado de la República, es que al paso de los próximos cinco años la persona que hoy elijamos tenga pocos amigos en el poder y muchos ciudadanos reconocidos con su aportación. Esa será la mayor muestra, la muestra luminosa de que la persona que hoy sea electa por este Senado hizo correctamente y para bien su trabajo.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Para posicionar por los grupos parlamentarios, en orden creciente, intervendrá la Senadora Layda Sansores San Román, por el PT; el Senador Pablo Escudero Morales, por el PVEM; la Senadora Dolores Padierna Luna, por el PRD; la Senadora Adriana Dávila Fernández, por el PAN; y la Senadora Diva Gastélum Bajo, por el PRI.

Además se han inscrito en lo particular, para intervenir, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD; David Monreal Avila, del PT; y Arely Gómez González, del PRI.

Saludo la presencia y doy la bienvenida a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador Miguel Romo Medina. ¡Bienvenidos, estudiantes de tan distinguido centro de estudios!

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Todo iba bien hasta la media noche, pero llegó la oscuridad y se desataron las tentaciones. Se había sostenido no reelección, no habría línea, se iba a privilegiar la búsqueda de un candidato de unidad, de una propuesta de unidad, y hubo uno, incluso, que estuvo en todas las ternas.

¿Díganme si no hay esquizofrenia política en este Senado? Primero se sabe quién es el bueno, el elegido, y después se hace la discusión de la terna. Y después que ya se sabe quién es, entonces se va a discutir el dictamen. Como quien dice, primero se determina el vencedor y luego se simula la competencia.

Me irrita la imposición, pero lo que más me rebela es la simulación, esta vocación de farsantes que tenemos en el Senado. Nos van hacer votar con la carta marcada. Por eso, compañero Roberto Gil, usted habla con candor que no, que esto se va a decidir en una votación secreta.

Usted sabe, en el Ejército lo que cuenta son las órdenes de mando, y en el Legislativo lo que cuenta es la fuerza de la línea. El electo es el señor González, y se lo sostengo, y mire que no traje hoy mi bola de cristal, pero me bastó una llamada, un periódico para saber quién es el elegido. Y demuéstreme lo contrario.

A ver, ¿cuántos candidatos hay aquí esperando este fallo deliberativo del Senado? ¿Cuántos familiares esperan este resultado de la votación secreta? Le puedo asegurar que el señor Luis González ya está en el salón de junto ensayando cómo va a tomar protesta. Les pido, por favor, que le manden un espejo.

Efectivamente, compañera Angélica de la Peña, y por alusiones personales, porque usted me mencionó sin que estuviera presente, le contesto: "no es porque se trate del señor Luis González, a parte sus virtudes o sus defectos, estoy en contra de un procedimiento que usted inició pulcramente, pero que terminó siendo un fraude, un engaño a la opinión pública y una burla a la ciudadanía.

No es correcto, como siempre pasa en este Senado, después de horas de deliberación, de someter a candidatos que vienen de buena fe a una pasarela interminable donde les hacemos preguntas a veces absurdas e incómodas.

¿Para qué?

Si la decisión ya estaba tomada. No nos tomaron en cuenta a los integrantes de las mesas dictaminadoras, soy Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, pero eso, les vale. Se violó el pacto de transparencia que usted misma propuso.

Y, no nos confundamos. Nosotros sí pedimos, y lo vamos a exigir, y haremos un monitoreo.

Para nosotros el principal valor es la independencia. Alguien que tenga el valor de señalar las violaciones de derechos humanos, que se hacen desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, de los gobernadores, de PGR, del Ejército al que protegen de una manera descarada.

Espero que pueda tener el valor de contradecir al señor de la casa blanca, ése que vive fuera de la realidad en medio de luces, que pasan del naranja al violeta; del azul al rosado, mientras el país se tiñe de grises y negros de cadáveres calcinados.

También quiero dejar claro, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las más caras, y la más inútil del mundo.

De sus escasas 373 recomendaciones durante la última gestión, alcanzó el 1.2 de cumplimiento, de acuerdo lo que publicó Daniel Larrea; coincido con la doctora Ana Magaloni, y el doctor Carlos Elizondo, proponen reinventar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay que eliminar todos estos defectos, estas burocracias y caminar hacia una auténtica defensoría del pueblo.

No se puede hablar del estado de derecho cuando la mayoría de los ciudadanos más vulnerables no tienen acceso a la justicia.

Para el rico, decía Ana Magaloni en este Senado, para el rico el amparo, y para el pobre la queja.

Votaremos en contra, haciendo a un lado la personalidad del señor Luis González, votamos en contra por tratarse de un procedimiento desaseado y tramposo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, para posicionar, en nombre del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quisiera empezar este posicionamiento a nombre del Partido Verde, agradeciendo a todos los candidatos que se han inscrito en este procedimiento. De verdad que fue un procedimiento enriquecedor donde aprendimos mucho sin duda alguna.

También quisiera reconocer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el día de hoy termina un ciclo, y empieza uno nuevo. Mi reconocimiento para esa gran institución, para su presidente, para sus visitadores, para los más de 1,000 trabajadores que laboran en la CNDH mi reconocimiento, han hecho una labor importante, con grandes aciertos, y hay que decirlo también, con algunos errores. Hoy acaba ese ciclo, y empieza otro.

Yo quisiera, en esta participación, decirles a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que nos acompañan el día de hoy: Quiénes son estos candidatos. Quiénes integran esta terna. Qué es lo que han propuesto y, qué es lo que ha sucedido en el procedimiento.

¿Quiénes son?

Quisiera iniciar por decir que son tres grandes abogados de la UNAM. Eso son.

El licenciado Mauricio Farah; el licenciado Luis Raúl González Pérez; y la licenciada Sara Irene Herrerías. Son tres grandes abogados de la UNAM, muy técnicos, muy capaces, con gran experiencia.

Los tres conocen a detalle la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El licenciado Farah, fue quinto visitador, fue secretario de administración, y manejó muchas de las recomendaciones importantísimas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El licenciado Luis Raúl González Pérez, fue director general también de administración; fue secretario técnico de la comisión; fue visitador general de la primera y de la segunda; fue también el responsable de la unidad de agravio a periodistas, es decir, conoce a la perfección también a esta gran institución que es la CNDH.

La licenciada Sara Irene también ha trabajado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; ha sido procuradora social para la atención de las víctimas del delito; ha sido fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres. Es decir, todos ellos cuentan con las suficientes cartas credenciales de sobra para ocupar esta gran responsabilidad.

Durante las comparecencias, durante esas horas que los escuchamos a todos, propusieron grandes coincidencias estos tres candidatos.

El licenciado Farah nos decía de la necesidad de adecuar el marco normativo al nuevo paradigma constitucional. Nos decía también de la importancia que tenía el consejo consultivo en la toma de decisiones para iniciar o no una investigación por violaciones graves a derechos humanos.

También nos habló de la construcción de un sistema muy importante de indicadores de gestión.

El licenciado Luis Raúl González Pérez también nos habló de transparencia, de rendición de cuentas, de la atención inmediata que había de dar en el caso de violaciones graves a derechos humanos y de los protocolos que había que instaurar y seguir para actuar de manera inmediata cuando hubieran estos supuestos.

También nos habló de impulsar una política de defensa de los derechos sociales y de grupos en situaciones vulnerables.

La licenciada Sara Irene Herrerías, por su parte también nos habló, en coincidencia con los anteriores, de todo un sistema de indicadores, de todo un sistema de información, de temas de transparencia y de rendición de cuentas; también nos habló de la promoción de los derechos humanos constituidos como una solución alternativa de los conflictos. Es decir, encontramos en ellos tres, grandes, grandes coincidencias.

Ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso de gran relevancia, me parece, para el Senado de la República per ce por su propio procedimiento, por las propias consecuencias de esta designación, y hay que decirlo también, sin duda, porque fue un espacio de reflexión respecto a la situación de los derechos humanos en este país, y también hay que decirlo, una reflexión en materia internacional.

Por mi parte, debo decirlo, que fue enriquecedor todas estas sesiones de comparecencias y el haber escuchado a todos estos candidatos. Esta terna tiene muchas cualidades, es una terna muy técnica con comunes denominadores.

Los tres candidatos cuentan con gran credibilidad, los tres tienen una amplia experiencia en la materia, probada y comprobada.

Los tres cuentan con reconocimiento en las ONG's y con la sociedad civil.

Los tres tienen un gran liderazgo; los tres, hay que decirlo, son autónomos e independientes; los tres tienen un gran compromiso con esta sociedad.

Estoy convencido de que con cualquiera de los tres habrá un fortalecimiento de una gran institución como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también un fortalecimiento de todos los mecanismos para la protección y defensa de los mismos.

Estamos seguros que ellos podrán liderar, toda esta red de protección a los derechos humanos que conforman las comisiones estatales de los diferentes estados de la República.

Podrán fortalecer y mejorar las relaciones tan importantes con la sociedad civil y con las ONG's. A los tres en esta ardua tarea nuestro respaldo, nuestra confianza y nuestro apoyo, no podría ser de otra manera.

Por último, un mandato para cualquiera de aquellos, nos parece al Partido Verde que es de urgencia que una de las primeras actuaciones del presidente de esta comisión sea buscar y reunirse con los padres de los normalistas, esa debe de ser una de sus principales actuaciones llegando a la comisión, debe de buscar a los padres, debe de sacar el expediente, debe de poner a la vista de los padres de familia de los normalistas las actuaciones que se han realizado en la comisión para que en conjunto, con los padres de los normalistas, puedan definir si es necesario reponer el procedimiento, si es necesario realizar alguna actuación, o si así, de convenirlo, seguir con la investigación que se está llevando.

Me parece que ese es el primer mandato que se lleve. Agradezco la oportunidad a mis compañeros Senadores de la República, y me parece que estamos por votar una de las decisiones más importantes para este país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Escudero Morales. Informo al Pleno que recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo sobre este dictamen, la cual se integrará al Diario de los Debates.



Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para fijar posición en nombre del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El nuevo o la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibe una institución seriamente dañada en su credibilidad e incapaz de cumplir la encomienda que tiene asignada en nuestra democracia.

Los más reputados organismos de derechos humanos en el mundo han cuestionado seriamente el papel desempeñado por la comisión, sobre todo en los últimos tiempos en que vivimos una verdadera crisis humanitaria.

Amnistía Internacional señaló en su informe sobre la tortura de septiembre pasado, que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido deficiente, y expresó graves dudas sobre su comportamiento institucional. El organismo institucional juzgó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no realiza investigaciones exhaustivas ni oportunas sobre todas las quejas que recibe ni cumple cabalmente con la defensa de los derechos de las víctimas, según Amnistía Internacional, de las 7 mil quejas que la comisión recibió entre 2010 y 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaron tortura en 44 casos.

Amnistía Internacional resaltó la enorme disparidad entre el número de quejas y de recomendaciones. Así por ejemplo, en 2013 la Comisión Nacional de Derechos los Humanos recibió 3 mil 842 denuncias de violaciones a las garantías fundamentales cometidas por instituciones federales de seguridad pública, del Ejército, la Marina, la PGR, la Policía Federal, y el personal penitenciario federal, relacionada con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación, y uso ilegal de la fuerza, pero solo emitió 35 recomendaciones contra las autoridades implicadas en estos abusos.

Sobran ejemplos, comportamiento mediocre, omiso y hasta cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Raúl Plascencia Villanueva. Podemos mencionar a guisa de ejemplo, el informe que rindió, a propósito de la agresión de policías del estado de Puebla, que el pasado 9 de julio mataron a un menor, a Luis Alberto Tehuatli, la comisión documentó los excesos y desmintió la versión del gobierno de Rafael Moreno Valle, pero no señaló responsabilidades de funcionarios de la administración estatal, con lo cual abrió la puerta a la impunidad.

En el caso de Tlatlaya, como sabemos, el Ombudsman se dijo dispuesto a investigar, pero antes de hacerlo Plascencia anticipó, y lo cito textualmente: Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento. La prisa del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de avalar la primera versión oficial sobre este hecho, fue una prueba más de su supeditación a los poderes Ejecutivo Federal y a los estatales, de su obsecuencia frente a los abusos de autoridad, además de un claro incumplimiento de su mandato constitucional.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las instituciones fundamentales que nos dimos las y los mexicanos con la esperanza de apuntalar la transición democrática, su misión es simple, proteger los derechos humanos.

La pieza clave de su actuación es su autonomía, que en la gestión del titular saliente fue puesta en entredicho por una actuación que respondía a los intereses de autoridades, e incluso, a los intereses personales de quien la encabezaba.

La autonomía de la comisión, como otras instituciones que deberían de garantizar la transparencia y la justicia, ha sido socavada por un modelo autoritario y capturada por las fuerzas a las que no conviene que las violaciones a los derechos humanos sean reconocidas y erradicadas de nuestra vida pública; instituciones sometidas a los intereses de autoridades, a las que deberían de vigilar, de nada sirven a la democracia ni contribuyen a cumplir los objetivos prioritarios de la nación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede ser más parte de una arquitectura institucional autoritaria, que bajo el dominio de grupos de interés o de presión, solo favorece la reproducción de la antidemocracia y de un modelo autoritario.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el mayor de los organismos públicos dedicados a la defensa de los derechos humanos, para desgracia del país, muchos de estos organismos simplemente simulan que defienden tales derechos, pues están al servicio de los poderes y no de las víctimas.

La crisis de derechos humanos que vive México es una realidad, y nos obliga a cambiar de fondo la situación descrita. El caso Iguala nos ha demostrado una realidad cotidiana de masacres, desapariciones forzadas, y vejaciones de todo tipo, pero desgraciadamente no es un caso aislado, frente a esa crisis, requerimos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haga un uso adecuado de sus enormes recursos, que cuente con la audacia y con la capacidad para reorientar el curso de la situación de los derechos humanos en nuestro país, no podemos seguir teniendo un organismo que solo convierta en recomendaciones menos del uno por ciento de las denuncias que recibe, estaremos atentos para no tener que decir con Amnistía Internacional que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo trabaja para sí misma.

Esperamos poder decir que una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, renovada, trabajó para las víctimas, una comisión que vuelva a su origen y se renueve, que ayude a México a avanzar hacia un poder público sometido, pero al estado de derecho, un verdadero contrapeso institucional frente a los abusos y excesos de servidores públicos.

El relevo que se define hoy no puede hacernos olvidar que es momento de obligados cambios, que permitan dejar atrás el descrédito de las instituciones como la comisión ante la opinión pública. Debemos volver al debate sobre la necesidad de reformarla para que permita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda emitir resoluciones definitivas vinculantes y fortalecer aquellos mecanismos que protejan efectivamente a las y los mexicanos más vulnerables.

Es un asunto de justicia, claro, pero también contribuiría a aumentar las capacidades del estado frente a los conflictos sociales, un tema crucial para nuestro desarrollo nacional.

Sólo me resta felicitar el trabajo de las Comisiones de Justicia; y de Derechos Humanos.

Este esperaba ser un proceso muy complejo y a todos los partidos nos costó trabajo la unificación de criterios. Pese a ello, pudo procesarse exitosamente, lo cual es digno de señalarse.

Revisaremos la actuación del o de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y vigilaremos que ayude a superar la crisis humanitaria por la cual atraviesa hoy nuestro país.

Es cuanto, muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna.

En uso de la palabra, la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Las imágenes que ahora son parte de lo cotidiano, de la normalidad nacional, reflejan tres hechos que nos llenan de vergüenza colectiva: descomposición del tejido social, complicidad de las autoridades encargadas de garantizar el orden y, por desgracia, el aumento desmedido de la impunidad.

Los medios de comunicación, las redes sociales, nos han hecho partícipes de eventos que revelan alteración social, dolor, así como la insospechada capacidad del ser humano para lastimar con crueldad, matar y, literal, desaparecer todo tipo de rastro de vida.

Víctimas y afectados presentan la crudeza de la debilidad institucional que dan espacio para la frustración, el rencor y la posible venganza social.

Ante un estado débil o ausente, la impunidad se hace presente y la víctima es la legalidad.

Todos estos acontecimientos reflejan una crisis de derechos humanos.

Es grave dar cuenta de múltiples fosas con restos humanos que, como lo mencionan con alivio, no pertenecen a los 43 normalistas. Pero es más grave el deslinde de las autoridades de estos hechos ilícitos y que no se sepa quiénes son ni de dónde eran, identidades desconocidas, historias perdidas en la vorágine de la impunidad, hombres y mujeres sin rostro, sin identidad, anónimos, invisibles.

Es grave la denuncia pública de un medio de comunicación ante la probable comisión de un delito por la contratación de servicios sexuales con recursos públicos o propios. Pero es más grave comprobar que las autoridades sean administrativas o penales, se tiran la bolita y no asumen sus responsabilidades ante violaciones evidentes de los derechos humanos.

Es grave la agresión a un Senador de la República o el vandalismo a la puerta de Palacio Nacional, pero es más grave que con imágenes contundentes no se castigue a los responsables de estos hechos delictivos. Existe permiso de la autoridad.

Hoy en el plano social los mexicanos nos encontramos divididos, enojados y con impotencia.

Hay quienes en su legítimo derecho deciden apartarse y anhelan no ser parte de daños colaterales o afectados de los delitos.

Otros, desde el hartazgo de indignación por la incapacidad de los gobiernos claman justicia. Ellos han perdido la confianza en las instituciones.

Hay otro grupo que aprovecha la coyuntura para descalificar, destruir, dañar, actuar desde la ignorancia o el dolo. Ellos también han perdido la confianza en las instituciones, pero obtienen beneficios particulares.

El dolor, la indignación y la protesta no pueden ser pretexto para destruir, denigrar ni robar. Eso sencillamente es vandalismo.

Pero hay también quienes tenemos convicción plena. Primero, de reconocer la existencia de un problema; segundo, atender, escuchar y tomar decisiones; y tercero, fortalecer a las instituciones.

En este complejo, difícil y crispado marco social, las Senadoras y los Senadores estamos hoy convocados a discutir y votar la terna para elegir a la o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La deliberación y votación para elegir a la próxima o próximo titular de esta comisión, representa una alta y grande responsabilidad legislativa, porque se requiere fortalecer a la institución para que sea sólida y dé certeza con sus acciones.

No sólo la persona que encabeza este órgano tiene sobre sí esta responsabilidad. En el Senado de la República también debemos ser responsables y corresponsables, porque nuestra decisión debe contribuir a terminar todo aquello a lo que ha sido omiso en los derechos humanos.

Por eso es que el proceso de selección ha sido complicado desde la emisión de la convocatoria. Las interpretaciones legales y la construcción de un acuerdo parlamentario que permitiera una consulta pública, un método específico y criterios de evaluación.

Debe quedar claro que se evaluaron perfiles, conocimientos y trayectorias de todos aquellos que decidieron participar y cumplieron cabalmente con los requisitos.

Hago un reconocimiento a las y los candidatos que participaron, pues las comparecencias enriquecieron nuestra visión; las audiencias públicas nos aportaron elementos significativos más allá del ámbito legislativo y nos permitieron acercamientos con las organizaciones de la sociedad civil.

Aprovecho el espacio para reconocer y agradecer la participación de valiosos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que sin duda con su activismo permanente han dado seguimiento al proceso.

Sin duda, aún existirán diversas visiones y demandas, pero en la medida de lo posible fueron escuchadas sus voces. Cada uno desde su espacio y competencia busca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos garantice precisamente los derechos humanos de las víctimas que han visto vulnerada su integridad y su dignidad.

Destaco la responsabilidad del servicio público con el que habrá de conducirse aquella o aquel que obtenga el número de votos suficientes por parte de esta Soberanía, así como la responsabilidad y compromiso de todas y cada uno de los que hoy estamos aquí.

Para el grupo parlamentario del PAN hay retos fundamentales que tienen frente así quien resulte electo o electa.

Primero.- Recuperar la confianza de los ciudadanos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

Segundo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser una institución capaz de dar respuesta oportuna y pronta a cada una de las situaciones que han vulnerado los derechos humanos en México.

No es posible que organismos internacionales señalen cada vez más observaciones en esta materia. Ello indica que hemos sido rebasados por la crisis de derechos humanos en la que vivimos.

Tercero.- En los procesos de deliberación democrática, con sensibilidad se atendió la necesidad de oxigenar a las instituciones y se optó por el cambio. Pero es fundamental señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no arranca de cero, hay trecho recorrido, camino construido. Quien asuma el cargo no debe descalificar, sino rescatar los aspectos positivos de la administración saliente.

Es innegable la necesidad institucional, rescatar el trabajo que ha dado frutos positivos, corregir aquello que amerite cambio a fin de reorientar los esfuerzos institucionales.

Cuarto.- El establecimiento del estado de derecho, la defensa y protección de los derechos humanos, sólo son posibles cuando se respeta la ley, sin simulaciones. Reforzar el trabajo preventivo de la CNDH debe ser una de las prioridades de la institución. Pero también es necesario reconocer que la CNDH no puede, no debe y no va a sustituir instituciones de las distintas esferas del poder público que tienen también una responsabilidad en la materia.

La CNDH como organismo autónomo requiere el nombramiento de una persona comprometida, independiente, con capacidad de decisión. No basta el conocimiento académico o la… derechos humanos, hay que procurarlos, defenderlos y garantizar la aplicación de las leyes, de sus herramientas.

Quinto.- Quien esté al frente de la comisión no puede otorgar licencias de tolerancia, bajo ninguna circunstancia para el vandalismo creciente, disfrazado de protesta social que afecta a los demás; y mucho menos debe solapar, disculpar u omitir señalamientos a las autoridades que no cumplan con los mandatos constitucionales establecidos en la reforma de 2011.

Ser sensible ante las legítimas demandas sin que ello implique ser rebasado por las manifestaciones de repudio que alteren, violenten, o peor aún, hagan cómplice a la autoridad encargada de la seguridad pública, so pretexto de disminuir o beneficiar las tensiones sociales vía la impunidad.

Vivimos en una sociedad cada vez más informada, hay un importante despertar cívico y los habitantes demandan de los servidores públicos honestidad, congruencia y capacidad para decidir con responsabilidad y cumplir con sus obligaciones, sin simulaciones, son autoridad y especialmente con esa autoridad moral que tanta falta le hace al servicio público.

Exigimos también a quien resulte electo, estar al margen de apetitos políticos, filias o fobias, debe deslindarse especialmente de servilismos para aplicar la ley con justicia y garantizar los derechos humanos a todos los mexicanos.

Senadoras y Senadores, el grupo parlamentario de Acción Nacional reconoce los esfuerzos legislativos en la construcción de la terna que se somete a consideración de este Pleno.

Pero también entendemos la enorme corresponsabilidad del Senado de la República con este nombramiento y especialmente con la institución.

Por ello, promovemos desde esta tribuna la conformación de un observatorio legislativo en materia de derechos humanos para dar seguimiento a las acciones que la CNDH emprende a partir de este nuevo ciclo.

Con toda claridad y honestidad intelectual manifiesto, a nombre de mi grupo parlamentario, que estaremos atentos al desempeño y adaptación del o la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La credibilidad institucional sólo se logrará cuando se respete la ley, cuando se defiendan y se procuren los derechos humanos.

Este ejercicio que hemos realizado nos deja grandes lecciones, entre ellas asumimos la responsabilidad de empezar con los cambios legislativos necesarios para fortalecer a la institución, para precisar las dudas legales que pudieran existir con el único fin de contribuir a garantizarle a los ciudadanos nuestro compromiso y trabajo con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Estamos conscientes que este nombramiento no es la barita mágica que cambiará de golpe la crisis que estamos padeciendo, pero sin duda debe contribuir a recuperar la confianza en las instituciones autónomas y en quienes participamos en la política pública.

En la construcción de instituciones sólidas y fuertes, todos somos corresponsables.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Ojalá pudiera usted formalizar la propuesta de observatorio legislativo hacia los trabajos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda la visita de alcaldes de municipios del estado de Tlaxcala, Alejandría, Espinosa y Acuamanala, Felipe Morales de Yauhquemecan, Valentín Gutiérrez de Apetatitlán; Vicente Hernández de Calpulalpan; Martín Hernández de Santa Cruz; Hugo Celis de  Tepetitla y un grupo de ciudadanos que los acompañan, invitados a esta sesión por la recién oradora, Senadora Adriana Dávila Fernández.

¡Bienvenidos! Los saludamos.

También saludamos a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de Londres, Campus Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert.

¡Bienvenidos estudiantes!

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Gastélum Bajo, para posicionar en nombre del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer en primer término al coordinador de mi grupo parlamentario por permitir posicionar y hablar de uno de los temas de la mayor importancia para el México de hoy, para la realidad que vivimos en este momento.

Debo de decirlo con todas sus letras.

Fue el proceso más pulcro y transparente que esta Cámara de Senadores ha realizado y lo digo porque tengo la prueba de que fue un trabajo colectivo, serio, responsable, sobre todo apegado a derecho, y sobre todo a pegado a la convocatoria que nos dimos.

México vive un momento muy difícil, un momento en donde no se debe endosar solamente a una persona el resolver una de las problemáticas más serias que hemos tenido.

Y uno de los problemas más serios que hemos tenido es querer hacer ver que la descomposición social es a propósito de los asuntos apenas sucedidos, esa descomposición social ha sido paulatina, pero ha llegado el momento y de eso estoy segura.

El desarrollo de la elección de la o el ombudsperson que llegará a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pasó por escuchar a la sociedad civil, pasó por escuchar a 22 aspirantes, incluido el doctor Raúl Plascencia en su aspiración por la reelección, que desde aquí lo saludamos.

Pero hay que decirlo, y decirlo correctamente bien. Aquí los asuntos personales se deben de resolver exactamente en el ámbito personal, el momento que México requiere es una altura de miras, es una responsabilidad en donde los derechos humanos sean los que nos hemos dado en la reforma del 2011, el propersona, el pasar de las garantías individuales a los derechos humanos.

Pero debemos ir mucho más allá, a los derechos fundamentales, esta elección nos ha llevado a muchas reflexiones, primero, que la reforma del 2011 no está totalmente aterrizada, faltan muchas cosas por hacer, pero más aún, la ley que regula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos urge una cirugía mayor, urge una reforma que visibilice las necesidades que los y las mexicanas tenemos en este momento.

Urge de un árbitro hombre o mujer que tenga cuidado, que tenga una detección oportuna, que esté ahí en el momento y en la realidad que vive.

Que entregue cuentas a las víctimas, pero también a este país que clama un México seguro, un México en paz. Y eso lo podemos lograr.

Quiero decirles a ustedes que hoy tenemos tres propuestas, tres propuestas que no pueden estar equivocadas, la mayoría de este Senado de la República.

Mauricio Farah, Luis Raúl, Sara Irene, no pueden estar equivocados y equivocadas, y quiero desde aquí mandar un fuete saludo a Miriam Cárdenas, una mujer que también participó activamente, una mujer con los merecimientos también para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero que su altura de miras, que su responsabilidad como mujer, como conocedora de la materia ha declinado.

Hoy tenemos al frente tres, dos hombres y una mujer, que fueron producto de un proceso limpio, subrayo, limpio, a nadie se le coartó la posibilidad de poder decir qué quería y cómo lo quería; la sociedad civil estuvo presente, cumplimos todos y cada uno de los requisitos, que los discutimos y los aprobamos.

Hoy tenemos una gran posibilidad.

Me queda claro que el próximo o la próxima ombudsperson tendrá que responder a la sociedad, porque México tiene una descalificación que tenemos que corregir, somos clientes frecuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso tiene que ver porque no hemos sido posibles, no hemos tenido la capacidad de resolver internamente nuestro problemas.

Y más aún, no hemos respetado las instituciones que le han dado vida y desarrollo a este México, a este México actual.

Tenemos que transitar, primero, con responsabilidad, con el hombre o la mujer que dirigirá la CNDH. Y este Senado de la República tiene que ser el observador permanente de la conducta que asuma con el voto que hoy le daremos la mayoría, porque estoy segura, la mayoría de los partidos políticos representados aquí.

2.- Es urgente la reforma a la ley en la materia.

3.- Es urgente hacer el corte de caja para saber dónde está parado este país.

No reparto de culpas, pero sí realidad con la cual tenemos que trabajar.

4.- Despojémonos de cuestiones personales.

Veamos el bosque de oportunidad que tenemos, y no solamente el egoísmo personal.

Estoy segura que México, a partir de la elección del nuevo o de la nueva ombusperson, tendrá una nueva realidad, una realidad de un México en paz, de un México seguro, de un México que nos dará gusto poder heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos.

Sí se puede cuando nos despojamos de apetitos personales, y vemos lo más importante: el respeto a los derechos fundamentales que son los derechos humanos, que son universales, que no tienen edad, pero también no tienen clase social.

Por eso el voto del PRI será por lo que dice la sociedad y no por intereses personales.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Ha concluido la etapa de posicionamientos de grupos parlamentarios.

Tengo registrados para intervenir en este asunto: a los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, David Monreal Avila, Mely Romero Celis, Zoé Robledo Aburto, Mariana Gómez del Campo Gurza y Arely Gómez González.

En el uso de la palabra, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, por 5 minutos. Les ruego que nos ajustemos al tiempo, hasta donde sea posible, para poder escucharlos con atención.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchísimas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Senado de la República como representante legítimo del pueblo, sin duda que tiene una enorme responsabilidad el día de hoy, nombrar a quien será el nuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Es complicado hacer este nombramiento y hacer que este nombramiento se haga efectivo en estos momentos aciagos que vive la República.

La corrupción y la impunidad cabalgan sin control a lo largo y ancho de México.

Será responsabilidad del nuevo presidente hacer que estos dos jinetes del Apocalipsis reduzcan el trote y también los ponga en estado de inactividad.

Secuestros, desapariciones forzadas, violaciones a la ley, dilaciones en la aplicación de la justicia y muchos otros acontecimientos que tienen cimbrado al país, y por eso el pueblo de México vive en un terror permanente porque, lo tenemos que decir con pesar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y de los requerimientos de un país tan sufrido como el nuestro.

¿Qué estoy tomando en cuenta para ejercer mi voto de manera imparcial, y sobre todo, de manera responsable?

El nuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá ser una persona que tenga una autoridad moral a toda prueba.

Deberá de tener una independencia política de los poderes legalmente establecidos y de los poderes fácticos.

Es necesario que al ciudadano presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le quede claro que el único compromiso que tiene, es con el pueblo de México y con nadie más.

Sí, el que nombremos hoy con esta representación, le queda claro este aspecto, créanme, compañeros Senadores que la reivindicación de los derechos humanos en México será una realidad.

Deberá de tener una gran capacidad y conocimiento para encarar y resolver a fondo los problemas y las violaciones de los derechos humanos.

Debe ser un hombre o una mujer sensible ante la problemática que tiene el país en este tema tan delicado.

Deberá de tener un gran liderazgo, y debe ser capaz de ponerse al frente de los trabajos de investigación y resolución de la violación de los derechos humanos.

Casos como los que hoy vive el país y que han llamado la atención del mundo, por supuesto que tiene que encontrar una ruta para resolverlos de manera definitiva y darle la satisfacción al pueblo que de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no va a permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa sigan en la incertidumbre y sigan con el inmenso dolor que hoy los acoge; el caso de Tlatlaya, y otros muchos, que hoy enlutan a México.

Debe tener una gran creatividad para visualizar los nuevos horizontes para desarrollar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Debe de respetar, de manera irrestricta, la ley.

Debe ser capaz de mantener una estrecha comunicación con la sociedad civil y con las organizaciones no gubernamentales o con las organizaciones independientes de derechos humanos. No entrar en contradicción con éstas.

Fortalecer y utilizar todos los instrumentos que le brinda la ley.

Dar un efectivo seguimiento a las recomendaciones emitidas hasta su cabal cumplimiento, y sobre todo, debe de tener un gran amor por México.

Desde nuestra visión, ¿cuáles son los grandes retos que se plantea para el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

Debe entender que hay que legitimar esta comisión, y también debe entender que esa legitimación se gana con el trabajo que se realice a favor de los derechos humanos, y no solamente con los discursos.

Debe de garantizar la imparcialidad absoluta y plena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ponerse siempre por encima de los intereses particulares o de grupo, y siempre priorizar la defensa de los derechos humanos.

Un gran reto que, ojalá, el que nombremos el día de hoy pueda cumplirlos.

Debe insistir en que los derechos humanos deben ser absolutamente para todos, y debe de tener una gran objetividad para focalizar la problemática real de los derechos humanos.

Compañeras y compañeros Senadores:

El nombramiento que hoy vamos a realizar, puede ser el inicio de la reivindicación de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas; y también puede ser la ruta que el pueblo requiere para cristalizar sus aspiraciones de que en México se haga justicia ante cualquier violación de los derechos fundamentales.

Por último decirles, que mi voto, que quede claro, lo otorgo, lo otorgo con el beneficio de la duda, y no como un cheque en blanco.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo, por su voto.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

A 15 años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos obtuvo su autonomía constitucional, y a 24 de haber sido creada, existen más preguntas que respuestas en torno a su eficiencia, eficacia y efectividad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada en 1992, ha demostrado signos de cansancio, en los últimos años se ha caracterizado por ser una institución costosa, en los últimos cuatro años se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un 55.21 por ciento

Tiene un sistema burocrático enorme, de 2010 a 2013, el personal de dicha dependencia se elevó en un 36 por ciento.

A pesar de esto, la defensoría de los derechos humanos no se ha logrado consolidar, muestra de ello, es la ineficiencia en la defensoría de los derechos humanos durante el año 2013.

La comisión recibió 13 mil 636 quejas, y emitió solamente 86 recomendaciones, es decir, que solo el 0.6 por ciento de las quejas ameritó una recomendación.

De las 86 recomendaciones emitidas, 77 de ellas, el 90 por ciento, o no habían sido cumplidas o solo lo había sido parcialmente al fin de ese año.

Otros datos señalan que en cuatro años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió 373 recomendaciones, de las cuales, solo el 1.2 por ciento fueron cumplidas en su totalidad; y 43 por ciento a medias; peor aún, del trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desprendieron 313 denuncias penales, pero solo una terminó en sentencia.

La ineficiencia tiene un costo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no es propiamente lo económico, sino algo que no se puede comprar, me refiero a la legitimidad y la confianza de los ciudadanos y sus capacidades institucionales para la defensa pronta, expedita, transparente de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un elefante blanco de la burocracia, misma que no tiene modo efectivo de hacer valer sus resoluciones, en este sentido, se podría decir que sus recomendaciones únicamente son como las llamadas a misa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se paralizó en el momento que más se necesitaba por parte de la ciudadanía, muestra de ello, son las 118 recomendaciones que recibió el gobierno mexicano de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Entre dichas recomendaciones, destacan el control sobre las fuerzas de seguridad para evitar crímenes graves contra civiles e investigar a fondo la desaparición de personas.

Queda claro que la situación de derechos humanos en México debe preocupar a los tres órdenes de gobierno, pues está ante una emergencia nacional en dicha materia.

Se debe poner un alto a las violaciones de los derechos humanos, de seguir en este camino, se agudizará esta crisis social y sistémica que estamos padeciendo.

Es innegable que a las víctimas de algún delito o violación hacia sus derechos humanos, no les interesa quién será el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; lo que les interesa es que realmente cuenten con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, que no esté subordinada a los intereses partidarios o de grupos; que se encuentre a la altura de las demandas y exigencias sociales en materia de derechos humanos.

No se puede permitir, que el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos repita las mismas ineficiencias que el actual. Debe mostrar temple y firmeza al momento de realizar y emitir sus resoluciones; ya que ha quedado demostrado que de nada sirve una Comisión Nacional de los Derechos Humanos estéril, carente de legitimidad ante los ciudadanos y subordinada a las cúpulas partidarias.

En esta lógica, la tarea del nuevo Ombudsman, será fortalecer la comisión desgastada, acercarla a la ciudadanía, dar transparencia a sus resoluciones, investigar posibles violaciones de los derechos humanos de oficio y de forma expedita; pero sobre todo, revertir los vicios del pasado.

Por ende no se debe desaprovechar esta oportunidad que se nos presenta para vigorizar a la institución que tanto le hace falta al pueblo de México.

Para eso se necesita reconstruir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con una vigilancia ciudadana y así pueda llevar a cabo el papel de defensor de sus derechos; al mismo tiempo de enfrentar las presiones del poder político.

El Senado de la República deberá de tener a la vista la manera de actuar del Ombudsman. Se debe mantener una estricta vigilancia a su manera de actuar frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y revisar con lupa sus informes y por este medio llamarlo a rendir cuentas.

El malestar social que se está manifestando en las calles, reclama una defensoría contundente de los derechos humanos; la gente está diciendo, ya basta de los abusos de autoridad y de la negligencia de la autoridad.

Si el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene la sensibilidad para escuchar estos reclamos y actúa en consecuencia, estará cavando la sepultura de esta institución.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero expresar mi sentir en este Pleno del Senado de la República, respecto del procedimiento que hoy culmina, un procedimiento que es de gran relevancia para el país.

Estamos por designar en este Senado, al Ombudsman nacional, él será el encargado de velar por la protección de los derechos humanos de todos y de todas quienes habitamos en este país.

Con agrado, doy cuenta de un proceso acorde a nuestras expectativas. Se trató de un proceso para el cual medió una convocatoria abierta a la sociedad, sin mas límites para su registro, que evidentemente reunir todos los requisitos que la propia ley establece.

Debió haber sido cada uno de los postulantes, quienes tuviesen un perfil idóneo para ocupar el cargo. Tener conocimiento pleno en la materia, por supuesto, y también saber de los mecanismos para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales.

Se registraron 39 aspirantes provenientes de diversos sectores de la sociedad: académicos, activistas, funcionarios, ex funcionarios, todos ocupados en la defensa de los derechos humanos.

Ha sido un procedimiento transparente, consultable, en cada una de sus etapas y en todos los contenidos con publicidad oportuna en la página de Internet de este Senado de la República. En cada etapa se escucharon las voces de las organizaciones de la sociedad civil a través de la instalación de dos mesas de trabajo para desahogar en audiencias públicas todas las inquietudes y todos los contenidos que se tuvieron a bien expresar y hacer llegar a cada una y a cada uno de los integrantes de las comisiones unidas, responsables de este proceso.

Así, un trabajo de exhaustiva valoración de expedientes y perfiles tenía que llegar a este momento, a que se presentase un dictamen ya con una terna muy bien definida. Seguramente fue un procedimiento no sencillo, dados los perfiles y las características de todas las personalidades que participaron.

Así, quiero expresar mi reconocimiento a los Senadores y Senadoras integrantes de las comisiones dictaminadoras. Anticipo a la vez mi felicitación a quien resulte electo en este Senado de la República, que su encomienda sea exitosa en bien del estado de derecho, que solamente habrá de lograrse cuando se obtenga la máxima protección de los derechos humanos.

Mi reconocimiento a los presidentes de las comisiones, integrantes también. Sé de su trabajo, que fue ajustado conforme estándares internacionales, y además tomaron una decisión fundamental ya presentada en este Pleno del Senado.

Finalizo reconociendo a todos los líderes de los grupos parlamentarios, en especial a mi coordinador de la fracción priísta por estar siempre atento a las reuniones de cada comisión, de cada Senador, y siendo, sobre todo, muy respetuoso del trabajo que cada uno llevamos a cabo.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Romero Celis.

En el uso de la palabra, el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. Solamente, primero, para reconocer el trabajo en las comisiones, de los Senadores que participaron en este proceso. Sin duda, si algo positivo ha resultado de él es haber conocido de manera más profunda las posiciones de muchos mexicanos y mexicanas que quizá no están en un nivel de reconocimiento público, incluso entre la clase política y los medios de comunicación, pero que este proceso les ha servido y contribuirá en su vida profesional, porque no me cabe duda que muchos de ellos han acreditado, muchos de ellos y de ellas han acreditado las capacidades suficientes para encabezar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hoy necesita el país.

Si esto hubiera ocurrido antes de los hechos de Ayotzinapa, o antes de los hechos de Tlatlaya, otra situación se hubiera presentado, otra situación que incluso hubiera podido llegar a la reelección, cosa que nosotros estábamos en desacuerdo desde el principio, por eso celebro esto. Pero también quiero decirlo de manera muy clara, las responsabilidades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy están, por supuesto, en estas violaciones tan graves que estamos viviendo, pero eso no les permite, ni les da un cheque en blanco para abandonar otras agendas que, sin duda, no estuvieron presentes en los últimos años en esa comisión, y quiero hablar en particular del tema del desplazamiento interno en México.

En el 2013, cuando el entonces presidente de la comisión vino al Senado de la República, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, se comprometió y nos dijo que estaba elaborando un informe sobre desplazamiento interno en México, eso producto de haberlo cuestionado ante una declaración en el sentido de que, a diferencia de lo que plantea el relator de Naciones Unidas para el tema de desplazamiento interno, respecto a la necesidad de generar legislación local para la prevención y la atención de este fenómeno, él creía que no tenía que haber legislación.

Y se dijo que se estaba elaborando un protocolo y un estudio para conocer la realidad de los desplazados en México, por una razón muy simple, porque es un sector de la población que puede llegar a los 200 mil o a los 500 mil, que hoy no tienen reconocimiento por parte del Estado mexicano. No hay una sola ley en nuestro país que hable sobre el desplazamiento, salvo la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, pero esa es la ley de un estado subnacional nada más, no existen los desplazados para nosotros, no existieron para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por eso, la petición es que la persona, el hombre, la mujer que vaya a ser electa el día de hoy por este Senado de la República, tenga en cuenta que estaremos vigilantes, y que estaremos muy atentos a su acción con respecto a esta población tan vulnerable de nuestro país, que son las personas internamente desplazadas en México.

¡Enhorabuena por el proceso!, pero creo que nuestra labor no se acaba el día de hoy después de votar, apenas empieza para tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que los mexicanos merecen, y que el país necesita en días tan trágicos, como los que estamos viviendo ahora.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robledo Aburto.

En uso de la palabra, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Coincidimos con quienes ya se han pronunciado aquí desde esta tribuna, señalando que la principal característica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser la independencia. Yo voy añadir que es importante que el titular demuestre también una profunda capacidad y sensibilidad, sobre todo por los momentos en los que estamos atravesando como país.

La decisión que tome este Senado de la República, pues se da en un momento tristemente histórico. Por otra parte, representa la elección de la voz y la cabeza de quien, por un lado, procura y da seguimiento a los hechos que más han dañado a nuestra sociedad, y que también han dañado la imagen de nuestro país no nada más a nivel nacional, sino que también a nivel internacional.

Segundo, es quien ejerza también, quien lleve al límite sus atribuciones para defender los derechos humanos de los mexicanos frente a la amenaza de situaciones jamás antes vistas. Hablamos, por un lado, de fuerzas militares atentando contra civiles en órganos del Estado, infiltrado el crimen organizado, y esto afortunadamente se ha hecho saber gracias a los medios de comunicación.

La agenda sobre la que debe trabajar quien encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es enorme, deberá empatar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos, terminar con desapariciones, tortura y malos tratos, sistema de justicia penal ante la creciente fabricación de acusaciones, violaciones vinculadas a miembros del Ejército y también a la Marina, la situación de los migrantes.

Este punto me parece crucial, en especial trabajar por las mujeres y por los niños migrantes no acompañados, y por qué no decirlo también, por los niños migrantes sí acompañados. Están también los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos, y los periodistas.

Qué decir, por otra parte, de los atropellos que por cuestiones de género o por pertenecer a grupos indígenas sufre este sector de nuestra población.

Quiero también hacer un justo reconocimiento a quien hasta el día de hoy encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Muestra del profesionalismo fue el informe especial sobre grupos de autodefensa publicado en el 2013, señalando y advirtiendo sobre la crisis profunda y descomposición que se venía dando ya en el estado de Guerrero.

Este informe especial en su momento se le hizo llegar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República, y desafortunadamente jamás se trabajó en el tema, y hoy estamos sufriendo, padeciendo las consecuencias.

Quiero también señalar lo importante que será estar muy atentos y es un tema con el que llegará el hombre o la mujer que encabece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es el caso de Guerrero, concretamente, el caso Ayotzinapa.

Este Senado de la República va a estar muy atento a cada una de las recomendaciones que seguramente se darán en próximas semanas, porque además estas recomendaciones marcarán el rumbo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los próximos cinco años.

Es una responsabilidad enorme la que tenemos Senadores y Senadoras el día de hoy al elegir a la persona que encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Finalmente, en el uso de la palabra, la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente.

Parafraseando a Kofi Annan, "…Los derechos humanos son nuestros, debemos tomarlos, defenderlos, promoverlos, entenderlos e insistir en ellos; hay que nutrirlos y enriquecerlos. Son lo mejor de nosotros, démosles vida…".

Senadoras y Senadores, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil; amigas y amigos que nos siguen por los diversos medios de comunicación, y el Canal del Congreso.

El día de hoy nos convoca en el Pleno un tema de suma trascendencia para el futuro de uno de los órganos más importantes del Estado mexicano: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El papel de la CNDH como órgano autónomo constitucional es fundamental dentro del Estado mexicano, no sólo por nuestro diseño constitucional en el que los derechos humanos gozan de un papel preponderante, sino porque un organismo de protección no jurisdiccional, eficaz, es una pieza clave para la tutela real de los derechos humanos.

A partir de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió más responsabilidad que nunca, no sólo por la reforma que impactó la regulación directa de la comisión para incrementar la fortaleza de sus recomendaciones, y por otorgarle la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que anteriormente tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque el ejercicio de las obligaciones, los principios y los deberes del estado para todas las autoridades en relación con los gobernados se convierten en materia de tutela de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta importante tarea requiere de una institución sólida, eficaz y confiable. Por ello, la designación de su titular es para esta Cámara de Senadores un asunto del más alto interés y prioridad.

Todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Justicia hemos entendido que trabajamos por un proyecto común, sin ningún tinte partidista.

La pluralidad y el diálogo para generar acuerdos han sido palpables en cada una de nuestras sesiones y reuniones de trabajo.

Desde la construcción del acuerdo para el desahogo del procedimiento se manifestaron las diversas posturas ideológicas, pero de fondo; siempre existió un consenso en torno a un objetivo conjunto, la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país, finalidad antepuesta más allá de las posturas de los distintos grupos políticos.

Se llevó a cabo la revisión exhaustiva e integral de cada uno de los expedientes de los candidatos registrados.

Se consideró su formación académica en materia de derechos humanos; su experiencia profesional y trayectoria, así como los planes de trabajo para el caso de resultar elegidos.

El ánimo de consenso dentro de estas comisiones unidas permitió escuchar voces de destacadas y destacados mexicanos con prestigios dentro de la sociedad en el ámbito de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos para conocer el papel que se espera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el perfil que se necesita para cumplir con esta encomienda.

Escuchar a las organizaciones que trabajan o deben de trabajar de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido un ejercicio más de parlamento abierto de esta LXII Legislatura del Senado de la República, que nos ha permitido contar con elementos muy valiosos para la toma de decisiones.

Escuchar a los candidatos en las comparecencias fue un factor muy importante para la decisión que hoy se toma, tanto por su presentación inicial como por las respuestas a las preguntas de mis compañeras y compañeros Senadores.

Este ejercicio nos permitió conocer directamente sus posturas y sus atributos para ocupar el cargo.

Debo mencionar que para cada uno de los grupos parlamentarios reducir la lista de perfiles de 22 comparecientes a 3, ha sido una tarea sumamente complicada dado el buen perfil de los aspirantes.

Todos ofrecieron ideas innovadoras y entusiasmo en el trabajo por los derechos humanos de nuestro país.

Quiero felicitar a cada uno de los candidatos registrados porque su trayectoria es digna de reconocerse.

No puedo dejar de reiterar el compromiso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que este proceso de designación se desarrolle en un marco de transparencia y de profundo análisis.

Quiero reconocer el trabajo de nuestro coordinador, el Senador Emilio Gamboa, en la conducción de los trabajos de deliberación dentro del grupo para condensar los mejores perfiles de entre los candidatos.

Agradezco también a todos los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Justicia, en especial a los presidentes y a las secretarias quienes se destacaron por su capacidad de diálogo y de conducción del proceso.

Amigas y amigos, no perdamos de vista que la terna que se presenta a su consideración es producto de un amplio consenso, pero ha sido una decisión muy difícil.

El proceso de nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de los más sensibles para la sociedad mexicana, y por lo tanto, requiere de un perfil que destaque por su experiencia, conocimiento, independencia, imparcialidad, transparencia y eficiencia.

Los tres integrantes de la terna que se presenta han destacado no sólo por su gran trayectoria y méritos para ocupar el cargo, sino también porque han generado al interior de este órgano un amplio consenso.

México necesita y México merece una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que goce de fortaleza normativa e institucional y autoridad moral de sus integrantes; los desafíos que la realidad nacional en materia de derechos humanos exigen al "Ombudsperson", requiere de acciones eficaces y eficientes, que como primer paso deben partir de un proceso ejemplar para la elección del titular de la CNDH, como ha ocurrido en este proceso.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gómez González, la felicito por su trabajo.

Informo al Pleno que recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen presentado.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo con la propuesta de terna de candidata y candidatos a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Procederemos a la elección por cédula de la presidenta o del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Solicito al personal de apoyo distribuya la cédula de votación entre las Senadoras y Senadores.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras Senadoras y Senadores, a fin de que pasen a depositar sus cédulas en la urna que se ha dispuesto para tal propósito.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se solicita a las señoras y señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítame, señora Secretaria.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes del ITAM, invitados por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. ¡Bienvenidos, los saludamos, estudiantes del ITAM!

También saludamos a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas del Colegio Libre de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

Proceda señora Secretaria, a dar los nombres para que se depositen las cédulas.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Pasa lista)

Señor Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación.

Se recibieron 107 votos, de los cuales, 2 votos a favor del ciudadano Mauricio Farah Gebara; 97 votos a favor del ciudadano Luis Raúl González Pérez; 2 votos a favor de la ciudadana Sara Irene Herrerías Guerra; 4 nulos y 2 en contra de la terna.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Conforme al resultado de la votación y debido a que se cumple el requisito de votación mínima, exigido por el artículo 102 constitucional, resultó electo el ciudadano Luis Raúl González Pérez, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2014-2019.

Comuníquese al ciudadano Luis Raúl González Pérez. Y se le cita para que acuda ante este Pleno a rescindir su protesta constitucional.

¡Felicidades al Senado de la República!






Tenemos la discusión de siete dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura. Están a discusión los siguientes cuatro dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)








COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)








COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)








COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)








- La C. Secretaria Barrera Tapia: También tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)








COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)








- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estudios Legislativos con punto de Acuerdo por el que aprueba el similar de la Cámara de Diputados por el que se desechó el proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora  Secretaria. Están a discusión los dictámenes.

Quienes tengan interés de participar ella o él, Senadores de la República, háganlo saber. Como no hay interés de hacerlo, y por no haber reservas a los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






El día de ayer conocimos de los ataques que recibió la sede del Congreso Local de Guerrero.

El Senado de la República, a través de esta Mesa Directiva, hace el siguiente pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO

Honorable Asamblea:

Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en contra del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, en representación de este Senado de la República, esta Mesa Directiva expresa su más enérgica condena por los daños ocasionados en sus instalaciones y en particular los causados a su salón de plenos.

Estamos conscientes del dolor y la irritación que genera en la sociedad guerrerense un hecho como el ocurrido en contra de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Sin embargo, no es con más violencia como podremos encontrar una salida a esta crisis social e institucional.

Hacemos un llamado a toda la sociedad guerrerense y a todos los mexicanos agraviados para privilegiar la protesta social legítima, el ejercicio del derecho de libertad, de manifestación y la justa demanda de respuestas.

Desde este Senado de la República nos solidarizamos con los integrantes de la LX Legislatura del Estado de Guerrero.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el Senador dirigente campesino Manuel Humberto Cota Jiménez.

¡Bienvenidos, compañeras y compañeros!






Se recibió en la Mesa Directiva, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que remiten a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, los expedientes de los aspirantes al cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radio Difusión del Estado Mexicano. Esta Asamblea queda enterada del Acuerdo y hará la remisión a las comisiones mencionadas.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA








Compañeros Senadores, a partir de la elección del ciudadano Luis Raúl González Pérez, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, daremos paso a la toma de protesta correspondiente.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el señor Luis Raúl González Pérez, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Arely Gómez González, Adriana Dávila, Angélica de la Peña Gómez, Pablo Escudero Morales, David Monreal Avila, Roberto Gil Zuarth y Diva Hadamira Gastélum Bajo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante este acto.

Se hace pausa para recibir a quien tendrá que tomar protesta.

Antes de continuar con la protesta, quiero informarles que, invitado por la Senadora Laura Rojas, en este recinto se encuentra el Diputado del Congreso de la República de Chile, Patricio Vallespín.

¡Bienvenido, señor Diputado!

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se solicita ponerse de pie, por favor.

PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Ciudadano Luis Raúl González Pérez ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Puede usted contestar.

- El C. Luis Raúl González Pérez: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Luis Raúl González Pérez!

Un aplauso para nuestro nuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Solicito a la comisión designada acompañe al ciudadano Luis Raúl González Pérez, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Me ha pedido el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Para preguntarle, señor Presidente. ¿Cuál es el trámite que se piensa dar al punto de Acuerdo que he presentado junto con otros Senadores de la República, en torno de la denuncia penal interpuesta en contra del Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, toda vez que, de nueva cuenta, se ha desahogado el Orden del Día sin dar curso al punto de Acuerdo?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El punto de Acuerdo quedará agendado para la siguiente sesión, y esta Mesa Directiva da la garantía de que tendrá que desahogarse durante la misma en la etapa correspondiente.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente, toda vez que este punto de Acuerdo ya tiene enlistado varias sesiones, yo pediría a la Mesa Directiva, por favor, que conforme al Reglamento, de acuerdo a nuestro Reglamento y en los casos en los que así la Mesa Directiva lo considera, se le dé un trámite preferente a la discusión de esta propuesta con punto de Acuerdo para la próxima sesión.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Su propuesta será llevada a la Mesa Directiva para su consideración. Pero lo que sí le ofrecemos es que será desahogado el punto de Acuerdo en la siguiente sesión.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Muchas gracias.






- El C. Presidente Barbosa Huerta: A petición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el dictamen que correspondan al proyecto de reformas del artículo 21 constitucional, presentado 11 de diciembre del 2012.

EXCITATIVA

“La suscrita Senadora de la República e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, le solicita respetuosamente, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda para que presenten el Dictamen correspondiente con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El 11 de diciembre de 2012, usted y la suscrita presentamos ante el pleno del Senado de la República una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de jurisdicción y cumplimiento de sentencias de cortes internacionales, con la finalidad de que el Estatuto de Roma pueda tener plena y absoluta vigencia en nuestro país y se reconozca plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

2.- Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, solicito a usted, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:

UNICO. Formule Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el Dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de jurisdicción y cumplimiento de sentencias de cortes internacionales.

Dado en el Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y propuestas inscritas en nuestro Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por los CC. Senadores René Juárez Cisneros y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propongo ante esta Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

México ha tenido importantes avances en la política de competencia en los últimos 20 años, comenzando con la promulgación de la Ley Federal de Competencia en 1993 y la publicación de su reglamento en 1998, lo cual abonó al desarrollo de conductas competitivas, la cultura de la competencia y la especialización, así como al desarrollo institucional.

Por su parte, la primera y la segunda reformas a la Ley Federal de Competencia fortalecieron los procedimientos procesales al definir mejores procedimientos internos de la Comisión Federal de Competencia y el diálogo con el Poder Judicial; asimismo, se adoptaron mejores prácticas internacionales y la interacción con órganos reguladores para mejorar los problemas estructurales en los mercados.

Por último, las reformas al artículo 28 constitucional aprobadas en 2013 y la aprobación de la nueva Ley Federal de Competencia aprobada en 2014, tuvieron como resultado la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), otorgándole autonomía constitucional y nuevas facultades para imponer sanciones y mejorar su intervención en los órganos judiciales.

De esta forma y de acuerdo al nuevo arreglo constitucional, se define a la Comisión Federal de Competencia Económica como un organismo autónomo con independencia en decisiones y funcionamiento, integrando por 7 comisionados a través de un nuevo mecanismo de designación que serán removibles sólo por causa grave.

Asimismo se le dotó de nuevas herramientas para mejorar su eficacia y evitar barreras anticompetitivas, a favor de la libre concurrencia de los actores económicos.

La reforma constitucional sentó las bases para proporcionar certeza jurídica a los actos de la Comisión Federal de Competencia Económica, a través del establecimiento de tribunales especializados en los que dichos actos sólo serán impugnados mediante juicio de amparo directo y sólo respecto a resoluciones que ponen fin a procedimientos.

Por su parte, la nueva legislación aprobada por el Congreso de la Unión, permite a la COFECE actuar de manera eficaz al darle mejores herramientas y definir conductas ilícitas como las prácticas monopólicas absolutas y relativas, así como la identificación de mercado relevante, poder sustancial y concentraciones.

Las atribuciones de la COFECE establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica en los términos de nuestra Constitución permiten que sus actuaciones favorezcan un entorno de competencia económica en México para convertirla en un motor de crecimiento.

Esta decisión de Estado respondió esencialmente al reconocimiento de dos realidades:

1. La ausencia de condiciones de competencia en sectores  estratégicos de la economía que han pedido alcanzar el potencial de nuestra economía, situación que por años ha afectado sustancialmente el bienestar del consumidor mexicano y la competitividad de las empresas en nuestro país, y

2. La política de competencia como un motor de desarrollo y, sobre todo, de igualdad de oportunidades para las empresas mexicanas, en beneficio de los  mexicanos y sus familias.

La importancia de la competencia para México es una herramienta fundamental para aumentar el crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos, ya que es esencial para el éxito empresarial en un entorno favorable para hacer negocios y crear empleos.

El lento crecimiento de México se debe en gran medida al rezago creciente en la productividad, es por ello que el Congreso decidió impulsar a la competencia como un factor decisivo para mejorarla.

La falta de competencia provoca pérdida de bienestar de los consumidores en los mercados de bienes esenciales tales como: el de la tortilla de maíz, los refrescos, los jugos y el agua, los medicamentos, la leche, las carnes procesadas, así como el del pollo y el huevo.

Por el contrario, la competencia aumenta el crecimiento y el bienestar económico, y genera efectos positivos en los mercados como la caída de los precios de los productos, así como al incremento en el empleo por eliminación de barreras a la competencia.

La competencia potencializa cualquier política social. Es por ello que la Comisión Federal de Competencia Económica trabaja actualmente en lineamientos, criterios técnicos, guías en materia de concentraciones, investigaciones, prácticas monopólicas relativas, sanciones e índices de concentración, para poder medirlos en los mercados.

Su autonomía es un elemento importante para profundizar la coordinación técnica con otros poderes en beneficio de la competencia económica.

Un objetivo que resulta fundamental y debemos rescatar para los fines de esta propuesta legislativa, es que la actuación de este organismo autónomo, busca en todo momento el bienestar del consumidor y la eficiencia de los mercados a partir de lograr una justicia clara y expedita mediante la creación de tribunales especializados en la materia.

La libertad de competencia permite que las empresas se beneficien al comprar insumos más baratos, ya que cuentan con mayores recursos para dedicar a otras áreas de su actividad productiva. A partir de ello, consideramos que las decisiones legislativas en el Congreso de la Unión deben tomar en cuenta, además del impacto presupuestal enmarcado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la promoción de la cultura de la competencia como un tema prioritario de la agenda pública nacional, y para que la legislación no quede desvinculada de su impacto en el comportamiento de los mercados y de los consumidores.

Se trata de lograr que durante el análisis y discusión de los dictámenes en el Poder Legislativo, y en caso de ser necesario, solicitar a la COFECE una opinión técnica y jurídica que les permita a las comisiones dictaminadoras tener mayores elementos para que la legislación pueda tomar en cuenta la eliminación de barreras a la competencia y libre concurrencia a todos los niveles y en todas las actividades económicas, sobre todo aquellas barreras artificiales creadas por el propio Estado que pueden llegar a ser altamente perjudiciales para la economía y las finanzas públicas.

Consideramos que a partir de una opinión técnica de la Comisión Federal de Competencia Económica en las tareas que realiza el Congreso de la Unión, se puede contribuir de mejor manera a eliminar barreras a la competencia y promover la libre concurrencia en los mercados.

Basta recordar que de acuerdo al análisis de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el lugar 31 de 33 como el país con mayor número de barreras regulatorias en los mercados. Si lo que se busca son mejores condiciones de competencia, es indispensable que la legislación y las regulaciones sean pro-competitivas.

Hoy en día la COFECE ha permitido mejoras a los anteproyectos regulatorios de la Administración Pública Federal, y en el 75% de los casos las recomendaciones han sido bienvenidas. Creemos que esta práctica sería muy sana dentro del proceso legislativo sin que ello represente un freno al Congreso de la Unión, ya que las opiniones que emita este órgano autónomo no serán vinculatorias y se harán a petición de parte.

Con ello, creemos que puede haber una mejora en el diseño del marco normativo y, por ende, en la aplicación de políticas públicas en todos los sectores de la economía nacional, sobre todo, en los sectores regulados que son los de más alto impacto para la economía.

Este Proyecto de Decreto busca reformar y adicionar el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para permitir que se introduzca una nueva práctica de colaboración entre el Congreso de la Unión y la Comisión Federal de Competencia Económica, con el objetivo de lograr mediante políticas de Estado, más competencia en los mercados, así como un mayor impacto en el bienestar de los mexicanos y de la hacienda pública.

Consideramos oportuno que a un año de la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica, debemos redoblar los esfuerzos para la eliminación de barreras en la competencia y libre concurrencia de distintos niveles y actividades, incluidas aquellas creadas por el propio Estado. Para ello, se requiere del diseño de nuevos mecanismos que, como el que se propone en este Proyecto de Decreto, permitirá afianzarla lucha contra las prácticas anticompetitivas que inhiben el crecimiento de la economía mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAEL ARTICULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

La Comisión Federal de Competencia Económica, a solicitud expresa del Congreso de la Unión durante la elaboración de los dictámenes respectivos, podrá emitir opinión sobre el impacto que pudiera derivarse de una nueva legislación en lo que se refiere a la competitividad de la economía, la libre competencia, la concurrencia en los mercados, la seguridad jurídica de los agentes económicos y su impacto en las finanzas públicas, sin que esta opinión tenga efectos vinculantes.

… 

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, CON EL FIN DE INCORPORAR VALORACIONES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO EN      LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS QUE AFECTEN LAS FINANZAS PUBLICAS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA CON EL FIN DE INCORPORAR VALORACIONES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS QUE AFECTEN LAS FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos:

La presente propuesta tiene como propósito fundamental incorporar proyecciones económicas y de impacto presupuestario en las iniciativas de reformas que presente cualquier integrante del Congreso de la Unión a fin de impedir posibles contingencias presupuestarias.

Las evaluaciones a las que nos referimos estarían contribuyendo a cumplir de forma integral las disposiciones de un precepto jurídico, a mantener un equilibrio presupuestario, no incurrir en endeudamiento, a lograr una mejor cobertura social del presupuesto y a reforzar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos.

Por ejemplo, en ésta Cámara de Senadores nos hemos encontrado que al momento de dictaminar iniciativas notamos que no tienen, prácticamente, ningún impedimento o requisito que el de respetar las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, la mayoría de las iniciativas que se presentan bajo esta premisa no consideran el impacto económico que provocarían en el ejercicio de los recursos públicos. De tal manera, proponemos realizar reformas a nuestra Ley Fundamental a efecto de garantizar una mayor responsabilidad al aprobarse reformas legales e incluir éste tipo de disposiciones en las leyes que norman la actuación del Congreso.

Desde el punto de vista presupuestario muchas de las iniciativas de reformas a las leyes afectan el ejercicio del presupuesto, tanto el corriente como los procesos de elaboración de lo subsecuentes.

Algunos trabajos no se relacionan con la planificación nacional y su contenido implicaría, invariablemente, un incremento en el gasto público; otros, por ejemplo, proponen la aplicación de porcentajes de determinadas contribuciones dirigidas a fines específicos; algunas reformas buscan, incluso, que se aplique un nuevo gasto no previsto en el ejercicio presupuestal correspondiente en contraposición con el carácter anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lo anterior, da como resultado una presión al gasto público en razón de la previsión de presupuestos posteriores debido a la obligación, al aprobarse una reforma, de crear nuevas partidas presupuestarias.

El artículo 71 de nuestra Carta Magna tutela la facultad de iniciar leyes o decretos y la deposita en el Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de las Entidades Federativas y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Derivado de la disposición anterior, es como se da comienzo al proceso legislativo que encuentra su fundamento en el artículo 72 que estipula que todos los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no se exclusiva de alguna de la Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, con observancia de su propia normatividad determinando para tal efecto la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Observamos que los legisladores tienen la facultad de presentar reformas de ley con el único requisito de respetar las materias reservadas al Titular del Ejecutivo y de ambas Cámaras. El riesgo que nos parece latente es que dentro de este proceso legislativo sólo encontramos la responsabilidad de incluir evaluaciones de impacto presupuestario en sus iniciativas de ley o reformas recae en el poder Ejecutivo.

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en lo conducente refiere:

A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Como podemos advertir solamente está obligado a presentar una evaluación de impacto presupuestario el Ejecutivo y deja la responsabilidad total a la dictaminadora legislativa de realizar el estudio señalado en sus resoluciones. Evidentemente el precepto no es claro.

Nuestra propuesta estriba en que la tarea de presentar el trabajo referente al impacto presupuestario provenga de la propia iniciativa, lo cual elevaría la calidad de lo que se presenta y abonaría, a su vez, a aminorar la carga de trabajo de las comisiones dictaminadoras.

Lo anterior, en virtud de que en la medida que la suscripción de iniciativas por parte de los legisladores ha aumentado considerablemente en las últimas legislaturas, se ha presentado una disminución de los dictámenes.

No buscamos poner obstáculos para que los legisladores ejerzan sus facultades, lo que pretendemos es que los trabajos que se presenten, específicamente los relacionados con propuestas que impacten de manera directa el ejercicio de los recursos públicos, tengan un mayor grado de integridad a fin de que la labor en los dictámenes sea más expedita en pro de dar cauce a las iniciativas para evitar que se queden en la congeladora legislativa debido a la carga de trabajo.

Mucho se ha criticado la labor del legislador en nuestro país queriendo crear la percepción de que no se trabaja en proporción a las demandas sociales lo cual, sabemos, es falso. Es por eso, que nuestra aportación para confrontar esta falsa idea es a través de comprometernos a presentar propuestas más integrales que se dictaminen de una manera más eficiente y oportuna, resultado de haber simplificado este proceso con la inclusión previa de evaluaciones de impacto presupuestario.

Las eventuales evaluaciones de impacto que proponemos en la presentación de iniciativas por parte de los legisladores nos ayudarían a evitar algunos de los siguientes supuestos que afectarían de manera drástica las finanzas públicas:

Un desequilibrio entre el ingreso y el gasto público.

Un impacto presupuestario, el cual puede o no ser cuantificable

El establecimiento de nuevas obligaciones de gasto a mitad del ejercicio de un presupuesto.

Aumento considerable en los presupuestos de las dependencias del gobierno federal sin fuentes de financiamiento claras, como puede ser un incremento en el gasto administrativo al crear burocracia mediante nuevas estructuras federales.

Nuevos gastos no relacionados con la planeación nacional, como puede ser la creación de programas no relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.

La creación de nuevos órganos públicos, con fines ajenos a la Planeación Económica del país.

Creación de nuevas partidas presupuestarias.

Cambiar la naturaleza de algunos Organos de la Administración Pública y otorgarles autonomía de gasto, lo que implica que la observancia del ejercicio de sus erogaciones no sea susceptible de ser fiscalizado.

Presiones de Gasto.

Un incremento no moderado del gasto público.

Afectar los ingresos fiscales destinados a la atención de programas que podrían ser prioritarios.

El Poder Legislativo tiene la atribución constitucional, como todos sabemos, para elaborar normas legales en un sentido formal y material. El artículo 73 de nuestro Máximo Precepto instituye, entre otras, facultades en materia tributaria depositadas en las fracciones VII y XXIX que para referencia inmediata citamos a continuación:

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación;

f) Explotación forestal, y

g) Producción y consumo de cerveza.

En materia económica, fracciones XXIX-D, XXIX-F Y XXIX-F:

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios;

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

De esta manera, advertimos la carencia en nuestra Norma Fundamental de una disposición que constituya la necesidad de este tipo de estudios presupuestarios.

En el ámbito normativo de carácter secundario, tal y como lo señalamos anteriormente, sólo se prevé la elaboración de las evaluaciones de mérito en el artículo 18 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, depositando esta obligación a las dictaminadoras y haciendo responsable al Ejecutivo del envió de estos estudios en las iniciativas que someta a consideración del Congreso.

También, es menester señalar otros supuestos que prescindirían si incorporamos la propuesta como un mandato legal, a saber:

● Aprobar una iniciativa de ley o de reformas a mitad de un ejercicio presupuestario sin que existan los recursos que permitan la iniciación de su vigencia y por lo tanto su cumplimiento.

● Crear un gasto adicional que en muchas de las ocasiones, por no establecerse una fuente de financiamiento, está sujeto a disponibilidad presupuestaria.

● Se afectan los recursos destinados a la Planeación Nacional por la creación de un gasto no relacionado con ella.

● Distorsionar los ingresos drásticamente en relación con el gasto público por la necesaria previsión de erogaciones futuras que no cuentan con fuentes identificadas de financiamiento.

En consecuencia la iniciativa estaría fortaleciendo, por una parte, el principio de anualidad depositado en el artículo 39, que señala en lo conducente:

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero.

Si bajo el término ex ante,las iniciativas o reformas de ley en temas que impacten las finanzas públicas, se presentan las evaluaciones de referencia, podremos estar en posibilidades de respetar en mayor medida el presupuesto anual sin causar serias afectaciones.

Por otro lado, se abonaría en respetar el principio de equilibrio presupuestario, que reside en la idea de no gastar más de lo que ingresa entendido como un objetivo fundamental de la política financiera con el propósito básico de enfrentar crisis económicas.

El equilibrio entre los recursos que se obtienen frente a los gastos a erogarse es un mecanismo para impedir, en la medida de lo posible, caer en un déficit fiscal. Aunque este principio se encuentra contemplado en la Ley en cita en el artículo 17, el objetivo es fortalecerlo.

Es por lo anterior que consideramos la necesidad de que las propuestas de los legisladores contengan análisis de las distorsiones económicas y presupuestarias que ocasionarían la aprobación de sus iniciativas y reformas a leyes que impacten de manera directa el ejercicio de los recursos públicos.

Así que, creemos pertinente que se realicen evaluaciones ex ante en las iniciativas de ley que sometan a consideración los legisladores con la finalidad de contribuir a que se cumplan las disposiciones de una ley que implique la erogación de gasto público manteniendo el equilibrio presupuestario, a efecto, de no incurrir en endeudamiento y lograr con esto, una mejor cobertura social del presupuesto y una mayor eficiencia en la asignación y uso del dinero público.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Unico: se reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Art. 18.-…

Las iniciativas de ley o decreto que para su efecto realice el Congreso de la Unión deberán contener una valoración de impacto presupuestario, con el apoyo de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO A LAS MUJERES TRABAJADORAS

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, EN MATERIA DE FOMENTO DEL HABITO DE LA LECTURA ENTRE LA POBLACION INFANTIL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA   EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Presidenta de Instituto Nacional de la Mujer a emprender acciones para prevenir y erradicar la violencia obstétrica. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA PRESIDENTA DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA.

"El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD AL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA PRESIDENTA DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA OBSTETRICA al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Estado mexicano, al igual que el bloque internacional de naciones, ha trabajado y continua trabajando en la consolidación de una sociedad plural que reconozca la diferencia y la variedad de subjetividades, la cuales necesitan del reconocimiento y garantía de sus derechos fundamentales. Bajo esta tesitura, encontramos a las mujeres, que a través de los cambios legislativos nacionales, los instrumentos internacionales y principalmente por los movimientos sociales orquestados por ellas mismas, han logrado cambiar el paradigma social por medio de su empoderamiento y la búsqueda de la efectiva procuración de sus derechos.

Las problemáticas sociales basadas en la discriminación de género, pueden llevar a causar escenas que den como consecuencia conductas o acciones violentas que transgredan la integridad física y psicológica de la mujer por su sola condición fisiológica.

Uno de estos casos de discriminación, que desemboca en conductas violentas contra la mujer, lo encontramos por parte del sector institucional de la salud, debido a su percepción sobre la fecundidad y la maternidad, lo que desafortunadamente en algunas ocasiones se materializa en una inadecuada praxis médica por parte de los operarios médicos obstetras durante el periodo de parto, a lo cual se le llama violencia obstétrica.

El Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) define a la violencia obstétrica como "[…] el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente, también se incluye el no ser respetada en sus decisiones […]"1

En el mismo sentido, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) determina que la este tipo de violencia se determina como una "[…] violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento […]"2

La violencia obstétrica es reflejo de una ideologización de conceptos determinados y saberes técnicos, que se asumen como comunes y propios, pero que en realidad afectan de forma visible la integridad de la mujer y a sus derechos reproductivos. Este tipo de violencia es ejercido por parte del sector de la salud tanto público como privado durante el embarazo, parto y puerperio.

En el ámbito académico y  de las asociaciones civiles, organizaciones  como CISAV y GIRE han tenido a bien informar y estudiar sobre esta problemática social, y precisamente esta diversidad y profundidad en la información nos permite observar de manera paralela la forma en la que en el  marco normativo global se han generado diversos instrumentos Internacionales que ya referencian y vinculan a los Estados a adoptar las medidas necesarias para eliminar prácticas que violenten la dignidad de las mujeres, entre ellas la violencia obstétrica.

Dentro de las instrumentos Internacionales que establecen normas tendientes a proteger la dignidad y los derechos de la mujer encontramos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que establece los parámetros para la elaboración de protocolos de actuación por parte de los Estados miembros, para eliminar la violencia hacia la mujer dentro de las filas de lo institucional y de lo social; es decir de lo público y lo privado.

En su caso, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece la importancia de reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer, acortando las diferencias en cuanto oportunidades y el trato equilibrado apelando a la justicia social y al reconocimiento de los derechos humanos.

En cuanto a lo que refiere a la violencia obstétrica, dentro de la CEDAW destaca en su articulado el siguiente:

Artículo 12.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado diversos pronunciamientos sobre el servicio de atención medico obstetra, recomendado que, este tipo de atención médica, debe tener una perspectiva de género que humanice la praxis técnico profesional a fin de cuidar y proteger la dignidad de las mujeres.

Por su parte, la UNESCO ha realizado importantes investigaciones de corte teórico-pragmáticas en relación a la violencia obstétrica dentro del entorno sociocultural de América Latina. Haciendo un análisis-crítico de la construcción de la concepción moderna de la medicina ante las prácticas comunes de los pobladores latinoamericanos, la dinámica entre ambas y, las deficiencias en las cuales ha caído el conocimiento medico moderno un proceso de deshumanización.3

Dentro del sistema jurídico mexicano podemos encontrar en la actualidad una serie de cuerpos normativos que regulan el servicio médico obstetra.  Una de ellas es La Ley General de Salud en su Capítulo V del Título Tercero establece una serie de disposiciones en cuanto a la atención materno-infantil, destacando su artículo 61 Bis, el cual establece lo siguiente:

Toda mujer embarazada, tiene el derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley, y con estricto apego de sus derechos humanos.

También encontramos la NOM-007-SSA2-1993, que define a la atención medico obstetra como una servicio de salud, y establece la reglamentación en cuanto a los procedimientos  técnicos-metodológicos para el apropiado servicio médico de esta materia.

En la LXII Legislatura del Congreso de la Unión hemos propuesto y aprobado en los últimos meses una serie de iniciativas que conceptualizan y sancionan a la violencia obstétrica, reformando diversos ordenamientos legales tales como: la Ley General de la Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La supervisión de la correcta atención obstétrica en nuestro país si bien encuentra una plena correspondencia con las facultades de la Secretaría de Salud, debe de ser entendida como una acción que puede ser atendida en diferentes vertientes al reconocerse como una problemática de género que vulnera los derechos humanos establecidos en  nuestra Carta Magna.

La correcta aplicación del marco Jurídico que en estos momentos se está gestando por parte del Poder Legislativo sólo puede ser correctamente atendido si contamos con una sociedad informada sobre la igualdad y no discriminación de género, así como también, el pleno reconocimiento de aquellas acciones que son propias de la violencia obstétrica no sólo para ser reconocidas en caso de padecerlas sino además para que se evite su realización por negligencia y desconocimiento.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Salud para que conforme a sus atribuciones legales, realice en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional de los Derechos humanos, campañas de capacitación dirigidas al personal de las diferentes Instituciones dedicadas al cuidado de la salud, con el objeto de concientizar y sensibilizar al respecto de la atención obstétrica conforme a la perspectiva de género y el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de la mujer

Segundo.- Se exhorta  respetuosamente al Titular de la Secretaria de Salud, al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Presidenta de Instituto Nacional de la Mujer a realizar una campaña de promoción, a fin de que  las mujeres víctimas de daños psicológicos a causa de violencia obstétrica  interpongan quejas y denuncias ante las autoridades correspondientes.

Miguel Romo Medina
Senador de la República".

1 Alin Castellanos, "Centro de Investigacion Social Avanzada", ¿Sabes en qué consiste la violencia obstétrica?, Consultado en la página web: http://cisav.mx/violencia-obstetrica/, en fecha 15/09/2014.

2 Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consultado en la pagina web: http://www.gire.org.mx/nuestros-temas/violencia-obstetrica en fecha 15/09/2014.

3 Laura F. Belli, "Revista Red/bioética UNESCO", La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos, Año 4, Publicación Enero – Junio 2013,  Consultado en página web: http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf, en fecha 15/09/2014.

Fuentes:

Castellanos, Alin, "Centro de Investigación Social Avanzada", ¿Sabes en qué consiste la violencia obstétrica?, Consultado en la página web: http://cisav.mx/violencia-obstetrica/, en fecha 15/09/2014.
F. Belli, Laura, "Revista Red/bioética UNESCO", La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos, Año 4, Publicación Enero – Junio 2013,  Consultado en página web: http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf, en fecha 15/09/2014.
Facio Motejo, Alda, Cuando el Género suena cambios trae (una metodología para el análisis de género del fenómeno legal), San José, ILANUD, 1992.
Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consultado en la página web: http://www.gire.org.mx/nuestros-temas/violencia-obstetrica en fecha 15/09/2014.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Consultada en la página web: http://ensanut.insp.mx/doctos/FactSheet_ResultadosNacionales14Nov.pdf.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo una campaña informativa en toda la República Mexicana que dé a conocer los beneficios de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, así como los elementos necesarios para obtener la autorización de aprovechamiento o registro de la Unidad de Manejo, con la finalidad de reconocerlas como un detonante económico y de creación de empleo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA QUE DE A CONOCER LOS BENEFICIOS DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, ASI COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO, O REGISTRO DE LA UNIDAD DE MANEJO, CON LA FINALIDAD DE RECONOCERLAS COMO UN DETONANTE ECONOMICO Y DE CREACION DE EMPLEO.

“De la suscrita, Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El correcto manejo de la vida silvestre es indispensable para una correcta conservación de esta misma, los beneficios que implican las Unidades de manejo para la Conservación de la vida Silvestre (UMA) son cruciales para la población que trabaja con la vida silvestre.

Es importante reconocer que en los diversos Estados de la República Mexicana, las UMAs son una fuente de trabajo para los mismos pobladores, en donde las mismas particularidades del territorio mexicano propician un alto potencial para el manejo de la conservación de la vida silvestre.

Según SEMARNAT podemos definir a las Unidades de manejo para la Conservación de la vida Silvestre como:

“…unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida silvestre y que requieren un manejo para su operación. La Ley General de Vida Silvestre establece que sólo a través de las Uma se permite el aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre.

Se distinguen dos tipos de aprovechamiento: 1. Extractivos (actividad cinegética, mascotas, ornato, artesanales, colecta científica e insumos para la industria farmacéutica, alimentaria y del vestido, entre otras) y 2. No extractivos (investigación, exhibición, ecoturismo y educación ambiental).

Las Uma pueden funcionar como centros de exhibición, centros productores de pie de cría, bancos de germoplasma o centros de investigación; son alternativas viables para la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres, y para la elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización...”1

Es claro que las UMAs son una fuerte y basta fuente de empleo por medio de las cuales se puede generar empleo y así dar continuidad al fomento integral para el desarrollo de la sociedad.

Además, como se mencionó anteriormente en los estado de la republica resulta propicio llevar a cabo las unidades en comento, de tal suerte que se brindaría mayores opciones de empleo toda vez que la oferta laboral no es suficiente ni satisface la demanda de la población.

Las UMAs son un detonante económico para los ciudadanos que habitan en las regiones con alto potencial de ejecutarlas.

No obstante lo anterior, en las principales regiones del país donde son altas las probabilidades de tener éxito una UMA la gente desconoce de los tramites que se tienen que hacer para estar dentro del margen de la ley, en donde en algunas ocasiones multiplican la vida silvestre sin tener los permisos necesarios, lo que posteriormente se convierte en una sanción para ellos, cuando solo buscaban una manera de trabajar, por ello es necesario que los ciudadanos en primer término conozcan los beneficios de las UMAs, y eventualmente conozcan detalladamente los tramites que tienen que realizar para tener los permisos necesarios.

De tal suerte que dados los altos índices de desempleo en México, es propicio generar una campaña informativa a través de los mecanismos que la SEMARNAT considere más pertinentes, por medio de los cuales se informe a la población los beneficios que pudieran obtenerse al ejecutar las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMAs).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo una campaña informativa en toda la república mexicana para dar a conocer los beneficios de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, así como los elementos necesarios para obtener la autorización de aprovechamiento, o registro de la Unidad de Manejo, con la finalidad de reconocerlas como un detonante económico y de creación de empleo.

Presentado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.






Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Finanzas del Distrito Federal a elaborar y publicar una versión ciudadana, sencilla y accesible, sobre la información financiera de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.








De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal se adhiera al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE ADHIERA AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE LA BIOLOGIA Y LA MEDICINA (CONVENIO RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA BIOMEDICINA) CETS NUM.: 164 Y A SU PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE PROHIBE LA CLONACION DE SERES HUMANOS CETS NUM.: 168 DEL CONSEJO DE EUROPA.

“La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, los nuevos descubrimientos en materia de prevención y tratamiento de las enfermedades se han podido llevar a cabo en gran medida por las investigaciones y ensayos realizados. La medicina y la tecnología han mostrado un constante y significativo avance que afecta nuestra realidad; razón por la cual, la experimentación embrionaria y la clonación de seres humanos son temas que involucran a los derechos humanos.

En este contexto, el consentimiento informado, donde la diversidad lingüística y el nivel educativo son esenciales, es un punto clave en la investigación en seres humanos y para nuestro país. Es fundamental el especificar los posibles riesgos del tratamiento o intervención, para fortalecer la protección de aquellos seres humanos biológica, social o jurídicamente vulnerables. La forma y contexto en el cual es proporcionada la información son tan importantes como la información misma. El presentar la información de una forma rápida y desorganizada, sin dar tiempo suficiente para analizarla puede afectar la capacidad para tomar una decisión, por lo que es esencial el especificar los posibles riesgos del tratamiento o intervención, sin obviar nunca la información.

Es de suma importancia el destacar que la investigación científica en beneficio del ser humano es trascendental cuando se busca sanar enfermedades, aliviar el sufrimiento, la optimización de recursos, etc. Sin embargo, no podemos olvidar la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los seres humanos y su involucramiento ético. Ante la posibilidad de abusos y atentados contra la dignidad de la persona así como del tráfico de órganos y la clonación de seres humanos, la comunidad internacional ha elaborado diferentes códigos éticos y normativas legales en la búsqueda de respetar a los individuos y proteger sus derechos. 

Ante esta realidad surgieron el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) CETS Núm.: 164 y su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168 del Consejo de Europa.

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, también conocido como Convenio de Oviedo, entró en vigor de forma general el 1 de diciembre de 1999 y actualmente cuenta con 29 ratificaciones y adhesiones.1 Por su parte, el Protocolo Adicional entró en vigor en el 2001 y cuenta con 21 ratificaciones y adhesiones.2

El Convenio de Oviedo busca salvaguardar y fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales, respetando al ser humano como persona y reconociendo su dignidad. Tiene como finalidad evitar poner en peligro al ser humano mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina. Obliga a los países firmantes a incorporar en sus ordenamientos jurídicos, un conjunto de principios que se reflejen en la elaboración de las leyes y se convierte en uno de los documentos normativos más valiosos en el campo de las ciencias de la salud. El documento fue abierto a la firma en Oviedo el 4 de abril de 1997 y ha servido de guía para la elaboración de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005. Posteriormente, en 1999 se elaboró el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo el cual prohíbe la clonación de seres humanos, entrando en vigor en el 2001.3

CONTENIDO DEL CONVENIO Y DEL PROTOCOLO

Dentro del Convenio se destaca la obligación de consentimiento en materia de salud, previa información adecuada sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como el respeto a la intimidad y acceso a la información. Se regula la extracción de órganos y tejidos de donantes vivos con fines de trasplante (Capítulo VI), las intervenciones acerca del Genoma Humano (Capitulo IV), así como la prohibición de lucro y utilización de una parte del cuerpo humano (Capítulo VII). Todas estas normas son obligatorias para los países que lo ratifiquen.

El Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168, como su nombre lo dice, prohíbe toda intervención que tenga por finalidad el crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto, encaminado a proteger la dignidad y la identidad de todos los seres humanos, considerando que la clonación de seres humanos puede llegar a ser una posibilidad técnica. El Protocolo se abrió a firma en 1999 y entró en vigor en el 2001.

MEXICO Y EL CONVENIO

En 2013, la suscrita solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la situación actual en nuestro país del Convenio y de su Protocolo Adicional. La Secretaría comunicó a la suscrita a través del Oficio núm. DEP1615/13 con fecha del 30 de septiembre de 2013, que el Convenio y el Protocolo Adicional fueron recibidos por la Comisión Permanente del Senado de la República el 28 de marzo de 2002 y se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, de Justicia y de Derechos Humanos de dicho Organo Legislativo. Sin embargo, hasta el momento, ambos instrumentos se encuentran pendientes de dictamen.

TRAFICO DE ORGANOS EN MEXICO

El tráfico de órganos consiste en la venta, donación y transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio económico, ya sea que el pago sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o el beneficio que se obtenga por parte de miembros de la organizaciones delictivas para la obtención ilegal de los órganos que serán vendidos a hospitales o médicos que realizan los trasplantes clandestinamente.4

En México, la venta de órganos está prohibida y la Secretaría de Salud es la dependencia encargada de establecer los medios legales para que todos los trasplantes se realicen con transparencia, asegurando que el órgano sea donado de manera correcta. Del total de trasplantes de órganos, al menos 10% se realiza de manera ilegal. El principal órgano traficado es el riñón y algunas organizaciones creen que constituye hasta el 75% del mercado ilegal.5 Según cifras de 2012 publicadas por Organs Watch - organización que rastrea el tráfico ilícito de órganos-, cada año se venden de manera ilegal entre 15.000 y 20.000 riñones en todo el mundo.

De acuerdo con diversas fuentes, un riñón puede cotizarse entre US$80.000 y US$100.000 dólares. Pero ese dinero nunca lo recibe la persona que entrega su órgano, aspirando a tener una ganancia de US$20.000, pero es más probable que lo que obtenga sean entre US$1.000 y US$3.000.6

EXPERIMIENTOS CLINICOS EN MEXICO

Se tienen registrados un total de 5 mil 25 ensayos clínicos –investigaciones que emplean a seres humanos– que se han emprendido en nuestro país entre 1983 y 2011. La mitad de los estudios se han hecho en institutos de alta especialidad y hospitales públicos, así como por diversas farmacéuticas nacionales y extranjeras. Hasta 2011, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés) han llevado a cabo 120 mil 753 ensayos clínicos en 178 países, incluido México. De acuerdo con datos de los NIH, en el país se han efectuado 1 mil 549 estudios; de éstos, sólo el 5 por ciento ha consistido en investigaciones basadas en observación. Es decir, en el 95 por ciento, los participantes han sido sometidos a intervenciones.7

De acuerdo con el reporte México: situación y perspectivas del sistema de regulación ética de la investigación biomédica y la protección a los sujetos de investigación, una de las mayores inquietudes sobre la práctica de ensayos clínicos en nuestro país son las conductas que se han presentado. El artículo “Trials in México: addressing the challenges” (Ensayos en México: afrontando los desafíos), publicado en febrero de 2009 en la revista inglesa Good Clinical Practice Journal, Argentina, Brasil y México son los países en donde más se realizan ensayos clínicos. Sin embargo, indica la publicación, “México, en particular, se ha convertido en un líder en el mercado farmacéutico y una prominente locación para ensayos clínicos”. Las razones de ello, explica la autora, Karen Politis Virk, son el bajo costo que existe para llevar a cabo investigaciones clínicas en el país (30% menor que en Estados Unidos) y la posibilidad de inversión que tienen las farmacéuticas extranjeras gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La cercanía geográfica con Estados Unidos también es una de las ventajas, así como la diversidad étnica de los pacientes y la alta proporción de personas adultas.

La red Eulabor, que se enfoca en la evaluación de sistemas de regulación ética en investigación médica que involucra a humanos, emprendió en 2006 un proyecto para analizar comparativamente los panoramas de distintos países respecto a la realización de ensayos clínicos. El diagnóstico principal sobre México en esta materia, es el bajo nivel de escolaridad de la población, pues el sistema de regulación ética de la investigación biomédica contempla cartas de consentimiento que están redactadas de tal forma que no son entendidas por los participantes. La diversidad lingüística del país es otro de los elementos que deben ser considerados para garantizar una participación libre e informada en los ensayos clínicos, particularmente respecto de la población indígena que no habla español, o lo hace precariamente.8

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

El Código de Nüremberg de 1947, que establece por primera vez la obligatoriedad del consentimiento informado, y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1964 (revisada en Tokio, 1975; Venecia, 1983; y Hong Kong, 1989), son los dos pilares fundamentales de la regulación de la experimentación sobre seres humanos. Esta Declaración consta de una introducción y de tres apartados: principios básicos, investigación médica combinada con la atención médica e investigación biomédica no terapéutica.9

Por su parte, el Convenio de Oviedo del Consejo de Europa se basa en los siguientes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte:

● La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

● El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950;

● El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales del 16 de diciembre de 1966; y

● La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.

OBJETIVO DE LA ADHESION

● Reafirmar nuestro compromiso ante la comunidad internacional y el Consejo de Europa, así como nuestra búsqueda de salvaguardar y fomentar los derechos humanos.

● Evitar poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina.

● Respetar al ser humano como persona, asegurando investigaciones y actuaciones eficaces.

● Promover la cooperación internacional en esta materia.

● Reforzar el tema del consentimiento en materia de salud y experimentación, previa información adecuada sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como el respeto a la intimidad y el acceso a la información.

● Robustecer nuestra regulación en razón de la extracción de órganos y tejidos de donantes vivos con fines de trasplante, del Genoma Humano, la clonación de seres humanos así como la prohibición de lucro y utilización de una parte del cuerpo humano.

● Contar con mayores elementos para evitar que la clonación humana, el tráfico de órganos, experimentación sin consentimiento o mal informada, etc. se presenten en nuestro país.

Por tal motivo, ante el problema y las dificultades estructurales existentes, así como el interés de grupos que dan atención y seguimiento al tema, la organización de foros, socialización de diagnósticos y otros elementos que aporte la discusión, así como la inclusión de dicho tema en las agendas legislativas del H. Congreso de la Unión y entidades del país, la adhesión a dicho Convenio y a su Protocolo Adicional representaría un gran avance respecto a salvaguardar y fomentar los derechos humanos en nuestro país.

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) CETS Núm.: 164 y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168 del Consejo de Europa.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de senadores,
a 13 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 Consejo de Europa, “Firmas y Ratificaciones, Convenio Número 164”, documento en línea, dirección URL: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG [Consultado: 17 de octubre de 2014].

2 Consejo de Europa, “Firmas y Ratificaciones, Protocolo Adicional Número 168”, documento en línea, dirección URL: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=168&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG [Consultado: 17 de octubre de 2014].

3 Del Brío, María Angeles,Décimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio de Oviedo”, Revista de Bioética y Derecho, número 18, Enero 2010, documento en línea, dirección URL: http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD18_opinion.htm [Consultado: 14 de octubre de 2014].

4 Policía General de la República, Tráfico de órganos”, documento en línea, dirección URL: http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20organos.asp [Consultado: 16 de octubre de 2014].

5 Animal Político, La realidad sobre el tráfico de órganos en el mundo”, 6 de mayo de 2014, documento en línea, dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/05/la-realidad-sobre-el-trafico-de-organos-en-el-mundo/ [Consultado: 20 de octubre de 2014].

6 Idem.

7 Sánchez, Mayela, En México, más de 5 mil experimentos clínicos con humanos”, Revista Contralínea 272,  19 de febrero de 2012, documento en línea, dirección URL: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/19/en-mexico-mas-de-5-mil-experimentos-clinicos-con-humanos/ [Consultado: 16 de octubre de 2014].
8 Idem.

9 Vega Gutiérrez, Javier, La Experimentación con Humanos”, Universidad de Valladolid, documento en línea, dirección URL: http://www.mercaba.org/FICHAS/bioetica/experimentacion_con_humanos.htm [Consultado: 16 de octubre de 2014].






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a intervenir en el caso de la difusión en twitter del mensaje de la trasnacional denominada Grupo Nestlé S.A de C.V. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, SU INTERVENCION EN EL CASO DE LA DIFUSION EN TWITTER DEL MENSAJE DE LA TRASNACIONAL DENOMINADA GRUPO NESTLE S.A DE C.V.

“La que suscribe Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, SU INTERVENCION EN EL CASO DE LA DIFUSION EN TWITTER DEL MENSAJE DE LA TRASNACIONAL DENOMINADA GRUPO NESTLE S.A DE C.V., al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La situación de violencia por la que atraviesa el país, particularmente en el caso de los estudiantes muertos y desaparecidos de Ayotzinapa obliga a todas las personas a actuar con responsabilidad, madurez, solidaridad y respeto para con los familiares y amigos de las víctimas de estos reprochables crímenes.

Sin embargo en el caso de la empresa NESTLE –una de los dos trasnacionales que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre- parece que no es uno de sus compromisos.

El pasado domingo 9 de noviembre dicha transnacional a través de uno de sus productos oficiales denominado CRUNCH México por medio de su cuenta de twitter @CrunchMX difundió el siguiente mensaje:

“A los de Ayotzinapa les dieron Crunch”

Las y los usuarios de Twitter convirtieron inmediatamente este mensaje en trendingtopic y a través de mensajes manifestaron su inconformidad, molestia y coraje por dicha publicación.

Horas más tarde, la marca de chocolates CRUNCH, perteneciente a Nestlé, borró el tuit y publicó otros tuits explicando que su cuenta había sido hackeada y que lamentaba la publicación y que ese no era el sentir de la empresa.

El tuit de CRUNCH México resulta insultante y ofensivo para las víctimas, los padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Refleja la insensibilidad de quienes dirigen esta empresa que actúan como si la misma no estuviera sujeta a leyes y controles en nuestro país.

No es la primera vez que esta trasnacional muestra ignorancia y poco respeto por la dignidad de las personas y los derechos humanos. Recientemente su Presidente Peter Brabeck-Letmathe, declaró que el agua debería privatizarse y que este elemento no debería ser considerado como un derecho humano. Asimismo, el año pasado esta trasnacional fue declarada culpable de espionaje y violaciones a la privacidad de integrantes del movimiento antiglobalización denominado Atacc.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que presentó el Secretario General de las Naciones Unidas.

Con ese acto, los Principios Rectores quedaron consagrados como la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las empresas y los derechos humanos. Aunque no tienen por sí mismos un carácter jurídicamente vinculante, en los Principios Rectores se analizan las repercusiones que las normas y prácticas actuales tienen para los Estados y las empresas y se incluyen algunos aspectos que se contemplan de diversas formas en la legislación nacional e internacional.

En ese Marco, estos Principios Rectores se apoyan en los tres pilares siguientes:

a) El deber del Estado de proteger los derechos humanos;

b) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y

c) La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

En ese sentido el principio 11 señala que:

“Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”.

En tanto el principio rector 13 exige:

La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:

a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;

b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.

Adicionalmente podemos señalar que a raíz de las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, quedó establecido que las telecomunicaciones, la radiodifusión y la interconexión, son servicios públicos de interés general, y en la prestación de sus servicios, queda prohibida todo tipo de discriminación o cualquier otra conducta o actividad que atente contra la dignidad humana.

En dichas reformas se le dotó tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como a la Procuraduría Federal del Consumidor de una serie de atribuciones para la protección de los derechos de los usuarios, por tanto, tanto el IFETEL como la PROFECO deben realizar sus respectivas investigaciones y en su caso impones las sanciones correspondientes que se derivan de la difusión de dicho mensaje.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen una investigación y en su caso apliquen las acciones necesarias o impongan las sanciones correspondientes por la trasmisión y difusión del mensaje que motiva el presente punto de acuerdo.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación a investigar si en el mensaje que motiva el presente punto de acuerdo existieron actos discriminatorios y en su caso emitir las Medidas Administrativas de Reparación correspondientes.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a condenar cualquier tipo de declaraciones que atenten contra la paz y la seguridad de México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES CONDENE CUALQUIER TIPO DE DECLARACIONES QUE ATENTEN CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE MÉXICO, Y DE IGUAL MANERA, EXHORTE AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA UNA DISCULPA PÚBLICA POR LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR EL CONGRESISTA REPUBLICANO MARK WALKER CONTRA MÉXICO

“SenadorDAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado miércoles cinco de noviembre, Mark Walker congresista republicano de Carolina del Norte recientemente electo, vertió su opinión respecto de las problemáticas que existen en la frontera que colinda con México, relacionadas con la migración y el narcotráfico, comentando que: “no tendría reparo en iniciar una pequeña guerra con México si fuera necesario”; manifestándose a favor de la utilización de fuerzas militares en las fronteras para de esta manera frenar la entrada de drogas y migrantes indocumentados a Estados Unidos.1

En agosto, la también republicana Ann Coulter, sugirió resolver el problema migratorio en Estados Unidos bombardeando México, como Israel hace en la Franja de Gaza; comentando fríamente que: “a veces algunos niños palestinos son asesinados, pero eso es porque pertenecen a una organización terrorista”.2

Asimismo, en marzo de este año, el Vicecoordinador de Texas, Dan Patrick, declaró que Estados Unidos sufre de una invasión de migrantes, la cual requiere frenarse por la existencia de grupos potenciales terroristas y gente de bandas criminales, carteles de droga en dicho estado, con lo cual, calificó esta situación como una emergencia nacional.

Después de este tipo de declaraciones, la pregunta queda en el aire, ¿cuáles son entonces los objetivos o trascendencia que tienen las reuniones y pactos bilaterales entre México y Estados Unidos?

Es necesario destacar que desde el año 1993 a 2013 han muerto cerca de 9,000 migrantes en la frontera con Estados Unidos,3 la mayoría de ellos mexicanos a manos de las patrullas fronterizas o border control; está claro que para algunos congresistas americanos estas cifras no tienen ningún significado y se manifiestan en pro de aumentar estos índices, dejando claro que los derechos humanos inherentes a cualquier ser humano no son de su prioridad en esta zona fronteriza.

Desde 2013 los gobiernos de Estados Unidos y México, anunciaron realizar acciones conjuntas para desarrollar una frontera más segura; la sexta reunión técnica del Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) “Frontera Siglo 21”, que se llevó a cabo en el pasado mes de octubre, referente a la materia de seguridad y procuración de justicia, se acordó realizar acciones para atender incidentes de violencia a lo largo de la frontera, en lo que respecta al combate al tráfico y trata de personas; supuestamente se coincidió en la importancia de fortalecer acciones coordinadas.4 Es decir, colaborando mediante las vías diplomáticas pacíficas y no así protagonizando declaraciones de guerra.

Ante lo descrito en el presente documento, es inverosímil que representantes de este nivel, como es el caso del congresista republicano Mark Walter, hagan este tipo de pronunciamientos públicos y que el gobierno de México no manifieste un posicionamiento público expresando enérgicamente el repudio ante este tipo de declaraciones; está claro que algunos de los miembro del Congreso Americano, no parecen estar a favor de una política cordial y diplomática con el estado Mexicano, más bien, pretenden provocar la violencia por medio de la fuerza para resolver una problemática que lleva décadas en esta zona fronteriza.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condene cualquier tipo de declaraciones que atenten contra la paz y la seguridad de México, y de igual manera, exhorte al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica una disculpa pública por las expresiones vertidas por el congresista republicano Mark Walker contra México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Sugiere republicano hacer la guerra para frenar migración. Periódico El Reforma, 06 de noviembre  de  2014,  [En línea]  Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bJe6buyINPwJ:www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx%3Fid%3D385911%26v%3D11+&cd=20&hl=es&ct=clnk&gl=mx

2 ¿Por qué los políticos de Estados Unidos proponen bombardear México?, Periódico Regeneración. [En línea] Disponible en: http://regeneracion.mx/mundo/por-que-los-politicos-de-estados-unidos-proponen-bombardear-mexico/

3 Gómez Quintero, Natalia. Mexicanos. La mayoría de migrantes muertos. El Universal 06 de julio de 2014, [En línea] Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/mexicanos-la-mayoria-de-migrantes-muertos-216866.html

4 Realizan sexta reunión de comité bilateral México-EU. La Jornada. [En línea] Disponible en; http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/22/realizan-sexta-reunion-de-comite-bilateral-mexico-eu-2788.html






De las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar en todo el país que no se presenten abusos ni publicidad engañosa durante el desempeño de la campaña denominada “El Buen Fin” que se realizará del 14 al 17 de noviembre del presente año en la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A QUE VERIFIQUE EN TODO EL PAIS QUE NO SE PRESENTEN ABUSOS, NI PUBLICIDAD ENGAÑOSA, DURANTE EL DESEMPEÑO DE LA CAMPAÑA DENOMINADA “EL BUEN FIN” QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

“Las que suscriben, Senadoras IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MELY ROMERO CELIS, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, todas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Buen Fin, es un evento comercial que se lleva a cabo en nuestro país desde 2011 durante el mes de noviembre, el cual tiene como objetivo incentivar la economía fomentando el consumo mediante la aplicación de promociones y descuentos en los precios de diversos productos.

Este año el Buen Fin se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre próximo y se esperan generar ventas por 200,000 millones de pesos. El año pasado los pequeños comerciantes, las cadenas de autoservicios y departamentales obtuvieron ventas por 173,000 millones de pesos.

Desafortunadamente este evento ha sido señalado por algunos consumidores como una serie de “falsas ofertas”, pues previamente se incrementan los precios y al llegar el buen fin, con el descuento llegan al precio normal, la cual no ocasiona beneficios para los consumidores.

El año pasado la Procuraduría Federal de Consumidor  (PROFECO) señaló que los principales motivos de las denuncias fueron por publicidad engañosa, incumplimiento en la promoción, no informar de los términos y condiciones en la compra, así como no respetar el pago vía meses sin intereses.

En este sentido, la PROFECO, como instancia encargada de proteger y promover los derechos del consumidor, debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones.

Este tipo de evento demanda la atención de las autoridades con el fin verificar y, en su caso, sancionar los abusos en los cuales algunos oferentes caen por incrementar sus ventas.

Es necesario definir una estrategia integral, de la PROFECO y sus delegaciones al interior de la República, para que se lleven a cabo las revisiones necesarias en todo el territorio nacional con objeto de evitar el abuso por parte de los expendedores de productos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A QUE VERIFIQUE EN TODO EL PAIS QUE NO SE PRESENTEN ABUSOS, NI PUBLICIDAD ENGAÑOSA HACIA LOS CONSUMIDORES, DURANTE “EL BUEN FIN” QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi”.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación al incumplimiento de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de dar información completa, ordenada y oportuna a las Comisiones Especiales para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION EN RELACION AL INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE DAR INFORMACION COMPLETA, ORDENADA Y OPORTUNA A LAS COMISIONES ESPECIALES PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFIA S.A. DE C.V.

“La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION EN RELACION AL INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE DAR INFORMACION COMPLETA, ORDENADA Y OPORTUNA A LAS COMISIONES ESPECIALES PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFIA S.A. DE C.V., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los pronósticos de crecimiento económico del presente año se desploman. El Centro de Estudios Económicos del sector privado (CEESP), el FMI y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM ya los sitúa en el 2.4%, en el marco de la imposición de las llamadas reformas estructurales anclada en el  obsesivo recurso demagógico de hacer creer que los cambios hacia la privatización permite albergar la esperanza de remontar un estancamiento crónico que obedece más a causas de inmoralidad en la administración pública, antes que a los modelos de organización de las áreas prioritarias y estratégicas desde las que el Estado debe promover la actividad productiva social, privada y estatal.

En el remoto caso de que una privatización pudiera suponer una mayor eficiencia administrativa que la que, pese a su control y vigilancia por diversas instancias fiscalizadoras, tendría un organismo público paraestatal, la tendencia a la descomposición y a la corrupción seguiría prevaleciendo mientras la impunidad para las conductas que optan por la vía de la ilicitud, para acumular fortunas, se mantuviera como ahora. Adicionalmente el saldo final sería no sólo repetir los vicios conocidos, sino agravados por un costo social mucho mayor y una desmoralización ciudadana con consecuencias de atraso y violencia.

En este contexto resalta el caso conocido como “Oceanografía” en el que se puso en evidencia el mecanismo de contratismo de Pemex a favor de empresas recomendadas políticamente, sin reparar en el daño técnico y económico de la paraestatal, ni en el perjuicio a la misma libertad competitiva y de calidad con otras prestadoras de servicios.  A su vez se hizo sin medir las consecuencias incluso, de la degradación del sistema financiero nacional.

La decadencia de Petróleos Mexicanos no es de generación espontánea, ni exclusivamente de la colusión de la Dirección General y la secretaría del Sindicato para proteger sus mutuos intereses, sino de la persistencia de prácticas ancestrales de sometimiento sexenal para la acumulación de fortunas a partir de la exacción al patrimonio de la petrolera.

Habitualmente, en la práctica tradicional desde la adopción de la línea neoliberal PRI-PAN, las privatizaciones de grandes sectores de la economía, tanto prioritarios como ahora estratégicos, no solo tienen como propósito el subastar la infraestructura y los activos públicos para beneficio de los favorecidos del gobierno en turno sino, como segunda intención, la de sepultar sin posibilidades de rastreo, el cúmulo de ilícitos cometidos en las empresas que fueron organismos públicos, y que adoptan fórmulas tradicionales de empresa privada, o novedosas como las de ahora llamadas empresas productivas del Estado. Este persistente y descomunal desfalco ha ido reduciendo el capital nacional prácticamente a la nada y sin la mínima esperanza de recuperación.  

En el caso de la reforma energética, sólo para hablar del último despojo, los pasivos que pretenden asimilarse a la deuda pública de la nación, tanto los de carácter laboral como los estrictamente financieros alcanzaran no menos de 4 billones de pesos que sumados a los 6.2 billones de la deuda nacional, regresaran al país a los niveles superiores al 50% del PIB. Lo que significa atar el futuro nacional al lastre de los presupuestos para pagar intereses sin recursos para el desarrollo.

Por todo ello, se hace imprescindible que lo ocurrido en Pemex no sea susceptible de ocultarse y cínicamente, sumarse a los compromisos de pagos, dejando intocados a los responsables de los cuantiosos ilícitos a los que agregaran la imposibilidad de remontar el atraso y la pobreza  de los millones de mexicanos que hoy y mañana amplían la marginación y la desesperanza en un mundo hostil y violento.

Es en este entorno en el que ambas Cámaras del Congreso, asumiendo su responsabilidad, al crear las Comisiones Especiales Investigadores del caso “Oceanografía”,  que desde el 11 de febrero de este año ha atraído el interés ciudadano por tratarse de un caso típico de corrupción a alta escala que involucra dos empresas privadas, la contratista Oceanografía S. A. de C.V., la concesionaria bancaria Banamex-Citigroup y la ex paraestatal Petróleos Mexicanos. A la fecha, el caso, aún con algunas comparecencias de los titulares de la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Director General de Pemex ha tenido un mínimo avance medido en el orden de cumplir con la obligación de satisfacer a nuestros representados en su legítima demanda de información y de justicia, ante las cada día más cuantiosas y graves  desviaciones en perjuicio del patrimonio público y del recto funcionamiento de nuestras instituciones.

Tanto en el área de producción petrolera, como en la de servicios bancarios públicos y transparencia en la información de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en el rubro de proveedores y contratistas de servicios y obras públicas, todas ellas de primera importancia en la economía del país, se evidenciaron irregularidades y diversos delitos, que son inaceptables porque en todos ellos está de por medio el patrimonio del pueblo y la honorabilidad de las autoridades responsables de su correcto funcionamiento.

La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda (CNBV, SAE, Bolsa de Valores) involucrados en el caso, presentaron un cuadro de descoordinación funcional e ilegal supeditación a decisiones desorbitadas del Juez Tercero de Distrito concursal Felipe Consuelo Soto, que no repara en contravenir la propia jurisprudencia federal, al obligar a la Secretaría de la Función Pública a levantar la inhabilitación y sanción económica a Oceanografía, con tal de plegarse a decisiones políticas e intereses de éstas, con los de sus principales propietarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Alvarez.

El daño a Petróleos Mexicanos, pese a que su propio director Emilio Lozoya lo negó ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, está impactando en la producción de crudo al grado de que el caso Oceanografía aplazó la terminación de pozos al no haberse podido disponer de las embarcaciones de la contratista y, por consiguiente, del suministro de lodos de perforación en el mar, afectando así el cumplimiento de las metas de extracción de petróleo para éste año de 2 millones 500 mil barriles a 2 millones 441 mil. Pemex publicó ya estos descensos en la revisión del cierre del semestre en  junio de 2014, que al sumarse a la caída del 1 al 20 de junio cuando sólo se alcanzaron 2 millones 383 mil barriles reflejan la cifra más baja en los últimos 19 años. Consecuentemente la caída se traslada a las exportaciones del hidrocarburo.

En cuanto al Sistema Bancario Nacional, el panorama no es distinto. La Caja Libertad originalmente una funcional cooperativa de ahorro popular (creada en 1960 por el sacerdote Luis Ugalde, que llego a tener 1.5 millones de socios y 9 mil millones de pesos en activos) fue secuestrada y convertida en banca de depósito de los socios de Amado Yáñez, Martín Díaz Alvarez y su cuñado Dionisio Pérez-Jácome Friscione e instrumentada para el financiamiento de los casinos Bigbola, Servicios Financieros Libertad, Equipo Gallos Blancos y centenas de franquicias de gasolineras Pemex con los hermanos Francisco y Carlos Rodríguez Borgio. Actualmente se encuentra en suspensión de actividades y más de un millón de cooperativistas excluidos y defraudados sin expectativas respecto a la recuperación de sus depósitos y mucho menos de acceso a créditos sin fines de lucro.

Por otro lado, el Banco Bicentenario se encuentra en quiebra técnica y ha pedido el apoyo del IPAB para restituir a sus depositantes de menor cuantía el monto de sus cuentas. Casos estos emblemáticos, los que pese a su menor magnitud, son representativos de la ausencia de la autoridad en su responsabilidad de vigilar el correcto manejo de las concesiones del servicio público bancario. La complicidad Banamex-Citigroup, Oceanografía y Pemex está a la vista de todos los organismos gubernamentales del ramo. ¿Quién puede ignorar que Banamex al guardar sospechoso silencio al respecto, no sea sino para ocultar que le cobraba a la contratista una estratosférica comisión del 10% de la factura descontada y, de no pagarse está a tiempo por Pemex (que era lo común) corría un interés del 39.1% anual?

En contraste con la pasividad o complicidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, la SEC1 de Estados Unidos, abrió de inmediato la investigación, toda vez que Citigroup cotiza en la Bolsa de ese país. La posibilidad de que caigan altos funcionarios de este banco por prácticas corruptas en el extranjero, es una conclusión no remota y, desde luego, se le dio parte a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para la investigación de un probable blanqueo de capital y crimen organizado. La SEC sobre todo protege el interés del inversionista que confía en los bancos para hacer sus operaciones y al fisco federal en cuanto a la evasión de cargas tributarias.  El potencial de un conflicto binacional está a la vista.

Petróleos Mexicanos corría el mismo circuito. El otorgamiento de contratos a Oceanografía no era gratuito, ni siquiera por las recomendaciones políticas presidenciales (recuérdese a los Bribiesca Sahagún) pero mucho menos le era ajeno que la falta de supervisión de obras, los continuos atrasos en las mismas y las ampliaciones presupuestales, no tuvieran ninguna repercusión en la empresa contratista que, por ello, y por la ineficiencia técnica y costos financieros, estaba obligada a recurrir al banco para que le prestara recursos a sabiendas del alto riesgo por su manejo administrativo, si es que así se le puede llamar al desorden y extravío con el que operaba.    

La Procuraduría General de la República ha sido tal vez la que más desaciertos ha acumulado. En vez de procurar justicia como se lo ordena la Constitución, se asumió como depositaria de los bienes, no para integrar con ellos la cadena indagatoria como la faculta la ley, sino para hacer mancuerna con el SAE, permitir que los navieros noruegos sustrajeran el gigantesco buque OSA-Goliath (245 millones de dólares) y que el Instituto Mexicano del Seguro Social cobrara inmediatamente algunos adeudos para que no quedaran a la vista los contratos “outsourcing” con los que plácidamente Oceanografía abatía sus costos de personal y conseguía ahorros fiscales considerables.

 La excepción a esta debacle la dio apenas el Juez Décimo primero de Distrito en Amparo Penal Agustín Tello Espíndola, al detener la transferencia a favor de la PGR y la SAE del fondo del Fideicomiso 16579-2 en Banamex, que fue constituido para garantizar pagos a proveedores y de los que quería la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada disponer para que el SAE los destinara a su mejor criterio, en la administración de Oceanografía.

De toda esta relación de manifiestos incumplimientos de autoridades subordinadas al Poder Ejecutivo Federal, la conclusión no puede ser otra que la que autoriza la propia Ley Orgánica de este Poder Legislativo ya que, tratándose de órganos subordinados corresponde a su Superior, llamarlos al cumplimiento de sus obligaciones ante éste órgano de representación que, de acuerdo con la separación de poderes, tiene facultades indagatorias respecto de los actos del Poder Ejecutivo que no pueden obstaculizarse mediante el uso de subterfugios como el de aplazar, desvirtuar u ocultar información. El artículo 45 numeral 3 del Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al C. Presidente de la República”.

De esta manera, se puede presumir que la conducta evasiva de las autoridades responsables como se ha argumentado y consta en las actas de comparecencia ante las Comisiones Especiales, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores es insistente, siendo, del dominio público, a través de los medios informativos nacionales, la posible predisposición de las autoridades responsables para no informar cabalmente acerca de sus actividades en orden a cumplir con el derecho humano fundamental a la impartición de Justicia de manera pronta, completa e imparcial, conforme a lo establecido en el artículo 17 constitucional.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la Republica recurre en queja formal ante el Titular del Ejecutivo Federal a efecto de que ordene al titular de la Procuraduría General de la República atender puntualmente, con detalle y oportunidad los requerimientos de información realizados por las Comisiones Especiales para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S. A. de C.V., de ambas Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

SEGUNDO. El Senado de la Republica recurre en queja formal ante el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que ordene a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, atender puntualmente, con detalle y oportunidad los requerimientos de información realizados por las Comisiones Especiales para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S. A. de C.V., de ambas Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Dado ante el Pleno de la Cámara de Senadores, 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Security Exchange Comission





Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, un incremento de 246.4 millones de pesos a los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero, con la finalidad de cubrir el déficit de plantilla laboral. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE, A TRAVES DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, A QUE INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, UN INCREMENTO DE 246.4 MDP. A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL DEFICIT DE PLANTILLA LABORAL.

“El suscrito, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Universidad Autónoma de Guerrero, es una institución pública y autónoma de educación media superior y superior cuyo Campus principal se encuentra en Chilpancingo y en otras siete regiones del estado.

Actualmente, imparte 34 carreras a nivel licenciatura y 29 a nivel posgrado. A la fecha, cuenta con una de las matrículas más altas de las Universidades Públicas del país. La institución, atiende a más de 73 mil alumnos, y se integra por cerca de 26 mil alumnos en el Nivel Superior y 46 mil de Nivel Medio Superior o Bachillerato.

Diversos organismos académicos han reconocido avances significativos en competitividad académica; hoy cuenta con 29 Programas Educativos (PE) en el nivel 1 de los CIEES, de estos, 8 Programas se encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES); y el 87.21% de esta matrícula se clasifica de Buena Calidad.

Referente a profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido un buen incremento en los últimos tres años, pasando de 35 que se tenían en 2009 a 50 en 2012; y hasta 2011 se habían firmado 262 convenios institucionales de intercambio académico.

Como se puede observar, la Institución está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus Programas Educativos como en su inversión física; ha procurado finanzas sanas; mediante mecanismos de austeridad en el gasto no prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto en áreas sustantivas.

Debemos reconocer a la Universidad, como una institución que ha venido incrementando el subsidio federal; esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño, como son: incremento en los Programas Educativos (PE) de Calidad; habilitación de Profesores de Tiempo Completo (PTC) y de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores; entre otros.

No obstante lo anterior,  se requiere continuar mejorando la calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra Universidad. La UAGro, al igual que muchas de las Universidades Públicas del país, ha tenido problemas presupuestales.

Uno de los problemas que la UAGro no ha podido atender en los últimos años,  es el déficit de plantilla laboral. Para

Solventar esta situación requiere de un incremento del Subsidio Federal de 246.4 mdp.

La necesidad de este apoyo extraordinario, tiene la finalidad de cubrir este déficit del ejercicio fiscal 2014, y sea incluido en el convenio financiero para el próximo ejercicio fiscal de 2015, como un monto irreductible para esta máxima casa de estudios del estado de Guerrero.

De ahí el presente punto de acuerdo cuya finalidad es apoyar y cubrir  las necesidades de la Universidad, y así poder cumplir su compromiso con los guerrerenses, y en particular con los sectores menos favorecidos en lo económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagos que en materia de educación se tienen en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, un incremento de 246.4 mdp. a los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero, con la finalidad de cubrir el déficit de plantilla laboral.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
a 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos información del proyecto de licuefacción de gas natural de Petróleos Mexicanos, con el propósito de exportar a Asia y Oceanía. Se turna a la Comisión de Energía.








Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación de la Cámara de Diputados a fin de que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se incrementen los recursos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCION, MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPUBLICA FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA Y DE EDUCACION, DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, A FIN DE QUE EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL AÑO 2015, SE INCREMENTEN LOS RECURSOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

“El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCION, MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPUBLICA FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA Y DE EDUCACION, DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, A FIN DE QUE EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL AÑO 2015, SE INCREMENTEN LOS RECURSOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

CONSIDERACIONES

Toda colectividad humana se encuentra naturalmente constreñida a la educación. Esta constituye el proceso por virtud del cual una comunidad transmite su cultura por la que sus integrantes se forman y desarrollan sus capacidades para participar enteramente de la vida en común.

Una educación de calidad, asequible a todos, es la base de una sociedad moderna. Enseñar y aprender son dos rasgos fundamentales de la civilización contemporánea cuya cultura, economía e instituciones dependen de las aptitudes y destrezas de las personas, de su sentido de responsabilidad y espíritu de servicio, así como de la capacidad individual de conocer y aplicar los conocimientos en beneficio de la sociedad.

El proceso de globalización económica reclama de los países incrementar su competitividad, y en ese sentido la educación se ha convertido en uno de los factores esenciales para el incremento de la productividad. Es por eso que tanto las naciones desarrolladas como las que se encuentran en vías de desarrollo, hoy día están revisando y haciendo un análisis de sus sistemas educativos.

Es así que la educación ha sido y sigue siendo el motor que permite el desarrollo social, cultural, económico y productivo de la población y, por ende, de un país. Pero, al mismo tiempo, debe contribuir a resolver los problemas que genera la modernidad, como los derivados de la necesaria sustentabilidad del desarrollo, la masificación de la vida en las grandes ciudades, la disolución de las comunidades básicas y sus núcleos de pertenencia. Por esto, el sector educativo debe ser considerado de vital importancia, sin embargo, da resultados a largo plazo.

En nuestro país, el sistema educativo debe responder a los requerimientos de un país en pleno proceso de desarrollo, a fin de cumplir con la oportunidad histórica que tenemos en este momento de llegar a convertirnos en una nación que mantenga un desarrollo sostenido, equitativo y con capacidad para adaptarse a los cambios que se producen cada vez con mayor aceleración en el mundo

El sistema educativo nacional fue formulado como un proyecto de nación, que destinó los recursos necesarios para desarrollarlo de acuerdo a las necesidades educativas del país, y está comprobado que ha sido una de las inversiones más provechosas que se ha realizado.

Para hacer frente a lo anterior, el gobierno se ha comprometido a consolidar el sector educativo implementando diversas políticas, como la reciente Reforma Educativa, que permiten garantizar el derecho a los mexicanos a recibir educación de calidad.

Este no ha sido sólo nuestro caso. Los países que han tenido las más exitosas experiencias de desarrollo, han logrado llevar a cabo un proyecto modernizador de largo plazo, donde la inversión en educación y la valoración del conocimiento son claves para todo país que pretenda lograr un verdadero desarrollo.

Con datos de la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2012-2013 el 71.6% de los estudiantes acudieron a escuelas administradas por gobiernos estatales, el 10.2% a escuelas administradas por la federación, el 5.1% a instituciones autónomas y el 13.1% a escuelas particulares1. Con estas cifras, es evidente que gran cantidad de alumnos dependen de los recursos públicos que los gobiernos federales y estatales destinan a la educación.

Para impulsar a este sector, además de políticas públicas, es necesario contar con instalaciones adecuadas que permitan el desarrollo de los estudiantes, profesores capacitados para impartir la enseñanza, programas educativos actualizados y, sobre todo, recursos económicos. Por esto, el gobierno federal destinó 1,128,505.2 millones de pesos al sector educativo para el año 2014, un monto superior en 0.4% con respecto al año anterior.

Resulta evidente entonces que apoyar a la educación pública en todos su niveles es una política pública que cumple con la idea de contar con una sociedad preparada y, por lo tanto, que hay que mantener la capacidad de proyección educativa para fortalecer nuestra educación superior y la investigación científica y tecnológica.

Sin educación superior de calidad y sin investigación científica transformadora, nuestro país no logrará avanzar en productividad y en la competitividad que se requiere frente a otras naciones. Además, no podríamos mantener los niveles culturales y la calidad de vida de las y los mexicanos que, a fin de cuentas, es lo que justifica los mejoramientos económicos y productivos.

Ahora bien, respecto a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, (UABCS) no obstante que es una institución de educación superior joven, toda vez que fue creada por una iniciativa de la ley que se envió al H. Congreso del Estado, el 26 de diciembre de 1975, empezando sus actividades académicas el 15 de marzo de 1976, con un primer semestre integrado por cuatro grupos con un total de 220 alumnos y cuatro maestros, hoy es motivo de orgullo para nuestro Estado, dado que, actualmente, la Universidad Autónoma de Baja California Sur imparte 21 carreras a nivel licenciatura en los Departamentos Académicos de Agronomía, Biología Marina, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Geología Marina, Humanidades, Ingeniería en Pesquerías, Sistemas Computacionales y Zootecnia, los cuales se encuentran agrupados en las áreas de conocimiento de ciencias agropecuarias, ciencias del mar y ciencias sociales y humanidades. Asimismo, imparte 8 maestrías en Ciencias Agropecuarias de Zonas Aridas y Costeras, en Ciencias Zootécnicas, en Desarrollo Agropecuario de Zonas Aridas, en Ciencias Marinas y Costeras, en Administración Estratégica, en Ciencias Sociales, en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y en Historia Regional. De igual forma, imparte dos programas de doctorado en Ciencias Marinas y Costeras, y en Desarrollo Sustentable y Globalización.

A la fecha, la UABCS cuenta con una matrícula total de 5,409 alumnos, integrada por 5,170 alumnos inscritos en el Nivel de Licenciatura, 185 en Nivel de Posgrado y 54 alumnos de diversas instituciones que forman parte de los programas de movilidad estudiantil y vinculación, lo que le ha permitido posicionarse como una institución de vanguardia y acorde a los niveles de calidad exigidos por las políticas educativas del país.

Asimismo, el pasado 17 de octubre del presente, el Campus Los Cabos se congratuló con la graduación de 67 estudiantes de las carreras de Turismo Alternativo, Derecho, Comercio Exterior, y Lenguas Modernas, y el 9 de octubre, en el Campus Loreto, se celebró la ceremonia de graduación de estudiantes de las licenciaturas de Turismo Alternativo y de Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, dos estudiantes obtuvieron el primer y tercer lugar del “Décimo Premio Estatal de Tesis de Posgrado”, sumando éxitos y logros a la UABCS.

Sin embargo, es innegable que para atender debidamente las necesidades educativas de hoy en día y el crecimiento incesante de la cobertura de la matrícula universitaria, así como contar con los requerimientos en materia de calidad que obliga a la referida Universidad a realizar inversiones en personal administrativo y de maestros, infraestructura y tecnologías para atender debidamente a una población universitaria y académica más numerosa, se requiere de un presupuesto suficiente para atender todo lo anterior, con el objeto de cumplir con el imperativo de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, independientemente de la necesidad de continuar en el proceso de modernización en el sistema educativo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para estar en condiciones de contribuir a la mejora de la sociedad sudcaliforniana.

Es así que, el Estado de Baja California Sur destinó al sector educativo un monto de $3,669,005,105 lo que representó el 37.15% de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 y, en específico, destinó $52,891,158.40 para la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

Desde este punto de vista, un presupuesto para la educación no sólo es la base de mejores ingresos en el futuro para los individuos educados sino que, además, produce importantes beneficios para la sociedad en su conjunto. Es una inversión que produce, en la expresión de la economía, altos retornos sociales y externalidades positivas, máxime que actualmente la Universidad ha manifestado un constante crecimiento, tanto en su calidad educativa como en su infraestructura, motivo por el cual, y no obstante los avances de nuestra institución universitaria, es necesario continuar en el proceso de calidad educativa así como ampliar la matrícula universitaria en beneficio de los jóvenes sudcalifornianos. Para cumplir con ello se requiere un mayor presupuesto a fin de atender la necesidad de crear más plazas administrativas y académicas.

Por ello y de conformidad con el acuerdo de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores, aprobado el 4 de noviembre de 2014, es procedente que la presente proposición con punto de acuerdo sea turnada directamente a la Cámara de Diputados para su consideración en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2015, a fin de que de manera inmediata se proceda al análisis, discusión, aprobación e incremento del presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de Baja California Sur conforme a las atribuciones exclusivas de la Colegisladora.

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición que contiene:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República formula respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, de la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que en el marco de la discusión y  aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, se incrementen los recursos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a13de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.

1 http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013.pdf





Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se asigne una partida presupuestal de 24,567,733,332 millones de pesos en el ramo 23, dentro del rubro de Provisiones Salariales y Económicas dentro de otras previsiones económicas para la implementación del sistema de justicia penal. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 24,567,733,332 MILLONES DE PESOS EN EL RAMO 23, DENTRO DEL RUBRO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DENTRO DE OTRAS PREVISIONES ECONOMICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL

FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 24,567,733,332 MILLONES DE PESOS EN EL RAMO 23, DENTRO DEL RUBRO DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DENTRO DE OTRAS PREVISIONES ECONOMICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de junio de 2008, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un nuevo Sistema de Justicia Penal, con los siguientes cambios principalmente:

Que los delincuentes y las víctimas de algún delito menor puedan llegar a un acuerdo que resuelva el problema sin tener que ir ante un juez, de modo que arreglen sus diferencias y se le repare el daño a la víctima pronto.

En los casos que la ley lo establezca, las víctimas u ofendidos teniendo toda la información necesaria acerca del delito, podrán acudir directamente ante el juez, sin necesidad de que intervenga el Ministerio Público.

Los juicios serán públicos y orales. El defensor y el Ministerio Público, expondrán su caso en presencia del Juez, así las personas podrán darse cuenta de la honestidad del Juez, testigos, y los juicios serán más rápidos.

El juez podrá suspender el juicio en casos especiales obligando al supuesto culpable a realizar trabajos comunitarios u otra actividad en lugar de la cárcel. Si el supuesto culpable acepta el delito, se puede acortar el proceso llegando a un acuerdo sobre la pena. Tanto la víctima como el acusado, tendrán más derechos que tienen que respetarse.

Se crea el Juez de Control cuya función será el resolver en forma urgente las solicitudes que le haga el Ministerio Público para evitar que el acusado escape o se pierdan pruebas, asegurándose de que no se violen los derechos ni de la víctima ni del acusado.

Se crea el Juez de Ejecución de Sentencias quien se encargará de examinar las sentencias impuestas, a fin de proteger los derechos humanos de los sentenciados, decidiendo si se les otorga o no la preliberación, esto dependerá de su conducta y grado de readaptación.

Se crean leyes para perseguir y castigar de manera especial a la delincuencia organizada y para quitarles los recursos económicos y bienes que compran con sus ganancias indebidas mismas que pasarán a la propiedad del Estado, para darles un uso correcto.

Es así que se fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al crearse estrictos controles y requisitos de selección de personal con el fin de evitar que se filtren elementos que no cubren los perfiles.

En este sentido se entiende que para que pronto tenga éxito esta reforma, se creó un Consejo de Coordinación para su Implementación, es decir, para ayudar en todo el país a hacer los cambios que propone. Este Consejo está integrado por el Secretario de Gobernación y representantes de los Procuradores, Jueces, Legisladores y Sociedad Civil.

Dicho Consejo de Coordinación realiza muchas acciones para el éxito del nuevo sistema de justicia penal y lo hace a través de su Secretaría Técnica: Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justica Penal SETEC.

El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal es la instancia gubernamental encargada coordinar las acciones que se realicen en los tres niveles de gobierno para la implementación de la reforma constitucional que busca transformar el sistema de justicia penal de uno mixto a otro de corte acusatorio, que dé vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos consagrados por la Constitución y que otorgue la seguridad jurídica debida a las personas. Véase el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.

Las acciones a cargo del Consejo están dirigidas a diseñar y realizar las estrategias pertinentes para la materialización del nuevo modelo de justicia penal contenido en la reforma constitucional mencionada, con el propósito de que su operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país y respetuosos de los principios establecidos por la propia Constitución.

Dada la situación de seguridad por la que atraviesa nuestro país es importante que para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas, cuenten con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que permitirá apoyar los ejes de infraestructura y equipamiento y tecnologías de la información.

De no contar con este apoyo enfrentaríamos una problemática en las entidades federativas que se traduce en no tener en operatividad las instalaciones que el nuevo sistema de justicia penal requiere en detrimento de las partes en el proceso, principalmente la víctima.

Por ello es que resulta necesario que la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 un monto total de 24,567,733,332millones de pesos, los cuales permitirán  consolidar la creación de este sistema de justicia penal.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2015 se asigne una partida presupuestal de 24,567,733,332 millones de pesos en el ramo 23, dentro del rubro de Provisiones salariales y económicas dentro de otras previsiones económicas para la implementación del Sistema de Justica Penal.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a iniciar trabajos con la UNESCO y con las universidades públicas y privadas de México, a efecto de que en el país se atiendan las expectativas de los estudiantes, se incremente la matrícula en las universidades públicas y se generen más instituciones o campus que impartan educación superior. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A EFECTO DE QUE SE INICIEN DE MANERA INMEDIATA TRABAJOS CON LA UNESCO Y CON LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DE MEXICO, A EFECTO DE QUE EN EL PAIS SE ATIENDAN LA EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES, SE INCREMENTE LA MATRICULA EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y SE GENEREN MAS INSTITUCIONES O CAMPUS QUE IMPARTAN EDUCACION SUPERIOR, SE CAPACITE DE MANERA ADECUADA A LA PLANTA ACADEMICA, SE GARANTICE LA CALIDAD DE LA EDUCACION Y SE ADECUE EL MODELO ACADEMICO A EFECTO DE RESOLVER LAS NECESIDADES SOCIALES Y A MEJORAR E INCREMENTAR LA INVESTIGACION Y LAS OFERTAS ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

“El que suscribe, Senador ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

CONSIDERACIONES

Hoy en día se ha presentado una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de la exigencia de ampliar y diversificar los campos, materias y áreas de conocimiento.

La educación superior representa para la juventud una pieza fundamental y exponencial para su desarrollo sociocultural y económico, así como para el desarrollo de sus familias, lo que representa mayor crecimiento de las comunidades a las que pertenecen y por ende para México.

La educación superior comprende "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior"1.

Desafortunadamente, la educación superior en México se enfrenta a desafíos y dificultades relativos en primer término, a la financiación, seguida por la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y a una deficiente capacitación del personal; lo anterior sin excluir el poco o nulo impulso y apoyo a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, a la cultura y el deporte.

Así pues, también el Estado debe valorar y promover la actualización de los planes de estudios y garantizar que los egresados obtengan un empleo en su área de conocimiento, así como el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional.

En este sentido, el Estado a través de la educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar y difundir el conocimiento y la información, debiendo garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías y saberes, en todos los niveles de los sistemas de enseñanza.

Mientras México siga sin cubrir los requerimientos de generar mayor número de instituciones públicas de educación superior o amplíe el número de plazas en las ya existentes, y además continúe con la política de no apertura e impulso de centros de investigación adecuados, que formen a una masa crítica de personas capacitadas y cultas, no podrá garantizar un auténtico desarrollo sostenible y no podrá acortar la distancia que nos separa de los países desarrollados e industrializados.

Hoy por hoy, para desarrollarnos de manera mucho más acelerada, la sociedad mexicana debe comenzar a fundarse en el conocimiento, razón por la cual la educación superior y la investigación, en todos los campos, deben formar parte fundamental del desarrollo cultural y socioeconómico sostenible de los individuos, las comunidades y los Estados y México.

En este sentido, resulta imperante hacer frente a la profunda crisis de valores por la que atraviesa nuestra sociedad y considero que no hay mejor forma de hacerlo que a través de la educación, por consiguiente, la educación superior que se imparte en el país, debe de modificar sus paradigmas y emprender un proceso de transformación, a efecto de que la sociedad pueda trascender más allá de las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y ética más contundentes.

Con la intención de encontrar soluciones para estos desafíos y de poner en marcha un proceso de profunda reforma de la educación superior, la UNESCO convocó a una Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción. Como parte de los preparativos de la Conferencia, la UNESCO publicó en 1995 su documento de orientación sobre Cambio y desarrollo en la educación superior. Ulteriormente se celebraron cinco consultas regionales (La Habana, noviembre de 1996; Dakar, abril de 1997; Tokio, julio de 1997; Palermo, septiembre de 1997 y Beirut, marzo de 1998).

Aunado a lo anterior, recientemente, para ser exactos, en julio de este año, más de mil 100 rectores de 31 países se reunieron en Brasil y aprobaron la Carta de Río, en la que se asientan las bases y compromisos para afrontar los retos y problemas que plantea el siglo XXI para las instituciones de educación superior de la región iberoamericana.

Cabe señalar que las conclusiones a que se llegaron en dicho encuentro, se presentarán en la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, que se realizará en el mes de diciembre de este año, en Veracruz, con el objeto de que las propuestas del encuentro y de la Carta de Río sean consideradas por los gobiernos para emprender estrategias en favor de este nivel académico.

Por lo anterior, es que considero fundamental exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, a efecto de que independientemente de los acuerdos que se tomen durante la Cumbre de Jefes de Estado, se inicien de manera inmediata, trabajos con la UNESCO y con las universidades públicas y privadas de México, a efecto de que en el país se atienda la expectativas de los estudiantes, se incremente la matrícula en las universidades Públicas y se generen más instituciones o campus que impartan educación superior, se capacite de manera adecuada a la planta académica, se garantice la calidad de la educación y se adecue el modelo académico a resolver las necesidades sociales y a mejorar e incrementar la investigación y las ofertas académicas, culturales y deportivas.     

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se inicien de manera inmediata, trabajos con la UNESCO y con las universidades públicas y privadas de México, a efecto de que en el país se atiendan la expectativas de los estudiantes, se incremente la matrícula en las universidades Públicas y se generen más instituciones o campus que impartan educación superior, se capacite de manera adecuada a la planta académica, se garantice la calidad de la educación y se adecue el modelo académico a efecto de resolver las necesidades sociales y a mejorar e incrementar la investigación y las ofertas académicas, culturales y deportivas.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

1 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13142&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html





Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones para ayudar a los damnificados y víctimas de los estragos causados por diversos fenómenos naturales en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS Y VICTIMAS DE LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR DIVERSOS FENOMENOS NATURALES EN EL ESTADO DE GUERRERO.

“El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II, 103 numeral 2 Fracción III y 108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El 20 de marzo de 2012 se percibió un sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter con un epicentro localizado a 29 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero.

Del 11 al 20 de septiembre de 2013, se precipitaron severas lluvias en diversas partes del país, afectando gran parte del territorio del estado de Guerrero, provocadas por la convergencia del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”; como consecuencia, perdieron la vida más de 120 personas en todo el territorio nacional y poco más de 50 únicamente dentro de los límites guerrerenses.

El viernes 18 de abril de 2014, ocurrió un sismo de 7.2 según la escala sismológica de magnitud de momento (Mw) el epicentro se localizó a 40 km al sur de Petatlán, frente a la región de Costa Grande del estado de Guerrero, en el sur de México, con base en lo informado por el Servicio Sismológico Nacional.

El 18 de octubre del presente año, la tormenta tropical “Trudy” provocando lluvias de torrenciales a extraordinarias teniendo como consecuencia el desbordamiento de ríos y deslaves y lamentablemente al menos seis personas perdieron la vida.

Como consecuencia de los eventos anteriores, más de un millón de personas han resultado afectadas de muy diversa manera; miles de viviendas han resultado dañadas, deben ser reubicadas o reconstruidas, cortes de caminos y comunicaciones, inundaciones y demás afectaciones que no han sido debidamente atendidas hasta ahora.

A pesar de que varios eventos sucedieron hace más de un año, y de haber sido ya canalizados alrededor de 35 mil millones de pesos, existe un retraso en las obras, así lo afirmó en agosto pasado, el director del general del Fondo Nacional de Desastre (FONDEN), José María Tapia, quien reconoció que hay un retraso en las obras donde se tiene un avance del 45%, a pesar de que ya se ha ejercido el 67% de los 22 mil millones de pesos para la reconstrucción.1

Guerrero ha sufrido una gran diversidad de eventos naturales. Desde Diciembre de 2011 se han emitido diversas declaratorias de emergencias, que contemplan 16,546 acciones de restauración que contemplan un amplio abanico de acciones, como reparaciones y reconstrucciones de viviendas, hospitales y escuelas, el monto total de inversión para la restauración de dichos daños, supera los 11,940 millones de pesos, de los cuales el 58.48% lo ha aportado el gobierno estatal, el 35.91 el FONDEN y únicamente el 5.61% dependencias del gobierno federal. Lo anterior no incluye los eventos del presente año en el cual se han emitido tres nuevas declaratorias de emergencia que han afectado a 21 municipios del estado.2

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las diversas dependencias involucradas, se agilicen las acciones de reconstrucción, se mitigue el retraso existente y los ciudadanos guerrerenses puedan regresar a su vida cotidiana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero, a que en el marco de sus atribuciones, acelere las acciones necesarias, para la reconstrucción y mitigación de los daños ocasionados por los fenómenos naturales y los ciudadanos guerrerenses puedan retornar a su cotidianeidad.

Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2014.

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ismael Hernández Deras, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, detección temprana y tratamiento de la diabetes mellitus y la gestacional. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a ampliar los recursos públicos para el estado de Michoacán en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA ALA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION PARA QUE AMPLIE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL AÑO 2015

“El suscrito, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por el artículo de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION PARA QUE AMPLIE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL AÑO 2015, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Michoacán aún atraviesa por una situación compleja.

Apenas hace algunos meses, las michoacanas y los michoacanos atestiguamos por primera vez cómo la cruda realidad quedaba al descubierto, cuando comprobamos el deterioro social e institucional que estaba presente en la vida cotidiana, pero que nunca habíamos dimensionado sus verdaderos alcances. 

Vimos con profundo dolor que nuestro Estado ocupó las primeras planas de la prensa nacional e internacional, por un descontrol y un vacío de autoridad inusitados.

Algunas ciudadanas y algunos ciudadanos fueron injustamente condenados a vivir en la zozobra, otros, cansados de tanta impunidad, tomaron el camino de la autodefensa al no encontrar una respuesta puntual de la autoridad. 

Es preciso reconocer que hoy existen avances inobjetables en materia de seguridad, que hay signos claros de   recomposición institucional. La Federación ha jugado un papel muy importante, lo hemos reconocido, pero también hemos dicho que el apoyo llegó después de décadas de haber abandonado a Michoacán a su suerte.

Basta poner un ejemplo, de que el Estado Mexicano le ha fallado a Michoacán, es la exclusión de miles y miles de jóvenes del sistema educativo nacional, quienes se han vista obligados a emigrar, dejando familias, pareja, amigos, proyectos de vida, para arriesgarse y buscar sus sueños al otro lado de la frontera.   

Hace falta definir el rumbo, allanar el camino de la paz duradera, de una legalidad a prueba de todo, de la limpieza total de las instituciones, de todo lo que merece la sociedad michoacana.

Debe quedar atrás el Michoacán que ha sido rehén de la inseguridad, de los abusos, de la violencia extrema y de la delincuencia. Debemos superar el letargo económico, de superar las condiciones de marginación y de pobreza, las desigualdades y la corrupción oprobiosa, para dar paso a las oportunidades de empleo, de educación para todas y para todos, de pequeños, medianos y grandes negocios.

Michoacán está llamado a ser una tierra de paz y de prosperidad, a ser un Estado moderno, competitivo, con mayor justicia social; un Estado próspero, de riqueza mejor distribuida, de grandes proyectos, de solidaridad.

Las michoacanas y los michoacanos tenemos mucha dignidad, y por ello, reclamamos el trato que corresponde de la Federación. Es un asunto de justicia, que Michoacán reciba el apoyo que merece, sin regateos ni condicionamientos. 

He platicado con muchos sectores sociales, con empresarios, con académicos, con productores, con organizaciones sociales y populares, con autoridades municipales, con los maestros y he escuchado muchos reclamos de justicia.

Hoy más que nunca debe escucharse la voz de las ciudadanas y de los ciudadanos.

Ellos saben, que como michoacanos podemos salir adelante. Están dispuestas y dispuestos a encabezar, desde la sociedad, una reconstrucción profunda de nuestro querido Michoacán.

Están dispuestos a reescribir nuestra historia y a trabajar en unidad para lograrlo, con compromiso auténtico, con visión de futuro, con la mirada fija en un nuevo Estado, pujante, consciente de su potencial enorme, que tiene historia, que tiene liderazgo, que tiene mucho que aportar a México, como lo ha hecho en el pasado.

Somos una tierra con grandes riquezas naturales, un inmenso patrimonio cultural, artesanía única, una tradición gastronómica sublime, oportunidades de negocio, el puerto con mayor índice de crecimiento en el país y un liderazgo internacional en la producción de diversos productos como el aguacate y el limón.

En este marco, formulamos esta propuesta que hemos llamado INICIATIVA MICHOACAN, para que se haga un esfuerzo extraordinario por las Diputadas y los Diputados de la Nación, en este último tramo de la discusión presupuestal, para que apuntalen y den un soporte firme que permita avanzar en la recomposición de nuestro Estado.  

Estamos en un momento clave, donde no puede haber lugar a retrocesos. Como mencioné anteriormente, aun no hemos superado las dificultades.

Aún persisten factores estructurales que nos llevaron a la peor crisis que hemos vivido en la época moderna. Una crisis, que no se acaba con la detención de delincuentes, ni dosificando recursos, ni administrando las carencias.

INICIATIVA MICHOACAN, es un llamado para que  busquemos objetivos claros y metas precisas. Un llamado enérgico para que exista una inversión fuerte e inmediata de recursos que nos permitan como Estado afrontar esta nueva etapa. 

Sabemos que la crisis financiera por la que atraviesa el Estado representa una camisa de fuerza para atender debidamente los problemas más acuciantes. Sin capacidad financiera, será imposible fijar una Nueva Agenda para Michoacán que siente las bases de un camino distinto.

Hay OBJETIVOS claramente decantados, surgidos del diálogo, de los propios michoacanos, que han comenzado a repensar a nuestro Estado.

I. Reactivar la Economía del Estado. Sentar las bases para el crecimiento y un desarrollo sostenido.  

II. Nueva institucionalidad, comprometida con los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y con el rescate de la soberanía estatal. 

III. Garantizar a todos los ciudadanos el Derecho a la Seguridad. Asegurar la gobernabilidad y recuperar el imperio de la Ley en todas las regiones del Estado.  

IV. Reconstruir el tejido social, detonar del desarrollo y el bienestar, y combatir la desigualdad.

V. Erradicar la corrupción.  

Las michoacanas y los michoacanos, han dibujado ya diversas acciones inmediatas. 

I. Reactivar la Economía del Estado. Sentar las bases para el crecimiento y un desarrollo sostenido.

● Inversión pública de alto impacto en cada región para mover la economía y crear empleos. 

● Fortalecimiento y Desarrollo de Cadenas Productivas.  

● Promover una Imagen POSITIVA de Michoacán. 

● Promoción Turística, Cultural y Gastronómica  

● Ambiente propicio para la inversión.  

● Alternativas que combinen estudio y trabajo para las y los jóvenes.  

● Fortalecer las capacidades productivas del Estado, sus fortalezas y liderazgo nacional e internacional en ciertos productos.  

● Reactivar los programas @tienda, mi tienda y tiendas comunitarias, para el financiamiento de microempresas familiares. 

● Fondo de apoyo a las empresas del sector social y economía solidaria 

II. Nueva institucionalidad, comprometida con la democracia, con el Estado de Derecho y que asegure el rescate de nuestra soberanía estatal.

● Fortalecimiento de la autoridad constitucionalmente electa, delimitar claramente el acompañamiento del Gobierno Federal e impedir cualquier injerencia indebida e ilegal.  

● Atender el problema financiero del Estado, particularmente en lo relativo al pago de la deuda pública y pasivos a terceros, así como buscar que se establezca una regulación de los endeudamientos públicos  para el Estado y los municipios. 

● Transparencia total en el ejercicio del presupuesto público.  

● Generar un acercamiento con todos los sectores y actores políticos, sociales, empresariales, académicos, culturales, religiosos, públicos, medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales y en general de cualquier institución, organización o asociación representativa de la sociedad, para dar seguimiento a los puntos anteriores y para diseñar los objetivos y las metas estratégicas.  

III. Garantizar a todos los ciudadanos el Derecho a la Seguridad. Asegurar la gobernabilidad y recuperar el imperio de la Ley en todos los territorios y regiones del Estado.

● Plan Estratégico para la Seguridad. 

● Prevención Integral del Delito, con estrategias diferenciadas en las ciudades y el medio rural. 

● Recuperación de espacios públicos, promoción del deporte, el arte y la cultura.  

● Reconstrucción del tejido social y la legalidad en las regiones, especialmente en la Tierra Caliente, garantizando la participación comunitaria en todos los casos. 

● Atención especial a las víctimas del crimen organizado. 

● Certificación de los miembros de las corporaciones policiacas. 

● Cultura de paz y sana convivencia.  

● Educación en derechos humanos para las autoridades del ámbito estatal y municipal. 

● Coordinación efectiva entre autoridades policiales para ejecutar acciones, investigaciones, operativos en contra de la delincuencia organizada. 

IV. Reconstruir el tejido social, detonar el desarrollo y el bienestar, y combatir la desigualdad.

● Rescate Financiero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

● Sistema estatal de becas. 

● Programa de acceso a Tecnologías de la Información. 

● Programa  para abatir los rezagos en infraestructura educativa, equipamiento tecnológico y fortalecimiento pedagógico, en el nivel básico de educación.  

● Unidades de integración comunitaria y desarrollo de la juventud.  

● Fomento a la práctica de los deportes populares, las artes, las actividades culturales y sociales, la convivencia familiar y el desarrollo comunitario. 

V. Erradicar la corrupción

● Aplicación de la ley sin distinciones. 

● Erradicar la práctica de politizar la justicia.  

● Fiscalía anticorrupción autónoma del Poder Ejecutivo.  

Las acciones expuestas, son tan sólo una pequeña muestra, de lo que la sociedad michoacana es capaz de imaginar y proponer. Una referencia de todo lo que hace falta en Michoacán.

Llamamos a las Diputadas y a los Diputados, para que defiendan con sentido patriótico, los derechos de los Michoacanos.

Queremos recordarles que Michoacán también es México, y que aquí, con la solidaridad de todos, nacerá un gran proyecto que será una pieza clave en el futuro nacional.

Por lo anteriormente, someto a su consideración, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, prevean un incremento extraordinario, que al menos, duplique los recursos presupuestales para el Estado de Michoacán, que permitan a la entidad afrontar una nueva etapa.

Dado en las instalaciones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Raúl Morón Orozco”.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se contemple un recurso extraordinario para mitigar el déficit financiero de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita incrementar el subsidio federal a la Universidad Autónoma de Guerrero a 246.4 millones de pesos para cubrir el déficit de la plantilla laboral correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y sea incluido en el convenio financiero para el ejercicio fiscal 2015. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INCREMENTAR EL SUBSIDIO FEDERAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A 246.4 MILLONES DE PESOS PARA CUBRIR EL DEFICIT DE LA PLANTILLA LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 Y SEA INCLUIDO EN EL CONVENIO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

“El que suscribe, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRÍGUEZ Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INCREMENTAR EL SUBSIDIO FEDERAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A 246.4 MILLONES DE PESOS PARA CUBRIR EL DEFICIT DE LA PLANTILLA LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 Y SEA INCLUIDO EN EL CONVENIO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) cuenta con 44 Unidades Académicas Preparatorias, 1 Unidad Académica Preparatoria abierta y dos programas educativos de Técnico en Enfermería con Bachillerato en Ciencias de la Salud y cuenta con 71 programas educativos de licenciatura, 31 programas de maestría y 9 de doctorado, de los cuales 18 son reconocidos en el padrón nacional de posgrado de calidad del CONACYT.

En el último año se han incorporado 10 nuevas licenciaturas entre las que se encuentran biotecnología, gobierno y gestión pública, en nutrición y ciencia de los alimentos, además de las ingenierías en minas, en energías limpias, en producción sustentable alimentaria, en prevención de desastres y proyección civil.

Durante el ciclo escolar 2013-2014 se encuentra atendiendo a una matrícula de 45,618 estudiantes y proyecta que para el año 2018 incrementará su matrícula a 47, 945 estudiantes de las Unidades Académicas de Educación Media Superior.

Actualmente 6,399 estudiantes indígenas cursan los programas educativos de bachillerato y de acuerdo con la proyección para el 2018 serán 14,300 nuevos estudiantes indígenas, en tanto que a nivel licenciatura actualmente se atiende 1,441 y se pretende alcanzar en cuatro años más a 4,600 estudiantes.

Durante el presente ciclo escolar 2013-2014 la actual administración de la Universidad ha invertido el más alto monto histórico de becas en Educación Media Superior con 217,123, 500 pesos, beneficiando a 35, 979 estudiantes. En tanto que 8,866 alumnos de nivel licenciatura se favorecen con una inversión de $63,366,250.

En el año 2010 contaba sólo con un campus universitario, actualmente tiene cinco y se proyecta que para el año 2018 contará con 14 campus ubicados en Llano grande, Tecpan, Zumpango, Cruz Grande, Montaña, Tierra Caliente, Zona Norte, Diamante, Zihuatanejo, Montaña Baja, Atenango del río, Sierra, Ometepec Montaña alta y Acapulco rural sinai.

En este año se han recibido a 1,800 alumnos en casas de estudiantes, lo cual ha requerido de una inversión de $10,120,000 y se prevé que en el año 2018 se albergarán a 2 mil, lo que exigirá una inversión de $12,365,782.

Por cuarta ocasión consecutiva la UAGro obtuvo el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) por haber logrado el 90.1% de matrícula en PEL de buena calidad.

Cabe hacer mención que los CIEES y COPAES son los organismos que constituyen los principales mecanismos de regulación de la calidad de los programas educativos, mostrando los puntos fuertes y débiles del sistema de educación superior; a través del desarrollo de criterios y directrices para valorar la efectividad.

La UAGro ha sido certificada por el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión American Trusts Register, S.C., ha sido reconocida por su calidad educativa por el CIEES y ha alcanzado los indicadores de calidad del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

Lo anterior ha sido posible con los 10 cuerpos académicos reconocidos por la SEP y los 39 cuerpos que en estos momentos se encuentran en consolidación ya que actualmente la universidad cuenta con 421 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con reconocimiento del perfil deseable de acuerdo a la SEP y se encuentran en habilitación 427 PTC con maestría y 279 PTC con doctorado.

Para lograrlo es necesario fortalecer los esfuerzos de la UAGro para cumplir con los compromisos adquiridos con la plantilla laboral que tienen la Casa de Estudios correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

En el marco de la crisis por la que atraviesa el estado de Guerrero, invertir en el sector educativo se convierte en estratégico para alcanzar niveles aceptables de estabilidad social y desarrollo de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta Soberanía apruebe el presente como de urgente resolución

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República solicita incrementar el Subsidio Federal a la Universidad Autónoma de Guerrero a 246.4 millones de pesos para cubrir el déficit de la plantilla laboral correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y sea incluido en el convenio financiero para el ejercicio fiscal 2015.

Pleno de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2014.

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.






Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”.

“PALABRAS DEL SENADOR JESUS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL “DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO”

Más de 1.3 millones de personas mueren anualmente en el mundo por accidentes de tránsito. Lo que implica que lamentablemente, cada treinta segundos muere una persona en alguna parte del mundo por este motivo.

México se encuentra entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Según las estadísticas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), se estima que la cifra supera las 24 mil muertes al año, pero por motivos de la posibilidad al sub registro, la suma podría en mucho ascender a esta cantidad.

Además, las estadísticas señalan que cada año ocurren en nuestro país unos 470 mil accidentes y, si bien están involucrados una diversidad de factores, instituciones de salud y vialidad afirman que 90 por ciento de esos eventos se pueden prevenir; esto con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos; en los que, si bien es cierto que no podemos aislarnos de todo los que es peligroso en nuestras vidas, lo importante es aprender a convivir con estos factores y poder controlarlos para evitar accidentes.

Precisamente por ello y para dar a conocer a la sociedad en general este problema, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, pretenden alentar a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a atraer la atención de todos hacia la siniestralidad vial. En ese tenor, con fecha 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 60/5, "invitó a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico, en homenaje de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

Este Día se ha convertido en un elemento de referencia importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico, al ofrecer una oportunidad de reflexión y apuntar la atención a la devastación causada por los accidentes de tráfico y de reconocer el sufrimiento de las víctimas, incluso, la labor de los servicios de apoyo y rescate.

México ha implementado diversas estrategias para salvar la vida de miles de mexicanos, en las que se sumó a la iniciativa de las Naciones Unidas conocida como  el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, con el objetivo es estabilizar y reducir la mortalidad en México por los accidentes de tráfico y reducir la tasa de accidentes cuando menos en un 50% y salvar la vida de más de 10,000 mexicanos anualmente.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer y abatir la mortalidad y discapacidad que ocasionan los percances de tránsito en territorio nacional, que se han constituido como la cuarta causa de muerte, pero la causa número uno de pérdida de años saludables, al tratarse de la principal en la que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante.

Este día, 16 de noviembre, tercer domingo del mes, es propicia la ocasión para reflexionar sobre este mal que acaba con la vida de miles de mexicanos; hacer un reconocimiento a las víctimas de la siniestralidad vial y a la difícil situación de los familiares que se enfrentan a las consecuencias de estos sucesos que cambian la vida de las personas en un instante.

Por ello compañeros legisladores, desde esta tribuna, en el marco del DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO, un sincero reconocimiento y homenaje a la memoria de aquellas personas que han sido víctima de los siniestros viales; fortaleza para sus familias y seres queridos, y la reflexión para crear conciencia sobre la importancia de disminuir la incidencia y prevenir los accidentes de tránsito.

Dado en la ciudad de México, D.F., a 13 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero

Presidente de la Comisión Especial de Movilidad”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Mundial de la Diabetes.

“Día Mundial de la Diabetes.
14 de Noviembre

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebraron por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU.

El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que presenta cada año un tema elegido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional de la diabetes. Aunque las campañas temáticas duran todo el año, el día en sí se celebra el 14 de noviembre, para conmemorar el nacimiento de Frederick Banting, que, junto con Charles Best, fue quien concibió la primera idea que condujo al descubrimiento de la insulina en 1922.

Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.

La diabetes es difícil; la enfermedad impone ciertas demandas de por vida a los 366 millones de personas que viven con diabetes y a sus familias. Porque las personas con diabetes son responsables del 95% de la atención que necesitan, es de suma importancia que reciban una continua educación diabética de alta calidad a la medida de sus necesidades proporcionada por profesionales de la salud calificados. Además la FID estima que más de 300 millones de personas en el mundo están en riesgo de contraer diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se puede prevenir en muchos casos, ayudando y alentando a aquellos en riesgo a mantener un peso saludable y realizar ejercicio frecuentemente.

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2014 marca el primero de tres años (2014-16) de una campaña que se centrará en una vida saludable y diabetes. Se continuarán desarrollando las actividades de la campaña bajo el eslogan: Diabetes: protejamos nuestro futuro.

Las últimas estimaciones del Atlas de la Diabetes de la FID indican que más de 382 millones de personas viven con diabetes en el mundo. Para 2035, 592 millones de personas o una de cada de diez personas tendrá diabetes. Otros 316 millones de personas actualmente corren riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y se espera que está cifra aumente hasta 500 millones dentro de una generación.

Estos datos y cifras reiteran la importancia de una acción urgente. La mayoría de los casos de diabetes tipo 2 pueden ser prevenidos y las complicaciones serias asociadas con la diabetes se pueden evitar con estilos de vida y ambientes saludables que fomentan y facilitan un comportamiento sano. Especial énfasis será puesto en la importancia de comenzar el día con un desayuno saludable.

Jueves13 de Noviembre de 2014.

Atentamente

H. Cámara de Senadores

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con motivo del “Día Internacional de la Tolerancia”.

EFEMERIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA, OBSERVADO EL 16 DE NOVIEMBRE

“En la Sexagésima Segunda Legislatura, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el “Día Internacional para la Tolerancia”, el cual fue declarado de manera oficial por la Organización de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996, por lo que desde 1997 se celebra ininterrumpidamente el 16 de noviembre de cada año.

Su observancia se dio después de que en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia del 16 de noviembre de 1995, se estableciera que la tolerancia no es una indulgencia o indiferencia, sino que más bien se trata del respeto y del saber apreciar la riqueza y variedad inherentes a las culturas del mundo, así como las distintas formas de expresión de los seres humanos.

En el marco de esta celebración es oportuno, por un lado, fomentarla desde todos los ámbitos de la sociedad, promoviendo la comprensión y el respeto entre todas las culturas, y por el otro lado, reflexionar sobre la trascendencia de la tolerancia para alcanzar una convivencia optima entre la población de nuestro país.

Coincidimos con el Secretario General de la ONU, en el sentido de que la tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación. Lo anterior deja de manifiesto que la tolerancia es un valor que debe ser inculcado desde los primeros años, de lo contrario será más complejo poder construir un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación.

La Declaración de Principios Sobre la Tolerancia, establece que, entre otras cuestiones, la tolerancia consiste en el respeto, aceptación y aprecio de la diversidad de las culturas del mundo; una cuestión moral, política y jurídica; en cambiar la cultura de la guerra por la cultura de la paz; en el reconocimiento de los derechos humanos; y los derechos del pluralismo cultural, la democracia y el Estado de Derecho.

En consecuencia, la tolerancia bajo ninguna circunstancia implica consentir abusos y conductas al margen de la ley. En síntesis, practicar y fomentar la tolerancia se traduce, tanto en el respeto integral hacia nuestros semejantes, como en el mecanismo por excelencia para terminar con arbitrariedades, excesos de poder e injusticias sociales.

México es un país plural y dinámico, de ahí la importancia de que en todo momento, sean observados los principios básicos de la tolerancia, pues su ausencia se traduce en discriminación, violencia y en general, en el menoscabo de los derechos humanos.

Ante este panorama, el recinto en que nos encontramos es el lugar idóneo para conmemorar el Día Internacional para la Tolerancia, debido a que aquí convergen armónicamente diferentes ideologías que hacen de esta soberanía nacional un foro plural en donde el debate se da a partir de argumentos sólidos y el raciocinio.

Finalmente, en el marco de tan importante acontecimiento, hacemos el respetuoso pero enérgico llamado para que en cada una de nuestras acciones, continuemos poniendo en práctica la tolerancia, valor indispensable para transitar hacia una sociedad más justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo miércoles 19 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:45 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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