Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 21 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Febrero de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

APERTURA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 100 ciudadanos Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del día jueves 5 de febrero correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y dos minutos del día martes tres de febrero de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión Permanente, las licencias para separarse de sus funciones legislativas de los Senadores:

1) Ivonne Liliana Alvarez García, a partir del 12 de enero de 2015.

2) Ricardo Barroso Agramont, a partir del 14 de enero de 2015.

3) Jorge Emilio González Martínez, a partir del 14 de enero de 2015.

4) Socorro Sofío Ramírez Hernández, a partir del 14 de enero de 2015.

5) José Ascención Orihuela Bárcenas, a partir del 21 de enero de 2015.

6) Claudia Pavlovich Arellano, a partir del 21 de enero de 2015.

7) Sonia Mendoza Díaz, a partir del 28 de enero de 2015.

Las comunicaciones quedaron de enterado.

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta constitucional a los Senadores: Anabel Acosta Islas, Jorge Aréchiga Avila, Angel Salvador Ceseña Burgoin, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Vianey Montes Colunga, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Agustín Trujillo Iñiguez.

Se recibió del Senador Ernesto Gándara Camou, oficio por el que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 28 de enero de 2015.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, su Informe de trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Plan de Trabajo.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, su Informe de Actividades correspondiente a 2014.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en la Reunión del Women´s Forum, celebrada en Myanmar, los días 5 y 6 de diciembre de 2014.- Quedó de enterado.

Se recibió del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la integración de un grupo de trabajo encargado de analizar las iniciativas en materia de salarios mínimos turnadas a dicha comisión.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los resultados de la evaluación realizada al organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, denominada "Evaluación Específica del Programa E-010 Servicios de Ayudas a la Navegación Aérea", en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes.

Se recibió del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, su Memoria anual 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 58, 389 y 395 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 275, 283, 411 y 417 y 444 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y se adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Vegetal, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Comisión Permanente, comunicación por la que informa que el Partido Verde Ecologista de México designó al Senador Carlos Alberto Puente Salas, como Coordinador de ese grupo parlamentario en el Senado de la República.- Se comunicó a la Junta de Coordinación Política y a la Secretarías Generales de la Cámara.

Se recibieron de la Comisión Permanente, las siguiente iniciativas de senadores:

1. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 88 y 107 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 22 de diciembre de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.

2. Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 22 de diciembre de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

3. Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, el 7 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

4. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Dip. Adriana González Carrillo, el 7 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

5. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por el Sen. Angel Benjamín Robles, el 7 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

6. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, el 7 de enero de 2015.- Se turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

7. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 14 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

8. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. David Monreal Avila, el 14 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

9. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 14 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

10. Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, el 14 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

11. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal, presentado por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito y por el Dip. Fernando Rodríguez Doval, el 21 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

12. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 469 Bis de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, el 21 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

13. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3º y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, el 21 de enero de 2015.- El proyecto de Decreto de reforma constitucional se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. El proyecto de Decreto que reforma al Código Penal Federal se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

14. Proyecto de Decreto para declarar el 14 de junio de cada año como "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre", presentado por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, el 21 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

15. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 21 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

16. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 21 de enero de 2015.- Se turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

17. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 28 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

18. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2 y 56 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, el 28 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

19. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, presentado por Senadores de diversos grupos parlamentarios, el 28 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

20. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 350-Bis 6 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, el 28 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Comisión Permanente, solicitud de excitativa de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en relación con el proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, y se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado el 6 de diciembre de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Segunda.

Se recibió de la Comisión Permanente, acuerdo del congreso del estado de Hidalgo que exhorta a la Cámara de Senadores a que considere ratificar el Convenio 189, así como la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de brindar protección de los derechos humanos de los trabajadores domésticos.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Trabajo y Previsión Social.

PRESIDE EL SENADOR JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, presentó a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por la se reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

El Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

Los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Lucero Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Jesús Casillas Romero y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 102, Apartado B párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo:

1. En torno a la plaga del hongo de la roya naranja.

2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Federal de competencia para dar a conocer las medidas que se han tomado para regular la creciente concentración en el mercado de semillas comestibles genéticamente modificadas, a favor de empresas extranjeras.

Intervino el Senador Adolfo Romero Lainas del PRD. Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a impulsar un operativo permanente y especializado en los puntos que se han convertido en coto de caza de migrantes por el crimen organizado: Tenosique, Tabasco; la ruta ferroviaria de Veracruz, y en el albergue de San José Huehuetoca, Estado de México.

2. Que exhorta al Presidente de la República a incluir en el Plan Especial de Migración un capítulo para que se contemple un programa permanente de reinserción de migrantes mexicanos que retornan a su país.

3. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informar sobre el programa piloto de repatriación de migrantes mexicanos procedentes de los Estados Unidos.

4. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Poder Ejecutivo Federal a revocar de su cargo al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

5. Por el que se desecha la proposición sobre los connacionales que regresan a México en las fiestas decembrinas.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dar respuesta a la brevedad al cuestionario que les será enviado por la Presidencia de la comisión sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales del Proyecto Integral Morelos y del Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea quince dictámenes de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a analizar la viabilidad de llevar a cabo diversas acciones relacionadas con el caso de la menor Ana Karen.

2. Que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a llevar a cabo de manera ágil y con pleno respeto a los derechos humanos, las investigaciones relacionadas con las denuncias penales interpuestas por esa gubernatura por presuntos desvíos de recursos durante la administración estatal anterior.

3. Que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a analizar la viabilidad de elaborar y publicar un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a periodistas o al derecho de libertad de expresión.

4. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar el caso de las agresiones armadas que se registraron en los últimos meses de 2012 en contra de las comunidades Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el estado de Chiapas.

5. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe en torno a la posición institucional respecto de las presuntas acusaciones que se publicaron en un diario el 14 de noviembre de 2012.

6. Que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad legal de iniciar una investigación sobre la actuación de los servidores públicos que intervinieron en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.

7. Que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar sobre las investigaciones, análisis y procedimientos llevados a cabo en el caso de la profesora Elba Esther Gordillo Morales e informe el estado actual del proceso penal correspondiente.

8. Que exhorta al Procurador General de la República a revisar los casos de los periodistas Carlos Alberto Limón Díaz, Alejandro González Muñoz, Esteban Bonilla López y del empleado Julio Moncada, a efecto de ponderar si las acusaciones derivadas de declaraciones de presuntos miembros de la delincuencia organizada que los inculparon están debidamente sustentadas.

9. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a resolver los casos en contra de periodistas que se encuentran pendientes.

10. Por el que se conforma un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso penal del ciudadano Alberto Patishtán Gómez.

11. Por el que el Senado de la República condena de manera rotunda todo acto que pretenda vulnerar las tareas propias de los integrantes del Poder Legislativo Federal.

12. Que exhorta al Procurador General de la República, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a remitir un informe sobre los avances en las investigaciones que hayan realizado sobre el caso de la empresa "Chamba México".

13. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador y al congreso del estado de Nuevo León a aumentar el presupuesto del Poder Judicial de dicho estado con el fin de mantener como precursor y a la vanguardia al propio estado en materia de impartición y administración de justicia.

14. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a atender y resolver el problema en torno al desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos.

15. Por el que se desecha la proposición que solicitaría al Consejo de la Judicatura Federal practicar una revisión a diversos expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtieran efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores.

Sin discusión, los quince dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo:

1. Por el que se hace una cordial invitación al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil a una reunión de trabajo a fin de dar a conocer los programas y políticas de protección civil implementados por el Ejecutivo Federal.

2. Por el que se solicita a la Coordinación Nacional de Protección Civil un informe sobre la conformación, capacitación, organización, preparación y funcionamiento de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.

3. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a elaborar y poner en práctica en las zonas turísticas del país un programa de protección civil para instalaciones turísticas a fin de prevenir afectaciones provocadas por fenómenos de diversa índole.

4. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar acciones para disminuir los factores que provocan los incendios forestales en nuestro país.

5. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a declarar zona de desastre al municipio de Tangancícuaro de Arista, Michoacán, por los daños y afectaciones ocasionados por el tornado del día del 22 de marzo del 2014.

Sin discusión, los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan una cultura del cuidado del agua.

2. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a ejecutar y supervisar las políticas y acciones establecidas en la legislación y la normatividad vigente, para fomentar el ahorro, así como el uso eficiente y racional del agua.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los acercamientos y resultados de los grupos de trabajo temáticos y, en su momento, de las negociaciones respecto a la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra.- Intervino el Senador Rabindranath Salazar Solorio, el dictamen fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos a realizar las acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de dicho estado ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros.

2. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión del municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2014.

3. Por el que el Senado de la República hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema de la extorsión telefónica en el país y exhorta a diversas autoridades a implementar exhaustivas campañas de difusión de información sobre dicho problema.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo de Petróleo y a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Sin discusión fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

Los grupos parlamentarios presentaron un punto de acuerdo en relación a los sucesos ocurridos el 29 de enero de 2015, en el hospital materno-infantil de la Delegación Cuajimalpa.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: Marcela Guerra Castillo del PRI; Mariana Gómez Del Campo Gurza del PAN; Mario Delgado Carrillo del PRD; Pablo Escudero Morales del PVEM; y David Monreal Avila del PT. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

Se recibió del Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Nayarit, por la ocurrencia de lluvias atípicas.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la sesión. Considerado de urgente resolución, intervinieron los senadores: Margarita Flores Sánchez del PRI y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del poder ejecutivo del estado de Veracruz a implementar un programa de respeto a las libertades civiles y garantizar los derechos de los familiares del periodista que en vida llevara el nombre de José Moisés Sánchez Cerezo, director de "La Unión" de Medellín, Veracruz, primer periodista asesinado en 2015, así como al Procurador General de la República para que disponga la atracción de la investigación de dicho homicidio.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Efeméride)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo de la conmemoración del "Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer", el 4 de febrero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y citó a la siguiente el jueves cinco de febrero a las once horas.

Fin de la sesión".






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una del Senador Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de trabajo de las reuniones que sostuvieron él y la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del 2 al 9 de noviembre de 2014, en China, en ocasión del IV Seminario Económico Comercial México-China: Socios Estratégicos del siglo XXI.








Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite el informe de trabajo de la Delegación Permanente del Congreso de la Unión ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, que participó en la 23ª Reunión Anual en Quito, Ecuador, del 10 al 15 de enero del año en curso.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de los miembros de este órgano de gobierno para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Les informo que dicho Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy para su conocimiento, señoras y señores Senadores; de tal manera que la Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Cámara de los Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, la Junta de Coordinación Política remitió el Acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El asunto se encuentra publicado, de igual manera, en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy para su conocimiento. La Asamblea se da por enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2014. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de diciembre de 2014.

Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MEXICO

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron dos oficios del Banco de México, con los que envía la exposición sobre su política monetaria y su presupuesto para el ejercicio 2015.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un oficio por el que se informa de la renuncia del señor Alfredo Achar Tussie, como integrante del Consejo Consultivo de dicha comisión.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, la Colegisladora remitió un oficio por el que informa la elección de la Diputada Francisca Elena Corrales Corrales como Secretaria de su Mesa Directiva, para cumplir el periodo comprendido del 3 de febrero de 2015 y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió su calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de esta Legislatura.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El documento está publicado en la Gaceta Parlamentaria, para su conocimiento, señoras y señores legisladores, de tal manera que la Asamblea queda debidamente enterada y, por tanto, remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION PERMANENTE

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Permanente, el inventario de asuntos presentados durante el primer receso del tercer año de ejercicio.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Les informo que este documento consta de diversas proposiciones. El turno de los asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria y se harán las comunicaciones a las comisiones correspondientes para los efectos del caso.






Compañeras y compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

INTERVENCIONES

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

La Constitución del 5 de febrero de 1857, con algunos cambios, como la incorporación de varias disposiciones de las Leyes de Reforma, la separación de la iglesia y el Estado, el matrimonio como institución civil y la restauración del Senado como parte del Poder Legislativo, entre otras normas, continuó vigente hasta el triunfo de la Revolución.

No obstante, los hermanos Flores Magón, en 1903, en el 46 Aniversario de la Constitución de 1857, a través del periódico Regeneración, realizaron una protesta con el lema "La Constitución ha muerto", criticando la corrupción del sistema judicial, así como por las condiciones políticas y sociales del país, durante el porfiriato.

Concluida la Revolución, don Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, el 14 de septiembre de 1916, emitió un Decreto convocando a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857 y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución.

El 1° de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, se instaló el Congreso Constituyente, abriendo sesiones con Diputados de todos los estados y territorios federales del país, excepto de Quintana Roo, con representación de las diversas fuerzas políticas.

En la sesión del 6 de diciembre de 1916, se integró la Comisión de Constitución, conformada por Francisco J. Múgica, quien la preside, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Alberto Román y Enrique Recio.

Se dio lectura al proyecto de Constitución de don Venustiano Carranza. Era el texto de 1366 artículos distribuidos en nueve Títulos y 16 artículos transitorio, que recogen la concepción republicana, federalista y representativa de las constituciones anteriores, la demanda del sufragio directo en la elección de Diputados, Senadores y Presidente de la República, la no reelección presidencial, los principios de las Leyes de Reforma, la enseñanza laica, libre y gratuita, la tolerancia religiosa, el no reconocimiento de las órdenes religiosas, la prohibición de fueros y privilegios.

Este ordenamiento jurídico constituye una gran aportación al constitucionalismo mundial por ser la primera a nivel internacional en incluir los derechos sociales.

Con una exposición sistemática de las garantías individuales se protege a la propiedad y remite a una ley lo relacionado con la reforma agraria.

Recobra la nación, el derecho eminente sobre los recursos del territorio contra el aprovechamiento indebido o abusivo de las compañías subsidiarias extranjeras o monopolios locales, redistribuyendo la propiedad nacional que preserva su soberanía, la social, para reivindicar los derechos que fueron arrebatados al pueblo y la propiedad privada.

Siguiendo los ideales de Zapata, se contempla la defensa de los pequeños propietarios y el reparto de tierras; se eleva a norma constitucional la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, sugerida por Luis Cabrera y decretada por Carranza en lo referente a la restitución y dotación de tierras a los campesinos y autoriza el fraccionamiento de los latifundios; se declara inalienable e imprescriptible la propiedad de la nación, se sanciona la expropiación por causa de utilidad pública, así como el derecho comunal, siendo el artículo 27 la base de una reestructuración del derecho a la propiedad.

El artículo 123 se instituye como protector de la clase obrera, en el Título Sexto "del Trabajo y de la Previsión Social", estableciendo una relación laboral más justa y equitativa para ambas partes regula la relación laboral, las horas de trabajo o jornada laboral, el trabajo de menores, el salario; elimina las tiendas de raya; se establece el descanso de las mujeres trabajadoras antes y después del parto, los accidentes de trabajo, el derecho a huelga y de asociación, las condiciones del contrato de trabajo y el patrimonio familiar, entre otros derechos.

Esta Constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917, conservó gran parte del texto de la Constitución de 1857, adaptándose a la realidad social vigente.

Desde su promulgación ha sufrido más de doscientas reformas, en las que se han incluido varias normas protectoras de los derechos individuales, una cobertura más amplia a la salud, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, ésta un tanto extemporánea, los derechos de las víctimas, normas procesales para hacer los juicios más ágiles y expeditos.

No obstante estas reformas, sigue habiendo una gran disparidad social, mucha pobreza, discriminación a los pueblos y comunidades indígenas, alta carencia en los sistemas de salud y educación pública.

Esperemos que este aniversario, como todos los que se celebran, sea en un futuro próximo cumplidos y que estas normas constitucionales, con las exigencias y necesidades de nuestros pueblos, en lugar de estarlas remendando o parchando, mejor las vayamos respetando tal como dieron origen y vida a la Constitución, que es la que rige nuestra vida cotidiana y de los pueblos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Avila, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Jorge Aréchiga Avila: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Constitución Mexicana que nos rige actualmente, es resultado de un largo proceso de lucha social, además de consensos y acuerdos entre las diversas fuerzas políticas existentes en nuestro país.

Algunos documentos que antecedieron a la actual Constitución son el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución Federal de 1824, las 7 Leyes Constitucionales de 1835 a 1836, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

Después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de ésta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la ciudad de las personas y su patrimonio.

En este contexto histórico, el Presidente Venustiano Carranza convocó al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. De dicho proceso surgió la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro.

En esta acción se institucionalizó el movimiento revolucionario en un documento que recoge el sentir de la sociedad mexicana para velar por su bienestar político y social.

Desde su entrada en vigor hasta la fecha, el texto constitucional ha sufrido 220 Decretos de reformas para mantenerlo vigente, de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo.

El día de hoy conmemoramos 98 años de la primera publicación de nuestra Carta Magna, celebrando que el contexto constitucional ha evolucionado e incorporado continuamente nuevos derechos y obligaciones.

En materia ambiental, que es el tema central del Partido Verde, hemos logrado los consensos necesarios para incorporar que el artículo 4o. constitucional, dos derechos fundamentales: el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua.

Hoy en día la Constitución garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, limpia, aceptable y accesible.

De esta manera, nuestra Constitución representa actualmente la consolidación de la soberanía mexicana, que reside esencial y originariamente en el pueblo y, por tanto, es la máxima expresión de su autodeterminación.

Asimismo, la Constitución cumple funciones primordiales para todos los ciudadanos, entre ellas: estructura y organiza a las instituciones públicas, orienta la actuación de autoridades y gobernados, modula la conveniencia social de todos los mexicanos, resguarda los principios y valores que han dado sustento a nuestra nación y la más importante, garantiza las libertades fundamentales de los ciudadanos.

A fin de garantizar la inclusión, la Constitución Mexicana ha sido traducida en 23 lenguas indígenas, tales como el náhuatl, chontal, mixteco, tarahumara, zapoteco, entre otras.

Teniendo como ejemplo estos importantes logros, hoy celebramos que nuestra Carta Magna es un documento en constante evolución a fin de lograr una sociedad más justa, incluyente y sustentable.

Desafortunadamente hay derechos que para una gran parte de los mexicanos sólo existen en el papel. Por ello, retomando una frase de nuestro Presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, la Carta Magna es historia, pero también es presente y guía del futuro.

El mejor homenaje que podemos y debemos hacer de nuestra Ley Suprema es cumplirla, guardar y hacer guardar sus preceptos.

En ese sentido, nuestra labor como legisladores es expedir y reformar leyes retomando los ideales de bienestar político y social que dieron origen al movimiento revolucionario y a nuestra Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Aréchiga Avila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, para referirse al mismo tema.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores; al pueblo de México:

¿Cómo podemos celebrar verdaderamente el 98 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917?

Me parece que un recuento de la historia de su formación, expedición e, inclusive, de sus virtudes o defectos, sería ocioso.

De poco servirá que exaltemos lo que significa para nosotros esta piedra angular que contiene los más esenciales principios de nuestra sociedad, que fue construida a base de una lucha por el bienestar y libertad de nuestro pueblo, que representa la evolución política y social en México, si no hacemos un llamado a la acción y a la renovación.

Igualmente, sería redundante reconocer que nuestro país pasa por una crisis que requiere de la completa voluntad de todos y cada uno de los mexicanos.

Dejando a un lado la materia económica, ¿cuáles son los temas que más resuenan actualmente a nivel nacional e internacional y que han maltratado el retrato de nuestra nación?

El deteriorado estado de derecho utilizado sin rigor en discursos políticos, los derechos humanos francamente violentados, la pérdida de una cultura de la legalidad.

Los tiempos han cambiado, el país y los mexicanos han evolucionado; sin embargo, el objetivo que perseguimos siempre será el mismo: el bienestar de nuestra sociedad.

Los caminos para lograrlo, aunque abundantemente discutidos, tienen senderos comunes que son obligatorios para toda nación. El respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas por encima de cualquier otra política de acción es vital para el éxito de nuestra misión.

Lo anterior es sencillo siempre y cuando rija la cultura de la legalidad, instruida siempre bajo la premisa principal: el cumplimiento de la Constitución y a ley no se negocian, su incumplimiento no se tolera.

Debemos comprender, compañeras y compañeros Senadores, que las letras plasmadas en nuestra fundamental Carta Magna solo tienen vida a través de nosotros, su existencia, su espíritu, únicamente se manifiesta mediante nuestras decisiones convertidas en acciones.

Qué paradoja más espléndida aquella que compone su naturaleza y complexión en ella todo lo necesario para prosperar sin nosotros, una mera fantasía.

Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros, que en este aniversario más que regocijo, los invito a seguir la lucha por la observancia absoluta de los derechos humanos, a materializar el espíritu del estado de derecho y a profundizar en la institución de una cultura de la legalidad que gobierne nuestro porvenir.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchísimas gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A pesar de la naturaleza conmemorativa de este día, en que sin duda recordamos un hecho histórico y fundamental para nuestro país; a pesar también de que hoy en numerosas plazas de la República serán recreados los actos del Constituyente de 1917, y se hablará, sin duda, de las disputas y debates del Congreso; y a pesar también de que biografías y pasajes se revivirán merecidamente con pasión y nostalgia, permítanme, compañeras y compañeros Senadores, no hablar en esta ocasión de la historia y del pasado, sino del presente y de la realidad de nuestro país.

Lo hago, señor Presidente, compañeras y compañeros, porque creo en el valor de la historia y la memoria, y porque estoy convencido de que ese valor se expresa en conocimiento heredado, en cultura transmitida entre generaciones, en experiencia social, en una trayectoria colectiva que compartimos y que nos ha traído hasta aquí, a este presente que, sin duda, nos exige, como en ningún otro momento de nuestro trayecto como nación, madurez. Madurez como personas, madurez como representantes populares, madurez como pueblo.

En esta tesitura, este Senado de la República tiene hoy la responsabilidad de preguntarse si la Constitución vigente, este pacto fundamental y sustantivo para México, responde a las necesidades de nuestro tiempo, o bien, si es necesario renovarlo y adecuarlo para que su letra sea precisamente parte de la vida cotidiana de las personas y no sólo instrumento de abogados y jueces, de letrados y de legisladores.

Yo creo, compañeras y compañeros, en una Constitución que sea conocida, que sea difundida, hecha propia por el pueblo, por los hombres y las mujeres de la patria. Y yo pregunto, respetados Senadores, respetadas Senadoras de la República: ¿ustedes creen que nuestra Carta Magna es hoy un documento de uso diario de los campesinos, de uso diario de las mujeres trabajadoras, de los jóvenes empresarios, si sus intereses y sus inquietudes están hoy vigentes en su articulado? Y más aún, pregunto: ¿están de acuerdo con las circunstancias que impone la modernidad hoy en día?

Ninguna sociedad y ninguna sacralidad es justificada para sostener que la Constitución debe ser perenne e inamovible.

Algunos dirán que esos procedimientos de reforma o de modificación están ya contemplados en el propio texto constitucional, pero este mensaje, compañeras y compañeros, no es sólo de carácter procesal o jurídico, sino es fundamentalmente social y político.

Yo estoy por una Constitución que garantice no sólo los derechos sociales, sino que propenda a su efectividad; es decir, que no sólo garantice en materia de justicia el debido proceso, sino también que sea inspiración y que sea instrumento para fortalecer la seguridad y la confianza de los ciudadanos.

Yo creo, señor Presidente, en una Constitución que limite el poder público, pero al mismo tiempo que establezca una ética en los hechos para el ejercicio de la autoridad.

Ya Miguel Carbonell nos recuerda certeramente a Manuel Aragón cuando afirma que la idea de Constitución implica la idea de limitación.

Si la comunidad política ha de persistir, es imprescindible entonces que el poder tenga al menos la limitación mínima de no alcanzar a destruirla.

Si la comunidad política ha de persistir en una determinada forma política, ésta será también un límite infranqueable para el poder.

Yo estoy, por lo tanto, compañeras y compañeros, por una Constitución que atienda el nuevo tiempo que vivimos, donde el poder sea transformado por completo y la comunidad sea mucho más abierta y conocedora. Estoy seguro que está ávida de garantías, pero también de oportunidades.

La Constitución, amigas y amigos míos, es la expresión del país. Y por esa razón afirmo que México tiene ya una voz más robusta que aquella de principios del siglo XX, que ha superado y, sin duda, sigue superando numerosos obstáculos; y que estamos, sin duda, hoy mejor equipados para fundar hogares con mayor bienestar, personas con derechos efectivos, instituciones cuya honestidad sea infranqueable y, sin duda, también un Estado cuya soberanía no sólo se declare, sino que se gane en los hechos.

Estoy seguro, Senadoras y Senadores, y con esto concluyo señor Presidente, que conmemoramos hoy nuestra Carta Magna, pero también, sobre todo, conmemoramos la inteligencia y el pensamiento del pueblo de México, conmemoramos la Constitución y con ello, también conmemoramos la oportunidad de cambiar a México.

Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a este tema.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Hoy se cumple un aniversario más de la promulgación de nuestras constituciones, la de 1857 y la de 1917. La primera fue orgullo nacional al amparo de la cual se consolidó nuestra nación; pero las reformas políticas surgidas durante la Revolución para garantizar la efectividad y el pleno goce de los derechos de todos los mexicanos, hicieron necesaria la redacción de un nuevo texto.

En poco más de 60 sesiones ordinarias, se analizó, discutió y aprobó el proyecto de ley presentado el 1° de diciembre de 1916, por Venustiano Carranza, quien señalaría a los integrantes del Congreso Constituyente: "Las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero; y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos".

El 5 de febrero de 1917, el jefe del Ejército Constitucionalista presentó en el gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, nuestra actual Constitución, la cual entró en vigor a partir de mayo de ese año.

En esa fecha dio inicio a una etapa más de nuestra vida como nación al quedar establecido en este documento el compromiso de luchar por las causas sociales y defender los derechos de obreros y campesinos.

Una característica fundamental de la Constitución de 1917, como lo apunta Diego Valadés, es que la llevó a ser un referente internacional y fue la introducción de las garantías sociales, mismas que fueron adoptadas por muchos países democráticos.

Sin duda, muchos cambios se han registrado durante la vigencia de la Constitución de 1917. México pasa de ser un país con una población cercana a 12 millones de habitantes, predominantemente rural, a ser un país con una población de casi 120 millones de habitantes, con grandes núcleos urbanos y una industria creciente, aunque no suficiente, pero también con un país con serias carencias todavía no resueltas.

Debo hacer notar que el cambio más significativo durante estos casi 100 años es el paso de una sociedad pasiva políticamente, a una sociedad más participativa; de un sistema de un partido hegemónico con mayorías absolutas en el Congreso y con un predominio de la figura presidencial, a un sistema de partidos políticos en el que ya hay una oposición y en que los grandes temas nacionales tienen que ser discutidos y consensuados entre las fuerzas políticas.

En 98 años de vida constitucional, nuestra Carta Magna ha sido modificada en 220 ocasiones, tan sólo en esta Legislatura se han emitido 14 Decretos de reforma.

Es cierto que se han mejorado las leyes electorales, que se han perfeccionado el sistema de protección a los derechos humanos, que se han logrado avances en el impulso de la procuración y administración de justicia, que se ha dotado al país de un nuevo sistema de justicia penal, que ya se habla de derechos en materia de transparencia y acceso a la información, que se han reformado el marco legal en materia energética y de telecomunicaciones, que se han establecido reformas importantes para el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres como el derecho al voto y la reforma de paridad en materia electoral, la integración de órganos autónomos constitucionales idóneos para hacer realidad los anteriores postulados; pero siguen estando pendientes grandes retos.

De cara a la celebración del centenario de nuestra Carta Magna y ante la imperiosa necesidad de abordar los graves problemas que como nación nos aquejan, es necesario revisar la debilitada coordinación entre Federación, estados y municipios en la corrupción, desgraciadamente presente en todos los trámites y mecanismos burocráticos, ya sea para la correcta administración de la justicia, que para la asignación y acceso a los recursos; también es preciso abordar y solucionar las problemáticas sociales actuales frente a la lógica con que fueron creadas las mayorías de las instituciones en el siglo XX.

Los trágicos acontecimientos de Iguala tocaron fibras muy sensibles en la sociedad. Y no se trata sólo de un desafortunado y dramático incidente local, tiene profundas raíces sociales e históricas; la miseria que agobia a millones de mexicanos, así como la corrupción que corroe amplias esferas de la burocracia y de los negocios privados o públicos; la degradación de gran parte de la clase política y la enorme y solapada expansión del narcotráfico. Y es que en el fondo también encontramos una violación sistemática a los derechos humanos.

Nuestra ley fundamental debe ser instrumento orientador hacia una patria más justa, más segura, más equitativa, con menos impunidad. Somos custodios de su aplicación, respeto y vigencia; de ello depende que en nuestro país exista un estado de pleno derecho democrático y con oportunidades de desarrollo para todas y todos; un Estado con paz social, con respeto a la libertad de todos, promotor de la convivencia armónica que anteponga el interés colectivo o encima de los intereses personales, particulares o de grupo acorde a la realidad social.

México también, de manera urgente, debe construir un sistema de rendición de cuentas que cuente con la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los políticos y gobernantes de sus actos y decisiones.

México tiene la obligación de generar un sistema en donde los políticos y gobernantes tengan la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.

En suma, nuestra Constitución aún debe fortalecerse hacia la adopción de mecanismos que consoliden nuestro sistema democrático y de atender hacia el fortalecimiento de las instituciones para que éstas sean garantía de verdaderos límites al poder de políticos y grupos de interés.

A dos años de celebrar el centenario de nuestra Constitución, también tenemos que comenzar a generar una seria reflexión sobre la misma y de cómo es percibida por los mexicanos. El reto es grande, pues implica generar una cultura de la Constitución; es decir, lograr que el pueblo de México conozca su Constitución y, en función de ello, ejerza sus derechos.

A pesar de que en estos 98 años de cambios constitucionales, nuestra Constitución ha reflejado modificaciones que fortalecen los derechos de los mexicanos y que intenta acercarse hacia ese estado democrático de derecho, lo cierto es también, como señala Diego Valadés, que se ha generado una Constitución reglamentaria, una Constitución para expertos; es por ello que el cercano centenario de la Constitución nos impondrá el gran reto de repensar hacia dónde va nuestra Constitución; y tal vez esa reflexión nos lleve a lo que el mismo Valadés señala: "reescribir la Constitución".

Señoras y señores legisladores: En este 98 aniversario de nuestra Constitución, debemos reconocer que nuestro orden constitucional y legal está dañado y la cohesión social desquebrajada. Honrar a nuestra Constitución, honrar a nuestra Carta Magna en un aniversario más de su promulgación, es ocasión para establecer un compromiso por la legalidad y el respeto de nuestro marco legal y de las instituciones, de aportar el mejor esfuerzo para lograr el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy conmemoramos el 98 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI queremos destacar y realzar la importancia de esta norma fundamental, un documento que sentó las bases del Estado mexicano moderno, en el que convergen armónicamente la institucionalidad y la esencia que le dieron origen a las ideas.

El texto constitucional de 1917 incorporó las principales demandas sociales de los campesinos, trabajadores y sectores populares que hicieron.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, con el propósito de armonizar su contenido con las disposiciones constitucionales y legales en vigor. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO

(Presentada por los integrantes de la Mesa Directiva)








Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 30 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR

(Presentada por el Senado Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Héctor Yunes Landa: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Provengo de un estado que históricamente le ha aportado energía a México. Veracruz aporta más del 20 por ciento de ingresos del sector público del país en materia de producción de energía.

A lo largo y ancho de mi estado, Veracruz, se encuentran instaladas 14 centrales generadoras de energía eléctrica, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

En la costa del estado se encuentra instalada la única central nucleoeléctrica que opera en el país, Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, que cuenta con una capacidad instalada de mil 610 megawatts. La operación de la central ha derivado en el fomento de una creciente cultura de protección civil entre la población que habita los municipios contiguos a esta planta.

Como sabemos, otros países utilizan también la energía nuclear como fuente de energía. 441 reactores nucleares generan casi el 16 por ciento de la energía de la electricidad mundial.

Hay diversas iniciativas internacionales encaminadas a lograr que la tecnología nuclear se use para promover el desarrollo sostenible.

El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, se ha convertido en el principal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en materia nuclear, además de coordinar el intercambio de información y la formulación de estrategias y mecanismos de seguridad nuclear.

Este organismo celebró la Convención sobre Seguridad Nuclear, donde 84 países, nuestro país México entre ellos, aprobaron el principal instrumento jurídico de carácter internacional que aborda de manera directa la seguridad nuclear.

Al respecto, nuestro país ha asumido el compromiso en materia de seguridad atómica, afirmando que la usanza de la energía nuclear debe de efectuarse de manera segura y de manera responsable, con la obligación de acatar una serie de normas de seguridad.

En tal virtud, México ha firmado 11 tratados internacionales, acuerdos y convenciones en materia nuclear.

De esta manera, uno de los principales ejes rectores de la política nacional en la materia, es el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, cumplimiento cabalmente con las obligaciones adquiridas en los instrumentos internacionales y en lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

En este sentido, nuestra Constitución, en su artículo 27, establece que la energía nuclear sólo se puede utilizar con fines pacíficos, y es la nación a quien le corresponde el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en todas las áreas.

A su vez, determina que la generación de energía eléctrica por medios nucleares es considerada como área estratégica y es el sector público quien tiene a su cargo, de manera exclusiva, dicha actividad.

Por lo tanto, el Estado ha creado los organismos y empresas necesarias para el eficaz manejo de tales áreas estratégicas a su cargo.

Por otro lado, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear que entró en vigor el 5 de febrero de 1985, refiere en su artículo 19, que a la letra dice:

"La seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear y deberá tomarse desde la planeación, diseño, construcción y operación, hasta el cierre definitivo y desmantenimiento de las instalaciones nucleares y radioactivas, así como en las disposiciones y destino final de todos sus desechos".

Igualmente, y de acuerdo con la ley en estudio, su artículo 20 define la seguridad nuclear como el conjunto de acciones y medidas encaminadas a evitar que los equipos, materiales e instalaciones nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos para la salud del hombre y sus bienes, o detrimentos en la calidad del ambiente.

Del mismo modo, el artículo 21 precisa que la seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación ionizante.

Ahora bien, esta ley, en su artículo 3, fracciones II y III, especifica dos tipos de instalaciones: la instalación nuclear y la radioactiva.

La primera la describe como aquella en la que se fabrica, procesa, utiliza, reprocesa o almacena combustible por material nuclear.

La segunda como aquella en la que se produce, fábrica, almacena o hace uso de material radioactivo o equipo que lo contenga; o se tratan, condicionan o almacenan desechos radioactivos.

En ese tenor, el artículo 22, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece que tanto las instalaciones nucleares como la radioactivas, deberán contar con sistemas de seguridad nuclear que satisfagan los requisitos que al respecto se establezcan en otros ordenamientos y en las disposiciones reglamentarias de esta ley.

Adicionalmente, en lo que respecta al aviso y manejo de incidentes, el marco jurídico en materia nuclear, en su artículo 23 contempla que cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o combustibles nucleares, materiales radioactivos o equipo que los contenga o de las condiciones que puedan ocasionarlo, se deberá dar aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que en esos casos podrán ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad apropiada.

Si bien es cierto que las diferentes naciones que son potencia mundial en el uso y aprovechamiento del material nuclear y radiológico establecen estrictas medidas de seguridad en sus instalaciones, no podemos afirmar que por esta razón no estén expuestas a accidentes en esta materia, como lo sucedido en el 2011 en Japón.

Señoras y señores Senadores: Aunque existen los organismos y mecanismos enfocados a salvaguardar a la ciudadanía en relación a las actividades nucleares y radioactivas, desafortunadamente, a últimas fechas, se han presentado en nuestro país diversos robos de material radioactivo, como los acontecidos en diciembre de 2013, cuando se reportó el robo de un camión de cobalto 60 en Temascalapa, Estado de México.

En junio de 2014, en Tultitlán, Estado de México, se sustrajo material radioactivo, conocido como cesio 137 y americio berilio; y apenas el pasado 3 de febrero de este mismo año, los medios de comunicación nos dieron a conocer también el robo de tres vehículos que transportaban fuentes radioactivas consistentes en iridio 192, utilizadas en la radiografía industrial y sustraídas en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Afortunadamente en los tres casos, el material radioactivo fue recuperado.

Cabe destacar que el robo del material radioactivo, entre otras situaciones, se debió a la falta de regulación en cuestión de seguridad durante el traslado del material radiológico.

Estas penosas y riesgosas situaciones develaron una omisión en la legislación en la materia.

Por ello, esta iniciativa de reforma que hoy presento pretende contribuir en la prevención de incidentes y evitar situaciones de emergencia y riesgo, derivadas de la sustracción de desechos peligrosos, particularmente en materiales nucleares y radioactivos.

Es necesario modificar el marco jurídico que regula la actividad nuclear en México, con un sentido profundo en la seguridad de la población y en el medio ambiente.

Por ello, propongo que se adicione un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue:

"Artículo 30.- Para garantizar la seguridad nuclear y radiológica establecida en los artículos 20 y 21 de la presente ley, la Policía Federal resguardará los vehículos previamente autorizados para transportar materiales nucleares y radioactivos, equipos que los contengan, además de los dispositivos generadores de radiación vigorizante, durante su traslado, que comprende, desde el lugar de origen hasta la disposición final".

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

"El Suscrito,HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 30 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, el uso de material nuclear se ha convertido en una principal fuente de energía, toda vez que 441 reactores nucleares generan casi el 16% de la electricidad mundial. En este sentido, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, fomenta la utilización sin riesgo y con fines pacíficos de la energía atómica; desempeñando también un papel prominente en las iniciativas internacionales encaminadas a lograr que la tecnología nuclear se use para promover el desarrollo sostenible.

En ese sentido, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se ha convertido en el principal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en materia nuclear, además de coordinar el intercambio de información y la formulación de estrategias y mecanismos de seguridad nuclear.

Bajo este precedente, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), llevó a cabo del 14 al 17 de junio de 1994 en Viena, Austria, la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), donde 84 países de todo el mundo aprobaron sin votación el texto de esta Convención, posicionándose como el principal instrumento jurídico de carácter internacional que aborda de modo directo la cuestión de la seguridad nuclear.

Cabe señalar, que dicho documento asume el tema de la seguridad como una labor preventiva y sistemática, destacando la importancia que tiene la comunidad internacional para que el uso de la energía nuclear se realice en forma segura, con la regulación adecuada y la procuración al medio ambiente.

Por ello, al formar México parte de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), reitera su compromiso en materia de seguridad atómica ante la propia nación y la comunidad internacional, afirmando que la usanza de la energía nuclear se debe de efectuar de manera segura y responsable, con la obligación de acatar una serie de importantes normas de seguridad, además de participar en reuniones periódicas para verificar el cumplimiento de los lineamientos asumidos en la Convención.

En tal virtud, México ha firmado 11 Tratados Internacionales, Acuerdos y Convenciones en materia nuclear, ejemplos de éstos son: No Proliferación de Armas Nucleares, Aplicación de Salvaguardias, Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, Protección Física de los Materiales Nucleares, Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, Asistencia Recíproca en Caso de Accidentes Nucleares o Emergencia Radiológica; y Seguridad Nuclear.

Adicionalmente a esto, los Tratados Internacionales aprobados por el Senado de la República, adquieren un carácter de Ley Mexicana, con lo cual el marco legislativo mexicano en materia nuclear se fortalece claramente y cumple con las expectativas, tanto nacionales como internacionales.

De esta manera, uno de los principales ejes rectores de la política nacional con relación a las actividades nucleares, es el uso de la energía nuclear con fines pacíficos; cumpliendo cabalmente con las obligaciones adquiridas en los instrumentos internacionales y en lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

Por lo anterior, el marco legislativo y reglamentario bajo el que se sustentan los principios y compromisos derivados de la Convención de Seguridad Nuclear (CSN), tiene como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se derivan una serie de Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales y Normas Técnicas, sobre los temas de seguridad nuclear, radiológica y física.

En este sentido, nuestra Carta Magna en su Artículo 27, establece que la energía nuclear sólo se puede utilizar con fines pacíficos y es a la Nación a quien le corresponde el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en todas las áreas.

A su vez, instituye que la generación de energía eléctrica por medios nucleares es considerada como área estratégica y es el sector público quien tiene a su cargo de manera exclusiva dicha actividad y, por lo tanto, el Estado ha creado los organismos y empresas necesarias para el eficaz manejo de tales áreas estratégicas a su cargo.

Por otro lado, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, que entró en vigor el 5 de febrero de 1985, refiere en su artículo 19, que a la letra dice:

Artículo 19.- La seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear y deberá tomarse en cuenta desde la planeación, diseño, construcción y operación, hasta el cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como en las disposiciones y destino final de todos sus desechos.

Igualmente y de acuerdo con la Ley en estudio, su Artículo 20, define a "la seguridad nuclear como el conjunto de acciones y medidas encaminadas a evitar que los equipos, materiales e instalaciones nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos para la salud del hombre y sus bienes, o detrimentos en la calidad del ambiente"; del mismo modo, el artículo 21, precisa que "la seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación ionizante."

Ahora bien, esta Ley en su artículo 3 fracciones II y III, especifica dos tipos de instalaciones: la instalación nuclear y la radiactiva; la primera la describe como "aquélla en la que se fabrica, procesa, utiliza, reprocesa o almacena combustible o material nuclear", y la segunda como "aquélla en la que se produce, fabrica, almacena o hace uso de material radiactivo o equipo que lo contenga; o se tratan, condicionan o almacenan desechos radiactivos."

En este tenor, el Artículo 22, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, establece que "tanto las instalaciones nucleares como las radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad nuclear que satisfagan los requisitos que al respecto se establezcan en otros ordenamientos y en las disposiciones reglamentarias de esta Ley."

Además, en lo que respecta al aviso y manejo de incidentes, el Marco Jurídico en Materia Nuclear, en su Artículo 23, contempla que "cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga o de condiciones que puedan ocasionarlo, se deberá dar aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS),que en estos casos, podrá ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad apropiadas."

De tal suerte, desde hace varios años el Ejecutivo Federal, ha diseñado una estrategia con la cual lleva a cabo el monitoreo de la radiación gamma de fondo ambiental dentro de los programas de vigilancia de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), mismos que incluyen el estudio de las cantidades y tipos de radiación ionizante provenientes de la tierra y el agua, así como en la calidad radiológica de los alimentos para consumo humano; poniendo especial atención en los sitios de principal actividad radiológica tales como:

● La central nucleoeléctrica Laguna Verde,

● Los diferentes centros de investigación con que México cuenta y

● Los sitios de confinamiento de desechos radiactivos.

Así, se creó la Red Nacional Automática de Monitoreo Radiológico Ambiental (RENAMORA), que tiene como objetivo principal realizar el monitoreo en tiempo real de la radiación gamma de fondo proveniente de la atmósfera, ya sea ésta proveniente desde dentro o fuera del territorio nacional.

A través del monitoreo permanente de la Red Nacional Automática de Monitoreo Radiológico Ambiental (RENAMORA), se lo que otorga a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la capacidad de advertir de situaciones anormales causadas por eventos naturales o incidentes generados por actividades humanas en las que se involucra el uso de material radiactivo o fuentes de radiación ionizante; por lo que les permite tomar decisiones rápidas en el caso de una situación anormal o de riesgo.

Actualmente, la Red está constituida por sesenta estaciones de monitoreo repartidas por todo el territorio nacional, enfocando su atención a lugares de interés radiológico y en ciudades cuya población sea igual o superior a los 100,000 habitantes.

Si bien es cierto, las diferentes naciones que son potencia mundial en el uso y aprovechamiento del material nuclear y radiológico, establecen estrictas medidas de seguridad en sus instalaciones, sin embargo, no podemos afirmar que por esta razón, no ocurrirán accidentes dentro y fuera de las misma, como ejemplo reciente tenemos lo sucedido el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto en las costas de Japón dio origen a un tsunami, provocando un incidente en la Planta Nuclear de Fukushima Dai-ichi, donde se liberó material radiactivo al medio ambiente.

Desafortunadamente, el impacto radiológico ambiental, no sólo afecto al territorio de Japón, sino que también repercutió de forma negativa alrededor del mundo; bajo este precedente, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), como resultado de monitoreo permanente, obtuvo la concentración de actividad en partículas suspendidas en aire y la rapidez de dosis ambiental, en las estaciones ubicadas en diferentes localidades del país, concluyendo que, si bien se detectaron partículas radiactivas provenientes del accidente, los niveles eran totalmente inofensivos.

No obstante, el Gobierno Federal implementó diferentes acciones en materia de protección radiológica, realizando inspecciones a los productos provenientes de Japón, principalmente de alimentos e insumos médicos, y afortunadamente, dos semanas después del accidente, las estaciones de monitoreo, tanto en México como en el mundo, detectaron que los niveles de radiactividad descendían.

Aunado a esto, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en colaboración con la Dirección General de Aduanas, establecieron el control de importaciones en productos alimenticios y materia primas, productos de consumo animal y accesorios médicos, que pudieran ser asimilados por el cuerpo humano, provenientes de Japón, específicamente de la región de Fukushima y sus alrededores.

Lo anterior, es un ejemplo que pone de manifiesto la necesidad y la capacidad de respuesta que tiene la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), ante emergencias nucleares y radiológicas para vigilar, prevenir y proteger a la población mexicana de posibles riesgos asociados.

Sin embargo, aunque existan los organismos y mecanismos enfocados a salvaguardar a la ciudadanía en relación a las actividades nucleares y radioactivas, desafortunadamente se han presentado diversos robos de material radiactivo como los acontecidos en diciembre del 2013 cuando se reportó el robo de un camión con Cobalto 60, en Temascalapa, Estado de México; en junio del 2014 en Tultitlán, Estado de México, sustrajeron material radiactivo conocido como cesio 137 y americio / berilio; y apenas el pasado 3 de febrero del 2015, los medios de comunicación nos dieron a conocer también el robo de tres vehículos que transportaban fuentes radiactivas consistentes en Iridio 192, utilizadas en la radiografía industrial, sustraído en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Recuperándose afortunadamente en los tres sucesos el material radiactivo.

Por este hecho, La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) activó un protocolo de alerta para localizar el vehículo en Querétaro, Michoacán, Jalisco, y Zacatecas. Esta también se extendió para San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.

Así las cosas, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que fueron localizados los vehículos robados con el material radiactivo en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Cabe señalar, que el robo de Iridio 192, se debió, entre otras situaciones, a la falta de regulación en cuestión de seguridad durante el traslado del material radiológico, lo cual, invita a realizar una seria reflexión enfocada a las posturas del transporte de residuos radiactivos por parte de las autoridades competentes; toda vez, que el incidente ocurrido hace unos días debe ser considerado de suma importancia, ya que la dimensión del evento no pudo ser correctamente apreciada por la población, ni por los imprudentes infractores de la ley.

Por lo ya referido, esta iniciativa de reforma pretende contribuir al logro de una cultura de la prevención de incidentes y evitar situaciones de emergencia derivadas de la sustracción de desechos peligrosos, particularmente, de materiales nucleares y radiactivos. Bajo este orden de ideas, es necesario modificar el marco jurídico que regula la actividad nuclear en México con un sentido profundo en la seguridad de la población y del medio ambiente.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue:

Artículo 30.-

Para garantizar la seguridad nuclear y radiológica establecida en los artículos 20 y 21 de la presente Ley, la Policía Federal resguardará los vehículos previamente autorizados para transportar materiales nucleares y radiactivos, equipos que los contengan, además de los dispositivos generadores de radiación ionizante, durante su traslado, que comprende, desde el lugar de origen hasta la disposición final.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa".

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Yunes Landa. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1o. Bis, 3o. y 6o. de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1o. BIS, 3o. Y 6o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

He inscrito esta iniciativa en atención a que la salud, sin duda, es un compromiso que preocupa a todo orden de gobierno y, por supuesto, que el Senado de la República no es ajeno y creo que también nos une este tipo de causas.

Como lo define la ley: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social". Y en este sentido, es que acudo a esta tribuna a proponer, que para una correcta atención médica en la aplicación de la salud pública y asistencia social, las autoridades sanitarias dispongan de instituciones hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente que garantice la salud de la población. Y es que, compañeras y compañeros, las enfermedades dentales son un problema de salud pública al que no se le ha otorgado la importancia debida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México se encuentra entre los países de alto rango de frecuencia de enfermedades bucales, dentro de ellas, la caries dental que afecta a más de 90 por ciento de la población mexicana.

Las enfermedades bucales, por su alta morbilidad, se encuentran entre las 5 de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación también que condiciona el incremento del ausentismo escolar y laboral.

Y como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana y sus instituciones carecen de la capacidad económica para resolver las necesidades de atención odontológica de la población.

Sin embargo, compañeras y compañeros, creo que también es importante señalar que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado científicamente.

Por ejemplo, datos de la Asociación Dental Mexicana señalan que: " el 85 por ciento de nuestra población padece caries; 90 por ciento de la población padece gingivitis, y de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías; 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años sólo tienen 10 piezas dentales".

En este contexto, compañeras y compañeros, la normatividad de la prevención para la práctica odontológica, hasta el momento, no ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de la salud bucal de la población mexicana.

Con estas acciones que nosotros queremos proponer, se busca, en teoría, reforzar las medidas básicas más importantes, como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos como parte fundamental de los estilos de vida y de los patrones de consumo.

Sin embargo, compañeras y compañeros, la política de atención y prevención bucal, en los últimos 20 años, ha originado sólo 2, sólo 2 normas oficiales, por lo que a 9 años de la última, la NOM 013-SSA-2006, me permito plantear que debiese ser obligación de las autoridades el actualizar los métodos, las técnicas y los criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades bucales de mayor frecuencia entre la población mexicana.

Y es en este contexto, como lo decía el señor Presidente, es que propongo reformar la Ley General de Salud, en cuanto a la obligación que deben asumir las autoridades, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito estatal, en lo que se refiere al diseño de una política de atención especializada en la salud, y disponer de una campaña de presencia continua de personal odontológico en las escuelas de educación nivel básico y medio-superior que forme, sin duda, en el estudiante el hábito de la educación bucal, porque creo, compañeras y compañeros, que con ello coadyuvaríamos a evitar la expansión de dichas enfermedades bucales al tiempo, por supuesto, de mejorar hábitos higiénico-alimentarios, y también a orientar la vigilancia en el consumo y en el uso adecuado de los fluoruros sistémicos y tópicos, también en lo que tiene que ver al empleo de medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, así como el tratamiento y control de estas enfermedades.

Le quisiera rogar, señor Presidente, para mayor detalle de la propuesta que estoy presentando, la iniciativa que someto a consideración de esta Soberanía, también quede íntegramente en el Diario de los Debates, y les agradezco muchísimo, a todas y a todos, su atención y el apoyo que le puedan dar a esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"El que suscribe, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 BIS; 3 Y 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las enfermedades dentales son un problema de salud pública al que no se le ha otorgado la importancia debida. Las enfermedades bucales de mayor prevalencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud son la caries dental y la enfermedad periodontal; las de frecuencia media son las anomalías cráneo-facio-dentales y maloclusiones; las de frecuencia variable son el cáncer oral, las alteraciones de tejidos dentales, los traumatismos maxilofaciales y la fluórosis dental.

México, de acuerdo con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los países de alto rango de frecuencia en enfermedades bucales, dentro de ellas la caries dental, que afecta a más del 90% de la población mexicana.

Las enfermedades bucales por su alta incidencia se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral, así como la necesidad de grandes gastos económicos que rebasan la capacidad del sistema de salud y de la misma población.

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana y sus instituciones carecen de la capacidad económica para resolver las necesidades de atención odontológica de la población, no obstante que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado científicamente.

Datos de Asociación Dental Mexicana (ADM) en México señalan que:

● 85% de la población padece caries.

● 90% de la población padece gingivitis,

● En promedio, se consume sólo tres pastas de dientes y un cepillo dental. Promedio muy por debajo de países como Estados Unidos, Argentina o Brasil.

● De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías.

● Se estima que en México 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años, presentan afecciones odontológicas, mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años sólo tienen 10 piezas dentales.

● En promedio, las personas de 12 años se tienen dos piezas dañadas; los adultos de 44 años poseen 15, y los de 65 años, 17 de un total de 32 que integran la dentición definitiva (incluyendo los terceros molares o "muelas del juicio").

Por esta razón, es indispensable unificar y establecer los criterios de atención a la salud bucal, con énfasis en la prevención, en los sectores público, social y privado.

La normatividad de la prevención para la práctica odontológica, pública, social y privada en el ámbito nacional ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de salud bucal de la población mexicana. Estas acciones tienen como propósito general reforzar las medidas básicas más importantes como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos, como parte del mejoramiento de los estilos de vida y de los patrones de consumo.

Con la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Control de Enfermedades Bucales se optimiza los servicios odontológicos del país, elevar la calidad y equidad de los mismos con énfasis en la prevención, la disminución de costos y la reducción, en la mayor medida posible de los problemas derivados de la mala práctica; todo esto, con el propósito de mejorar el nivel de salud bucal de la población mexicana, y de crear una nueva cultura: La Cultura de la Salud.

La salud bucal de los individuos y de la población es la resultante de un complejo y dinámico juego de factores, conocido como el proceso salud-enfermedad; por lo tanto el modelo de atención para las enfermedades bucales deberá estar basado en el reconocimiento de éste y en el manejo de la prevención para la correcta conservación de las estructuras y funcionamiento del aparato estomatognático que permitan, en el mediano y largo plazo, disminuir el nivel de incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales más frecuentes en la población mexicana.

Sin embargo, la política de atención y prevención bucal en los últimos 20 años ha originado dos Normas Oficiales la NOM-013-SSA2-1994 y la NOM-013-SSA2-2006, por lo que ha nueve años de la última declaratoria de política pública se vuelve necesario actualizar los métodos, técnicas y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos en la actualidad.

En atención al artículo 1 de la Ley General de Salud que textualmente señala que se deberán establecer las bases de acceso a los servicios de salud contando con la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, es que presento la siguiente iniciativa con el fin de concretar la aplicación de un programa de atención bucal in situ en todos los planteles de educación básica y media superior que permita que personal odontológico prevenga la aparición de enfermedades periodontales a nivel masivo, grupal e individual, oriente y corrija los hábitos higiénico-alimentarios, eliminación de hábitos nocivos funcionales y parafuncionales, a la conservación de ambas denticiones sanas, a orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de los fluoruros sistémicos y tópicos; al empleo de las medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, al tratamiento y control de estas enfermedades.

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforman los artículos 1 BIS; 3 y 6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Para la correcta atención médica, la aplicación de salud pública y asistencia social, las autoridades sanitarias dispondrán del constante aprendizaje y actualización de la ciencia médica en los centros de educación superior así como de e instituciones hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente que garantice la salud de la población.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IV BIS 2 ..

IV Bis 3. La salud bucal;

V. a XXVIII ...

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

I BIS.- Actualizar de forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su operación, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia;

II. a IX.-

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 5 de febrero de 2015.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente, le pregunto al orador, si puedo sumar a su iniciativa.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Le pregunta el Senador Víctor Hermosillo y Celada, si se puede sumar a su iniciativa.

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con todo gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, y se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se inserte textual, al Diario de los Debates, la misma.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS DENOMINACIONES DEL LIBRO TERCERO Y DE SU TITULO UNICO Y EL ARTICULO 85 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 3 AL ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

México es plural y diverso en lo social, en lo cultural y en lo político. Conocerlo es un principio, respetar principios constitucionales es nuestra obligación, pero armonizar esos principios con la legislación secundaria, es hacer posible una realidad social que se hace presente día a día, que reclama su espacio y le exige respeto a sus condiciones particulares.

Los pueblos indígenas tienen ya un marco internacional que protege sus derechos, el Convenio 169 de la OIT.

El artículo 2o. de nuestra Constitución lo reconoce, sus comunidades deben acceder plenamente a la jurisdicción del Estado con respecto a su libre autodeterminación y autonomía. Libre autodeterminación y autonomía son derechos que requieren normas secundarias.

Los congresos locales tienen esa atribución, sin embargo, las elecciones bajo sistemas normativos internos siguen siendo un problema de gobernabilidad, causan inestabilidad, y muchas veces violencia.

Hace un año aprobamos una reforma constitucional en materia político-electoral, y en mayo se publicaron nuevas leyes: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero quedó pendiente, hay que admitirlo, el tema de los derechos indígenas y sus sistemas normativos.

Por eso presento a consideración de ustedes una propuesta legislativa integral, orientada por el diario trabajo de la justicia federal en materia federal indígena, y es oportuno en este momento un reconocimiento de la actuación responsable, institucional y comprometida de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sus 5 salas regionales.

Compañeras y compañeros, proponemos introducir un nuevo juicio que proteja los derechos políticos, específicamente en el desarrollo y aplicación de los sistemas normativos internos, comprendido en 4 capítulos de un título especial de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

En el primero, se determina quiénes tienen derecho a promoverlo y en qué casos. Además enuncian sus principios generales, como son: justicia distributiva, autonomía, debido proceso, consulta pública integral, pleno respeto a su diversidad cultural y favorecimiento de la participación política de la mujer.

Justicia distributiva: Es tratar desigual a los desiguales en la medida de su desigualdad.

Autonomía: Para salvaguardar el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones, así como las formas democráticas de gobierno, su identidad, cultura, cosmovisión y protección de sus prácticas políticas tradicionales.

Debido proceso: Para dar plena materialidad a los derechos humanos, de manera que los indígenas tengan efectivo derecho a ser oídos, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Consulta pública: En atención a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por el artículo 2o. de la Constitución mexicana.

Y, desde luego, el favorecimiento de la participación política de la mujer; que combata los perjuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos; además se garantiza la observancia del principio pro-persona, en consonancia al respeto a los derechos humanos.

En el capítulo segundo, se regulan plazos con criterios de flexibilidad, considerando la mayor o menor accesibilidad material de los promoventes.

En un siguiente capítulo, se establece su procedimiento especial, contemplando suplencia, de manera integral, de la deficiencia o ausencia de agravios.

En un cuarto y último capítulo, se delimitan los efectos de la sentencia y entre otras obligaciones a cargo del Tribunal Electoral, la traducción de las sentencias en la lengua indígena o variante lingüística de la comunidad.

Compañeras y compañeros, puede haber quienes consideren que la Ley Electoral ya regula suficientes medios de impugnación, como son el juicio para la protección de los derechos político-electorales, de los derechos políticos-electorales del ciudadano o el juicio de revisión constitucional electoral, y que han servido para resolver controversias en sistemas normativos internos.

Son observaciones muy respetables, pero recuerdan aquellas que durante décadas del siglo pasado buscaron en la educación monolingüe, homogénea e integracionista la solución a un profundo problema social, que se calificó como el problema indígena. Con ello se pretendió disimular la explotación y discriminación de que fueron víctimas los pueblos originarios de la nación mexicana.

Es un tema, sin duda, interesante y tan complejo como nuestra diversidad cultural.

Por ello, solicito la participación de las comisiones y de las Senadoras y Senadores que deseen hacerlo.

Vale la pena, tenemos un compromiso con los pueblos indígenas.

Al señor Presidente de la Mesa Directiva, pido ordene se inserte en el Diario de los Debates, el texto completo de la presente de la iniciativa.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.








Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores Senadores:

El pasado 30 de enero de este año, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un recorte presupuestal al Gasto Público por 124 mil 300 millones de pesos, con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad, derivado de la caída internacional de los precios del petróleo.

Al respecto, esta Secretaría señaló que este recorte incluye ajustes al presupuesto de PEMEX y CFE, por 62 mil y 10 mil millones, respectivamente.

Con relación a los gastos de la administración pública, señaló el secretario, habrá un ajuste por 52 mil millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% corresponde a gastos de inversión.

Adicionalmente se anunciaron medidas de austeridad, en una reducción únicamente del 10% de servicios personales, en los gastos del gobierno, es decir, en sueldos y salarios.

Se trata, pues, de un ajuste a todas luces insuficiente, para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional, ya que se prevé que no se alcancen las metas del crecimiento del país.

En el Partido de la Revolución Democrática hemos sostenido, legislatura tras legislatura, que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de alto nivel; quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al Poder Legislativo, las entidades federativas y a la Cámara de Diputados, al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestra Carta Magna.

Estamos convencidos que deben eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para funcionarios, que son pagados por recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago de seguro por separación y eliminar plazas; dejar de pagar pensiones a ex presidentes de la República; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios; eliminar gastos por telefonía celular, remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para funcionarios, que son, desde nuestro punto de vista, compromisos ineludibles en un Estado democrático.

Al respecto, cabe señalar que desde el 24 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es muy importante recordar.

Porque en dicho Decreto, se establecen las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discriminación, con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas por salarios, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, algunas de ellas pensiones vitalicias, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles.

No obstante que han pasado casi cinco años sin que se haya aprobado esta legislación, la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de la reforma; las y los mexicanos seguimos siendo testigos de cómo se violenta la Constitución, en materia, justamente, de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios, de la llamada “alta burocracia”, que contratan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de nuestra población.

México se caracteriza por ser uno de los países en donde es más latente la desigualdad social.

Por lo tanto, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía es, ni más ni menos, que el Partido de la Revolución Democrática ha venido trabajando e insistiendo, tiene que ponerse a discusión en comisiones y ante el Congreso de la Unión.

Es la misma que, en su momento, recuerdo, en 2010, el Senador Pablo Gómez Alvarez presentó ante el Pleno del Senado. Se trata ni más ni menos de volver a plantear una política salarial del gobierno, que en estos momentos está planteando el recorte presupuestal; pero simplemente es una medida en la coyuntura, no elimina la discrecionalidad existente en la política de sueldos y de todos los elementos que yo reiteradamente he mencionado al presentar esta iniciativa.

Señoras y señores, el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública llega al cargo con dos años de retraso, con el respaldo absoluto, también en un momento coyuntural por parte del Ejecutivo Federal, que ha dejado sin nombrar esta Secretaría; pero además olvidando que una de las primeras reformas de esta legislatura, y precisamente del Presidente Peña Nieto, fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde desaparece esta Secretaría de la Función Pública. Y en sus artículos, en especial el 2o., dice lo siguiente: “Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica”.

Lo leí textual. No entiendo, y con esto termino, ¿por qué la Junta de Coordinación Política determinó, y todos leímos en los medios de comunicación, que estaba desierto el nombramiento del Fiscal Anticorrupción? Después de que la misma Junta de Coordinación Política lanzó una convocatoria, y entre sus atribuciones señalaba que iba a verificar cada uno de los nombres de las personalidades que se inscribieron para dicho proceso.

El informe que llega de manera formal a las comisiones encargadas de procesar ese nombramiento e iniciar el curso de la convocatoria en la siguiente etapa de celebración de comparecencias, se nos informa por la Junta de Coordinación Política que todos y todas, de quienes se habían inscrito a partir de esta convocatoria, eran idóneos y habían cumplido con los requisitos planteados en la convocatoria.

Convocamos las comisiones a comparecencias a todas estas personalidades, que el asunto se atora, ¿quién sabe dónde?, ¿quién sabe por qué? Pero, pues, nos enteramos por la prensa que la Junta de Coordinación Política va a reiniciar este proceso, porque resulta que quienes estaban, quienes se habían inscrito no son idóneos y no reúnen los requisitos.

No entiendo. Me parece que ese tipo de cosas en estos momentos dan una mala lectura y no hacen ver bien al Senado de la República, y sobre todo no hacen bien a esta legislatura, que inició reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y después de dos años todavía no tenemos el Fiscal Anticorrupción autónomo, como lo señala la Constitución.

Yo espero que ahora sí revisemos esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de enero de 2015 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anunció un recorte presupuestal al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad derivado de los caída internacional de los precios del petróleo. Al respecto la Secretaría de Hacienda señaló que este recorte incluye ajustes al presupuesto de PEMEX y CFE por 62 mil y 10 mil millones respectivamente.

Con relación a los gastos de la Administración Pública, señaló habrá un ajuste de 52 mil millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% a gasto de inversión; adicionalmente se anunciaron medidas de austeridad en una reducción únicamente del 10% de servicios personales en los gastos del gobierno, es decir sueldos y salarios.

Se trata de un ajuste a todas luces insuficiente para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional; ya que se prevé que no se alcancen las metas de crecimiento del país.

En el partido de la Revolución Democrática hemos sostenido que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al poder legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestro texto fundamental.

Estamos convencidos que debe eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago del seguro de separación y eliminar plazas. Dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular; remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para los funcionarios, son compromisos ineludibles en un estado democrático.

Al respecto cabe señalar que desde el 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho Decreto establece las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discreción con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles. No obstante que han pasado casi cinco años sin que se haya aprobado la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma, las y los mexicanos seguimos siendo testigos como se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población.

Por tanto la iniciativa que sometemos a la consideración de ésta Soberanía, es la misma que el 13 de abril de 2010 presentó en su momento Senador Pablo Gómez Alvarez. Se trata de volver a plantear una política salarial del gobierno que en estos momentos de recorte presupuestal, evitaría la discrecionalidad existente en la política de sueldos de la llamada “alta burocracia”.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Ante la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano, carente ésta de criterios que ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, al inicio de la pasada Legislatura se planteó la necesidad de reformar la Constitución Política para organizar un esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de sueldos de carácter nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y municipios.

Para dar coherencia a ese esquema, se adopta la acepción amplia de servidor público y se define el término remuneración para incluir en él, además del salario, toda percepción en dinero o en especie que perciba quien realiza una labor en cualquier entidad pública, de manera que el nuevo andamiaje constitucional permita combatir el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal o para fines distintos del servicio público. A esto se agregó una regulación completa que garantizara la eficacia de la propuesta.

Advertimos entonces que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos eluden la aplicación de la Constitución y anulan el control que corresponde al poder legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establece expresamente el artículo 75 constitucional.

Con el fin de establecer un parámetro que definiera la remuneración máxima, se optó por tomar el cargo de Presidente de la República como la referencia obligada.

Por su parte, la Cámara de Diputados realizó adiciones al proyecto con los cuales se definieron las características que debería tener la presupuestación de las remuneraciones de los servidores públicos.

II. Finalmente, el 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena la reglamentación rigurosa de las percepciones salariales de los servidores públicos en México, para lo cual se establecen las siguientes reglas generales:

1. Una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios.

2. Reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios:

a). Integración de la remuneración: para el cálculo de la remuneración correspondiente, deberá considerarse toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

Se exceptúan de la integración de la remuneración los apoyos y los gastos que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales que deben ser comprobados como todas las erogaciones del Estado. Se excluyen también los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

b). Salario máximo: ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.

c) Equidad salarial: ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las siguientes excepciones:

i) Que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos,

ii) Que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función,

En uno u otro caso, la remuneración total no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República.

d) Pensiones y otras percepciones por retiro: no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

c) Transparencia: las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

3. Reglas para la aprobación legislativa anual, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de las remuneraciones de los servidores públicos federales: los tres poderes de la unión y los organismos con autonomía constitucional deberán incluir en sus proyectos presupuestales los tabuladores desglosados de las remuneraciones que proponen perciban sus servidores públicos, para efecto de que sean examinados, discutidos, modificados y aprobados por la Cámara de Diputados.

4. Reglas para la determinación presupuestal de las remuneraciones de los servidores públicos locales: inclusión de los tabuladores desglosados estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus delegaciones.

5. Reglas especiales para los casos del Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales y el Instituto Federal Electoral:

Conforme al artículo Tercero Transitorio, a partir del ejercicio fiscal de 2010 las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores a la establecida para el Presidente en el Presupuesto de Egresos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda a la establecida para el Presidente en el Presupuesto de Egresos.

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.

En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores aprobados por el Poder Legislativo, sea el Federal o los de las entidades federativas.

De esta manera, la reforma pretende poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignaban las percepciones de los servidores públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, etcétera, sin ningún parámetro y escasos controles.

III. Para hacer efectivo el contenido la reforma constitucional, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido por ésta, el Congreso estableció, en la fracción VI del artículo 127, la obligación del mismo Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, de expedir las leyes respectivas.

Además, procurando la pronta eficacia de la misma reforma, se ordenó, en el artículo Cuarto Transitorio, que los citados órganos legislativos expidieran las leyes ordinarias correspondientes en un plazo de 180 días naturales posteriores a la publicación del decreto.

Dado que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, el plazo para la reglamentación secundaria venció el 21 de febrero de 2010. Sin embargo, el Congreso de la Unión ha omitido hasta ahora la expedición de la ley reglamentaria respectiva.

Esa omisión dio causa a diversas interpretaciones sobre la aplicabilidad de la reforma constitucional, entre las que destacan la opinión expresada por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien, en ocasión al proceso de presupuestación para 2010, sustentó la inaplicabilidad de las reglas constitucionales hasta que sean desarrolladas por la legislación secundaria; una cuestión semejante sostuvo un integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, quedó claro que la inexistencia de la legislación secundaria no anula la obligatoriedad de la estricta observancia de la disposición constitucional; de hecho, ya existen los procedimientos para la integración de los proyectos de presupuesto anual de todas las instancias públicas y es precisamente dentro de esos procedimientos donde deberán atenderse las nuevas normas constitucionales para la definición de las remuneraciones.

IV. Además, conforme al artículo segundo transitorio del decreto publicado en agosto de 2009, las remuneraciones que en aquel momento fueren superiores a la que percibía el Presidente o el superior jerárquico del servidor público de que se trate, deberían ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.

La previsión anterior y la carencia de una ley reglamentaria obligaron a la Cámara de Diputados a modificar las disposiciones del Capítulo de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio, incluyendo los tabuladores contenidos en el anexo 16 del Decreto, para evitar la posibilidad de que las percepciones de los funcionarios públicos fueran violatorias al texto constitucional.

Así, el artículo 22 del Decreto de Presupuesto federal desarrolla las disposiciones incorporadas por la reforma constitucional en materia de percepciones de los servidores públicos. Entre dichas disposiciones destacan:

1. La integración de la remuneración de los servidores públicos con la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias.

2. La remuneración mensual autorizada al Presidente de la República y los tabuladores de remuneraciones para la Administración Pública Federal, contenidos en el anexo 16 del propio Presupuesto, en cuyas disposiciones se detallan los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias y extraordinarias netas mensuales para los servidores públicos federales.

3. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos (con excepción del Banco de México) y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de sus servidores públicos.

En el caso del Poder Judicial de la Federación, se establecen las reglas especiales en lo relativo a las percepciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional de referencia.

V. En cuanto a la cobertura de pensiones otorgadas en el pasado sin disposición legislativa pertinente, el Congreso desconoce si se siguen otorgando a ex servidores públicos, lo cual sería una transgresión a las nuevas disposiciones constitucionales.

VI. La presente iniciativa busca dar cobertura a los diversos supuestos constitucionales, para lo cual se estructura con el siguiente contenido:

1. El Capítulo I, de disposiciones generales, establece como objeto de la Ley regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos federales, incluidos quienes laboran en los tres poderes, sus órganos, dependencias y entidades, así como en los organismos autónomos.

Es oportuno aclarar que el decreto de reforma constitucional, en los artículos 115, 116 y 122, dota expresamente a las entidades federativas de la facultad de regular en la legislación secundaria los nuevos dispositivos constitucionales en la materia.

Por otra parte, el mismo capítulo desarrolla el reconocimiento constitucional del derecho que asiste a todo servidor público a una remuneración, así como los elementos que la integran, en los que se considera toda percepción que ingresa al patrimonio de la persona y se excluye toda cantidad dirigida a cubrir gastos que son propios de la labor que desarrolla y no ingresan a dicho patrimonio.

Por último, como forma de control administrativo, se obliga a los servidores públicos a reportar a su superior jerárquico cualquier pago en demasía, dentro de los siguientes 30 días naturales a que se produzca. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía.

2. El Capítulo II desarrolla las bases constitucionales para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, según quedaron expuestas en el numeral II de esta exposición de motivos.

3. El Capitulo III reglamenta el proceso que deberá seguirse para la previsión presupuestal de los salarios, incluyendo los mecanismos administrativos para la conformación de los tabuladores al interior de la Administración Pública Federal, la administración propia de los poderes Legislativo y Judicial, así como la de los entes autónomos.

Destaca que este mecanismo es congruente con las disposiciones que actualmente establecen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2010, respecto de los conceptos y definiciones, así como el procedimiento de conformación del Proyecto de Presupuesto, especialmente en lo que hace al Capítulo de los Servicios Personales, y la organización administrativa para su control y vigilancia.

4. El Capítulo IV regula las percepciones por retiro, sea que éstas resulten de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, considerando para su otorgamiento y presupuestación las mismas reglas definidas por el capítulo anterior, respecto de las remuneraciones y sus tabuladores.

Se regulan también los beneficios que se concedan como forma de liquidación por la prestación de servicios, sujetándolos a la normatividad legal o contractual aplicable, prohibiendo cualquier acuerdo que las contravenga. Se dispone expresamente que quienes detenten un puesto de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.

Por último, se somete a regulación el otorgamiento de créditos, préstamos o anticipos a la remuneración y se establecen disposiciones de transparencia y fiscalización para los recursos efectivamente erogados por los conceptos regulados en esta Ley.

5. En el Capítulo V se desarrollan los mecanismos para el control administrativo y la fiscalización en relación al cumplimiento de las disposiciones de este cuerpo normativo; el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, y la aplicación de sanciones de una y otra naturalezas.

Se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y el seguimiento oficioso de las investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta Ley.

Incluso, se establecen las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación, siempre en congruencia con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se refieren los procedimientos administrativos a la leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos.

Se fijan las sanciones que corresponderán a quienes infrinjan las disposiciones de este orden normativo, mismas que están segmentadas en función del beneficio que obtiene el servidor público que comete el ilícito, lo mismo respecto de las sanciones administrativas, que comprenden destitución e inhabilitación, como penales, que comprenden multas y penas privativas de la libertad. En todos los casos se orden el resarcimiento del daño que se produce al erario federal.

Es importante destacar que esta Ley establece un nuevo tipo delictivo, el de remuneración ilícita, independiente a los preexistentes en la legislación penal, porque la conducta que se tipifica está referida directamente a la infracción de normas especiales establecidas en el propio ordenamiento y circunscritas al estricto ámbito de aplicación del mismo.

Finalmente, puesto que toda norma constitucional precisa ser desarrollada en la legislación secundaria para efecto de la definición de las formas, procedimientos y demás parámetros para su debida aplicación y que el propio decreto obliga a expedir las leyes para la realización concreta de las bases constitucionales sobre las remuneraciones de los servidores públicos en nuestro país, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Artículo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan:

I. El Poder Legislativo Federal;

II. El Poder Judicial de la Federación;

III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia de los tres poderes de la Unión;

IV. Los tribunales administrativos de la Federación;

V. La Procuraduría General de la República;

VI. La Presidencia de la República;

VII. Las dependencias federales; y

VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.

Artículo 3.- Todo servidor público recibe una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente.

Artículo 4.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, por concepto de liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Artículo 5.- Los servidores públicos está obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía.

Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

CAPITULO II

De la determinación de las remuneraciones

Artículo 6.- Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases:

I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que:

a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos; y

b) La remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.

Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

CAPITULO III

De la presupuestación de las remuneraciones

Artículo 7.- La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o mediante otro decreto legislativo o ley, mismo que contendrá:

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales para la Administración Pública Federal, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente:

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos de la Administración Pública Federal que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas.

II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda.

III. La remuneración total anual de los titulares de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo:

a) Cámara de Senadores;

b) Cámara de Diputados;

c) Auditoría Superior de la Federación;

d) Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Consejo de la Judicatura Federal;

f) Banco de México;

g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

h) Instituto Federal Electoral;

i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación.

l) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo.

m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.

IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

Artículo 8.- El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto se presenta en el tomo respectivo del propio Presupuesto o a través de anexos del mismo. Lo correspondiente al Banco de México se presenta por separado y de manera directa por parte de su órgano de gobierno.

Artículo 9.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia respecto de los poderes de la Unión, reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno.

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley.

Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que:

a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración.

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración.

Las remuneraciones correspondientes al Banco de México se aprueban anualmente por la Cámara de Diputados mediante decreto especial.

Artículo 10.- Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, las remuneraciones y sus tabuladores.

CAPITULO IV

De las percepciones por retiro y otras prestaciones

Artículo 11.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo.

Artículo 12.- Unicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores, se informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Artículo 13.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

CAPITULO V

Del control, las responsabilidades y las sanciones

Artículo 14.- Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político.

Artículo 15.- Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente.

Artículo 16.- La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley:

I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes;

II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas;

III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias;

IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y

V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción.

Artículo 17.- La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos.

Artículo 18.- Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años.

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso.

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley.

Artículo 19.- Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita:

I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;

II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Artículo 20.- Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas:

I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y

IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.

TERCERO.- Las autoridades federales competentes fincarán las responsabilidades administrativas, vigentes al momento de la falta, a quienes hubieran autorizado o pagado jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y préstamos o créditos, en contravención con lo señalado el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 25 de agosto de 2009.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativo, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE VIVIENDA Y LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Hago del conocimiento de la Asamblea que la Mesa Directiva, en consulta con los grupos parlamentarios, acordó incluir en esta sesión para su discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de fortalecer las bases para el desarrollo sostenible de los sectores pesquero y acuícola.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX, X, XI, XII, XIII Y XIV, PASANDO LAS ACTUALES IX Y X A SER XV Y XVI AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Les informo que a este dictamen se le dio primera lectura el día 23 de septiembre del año 2014, por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Secretaria Senadora. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En consecuencia de ello, para este tema se ha inscrito, a fin de hacer uso de la palabra, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para exponer sus motivos a favor del dictamen correspondiente.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Sin duda que este Decreto que adiciona una fracción VII Bis y modifica la fracción LVII del artículo 3o., así como los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, vendrá a coadyuvar, primero, al desarrollo de la acuacultura en México; y segundo, como consecuencia del desarrollo de esta actividad, si se atiende de manera adecuada, México dará un salto importantísimo en el combate contra el hambre, contra la desnutrición y contra la malnutrición.

En el mes de octubre del año pasado se celebró en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Malnutrición, algunos de los acuerdos son los siguientes:

Es importantísimo que el Senado de la República de México conozca estos acuerdos para que los haga suyos y los impulse.

En la declaración de Roma sobre la desnutrición, se dice "que se reafirma el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre", de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.

Somos conscientes de que la malnutrición en todas sus formas, con inclusión de la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, no sólo afecta la salud y el bienestar de las personas al repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo, comprometen el sistema inmunológico, aumentan la susceptibilidad a enfermedades transmisibles y no transmisibles, limitan la realización de potencial humano y reducen la productividad, sino que también suponen una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas para las personas, las familias, las comunidades y los estados.

La eliminación de la malnutrición en todas sus formas, es un imperativo por razones sanitarias, éticas, políticas, sociales y económicas, con especial atención a las necesidades particulares de los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidades, y otros grupos vulnerables, así como las personas afectadas por emergencias humanitarias.

Esta es parte de la Declaración de Roma, y el Decreto que estamos discutiendo es un asunto que tiene que ver con eso.

Hoy el Senado mexicano si aprueba esta minuta que viene de Cámara de Diputados, sin duda que mostrará al pueblo de México la disposición que tiene en esta lucha que estamos enfrentando en contra de la malnutrición, la desnutrición y el hambre.

La acuacultura sin duda que es una fuente inagotable de alimentos sanos y nutritivos, en el pescado se encuentran todos los nutrientes que están implicados en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes.

En la acuacultura se pueden producir especies como el camarón, la tilapia, el langostino, el bagre, la trucha arcoíris, ostión y peces de ornato, entre otros.

Los datos de los niveles de pobreza y desnutrición de diversos sectores de la población en nuestro país, la acuacultura representa una alternativa viable para coadyuvar con la seguridad alimentaria.

Es importantísimo, compañeros Senadores, que en este tema en donde los datos que nos da el CONEVAL y que nos da la CEPAL son verdaderamente dramáticos; esta lucha no la vamos a ganar si no le apostamos a que el modelo asistencialista, que hoy plantea el gobierno del Presidente Peña Nieto para resolver el problema del hambre, lo cambiemos por un modelo de producción social, y ahí, y ahí la acuacultura juega un papel importantísimo. Es necesario que en todos los embalses que se tengan en el país en condiciones de que se siembre cualquiera de las especies que hemos mencionado se haga; se pueden sembrar por millones, y esto no sólo es benéfico, sino es una situación que vendría a ayudar de manera directa al combate de la pobreza que se tiene a lo largo y ancho de la nación, tenemos que decirlo, no se ha reconocido sus aportaciones a la seguridad alimentaria, incluso, incluso al ahorro del agua, ya que su proceso productivo no consume agua.

¿Qué es lo que se está proponiendo en esta reforma?

Que se equipare la acuacultura como una actividad primaria y no como una actividad empresarial, es decir, que las tarifas de pago que hoy pagan los acuicultores por considerarse una actividad empresarial, se reduzcan de manera importante y entonces pueda desarrollarse como hasta la fecha no lo han hecho; se pretende homologar los beneficios de los acuicultores con otros sectores económicos primarios, entre otros, la misma tarifa para el pago del derecho de la extracción o derivación de aguas nacionales, dar las mismas oportunidades para regularizar su situación legal en el uso del agua e incorporar a la acuacultura en las relaciones comerciales de carácter formal facilitándole al productor el acceso a diversos programas de apoyo para el campo ante las diferentes instancias gubernamentales.

Hemos asistido con nuestros compañeros a la SAGARPA, concretamente a la CONAPESCA para que los proyectos de acuacultura puedan ingresar esta dependencia y sean beneficiados los productores de especies acuícolas.

Lo que hemos encontrado es una traba que plantean las reglas de operación en las cuales se dice que mientras los acuicultores no tengan la concesión del agua, va a ser imposible que puedan acceder a los proyectos que hoy otorga la SAGARPA a través de la CONAPESCA.

A partir de la insistencia, a partir de la presión, a partir de la actividad de relación permanente que hemos tenido con esta dependencia, para este año 2015 le podemos anunciar a los compañeros acuicultores que este requisito que parecía insalvable, hoy se ha corregido, y los acuicultores ya van a poder acceder a los proyectos en la CONAPESCA, ya que este requisito de la concesión del agua ya no es indispensable; si a esto le sumamos lo que vamos a aprobar el día de hoy, y que yo espero que se apruebe por unanimidad del Senado de la República en el sentido de equiparar la acuacultura ya como una actividad primaria dándole todas las facilidades a los acuicultores, la lucha, la lucha contra el hambre, la lucha contra la desnutrición, la lucha contra la malnutrición sin duda que es tarea también del Senado de la República.

Por último, compañeros Senadores, decirles que el problema del hambre es un asunto absolutamente de todos y que como señala la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Malnutrición en este tema que estamos planteando, la lucha contra el hambre es una lucha por cuestiones sanitarias, éticas, políticas, sociales y económicas; y por lo tanto, el Senado de la República tiene la obligación moral de sumarse a esta Declaración de Roma, de sumarse para la aprobación de este Decreto y de sumarse a esta lucha que estamos dando contra el hambre en México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para motivar a favor del presente dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente. Muy buen día a todos, compañeras y compañeros Senadores:

A la Comisión de Pesca y Acuacultura; y a la Comisión de Estudios Legislativos se nos presenta este dictamen que proviene de Cámara de Diputados, y de la revisión del mismo que es precisamente seis adiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, nosotros igual que la Comisión de Estudios Legislativos coincidimos en que son de aprobarse estas adiciones.

¿Qué trata el artículo 17?

El artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, precisamente es el que enuncia los principios mediante los cuales se va a dar la formulación y conducción de la política de la pesca y la acuacultura sustentable en la aplicación de los diferentes programas por parte del área del gobierno federal y que en consecuencia tendrán que ser respetados también por las diferentes administraciones públicas estatales de las entidades de nuestro país.

Estas adiciones muy importantes al artículo 17, tienen que ver con posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y sanidad a lo largo de la cadena productiva dándole el valor agregado. Al tener estos principios de sanidad, y en el siguiente que habla de la inocuidad, precisamente estamos procurando que los productos pesqueros y acuícolas tengan este principio, tengan este cuidado, para precisamente a través de tener estos principios de elaboración, sean competitivos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.

La siguiente adición pues viene a impulsar el establecimiento de una cultura de la inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas.

La otra adición es en el sentido de que reincidimos en lo que es el principio de la pesca con sustentabilidad, lo cual en todos los procesos del sector primario debemos ser respetuosos de este principio de sustentabilidad.

Se está agregando un principio también, en la fracción XII, de transversalidad para la instrumentación de políticas públicas, con un enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial ordenada en el tema pesquero y acuícola, orientada a toda la cadena productiva que aumente la productividad y mejore la competitividad.

Agrega también los principios de impulso regional equilibrado y de financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y científica en la modernización de la flota pesquera de las unidades de cultivo, técnicas coeficientes, plantas procesadoras y métodos y artes de captura.

De tal manera que la propuesta que estamos haciendo ante este Pleno, viene con el propósito y el objetivo de fortalecer al sector pesquero y acuícola en nuestro país, para hacerlo cada vez más competitivo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para beneficio de miles y miles de familias que están en este sector.

Les pido su voto aprobatorio.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador López Brito. No habiendo más oradores inscritos para motivar a favor de este tema, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y, por tanto, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Presidente Senador, conforme al sistema electrónico de votación se emitieron un total de 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Secretaria Senadora. En consecuencia, con 89 votos a favor, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Se informa a la Asamblea la inclusión del siguiente dictamen, también como resultado del acuerdo de la Mesa Directiva, con la consulta a los grupos parlamentarios. Su primera lectura ocurrió el día 10 de diciembre del año 2014, se trata del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para combatir las conductas de cohecho a servidores públicos extranjeros.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 222 Y 222 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y EL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

2. En el apartado denominado "I.- Antecedentes Generales" se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado "II.- Objeto y descripción de la Minuta" se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado "III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta" se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

5. En el apartado denominado "IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas", los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de marzo de 2014, los diputados Paulina Alejandra del Moral Vela, José Alberto Rodríguez Calderón y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Mediante Dictamen de fecha 28 de abril de 2014, en Sesión de fecha 29 de abril siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por 433 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones.

4. Por oficio de fecha 29 de abril de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la Minuta

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente:

"La presente iniciativa pretende establecer reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el objetivo de solventar los acuerdos internacionales, con relación al delito de cohecho, el cual es una forma de corrupción, establecida en los tratados internacionales, en materia, particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas prevén disposiciones para que los Estados en parte tipifiquen como delito tanto el cohecho pasivo como el activo."

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes consideraciones:

"Segunda. La presente iniciativa pretende más que modificar, hacer más viable la acreditación del tipo penal, para armonizar la figura vigente de cohecho genérico, ya que se le sustrae un elemento extraño y ajeno a la conducta de cohecho como tal, como lo sería la participación de un tercero que el servidor público extranjero determinase.

La conducta se constituirá cuando con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, se ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o al de un tercero para obtener de este una determinada acción que redunde en un beneficio a favor del corruptor.

Estas conductas y su confrontación se encuentran previstas en el Código Penal Federal, en el artículo 222, por su parte la jurisprudencia resalta su importancia y lo detalla como cohecho activo, en el siguiente criterio:

Cohecho activo. Elementos que integran el tipo previsto en los
artículos 222, fracción II, del Código Penal Federal.

De la descripción típica de cohecho activo que hacen los mencionados preceptos legales en el sentido de que comete tal ilícito el que dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un funcionario o servidor público para que haga u omita hacer un acto justo o injusto relacionado con sus funciones se obtienen los siguientes elementos: el dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un servidor público y que el propósito de tal entrega u ofrecimiento debe consistir en que el funcionario público haga o deje de hacer un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al respecto es conveniente precisar que el tipo penal no requiere de la aceptación del servidor o funcionario público; además para la configuración del delito por lo que hace al primer elemento basta con demostrar que se entregó u ofreció dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria al servidor público y para tener por acreditado el elemento consistente en el propósito de tal entrega u ofrecimiento al servidor público es indispensable que se demuestre que la acción u omisión que se le pidió realizar tiene conexión con las funciones con que está investido por el cargo público que le fue conferido pues sólo en este caso se pone en peligro el debido funcionamiento de la administración pública, bien jurídico que tutela el delito de cohecho.

(…)

Asimismo, con la modificación de la fracción II, no se tendrá que acreditar que el funcionario público que lleve a cabo la tramitación correspondiente sea responsable; sólo bastará con que la haya gestionado, guardando perfecta armonía con la fracción anterior.

Tercera. El artículo 222 Bis, respectivamente enmarca el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros dichas tipificaciones posibilitan el combate de manera más enérgica de estas formas de corrupción.

Su tipificación se incluyó en 1999 con el propósito de cubrir los requerimientos dispuestos en la Convención de la OCDE, conocida como Convención Anticohecho, la cual señala en su artículo primero que los Estados parte deberán establecer en su legislación penal el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros.

Dicha convención se constituye como un acuerdo internacional mediante el cual se establecen diferentes tipos de medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas y jurídicas colectivas que prometan, den, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios negocios, en el marco de las transacciones comerciales internacionales.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo VIII establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno transnacional, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16 dispone que cada Estado parte adopte las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas.

No obstante, el tipo previsto en el artículo 222 Bis del Código Penal Federal no ha arrojado los resultados esperados, que se traducen en un auténtico mecanismo que disuada y, en su caso, sancione la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales a servidores públicos extranjeros, razón por la cual se propone su modificación.

Cuatro. Se propone reformar el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para que la aplicación de sus disposiciones pueda extenderse o ampliarse, haciendo más efectivo su espectro jurídico, alcanzando con ello inclusive los casos en los que las disposiciones internacionales lo establezcan en beneficio de quien participe en el procedimiento penal a favor de combatir las conductas de cohecho, cohecho internacional y permita perseguir más eficientemente sus posibles efectos.

Que el Programa Federal de Protección a Personas que dispone la Ley tenga aplicación no solamente tratándose de delitos graves o de delincuencia organizada, sino que también sea posible cuando las disposiciones de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte establezcan o enuncien los casos en los que se requiera la protección que dispone dicha ley.

Quinto. Esta Comisión de Justicia concuerda que estas modificaciones a la legislación vigente que se pretenden en el Estado mexicano atienden las recomendaciones específicas formuladas a México por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, mejorando nuestros instrumentos legales que permitirán combatir las conductas de cohecho a servidores públicos extranjeros.

Siempre que las personas relacionadas con estos procedimientos se encuentren en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en dicho procedimiento de índole penal, abarcando con ello los diversos alcances que estas disposiciones internacionales contemplan en su contenido.

Coadyuvando a mitigar las conductas de cohecho de servidores públicos extranjeros, podrán gozar de los alcances y términos dispuestos en la ley de la materia, proveyendo con ello un esquema jurídico robusto en contra de las personas que realicen estas conductas."

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones legales:

Texto vigente

Texto propuesto en la Minuta de la Cámara de Diputados

Código Penal Federal

ARTICULO 222. Cometen el delito de cohecho:

ARTICULO 222.- …

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.

ARTICULO 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

ARTICULO 222 bis.- …

I. A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. …

III. …

Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal

ARTICULO 13. El presente Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada.

ARTICULO 13. El presente Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada, o cuando las disposiciones de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha protección.

En los demás casos corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares dictar y ejecutar las medidas de protección distintas a las de aplicación exclusiva por el Director del Centro, tendientes a garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en una situación de riesgo, por su participación dentro de alguna de las etapas del procedimiento penal, entre las cuales se podrán tomar en cuenta las previstas en los artículos 17, fracciones I, II y V, y 18, fracciones I, incisos a) y b), II, IV, V, VIII, incisos a), b) y c) y X del presente ordenamiento; así como las demás que estime pertinentes o las que se encuentren previstas en los ordenamientos legales aplicables.

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

Toda vez que la Minuta contiene modificaciones a diversos tipos penales y preceptos jurídicos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consienten en realizar el análisis de viabilidad correspondiente de manera independiente, en el orden en que están propuestas.

Sobre la reforma al artículo 222 del Código Penal Federal.

El artículo 222 del Código Penal Federal tipifica diversas conductas en el tipo penal denominado cohecho y, concordando plenamente con la argumentación vertida por la Colegisladora, nos adherimos a sus consideraciones y modificaciones.

En efecto, de un análisis detallado de la propuesta de reforma a las fracciones I y II del artículo 222 del citado ordenamiento legal se desprende que la intención de la Colegisladora es mejorar el tipo penal de mérito, precisando la terminología utilizada en la redacción y eliminando elementos normativos del tipo que son innecesarios.

Si bien hemos sostenido en diversos dictámenes anteriores que los elementos normativos son fundamentales en el tipo penal para que el juzgador y los operadores jurídicos puedan considerar las circunstancias en las que se realizó el hecho antijurídico y punible, en el caso que nos ocupa se advierte claramente que su inclusión en la tipología no aporta ningún beneficio.

Lo anterior debido a que la caracterización como justo o injusto de un acto realizado por un servidor público es irrelevante para determinar su antijuridicidad, pues no está en sus funciones actuar de manera justa o injusta, por lo que el tipo penal debe atender a si el funcionario cumplió o no las funciones que tenía encomendadas por el marco normativo que lo rige.

En efecto, todo servidor público ocupa un cargo, empleo o comisión en la Administración Pública Federal que se regula por leyes, reglamentos, reglamentos interiores, estatutos orgánicos, lineamientos, reglas de operación, manuales de organización u otros instrumentos normativos que establecen las funciones que un servidor público puede ejercer y, en ese contexto, es importante resaltar que el incumplimiento por exceso o por defecto importa un daño al debido funcionamiento de la Administración Pública, lo que se constituye como el bien jurídico a tutelar.

Por tal motivo, un servidor público cometerá una falta administrativa o será probable responsable de la comisión de un delito cuando sus acciones incumplan, por exceso o por defecto, alguna de las funciones que tiene encomendadas en el marco normativo que lo regula, sin importar si estas acciones son consideradas justas o injustas por un tercero o por él mismo.

En ese sentido, consideramos adecuada la propuesta de reforma legal que remite la Colegisladora pues precisa el tipo penal y lo adecua a lo señalado en los párrafos que anteceden, utilizando términos más adecuados para describir la conducta típica y apegándola a las regulaciones normativas que rigen en la Administración Pública Federal.

Por tal motivo, estimamos viable aprobar en sus términos la propuesta de reforma que antecede.

Sobre el artículo 222 Bis del Código Penal Federal

En la misma lógica, el artículo 222 Bis del Código Penal Federal tipifica diversas conductas como el delito denominado cohecho internacional, destacando que la diferencia fundamental entre cohecho y cohecho internacional es que el ofrecimiento o entrega de dinero, dádivas, regalos o cualquier otro bien se lleva a cabo para que sea un servidor público de otro país o de un organismo internacional el que haga o deje de realizar un acto que está dentro de sus funciones.

En este caso también coincidimos plenamente con las consideraciones de la Colegisladora pues sus propuestas tienden a mejorar los elementos del tipo penal y a precisar su redacción.

Al respecto coincidimos en su apreciación sobre la necesidad de adecuar el tipo penal con los estándares internacionales en la materia, pues si revisamos los tratados internacionales vigentes en México encontraremos que la concepción que utiliza nuestro Código Penal Federal no es precisa. Como ejemplo podemos señalar que el artículo 1, numeral 1, de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales establece que se cometerá el delito cuando una persona otorga un pago indebido o una ventaja a un servidor público extranjero, para su beneficio o el de un tercero, lo que difiere de la actual redacción del tipo penal. Para mayor ilustración se transcribe a continuación el citado artículo convencional:

"Artículo 1

El Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros

1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que es un delito punible bajo su ley el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales.

…"

De igual forma, el artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción tipifica el soborno internacional como una conducta que se dirige al funcionario público de otro Estado, ya sea de manera directa o indirecta, tal como se aprecia a continuación:

"Artículo VIII

Soborno transnacional

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan."

Finalmente, el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, siguiendo los esquemas antes mencionados, también tipifica el soborno internacional basándose en el beneficio que el servidor o funcionario público internacional obtenga para sí o para un tercero:

"Artículo 16

Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de
organizaciones internacionales públicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales."

Como se aprecia a simple vista, hay una diferencia sustancial entre lo establecido en el tipo penal del artículo 222 Bis del Código Penal Federal y los tratados internacionales que han sido citados pues el tipo penal nacional configura al cohecho basándose en la entrega u ofrecimiento que se haga al servidor público extranjero o a una tercera persona que él designe –sin que necesariamente ésta se beneficie de ello- y los tratados internacionales se fundan en el beneficio obtenido por el servidor público, ya sea para sí o para un tercero.

Concordamos con la postura de la Colegisladora y consideramos necesario adecuar el tipo penal para alinearlo por completo con los tipos penales establecidos en el orden internacional, basándolo en el beneficio que pueda obtener el servidor público, ya sea para sí mismo o para un tercero.

Por ello, estimamos viable aprobar la propuesta de reforma al artículo 222 Bis del Código Penal Federal, en sus términos.

Sobre el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas
que Intervienen en el Procedimiento Penal

Toca el turno de analizar las propuestas aprobadas por la Colegisladora sobre el texto del artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, las cuales pretenden extender la protección del Programa de Protección de Personas que actualmente solo puede acoger a aquéllas que participen en procedimientos penales que versen sobre delitos graves o delincuencia organizada.

Así, la Minuta propone incluir en el Programa a las personas que participen en procedimientos penales seguidos por delitos en los que los tratados internacionales vigentes en México exijan una protección especial para ellas, lo que está relacionado con los delitos de cohecho y cohecho internacional que se reforman en la Minuta que se estudia debido a que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece, en su artículo 32, la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas apropiadas para proteger de manera eficaz a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a dicha convención, así como a sus familiares y demás personas cercanas, tal y como se puede leer a continuación:

"Artículo 32

Protección de testigos, peritos y víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa."

En ese contexto, es importante reconocer que además de este tratado internacional pueden existir otros instrumentos jurídicos internacionales que establezcan la obligación de México de proporcionar protección a personas que intervengan en el procedimiento penal, siendo lo idóneo que dicha protección se otorgue a través de los mecanismos ya existentes.

Por tales razones y al no encontrar ningún obstáculo jurídico para aprobar la propuesta relativa al artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras nos adherimos a las consideraciones y propuesta de la Colegisladora, por lo que proponemos aprobarla en sus términos.

En atención a lo antes expresado, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora en la Minuta que se ha estudiado y, en consecuencia, estimamos viable aprobarla con las modificaciones que se han detallado.

V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y
de las modificaciones realizadas.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos con las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de Decreto de mérito, relativas a la necesidad de armonizar la estructura y redacción de los tipos penales de cohecho y cohecho internacional, pues del análisis que hemos realizado se aprecia fácilmente que existe una diferencia sustancial entre ellos y los tipos penales contenidos en los diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Así las cosas, se ha demostrado fehacientemente a través del análisis llevado a cabo que nuestra configuración típica se basa en aspectos como la identidad de quien recibe u otorga la dádiva, el dinero, la gratificación o la ventaja indebida, contrastando con el elemento fundamental que los tratados internacionales toman en consideración: el beneficio personal o material.

Asimismo, coincidimos con la preocupación expresada por la Colegisladora respecto del vacío que existe en el cumplimiento de obligaciones internacionales de protección de personas que participan en diversos procedimientos penales, pues en caso de no ser procedimientos derivados de delitos graves o de delincuencia organizada, no pueden ser beneficiarias del Programa Federal de Protección de Personas y quedan relegadas a los esquemas de protección que están al alcance del Ministerio Público de la Federación.

Estimamos que si ya contamos con un Centro Federal de Protección de Personas, con un marco normativo ad hoc y con personal altamente capacitado para tratar este tipo de casos, debemos aprovechar estos elementos para otorgar una mejor protección a las personas que desde el ámbito internacional se sugiere proteger.

Con estas reformas nuestra legislación penal federal continúa armonizándose con los tratados internacionales en la materia, lo que permite que los esfuerzos del Estado Mexicano para prevenir, combatir y castigar la delincuencia se alineen con los esfuerzos internacionales en esta materia.

Por esas razones consideramos necesario aprobar la Minuta remitida a esta Soberanía por la Colegisladora.

Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y estimamos viable aprobar la Minuta de referencia.

Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 222 Y 222 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y 13 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 222, fracciones I y II, y 222 Bis, fracciones I y II, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 222.- …

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.

Artículo 222 Bis.- …

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. …

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 13, primer párrafo, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:

ARTICULO 13. El presente Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada, o cuando las disposiciones de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha protección.

Transitorio

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, 2 de diciembre de 2014.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda abierto para su discusión. Y en este sentido, se solicita a la Asamblea si alguna Senadora o Senador desea hacer uso de la palabra con relación a este tema.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para exponer sus motivos a favor del presente dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Ciertamente, como usted lo anuncia, esta es una minuta que quedó inscrita para ser votada por este Pleno en el periodo pasado, a finales de los días de trabajo en el mes de diciembre, por lo tanto, es muy importante que hoy retomemos el curso de estos Decretos que quedaron pendientes de ser aprobados.

La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, que hoy se pone a consideración, resultan ni más ni menos que congruentes con los compromisos vinculantes de Tratados Internacionales que México ha aprobado.

Me parece que es importante señalar que se toma a consideración de dos tratados importantes, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, y además la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida.

Dichos instrumentos internacionales establecen disposiciones que obligan a nuestro país como Estado Parte de estos tratados, es decir, es un compromiso del Estado mexicano establecer medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas o morales que otorguen, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios intereses.

La Convención Interamericana, por ejemplo, establece, y es muy pertinente recordar, establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno internacional, y la Convención de Mérida, por ejemplo, establece que los Estados Parte tienen que adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros, y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas.

Por lo tanto, son totalmente pertinentes estas reformas de este dictamen, que están inscritas en el artículo 222 del Código Penal, para que quede debidamente la acreditación del tipo penal del cohecho sea más viable en su aplicación, la parte sustantiva fundamental del Código Penal y, por supuesto, además precisando la terminología utilizada en la redacción y eliminando elementos normativos del tipo penal, que son innecesarios.

En el caso del artículo 222 Bis, brevemente les podríamos destacar que en el caso del cohecho internacional, se precisa el tipo penal y se utilizan términos más adecuados, como la descripción de la conducta atípica, apegándola a las regulaciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal.

Del mismo modo, el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, se extiende la protección del Programa de Protección de Personas.

Esta minuta que reforma el artículo 13, propone incluir en el programa a las personas que participen en procedimientos penales seguidos por delitos en los que los Tratados Internacionales, vigentes en nuestro país, exijan una protección especial para ellas y, por supuesto, todo lo que tenga que ver y relacionado con los delitos de cohecho internacional.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 32, por supuesto los mandata, es clara la vinculación de los Estados Parte de adoptar medidas apropiadas para proteger de manera eficaz a las y los testigos y peritos que presten testimonios sobre estos delitos.

De tal manera que es totalmente pertinente que hoy lo estemos aprobando de manera afirmativa.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar, el resultado de la votación.

VER VOTACION

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, así como el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Pasando a otro capítulo, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública; y de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo en torno a los periodistas desplazados.

Solicito a la Secretaría Senadora dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA; Y DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Secretaria Senadora. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

En este sentido, ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para exponer sus motivos a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bien, este es un dictamen que las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Derechos Humanos estamos acordando el punto de Acuerdo, que por cierto, presenté el 11 de abril de 2013, que tiene como finalidad exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la atención de las y de los periodistas desplazados en nuestro país.

Después de abril de 2013 a esta fecha, el tema se ha recrudecido, hay estados que son para las y los periodistas, para el ejercicio de su profesión, pues realmente un peligro que tenemos que seguir coadyuvando desde este ámbito, para quienes tanto trabajan en los medios de comunicación, tengan garantizado su derecho constitucional y también su vida, su integridad y la de sus familias.

Hoy México no está bien calificado a nivel internacional por agresiones, violaciones y asesinatos a trabajadores de los medios de comunicación, a periodistas, y en este caso, yo creo que es pertinente que se sigan impulsando, se redoblen los esfuerzos y que empiece a funcionar debidamente la fiscalía que aquí creamos.

Ustedes recordarán que hay un paquete de reformas muy importantes que este Senado aprobó en esta materia, en donde seguimos el curso iniciado después de una reforma constitucional de la promulgación de la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y posteriormente una revisión a distintos códigos.

De manera muy puntual, destaco las reformas al Código Penal Federal, en donde establecimos los supuestos de cuándo se tenía que atraer por parte de la Federación, particularmente por parte de la PGR y, de manera concreta, la fiscalía en la materia, todos los casos que tienen que ver con violaciones a los derechos de periodistas y defensores de los derechos humanos, en este particular de este dictamen tiene que ver con periodistas y que, por supuesto, están viviendo situaciones terribles en sus entidades federativas.

No hay manera de que, desde el ámbito local puedan tener resguardados todos sus derechos, tengan justicia, haya certidumbre en el proceso que tienen que emprender para garantizar el resarcimiento y la reparación del daño e insisto, el que puedan además de ejercer su función, su trabajo, también puedan hacerlo con toda libertad y con toda protección que la Constitución le ampara a todas las personas.

El punto exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la atención de las y los periodistas que, como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión, se ven en la necesidad de desplazarse de manera forzosa de sus lugares de residencia.

El punto, creo, es claro, no es suficiente, hay que hacer más cosas y sobre todo, debiésemos pedir cuentas en estados, como en el estado de Veracruz, donde ejercer el trabajo de periodistas constituye un real riesgo de vida, de perder la vida de las y los periodistas, y lo decimos porque lo conocemos, porque sabemos, todos los casos que llegan al mecanismo de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos y creo, y con esto termino, sin lugar a dudas, la bronca sigue estando de manera preponderante en el ámbito local, hay que decirlo llana y puntualmente, la bronca sigue estando en el ámbito local.

Es cuanto.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

De la misma forma que la Senadora Angélica de la Peña, vengo a hablar a favor de este punto de Acuerdo.

Y déjenme iniciar esta intervención, hablándoles y compartiendo con ustedes la historia de Mario Segura.

Mario Segura era un periodista que trabajaba en la ciudad de Tampico, y que como muchos otros periodistas, no le alcanzaba el sueldo para poder vivir, por lo que los fines de semana se dedicaba a ser payaso de fiestas infantiles.

A Mario Segura se le ocurrió montar un blog que se llamaba "Alerta Oportuna", en el que se podían publicar noticias sobre violencia, sobre abusos por parte del crimen organizado en la ciudad de Tampico, un ejercicio de periodismo ciudadano que empezó a tener mucho éxito y empezó a llenarse de visitas que primero se contaban en cientos y al final se contaban por miles, y que invitaban, a la vez, a más ciudadanos a denunciar abusos, violencia, enfrentamiento, tiroteos, levantones, en fin, lo que se vive cotidianamente en ciudades como esa.

El 13 de agosto del año 2012, hombres encapuchados secuestraron a Mario, lo golpearon, lo amenazaron y, obviamente, desde ese día para él y para su familia no hubo una opción distinta a la de huir de su lugar de origen; huir dejando su patrimonio, dejando a sus amigos y también dejando atrás una forma honesta de vivir como periodista.

Se vino a la ciudad de México y, desde entonces y hasta la fecha, no ha encontrado trabajo.

Hoy su personaje, "Papá Mayito", el personaje con el que trabajaba de payaso es la única fuente de ingreso que tiene. Ya Mario no puede hacer periodismo en Tampico; "Alerta Oportuna" despareció y una familia entera tiene que sobrevivir todos los meses por una razón inaceptable, porque el ejercicio de su profesión era lo suficientemente peligroso para él y para su familia. El Estado mexicano y el estado de Tamaulipas no podían hacer absolutamente nada.

Historias como la de él se han repetido en el país cada vez de manera más frecuente.

Reporteros sin Fronteras dice que, desde el 2000 hasta el 2013, en México 87 periodistas fueron asesinados; 14 periodistas están en el exilio; y 12, por lo menos en este registro, son desplazados, sin contar los 20 periodistas desaparecidos en ese mismo periodo de tiempo.

Para otra organización, "Artículo 19", entre 2012 y 2013 más de 30 periodistas mexicanos han tenido que huir de sus hogares para salvar sus vidas.

Por ejemplo, en 2012, 18 periodistas de provincia tuvieron que desplazarse a la ciudad de México por razones de seguridad; y razones de seguridad que ya se ven traducidas no en percepciones, en amenazas directas al ejercicio de su labor.

¿Cuál es el problema?

Que a los periodistas desplazados no se les reconoce su condición, y no se les reconoce su condición porque ningún otro tipo de desplazamiento en nuestro país está reconocido.

El fenómeno del desplazamiento en México sigue siendo una ausencia terrible y dramática en nuestro marco normativo, porque estos son sólo los periodistas desplazados, hay empresarios, hay familias enteras que han tenido que dejar todo, porque la otra opción es enfrentarse al crimen organizado y las probabilidades de que esto termine en una tragedia son altísimas.

Esto debe de llamarnos a retomar, no solamente las iniciativas que están aquí en la Cámara de Senadores, sino una actitud diferente frente a un fenómeno, que según la propia ACNUR, podría llegar a 250 mil personas en nuestro país.

Según la ACNUR, porque no hay datos oficiales, podría haber un cuarto de millón de personas desplazadas en este momento en México.

Habría que sumar a todos aquellos en estados como Guerrero, en estados como Michoacán, que viven una situación de desplazamiento hoy no reconocida, y por eso no puede ofrecer el Estado mexicano soluciones duraderas a esta situación.

Me parece que la actividad periodística debería estar protegida como una valuarte de nuestra democracia.

De manera inherente, los periodistas necesariamente tienen que desplazarse de un lugar a otro para reportear, para investigar, para indagar, para buscar la nota. Esto les implica moverse, trasladarse entre municipios, entre ciudades, incluso, entre estados. Pero nunca debería estar el desplazamiento de periodistas vinculados a que tengan miedo de perder la vida porque dicen la verdad; a que tengan miedo de perder la vida porque son incómodos para el crimen organizado; a que tengan miedo de perder la vida porque quizás sus autoridades estatales, municipales o locales no tienen la facultad o no asumen la facultad de protegerlos para que sigan aportándole al desarrollo democrático de nuestro país.

Por eso es que coincido con la Senadora Angélica de la Peña en apoyar este punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para adoptar acciones necesarias para garantizar la seguridad, la atención y ofrecer soluciones duraderas a estos periodistas en el tema de desplazamiento forzado.

Desafortunadamente el punto de Acuerdo fue ingresado en 2013, como ya lo señaló la Senadora Angélica de la Peña.

En muchos casos, puede ser que en el momento que haya acciones preventivas o acciones de seguridad, nos demos cuenta que sea demasiado tarde, y que personas como Mario ya estén en una condición diferente del momento en el que denunciaron su situación.

Por el bien del periodismo, de la crítica, de la libertad y de la propia democracia, no debemos de ser omisos, y por supuesto, no podemos permitir que los periodistas no tengan que dejar su casa, su trabajo, su familia por amenazas, por agresiones, por actos de intimidación que lamentablemente se viven absolutamente todos los días.

Que los periodistas no tengan miedo, debería de ser parte de nuestras tareas y de nuestras preocupaciones en este Senado de la República; y que el Estado mexicano les asegure las condiciones de seguridad necesarias para trabajar, debe de ser un encargo y una tarea también que asuma el propio gobierno federal.

Por su atención, les agradezco.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

El Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Si bien es cierto que este dictamen fue presentado desde el 2013, no está ajeno a la realidad que vive el ejercicio del periodismo. Lo acabamos nuevamente de vivir de manera muy reciente en algunos estados de la República.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, señaló que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

Asimismo, declaró que la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable e inherente a todas las personas; es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, a contrario sensu, la violación de este derecho fundamental atenta contra el estado democrático, dejando en entre dicho la viabilidad de la democracia, y en este sentido, desde hace más de una década, México vive bajo una grave crisis de respeto a los derechos humanos. Esto ha generado que practicar profesiones como el periodismo sea difícil y peligroso al ejercer.

De acuerdo con la organización francesa "Reporteros sin Fronteras", México encabeza la lista de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo de América Latina, seguido de Colombia, Brasil y Honduras, situación que sirve para demostrar la convulsión de inseguridad, violencia e impunidad que vive nuestro país.

En este mismo sentido, a principios del año 2014, la Organización Artículo 19 catalogó a Veracruz como la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo.

Apenas el pasado 2 de enero, el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído de su casa en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, por un grupo armado y encontrado sin vida días después. Este asesinato se suma a los 10 comunicadores que han sido asesinados desde el 2011.

Estos crímenes contra periodistas no tienen otro objetivo más que el de silenciar la voz de los comunicadores, coartar su libertad de expresión y permitir que el crimen organizado o autoridades puedan seguir actuando con toda libertad y en contra de la legalidad.

En este sentido, muchos periodistas, a fin de resguardar su integridad física y preservar la vida, se han visto obligados y forzados a desplazarse de sus lugares de residencia.

El mayor enemigo de la democracia es la censura y el control de la información. Y en este sentido, exhortar al Ejecutivo para emprender acciones de protección a los periodistas, no sólo es una necesidad, sino una urgencia, ya que en México no debe haber ni un periodista más muerto, ni desaparecido, ni perseguido, ni desplazado.

Por otro lado, si bien el dictamen con punto de Acuerdo que se discute está enfocado prioritariamente al tema de la violencia física ejercida en contra de los periodistas, existe también otro tipo de violencia en contra de los medios de comunicación que coarta severamente la libertad de expresión, es decir, el altísimo nivel de represión y censura por parte de distintos actores gubernamentales, este tipo de mordaza, aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser atendida por la serie de amenazas que representa para la independencia de los medios y la libertad de prensa en México.

A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil, y rara vez genera niveles similares de la indignación internacional.

Como lo mencionaban diversas organizaciones en pro de la libertad de prensa, uno de los principales señalamientos en contra del país es que no ha tenido reglas claras y precisas sobre la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, lo que genera que los gobiernos ejerzan presión en la línea editorial de la prensa. Por tal motivo, es importante denunciar esta situación.

El país requiere de apertura y transparencia. México está ávido de esa sana y justa competencia entre los medios de comunicación, en las que estos puedan participar de manera equitativa sin temor a que sean amenazados o censurados por parte de las instancias gubernamentales.

Es inadmisible prohibir y censurar una crítica constructiva. La opresión o control de los medios de comunicación vulnera la libertad de prensa y desintegra a cualquier gobierno.

En este sentido, la peligrosa tarea de informar se encuentra en una encrucijada, de la cual, esta Cámara no puede ser omisa y debe de tomar cartas en el asunto, en el ámbito de su competencia; endureciendo los castigos para las autoridades que propicien o sean cómplices de estas agresiones contra periodistas.

El Ejecutivo debe entender que si no emprende acciones eficaces en este tema, no solo pone en duda su capacidad al frente del gobierno federal; también pone en juego los principios de la democracia como pilares del Estado mexicano.

Los delitos y agresiones contra periodistas deben ser una prioridad para todas las autoridades. Se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión, de lo contrario, estaremos encaminados a un país de autoritarismo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor de este dictamen.

El Senador Omar Fayad Meneses: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, y en nombre propio a apoyar este importante punto de Acuerdo que hoy presentamos en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Seguridad Pública.

Queriendo compartir con ustedes algunas reflexiones importantes que apoyen positivamente el sustento que debe tener este punto de Acuerdo, para que el día de hoy cobre vida en el ámbito jurídico y político.

Y no puedo dejar de referirles, que en los últimos años, el Estado mexicano ha avanzado significativamente, especialmente en el ámbito legislativo, en nuestro ámbito, en materia de la protección de las personas dedicadas al ejercicio del periodismo.

Desde el año 2007, por ejemplo, ustedes recordarán que se despenalizaron en el ámbito federal, los delitos de calumnia, de difamación y de injurias.

Y en la misma línea se reformó la Constitución para establecer que las autoridades federales pudieran conocer de los delitos del fuero común, cuando tengan conexidad con delitos contra periodistas o limiten el derecho a la información o las libertades de expresión o la libertad de imprenta.

Se expidió, también, la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.

Temas que han sido impulsados y aprobados de manera consensuada por la importancia que tiene el avance del Estado democrático y de la vulnerabilidad de quienes ejercen estas acciones desde la sociedad civil.

A pesar de ello, en el ámbito de lo local, aún se conservan conductas sancionadas como delitos, mismas que son utilizadas contra periodistas, para coartar el ejercicio de la libre expresión y esto ha ocasionado que muchos periodistas hayan tenido que abandonar su lugar de residencia para salvaguardar su integridad física.

En el 2012, por ejemplo, se señalaba que 18 comunicadores de provincia, tuvieron que desplazarse hacia la ciudad de México, por cuestiones de seguridad ante las amenazas que recibían.

Para evitar que se agrave esta situación, las comisiones encargadas de la elaboración del presente dictamen, consideramos necesario que se diseñen políticas públicas para erradicar la tendencia de desplazamiento forzado a los periodistas y defensores de derechos humanos, para que estos puedan ejercer su libertad y confianza y contar con la tutela absoluta del gobierno.

Tenemos que empujar para que sea el Gobierno Federal, desde su ámbito, quien pueda articular las políticas públicas necesarias para que todas las normas que hemos creado durante ya muchos años, desde el año 2007 hasta la fecha, puedan tener absoluta vigencia.

Tenemos que empujar para que cada estado de la República, erradique de sus códigos, estas figuras que se han utilizado para poder coartar el derecho de la libre expresión y quitar la posibilidad de que pueda convertirse en conductas de carácter penal.

Delitos como la calumnia, la difamación, injurias, cuando se trate de comunicadores.

A mí me parece que éste es un tema, que debe avanzar en toda sociedad que se jacte de ser una sociedad moderna. Este tema debe de caminar en toda democracia que se jacte de ser una moderna democracia.

Porque si aunado al problema que se vive cotidianamente en este sentido, sumamos el que nuestro país ha sido azotado por una ola de violencia, producto del crimen organizado y del narcotráfico, pues más aún tenemos que esforzarnos para que quienes se dedican a esta actividad de presentarnos el día a día a través de su libre expresión, no se vean forzados a dejar sus lugares de origen, porque se vean amenazados en su vida, en su persona, en su patrimonio, en sus derechos, en su integridad personal.

Vamos, pues, juntos, los invito a que apoyemos este dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Seguridad Pública, para que podamos seguir contribuyendo, desde el ámbito legislativo, con nuestro granito de arena, a fin de que podamos algún día decir que significativamente se acabaron los desplazamientos forzados de periodistas en este país, porque hicimos lo que teníamos que hacer.

Es cuanto, señor Presidente.

Y por el apoyo que nos den las y los Senadores, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Con gusto, Senador Fayad Meneses. Gracias.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, en favor de este dictamen, y se integrará al Diario de los Debates.

(Intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya)

VER INTERVENCION

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, Presidente Senador.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a que se refieren los dictámenes a discutir.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Los dictámenes se refieren:

A exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a enviar un análisis sobre el último Informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social asista a comparecer al Senado de la República para analizar el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2013, el senador Armando Ríos Píter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó  proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social asista a comparecer al Senado de la República para analizar el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

 La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La proposición solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social asista a comparecer al Senado de la República para analizar el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en parte de lo expuesto en la proposición, ya que el proponente plantea que a un año de la Reforma Laboral aprobada por Cámara de Diputados el 1ero de noviembre del 2012, se comprueba que no ha logrado generar más empleos, mejor remunerados ni un crecimiento económico importante; tal como lo dijeron en su momento el entonces titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón  y el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Asimismo menciona que en la discusión que se llevó a cabo para dicha Reforma se dijo que se mejoraría el desempeño de nuestro mercado de trabajo. La reforma estuvo basada en la modernización de la Ley Federal del Trabajo con dos objetivos fundamentales: primero, promover la generación de más empleos y segundo, lograr que aquellas relaciones laborales que se desarrollan en la informalidad, se regularicen y transiten al mercado formal.

Sin embargo, a pesar de haber aprobado una reforma “de gran calado” se sigue golpeando a la clase trabajadora, deteriorando salarios, disminuyendo los derechos sociales, dificultando el acceso a la seguridad y a la protección social.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un informe publicado el 12 de noviembre del presente año sobre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el cual se reportó las cifras del tercer trimestre de 2013, se destaca que el desempleo aumentó, al ubicar a 2.7 millones de personas en esta condición, lo que representa una tasa de 5.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que en el mismo periodo del 2012 se ubicó en 5.1 por ciento. Dichas cifras muestran el comportamiento del empleo en fechas recientes y con dicha información es posible analizar el impacto de la Reforma antes mencionada.

El tema central de una reforma laboral debería ser la recuperación del poder adquisitivo del salario. México destaca por tener uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, el precio de la hora de trabajo no llega siquiera a un dólar y tenemos, al mismo tiempo, muchos de los empresarios más ricos del mundo. Tenemos una economía con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Es necesario una vez aprobadas las reformas, darles seguimiento para que a partir de los diagnósticos se cumpla con el objetivo para el que fueron modificadas las leyes, de otra forma nos quedaríamos en el plano insuficiente y sin estar seguros que realmente beneficien a la ciudadanía que nos brindó su voto para legislar en beneficio de sus intereses.

A pesar de las valiosas consideraciones vertidas, esta Dictaminadora considera pertinente modificar el punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, envié por escrito un análisis sobre el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para en base a dicho documento determinar si es necesaria la comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que envíe un análisis por escrito sobre el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.






Para exhortar al titular de la dependencia de enviar un Informe de la situación actual de trabajo infantil en México.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un escrito pormenorizado de la situación actual del trabajo infantil en México y las acciones realizadas para eliminarlo, en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2013, el senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un escrito pormenorizado de la situación actual del trabajo infantil en México y las acciones realizadas para eliminarlo, en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un escrito pormenorizado de la situación actual del trabajo infantil en México y las acciones realizadas para eliminarlo, en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por el proponente, ya que el 12 de junio del 2013 se celebró en todo el orbe, el día mundial contra el trabajo infantil, celebración constituida por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la OIT, en todo el mundo, y en franca violación de los derechos de la infancia, cientos de miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la prostitución, así como la participación en conflictos armados.

La misma organización señala que unos 10.5 millones de niños de todo el mundo, laboran como trabajadores domésticos en los hogares de otras personas en condiciones peligrosas y en algunos casos con características semejantes a la esclavitud, de estos niños trabajadores, 6.5 millones tienen entre 5 y 15 años. De esta cifra más de 71% son niñas.

Según las cifras más recientes citadas en un nuevo informe de la OIT titulado “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico”, estos niños trabajan en hogares de terceros o de un empleador, realizando tareas como limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos.

Este grupo vulnerable, una constante que padece según la OIT, es la violencia física, psicológica y sexual además de estar expuestos a condiciones de trabajo abusivas, aislados de sus familias, ocultos a la mirada pública y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. Muchos corren el riesgo de terminar siendo explotados sexualmente con fines comerciales.

La Directora del “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (IPEC)”, señala que “la situación de muchos niños trabajadores domésticos no sólo constituye una violación grave de los derechos de los niños, sino que siguen siendo un obstáculo al logro de muchos objetivos nacionales e internacionales de desarrollo”.

El informe publicado por la OIT hace un llamado a favor de una acción concertada y conjunta a nivel nacional e internacional a fin de eliminar el trabajo infantil en el trabajo doméstico, y señala la necesidad de contar con un marco jurídico sólido para identificar claramente, prevenir y eliminar el trabajo infantil en el trabajo doméstico, y para ofrecer condiciones de trabajo decente a los adolescentes cuando tienen la edad legal para trabajar.

Se estima que en el mundo hay otros 5 millones de niños cuya edad está por encima del límite legal establecido en sus países para trabajar, quienes también realizan trabajo doméstico remunerado o no remunerado.

En nuestro país se observa una situación particular, es un país con un promedio de ingresos medios, pero a su vez es miembro del grupo de países de altos ingresos de la OCDE y miembro del G-20. Los niveles de ingreso promedio y los indicadores sociales revelan consistentemente este patrón. Más aún, al interior de nuestra nación parecerían existir dos mundos: el ingreso per cápita de los estados del norte es más cercano al ingreso per cápita del sur de los Estados Unidos, por su parte los estados del sur de México, presentan niveles de ingresos per cápita significativamente inferiores.

Los indicadores sociales, el acceso a los servicios públicos y la calidad de los mismos ponen de manifiesto un patrón geográfico similar. Lo anterior se ve agravado aún más por las fuertes diferencias entre los grupos étnicos. La desigualdad en los ingresos continúa siendo alta: el 40% del ingreso total se concentra en el decil superior de la escala de ingresos, mientras que el decil más pobre sólo genera alrededor de un 1% del ingreso nacional total.

En conclusión, somos un país con enormes diferencias en los niveles de ingresos de la población, lo que genera un grupo vulnerable concentrado en los deciles que perciben menores ingresos.

El trabajo infantil sigue siendo un fenómeno importante en México, a finales del año 2011, unos 870 mil niños y niñas de 6 a 13 años, casi el 5% del total de niños en este grupo de edad, participaron en algún tipo de actividad laboral, toda vez que la edad mínima para trabajar es la de 14 años, todos estos niños y niñas se encontraban involucrados en “trabajo infantil” prohibido por nuestro marco legal.

Para el mismo año 2011, el 98% de los niños y niñas de 6 a 13 años estaba en la escuela. No es de extrañar que la participación en el empleo fuera mayor (24%) y la asistencia a la escuela más baja (76%) entre los más grandes de 14 a 17 años en 2011, debido a que es en este rango de edad cuando comienzan la transición de la escuela al trabajo.

Otro dato aun más preocupante es el que más de 185 mil niños y niñas menores de 10 años se encontraban ocupados en 2011. El trabajo infantil a tan temprana edad constituye una particular preocupación, ya que los niños y niñas más pequeños son más vulnerables a los abusos en el trabajo, están en un mayor riesgo ocupacional de padecer problemas de salud o lesiones, y son los más afectados por una educación insuficiente.

El porcentaje de niños y niñas que no trabajan ni asisten a la escuela también aumenta progresivamente con la edad, alcanzando el 16.2% a la edad de 17 años. Esta alta proporción de personas jóvenes que no trabajan ni continúan con su educación constituye una importante pérdida del potencial productivo por lo cual se vuelve imperativo elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, el trabajo infantil y fomentar la educación.

Ante esta situación social es necesario que se actúe conforme a la Ley, y sobre todo, se le dé oportunidad a los niños y niñas de nuestro país a defender sus derechos a estudiar y a divertirse en actividades acordes a su edad, es obligación de esta soberanía coadyuvar a lograr este objetivo en beneficio de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que envíe un informe pormenorizado de la situación actual del trabajo infantil en México y las acciones realizadas para eliminarlo en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.






Que solicita a la misma Secretaría un informe de números de empresas que han sido distinguidas con el “Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita información por escrito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a las Secretarías del ramo en las entidades federativas, a la Procuraduría General de la República, y a las Procuradurías de los Estados sobre las acciones realizadas para combatir la discriminación laboral en contra de las mujeres por motivo de embarazo o maternidad, así como la implementación de acciones para contrarrestarlo.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 12 de noviembre de 2013, la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que solicita información por escrito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a las Secretarías del ramo en las entidades federativas, a la Procuraduría General de la República, y a las Procuradurías de los Estados sobre las acciones realizadas para combatir la discriminación laboral en contra de las mujeres por motivo de embarazo o maternidad, así como la implementación de acciones para contrarrestarlo.  

La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La proposición solicita información por escrito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a las Secretarías del ramo en las entidades federativas, a la Procuraduría General de la República, y a las Procuradurías de los Estados sobre las acciones realizadas para combatir la discriminación laboral en contra de las mujeres por motivo de embarazo o maternidad, así como la implementación de acciones para contrarrestarlo.  

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por la proponente, ya que la incorporación de la mujer en el ámbito laboral es relativamente reciente; sin embargo, ha tenido un ritmo de crecimiento constante y sostenido. Entre 1970 a 2010 su participación en el sector económico se incrementó de manera considerable, al pasar del 19% al 42.5%. Esto se explica por la necesidad, entre otros factores, de aportar ingresos al hogar, así como por el mayor acceso de las mujeres a los sistemas de educación, la migración y el desempleo masculino y el cambio en la percepción social respecto a las actividades de mujeres y hombres.

En las últimas décadas el papel en la vida económica por parte de las mujeres adquirió mayor relevancia. Con el devenir su participación en el campo laboral se ha incrementado, dadas las condiciones económicas del país que demandan la incorporación de un mayor número de miembros de la familia al mercado productivo.

A inicios de la década de los noventa aproximadamente uno de cada dos hogares registraba ingresos monetarios provenientes del trabajo realizado por mujeres. En 2005 esta situación se observó en dos de cada tres núcleos domésticos.

La mayor parte de la participación económica de las mujeres se concentra en el trabajo asalariado o subordinado, siendo importantes las actividades realizadas de manera independiente o por cuenta propia. Existen diferencias entre hombres y mujeres principalmente cuando se trata del trabajo no remunerado. Una de cada 10 mujeres no recibe ingreso por su trabajo. La mayoría de ellas son ayudantes sin ingresos en negocios familiares.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hasta el primer trimestre de este año la población económicamente activa se ubicó en 47.8 millones de personas, que significan el 58.1% de la población de 14 años y más. Del universo de personas empleadas, 18.1 millones son mujeres. De éstas, más de 13 millones son madres que trabajan.

Las madres mexicanas con más de 15 años y por lo menos un hijo, registran una tasa de participación del 42.2% en la economía; de las cuales el 97.7% también realiza actividades domésticas. El 96% de las mujeres con hijos participa en la producción de bienes y servicios.

La tasa de participación económica más alta se ubica entre las madres solteras con un 72.4%, seguido por las mujeres separadas, divorciadas y viudas que representan el 45.7% y las actualmente unidas con el 37.8%.

El 34.1% de las madres trabaja en empresas y negocios; en tanto que el 34.2% lo hace en el sector informal. En contraste, aquéllas que no tienen hijos laboran en mayor medida en empresas y negocios, y sólo 1 de cada 5 se inserta en el sector informal. La mayor parte de las mujeres con hijos labora como comerciantes, una cuarta parte son trabajadoras en servicios personales y el resto industriales, artesanas y ayudantes.

Paradójicamente, la mayoría de las mujeres trabajadoras no cuenta con la protección de alguna institución de seguridad social y sólo cuatro de cada diez mujeres en edad fértil (15 a 49 años) cuenta con acceso a instituciones de salud otorgado por su trabajo. Las mujeres mexicanas tienen en promedio 2.28 hijos.

Sin embargo, el hecho de que hoy día las mujeres tengan mayor participación en el mercado laboral, no implica que se hayan igualado las condiciones de trabajo entre géneros.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2008 existía una brecha de 30% entre los ingresos de las mujeres y los hombres; además de que 3 de cada 10 trabajadoras sufrían discriminación en su salario por estar casadas o tener hijos.

El contexto empeora para este sector cuando se afrontan crisis económicas. En 2006, la
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), reportó que después de una recesión económica, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres para encontrar un trabajo del mismo nivel y mismas condiciones que antes.

Para el caso del desempleo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre de 2011, arroja que la tasa de desocupación es mayor en mujeres que en los hombres.

 Si nos referimos al trabajo informal resulta que son las mujeres quienes están mayormente empleadas en este sector con un 32.1% para las mujeres y 28.2% para los hombres, con las conocidas consecuencias como falta de seguridad social y salarios bajos.

El 29 de julio de 2013 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) reportó sus resultados de medición de la pobreza para 2012 en el país, en cuanto la pobreza moderada, es decir, aquel grupo de personas que tiene al menos una carencia social y su ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar, arroja que el 36% son mujeres y el 35.3% hombres.

En los datos de pobreza extrema, esto es, las personas que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar y al menos 3 o más carencias sociales, el 9.9% son mujeres y 9.8% son hombres, lo que nos refleja nuevamente las marcadas diferencias entre género.

En suma, el contexto laboral para las mujeres se torna complejo. Tienen menos posibilidades para acceder a un trabajo decente, experimentan diferencias salariales, cuando acceden a una plaza laboral se enfrentan a prácticas discriminatorias o de segregación; lo que redunda de manera negativa en los procesos de toma de decisiones.

Recientemente y a partir de información generada por autoridades que tienen a su cargo la importante tarea de prevenir la discriminación, tanto a nivel nacional como estatal, se hizo público que entre las primeras causas de discriminación laboral contra las mujeres, se encuentra la condición de embarazo.

Algunos empleadores mantienen la reprobable práctica de solicitar certificados de no gravidez, lo cual contraría el derecho de procrear libremente que garantiza el artículo 4 de la Constitución Federal.

 En otros casos, el estado de gravidez o la condición de maternidad se concibe como una limitante para obtener un ascenso y, en el peor de los escenarios, como causal de despido. Conductas que se ubican en el extremo de la ilegalidad, al condicionar, limitar o restringir derechos fundamentales.

Para tener una idea de la magnitud de este problema, es oportuno referir el total de quejas y reclamaciones por discriminación por motivo de embarazo recibidas en la CONAPRED (2004-2012).

Con datos de la misma autoridad, se aprecia que el despido por motivos de embarazo se ubica entre las primeras causas de discriminación laboral en contra de las mujeres. Entre 2007 y 2012 se ubicó en el primer lugar y el escenario que se plantea para 2013 no se percibe que sea mejor. Tan sólo en el primer trimestre se habían promovido 22 quejas relacionadas a este tipo de discriminación.

Según datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en esta Ciudad (COPRED) el número de casos por discriminación laboral contra mujeres embarazadas se incrementó considerablemente. En el primer trimestre de este año se habían registrado el 3.7% del total casos y para el segundo la cifra fue de 21%. Ello motivó la emisión de la Opinión Jurídica COPRED/Q/02-2013 respecto de 26 casos de mujeres despedidas injustificadamente de su fuente laboral por estar embarazadas.

En consonancia con lo anterior, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal recibió, entre enero y agosto del año en curso, 132 denuncias por mujeres despedidas por causa de embarazo, de acuerdo a su titular.

Es de reconocerse la labor que realizan las autoridades encargadas de prevenir y eliminar la discriminación, tanto a nivel federal como local. Sin embargo, se estima que las determinaciones de esas autoridades son insuficientes para erradicar este mal social y sobre todo para resarcir en sus derechos laborales y prestaciones económicas a las mujeres que se han visto afectadas por estas reprobables prácticas.

Dicho de otro modo, de nada sirve que se declare la existencia de estas causas de discriminación y se haga público el nombre de los empleadores que incurren en ellas, si no se asumen medidas correctivas y reparadoras. Es menester la instrumentación de acciones que protejan y tutelen de manera efectiva los derechos fundamentales de las afectadas, atendiendo a nuestro marco constitucional e instrumentos internacionales de que México es parte.

En los casos en que está involucrado un organismo público, las consecuencias no pueden limitarse a la declaratoria hecha por la autoridad o las indemnizaciones laborales. Deben generar responsabilidad a los servidores públicos que las han ordenado y a quienes las han instrumentado.

Por ello, no sólo es necesario sino indispensable que las autoridades de trabajo en los diversos órdenes de gobierno, asuman y pongan en práctica medidas que prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos, como en los casos de discriminación indicados, en estricto acatamiento al artículo 1 constitucional.

En América Latina existen modelos de certificación en equidad de género (SGEG) que consisten en un conjunto de procedimientos y prácticas de gestión organizacional, cuyo fin es transformar el manejo de los recursos humanos y los procesos organizacionales, para garantizar un mayor grado de igualdad de oportunidades, de trato y de resultados entre trabajadores y trabajadoras.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuenta con un manual para implementar y evaluar un Programa de Certificación de Sistemas de Gestión con Equidad de Género destinado a empresas públicas y privadas. Dicho manual pretende ayudar a construir una política de promoción de la transformación organizacional para cerrar las brechas de género.

Según datos del PNUD Costa Rica fue el primer país latinoamericano en implementar un programa de esta naturaleza con el Sistema de Gestión de Equidad de Género, (SIGEG) en 2002.

Siguió México con el Modelo de Equidad de Género (MEG) en 2003, después Brasil con el Sello Pro Equidad de Género en 2005 y, finalmente, en 2009 Chile con el Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, “Sello Iguala”. En el mismo año Argentina con el Modelo de Equidad de Género para la Argentina (MEGA) y Uruguay con el Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género.

Nuestro país cuenta además con una Norma Oficial para la igualdad laboral (NMX-R-025-SFCI-2012) la cual encuentra su fundamento jurídico en instrumentos internacionales como los Convenios 100 y 111 de la OIT, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención de Belém do Pará.

Este instrumento consiste en una serie de indicadores y prácticas evaluables dentro de un término de un año. Su objetivo es establecer los requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laboral entre hombres y mujeres.

Es aplicable en todas las organizaciones dentro del territorio mexicano que cuenten trabajadores y trabajadoras a su servicio. De obtenerse los puntos necesarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emite un certificado “Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres” con vigencia de 2 años.

A pesar de la existencia de estos instrumentos de certificación, los datos inherentes no se hacen públicos ni se les da la difusión requerida. Por ende, no es del dominio público la información que permita saber con precisión el universo empresarial o patronal que lleva a cabo estas prácticas y han ameritado este reconocimiento.

Es importante señalar que conforme el orden jurídico a nivel internacional el Trabajo Decente ha sido considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como aquél basado en “la dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos y crecimiento económico, aumentando las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas.”

Esta premisa tuvo su origen en la “Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” adoptada en 1998. En dicha proclamación se postula como área para el desarrollo de los derechos laborales la “eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.”

Con relación a ello, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 56 la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en las condiciones de su trabajo, señalando la prohibición de establecer diferencias o exclusiones por condiciones de embarazo, entre otras. Incluso, dicho ordenamiento legal cuenta con un Titulo específico denominado “Trabajo de las mujeres”.

Esta legislación secundaria prevé en su artículo 132, fracción XXVII, la protección específica para las mujeres embarazadas.

Se establece también la prohibición de la exigencia de certificados médicos de no embarazo, ya sea para el ingreso, permanencia o asenso en el empleo en el artículo 133, fracción XIV. Este dispositivo se vincula con la fracción XV, que prohíbe despedir a una trabajadora o coaccionarla para que renuncie por estar embarazada. La fracción XII establece la prohibición de realizar actos de hostigamiento sexual. De forma general se prohíbe en la fracción I, negarse a aceptar trabajadoras por razones de género.

Por su parte, el Código Penal Federal establece el tipo penal de discriminación dentro del título tercero Bis denominado de los “Delitos contra la dignidad de las personas”, previendo una sanción de uno a tres años de prisión, al que por razones de embarazo o género niegue o restrinja los derechos laborales. Incluso ésta medida es susceptible de incrementarse en una mitad, cuando se da en un contexto de subordinación laboral respecto de la víctima.

Desafortunadamente, el marco constitucional y legal citado en este acuerdo no ha sido eficaz. En pleno siglo XXI, nuestro país conserva escenarios de desigualdad laboral entre géneros, que lo mismo se advierten en las condiciones salariales, que en los procesos de selección, movilidad y permanencia.

Esta afirmación no se basa sólo en una apreciación subjetiva. Según datos de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (ENADIS) 2010, el 21.2% de las mujeres consideraron que entre los principales problemas que deben afrontar son aquéllos que están relacionados con su empleo.

Por lo anterior, se propone que se integre un registro público con la base de datos de aquellas empresas que han obtenido el “Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”.

Así también para que se asuman o, en su caso, fortalezcan las medidas conducentes para que, en el ámbito de sus competencias, protejan y garanticen los derechos fundamentales de las trabajadoras, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Así mismo, solicitar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus equivalentes en los Estados, informen a esta soberanía el número de denuncias que se han sometido a su conocimiento por despido de mujeres por causa de embarazo o por condición de maternidad, las empresas o instituciones públicas que han incurrido en esas prácticas y las acciones que se han llevado a cabo para tutelar el derecho de las afectadas. En su caso, las acciones que se hayan promovido contra servidores públicos en materia de responsabilidades. 

Con lo anterior, se busca que la ciudadanía, principalmente las mujeres, conozcan aquellas empresas que no respetan los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, sea porque establecen condiciones inequitativas o por incurrir en discriminación, como en el caso de quienes son separadas por estar embarazadas o por su situación de maternidad. Eventualmente, estas medidas inhibirían prácticas discriminatorias y contribuirán a que se respeten los derechos fundamentales, prerrogativas laborales y la dignidad de las mujeres trabajadoras.

Esta Dictaminadora considera pertinente modificar el punto de acuerdo, únicamente para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe por escrito a esta Soberanía sobre el número de empresas que han sido distinguidas con el “Emblema Igualdad laboral entre Mujeres y Hombres”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe por escrito a esta Cámara de Senadores el número de empresas que han sido distinguidas con el “Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”.

SEGUNDO.- Se exhorta a dicha Secretaría, a sus similares en los Estados y en el Distrito Federal para que integren un registro público con la base de datos de aquellas empresas que han obtenido el “Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”. Asimismo, para que asuman o, en su caso, fortalezcan las medidas conducentes para que en el ámbito de sus competencias, protejan y garanticen los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras en condición de embarazo o maternidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

TERCERO.- Se solicita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus equivalentes en los Estados y el Distrito Federal, informen a esta soberanía el número de denuncias que se han sometido a su conocimiento por despido de mujeres por causa de embarazo o por condición de maternidad, las empresas o instituciones públicas que han incurrido en esas prácticas y las acciones que se han llevado a cabo para tutelar el derecho de las afectadas. En su caso, las acciones que se hayan promovido contra servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas, en términos de la ley respectiva. Asimismo, los casos en que ha procedido al acompañamiento para el ejercicio de la denuncia por el delito de discriminación contemplado en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, por restricción o negativa de derechos laborales cometidos en contra de mujeres, ya sea por su condición de género, por su embarazo o maternidad.

CUARTO.- Se solicita a la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, a que informen a esta soberanía sobre los casos en los que se ha iniciado la averiguación previa por la comisión del delito de discriminación por restricción o negativa de derechos laborales, en contra de la mujer, por su condición de género, por embarazo o maternidad, así como en las que se ha derivado en el ejercicio de la acción penal, y consignación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.






Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política pública específica para repatriados en materia de empleo.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL,

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política específica para repatriados en materia de empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no cubran los requisitos para mantener una legal estancia en los Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 17 de octubre de 2013, el senador Ernesto Ruffo Appel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política específica para repatriados en materia de empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no cubran los requisitos para mantener una legal estancia en los Estados Unidos de América.

 La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La proposición exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política específica para repatriados en materia de empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no cubran los requisitos para mantener una legal estancia en los Estados Unidos de América.

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por el proponente, ya que el pasado 27 de junio de 2013, el Senado estadounidense aprobó una importante reforma al sistema de migración, que busca abrir una posibilidad para que millones de mexicanos que se encuentran en su territorio obtengan la “legalización”.

El proyecto de “Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema de Inmigración S. 744”  fue aprobado por 68 votos a favor y 32 en contra y consiste en establecer tres supuestos jurídicos para lograr su estatus como “legales” y tener acceso a la “green card” o “blue card”, según sea el caso, para lo cual deberán tener ingresos mayores al 140% de los que establece el nivel de pobreza federal y presentar su solicitud dentro del año siguiente a la fecha en que dicho proyecto quede aprobado. Dichos supuestos son:

1.- Para aquellos indocumentados que puedan demostrar que han permanecido de manera continua en Estados Unidos entre el 31 de diciembre de 2011 y hasta la fecha que presenten su solicitud, deberán pagar una multa de mil dólares. Para este supuesto los solicitantes deberán esperar un lapso de diez años para obtener la “green card”.

2.- Para las personas que demuestren que entraron al país con menos de 16 años de edad (conocidos como “dreamers”), se les exentará del pago de la multa de mil dólares y sólo deberán esperar un lapso de cinco años para obtener la “green card”. Sin embargo, si se alistan en las fuerzas armadas, el lapso de espera se reduce, cumpliendo un periodo de dos años de servicio activo.

3.- Para los que sean trabajadores agrícolas, deberán demostrar que estuvieron empleados ilegalmente y pagar una multa de mil dólares, para solicitar la “blue card” que tendrá una vigencia de ocho años. Una vez que cumplan cinco años ininterrumpidos en el territorio norteamericano, podrán solicitar la “green card”.

Es importante resaltar que todas las personas que soliciten la “green card”, no tendrán acceso a beneficios sociales, tales como seguridad social o programas sanitarios como “Medicaid o Medicare”, durante el tiempo de espera establecido para obtener la ciudadanía ((de dos, cinco y diez años). Además, si durante el trámite el gobierno detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos, cancelará el permiso de estadía por trámite y estarán sujetos a ser deportados.

Dicho proyecto fue remitido a la Cámara de los Representantes el 27 de junio de 2013, por lo que, para que pueda entrar en vigor, deberá ser aprobada por la mayoría de éstos y se espera que en el próximo periodo de sesiones que inicia en octubre, se avance al respecto.

Asociaciones civiles de ayuda a los mexicanos que residen en el exterior, afirman que los requisitos previstos en la enmienda S.744 son tan difíciles de cumplir, que un reducido grupo de personas podrán lograr la legalización.

Según cifras proporcionadas por el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la población nacida en México que reside en Estados Unidos es de once millones. Sin embargo, sólo cuatro millones podrían ajustarse a cualquiera de los tres supuestos de la enmienda, por lo que se estima que, una vez que entre en vigor habrá una deportación masiva de siete millones de mexicanos. De éstos, aproximadamente el sesenta y cinco por ciento cuenta con al menos un antecedente penal leve, por motivos de violencia doméstica o infracciones de tránsito; un quince por ciento cuenta con antecedentes penales graves; un diez por ciento tiene algún tipo de preparación técnica y laboral y cinco por ciento no cuenta con ningún tipo de documento que acredite su nacionalidad.

Estos datos deben ser seriamente considerados por los legisladores federales y por el Gobierno Federal, pues ante su inminente regreso  a nuestro país, es indispensable establecer una estrategia para reinsertar laboral, económica, social y hasta culturalmente a todas estas personas a la sociedad mexicana.

En lo tocante a México, en los años 2010, 2011 y 2011 se han repatriado a un total de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete personas, siendo el porcentaje más alto el grupo de hombres mayores de dieciocho años, según datos que se encuentran en el portal de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente el Gobierno Federal tiene habilitado un “Programa de Repatriación Humana”, en donde participan el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Educación Pública, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Salud.

Dentro del programa se ofrece al repatriado alimento, traslado a un albergue temporal, asistencia legal, información de ofertas de trabajo temporal y ayuda para poder certificar lo aprendido en Estados Unidos de América.

El programa pone a disposición de los interesados diversas páginas de internet y teléfonos donde el repatriado puede encontrar las diversas opciones que tiene.

En una investigación realizada a dicho programa se pudo constatar que para poder acceder a la bolsa de trabajo que tiene este programa se tiene que accesar al portal del empleo (www.empleo.gob.mx.) y registrarse en la misma para poder ver las ofertas de empleo que ofrece este portal, en donde los requisitos para las personas que residen en la frontera son los siguientes:

1.- Comprobar que viven en la zona fronteriza (presentar documento que avale su lugar de residencia, la cual será de mínimo 2 años).

2.- Registro Federal de Contribuyentes.

3.- Carta de no antecedentes penales.

4.- Identificación Oficial con Fotografía.

5.- Acta de nacimiento.

6.- Papel que les entregan antes de ser deportados, el cual contiene su nombre completo, mismo que deberá estar correctamente escrito.

Como se puede apreciar por los requisitos establecidos en el programa, el mismo está diseñado para todo tipo de personas que necesitan empleo, sin distinguir entre deportado y cuidadosamente residente.

Tan sólo el primero de los requisitos que consiste en demostrar que cuenta con dos años de residencia en la zona fronteriza, pareciera hasta sarcástico pedirlo a quien acaba de ser repatriado, sin ningún tipo de documentación salvo su hoja de deportación y que sin embargo, requiere encontrar un medio de subsistencia ya sea para establecerse en el lugar al que fue regresado, buscar retornar a su lugar de origen o bien, intentar regresar a Estados Unidos.

Por otra parte, al menos sesenta y cinco por ciento de los migrantes mexicanos cuentan con antecedentes penales leves, por lo que la obtención de una carta de antecedentes no penales prácticamente está fuera de su alcance y con ello, sus posibilidades de obtener un empleo, a pesar de que el manejo del idioma inglés y los conocimientos que hubieran adquirido en los trabajos que desempeñaron mientras estuvieron en Estados Unidos, podrían constituir elementos atractivos para cualquier empresa establecida en nuestro país, para mejorar su capital humano.

Por todo lo anterior, se estima que el “Programa de Repatriación Humana” no es específico ni eficaz para afrontar la realidad que está por venir a nuestro país, pues su aplicación resultará simplemente, inoperante.

Como representantes, creemos que nuestro deber con nuestros connacionales que pueden ser regresados a nuestro país, es ofrecer con la debida oportunidad, soluciones viables ante los fenómenos derivados de las políticas de México y de Estados Unidos.

Asimismo, esta dictaminadora considera innecesario el exhorto a la a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, toda vez que si el Poder Ejecutivo implementa una política pública específica en materia de empleo para repatriados, dicho proyecto deberá integrarse en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en pleno respeto a la división de poderes, a que implemente una política pública específica para repatriados en materia de empleo, ante el posible retorno masivo de mexicanos que no logren cubrir los requisitos para mantener su legal estancia en los Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.






Que exhorta a la Secretaría del Trabajo a que implemente una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa Nacional de Empleo.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementar una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa de Apoyo al Empleo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 11 de marzo de 2014, las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron  proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementar una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa de Apoyo al Empleo.

 La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La proposición exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementar una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa de Apoyo al Empleo.

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en que de acuerdo a lo expuesto en la proposición, el desempleo es un fenómeno que se presenta en detrimento de la población, inhibe el desarrollo colectivo e individual y en ocasiones deriva en conductas antisociales e incluso en la comisión de delitos, de ahí lo importante de atender la demanda de empleo en México.

La Organización Internacional del Trabajo señala que uno de los principales problemas del mercado laboral en nuestro país es la dificultad de incorporarse al sector formal. Lo anterior tiene como principales consecuencias: el acceso limitado a seguridad social, bajos salarios y desigualdades sociales.

En México, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: “Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento.”

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) es una institución pública a nivel nacional que se ocupa de atender de manera gratuita y personalizada a la población desempleada y subempleada del país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las 32 entidades federativas del país, brinda una serie de servicios que se agrupan en tres grandes rubros, los cuales a su vez subdividen en diversas opciones para las actividades laborales, siendo los que a continuación se señalan:

1. Información, vinculación y orientación ocupacional:

Bolsa de trabajo, Talleres para buscadores de empleo, Ferias de empleo, Información laboral vía telefónica, Vinculación por Internet, Centros de intermediación laboral, Kioscos de información, Periódicos de ofertas de empleo y Boletines informativos.

2. Apoyos económicos y capacitación:

Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate) y Fomento al autoempleo.

3. Movilidad laboral interna y externa:

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (México-Canadá), Programa Especial para Repatriados y Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas.

Si bien es cierto que los servicios referidos constituyen un importante esfuerzo para que la población económicamente activa se incorpore al mercado laboral, también lo es, que el desempleo sigue formando parte de nuestra realidad social.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto cuatrimestre de 2013 en nuestro país 6 de cada 10 personas en edad de trabajar  (59.6%) formaban parte de la población económicamente activa, de ésta el 4.6 % se encontraba desempleada.

De las personas ocupadas -95.4% de la población económicamente activa- el 67.2% son asalariados, 22.1% son trabajadores por cuenta propia, 4.5% son empleadores y 6.2% realizan actividades sin recibir pago monetario.

Por rama de actividad económica las personas ocupadas se distribuyen de la siguiente manera: el 19.7% se dedica al comercio, el 15.8% a la industria manufacturera, el 13.9% a actividades agropecuarias, el 7.3% a la construcción, el 4.9% a transportes y comunicaciones, el 4.7% trabaja en el Gobierno y Organismos Internacionales, y el 32.2% realiza otros servicios.

Por grupo de edad, las personas de 30 a 49 años representan el 46%, las de 20 a 29 años el 24%, las de 50 a 59 años el 14%, las de 60 años y más el 9% y las de 14 a 19 años el 7%.

En relación a las personas desocupadas el 22% cuenta con estudios de nivel superior, 17% con estudios de nivel medio superior, 36% con estudios de secundaria, 23% con estudios de primaria y 2% de las personas sin instrucción.

De los 2.4 millones de personas desocupadas, el mayor porcentaje se concentra en los grupos de edad de 20 a 29 años y en el de 30 a 49 años, con el 38% y 35% respectivamente.

Asimismo, la Tasa de Desocupación nacional fue de 4.6%, mientras que la Tasa de Informalidad Laboral fue de 58.8%. En el mismo periodo de tiempo, el ingreso promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 5, 118 pesos mensuales.

Las cifras son contundentes y nos constriñen en la obligación de reforzar las estrategias y acciones que faciliten a la población su inserción a un mercado laboral formal de acuerdo a sus habilidades, capacidades e instrucción escolar.

En su artículo 123, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

En relación al derecho al trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1949, en su artículo 23, lo reconoce de la siguiente manera:

1. “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”

En el Senado de la República estamos comprometidos con el trabajo digno que permita el desarrollo óptimo de la población mexicana. En este sentido consideramos que es importante que los esfuerzos que lleva a cabo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo lleguen a todos, por lo que es fundamental que los mismos cuenten con una mayor difusión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo en los 31 estados y el Distrito Federal y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa Nacional de Empleo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 mes de abril de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.






Que exhorta a la Secretaría del Trabajo a enviar un informe sobre la implementación de un programa nacional preventivo y de sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre diversos aspectos del despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo del país.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 8 de noviembre de 2014, las senadoras Dolores Padierna Luna y Lorena Cuellar Cisneros, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre diversos aspectos del despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo del país

La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La proposición exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a presentar a esta Soberanía, en un plazo no mayor de treinta días naturales, un informe preciso donde se detalle:

a) La implementación de un Programa Nacional Preventivo y de Sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país, con perspectiva de género.

b) El número de mujeres que han sido despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones que se han llevado a cabo para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

Segundo: exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, de seguimiento a las investigaciones respectivas del caso de Selene Nalleli Ordóñez Aguirre, velando en todo momento por el respeto y la protección de sus derechos humanos.

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en parte de lo expuesto en la proposición, ya que las proponentes plantean la necesidad de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presente un informe preciso donde se detalle:

a) La implementación de un Programa Nacional Preventivo y de Sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país, con perspectiva de género.

b) El número de mujeres que han sido despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones que se han llevado a cabo para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo mencionanque en nuestro país, el despido por embarazo constituye un acto de discriminación y violencia laboral, considerado así por las leyes mexicanas; el Artículo 1° de la Constitución, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Asimismo, dicho artículo establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Señalan que la protección de la maternidad constituye un derecho fundamental que los Estados deben respetar, proteger y garantizar, tal como lo expresa el artículo 4º de la Constitución que consagra la protección a la maternidad libre y voluntaria al proteger el derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. Ello implica el deber del Estado de establecer las condiciones y adoptar las medidas necesarias para que las mujeres desarrollen sus embarazos adecuadamente y puedan ejercer su maternidad en situación de igualdad, libres de discriminación y con pleno respeto a sus derechos humanos.

En el mismo sentido, la Ley Federal del Trabajo establece en su Artículo 133"la  prohibición a los patrones o a sus representantes, de despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores".

Asimismo, la Ley General  de Acceso a una Vida  Libre de Violencia, caracteriza el tipo de violencia e identifica las consecuencias que trae para las trabajadoras que han sido víctimas de este tipo de discriminación, sobre los efectos y consecuencias que se derivan de ello, por esta razón  establece en el  artículo  10, que  la Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, salud el tipo de, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Igualmente mencionan que México ha ratificado dos instrumentos internacionales de la mayor importancia para avanzar en la Igualdad  de género: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer (Convención de Belém do Pará). En estos convenios se establecen reglamentaciones para asegurar los derechos de las mujeres al trabajo y la no discriminación y definen un concepto amplio de violencia, que incorpora la violencia en el ámbito del trabajo.

A pesar de los importantes avances jurídicos, de las leyes promulgadas y de todas las declaraciones gubernamentales, existe una enorme brecha entre el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres y la posibilidad de disfrutarlos.

A nivel nacional la Encuesta Nacional de la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2011) registró en el país 18.4 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 22.6% declaran haber sido víctimas de violencia laboral en los últimos 12 meses previos a la entrevista, ya sea por recibir un menor sueldo que el de sus pares hombres, bajo las mismas condiciones de trabajo, o tener una menor oportunidad de ascenso. Cabe resaltar que el 14.9% de todas las mujeres de 15 años y más, que alguna vez en su vida han trabajado o solicitado trabajo, declararon que les han solicitado el certificado de no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las despidieron o bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe.

Las mujeres que refieren ser discriminadas representan 91.3%, esto ubica a este tipo de agresión como la principal forma de violencia por razón de género en los centros de trabajo de México. En cuanto al acoso, 19.3% de las violentadas en centros laborales dicen que han sido molestadas de esta manera por algún compañero o superior.

La discriminación laboral tiene efectos económicos nocivos para las mujeres no sólo a nivel personal, sino en el funcionamiento de la economía nacional, al no aprovechar eficazmente las habilidades y los talentos de las que están en edad productiva. La eliminación de ciertos factores que les impiden ocuparse en determinadas actividades o sectores económicos, podría reducir las diferencias de productividad entre mujeres y hombres trabajadores entre un tercio y un medio, a la vez que la producción por trabajador o trabajadora aumentaría entre 3 y 25% en algunos países según estudios realizados por el Banco Mundial y que debería ser considerado por parte de los empleadores  mexicanos como una oportunidad para contribuir  a la igualdad sustantiva en el trabajo. 

A pesar de las valiosas consideraciones vertidas, esta Dictaminadora considera pertinente modificar el punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, envié a esta Soberanía, un informe escrito y preciso donde se detalle:

a) La implementación de un Programa Nacional Preventivo y de Sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país, con perspectiva de género. Y,

b) El número de mujeres que han sido despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones que se han llevado a cabo para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que envíe un informe escrito y preciso donde se detalle:

a) La implementación de un Programa Nacional Preventivo y de Sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país, con perspectiva de género. Y,

b) El número de mujeres que han sido despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones que se han llevado a cabo para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de diciembre de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.






Que exhorta al Ejecutivo Federal a concluir la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a concluir lo antes posible la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 11 de marzo de 2014, el senador David Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a concluir lo antes posible la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

 La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La proposición exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a concluir lo antes posible la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en parte de lo expuesto en la proposición, ya que el proponente plantea que en cuanto al empleo informal, existen distintos sectores desprotegidos en materia de derechos laborales, pero que el sector de las trabajadoras domésticas, en particular, enfrenta condiciones de trabajo deplorables que frecuentemente las llevan a ser víctimas de explotación laboral y abuso de sus derechos humanos, pues son quienes trabajan en hogares en los que casi nunca existen condiciones claras de empleo y en los que generalmente no hay forma de que se encuentren registradas, por lo que son excluidas de toda legislación laboral.

En enero del año pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó un informe respecto a los trabajadores domésticos en el mundo, hombres y mujeres, en éste se estima que hasta el año 2010, la cifra de trabajadores domésticos, en su total, fue de 52,6 millones, de los cuales más del 80% son mujeres, lo que en América Latina y el Caribe se podría traducir en que una de cada seis mujeres, son trabajadoras domésticas.

El mismo informe reveló que sólo el 10 % de todos los trabajadores domésticos, es decir, 5.3 millones, está cubierto por la legislación laboral general al mismo nivel que los demás trabajadores; en cambio, más de una tercera parte, es decir, el 29.9 %, que representa unos 15.7 millones de trabajadores domésticos, están excluidos por completo del alcance de la legislación laboral de los países en estudio.

Ahora bien, es importante destacar que dicho estudio hace una clara alusión de las exorbitantes disparidades que hay entre los trabajadores domésticos y los demás trabajadores, pues para más de la mitad del total de los trabajadores domésticos, la legislación nacional no prevé un límite de horas de trabajo semanales y para alrededor del 45% no prevé el derecho a períodos de descanso semanales, asimismo, más de la tercera parte de las trabajadoras domésticas no tiene derecho a la protección de la maternidad.

Por su parte, en México, 1 millón 700 mil mujeres se dedican al trabajo doméstico, lo que representa 10% de la fuerza productiva femenil nacional, asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su informe: “Perfil Sociodemográfico de los Trabajadores Domésticos Remunerados”, afirma que una de cada diez mujeres trabajadoras se dedican al ramo “doméstico".

En cuanto a su ingreso, según los datos del censo de 2010, el 61.6 % de las empleadas domésticas remuneradas perciben hasta sólo dos salarios mínimos mensuales como retribución a sus labores y, 1.2% ni siquiera cuenta con ingresos, además, tienen acceso mínimo y limitado a las prestaciones laborales, pues únicamente 2 de cada 10 reciben al menos una prestación, siendo el aguinaldo la más común, seguida por las vacaciones con goce de sueldo y servicio médico.

De manera tal, que los abusos contra los derechos laborales de las trabajadoras domésticas van en aumento y, aún cuando se supone que la Reforma Laboral del 2012 incluyó a las trabajadoras y trabajadores domésticos en el otorgamiento del derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, así como un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sus beneficios se ignoran por completo.

Claramente, la ley no ha logrado beneficiar como debería a millones de mujeres mexicanas que se dedican al trabajo doméstico, pues las modificaciones a Ley Federal del Trabajo, no fueron suficientes para incentivar el empleo o mejorar los ingresos de los trabajadores domésticos, ni siquiera se plasma expresamente una jornada laboral de 8 horas, ni la obligación de un contrato escrito, mucho menos otorga seguridad social o beneficios en instituciones de salud, de manera que las trabajadoras domésticas suelen ser objeto de discriminación y malos tratos, siendo ofrecidas como “mercancía” u objeto en las agencias de colocación e incluso en las redes sociales.

La realidad de las trabajadoras domésticas es una situación alarmante, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional contra la Discriminación, 9 de cada 10 empleadas domésticas no cuentan con contrato laboral, tres cuartas partes no tienen ningún tipo de prestación social, sólo el 36.3 % recibe aguinaldo, y apenas el 25.8 % tiene vacaciones con goce de sueldo; además,  96.6 % no tiene acceso a servicios de salud, 24.8 % de los encuestados considera que se justifica mucho o algo, dar de comer los alimentos sobrantes, 32.2 y 37.6 % de las y los patrones, creen que dar de comer sobras de los alimentos sucede mucho, 38 % de las trabajadoras considera que el problema principal que enfrentan es poco sueldo y trabajo en exceso y, lamentablemente, apenas el 19.3 % de las trabajadoras presentaron quejas de abusos, como humillaciones, discriminación, maltrato y falta del cumplimiento de sus derechos laborales.

Con estas cifras, se puede concluir que las trabajadoras domésticas son víctimas de la esclavitud en tiempos modernos, que México no ha tenido los avances realmente necesarios en materia de derechos laborales y que evidentemente, el Congreso de la Unión no ha tenido interés en legislar por el beneficio de las mismas. Un claro ejemplo es el retraso respecto al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que México aprobó pero no ha ratificado y que establece normas en el trabajo doméstico, entre ellas, un salario mínimo y seguridad social.

Las trabajadoras domésticas no son diferentes al resto de los trabajadores, pero pareciera que han sido excluidas de la sociedad y de las leyes que rigen a la nación, pues no son parte del sector formal, pero tampoco del informal.

A pesar de las valiosas consideraciones vertidas, esta Dictaminadora considera pertinente modificar el punto de acuerdo para que en su resolutivo segundo quede como sigue:

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que:

Se emprenda una campaña informativa en materia de derechos laborales con el objeto de que las trabajadoras domésticas conozcan sus derechos y obligaciones según la legislación mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluyan lo antes posible la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y sea enviado para su ratificación a esta H. Soberanía.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que:

Se emprenda una campaña informativa en materia de derechos laborales con el objeto de que las trabajadoras domésticas conozcan sus derechos y obligaciones según la legislación mexicana.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de diciembre de 2014.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL”.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. En consecuencia, están a discusión.

Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para referirse al dictamen sobre empleo para repatriados.

El Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

La reforma aprobada por el Senado de los Estados Unidos de América hace casi dos años, con la cual se pretende alcanzar el estatus legal de 4 millones de indocumentados en ese país del norte, no resulta suficiente para el total de mexicanos que ya residen en esa nación. Aunado a lo anterior, se observa que los requisitos previstos son tardados y sólo un reducido grupo de personas podrían lograr esta legalización.

Este análisis deja entrever la necesidad de trabajar en acuerdos bilaterales para la implementación de nuevas políticas públicas en beneficio de un mayor número de migrantes.

El Consejo Nacional de Población señala que en el año 2013, México fue el segundo país a nivel mundial con más emigrantes, con un total de 13.2 millones de personas. Lo anterior nos da una idea del corto alcance que tiene esta reforma migratoria en los Estados Unidos de América, y de las consecuencias negativas que traerán consigo para nuestros connacionales.

Como ejemplo, se observa un aumento en los últimos años en las deportaciones de mexicanos, lo que trae consigo graves consecuencias a la economía rural, principalmente en la menor recepción de divisas y las pocas oportunidades laborales que se ofrecen a nuestros connacionales.

Un ejemplo claro de esta situación es la que vivimos en Zacatecas, un estado que hoy se distingue por el rezago económico y social que vive su población. Muestra de eso lo tenemos en el Censo de Población y Vivienda del 2010, elaborado por el INEGI, en el que se mostró que de cada 100 migrantes internacionales del estado, 98% fueron a Estados Unidos.

La masiva deportación de nuestros migrantes desembocaría en una grave problemática económica, laboral y social para el país. Por lo cual es imperante crear políticas y programas que aminoren esta situación.

Es preocupante que los requisitos para mantener una legal instancia en los Estados Unidos dejen desprotegidos a la mayoría de connacionales que residen en el vecino país del norte; pero aún más, que nuestro país no cuente con estrategias concretas para detener la migración a causa de la falta de empleo, promoviendo que más y más personas sigan buscando oportunidades en otros países y no en el nuestro.

Por lo anterior, considero necesario desahogar estos temas relacionados con la participación laboral de los mexicanos que han radicado en Norteamérica para aprobar leyes y políticas que favorezcan a los repatriados, y mejoren sus condiciones de vida en nuestro país. Es tiempo de velar por el bienestar de la mano de obra nacional ofreciendo oportunidades con el fin de lograr un país justo y equitativo, apostándole a la implementación de medidas que permitan una mayor generación de empleo, este es justo el momento de prever y establecer medidas que ayuden a diluir la problemática que se aproxima.

La sociedad ya lo demanda y el poder público debe ser congruente con su obligación de servir a nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al dictamen sobre el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Bueno, aplaudimos los dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, me parece que son importantes, y de manera particular, brevemente me refiero al que tiene que ver con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Tenemos que aprobar ese convenio, tenemos que darle una lectura puntual a los preceptos del convenio que lo establecen como los Estados Parte, que se obligan no solamente a elevar la edad de admisión al trabajo, que ya lo tenemos en la Constitución, a quince años, sino también la instrucción, la opinión, para que gradualmente los estados parte se comprometan a ir realmente eliminando el trabajo infantil hasta llegar a los quince años de edad.

Yo creo que es lo mínimo que le debemos a la niñez de nuestro país, que efectivamente ejerza sus derechos a la educación, a la recreación, al recreo, a la cultura y, por supuesto, no trabaje, son cuestiones importantes, y tenemos un pendiente, aprobar el Convenio 138 de la OIT, aún cuando ya reformamos la Constitución.

La armonización con la ley en la materia pues es también indispensable, me refiero sobre todo para garantizar la norma que puntualice cuándo un adolescente mayor de quince años, y antes de que cumpla los dieciocho años de edad, pueda trabajar, y en qué tipo de trabajo, cuántas horas, etcétera. Ese es otro pendiente que tiene que ver también con esta materia.

Me circunscribo al dictamen que tiene que ver con el exhorto que se hace al Poder Ejecutivo Federal respecto de la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, reitero, aprobación.

Con todo respeto, pediría, de manera económica, señor Presidente de la Mesa, si está de acuerdo la comisión, que corrijan el punto y cambien el término “ratificación” por “aprobación”, es algo que tenemos que corregir, porque el Senado no ratifica Tratados Internacionales. Lo que hace la facultad, la potestad del Senado de la República, es aprobar Tratados Internacionales. Hay que corregir ese verbo porque es muy importante.

A mí me preocupa mucho que se dictaminen estas propuestas, y avalo mucho que el Senador David Monreal haya presentado esta proposición; pero me llama la atención que no se tome a consideración otras iniciativas de otras Senadoras y otros Senadores. Desde el 6 de septiembre de 2012 presenté el punto para exhortar al Ejecutivo, es decir, desde el inicio de esta legislatura, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal envíe para su aprobación al Senado de la República el Convenio 189, que trata, ni más ni menos, que reconocer los derechos laborales de las y de los trabajadores del hogar; más del 90 por ciento tiene que ver, por cierto, con los derechos de mujeres, las trabajadoras del hogar, los hay también hombres, pero la inmensa mayoría son mujeres.

Simplemente recuerdo que este es un pendiente que venimos también arrastrando para reconocer los derechos de más o menos 3 millones de personas, mujeres en su mayoría, insisto, mujeres que no tuvieron oportunidad de estudiar, la inmensa mayoría, mujeres que vienen de los pueblos indígenas, por eso sufren tanta marginación, por ser indígenas y por ser mujeres; mujeres que vienen de la zonas rurales que no tienen otra condición de realizar una profesión más que el ir profesionalizándose en el trabajo doméstico y que hoy tenemos que dignificar ni más ni menos con este convenio.

Hay experiencias muy importantes en América Latina que México podría aprovechar de cómo empezar a aplicar este convenio.

Yo destaco que en las diversas reuniones que hemos tenido en el marco de convocatorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde participan otras instituciones el problema está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por cierto, no en la Secretaría de Previsión Social, sino en el IMSS.

Por eso me parece que es necesario quienes compartimos esta preocupación, quienes tenemos compromiso con las trabajadoras del hogar, con los trabajadores del hogar que lo hagamos en serio, y también convoquemos al responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos diga por qué está detenida esta iniciativa que el Ejecutivo debería mandarnos al Senado de la República, y que no lo hace, porque lo tiene detenido el Instituto Mexicano del Seguro Social, no ahora, lo tiene desde el sexenio pasado.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez, es procedente su propuesta, y desde luego que se incorporará en los términos que usted lo está planteando. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen con punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no a siente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a que se refieren los dictámenes a discutir.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura:

Un exhorto a iniciar diversas acciones a favor del migrante.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades municipales de diversos estados a redoblar esfuerzos para evitar más conculcaciones a los derechos fundamentales de los migrantes.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones que ha emprendido para asistir a los connacionales repatriados a recuperar el patrimonio que dejaron en los Estados Unidos.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una política pública concentrada en brindar a ambos lados de la frontera una atención integral a los migrantes, en particular a niños y jóvenes.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al Sistema Nacional DIF, a los DIF estatales y al Distrito Federal a contratar un mayor número de personal especializado en atención de madres, padres, familiares o tutores de niños y adolescentes migrantes que enfrenten un proceso de repatriación y requieran asesoría en materia de derechos migratorio y civil.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a destinar una partida presupuestal de sus recursos asignados a la contratación y capacitación de personal destinado a la atención de niños y adolescentes migrantes en las representaciones consulares de México en los Estados Unidos.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación a impulsar modificaciones en el "Memorándum de Entendimiento sobre la Protección Consular de Nacionales de México y de Estados Unidos", así como en el "Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos; y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana".

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar recursos específicos a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente un programa de atención jurídica, psicológica, física y emocional para niños y adolescentes migrantes que se encuentran en proceso de repatriación, y que hayan sido víctimas de abuso sexual o violencia doméstica.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites para obtener la Carta de Naturalización.

COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes a los que hemos hecho referencia.

Y para ello se ha inscrito oportunamente la Senadora Ana Gabriela Guevara, para presentar los dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra para esos efectos.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente de la Asamblea; muy buenas tardes a todos.

La Comisión de Asuntos Migratorios dictaminó los mencionados puntos de Acuerdo con el fin siempre de salvaguardar los derechos de los mexicanos, y de todos aquellos que en tránsito por este país en busca de este fenómeno migratorio y que asumiendo la especial atención de los proponentes que elaboraron cada uno de estos puntos de Acuerdo han dado a los connacionales, y sobre todo a los menores, respetando siempre en todo momento el derecho a la unidad familiar.

Lo anterior se hizo exhortando a diferentes estados responsables de esas tareas, así pues, las integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo siempre en que el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los exhortos hechos a la Secretaría de Gobernación, en actualizar los memorándums de entendimiento por todos aquellos casos que vimos en los temas de protección consular, así como el de la actualización de los denuedos de entendimiento, y que en ese mismo sentido se pide respetuosamente a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores adopte diversas medidas para proteger a las y los mexicanos que habitan en los Estados Unidos por el tema de las deportaciones, y en la separación de familias, que, repito, se dio en gran medida y de manera arbitraria.

Por lo otro, también es sabido que esas instancias deben tener los medios para atender esas necesidades de los mexicanos de forma más eficaz posible, y debe proveer a las familias siempre con las herramientas que sean necesarias para poder recuperar a sus hijos y mantenerles unidos tanto con niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo estas circunstancias, haber enfrentado un proceso de deportación que los deja en total vulnerabilidad.

Y por eso hacemos un llamado al Instituto Nacional de Migración a seguir atentos al tema, así como al DIF Nacional y a los DIF estatales; así como al Distrito Federal que juegan un papel importante en este proceso, ya que de acuerdo con el artículo 162 de la Ley General de Salud, tiene entre sus objetivos la promoción de asistencia social y la prestación de servicios en este campo y la realización de diversos temas y acciones que establecen disposiciones legales.

También quiero hacer mención de que se dictaminó en sentido positivo la proposición que hizo la Cámara de Diputados, el incremento de recursos asignados al Ramo 12 del sector salud, y que hace énfasis en la atención de las familias transnacionales y la secretaría para implementar medidas que permitan establecer la unificación de las familias.

Se hace también un llamado, y que aquí quiero hacer un paréntesis, aunque aparecía en sentido negativo, el llamado que hacía la Senadora Marcela Guerra al gobernador del estado de Texas, y creo que es una amenaza que tenemos que verla desde el punto de vista y con la objetividad que esto merece, hay que hacer el llamado como país, en que no tiene por qué tomarse de manera distinta ni tampoco verlo con un objetivo distinto en que no se violen los derechos humanos de manera sistemática como se ha hecho, sobre todo cuando ya existen acuerdos; y que como hacía mención anteriormente, memorándum que son aplicables en que hay forma de poder conducir esto sin necesidad de usar la fuerza ni tampoco de optar por medidas de fuerzas que violan los derechos humanos de estos migrantes.

Finalmente, quiero agregar que se desechó un punto de Acuerdo en el que exhortaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites de obtención de la carta de naturalización, se encontraron diferentes cifras que obligaron a tomar esta determinación en la cual nos dice en un estudio que, del 2012 a la fecha, se han expedido alrededor de 9 mil cartas de naturalización a personas que eligieron nuestro país como nueva patria.

De este total, 76 por ciento son originarios de países latinoamericanos y particularmente Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador; de un total de los nuevos mexicanos, el 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento son hombres, todos ellos ejercen diversas ocupaciones como estudiantes, amas de casa, artistas, profesionistas o empresarios. Por lo tanto, cualquier extranjero que resida en el país y que cumpla con los requisitos que se establecen en la ley y su reglamento, puede iniciar el procedimiento para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización.

Sería cuanto.

Quiero agradecer a todos los Senadores la atención de este tema del fenómeno migratorio que ha derivado de diferentes formas y también incitarles a que en las próximas sesiones, en los próximos momentos, empecemos con las iniciativas que nos permitan transitar hacia una mejor objetividad en atención a este fenómeno que sigue aquejando y que sigue despertando todavía muchas más inquietudes, y que han sido reflejadas en cada uno de los puntos de Acuerdo.

Es cuanto Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse a todos los dictámenes.

Informo a la Asamblea que están inscritos los Senadores Zoé Robledo Aburto, Víctor Hermosillo y Celada, Gabriela Cuevas Barrón y Angélica de la Peña Gómez.

Adelante, Senadora.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, señor Presidente.

Primero celebro el que puedan estarse presentando ante este Pleno diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios. En términos generales, desde esta comisión, lo que se está buscando es poder favorecer las condiciones de miles de personas migrantes de sus familias poder garantizar también los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes que viajan a través del territorio nacional; o también aquellos que son repatriados en la frontera norte de nuestro país.

Celebro el que no quitemos el dedo del renglón; celebro el que siga en la agenda y como nos comprometimos desde el primer día en este Senado, el tema de los migrantes sería una prioridad.

También hay que decir que hay grandes pendientes no solamente por parte del gobierno federal en la agenda migratoria, sino también varios pendientes dentro de este Senado de la República.

Hay iniciativas que aún no han podido ser dictaminadas como por ejemplo lo que estamos buscando y que presentamos hace ya algunos meses tanto la Senadora Layda Sansores como el Senador Zoé Robledo, la posibilidad de poder incluir en nuestra Constitución Política, en su artículo 11, el derecho de las personas migrantes. Yo espero que pronto podamos estarlo discutiendo en este Pleno también.

Quiero decir también que hay varias reformas a diversos artículos de la Ley de Migración, propuestas que elaboramos de la mano con expertos que integran el grupo de trabajo sobre política migratoria relacionados con temas de fondo; temas de fondo que tienen que ver con el fortalecimiento al Instituto Nacional de Migración, el procedimiento administrativo, las alternativas a la detención de las personas migrantes que son presentadas ante la autoridad administrativa, así como también el acceso a la justicia y debido proceso.

Hay también algunos otros temas relacionados con el tema migrantes que están pendientes que tiene que ver con ampliaciones presupuestales para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y para el Instituto Nacional de Migración, aquellos puntos de Acuerdo en los que se cuestiona la política migratoria del gobierno federal.

Y lo anterior es importante, en virtud de que el año pasado el número de personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración incrementó en un 26 por ciento con respecto al 2013; es decir, que de 86 mil 298 pasó a 117 mil 492 personas migrantes detenidas y alojadas en las estaciones migratorias en el año 2014.

Por lo que respecta a las detenciones de niñas, niños y adolescentes, resulta también urgente poder adecuar la Ley de Migración conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar en todo momento el interés superior a la niñez migrante. Dado que las cifras en 2014 incrementaron en un 57 por ciento, puesto que en 2003 hubieron 7 mil 31 detenciones contra 16 mil 644 niñas, niños y adolescentes que se efectuaron en el año 2014.

Reconozco la importancia de los dictámenes que se presentan el día de hoy, pero también dejar claro en este Senado de la República que tenemos un gran pendiente con el tema migratorio y es entrarle con mucha fuerza a este artículo 11 de la Constitución Política, para que nuestros migrantes puedan tener ese derecho que les corresponde y, por supuesto, hacer lo necesario para adecuar la Ley de Migración para este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Informo al Pleno que el Senador Zoé Robledo Aburto entregó los textos de sus intervenciones para todos los dictámenes, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

(Intervención del Senador Zoé Robledo Aburto)

VER INTERVENCION

A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

No dejaré de insistir en la atención a los expulsados de Estados Unidos por la frontera norte, es un tema que ya tiene varios años aquí y hablamos mucho y se hace poco.

Se logró una reforma al artículo 184 de la Ley General de Población para garantizar que a los expulsados de Estados Unidos se les dé ayuda desde salud, teléfono para que se puedan comunicar con sus parientes y amigos, situación de poder, quizás, darles un trabajo y aparte la posibilidad de transportarlos a su casa o al estado donde ellos quieran.

En el presupuesto de este año no se aumentó nada el dinero que se dedica a los migrantes. Realmente es una vergüenza porque estos compatriotas nuestros se la han jugado en Estados Unidos, mandan dinero a sus casas en una cantidad muy importante. Nuestra tercera fuente de divisas es precisamente el dinero que mandan los migrantes a sus parientes y cuando regresan aquí los tratamos muy mal; si no fuera por las ONG´s que existen a lo largo de la frontera estarían en una situación desesperada.

Varios compañeros hemos ido, yo soy fronterizo, pero nos han acompañado en viajes para ver la situación de estos migrantes. Por ejemplo, el Senador Demédicis ha estado ahí presente y se da cuenta de la situación tan precaria.

No sabemos cuántos van a expulsar este año, Estados Unidos es errático en la expulsión.

Hace tres años, por Mexicali pasaban 70 mil al año, el año pasado se redujo a 35 mil, más o menos, ustedes se han de imaginar que para una ciudad como Mexicali, recibir esa cantidad de gente es una carga muy fuerte porque aparte tenemos emigración del centro de la República, y no hay trabajo para todos, y estas pobres gentes tienen que ver cómo pueden sobrevivir; algunos se ven obligados hasta a hacer delitos ante las circunstancias que se encuentran o estar en las esquinas pidiendo una ayuda.

Todo lo que se ha hecho ha tenido oídos sordos. Realmente es una vergüenza que tratemos así a nuestros compatriotas.

Vuelvo a insistir, seguiré insistiendo en que ellos son mexicanos como nosotros, se la han jugado en el extranjero, ayudan a nuestro país de dos maneras, por una manera despresurizan el empleo aquí, aunque dejan a las familias aquí en un estado difícil, pero, por otro lado, mandan dinero desde el extranjero para ayuda precisamente de sus familias.

Entonces no creo que sea justo, y sobre todo habla muy mal de nosotros, la manera como tratamos a los que expulsan de Estados Unidos de regreso a nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo y Celada.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans Canabal, ¿para qué asunto?

El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, con base al artículo 59, numeral 3, le pido que verifique el quórum de la Asamblea.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le pido nada más que nos permita desahogar el tema que estamos desarrollando, porque la votación sería hasta el final, entonces deje que se concluya la participación de los oradores que están inscritos y al final con gusto lo hacemos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para el mismo asunto.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans Canabal.

El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, con base al Reglamento del Senado, que estamos obligados a respetar, le estoy solicitando de la manera más atenta que verifique el quórum de esta Asamblea, porque si no, van a votar los espíritus.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Quiero decirle que, a juicio de esta Presidencia, hay el quórum para poder continuar con la sesión.

En el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy es de celebrarse esta dictaminación por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios, de los distintos puntos de Acuerdo que hemos estado presentando ante el pleno de este Senado de la República.

Y son de la mayor relevancia porque estamos hablando de los derechos humanos de miles de personas, y en especial de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, que en su paso por nuestro país la encuentran más que difícil.

Y qué decir, sin duda, la tarea, la labor esencial que tenemos como representantes populares de ver por nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos.

Uno de los temas que resulta de la mayor relevancia tiene que ver con las gestiones que haga el gobierno de la República ante el gobierno estadounidense, sobre el patrimonio de nuestros connacionales que están siendo deportados. Cuando nuestros connacionales son deportados, muchos de ellos llevan años viviendo en los Estados Unidos, tienen una vivienda o cuentan con un coche, o cuentan, incluso, con una cuenta de banco, y quién le da seguimiento a ese patrimonio de tantas miles de familias.

Por eso es importante y por eso es que se solicita un informe a la Secretaría sobre ¿cómo es que se ha ayudado a nuestros connacionales a tener acceso a ese patrimonio que ellos mismos construyeron y que nadie les regaló?

En segundo lugar, otro de los puntos de Acuerdo, sin duda, de la mayor relevancia, busca que exista mayor presupuesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el DIF para que cuenten con mejores herramientas de trabajo, para apoyar y defender a nuestros migrantes.

Uno de los temas más importantes sin duda es la protección consular a los niños, niñas y adolescentes, que hoy no están contando con esa protección o que ni siquiera hay el personal suficiente para revisar cada uno de estos casos, y más bien parecieran todos entrar a un trabajo al vapor.

El siguiente tiene que ver con pedirle al gobierno de la República, a través de la cancillería, que actualice los Memorándums de Entendimiento que existen con los Estados Unidos, de manera tal que podamos estar actualizando ese marco normativo a la realidad que hoy se vive en la frontera entre México y Estados Unidos.

Uno muy importante tiene que ver con cómo trata la patrulla fronteriza a los niños, niñas y adolescentes, es urgente que cuenten con instalaciones más adecuadas, con personal más capacitado y que incluso existan los procedimientos más adecuados para trabajar con los niños y niños que están solicitando asilo en nuestro vecino del norte.

Y por último, un tema que también me parece fundamental, y aquí muchos de ustedes que provienen de estados expulsores de migrantes tiene que ver con la necesidad de diseñar una estrategia de trabajo en las comunidades de origen.

Mientras no existan mejores condiciones en las comunidades que hoy están expulsando a migrantes, difícilmente podremos abatir el problema de la migración, ¿por qué?, porque quien no tiene acceso a un crédito, que no puede tener una vivienda, quien está viviendo en condiciones de violencia, de marginación, claramente prefiere dejar eso a arriesgar su vida y migrar hacia los Estados Unidos.

Hoy nuestra obligación es exigirle al gobierno de la República que cuente con un programa de desarrollo humano en las comunidades de origen, y es por ello que celebro estos puntos de Acuerdo.

Quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Migratorios por la sensibilidad que mostraron estos temas y, sin duda, hacer votos porque podamos pronto dictaminar también muchas iniciativas que se encuentran pendientes, que requieren del consenso de todos nosotros y que nos acordemos que a quien nos debemos es a nuestra gente.

Hay muchos de nuestros migrantes que están esperando que aquí nos pongamos a trabajar con mucho más ganas y mayor compromiso.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Pues me uno a las felicitaciones a la Comisión de Asuntos Migratorios, a sus integrantes, en particular a la Senadora Ana Gabriela Guevara, que ha mostrado un gran compromiso con los temas migratorios, y en particular ciertamente lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, niños que están en una situación de migración.

Es importante recordar que aquí aprobamos después de una discusión muy intensa, la iniciativa preferente que dio origen a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que de manera puntual destaco lo inscrito en el Título Segundo de esta ley, en el Capítulo Décimo Noveno, con la materia de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Yo creo que el artículo 89 no tiene desperdicio, señala que este capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales o repatriados, en el contexto de la movilidad humana.

Me parece que es importante destacar que los dictámenes que están presentando en la Comisión de Asuntos Migratorios van en el contexto de lo que establece la ley y, por supuesto, también es necesario recordar que está a punto de presentarse un punto de Acuerdo, donde las presidencias de las seis comisiones que dictaminaron esta ley, la que encabeza la Senadora Hilda Flores, de Atención a Grupos Vulnerables, la que encabeza la Senadora Diva Hadamira Gastélum, de Igualdad de Género, de Educación, que encabeza el Senador Romero Hicks, de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza el Senador Alejandro Encinas, y por supuesto, la que encabeza la Senadora Martha Elena García, de la Comisión de la Niñez, y su servidora, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

En el sentido de que se le pide al Secretario de Hacienda cumpla con los preceptos de esta ley y le dé etiquetación para ser plausible cada uno de los preceptos, incluyendo este título y este capítulo que tiene que ver con los derechos de niñas y niños en situación de migración.

No basta hacer una buena ley si no tiene un respaldo en los recursos presupuestales, y ese es el sentido presupuestal de los dictámenes que aquí están presentando las Senadoras que integran la Comisión de Asuntos Migratorios, y por lo tanto, necesitamos insistir que la ley no funciona si no hay una política pública que concrete, que implemente estos preceptos de la Ley, para que las niñas, niños y adolescentes, entre otros principios rectores, también puedan ejercer el principio del interés superior de la niñez.

Son situaciones que aquí han comentado quienes me han antecedido en la palabra, de manera puntual, las condiciones tan adversas quienes hoy son invisibilizados, pero que, poco a poco, en base a las crisis humanitarias que empezamos a conocer, entonces sí nos llama la atención respecto a la situación que no es nueva y que no terminará, seguirá aumentando, será más crítica si no logramos que la Ley se aplique debidamente.

De tal forma que es totalmente pertinente lo que aquí nos presenta esta comisión y hay que respaldar, pero hay que respaldarla de manera estructural, no de manera coyuntural, como luego de repente hacemos, y la única cuestión estructural que funciona es etiquetación en los ramos específicos, la implementación del sistema nacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en donde están todas las instituciones que están inscritas, a las que se está exhortando en estos puntos que hoy vamos a aprobar: Salud, Relaciones Exteriores, Migración, etcétera, etcétera.

Finalmente, ojalá también ya instalemos el grupo de trabajo que revise integralmente la Ley de Migración, para tenerla inscrita en concordancia con la ley que aprobamos aquí recientemente.

Es cuanto, y muchas gracias a todos ustedes por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Informo a la Asamblea que el punto de Acuerdo que han presentado los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y José Rosas Aispuro, el de la voz, exhorta al Ejecutivo Federal a convocar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a instalar una mesa de negociación y acuerdo con los campesinos y comuneros de los estado de Durango, Sinaloa y Nayarit, para que revisen y pacten los valores actuales de sus tierras en los que se construyeron equipamientos urbanos y comunicación, se turna a la Comisión de Reforma Agraria para su análisis y dictamen correspondiente.








Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que propone modificación a comisiones.

Pido a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo que modifica la integración de comisiones.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la actividad turística es tal, que está ampliamente reconocida en su capacidad para responder a los desafíos mundiales de Desarrollo.

De conformidad a datos de la Organización de Naciones Unidas, el turismo, representa el 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo.

Por lo que respecta a nuestro país, la industria turística constituye una de las más importantes fuentes de ingresos. Equivale al 8.4% del PIB y genera cuando menos 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos.

Existen innumerables razones para que México se encuentre dentro de los principales destinos turísticos; en las que se invoca que:

● México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el mundo. Posee 32 destinos declarados así por la UNESCO. Tiene más de 45 mil sitios arqueológicos y los mitos e historia del mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica.

● La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO.

● Tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

● México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo, la FIL de Guadalajara.

● México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial.

● Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos.

● Cuenta con increíbles y paradisiacos destinos de playa.

Además, con la finalidad de promover y potenciar aquellos lugares que han sido testigos de grandes acontecimientos del país o tienen tradiciones, cultura, leyendas y una cotidianeidad muy especial, la Secretaría de Turismo ha desarrollado el Programa de “Pueblos Mágicos”, que actualmente cuenta con 83 destinos distinguidos con esta denominación, ubicados en 30 estado de la República Mexicana. Con este programa se exalta el gran potencial turístico ofrecido por las joyas de la cultura y folklor nacional.

En esa misma inercia, a fin de impulsar la actividad turística de ciertas zonas, en las que el potencial lo constituye el uso óptimo de sus recursos naturales, esto es, el atractivo principal es su belleza y preservación natural y arquitectónica de tal manera que las constituye como aptas para el desarrollo turístico, se ha estatuido en la Ley General de Turismo las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Se trata de una declaratoria mediante la cual se pretende impulsar la actividad turística de la zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, reitero, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población y por ende, en beneficio del desarrollo de México.

Ello, acorde a que la Organización Mundial del Turismo (OMT), ha señalado respecto a nuestro país que el desarrollo del turismo sustentable en México y el mundo responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida.

Según esta organización, los principios que definen el turismo sustentable son:

● Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios;

● El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales;

● La calidad ambiental se mantiene y mejora;

● Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y

● Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.

Características que evidentemente comparten las áreas naturales protegidas, al coincidirse como espacios atractivos asociados al patrimonio natural representado por su biodiversidad, sus formaciones físicas, biológicas, geológicas geomorfológicos y paisajísticos excepcionales desde el punto de vista estético y científico, con ello, una gran atracción susceptible de aprovechar y generar desarrollo para sus comunidades.

Lamentablemente, las áreas naturales protegidas estas excluidas de formar parte de la Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, no obstante que como su nombre lo indica, el turismo en espacios naturales se desarrolla en zonas naturales protegidas o no, diferentes de los núcleos urbanos, o insertadas en espacios rurales, cuando no se vincula la actividad agropecuaria específica, diferenciándose en cierta forma el turismo natural del turismo rural, porque el turismo de naturaleza es simplemente basado en la visita de recursos naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo, pero para el caso que me pretendo traer a consideración de la Asamblea, debe estar a su vez necesariamente vinculado a su conservación, es decir, su sustentabilidad.

Esto es, las áreas naturales protegidas, para su conservación y preservación no requieren necesariamente ser aisladas, puesto que pueden ser aprovechadas de manera sustentable, de manea que no sean impactadas negativamente, de tal suerte que su contemplación turística sea un doble ganar, al producir beneficios para las poblaciones de la localidad, al tiempo que su riqueza natural se salvaguarda.

Esto es, sin dejar de lado sus características y necesidades de conservación, las áreas naturales protegidas, hoy día constituyen atracción turística, por ello, incongruente su exclusión de lo que pueda ser declarado zona de desarrollo turístico sustentable.

Tan esto es así, que por ello se emitió una Estrategia Nacional para el Desarrollo Sustentable del Turismo y la Recreación en las Areas Protegidas de México, como parte de la misión institucional de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas para “conservar el patrimonio natural de México mediante las Areas Protegidas y las áreas con otras modalidades de conservación, fomentando una cultura para la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno”. En este caso, bajo lineamientos para controlar y mitigar los impactos del turismo, otorgar un carácter sustentable a cualquier tipo de actividad turística que se desarrolle dentro de éstas áreas y convertir a la actividad turística en una herramienta más de las acciones de conservación.

Dicha “Estrategia” tiene como fin contribuir en la conservación del Patrimonio Natural y Cultural asociado a la naturaleza, haciendo que el turismo y la recreación en las Areas Protegidas  sean actividades de bajo impacto a través de la aplicación de instrumentos de planeación, regulación, económicos y de vigilancia. También tiene contemplado agilizar la construcción de la infraestructura de apoyo que ayude a minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales y proporcione, al mismo tiempo, las herramientas que fomenten una cultura para la conservación entre los visitantes.

Esto es, plantea una solución real a un contexto real. Las áreas Naturales Protegidas son un atractivo turístico, en las que si se trabaja con responsabilidad y eficiencia, su atractivo más que un peligro, será un elemento que coadyuve a su preservación.

Luego entonces, no hay por qué excluir las Areas Protegidas de los beneficios de formar parte de una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, como es el fomento, cuidado e inversión que a su vez contribuya a su conservación y preservación, al tiempo que genera beneficios y desarrollo para su comunidad, quien en esa inercia, será la principal interesada en su conservación.

El turismo sustentable en México es una prioridad, máxime la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que visitan estos puntos clave, por lo que se debe contar con soluciones acordes a la realidad y ésta es, que las zonas naturales protegidas son una atracción turística en México y se debe contar con herramientas para su conservación y preservación, sin evitar que puedan ser fuente de producción y generación de desarrollo.

Por ello, que las Areas Naturales Protegidas, en su propio beneficio, deban ser contempladas como una posibilidad de formar parte de una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, como lo es la generación de recursos para su propia conservación, con manuales o programas de manejo que así lo permitan. Claro está, que esta hipótesis no se sugiere como una carta abierta, si no que continuando con la imprescindible necesidad de conservación y preservación, deberá estar sujeta a su misma vocación y a la factibilidad de protección acorde a sus propios programas de manejo.

Propuesta que resulta congruente con el mismo Plan Nacional de Desarrollo, que entre sus consideraciones, estrategias y líneas de acción contempla lo siguiente:

“El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural delos países. Una evidencia al respecto es que 87% de la población en municipios turísticos en nuestro país tiene un nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo con el CONEVAL, mientras que la cifra equivalente en los municipios no turísticos es de 9 por ciento.”

“Los países emergentes hoy en día son los que ofrecen mayor potencial para el crecimiento d ela afluencia de turistas. Por tanto, es necesario considerar estrategias de promoción que atraigan a visitantes de estos países y regiones, como Rusia, China, Corea y América Latina. México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, pero otros como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros, ofrecen la oportunidad de generar más derrama económica.”

… “se deben fomentar esquemas financieros especializados y accesibles que sirvan para promover inversiones turísticas. Asimismo, es indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales.”

“Estrategia 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.

Líneas de acción

• Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico.”

“Estrategia 4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.

Líneas de acción

• Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos.

• Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso, entre otros.”

“Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

Líneas de acción

• Crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, consolidando el modelo turístico basado en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental.

Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país.

• Convertir al turismo en fuente de bienestar social.”

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SEREFORMAEL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 32. Las áreas naturales protegidas sólo podrán formar parte de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, siempre y cuando tengan vocación para recibir visitantes y su preservación y conservación sea compatible con los programas de manejo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días de mes de febrero del 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

TEOFILO TORRES CORZO, Senador de República en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE MIGRACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado mexicano ha realizado grandes esfuerzos para adecuar su marco normativo en materia de protección a los Derechos Humanos, en particular en cuanto al fenómeno migratorio se refiere.

En abril de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el Decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley General de Población, con el objetivo, de descriminalizar la migración no documentaday armonizar la legislación nacional con los compromisos y convenios internacionales asumidos por México, consistentes en eliminar las penas carcelarias que establecían sanciones de 18 meses y hasta 10 años de prisión por diversas infracciones en la materia.1

Más tarde, en mayo de 2011se expidió la Ley de Migración, la cual adoptó los principios rectores de política pública para defender y proteger los derechos fundamentales de los migrantes, sin importar su condición de estancia en el país, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados y convenios internacionales. Un mes después, todas estas adecuaciones se vieron fortalecidas con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicadas el 10 de junio del mismo año en el D.O.F.

En suma a estos esfuerzos, propongo reformar el artículo 93 de la Ley de Migración, el cual faculta al Instituto Nacional de Migración para recibir y atender denuncias formuladas contra extranjeros por la presunta comisión de delitos. Lo anterior, en razón de que tal facultad se presta a una interpretación errónea de ese dispositivo legal, pues daría pauta a una función para policíaca y ministerial que podría invadir la facultad exclusiva del Ministerio Público para recibir e investigar las denuncias.

Este supuesto no es nuevo; fue planteado desde el proyecto original de la Ley de Migración presentado el 9 de diciembre de 2010. El artículo 93 del Capítulo III “Sobre Verificación migratoria”, Título Sexto del “Proceso Administrativo Migratorio”, establecía que el Instituto podría realizar visitas de verificación, a efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los extranjeros, para ello, era necesario encontrarse en alguno de los cuatro supuestos que planteaba, entre ellos la existencia de recepción y deshago de denuncias relativas la presunta comisión de algún delito; por su parte, el numeral 94 facultaba al Instituto para recibir y atender las denuncias formuladas por la probable comisión de delitos contemplados en dicha ley.

Al respecto, se debe precisar que estas disposiciones se estimaron inadecuadas en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Justicia de la H. Cámara de Diputados el 11 de abril de 2011, ya que el Instituto no está facultado para la recepción de denuncias por la probable comisión de ningún tipo de delitos, pues esta atribución es conferida al Ministerio Público.

Sin embargo, se planteó que debía conservarse la atribución del Instituto Nacional de Migración para recibir las denuncias que se presenten sin que esto significara una forma de criminalización a los migrantes, sino simplemente como parte del proceso de control migratorio.

Actualmente, conforme al numeral 80 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración al ejercer sus facultades de control2, verificación3 y revisión4 migratoria, debe informar a la autoridad responsable de la Seguridad Nacional sobre la presentación o identificación de sujetos vinculados con el terrorismo, delincuencia organizada o cualquier actividad que ponga en riesgo la Seguridad Nacional; adicionalmente debe coadyuvaren las investigaciones que la autoridad correspondiente le requiera.

De la práctica de estas facultades y de encontrarse alguna irregularidad en el estado migratorio, se podrá poner al sujeto a disposición del Instituto, quien acordará una orden de presentación para alojar ante las estaciones migratorias a un extranjero para determinar o acreditar su situación migratoria; en consecuencia emitirá una orden de presentación cuando se actualice algún supuesto del artículo 144 de la Ley, entre ellos, estar sujeto a proceso penal, haber sido condenado por delito grave o se encuentre con antecedentes que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional o pública.

Por lo anterior, el artículo 93 resulta confuso e incluso contradictorio con las disposiciones antes descritas, en las cuales no se otorga al Instituto la facultad de investigación de los delitos, sino simplemente coadyuva en la investigación y prevención de estos.

Es por ello que, a fin de evitar posibles errores de interpretación que deriven en conflictos por invasión de competencias, propongo reformar el artículo 93 de la Ley de Migración, para precisar que la recepción y atención de denuncias por parte del Instituto Nacional de Migración, por la probable comisión de algún delito, tenga como finalidad única, la de ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria, y se turnen de forma inmediata al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE MIGRACION.

Artículo Unico. Se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 93.-El Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria que corresponda, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de febrero de 2015.

Sen. Teófilo Torres Corzo”.

1DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Lunes 21 de julio de 2008. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp/LGP_ref10_21jul08.pdf

2Revisión de documentación a personas que pretendan internarse o salir del país e inspeccionar los medios de transporte utilizados con auxilio de la Policía Federal. Artículo 81, Ley de Migración.

3Comprobación del cumplimiento de obligaciones previstas por la ley y su reglamento a extranjeros, siempre y cuando se realice para corroborar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios, la vigencia su estancia y obtención de elementos que coadyuven a la aplicación de la ley; si se tratara de alguna cuestión de orden público, se llevará de oficio. Artículo 92, Ley de Migración.

4se desarrollará adicionalmente a los lugares de tránsito internacional, con el fin de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. Artículo 97, Ley de Migración.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por los Senadores Zoé Robledo Aburto, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter, María Marcela Torres Peimbert, Angel Benjamín Robles Montoya y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez)

“Los suscritos, ZOE ROBLEDO ABURTO, LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, ARMANDO RIOS PITER, MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT,ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYAY ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Los funcionarios públicos en México atraviesan por una profunda crisis de credibilidad. Esta sólo se puede resolver mejorando la confianza ciudadana por medio de mecanismos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.

El pasado 15 de diciembre de 2014, durante la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, se realizó una propuesta: que todo servidor público y representante popular haga pública su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de intereses. Hoy, los que suscribimos lo hacemos convencidos de la necesidad de impulsar una iniciativa en la materia, específicamente en lo que refiere a la declaración de interés, toda vez que se trata de una figura que no se encuentra prevista en nuestra legislación.

En este sentido, se debe contar un mecanismo que permita a los servidores públicos exponer, de manera formal y transparente –con acceso público–, si tienen intereses privados que puedan llegar a interferir en el cumplimiento de sus funciones; es decir, prevenir e identificar la existencia de conflictos de interés en los funcionarios públicos del país. Este registro se puede dar, como se propone en la presente iniciativa, a través del establecimiento de una figura conocida como declaración de intereses.

Con esta regulación se busca que los funcionarios públicos declaren si existen intereses derivados de otras fuentes personales de ingresos, como remuneraciones, utilidades, créditos o donaciones, así como relaciones personales que puedan afectar su ejercicio público. De esta manera, el funcionario público se convierte en un declarante que presenta las actividades profesionales que desarrolla –especificando el tipo de contratación y la remuneración–, y las colaboraciones y participaciones –incluso las que se hacen sin fines de lucro– hacia diferentes tipos de personas morales. Esta información se declara bajo juramento, con la obligación de actualizarla cuando sea necesario, y se autentifica por una autoridad pública.

El objetivo: no más negocios al amparo del poder, ni poder público para hacer negocios. Que los funcionarios públicos cumplan, a cabalidad, con su responsabilidad de actuar con objetividad e independencia; que se rijan por los principios de  transparencia y rendición de cuentas. Que se combata a la opacidad, pues genera sospechas, legítimas, sobre la integridad. Que el interés personal de un funcionario público nointerfiera en el ejercicio correcto de su juicio en los asuntos públicos. Que tiendan, defiendan y procuren el bienestar general, no el particular.

Recordando el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público. Combatir al conflicto de interés permitiríaincrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Para lo anterior, México debe retomar experiencias de América Latina y el mundo: Australia, Brasil, Canadá, Chile,Francia e Inglaterra, son algunos de los países que cuentan con modelos –y formatos– que pueden ser estudiados y adaptados a nuestro país.

Conflicto de interés:

El conflicto de interés es un fenómeno relacionado, pero diferente, al tráfico de influencias y a la corrupción. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este concepto se puede definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”1. En otras palabras: “un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en el cual el funcionario público tiene intereses privados que pueden influir en forma impropia en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales”2.

Para el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, el conflicto de interés “se produce cuando los intereses privados de un funcionario público o autoridad, pueden verse afectados, a favor o en contra, debido al cumplimiento de sus deberes y responsabilidades con motivo del ejercicio de su función pública. Si hay una duda razonable sobre la percepción que existe entre el interés privado y las acciones del funcionario público, éste enfrenta un conflicto de interés. Entonces,un conflicto de interés surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, no se prestan servicios públicos imparciales.

En resumen, el conflicto de interés ocurre cuando los servidores gubernamentales –de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno– deciden sobre el destino de recursos o bienespúblicosa partir de su interés personal y no, estrictamente, desde el interés público que deben representar.

Para Arellano, Lepore, Zamudio y Aguilar3, todos los servidores públicos tienen derechos e intereses privados; como cualquier miembro de una sociedad –en especial si ésta es plural– tienen intereses personales, grupales y organizacionales. Sin embargo, no todo interés privado de un servidor público genera un conflicto de intereses sino hasta que afecta negativamente, y en forma efectiva, su juicio y desempeño público4.En este sentido, mencionan Arellano y Zamudio5, siguiendo a Andrew Stark, que “ninguna regulación puede evitar que los intereses de los servidores públicos desaparezcan, o tan siquiera medir en qué forma el juicio de un funcionario ha sido afectado; por eso las regulaciones más bien han evolucionado hacia evitar o prohibir el desarrollo de ciertos tipos de intereses en general para siquiera impedir que se entre en una relación donde exista la tentación de sucumbir al conflicto”.

La propia OCDE señala que no todo conflicto e intereses es un acto de corrupción;“sólo en los casos donde el conflicto surge entre los intereses y capacidades privados, y cuando estos intereses han influido efectiva e indebidamente en el desempeño y la toma de decisiones en la esfera pública para beneficio personal del funcionario, sus familiares u otros particulares con los que tenga algún tipo de relación”6.

Relacionado con esto, los autores antes mencionados proponen la existencia de 3 tipos de conflictos de interés: los reales, los potenciales, y los aparentes7:

1. Los conflictos de interés reales ocurren cuando la consecución de los intereses personales y familiares del funcionario público inciden, de forma efectiva y comprobable, en su desempeño o en su motivación personal para desempeñarse correctamente en función del interés público.

2. Los conflictos de interés potencial existen cuando a pesar de que aún no se hace evidente el conflicto, en el futuro, cuando ciertas circunstancias en el contexto del servidor público puedan cambiar, el conflicto pueda aparecer –recordando que el trabajo en la función pública es dinámico: un interés declarado en un momento puede tener un impacto o consecuencias distintas en un momento posterior.

3. Los conflictos de interés aparentes, por su parte, son aquellos donde ciertos actores sociales pueden sospechar de la presencia de un conflicto en una situación o decisión de uno o varios servidores públicos.

Se debe de tratar de prevenir que un conflicto de interés potencial se convierta en uno aparente o real. Una forma para lograr lo anterior es contar con un documento que describa los conflictos de intereses, reales, potenciales e, incluso aparentes, de un servidor público. Como menciona Terada8, los conflictos de interés aparentes se resuelven“ distribuyendo en forma pública información suficiente que muestre que no hay tal conflicto de interés, sea éste de carácter presente u potencial. Si dicha información no puede mostrarse, el conflicto de interés no es meramente aparente sino que realmente existe o está latente pues “un funcionario público tiene un interés privado que podría llegar, más adelante, a constituir plenamente un conflicto de interés si las circunstancias relevantes cambiaran en el futuro”.

Regulación en otros países:

Diversos países han buscado combatir la problemática derivada del conflicto de interés. Muchos de ellos utilizan mecanismos diferentes para abordar dicha problemática, por lo mismo,  es importante tener en cuenta que los países tienen distintas características socio demográficas, políticas y económicas, lo que se ven obligados a generar diversos métodos, técnicas y mecanismos para abordar la problemática en cuestión. 

Existen dos maneras de atacar el conflicto de interés, ya sea desde una perspectiva de prevención con la creación de lineamientos básicos que permitan delinear valores éticos; o mientras ésta se encuentra presente, lo que implica la lucha y el control de la corrupción. En cuanto al conflicto de interés relacionado con la corrupción, éste acarrea una necesaria estructuración contable y de fiscalización; por lo que hace a la prevención del conflicto de interés,  éste debe estar dirigido a la organización, educación e información de los servidores públicos.

A continuación, se muestra la situación jurídica de algunos países respecto a las políticas de prevención de conflicto de interés:

Australia: La organización gubernamental encargada de la vigilancia en la matera es la Comisión Australiana de Servicios Públicos, cuyo principal objetivo es trabajar con agencias del gobierno australiano, generando liderazgo en  los servidores públicos, estableciendo en ellos grandes comportamientos éticos. Entre sus funciones podemos encontrar, rendir un informa anual sobre el estado de los servidores públicos ante el parlamento, atender cuestiones de  consejería del buen desempeño del servicio público, así como evaluar las adecuaciones de los sistema y procedimientos en las agencias para asegurar el cumplimiento de sus leyes en la materia (PublicServiceAct 199 / APS Code of Conduct).

Brasil: Los altos funcionarios públicos brasileños tienen la obligación de presentar un manifiesto respecto a los activos que podrían traerles un conflicto de interés en el desempeño de su cargo. En especial, los funcionarios públicos de altos rangos se encuentran imposibilidades para recibir regalos, con las únicas salvedades que impone el protocolo mismo, en cuyo caso no éstos no deberán superar los 100 reales.

En su regulación (Código de Etica de la Administración Pública Federal / Código de Conducta de la Alta Administración Federal) se imposibilita a los funcionarios públicos brasileños a trabajar durante un periodo de cuatro meses después de su salida dela administración, en una actividad incompatible a la que realizaba en su oficina.

Por lo que respecta al conflicto de interés, el funcionario deberá indicar de manera clara la existencia de un conflicto de interés potencial, así como notificar al gobierno federal el tipo de circunstancias que pueden prevenirse si su participación se da dentro de esta toma de decisión. Los conflictos entre funcionarios serán resueltos por la coordinación administrativa de manera interna.

Algunas de las sanciones a las violaciones del código son: alerta, reprimenda ética o una recomendación para expulsar al funcionario del servicio público.

Canadá: Cuenta con una organización especializada de Conflictos de Interés, la Oficina de Conflictos de Interés y del Comisionado de Etica, cuyo objetivo va en torno a regir la conducta de los miembros de la casa de los Comunes, Ministros de la Corona y cuerpo administrativos. Algunas de sus funciones consisten en apoyar a la Casa de los Comunes en el regimiento de la conducta de sus miembros, así como administrar la Ley del Conflicto de Interés(Conflict of InterestAct).

Chile:Los servidores públicos del gobierno chileno deberán presentar una declaración de intereses que contengan las actividades profesionales y económicas en que éste participe. En cuanto a los conflictos de interés, el funcionario público deberá presentar una declaración jurada en la cual acredite que no se encuentra afecto a personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias o más, con el respetivo órgano de la administración pública; a personas que tengan la calidad de conyugue, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto de las actividades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil al que se postulan; ni a personas que se hallen condenadas por crimen o delito.

Francia: El Servicio Central de Prevención de Corrupción y las Comisiones de Etica busca generar condiciones para permitir a los servidores públicos actuar con apego a las instituciones. Entre sus funciones está centralizar la información necesaria para la detección y prevención de actos de corrupción y del tráfico de influencias, así como asistir a las autoridades judiciales cuando éstas detecten un acto de corrupción.

Reino Unido: El Comité de Estándares en la Vida Pública, tiene como objetivo principal es el de examinar los asuntos concernientes a los estándares de conducta delos titulares del servicio público. Cuenta con la función de investigar denuncias individuales de mala conducta, así como realizar declaraciones, publicar documentos de consulta o de investigación para apoyar una investigación.

Antecedentes:

Esta iniciativa no es el primer intento por regular el conflicto de intereses. Se tienen varios antecedentes en iniciativas presentadas previamente por compañeros legisladores. Estas son:

● Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 221 del Código Penal Federal, que tipifica la conducta de los diputados o senadores que representen a particulares en sus intereses patrimoniales frente al Estado; presentada por el diputado Tomás Torres Mercado (PRD, 24 de julio de 2002).

● Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández (PRI, 4 de noviembre de 2005).

● Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 62 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; presentada por el diputado Juan de Dios Castro Muñoz (PAN, 13 de diciembre de 2007).

● Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; presentada por el diputado José Ignacio Alberto Rubio Chávez (PAN, 30 de abril de 2009).

● Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (mediante la cual se proponía la creación del Instituto Federal de Prevención, Erradicación y Combate a la Corrupción); presentada por la Diputada Claudia Liliana Cruz Santiago (PRD, 19 de agosto de 2009).

● Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presentada por el senador Javier Corral Jurado (PAN) a nombre propio y de legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT y MC (17 de octubre de 2013).

● Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción; la cual presentamos los senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya (PRD, 18 de junio de 2014).

● Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del reglamento de la Cámara de Diputados; presentada por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD, 4 de septiembre de 2014).

● Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; presentada por eldiputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD 23 de octubre de 2014).

Propuesta de modificación al orden jurídico vigente:

Las modificaciones legales que aquí se plantean, buscan obligar a los servidores públicos del país de todos los poderes, órganos e instituciones del Estado a realizar dichas declaraciones. Por medio de estas declaraciones, se busca evitar que los servidores utilicen su cargo, con el poder y la información que éste implica, para actuar en favor de sus intereses, incluidos los de sus familiares y amigos, otorgando “favores” y obteniendo beneficios personales, sin importarles el bien público.

Obligar a los servidores públicos a declarar la cuáles intereses podrían estar en pugna con el empleo, cargo o comisión que desempeñarán, ayudaría a detectar, y evitar, que ocurra un conflicto que se da entre los intereses personales del servidor público y el interés público al cual debe servir. La declaración de intereses debe ser completada con amplitud y detalle. Se debe entregar, y actualizar, a la autoridad correspondiente en un plazo definido por la propia ley; de no entregarla a tiempo o completa, el funcionario se debe hacer acreedor a un castigo (multa, destitución, inhabilidad o suspensión del cargo).

Después de revisar la experiencia internacional, se propone que la figura de la declaración de intereses se regule dentro de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dado a la incertidumbre con respecto al avance de la legislación en materia de Anticorrupción, se propone que la autoridad depositaria, que autentifique y publicite la declaración de intereses, sean los órganos encargados de recibir la declaración patrimonial. Asimismo se pretende que ambas declaraciones sean públicas a partir del cargo de director general, en términos de la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Para lograr lo anterior se realizan las siguientes acciones:

● Se adiciona una fracción VI al artículo 1, para incluir como objeto de la Ley el registro de los intereses de los servidores públicos.

● Por cuestiones de coherencia normativa se modifican: la fracción VI del artículo 3, la fracción XV del artículo 8, el artículo 11, el artículo 35, el proemio del artículo 36 y en las fracciones IV y VIII y 40 (antes 39).

● El contenido del artículo 34 se lleva al artículo 33.

● Se constituye un Capítulo III en el Título Segundo relativo a los Comités de Etica. Este nuevo capítulo comprende el artículo 34.

● Se reestructuran los artículos 37 y 38.

● Se adiciona un nuevo artículo 39 recorriendo los subsecuentes, hasta el artículo 42 en el cual se incorpora el contenido del artículo 41 vigente. En este nuevo artículo 39 se describe el contenido mínimo que deberán contener las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos a partir del nivel de director general.

● El nuevo artículo 41, además de recoger el texto del artículo 40 vigente, introduce la obligación de los servidores públicos, a partir del nivel de director general, de publicar las declaraciones patrimoniales y de intereses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Unico.- Se reforman los artículos 1, 3, 8, 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, adicionando un Capítulo III al Título Segundo y modificando el nombre del Capítulo Unico del Título Tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 1.- (…)

I.-a V.- (…)

VI.-El registro de intereses de los servidores públicos.

Artículo 3.- (…)

I.- a V.- (…)

VI.- El Instituto Nacional Electoral.

VII.- a XII. (…)

Artículo 8.- (…)

I.-a XIV.- (…)

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por la Ley.

XVI.- a XXIV.- (…)

(…)

Artículo 11.- Las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y IV a XII del artículo 3, conforme a la legislación respectiva, y por lo que hace a su competencia, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo.

ARTICULO 33.- Las facultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé, prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

Tratándose de infracciones graves, el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

CAPITULO III

De los Comités de Etica

ARTICULO 34.-En las dependencias y entidades se establecerán Comités de Etica, los cuales tendrán carácter consultivo y honorífico. Sus integrantes serán ajenos a la dependencia o entidad y serán electos en términos de la normatividad interna de las mismas. Los Comités de Etica fungirán como órganos de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público previstas en el Título Cuarto de esta Ley.

Además de las funciones previstas en el párrafo anterior, el Comité de Etica podrá conocer de las dudas que los servidores públicos presenten en materia de conflicto de intereses supervenientes a la declaración de intereses. Para ello el servidor público que tenga dudas sobre la existencia de un posible conflicto de interés presentará su caso ante el Comité de Etica correspondiente, el cual analizará el caso y determinará si existe o no un conflicto de intereses, para ello podrá allegarse de la información que considere necesaria, misma que deberá proporcionar el servidor público. Cuando el Comité de Etica determine la existencia de un conflicto de intereses, el servidor público deberá abstenerse de participar en el proceso de decisión correspondiente.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO

De las Declaraciones de los Servidores Públicos

Artículo 35.- La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial, así como de las declaraciones de interesesde los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables.

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría se confieren a las autoridades a que aluden las fracciones I, II y VI a XII del artículo 3, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables.

(…)

Artículo 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, así como de intereses, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:

I.- a III.- (…)

IV.-En la Fiscalía General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Fiscal General.

V.-a VII.-(…)

VIII.- En el Instituto Nacional Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente;

IX.- a XVI.- (…)

(…)

Artículo 37.- Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberán presentarse en los siguientes plazos:

I.- Declaración inicial, con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último cargo;

c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la conclusión.

En los casos de un cargo por elección popular, la declaración inicial se presentará dentro de los treinta días naturales anteriores a la toma de posesión. En los demás casos, ésta deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión.

II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión;

III.-Declaración anual, dentro de los treinta días naturales siguientes al cumplimiento de un año de funciones en el cargo, y

IV.- Declaración de modificación patrimonial, cuando el servidor público lo estime pertinente.

(…)

Si transcurrido el plazo a que hacen referencia las fracciones I, II y III, no se hubiesen presentado alguna de las declaraciones correspondientes, se apercibirá al infractor y se le otorgarán cinco días hábiles para que subsane la falla; en caso de no presentarlas, el infractor será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período de diez días naturales.

Concluido el plazo referido en el párrafo anterior, en caso de que la omisión en cualquiera de las declaraciones continúe, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes.

(…)

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de las declaraciones a que se refieren las fracciones II y III, se inhabilitará al infractor de uno a dos años.

(…)

El servidor público que en cualquiera de sus declaraciones previstas en este artículo faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de diez días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado dedos a seis años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.

Artículo 38.-Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberán ser presentadas a través de formatos impresos; en medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica.

La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios identificación electrónica utilizan los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios

Asimismo, la Secretaría expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica.

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos.

Artículo 39.-Los formatos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberán contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Ambas declaraciones, deberán incluirlos siguientes datos:

a) Datos generales del declarante;

b) Datos curriculares del declarante;

c) Experiencia laboral del declarante;

a) Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los dependientes económicos;

b) Datos del encargo que inicia;

c) Antecedentes en el servicio público del declarante;

d) La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información contenida en la declaración, y

e) La manifestación expresa de declarar la verdad.

II. En la declaración patrimonial se deberá contemplar por lo menos los siguientes datos adicionales:

a) Remuneración mensual neta del declarante por el cargo que inicia;

b) Remuneración mensual neta del cónyuge, concubina o concubinario y de los dependientes económicos;

c) Ingreso anual neto, tanto del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos durante el año calendario inmediato anterior;

d) La relación de los bienes inmuebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;

e) La relación de los vehículos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;

f) La relación de los bienes muebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;

g) La relación de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;

h) Los adeudos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos, y

i) Cualquier observación o aclaración que desea ser el declarante

III. En la declaración de intereses se describirá la información correspondiente a:

a) Los intereses de carácter económico y financiero, tales como participación en direcciones y consejos de administración; participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras;

b) Las actividades profesionales o empresariales, dependientes o independientes, que ha desempeñado de forma permanente u ocasional independientemente sean remuneradas o no;

c) La participación en cualquier cargo honorario;

d) La participación en organizaciones sin fines de lucro o que lleven a cabo actividades filantrópicas;

e) Los apoyos financieros o materiales recibidos por el declarante en cualquier forma;

f) Los apoyos financieros o materiales realizados por el declarante en cualquier forma;

g) Si existen viajes financiados por terceros, y

h) Cualquier interés que en opinión del declarante no se encuentra contenido en el formato.

En la declaración de intereses, el servidor público deberá manifestar los nombres o razones sociales de las personas físicas o morales con las que sostuvo alguna de las relaciones contenidas en esta fracción durante los últimos cinco años, así como los valores monetarios de los intereses que puedan ser traducidos como tales.

Asimismo, el declarante deberá manifestar las obligaciones contenidas en esta fracción con respecto a los intereses de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

Artículo 40.- En las declaraciones inicial, anual y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, la Secretaría determinará las características que deba tener la declaración.

Artículo 41.-La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, así como sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

La información relativa a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, será pública a partir del nivel de director general u homólogo y, en los demás casos, siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. No podrán invocarse otras reservas a la publicación de esta información, que las previstas en la ley de la materia.

La Secretaría expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de las personas que, en su caso, las requieran.

Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría.

La información relativa a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estará disponible hasta por un plazo de cinco años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses particulares de los servidores públicos, tendrá valor probatorio cuando lo solicite a la Secretaría el Ministerio Público o la autoridad judicial, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien cuando la propia Secretaría lo requiera con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

Artículo42.-La Secretaría podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Secretaría, fundando y motivando su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente.

Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule a la Secretaría las aclaraciones pertinentes y ésta emita su resolución dentro de los quince días hábiles siguientes.

Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este documento.

Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante la Secretaría, mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y dispondrá de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, la Secretaría contará con un plazo de diez días hábiles para emitir su resolución.

La facultad de la Secretaría para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres años después de haberlo concluido.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría deberá expedir los formatos a que se refiere el artículo 39 reformado del presente decreto, en un plazo no mayor a 60 días naturales.

TERCERO.- Las entidades y dependencias deberán establecer los comités de ética a los que se refiere el artículo 34 del presente decreto, en un plazo no mayor a 60 días naturales.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 5 de febrero de 2015.

Sen.Zoé Robledo Aburto.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.

1Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2003). Managing Conflict of Interest in the Public Service. OECD Guidelines and Country Experiences. París, OCDE, p. 2.

2Ibid, p. 58.

3Arellano G., David, Walter Lepore, Laura Zamudio, e Israel Aguilar (2011). “Control de los conflictos de interés: Mecanismos organizacionales en la experiencia internacional y lecciones para México”. Documentos de Trabajo del CIDE, México, CIDE, número 255, febrero.

4Arellano G., David y Walter Lepore (2007). “Prevención y control de conflictos de interés: lecciones para la Administración Pública Federal en México a partir de las experiencias en Estados Unidos de América y Canadá”. Revista Chilena de Administración Pública, Chile, número 10, diciembre.

5Arellano G., David y Laura Zamudio (2009). “Dilemas organizacionales e institucionales de las regulaciones para contener los conflictos de interés en una democracia: una aproximación comparativa entre Canadá, EUA y México”. Revista Convergencias, México, volumen 16, número 49, enero-abril.

6Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2003). Managing Conflict of Interest in the Public Service, op. cit.

7Arellano G., David, Walter Lepore, Laura Zamudio, e Israel Aguilar (2011). “Control de los conflictos de interés: Mecanismos organizacionales en la experiencia internacional y lecciones para México”, op. cit.

8Terada, Tomoo (2009). “El conflicto de interés o el surrealismo sin poesía de la vida pública mexicana”. Revista Metapolítica, número 66, p. 4.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO AL APARTADO C DEL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO AL APARTADO C DEL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2004, con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social se instituyó un organismo público responsable de la metodología y la medición de la pobreza, el cual recibió el mandato de adoptar una perspectiva multidimensional que tomara en cuenta los derechos sociales y no sólo el ingreso de las personas, que había sido el referente fundamental para medir la pobreza a nivel internacional.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, surgió como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene encomendadas dos funciones esenciales:

1) Normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y

2) Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

A través de dicho organismo, fue posible alcanzar diversos objetivos, entre los que destacan los siguientes:

a) Contar con una medición de la pobreza más objetiva, imparcial y transparente.

b) Hacer visibles las dimensiones del problema en la agenda nacional.

c) Asignar a la labor de medición un carácter transexenal.

d) Inhibir prácticas o tendencias dirigidas a mostrar un diagnóstico sesgado de la realidad.

e) Evaluar el impacto los resultados de estrategias, políticas y programas públicos, dirigidas al combate a la pobreza.

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se adiciona un Apartado C al artículo 26 de la Constitución General de la República, por el cual el CONEVAL adquiere la naturaleza jurídica de un organismo público autónomo, y se ratifican las dos grandes funciones para las que fue creado.

Previo a su transformación, el organismo se había dado a la tarea de dar respuesta metodológica a los mandatos de la Ley.

CONEVAL desarrolló dos líneas de investigación entre 2006 y 2009: la primera, llevada a cabo en 2006, se enfocó a definir el marco teórico-metodológico de la medición multidimensional de la pobreza, en tanto que la segunda se orientó a la generación de la información necesaria para realizarla.

Como resultado de un intenso proceso de investigación, análisis y consulta con especialistas, instituciones y organismos, creó los criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para realizar estas actividades debió tomar en consideración al menos los siguientes indicadores: Ingreso corriente per cápita, Rezago educativo promedio en el hogar, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación, grado de cohesión social.

En este contexto, el CONEVAL determinó que la definición de pobreza considerara las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial.

a) El espacio del bienestar económico comprende las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante el ingreso.

b) El espacio de los derechos sociales se integra a partir de las carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social, que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social son: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) El espacio del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden al ámbito individual (que pueden referirse a características geográficas, sociales y culturales, entre otras); en específico, aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes para el desarrollo social.

Se arribó así a la siguiente definición:

“Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.”

De lo anterior, se colige que en México la pobreza está directamente asociada a una falla, como señala CONEVAL, aunque se trata en realidad de un incumplimiento o imposibilidad de ejercer los derechos sociales. 

El organismo se dio así a la tarea de formular indicadores de carencias con el enfoque de derechos. Realizó una lectura sistemática de la Ley General de Desarrollo Social, que tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.

El de las carencias, como en los otros dos espacios establecidos, representó una gran complejidad.

Para el CONEVAL, un componente esencial de los indicadores de carencia es la determinación del umbral o norma a partir de la cual se define si una persona presenta una carencia en particular. Para efectuar lo anterior, se establecieron criterios metodológicos específicos, los cuales se adoptan de manera sucesiva. Los criterios establecidos son los siguientes:

1. Aplicar las normas legales, si existen.

2. Aplicar criterios definidos por expertos de instituciones públicas especialistas en la materia de cada indicador de carencia.

3. Aplicar criterios basados en los resultados de análisis estadísticos.

4. Determinar el umbral por parte de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL, después de haber tomado en consideración la opinión de personas expertas en la materia.

Para la definición de los indicadores de carencia se recurrió, en primer lugar, a efectuar una revisión de la legislación vigente aplicable a cada dimensión. En caso de que la legislación no permitiera establecer de manera precisa un indicador de carencia y el umbral asociado, se consultó a especialistas en la materia, en particular aquellos de instituciones oficiales dedicadas a la generación o análisis de la información estadística en cada dimensión.

Es decir, se consultó con dependencias o entidades responsables en cada caso.

El Coneval ha reconocido, a partir de las opiniones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la UNU que la perspectiva de derechos humanos, además de otorgar un marco ético para la evaluación de las políticas de desarrollo social, proporciona un marco normativo con consecuencias prácticas para la definición de las responsabilidades sociales y para las políticas públicas de superación de la pobreza.

Asimismo, se reconocido que este enfoque permite tener en cuenta normas mínimas, principios y reconocimientos legales, no sólo con respecto a los resultados, sino también durante el proceso mismo de implementación de estrategias de superación de la pobreza.

Paulatinamente ha ido ganando terreno el enfoque que considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas.

Cabe señalar, que el derecho internacional ha permitido ampliar las dimensiones de dignidad, revalorar el derecho a un nivel de vida adecuado y a una existencia digna. Contiene normas, principios, pero también señala conductas a seguir, que deben ser interpretadas considerando las realidades propias y el orden constitucional interno de los Estados.

No obstante, la ley vigente obliga a tomar en cuenta el marco internacional de los derechos humanos en la elaboración de la metodología.

Cabe resaltar que los llamados derechos para el desarrollo social, según el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, son en realidad los derechos sociales, contenidos en la Constitución.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos. Estas reformas, implicaron un replanteamiento de la jerarquía y la eficacia normativa de los tratados internacionales de Derechos Humanos en el orden jurídico interno, así como de las obligaciones que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los estándares instituidos.

El artículo 1 señala:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

El Estado mexicano se ha obligado a velar por la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, lo que involucra a dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno. De manera explícita remite, para la interpretación de normas referidas a derechos humanos, a la Constitución y a los tratados internacionales.

Actualmente, existe un desarrollo importante en el Sistema Universal de protección de los derechos humanos, y en el Sistema Regional, que ha contribuido en gran medida para aclarar el contenido esencial o básico de éstos derechos y las responsabilidades de los Estados.

También se ha determinado la naturaleza y verdadero alcance del principio de progresividad. Todo ello, a partir de documentos tales como las Observaciones Generales del Comité DESC, Informes de Expertos bajo el mandato de la ONU, sentencias, opiniones o jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que de manera directa o indirecta hacen alusión a los derechos sociales.

Estos desarrollos, deben incidir en la revisión de indicadores, de umbrales y en general de la propia definición y medición de la pobreza, como una actividad que debe contribuir a conocer más la realidad de los derechos sociales a la luz del orden constitucional interno y de los instrumentos internacionales. De igual forma, puede incidir en la construcción de políticas de desarrollo social con enfoque de derechos, atendiendo el espíritu de Ley General de Desarrollo Social, y sobre todo, los mandatos  de la Constitución. 

La presente iniciativa considera que es de enorme relevancia que se haga explícita la obligación del CONEVAL de cumplir sus funciones con pleno apego al enfoque de derechos, lo cual, no puede quedar al arbitrio de los integrantes en turno de dicho organismo.

Además, se considera indispensable que el CONEVAL tome en cuenta, en el cumplimiento de sus funciones, los documentos que generen los organismos internacionales de derechos humanos, que sean aplicables al nuestro país, de manera particular, para determinar el contenido esencial o básico de los derechos y las responsabilidades del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona un párrafo quinto al Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

C...

En el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social garantizará la adopción de un enfoque que contemple el marco nacional e internacional de los derechos humanos, incluyendo las observaciones, recomendaciones y resolutivos que sean dirigidas o aplicables al Estado mexicano.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
a 5 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país fue alineado desde hace varias décadas a un modelo de desarrollo que dispuso el abandono de los grandes objetivos del bienestar, la igualdad y la justicia social, que caracterizaron al Estado mexicano en el siglo XX.

El paradigma de desarrollo emanado de los regímenes pos revolucionarios, seguía siendo liberal, pero incluyó un fuerte carácter nacionalista y una orientación social, lo que permitió aminorar algunas brechas de desigualdad y posibilitó ciertos avances en materia de derechos sociales.   

Esa orientación fue sacrificada en aras de alcanzar las metas de control inflacionario, la estabilidad macroeconómica y la privatización de los servicios públicos, incluidos los sociales.

Se atribuyó al mercado un papel fundamental en la generación y distribución de la riqueza, los ingresos y el bienestar.

El proyecto nacional, que tenía una vocación social, fue colmado con los dogmas y las visiones de la tecnocracia neoliberal, a tal grado que nuestra Constitución hoy responde a visiones distintas y a veces opuestas.

Los resultados del abandono del combate a la desigualdad como tarea  esencial del Estado, están a la vista de todos: Estancamiento e inmovilidad en la economía, desempleo masivo, ensanchamiento de las brechas sociales, mayor exclusión.

En México hay más pobreza porque existe mayor desigualdad y no por sólo por causa de los exiguos niveles de crecimiento, como se pretende argumentar por los voceros del modelo económico.

La desigualdad es hoy por hoy el principal problema del país. Es un obstáculo para el avance democrático, para el progreso social, y para el ejercicio de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.

De acuerdo con el texto “La trampa de la desigualdad en México”, editado por el Banco Mundial, los multimillonarios en México tienen ingresos 400 veces por arriba del 0.1% de la población de mayores ingresos, y 14 mil veces más que la población con ingresos promedio en el país.

Tiene también los peores niveles de distribución del Ingreso a nivel de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello, la caracterización del Desarrollo Nacional en la Constitución no puede ignorar esta realidad. Dicho desarrollo, no puede ser integral ni sustentable, como establece el artículo 25 de la Ley Suprema, si no se propone el combate decidido de la desigualdad.

Ahora bien, otro efecto del paradigma neoliberal es que el Estado transfiere a las familias y a las  personas la responsabilidad de satisfacer sus propias necesidades esenciales, y otras reconocidas como indispensables para la dignidad de acuerdo al derecho internacional, como es el acceso a la cultura. En síntesis, se delega en los propios individuos la responsabilidad de su desarrollo.

En el modelo de desarrollo imperante, el ejercicio de derechos queda subordinado al desempeño económico y al funcionamiento del mercado.

Aunado a ello, los llamados DESCAs han sido relegados en la medida en que implican destinar recursos presupuestales o afectar intereses económicos para avanzar en su cumplimiento.

De manera contradictoria, México llevó a cabo en el año 2011 una reforma constitucional trascendental, por la cual el Estado mexicano asume deberes ineludibles e irrenunciables con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y con la satisfacción de estándares mínimos de cumplimiento.

Esos compromisos deben traducirse en una reorientación del proyecto de desarrollo nacional, de lo contrario, serán disposiciones condenadas a ser letra muerta.

No basta con establecer la obligación de las autoridades de promover, respetar, promover y garantizar los derechos.

Es necesario modificar los factores estructurales y emprender una transformación profunda de las condiciones de desigualdad socioeconómica y de las condiciones que impiden al Estado cumplir sus obligaciones.

En suma, el combate de la desigualdad y el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, deben ser reconocidos como aspectos medulares y al mismo tiempo, como fines del desarrollo nacional, que de acuerdo con la Constitución, sigue estando bajo la rectoría del Estado.

El desarrollo que debemos lograr, debe ser medido en términos de moderación de la desigualdad, de existencia digna y de derechos plenos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, el combate de la desigualdad y la promoción de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad, la dignidad y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Baja California Sur en la política de precios homologados y escalonados de los combustibles aplicada en la zona fronteriza. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A INCLUIR AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN LA POLITICA DE PRECIOS HOMOLOGADOS Y ESCALONADOS DE LOS COMBUSTIBLES APLICADA EN LA ZONA FRONTERIZA

“El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A INCLUIR AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN LA POLITICA DE PRECIOS HOMOLOGADOS Y ESCALONADOS DE LOS COMBUSTIBLES APLICADA EN LA ZONA FRONTERIZA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La gasolina es un producto, derivado del petróleo, utilizado diariamente por millones de mexicanos, con el fin de lograr sus actividades cotidianas, familiares, laborales y de esparcimiento. Su costo de producción y el precio al público está íntimamente ligado al precio del crudo, y su tendencia como la mayoría de las cosas en materia económica es a la alza.

En ese sentido, nuestro país no ha sido la excepción, donde por una  errónea política económica del gobierno federal, increíblemente, la gasolina en México es ya 50% más cara que en nuestro país vecino del norte como consecuencia de los aumentos mensuales a la gasolina aplicados a lo largo del 2014, además de un incremento de golpe del 1.9% a la gasolina aplicado en el primer mes de 2015.

Como se ha mencionado por diversos legisladores del Partido Acción Nacional, los deslizamientos recién aplicados a los precios de los combustibles ya no se justifican pues en México, ya eran más caros que en el mercado de referencia, y si el objeto de su aumento o deslizamiento fue en principio igualarlos a los de Estados Unidos, ese objetivo ya se cumplió y se superó, convirtiéndose en una medida materialmente recaudatoria.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del “Acuerdo por el que se sujetan las gasolinas y el diesel a precios máximos al público”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero del año en curso, exceptuó del mencionado incremento del 1.9% a la zona fronteriza.Ello en razón de que en esta zona se aplica la homologación de los precios con los que tiene el combustible en la frontera estadunidense.

Así, en el Estado de Texas, donde se tienen los precios más bajos de combustible de la Unión Americana, la gasolina se vende en 1.70 dólares por galón en San Antonio y en 1.89 en McAllen. Por su parte, en Tamaulipas se ofrece a 7.97 pesos por litro la Magna y 9.19 pesos la Premium.

Una situación similar se vive en entre los estados de Baja California, México, y de California, Estados Unidos.

En la zona Sur de California, frontera con el estado de Baja California, algunas gasolineras ofrecen el combustible regular en 2.25 dólares por galón, que a paridad en casas de cambio equivale a 8.50 pesos por litro, lo que resulta un precio mucho más competitivo que el que se tiene en la mayor parte del territorio nacional.

Estas políticas de precios administrados de gasolinas favorecen la elección del territorio nacional cuando un sujeto compra en uno u otro mercado y resultan de gran importancia en México, dado que ayudan al control de la inflación y equilibran, y favorecen a la economía de los ciudadanos.

La política de precios homologados y escalonados de las gasolinas en la frontera y el establecimiento de un tope nacional, equilibra el sistema de costos y desarrollo de los mercados naturales fronterizos, que se orientan siempre al precio bajo. Pero no es sólo en la franja fronteriza donde se necesitan este tipo de medidas.

En la región de Baja California Sur, los aumentos en las gasolinas, así como la reforma fiscal de 2013, han tenido un impacto severo y negativo en las economías familiares.

Según las cifras de Banxico e INEGI, la inflación acumulada en el primer trimestre es significativamente mayor en 2014 comparada con 2011, 2012 y 2013. En particular, destacan las ciudades de Mexicali (5.41 %), Tijuana (4.56 %), Ciudad Juárez (4.21 %), Matamoros (4.06%), la Paz (4.81 %) comparado con la República Mexicana (3.89 %). Para este 2015, no se espera que estas tendencias mejoren.

El aumento de los precios afecta el consumo de los hogares, especialmente aquel destinado a la adquisición de alimentos básicos, así como el de combustibles, los cuales son de carácter indispensable para la población.

Es importante resaltar, que el encarecimiento de la gasolina, aunado al impacto del incremento de la tasa del IVA en la región fronteriza que hasta 2013 contaba con una tasa del 11%,  ha resultado sumamente lesivo para la economía de Baja California Sur y en general de los estados comprendidos en la región fronteriza, que por su colindancia con Estados Unidos de América que altera los patrones de consumo requiere de tratos diferenciados para no afectar la competitividad de la región.

Por ello se considera necesaria la integración del Estado de Baja California Sur en la política de precios homologados de los combustibles, pues diversos factores como su ubicación geográfica, su condición peninsular que implica que la única salida terrestre sea al norte y sus interacciones comerciales con los estados colindantes, representan elementos que la identifican con la región fronteriza y que respaldan su integración a dicha región, tal como fue considerado por muchos años en la Ley del Impuesto al Valor Agregado para la aplicación de la tasa del 11%.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir al Estado de Baja California Sur en la política de precios homologados y escalonados de los combustibles aplicada en la zona fronteriza.

Senado de la República, a 5 de Febrero de 2015.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro”.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, dentro del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple reducir aún más el gasto público de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA QUE, DENTRO DEL AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2015, SE CONTEMPLE REDUCIR AUN MAS EL GASTO PUBLICO DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la información se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna”; es decir, en una democracia la equidad y la libertad deben prevalecer entre la ciudadanía y por supuesto en un pluralismos político.

Sin embargo, en México el gobierno federal no puede legitimar sus reformas estructurales por medio del diálogo y la razón, es por ello que echan mano de la publicidad oficial, a fin de inducir a la sociedad hacia una realidad en ocasiones inexistente.

Al respecto el artículo 134 de la Constitución Federal establece que:

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Lo dispuesto actualmente en el artículo 134, se modificó en el año 2007; sin embargo, a 8 años de su promulgación todavía no se cuenta con una ley que regule la publicidad oficial y se eviten abusos y despilfarros de los gobiernos federales, locales y municipales.

Por otro lado; el 30 de enero el Secretario de Hacienda y Crédito Público, informó sobre la necesidad de recurrir a un recorte del gasto público para este año, el cual será de 124 mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Dicha medida es preventiva y atiende en cierta media al entorno financiero internacional de la caída en los precios del petróleo.

La medida contempla la reducción de 62 mil millones de pesos en el presupuesto de Petróleos Mexicanos; de 10 mil millones de pesos en la Comisión Federal de Electricidad y de 52 mil millones de pesos en el gasto de las secretarías de Estado y dependencias federales.

Las Secretarías de Educación Pública, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Desarrollo Social, y Salud, serán las dependencias con mayor reducción en su presupuesto.

Sin embargo, la propuesta realizada por la Secretaría de Hacienda, únicamente reduce 10 por ciento el gasto del gobierno federal en medios de comunicación social. Al respecto, en el Informe Sobre los Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal en el Ejercicio Fiscal 2014, enviado a la Comisión Permanente del Congreso de Unión. Se observa que en el año pasado se gastó $5,849,628.56; de estos, $867,028.00 pesos lo ejercieron la Secretaria de Energía, Pemex y Comisión Federal Electricidad.1

Dichas dependencias destinaron en el año 2014,660 millones 775 mil pesos para publicitar las bondades de la reforma energética.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para la reducción del gasto en comunicación social, es lo establecido en el segundo párrafo del apartado C del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

De no respetar el párrafo citado, se estaría violando el principio de equidad en los próximos comicios electorales, pues la publicidad oficial es una herramienta del gobierno federal para inducir o no a los ciudadanos a votar por algún candidato a cargo de elección popular. 

Por otra parte, el gasto excesivo en años de crisis económica y de comicios electorales contradice el discurso de austeridad gubernamental, más aún cuando no se reduce el presupuesto en otras áreas como son el de comunicación social, o bien de la remodelación del hangar presidencial, en el cual, en este año se destinarán 348 millones de pesos, para dar un total de 977.7 millones de pesos invertidos.

Es innegable que en la vida política e institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, por tal razón, una bandera que siempre se ha portado e impulsado es la Austeridad Republicana; es decir, reducir los salarios de los servidores públicos de altos mandos, eliminar bonos extraordinarios y demás prestaciones superfluas y frívolas.

No se puede permitir la utilización de los medios de comunicación con campañas publicitarias engañosas para persuadir a los ciudadanos sobre un tema tan importante para la vida pública de México.

El sistema político e institucional está diseñado para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas; así lo demuestra la publicidad oficial, por medio de la cual la élite política y económica trata de imponer a la población las reformas estructurales, a través de los medios de comunicación. México no se encuentra en las condiciones de estar gastando el erario público en spots publicitarios, sino por el contrario, se debe contar con una verdadera austeridad republicana.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, dentro del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple reducir aún más el gasto público de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
a 5 de febrero de 2015”.


1 Informe Sobre los Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal Ejercicio Fiscal 2014, Recursos Presupuestarios en Materia de Comunicación Social. Consultado el 16 de enero de 2015, disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/ene/Inf_ComSoc2014-20150114.pdf





Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua, a establecer un nuevo mecanismo para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASI COMO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN NUEVO MECANISMO PARA EL OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES O ASIGNACIONES DE AGUAS NACIONALES

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, es decir, casi una octava parte de la población mundial. Esto representa un grave problema para toda la humanidad, ya que mientras que la población mundial se triplicó en el siglo XX, el uso de agua renovable ha incrementado seis veces. 

En los próximos 50 años se calcula que la población crecerá entre un 40 y 50% más; asimismo, se estima que 1.4 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de agua sucia, es decir, alrededor de 4,000 muertes al día o un niño cada 20 segundos.1

Este panorama tan desolador en torno al vital líquido, debe llevar a la sociedad a reflexionar acerca del uso y aprovechamiento que hace de este recurso hídrico, ya que el abuso y exceso en su utilización puede ocasionar graves consecuencias para la población mundial.

En este sentido, México debe cumplir con los compromisos asumidos en la materia, y emprender una política encaminada al uso responsable de este líquido vital, promoviendo el uso racional y adecuado del mismo.

De igual modo, el Estado debe hacer valer el derecho humano de que todas las personas tengan acceso al agua, esto implica, por un lado, la construcción de la infraestructura necesaria para que todas las viviendas reciban agua potable; y por otro lado, otorgar permisos para que las personas puedan explotar agua de pozos y con esto satisfacer sus necesidades.

Uno de los sectores más afectados por la falta de una infraestructura adecuada de agua, es el campo; algunas estimaciones de especialistas en la materia hablan de que producir alimentos requiere entre 2.000 y 5.000 litros/persona/día, dependiendo de las diferencias climáticas y dietéticas, así como de la eficiencia de los sistemas locales de producción de alimentos; pero ante una falta de una infraestructura adecuada en el país, la realidad evidencia un campo debilitado y abandonado.

Contrario a lo que necesitan los campesinos y zonas rurales en México, el 7 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal, expidió un Decreto, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales daba a conocer las “facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009”.

En el mismo documento de referencia, se señala que “el 29 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”, mediante el cual se modificó, entre otros, el artículo 24 de la referida Ley, a fin de establecer un nuevo periodo para la presentación de solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación, lo cual generó confusión entre los usuarios del recurso hídrico que ya contaban con un título autorizado hasta esa fecha.

Asimismo, el Decreto citado señala que; “del 1 de enero de 2009 a la fecha, no se ha solicitado la prórroga de 73,241 concesiones o asignaciones de aguas nacionales en los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que en términos de dicha disposición esa omisión se considera una renuncia a tal derecho”.

Y reconocen en el Decreto multicitado que: “dicha circunstancia puede generar perjuicio en el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la producción de alimentos, la ganadería, la producción industrial, el acceso, calidad y prestación de los servicios y el turismo, así como el riesgo del surgimiento de conflictos sociales que incidan en la adecuada administración del recurso hídrico”.

En este sentido, el plazo otorgado al 31 de diciembre pasado como límite para solicitar la renovación de los títulos de concesión y asignación de concesiones para el uso de aguas nacionales de más de 71, 000 permisos en lapso de poco más de 8 meses es difícil de cumplir. Esto demuestra la falta de publicidad e información a la que no tuvieron acceso los concesionarios, o bien los requisitos solicitados se encontraban fuera de su alcance, por lo tanto, no han podido hacer dichas renovaciones.

Tal es el caso de diversos productores, que han demandado no haberse podido adherir al Decreto presidencial “debido a que los requisitos y reglas de operación establecidas en dicho documento, para los productores, estaban fuera de su alcance”, del mismo modo han manifestado que dicho procedimiento “presentaba serias inconsistencias”, situación que los dejó en estado de indefensión, y sobre todo sin las prórrogas de sus concesiones y con ello se ponen en riesgo la productividad de sus tierras.

En este sentido, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua, deben atender las solicitudes que fueron presentadas con el objeto de otorgarle las prórrogas de las concesiones o asignaciones, y no concluyeron su trámite ante la instancia correspondiente, o bien no han recibido respuesta de parte de la autoridad.

Del mismo modo, de ser necesario, plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones, estableciendo requisitos y mecanismos accesibles para todos, con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de productores o personas posible.

Sería una gran irresponsabilidad, en perjuicio de toda la sociedad, que el Ejecutivo Federal no atienda las demandas tanto de productores como de familias que han sido excluidos con la negativa de renovación de concesiones y asignaciones para el uso de aguas nacionales.

Si el Ejecutivo Federal tiene verdaderas intenciones de sacar al campo del olvido en el que por décadas ha estado, deberá emprender mecanismos que atiendan las demandas de los más de 73, 000 concesionarios o asignatarios que no pudieron o no fueron beneficiados con las prórrogas de dichos permisos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÙNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional de Agua con el objeto de:

a) Establecer un nuevo mecanismo para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales.

b) Dar seguimiento y término de manera favorable a las solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación de concesiones para el uso de aguas nacionales presentadas en tiempo y forma, y que no han sido resueltas o atendidas por la autoridad competente.

c) Implementar acciones que beneficien directamente a los más de setenta y un mil pozos (71,000) de riego agropecuario y de agua potable que no fueron prorrogados por la CONAGUA, abriendo un nuevo periodo para su inscripción a la prórroga de los títulos vencidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
a 5 de febrero de 2015”.


1 Véase, “Agua en el mundo”, disponible en http://www.aguas.org.mx/sitio/02a4.html





Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para celebrar sesión solemne el 12 de febrero de 2015, con motivo del centenario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO PARA CELEBRAR SESION SOLEMNE EL 12 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CREACION DE LA FUERZA AEREA MEXICANA.

“El que suscribe, Senador de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Fuerza Aérea Mexicana es una de las dos fuerzas armadas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional. Su objetivo es defender la integridad, la independencia y la soberanía en México, así como garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

El término Fuerza Aérea Mexicana, se refiere a la totalidad del equipo aéreo y al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio de aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, las Unidades Aéreas y demás Dependencias.

La Fuerza Aérea Mexicana tiene su origen en el año de 1915, cuando el entonces Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza expide el 5 de febrero de 1915 el Decreto mediante el cual se crea el Arma de Aviación Militar.

Como es de su conocimiento, México ha sido toda su historia un país de paz, sin embargo, en combate, tuvo su primera y exitosa aparición en la II Guerra Mundial. En mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían petróleo a los Estados Unidos, fueron atacadas por submarinos alemanes, por lo que el Presidente Manuel Avila Camacho declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia.

De ésta forma, Avila Camacho determinó contribuir con Estado Unidos, enviando un contingente, cuya actuación fuese significativa, pero sin representar un alto costo humano ni económico, para nuestro país.

En febrero de 1944, se seleccionó a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea, mismos que formaron el grupo llamado “Escuadrón de Pelea 201”, que integró la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, y embarcaron rumbo a Manila, Filipinas. El día 17 de mayo comenzaron los vuelos en zona de combate, como parte de las unidades estadounidenses, acumulando más de 280 horas de vuelo, en 59 misiones de apoyo a las tropas de tierra, bombardeando y ametrallando las posiciones japonesas y contribuyendo a la derrota de los japoneses y al restablecimiento de la democracia en el mundo.

Esta proeza de la Fuerza Aérea Mexicana, sirvió para crear una Arma Aérea Militar reconocida en todo el mundo. Es de reconocer el esfuerzo que realiza la Secretaría para mantener a la flota aérea militar, y para capacitar y preparar a pilotos que están listos en todo momento para salvaguardar la integridad de los mexicanos.

La Fuerza Aérea Mexicana ha tenido a lo largo de su historia destacadas participaciones dentro del plan DN-III-E, que derivado de desastres naturales, sirven a la población para ponerlos a salvo a ellos y a sus bienes. No es coincidencia que el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea ocupan el primer lugar como la institución mejor evaluada por los ciudadanos. Sin duda, es premio al esfuerzo, lealtad y amor a México que tienen todos los que pertenecen a la Fuerza Aérea.

Por ello, conmemorarlos a 100 años de su creación, es una excelente oportunidad para evocar no sólo nuestra lealtad como mexicanos al Ejército, si no para reconocer la valentía y coraje para representar y defender desde el aire a nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se celebrará una sesión solemne en la Cámara de Senadores el 12 de febrero de 2015, con motivo de la celebración del Centenario de creación de la Fuerza Aérea.

Dado en el salón de sesiones, a 5 de febrero del 2015.

Atentamente

Fernando Yunes Márquez
Senador de la República”.






De los Senadores Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se crea una comisión especial de seguimiento a los posibles casos de conflicto de interés en el Poder Ejecutivo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA UNA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES CASOS DE CONFLICTO DE INTERES EN EL PODER EJECUTIVO

“Quienes suscriben, ARMANDO RIOS PITER, BENJAMIN ROBLES MONTOYA, ZOE ROBLEDO ABURTO, IRIS VIANEY MENDOZA Y RAUL MORON OROZCO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, fundado de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo para CREAR UNA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES CASOS DE CONFLICTO DE INTERES EN EL PODER EJECUTIVO, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El tema del conflicto de interés por la adquisición de inmuebles, por parte del titular del Poder Ejecutivo, a través de su esposa y el Secretario de Hacienda con la Constructora Higa, empresa que se cuenta con una relación histórica desde el gobierno del Estado de México, debe ser considerado como uno de los temas más preocupantes de posibles actos de colusión entre el poder político y el poder empresarial, que abona a las difíciles condiciones de incertidumbre y descredito de la clase política.

Las respuestas oficiales sobre los cuestionamientos de los medios de comunicación no han contribuido a mejorar la percepción pública sobre la posibilidad de que dichos actos sean constitutivos de violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su aartículo 8, Fracción XII establece que todo servidor público debe:

Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley;”Estos escándalos relacionados con la posibilidad de un conflicto de intereses en relación a la Casa Blanca y Casa de Ixtapan de la Sal por funcionarios del más alto nivel, evidencia aun más la debilidad y los vacios de legales para establecer controles patrimoniales de quienes ejercer el poder en México.

Sin embargo, el anuncio del pasado 3 de febrero del Ejecutivo Federal, por el que establece que  Secretaría de la Función Pública investigará si hubo conflictos de interés en la compra de las propiedades y el nombramiento de Virgilio Andrade, como titular de esa dependencia, y las medidas administrativas para servidores públicos como presentar una declaración de posibles conflictos de interés a partir de mayo, cuando entregan su declaración patrimonial, supervisión, simplificación y vigilancia sobre proveedores, no cumple con los requisitos mínimos con los que una investigación de tal envergadura debe cumplir en una democracia. Para el Congreso de la Unión, específicamente para la Cámara de Senadores, este anuncio, es insuficiente dentro de un marco de división de poderes, incluso el nombramiento de un nuevo titular para la Secretaría de la Función Pública, no garantiza la autonomía con la que deben ser llevadas las investigaciones.

Particularmente,  revitalizar a la Secretaria de la Función Pública, es una señal preocupante, que neutraliza los avances alcanzados a partir de las reformas aprobadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública en septiembre de 2012, que entraron en vigor el pasado 2 de enero de 2013, por el que se trascendía de un esquema de Secretaría de la Función Pública a un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, del cual, sólo hemos visto materializada la creación de una fiscalía especializada en esa materia, aunque permanece pendiente el nombramiento de su titular. Cabe destacar que el 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República aprobó un dictamen que contempla la creación de un órgano con autonomía constitucional, que sería el encargado de encabezar el mencionado sistema; actualmente dicha Minuta se encuentra congelada en la Cámara de Diputados. El Senado de la República en pleno respeto de la división de poderes, y con el objetivo de garantizar la autonomía del proceso de investigación debe crear una Comisión Especial de Seguimiento a la investigación sobre posibles conflictos de intereses  en las operaciones realizadas por el Grupo Higa con el titular del Poder Ejecutivo e integrantes del gabinete.

Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, estamos convencidos que en momentos de crisis de la legitimidad de las instituciones sobre las que se erige la democracia, la transparencia y el combate al conflicto de intereses de todo servidor público, contribuirá a restaurar el orden y el ejercicio del poder público, que han depositado los ciudadanos mediante el ejercicio del voto, vigilar el correcto ejercicio del poder, permite a las mujeres y hombres estar en igualdad ante la ley y la justicia.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución, con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la investigación sobre posibles conflictos de intereses  en las operaciones realizadas por el Grupo Higa con el titular del Poder Ejecutivo e integrantes del gabinete.

Salón de sesiones del Senado de la República, 5 de febrero de 2015.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Zoe Robledo Aburto.- Sen. Iris Vianey Mendoza.- Sen. Raúl Morón Orozco”.






De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y del Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a realizar una revisión integral de la estructura de su gasto público, a fin de establecer medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. Se turna a la Comisión de Federalismo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS A REALIZAR UNA REVISION INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DE SU GASTO PUBLICO, A FIN DE ESTABLECER  MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

“Los suscritos Senadoras BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, ARELY GOMEZ GONZALEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO,  GRACIELA ORTIZ GONZALEZ y Senador MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, fracción I, numeral 1, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El entorno internacional actual no distingue en hacer estragos a economías desarrolladas o en desarrollo. Todas las naciones inmersas en la globalidad padecen ya el deterioro provocado por la caída tan significativa de los precios internacionales del petróleo. Mientras los países importadores se beneficiarán, los exportadores se verán afectados negativamente por la caída de sus ingresos y la presión sobre sus finanzas públicas.

No obstante, no se vislumbra una recuperación a la caída del crudo en 2015 y sí una tendencia marginal positiva durante 2016, de acuerdo a las “Perspectivas Económicas Mundiales” del Banco Mundial.

Un segundo elemento, es la recuperación económica de los Estados Unidos y un eminente anuncio de la Reserva Federal que incremente las tasas de interés por primera vez en diez años. Esta situación, aunada al descenso de los precios del petróleo, ha provocado que no sólo el peso mexicano se deprecie sino también ha impactado a la mayoría de las monedas del mundo.

El alza de tasas de interés en los Estados Unidos restringirá, en alguna medida, la disponibilidad de capitales para inversión en las economías emergentes, incluido México.

Pero, ¿Cuál es el papel de México y cómo responder ante estos escenarios adversos?

Por una parte, se debe seguir defendiendo la buena conducción de la política económica y mantener la estabilidad de los indicadores macroeconómicos.

Estos factores internacionales nos obligan a tomar con urgencia las previsiones adecuadas que hagan frente a la posible reducción de los ingresos fiscales para los gobiernos federal y estatales.

Primero, porque las economías suelen contraerse reduciendo sus compras al exterior hecho que afectará la disminución de las exportaciones nacionales y por ende la disminución de la actividad económica.

Segundo, si las tasas de interés se incrementan en los Estados Unidos, las inversiones extranjeras en México pueden verse afectadas.

La fortaleza de la economía mexicana está sustentada en las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión, sin las cuales estaríamos enfrentando escenarios y retos mucho más adversos.

La máxima que debe regir en los tres órdenes de gobierno deberá concretarse en orientar adecuadamente el gasto público, sobre todo en programas sociales que blinden la economía de los hogares y las familias mexicanas.

Reducir el gasto corriente es una medida responsable que valdría la pena que los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal asumieran como una estrategia idónea de gasto y sin desatender a las familias que día a día son apoyadas.

Gastar menos y gastar mejor equivale a reducir los gastos no necesarios, equivale a enfrentar de manera distinta y con una estrategia decidida los riesgos provocados por las condiciones económicas internacionales.

Estas medidas son la ruta adecuada porque no contemplan un incremento de los impuestos traduciéndose en un beneficio adicional para los mexicanos. El gasto social debe estar y seguir garantizado.

Bajo este marco, es fundamental que las autoridades estatales y municipales lleven a cabo un análisis integral de la situación que prevalece en sus finanzas públicas, a fin de establecer responsablemente medidas de austeridad y disciplina en el gasto público.

Por lo anteriormente expuso, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a realizar una revisión integral de la estructura de su gasto público, a fin de establecer medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, sin afectar el gasto destinado a programas sociales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de febrero de 2014.

Atentamente

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera”.






De la Senadora Dolores Padierna Luna y del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL FIN DE EXPLICAR LA ESTRATEGIA HACENDARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE LA CAIDA INTERNACIONAL DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO

Los suscritos Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL FIN DE EXPLICAR LA ESTRATEGIA HACENDARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE LA CAIDA INTERNACIONAL DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como ya está siendo costumbre de la actual administración, casi todos los días nos dan malas noticias y existen contradicciones entre lo que se dice en un momento dado y lo que se dice pocos días después. Sólo baste señalar como ejemplo, la constante revisión a la baja de la estimación del crecimiento económico. Para 2013 se estimó originalmente que sería de 3.5% y finalmente terminó en sólo 1.4%.Para 2014, la estimación original fue de 3.9%. Cada trimestre la SHCP la fue revisando a la baja y finalmente lo que es más probable es que quede en sólo 2.0%.Para 2015, en los Criterios Generales de Política Económica se estimó un crecimiento de 3.7%. En pocos meses ya se habla de 3.0% y para algunos alcanzaremos cuando mucho una cifra de crecimiento más cercana al 2% cuando termine este año.

El pasado 15 de enero, los subsecretarios de Hacienda Messmacher y Aportela comparecieron ante la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la evolución reciente de la economía y de las finanzas públicas. De manera reiterada dijeron que los ingresos estimados para 2015 estaban “blindados” ante disminuciones del precio del petróleo, ya que se contaba con “coberturas” que aseguraban al 100% del precio de 79 dólares, utilizado para la estimación de los ingresos petroleros y que por ello no habría necesidad de reducir el gasto. A pesar de los múltiples cuestionamientos sobre cómo operarían las coberturas, los subsecretarios no lo explicaron con claridad e insistieron en que no había problema alguno.

El pasado 30 de Enero el Secretario de Hacienda informó sobre una reducción de $124 mil millones de pesos al gasto público de 2015, aunque señaló que es de manera preventiva y no por una reducción prevista de los ingresos. Como siempre dijo que los culpables de la difícil situación económica y de las finanzas públicas para este año y los subsecuentes, son “factores externos adversos”, como la baja de los precios del petróleo, la volatilidad de los mercados financieros internacionales, los conflictos internacionales y el insuficiente crecimiento de la economía mundial. Es sorprendente que aún no se reconozca que lo que no funciona y nunca ha funcionado es el modelo de desarrollo vigente desde hace 30 años.

Pero eso sí, sigue esperanzado en que mejoren las condiciones externas, para ver si algo nos toca y que las “reformas estructurales” funcionen, a pesar de que es un hecho que hasta la fecha no han funcionado. La enorme propaganda desplegada por el Gobierno de Peña Nieto y el gasto asociado a ella, para tratar de vender sus reformas, decía que tendrían impactos inmediatos en el bolsillo de los mexicanos. Ante la falta de resultados, ahora dicen que los beneficios se verán hasta el mediano y largo plazos.

También trata de engañar a la población diciendo que ya se están viendo resultados de las reformas. El único resultado concreto que debe reconocerse es la eliminación del cobro del servicio telefónico de larga distancia local. La disminución de las tarifas eléctricas es resultado de los menores costos de los hidrocarburos que se utilizan para producir electricidad, lo que no tiene nada que ver con la reforma energética. Nada más faltaba que se pagaran mayores precios a los productores independientes, siendo que sus costos se han reducido. La gasolina ya es mucho más cara en México que en Estados Unidos y a pesar de ello, la SHCP la incrementó 1.9% a inicio de 2015. Al 26 de enero el precio de la gasolina regular en la costa este de los Estados Unidos fue de $7.13 por litro1 y en México la gasolina magna cuesta $13.57, 90% más. El gas doméstico también subió 1.9%.

Si de lo que se tratara es de beneficiar a la población, se debería aplicar una política de precios de los combustibles más racional y no utilizarla para financiar el gasto público. Sin embargo, las deficiencias estructurales de las finanzas públicas las hacen depender en una medida importante de los recursos petroleros y de sus productos derivados y es por ello que, aunque la SHCP se haya resistido a aceptar que si habrá un impacto negativo en los ingresos públicos, derivado de la caída de los precios del petróleo, ahora anuncie recortes al gasto.

La reforma hacendaria lo único que ha producido es un impacto negativo en los bolsillos de los contribuyentes y en la justificación de un crecimiento desmedido del gasto público que no se ha reflejado ni en mayor crecimiento económico, ni en mejores servicios públicos, ni en mejores condiciones para la mayoría de la población. No redujo la dependencia de los ingresos petroleros. No se ha reducido el endeudamiento, por el contrario sigue creciendo de manera importante. De diciembre de 2013 a noviembre de 2014 la deuda neta del sector público aumentó en $704 mil millones de pesos2 y para 2015 se prevé aumentarla en $572 mil millones adicionales3. Durante la primera mitad de la administración de Peña Nieto la deuda pública será 27% mayor a la heredada por Calderón.

Del anuncio de Videgaray destaca lo siguiente:

a. Para 2015 no se prevén menores ingresos por las coberturas petroleras; sin embargo, se reducirá en $124 mil millones el gasto público, equivalente al 0.7% del PIB, de manera preventiva para el difícil escenario que se vislumbra para 2016 y años subsiguientes.

Reducciones al gasto público

Dependencia

Millones de pesos

Pemex

62,000

CFE

10,000

Gobierno Federal

52,000

Gasto corriente

34,000

Inversión

18,000

b Medidas de reducción al gasto corriente:
● 10% a salarios de mandos medios y superiores
● 10% a personal eventual y honorarios
● 10% a comunicación social

c. Programas no afectados
● Prospera
● Vivienda
● Universidades
● Empleo temporal
● Ramos 23 y 33 (aportaciones a entidades federativas y municipios)
● Fondos agropecuarios

d Programas afectados
● Pensión para adultos mayores
● Zonas prioritarias
● Televisores para el apagón digital

e Proyectos de inversión no afectados
● Aeropuerto de la Ciudad de México
● Conservación de carreteras y autopistas
● Construcción de caminos rurales

f. Proyectos de inversión afectados
● Tren transpeninsular (cancelado)
● Tren rápido México-Querétaro (pospuesto indefinidamente, más no cancelado)
● Reducción de metas físicas en otros proyectos

g Medidas de austeridad. Reducción de:
● Asesorías
● Telefonía celular
● Viajes
● Viáticos

a. Para 2016 se modificará sustancialmente la forma de presupuestación. Ya no será con base inercial; es decir, aplicando un porcentaje de incremento a lo ejercido el año anterior. Se hará una revisión integral del gasto público en todos sus rubros, incluyendo la eliminación de programas que no tengan impactos positivos en la población.

De lo anunciado por el Secretario de Hacienda se desprende que: No es del todo claro que el ajuste anunciado sea solamente preventivo y que no se deba a una reducción de los ingresos previstos. La SHCP no ha explicitado cómo funcionarán las coberturas petroleras ni si son suficientes para soportar una caída prolongada del precio del petróleo. Lo que ha trascendido es que se ejercerán hasta finales del año y por lo tanto, se tendrá un déficit mayor a lo previsto durante los primeros meses que se tendría que financiar con deuda, lo que Videgaray descarta por la reducción anunciada del gasto. El Ejecutivo Federal, en voz de su Secretario de Hacienda, evitó especificar cuál será el impacto de la reducción en la economía.

Un aspecto importante es el anuncio de la modificación de la forma de presupuestación para 2016. Por fin, como hemos insistido reiteradamente, se dice que habrá una revisión integral del gasto público. Ya no se definirá sobre bases inerciales. Esto requerirá de un trabajo detallado que incluya, entre otros aspectos: el rediseño de las estructuras administrativas; la política salarial, principalmente para mandos medios y superiores; la supresión de gastos no indispensables; la revisión y evaluación de los programas sociales y de los proyectos de inversión. Es muy importante que el Congreso participe activamente en todo el proceso de reingeniería del gasto público para que esté debidamente preparado para su discusión y eventual aprobación. Consideramos positivo que por fin se reconozca que el gasto público es ineficiente o por lo menos diga el Secretario que tiene “áreas de oportunidad” para mejorar. Este reconocimiento es un sin duda un avance. Pero falta lo más importante, precisar: ¿qué se va a hacer? y ¿cuáles serán sus resultados?

Así mismo, parece que el Secretario está conforme con el sistema fiscal ya que no abordó ninguno de los problemas estructurales de los ingresos. Está muy contento con la llamada “reforma hacendaria”, sin que a la fecha haya sido evaluada y que continúe la dependencia de los recursos petroleros, que una vez más se ha demostrado que son un riesgo importante para las finanzas públicas.

Dos importantes aspectos que no abordó el Secretario y que es impostergable atacar son los relativos a la falta de transparencia con que se usan los recursos públicos y el indispensable combate a la corrupción, que debe ser parte de la reingeniería del gasto público.

Para 2015 el panorama no es nada alentador. Si bien nos va, creceremos 3.0% y eso siempre y cuando aumenten las exportaciones, que están en función de la economía estadounidense; que se recuperen los precios del petróleo y que se estabilicen los mercados financieros internacionales. Es decir, seguir con la esperanza de que el entorno externo mejore, porque en ámbito interno no se vislumbra ningún cambio. No se anunciaron medidas de reactivación del mercado interno ni de incremento a la competitividad del país. Mientras la estrategia hacia el exterior se mantenga, sin haber una política industrial que incremente el contenido nacional de las exportaciones y que sustituya las importaciones de bienes de consumo, que se erradique la corrupción y que funcione un efectivo estado de derecho, el país se mantendrá en crisis recurrentes producto del agotamiento del modelo económico, político y social que sostiene el Ejecutivo  Federal y sus aliados en el Congreso.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso,  con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. En la comparecencia, el Secretario deberá informar el detalle del impacto total de la caída de precios del petróleo en las finanzas públicas, en el fondo mexicano del petróleo y qué se va a hacer con los 170 millones de barriles que quedan fuera de las coberturas petroleras, además del impacto que las medidas de reducción de gasto tendrán sobre el crecimiento económico para este año.

SEGUNDO.-El Senado de la república se pronuncia en contra del recorte anunciado al gasto de inversión y de infraestructura de Pemex y CFE por el efecto recesivo que genera.  

TERCERO.- El Senado de la república se pronuncia por la disminución de otros rubros de gasto pero no cancelar el programa de adultos mayores, las zonas prioritarias y sólo disminuir la entrega de televisores pero sin que se garantice que no se usarán con fines electorales.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que en el diseño del nuevo modelo de gasto público participe el Congreso de la Unión y que se incluyan medidas severas para el combate a la corrupción y mejores reglas para una plena transparencia en el ejercicio del gasto público.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta a que el Ejecutivo Federal instrumente una estrategia inmediata de fortalecimiento del mercado interno que, entre otras medidas, contemple: una política industrial basada en la sustitución de importaciones, aumentar el contenido nacional de las exportaciones, reactivar al campo, terminar con la inseguridad, combatir la corrupción, aumentar el salario mínimo y los empleos bien pagados.

Dado en el Senado de la República, a 5 de febrero de 2015.

Suscriben

Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 Fuente. US Energy Information Administration. ttp://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_gnd_dcus_r30_w.htm

2 SHCP. Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas. http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx

3 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en dependencias y entidades federativas en la economía popular. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DR. LUIS VIDEGARA PARA QUE INFORME DETALLADAMENTE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES, CAUSAS Y CRITERIOS ASUMIDOS PARA SU DETERMINACION, ASI COMO SUS EFECTOS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA ECONOMIA POPULAR

“El que suscribe, Senador ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

ANTECEDENTES

El 30 de enero del 2015, el Secretario de Hacienda, Dr. Luis Videgaray reconoció, implícitamente que tanto las coberturas adquiridas sobre el precio del petróleo, como la devaluación compensatoria aplicada al tipo de cambio no fueron efectivas ni suficientes para equilibrar el presupuesto del presente año y que por lo tanto se harían ajustes presupuestales.

Tal como había venido advirtiendo, desde el último trimestre del año 2014, era evidente la fragilidad de varios de los criterios adoptados para la proyección del Ingreso y del Presupuesto de Egresos del 2015, pero en particular los que correspondieron a los supuestos de 79 dólares el precio del barril de petróleo y 13.40 pesos por dólar en el tipo de cambio.

De esas dos variables, el precio internacional del petróleo está completamente fuera del alcance de cualquier intervención gubernamental, es decir, es una variable exógena neta, por lo cual  es prácticamente nulo lo que se puede hacer para controlarla.

Pero es diferente en el caso del tipo de cambio. Existen en reservas internacionales más de 190 mil millones de dólares a la fecha, y al respecto de su manejo, la Ley del Banco de México establece:

1.- Artículo 18  “El Banco de México contará con una reserva de activos internacionales, que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país”

2.- Artículo 21 “El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las directrices que determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe…”

3.- Artículo 22 “La Comisión estará facultada para: ….

I…

II…

III.- Señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva a que se refiere el artículo 18.”

Por dichas razones, es que a partir del 9 de diciembre de 2014 –tal como me permití  exhortar el 04 del mismo mes—  el Banco de México anunció su intervención en el mercado con una subasta de 200 millones de dólares, pero, que solo se ejecutaría “cuando el tipo de cambio presente una depreciación, entre sesiones, cuando menos de 1.5 por ciento”, a lo cual manifesté que dicha intervención no era eficiente ni suficiente porque se estaba permitiendo que la moneda nacional se siguiera devaluando y afectando a los actores económicos y a los trabajadores por  las inevitables consecuencias de reducción de la capacidad adquisitiva del peso.

Más allá de las cifras y montos queda claro que el banco central mexicano junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen la posibilidad legal de manejar la variable del tipo de cambio, tal como se precisa en las citas de los artículos arriba mencionados y en la propia intervención realizada a partir del 09 de diciembre. Por cierto intervención bastante al margen de la tan pregonada “libre flotación del peso”.

En estos momentos, en estas circunstancias, el tipo de cambio es una variable controlable dado el monto de las reservas internacionales y los elementos legales para hacerlo; en este sentido es necesario asumir nuevas responsabilidades para evitar más condiciones adversas para el país.

En el presente escenario, es loable el reconocimiento que la SHCP hace de la seriedad del colapso, en su boletín de prensa del 30 de enero pero es incompleto ante el deterioro del entorno económico internacional; deterioro que tiene como causa central la presencia de una crisis sistémica – no cíclica— financiera mundial cuyos efectos son sensibles y de alto impacto en la economía mexicana. La importancia de completar el diagnóstico preciso, es que permitiría, que las políticas económicas diseñadas como alternativa a la problemática puedan ser eficaces.

La pobreza creciente; la desigualdad del ingreso; la falta de empleo y de empleo bien remunerado van a empeorar con la política de “ajustes” de cualquier tipo sean preventivos o no. Estos ajustes, son parte de una política inconveniente al interés nacional porque sus efectos son recesivos, los pronósticos oficiales sobre el crecimiento lamentablemente volverán a fallar y será hacia la baja.

Se necesita de nuevas ecuaciones, nuevos criterios para resolver positivamente estos problemas tan cruciales para el logro del bienestar de millones de mexicanos.

Se requiere una  explicación más amplia y detallada al respecto, no solo sobre las partidas recortadas, sino también sobre las conceptualizaciones de lo que están proponiendo las autoridades hacendarias y monetarias; es importante conocer cómo pretenden enfrentar esta nueva situación económica de emergencia mundial y nacional, para las próximas semanas, porque la crisis no ha terminado.

El monto del ajuste es alto: 124,300 millones de pesos, donde la parte crucial en primer lugar son los recortes en inversión por 35,000 millones de pesos con la afectación a dos obras importantes de infraestructura como son los trenes a Querétaro y el Transpeninsular; obras claves para dinamizar las economías regionales.  Y aunque el monto del recorte en Gasto Corriente es mayor, el impacto de la disminución de la inversión tiene un efecto más amplio por la falta de creación de riqueza económica.

Precisamente para evitar la cancelación de las obras de infraestructura urgentes que la nación demanda, había solicitado un cambio en el artículo segundo de la Ley del Banco de México para ampliar su objetivo favoreciendo el crecimiento económico y de esa manera –ante eventualidades como las actuales-- se puedan usar las reservas internacionales para solo cubrir los financiamientos de las  impostergables obras para el progreso económico. Y es posible hacer constitucionalmente dicho cambio.

El anuncio de la SHCP sobre el tema de los ajustes  requiere de una discusión nacional mayor. No es solo el tema de los recortes en sí mismo, sino la urgencia de implementar un verdadero acuerdo económico nacional para realizar los ajustes cruciales en los fundamentos, criterios, diseño y aplicación de la política económica en particular.

CONSIDERACIONES

Dado que está demostrado fehacientemente que los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del propio Banco de México, en cuanto al precio del petróleo han sido muy seriamente afectados por la crisis económica y financiera mundiales, cuantificablemente en más del 50%.

Dado que el impacto de ella y de los ajustes en la dinámica interna es de alto impacto en la estructura económica nacional actual.

Que los empresarios y actores económicos están preocupados por el componente del tipo de cambio en un sin número de transacciones;  y que la inestabilidad cambiaria y la incertidumbre del comportamiento de las autoridades monetarias nacionales ponen en peligro la obtención de las ganancias esperadas.

Que hay nuevos elementos de riesgos internacionales  como son la posibilidad de que la zona Euro tenga un colapso tipo dominó por la negativa de Grecia de continuar por la austeridad impuesta por las autoridades monetarias de la Zona Euro.

Que los efectos de la caída del precio del petróleo ya afectó los valores accionarios de empresas y bancos asociados a la práctica petrolera del fracking.

Que está demostrado que en casos de crisis, como la actual, la reactivación económica viene incentivando el consumo y la inversión. Para muestra un ejemplo, el propio Presidente de los Estados Unidos, señala que para enfrentar el deterioro de la amplia clase media por diversos efectos acumulados y actuales va a darle a la población mayor capacidad de gasto por medio de la reducción de impuestos y a la vez va a incentivar la inversión dinámica de la infraestructura (¡). Es importantísimo, al respecto, escuchar la opinión de la Secretaría de Hacienda, porque en medio de la crisis, aquí se hace lo contrario. Definitivamente esto muestra que en EUA están preocupados y actúan en favorecer la mejora de la vida de la población.

Que los ajustes anunciados significan, otra vez más, retraso en la solución y en las alternativas para resolver los problemas económicos nacionales más sentidos.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DR. LUIS VIDEGARA PARA QUE INFORME DETALLADAMENTE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES, CAUSAS Y CRITERIOS ASUMIDOS PARA SU DETERMINACION, ASI COMO SUS EFECTOS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA ECONOMIA POPULAR

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a esta Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS A INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIONES EN REFERENCIA A SU DECLARACION QUE PARA EL AÑO 2015 “HAY RAZONES DE FONDO QUE VAN A MANTENER LA COTIZACION DEL PESO BAJO CONTROL

“El que suscribe, Senador ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

ANTECEDENTES

1.- Diversos medios de prensa, publican el 23 de enero del 2015, declaraciones del Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstens Carstens, emitidas desde en el 45 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el sentido que “Hay razones de fondo (en México) que van a mantener la cotización del peso bajo control” y que “hay bastante volatilidad. Ha habido una apreciación general del dólar prácticamente contra todas las divisas, pero los fundamentos fuertes de México lo van a mantener relativamente anclado” así como “…México, si bien se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo pues tiene una fortaleza macroeconómica bastante importante” y que “con las reformas estructurales y la recuperación de la economía de Estados Unidos va a poder tener un crecimiento económica bastante mayor que la mayoría de los países de Latinoamérica” (Excelsior, La Jornada, 23 de enero de 2015).

2.- La resistencia del peso, según algunos analistas, que incluirían a la consultora Bloomberg, serían la referencia de Banxico, que –en lo que va del año-- mientras otras monedas se deprecian el peso mexicano se apreció. Así tendríamos que el peso mexicano se apreció 1.35 % frente al dólar, mientras que el rublo ruso se depreció 12.49 por ciento; el zloty polaco lo hizo en 5.03 por ciento, la corona checa en 5.36 por ciento. Mientras el peso argentino se devalúo 1.67 por ciento. Habría que agregar que también el real brasileño y el peso colombiano tuvieron apreciaciones. (Excelsior, 23 de enero de 2015)

Este mismo argumento de la “resistencia del peso” fue utilizado por los Subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Reunión de Trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 15 de enero para dar a comprender que la disminución del precio del petróleo era un evento con poca o nula relación con la volatilidad del tipo de cambio. Explicaron que el impacto mundial de la volatilidad del tipo de cambio por la apreciación del dólar era menor en México.

Estos argumentos o argucias, son de por sí interesantes desde la perspectiva de la comparación internacional; sin embargo, de ninguna manera representa una “verdadera resistencia del peso”,  toda vez que los Ingresos para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentran en entredicho por la caída del precio del petróleo, muy a pesar de las coberturas. Estas cubren el ingreso de 79 dólares pero por barril vendido; pero las ventas mexicanas de exportación en número de barriles, al principal comprador, es decir EUA han venido disminuyendo hasta rebasar solo el 50% de las ventas tradicionales.

No es útil este tipo de “resistencia del peso”, porque la depreciación del peso ya supera el 12% y su impacto en la economía interna mexicana necesariamente se traducirá en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional al aumentar la inflación vía aumento de erogar más pesos por igual cantidad de productos importados, tanto de insumos, materias primas, productos terminados y alimentos. Obligando a las empresas a aumentar sus precios internos de venta.

3.-  En un reciente documento, fechado el 08 de enero, titulado “La Economía y la Política Monetaria en 2015”  el Banco de México, registra como autor al Dr. Carstens, y en su página 22, precisa  que “En México se ha observado una relación entre la caída en el precio del petróleo y la depreciación del peso. Cabe destacar que en los últimos años se ha registrado un bajo traspaso de la depreciación cambiaria a los precios.”

Lo que falta precisar,  es que esa relación es del tipo “baja y sube”; falta precisar que cuando entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México fallaron en su metodología de calcular el Paquete Económico con un precio del barril de la mezcla mexicana en 82 dólares y un tipo de cambio de 13 pesos por dólar, tuvieron que hacer un recálculo de ambas variables, colocando el precio del barril en 79 dólares y el tipo de cambio en 13.40. Y con esa fórmula se mantenía el mismo nivel de Ingresos y por lo tanto no habría que hacer recortes en el Presupuesto.

Pero los pronósticos del precio del petróleo les siguieron fallando, siguió bajando,  ante lo cual la “mano invisible” del mercado, es decir en este caso dejaron que la devaluación del peso continuara dizque libremente con la pretensión de seguir compensando la pérdida del ingreso -- en dólares--  con una revaloración monetaria de los mismos --en pesos-- por los ingresos de exportación  del petróleo y  de remesas.

Por supuesto un juego monetario y contable de sube y baja; que el propio Banco de México, decidió regular ya no solo como una devaluación compensatoria,  sino preferentemente como un impacto inflacionario controlado.

Eso se puso de manifiesto cuando en su boletín de prensa del 8 de diciembre del 2014 conjunto con la SHCP, y por medio de la Comisión de Cambios precisaron que “ante la  reciente volatilidad en los mercados financieros y con el objetivo de procurar el funcionamiento ordenado del mercado cambiario nacional” se harán subastas diarias de 200 millones de dólares “únicamente cuando el tipo de cambio presente una depreciación, entre sesiones, cuando menos de 1.5 por ciento… siendo su objetivo principal proveer de liquidez al mercado cambiario en caso de que ello llegare a ser necesario”

Medida que por supuesto, para nada garantiza que en el 2015, el tipo de cambio esté bajo control.

4.- Por ello solicité que el Banco de México en todo caso interviniera de manera tal que lograra restablecer el tipo de cambio en 13.40 pesos el dólar,  tal como ellos mismos habían calculado como la paridad presupuestal de equilibrio. Y esto lo pueden hacer en base a que nada impediría legalmente hacer uso de las reservas internacionales que ascienden a más de 190 mil millones de dólares.

Por supuesto no faltaron los radicales que vieron en esta recomendación “una política intervencionista en un sistema de tipo de cambio flexible”. Francamente nada más ridículo. Sí así fuera, el Banco de México, no habría logrado intervenir para establecer su propuesta y acción de devaluación gradualizada, ni tampoco tendría que ser el único ente de emisión primaria de dinero. Es ridículo, porque es como “la mano invisible” de Adam Smith; solo él la ve;  pero entonces ya no es invisible.

El precio del petróleo sigue cayendo, y las devaluaciones siguen ocurriendo. La esperanza de estabilización del peso, en este esquema, es que el precio del petróleo se estabilice para que se trasmita al tipo de cambio. ¿A esto se refiere el Dr. Cartens, de que está bajo control la situación devaluatoria?. ¿En esto consiste, la real resistencia del peso? Pero sí es así, existen en estos momentos otras consideraciones que parecen no ser vistas por las autoridades monetarias.

CONSIDERACIONES

Que está demostrado fehacientemente que los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y del propio Banco de México, en cuanto precio del petróleo y tipo de cambio, han sido fallidos a lo largo del año 2014.

Que en la actualidad los modelos y técnicas econométricas han avanzando muchísimo en emisión de pronósticos. Así como, que los errores de las proyecciones económicas y econométricas, de las dimensiones ocurridas, solo se pueden producen cuando existen graves inconsistencias en la generación de hipótesis.

Que los empresarios están altamente preocupados por el componente del tipo de cambio en un sin número de transacciones;  y que la inestabilidad cambiaria y la incertidumbre del comportamiento de las autoridades monetarias nacionales ponen en peligro la obtención de las ganancias esperadas.

Que hacen falta razones más consistentes en las afirmaciones que se han producido en referencia a tener el tipo de cambio “bajo control”.

Que hay elementos que no se están considerando en los riesgos, como son la posibilidad de que la zona Euro tenga un abrupto colapso más profundo de lo que hasta ahora ha ocurrido, y sobre todo un punto de ruptura interno, debido al  triunfo de Syriza que al lado de Griegos Independientes, tienen la mayoría de las fuerzas políticas que anuncian el fin de la austeridad impuesta por las autoridades monetarias de la región, esto pone en vigencia nuevamente la idea que Grecia abandonaría la zona Euro. A la vez, la negativa a la austeridad de los nuevos gobernantes griegos, deja en descrédito al mega rescate inflacionario de un billón de euros anunciado por Mario Draghi, del Banco Central Europeo. Que por cierto, el Dr. Carstens precisó que esa emisión fortalecería al peso mexicano.

Que hay bancos importantes europeos como el banco central Swiss National Bank que decidió desacoplar el Franco Suizo del Euro, dejándolo flotar para deshacerse de euros y fortalecer más aun su moneda. Lo cual se traduce en pérdidas para Wall Street y para los bancos de la City London. Esto, porque el banco suizo estaría en una red que tiene invertidos 600 mil millones de dólares en el sector del fracking petrolero y de gas. Sí a ello se suma la crisis en que están los banqueros de centrales de España, Portugal, Irlanda y en parte Italia podría detonar una huída y desacoplamiento.

Que la caída de los precios petroleros está generando pérdidas al sistema bancario mundial, particularmente a bancos estadounidenses, británicos y canadienses. Así lo anuncia la columna económica de James  Titcomb, del 24 de Enero en el periódico The Telegraph de Reino Unido: “bancos británicos incluyendo el Royal Bank of Scotland y Barclays pueden estar sentados en miles de millones de pérdidas por el colapso de los precios del petróleo” y que hay estimaciones “que las pérdidas combinadas de Barclays, RBS, HSBC y Standard Chartered podría llegar a 3,400 millones de dólares”. Anteriormente, Titcomb ya había reportado, en diciembre del 2014, que bancos como Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America-Merrill Lynch, Citibank, Scotiabank, estaban temerosos de pérdidas mayúsculas si el precio del barril descendía de los 60 dólares. Ahora entonces que el precio sigue cayendo, ¿cómo podría decirnos el Dr. Cartens, que va a mantener el peso estabilizado en el 2015? Además tomando el argumento que estamos en un sistema de tipo de cambio flexible. 

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS A INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIONES EN REFERENCIA A SU DECLARACION QUE PARA EL AÑO 2015 “HAY RAZONES DE FONDO QUE VAN A MANTENER LA COTIZACION DEL PESO BAJO CONTROL”.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir al Senado de la República la aceptación del Estado Mexicano de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para recibir y examinar las comunicaciones individuales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES REMITA AL SENADO DE LA REPUBLICA LA ACEPTACION DEL ESTADO MEXICANO DE LA COMPETENCIA DEL COMITE CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA RECIBIR Y EXAMINAR LAS COMUNICACIONES INDIVIDUALES.

“La suscrita, senadora DOLORES PADIERNA LUNA, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

México atraviesa una crisis en materia de acceso a la justicia, en la que prevalece la impunidad y opacidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidios, entre otros. Si bien estos crímenes se han cometido en diferentes épocas de nuestra historia, en los años recientes el movimiento de víctimas ha denunciado el contexto de impunidad y complicidad de las autoridades, que rodea la mayoría de los casos.

A partir de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, así como los hallazgo de decenas de cuerpos en las inmediaciones de la Ciudad, se ha visibilizado la terrible pesadilla que viven miles de familias con más de 23 mil personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país. A esta grave situación, se debe sumar la falta de investigaciones adecuadas y efectivas de las autoridades mexicanas para ubicar el paradero de esas miles de personas, así como para sancionar a los responsables.

De acuerdo con los datos oficiales, entre los años 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías locales iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada; de las cuales, seis concluyeron en sentencia condenatoria, cuatro de estas sentencias, los responsables fueron elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Otra de las sentencias, corresponde a la investigación realizada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), única sentencia que consiguió durante los cinco años de operación (2002 a 2007).

La investigación de casos de desapariciones requieren un tratamiento especial, ya que este tipo de crímenes constituyen una de las más grandes ofensas a la dignidad de las personas, a los derechos a la integridad y la libertad personal, el derecho a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles degradantes e inhumanos, y es una grave amenaza a la vida.

En este sentido, la obligación del Estado y de las autoridades mexicanas es la de realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. Lo anterior, con el objetivo de que las familias y la sociedad en su conjunto conozcan la verdad de los hechos.

El derecho a la verdad está reconocido, entre otros instrumentos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y en la propia Ley General de Víctimas mexicana.

El 27 de enero del presente año, el Procurador General de la República Procurador General de la República encabezó una conferencia de prensa en la que presentó los resultados de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa. De acuerdo con la información aportada y los señalamientos hechos por este servidor público, la “verdad histórica” de lo ocurrido a los estudiantes, es que fueron desaparecidos, torturados, asesinados y finalmente incinerados.

En lo presentado por el Procurador, hay grandes lagunas, interrogantes sin resolver, así como hipótesis sin investigar. Las familias de las víctimas, inconformes con los resultados, han señalado que acudirán ante instancias internacionales. Al igual que las familias de los estudiantes normalistas, la exigencia de justicia y de conocer la verdad histórica, la comparten las miles de familias con un ser querido desaparecido.

Nuestro país, ratificó el 18 de marzo de 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, la cual había firmado en 2007; sin embargo, hasta la fecha no ha aceptado la posibilidad de que el mecanismo que supervisa el cumplimiento de esta Convención, el Comité contra Desapariciones Forzadas, conozca de casos en lo individual.

Desde el sexenio pasado, ha existido una particular resistencia de abrir a México, al escrutinio de este Comité a través de casos individuales. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley sobre la celebración de Tratados, corresponde al Senado aceptar la competencia de este tipo de mecanismos; sin embargo, esta situación no se ha actualizado por una razón claramente política, que se ha pretendido justificar y minimizar al señalarlo como un trámite burocrático: que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado la solicitud de aceptación al Senado de la República.

De acuerdo a la Constitución Mexicana, uno de los principios que rigen la política exterior mexicana es el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos (artículo 89 fracción X). En este contexto, el Estado mexicano, no puede continuar al margen de este mecanismo internacional, situación que repercute en la falta de acceso a la justicia y a conocer el derecho a la verdad de las familias de los normalistas y de las más de 23 mil personas desaparecidas.

En marzo de 2014 México entregó su informe sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en virtud del Art. 29 de la Convención, mismo que los días 2 y 3 de febrero estará sustentando en Ginebra ante el escrutinio internacional y frente a decenas de familiares de personas desaparecidas.

El Art. 24, párr. 3, de la Convención establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos.

En México no existen mecanismos eficientes de búsqueda de personas desaparecidas, ni tampoco para la identificación de restos. Dicha realidad se complica aún más cuando quienes se encuentran desaparecidos son personas migrantes.
.
En las investigaciones penales la búsqueda de la persona desaparecida pasa a segundo término debido a que el principal enfoque de la autoridad ministerial es acreditar la probable responsabilidad del imputado y comprobar el cuerpo del delito.

Por lo que resulta fundamental que México adopte las medidas necesarias para cumplir a cabalidad las obligaciones contenidas en dicha Convención y con ello avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas, la sanción a las personas responsables y sobre todo la localización y presentación de las y los desaparecidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconocer la competencia del propio Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, de acuerdo con los Arts. 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para recibir y examinar comunicaciones individuales e inter-estatales, y que dicho reconocimiento sea enviado al Senado de la República para su ratificación lo más pronto posible.

Segundo.- Se exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de conformidad a lo establecido por el Art. 33 de la Convención, considere la oportunidad de solicitar a uno o varios de los miembros del Comité que efectúen una visita a México para realizar una investigación de fondo sobre estas graves violaciones a los derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente,
a 5 de febrero de 2015.

Sen. Dolores Padierna Luna”.






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a los titulares de los municipios de la misma entidad a estimular y promover entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. Se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA FEDERAL DE TURISMO, AL TITULAR EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTIMULEN Y PROMUEVAN ENTRE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL SECTOR SOCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA CREACION Y FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y REDES DE VALOR EN TORNO A LOS DESARROLLOS TURISTICOS NUEVOS Y EXISTENTES, CON EL FIN DE DETONAR LAS ECONOMIAS LOCALES Y BUSCAR EL DESARROLLO REGIONAL.

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Estado de Quintana Roo la principal actividad económica es el turismo, desde hace varias décadas desde que Cancún se planeó como un centro integralmente planeado, han existido diversos prestadores turísticos que funcionaban en equidad de competencia, sin embargo al paso del tiempo y ante el incremento de los hoteles en la Riviera Maya se ha propiciado una afectación al flujo de la derrama económica principalmente a los restaurantes de la región.

El todo incluido es el servicio que prestan los hoteles por más de un servicio turístico por un solo precio, comúnmente el servicio de hospedaje con el de servicios de alimentos.

Hay que analizar objetivamente de fondo el tema del todo incluido, porque al existir este sistema se está dañando a la economía regional.

Hay que cuestionar si el todo incluido responde como un apoyo al turismo social, al turismo que resulta más barato, es decir más por menos, o simplemente es un nombre con trasfondo de una mercadotecnia, que hace creer al turista que prácticamente se le regalan los alimentos u algún otro servicio, porque desde un punto de vista económico ningún empresario o inversionista permitiría perdidas a sus ingresos, porque esto significaría su extinción.

Es menester mencionar el artículo 15 de la Ley General de Turismo del Capítulo II de la incorporación de la Actividad Turística a las Cadenas Productivas, que la letra expresa:

CAPITULO II
De la Incorporación de la Actividad Turística a las Cadenas Productivas

Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México.

Es decir que la Secretaria de Turismo, los Estados, Municipios y el Distrito Federal deben estimular entre los desarrollos turísticos nuevos y existentes la creación y fomento de cadenas productivas, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional, por lo cual es urgente que ejecuten sus facultades en el Estado de Quintana Roo.

El desarrollo regional turístico tiene diferentes aspectos característicos, razón por la cual se deben de tomar acciones desde una perspectiva regional en este caso de Quintana Roo, en donde el desarrollo regional no solo es el fomento a los grandes empresarios turísticos, sino también a los medianos y pequeños los cuales tiene mucho que ofrecer al turismo, los cuales enriquecen a nuestro estado día a día.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular dela Secretaria Federal de Turismo, al titular ejecutivo del Estado de Quintana Roo, y a los titulares del poder ejecutivo de los municipios de la misma entidad federativa para que en el ámbito de sus competencias, estimulen y promuevan entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 5 de febrero de 2015.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones y gestiones necesarias para implementar una revisión exhaustiva con perspectiva humanitaria, de los asuntos de los reos a quienes no se les ha emitido una sentencia, con la finalidad de concretar una justicia más expedita. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A QUE REALICEN LAS ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR UNA REVISION EXHAUSTIVA CON PERSPECTIVA HUMANITARIA, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DE LOS ASUNTOS DE LOS REOS QUE NO SE LES HA EMITIDO UNA SENTENCIA CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR UNA JUSTICIA MAS EXPEDITA.

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país un problema grave es el hacinamiento en las cárceles de nuestro país, es un conflicto de gran trascendencia el cual tiene mucho que ver debido al rezago que hay en sus expedientes y/o carpetas de investigaciones.

Debemos aceptar que nuestro sistema penitenciario es lento y no es lo suficientemente eficaz, inclusive la propuesta del código nacional de procedimientos penales, atiende a la problemática en comento, cabe destacar que recientemente el Ejecutivo Federal también ha hecho propuestas para mejorar el sistema penitenciario de nuestro país.

La problemática es amplia, por lo que se requiere de una estrategia integral; es decir que todas las autoridades competentes desde su ámbito de competencias deben realizar las acciones necesarias para atender la problemática.

En este caso las autoridades de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y las autoridades del poder judicial de la misma entidad federativa, atendiendo las demandas de los reos y de la sociedad, han implementado mecanismo para garantizar la justicia al acudir directamente a los reclusorios y atender a los reos, respetando sus derechos fundamentales, con la intensión de resolver sus asuntos y poder emitir una sentencia independientemente del sentido de esta.

Es oportuno implementar los mismos mecanismos en los demás estados de la República para poder garantizar un acceso a la justicia, todo inculpado tiene derecho a que se le sentencie bajo la luz del derecho.

Es una realidad el rezago que hay en nuestro país en relación a la emisión de una sentencia, por ello debemos proponer todas las medidas necesarias para concretar un sistema jurídico más expedito.

Es notorio que es una labor exhaustiva, sin embargo es una tarea que se tiene que  hacer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que realicen las acciones y gestiones necesarias para implementar una revisión exhaustiva con perspectiva humanitaria, en todo el territorio nacional de los asuntos de los reos que no se les ha emitido una sentencia con la finalidad de concretar una justicia más expedita.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República,
a 5 de febrero de 2015.

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.






EFEMERIDES

Los textos de las intervenciones de los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Francisco Salvador López Brito sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se integrarán al Diario de los Debates. Asimismo, la intervención que nos ha hecho llegar la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo sobre la misma Conmemoración.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Mundial contra el Cáncer.

El Cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Cada 4 de febrero se celebra el Día mundial contra el Cáncer, y las diferentes asociaciones que promueven el conocimiento y estudio de esta enfermedad, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizan diferentes actividades de promoción y prevención.

El cáncer no es solo una enfermedad sino muchas enfermedades. Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de ellos toman el nombre del órgano o de las células en donde se originan. Los tipos de cáncer se pueden agrupar en categorías más amplias. Las categorías principales de cáncer son:

● Carcinoma: cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten o cubren los órganos internos.

● Sarcoma: cáncer que empieza en hueso, en cartílago, grasa, músculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén.

● Leucemia: cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la sangre, como la médula ósea, y causa que se produzcan grandes cantidades de células sanguíneas anormales y que entren en la sangre.

● Linfoma y mieloma: cánceres que empiezan en las células del sistema inmunitario.

● Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan en los tejidos del cerebro y de la médula espinal.

El cáncer se inicia con una célula que se reproduce y es el crecimiento desordenado y la proliferación de las células que puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo, de esa manera se forman tumores cancerosos que suelen invadir el tejido circundante y puede hacer metástasis a sitios distantes.

Todos los cánceres empiezan en las células, unidades básicas de vida del cuerpo. Para entender el cáncer, ayuda saber lo que sucede cuando las células normales se hacen cancerosas.

Sin embargo, algunas veces este proceso ordenado se descontrola. El material genético (ADN) de una célula puede dañarse o alterarse, lo cual produce mutaciones (cambios) que afectan el crecimiento y la división normales de las células. Cuando esto sucede, las células no mueren cuando deberían morir y células nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita. Las células que sobran forman una masa de tejido que es lo que se llama tumor.

Hoy lejos de celebrar el Día Mundial del Cáncer, debemos preocuparnos por establecer mecanismos de diagnóstico y prevención, asimismo debemos revertir las cifras y estadísticas que han venido incrementándose. Los expertos advierten que cada diez minutos una persona fallece por esta causa y también estiman que si no hay prevención, cerca de 12 millones de muertes ocurrirán en el 2030.

A nivel mundial el cáncer causa una de cada ocho muertes, más que el sida, la tuberculosis y la malaria juntas. Cada año se diagnostica esta enfermedad a más de 12 millones de personas y 7 millones 600 mil fallecen por esta dolencia en todo el orbe.

En México, a pesar de los avances médicos y tecnológicos, el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte en las mujeres y la cuarta entre los hombres.

Por eso, hago un llamado no sólo para conmemorar el Día Mundial de lucha contra el Cáncer y a los millones de víctimas que ha cobrado en el mundo entero a lo largo de estos años, sino para hacer conciencia de esta situación, y sobre todo para comprometernos todos juntos y unidos en la lucha contra esta terrible enfermedad.

México, D.F., a 4 de febrero de 2015 “Día Mundial del Cáncer”

Suscribe

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Mundial contra el Cáncer.








De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para referirse al Día Mundial contra el Cáncer.

MENSAJE DE LA SENADORA MONICA T. ARRIOLA GORDILLO CON MOTIVO DE LA EFEMERIDE POR LA CUAL SE CONMEMORA DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER.

Buenos días:

Para mí, la lucha contra el cáncer es mucho más que un discurso políticamente correcto o socialmente rentable: es una responsabilidad que me tomo muy personal y la dedico a la memoria de quienes han perdido la vida en esta batalla.

Y por ser mujer y madre, es una tarea con la que estoy triplemente comprometida, pues este es un mal que afecta a los hombres y mujeres, sin distinción de edad u origen socioeconómico.

El tema del cáncer en México es de primera importancia. Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), este padecimiento es la tercera causa de muerte en nuestro país; se calcula que cada año hay alrededor de 120 mil nuevos casos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el DF 15% de los decesos en general es causado por algún tumor; de ellos, casi 95% de los casos se debe a tumores cancerosos.

Aunque la estadística varía con la edad y el sexo de las personas, los tumores malignos más comunes surgen en la médula ósea y el bazo; en órganos digestivos, respiratorios, genitales, mamas, ovarios y tejido linfático.

Para quienes hemos vivido de cerca el dolorosísimo deceso de un amigo cercano víctima de la enfermedad, o hemos sido testigos de la lucha casi imposible que libran sus víctimas para aferrarse a la vida, sabemos que el diagnóstico temprano es crucial para un tratamiento exitoso.

Por eso, hoy deseo hablar sobre la batalla permanente contra este asesino silencioso, y sobre lo que podemos hacer, para salvar más vidas.

Mucha gente se siente incómoda cuando habla del cáncer. Y aunque es posible que todos nosotros seamos capaces de comprender este sentimiento, nuestro silencio no protege a nadie, y mucho menos a nuestros seres más queridos. Esta es la razón por la que hoy y todos los días debemos elevar la voz para promover la prevención e impulsar políticas públicas más firmes de combate contra este terrible mal.

En este esfuerzo no podemos tener descanso, es urgente fortalecer las políticas, leyes y programas que reduzcan la exposición a los factores de riesgo del cáncer –el tabaquismo, la inactividad física, la dieta malsana, el consumo nocivo de alcohol, la obesidad– y que favorezcan cambios de comportamiento hacia estilos de vida más saludable.

La mayoría de los cánceres son menos letales y más tratables si se detectan en su etapa inicial.

Mi familia, como tantas otras miles de familias, sabe demasiado bien cuán terrible es el cáncer, y eso me impulsa a mí a ya tantos otros a hacer todo lo posible para ayudar a que nadie tenga que sufrir esta enfermedad en su propia familia.

Aunque todavía no hemos ganado la batalla contra el cáncer, tenemos razones para abrigar nuevas esperanzas. En este mismo momento, hay científicos que se concentran en continuar entendiendo los secretos del genoma humano, y conforme se avanza se contará con nuevos y revolucionarios tratamientos, pero mientras llegamos a este punto, todos tenemos que estar alertas contra el cáncer, aunque esto signifique enfrentarnos constantemente a nuestros temores más terribles.

Tenemos que vencer tabúes y miedos, acudir a visitas y revisiones médicas pues gracias a la detección temprana, la atención médica de calidad, el amor de nuestras familias, todos podemos gozar de una vida mejor, más prolongada y saludable.

Es cuanto.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 10 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:58 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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