Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 6

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Febrero de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (12:01 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los legisladores presentes.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: señor Presidente, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 87 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del jueves 19 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes diecisiete de febrero de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del doce de febrero de dos mil quince.

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de la Ciudadana Irma Zulema Cobián Chávez como Senadora de la República.

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de la Ciudadana Rosa Mireya Félix López como Magistrada del Organo Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Sonora.- Intervinieron los Senadores: Héctor Larios Córdova del PAN; Arturo Zamora Jiménez del PRI; Pablo Escudero Morales del PVEM; y Javier Corral Jurado del PAN.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Silvia Garza Galván, el Informe de las actividades de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República durante el 20º Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 10º Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, así como en eventos paralelos realizados del 6 al 13 de diciembre de 2014, en Lima, Perú.- Quedó de enterado.

Se recibió del Senador Socorro Sofío Ramírez Hernández, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 16 de febrero del año en curso.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, oficio por el que informa que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido nombró al Senador Fernando Herrera Avila como Coordinador del mismo.- Quedó de enterado. Se hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política y de la Secretaría General de Servicios Administrativos.

Se recibió de la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa los nombres de los Senadores que integrarán el grupo de trabajo con el objeto de modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular para atender el caso FICREA, en cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente, del 21 de enero de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicó a los senadores designados.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2014.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes nombramientos de personal diplomático, a favor de los ciudadanos:

1) Iván Roberto Sierra Medel, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

2) Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

3) Melba María Pría Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

4) Juan Rodrigo Labardini Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

5) Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

6) Benito Andión Sancho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Israel.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

7) Enrique Rojo Stein, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

8) Carlos Fernando Almada López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

9) Erasmo Roberto Martínez Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenya y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, antes las Repúblicas de Burundi, Malawi, Rwanda, Seychelles, Uganda, República Unida de Tanzanía y la Unión de las Comoras.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Africa.

10) Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Botswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabwe.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Africa.

Se recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el documento denominado “Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.- Se remitió a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda y al grupo de trabajo formado para la redacción de leyes secundarias en materia de transparencia.

Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, su Informe anual, en cumplimiento al artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficios por los que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante la Unión Interparlamentaria Mundial y ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se recibió de la Mesa Directiva un Acuerdo por el que se designa al Senador Fernando Herrera Avila, como Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

El Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 1º y se adiciona un capítulo VI a la Ley de Coordinación Fiscal y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción viii al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo de la fracción x del artículo 31 de la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado A del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta a las comunidades indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.- En la presentación del dictamen intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García por la Comisión de Puntos Constitucionales. y Francisco Yunes Zorrilla, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Los posicionamientos estuvieron a cargo de los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Fernando Torres Graciano del PAN. En la discusión en lo general hicieron uso de la palabra los Senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Dolores Padierna Luna del PRD, en pro; David Monreal Avila del PT, en contra; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, en pro. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Lilia Merodio Reza y Benjamín Robles Montoya entregaron los textos de sus intervenciones, los cuales se integrarán al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado por 92 votos en pro y 7 en contra. Se remitió a los congresos estatales, para los efectos del artículo 135 Constitucional.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna para la designación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cubrir la vacante del Ministro Sergio Armando Valls Hernández:

1. Felipe Alfredo Fuentes Barrera
2. Horacio Armando Hernández Orozco
3. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza

Se turno a la Comisión de Justicia.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento para la elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

Se recibió de la Mesa Directiva y de los Grupos Parlamentarios, proposición con punto de acuerdo en relación con la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, asesinado por agentes de la policía de condado de Franklin, en el estado de Washington, Estados Unidos de América.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: David Monreal Avila del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Gabriela Cuevas Barrón del PAN; Agustín Trujillo Iñiguez del PRI; Raúl Morón Orozco del PRD; Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

La Presidencia informó que la Mesa Directiva autorizó la rectificación del turno para que el punto de Acuerdo que contiene un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se remita al Senado la aceptación del Estado Mexicano de la Competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, quede en la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para su análisis y dictamen.

Los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Armando Neyra Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 884, 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Efemérides)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en ocasión del aniversario del fallecimiento de Gustavo Adolfo Madero González.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al Día del Inventor Mexicano.-Se insertó en el Diario de los Debates.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 79 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara y Gabriela Cuevas Barrón, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Planeación, en materia de fomento y respeto de los derechos de las personas adultas mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República emite un reconocimiento al grupo de mujeres “Las Patronas” que cumple 20 años de labor en favor de la dignidad en la migración por el territorio mexicano.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal incluir en el artículo 41 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como servicios profesionales de medicina, a la terapia física o fisioterapia.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre la contaminación suscitada en el Río Tonto, ubicado en la comunidad de las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Morelos a abordar la problemática de criminalidad y violencia, con una perspectiva de protección de los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento por los primeros 20 años de ayuda incondicional y solidaria de “Las Patronas” de Veracruz, con los migrantes que arriesgan su vida en el tránsito por México; y exhorta a la embajada de México en España a promover la candidatura de “Las Patronas” al premio Princesa de Asturias, por acciones que han repercutido de forma indeleble en la lucha social de México y en los derechos humanos en el mundo.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por HSBC.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de las entidades federativas, así como a las respectivas del sistema nacional de seguridad pública a realizar acciones tendientes para fortalecer la persecución, investigación y sanción del delito de desaparición forzada de personas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las secretarías de salud de los gobiernos locales de los 31 estados y del Distrito Federal a presentar un informe de las quejas presentadas en materia de violencia obstétrica, así como las medidas emprendidas para combatir esta práctica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover talleres de implementación de huertos en las escuelas primarias urbanas y rurales.- Se turnó a la Comisión de Educación.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal diseñar e instrumentar una estrategia para retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover talleres de implementación de huertos escolares en las escuelas primarias urbanas y rurales, a fin de que las niñas y niños tengan una herramienta de autoproducción alimentaria tanto en sus planteles escolares como en sus hogares.- Se turnó a la Comisión de Educación.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos y citó a la siguiente el jueves diecinueve de febrero a las once horas.

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Roberto Albores Gleason, por la que informa que este día se llevará a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.







 

Una, del Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de su participación en el Parlamento Latinoamericano, en el marco de su 50 aniversario, realizado del 3 al 6 de diciembre de 2014, en Panamá.







 

Del Grupo de Trabajo que dará seguimiento a la intervención de las autoridades mexicanas por la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, con la que remite su Programa de actividades.



La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, Senadora Dolores Padierna.

Sonido en su escaño.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Estoy escuchando a la Secretaria que está leyendo, como primer punto, una invitación para que el Senado firme un Convenio con la OCDE.

No tenemos conocimiento de para qué es ese Convenio. Le llaman Sociedad del Conocimiento y una capacitación para elaborar leyes.

Yo pregunto: ¿Este Senado no tiene capacidad para elaborar leyes? ¿Necesitamos la asesoría de la OCDE para saber hacer leyes?

Además, dicen, que también vamos a tener acceso, a uno de los recursos informáticos de la OCDE. Todos podemos tener acceso a los datos de la OCDE. Y ahora que se han querido convertir en paladines de la transparencia, yo creo que el Senado tiene al menos la necesidad de informar:

¿Qué tipo de asesoría? ¿Cuánto va a pagar? ¿Va a ser gratuito?

No es más que suficiente, para ser muy eficaces, el dinero que tiene el Senado disponible para el pago de asesoría?

Lo que más me importuna, en lo personal, es que el Ejecutivo Federal haya contratado a la OCDE como asesor, pagando 36 millones de dólares. Cuando Angel Gurría fue el hacedor del Fobaproa, goza de una pensión vitalicia multimillonaria y ha tenido actitudes públicas que realmente no lo hacen ni transparente, ni creíble.

Lo que se necesita, francamente, son instituciones que tengan credibilidad, pero en relación a la OCDE, no se justifica, y mucho menos que hoy nos digan que el Senado va a firmar un Convenio, como si aquí nada más hubiera un partido. El Senado es un órgano colegiado pluripartidista, no solamente de un partido.

Entonces, yo pediría que antes de que se firme ese Convenio: se informe, se ponga a votación, se haga un dictamen, se analicen costos, etcétera; y después se someta a consideración.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadora Dolores Padierna, hemos escuchado sus argumentos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Debo decirle, permítame don Manuel, debo decirle que se incorporó al Orden del Día, como un error de la Mesa Directiva.

En la sesión previa que tuvimos por la mañana, habíamos dispuesto que saliera del Orden del Día, porque el Senado de la República no puede firmar ni suscribir un Convenio, que lo haría el Presidente del Senado y no el presidente de alguna comisión o algún Senador interesado. Entonces, tiene que pasar por el Jurídico del Senado.

Y así lo dispusimos, en la sesión previa de la mañana Senadora; pasa al Jurídico del Senado, para que nos dé su opinión antes de darle curso, que debe ser enviado a la comisión correspondiente, para que haga el dictamen, lo vote en los términos y en la competencia de dicha comisión, lo regrese al Pleno, lo discuta y, en su caso, se apruebe.

Eso es lo que aprobamos por la mañana. Por eso digo, que como un error de esta Mesa, fue su incorporación al Orden del Día.

Y por tanto, se retira este asunto del Orden del Día.

Sí, Senador Manuel Bartlett, adelante.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, celebro lo que está usted afirmando, en este momento.

Tiene razón la Senadora Padierna, la OCDE es un organismo del sistema transnacional, este de los organismos internacionales que tiene por objetivo impulsar e imponer la política neoliberal en todo el mundo.

Y tomar como asesor, inclusive pagarle estas cantidades de dinero, es un absurdo. Estamos urgiendo el carro del Senado a una política de derecha, a un aparato disfrazado del Fondo Monetario Internacional, que es el que viene imponiendo y luego ni cuenta se dan, que están tomando posiciones neoliberales que no discutimos.

Yo considero que es muy importante lo que acaba de ordenar el señor Presidente y lo que dijo la Senadora Padierna, y sería muy importante que nos explicaran por qué. Porque no nada más es una cuestión del Jurídico, señor Presidente, sino del Presidente y de los órganos políticos. ¿Por qué nos vamos a sumar a la OCDE?

Y dice bien, éste es un organismo plural, y no estaremos de acuerdo en que seamos los que estemos apoyando económicamente a la OCDE para que venga a instruirnos de reformas neoliberales, como las que vivimos, claro, la reforma educativa.

Está muy bien que el Presidente de la República sea un acólito de la OCDE, pero eso es otro poder.

Entonces, sería muy interesante que el Jurídico, analizara el fondo, no nada más es el punto de vista jurídico, sino ¿por qué le vamos a pagar a un organismo de derecha, que nos está conduciendo a un camino, que una parte de quienes aquí estamos, no estamos de acuerdo?

Celebro su decisión, señor Presidente, y espero que este planteamiento nos lo hagan llegar para que lo discutamos políticamente en el Pleno del Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si, don Manuel, hemos escuchado los argumentos de usted y de la Senadora Dolores Padierna, así que seguramente se verterán cuando este asunto se desahogue, en el procedimiento legislativo que corresponde.

La consulta al Jurídico, era específicamente para determinar las facultades de quién podía firmar, en su caso, un tratado en nombre del Senado. Porque así como venía anunciado y solicitado, era para que lo firmara un Senador, y el único que puede firmar algo a nombre del Senado, es el Presidente de la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de febrero de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Perdón. Si va a someter un punto de Acuerdo, me gustaría hablar, respecto a mi licencia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con mucho gusto.

El punto de Acuerdo tiene una solicitud única.

"Se concede licencia a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 24 de febrero del año en curso."

Se concede la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente. Buenos días a todas y a todos.

En 1982, yo iba saliendo de la universidad y acepté ser candidata a Diputada federal en mi ciudad, Morelia.

En 1983, acepté ser candidata a Diputada local en el distrito de Tacámbaro, porque en aquel entonces había poca gente que quería ser candidato a Diputado de oposición.

Había entonces un PRI fuerte, un PAN muy institucional y algunos partidos pequeños que surgían, que desaparecían o que se transformaban.

A partir de 1983, que fui candidata de ese distrito de Tacámbaro, que comprendía municipios cañeros, que llevaba hasta la Presa Infiernillo a un pueblo nuevo llamado Nuevo Churumuco, donde no había más que brechas, pude ir conociendo mi estado y me fui enamorando de él.

Sé que es un estado rico, con gente solidaria, con gente muy valiente, con gente que se ha ido al extranjero a buscar recurso para los suyos.

He tenido, desde entonces, la gran oportunidad de conocer tanto la evolución de las reglas electorales, que para entonces eran muy borrosas, eran opacas; hasta hoy que son muy claras: en cómo puede uno manejar recursos o no, cómo puede uno acceder a recursos o cómo tiene que dejar de utilizar su posición para quedar en equidad o en inequidad, pero también fui conociendo mi gran estado.

En 1983 fui Diputada local, sólo éramos tres Diputados de oposición en un Congreso de 24 integrantes y con un gobernador priísta, entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Desde entonces he tenido la gran oportunidad de enriquecerme con la vida de mi comunidad.

He sido candidata varias veces, he sido funcionaria pública otras veces, y me parece que he aprendido muchísimas cosas.

La última vez fue ésta candidatura al Senado, y llegué aquí en 2012, estando segura que mi tarea tenía que ver con Michoacán y con el gran dolor que vivían los michoacanos en ese entonces, así que decidí ser su voz, y una y otra vez teóricamente a hablar y a pedir que el Estado mexicano volteara a ver a nuestro estado.

Lo primero que debo de decir entonces, es que agradezco a este Senado, agradezco al Poder Ejecutivo que haya volteado sus ojos a Michoacán, y que hayan intervenido en aquella ya insostenible situación que pasábamos por 2013 y 2014.

He pasado por muchas etapas.

La primera vez que fui candidata pensé que saliendo de la universidad, con un título de licenciada en psicología y con mi buena voluntad de ayudar, las cosas cambiarían.

Pensaba también que era poseedora de la verdad.

Hoy he aprendido, a través de muchísimos años, que cada uno de los que participamos en las actividades políticas, claro que venimos con nuestra parte de verdad, claro que venimos con nuestras ganas de ayudar, es muy importante que seamos tolerantes, que reconozcamos la verdad de los demás y que podamos entendernos para que esa dificultad de que México viva en mejores condiciones, sea menos difícil de alcanzar.

Lo que también he aprendido, es que cada quien viene con su parte de verdad, pero que también debemos honrar esa parte de verdad, que lo que creamos lo defendamos pero que no lo utilicemos como una mentira disfrazada de verdad.

Esa ha sido mi premisa, he querido creer que los distintos actores políticos tienen parte de la verdad, defienden su verdad y que juntos, si a lo que le hemos de decir sí, le decimos sí, y a lo que le hemos de decir no, le decimos no; podremos sumar nuestra parte de razón para el bien común.

Hoy llega el día en que yo pido licencia, y lo quise hacer hace algunos días, pero como se los dije el martes, tenía un compromiso que cumplir con Ygnacio López, el alcalde petista de Santa Ana Maya. Ya cumplí con mi tarea y ya pido licencia.

Pido licencia porque quiero estar en condiciones de equidad.

Mi compañero, el Senador Orihuela, pidió licencia desde finales de diciembre, porque así lo pedía la convocatoria de su partido, pero al final ha pedido licencia y está hoy como un ciudadano común. Lo hago yo en este momento y pido que los otros contendientes de los otros partidos también pidan licencia. Hemos de ser lo más cautos, lo más respetuosos y lo más apegados a la ley.

El Presidente de la Cámara de los Diputados, a propósito de ser Presidente de la Cámara de los Diputados, ha emitido entre el 1o. de enero y el día de hoy, 58 comunicados a los medios de comunicación de mi estado.

Eso habla de inequidad, porque no sólo ha mencionado en los comunicados los temas que tienen que ver con la Presidencia de la Cámara de los Diputados, sino temas que tienen que ver con su promoción de imagen.

Desde aquí le pido que deje la Cámara de los Diputados y que estemos todos en condiciones de equidad.

Nuestro estado, este estado rico, con gente que con cuya solidaridad hemos salido adelante, también ocupa de que todos nos apeguemos a las reglas, también ocupa de que todos pongamos nuestra verdad en la mesa, y que la verdad sea la de cada quien y no la verdad disfrazada.

Les agradezco a todos ustedes esta convivencia de dos años y medio, créanmelo que he aprendido a respetarles, a escucharles y a saber que de cada uno de ustedes he aprendido en la parte política, en la parte humana y en la parte de cómo buscar entre todos el bien común.

Admiro, por ejemplo, la perseverancia de Dolores Padierna, que viene aquí con su libreta haciendo notas de todo lo que ha estudiado y defiende su verdad.

Admiro del PRI esta manera de cuidar a sus integrantes y de ser respetuoso.

Y a mis compañeros de partido, les agradezco absolutamente su acompañamiento, su ser aguerrido. Sé que pasamos por algunas etapas difíciles dentro de nuestra vida partidista, pero que aquí estamos como un grupo, porque sé que nos importa el bien común.

Así que agradezco, señor Presidente, el punto de Acuerdo, votaré a favor de él.

Agradezco a todos ustedes su acompañamiento y espero que me den licencia de salir a mi estado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Ha pedido el uso de la palabra el Senador Emilio Gamboa Patrón. Sonido en su escaño.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, quiero dejar testimonio de una amistad que pude hacer en el año 2000, cuando tuve el privilegio de ser compañero de Luisa María Calderón Hinojosa, como Senadores de la República.

Nos volvimos a encontrar aquí en el 2012, y he visto en ella seriedad, compromiso con su país, profesionalismo en todas las comisiones que participó, he visto de ella que sabe escuchar, que sabe dialogar y que, sin duda alguna, busca los acuerdos.

Hoy toma una vez más una decisión compleja, difícil, de irse de candidata de Acción Nacional a un estado complicado y difícil.

Yo deseo que en esa contienda electoral, donde irá a competir con nuestro compañero, Senador con licencia, Chon Orihuela, que sea una contienda de amigos, franca, que se digan las cosas que cada quien vea y diga lo que está sintiendo, en un estado que está pidiendo paz y tranquilidad.

De verdad, Luisa María, para mí fue un privilegio estar contigo hace diez años, estos dos años y medio, y decirte lo que le dije a Chon, busquen entre todos ustedes un acuerdo, que Michoacán lo merece y los michoacanos así lo deseamos. Hasta luego y estaré pendiente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

También acerca de la Senadora Luisa María Calderón, decirle que reconocemos mucho su trabajo legislativo que hizo a lo largo de todo este tiempo que hemos compartido en la Legislatura, que necesitamos mucho sus convicciones y que las haya recibido también con mucha pasión y mucha entereza.

Realmente ella es una mujer muy valiente, hay que decirlo, porque se va a enfrentar a uno de los mayores retos que tiene el estado de Michoacán, que está francamente destrozado por la violencia, a eso va, yo francamente la reconozco como una mujer de enorme valentía.

Felicidades.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Fernando Herrera. Sonido en su escaño.

El Senador Fernando Herrera Avila: (Desde su escaño) Hoy despedimos a nuestra compañera Luisa María, que ya de manera oficial es la candidata al gobierno de Michoacán por nuestro partido.

Cocoa viene de fuerte militancia, de lucha contra la adversidad, de enfrentamiento histórico con fuerza autoritaria y arbitraria. Así sucedió en su anterior campaña, en la búsqueda de la gubernatura, que ahora seguros estamos sí alcanzará.

Luisa María recoge la tradición del camino histórico cuando las candidaturas se daban en situaciones totalmente desiguales. Ella seguramente habrá de tener presente las enseñanzas de su padre, don Luis Calderón Vega, humanista, soldado de la democracia.

Es un día, para nosotros los Senadores, un día de sentimientos encontrados. Por un lado, la reflexión de su trabajo legislativo, orden, inteligencia, pasión por los asuntos de la política social en nuestro país. Con seguridad, en el Senado la vamos a extrañar.

Por otro lado, el orgullo de saber que, ante un reto tan importante, mandamos a una digna representante, valiente, honesta y trabajadora.

A lo largo del trayecto político, los Senadores del PAN hemos llegado a diversas estaciones. Hemos tenido diversas experiencias y hemos abreviado en la paciencia de Luisa María. En esta nueva ruta permítenos, Senadora Calderón Hinojosa, caminar como hasta ahora, junto a ti.

El grupo parlamentario de Acción Nacional no te desea suerte, sabemos que la tendrás.

Hasta pronto, Senadora Calderón Hinojosa, gobernadora, pero aquí te esperamos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la voz? No siendo así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de febrero del año 2015.

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el Senado de la República, a más de dos años de haber instalado sus funciones constitucionales, ha integrado un equipo por México, lo conformamos políticos, políticas, profesionales, del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, del PT, del PANAL; todos tenemos una visión para actuar con lealtad a nuestro país, la vertiente de nuestro trabajo parlamentario ha sido el debate parlamentario, público, la tolerancia, la inclusión, la cortesía parlamentaria y, desde luego, el cumplimiento de los acuerdos y la palabra. Es el perfil de usted como legisladora y como compañera de este órgano del Estado.

La Mesa Directiva le desea que cumpla sus propósitos, que por lo que respecta a usted en su trabajo como Senadora, los ha cumplido. Le agradecemos sus contribuciones, su esmero, su dedicación y, desde luego, la respetamos.

¡Te queremos, Luisa María!

Pasamos al siguiente asunto.





 

            SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaria de Gobernación, con el que remite iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que Establece Bases para su Ejecución en México.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente oficio.





 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2014 y Programas y Presupuesto 2015”.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2014, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Asimismo, la Colegisladora devolvió el expediente del proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos, desechado para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.





 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, por Acuerdo de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios, daremos paso a una ronda de intervenciones para referirse al Día del Ejército Mexicano.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

INTERVENCIONES

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores. Al pueblo de México.

Fue hasta un 22 de marzo de 1950, que por Decreto Presidencial se establece el 19 de febrero como el "Día del Ejército Mexicano", creado 44 años antes, como el ejército constitucionalista.

El día de hoy, la conmemoración debe tener un único propósito, compañeras y compañeros Senadores: agradecerle.

Es una verdadera tristeza, que debido a criminales que desprecian los valores, los principios y las instituciones que forjaron este país, obligaron al Ejército Mexicano a salir a las calles a realizar funciones fuera de sus atribuciones esenciales, a criminales que le declararon la guerra al pueblo de México.

Hoy, esa institución armada, se ve deteriorada en su imagen.

Recordemos lo siguiente: los crímenes que conocemos son cometidos por individuos, personas particulares que perdieron la noción de identidad y pertenencia con su pueblo, con México.

Sin duda, es mí deber aprovechar esta oportunidad para hacer un enérgico llamado al Ejército Mexicano, para que promueva e instaure acciones claras e inmediatas, para que todos sus miembros se conduzcan siempre con absoluto respeto a los derechos humanos; derechos que esa misma institución fue constituida para defender.

Exigir a las instancias correspondientes, que haya una exhaustiva revisión de los casos que actualmente pesan sobre su reputación, como lo es el caso de Tlatlaya, para no olvidar sino sancionar a los individuos que se separaron de la esencia propia de sus labores: defender al pueblo y sus derechos humanos.

Sólo a través de la justicia, la total transparencia y la indemnización de las violaciones cometidas, es como una institución, conformada por hombres y mujeres valientes, se deslindará de los individuos que han traicionado sus códigos fundamentales.

A pesar de lo anterior, sería inaceptable llevar a cabo una generalización en la institución, que lleva más de 100 años de lucha en defensa de todas las mexicanas y los mexicanos.

Los héroes no son como los representan en la televisión, disfrazados con capas, máscaras y colores chillantes.

En México, compañeras y compañeros, existen verdaderos quijotes de uniforme verde-azul, con insignias de nuestras instituciones armadas, héroes mortales, vulnerables a las armas, esposos y esposas, mamás, papás, hermanos, hermanas, amigos y amigas, mexicanos y mexicanas que decidieron dedicar su vida a defender la nuestra.

Por eso, hoy más que nunca, más que un recuento de su historia o un balance de sus acciones, sólo nos queda enviarles este mensaje: "Gracias, gracias, gracias".

¡Gracias al Ejército Mexicano!

Gracias, compañeros.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Avila, del grupo parlamentario del PVEM, para referirse al mismo asunto.

El Senador Jorge Aréchiga Avila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy celebramos al Ejército Mexicano, quien se encarga de salvaguardar la paz nacional y la soberanía del país.

Es una de las instituciones más importantes, debido a que cuenta con el mayor prestigio y reconocimiento por parte de los mexicanos.

Es a partir del Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1950, que establece el 19 de febrero como el día para conmemorar la creación del Ejército, el cual lo integran mujeres y hombres mexicanos, quienes con lealtad y disciplina demuestran su amor a la Patria.

Cuenta con más de 260 mil elementos en activo de las Fuerzas Armadas, de los cuales, entre 35 mil a 45 mil efectivos son desplegados diariamente, con más de mil 500 actividades por servicios militares diarios.

No pasa por alto mencionar, que miles de comedores de la Cruzada contra el Hambre, funcionan gracias a la participación de nuestras Fuerzas Armadas.

Una de las nobles labores que desempeña el Ejército Mexicano, es actuar en asistencia a la población, entre los que se encuentran la búsqueda del rescate de personas, evacuación de comunidades en riesgo, seguridad y vigilancia en áreas afectadas y ejecutar el Plan de Desastres Naturales, entre otros.

Los militares mexicanos proyectan una transformación física, cultural y mental; comprometidos con su país, con lealtad y entrega, otorgan a todas sus capacidades, habilidades e inteligencia.

Resaltamos su heroica labor que han desempeñado al servicio de México, defendiendo, incondicionalmente, la integridad de la Nación y a la comunidad nacional.

Reconocemos, todos los mexicanos, la labor del Ejército, tanto de la defensa ante la delincuencia como de la vigilancia para el sano desarrollo de la vida institucional y cotidiana.

Los mexicanos manifestamos nuestro respeto, admiración y gratitud por el Ejército Mexicano, quien cuenta con un elevado índice de confianza y credibilidad por parte de la población mexicana.

Desde el Poder Legislativo debemos apoyarlo, para conservar al Ejército Mexicano como un modelo de disciplina, trabajo y, sobre todo, amor a nuestro país.

Debemos resaltar la inauguración por el Presidente, el Licenciado Enrique Peña Nieto, al Monumento Magno, emblema conmemorativo del Centenario del Ejército Mexicano, como reconocimiento a la noble labor del Ejército, como una institución de solidaridad y valor que sirve a los suyos de manera desinteresada.

Por ello, en el Partido Verde reconocemos la labor que realiza el Ejército Mexicano, como parte de las Fuerzas Armadas y como cimiento fundamental de nuestra nación libre y soberana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Aréchiga Avila.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la misma efeméride.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este día celebramos en nuestro país el reconocimiento a una institución garante del orden de la paz, la defensa, del respeto al estado de derecho, aliada del pueblo en su protección y apoyo ante desastres naturales y tragedia, ante accidentes y problemas en el tema de protección civil, me refiero al Ejército Mexicano.

Hoy, "Día del Soldado", como también lo conocemos, es un día que también nos debe llamar a la reflexión sobre el tema de la inseguridad, de la violencia y el respeto a la ley, que nos preocupa y obliga a todos los ciudadanos mexicanos.

El origen de nuestro actual Ejército Mexicano, data de un Decreto del 19 de febrero de 1913 de Venustiano Carranza, como una organización, el Ejército, encargada de cuidar y sostener el orden constitucional de la República.

En el año de 1932, informa la Secretaría de la Defensa Nacional, que se señala el 27 de abril como día para celebrar al Ejército, y se escogió esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio de Querétaro en 1867.

Finalmente, por Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1950, se establece el día 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual instituto armado.

A diferencia del anterior Ejército federal, el nuevo Ejército Nacional, surgido de la Revolución, tenía y tiene, un nexo mucho más estrecho con el pueblo.

Si bien durante algunos años siguió tomando parte en pugnas intestinas, un reto fundamental de los regímenes posrevolucionarios, fue precisamente consolidar un cuerpo armado con estructura profesional que recordara su origen revolucionario popular, lo anterior se logró gracias a la lealtad, al nacionalismo y profesionalismo del instituto armado.

Además, a partir de 1969, el Ejército asume una importante responsabilidad que es el auxilio a la población civil, en casos de desastres naturales.

El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México, depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y se encarga de defender la soberanía de nuestro país, así como a ayudar a proteger a sus habitantes.

Nuestro exhorto, en este día, a nuestras Fuerzas Armadas es que siempre lleven, así como lo hacen, lleven en alto nuestra enseña nacional, lleven muy en alto la bandera del respeto a los derechos humanos para seguir manteniendo el reconocimiento y el respeto de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo asunto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Una vez más celebramos el Día del Ejército, nuestro Ejército Mexicano que se ha distinguido de otras instituciones castrenses en América Latina, por 2 elementos fundamentales: por su doctrina y por su lealtad.

Es el ejército que cumple 102 años sin un solo golpe de estado, un récord que no tienen otros países de nuestro continente. Quizás por eso, en comparación con otros países de Latinoamericana, según el Latinobarómetro, nuestro Ejército se encuentra entre las 5 fuerzas castrenses con mayor confianza en toda la región.

Son las Fuerzas Armadas Mexicanas, que tuvieron una actuación ejemplar por su neutralidad en la transición a la democracia.

En ese sentido, no es descabellado decir que el Ejército Mexicano también fue un factor de la democratización y la alternancia partidista en nuestro país, y lo fue, porque en 102 años el Ejército Mexicano no ha amenazado al frágil sistema político, y eso es de destacar. Como también es de destacar ciertos sucesos que no debieron de haber acontecido.

Es inevitable hoy recordar el 68; es inevitable hoy recordar la dramática guerra sucia de los años 70, el caso Radilla y, por supuesto, Tlatlaya.

Pero hay que decirlo también, todos fueron episodios siempre ordenados por civiles, por paisanos, como ellos nos llaman.

Tampoco se puede soslayar el hecho de que el ejército se haya convertido en un garante de la transición, de un régimen en guerra a la estabilidad política y pacífica, y me refiero, por supuesto, a sus funciones de policía rural, a la ejecución de campañas de salud, a la realización de obra social, y cómo no destacar el Plan DN-III.

El Ejército Mexicano fue el que defendió la expropiación petrolera en los tiempos lejanos, en los que los bienes nacionales se valoraban y se consideraban riqueza que nos pertenecía a todos.

Una de las grandes obras que realiza el Ejército Mexicano en pro, no sólo de los mexicanos, sino de todo el planeta, y es justo reconocerlo, es el conjunto de las recientes actividades a favor del medio ambiente cuya situación actual exige medidas urgentes.

Pero hay que decirlo también, las Fuerzas Armadas Mexicanas realizan una cantidad de misiones enormes, porque se han sometido ante la Constitución y ante actores políticos que han optado por asignarle labores que no le competerían, sino tuviéramos instituciones extremadamente débiles y extremadamente frágiles.

En México, las fuerzas civiles de seguridad son débiles, no son profesionales, están mal pagadas, y en muchas de sus estructuras son completamente corruptas, y por ello, las Fuerzas Armadas son llamadas todo el tiempo. Y en cada nuevo desafío se vuelve a llamar al Ejército.

Esa condición de tener al Ejército haciendo cosas que no le corresponde, abre, para el Ejército también, una serie de retos y de desafíos:

El primero, es saber convivir en la esfera civil, sin contaminarse los vicios que ahí se encuentran.

El segundo, es modernizar su doctrina en temas, que hasta hace poco le eran ajenos, principalmente los derechos humanos o las operaciones militares en áreas urbanas contra enemigos poco definidos.

El reto de profesionalizar y de dignificar la labor del soldado de tropa; hay que recordar algunos datos del 2011, que nos decían que el ejército cuenta con 67 mil 706 efectivos que trabajan de manera permanente 9 meses del año, que no cuentan con vacaciones, ni tiempo para visitar a las familias. Muchas veces, los miembros del ejército no cuentan tampoco con las mejores condiciones para vivir.

Sólo hay que recordar que el sueldo mensual de un soldado raso, es de 6 mil 101 pesos con 12 centavos.

También hay que destacar que un reto de actualización tiene que ver con prácticas de transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio de los recursos públicos del ejército.

Lo importante es que el Ejército logre mantener la reputación como el principal guardián de la estabilidad del país.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas que tenemos hacen su lucha por contribuir al servicio de la patria.

Si bien es vulnerable a casos de corrupción y de abusos de poder, éste no se puede decir que es un comportamiento sistemático, ni mucho menos institucional.

No podemos dejar de ser críticos de los casos negativos, pero no podemos dejar tampoco de reconocer que el Ejército Mexicano ha evolucionado. Junto con la ciudadanía, se ha constituido en un México más democrático.

Tampoco podemos dejar de reconocer que sus mandos son conscientes de los cambios que vive el país y han demostrado su lealtad a las instituciones, y que esto debe de continuar.

Compañeras y compañeros Senadores: las Fuerzas Armadas Mexicanas se refundaron hace 102 años en los momentos más cruentos de la revolución.

Son las que son, y han hecho un gran esfuerzo por combatir las expresiones más amenazantes de la seguridad nacional, las externas y las internas también; las humanas y las naturales.

En este siglo, el desafío de las Fuerzas Armadas será justamente adaptarse al régimen de derechos humanos, acostumbrase al escrutinio externo, acostumbrarse a un régimen pleno de transparencia, porque estas son las características fundamentales de la democracia, que hasta hoy han defendido, y que confiamos que continuarán defendiendo.

Esa debe de ser la reflexión. Esa es la invitación que les hago a reflexionar en este nuevo aniversario: que construyamos y consolidemos juntos al gran ejército democrático mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Finalmente, para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Es para mí un gran honor hacer uso de la tribuna del Senado de la República, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta fecha tan importante: la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, una institución respetada y respetable.

El Ejército Mexicano es el área terrestre de las Fuerzas Armadas de México, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional; responsable de defender la soberanía del país y, de ayudar y proteger a sus habitantes.

La historia del Ejército Mexicano va de la mano de la historia misma del país y de sus luchas por lograr la independencia y la libertad.

Por ello, a la fecha es el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias emergidas del ejército constitucionalista, en base a su reorganización y modernización, misma que tuvo lugar a partir de 1925, año en que se estableció un plan para profesionalizar al ejército surgido de la Revolución Mexicana, con la reestructuración de la educación militar la remodelación de cuarteles y la construcción de nuevos planteles.

El Ejército Mexicano organizado, administrado y preparado junto a la Fuerza Aérea Mexicana por la SEDENA tiene entre sus misiones los siguientes puntos:

Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

Garantizar la seguridad interior.

Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Por Decreto Presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero, como Día del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemoración la creación del actual instituto armado mexicano.

Día propicio para reflexionar sobre la lealtad, patriotismo, disciplina, historia de hombres y mujeres mexicanos encargados de la defensa de la soberanía nacional y la integridad y seguridad de sus habitantes, militares, servidores públicos, ciudadanos, habitantes e integrantes del pueblo de México.

Para las Senadoras y los Senadores de este cuerpo legislativo, sin duda el Ejército Mexicano reviste la mayor de las importancias.

Fue aquí, en este Senado de la República en donde, en sesión solemne, rendimos un homenaje a cien años de su fundación de las Fuerzas Armadas.

A iniciativa del Senador Miguel Romo Medina, y por unanimidad, se aprobó un dictamen mediante el cual se autorizó a la Presidencia de la Mesa Directiva colocar en la sede de este Senado de la República una leyenda en letras doradas que a la letra dice:

"Al Ejército Mexicano a cien años de servicio a la Nación y de lealtad a la Constitución".

Es así como los Senadores y Senadoras de esta Legislatura, le rendimos homenaje y reconocimiento, y el respeto que esta gran institución se merece. Por eso, hacer un reconocimiento sincero y la felicitación a hombres y mujeres que de manera ejemplar, honorable, honrosa y patrióticamente sirven a la ciudadanía, en las filas del Ejército Mexicano, desde aquí nuestro reconocimiento y nuestra felicitación.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Flores Escalera.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quiero que me permita sumarme a este muy merecido reconocimiento que está haciendo el Senado de la República, a través de la participación de los diferentes compañeros y compañeras de los grupos parlamentarios, a nuestro Ejército Mexicano.

Quiero solamente reiterar que es en tierras coahuilenses, con valentía y con amor patrio, que el congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, le otorga a Venustiano Carranza facultades extraordinarias para que se cree una fuerza armada.

Es ahí donde surge nuestro Ejército Constitucionalista y que luego se concreta en el Plan de Guadalupe, firmado en Ramos Arizpe, Coahuila.

Quiero aquí dejar también de manifiesto nuestro reconocimiento a esta noble institución, es un ejército, el Ejército Mexicano, un ejército de paz, una institución que en todo momento le responde a México tanto en catástrofes naturales como en momentos en que la seguridad de los ciudadanos se ve amenazada por el crimen.

La lealtad, el honor, el valor y la disciplina que caracteriza y distingue a esta institución, merece, estimadas compañeras y compañeros, todo nuestro reconocimiento.

Es cuanto, señor Presidente, gracias por permitirme la palabra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias.

En el mismo sentido, su servidora tenía planteado establecer un punto de Acuerdo en ese tenor, y ya con el orador que nos antecedió en el uso de la palabra y con mi compañera de Coahuila, Senadora de la República, creo que queda muy claro el reconocimiento que esta Soberanía hace al Ejército de esta nación, de nuestro querido México; y en ese sentido yo le pido, por favor, que este punto de Acuerdo que yo había suscrito pase directamente a la comisión correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

El Senado de la República hace un reconocimiento público al Ejército Mexicano en este día que celebra su constitución conmemorativa, es unánime en nuestro país la imagen de las Fuerzas Armadas, como ejemplo de servicio y sacrificio, y su compromiso con las instituciones y con el pueblo de México

¡Felicidades al Ejército Mexicano!

Igualmente, el Senado extiende una felicitación al Estado Mayor Presidencial, que el día de ayer conmemoró el aniversario de su existencia.

A estas dos instituciones nuestro reconocimiento y respeto.





 

VISITA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA UNION EUROPEA-MEXICO

Informo a la Asamblea que se encuentran de visita en la sede del Senado los integrantes de la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea, que realizan en México su Décima Octava Reunión.

Solicito a los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Blanca Alcalá Ruiz y Octavio Pedroza Gaitán, inviten a nuestros visitantes a pasar al Salón de Sesiones.

(La comisión cumple)

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes integrantes de diversas universidades del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Bienvenidos a todos ustedes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les pido a las y los Senadores pongamos atención a la presencia, en este Pleno, de Eurodiputados integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

Por parte de la Unión Europea, integran esta delegación:

La Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo.

Las Eurodiputadas: Pina Picierno, Verónica Lope Fontagné, Gesine Meissner, Danuta Jazlowiecka, Ska Keller y Giulia Moi.

Así como los Eurodiputados: Kosma Zlotowski, Thomas Mann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra y Sorin Moisa.

También contamos con la presencia del Embajador de México ante la Unión Europea, Juan José Gómez Camacho, y el Embajador de la Unión Europea ante México, Andrew Standley.

Y les damos un cordial saludo a los Diputados del Parlamento Mexicano, Mauricio Sahui Rivero y Martín de Jesús Vásquez Villanueva.

Todos ellos se encuentran en nuestro país, y en el Senado de la República, para celebrar los trabajos de la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

La importancia de la agenda de trabajo, que desde las primeras horas de este día ha sido planteada, permitirá el intercambio de reflexiones de temas de gran importancia como: la situación política y económica de la Unión Europea y de México, así como la modernización del acuerdo global en sus tres grandes pilares: diálogo político, cooperación y comercio.

La revisión del Acuerdo Global permitirá que en el marco del dinamismo que imprime la transformación de las naciones y el grado de madurez que han alcanzado en sus economías, se contemple una posible actualización a las disposiciones contenidas en dicho Acuerdo Global, que es uno de los grandes objetivos de este encuentro internacional.

Las actuales condiciones políticas de la Unión Europea y de México son el escenario que permitirá hacer una evaluación del conjunto de reformas que hemos impulsado, de manera reciente, en las áreas de las telecomunicaciones, energía y educación, lo que aparejado con la forma de afrontar los principales problemas de nuestra nación, permitirá tener un panorama objetivo de las acciones que están desarrollando en relación al combate a la pobreza, el respeto a los derechos humanos y los esfuerzos que estamos emprendiendo para cerrar la brecha de la desigualdad social.

Son ya 9 años de esta ininterrumpida relación que México y la Unión Europea, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta, ha sostenido, para discutir y analizar temas de interés bilateral que tienen un impacto en nuestras relaciones. Por ello, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este recinto legislativo.

Agradecemos su presencia en el país, y en particular en esta sesión plenaria de la Cámara de Senadores, y deseamos que su estancia y trabajo sean fructíferos; que el diálogo que se establezca entre parlamentarios consolide férreamente la relación que hemos construido con las mejores intenciones.

Nuevamente sean ustedes bienvenidos y les deseamos éxito en su trabajo.

Como lo han solicitado, tiene el uso de la palabra la Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Presidenta de la Delegación, quien ha solicitado dirigirse a esta Asamblea.

Adelante, excelentísima Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Les pido a las Senadoras y Senadores ocupemos nuestros escaños para escuchar con atención a la Diputada que nos visita. Es un asunto de cortesía parlamentaria.

La Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio: Muchísimas gracias por la cortesía del Presidente de la Cámara y de todos los Senadores, de permitirme dirigirme, a esta Asamblea tan venerable, es para mí un honor poder estar aquí en esta institución, creada en los primeros años del México independiente y que ha sido testigo de la historia mexicana ininterrumpidamente.

Yo creo, precisamente aquí en esta institución que lleva el nombre del Senado, que toma su nombre de la más prestigiosa institución de gobierno de la Antigua Roma, donde 300 magistrados aconsejaban a los gobernantes y eran reconocidos por su sabiduría y por su honestidad.

Es aquí hoy donde 2 mil años después deberíamos preguntarnos nosotros Senadores, legisladores mexicanos y europeos: ¿cómo podemos mejorar nuestra credibilidad? ¿Cómo podemos intentar superar esa brecha que a veces se abre entre la ciudadanía y las instituciones? Por eso es tan importante el trabajo que esta Comisión Mixta, México-Unión Europea va a realizar y que copresido con el señor Rabindranath Salazar.

Vamos a trabajar estos días en México intercambiando desde Europa, problemas y soluciones para mejorar la vida de los mexicanos y de los europeos.

La relación entre México y Europa tienen una tradición secular, y hemos ido aproximando vínculos políticos, culturales e históricos. Eso nos llevó a firmar el primer acuerdo que Europa tuvo con América Latina. Ese acuerdo global, junto con la Asociación Estratégica, nos ha permitido un desarrollo espectacular de nuestras relaciones.

Sin embargo, 15 años después está desactivado, y por tanto, necesitamos mejorarlo.

Señoras y señores, muchas veces recuerdo al escritor Carlos Fuentes, mexicano universal, que en un artículo publicado, hace algunos años, en el periódico francés Le Monde Diplomatique, escribió: "El mundo espera que Europa proponga a escala internacional un proyecto de renovación, de cooperación económica, de intensificación de intercambio culturales y de creación de un nuevo orden jurídico para el tercer Milenio".

Espero que los lazos que unen a México y a la Unión Europea: históricos, culturales, económicos e institucionales, nos permitan realizar, en parte, los deseos de Carlos Fuentes.

Con una colaboración más estrecha, que motive el diálogo amplio sobre temas tan importantes, como la paz, la seguridad colectiva y los derechos humanos; las migraciones, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Y sin más, quiero desearle a todos los Diputados y Senadores de la Comisión Mixta, que tengamos unas sesiones productivas, se los debemos a nuestros pueblos, a los ciudadanos de Europa y de México, que miran hacia nosotros pidiendo que avancemos en justicia, en derechos humanos y, sobre todo, en igualdad social.

Y simplemente, para finalizar, darle un gran, gran gracias a México, a los Senadores, a los Diputados y, sobre todo, al pueblo mexicano que nos hace sentirnos siempre como en nuestra casa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Jiménez-Becerril.

Agradezco a nuestras invitadas, a nuestros invitados, su visita a esta sesión plenaria.

Solicito a la comisión designada los acompañe cuando deseen retirarse del salón.

Gracias.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes acuden a este recinto para estar presentes en la inauguración, tanto de la XVIII Reunión Parlamentaria Mixta México-Europa, como para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeras Senadoras y compañeros Senadores. Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Acuerdo está disponible en sus escaños. Solicito a la Secretaría, dé lectura al Acuerdo.

DESIGNACION DEL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Nos ha pedido el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz. Adelante.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Me preguntaban, insistentemente, que si iba yo ir a favor. Y se sorprendieron de que vayamos a favor en este nombramiento.

Y nuestra posición en contra, cuando lo hacemos, lo hacemos con toda conciencia, con el análisis de las posturas que tomamos; porque somos una fracción de oposición, y en la democracia, se dice mucho que la calidad de la democracia está en la calidad de su oposición.

Es indispensable que exista oposición, aunque sea un poco pequeña en este Senado, manejado por un pacto infranqueable, pero habrá oposición y seguiremos manteniendo una postura de oposición a la política neoliberal, que se ha venido imponiendo en este país, en deterioro de las necesidades sociales y de la igualdad en México.

En este caso estamos a favor, consideramos que se ha hecho una buena selección. La FEPADE requiere de una personalidad con experiencia, con calidad moral, con capacidad, con determinación, y esta persona la tiene.

De manera que estamos con él. Sabiendo él, Nieto, y sabiendo nosotros, lo importante que va ser la FEPADE en las elecciones que vienen.

Estamos ante unas elecciones de enorme importancia. En donde una porción importante del país estará buscando el revertir las reformas estructurales que la OCDE, que hoy hablamos de ellas, y el Banco Mundial nos han venido imponiendo, en contra de los intereses nacionales.

Van a ser elecciones muy delicadas. Y creo que tenemos, en la persona que ha sido seleccionada unánimemente, la persona adecuada para cumplir con esa función tan importante para la democracia en el país.

De manera unánime votaremos a favor de este nombramiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Puente, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia, compañeras y compañeros:

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra los delitos relacionados con la materia electoral, que cuente con la independencia necesaria para que pueda desempeñar su función con eficacia.

Con la Reforma Constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, se estableció que el órgano encargado de la procuración de justicia, en su momento Fiscalía General de la República, contara con una fiscalía en materia de combate a delitos electorales, cuyo titular será designado por este Senado de la República.

El dictamen que el día de hoy discutimos es el resultado de un proceso público, es el resultado de un proceso transparente, en el que se escuchó a las diversas candidatas y candidatos las razones de su idoneidad para el cargo y su plan de trabajo.

El trabajo realizado por parte de las Senadoras y de los Senadores integrantes de la Comisión de Justicia, de su equipo técnico, de asesores y de todos los candidatos de quienes escuchamos excelentes propuestas, fortalecen la democracia nacional.

De esta manera, el Partido Verde en este Senado de la República, contribuye a la institucionalidad, a la pluralidad política, a la legitimidad de los comicios e impartición de justicia electoral, respetando los mayores estándares de publicidad y de transparencia.

La justicia y la confianza en la administración de justicia son indispensables para el reforzamiento de nuestras instituciones de derecho.

Esta nueva Fiscalía Especializada será la encargada de llevar a cabo el proceso judicial en materia penal electoral.

Su titular tendrá importantes tareas, dentro de las cuales me gustaría destacar algunas:

Respetar la ley y mantenerse ajeno a elementos políticos, conservar y consolidar su perfil técnico, actuar bajo el modelo penal acusatorio, respetando los elementos jurídico garantistas, así como coordinarse con las fiscalías estatales y realizar acciones sustantivas en materia de prevención.

Adicionalmente, deberá actuar en un marco de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Nosotros, las Senadoras y los Senadores del Partido Verde, siempre hemos tenido respeto por las instituciones electorales, así como sus titulares.

Una vez más nos pronunciamos a favor de la legalidad, de la transparencia y refrendamos el respeto a las leyes, y a todas las estructuras del derecho en el Estado mexicano.

Es por lo anterior que expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen.

Las Senadoras y los Senadores del Partido Verde estamos convencidos de que el titular que en este momento vamos a elegir, cuenta con todo lo necesario para cumplir con estas responsabilidades.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Carlos Puente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En efecto, las y los mexicanos demandamos desde siempre certeza y transparencia en la organización de las elecciones frente a una larga tradición, lamentablemente, de descrédito, de desconfianza.

Y demandan también castigo ejemplar a delincuentes electorales que de una u otra manera desprestigian a la política y la tradición de las propias instituciones creadas por el Estado para darle certidumbre, legalidad y legitimidad a los procesos electorales.

Esta siempre fue la idea y la demanda nuestra, de que desde los años 80's, de principios de los 90's, que tuviéramos una Fiscalía, órganos electorales independientes que pudieran garantizar procesos electorales limpios.

La inequidad en las contiendas electorales se ha vuelto un problema cada vez más grave que deslegitima a los candidatos o candidatas ganadores y a los propios partidos políticos y a las autoridades electorales.

La reciente reforma constitucional, aprobada por esta Cámara, reconociendo la grave problemática, decidió concentrar la fiscalización de las prerrogativas asignadas a los partidos políticos y de los recursos privados en una sola autoridad: el Instituto Nacional Electoral.

Con ello se busca, fundamentalmente, sancionar el uso de dinero ilegal en las elecciones federales y locales.

Y a lo largo de 20 años que tiene la FEPADE, ha iniciado cerca de 14 mil 300 averiguaciones previas, lo que promedia 712 indagaciones anuales, pero sólo 60 han tenido algún resultado.

Como lo demuestran muchos datos de los informes que presenta la propia Fiscalía Especializada, es necesario preguntarnos: ¿Cómo puede o cómo desde la FEPADE se puede contribuir a impartir justicia penal y electoral, si no ha dado curso a muchas de las quejas que hacemos los partidos políticos?

Ese es el gran reto de la nueva FEPADE.

En esta nueva Fiscalía, se tiene que alcanzar, dar credibilidad, dar certidumbre a los procesos y dar un proceso debido a las quejas jurídicas que pongan los candidatos, las candidatas, los partidos, buscando justicia electoral.

Sin más, yo diría que el doctor Santiago Nieto Castillo tiene una trayectoria ejemplar en su desempeño y va a contribuir a dar confianza ciudadana en los procesos y en las instituciones electorales.

Estaremos todas y todos, muy atentas y atentos a lo que haga esta nueva Fiscalía Electoral.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El diseño de las instituciones democráticas y republicanas de nuestra nación nos ha ocupado poco más de 200 años, entendiendo a la democracia como aquel estado en que el pueblo soberano, guiado por sus leyes, se gobierna a sí mismo por medio de autoridades y de representantes electos libremente.

Para consolidar la democracia, es preciso proteger el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, lo cual reviste la más alta prioridad.

Por ello, estimamos que es necesario pugnar desde el ámbito legislativo por el respeto cabal a los derechos político-electorales de los ciudadanos, en una contienda electoral, por hacer que se respete a los partidos políticos en sus derechos y prerrogativas y por garantizar que los órganos electorales sean árbitros neutrales de una lucha política, todo ello con miras a proteger los valores fundamentales que debe ostentar todo sistema democrático.

Por ello, estimamos que debe salvaguardarse el valor jurídico electoral constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes y, consecuentemente, resulta fundamental la protección del principio de equidad e igualdad dentro del proceso electoral.

Es importante señalar que en la reciente Reforma Político-Electoral, trasciende una figura fundamental, que el Partido de Acción Nacional había defendido por mucho tiempo, como es la inclusión de una Fiscalía General autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, y que en la misma se incluyen dos Fiscalías Especializadas, una de ellas justamente la Fiscalía de Combate a Delitos Electorales.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos conscientes del reto que implica seleccionar al mejor perfil para encabezar esta delicada tarea, que implica justamente la función de quien ocupe esta Fiscalía.

Hoy se somete a consideración del Pleno de este Senado la propuesta para contar, con la aprobación del mismo, quien ocupará dicho cargo. Es alentador escuchar al resto de los compañeros de los distintos grupos parlamentarios pronunciarse a favor de la propuesta que se pondrá a votación del Senado de la República, porque esto implica el consenso de todas las fuerzas políticas y de entrada hablamos de certeza en quien encabezará esta difícil labor.

México hoy enfrenta una situación compleja, y en este contexto se celebrarán comicios electorales en todo el país, no sólo a nivel federal, sino también estamos hablando de nueve gubernaturas y una cantidad importante de congresos y municipios.

México necesita hoy más que nunca la certeza de que sus instituciones actuarán con imparcialidad, certeza y transparencia.

Hoy más que nunca requerimos que esas instituciones trabajen fuertemente porque desaparezca la impunidad en actos que lesionan nuestra democracia y que atentan contra la voluntad de los ciudadanos.

Hoy, desde este Senado, en el grupo parlamentario del PAN exigimos que quien ocupe la titularidad de la FEPADE, actúe con plena autonomía y con plena independencia, conscientes de que no recibe el mandato del órgano Ejecutivo, sino que recibe este mandato del órgano del Senado, de un órgano plural que demanda imparcialidad y que demanda equidad en el proceso electoral.

Es por ello que sabiendo que el perfil del doctor Santiago Nieto cumple con estos requisitos, por eso el Partido Acción Nacional votará a favor de esta propuesta, esperando que sea por el bien de la democracia y por el bien de nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Este nombramiento que se propone a la consideración de todos los integrantes de nuestra Asamblea Senatorial, el del responsable de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, resulta hoy fundamental para poder consolidar el régimen democrático de nuestro país.

Desde la aprobación de la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, promulgada en febrero del año pasado, se dotó constitucional y legalmente a la Fiscalía Especializada de las herramientas necesarias para poder cumplir con su función, que es investigar, perseguir y buscar la sanción cuando se acrediten delitos electorales.

De igual forma, mediante acuerdo de los grupos parlamentarios, se aprobó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para establecer las conductas que se sancionarían con motivo de los procesos electorales, y de esta forma dotar a la institución, Ministerio Público, de las herramientas necesarias para salvaguardar el adecuado desarrollo de la función pública electoral.

Junto con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyen las tres instituciones encargadas de proteger, entre otros bienes, el sufragio de los ciudadanos como un bien superior de la ciudadanía mexicana, que es nada menos que la decisión para la conformación de sus órganos de gobierno.

Dentro de los retos que tendrá el Fiscal que se elige hoy, y que se pone desde luego a la consideración del Pleno, se encuentra la atención inmediata a denuncias que se presenten con motivo del actual proceso electoral, iniciado ya desde octubre del año pasado.

Por estas y otras razones, con un acucioso análisis de la persona, es por ello que el grupo parlamentario al que pertenezco, el Partido Revolucionario Institucional, respalda plenamente la propuesta a favor del doctor Santiago Nieto Castillo, para asumir la delicada responsabilidad de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Enrique Burgos. Conforme al procedimiento aprobado por el Pleno el pasado 19 de noviembre del año 2014, para la designación de este nombramiento, realizaremos votación nominal.

El Artículo Décimo Octavo del Decreto de Reformas en Materia Electoral, exige que se reúnan dos tercios de votos de los Senadores y Senadoras presentes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico y los tres votos adicionales, se registraron un total de 97 votos a favor, cero en contra y 1 abstención. Se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes, que exige el Decreto de reforma.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se designa al ciudadano Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Santiago Nieto Castillo, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Arely Gómez González, María del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Carlos Alberto Puente Salas, Martha Palafox Gutiérrez, Ismael Hernández Deras y David Monreal Avila, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Les pido a las y los ciudadanos Senadores nos pongamos de pie, para llevar a cabo la toma de protesta del Fiscal electo.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ciudadano Santiago Nieto Castillo: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Santiago Nieto Castillo: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Fiscal!

A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Nieto Castillo cuando desee retirarse del salón.

Vamos también a invitarlo a pasar a este lugar, para que le entreguemos el nombramiento correspondiente.

(Se entrega nombramiento)





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTICULO 366 QUINQUIES AL CODIGO PENAL FEDERAL Y REFORMA EL INCISO 24) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Compañeras y compañeros Senadores.

La desaparición de menores es un grave problema que afecta no sólo a nuestro país, sino a todo el mundo. Huidos, sustraídos o extraviados, son la constancia.

Se trata de un problema que ha ido en aumento en el que algunas de las organizaciones de activistas de la sociedad civil consideran el tema de los niños desaparecidos como una emergencia nacional que amerita fortalecer los mecanismos de búsqueda, como también los relativos a evitar su sustracción.

Las cifras pueden resultar alarmantes, al grado que organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este tema, aseguran que puede superar los 40 mil casos al año.

Por lo que respecta a las estadísticas del Programa “Alerta Amber”, durante el año 2013 en México se emitieron 202 alertas y se logró rescatar a 118 niños, niñas y adolescentes. Programa de búsqueda que definitivamente está dando resultados, pero también es necesario fortalecer las medidas inhibitorias en las que lamentablemente se deben de prever sanciones ejemplares para quien sustrae o se apodera de un menor, ante las dolorosas y graves consecuencias de un acto de esa naturaleza.

Por lo que respecta al apoderamiento de un menor por causa de secuestro o trata de personas, explotación sexual, tráfico de órganos, adopción ilegal, mendicidad, esclavitud, etcétera, la legislación es estricta y castiga severamente a los responsables con penas hasta de 90 años de prisión.

Pero después de estos supuestos, la sustracción ilícita o apoderamiento como tal de un menor sin fines de trata o secuestro, no aparece como sancionable en el Código Penal Federal, no obstante que la separación misma de un menor para ser segregado de manera permanente el seno familiar que le es propio, es un asunto grave.

Por tal motivo, considero que la sustracción de un menor de su entorno familiar, pese a que no sea necesariamente acreditado para fines de secuestro, trata de personas o tráfico de menores, debe ser castigado severamente y con ello inhibir el ilícito del robo de menores, cualquiera que sea la finalidad en la que baste la intención de segregarlo de su entorno familiar.

La pena sugerida para este caso, se propone en un abanico de 4 años a 22 años de prisión, a efecto de que el juez pueda valorar ampliamente la gravedad, atento a una media racional entre tráfico de menores y trata de personas.

En el mismo tenor, tampoco sería susceptible el beneficio de libertad provisional bajo caución, por lo que también se hace necesaria una modificación al Código Federal de Procedimientos Penales.

Así las cosas, la propuesta es la contenida en la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 366 Quinquies.- A quien se apodere de una persona menor de 18 años de edad, sin derecho y sin consentimiento de sus padres o de quien legítimamente lo tengan en su poder, con el fin de segregarla del medio familiar que le es propio, se le aplicará una pena de 4 a 22 años de prisión.

Si la persona menor de edad es restituida a su familia o a la autoridad, espontáneamente, dentro de los quince días a partir de la fecha de la sustracción o apoderamiento, sin causarle perjuicio, se aplicará al responsable la sanción de 6 meses a 4 años de prisión.

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso 24) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) al 23) (…)

24) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter y primer párrafo del artículo 366 Quinquies;

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal y reforma el inciso 24) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal De Procedimientos Penales, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La desaparición de menores es un grave problema que afecta no sólo a nuestro país, sino a todo el mundo. Huidos, sustraídos o extraviados, son las frecuentes, por lo que las causas bien pueden ser voluntarias o forzadas.

Se trata de un problema del que se tiene la seguridad de que ha ido en aumento, a pesar de no existir una cifra oficial con exactitud, debido a que el asunto es tratado tanto por las Procuradurías o Fiscalías Estatales como por el Gobierno Federal. No obstante, en base a los datos que refieren algunas de las organizaciones y activistas de la sociedad civil, ellos consideran el tema de los niños desaparecidos como "una emergencia nacional", que amerita fortalecer los mecanismos de búsqueda, como también, los relativos a inhibir esta conducta.

Las cifras pueden resultar alarmantes, pues como se dijo, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este tema, aseguran que puede superar los 40 mil casos al año; así lo señaló por ejemplo, México Unido contra la Delincuencia y organizaciones especializadas en la búsqueda de menores.

Por lo que respecta a las estadísticas del Programa “Alerta Amber”, durante el año 2013 en México se emitieron 202 alertas y se logró rescatar a 118 niños, niñas y adolescentes.

Programa de búsqueda que definitivamente está dando resultados, pero también es necesario fortalecer las medidas inhibitorias, en las que lamentablemente se deben prever sanciones ejemplares para quien sustrae o se apodera de un menor, ante las graves consecuencias y dolor familiar que genera un acto de esta naturaleza.

En cualquier evento es un asunto grave, pero en este caso me refiero a la parte de la sustracción ilícita, que implica la ejecución de un delito en contra de un menor o infante, con daños también para todos quienes le rodean en su entorno familiar.

Por lo que respecta al apoderamiento por causa de secuestro o trata de personas (explotación sexual, tráfico de órganos, adopción ilegal, mendicidad, esclavitud, etc.), la legislación es estricta y castiga severamente a los responsables, con castigos de hasta 90 años de prisión, por ejemplo, por lo que respecta al caso de secuestro de menores, independientemente de que la pena se pueda aumentar por otras agravantes.(Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos; y Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Además de estos casos, Trata de personas o secuestro, el traslado o entrega de un menor a cambio de un beneficio indebido está contemplado en el apartado de tráfico de menores en el Código Penal Federal, con penas desde los tres a los 10 años de prisión.

Pero, después de estos supuestos, la sustracción ilícita o apoderamiento como tal, de un menor, sin fines de lucro y sin fines de entregarlo a tercera persona, ni fines de trata o secuestro, no aparece como sancionable en dicho Código, o bien, ante las lamentables consecuencias para el caso de no lograrse acreditar alguno de estos supuestos por parte del sujeto activo, no obstante que la separación misma de un menor para ser segregado de manera permanente del seno familiar que le es propio es un asunto grave.

Por tal motivo, considero que la sustracción de un menor de su entorno familiar, pese a que no sea necesariamente acreditado para fines de secuestro, trata de personas o tráfico de menores, debe ser castigado severamente y con ello, inhibir el ilícito del robo de menores cualquiera que sea la finalidad, en la que baste la intención de segregarlo de su entorno familiar.

Esto por ejemplo, para el caso de un apoderamiento de menor, sin fines de trata o secuestro, y sin estar encaminado al tráfico de menores (por no requerir traslado o entrega a un tercero) pero que la sustracción sí está encaminada a quedarse con el menor, alejándolo de su familia con las también graves consecuencias, pues al fin y al cabo, este acto cualquiera que sea su finalidad es desastroso tanto para el menor, como para los padres a quienes se les arrebata un hijo y no se vuelve a saber de su paradero. Estudios señalan que es un sentimiento de duelo permanente, con una inhibición de la persona que la deja entregada totalmente al trabajo de duelo y la cierra al vínculo con la vida de manera prolongada en el tiempo ante la incertidumbre; un duelo que no termina.

A diferencia del Código punitivo federal, Jalisco cuenta en su tipicidad con una hipótesis sancionable que parte de la finalidad de apoderarse de un menor d edad con la intención de segregarlo de su medio familiar, evidentemente sin consentimiento de sus padres o de quienes legítimamente lo tengan en su poder. De tal suerte, que la conducta sancionable no es para los padres, atento a las disputas que entre cónyuges puede haber lugar, con el pleito por la custodia de los hijos cuando viene una separación; se trata de sancionar el robo de un menor, al acto de sustraerlo, de apoderarse de su persona para segregarlo, como ya se dijo, de familia.

Hipótesis que debiera incluirse en la legislación federal, con lo cual, además de cerrar el paso a cualquier eventualidad de impunidad por la causa del apoderamiento, también, por imposibilidad de probarla, pues si la finalidad es secuestro o trata y no se acredita tal finalidad, el sólo hecho de intentar segregarlo de su medio familiar de manera permanente debiera ser punible.

Esto reforzaría las acciones que Ejecutivo y Legislativo hemos emprendido juntos en protección de nuestros menores, abarcando y sancionando todas las causas de apoderamiento de menores, o como coloquialmente se le ha dado en llamar, el robo de menores. Esto es, que no se trata de un problema familiar ni disputa de tal naturaleza por el menor, se trata de evitar en todas sus posibilidades la sustracción de nuestros niños, sancionando todas las finalidades del robo.

Por ello, la propuesta en concreto sería incluir un tipo penal con las características dadas, adicionando un artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal.

La pena sugerida para este caso, se propone en un abanico de cuatro años a veintidós de prisión, a efecto de que el juez pueda valorar ampliamente la gravedad, atento a una media racional entre tráfico de menores y trata de personas.

En la misma inercia, en analogía, incluso en mayoría de razón, tampoco sería susceptible de beneficio de libertad provisional bajo caución, por lo que la modificación al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales sería indispensable.

Finalmente, se adiciona la atenuante que se contiene en la legislación del Estado de Jalisco, con la finalidad de propiciar o permitir el arrepentimiento del sujeto activo y que el menor sea restituido, esto es, si de manera espontánea sucede, el tipo penal sea favorecido en su punibilidad, a fin de allanar el camino para que así suceda, lo que en vía de consecuencia, traería además el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SEADICIONA UN ARTICULO 366 QUINQUIES AL CODIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL INCISO 24) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 366 Quinquies.- A quien se apodere de una persona menor de 18 años de edad, sin derecho y sin consentimiento de sus padres o de quien legítimamente lo tengan en su poder, con el fin de segregarla del medio familiar que le es propio, se le aplicará una pena de cuatro a veintidós años de prisión.

Si la persona menor de edad es restituida a su familia o a la autoridad, espontáneamente, dentro de los quince días a partir de la fecha de la sustracción o apoderamiento, sin causarle perjuicio, se aplicará al responsable la sanción de seis meses a cuatro años de prisión.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso 24 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) al 23) (…)

24) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter y primer párrafo del artículo 366 Quinquies;

25) al 36) (…)

II a la XXII. (…)

(…)

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 19 de febrero del 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero”.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández y de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, ¿para qué asunto?

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle al Senador que podamos suscribir la iniciativa con él, y felicitarlo por el tema.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Para el mismo efecto, la Senadora Rocío Pineda.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Sí, para el mismo efecto y reconocer el acierto de la propuesta de nuestro compañero.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, igualmente la Senadora Lorena Cuéllar, para el mismo efecto, y con mucho gusto pido a la Secretaría que tome nota de ello.

La Senadora Margarita Flores Sánchez, el Senador Luis Sánchez, con mucho gusto. El Senador Salvador López Brito y la Senadora Martha Elena García, con mucho gusto.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo para presentar, a nombre del Senador Benjamín Robles Montoya y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Arturo Zamora Jiménez, a nombre de los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Solorio, Mariana Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra Castillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna y Javier Corral Jurado)

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace algunas semanas aprobamos en este Senado la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y un derecho que está plasmado en esa ley es el derecho a tener una identidad y a tener una nacionalidad.

Estos dos derechos normalmente se les niegan a los niños que tienen que emigrar, no porque quieren, sino tienen que emigrar porque las condiciones económicas de sus padres los obligan a eso; y entonces cuando llegan a Estados Unidos ambas situaciones se les niegan.

Por eso a iniciativa del Senador Benjamín Robles, los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Solorio, Mariana Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra Castillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Javier Corral Jurado y el de la voz, estamos impulsando esta iniciativa del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento, que es un derecho del ser humano, de toda persona que tenga nombre y nacionalidad, a partir de reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En México, lamentablemente, según estimaciones oficiales del Registro Nacional de Población, RENAPO, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, existen más de 7 millones de mexicanos que carecen de su acta de nacimiento.

Esta ausencia de registro repercute en otros derechos, ya que debido a que se ignora su existencia, no son tomados en cuenta en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas; oficialmente son vidas que no suceden, condenados a la pobreza porque sin la prueba de ciudadanía que otorga el acta de nacimiento no pueden inscribirse en la escuela o trabajar en sector formal; social y políticamente no pueden beneficiarse de programas de alivio a la pobreza, lograr la educación, tener una identificación oficial o incluso que familiares tramiten su acta de defunción.

Además, esta condición de invisibles a los ojos de la sociedad, deja a millones de mexicanos aún más vulnerables a las redes criminales de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral; adopciones ilegales y otras formas de explotación como el matrimonio prematuro.

Ahora bien, los datos recopilados por Be Foundation, ONG, en la promoción y defensa del derecho humano a la identidad, señala que en Estados Unidos existen cientos de miles de personas cuyos nacimientos no fueron registrados al nacer en México, antes de emigrar a Estados Unidos, constituyéndose la doble invisibilidad por no contar con un acta de nacimiento que acredite su existencia legal en ningún país, convirtiéndose en uno de los colectivos más invisibilizados y excluidos del mundo.

Lo especialmente trágico para los migrantes mexicanos doblemente invisibles, es que muchos son jóvenes que califican para el programa “Acción diferida para los llegados en la infancia”; el programa de regularización para los llamados “dreamers”, que llegaron como niños a Estados Unidos sin papeles y que ahora pueden calificar para la residencia.

Sin embargo, al no contar con un acta de nacimiento que acredite la identidad de su país de origen, no pueden iniciar el proceso que otorga un permiso de trabajo y protección contra la deportación que conlleva la separación familiar.

Además, ante la acción ejecutiva en materia migratoria decretada por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pasado 20 de noviembre del 2014, y en donde el 44 por ciento de los inmigrantes no autorizados de México podrían solicitar protección a su deportación; los mexicanos doblemente invisibles no podrían ser elegibles por carecer de documentos que acrediten su identidad.

Los cónsules mexicanos en el extranjero tienen la autoridad para actuar como oficiales de registro civil, pero sólo para registrar nacimientos de los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, matrimonios y muertes, pero no están facultados para levantar registros de las personas nacidas en México que residen en el extranjero; por lo tanto, aconsejan a los doblemente invisibles regresar a México para obtener su acta de nacimiento, algo que por obvias razones no pueden hacer.

Por ello, los que suscribimos, creemos conveniente y por demás urgente, reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para garantizar y facultar claramente a los consulados mexicanos a efecto de que puedan registrar aquellos niños y adultos nacidos en México, y que desafortunadamente emigraron a los Estados Unidos sin registro de nacimiento de su lugar de origen, evitando así que permanezcan atrapados en un limbo jurídico.

Compañeros Senadores, el pasado martes 10 de febrero de 2015, el mexicano Antonio Zambrano Montes, de 35 años de edad, fue abatido por elementos de la corporación policiaca de Pasco, Washington, Estados Unidos, en un acto que devela una vez más el exceso de fuerza pública norteamericana frente a los hispanos.

La representación diplomática de nuestro país en el estado norteamericano dio la primera muestra enérgica de protesta frente a estos hechos, seguido de un pronunciamiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el que se ha solicitado una extensa investigación que culmine con la imposición de responsabilidad a que haya lugar.

Compañeros Senadores, no se puede excusar el agravio contra Antonio Zambrano Montes en la legítima defensa que tienen derecho los elementos de seguridad norteamericana, esa es, sin lugar a dudas, una clara violación de los derechos humanos, de no agotar otros medios de sometimiento antes de abrir fuego contra personas que claramente se encuentran en desventaja.

Por lo anteriormente dicho, resaltamos estas dos situaciones esperando que en la segunda se haga eco de lo que ha planteado el Senado mexicano y que no quede simplemente en discursos que no resuelven la violación de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas que están siendo violentados en ese país, en donde solicitamos esta situación de la reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para beneficiar a los que hoy están siendo perjudicados por esta situación.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Para el mismo asunto, tiene la palabra el Senador Arturo Zamora Jiménez.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, por qué razón diversos Senadores suscribimos esta iniciativa, y a la cual invitamos, por supuesto, a todas nuestras compañeras y compañeros a suscribirla, porque este es un trabajo que se viene haciendo con la finalidad de que a todos los mexicanos se les garantice el auténtico derecho a la identidad.

Esto deviene de una reforma constitucional al artículo 4o. constitucional, y un esfuerzo que han hecho legisladores de ésta y de anteriores legislaturas; pero también un esfuerzo ciudadano de Be Foundation, que es una organización muy importante que están interesados precisamente en llevar a cabo un proceso que permita, por un lado, la gratuidad en la expedición de las actas de nacimiento, y con esto llegar a todo el territorio nacional, para garantizar que tantas niñas y niños que desde hace muchos años tienen que caminar en función de ser desplazados por diversas circunstancias en el propio territorio nacional y en el extranjero, pues todos estos niños que son mexicanos, que son nuestros hermanos, que forman parte del origen nuestro, también tengan la garantía de una identidad plena, esta identidad para todos y cada uno de ellos.

Por supuesto que, como ya lo expuso nuestro compañero Senador Fidel Demédicis de manera magistral, esta identidad les garantizará a lo largo de su vida una serie de servicios básicos, que son: la educación y la salud.

Pero algo muy importante, la pertenencia a una familia, la pertenencia a la identidad personal, a una comunidad y a una nación. Por eso, con mucho gusto, señor Presidente, hemos formado parte de esta iniciativa e invitamos a las y los compañeros Senadores a sumarse a un asunto de la mayor importancia por el futuro de estos niños y por el futuro de México.

Es cuanto.

Iniciativa

ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, ARTURO ZAMORA JIMENEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, MARCELA GUERRA CASTILLO, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, JAVIER CORRAL JURADO, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento al artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTICULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Derecho a la Identidad a través del registro de nacimiento es el reconocimiento jurídico y social de toda persona, niño o adulto, como sujeto de derechos y obligaciones, de su pertenencia a un territorio, a una familia y a una comunidad. Constituye un elemento esencial para la supervivencia, el desarrollo y la protección de toda persona. De su cumplimiento depende que un niño pueda adquirir algo tan fundamental como una identidad, un nombre y una nacionalidad.

“El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines supremos realizar el bien común, y para ello, debe asegu­rar a su componente humano los medios necesarios para contar con una identidad particular y su constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variacio­nes a su estado civil.”1

Lamentablemente, en México hay millones de personas cuyos nacimientos no han sido registrados. Según las estimaciones oficiales más recientes del Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre 7 y 10 millones de mexicanos, respectivamente, carecen de su acta de nacimiento, un serio problema violatorio de derechos humanos que afecta principalmente a los sectores de la población más marginados del país, como los indígenas, afro descendientes, migrantes y familias de áreas rurales, zonas remotas o fronterizas por cuestiones principalmente de marginación, pobreza extrema y migración interna e internacional.

Esta ausencia de registro, repercute en otros derechos, ya que debido a que se ignora su existencia, no son tomados en cuenta en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas. Oficialmente, son vidas que no suceden, condenados a la pobreza porque sin la prueba de ciudadanía que otorga el acta de nacimiento no pueden inscribirse en la escuela, trabajar en el sector formal, abrir una cuenta bancaria, obtener microcréditos o heredar propiedades, sólo por citar algunos ejemplos. Social y políticamente, no pueden beneficiarse de programas de alivio a la pobreza, lograr la educación, casarse legalmente, registrar el nacimiento de sus hijos, adquirir un pasaporte para viajar a otro país, tener una licencia de conducir, tener una credencial de elector para votar, no pueden ser votados o incluso que familiares tramiten el acta de defunción de un invisible. Además, esta condición de invisibles a los ojos de la sociedad deja a millones de mexicanos aún más vulnerables a las redes criminales de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, adopciones ilegales, y otras formas de explotación como el matrimonio prematuro y el reclutamiento para el crimen organizado por la ventaja que ofrece su non-status.2

Por otra parte, datos recopilados por Be Foundation Derecho a la Identidad, la ONG líder en México en la promoción y defensa del derecho humano fundamental a que toda persona tenga un nombre y una nacionalidad reconocida, al otro lado de la frontera, hay alrededor de seis millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, pero dentro de estos hay un grupo de cientos de miles de personas cuyos nacimientos no fueron registrados al nacer en México antes de migrar a los Estados Unidos y que de acuerdo a BE FOUNDATION son “doblemente invisibles”, esto por no contar con un acta de nacimiento que acredite su existencia legal en ningún país, convirtiéndose en uno de los colectivos más invisibilizados y excluidos del mundo, esto por carecer de una identidad que le vincule jurídicamente con una nación.

Cifras extraoficiales del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) señalan que el 30% de los 6.5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, esto es, casi 2 millones de personas, tienen problemas registrales. Esto significa que algunos están inscritos en el registro civil de su estado pero no tienen copia física del acta de nacimiento, mientras muchos otros tienen errores en sus actas de nacimiento y otros simplemente nunca fueron registrados al nacer.

A diferencia de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, los migrantes mexicanos “doblemente invisibles” ni siquiera tienen documentos mexicanos y por ello no pueden obtener una matrícula consular, una tarjeta de identificación emitida por el Consulado de México en el Exterior cuyo primer requisito es el acta de nacimiento. En muchos estados de la Unión Americana, la matrícula consular es reconocida como una prueba oficial de identificación y ofrece acceso a beneficios tales como un número de identificación fiscal (ITIN, por sus siglas en inglés) para tener acceso a un crédito, reducir los costos de transacción de las remesas, contratar servicios de telefonía y otros servicios públicos, inscribirse en bibliotecas públicas, casarse, matricularse para estudiar y obtener un certificado de GED que equivale a un diploma de Secundaria y en algunos estados, hasta para tramitar licencia de manejo. En el caso de un accidente, la muerte o el arresto o detención, una matrícula consular permite a las autoridades mexicanas identificar a una persona, informar a la familia y proporcionar protección consular.

Lo especialmente trágico para los migrantes mexicanos “doblemente invisibles” es que muchos son jóvenes que califican para el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA), el programa de regularización para los llamados “Soñadores” que llegaron como niños a Estados Unidos sin papeles y que ahora pueden calificar para la residencia, sin embargo al no contar con un acta de nacimiento que acredite la identidad de su país de origen, no pueden iniciar el proceso que otorga un permiso de trabajo y protección contra la deportación que conlleva a la separación familiar. Además, ante la Acción Ejecutiva en materia migratoria decretada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el pasado 20 de noviembre de 2014, y en donde el “44% de los inmigrantes no autorizados de México podrían solicitar protección a su deportación”3 los mexicanos doblemente invisibles no podrían ser elegibles por carecer de documentos que acrediten su identidad.

Los Cónsules mexicanos en el extranjero tienen la autoridad para actuar como Oficiales del Registro Civil pero sólo para registrar los nacimientos de los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, matrimonios y muertes, pero no están facultados para levantar registros de las personas nacidas en México que residen en el extranjero. Por lo tanto, aconsejan a los “doblemente invisibles” regresar a México para obtener su acta de nacimiento, algo que por obvias razones no pueden hacer.

Esta omisión o incumplimiento constituye una franca violación al derecho humano fundamental de toda persona a ser registrado al nacer y, con ello, a adquirir la personalidad jurídica frente al Estado mexicano, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos, mismos que están ampliamente reconocidos en los siguientes tratados internacionales:

1948- Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 15: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.

1961- Convención para Reducir los Casos de Apatridia

Artículo 1: “1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá:

a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o

b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada.

Todo Estado contratante cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante solicitud, según el apartado b del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional.

1966- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 24: “1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”. Ratificado por México en 1981 a través del Senado de la República.

1969- Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 20: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.”

1979- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979)

Artículo 9: 1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

1989- La Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 7: “1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

1989- La 35a Sesión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nota la importancia del registro de nacimiento para la protección del niño, sobre todo en el caso de los hijos ilegítimos, y para reducir la venta y el tráfico de niños.

1990: Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.

Artículo 6: Nombre y Nacionalidad- “Todo niño tiene derechos, desde su nacimiento, a tener un nombre. Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Los Estados Parte en la presente Carta se comprometerán a garantizar que su legislación constitucional reconozca los principios según los cuales un niño adquirirá la nacionalidad del territorio donde haya nacido si, al tiempo de su nacimiento, no se le ha otorgado la nacionalidad por otro Estado de acuerdo con sus leyes.

1990: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Artículo 29: “Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad”.

1997: Convención Europea sobre la Nacionalidad

Artículo 6: “Todo Estado Parte tomará medidas a través de su legislación interna a fin de que su nacionalidad sea adquirida ... por los niños expósitos hallados en su territorio que, de otro modo, serían apátridas ... [y] por los niños nacidos en su territorio que no adquieran otra nacionalidad al nacer”.

Finalmente, también queda recogido el compromiso de México a respetar este derecho a conservar su identidad de acuerdo con la Resolución de la Asamblea General de la OEA, que adopta el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, aprobada el 5 de junio de 2007 en su resolución AG/RES.2286(XXXVII-0/07).

En virtud de lo anterior, el pasado 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, en la que quedo inscrito “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.Y en transitorios señala que “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento”.

Aunque en este caso la reforma Constitucional se refiere a garantizar el derecho a la identidad a menores recién nacidos, también incluye a adultos sin registro de nacimiento. Gracias a esta reforma, explícita en cuanto a la gratuidad se refiere, significa que para “toda persona” que nunca haya sido registrado al nacer, su registro y la primera copia certificada de acta de nacimiento serán gratuitos.

Este hecho histórico ocurre en un contexto en que las cifras del sub registro de nacimientos en el mundo y en México son alarmantes, siendo que además las entidades con menor índice de cobertura de registro de nacimiento en México coinciden con que están dentro de los estados con mayor expulsión de migrantes a los Estados Unidos:

● Estimaciones de UNICEF indican que el 41% de la población mundial, más de 50 millones de niños y niñas al año, no son registrados al nacer y podrían pasar el resto de su vida sin un acta de nacimiento, y por lo tanto sin una identidad o nacionalidad reconocida.

● Las cifras más recientes indican que el 18% de los niños y niñas menores de 5 años, aproximadamente uno de cada 6, no están registrados en la región de América Latina y el Caribe. Se estima que cerca de los 2 millones de los 11 que tienen lugar en la región cada año no van a registrarse.

● En México según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) 3 de cada 10 niños se quedan sin su correspondiente registro de nacimiento en el primer año de vida. De acuerdo al Inventario de los registros civiles e identificación de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo en 2008, RENAPO estima una tasa de subregistro de 14.2% de los niños y las niñas menores de 5 años no son registrados al nacer, negándoseles el derecho a tener una identidad oficial, un nombre reconocido y una nacionalidad. Y de acuerdo al reporte 2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)México aún se encuentra entre los países con mayor sub registro de Latinoamérica, junto con Brasil, Colombia, Nicaragua y República Dominicana; en contraste principalmente con Chile y Argentina, que han logrado 98% de registros de nacimiento”. Con esta base, el CONAPRED ventila que en 2009, el 19% de la población mexicana no estaba registrada; esto es, que casi una quinta parte del país estaba limitada frente a este derecho. Y según el reporte “El Derecho a la Identidad y la expedición de actas de nacimiento extemporáneas en los Estados de Oaxaca, Guerrero Y Chiapas” por BE FOUNDATION en 2014 y publicado en el Mexican Rural Development Research Reports del Woodrow Wilson International Center for Scholars, los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos Oaxaca, Puebla, Veracruz y Michoacán tienen las tasas más altas de sub-registro (falta de inscripción en el registro civil) en México con fuertes implicaciones para los pueblos indígenas y migrantes.

Ante la publicación de la reforma al artículo 4º Constitucional, el reto ahora es lograr que la autoridad tanto federal como estatal asuman la responsabilidad correspondiente de una política pública sobre el derecho a la identidad, esto significa la implementación, en las Entidades federativas, de programas y proyectos para abatir el sub registro de nacimientos de todas las personas, niñas, niños y adultos mexicanos, y de informar a través de campañas de sensibilización y poner las condiciones favorables para que todo mundo acceda a este derecho ya Constitucional, a un registro y acta de nacimiento gratuita, y evitar así la invisibilidad en México y la doble invisibilidad de mexicanos que al migrar, principalmente a Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades de vida llegan además a enfrentarse a la tragedia de no existir en ningún país, y aún más frágiles en cuanto a violaciones a sus derechos humanos se refiere.

Lo anterior, teniendo presente que el derecho a la identidad ya es un derecho Constitucionalmente reconocido en México, también es un derecho reconocido internacionalmente, porque el contar con una identidad facilita el ejercicio de los demás derechos, permite la participación política ciudadana y posibilita la planeación y ejecución de programas de desarrollo.

Por ello, los Estados de la OEA adoptaron, en 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad; programa que fue fuertemente impulsado por México y cuya meta era lograr el registro civil universal en el hemisferio para el año 2015.

Si bien es cierto, la meta trazada no se conseguirá en el plazo establecido, resulta fundamental que México, país que presidió el grupo de trabajo que elaboró el Programa Interamericano, no cese en sus esfuerzos por dotar de certeza jurídica a todas y todos los mexicanos que por una u otra causa, carecen de identidad y por ello, el suscrito considera fundamental:

Reformar el artículo 44 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, para garantizar y facultar claramente a los Consulados mexicanos, a efecto de que puedan registrar a aquellos niños y adultos nacidos en México que migraron a los Estados Unidos sin registro de nacimiento de su lugar de origen, evitando así que permanezcan atrapados en un limbo jurídico.

En razón de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:
DECRETO

UNICO.- Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

ARTICULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. al VII. …

XVIII. Inscribir registros de nacimiento extemporáneos de los interesados, previa notificación a las autoridades administrativas locales correspondientes.

Las inscripciones hechas en las oficinas consulares tienen validez plena y surten sus efectos legales desde el momento de su realización, siempre que las Oficinas del Registro Civil en las entidades federativas lo estimen procedente.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Mariana Gómez Del Campo Gurza.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Alejandro del Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Arturo Zamora Jiménez. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

Para adherirse a la misma, el Senador Víctor Hermosillo y Celada, el Senador Ernesto Ruffo Appel, la Senadora Lisbeth Hernández. Igualmente pido a la Secretaría que tome nota de quienes desean adherirse a la misma. Gracias.


1 CASTELLANOS, Hernández Eduardo de Jesús, Compilador. “El Derecho a la Identidad como Derecho Humano”. Secretaría de Gobernación. México, 2011.

2 MERCADO, Karen, ORTIZ Oscar. Be Foundation Derecho a la Identidad, Reporte 29. Mexican Rural Development Research Reports. Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2014. “El Derecho a la Identidad y la expedición de actas de nacimiento extemporáneas en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, México”.

3 Análisis de los demógrafos Jeffrey Passel y Jens Manuel Krogstad, http://macronews.mx/estado/los-mexicanos-seran-los-mas-beneficiados-con-el-plan-migratorio-de-obama/





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. constitucional, en materia de vinculación del sector educativo con el sector productivo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO Y LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTICULO 3o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VINCULACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON EL PRODUCTIVO

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde hace décadas México se encuentra en una encrucijada, en una gran paradoja. No puede ser que seamos la economía número 12 del mundo, y por otro lado estemos perdiendo competitividad por la falta de productividad en nuestros diferentes sectores.

Somos una economía que no solamente no ha estado creciendo, sino necesita crecer, y al inicio de este sexenio, con el compromiso responsable y muy meritorio de todos los partidos políticos, de los más diversos sectores de la sociedad, se ha podido romper con una inercia, y con eso se logró impulsar un conjunto de reformas de la mayor trascendencia en el sector educativo del país.

Hoy el país está en condiciones más propicias para aprovechar de mejor manera las oportunidades y el tiempo que estamos viviendo a partir de las reformas que ya se han hecho.

Por lo tanto, es fundamental que la educación en el país, en todos sus niveles y modalidades, señaladamente en los niveles medio superior y superior, esté orientada a satisfacer las necesidades y demandas del sector productivo, por lo que es preciso establecer una vinculación efectiva entre el sector educación y los diferentes sectores a través del aparato educativo.

Los desafíos están a la vista. México enfrenta una paradoja que consiste nuevamente en esa falta de crecimiento.

Uno de los grandes análisis que podemos ver hoy, nos permite ver cómo de toda la economía mexicana, solamente tres sectores están creciendo de manera importante, y esos tres sectores son: el sector automotriz, los sectores inmobiliarios y los sectores de la información.

El resto de los sectores de la economía presentan una productividad negativa, en especial el sector de servicios, de manera que el de servicios profesionales fue 60% menos productivo en el 2011 que en 1990.

En materia educativa los desafíos están claros. En este punto, es preciso señalar que la meta de un 40% en materia de cobertura en educación, que se estableció para el 2018 por parte del gobierno federal, será muy difícil de cumplir por la caída de los precios internacionales del petróleo; sin embargo, será preciso hacer el esfuerzo y continuar incrementando la cobertura lo más posible, para que bajo las circunstancias en las que nos encontramos, se haga un esfuerzo a través de esta reforma con una vinculación muy clara de la educación con los sectores productivos.

Esta es la dimensión de los desafíos que encontramos y que nos enfrentamos en nuestro México de hoy. La materia educativa y la productividad si no están conectados no habrá manera de tener los incrementos en la productividad, y mucho menos los empleos que este país necesita.

Compañeras y compañeros legisladores: En el corto y en el largo plazo, y en última instancia, el comportamiento de la economía responde en parte sustantiva al comportamiento de la mayor riqueza con la que cuenta nuestro país, que es su gente, que es su capital humano, como ya lo hemos dicho. Riqueza que cotidianamente encarna este capital humano y, por lo tanto, este capital debe estar conectado con el conocimiento de manera productiva.

La educación no es el único recurso para incrementar la productividad y competitividad del país, y de sus regiones y de sus sectores; pero con la educación y los contenidos pertinentes y una reforma, como la que aquí se solicita, generará un mejor y un mayor tránsito hacia ese estadio.

Por todo ello, les pido que respaldemos esta iniciativa que hoy hemos de votar, o buscaremos que se vote en el futuro con el fin de garantizar en la propia Constitución de la República la necesaria, forzosa y urgente vinculación del sector educativo con los sectores productivos de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA AL PARRAFO TERCERO Y A LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTICULO 3° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VINCULACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON EL PRODUCTIVO, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el contexto internacional y, en particular, en el caso de América Latina, la ampliación de la brecha de los ingresos y de la generación de riqueza respecto al resto del mundo, en términos generales no ha radicado en la falta de inversión en capital humano ni en infraestructura ―sin menoscabo de la necesidad de continuar incrementando en México la inversión en dichos rubros―, así como tampoco en un crecimiento deficitario de la fuerza laboral, sino más bien en “un déficit crónico de crecimiento de la productividad”. Por ello su incremento es un tema que hoy gravita en el centro del análisis y del debate de la instrumentación de políticas públicas y de las estrategias de desarrollo de las economías del subcontinente. De ahí la importancia capital de plantear una visión y unas estrategias y políticas para incrementar la productividad y de tal manera generar mayor riqueza y hacer frente eficaz a la pobreza para mejorar sensiblemente los niveles de bienestar de la población.1

En el mismo sentido, uno de los grandes desafíos que México debe enfrentar con la mayor prontitud y eficacia radica en incrementar la productividad de sus regiones y sectores económicos, así como de las empresas y de las personas, mediante el mayor y mejor aprovechamiento de los factores de la producción, con el propósito de aumentar su competitividad y, de esta manera, elevar el nivel de vida de los mexicanos y de sus familias. Ello, mediante la generación de mayor riqueza, más empleos y empleos mejor pagados. Este propósito fundamental está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de cuyos ejes transversales, el de Democratizar la Productividad―junto con los correspondientes a un Gobierno Cercano y Moderno y a Perspectiva de Género―se ha traducido en el Programa para Democratizar la Productividad (PDP).2

Una de las formas de cumplir con dicha meta radica en establecer una mayor y más eficaz y eficiente correspondencia y sintonía entre los sectores productivo y educativo, mediante el impulso de diversas estrategias, como lo establece el propio PDP; entre ellas, la de incrementar las inversiones en el capital humano de la población; fortalecer las actividades de capacitación y formación para el trabajo que eleven la productividad de los trabajadores; promover el emprendimiento y el escalamiento productivo y tecnológico de las empresas, con especial atención en las micro, pequeñas y medianas; y aumentar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

A su vez, a tales estrategias corresponden líneas de acción diversas, como alentar la revisión permanente de la oferta educativa, precisamente para profundizar la vinculación entre los sectores educativo y productivo; diseñar e implementar modelos educativos de formación para el trabajo y desde el trabajo; coordinar esfuerzos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, a fin de lograr sinergias en el ámbito de la formación de capital humano; impulsar desde los niveles básicos del sistema educativo una cultura emprendedora y empresarial basada en la innovación; fortalecer la vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y sectores productivos, para impulsar el desarrollo y la transferencia de tecnología; y, mediante la formación y capacitación adecuadas, impulsar la participación laboral de mujeres, jóvenes, adultos mayores y discapacitados, sobre todo en sectores con mayor potencial productivo.3

Así pues, México debe enfrentar de manera vigorosa y decidida un conjunto de desafíos vinculados estrechamente a las desigualdades e inequidades que a lo largo de su historia han venido arraigando hasta nuestros días. Disparidades persistentes en el ámbito económico entre grupos sociales, entre sectores industriales e industrias y, asimismo, entre las diversas regiones y estados del país. Fenómeno que se refleja en el hecho inaceptable de que alrededor del 40por ciento de la población vive en la pobreza y en la pobreza extrema, lo que sin duda vulnera señaladamente la cohesión social y los principios de igualdad y de justicia, comprometiendo la consolidación de nuestra democracia.

Al mismo tiempo, por una parte es manifiesto el hecho de que sin duda hay sectores de la industria y empresas nacionales que compiten exitosamente dentro y fuera del país en el contexto de la globalización y de una intensa competencia con empresas foráneas, mientras que, por otra, también es cierto que una gran parte de las industrias y empresas se desempeñan con grandes dificultades; industrias y empresas que deben enfrentar obstáculos que les impiden crecer y aun sobrevivir debido a su escala insuficiente y a impedimentos diversos, como su condición informal y su escaso acceso al financiamiento. A ello se suma el hecho de que la brecha entre las regiones más desarrolladas y las que presentan mayores rezagos pareciera haberse profundizado en las últimas décadas, en un contexto marcado por la globalización, la economía de libre mercado y una competencia creciente entre países y conjuntos de países.4

Un bajo e insuficiente crecimiento económico es una de las principales razones que explican las referidas desigualdades y una insuficiente generación de empleos, de empleos de calidad y de empleos bien remunerados, así como la incapacidad de reducir la pobreza y de hacerlo de manera contundente y efectiva. En tal sentido, el reto consiste en romper inercias y en acelerar el crecimiento económico a tasas suficientes para reducir de manera sensible las desigualdades señaladas y la pobreza, con el propósito fundamental de que los beneficios del crecimiento económico se vuelvan palpables en el seno de las familias del país, pero sobre todo en el de aquellas que viven en las condiciones más precarias.

Si se toma en consideración el periodo comprendido entre 1960 y 2011 se observa que el crecimiento económico de México sin duda ha sido modesto, ya que el ingreso per cápita creció a lo largo de dicho periodo a una tasa promedio de 1.8 por ciento anual. Dicha tasa se situó por debajo de la alcanzada por países con economías semejantes a la de nuestro país y con grados de desarrollo comparables. El fenómeno cobra un cariz aún más preocupante en la medida en que los estados del sur ―que históricamente presentan el menor crecimiento y desarrollo― crecieron en promedio un 6.8 por ciento durante el periodo 1990-2010, mientras que el promedio nacional de crecimiento fue de 20.9 por ciento del PIB per cápita, es decir, prácticamente tres veces más.5El desafío radica, por tanto, en impulsar un crecimiento que se traduzca en un desarrollo regional más equilibrado, al tiempo de beneficiar al conjunto de los mexicanos, pero sobre todo a los menos favorecidos y a sus familias.6

En este punto es preciso recordar que el crecimiento y el desarrollo del país se vieron profundamente vulnerados por recurrentes crisis económicas y periodos de inestabilidad macroeconómica en los años setenta y ochenta. Asimismo que, luego de la crisis económica y financiera de 1994-1995, se adoptaron e impulsaron con éxito un conjunto de medidas para fortalecer el desempeño macroeconómico del país, mediante las cuales se consolidó un clima de estabilidad que ha venido propiciando una fundada certidumbre entre los diversos actores económicos, lo que a su vez afianzó a México como destino de inversiones nacionales y foráneas. Con todo, el crecimiento de la economía del país continúa siendo modesto e insuficiente, de suerte que ha sido necesario impulsar un conjunto de estrategias y políticas para impulsar el desarrollo de las actividades económicas y disminuir así la diferencia entre las regiones y los estados más y menos avanzados. Precisamente a ello corresponde el impulso a los cambios que hicieron posible las recientes reformas estructurales planteadas por el conjunto de los partidos políticos, el Poder Legislativo y el Gobierno de la República al amparo del Pacto por México, luego de más de tres lustros de inercias.

A propósito del insuficiente crecimiento de la economía nacional existe un amplio consenso en el sentido de que ello se debe a una serie de fenómenos: la insuficiente competencia en diversos sectores de la economía y la presencia de prácticas monopólicas; sobrerregulación, principalmente en estados y municipios; un Estado de Derecho sin duda muy vulnerado e insuficientemente consolidado; distorsiones y una insuficiente flexibilidad en el mercado laboral, que además provocan informalidad; un crecimiento urbano desordenado; una baja calidad educativa, una inadecuada capacitación para el trabajo y una insuficiente inversión en el capital humano del país; la muy escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación; obstáculos al crecimiento y al escalonamiento productivo de las PYMES y a la participación de las MIPYMES en las cadenas globales de valor; obstáculos al cambio estructural y a la transformación productiva de sectores tradicionales; un escaso acceso al capital y al financiamiento, a tasas competitivas; y una insuficiente inversión en infraestructura, entre otras, como lo consignan el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa para Democratizar la Productividad y diversos organismos internacionales.7

Al mismo tiempo y contra lo que desde cierta perspectiva pudiera postularse, el lento e insuficiente crecimiento de la economía mexicana no se explica suficientemente por una posible inadecuada acumulación de factores de la producción ―esto es, trabajo, capital, tierra y otros elementos― como se deduce de un ejercicio de comparación con otros países en desarrollo y desarrollados, sino, más bien, por una baja productividad. De suerte que el mayor obstáculo que propicia la reducción de la productividad y que asimismo impide su incremento es el uso y la asignación inadecuados de los factores de la producción.

A mayor ilustración, se calcula que la productividad del país se vería incrementada hasta en un 200 por ciento si entre sectores y empresas se asignaran de manera altamente eficiente dichos factores.8De manera que incrementar la productividad y alcanzar los altos niveles posibles en dicha materia supone producir más con la misma o con una menor cantidad de recursos productivos. En tal sentido, además de estrategias y condiciones adecuadas de orden macroeconómico, varias son las maneras de lograrlo: desde la ya señalada eficiente asignación de recursos, utilizándolos en actividades en que sean más productivos, hasta el diseño y la adopción de procesos de gestión más eficientes y eficaces en las empresas, así como la adopción de continuas innovaciones tecnológicas.

Con relación al factor trabajo destaca el hecho de que el 60 por ciento de la población económicamente activa en el país trabaja en el sector informal de la economía. Una de las razones determinantes de ello radica en el bajo nivel de instrucción de una gran parte de los mexicanos en edad de trabajar, esto es, en su precario nivel de conocimientos y, asimismo y por tanto, en conocimientos insuficientes y no pertinentes, así como a un gran déficit en materia de adecuadas competencias, habilidades y destrezas con relación a las que requiere el sector formal; insuficiencias sobre todo presentes en el caso de los trabajadores que viven en el ámbito rural y en el menos urbanizado.9A ello es necesario agregar que también obstaculiza la generación de empresas y de empleos en el sector formal un ambiente de negocios que no es propicio en el caso de muchas unidades productivas, en la medida en que las ganancias obtenidas no compensan los costos de operación y, por lo tanto, las convierten en difícilmente viables como parte del sector formal.

En el contexto del imperativo de incrementar la productividad del país y por lo tanto la de los diversos sectores de la economía, lo mismo que la de regiones, empresas y trabajadores en un mundo cada vez más competido, cobra señalada importancia el hecho de que, en correspondencia a su tamaño, el sector informal utiliza valiosos recursos que deben ser usados en las empresas formales, de manera más eficiente, pues de otra manera continuarán reduciendo la productividad agregada de la economía nacional. Tal objetivo plantea su propia temporalidad y una oportunidad que ha de ser aprovechada sin demora, pues el llamado bono demográfico sólo persistirá hasta finales de la próxima década, al mismo tiempo que van menguando las posibilidades de su aprovechamiento. En otros términos, es urgente aprovechar las ventajas que ofrece la tendencia demográfica imperante, en la medida en que durante los siguientes años alrededor del 65 por ciento de la población se encontrará en edad productiva y tendrá una mayor capacidad de ahorrar y de invertir, entre otros rubros, en su propia preparación y en la de sus hijos, menos numerosos que en anteriores generaciones.10

Por otra parte, así como el uso adecuado o inadecuado de factores de la producción como el capital, la tierra ―tanto urbana como rural―, y el del medio ambiente, el agua y los energéticos, alientan e impulsan o desalientan y obstaculizan la productividad de las personas y de las empresas, es preciso señalar que, en última instancia y en el largo plazo, el comportamiento de la economía responde al comportamiento de la mayor riqueza con la que cuenta el país, que no es otra que la que encarna cotidianamente su capital humano; es decir, la que suponen los conocimientos, las competencias, las habilidades y las destrezas de su población y, por tanto, su capacidad de aplicar lo aprendido en el adecuado desempeño de las actividades productivas; asimismo, su capacidad de aprendizaje continuo y permanente y la de aprehender nuevos conocimientos para llevarlos a la práctica; la capacidad de sus trabajadores para asimilar los conocimientos requeridos a fin de utilizar nuevas tecnologías y de aportar sus conocimientos para incrementar la eficiencia de los procesos de producción; y la capacidad de la comunidad académica, científica y tecnológica para generar nuevos conocimientos e innovar con base en ello.11

Como señala el propio Programa para Democratizar la Productividad, para impulsar esta última es necesario invertir en el capital humano del país, por una parte con el fin de satisfacer necesidades de salud y de protección social, entre otras; y, por otra y desde luego, las correspondientes a la provisión de servicios educativos y de capacitación de calidad para el trabajo, al tiempo de fomentar una temprana cultura empresarial y de emprendeduría desde los niveles básicos del sistema educativo. De suerte que en el ámbito de la educación es preciso desarrollar las capacidades y potencialidades de los educandos para que el tránsito entre el proceso de formación en la escuela y el de su incorporación al ámbito laboral sea adecuado y exitoso.

Los desafíos de la educación en México sin duda son de señalada magnitud, de suerte que si bien es cierto que por un parte asiste a la escuela el 95 por ciento de los niños y jóvenes del país entre los 3 y 15 años de edad, por otra es imperativo incrementar sustantivamente la calidad de la educación ofrecida, así como su aprovechamiento por parte de los educandos. Como diagnóstico y precedente, al respecto es preciso recordar que alrededor de la mitad de los alumnos en el país no cuentan con el mínimo de los conocimientos y las habilidades necesarios para insertarse de manera eficaz y productiva en la sociedad, en un porcentaje que por mucho rebasa el promedio de los países miembros de la OCDE. El hecho es sumamente preocupante, pues el incremento de la productividad depende de una educación de calidad que posibilite y garantice a los trabajadores el manejo y la adopción de nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción. De manera complementaria, es fundamental que los trabajadores estén adecuadamente capacitados para utilizar instrumentos de trabajo cuyo manejo implica habilidades técnicas especializadas, sobre todo en el caso de sectores muy productivos que entrañan la adopción de tecnologías nuevas y sujetas a periódica renovación, lo que en su caso se traduce en mayor productividad y competitividad.

Al respecto cabe mencionar que los recursos destinados a la capacitación del trabajo en México representan alrededor de la vigésima parte de lo que en promedio se invierte en los países miembros de la OCDE, es decir, apenas un 0.01 por ciento del PIB; asimismo, que sólo algo más de un tercio de los trabajadores del país ―37 por ciento― ha sido capacitado o ha sido beneficiado con algún tipo de capacitación, sin que necesariamente ésta corresponda de manera efectiva a los requerimientos del sector productivo; y que, al respecto, uno de los problemas principales en materia de capacitación consiste en el hecho de que no se imparte en el lugar del trabajo, sino en aulas y durante periodos cortos que no garantizan el adecuado aprendizaje y la adquisición plena de nuevas habilidades y destrezas.

Como de suyo es evidente, las relaciones entre productividad, competencias técnicas y profesionales ―adquiridas por medio de la educación y la capacitación―, el empleo, el crecimiento económico y el desarrollo social son innegables y abarcan aspectos diversos que pueden ser comprendidos de manera evidente a la luz de la vinculación de los sectores productivo y educativo, así como de su mutua influencia en términos del desempeño económico y de los niveles sociales de bienestar de un país. En el mismo sentido, de acuerdo a la experiencia internacional las naciones que han protagonizado procesos exitosos de crecimiento económico han logrado vincular de manera coordinada y eficaz las capacidades técnicas y profesionales de su capital humano con la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, mediante estrategias y políticas para para satisfacer las demandas de los sistemas productivos, en términos de pertinencia y de calidad, lo que en el caso de México implica un énfasis señalado en un necesario incremento de la productividad. En igual forma, dichos países han logrado vincular el desarrollo de competencias y capacidades adecuadas con la reducción de los costos de ajuste que experimentan continuamente empresas y trabajadores, generados por las dinámicas del mercado; y, en igual forma, con relación a un crecimiento económico y un desarrollo social sustentables.12

Así pues, los sistemas educativos y de capacitación deben impulsar el desarrollo y la transmisión de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas profesionales y técnicas que sean verdaderamente útiles y que, por tanto, guarden consonancia con las demandas del sistema productivo, precisamente bajo una perspectiva de incremento de la productividad, vía aprovechamiento adecuado de los factores de la producción; y en consecuencia, dichos sistemas deben promover el aprendizaje continuo y la generación de un número suficiente de trabajadores calificados para satisfacer a los distintos sectores de la economía. De esta manera, las políticas y los programas educativos y de capacitación concebidos e implementados para satisfacer las competencias que requiere el sistema productivo nacional en sintonía con el internacional, deben contribuir al incremento de la productividad, a la empleabilidad del capital humano y a lo que se ha designado trabajo decente, una de cuyas características es la justa y adecuada remuneración, acompañada de los beneficios de la seguridad social, que precisamente caracterizan al sector formal de la economía.13

Ello posibilita que las empresas puedan aprovechar con eficacia los desarrollos tecnológicos y los consecuentes incrementos potenciales de productividad; que los trabajadores mejoren sus competencias y capacidades laborales y progresen por medio del aprendizaje permanente; que los jóvenes adquieran una formación y un perfil laboral caracterizados por competencias que garanticen su empleabilidad y que impulsen su incorporación al mercado laboral desde la propia escuela, de manera efectiva; y que los grupos de condición más precaria y menos favorecidos puedan acceder al sistema educativo, a la formación técnica y profesional, y al ámbito del trabajo verdaderamente productivo.14

Otro de los retos que han de enfrentar los sistemas educativos y de capacitación mediante el desarrollo de competencias útiles radica en reducir los costos de ajuste que empresas y trabajadores deben enfrentar con frecuencia en razón de los constantes cambios tecnológicos, de las cambiantes tendencias del mercado y de las crisis económicas que, en un contexto como el actual ―de una crisis sistémica financiera global que aún no ha podido ser superada― suelen desembocar en cierres de empresas y en la reducción y pérdida de empleos. Así, en la medida en que los trabajadores actualizan sus competencias y conocimientos constantemente, reducen las posibilidades de caer en el desempleo e incrementan las de su pronta reinserción laboral en caso de perder sus puestos de trabajo, debido a que mayor será su empleabilidad, entre mayor sea su renovada capacitación laboral.15

Por último, de manera extraordinariamente importante, las políticas educativas y de capacitación para la productividad por medio del desarrollo de competencias pertinentes y necesarias asimismo deben orientarse a impulsar y mantener procesos sustentables de crecimiento económico y desarrollo social, en un contexto de continuo incremento de la productividad y la competitividad. De esta manera, además de articular la oferta y la demanda de competencias y de reducir los costes de ajuste económicos ―objetivos de corto y de mediano plazos―, el crecimiento y el desarrollo deben centrarse en el estímulo constante del cambio tecnológico, de la diversificación económica, de la productividad y competitividad, así como de la inversión nacional y extranjera.

En suma, en un panorama de mundialización de la economía y de intensificación creciente de los intercambios financieros, económicos y comerciales, el fortalecimiento de la capacidad del país para responder a los retos externos, en una buena parte debe sustentarse en estrategias basadas a su vez en el desarrollo de competencias técnicas y profesionales que formen parte sustantiva de las estrategias y las políticas de desarrollo nacional. En igual forma, con el fin de fortalecer esta capacidad de adecuada correspondencia entre los sistemas educativo y productivo, es preciso identificar de manera continua ―en el presente y en prospectiva― las competencias que tendencialmente son y serán más valoradas por ser más necesarias, de acuerdo a los cambios de la economía y del mercado―de los tempranamente percibidos y de los futuros probables―, de suerte que ello se traduzca en inversiones como resultado de una productividad y competitividad suficientemente garantizadas y en la generación de más empleos y empleos mejor pagados. De ahí el carácter fundamental de una vinculación estrecha y adecuada entre los sistemas productivo y educativo, a fin de impulsar la productividad y competitividad delos sectores económicos e industriales, de las regiones y estados, y de las empresas y personas. Junto con los diversos actores sociales y productivos, esa es la tarea que el Estado debe impulsar con una visión estratégica, en virtud de una aproximación sistémica que comprenda el conjunto de los elementos involucrados en materia de educación, capacitación y, asimismo, de investigación y desarrollo tecnológicos.16

Por los argumentos expuestos, me permito someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

UNICO.- Se reforma el párrafo tercero y a las fracciones V y VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3º…

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El Estado con el propósito de elevar su productividad y competitividad garantizará la vinculación estrecha y adecuada entre los sistemas educativos y productivos.

I. a IV…

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo, productividad y competitividad de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI…

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas considerando lo necesario para el desarrollo, productividad y competitividad de la nación; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. a IX…

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Armando Melgar Bravo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador Melgar Bravo que me adhiero.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto. Senador Melgar Bravo, ¿acepta que el Senador Víctor Hermosillo y Celada se adhiera a su iniciativa? Igualmente el Senador Aarón Irízar López. Pido a la Secretaría que tome nota de quienes están manifestando el interés por sumarse a esta iniciativa.


1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La era de la productividad. Cómo trasformar las economías desde sus cimientos, Nueva York, 2010, pp. 2-9.

2 Diario Oficial de la Federación (DOF), Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, enhttp://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/ua/ssfp/uegdg/banco/programa-para-democratizar-la-productividad-2013-2018.pdf, 30 de agosto del 2013, pág. 95.

3 DOF, Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, págs. 114-116.

4 Ibidem.

5 Cifras consignadas en el Programa para Democratizar la Productividad.

6 Sobre la creciente desigualdad del desarrollo de las regiones del país, véase: Carlos Vilalta, “Evolución de las desigualdades regionales, 1960-2020”, en Los grandes problemas de México. Desarrollo urbano y regional, tomo II, El Colegio de México, México, 2010, pp- 87-124.

7 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, pp. 19-20; DOF, Programa para Democratizar la Productividad, México, 2013, p. 110 ; y OCDE, Estudios económicos de la OCDE: México 2013, en http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-mexico-2013_9789264201521-es#page2, págs. 54-59.

8 Las estimaciones de dicho incremento varían entre un 100 y un 200 por ciento. Véase DOF, Programa para Democratizar la Productividad; y BID, La era de la productividad. Cómo trasformar las economías desde sus cimientos, p. 8.

9 OCDE, op. cit., pág. 60: la informalidad varía entre el 80 por ciento, en uno de los estados menos desarrollados y más pobres del país, y el 45 por ciento, en uno de los estados con mayor nivel de desarrollo, de acuerdo a estadísticas del IMSS citadas por el organismo internacional.

10 En el Programa Sectorial 2013-2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se indica que "Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) en los próximos 10 años la población en edad de trabajar llegará a su nivel más alto (bono demográfico), lo que permitirá contar con una fuerza laboral sin precedentes que apuntale la actividad económica"; véase en http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/anexo/PROGRAMASECTORIAL_STPS251113.pdf, página 13.

11 Ver Francisco Miranda López, “La reforma curricular de la educación básica”, en Los grandes problemas de México, tomo VII, Educación, pp. 39, 40 y siguientes, a propósito del enfoque de la orientación de las reformas en materia educativa en el sistema público nacional de enseñanza, desde los años noventa.

12 En los párrafos subsecuentes se desarrollan planteamientos sustentados en los puntos de vista suscritos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco , por su siglas en inglés: UnitedNationsEducational, Scientific and Cultural Organization); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Véanse CEPAL-UNESCO, Educación y conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1992; y OIT, Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2008.

13 OIT, op. cit., páginas viii, ix y xi, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_092619.pdf.

14 OIT, op, cit., p. 10.

15 CEPAL-UNESCO, op. cit.,capítulo III, “El debate internacional sobre la educación y la formación de los recursos humanos”, pp. 82, 83 y siguientes.

16 Ibidem, páginas 120 y 121.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes de primera lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Para primera lectura están los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3 BIS Y 9, FRACCION XIV DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y EL ARTICULO 73, PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnadas para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3Bis y 9 fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y el artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Una vez recibida por las estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,  al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 6 de marzo de 2014, la Mesa Directiva recibió Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

2. El 2 de enero del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el despacho de las políticas de juventud.

3. El 29 de marzo del año 2013se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto relativo al Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y  de Estudios Legislativos procedieron al estudio de la Minuta recibida, efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las mismas, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado en las consideraciones expuestas por la colegisladora.

La reforma al artículo 3 Bis promueve que el Instituto Mexicano de la Juventud deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social conforme a los lineamientos que marca la misma ley.

La reforma del artículo 9 en su fracción XIV busca señalar que la Secretaría de Desarrollo Social será el conducto que informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de las normas y bases para cancelación de adeudos a favor del Instituto Mexicano de la Juventud.

Por otra parte la reforma al artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, propone que sea la Secretaría de Desarrollo Social quien establezca los mecanismos para el otorgamiento del Premio Nacional de la Juventud.

II. CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural las Comisiones Unidas de Juventud y  Deporte; y de Estudios Legislativos estamos conscientes de que la problemática y los nuevos perfiles de la juventud nacional, demandan la creación y aplicación de instrumentos jurídicos que permitan un mejor desarrollo hacia este sector de la sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de fomentar acciones que promuevan el reconocimiento y protección de su ciudadanía en circunstancias de igualdad.

En ese contexto y con referencia a la propuesta de reforma al artículo 3 Bis consideramos que la propuesta tiene como finalidad en principio, el adecuar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre ellas la reforma al artículo 32, fracción I, apartado C, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero del 2013, en el cual se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el despacho de las políticas de juventud; así como a lo establecido en el Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo del 2013.

Con base a lo anterior y bajo la dinámica de actualizar el texto de la Ley en lo concerniente al nuevo líder de sector mediante al cual se agrupa hoy el Instituto Mexicano de la Juventud, es que consideramos la conveniencia de instrumentar las reformas correspondientes a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de complementar dicha propuesta con el objetivo que se busca en el segundo artículo resolutivo de la Minuta motivo del presente dictamen donde se pretende también reconocer a la Secretaria de Desarrollo Social en lo concerniente a la entrega del Permio Nacional de la Juventud, establecido en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Es por ello que la propuesta de reforma al primer párrafo del artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, estimamos adecuada su inclusión ya que con la misma se estará armonizando la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles en lo correspondiente a las atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Social anteriormente consideradas de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero del 2013, a fin de permitir el adecuado ejercicio de las atribuciones conferidas a dicha Secretaría, respecto a la juventud  de nuestro País, sin que pudiese existir contradicción o impedimento normativo que obstaculicen el adecuado desarrollo de sus funciones.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

Estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, coincidimos en la necesidad de promover las reformas contenidas en la Minuta motivo del presente dictamen con la finalidad de conseguir en mayor amplitud el objetivo planteado por la colegisladora.

Señalamos que con las reformas promovidas a la Ley del Instituto Mexicano de  la  Juventud se redefinirán la constitución y ámbito de actuación de la Institución representante del Gobierno Federal en la materia; así como la participación de las diferentes entidades públicas que hoy en día cuentan con un gran número de planes y programas destinados al fomento y desarrollo de nuestra juventud nacional.

Asimismo se actualiza el marco jurídico para un sector de gran importancia tanto en la sociedad como en nuestra nación; reconociendo y resaltando la gran importancia de la juventud mexicana, así como el establecimiento de los respectivos mecanismos para el mejor ejercicio y desarrollo de su participación en la vida nacional.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3 BIS Y 9, FRACCION XIV, DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y EL ARTICULO 73, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3 Bis, primer párrafo y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I. a VII. …

Artículo 9. 

I. a XIII. …

XIV. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del Instituto y con su cargo a terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social , y

XV. …

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 73 primer párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:

Artículo 73. Este premio se tramitará en la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular de dicho ramo y que lo integrará junto con representantes de las Secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, el director del Instituto Mexicano de la Juventud, más un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

TRANSITORIO

Unico.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE.- COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”





 

Y el que contiene proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 1 Y 8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos fue turnada para su estudio y Dictamen la Minuta que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativas descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 10 de octubre de 2013, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen, Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

II. El 29 de marzo de 13 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El decreto por el que el Instituto Mexicano de la Juventud pasa a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

III. El 1 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Como parte de lo expuesto por la colegisladora se señala que la población juvenil constituye un factor dinámico en el contexto social, económico y demográfico de las naciones, por lo que en el marco de las trasformaciones que caracterizan la época actual, los jóvenes se presentan como protagonistas de estos cambios.

Resaltan que entre los objetivos del gobierno federal para contribuir a la integración de los jóvenes al desarrollo, debe encontrarse el fortalecimiento a la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención de los jóvenes.

Argumentan que el organismo encargado de la política nacional en materia de juventud es el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), dependencia del gobierno federal, creada en 1999, recientemente sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de marzo de 2013.

Manifiestan que la importancia que representa para nuestro país el sector de la juventud, se encuentra plasmada en el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano del Juventud, estableciendo que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población juvenil, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que lleven a cabo el instituto, sin distinción alguna.

Por otra parte y referente a la propuesta de reformas al artículo 8, exponen que con la finalidad de elevar el nivel de jerarquía de los integrantes de la junta directiva del instituto, quienes en última instancia son quienes toman decisiones de alto nivel con respecto a la definición de la política de juventud en México,  considerando que los suplentes de dicha junta, deberán de tener nivel de director general adjunto o equivalente, con la finalidad de que quienes toman las decisiones en la materia sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública, para tomar decisiones de alto nivel.

CONSIDERACIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, procedieron al estudio de la Minuta turnada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Minuta que se integraron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la de brindar a la juventud nacional un mejor instrumento legal que les permita desarrollarse e integrarse con mayor plenitud a las decisiones y desarrollo de nuestro país.

Coincidimos con el objetivo planteado en el contenido de la Minuta en generar políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes, que den herramientas necesarias en temas de educación, salud, empleo y participación social, y que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida.

Estamos ciertos que desde su creación el IMJUVE ha tenido por objetivo el crecimiento de los jóvenes, y coadyuvar en la instrumentación de políticas públicas destinadas para que este sector de la población alcance las herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades prioritarias.

Reconocemos que la población joven se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico del pasado.

Asimismo observamos oportuno adecuar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a lo dispuesto en el Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo del 2013, en el cual se acordó agrupar las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

Quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras consideramos que para avanzar hacia la elaboración de una propuesta de atención a los jóvenes hay que considerar que éstos son un sector de la población con características y demandas sumamente heterogéneas, que tienen en común algunos tipos de comportamiento relativamente novedoso en la sociedad  y cuya atención plantea un conjunto de retos que deben ser asumidos adecuadamente por el Estado.

Por lo que lo anterior, confirma la necesidad de una política de Estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que tenga a los jóvenes como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la acción pública.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados hemos considerado conveniente promover la propuesta de nuestra colegisladora para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Artículo Unico. Se reforman los artículos 1 y 8, fracciones I, incisos a) y g) y II, inciso c), segundo párrafo, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión y con domicilio en el Distrito Federal.

Cuando la presente Ley se refiera al Instituto, se entenderá por éste al Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) El Secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá;

b) a f)...

g) El Secretario de Educación Pública;

h) a j) ...

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel de Director General Adjunto o equivalente, y

II. Siete miembros más que serán:
a) a c)...

Estos siete miembros formarán parte de la junta directiva a invitación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el estatuto orgánico.

...

...

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 2 de diciembre de 2014.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE.- COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Debido a que estos proyectos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de discriminación.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 2o, 3o, 4o, 56, 132, 133, 153-E Y 994; Y SE ADICIONA UN TITULO QUINTO TER "TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Actualmente se estima que hay alrededor de 500 millones de personas con discapacidad a nivel mundial, lo que equivale al 10 por ciento de la población total.

En nuestro país, 7 millones 750 mil personas presentan actualmente alguna discapacidad, de los cuales, aproximadamente unos 600 mil se encuentran laborando.

Sin embargo, aun cuando hemos atendido de manera importante el tema de derechos humanos, derivado de la reforma constitucional del 2011, aún tenemos grandes pendientes en materia de equidad de género y también de discriminación.

Estas dos conductas que afectan gravemente los derechos humanos, primordialmente en el sector laboral, donde con mayor frecuencia se vulneran derechos contra las mujeres y contra las personas con algunas discapacidades, se encuentran latentes.

Por ello, esta reforma resulta relevante, porque contribuye de manera importante a la protección de derechos de los trabajadores y particularmente de las personas que presentan alguna discapacidad.

En obvio de tiempo, tan solo mencionaré algunos elementos positivos de esta reforma que hoy estamos comentando, y por lo que pedimos nos apoyen para su aprobación.

En el artículo 2o. se integra el concepto de trabajo digno y decente, como elemento primordial de todas las relaciones de trabajo, así como su definición que considera el respeto pleno, la dignidad humana del trabajador.

Por ende, quedaría prohibido cualquier tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, preferencia sexual y estado civil.

Con esta reforma se regula también la igualdad de oportunidades para acceder al empleo de personas con discapacidad, la cual no podrá limitarse por razones de su condición.

También se obliga a los patrones a contar con instalaciones adecuadas accesibles, seguras y que permitan el libre desplazamiento para el desarrollo de las actividades laborales de personas con discapacidad.

En resumen, compañeras y compañeros, a través de esta reforma estamos contribuyendo a la inclusión laboral en condiciones de igualdad, de equidad, al trabajo, a la población que cuenta con alguna discapacidad.

Quienes hemos trabajado de manera permanente por la igualdad de derechos en el sector laboral, consideramos que este tipo de reformas son fundamentales para generar mejores condiciones para los trabajadores en nuestro país.

Por ello, de nueva cuenta, la ponemos a su consideración y le solicitamos su apoyo para que pueda ser aprobada.

Muchas gracias.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor de este dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, pues celebro el dictamen que se está presentando ante esta Soberanía, de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que pueda haber una inclusión de las personas que viven con algún tipo de discapacidad en nuestro país.

Quisiera, primero, compartir algunas cifras, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2010 había en nuestro país 5 millones 793 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de poco más del 5 por ciento de la población.

De esta población, en 2010 había en el Distrito Federal, 483 mil 045 personas con algún tipo de discapacidad, representa el 5.46 por ciento de sus habitantes, de ellos, poco más del 56 por ciento son mujeres y el 43 por ciento son hombres.

Estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, repercuten de manera directa en las personas con algún tipo de discapacidad. Dado que tan solo en el Distrito Federal, el 29 por ciento de las personas con discapacidad no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud, dejando en un estado de vulnerabilidad a este sector de la población.

En el caso de la ciudad de México, fue hasta el año de 2013 que se realizó una encuesta sobre discriminación, con la finalidad de conocer la percepción de la discriminación en la ciudad, la que arrojó datos preocupantes, como que 8 de cada 10 capitalinos señalan realizar algún tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.

De ellas, el 5.4 por ciento dijo asociar algún tipo de discapacidad con discriminación.

Y con todas estas cifras, queda demostrado que en el país y en el Distrito Federal, hay mucho por hacer a favor de las personas con discapacidad.

Yo espero que más adelante podamos estar discutiendo, también, la movilidad para las personas con discapacidad, porque desafortunadamente ni en el Distrito Federal, y en prácticamente en ningún estado de la República Mexicana, existen las instalaciones adecuadas, por ejemplo, en el transporte público, para este grupo de la población.

Y también, simplemente al salir a las calles, las banquetas no tienen las adecuaciones para las personas con discapacidad, y siempre tienen que ir apoyados de una persona o simplemente se quedan en sus casas sin poder salir, porque no pueden trasladarse a ningún sitio.

Mucho por hacer, desde este Senado de la República, yo espero que sigamos impulsando muchas modificaciones a diversas leyes, para que puedan tener la misma calidad de vida que podemos tener todos nosotros, las personas con discapacidad de este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del PRI, vengo a esta tribuna a sumarnos, por supuesto, a favor del dictamen que hoy está en discusión. Y comentarles, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la discapacidad puede tener una incidencia mínima en la capacidad de trabajar e integrarse en la vida social, o bien, entrañar repercusiones graves que hagan necesaria la prestación de un grado considerable de apoyo y asistencia.

Asimismo, la OIT señala que el desempleo de las personas con discapacidad, alcanza hasta un 80 por ciento en algunos países, cosa que incluso aquí ya lo hemos mencionado, son cifras, estadísticas mundiales, internacionales, incluso algunas locales, a las que me referiré.

Y la causa de tal porcentaje, es que desafortunadamente los empleadores continúan pensando que las personas con esta condición de vida no pueden trabajar.

Por su parte, el INEGI menciona que la tasa de participación económica de las personas con discapacidad alcanza únicamente 30 por ciento, en comparación con la población en general que es de casi el 54 por ciento.

En este sentido, los días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó de manera minuciosa el informe inicial de México, y como resultado emitió una serie de recomendaciones hacia nuestro país sobre las diferentes áreas de oportunidad que aún existen en materia de discapacidad, entre las que destacan las relacionadas al trabajo y empleo de personas con discapacidad.

Así, para atender y fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha diseñado una serie de acciones tendientes a promover la creación de entornos incluyentes y libres de discriminación.

Aunado a ello, en fechas recientes se presentó el Plan Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad, el cual comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades e inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado. Cosa que, por cierto, reconocemos ampliamente.

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, todavía podemos encontrar dentro del mercado laboral diversas formas de discriminación, mismas que significan serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

En esa virtud, este panorama nos permite observar lo oportuno de las reformas que se proponen a la Ley Federal del Trabajo, con las cuales además de continuar en el camino de armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo como fundamento las recomendaciones realizadas por el Comité de la ONU a México en materia de trabajo y empleo digno para las personas con discapacidad, es que las y los invitamos a votar a favor de este dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Reiterando con ello nuestro compromiso de promover y respetar sus derechos a partir del diseño de prácticas que se traduzcan en una igualdad de oportunidades que cumplan con el carácter inclusivo que debe prevalecer en el ámbito laboral, entendiendo y adoptando las características y necesidades de toda la población.

Por su apoyo y por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en pro del dictamen.

El Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a sumarme a este dictamen con nuestro voto, del grupo, a favor.

Me parece que es de elemental justicia reconocer y elevar a rango de derecho este, el de la capacitación, de la oportunidad de trabajo para este grupo vulnerable, y que además de haber algunas recomendaciones de organismos internacionales en relación al trabajo, de la inclusión de la incorporación de las personas con discapacidad, es, inclusive para reflexionar, porque no es suficiente modificar y regular en un marco legal, no es suficiente exigir la incorporación, sino vigilar y garantizar que en verdad haya la incorporación y la capacitación para estas personas, porque es alarmante que en nuestro país existan casi 10 millones de personas con discapacidad, y según estadísticas, solamente 600 mil tengan un espacio laboral.

El 24 de octubre del 2007, el Estado mexicano aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, así como la Declaración Interpretativa a favor de las personas con discapacidad.

Aunado a lo anterior, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

En este sentido, se podría pensar que la discriminación en México es inexistente. Sin embargo, fuera de que disminuya, pareciera que va en aumento.

Un sector de la sociedad que ha sido severamente golpeada por la discriminación son las personas con alguna discapacidad.

Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señalan que en México existen casi 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales están imposibilitadas para incorporarse a la vida de la sociedad.

Asimismo, la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran en situaciones de pobreza, 80 por ciento viven en zonas rurales aisladas, en zonas donde no disponen de los servicios necesarios para llevar una vida sana, y por tal motivo, en México, las personas con capacidades diferentes se enfrentan a una vida de discriminación y degradación, por lo que muchos viven en aislamiento y la inseguridad.

Si bien es cierto que se ha ido disminuyendo la brecha de la discriminación hacia las personas con discapacidad, todavía hay mucho por hacer, como se ha estado relatando en esta tribuna.

Un tema primordial es el derecho al trabajo.

Según datos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se estima que cerca de 5 mil 834 personas con capacidades diferentes fueron incorporadas al trabajo en el 2014, lo que significa una cifra muy baja si se considera que existen cerca de los 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

En este tenor, el Estado mexicano debe generar las condiciones necesarias que le permita a toda la sociedad desarrollarse de manera integral, al mismo tiempo de que pueda ejercer de manera libre sus derechos.

Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, es que se reforman varias disposiciones y se adiciona un Título Quinto Ter denominado: "Trabajo de las Personas con Discapacidad", a la Ley Federal de Trabajo.

Con dichas modificaciones se precisa la prohibición de la discriminación laboral por motivo de discapacidad o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

Entre otras cuestiones, el dictamen contempla como una obligación de los patrones el adecuar las instalaciones de trabajo para eliminar barreras físicas o rediseñar áreas de trabajo que proporcionen a las personas con discapacidad las condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento que les permite desarrollar sus actividades dentro de la empresa.

También sanciona con una multa de mil a cinco mil veces el salario mínimo a quienes incumplan las obligaciones relativas a los derechos laborales de las personas con discapacidad.

El título establece, entre otras cuestiones, que el trabajo de las personas con discapacidad estará sujeto a vigilancia y protección especiales de la inspección del trabajo.

A pesar de que el presente dictamen es un gran logro en beneficio de las personas con discapacidad, no se puede echar las campanas al vuelo, por el contrario, se debe de seguir trabajando en la erradicación de la discriminación, que sigue siendo un grave problema social que afecta a millones de personas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, es un tema de altísima relevancia porque las luchas para la reivindicación de los derechos laborales y de los derechos humanos, es una lucha que más temprano que tarde da frutos, y hoy el Senado de la República está mandando un mensaje a los que están en el fondo del sufrimiento humano por su condición de personas con discapacidad.

México casi siempre ha arribado tarde en estos temas, pero dice un dicho popular: más vale tarde que nunca.

En 1955, la OIT emite la Recomendación 99 sobre la adaptación y la readaptación profesional de los inválidos, en 1958 la OIT emite el Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación de las Personas Inválidas; en 1983 emite el Convenio 159 de la Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas; 2015, mes de febrero, el Senado Mexicano está discutiendo este asunto, por eso decía más vale tarde que nunca.

Es importantísimo qué conceptos como el trabajo digno o decente no solo se aplique a las personas con algún tipo de discapacidad, sino que pueda ampliarse a todos los trabajadores de todos los niveles, ya que si revisamos en qué consiste el trabajo digno, voy a leer textualmente el segundo párrafo del artículo 2o. de la ley que estamos reformando, y nos vamos a dar cuenta de que muchos de los aspectos, aquí planteados, no se aplican a los trabajadores de este país, y dice:

"Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; queda prohibida la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos en el trabajo."

Ese es el trabajo digno, el trabajo decente, habría que preguntarnos cuántos mexicanos y mexicanas tienen un trabajo decente, a partir de la definición que estamos dando en el artículo 2o., y vamos a ver que la enorme masa laboral de nuestro país no tiene condiciones de dignidad en el empleo.

Díganme sinceramente, compañeros Senadores, cuántos trabajadores de este país realmente perciben un salario remunerador, así como lo plantea el artículo 123 de la Constitución de la República, para todo lo que debe alcanzar el salario remunerado, y vamos a ver que quizá los únicos que se salvan son la burocracia dorada, los legisladores de todos los niveles, y por supuesto, los Senadores de la República. Nosotros sí tenemos un salario remunerador, pero habría que revisar si la enorme masa del pueblo trabajador la tiene.

Esta ley señala también, aparte de un trabajo digno, un respeto irrestricto a la dignidad humana, qué bueno que estamos planteado este tipo de cuestiones, porque el capital, para que pueda seguir existiendo, requiere de la explotación del trabajo asalariado, y no descalifiquen esto porque el que lo saca de la opinión pública mundial, es un ideólogo de la izquierda, el maltratado, el señalado, el vituperado, Carlos Marx, cuando revisa las condiciones de la sociedad inglesa y establece la diferencia de clases y señala que en este mundo hay burgueses y hay proletarios.

Y los burgueses, bueno, viven del trabajo asalariado, y los proletarios tienen que vender su fuerza de trabajo, hoy, incluso, hasta los Senadores tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, nada más que sí estamos bien remunerados y también se nos respeta nuestra dignidad humana.

Prohíbe la discriminación, que bueno, que bueno que hoy por fin los Senadores de la República de México estamos haciéndoles justicia a las personas con discapacidad, pero hay que ampliar el radio de acción.

Compañeros Senadores para que una ley tenga efectos, el primer paso efectivamente es que se haga ley, como en este momento lo estamos haciendo.

El primer paso ya lo dimos, es decir, yo estoy convencido de que aparentemente no hay quórum, pero ahorita van a bajar los compañeros Senadores y estoy seguro que va a ser altísima la votación del Senado mexicano, para garantizar todo lo que aquí estamos planteando.

El segundo paso, y que no hemos querido dar en la mayoría de las leyes, es una gran difusión a nivel nacional para informar a la población de que el Senado de la República está haciendo su trabajo a favor de los que menos tienen en este país.

Compañeras y compañeros, sino le decimos al pueblo que hoy los compañeros con discapacidad van a ser beneficiados por esta ley y solo se queda en este recinto, difícilmente vamos a tener el impacto que queremos, mucha gente va a seguir siendo maltratada, mucha gente va a seguir siendo discriminada, mucha gente va a seguir siendo violada en sus derechos humanos, muchas personas van a seguir sufriendo las situaciones de no adecuación de sus espacios para que se muevan, y la violación continuará si no la damos a conocer.

Una tercera cuestión, que ojalá también ya lo hagamos, es el establecimiento de comisiones, para que se le dé seguimiento a las leyes que aquí aprobamos, y ver hasta dónde tienen impacto, si no lo hacemos, todo esto quedará en letra muerta.

Por último, y concluyo, señor Presidente, el trabajo seguirá siendo violatorio de la dignidad humana y sus derechos, y la discriminación seguirá siendo la norma que rija el trabajo de las personas con discapacidad, si no aplicamos la ley a cabalidad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Finalmente, para hacer uso de la palabra sobre este dictamen que nos ocupa, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD.

Sonido en el escaño del Senado Javier Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Solamente para aclararle al Senador Demédicis, que no son personas con capacidades diferentes, se les dice personas con discapacidad.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Lozano Alarcon.

Adelante, Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En México, al menos un 6 por ciento de la población vive con algún tipo de discapacidad, es fácil decirlo, pero esa cifra corresponde a más de 7 millones de mexicanas y mexicanos.

Estos 7 millones de personas se enfrentan día a día a situaciones de exclusión social, porque la discapacidad está asociada a un mal terrible que aqueja a gran parte de la población mexicana, la pobreza.

Basta con decir, que la mitad de las personas con discapacidad en México se encuentran en situación de pobreza, lo cual explica que solamente uno de cada siete forma parte de la población económicamente activa.

Desgraciadamente estas personas ven vulnerados sus derechos elementales, tales como el acceso a la salud, la educación y el trabajo, y los afectados son los que viven en zonas rurales o pertenecen a comunidades indígenas.

Las barreras físicas y las condiciones del entorno, en donde muchos de ellos viven, provocan que no cuenten con condiciones mínimas de accesibilidad, y se enfrentan a la exclusión y la discriminación, condenándolos a vivir en aislamiento e inseguridad.

Es un hecho que las personas que viven con discapacidad, no son incluidas del todo en la sociedad, en parte, debido a que la legislación aún no se encuentra plenamente armonizada con los instrumentos internacionales en la materia.

Esta propuesta atiende al problema de la exclusión y promueve cuatro principios básicos de los derechos humanos fundamentales:

La dignidad, que entiende que todas las personas deben ser apreciadas por lo que son.

La autonomía, que reconoce, para las personas con discapacidad, un espacio libre de restricciones.

La no discriminación y el disfrute de condiciones de igualdad, la participación y la inclusión en todos los espacios de la vida social, incluido el mercado laboral.

Debemos recordar, que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es obligación del Estado mexicano el adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y dar trato preferente a las personas con discapacidad, para garantizar su plena participación.

Como ya mencioné, es, sin duda, un acierto que a través de esta reforma se armoniza nuestra legislación, por lo dispuesto por la Convención en relación con el trabajo, para establecer y garantizar los derechos de estas personas.

Por todo lo anterior, yo felicito a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, por el trabajo realizado en este tema, y celebro que se presente a votación esta reforma que, sin duda, apunta a que las personas con discapacidad, puedan ejercer sus derechos a plenitud e incorporarse al trabajo en condiciones dignas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Ejercer mi derecho a la alusión.

Primero, agradecerle al Senador Javier Lozano que esté atento al debate. Senador, qué bueno.

Creo que es de los pocos de Acción Nacional que están poniendo atención al debate, la mayoría no se encuentra, y Mariana y los que están ahí.

El tema sí es de altísima relevancia, el debate sobre cuál es la cuestión correcta, es un debate, que efectivamente en la ONU se ha determinado que sean personas con discapacidad. Usamos el término con capacidades diferentes, bueno, porque también es un concepto que se ha admitido en la discusión, pero estamos hablando de las recomendaciones de la OIT, que incluso hablaba de personas inválidas, pero el término inválido era, para muchos, un término fuerte, un término incluso peyorativo, y ha ido avanzando en la discusión de cuál es el mejor concepto.

Bueno, hoy se acepta ya a las personas con discapacidad, pido que, en donde dije personas con capacidades diferentes, se pueda corregir esa situación, y que hoy aceptamos sin chistar lo que acepta todo el mundo, personas con capacidades diferentes, y agradecerle al Senador la aclaración.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Informo al Pleno que estamos en el proceso de votación de este dictamen.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 71 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o., 3o., 4o., 56, 132, 133, 153-E y 994 y se adiciona un Título Quinto Ter "Trabajo de las Personas con Discapacidad", de la Ley Federal del Trabajo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva una propuesta de punto de Acuerdo suscrita por Senadores de diversos grupos parlamentarios, en relación al asesinato de 3 militantes del PRD en la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

El tema está debidamente registrado y publicado en el Orden del Día de hoy, por lo cual solicito a la Secretaría dé lectura.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al punto de Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de considerase de urgente resolución el presente asunto.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese la misma.

Informo a la Asamblea que se insertará la participación en el Diario de los Debates del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.





 

COMUNICACION

Informo al Pleno que la Comisión de Justicia remitió a la Mesa Directiva el acuerdo que su Junta Directiva aprobó para fijar el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal, para la elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de la Mesa Directiva aprobado en la sesión anterior.



El procedimiento establecido por la Comisión de Justicia está disponible en el monitor de los escaños, para que las Senadoras y los Senadores lo puedan consultar.

La Asamblea se da por enterada y la Mesa Directiva ordena su publicación en la Gaceta del Senado, y que se comunique a los ciudadanos que integran la terna de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





 

EFEMERIDES

Compañeras y compañeros Senadores: Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al Día Internacional de la Lengua Materna.



 





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día del Ejército Mexicano.

“Día del Ejercito Mexicano
19 de Febrero

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

Como consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza —entonces gobernador de Coahuila— decretó el 19 de febrero de 1913 la organización del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República.

En el año de 1932, informa la SEDENA, se señaló el 27 de abril como día para celebrar al soldado; se escogió esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio de Querétaro en 1867. 

Finalmente por Decreto Presidencial de 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado.

A diferencia del Ejército federal, el nuevo Ejército Nacional, surgido de la Revolución, tenía un nexo mucho más estrecho con el pueblo. Si bien durante algunos años siguió tomando parte en las pugnas intestinas, un reto fundamental de los regímenes posrevolucionarios fue consolidar un cuerpo armado con estructura profesional, que recordara su origen revolucionario y popular. Lo anterior se logró gracias al nacionalismo y profesionalismo de los miembros del Instituto Armado.

Además, a partir de 1969 el Ejército sumó a sus responsabilidades el auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. 

El Ejército Mexicano ha evolucionado conforme a las necesidades y posibilidades económicas del país. Antes de la existencia de México como país independiente, buena parte de su territorio estuvo bajo el dominio Azteca y luego fue posesión de la Corona de España. En ambos casos, las fuerzas armadas cumplían un rol relevante en sus sociedades y contaban con sistemas establecidos de reclutamiento y adiestramiento de tropas.

El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México, depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y se encarga de defender la soberanía del país, así como de ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes.

El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en su conjunto, de quien depende el General Secretario de la Defensa Nacional que a la vez es el comandante del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos.

Jueves 19 de Febrero de 2015

Atentamente

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al Día Internacional del Ejército Mexicano.

“El Ejército Mexicano es el área terrestre de las Fuerzas Armadas de México, dependiente de la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), responsable de defender la soberanía del país y ayudar a proteger a sus habitantes.

La historia del Ejército Mexicano, puede decirse así, que va de la mano de la historia misma del país y de sus luchas por lograr la independencia y la libertad. Por ello, a la fecha es el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias emergidas del Ejército Constitucionalista, en base a su reorganización y modernización, misma que tuvo lugar a partir de 1925, año en que se estableció un Plan para profesionalizar al Ejército surgido de la Revolución Mexicana, con la reestructuración de la educación militar, la remodelación de los cuarteles y la construcción de nuevos planteles.

El Ejército Mexicano, organizado, administrado y preparado junto con la Fuerza Aérea Mexicana por la (SEDENA) tiene entre sus misiones los siguientes puntos:

- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

- Garantizar la seguridad interior;

- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

- En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas.

Por decreto presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció que el 19 de febrero se celebraría como Día del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano.

Día propicio para reflexionar sobre la lealtad, patriotismo, disciplina e historia de hombres y mujeres mexicanos encargados de la defensa de la soberanía nacional y la integridad y seguridad de sus habitantes. Militares, servidores públicos, ciudadanos, habitantes e integrantes del pueblo de México.

Por ello, también muy propicio en el marco de esta conmemoración, hacer un sincero reconocimiento y felicitación a todos aquellos hombres y mujeres que de manera ejemplar, honorable, honrosa y patrióticamente sirven a la ciudadanía en las filas del Ejército Mexicano.

Dado en la ciudad de México, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Internacional de la Lengua Materna.

“Día Internacional de la Lengua Materna
21 de Febrero

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA     
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES 
LXII LEGISLATURA

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999.  Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/61/266 exhortó a los Estados Miembros y a la Secretaría a «promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo». En esa misma resolución, la Asamblea General proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas para potenciar la unidad en la diversidad y la comprensión internacional a través del multilingüismo y el multiculturalismo.

A partir del 21 de febrero del año 2000, la comunidad internacional ha conjuntado esfuerzos para que cada año se conmemore este día, con el propósito principal de promover la diversidad lingüística a nivel mundial y la necesidad de impartir una educación plurilingüe, con miras a fomentar la importancia de la enseñanza en la lengua materna.

Los Estados miembros de la UNESCO, a través de sus instituciones y asociaciones, se han convertido, a lo largo de estos 13 años, en agentes esenciales para visibilizar las lenguas maternas, pues éstas son el instrumento idóneo para preservar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible del mundo.

En México, desde hace ocho años, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha celebrado el Día Internacional de la Lengua Materna, el cual promueve el uso de las lenguas maternas como parte inherente a la cultura, mediante actividades académicas y culturales que reconocen a las lenguas indígenas nacionales como el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural tangible e intangible de nuestro país. Con el propósito de dar mayor presencia a los idiomas nacionales en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en nuestro país se hablan más de 68 lenguas indígenas, cuya lista publica el INALI y que me permito anexar a esta efeméride.

En la mayoría de las lenguas indígenas de México existen diferencias dialectales (de fonética y léxico) entre los que viven en una región y otra, lo que no impide la mutua inteligibilidad.

Es ocasión para nosotros, como mexicanos, enorgullecernos del patrimonio cultural que constituyen más de 68 lenguas en nuestro territorio nacional y hago una invitación a mis compañeros senadores a promover en sus entidades federativas la difusión de las lenguas indígenas, llevar a cabo acciones afirmativas para los hablantes de lenguas indígenas e instrumentar medidas para su protección formal en las leyes.

Jueves 19 de Febrero de 2015

Atentamente,

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para referirse a la fundación de la Cruz Roja Mexicana.

“La Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte de la organización internacional CRUZ ROJA y MEDIA LUNA ROJA, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas de acuerdo a cada situación en particular.

En agosto de 1909, una serie de lluvias torrenciales afectaron la parte norte de nuestro país con graves desastres en la ciudad de Monterrey en más de la mitad de su entonces población. Fue necesario mandar apoyo de la ciudad de México, con víveres y ayuda humanitaria a través de una brigada que constituyó la primera de la Cruz Roja Mexicana. Poco después, con fecha 21 de febrero de 1910,  el General Porfirio Díaz expidió el decreto número 401 por el que se reconoció oficialmente la creación de la Cruz Roja Mexicana.

De ahí, que esta fecha sea considerada como la propicia para celebrar la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Ya en 1912 obtuvo el reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y en 1923 de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga de Sociedades).

Dese su creación en México, la historia de la Cruz Roja Mexicana ha caminado de la mano de la historia misma de la nación, pues por ejemplo, enseguida de esa fecha las brigadas de la Cruz Roja Mexicana entran en acción para auxiliar a los combatientes de la Revolución Mexicana. Luego, la invasión norteamericana en Veracruz, los brotes de tifoidea e influenza española, los terremotos de 1912 y 1919, la Guerra Cristera, la erupción del volcán Paricutín, el disturbio estudiantil del 68, los terremotos de 1985 y en fin, en cada episodio de la historia y hasta nuestro días, la Cruz Roja Mexicana ha brindado su apoyo en los eventos de desgracia por los que ha atravesado la población mexicana.

Por ello, que en la fecha de aniversario de su fundación, sea una oportunidad para recordar y reconocer la labor y asistencia humanitaria a la que se ha abocado sin descanso nuestra honorable Cruz Roja Mexicana.

Un reconocimiento y felicitación muy especial a Cruz Roja Mexicana a través de quienes colaboran en esta noble institución y día a día sirven a la población mexicana; en el marco del 105 Aniversario de su Fundación, el 21 de febrero.

Dado en la Ciudad de México, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen.Jesús Casillas Romero”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.

“El 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, fueron asesinados dos personajes célebres de la revolución mexicana, me refiero a la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suarez.

José María Pino Suarez

Nació el 8 de septiembre de 1869 en Tenosique, Tabasco. En Mérida realizó todos sus estudios, concluyó la carrera de Abogado, además fue periodista. El 26 de junio de 1910, Madero realizó un mitin en Puerto Progreso, Yucatán, ahí conoció a Pino Suarez, posterior a ello, ambos hicieron una gira por Yucatán y Campeche.

Pino Suarez fue fundador del Partido Antirreelecionista en Yucatán y se postuló para el Gobierno del mismo Estado. Cuando Madero asumió la Presidencia provisionalmente nombro a Pino Suarez gobernador de Yucatán, cargo que ocupo del 5 de junio al 8 de agosto de 1911. En las elecciones de noviembre de 2011, fue electo vicepresidente de la Republica.

Francisco Ignacio Madero González

Nació el  30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Estudio la carrera de comercio en los Estados Unidos y luego en Francia. En 1904 incursionó en la política de su estado para ser Gobernador. En 1908 expuso un pensamiento crítico hacia el gobierno porfista. En las elecciones del 10 julio 1910 fue candidato a la presidencia por el Partido Antirreelecionista bajo el lema de “Sufragio Efectivo, No Reelección”, elección que perdió. Con la victoria de Porfirio Díaz Morí, declarada el 21 de agosto de ese mismo año, Madero fue preso por los cargos de conato de rebelión y ultraje.

El 5 de octubre Madero escapo de la cárcel y al día siguiente promulgó el Plan de San Luis, documento que contenía el llamado para que el pueblo se levantara en armas y el desconocimiento de Porfirio Díaz como presidente. El 20 de noviembre da inicio la revolución, tras la renuncia de Díaz en 1911, Madero ocupó la presidencia provisional y fue candidato a la Presidencia de la República junto con José María Pino Suarez como vicepresidente.

La Decena Trágica.

Durante el Gobierno de Francisco I Madero, la lucha por el poder seguía con gran auge, en el mes de febrero de 1913 se dio el pasaje histórico llamado decena trágica, el 9 de febrero el General Manuel Mondragón fue el encargado del movimiento por órdenes de Victoriano Huerta, partió de Tacubaya a la prisión de Tlatelolco donde liberó al General Bernardo Reyes, posteriormente ambos se dirigieron a la penitenciaría federal para liberar a Félix Díaz. Ese mismo día, el Presidente Madero salió del Castillo de Chapultepec para dirigirse al Palacio Nacional, para ese momento los Generales Díaz y Mondragón toma la Ciudadela; para el día 11 de febrero había más de quinientos muertos.

Madero encomendó a Huerta a enfrentar a los rebeldes que tomaron la Ciudadela, sin embargo, Huerta sacrificó a los hombres leales a Madero y se resistió a tomar la Ciudadela, para el 19 de febrero Madero y Pino Suarez son detenidos y obligados a renunciar a sus cargos. La noche del 22 de febrero el Mayor Francisco Cárdenas fue el encargado de escoltar a Madero y Pino Suarez a la penitenciaría federal. Tras la salida de Palacio Nacional, los automóviles iban en dirección a Lecumberri, ahí fue donde Madero recibió un tiro en cuello al bajar del automóvil y Pino Suarez fue fusilado.

México, D. F., 22 de febrero de 2015

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

(Presentada por las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

“Las suscritas, Senadoras Gabriela Cuevas Barron y Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Implementación de los compromisos internacionales en materia de igualdad de género.

Desde que en el año de 1981 México ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se comprometió a establecer en su legislación el principio de igualdad del hombre y de la mujer y también a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Catorce años después, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, nuestro país adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,que es considerada el parteaguas en la agenda mundial de igualdad de género.1 En estos instrumentos se estableció que la potenciación del papel de la mujer y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad -incluida la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder- son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Para alcanzar la igualdad y eliminar las barreras estructurales e ideológicas, la Plataforma de Acción de Beijing propuso la adopción de medidas positivas que en nuestro país se llevaron a cabo mediante el sistema de cuotas, por considerar que éste representaba la opción más viable entre las medidas de acción positiva existentes.

Al respecto, las diversas reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) han reflejado el cambio de paradigma por el que ha atravesado el país en materia de igualdad de género. De hecho, es posible observar grandes avances a partir de 1993 cuando en el citado Código se estableció que los partidos políticos debían promover una mayor participación de las mujeres en la vida política a través de su postulación a cargos de elección popular. Y ya en el 2008 se estableció en el COFIPE que tanto las candidaturas a diputados como de senadores tendrían que integrarse con por lo menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género procurando llegar a la paridad.

Aunado a lo anterior, es importante recordar la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 30 de noviembre de 2011, ya que formó parte de la lucha que se ha emprendido en México para lograr la paridad entre hombres y mujeres. En dicha sentencia, el Tribunal determinó que en el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género, la fórmula completa tenía que integrarse por candidatos de un mismo género, buscando con ello evitar que mujeres propietarias fueran sustituidas por sus suplentes varones una vez que llegaran al Congreso de la Unión.2

2. Resultados de las medidas de acción afirmativa en el Poder Legislativo.

Con la implementación del sistema de cuotas en la legislación electoral se ha conseguido un alto impacto en el ingreso de las mujeres en el parlamento. En el caso de la Cámara de Diputados, éste pasó de 140 mujeres en la legislatura anterior a 185 en la actual; mientras que en el Senado de la República el porcentaje de Senadoras se incrementó de 28 a 44 en la LXII Legislatura. Este incremento permitió que en tres años el porcentaje de curules ocupadas por una mujer pasara de 28 al 36 por ciento, lo que nos ha colocado como uno de los siete países de América Latina que cuenta con al menos 30 por ciento de mujeres en sus órganos legislativos al lado de Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Guyana y Argentina.

Con ello, hemos superado incluso el parámetro establecido para llegar a la llamada masa crítica que se alcanza con un 30 por ciento de representación y, según la cual, para que una posición y unos intereses particulares encuentren cabida en las decisiones de alguna institución, no es suficiente con que estén unos cuantos representantes de dichos intereses, sino que es necesario que exista un número importante de ellos para garantizar que su posición no sea ignorada.

Esto es sumamente importante porque la existencia de un alto porcentaje de mujeres en el Congreso permite que sus intereses sean representados, pues esta masa crítica tiende puentes hacia la discusión de temas que son relevantes para las mujeres y propicia que éstos se incluyan en la agenda política del parlamento.3 

3. Impedimentos formales que enfrentan las legisladoras en la toma de decisiones.

El 31 de enero de 2014, el Ejecutivo Federal promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que contiene una modificación al artículo 41 para establecer la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. De igual manera, en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en mayo, se contempla que “es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular”.

Esta, que es la reforma más reciente en materia de igualdad de género, puede considerarse como la más importante de los últimos años y con ella es factible que se llegue a incrementar el porcentaje de mujeres en el Congreso de la Unión en las próximas legislaturas. Sin embargo, esto no garantiza que se abata el problema de la subrepresentación de las mujeres, ya que éste se puede trasladar, invariablemente, a su escasa participación en los órganos de decisión del parlamento.

Si bien es cierto, hoy más que nunca las mujeres acceden más fácilmente a los órganos legislativos, falta mucho camino por recorrer para evitar que queden marginadas por su género, puesto que los Parlamentos han sido creados, organizados e históricamente dominados por hombres. Al respecto, se ha señalado que “todavía persisten los estereotipos de género, según los cuales los asuntos públicos son del dominio masculino y los asuntos privados son del dominio femenino. Esto dificulta todavía más la participación de las mujeres. Así, incluso cuando ellas logran ingresar a la política, en especial como legisladoras, se les continúa considerando tan sólo en su papel de madres y amas de casa, por lo que se les asignan tareas ‘suaves’ en comisiones parlamentarias relacionadas con los servicios sociales. Generalmente están excluidas de aquellas comisiones en las que se toman decisiones en materia económica, gubernamental o administrativa. Su participación en las áreas social y cultural, aunque importante, restringe su contribución a la labor legislativa.”4

Por lo anterior, el objeto de esta iniciativa es garantizar la representación igualitaria tanto de mujeres como de hombres en la integración de las comisiones legislativas del Congreso de la Unión.

Lo anterior porque, a pesar de que se ha registrado un notable incremento de mujeres en el Congreso de la Unión, esto no se ha visto reflejado en la distribución equitativa de las presidencias de las comisiones legislativas. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de las 56 comisiones ordinarias que hay en la Cámara de Diputados 42 presidencias están ocupadas por diputados y sólo 14 por diputadas; en tanto que en el Senado de la República, de las 64 comisiones 44 presidencias las ocupan senadores y tan sólo 20 mujeres. El siguiente cuadro muestra las materias en las que las mujeres son presidentas en ambas Cámaras:5

Comisiones presididas por mujeres

CAMARA DE DIPUTADOS

CAMARA DE SENADORES

Asuntos Indígenas

 

Asuntos Migratorios

Asuntos migratorios

Atención a Grupos Vulnerables

Atención a Grupos Vulnerables

Cultura y Cinematografía

Cultura

Radio, televisión y cinematografía

Derechos Humanos

Derechos humanos

Derechos de la Niñez

 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

 

Distrito Federal

 

Fomento Cooperativo y Economía Social

 

Igualdad de Género

Para la Igualdad de Género

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Reforma Agraria

 

Trabajo y Previsión Social

 

Transparencia y Anticorrupción

 

 

Contra la trata de personas

 

Desarrollo social

 

Estudios Legislativos

 

Gobernación

 

Relaciones Exteriores

Relaciones Exteriores Africa; Relaciones Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales.

 

Salud

 

Vivienda

La participación preponderante de las mujeres en los temas señalados no sólo limita su experiencia a temas considerados tradicionalmente femeninos, sino que también restringe las aportaciones que puedan hacer en otras materias. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la integración de estos órganos legislativos suele decidirse en la negociación de las bancadas partidistas y, por lo tanto, la inclusión de las mujeres depende en gran medida de la voluntad de los líderes de dichas bancadas.

Al respecto, es importante señalar que los artículos 43, numerales 3 y 4, y 104, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), consignan que será la Junta de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores las que formularán las propuestas para la integración de las comisiones correspondientes. Y para ello, deberán considerar los siguientes criterios: a) la pluralidad representada en cada Cámara; b) la proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones; y c) los antecedentes y la experiencia legislativa de los integrantes.

Como puede observarse, la igualdad de género no es uno de los criterios que deben tomar en cuenta las Juntas de Coordinación Política para elegir a los integrantes de las comisiones, lo que –en cierta medida- explica la desproporcionalidad que existe entre el número de presidencias que ocupan las y los legisladores. Esta incongruencia repercute indudablemente en el trabajo legislativo, pues la ausencia de mujeres en las distintas instancias de participación legislativa limita el impulso de iniciativas con contenido de género.

A fin de reducir esta subrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y de diversificar las materias en las que tradicionalmente son catalogadas, se propone reformar la LOCGEUM a fin de incluir el enfoque de género en la elección de las presidencias de las comisiones, de sus secretarias y de su composición en general.

De manera paralela, esta iniciativa permitirá a los legisladores involucrarse en aquellos temas en los que habitualmente son excluidos, sensibilizarlos sobre diversas problemáticas en las que no son tomados en cuenta y, con ello, generar conciencia sobre la relevancia de diversos asuntos. El impacto de esta medida puede verse en el siguiente cuadro, donde se evidencia la escasa participación de los legisladores en aquellas comisiones cuyas materias han sido tradicionalmente consideradas de interés únicamente para las mujeres:

Cámara de Diputados

Integrantes

Cámara de Senadores

Integrantes

 

M

H

 

M

H

Atención a grupos vulnerables

20

4

Atención a grupos vulnerables

5

1

Derechos humanos

15

11

Derechos humanos

10

4

Derechos de la niñez

12

3

Derechos de la niñez y de la Adolescencia

2

0

Igualdad de género

27

0

Para la Igualdad de género

11

0

 

 

 

Contra la trata de personas

4

0

 

 

 

Asuntos migratorios

3

0

Compañeras y compañeros legisladores, la participación efectiva de las mujeres en igualdad de condiciones en el Parlamento es fundamental para el desarrollo de la vida democrática de nuestro país, continuar reproduciendo los modelos de inequidad contribuye a negar la importancia de los logros alcanzados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.-  Se REFORMAN los numerales 3 y 4 del artículo 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 43.

1. a 2…

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, garantizando en todo momento el principio de paridad entre mujeres y hombres.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados, así como la participación sustantiva de las y los legisladores.

5. a 7. …

Artículo 104.

1. …

2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes, garantizando en todo momento el principio de paridad y la participación sustantiva de las mujeres.

3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno, garantizando en todo momento la participación igualitaria y sustantiva de las y los legisladores.

4…

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing es considerada como la mayor conferencia que las Naciones Unidas haya organizado, ya que contó con la asistencia de más de 189 gobiernos; 17 mil participantes (6 mil delegados gubernamentales; más de 4 mil representantes de organizaciones no gubernamentales; 4 mil periodistas y todas las organizaciones de las Naciones Unidas).

2 Deben considerarse también otros importantes avances en la legislación que representan un marco normativo con perspectiva de género, por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del año 2003; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007; y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007.

3 De acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), aquellos países en donde las mujeres ocupan más del 30 por ciento de los cuerpos políticos, suelen ser más inclusivos, más igualitarios y más democráticos.

4 Olsen de Figueres, Karen, El camino hacia la igualdad. Las mujeres costarricenses en el Parlamento, en “Mujeres en el Parlamento. Más allá de los números”, p. 150.

5 En algunos casos, cuando existe, se señala la similitud en las materias asignadas a legisladoras.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

“El Suscrito, Senador de la República por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el actual contexto nacional caracterizado por un creciente deterioro del tejido social, corrupción en los cuerpos policiales e inseguridad en ciertas regiones del país, es necesario plantear un nuevo modelo de coordinación en materia de seguridad ciudadana entre los tres órdenes de gobierno que garantice mejores resultados en el combate a la impunidad y el delito.

Los esfuerzos hasta hoy desplegados resultan desarticulados e insuficientes para fortalecer las capacidades institucionales de las distintas instancias de gobierno, particularmente en lo que respecta a los Municipios.

Señala el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

El argumento a favor de la asignación de la seguridad pública al municipio, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, surge de la consideración de que es el orden de gobierno con más posibilidad de establecer relaciones estrechas con la población y ofrecer un trato más directo y personal.

En la opinión de dicho organismo, los municipios cuentan con una red de relaciones con centros de padres de familia, juntas de vecinos y clubes deportivos que pueden ponerse a disposición de la resolución de problemas declarados prioritarios por parte de la comunidad.

….La confianza otorgada por la comunidad al municipio ofrece a este nivel de gobierno la posibilidad de detectar y prevenir con mayor éxito los problemas de seguridad pública en sus localidades. Cada localidad cuenta con su propia geografía, sea urbana o rural, y la ventaja comparativa de los funcionarios municipales en conocer los barrios, los pueblos, las cantinas, los mercados y los caminos: son los lugares físicos donde los crímenes ocurren. Además, los municipios están mejor facultados que otros niveles de gobierno para mantener reuniones periódicas y canales de comunicación con los residentes y de esta manera fortalecer el tejido asociativo de la comunidad local, a la vez que mejoran la inteligencia policíaca.

Dada la naturaleza del municipio como gestor de soluciones a problemas de convivencia, así como su estructura administrativa menos extensa, el municipio goza de mayor flexibilidad para responder a los patrones cambiantes de crimen. Este aspecto es importante porque la actividad delictiva se caracteriza por su habilidad de transformarse casi instantáneamente conforme cambian las condiciones, tanto en su ubicación física como en su modus operandi. Asimismo, la capacidad que tienen los municipios de coordinar diversas tareas administrativas relacionadas con el uso de suelo, la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos que inciden en las tareas vinculadas al orden público. La coordinación entre distintas sectores del mismo nivel de gobierno puede actuar para detectar lugares peligrosos, prevenir delitos y aumentar la sensación de seguridad de los residentes.1

Los municipios deben ser parte medular en la solución de los problemas de inseguridad y por consiguiente deben participar en la elaboración de los programas y estrategias que contribuyan a solucionarlos.

Ello, será posible si se logra conformar un modelo que tome en cuenta la indispensable participación del municipio en la elaboración de diagnósticos integrales, que reflejen la perspectiva nacional, estatal y desde luego municipal.

Los gobiernos municipales deben estar presentes en la toma de las grandes decisiones, particularmente en aquellas que inciden de manera directa en la vida de la ciudadanía asentada en su territorio.

La socióloga argentina Alejandra Massolo, Consultora Internacional del “Proyecto Liderazgo, Mujer y Gobiernos Locales” auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sostiene con razón que “ la experiencia internacional muestra un mayor grado de éxito de aquellas estrategias que involucran la descentralización de las políticas de seguridad y de prevención e la inseguridad a través de la participación comunitaria, la coordinación policial, y los diferentes servicios del gobierno local. Las acciones a nivel local ofrecen la posibilidad de asegurar la participación comunitaria y priorizar las necesidades de las personas, Puesto que este tipo de estrategias son capaces de integrar a la comunidad organizada en el proceso de diagnóstico, diseño e implementación de los programas. “

A pesar de las experiencias exitosas en Latinoamérica y otras regiones del Mundo en las que el Municipio desempeña un papel medular, en México existe una tendencia centralizadora que apunta al debilitamiento del Municipio, pues actualmente, este orden de Gobierno está excluido del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es decir, el órgano que tiene las más importantes competencias en la materia previstas en el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que establece:

El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;

IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;

XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;

XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;

XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;

En efecto, el Municipio está ausente en el órgano intergubernamental que define las principales políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y por tanto podemos afirmar que la coordinación entre Gobierno Federal, estados y municipios en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo existe en la forma, pues para que haya una real coordinación debe haber acuerdos expresos entre las tres instancias de gobierno existentes, lo que hasta el día de hoy no ocurre.

En los hechos, se ha suplantado a la autoridad municipal en diversas partes del territorio nacional y ha sido sustituida, de manera temporal por la Policía Federal y en ocasiones por el Ejército y la Armada de México, que asumen el control de todas las funciones de seguridad, desplazando a la policía municipal y por consiguiente restándole a la autoridad municipal la fuerza pública que requiere para mantener la paz y el orden públicos.

Si bien es verdad, que ello ha permitido restituir un relativo orden, lo cierto es que al retirarse las fuerzas federales, resurge la inseguridad y la violencia, pues es evidente que se ha eludido la adopción de soluciones de fondo. 

Es indudable, por otra parte, que existe una crisis institucional de esta instancia de gobierno, producida a lo largo de muchos años, como consecuencia del insuficiente apoyo que ha recibido el municipio como base de la organización política del Estado Mexicano, no sólo en la inequitativa distribución de los recursos públicos, sino que también ha sido históricamente excluido de las instancias superiores de decisión en los más variados temas de la agenda nacional.

Es con el propósito de asegurar la inclusión de los gobiernos municipales en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública que presentamos esta iniciativa.

Es desde este Senado de la República que debemos garantizar la participación del Municipio, con voz y voto, en la formulación de los programas, estrategias y acciones de gobierno que de manera coordinada deben implementar, en el ámbito de sus competencias, los tres órdenes de gobierno.

Es inadmisible que el Municipio no esté presente en la discusión y aprobación de las políticas públicas que finalmente tienen como destinatario al ciudadano y cuya instancia de gobierno más próxima es precisamente el Municipio.

Es urgente modificar el actual modelo de coordinación, en el cual, el Municipio no participa en la definición de la política pública en materia de seguridad ciudadana, pues la vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo prevé la participación de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero sin incluirla en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública que es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad pública.

La inclusión formal y legal de los municipios a través de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal al interior del Consejo Nacional, garantizará una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y por tanto habrá mejores resultados en la planeación, ejecución y evaluación de los programas, estrategias y acciones que se emprendan en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Con la incorporación del Municipio en la instancia de diseño e implantación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se concretará, al mismo tiempo, la integración de este orden de gobierno, hasta hoy injustamente excluido, en la formulación de las principales políticas públicas en la materia, lo que le permitirá, además, asumir el papel protagónico que debe desempeñar el Municipio, como pilar fundamental de toda la arquitectura institucional de nuestro Federalismo.

Por todos estos motivos es que presento esta iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona la fracción IX al artículo 12 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:

I…….

IX. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Raúl Morón Orozco”.


1 Rowland, Allison y Alejandro Navarro. 2005. La seguridad pública y el desarrollo humano en el ámbito local, PNUD México.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 20 BIS DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI)

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL ARTICULO 20 BIS DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La producción artística en cualquiera de sus diversificaciones es un elemento material para el crecimiento individual y colectivo; ayuda a la concretización de las habilidades intelectuales y culturales necesarias para el análisis crítico, el desarrollo de las ideas y el pensamiento innovador que (re)fundamenta una sociedad, así como la consolidación y cohesión social, misma que  pugna por el desarrollo identitario de un pueblo, su asimilación como tal, y la representación que da de sí al mundo.

Dentro de las categorías de las “bellas artes”, encontramos a la cinematografía, que como tal, funge en el desarrollo y crecimiento artístico y cultural de nuestro país al igual que otras disciplinas artísticas.

El cine en México ha tenido a lo largo de su historia un impacto social que deriva en algo más que un entretenimiento, convirtiéndose en un proceso cultural y comunicativo, que penetra dentro de la sociedad en diversas formas y contenidos, siendo además de un medio de expresión artística un medio de comunicación que impacta en lo general y lo particular en la vida diaria de las personas.

Aunado a la intrínseca importancia de la cinematografía en la sociedad mexicana, como forma artísticamente estética y como insumo cultural, es menester resaltar su importancia en el sector económico; al representar una fuerte industria que logra capitalizar sus insumos en fuentes estables y sustentables de trabajo y de adquisición económica en beneficio a la sociedad mexicana.

Por ello, la cinematografía en nuestro país, debe ser atendida como una cuestión de interese generalizado, tanto por su aportaciones artísticas, culturales y comunicativas, así como por la importancia de seguir desarrollando una industria sana, para lograr su continuo crecimiento y propiciar en México el desarrollo cinematográfico de forma armonizada y coherente con las condiciones globales que se sucintan actualmente.

El Estado mexicano, consciente de esta situación se ha comprometido en concretizar las acciones adecuadas para promover e incentivar la actividad cinematográfica en todas sus vertientes, con la intención de (re)significar a esta expresión artística como un actor preponderante en la cultura nacional, así como una industrial en el país de trascendencia económica nacional.

Para lograr lo anterior, el Estado mexicano ha emitido instrumentos normativos que apuntalen el crecimiento cinematográfico en el país en todos sus ámbitos posibles. Asimismo, se han conferido apoyos económicos en lo que respecta a la producción cinematográfica por medio de mecanismos fiscales que capitalicen a esta actividad.

La Ley Federal de Cinematografía es el cuerpo normativo que establece las disposiciones legales sobre las cuales habrá se fundamentarse la actividad cinematográfica en México. Muestra de lo anterior, lo podemos ver establecido en el artículo primero de esta Ley que a la letra dice:

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regirán en todo el territorio nacional.

El objeto de la presente Ley es promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional.

Del anterior artículo trascrito, podemos observar la importancia de promover la integración, el fomento y el desarrollo de la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, siendo estas últimas acciones las diversas vertientes sobre las cuales se basa la cinematografía en México y por ello es menester garantizar su adecuado funcionamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la exhibición de películas se da principalmente a través de las denominadas salas cinematográficas, las cuales se encuentra reguladas por la Ley Federal de Cinematografía, así como por su reglamento respectivo. La exhibición de películas es de vital importancia para la cinematografía, debido a que es uno de los principales medios sobre el cual se da a conocer una obra cinematográfica al público en general, así como la principal retribución económica a la actividad cinematográfica. Es por ello, que este tipo de exhibición es de observancia general a fin de proteger a la cinematografía como un medio de expresión artística y cultural, así como una industria económica sustentable y rentable que genere insumos económicos a la población mexicana general.

Sin embargo, en el estado del arte, en la exhibición de películas ostentada por las compañías de las salas cinematográficas, encontramos determinadas acciones que no concretizan los principios legales sobre los cuales se fundamenta esta expresión artística, menoscabando así su adecuado funcionamiento. Estas acciones las observamos en las prácticas publicitarias previas a la exhibición de la película; a través de diversos anuncios comerciales que promocionan diversos productos o instituciones que no tienen ningún tipo de relación con la cinematografía en México o con la película que en cuestión se proyecta.

La publicidad en forma de anuncios comerciales repercute en el inicio real de la película en exhibición, pese a que esta es razón por la cual las personas acuden a estas salas cinematográficas, debido a que estas salas priorizan antes de la certidumbre de ver la obra cinematográfica por la cual se acude y paga una entrada, la materialización de publicidad cautiva a los usuarios de este servicio.

En referencia al derecho del usuario de servicios de exhibición en salas cinematográficas el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía determina en su articulado lo siguiente:

Artículo 36. Las películas serán exhibidas públicamente de manera integral y sin interrupciones, en beneficio del público usuario que asiste a las salas. Los exhibidores no podrán efectuar intermedios que atenten contra la continuidad temática de la película. Se podrán exceptuar de lo anterior aquellas películas que tengan un intermedio establecido de origen, o cuya duración sea mayor de 150 minutos.

El exhibidor deberá informar al público asistente, al ingresar a la sala y en los horarios de taquilla, si la película contará con un intermedio y el horario de inicio de la misma. (Las recalque es propio)

Pese a la anterior disposición legal, las salas de exhibición cinematográfica en su cartelera ostentan una hora de inicio de la película la cual no es la correcta; debido a que en esa hora no inicia la película sino la proyección de cortes o anuncios publicitarios y avances de próximas películas que en promedio suelen durar en conjunto 20 minutos, motivo por el cual la película en exhibición inicia verdaderamente entre 15 y 20 minutos posteriores a la hora especificada en la cartelera.

En el 2009 la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio de la Dirección General de Estudios de Consumo, llevo a cabo un sondeo sobre los horarios de inicio especificados en la cartelera y la hora en la que realmente comenzaba la película en exhibición1, mostrando en un 81 por ciento de los casos analizados una diferencia aproximada de 15 minutos, situación que se ha ido arraigando en las salas cinematográficas al paso de los años.

La Ley Federal de Cinematografía, así como su reglamento, tienen como principal consigna el garantizar el desarrollo de esta actividad artística, bajo principios establecidos en el mismo ordenamiento legal. Por tal motivo, es menester establecer disposiciones legales que regulen y den certidumbre legal sobre la exhibición de obras cinematográficas, bajo criterios que satisfagan a la difusión artística y cultural, así como la concretización de servicios de entretenimiento comercial que se encuentren en completa armonía con los derechos de usuarios y consumidores; informándoles en estricto sentido el inicio real del servicio por el cual están pagando una entrada.

Si bien la publicidad en la exhibición cinematográfica es una realidad evidente en nuestro acontecer, esta no se encuentra regulada en estricto sentido dentro de la Ley Federal de Cinematografía, cuestión contraria a la comercialización de obras cinematográficas a través de soporte físico o virtual, debido a que el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía prevé lo siguiente:

Artículo 52. Las películas con soporte en videocinta o cualesquiera otros, se comercializarán sin cortes de naturaleza alguna. En caso de que se inserte publicidad antes o después de la película, esta circunstancia deberá señalarse en la caja o embalaje. Sólo serán permitidos los avances publicitarios conforme a la clasificación que se les asigne. Lo anterior no incluye la caja donde venga la película. (El resaltado es propio)

La publicidad a través de cortes comerciales manejada en la exhibición de obras cinematográficas por las salas dedicadas a ello, cumple un propósito preponderantemente económico-remunerativo, únicamente por parte de las salas cinematográficas, lo cual es proporcionalmente comprensible; sin embargo, el no prever esta situación y establecer una disposición legal que la regule, puede arrojar a largo plazo un panorama que frene el desarrollo que hasta ahora ha tenido la cinematografía como fuente artística, cultural y medio de comunicación social, así como el gran aporte económico que a la fecha representa para la sociedad mexicana, debido a que la publicidad previa al inicio de películas en las salas cinematográficas no corresponde ni actualiza ninguna de las disposiciones sobre las cuales la Ley Federal de Cinematografía fundamenta esta actividad de interés social y cultural para la población mexicana.

En merito a todo lo anterior, el propósito de esta iniciativa de decreto consiste en subsanar esta omisión a efecto de fortalecer la actividad cinematográfica en México, estableciendo el supuesto que de certeza en cuanto a la exhibición de películas a través de la armonización de los criterios y principios establecidos en la normatividad correspondiente a la cinematografía.

Por tales motivos, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona el artículo 20 bis a la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

Artículo 20 bis. El exhibidor en salas cinematográficas deberá informar al público asistente, a través de todos los medios en donde se soporte su cartelera pública, la hora exacta en la que dé inicio la película.

A efecto de garantizar lo establecido en el párrafo anterior, el exhibidor en salas cinematográficas deberá informar al público asistente cuando se insertará publicidad previo a que inicie la proyección de la película; mencionando la duración de la publicidad, así como el inicio exacto de la película, esta situación deberá señalarse en todos los medios ya sean físicos o virtuales en donde se soporte su cartelera pública.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Miguel Romo Medina

Senador de la República”.

Fuentes:

1. Ley Federal de Cinematografía.
2. Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía.
3. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
4. http://www.imcine.gob.mx/imcine/el-instituto.
5. http://www.rtc.gob.mx/.
6. http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol148_cine.asp


1 http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol148_cine.asp




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 86 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

(Presentada por las Senadoras Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)



 





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 18 DE FEBRERO DE CADA AÑO, COMO EL “DIA NACIONAL DEL SINDROME DE ASPERGER

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger, de conformidad con la siguiente:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con diversas publicaciones e investigaciones, el Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno neurobiológico que afecta varias áreas del desarrollo personal que puede generar dificultad para interactuar socialmente y repetir comportamientos, que se caracteriza por presentar problemas en las relaciones interpersonales y con el medio ambiente.

El SA tiene sus antecedentes en el año 1944, cuando el Doctor Hans Asperger describió el Síndrome en una publicación. Sin embargo, el SA y sus características empezaron a conocerse y difundirse hasta la década de 1980, siendo clasificado como trastorno psiquiátrico hasta 1994; es decir, 50 años después a la primera publicación de su existencia, fue incluido en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición (DSM-IV).

2.- Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que las personas que viven con SA, tienen problemas para identificar normas sociales, son muy egocéntricos, tienen una dificultad de empatía, son muy ingenuos y se interesan en cosas que no tienen ningún sentido, clasificándolos de la siguiente forma:

• Leve: Presentan poca interacción social y mejor comunicación que otras personas con autismo, lo que les permite asistir a la escuela y realizar actividades cotidianas.

• Medio: Son totalmente dependientes, porque no pueden adquirir elementos para vivir de una forma suficiente.

• Profundo: Es un sujeto que estará totalmente aislado, su interacción social es prácticamente nula.

• Espectro Asperger: El SA se puede complicar y convertirse en Espectro de Asperger, que se manifiesta cuando el déficit de atención es muy avanzado, hay alteraciones del sueño y se pueden presentar trastornos obsesivos compulsivos.

De acuerdo con investigadores y especialistas, las características principales del SA son las siguientes:

Niñas y niños con SA no se aíslan del mundo de la manera en que lo hacen las personas con un trastorno autista; sin embargo, sus problemas con el habla y el lenguaje en un escenario social a menudo llevan al aislamiento.

Su lenguaje corporal puede ser inusual.

Pueden hablar en un tono monótono y no reaccionar a los comentarios o emociones de otras personas.

No reconocen la necesidad de cambiar el volumen de su voz en situaciones diferentes.

Tienen problemas con el contacto visual, las expresiones faciales, las posturas del cuerpo o los gestos.

Muchas niñas y niños con SA son muy activos y se les puede diagnosticar trastorno de hiperactividad y déficit de atención (THDA).

En conclusión, una de las mayores dificultades que enfrentan las personas con Síndrome de Asperger son las relacionadas con su inclusión social, que a su vez puede derivar en episodios de ansiedad o depresión, tensión emocional en el consumo de fármacos antidepresivos.

3.- En la actualidad, el hablar de Síndrome de Asperger aún resulta bastante novedoso, al grado que a nivel mundial no hay precisión ni certeza de estadísticas precisas que nos permitan conocer realmente el número de personas que viven con SA y las dificultades a las que se en enfrentan.

En ese sentido aproximaciones realizadas en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Mental de los Niños muestra que 1 de cada 500 personas presenta un grado a SA, el cual es más frecuente en el sexo masculino 4-1 en relación al sexo femenino.

En México, no se cuentan con cifras oficiales que nos den un diagnóstico certero de la realidad que viven las personas con asperger y nos permitan trabajar desde los diversos ámbitos en favor de su tratamiento.

Asimismo, es necesario que se diseñen y fortalezcan los mecanismos necesarios que garanticen a niñas y niños con asperger, tener su diagnóstico oportuno y atención adecuada que potencien sus talentos y promuevan su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

4.- Desde el año 2007, diversos países conmemoran el 18 de febrero el “Día Internacional del Síndrome de Asperger en recuerdo del nacimiento del Dr. Hans Asperger quien lo descubrió y como estrategia para dar a conocer a la población sus características y particularidades a fin de generar un ambiente de respeto en favor de los derechos humanos de las personas que viven con SA.

En ese sentido, reconociendo que México se ha caracterizado por ser un país promotor de la inclusión de todas las personas, se estima pertinente promover que el Congreso de la Unión declare el 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.

Es por lo anteriormente expuesto, que se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 173 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

“Las que suscriben, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTELUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAI RIOS DE LA MORA Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 173 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE IDISCAPACIDAD, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como personas con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como discapacitados, ciegos, sordos, etc, aún siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos (etiquetan) a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas (personas con discapacidad), (personas sordas), (personas con movilidad reducida) y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo (personas) como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados con igualdad.

Los tipos de discapacidad pueden ser:

Motriz: se refiere a la pérdida o limitación de alguna persona para moverse.

Visual: la pérdida de la vista o dificultad al ver con alguno de los ojos.

Mental: abarca la limitación del aprendizaje para nuevas habilidades.

Auditiva: pérdida o limitación del oído para poder escuchar.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativos, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).

Se calcula que más de mil millones de personas –es decir, un 15% de la población mundial- están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para funcionar entre 110 millones (2.2%) y 190 millones (3.8%) personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.

La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación

Las personas con discapacidad tienen una mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no padecen discapacidad, y también tienen más necesidades insatisfechas en esta esfera. Por ejemplo, en una encuesta reciente acerca de personas con trastornos mentales graves, se observó que entre un 35% y un 50% de estas personas en países desarrollados y entre un 76% y un 85% en países en desarrollo no recibieron tratamiento en el año anterior al estudio.

Las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades solo raras veces tienen como destinatarias a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la detección del cáncer mamario y Cervicouterino se practica con menos frecuencia en las mujeres con discapacidad. El peso de las personas con deficiencias intelectuales y diabetes sacarina se verifica con menor frecuencia. Los adolescentes y adultos con discapacidades quedan excluidos más a menudo de los programas de educación sexual.

Las personas con discapacidad tropiezan con una gran variedad de obstáculos cuando buscan asistencia sanitaria, entre ellos los siguientes.

La asequibilidad de los servicios de salud y el transporte son dos de los motivos principales por los que las personas con discapacidad no reciben los cuidados que necesitan en los países de ingresos bajos: un 32% o 33% de las personas sin discapacidad no pueden costearse la asistencia sanitaria, por comparación con un 51% a un 53% de las personas con discapacidad.

La falta de servicios apropiados para las personas con discapacidad es una barrera importante que impide el acceso a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, investigaciones realizadas en los estados de Uttar Pradesh y Tamil Nadu, en la India, revelaron que, después del costo, la falta de servicios fue la segunda barrera en importancia para el uso de los establecimientos sanitarios.

El acceso desigual a los edificios (hospitales, centros de salud), el equipo médico inaccesible, la mala señalización, las puertas estrechas, las escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas de estacionamiento inaccesibles crean obstáculos para usar los establecimientos de asistencia sanitaria. Por ejemplo, es frecuente que las mujeres que tienen dificultades para moverse no tengan acceso al tamizaje del cáncer cervicouterino o mamario porque las mesas de exploración no se ajustan verticalmente y el equipo de mamografía solo puede funcionar con la mujer de pie.

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independiente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

Se debe señalar que no hay diagnósticos (nacionales, regionales o locales) precisos que dimensión la real magnitud del problema social que afecta a este sector de la población, hasta hoy se trabaja con estimaciones provenientes de diferentes fuentes, así según la O.M.S., en países como el nuestro, un 11% de la población padece algún tipo y grado de discapacidad (física, sensorial, mental o psiquiátrica). En este tema se debe relacionar las cifras de personas con discapacidad con el promedio de integrantes de grupo familiar, por cuanto la presencia de un déficit afecta involucra a la familia, quien debe brindar apoyo y protección a la persona con discapacidad.

Sin embargo aún cuando es importante saber cuántos son, mayor preocupación es la situación de discriminación y de falta de igualdad de oportunidades, en cuanto a educación, trabajo, salud y las barreras arquitectónicas, sociales y culturales que impiden su real integración a la comunidad, y que, por otra parte, esta situación de desventaja es mayor que en el resto de la población.

Con tecnología de apoyo se hace referencia a la ayuda técnica tanto en accesibilidad como en movilidad. Ejemplo de ello es el bastón blanco, el andador, la silla de ruedas, perros de asistencia, etc.

Se llama Tecnología de Apoyo a todo tipo de equipo, objeto, sistema, producto, máquina, instrumento, programa o servicio que puede ser usado para suplir, aumentar, mantener, compensar o mejorar las capacidades funcionales de las personas con impedimento o discapacidad (motriz, sensorial o cognitiva). También es llamada tecnología de adaptación o de ayuda para la vida independiente, ya que les facilita a los individuos que las utilizan, llevar a cabo tareas que antes eran incapaces de cumplir o tenían grandes dificultades para realizarlas.

Las tecnologías adecuadas y accesibles permiten vivir más y con mayor calidad de vida. Actualmente en muchos casos la innovación tecnológica de productos y servicios para la salud está vinculada a pensar exclusivamente en el valor económico de su aplicación como lógica ligada a la maximización de la rentabilidad impidiendo que la innovación llegue a la población que la necesita. Asumimos el desafío entendiendo a la Innovación Tecnológica como la aplicación de una idea nueva surgida de las necesidades de las personas y en consecuencia pensada, desarrollada y aplicada para que sea accesible, adecuada y de calidad en beneficio del conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero: se modifica el artículo 173 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 173.- Para los efectos de esta ley, se entiende por discapacidad a la o las limitaciones en la actividad o restricciones en la participación por deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, que presenta una persona que al interactuar con los factores ambientales (barreras) pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

TRANSITORIO

Unico: el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 19 de febrero de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a aportar los recursos presupuestarios federales que se requieren para la culminación del centro penitenciario de Mina en el estado de Nuevo León y así, eliminar la sobrepoblación y hacinamiento existentes en los penales de dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD SE APORTEN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES QUE SE REQUIEREN PARA LA CULMINACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MINA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON Y ASI ELIMINAR LA SOBREPOBLACION Y HACINAMIENTO EXISTENTES EN LOS PENALES DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.

“Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que a la brevedad se aporten los recursos presupuestarios federales que se requieren para la culminación del Centro Penitenciario de Mina en el Estado de Nuevo León y así eliminar la sobrepoblación y hacinamiento existentes en los penales de dicha entidad federativa, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México existen 420 centros penitenciarios: 303 son de operación y responsabilidad estatal; 91 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 15 lo están a la Federación; y 11 al Distrito Federal.1

En el ámbito internacional, México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que Estados Unidos, que ostenta el primer lugar en este rubro, cuenta con 756 reclusos por cada cien mil habitantes. El promedio internacional es de 145 reclusos por cada 100 mil habitantes.2

Existe sobrepoblación cuando el número de internos excede los espacios disponibles en determinado centro penitenciario. En enero de 2013, 242 mil 754 personas estaban privadas de su libertad en México, en un espacio diseñado para 195 mil 278, lo cual indica que la ocupación alcanza 124.3%. Así, según los datos más recientes, en México hay sobrepoblación en 220 de un total de 420 centros penitenciarios.

La sobrepoblación carcelaria ocasiona considerables problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción y, sobretodo, falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se obstaculiza en proporción directa al hacinamiento.

En el caso del Estado de Nuevo León, y de acuerdo con el índice de Promedio de Gobernabilidad que elabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la calificación de los centros penitenciarios en el 2012 fue de 3.80, situándolo en el penúltimo lugar a nivel nacional, sólo por encima de Tamaulipas (3.65), y muy por detrás del promedio nacional (5.8) y del primer lugar Aguascalientes (8.24).

Tanto el CERESO Apodaca como el CEPRERESO Topo Chico tienen problemas de sobrepoblación. El CERESO Apodaca tenía un excedente de 376  internos, es decir, tenía una sobrepoblación del 25%. Por su parte, la situación más alarmante se observó en el CEPRERESO Topo Chico, mismo que alberga a población tanto masculina como femenina. En julio de 2013, dicho centro contaba con un excedente de 1,579 internos hombres y 220 internas mujeres, lo anterior representa una sobrepoblación del 55% en el área varonil y del 56% en el área femenil.3

Con el combate actual a la delincuencia, los penales de Nuevo León registran un aumento mensual de internos del 2%, de ahí la necesidad de tener la infraestructura adecuada a la realidad existente con el compromiso de lograr una mejor seguridad en el país y en el Estado.

Para el Gobierno del Estado de Nuevo León, resultaba estratégica la construcción de un centro penitenciario de alta seguridad a donde pudieran trasladarse a los internos de alta peligrosidad, por ello, la administración estatal inició la construcción de un nuevo CEPRERESO en el Municipio de Mina, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, cuya intención original era la de sustituir al CEPRERESO Topo Chico.

En esa primera etapa la inversión se aplicó en un camino de acceso con una longitud de 1.6 kilómetros, y 55 mil 593 metros cuadrados de pavimento, un cerco perimetral de 10 mil 702 metros lineales, una barda perimetral con 10 metros de altura y 40 centímetros de espesor, incluyendo ocho torres de vigilancia, además de un canal perimetral de seguridad y desvío de escurrimientos pluviales. 4

Posteriormente, en septiembre de 2013, la administración del Gobernador Medina decidió suspender los trabajos de construcción de este nuevo reclusorio por la falta de recursos para continuar el proyecto de seguridad, que se estima en 3 mil millones de pesos, ya que en tres años las gestiones de las autoridades estatales de Nuevo León apenas han conseguido 400 millones de pesos, un poco más del 10 por ciento.

A través del vocero del Gobierno del Estado de Nuevo León, se anunció que el Gobierno Federal se haría cargo de completar la construcción del inmueble y de administrarlo, convirtiéndolo en un penal de alta seguridad federal. No obstante, los trabajos para el nuevo reclusorio no tienen recursos etiquetados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Por tanto, se exhorta al Gobierno Federal a desahogar los recursos necesarios para la culminación del Centro Penitenciario de Mina en Nuevo León, ya que su construcción es de suma importancia para eliminar la sobrepoblación y hacinamiento existente en los penales estatales y de esta manera evitar una tragedia como la acontecida en mayo del 2011 en el CERESO de Apodaca.

En mérito de lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,  la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, a efecto de que a la brevedad se aporten los recursos presupuestarios federales que se requieren para la culminación del Centro Penitenciario de Mina en el Estado de Nuevo León, toda vez que su construcción es de suma importancia para eliminar la sobrepoblación y hacinamiento existentes en los penales de dicha entidad federativa, así como para evitar una tragedia como la acontecida en mayo del 2011 en el CERESO de Apodaca.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Arely Gómez González”.


1 Excélsior, periódico digital. 25/02/14.

2 Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias, Efrén Arellano Trejo, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 104, febrero de 2011, p. 3.

3 CEDHNL, 2013.

4 http://www.nl.gob.mx/?P=penal_mina





 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a decretar e implementar medidas de austeridad y reducción en el gasto de partidos políticos y en los topes de gastos de campañas; asimismo, al Poder Legislativo Federal a decretar e implementar medidas de austeridad para el ejercicio del gasto. Se turna a la Comisión de Gobernación y a la junta de Coordinación Política.



 





 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a suspender las actividades del     relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE A SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

“El suscrito, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 51, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente punto de acuerdo, por lo que se exhorta respetuosamente, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de que suspenda las actividades del relleno sanitario, ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec en el Estado de Hidalgo, hasta que informe esta soberanía sobre el grado de cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y demás normatividad aplicable en materia ambiental, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Los residuos sólidos urbanos tienen una gran relevancia ambiental en virtud del impacto que estos tienen sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, con afectaciones a la flora y fauna, además de ser una fuente importante de generación de gas metano que influye en el planeta por ser un gas de efecto invernadero1.

En México uno de los principales problemas que aquejan el entorno ambiental y que dificultan la calidad de vida de la sociedad, tiene que ver con los grandes volúmenes de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país. El Estado de Hidalgo no es la excepción de acuerdo con Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el estado de Hidalgo se recolectan en promedio 1,870 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos o desechos generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente, que representan 2% de la recolección nacional. En seis municipios, en los que reside casi la tercera parte de la población estatal, se recoge el 53% de todos los residuos; Pachuca, la ciudad capital, registra la mayor proporción con 380 toneladas (20%); le sigue Tulancingo de Bravo, con 152 (8%); Tula de Allende, con 150 (8%); Tizayuca, con 120 (6%); Actopan, con 100 (5%) y Mineral de la Reforma, con 90 (5%). La recolección promedio diaria por habitante a nivel estatal es de casi tres cuartos de kilo (0.701 kg) y el per cápita por municipio presenta variaciones: Actopan registra una recolección de casi dos kilogramos; mientras que en Pachuca de Soto y Tula de Allende el promedio es cercano a los tres cuartos de kilogramo por persona al día. En Mineral de la Reforma es muy cercano al promedio estatal (0.706 Kg).

De acurdo con este mismo documento los municipios de Hidalgo reportaron la existencia de 78 sitios para la disposición final de los residuos sólidos urbanos; 71 de éstos son “tiraderos a cielo abierto” y los restantes (7) son “rellenos sanitarios”, que reducen los riesgos ambientales de los desechos generados en la entidad. Un relleno sanitario es una instalación en la cual se depositan, de manera temporal o permanente, los residuos sólidos urbanos, en sitios y en condiciones apropiados, para prevenir o reducir la liberación de contaminantes al ambiente, prevenir la formación de lixiviados en suelos, evitar procesos de combustión no controlada, la generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas ambientales y sanitarios.2

Del total de rellenos sanitarios existentes en ese estado uno se encuentra ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, dentro del área del Acuífero de Valle de Tulancingo y el cual abastece a los manantiales denominados “Los Cangrejos” de los cuales el municipio y parte del Valle de Tulancingo surten de agua a la población. El 22 de mayo del 2010 los habitantes de esta localidad manifestaron su preocupación por la ubicación de este relleno sanitario y la posibilidad de filtración de los lixiviados en los mantos acuíferos lo que generaría un posible daño medio ambiental y de salud en los municipios aledaños y a la población de este lugar.

El 26 de julio del año 2010 mediante el oficio N° BOO. E.11.3, el Titular de Comisión Nacional de Agua del estado de Hidalgo, indicó que considerando las características locales del sitio seleccionado para la ubicación del relleno sanitario era conveniente realizar pruebas y estudios complementarios que permitieran garantizar la seguridad acuífero y la población del valle. Ante esto la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo emitió un oficio en el cual indico que la autoridad  facultada para instruir la reubicación del relleno sanitario correspondida al Consejo Estatal de Ecología del estado, y no hicieron llegar ningún estudio técnico.

Por otro lado la Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos emitió un oficio con número 143/2011 el 27 de enero del 2011, en el  que el Director General, manifestaba que el lugar donde se ubicaba la construcción del relleno sanitario del municipio de Cuautepec se trataba de una zona limítrofe en donde existen suelos no consolidados con permeabilidad medias y altas, en los que se encontraron que los valores de resistividad a 100 y 200metros de profundidad  muestran un zona anómala con valores bajos de resistividad, lo que técnicamente indica que se trata de una zona que permite la circulación y acumulación de fluidos, por lo que se consideraba esta área una zona de alto riesgo dadas las características físicas superficiales lo que estaría facilitando la contaminación de los mantos acuíferos.

No obstante y ante la carente revisión por parte de las autoridades correspondientes de la  normatividad aplicable, así como de la evasión de las recomendaciones generadas a través de los estudios técnicos el relleno sanitario entro en funciones sin que se remitieran los Estudios y análisis previos requeridos para su construcción. Por lo que en el mes de septiembre del 2013 autoridades de la Comisión Nacional del Agua  realizaron un recorrido al interior de las instalaciones del relleno sanitario, del cual determinaron entre sus conclusiones que por la situación geográfica del relleno sanitario se recomienda la construcción de un pozo de monitoreo para la medición del nivel estadístico y monitoreo de la calidad del agua y que  la autoridad competente para dar cumplimiento y vigilancia  a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por su parte la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente emitió un acuerdo en el que comisiono a inspectores adscritos para que realizaren una visita de supervisión, sin embargo no se dieron a conocer los resultados de dicha inspección y el expediente se dio como concluido.

De acuerdo con el artículo 97 de La Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, que tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, “señala que las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados”.

De lo anterior, se desprende la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones de selección del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Donde se establece en el apartado 6.1.6 que la distancia de ubicación del sitio de disposición final, con respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas, debe ser de quinientos metros como mínimo. Mientras que el apartado 6.2 indica los Estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio son los siguientes:

● Estudio geológico.

● Estudios hidrogeológicos.

● Estudio Topográfico.

● Estudio geotécnico.

Asimismo, el apartado diez de dicha norma indica que las autoridades competentes para la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en esa Norma Oficial son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y señala que la Unidad de Verificación está debidamente acreditada y aprobada para verificar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana.

Adicionalmente, el artículo decimo de La Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, establece que los municipios tienen dentro de sus facultades las de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables.

Por lo tanto y recordando el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se considera necesario que para el caso del relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec, dentro del área del Acuífero de Valle de Tulancingo del estado de Hidalgo y el cual abastece de agua a parte de la población de Ventoquipa, se  lleven a cabo las medidas necesarias por parte de las autoridades federales, locales y municipales, en los respectivos ámbitos de competencias, para que brinden certeza y máxima protección ambiental a los ciudadanos de esas localidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de que suspenda las actividades del relleno sanitario, ubicado en la localidad de José Vista Hermosa del municipio de Cuautepec en el Estado de Hidalgo, hasta que remita esta soberanía los siguientes estudios y análisis previos requeridos para la construcción:

1) Geológico y Geohidrológico Regionales.

2) Evaluación Geológica y Geohidrológica.

3) Hidrológico.

4) Topográfico.

5) Geotécnico.

6) Generación y composición de los RSU y de Manejo Especial.

7) Generación de biogás.

8) Generación de lixivia.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que informe de manera detallada a esta soberanía sobre el grado de cumplimento de  la Normas Oficial MexicanaNOM-083-SEMARNAT-2003 para el caso del relleno sanitario del municipio de Cuautepec en el Estado de Hidalgo.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua del Estado de Hidalgo (CONAGUA), a llevar a cabo la  construcción de un pozo de monitoreo para la medición del nivel estadístico y monitoreo de la calidad del agua donde se encuentra ubicado el relleno sanitario.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.


1 Estadística básica sobre medio ambiente datos de hidalgo, 2013.

2 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo.





 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales, así como a los titulares del ejecutivo estatal de las entidades federativas y el Distrito Federal a fortalecer a las instancias estatales de las mujeres, apuntalando los factores clave que inciden en su efectividad, conforme lo señala el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.



 





 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar puntual respuesta a las recomendaciones del Comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, emitidas durante la 133ª sesión celebrada el 11 de febrero de 2015. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DAR PUNTUAL RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE CONTRA LAS DESAPARACIONES FORZADAS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EMITIDAS DURANTE LA133ª SESION CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 2015.

Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barron, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar puntual respuesta a las recomendaciones del Comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas emitidas durante la 133ª sesión celebrada el 11 de febrero de 2015 al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los días 2 y 3 de febrero, México compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en ingles) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Comité examinó por primera vez a México, en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La delegación de México discutió ante el Comité el informe que se presentó en abril de 2014 sobre el particular y las respuestas a una lista previa de preguntas remitidas por el Comité al Gobierno mexicano en enero pasado. Cabe recordar que siendo México uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención, está obligado a presentar un informe sobre la situación general del país a fin de que sea examinado en el CED.

Durante las audiencias, los representantes del Estado Mexicano enfrentaron fuertes cuestionamientos en relación con los mecanismos para determinar y cuantificar los casos de desaparición forzada, las políticas de atención a las víctimas de éste y otros delitos relacionados, establecer penas homogéneas para los responsables de las desapariciones, entre otros relativos a la implementación de la Convención.

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.1 Mediante este tratado, los Estados Partes se comprometen a sancionar el delito de desaparición forzada con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad y a velar porque su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

De acuerdo con el artículo segundo de la Convención “se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.2Cabe precisar que, si bien México es signatario de la Convención, su adhesión a dicho instrumento internacional se realizó efectuando sendas reservas a los artículos 31 y 32. En este sentido, México no ha aceptado los términos del artículo 31 de la Convención, que se refiere a admitir la competencia del Comité para recibir quejas individuales ni los del artículo 32 que reconoce la competencia del Comité para examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro no cumple con las obligaciones de la misma.

Durante el examen relativo a la situación mexicana, el grupo de expertos cuestionaron a los funcionarios mexicanos sobre la jerarquía normativa y aplicabilidad de las leyes a nivel federal, estatal y local, sobre las estadísticas actuales en materia de desaparición de personas, sobre la desaparición de migrantes, niños y otros miembros de grupos vulnerables, así como sobre procedimientos en casos donde personal militar se encuentra de alguna manera involucrado. Las autoridades mexicanas se comprometieron a subsanar la inexistencia de un registro exclusivo de desapariciones forzadas y aseguraron que, a más tardar en junio, el país contará con una nueva Ley General sobre desaparición forzada.

En su 133.ª sesión, celebrada el 11 de febrero de 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas emitió un documento final que contiene las observaciones finales del Examen realizado a nuestro país. A través de dicho documento, el Comité insta a las autoridades de México a tomar una serie de medidas para cumplir con sus obligaciones como Estado signatario de la Convención Internacional sobre el tema. El documento señala que se observa un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse de forzadas. El Comité concluyó que el grave caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en el estado de Guerrero, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre las sugerencias a las autoridades mexicanas, se solicita a la Procuraduría General una atención mayor a este delito, así como el diseño de una unidad fiscal especializada en materia de desapariciones fiscales. Otras recomendaciones incluyen la creación de un registro nacional único de personas desaparecidas y la intensificación de esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes que cruzan el territorio mexicano.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha instado a las autoridades mexicanas a adoptar una serie de medidas para cumplir con sus obligaciones como Estado signatario de la Convención Internacional sobre el tema. Entre estas recomendaciones destacan las siguientes:

1. El Comité considera que el marco normativo en vigor así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no son plenamente compatibles con las obligaciones de la Convención.

2. La información recibida por el Comité, de acuerdo con este Informe “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención”.

3. El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma.

4. Se toma nota de las iniciativas presentadas con miras a reformar la Constitución Política a fin de facultar al Congreso de la Unión para, inter alia, expedir una ley general en materia de desaparición forzada.

5. Se recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley.

6. Contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante.

7. Prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; perseguir penalmente a los responsables; y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores.

8. El mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia debería garantizar: a) la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, b)su identificación y restitución;

9. Establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo.

10. Redoblar sus esfuerzos para asegurar la implementación rápida y eficaz de las medidas de protección previstas en la legislación con miras a garantizar la efectiva protección de todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Desapariciones forzadas durante el período conocido como "guerra sucia"

11. Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como "guerra sucia" sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

En términos generales el Comité insta a que en la práctica El Estado mexicano se ajuste a las obligaciones consagradas en la Convención. Recomienda a demás prever la responsabilidad penal de superiores jerárquicos, plantea medidas en relación a la desaparición de migrantes y enfatiza en especial la situación de vulnerabilidad de mujeres y niños. Asimismo, recomienda el establecimiento de mecanismos específicos para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y sugiere asegurar la implementación de la Ley general de Víctimas.

Sin duda existe un intenso trabajo conjunto entre los distintos Poderes de la Federación y los tres niveles de gobierno para dar respuesta integral a estas importantes recomendaciones. Dos de ellas resultan de la mayor relevancia en el contexto de la coordinación de tareas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En primer lugar, la urgencia de legislar a fin de dar plena competencia al Congreso para expedir una ley en la materia con la que urge contar. En segundo lugar, el retiro de las reservas a los artículos 31 y 32 a fin de que el Comité pueda examinar casos individuales o que el Comité tenga competencias en disputas entre Estados Parte.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en observancia de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, comunique al Senado de la República los términos de su respuesta e informe a esta Soberanía sobre las medidas para cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas dela Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía, en el curso del actual periodo ordinario de sesiones, las iniciativas de ley respectivas contra las Desapariciones Forzadas que ofreció presentar a la brevedad al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que retire las reservas a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.


1 La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006. La Convención entró en vigor 30 días después de que se depositó el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión, según lo establecido en su artículo 39. El gobierno de México firmó la Convención el 6 de febrero de 2007. Posteriormente, el 18 de marzo de 2008, depositó el documento de ratificación ante el Secretario General de Naciones Unidas y el  22 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Promulgación de la Convención.

2 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. Consultada el 3 de febrero de 2015 en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACION RESPECTO DEL POSIBLE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA DE PETROLEOS MEXICANOS EN FAVOR DE PETROBAL Y DEMAS EMPRESAS DE GRUPO BAL, ENTRE 2004 Y 2014.

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION ALA CONTRATACION DE CARLOS MORALES GIL POR PARTE DE PETROBAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 7 de febrero de 2014, Petróleos Mexicanos difundió a través de un boletín de prensa que “el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, aceptó la renuncia del Ingeniero Carlos Morales Gil al cargo de Director de Pemex Exploración y Producción (PEP).” En dicho comunicado, se hizo mención a que Lozoya reconoció la contribución de Morales durante sus más de nueve años al frente de la subsidiaria y sus más de treinta al servicio de la entonces paraestatal.1

Pocos días después de cumplir un año de la salida de Morales de Pemex PEP, el portavoz de Grupo Bal, propiedad de Alberto Bailleres, dueño de las mineras Peñoles y Fresnillo así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México, difundió que dicho Grupo creó “Petrobal”, con el fin de ingresar al “negocio de la exploración y extracción de petróleo y gas en México de cara a la reforma energética que se ha aprobado en el país.”2Asimismo informó que Morales asumiría el cargo de director general de dicha empresa. Esta noticia provocó un gran revuelo, por la exactitud en que se cumplieron los plazos legales para evadir todo tipo de responsabilidad administrativa, así como porque al fin se divulgó la causa de la salida de Morales.

Al respecto, La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su artículo 9, la obligación de los servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión de observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, (…)

De esta manera, es necesario preguntarnos la manera en que Morales contribuyó con Grupo Bal para el diseño del proyecto de Petrobal, a través del uso de la información privilegiada a la que tuvo acceso por su cargo como Director de Pemex-Exploración y Producción, meses antes de la apertura del sector energético y con la que, seguramente buscará posicionarse como un actor importante en el sector, tal y como ocurre con el resto de las empresas de dicho Grupo.

Grupo BAL ha logrado posicionar a personas relacionadas con sus operaciones en cargos importantes del sector energético. Arturo Fernández Pérez, confirmado por el Senado como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, es rector del ITAM y por ello mantiene una relación  estrecha con el presidente del consejo de gobierno de dicha institución: Alberto Bailleres González, tercer hombre más rico de México y selecto miembro del consejo internacional de JP Morgan Chase.3 En el mismo caso encontramos a Jaime Lomelín Guillén, quien hoy presentó su renuncia a su puesto de Consejero Independiente de Pemex por un potencial conflicto de intereses, al fungir también como Consejero Propietario de Peñoles, empresa de Grupo Bal y director corporativo de Técnica Administrativa Bal.4

Otro aspecto relevante de este anuncio es que la renuncia del ex directivo se dio días antes de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara a Oceanografía, por los incumplimientos en numerosos contratos que Pemex Exploración y Producción, bajo la conducción de Carlos Morales, le había otorgado. Es de resaltar que dicho ex servidor público aún está bajo investigación de la Procuraduría General de la República, al igual que una veintena de funcionarios de la otrora paraestatal. El caso Oceanografía va de la mano con la administración de Morales Gil al frente de PEP. No sólo se le otorgaron generosos contratos, también se le permitieron graves incumplimientos en los trabajos efectuados.

Durante la gestión de Carlos Morales las empresas extranjeras Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, acapararon la inmensa mayoría de los contratos de perforación, sumando miles de millones de dólares y que presumiblemente contenían elevados costos. Especialistas han denunciado que Halliburton cobra habitualmente un 20% adicional sobre los trabajos que realiza en México y  que no carga en otras partes del mundo. Algunos contratos fueron fraccionados para que cada una de esas firmas tuviera un pedazo. Lo mismo ocurrió con los contratos de arrendamiento de plataformas de perforación en la región marina, que beneficiaron a Grupo México, Swecomex (Slim), Dragados (España), entre otras. Carlos Slim, incluso creció como empresario petrolero gracias a los contratos que le otorgó la administración de Morales.

A Carlos Morales también se le vincula con las enormes pérdidas que sufrió la Región Norte en años recientes por onerosos contratos y trabajos no concluidos, y que la actual dirección de Pemex se ha esmerado en maquillar en las cuentas de la empresa.

Morales, por otra parte, utilizó a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), dependiente de la Secretaría de Energía, para evadir la ley y no llevar a cabo licitaciones públicas en la adquisiciones, obras y servicios por varios miles de millones de dólares.

Es claro que el caso de Carlos Morales ilustra una de las prácticas más utilizadas en la industria energética mexicana, en el que los funcionarios públicos pasan al servicio de las grandes empresas, a las que ahora se entregarán nuestras reservas petroleras, una vez que reúnen la experiencia e información estratégica de la ahora empresa productiva del Estado.

Cuando Luis Ramírez Corzo fue nombrado Director General de Pemex en 2004 nombró a Carlos Morales como director de Pemex Exploración y Producción. Esta designación fue pagada tiempo después mediante la asignación directa de varios contratos a Oro Negro, empresa petrolera que el primero fundó al concluir la administración foxista. Ramírez Corzo confesó en los medios de comunicación que recibía instrucciones desde Los Pinos para que asignaran contratos a Oceanografía, siendo su operador, Morales.

No hay que olvidar que Carlos Morales salió de Pemex gozando de una jugosa pensión a cargo del Estado, misma que se sumará a los honorarios que recibirá ahora como funcionario privado, más la fortuna que presumiblemente pudo acumular durante su importante cargo en Pemex.

El caso de Carlos Morales Gil es el más reciente ejemplo de funcionarios de Pemex que salen de la empresa pública para trabajar en la iniciativa privada, aprovechando conocimientos, experiencia, contactos e información privilegiada en perjuicio del interés general. Algunos, salen para cobrar favores que hicieron durante su paso en la administración pública. En la mayoría de los casos el conflicto de interés es evidente.

Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014.

SEGUNDO.- El Senado de la República exige al titular del Ejecutivo Federal a realizar una investigación respecto de la posible existencia de conflictos de interés por parte de Arturo Fernández Pérez, actual consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo ante la creación de Petrobal, como empresa del Grupo Bal.

Dado en el Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 Petróleos Mexicanos, Boletín Nacional 13: El Ingeniero Carlos Morales Gil deja la Dirección de Pemex Exploración y Producción, 7 de febrero de 2014, http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2014-013_nacional.aspx#.VOJi2_mG-Ck, consultado el 16 de febrero de 2015

2 CNNExpansión, Grupo Bal: del Palacio de Hierro a la exploración petrolera, 11 de febrero de 2015, http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/11/grupo-bal-del-palacio-de-hierro-al-petroleo, consultado el 16 de febrero de 2015

3 Jalife, Alfredo, JP Morgan Chase y EvercorePartners, ¿detrás de la privatización encubierta de Pemex?, La Jornada, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/opinion/018o1pol

4 Cruz Serrano, Noé, “Renuncia consejero de Pemex por conflicto de intereses” en El Universal, 17 de febrero de 2015, http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/renuncia-consejero-de-pemex-por-conflicto-de-intereses-1077786.html, consultado el 17 de febrero de 2015





 

Del Senadora David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano a explicar detalladamente el propósito del fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ASI COMO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIO Y URBANO, CON EL OBJETO DE QUE EXPLIQUEN DETALLADAMENTE EL PROPOSITO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto en minerales metálicos como en no metálicos. En nuestro país se encuentran yacimientos de clase mundial como son: las salinas de Guerrero Negro, las más grandes del planeta; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California, con reservas de 70 años; Las Cuevas, la mina más grande de fluorita en el mundo; Fresnillo, el yacimiento de plata más rico y más grande que haya descubierto la humanidad; Molango, el depósito más importante de manganeso en Norte América; las minas de carbón de la Cuenca de Río Escondido, entre otras. Además, el sector minero mexicano se mantiene como líder mundial en la producción de plata, ocupando el primer lugar.1

El sector minero aporta cerca del 4.9% al Producto Interno Bruto nacional2 y contribuye con el 1.5% al empleo nacional, es decir, cerca de 2 millones de familias percibe ingresos del sector minero; aunado a esto, en mayo de 2013generó 337 mil 598 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De manera estimada, la producción minera nacional representa el 2.4% de la registrada a nivel mundial; México se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente.3

A pesar de estas significativas cifras, el panorama resulta poco halagüeño. Como resultado del avance en el desarrollo industrial, la evolución de la minería se ha visto influenciada, en sentido poco favorable, por la dinámica de otros sectores de la economía que demandan como insumos sus productos; aunado a las diversas fluctuaciones de los mercados internacionales para los mismos.

Precisamente las bajas cotizaciones internacionales, ocasionadas por la sobreoferta mundial, la sustitución de los metales tradicionales en numerosos procesos productivos y el reciclado de metales, ha traído consigo la caída económica de la industria minera.

Para el caso nacional se calcula que para este 2015 el sector minero atraerá cerca de 4 mil millones de dólares, esto significaría una baja del 49.7% frente al máximo alcanzado en 2012, el cual fue de 8 mil 43 millones de dólares, es decir, casi la mitad de la inversión que se registró en ese año histórico. Por otra parte, la inversión en la minería mexicana decayó a 6 mil 576 millones de dólares en 2013.

Por si fuera poco, el declive ocurrió al mismo tiempo en que los precios de los minerales presentaron una baja, y paralelamente se aprobó la draconiana reforma fiscal en el país, la cual, para el sector minero, se incluyó una nueva regalía de 7.5% sobre el flujo de operación de las empresas mineras y un nuevo derecho de 0.5% sobre sus ingresos de oro, plata y platino.4

Aunado a esta crisis por la que atraviesa el sector minero nacional, es importante mencionar otra serie de factores que han contribuido a la caída en la inversión minera. En 2014 se cancelaron las exportaciones de mineral de hierro en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Además, algunas comunidades mineras enfrentan problemáticas diversas relacionadas con el crimen organizado. Un ejemplo de esto es una mina de oro perteneciente a una empresa canadiense, ubicada en Guerrero, donde los ejidatarios han sido extorsionados. Entonces si el sector minero es una fuente importante en la balanza de pagos, por qué no se le pone la debida atención.5

Ante esta crisis y derivado de la reforma fiscal de 2013, el Congreso de la Unión aprobó la creación de un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que se integrará con recursos recaudados por los derechos y deberá ser destinado para mejorar el desarrollo social, ambiental y urbano de las comunidades. Entendiendo que de la suma de lo que se recaude, 20% se dará a la Federación y 80% irá para dicho fondo, porcentaje -este último- que se distribuirá en 62.5% a los municipios y 37.5% a las entidades federativas en las que haya tenido lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y estos porcentajes estarán determinados con base en la actividad extractiva de cada municipio, entidad federativa o demarcación.6

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se destinará a la construcción, remodelación, equipamiento de centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público, plantas de tratado de aguas, drenajes, reforestación, rescate de ríos, movilidad urbana, etc.

A pesar de que la reforma fiscal entró en vigor el primer día de 2014, fue hasta el 25 de septiembre de ese año, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten los “Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros”.

En dicho Acuerdo se establece que cada entidad federativa minera deberá conformar un comité de Desarrollo Regional para las zonas mineras, y que el 80% de la recaudación total del fondo se realizará a través de la banca de desarrollo, la cual tendrá derecho a percibir como honorarios anuales hasta el 2.5% de los intereses que genere la inversión de los Recursos en la Cuenta Concentradora y deberá administrar los recursos destinados a las entidades federativas, municipios o demarcaciones mineras. Y por si fuera poco, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará a cargo de la determinación de la asignación de los recursos.

De la lectura y análisis del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se pueden abstraer una serie de conclusiones. El pago de honorarios a la banca de desarrollo por la administración de los recursos que se generen. La centralización y discreción en la asignación de recursos que integrarán el Fondo. Finalmente, la nula reinversión en el sector minero con los gravámenes impuestos a este gremio. Ante esto, surge aquí la interrogante de si el Fondo se ha implementado de la manera adecuada.

A la fecha no se han visto de manera tangible resultado alguno a raíz de la constitución del Fondo, por tanto, el sector minero merece respuestas claras y precisas de qué se está haciendo con los impuestos que recibe el Estado por concepto de la extracción y operación de minerales.

Ya alzó la voz la Cámara Minera de México (CAMINEX) la cual, dio a conocer que la mayoría de las empresas mineras han parado la explotación, y están detenidos cerca de 80% de los proyectos. Aunado a que en 2014 se cancelaron 120 proyectos mineros. Lo anterior deja de manifiesto que las medidas implementadas no buscan, de manera alguna, generar las condiciones idóneas para que el sector minero alcance las cifras de inversión que vivió en el año 2012.

Es oportuno que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros también pretenda la reinversión en el propio sector, y que además de que sea usado para el desarrollo de las entidades federativas, municipios o demarcaciones mineras, también se destine para poder incentivar el sector y sea reactivado lo más pronto posible.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el objeto de que expliquen de manera pormenorizada:

A) ¿Cómo se llevó a cabo la constitución y puesta en marcha del Fondo para el desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros?

B) ¿Cuánto ha sido el monto que se ha captado por la nueva regalía del 7.5% sobre el flujo de operación de las empresas mineras y el nuevo derecho de 0.5% sobre sus ingresos de oro, plata y platino?

C) ¿Qué porcentaje está recibiendo la banca de desarrollo, por concepto de honorarios anuales por los intereses que genere la inversión de los Recursos en la Cuenta Concentradora?

D) ¿Qué acciones reales se han implementado para beneficiar directamente los municipios y entidades federativas mineros?

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que informe a esta Soberanía qué acciones tiene previstas para expandir e incentivar la inversión en el sector minero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Sen. David Monreal Avila”.


1 Abdel Guillermo, “El Sector Minero en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia” [en línea], en Centro de estudios de competitividad ITAM, consultada el 16 de Febrero de 2015, disponible en: http://cec.itam.mx/docs/Mineria_Mexico.pdf

2 Secretaría de Economía [en línea] consultada el 16 de Febrero de 2015, disponible en: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria

3 Secretaría de Economía [en línea] consultada el 16 de Febrero de 2015, disponible en: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria

4 Morales Roberto, “Inversión en minería cae a la mitad en un trienio” [en línea] en El Economista, consultado el 16 de Febrero de 2015, disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/11/inversion-mineria-cae-mitad-trienio

5 Morales Roberto, “Inversión en minería cae a la mitad en un trienio” [en línea] en El Economista, consultado el 16 de Febrero de 2015, disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/11/inversion-mineria-cae-mitad-trienio

6 Diario Oficial de la Federación [en línea], consultado el 16 de Febrero de 2015, disponible en:  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361462&fecha=25/09/2014





 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar estrategias y políticas públicas que ayuden a impulsar la industria aeroespacial en nuestro país. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE EDUCACION PUBLICA Y AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A DISEÑAR ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS QUE AYUDEN A IMPULSAR LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN NUESTRO PAIS.

“El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La industria aeroespacial puede convertirse en una gran ventana de oportunidad para nuestro país.

La posición geográfica de México es una de las razones que favorece el desarrollo de este sector, aunada a la mano de obra calificada, los costos competitivos, el desarrollo de proyectos de innovación y los altos estándares de calidad con los que cumplen las empresas asentadas en territorio nacional.

La industria aeroespacial se encarga del diseño, la fabricación, la comercialización y el mantenimiento de aeronaves, como aviones o helicópteros; naves espaciales y cohetes; además de equipos específicos asociados. Este sector estratégico puede traer un gran potencial para nuestra economía y la consecuente creación de empleos. México concluyó el año 2013 con la generación de 5 mil millones de dólares en este sector.

Estados Unidos de América representa el principal mercado aeroespacial ya que produce casi la mitad de la producción total, mientras que México exporta a ese país el 80% del mercado de manufacturas.

Desde 2002, la industria aeroespacial en México ha registrado un crecimiento anual de 20% y, se espera que para el año 2020, nuestro país se sitúe entre las primeras diez naciones con mayor producción en este sector con una exportación de 12 mil millones de dólares al año.

Actualmente y de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, existen alrededor de 276 instalaciones industriales del sector aeroespacial  en México incluidas las compañías líderes en la fabricación de aviones y partes en el mundo como Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, General Electric, Eaton Aerospace, Goodrich, GKN Aeroespace, Grupo INFRA, ITR, entre otras, logrando una balanza comercial de casi 37% a favor de nuestro país de acuerdo con datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

Las empresas están distribuidas en 18 entidades federativas del país: Baja California, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Querétaro, San Luís Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora.

Un estudio realizado por la Secretaría de Economía encontró que la industria aeronáutica en México brinda empleo a más 30 mil personas, de las cuales, 64.5% se concentra en los estados de Baja California, Chihuahua y Querétaro.

El 70% de los empleos está concentrado en compañías pequeñas y medianas, mientras que 23% es ocupado en firmas grandes y sólo 7% se encuentra en micro empresas.

El “Estudio de las necesidades de capital humano de la industria aeroespacial en México” indica que 80% de las empresas del sector se dedica exclusivamente o principalmente a la manufactura, en su mayoría de componentes básicos; 10% está enfocado a la investigación y el desarrollo; y 10% realiza actividades de mantenimiento y reparación de aviones o componentes.

Debido a que en los últimos cinco años la industria aeroespacial ha registrado una fuerte expansión se estima que el empleo en el sector se podría duplicar o triplicar,  incluso hacia segmentos de mayor valor agregado, sin embargo los expertos consideran que existen brechas entre las necesidades y la oferta de recursos humanos.

Ante la importancia que está tomando la industria aeroespacial, los centros educativos deben aumentar su oferta académica para lograr una alta especialización profesional y técnica con conocimientos del idioma inglés, lo anterior debido a los altos requerimientos de precisión y capacidad.

Nuestro país requiere de la suma de esfuerzos entre el gobierno, la iniciativa privada y el ámbito académico, para planear y desarrollar políticas públicas de manera articulada que generen oportunidades de desarrollo industrial y fortalecimiento entre las regiones.

Para lograrlo, es necesario implementar programas y políticas de apoyo que promuevan y fortalezcan el desarrollo de la investigación científica y la vinculación académica en el sector aeroespacial, coadyuvando a la productividad, a la competitividad, al desarrollo regional, así como al crecimiento económico y social del país.

De ahí la importancia de promover un conjunto de estrategias que ayuden a estimular, difundir y fomentar entre los jóvenes de niveles académicos medio y superior, vocación por la actividad científica y tecnológica en el desarrollo de la industria aeroespacial, con una mejor oferta académica, capaz de atender las exigencias del mercado internacional, donde la innovación cobra cada vez mayor importancia.

Es urgente una mayor integración entre la academia y los procesos industriales. La industria aeroespacial puede ser punta de lanza que permita a las nuevas generaciones encontrar espacios diferentes a los tradicionales para su formación y actividad profesional.

La industria aeroespacial requiere  de  una verdadera política de Estado que permita desarrollarla con ventaja frente a otras naciones para competir en un mercado altamente competitivo de bienes y servicios. Es por ello, que se requiere una industria aeroespacial eficaz en beneficio de todos los sectores productivos, en especial, para las pequeñas y medianas empresas.

Es a partir de lo anterior, que consideramos necesario iniciar un proceso que permita al Gobierno Federal implantar políticas públicas que ayuden a impulsar y modernizar la industria aeroespacial nacional, permitiendo que el sector productivo y la academia se conviertan en un binomio que ayude a hacerla más competitiva, invertir en infraestructura y equipamiento de vanguardia, así como en la formación de ingenieros y técnicos mejor capacitados para que México se sitúe entre los primeros diez países con mayor producción en este sector hacia el año 2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

 

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en coordinación con las universidades públicas y privadas, diseñen estrategias y políticas públicas que ayuden a impulsar la industria aeroespacial en nuestro país, ampliar la oferta académica para lograr una alta especialización profesional y técnica, incentivar la investigación científica y la vinculación académica en el sector, así como generar mayores oportunidades de desarrollo industrial para atender las exigencias del mercado internacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe,

Sen. René Juárez Cisneros”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer el programa nacional de pesca ribereña. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.



 





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo cuadragésimo tercero transitorio del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.



 





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, para su ratificación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 149 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA, PARA SU RATIFICACION.

“La suscrita DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER  EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ENVÌE A ESTA SOBERANÌA EL CONVENIO 149 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT),SOBRE EL EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA SU RATIFICACION, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ANTECEDENTES:

Podemos definir a la Enfermería como la responsabilidad de velar por la salud de otros. Así como las acciones de cuidado de la persona y su entorno, a partir del desarrollo de habilidades tales como las observaciones inteligentes, la perseverancia y el ingenio.1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)  la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Además de comprender la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención a las y los enfermos, las y los discapacitados y personas en situación terminal.

El 12 de mayo es considerado el Día Internacional de la Enfermería a nivel mundial, en honor a Florence Nightingale, una enfermera que siendo supervisora  de un hospital de caridad de Londres en el año de 1853,  introdujo grandes innovaciones técnicas y de organización con el objeto de formar personal profesional de enfermería. Creando la primera escuela para la formación de enfermeras profesionales

En México se institucionalizó la profesión de la enfermería en 1907; subsiguientemente en 1945 se consolida de forma legítima como función de interés público al establecerse el control de las profesiones.

II. MARCO LEGAL DE LA ENFERMERIA Y SITUACION ACTUAL EN MEXICO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su párrafo segundo lo siguiente:

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

En lo relativo a las profesiones de la salud se aplicaba lo establecido por la Ley General de Salud, Título Cuarto, Capítulo I, Artículo 79, enunciando lo siguiente:

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Sin embargo el 22 de Diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que la profesión de enfermero(a) con título, se suprimía a la relación de profesiones, oficios y trabajos especiales que estuvieron vigentes en el 2004,  así se enuncio en la:

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2005.

En donde:

SE RESUELVE:

CUARTO.- Las definiciones y descripciones de las actividades, profesiones, oficios y trabajos especiales serán las que a continuación se señalan:

Apartado 31. ENFERMERIA, AUXILIAR PRACTICO:

Es el trabajador que dispensa cuidados simples de asistencia a enfermos en hospitales, clínicas, laboratorios y otros establecimientos similares. Recibe pacientes y los registra; toma signos vitales, sangre y otras muestras; hace curaciones menores, aplica sondas, sueros, inyecta, premédica enfermos que van a ser operados; auxilia en operaciones, partos, cunas e incubadoras; alimenta y asea niños, limpia y esteriliza instrumental quirúrgico y otras labores de asepsia y atención a enfermos. Puede administrar medicinas y vigilar la periodicidad en que deben aplicarse. Desempeña su trabajo bajo vigilancia de un médico o enfermera titulada.

Por lo que a partir de dicha fecha, no se reconoce la Licenciatura de Enfermería en las instituciones de salud, así como tampoco se obliga al pago de salarios ni al reconocimiento en el escalafón. Con lo que se cumplen más de 10 años que no se reconoce la profesión ni la profesionalización de las y los enfermeros en nuestro país.

Finalmente el 25 de enero de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Secretarial de la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que tiene como propósito velar por la debida preparación y desarrollo profesional de esta carrera, lo que difícilmente se verá reflejado si se continúa aplicando el Decreto publicado en diciembre de 2004.

III. ESTADISTICAS DE LA ENFERMERIA EN NUESTRO PAIS:

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, la población que ocupada y que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares asciende a 302 mil personas; alrededor de 9 de cada 10, son mujeres.

Asimismo la edad promedio de las enfermeras y los enfermeros generales es de 38 años. El promedio de escolaridad de la población dedicada a la atención y cuidado de los enfermos es de 12.2 años de estudio.

Siete de cada diez enfermeras y enfermeros residen en localidades de 100 mil y más habitantes y uno de cada diez, en localidades rurales y nueve de cada diez enfermeras (os) prestan su servicio a cambio de un sueldo o salario y la proporción restante trabaja en forma independiente.

En el ámbito laboral datos del INEGI revelan que: De las más de 300 mil enfermeras (os), nueve de cada diez prestan su servicio a cambio de un sueldo o salario, la proporción restante trabaja en forma independiente. Las enfermeras en la misma situación. En promedio, la jornada de trabajo de las enfermeras y los enfermeros es de 39 horas a la semana por 42 de los enfermeros.

Del total del personal de enfermería, tres de cada cuatro cuenta con prestaciones de salud como una prestación laboral. Asimismo, cuatro de cada cinco laboran en establecimientos medianos y grandes de salud y asistenciales; mientras que el porcentaje restante trabaja en locales de servicios profesionales o técnicos especializados; así como en su propio domicilio o en consultorios propiedad del empleador.2

La Organización Mundial de la Salud (OPS) estima que se precisan en el mundo 4,3 millones adicionales de trabajadores sanitarios capacitados para cubrir las necesidades básicas de salud. Aunque la escasez de personal sanitario es un problema de carácter mundial, que ha impulsado a una serie de países ricos a “importar” trabajadores del exterior, hay 57 países en los que el déficit de profesionales calificados ha alcanzado niveles críticos.

Las Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la salud 2014 también muestran que la oferta de trabajadores de la salud en México se ha incrementado durante la última década, pero se mantiene baja para los estándares de la OCDE. Desde el 2000, el número de médicos per cápita se ha incrementado substancialmente en México, pasando de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.2 en el 2012, sin embargo esta cifra sigue siendo inferior al promedio de la OCDE de 3.23

El número de enfermeras ha aumentado también, pero de forma más modesta, incrementándose de 2.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.6 en el 2012. Esta cifra sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDE de 8.8.4

Para cumplir con los indicadores y estándares que marcan los organismos internacionales como la OMS, la OCDE, la OPS,   la OIT y cumplir con los objetivos del Desarrollo del Milenio, hacen falta aproximadamente 600,000 enfermeras en México.

IV. DEL CONVENIO 149 DE LA OIT, SOBRE EL EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA:

En este contexto el 11 de julio de 1979, entra en vigor el Convenio 149 sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.

Dicho Convenio establece el papel tan importante que desempeña el personal de enfermería y otras categorías de trabajadoras y trabajadores de la salud en beneficio del bienestar de la población.

Instaura normas laborales mínimas que hacen hincapié en las condiciones particulares en que se realiza la atención de enfermería, por ello contempla aspectos importantes tales como:

● Una política de servicios y de personal de enfermería que tenga por objeto prestar los servicios en la cantidad y calidad que aseguren a la población el mayor nivel posible de salud.

● Una educación y una formación apropiada al ejercicio de sus funciones.

● Condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las relacionadas con la perspectiva de carrera y una remuneración.

● Mecanismos de resolución de conflictos en su ámbito laboral.

● Medidas que fomenten la participación del personal de enfermería en la planificación de los servicios.

● Consulta del personal de enfermería respecto de sus condiciones de empleo y de trabajo.

¿Cómo se ha aplicado el Convenio en otros países del mundo?5

● En Bangladesh se creó en 1983 el Consejo de Enfermeras, se elaboró un código de conducta profesional y se elevó el nivel de educación mediante la creación de la Licenciatura en Ciencias, mención Enfermería.

● En Dinamarca, la reforma educativa de 1990 se prosiguió hasta culminar en 2001 con la promulgación del decreto sobre la formación de enfermería; se reajustaron las remuneraciones del personal de enfermería de los servicios públicos y, en el marco de la Ley de Salud, se revisaron las disposiciones relativas al personal de enfermería de salud pública y el que prodiga cuidados a domicilio.

● En Francia, por un decreto promulgado en 2000 se establecieron normas específicas para el personal auxiliar de enfermería y el que desempeña funciones en los hospitales públicos.

● En Malta se creó en 1998 un Directorio de Servicios de Enfermería en el Departamento de Salud. El Sindicato de Parteras de Malta, creado en 1990, se convirtió en 1996 en el Sindicato maltés de parteras y enfermeras, con la incorporación del personal de enfermería. Se modificó el número de horas de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Convenio núm. 149. En 2001 se solucionó un conflicto laboral con asesoramiento de la OIT.

● En Grecia, entre 1994 y 1999 se concluyeron varios acuerdos colectivos sobre remuneraciones y condiciones de trabajo, aplicables al personal que desempeña funciones en el sector privado. En 1995, mediante decreto presidencial, el personal de enfermería quedó protegido contra el riesgo de exposición a agentes biológicos.

● En Noruega se enmendó en 2001 la normativa sobre el contenido técnico de la formación de enfermería y el sistema de evaluación.

● En Filipinas, en el marco de la Ley de Enfermería (1987) se revisaron todas las leyes que regían el ejercicio de la profesión. Se creó un Consejo de Enfermeras encargado, entre otras tareas, de uniformizar la práctica y de velar por que el Gobierno atienda las reivindicaciones del personal de enfermería; se abordó la cuestión de la educación y la integración de los servicios de enfermería, y se emprendieron estudios sobre oferta y demanda de personal de enfermería en los planos nacional e internacional.

● En Tanzanía se promulgó en 1997 la Ley sobre Registro Nacional de Enfermeras y Parteras (1997) que regula la educación, la formación, las modalidades de tenida del registro, la contratación y la práctica de la enfermería y partería a fin de insertar el ejercicio profesional en el marco más amplio y de mayor alcance que es el suyo.

V. MEXICO Y LA RATIFICACION DEL CONVENIO 149:

En nuestro país reconocemos que la enfermería ha contribuido a mejorar el desempeño y las metas de salud en la prestación de los servicios con acciones y programas específicos de atención, formación, investigación, liderazgo y organización de los sistemas de salud.

En este orden de ideas reconocemos que  han y seguirán luchando por seguir teniendo participación en la salud y cuidado de las y los mexicanos, a través de la superación académica y profesional. Aunado a ello que buscan una mejor remuneración económica y una participación más dinámica en la definición de las políticas de salud que se elaboran en nuestro país.

El desarrollo de la profesión de enfermería en México ha transitado por diversas épocas y cambios sociales en los últimos años, que han permitido su avance en el campo del conocimiento y reconocimiento social  en las diferentes áreas de desempeño, pero aún falta camino por recorrer, fortalecer nuestro marco jurídico en la regulación de la profesión de enfermería y reconocimiento de los derechos laborales de las y los enfermeros que les permitan tener mejores condiciones de trabajo y un mayor reconocimiento económico.

Para lograr esto último, resulta imperante que se ratifique el Convenio 149 de la OIT, sobre el empleo y las condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.

Fortalecer y dignificar la profesión de enfermería y generar mejores condiciones socio-laborales es la finalidad de buscar la ratificación del Convenio 149 de la OIT en nuestro país.

Su aplicación permitirá: Establecer normas de trabajo decente, que eleven el perfil profesional de las y los enfermeros, así como la proporción de incentivos profesionales con la finalidad de que se siga desempeñando dicha profesión y se provea a los encargados de formular políticas dentro del sector salud que garanticen la protección y procuración de los derechos laborales de las y los enfermeros en México lo anterior en beneficio de la población en general.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, para su ratificación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Diva Hadamira Gastélum Bajo
Senadora de la República”.

1 Revista Cubana de Enfermería. Versión On-line ISSN 1561-296.http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000300009&lng=es

2 Estadísticas a propósito del día de la enfermera” Datos nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 13 de febrero de 2015.

3 http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf. Consultado el 12 de febrero.

4 http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf. Consultado el 12 de febrero.

5 Convenio núm. 149 sobre el personal de enfermería. Reconocer su aporte. Considerar sus necesidades.  Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. Pág. 3y 4. Consultado 13 de febrero de 2015.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.



 





 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que puedan sufrir esta práctica. Se turna a la Comisión de Salud.



 





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los resultados que ha tenido el programa “Síguele, caminemos juntos”, en lo que respecta en su dimensión “Alerta Temprana”. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS QUE HA TENIDO EL PROGRAMA “SIGUELE, CAMINEMOS JUNTOS”, EN LO QUE RESPECTA EN SU DIMENSION “ALERTA TEMPRANA”.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, fracción I, numeral 1, ambos del Reglamento del Senado de la República, por la que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), para que en uso de sus atribuciones y facultades rinda un informe detallado a está soberanía sobre los resultados que ha tenido el programa “Síguele, caminemos juntos”, en lo que respecta en su dimensión “Alerta Temprana”, por lo que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Programa “Síguele, caminemos juntos”, se origina a partir del reconocimiento de una identidad común entre los subsistemas educativos que conforman la SEMS, definidos por los retos y objetivos generales que comparten.

Las acciones que se venían realizando en forma aislada en torno a la formación integral de los estudiantes, a la prevención de la deserción, a incrementar el aprovechamiento académico y la eficiencia terminal, se articulan a través del Programa Síguele, caminemos juntos.

Dentro de las seis dimensiones que opera este programa, existe el de “Alerta Temprana”, el cual permite detectar oportunamente a los alumnos que están en riesgo de abandonar los estudios. Asimismo, esta herramienta sirve de apoyo para poner en marcha, con oportunidad, las intervenciones adecuadas para lograr la permanencia de los alumnos en la escuela, con el fin de prevenir el abandono escolar en el nivel medio superior.

Sin embargo, también debería concentrarse para que la escuela no abandone al alumno, esto quiere decir, que la escuela tiene que proveer el material pertinente, una estructura de aprendizaje moderna y la programación de un horario atractivo el cual no deje horas libres y provoque que el estudiante salga de la escuela y ya no regrese.

La deserción escolar, es un fenómeno que se da cuando una persona en edad escolar abandona sus estudios de manera definitiva para dedicarse a otra actividad, este fenómeno se presenta en todos los niveles educativos, sus causas son multifactoriales, esto lo hace que sea más difícil de suprimir, es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar.

México cuenta con un millón seiscientos mil jóvenes entre 16 y 18 años que no estudian porque truncaron su formación al concluir con la secundaria o desertaron del bachillerato; 55% de ellos pertenece a la población ubicada en los cuatro segmentos con menores ingresos.

Mientras, quienes se encuentran en las aulas en vez de preocuparse por sus estudios, se enfocan en otros temas relacionados con el consumo de drogas y alcohol, incomprensión familiar, falta de integración social y se desenvuelven en un ambiente de violencia.

La meta que se ha alcanzado es lograr duplicar en éstos últimos veinte años la matrícula de educación media superior, al pasar de dos millones cien mil alumnos en 1990 a una cifra actual cercana a los cuatro millones quinientos mil.

Sin embargo, ahora la principal meta por alcanzar es seguir luchando por la retención de los jóvenes en los salones de clase, pues la deserción es alta y la eficiencia terminal resulta baja.

Aun contando con el programa “Alerta Temprana”, que se enfoca precisamente en reducir la deserción escolar , no se ha visto un gran avance, debido a que las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)en el año 2010, en cuanto a la asistencia escolar: 94 de cada 100 niños de la edad de seis a catorce años asisten a la escuela, pero hablando de los jóvenes de 15 a 19 años, solo el 57% asiste a la escuela, mientras el otro 43% deja de presentarse y como se mencionó anteriormente los alumnos que asisten no se enfocan precisamente en el deseo de querer estudiar sino en las drogas, violencia y malos hábitos.

Los datos más duros los seguimos encontrando a partir de la edad de 20 años, donde los jóvenes dejan de asistir prácticamente a la escuela, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 5 de cada 100 habitantes en éste rango de edad asiste a la escuela.

La deserción se acentúa en México a los 15 años y más. A partir de esa edad disminuye de manera importante la asistencia escolar; el fenómeno va siendo progresivo.

Todas estas cifras nos indican que a pesar de que el programa “Alerta temprana” existe, tenemos que seguir impulsando todas las leyes y propuestas que favorezcan a los estudiantes para incentivarlos a continuar con sus estudios.

En nuestro país el nivel socioeconómico va de la mano con la educación, factor que no debería de afectar, debido a que nuestra Carta Magna en su artículo 4º, fracción IV, expresamente nos menciona que “ toda la educación que el Estado imparte tiene que ser gratuita”.

La escuela necesita proveerle al estudiante los instrumentos necesarios que lo inserten en el mundo del trabajo y lo conviertan en una persona totalmente funcional. Otro de los problemas de las escuelas es que algunos maestros utilizan una metodología de enseñanza de la misma manera que lo hacían años atrás, donde la tecnología no había alcanzado la importancia que tiene hoy en día.

El maestro muchas veces no está capacitado para entender este mundo y perjudica el aprendizaje de sus estudiantes., siendo importante que las instituciones se preocupen de la deserción como un proceso que se da, a veces causado por ellas mismas, tomando en cuenta de que la deserción surge por un proceso multidimensional que implica que haya una interacción entre el alumno y la institución. Por esto mismo, la deserción escolar debe afrontarse por ambas partes y sobre todas las cosas, se tienen que respetar las garantías individuales de cada ciudadano, es por ello que como Senador de la República preocupado y ocupado por que los niños y jóvenes de México, continúen preparándose de la mejor manera, me permito proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero- El Senado de la República, solicita respetuosamente a la SEP, a través de la SEMS para que, informe detalladamente los resultados del Sistema de Alerta Temprana del programa “Síguele, caminemos juntos” a partir de su creación.

Segundo.-El Senado de la República, solicita respetuosamente a la SEP, para que, informe que nuevas acciones se están implementando para disminuir la deserción escolar en todos los niveles educativos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Layda Sansores San Román, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum a establecer una mesa de trabajo para garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL MUNICIPIO DE TULUM A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL LIBRE ACCESO AL PUBLICO A LA PLAYA EN LA BAHIA DE AKUMAL.

“Los suscritos, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, LAYDA SANSORES SAN ROMAN,ARMANDO RIOS PITER, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, Senadores en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comunidad de Akumal, en el Municipio de Tulum, Quintana Roo, han solicitado la intervención de los Senadores de la República para impedir la probable privatización del acceso al mar, de la bahía de Akumal y del disfrute que esta brinda al pueblo mexicano, es por ello que se elabora esta propuesta, con la finalidad de poner un alto a la privatización de los accesos públicos.

Es importante mencionar que la “Bahía de Akumal” se ubica frente al poblado de Akumal en la Costa Caribe del Municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

El poblado de Akumal se localiza aproximadamente a 35 Km al sur de Playa del Carmen, aproximadamente a 25 Km al norte de Tulum y a aproximadamente 0.8 Km de distancia de la Bahía de Akumal Norte. El acceso a la Playa de Akumal es a través del acceso público que inicia desde la carretera Federal 307 o a través de embarcaciones menores, partiendo de Playa del Carmen o Tulum.

Es importante mencionar algunos de los antecedentes relacionados con la problemática:

1.- El Poblado de Akumal siempre tuvo su morada en la Zona Costera de la Bahía de Akumal, hasta que en 1995, a través del Gobierno Estatal de Quintana Roo, se les reubicó al área actual donde se encuentra el Poblado de Akumal, a efecto de que FIDEICARIBE estuviese en la posibilidad de desarrollar, en favor de la Comunidad, el área de esparcimiento en la bahía de Akumal.

2.- La organización Centro Ukana I Akumal A. C., de forma sorpresiva realizó construcciones y delimitación del acceso con sogas haciéndolo más estrecho, sin embargo, siempre existió el libre acceso a la Playa de la Bahía de Akumal, por el que todos los días las distintas familias de la Comunidad de Akumal, gozan de dicha Bahía.

3.- Durante varios años, la Organización Civil Centro Ukana I Akumal A. C. mejor conocido como Centro Ecológico Akumal (CEA) ha procurado obstruir el acceso público1, surgiendo diversos disturbios sociales con la Comunidad de Akumal2, puesto que en más de 40 años, ese siempre ha sido el acceso público a la Bahía de Akumal.

4.-Furtivamente en la madrugada del día 8 de Julio de 2013 diversas personas, que decían trabajar para las organizaciones Centro Ukana I Akumal, A.C y Club Akumal Caribe, S.A. de C.V bloquearon el acceso público nuevamente.

La Comunidad de Akumal con apoyo de autoridades Municipales nuevamente abrió el acceso que de origen les pertenece3.

5.- Conforme al Periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo; 2ª época, tomo 1 del 20 de enero de 1975 se autorizó el fraccionamiento de toda el área que conforma el actual territorio de Akumal, señalándose la donación de áreas para la creación de “calles, accesos, plazas y retornos…” y en general obras para el servicio público como “mercado, escuela primaria, guardería infantil y oficina de gobierno…” áreas públicas de la Comunidad de Akumal.

Mediante Oficio No. DC/DTC/161/11 de fecha 29 de marzo de 2011, emitido por la Dirección de Catastro del Municipio de Tulum, Quintana Roo. La Colindancia del Predio identificado con la clave catastral: 905 001 000 010 001, propiedad de “Club Akumal Caribe S.A. de C.V.”, lo constituye un Acceso Público a la Playa.

El documento descrito, se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo; mediante escritura pública número 10338, de fecha 11 de Mayo del año 2011, pasada ante la fe del Notario Público Número 13 del Estado de Quintana Roo, Licenciado Rubén Antonio Barahona López y referida en la escritura pública 11412 de fecha 10 de agosto del 2011, es decir, tiene efectos constitutivos frente a terceros.

En suma, es clara la existencia de un derecho tutelado para la Población de Akumal y el Público para gozar del Acceso Público a la Playa de la Bahía de Akumal.

6.- Lo anterior, es claramente descrito, al momento en que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Akumal 2007-2032, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día Diciembre 13, 2007, por el entonces Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, en cuyos antecedentes resultan claras las precisiones anteriores.

Pero más aún, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Akumal 2007-2032, en todos sus Planos, en particular el Plano D-3, se establece “puerta del agua” a la Vía Publica a la playa de Akumal, con lo que se señala expresamente la preexistencia del Acceso Público.

7.- Es claro que el Gobierno Federal ha procurado por los intereses de las poblaciones desprotegidas como es el Poblado de Akumal, y por tanto en el 2006, en precisión el 06 de Julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana “NMX-AA-120-SCFI-2006”, en cuyos términos establece en su punto 5.5 “De Seguridad y Servicios”, cuyo sub-inciso “5.5.b” Señala literalmente lo siguiente:

“5.5.b Se debe mantener por lo menos un acceso al público en aquellas playas que midan menos de 500 m, si la playa es mayor a 500 m deberá mantener un acceso al menos cada 500 m; ……….”

Luego, es claro que, si la Bahía de Akumal, mide aproximadamente 2,600 metros, entonces, deben existir, por lo menos 3 Accesos Públicos.

8.-El 14 de Enero de 2014, se presentaron aproximadamente a las 21:00 horas, diversas personas ostentándose como servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes levantaron un acta administrativa, sin dar acceso a la misma, ni señalar a quien se realizaba dicha acta, instalaron los siguientes letreros de clausura en el camino de acceso público a la Playa:

● 14 de Enero de 2014 Clausura de acceso público a la playa de Akumal por PROFEPA

● 29 de Enero de 2014; personal del Centro Ecológico Akumal instaló sogas de para bloqueo del acceso públicos a la playa de Akumal.

En adición a los antecedentes antes expuestos debemos exponer la siguiente motivación:

En los artículos 17, 47 fracción VII, 74 fracción VI del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, los propietarios de terrenos adyacentes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, están obligados a permitir el libre tránsito a las Playas, patrimonio de la Nación, y por tanto, cualquier obstrucción o eliminación de accesos resulta en una conducta punible.

De tal manera que las personas que han obstruido el acceso público deben ser sancionados conforme a derecho, con la finalidad de garantizar el acceso público y evitar su privatización.

El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 74 fracción VI, establece precisamente que constituye una infracción a dicho reglamento, obstruir el acceso público a la Playa:

ARTICULO 74.- Son infracciones para los efectos del Capítulo II de este Reglamento las siguientes:

I. …..

…….

VI. Obstruir o impedir el libre acceso o tránsito a las playas marítimas en contravención a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

Es necesario el reconocimiento de Acceso Público al acceso existente y que consuetudinariamente se hace uso desde hace más de 40 años, para lo cual es imprescindible que la SEMARNAT, en conjunto del gobierno del Estado y del municipio de Tulum realicen las acciones necesarias para garantizar el acceso público y sancionar a quienes han cerrado indebidamente el acceso.

Asimismo, han cerrado el acceso con el principal argumento que es propiedad privada, sin embargo al analizar las escrituras resulta evidente que son apócrifas, hay innumerables anomalías, ya que se en sus mismas escrituras aparece el acceso a la playa, y del año 1973 Al año 2011 el predio incrementó su superficie en 2,800 metros cuadrados, sin omitir las referencias de colindancia, es decir que crece el terreno pero no especifican hacia donde, y al momento de realizar la medición se incluye ya el área que por antonomasia ha sido usada como acceso público, lo cual es sumamente sancionado, además se cree que el crecimiento anormal del terreno abarca la zona federal, por lo que hay que investigar a fondo este tema.

Es necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto para solucionar este conflicto, por lo cual es necesario que trabajen en conjunto con la población de Akumal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum, a que en conjunto articulen sus facultades para establecer una mesa de trabajo en coordinación con representantes del poblado de Akumal, con la finalidad de garantizar el libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal y así evitar la privatización de espacios públicos y mar territorial.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

1 http://www.youtube.com/watch?v=qb6P-gSYKsg

2 http://noticaribe.com.mx/2011/10/23/protestan_300_contra_virtual_privatizacion_de_playa_en_akumal/

3 http://sipse.com/novedades/podrian-privatizar-acceso-a-playa-en-akumal-40748.html





 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Morelos a implementar acciones y mecanismos de apoyo con motivo del proyecto de remodelación del centro histórico de la capital de ese estado. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS DE APOYO CON MOTIVO DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CAPITAL DE ESE ESTADO.

“Las Senadoras LISBETH HERNANDEZ LECONA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MAYELA MARIA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ Y MELY ROMERO CELIS, integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del senado de la república, nos permitimos presentar ante ésta Honorable Asamblea, proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS DE APOYO A FIN DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS, CON MOTIVO DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE MORELOS, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado veintidós de enero del año en curso, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, dio a conocer el Proyecto Integral de Remodelación del Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos, quien enfatizó que "Recuperar el primer cuadro de la ciudad es recuperar el origen y la identidad", y que "Lo importante es darle un valor Cuernavaca, para recuperar seguridad e inversiones”, agregando además que las acciones en el primer cuadro de la ciudad capital, le van a dar un realce a los edificios emblemáticos como la catedral, El Calvario, El Castillito, el Cine Alameda y el Hotel Moctezuma, a fin de que los fines de semana el centro histórico de Cuernavaca se convierta en un espacio peatonal, lo cual va a atraer a más visitantes e incrementar las ventas de los comerciantes establecidos.

Durante la presentación del proyecto de remodelación se comentó que los trabajos iniciarían en semanas posteriores en las calles Ricardo Linares, y Vicente Guerrero, abarcando la restauración del Puente "Porfirio Díaz" y la integración de la Plaza de Armas "Emiliano Zapata Salazar" con las plazas circundantes.

Sin embargo, el pasado siete de febrero del año en curso, no obstante de haber entablado pláticas entre los comerciantes y el Secretario de Gobierno del estado de Morelos, relativo al desarrollo de las obras, la ciudadana morelense, no sólo advertimos que fueron cerradas las calles que se encuentran contempladas en el proyecto de remodelación, sino que además fueron cerrados los accesos que permiten ingresar a los primeros cuadros de la capital del Estado así como al mercado Adolfo López Mateos, provocando con esto un caos en el centro histórico entre los transeúntes, comerciantes, el transporte público con y sin itinerario fijo, y la ciudadanía en general que se encontraba en esos momentos desarrollando alguna actividad comercial o de esparcimiento.

Desconcierto que incluso genero un enfrentamiento entre policías del mando único que resguardaban los trabajadores encargados de la remodelación del centro histórico que se encontraban en la calle Guerrero, quienes se encargaron de retirar con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes, contención que incluso se extendió a los comerciantes, ancianos, niños y personas que tienen su principal fuente de trabajo y habitan en el Centro Histórico.

No obstante de los argumentos planteados por el titular del poder ejecutivo del estado de Morelos en cuanto al objetivo del proyecto de remodelación para reconstruir la infraestructura de servicios públicos a través del rediseño del espacio público para favorecer al peatón, éstas crean un conflicto que repercute en dos sectores de la economía del centro histórico, el comercio y el transporte público, sin olvidar la afectación directa a las familias morelenses que dependen de esas dos actividades y que significan su único medio de sustento económico.

Por una parte con cierre parcial del centro histórico, se afecta a más de 1500 comerciantes que se encuentran en las plazas Lido y Santos Degollado, entre otras plazas que se ven afectadas, además del comercio establecido que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, y por supuesto sin olvidar a los más de 5000 comerciantes ambulantes y fijos que trabajan en el mercado Adolfo López Mateos.

De la misma forma otro de los sectores que es afectado ante el total o eventual cierre de las principales calles del centro de la ciudad de Cuernavaca, es el sector del transporte público con y sin itinerario fijo, en virtud de que deben ser redefinido sus trayectos y trazar rutas alternas para seguir brindando el servicio público de transporte a la ciudadanía.

Lo anterior no es más que el resultado de la falta de información que se debió haber transmitido a los comerciantes y ciudadanía en general, respecto a la planeación y desarrollo de las diferentes etapas del proyecto de remodelación del centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, Morelos y sobre todo al tiempo en que se darán por concluidos.

De esta forma se plantea una contradicción en el proyecto, ya que por una parte se prevé una espacio verde, privilegiando al peatón y la generación de espacios accesibles y sustentables, sin embargo se olvida del factor económico que representan los comerciantes y sus familias que dependen de esa actividad

En ese sentido sometemos a ésta honorable asamblea la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS DE APOYO A FIN DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS, CON MOTIVO DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE MORELOS, en los términos siguientes:

PRIMERO.- Implementar acciones y mecanismos de apoyo a fin de impulsar la actividad económica de los comercios, empresas y establecimientos del centro histórico en virtud de la puesta en marcha del proyecto de remodelación del centro histórico.

SEGUNDO.- Implementar o en su caso continuar con las mesas de dialogo con el sector del transporte público con y sin itinerario fijo a fin de prescindir de los cierres totales de circulación por las principales calles del centro histórico, o en su caso implementar las vías alternas que menos perjudiquen a la ciudadanía y al sector del transporte público.

TERCERO.- Llevar a cabo una campaña de información dirigida a la ciudadanía para dar a conocer las diferentes etapas del proyecto de remodelación del centro histórico de la ciudad capital del estado de Morelos, que abarquen la planeación hasta la conclusión de los trabajos.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.- Sen. Mely Romero Celis”.




 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar los criterios asumidos en el recorte presupuestal, en particular a las empresas PEMEX y CFE, a efecto de prevenir repercusiones permanentes en la economía del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A RECONSIDERAR LOS CRITERIOS ASUMIDOS EN EL RECORTE PRESUPUESTAL, EN PARTICULAR A LAS EMPRESAS PEMEX Y CFE, A EFECTO DE PREVENIR REPERCUSIONES PERMANENTES EN LA ECONOMIA DEL PAIS.

“Los que suscriben, Sen. JORGE LUIS LAVALLE MAURY y Sen. FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE RECONSIDERE LOS CRITERIOS ASUMIDOS EN EL RECORTE PRESUPUESTAL, EN PARTICULAR A LAS EMPRESA PEMEX Y CFE, A EFECTO DE PREVENIR REPERCURSIONES PERMANENTES EN LA ECONOMIA DEL PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los recortes presupuestales han sido una medida que el gobierno federal ha ejecutado, ante crisis financieras internas y externas ejercen presión para sostener la economía del país. Esta medida ha sido una constante en los gobiernos priistas, cuyas decisiones han desatado graves crisis financieras en el territorio nacional.

Como antecedentes, los sexenios del siglo pasado cuyas desafortunadas decisiones marcaron la ruta económica de un país, que requería mejores opciones para el desarrollo del país.

En el mandato de Luis Echeverría Alvarez, (1 de diciembre de 1970 – 30 de noviembre de 1976) Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato fueron insuficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país provocada por la escasez de petróleo. Ante ello disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor y la deuda externa aumentó de 6,000 millones de dólares que había heredado Díaz Ordaz a más de 20,000 millones.

Se compraron empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de $ 12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar.

En 1976, al entregar la Presidencia a López Portillo se produjo una nueva devaluación de la moneda, lo cual se afirma como causa, más tarde, de la crisis nacional.

En ese entonces el sexenio de José López Portillo, (1 de diciembre de 1976 – 30 de noviembre de 1982) tuvo la mayor producción de petróleo que provocó una gran falsa ilusión, hecho que provocó que la banca internacional ofreciera créditos excesivos al gobierno. La deuda externa que en 1977 era de menos de 21,000 millones de dólares, ya para 1982 alcanzaba los 76,000 millones, de los cuales el 80 % correspondía al gobierno y el 20 % restante a la deuda privada.

Con las grandes cantidades de dinero generadas del petróleo y del crédito se intentó un proyecto de industrialización y modernización en cinco años.

El gasto público se desbocó; en 1978 creció en un 38 % sobre el de 77, el presupuesto de egresos se elevó en un 23 % y el de la inversión pública un 37 % sobre el año anterior; en 1980 el gasto público volvió a crecer un 33 %, el de la inversión un 35.5 %, el destinado al campo 100 % y al comercio un 200 %. Para 1981 los egresos del erario se incrementaron en 55 %, los de la inversión pública un 40 %, el gasto corriente un 55 %, y el servicio de la deuda un 36 %.

Dicha situación provocó una indudable devaluación, cuyos efectos se tratarían contrarrestar con una disminución del gasto público, impuso más controles a la importación, subió los precios y tarifas públicas y elevó las tasas de interés; decretó un alza general de sueldos y salarios del 10, 20 y 30 % que elevó los costos de producción, se compraron dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos.

Tristemente el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encarar a la nación para anunciar al país la crisis por la que estaba pasando.

Ante ésta difícil situación, en el sexenio de Miguel de la Madrid (1 de diciembre de 1982 – 30 de noviembre de 1988) por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se efectuó uno de los primeros ajustes en 1985 que realizó una reestructuración económica ante el hundimiento de los precios del petróleo nombrado “Programa Inmediato de Reordenación Económica”, que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, lo que significó recortes al gasto público, mayor disciplina fiscal y aumento general de impuestos; además, hubo recortes al gasto corriente.

En el sexenio siguiente, presidido por Carlos Salinas de Gortari (1 de diciembre de 1988 – 30 de noviembre de 1994) lo que más destacó fue la austeridad en el gasto público, con recortes en los programas y los subsidios sociales, a través de ajustes económicos. Se dejó de invertir en fomento agrícola, manufacturero y en el sector energético, al reducirse la inversión pública. Durante este gobierno se llevó a cabo un plan de reestructuración económica, basado en sustituir la rectoría económica del Estado por el automatismo del mercado y, de ser posible, liquidar el Estado empresario mediante la desincorporación parcial o total de las empresas públicas, así como desregular la economía.

En ese entonces, el secretario de Programación y Presupuesto era Ernesto Zedillo; que se convertiría en Presidente por el periodo 1 de diciembre de 1994 – 30 de noviembre de 2000, en el cuál realizó tres recortes equivalentes al 0.79% del PIB, el primero de ellos en 1998 con una renegociación de la deuda cuando las finanzas públicas de México se mantuvieron en equilibrio.

Se tomaron tajantes decisiones con consecuencias sociales profundas, las cuales la economía mexicana actualmente sigue resintiendo.

Para la era de alternancia, asume la presidencia Vicente Fox Quezada (1 de diciembre de 2000 – 30 de noviembre de 2006) cuya aportación al sistema económico del país fue un equilibrio poco conocido y explorado, acciones que favorecieron emprender nuevas dinámicas para hacerle frente a los problemas que se suscitaron. Durante su sexenio no se atravesó ninguna crisis política o económica que rompiera el equilibrio logrado hasta ese punto.

Para el periodo comprendido de 1 de diciembre de 2006 – 30 de noviembre de 2012,  la presidencia es asumida por Felipe Calderón Hinojosa, la situación del país, se encontraba bajo un crecimiento regular de la economía, se urgió de reformas estratégicas que no fueron apoyadas por los partidos de oposición, lo que condenó al desarrollo económico a mantenerse por debajo de las estimaciones previstas, sin embargo y a pesar de haber atravesado la peor crisis económica en 2008 y 2009, las decisiones que fueron tomadas relativas al ajuste y moderación del gasto, resultaron efectivas. No se acudió a un recorte presupuestal que afectara la inversión en México.

En el siguiente cuadro se muestran los indicadores de que en los últimos dos sexenios el país no atravesó grandes crisis.

Presidente

Fin de sexenio

INPC Final

Inflación

Valor Del Dolar

Devaluación

Salario Mínimo Final

% Variación

Luis Echeverría Alvarez

1976

0.1978

126.06%

$15.36

22.88%

$120.00

275.00%

José López Portillo

1982

1.0240

417.69%

$148.50

866.80%

$680.00

466.67%

Miguel de la Madrid H.

1988

42.2989

4030.75%

$2291.24

1442.92%

$8640.00

1170.59%

Carlos Salinas de Gortari

1994

102.3588 /
28.3567

141.99%

N$3.49

50.08%

N$16.34

89.12%

Ernesto Zedillo Ponce

2000

92.2495

225.32%

N$9.42

173.82%

N$40.35

146.94%

Vicente Fox Quesada

2006

120.3019/
82.97118

30.41%

N$ 10.9975

16.80%

N$50.57

25.33%

Felipe Calderón Hinojosa

2012

107.0000

28.96%

$ 12.9268

17.54%

$62.33

23.25%

Fuentes:
http://www.inegi.gob.mx
http://www.banxico.org.mx
http://www.sat.gob.mx

Este sexenio recibió de los dos anteriores, una estabilidad macroecónomica, con las condiciones ideales para explorar nuevas alternativas para fomentar el desarrollo del país.

Sin embargo, es de hacer notar que la decisión del actual gobierno federal ante el primer embate de crisis internacional, fue el recorte presupuestal sin estimar los riesgos que derivan de tan apresurada decisión. Lo que resulta en la aplicación de la frase “Quien no conoce su historia, está condenada a repetirla”. Tal parece que es así, ya que a pesar de que los recortes presupuestales han sido la peor alternativa para frenar una crisis al interior del país son las que se han tomado con una total falta de previsión en el futuro.

Ante ésta disposición, el actual gobierno condiciona el crecimiento del país, sin tener mayor proyección hacia el futuro, y condenando a que a finales del sexenio la crisis no se pueda superar, heredando como ocurrió en los gobiernos del siglo pasado a partir del presidente Luis Echeverría Alvarez, el rezago económico que el país ha arrastrado desde ese entonces, demostrando débiles crecimientos anuales.

Las crisis económicas afectan a todos los sectores de la población, quienes necesitan el dinamismo de una economía productiva que genere el impulso para generar el desarrollo, los insumos con los que las cadenas productivas sostienen la economía interna se ven afectados ante tales decisiones ya que son los primeros en resentir los ajustes y por consecuencia afectan a todos los involucrados en torno a estas.

En un país globalizado como el nuestro, que es susceptible de recibir los remanentes de crisis externas, la decisión del recorte presupuestal no es la forma más apropiada de sobrellevarla, ya que por experiencias pasadas este recurso resulta en una cura momentánea un problema mayúsculo.

Economías como la mexicana cuyo principal ingreso deviene de la renta petrolera, la hace idónea ante la volatilidad con la que éste insumo se maneja internacionalmente, cuyo precio en el mercado ha venido disminuyendo en mayor índice desde el año pasado.

La causa de la disminución de los precios del petróleo son entre otras: una débil demanda de Europa y Asia, el auto abastecimiento de Estados Unidos y el exceso de producción que provoca una sobreoferta en el mercado cuya consecuencia es la disminución de su precio.

La especulación que existe alrededor del valor por barril de petróleo, afecta a un país como el nuestro que sienta en sus Presupuestos de Ingresos y de Egresos cada partida gubernamental, y que al ser tocados por decisiones como un recorte presupuestal afectan directamente a los beneficiarios finales que son en primera instancia los ciudadanos.

Debido a la baja internacional del precio del crudo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ajuste al presupuesto de Egresos de la Federación y anunció un recorte presupuestal de 124 mil 300 millones de pesos, que se extenderá hasta 2016 con una reingeniería del gasto y las dependencias federales.

En México el gasto público sin empresas paraestatales representa 20% del PIB, el promedio para los países de América Latina y de la OCDE es de 27 y 47% del PIB, respectivamente. Las necesidades de gasto de inversión del país sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan actualmente. Mientras los ingresos tributarios en México son aproximadamente 16% del PIB, los países de América Latina y de la OCDE cuentan con ingresos tributarios promedio de 19 y 25% del PIB, respectivamente.

Si en el caso de México excluyéramos los ingresos petroleros, la recaudaciónrepresentaríasóloel10%delPIB, lo cual nos ubica en los últimos lugares entre los países de la OCDE, e incluso por debajo de países de América Latina, que tienen igual o menor nivel de desarrollo que México

A pesar de esto, el recorte fue llevado a cabo en una reducción del gasto en 52.3 miles de millones de pesos para dependencias y entidades del Gobierno; 62.0 miles de millones de pesos para Pemex; 10.0 miles de millones de pesos; y CFE, que suman los 124.3 miles de millones de pesos, equivalentes al 0.7 del PIB.

Este recorte no afectará a todas las dependencias por igual, existe una marcada diferencia cuyo criterio se desconoce, y que resulta en una disminución distribuida de la siguiente manera:

● Secretaría de Comunicaciones: 11 mil 820 millones de pesos

● Secretaría de Educación Pública: 7 mil 820 millones de pesos

● Sagarpa: 7 mil 188 millones de pesos

● Conagua: 6 mil 400 millones de pesos

● Salud: 3 mil 339 millones de pesos

● Gobernación: 2 mil millones de pesos

● Hacienda: mil 900 millones de pesos

● Issste: mil 500 millones de pesos

● Defensa: mil 200 millones de pesos

● Conacyt: 900 millones de pesos

● Medio Ambiente: 760 millones de pesos

● Sedatu: 700 millones de pesos

● PGR: 600 millones de pesos

● Economía: 500 millones de pesos

● Relaciones Exteriores: 500 millones de pesos

● Turismo: 450 millones de pesos

● Marina: 200 millones de pesos

● Trabajo: 200 millones de pesos

● Presidencia: 158 millones de pesos

● Energía: 80 millones de pesos

● Función Pública: 20 millones de pesos

Como es de apreciarse, el recorte más sensible es en el sector energético, sector del cual proviene el principal recurso que integra nuestra economía y que es el mayormente afectado.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el sector energético forma parte de la estrategia denominada “México Próspero” cuyo objetivo  es mantener la estabilidad macroeconómica del país, protegiendo las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico, cuyas líneas de acción son:

● Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

● Reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas inesperadas del precio del petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables.

● Fortalecer y, en su caso, establecer fondos o instrumentos financieros de transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de choques externos, incluyendo los desastres naturales.

● Administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el acceso a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo.

● Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y los municipios, para que fortalezcan sus haciendas públicas.

● Promover un saneamiento de las finanzas de las entidades paraestatales.

Ante estas líneas de acción, la precipitada acción que tomó la Secretaría de Hacienda fue el recorte presupuestal. Las demás líneas de acción que están enumeradas, fueron desapercibidas, a pesar de contar con desafortunados antecedentes derivados de este tipo de decisiones. 

De igual forma, en el propio PND, conceptualiza que las reformas estructurales son fundamentales para elevar su crecimiento, la exploración de las aguas profundas y proyectos de inversión en áreas no convencionales, son necesarios para detonar la competitividad, éste documento exalta que en materia de hidrocarburos, desde hace más de tres décadas la producción en México ha sido superior a la incorporación de reservas probadas más probables.

En el mismo documento, en el apartado de competencia y desregulación para elevar y democratizar la productividad, la estrategia del actual gobierno es promover una mayor competencia en los mercados que genere más empleos, eleve los salarios reales y mejore la calidad de vida de los mexicanos.

De acuerdo a la visión y estrategia plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo descrito con anterioridad, el sector energético se convertiría en un detonador del desarrollo siempre que las reformas estructurales se cumplieran, hecho que se cumplió el año pasado.

No se entiende la decisión del ejecutivo, afectando al sector que proveería de un impulso al desarrollo económico del país, afectando a quien se consideraba el reflector que mostraba al país como un territorio propicio para recibir inversiones y con estabilidad financiera.

Sólo entre las empresas PEMEX y CFE, en conjunto representan el 58 por ciento del total del recorte anunciado, en este sentido una vez más la decisión tomada por el Secretario de Hacienda, encamina al país a una crisis que se puede extender hasta finales del sexenio heredando las consecuencias de ésta.

Como referente, éste recorte presupuestal afectó también al sector de infraestructura, lo cual derivó en la suspensión indefinida del tren México-Querétaro y la cancelación del tren transpeninsular, obras que forman parte del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, por lo que disuadió a empresas como OHL México, ICA y Pinfra, de acuerdo con un análisis de la agencia Moody´s a invertir en México en este sector.

En este mismo sentido, como es de apreciarse el recorte financiero, desincentiva a los inversionistas en todos los sectores a poner en riesgo su capital ante decisiones apresuradas e injustificables.

La falta de inversión en el país, provoca entre otras cosas, la poca creación de empleos, la falta de desarrollo, la carencia de mejorar las condiciones de vida, la pérdida de confianza ante otros países competidores y el desprestigio ante el exterior de una política económica carente de ideas que sean lo menos perjudiciales a la economía de un país que requiere conservar la estabilidad.

El recorte presupuestal, tiene consecuencias permanentes, además de acentuar la crisis financiera, provoca desestabilizaciones en todos los ámbitos sociales y genera un retroceso en lo que se había estado construyendo.

Al considerar al sector energético como la fuente principal de nuestros ingresos, hasta en tanto no se cuente con otra fuente de ingresos que se le equipare, éste sector debe ser privilegiado con una política económica que lo procure de tal forma que en lugar de desmotivar la inversión extranjera, sea un referente para atraer capital internacional y de ésta forma, poner en marcha la cadena productiva que sin duda debe traducirse en beneficio de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que reconsidere los criterios asumidos en el recorte presupuestal, en particular a las empresa PEMEX y CFE, a efecto de prevenir repercusiones permanentes en la economía del país

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.




 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a implementar acciones para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en predios contiguos a carreteras federales y estatales, así como a desalentar su consumo mientras se conducen vehículos automotores. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROHIBIR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN PREDIOS CONTIGUOS A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES, ASI COMO A DESALENTAR SU CUNSUMO MIENTRAS SE CONDUCEN VEHICULOS AUTOMOTORES.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora integrante del grupo parlamentario del partido verde ecologísta de méxicoen la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 28 de enero de 2015 el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto presentó el Programa de Prevención y Atención de Adicciones. Este programa se rige por seis objetivos: 

El primero: Reforzar las medidas para evitar el consumo de sustancias adictivas, que alteran el sistema nervioso.

Segundo objetivo: Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención a las personas que requieran tratamientos contra las adicciones.

Tercer objetivo: Fortalecer la formación y especialización de las mujeres y hombres que se dediquen a atender los problemas de adicción.

Cuarto objetivo: Fomentar la investigación científica e innovación tecnológica contra las adicciones.

Quinto objetivo: Contar con un marco regulatorio moderno y eficiente en materia de adicciones.

Y sexto objetivo: Fortalecer la presencia de México en los foros internacionales, donde se dialoga y discute sobre los últimos modelos de atención a las adicciones.

Durante la presentación del programa, el Titular del Ejecutivo señaló la extensión del programa denominado Conduce sin Alcohol, a las principales ciudades de nuestro país, y para lo cual se requiere la colaboración de las autoridades estatales y municipales.

Respecto de la importancia de este programa cabe decir que la Organización Panamericana de la Salud señala que de acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito.

Estos estudios revelan que en México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor de 200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con su consumo, y mueren aproximadamente 24 mil personas al año, equivalente a 55 personas cada día.

Ante este panorama, programas preventivos como Conduce sin Alcohol disminuyen hasta en un 30 por ciento la probabilidad de que alguna persona fallezca en accidentes de tránsito.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar la facilidad de acceso que existe para la compra de bebidas alcohólicas en las carreteras de nuestro país. Por lo que resulta contradictorio que se pretenda erradicar el consumo de alcohol por parte de conductores de automóviles y por otro lado existan puntos de venta en paraderos adyacentes a la carretera.

Toda vez que el otorgamiento de licencias para la venta de alcohol son una función estatal y en algunos casos municipal, proponemos exhortar a los congresos estatales y a los ayuntamientos a fin de que establezcan expresamente en su legislación y reglamentación respectivamente la prohibición para expedir licencias de venta de alcohol en envase cerrado o para consumo inmediato en locales contiguos a carreteras federales.

Asimismo, hacemos un llamado a los ejecutivos estatales y a los presidentes municipales a fin de que instrumenten programas para la prevención y detección de conductores en estado de ebriedad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el firme propósito de que estas acciones y el esfuerzo de todos los órdenes de gobierno instrumenten estrategias que permitan reducir accidentes de tránsito, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos de la Entidades Federativas y a los Ayuntamientos a establecer en su legislación y reglamentación la prohibición del otorgamiento de licencias para la venta de bebidas alcohólicas en predios contiguos a carreteras federales y estatales.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Titulares de las Entidades Federativas y Presidentes Municipales a implementar programas de prevención, que desalienten la conducción de vehículos automotores mientras se consumen bebidas alcohólicas.

Salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.




 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a incorporar en sus textos legislativos la figura de familia de acogimiento pre-adoptivo, así como incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, relativos a la adopción en los que el Estado mexicano ha sido parte. Se turna a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A INCORPORAR EN SUS TEXTOS LEGISLATIVOS LA FIGURA DE FAMILIA DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO, ASI COMO INCLUIR LAS DISPOSICIONES QUE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SEÑALAN, RELATIVOS A LA ADOPCION EN LOS QUE EL ESTADO MEXICANO HA SIDO PARTE.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 103 numeral 2, fracciones III y numeral 3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A QUE INCORPOREN EN SUS TEXTOS LEGISLATIVOS LAFIGURA DE FAMILIA DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO, ASI COMO QUE INCLUYAN LAS DISPOSICIONES QUELOS TRATADOS INTERNACIONALESSEÑALAN RELATIVOS A LA ADOPCION EN LOS QUE EL ESTADO MEXICANO HA SIDO PARTE al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La figura de la adopción en México requiere un ajuste en los textos civiles a fin de actualizar su contenido con el objeto de respetar las disposiciones federales e internacionales que atienden las nuevas realidades de la sociedad, las cuales obligan a reforzar nuestro sistema normativo con el fin de empatar criterios y evocar que existen instrumentos internacionales para que el traslado de menores se realice en el marco de seguridad internacional que los estándares de adopción exigen.

En este sentido, la incorporación de la figura de familia por acogimiento pre-adoptivo viene a hacer eco en nuestra legislación, ya que atiende una necesidad que se venía desarrollando en la sociedad mexicana. La Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de reciente aprobación por el Congreso de la Unión, tutela el bien superior del menor y la reviste como medida de protección hasta en tanto no se otorgue la adopción definitiva. El menor que gozará de ésta figura contará con el cuidado y la protección de la familia que lo acoge provisionalmente y la cual buscará formalizar su estancia de forma permanente dentro del seno familiar.

La familia de acogida pre-adoptiva no considera la familia extensa o ampliada, se trata de una familia externa a la familia de origen, que deberá acreditar todos los requisitos de adopción, su idoneidad estará determinada por la autoridad del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con el proceso que se sigue para una adopción nacional.

A fin de que ésta figura no se vea enturbiada por acciones como retención ilegal de menores, sustracción de estos u otras similares, es importante incluir en las legislaturas locales en que consiste ésta figura preparatoria de adopción a fin de que se eviten actos de injusticia en contra del menor, que recordemos es el bien que debe prevalecer.

En este sentido la importancia porque las legislaturas locales adopten las medidas necesarias para que incluyan en sus textos ésta figura de pre-adopción, a fin de que la normativa no se vea rebasada por la realidad de la sociedad mexicana.

Por otro lado y haciendo alusión a la necesidad de renovar los textos legislativos a fin de reforzar la seguridad del menor, en lo relativo a la adopción internacional con el fin de evitar los problemas antes mencionados tales como sustracción ilegal de menores, trata de personas, trafico infantil y similares pero a nivel internacional, es necesario realizar un ajuste en las legislaturas locales adoptando en sus textos las disposiciones internacionales que México ha suscrito en este tema.

Atendiendo lo que el Sistema Jurídico Mexicano dentro de su estructura legislativa y de conformidad con la pirámide de Kelsen en la Teoría General del Derecho, ubica a los Tratados Internacionales por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho criterio fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia donde estableció que efectivamente las Leyes Federales y los Tratados Internacionales se ubican por debajo de la Carta Magna, dicha Jurisprudencia menciona:

“el propio artículo 1o. reformado dispone que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la Constitución, no en los tratados; disposición que resulta acorde con el principio de supremacía constitucional. Principio que también es reconocido en el ámbito internacional, en el texto del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, al prever la posibilidad de aducir como vicio en el consentimiento la existencia de una violación manifiesta que afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno”.1

Como es de observarse la formalización de los Tratados Internacionales, obliga a que el país asuma el compromiso de realizar las acciones necesarias tendientes a realizar los mecanismos para el cumplimiento de lo que dictan y pueda verse reflejado al interior del país en todos los órdenes de gobierno, siempre y cuando no contravengan lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.

Han sido diversos los Tratados Internacionales que en materia de adopción México ha suscrito y ratificado, todos ellos vinculados a procurar el bienestar superior del menor y la seguridad en torno a las adopciones internacionales ya que implican el traslado a un Estado distinto al de su origen.

Ahora bien, el federalismo como figura adoptada por esta soberana nación, ve la oportunidad de unificar en los textos legislativos de cada entidad lo relativo a las características de la adopción internacional por considerar que los textos de las disposiciones internacionales deben ser adoptados y en este sentido dotar de publicidad a la norma jurídica con el fin de que los ciudadanos de cada entidad reconozcan en sus textos estatales que la adopción internacional conlleva otro tratamiento y requiere una serie de medidas de seguridad para no afectar el interés superior del menor.

Si bien es cierto, la adopción internacional es mencionada en los cuerpos civiles estatales no es suficiente, ya que su contenido no es acorde a lo que los tratados internacionales disponen. Derivado de una investigación realizada en cada uno de los textos civiles los resultados que fueron obtenidos son:

  • La adopción internacional no se encuentra en un capítulo o sección especial en 10 textos estatales legislativos, se encuentran como artículos agregados al título de adopciones.
  • Siete estados no indican en su texto que las adopciones internacionales se harán en el marco de las disposiciones internacionales que México ha suscrito.
  • En lo referente a la adopción hecha por extranjeros, sólo 13 entidades la mencionan como una variante distinta de adopción.
  • Respecto al consentimiento del menor que es un derecho tutelado por la Declaración de Derechos del Niño, existe una disparidad en cuanto a la edad en que es oportuno consultarle al menor su parecer acerca del acto de adopción, dicho consentimiento en Puebla por ejemplo se le toma desde los 6 años, en otros estados es tomado en cuenta hasta los 10, 12 y 14 años. En Yucatán y Querétaro a juicio del juez familiar escuchará al menor atendiendo a su edad y grado de madurez
  • Sólo dos entidades mencionan los requisitos que señalan las Convenciones Internacionales, Campeche y Colima son las legislaturas que incluyen en su texto éstas disposiciones.

La importancia de incluir los requisitos internacionales en el apartado de adopción radica en que al insertar los textos internacionales, se realiza un refuerzo al cumplimiento de las disposiciones internacionales, en este sentido, las personas que conceden a sus menores en adopción, las instituciones y cualquier ciudadano contará con la certidumbre de que al interior del país se acatan las disposiciones internacionales que salvaguardan el traslado internacional de menores.

Los Tratados Internacionales son de tal relevancia que México ha formado parte de ellos desde el siglo pasado y los ha ratificado, en su contenido el bien superior del menor es la constante que debe procurarse.

En materia de adopciones, México ha suscrito:

1.- CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN).- Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

Dicha convención es de trascendencia internacional establece en su capitulado los derechos fundamentales de los niños, los cuales deberán ser velados en cada etapa de desarrollo del menor hasta convertirse en adulto. Dichos derechos incluyen aquellos que se deberán vigilar cuando el menor no cuente con una familia por lo que ve en la adopción la institución ideal para proveerle al menor de la atención y cuidado que le brindará a través de la colocación dentro de una familia sustituta.

Considera a la adopción como un medio por el cual se garantiza el derecho a la vida, el desarrollo pleno de ésta y la vinculación para alcanzar un mejor nivel de educación, salud y desarrollo profesional.

2.- CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO A LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCIONES INTERNACIONALES, firmado el 29 de mayo de 1993 y ratificado el 14 de septiembre de1994.

Establece a la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central para emitir los certificados de adopción y con esto permitir la salida del menor de territorio nacional. Obliga tanto al Estado origen como al receptor, de contener legislaturas similares en cuanto a los procesos seguidos a nivel internacional para dar en adopción a un menor.

Al interior del país se da preferencia al otorgamiento del menor cuando los países sean firmantes de dicha Convención ya que por medio de ese mecanismo se asegura que en el interior de los Estados receptores se respeten las normas establecidas en el Convenio. En caso de que los posibles adoptantes pertenezcan a un país no miembro de éste instrumento, se sujetará a las disposiciones de procedimiento del país atendiendo el bien superior del menor. Cabe mencionar que actualmente éste convenio tiene 78 Miembros: 77 Estados y 1 Organización Regional de Integración Económica adheridos.2

Dentro de su exposición de motivos menciona que cada Estado deberá tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen, reconoce a la adopción internacional como un beneficio para un niño que fue posible encontrarle una familia adecuada en su Estado de origen e insta a los propios Estados a adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños.

3.- CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES, de 1984.

Este instrumento dirime la ley aplicable para resolver el conflicto de procedencia para el trámite de adopción, estableciendo que el aplicable es el del Estado origen del menor.

4.- CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES, de 1989.

La Convención reafirma la importancia de asegurar que el proceso de adopción se realice atendiendo todas las medidas de seguridad para el traslado del menor en el exterior, regularizando la situación legal del menor si hubiere conflicto de ella y que el Estado receptor del menor le pueda garantizar las condiciones de nacionalidad, servicios, derechos y obligaciones como ciudadanos de éste.

5.- DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y JURIDICOS RELATIVOS A LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA ADOPCION Y LA COLOCACION EN HOGARES DE GUARDA, EN LOS PLANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. Asamblea General de la ONU. Resolución 41/85, 3 de diciembre de 1986.

La Declaración toca diversos temas respecto a algunos puntos sensibles a considerar en el proceso de adopción, tales como revisar la relación que se da entre el adoptado y el adoptante antes y después de la entrega del menor, la valoración de la cultura, idioma y religión del adoptante a fin de que de no ser afines se revise el interés superior del menor y su capacidad de adaptabilidad.

Por lo anterior, en aras de mantener actualizado el texto legislativo referente a las nuevas concepciones de familia de acogimiento pre adoptivo y de adopción internacional y adopción hecha por extranjeros, se propone incluir dentro de sus legislaturas los siguientes textos a fin de contar con compatibilidad de criterios:

ARTICULO

TEXTO PROPUESTO

Del artículo referente al consentimiento de la adopción:

Incluir:

Si la persona que se va a adoptar, a juicio del juez, está en condiciones de formarse un juicio, se necesita su consentimiento para la adopción. En el caso de las personas incapaces, será necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.

De la Adopción por Acogimiento Pre-adoptivo

Incluir una sección.

Artículo “X1”.- Para que la familia por acogimiento pre-adoptivo pueda tener acceso al menor, deberá cumplir con los requisitos enumerados por el artículo 390 y adicionalmente deberá expresar su intención de recibir al menor con la finalidad de integrarlo a su familia de manera permanente.

Artículo “X2”.- No podrán considerarse una familia de acogimiento pre-adoptivo aquellas que tengan filiación directa o indirecta con el menor.

Artículo “X3”.- La familia de acogimiento pre adoptivo tendrá la obligación de brindarle al menor las obligaciones de cuidado y protección, ya que la temporalidad en que el menor se encuentre en dicha familia es la medida de protección que se le otorga al menor hasta en tanto se determine la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva.

De la Adopción Internacional y Adopción hecha por Extranjeros

Incluir una sección y realizar las siguientes modificaciones.

Artículo “X4”.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano considerando lo dispuesto por la Legislación General en materia de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el Convenio de la Haya relativo a la Protección De Menores y la Cooperación en Materia de Adopciones Internacionales en lo conducente, por las disposiciones de este Código.

Las adopciones internacionales siempre serán plenas.

En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros.

Dichos ciudadanos deberán satisfacer los requisitos que se previenen en los capítulos que anteceden y además deberán presentar al Juez:

I Certificado de idoneidad, expedido por la autoridad competente de su país de origen, quien acredite que el solicitante es considerado apto física, moral, psicológico y económicamente para adoptar;

II Constancia de que la persona que se pretende adoptar ha sido autorizada para entrar y salir permanente en dicho país;

III Autorización de la Secretaría de Gobernación para internarse y permanecer en el territorio nacional con la finalidad de realizar una adopción; y

IV La documentación que los solicitantes presenten en idioma distinto al español deberá acompañarse de la traducción oficial y deberá estar apostillada o legalizada por el respectivo Cónsul mexicano.

Artículo “X5”.- Las adopciones internacionales promovidas por ciudadanos originarios de los países que son parte de la Convención de la Haya, tendrán, además de reunir los requisitos señalados en el artículo 410-H, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de autoridad central, verifique y determine:

I Que el menor es adoptable; y en caso de que su situación jurídica no se encuentre resuelta deberá promover mediante el procedimiento judicial oportuno la regularización de la patria potestad del menor.

II Que después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación de la persona que se pretende adoptar, se vea que la adopción internacional es una alternativa y responde al interés superior de ésta; valorando el sentido de identidad y adaptabilidad del menor en territorio distinto.

III Que las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, el cual debe otorgarse; y

IV Que las autoridades centrales del Estado de origen de los solicitantes, acrediten que han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar, y que el menor ha sido o será autorizado para entrar y residir permanentemente en ese país.

Artículo “X6” Las adopciones internacionales promovidas por ciudadanos originarios de países que no son parte de la Convención de la Haya, se apegarán a lo dispuesto en los artículos “X4” y “X5” de este Código, siempre que se hayan agotado las alternativas de colocación en territorio nacional e internacional autorizado, siempre que sus legislaciones sean cuando menos equivalentes a las mexicanas.

Artículo “X7”- El Juez que otorgue la adopción les impondrá en su resolución  la obligación de informarle en forma documental o por los medios electrónicos autorizados una vez por año, o cuantas veces se les requiera, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del adoptado, sobre las condiciones en que se desarrolla el nuevo vínculo paterno-filial, la salud y el trato que recibe el sujeto de la adopción; de no hacerlo, procederá la revocación de la adopción oficiosamente, bajo responsabilidad del juzgador en caso de que transcurra el término señalado y no la decrete.

En caso de cambio de domicilio, Estado o País, tendrá la obligación de notificarlo en forma documental o por los medios electrónicos autorizados, al Juez que resolvió la adopción.

Artículo “X8”- La adopción promovida por extranjeros con residencia habitual en el país, deberá de exhibir además de lo dispuesto por los capítulos anteriores referentes a la adopción nacional:

I. Constancia de residencia en el lugar donde se ubique su domicilio, de por lo menos 5 años.

II. Permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde indique el motivo de la estancia del extranjero en territorio nacional. En caso de que el permiso sea temporal, se acatará a lo estipulado por la adopción internacional.

III. La documentación que los solicitantes presenten en idioma distinto al español deberá acompañarse de la traducción oficial.

IV. La documentación correspondiente deberá estar apostillada o legalizada por el respectivo Cónsul mexicano.

En caso de que el promovente cuente con Carta de Naturalización, sólo será necesario cumplir con lo dispuesto en su carácter de nacional.

En igualdad de circunstancias se le dará preferencia a un mexicano sobre un extranjero.

 

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las legislaturas de cada Estado de la República a que incluya en el título de adopciones en su texto civil o familiar lo referente al concepto de familia por acogimiento pre-adoptivo, así como que introduzca las disposiciones referentes al proceso de adopción internacional y adopción hecha por extranjeros que tutelan los Tratados Internacionales en los que México ha sido parte.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.


1 Tesis: 2a. LXXV/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, Segunda Sala, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pag. 2038, Tesis Aislada (Constitucional).

2 http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=69





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública investigue el desempeño de funcionarios federales sobre las resoluciones administrativas y permisos de impacto ambiental que no se establecieron a Dragon Mart en 2011 y 2012. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA INVESTIGUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS FEDERALES SOBRE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE NO SE ESTABLECIERON A DRAGON MART EN 2011 Y 2012.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), anunció la cancelación definitiva del proyecto Dragon Mart Cancún por considerar que ha ocasionado un daño ambiental en la zona del predio “El Tucán” en el municipio de Benito Juárez, además de irregularidades en la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En 2011 se anunció el inicio de la construcción de lo que sería el segundo más grande centro logístico y de venta de mercancías chinas en el mundo, sólo por detrás del que existe en Dubái.

Se planeó construir el complejo comercial sobre un terreno que es considerado una zona forestal, un ecosistema costero y una zona de refugio aves que se encuentran en condición de riesgo.

Se estimó una inversión aproximada de 180 millones de dólares, 28 destinados para la compra del terreno y 152 para la construcción del complejo comercial en comento.

Tal parece que por el monto de inversión considerable y su relación con el medio ambiente no llamó la atención de las autoridades federales de ese entonces, puesto que no emitieron las autorizaciones de impacto ambiental y demás resoluciones administrativas relacionadas con la construcción de Dragon Mart.

De  acuerdo a las facultades que tiene la SEMARNAT en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción XI del artículo 32 Bis, dice a la letra:

“Artículo 32 Bis.-

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;”

El proyecto de edificación de este complejo, nunca contó con un permiso de impacto ambiental federal. La empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. De C.V, encargada de la construcción, nunca lo presentó.

Tampoco acreditó el permiso de cambio de uso de suelo, este último, debió ser autorizado por el ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento de Construcción de dicho municipio, previo a un dictamen de impacto.

Ante tales hechos, es necesario que la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones pertinentes sobre los funcionarios federales que en 2011 y 2012 incurrieron en la grave omisión de no atender lo señalado en la fracción XI del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por no haber atendido en su momento la atribución de la SEMARNAT para evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de este proyecto.

La devastación de 149 hectáreas implica un grave daño al medio ambiente ocasionado por acciones u omisiones en el ejercicio de sus atribuciones de funcionarios federales que en dicho lapso omitieron atender sus responsabilidades.

El daño al medio ambiente es el atentado más grande que se puede hacer contra el sustento que nos proporciona nuestro hábitat.

El incumplimiento del pago de una multa de 22 millones de pesos, la violación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente deberán ser el punto final en la cancelación definitiva y no sólo clausura temporal de este proyecto pese a las justificaciones legales que formule la empresa encargada de la construcción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, investigue en el ámbito de sus atribuciones, el desempeño de funcionarios federales sobre las resoluciones administrativas y permisos de impacto ambiental que no se establecieron a Dragon Mart en 2011 y 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Atentamente

Partido Revolucionario Institucional”.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar personalmente una propuesta de nuevo instrumento multilateral de prohibición de las armas nucleares e incorporar este tema dentro de su agenda internacional prioritaria. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR PERSONALMENTE UNA PROPUESTA DE NUEVO INSTRUMENTO MULTILATERAL DE PROHIBICION DE LAS ARMAS NUCLEARES E INCORPORAR ESTE TEMA DENTRO DE SU AGENDA INTERNACIONAL PRIORITARIA.

LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE PRESENTE PERSONALMENTE UNA PROPUESTA DE NUEVO INSTRUMENTO MULTILATERAL DE PROHIBICION DE LAS ARMAS NUCLEARES E INCORPORE ESTE TEMA DENTRO DE SU AGENDA INTERNACIONAL PRIORITARIA al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace prácticamente 48 años y en respuesta a la denominada crisis de los misiles en Cuba, el 14 febrero de 1967, el anhelo de un grupo de países encabezados por México en la lucha contra la proliferación de las armas nucleares comenzó a hacerse realidad cuando el denominado Tratado de Tlatelolco se abrió a la firma de los países latinoamericanos. El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe es considerado por expertos en esta materia como el precursor de otras zonas libres de armas nucleares y, como fuente de propuestas innovadoras para el derecho internacional. Es innegable la influencia que el Tratado de Tlatelolco tuvo para el propio Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que hoy por hoy sigue siendo la base del régimen multilateral de desarme nuclear por excelencia. También es innegable la manera en que aportó conceptos esenciales para el régimen actual de control e inspección nuclear y por supuesto la contribución institucional que implicó la creación de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL).

El propósito central del Tratado de Tlatelolco, en voz del Embajador Alfonso García Robles, era el de “desterrar para siempre la terrible amenaza que entrañan estos instrumentos de destrucción en masa”. Este es prácticamente el mismo espíritu que hoy alienta una postura encomiable de compromiso por parte del Estado Mexicano en esta materia. No hay mejor manera de honrar el compromiso histórico de México con este anhelo así como su vocación pacifista que fortaleciendo nuestro liderazgo alrededor de estos temas en este año crucial para el desarme. Una de las acciones centrales tiene que ver con redoblar esfuerzos para sensibilizar a la comunidad internacional sobre el impacto humanitario que supone su utilización. En efecto, las tres Conferencias que sobre esta materia (Oslo, Nayarit y Viena) se han ya celebrado, han concluido con un llamado a iniciar un proceso diplomático que derive en un compromiso de los Estados para construir un instrumento jurídicamente vinculante que haga realidad el desarme nuclear. En este sentido vale la pena señalar que un avance notable lo constituye la resolución 68/32 aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2013 que establece el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares y que formula la propuesta de convocar, a más tardar en 2018, a una Conferencia Internacional de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarme Nuclear.

A pesar de que los arsenales nucleares se han reducido significativamente en comparación con los que existían en el contexto de la Guerra Fría, hay varios factores que explican un nuevo protagonismo de los temas de desarme y no proliferación en la agenda multilateral. En primer lugar, aún existen más de 17 mil armas nucleares, 2 mil de ellas listas para ser detonadas. En segundo lugar, la posesión de armas nucleares se ha democratizado y hoy más Estados cuentan con ellas en demérito del régimen de no proliferación establecido por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). En tercer lugar, un grupo creciente de países continúa modernizando o incrementando su arsenal al tiempo que las mantienen en el centro de sus doctrinas de defensa y seguridad nacional. A lo anterior se suman dos factores adicionales. Por un lado, varios países que no son poseedores albergan armas nucleares de otros en sus territorios y, por el otro, existe importante evidencia que apunta al interés de grupos no estatales de obtenerlas y usarlas en su beneficio. Por tanto, para México, la única garantía contra el uso o la amenaza del uso de las armas nucleares es su eventual eliminación. 

El 2015 será seguramente un año crucial para las negociaciones en materia de no proliferación y desarme. Para remontar el impasse actual es preciso insistir en una nueva estrategia para fortalecer al Tratado de No Proliferación (TNP), de cara a la próxima celebración de su Conferencia quinquenal de examen, a fin de exhortar a la comunidad internacional a adherirse al mismo y cumplir, sin menoscabo del derecho inalienable de todos los Estados a desarrollar la energía nuclear para fines pacíficos, con las aún pendientes obligaciones de resultados, y no solamente de intención, emanadas de su artículo VI. Es decir, el compromiso de los Estados Poseedores de Armas Nucleares de iniciar negociaciones para la reducción y eventual liquidación de sus arsenales nucleares.

Igualmente es relevante seguir insistiendo en reunir el número suficiente de ratificaciones para garantizar la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT por sus siglas en inglés), así como en tomar en cuenta el modelo del Tratado de Tlatelolco no sólo para el eventual establecimiento de una zona de libre de armas nucleares en Medio Oriente –otras de las posibles negociaciones que podrían concluir este año- sino para dar pasos sólidos en la ruta de prohibir definitivamente las armas nucleares precisamente en el contexto de conmemoración de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki hace setenta años.

La existencia, posesión, uso o amenaza del uso de estas son acciones contrarias a la Carta de la ONU –como lo señaló la primera resolución de la Asamblea General-, al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario. De manera consistente con nuestro liderazgo histórico en la materia, el desarme nuclear debe mantenerse como una prioridad de la mayor relevancia para nuestra política exterior. Como Presidente de la Conferencia de Desarme de la ONU durante este 2015 es apenas natural que formule y presente formalmente una idea que ha venido promoviendo en distintos foros multilaterales: un nuevo Tratado de Prohibición Completa de las Armas Nucleares que mantenga en el centro de la discusión el enfoque humanitario.

Las voces a favor del desarme nuclear se han venido multiplicando al tiempo que se demuestra el grave equívoco al considerar que el mundo es más seguro con estas armas que sin ellas. Desde el Papa Francisco quien advierte sobre la urgencia de una ética global de prohibición de estas armas hasta la propia Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que enfatizó recientemente su carácter de región libre de armas nucleares, el clamor por un desarme nuclear, completo, transparente, irreversible y verificable es cada vez mayor así como el llamado para, con base en estos imperativos éticos, negociar un instrumento universal jurídicamente vinculante para la prohibición de las armas nucleares.

Sin duda una forma de hacer honor al compromiso histórico de México con el desarme, a la memoria de don Alfonso García Robles y al legado de toda una tradición diplomática que nos distingue en el escenario internacional, es precisamente la presentación de una propuesta formal de este nuevo instrumento multilateral cuyos contenidos tracen la ruta hacia un mundo libre de armas nucleares.  El Presidente de la República debiera asumir personalmente el liderazgo en la presentación de esta iniciativa y darle la prioridad que merece en sus encuentros bilaterales y multilaterales.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que presente personalmente una propuesta de nuevo instrumento multilateral de prohibición de las armas nucleares e incorpore este tema dentro de su agenda internacional prioritaria.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 19 de febrero de 2015

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar el monto y ejecución de los recursos asignados a la rehabilitación del Parque Ramón López Velarde, así como los avances en los trabajos y las cuestiones por las cuales se han presentado retrasos en los mismos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANIA NACIONAL EL MONTO Y EJECUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA REHABILITACION DEL PARQUE RAMON LOPEZ VELARDE, ASI COMO LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS Y LAS CUESTIONES POR LAS CUALES SE HAN PRESENTADO RETRASOS EN LOS MISMOS.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANIA NACIONAL EL MONTO Y EJECUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA REHABILITACION DEL PARQUE RAMON LOPEZ VELARDE, ASI COMO LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS Y LAS CUESTIONES POR LAS CUALES SE HAN PRESENTADO RETRASOS EN LOS MISMOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El Parque Ramón López Velarde, se ubica en la Colonia Roma de la Delegación Cuauhtémoc y forma parte del catálogo de espacios abiertos monumentales del Distrito Federal regulados en la Ley de Salvaguarda Del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la entidad.

El artículo 10 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, a la letra señala que: “Un espacio abierto monumental es un medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.”

El Parque Ramón López Velarde fue inaugurado en 1985 por iniciativa ciudadana, que tuvo como objetivo evitar la instalación de invasiones en la zona para lo cual vecinos de los alrededores repoblaron el área con árboles. Entre sus principales atractivos se encuentran el Jardín dedicado al célebre poeta zacatecano Ramón López Velarde, la Casa Espacio de los Refugiados, las fuentes y el circuito para correr, mismos que son visitados por cientos de usuarios diariamente.

Lo anterior deja de manifiesto que se trata de un espacio referente y emblemático de la demarcación territorial e incluso del Distrito Federal, en virtud de que por sus características, en la urbe se erige como un espacio excelente para el esparcimiento de miles de capitalinos, factor imprescindible para toda sociedad.

En contraste, de acuerdo con testimonio de los vecinos e información vertida en medios de comunicación, durante los últimos años, de manera constante se han ido presentando evidentes deterioros en sus instalaciones, situación que ha generado inconformidades por parte de los habitantes de la demarcación y los visitantes que acuden a este importante espacio público de la capital del país. 

Peor aún, el legítimo descontento de la ciudadanía, tanto por la actual como por la pasada administración delegacional, ha sido utilizado para fines particulares, sin que hasta el momento se hayan alcanzado soluciones efectivas. En este orden de ideas, hace dos años el titular de la Delegación Cuauhtémoc anunció el rescate del parque, esto a través de una inversión inicial de 5 millones de pesos. De acuerdo con información del dominio público, entre los principales ejes del proyecto incluían el mejoramiento de andadores, rehabilitación y saneamiento áreas verdes y mejoramiento de la iluminación del espacio público.

Sin embargo, a dos años del referido compromiso los trabajos están inconclusos, basta mencionar la poca iluminación que tiene, fuentes descompuestas, basureros y áreas verdes en mal estado, agua estancada e inseguridad. La ausencia o nulos resultados que se observan en el proyecto han generado inconformidad entre los vecinos del inmueble y las personas que hacen uso de las instalaciones.

Para comprender el descontento de la población, es oportuno señalar que hasta principios de febrero de 2015, al menos 15 puntos de jardinería y pasillo están invadidos por escombros, diversos andadores se encuentran semi destruidos, y varias áreas verdes se encuentran afectadas por restos de material para la construcción, en consecuencia están en mal estado, secas y como verdaderos basureros.

Asimismo, no obstante que como parte de los trabajos de mejora se han instalado alrededor de 190 luminarias, según testimonio de personas que laboran en la construcción, la mayoría de ellas no se encuentran conectadas a la red eléctrica, es decir, se encuentran  completamente inservibles y como un gasto absurdo.

Para dimensionar la importancia del asunto, cabe precisar que por lo que respecta a las fuentes que adornan el parque, debido a que éstas se encuentran fuera de servicio, tienen agua acumulada y expiden olores fétidos, esta última situación las constituye como potenciales focos de infección para las niñas y niños que juegan ahí.

Asimismo, en su conjunto las anomalías que puntualmente se han señalado, por un lado, eventualmente pueden traducirse en el menoscabo de la salud de los usuarios –fracturas, infecciones cutáneas y enfermedades respiratorias-, y por el otro lado, representa un grave problema de seguridad pública debido a que la insuficiente iluminación, coloca a la ciudadanía con un alto grado de vulnerabilidad de ser víctimas de actividades delictivas –principalmente robo.

Si bien es cierto, se trata de un problema que debe ser analizado y atendido de manera autónoma, también lo es que forma parte de una serie de obas inconclusas en la administración del Jefe Delegacional de Cuauhtémoc con licencia, Alejandro Fernández Ramírez. Sobre el particular, es importante señalar que en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2014 se eligieron 64 proyectos, de los cuales, únicamente se han concluido 16, otros 4 están comprometidos y los demás no tienen fecha cierta para su entrega o conclusión.

Según medios de comunicación, en días recientes la Dirección General de Administración de Finanzas delegacional dio a conocer que el monto asignado al Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2014 fue de 68 millones 316 mil 331 pesos, de los cuales sólo se encuentran comprometidos 21 millones 298 mil 939 pesos, y a su vez, de éstos sólo se han gastado 15 millones 451 mil 153 pesos.

Bajo este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que los hechos materia de la presente proposición, deben ser esclarecidos y en su caso, investigados por las autoridades que conducentes.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc, para que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía Nacional el monto y ejecución de los recursos asignados a la rehabilitación del Parque Ramón López Velarde, así como los avances en los trabajos y las cuestiones por las cuales se han presentado retrasos en los mismos.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015.

Atentamente

Partido Revolucionario Institucional”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Metro, a presentar un informe sobre los principales lineamientos que serán observados en las licitaciones para llevar a cabo la ampliación, de Mixcoac a Observatorio, en la línea Dorada. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO, METRO, A FIN DE QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PRESENTEN A ESTA SOBERANIA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PRINCIPALES LINEAMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS EN LAS LICITACIONES PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION, DE MIXCOAC A OBSERVATORIO, EN LA LINEA DORADA.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO, METRO, A FIN DE QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PRESENTEN A ESTA SOBERANIA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PRINCIPALES LINEAMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS EN LAS LICITACIONES PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION, DE MIXCOAC A OBSERVATORIO, EN LA LINEA DORADA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Debido a que el próximo 11 de marzo se cumple un año del cierre parcial de la línea 12 del metro, en primer lugar es importante que todas las personas responsables, por acción u omisión, asuman las consecuencias jurídicas de sus conductas, asimismo, en segundo lugar, es fundamental que en las acciones presentes y futuras, no se incurran en las mismas irregularidades, negligencias e incluso, desatenciones.

Sin duda, en esta construcción quedan de manifiesto los principios bajo los cuales se han conducido las administraciones del Distrito Federal. Al efecto, cabe precisar que las irregularidades, omisiones e ilícitos se actualizaron prácticamente desde su apertura, hasta la actualidad, debido a que no se han resuelto las deficiencias, su reapertura aún no tienen fecha cierta y sus efectos, vulneran permanentemente a la población de la Ciudad de México.

En este sentido, se encuentran ampliamente documentados –tanto en medios de comunicación, como en documentales públicas-, los constantes  retrasos en los tiempos de traslado, notables deficiencias en sus instalaciones e incluso la inobservancia de cuestiones básicas como es el cumplimiento de los estándares de seguridad internacional.

En síntesis, se encuentra suficientemente acreditado que desde octubre de 2012 cuando comenzó a dar servicio, la irresponsabilidad de las autoridades capitalinas, además de generar menoscabos en las finanzas públicas, se puso en riesgo la seguridad, integridad y en escenarios extremos, la vida de los miles de usuarios que día a día utilizan este medio de transporte.

Ante esta situación, desde el principio de la presente legislatura los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, nos hemos pronunciado enérgicamente para que los hechos son esclarecidos y más importante aún, para que no prevalezca la impunidad y por el contrario, se actué conforme a derecho. Asimismo, permanentemente hemos manifestado nuestro rechazo a la opacidad e impunidad inherente a este proyecto.

En este orden de ideas, el Congreso de la Unión tiene un papel crucial en la defensa del bienestar general, por ello, estamos a favor de que el mal uso, destino y ejercicio de recursos públicos observados en la construcción de la denominada línea Dorada, sea juzgado de manera proporcional a los bienes jurídicamente afectados.

No podemos ser omisos ni minimizar situaciones como el cierre de 11 de las 20 estaciones de la línea 12, o las múltiples fallas técnicas y operativas. Al efecto, basta mencionar los que hace unas semanas, la empresa Systra dio a conocer que en el tramo elevado de la línea Dorada el diseño, ejecución y calidad de los materiales de las vías no permitieron la compatibilidad de los trenes.

Asimismo, derivado del análisis en comento se determinó que debido a las características de la infraestructura de la línea, las reparaciones que se habían anunciado resultan incosteables en virtud de que la configuración actual de los trenes tiene un costo de mantenimiento fuera de lo usual e inaceptables. Además, los parámetros originales de diseño hacen que los trenes puedan operar con seguridad, el índice de riesgo de descarrilamiento está al límite de lo aceptado, el cual a su vez ha sido calificado como “elevado”, respecto al valor máximo de la norma.

Bajo este contexto, en el último informe de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, se establecen 15 recomendaciones, las cuales entre otras cuestiones solicita al Procurador General de Justicia del Distrito Federal que, con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General, proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República a efecto de que ésta, en su caso proceda a la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas.

En el mismo sentido, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a continuar con los trabajos de fiscalización y sin mayor dilación inicie los procedimientos correspondientes para fincar responsabilidades a los ex funcionarios y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal por el probable desvío de recursos federales para la construcción de la Línea 12 del Metro2.

Por lo anterior, para los legisladores del PRI, es motivo de atención el hecho de que a pesar de que no se han resulto las anomalías derivadas de las diversas irregularidades en la línea 12 del metro, se haya anunciado que durante el primer semestre del año se lanzarán  licitaciones para la adquisición de una batería de 45 trenes para la Línea 1, la ampliación de la línea A -de La Paz a Chalco-; y de la Línea 12 -de Mixcoac a Observatorio-. De ahí la naturaleza y esencia del presente asunto, que sin duda, es de vital importancia para la tranquilidad y certeza jurídica de la población capitalina.

En el Grupo Parlamentario del PRI, concebimos a la transparencia y rendición de cuentas como elementos sustanciales para todo régimen democrático, en gran medida, de su cumplimiento depende el éxito de todo buen gobierno.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Metro, a fin de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten a esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre los principales lineamientos que serán observados en las licitaciones para llevar a cabo la ampliación, de Mixcoac a Observatorio, en la línea Dorada.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 19 de febrero de 2015

Partido Revolucionario Institucional”.




 

De las Senadoras Arely Gómez González, Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a destinar los recursos necesarios para dotar a los tribunales electorales estatales de los recursos presupuestales suficientes para cumplir con sus facultades y obligaciones legales. Se turna a la Comisión de Federalismo.



 





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:08 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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