Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 24 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 25

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Noviembre de 2014

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: (12:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los integrantes de esta Asamblea.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 92 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 11 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y tres minutos del jueves seis de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, su Informe de actividades, conjuntamente con el de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del 57º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado del 13 al 22 de marzo de 2014, en Viena, Austria.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que se informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 2014, con el objeto de participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC y realizar una visita de Estado a la República Popular China, así como para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 en Risbane, Australia, atendiendo la invitación de los gobiernos de ambos países.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Iniciativas)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Título II de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Claudia Artemiza Plavlovich Arellano, Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342 y 998; deroga el artículo 146; reforma la fracción iv del artículo 49 y la fracción vi del artículo 127; todos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos para las y los trabajadores del hogar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- La Asamblea autorizó la dispensa de la segunda lectura.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que la discusión de este asunto será únicamente sobre los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90,108, 127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Martha Elena García Gómez, por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género. Para la discusión de los artículos modificados, hicieron uso de la palabra los senadores: Héctor Larios Córdova del PAN, en contra; David Monreal Avila del PT, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; Adriana Dávila Fernández del PAN, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención y que se integrará al Diario de los Debates.

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

Se reanudó la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Héctor Larios Córdova, Mariana Gómez del Campo, Francisco Domínguez Servién, Luisa María Calderón Hinojosa, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Avila Ruíz y Fernando Yunes Márquez entregaron una propuesta de modificación a los considerandos cuarto y sexto de la parte expositiva del dictamen. El Senador Héctor Larios Córdova hizo uso de la palabra y retiro la propuesta. El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción de las peticiones de senadores del PRI y del PAN, que solicitan se acumulen al expediente del dictamen, como documento anexo, la Asamblea autorizó su acumulación al expediente y el Presidente informó que se integrarán al Diario de los Debates. Se procedió a la votación de los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fueron aprobados por 73 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remitió al Ejecutivo Federal.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo período de ocho años, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. El Acuerdo fue aprobado por 93 votos a favor. El funcionario rindió su protesta de ley.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.- Intervinieron los senadores: Félix González Canto, por la comisión, para presentar el dictamen; Silvia Garza Galván del PAN, a favor; y Luz María Beristáin Navarrete del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 85 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar las causas que motivaron el acto administrativo por el que se restringió el único acceso a la playa en la comunidad de "Akumal", en el municipio de Tulúm, Quintana Roo.- Intervino la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del PRD, a favor.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los órganos desconcentrados y descentralizados competentes en el tema de la mariposa monarca a continuar con el liderazgo y papel propositivo en el impulso e implementación de acciones a nivel trilateral que permitan conservar el fenómeno migratorio de la mariposa monarca.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir entre la población mejores prácticas de ahorro de energía, los beneficios del uso de transporte alternativo y aquellas prácticas que contribuyan a disminuir los efectos adversos derivados del cambio climático.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor.

4) Que exhorta a determinar y aplicar las acciones necesarias para dar un mayor impulso y dinamismo al segmento de turismo de naturaleza en humedales costeros, particularmente en zona de manglar.- Intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor.

5) Que exhorta a los congresos locales a emitir sus respectivas leyes en materia de cambio climático o reformar las vigentes, relativas a la adaptación y mitigación en la materia.

6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar fortaleciendo las acciones de coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal en las materias de prevención, combate y control especializado de incendios forestales.

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo para realizar un diagnóstico que sirva de base para la integración de una apropiada reforma del campo.- Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo, por la comisión, para presentar el dictamen. Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Juana Leticia Herrera Ale del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, a favor; David Monreal Avila del PT, a favor. El dictamen con la modificación aceptada, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XX, recorriéndose la actual y las subsecuentes del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, recorriendo el resto en su orden, al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción viii del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de salud, referente a la vacunación obligatoria del virus del papiloma humano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en materia de condecoraciones y permisos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al titular de la Secretaría Movilidad del gobierno capitalino a reglamentar e instrumentar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de los usuarios en las diversas modalidades de transporte de servicio público en la capital y sus delegaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se constituye un subgrupo de investigación de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República para el conocimiento de la verdad sobre los delitos de desaparición forzada, feminicidios, homicidios relacionados con el crimen organizado, secuestros, delitos financieros, responsabilidades de actores políticamente expuestos y combate a la impunidad en todo el país.- Se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social y de Turismo a destinar un fondo especial para la protección del ámbar en México.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer mesas de diálogo con los sindicatos adscritos a su Registro de Asociaciones sobre los cambios convenientes en la legislación laboral para el mejor desempeño de las funciones sindicales en beneficio de los derechos de los trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones que atiendan el problema de comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera-verano 2014, provocado por la caída de los precios internacionales del grano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a informar los resultados obtenidos a partir de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad anunciado el 31 de marzo de 2014.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el municipio de Ecatepec, Estado de México, derivada de la violencia sistémica en su contra en ese municipio.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

De las Senadoras Silvia Garza Galván y Luz María Beristáin Navarrete, integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático; y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado jurídico actualizado en el que se encuentra la declaratoria del área natural protegida con categoría de Reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de Baja California.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excuse de participar en la deliberación y votación del recurso presentado por diversos ciudadanos mexicanos conocido como el Amparo #Yo Contribuyente.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo sobre el 140 aniversario del restablecimiento del Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y para su conocimiento y efectos, a la Mesa Directiva.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe detallado sobre la incidencia de casos de violencia escolar, así como el seguimiento que se les ha dado.- Se turnó a la Comisión de Educación.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre los casos de tráfico de armas que han llevado a cabo las agencias de seguridad de Estados Unidos hacia nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación a los Señores Juan Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera por el triunfo en las pasadas elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se incrementen los recursos destinados a los programas de rescate de espacios públicos y de reordenamiento y rescate de unidades habitacionales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del periodo conocido como "Guerra Sucia".- Se turnó a la Comisión de Gobernación el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo.

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a implementar de manera permanente medidas de vigilancia y supervisión, con respecto al incremento en el gasto que se tiene programado para el siguiente año fiscal en materia energética, derivado de la reciente reforma integral en este sector, así como en todos y cada uno de los subsiguientes paquetes económicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que se incrementen en términos reales los recursos asignados a los programas Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora, Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, y Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Senadores Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola y Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial para el fortalecimiento de la educación dual en México, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Coordinación Nacional de Prospera para que considere incrementar el número de beneficiarios en los municipios de Santa Catarina, Juárez, San Nicolás y Cadereyta Jiménez en el 2015.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a evaluar y, en su caso, considerar la inclusión de los municipios de Santa Catarina, Juárez, Doctor Arroyo, Galeana, San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez, Aramberri, General Zuazua y Mier y Noriega, dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Del Senador Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, en el apartado de servicios de salud, recursos financieros para la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la categoría de "segundo nivel" en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efeméride)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del "Día del Ferrocarrilero".- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del 103 aniversario del inicio del gobierno del Presidente Francisco I. Madero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, remitieron efeméride en conmemoración del "Día Mundial del Urbanismo".- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del "Día del Urbanista".- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo martes once de noviembre a las once horas.

Fin de la sesión".





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, con la que remite, a nombre propio y de diversos Senadores, el informe de su participación en la Reunión Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada en París, Francia, el 2 de octubre de 2014.







 

Una de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su segundo informe de actividades correspondiente al periodo de octubre 2013 a septiembre del año en curso.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la programación de las reuniones de comisiones.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El Acuerdo se hace del conocimiento de todas y todos ustedes; y la Mesa Directiva ha enviado ya las notificaciones a las Secretarías Generales, para su cumplimiento.





 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Senadoras y Senadores, les informo que recibimos en la Mesa Directiva, la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la resolución sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular, promovida por el ciudadano Martí Batres Guadarrama y otros.



Dicho documento está publicado en la Gaceta Parlamentaria, desde el pasado viernes 7 de noviembre, con lo que la Asamblea se da por enterada.

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto se da por concluido y se instruye a la Secretaría archivarlo definitivamente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.

2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2795/14
México, D.F., 7 de noviembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1819/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce.

En consecuencia, adjunto al presente:

Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Copia certificada del Convenio Marco de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante el año 2013 y lo que ha transcurrido del año 2014.

SEGOB

SUBSECRETARIA DE PREVENCION
Y PARTICIPACION CIUDADANA

México, D.F., a 27 de octubre de 2014.

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESENTE

Por instrucciones del Sr. Secretario de Gobernación, Lie. Miguel Angel Osorio Chong, me permito poner a su disposición el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante el año 2013 y lo que ha transcurrido del año 2014.

En dicho documento encontrará las principales acciones realizadas con el presupuesto que la H. Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, así como las principales acciones llevadas a cabo en el marco del Programa por las Secretarias que conforman la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
Sufragio efectivo. No reelección.
El C. Subsecretario

LIC. ROBERTO CAMPA CIFRIAN”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.





 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio suscrito por la Magistrada Hilda Rosas Delgado Brito, por el que informa que el 7 de octubre del año en curso, quedó instalado el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y ella fue electa Presidente.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió un oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Por último, la Colegisladora remitió un oficio por el que informa los nombres de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificaciones en la integración de comisiones.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

Si hubiere interés de Senadora o Senador para poder listarse en la discusión de este asunto, favor de hacerlo saber. En virtud de que no hay ninguna interesada o interesado en usar la tribuna para este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de Comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Recibimos otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral del Estado de Campeche, cuya vacante se genera con la renuncia de la ciudadana Gloria Vilmary Pérez Escobar.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Dicho Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo.

El día de hoy, martes 11 de noviembre, es el onomástico de una amiga de todas y todos nosotros, es de la señora María Cristina Gallardo García Rojas, es la encargada de la Unidad de Atención a Senadores. A nombre del Senado de la República y de esta Mesa Directiva te damos, Cristi, la más cordial y cariñosa felicitación en este día de tu onomástico.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién.

¡Bienvenidas amigas y amigos estudiantes!

También le damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, invitados por el Senador Luís Sánchez Jiménez.

¡Bienvenidos sean ustedes!





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Gerardo Sánchez García para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por el C. Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los CC. Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Claudia Artemiza Plavlovich Arellano, Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

El de la voz, a nombre de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Claudia Artemisa Pavlovich, Ivonne Liliana Alvarez García, Mely Romero Celis e Hilda Esthela Flores, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de esta Soberanía esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de las siguientes consideraciones:

El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Se debe de entender como un bien imprescindible para el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano y elementar en las actividades productivas necesarias para el desarrollo de la sociedad.

Cuidar el agua es vital para lograr un desarrollo sustentable de nuestro país, así como de cualquier otro.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional “México Próspero”, prevé como una de las estrategias del gobierno federal implementar un manejo sustentable del agua y establece la importancia de asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de la población.

Las actividades agrícolas son las que mayor cantidad de agua demandan para su desarrollo al utilizar alrededor del 70 por ciento del total consumido en el país.

En este sentido, la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para la generación de productos primarios indispensables para el consumo humano.

El uso eficiente de dicha infraestructura permitirá alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los productores y habitantes del medio rural.

El uso eficiente del agua va de la mano con los objetivos planteados en cada una de las reformas estructurales impulsadas en el país, ya que con ella se sientan las bases para el desarrollo nacional a favor de la productividad y generación del bienestar para las y los mexicanos.

Para la actividad agrícola es imprescindible el uso del agua. En los últimos años, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se ha expuesto un problema que enfrentan principalmente los pequeños productores, que es la falta de renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua con fines agrícolas.

El problema surge principalmente por el desconocimiento del interesado sobre el tiempo y forma en que debe solicitar la prórroga de su concesión.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada.

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo Federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua para expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas y transmisiones.

El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece en sus párrafos segundo y tercero las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley que serán objetos de prórroga hasta por igual término y característica del título vigente por el que se hubiesen otorgado, siempre y cuando los titulares no incurriesen en causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo, y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos 6 meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considera como una renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Muchos productores, ignorando el plazo que por ley tienen para solicitar la prórroga y en lo que deben hacer 6 meses antes de finalizar su concesión, terminan por renunciar al derecho de solicitar la prórroga no por deseo propio, sino porque la ley así lo establece.

La consecuencia de lo anterior son miles de productores con títulos vencidos y otros tantos cuyos títulos aún no se vencen, pero destinados a perder vigencia y entrar a la irregularidad, dado que se encuentran fuera del plazo señalado para solicitar su prórroga.

Aunado a lo anterior, al no estar vigentes las concesiones de agua, la SAGARPA no puede dar los diferentes apoyos con los que los agricultores cuentan para desarrollar sus cosechas, incluyendo aquellos destinados para hacer uso más eficiente del agua, por lo que ven mermada su rentabilidad.

Considerando que es más factible que los interesados hagan su solicitud a tiempo, conociendo ellos la fecha de vencimiento de su concesión, se propone establecer como fin del plazo el día previo a la fecha del vencimiento para solicitar la prórroga y no seis meses antes como se establece actualmente.

Por otra parte, se propone derogar el tercer párrafo del artículo 24 a fin de que el productor no pierda el derecho de prórroga únicamente por falta de solicitud, toda vez que son diferentes las circunstancias para cada región donde se pretende solicitar la prórroga.

Con esta iniciativa no se busca evitar las regularizaciones de los títulos de concesión; por el contrario, dar las condiciones para que las mismas se lleven a cabo permitiendo que los productores agrícolas puedan acceder a una prórroga de su concesión, a fin de utilizar el agua en beneficio de su principal actividad de sustento.

Cabe destacar que este problema se ha venido paliando mediante Decretos del Ejecutivo Federal. De hecho, reconocemos la atención al problema del actual gobierno al haber publicado el 7 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales; sin embargo, dicho Decreto tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

“Artículo único.- Se reforma el párrafo segundo y se deroga el tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 24…

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de la ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos 5 años previstos al término de su vigencia y hasta un día antes de su vencimiento.

Se deroga.

Transitorio único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Por lo anterior, señor Presidente, solicito se turne a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, para su trámite correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los que suscriben GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, CLAUDIA ARTEMIZA PLAVLOVICH ARELLANO, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCÍA, MELY ROMERO CELIS, e HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Se debe de entender como un bien imprescindible para el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano y elemental en las actividades productivas necesarias para el desarrollo de una sociedad.

Cuidar el agua es vital para lograr un desarrollo sustentable en nuestro país así como en cualquier otro.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta Nacional "México Próspero", prevé como una de las estrategias del Gobierno Federal implementar un manejo sustentable del agua, y establece la importancia de asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de la población;

Las actividades agrícolas son las que mayor cantidad de agua demandan para su desarrollo al utilizar alrededor del 70% del total consumido en el país. En este sentido, la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para la generación de productos primarios indispensables para el consumo humano.

El uso eficiente de dicha infraestructura permitirá alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los productores y habitantes del medio rural.

Es decir, el uso eficiente del agua va de la mano con los objetivos planteados en cada una de las reformas estructurales impulsadas en el país ya que con ellas se sientan las bases para el desarrollo nacional en favor de la productividad y generación de bienestar para las y los mexicanos.

Con base en lo anterior, dado que para las actividades agrícolas es imprescindible el uso del agua, en los últimos años tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se ha expuesto un problema que enfrentan principalmente los pequeños productores, que es la falta de renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua con fines agrícolas.

El problema surge principalmente por el desconocimiento del interesado sobre el tiempo y forma en que debe solicitar la prórroga de su concesión.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada”.

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para entre otras atribuciones, expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas y transmisiones.

El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece en sus párrafos segundo y tercero:

“Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento”.

“La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga”.

Es por ello que muchos productores ignorando el plazo que por ley tienen para solicitar la prórroga y el que lo deben hacer seis meses antes de finalizar su concesión, terminan por renunciar al derecho de solicitar la prórroga y no por deseo propio, sino porque la ley así lo establece.

La consecuencia de lo anterior son miles de productores con títulos vencidos y otros tantos cuyos títulos aún no vencen pero destinados a perder vigencia y entrar a la irregularidad dado que se encuentran fuera del plazo señalado para solicitar su prórroga.

Aunado a lo anterior, al no estar vigentes las concesiones de agua, la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural pesca y Alimentación (SAGARPA) no puede dar los diferentes apoyos con que los agricultores cuentan para desarrollar sus cosechas, incluyendo aquellos destinados para hacer un uso más eficiente del agua, por lo que ven mermada su rentabilidad.

Considerando que es más factible que los interesados hagan su solicitud a tiempo conociendo ellos la fecha de vencimiento de su concesión se propone establecer como fin del pazo el día previo a la fecha de vencimiento para solicitar la prorroga y no seis meses antes como se establece actualmente.

Por otra parte se propone derogar el tercer párrafo del artículo 24 a fin de que el productor no pierda el derecho de prorroga únicamente por la falta de solicitud, dado que son diferentes las circunstancias para cada región donde se pretende solicitar la prórroga.

Debe quedar claro que con esta iniciativa no se busca evitar las regularizaciones de los títulos de concesión, por el contrario, dar las condiciones para que las mismas se lleven a cabo, permitiendo que los productores agrícolas puedan acceder a una prórroga de su concesión a fin de utilizar el agua en beneficio de su principal actividad de sustento.

Por último, cabe destacar que éste problema se ha venido paliando mediante decretos del Ejecutivo Federal, de hecho reconocemos la atención al problema del gobierno en turno al haber publicado el 7 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales”. Sin embargo dicho decreto tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre del año 2014 por lo que debe estarse renovando para atender la problemática ya descrita.

Por lo antes expuesto sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo y se deroga el tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

ARTICULO 24. …

Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esta Ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley, se cumpla con lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo 22 de esta Ley y en el presente Artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia y hasta un día antes de su vencimiento.

Se deroga

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la ciudad de México, a 11 de noviembre de 2014.

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Claudia Artemiza Plavlovich Arellano.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Sánchez García. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle al Senador Gerardo Sánchez si me permite adherirme a la propuesta que acaba de presentar.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Le ha concedido esa graciosa solicitud. Adelante, Senador.

El Senador David Monreal, ¿para el mismo efecto?

- El C. Senador David Monreal Avila: (Desde su escaño) Para solicitarle al promovente me permita adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Solicito a la Secretaría tome nota de estas dos peticiones.

Esta Presidencia saluda la visita de una delegación de Senadoras y Senadores de la República de Kenia. Están presentes el Senador Onesimus Kipchumba Murkomen, Presidente del Comité para la Descentralización Gubernamental del Senado; la Senadora Naisula Lessuda, Vicepresidenta de dicho comité; y el Senador Billow Adan Kerrow, Presidente del Comité de Finanzas, Comercio y Presupuesto.

Acuden a nuestra Cámara a promover diversos mecanismos de interacción y contacto entre México y Kenia.

¡Sean ustedes bienvenidos! En nombre del Senado mexicano les expreso el deseo de que su visita alcance el éxito esperado.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 115 constitucional, a fin de eliminar exenciones en materia de impuesto predial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO  115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE ELIMINAR EXENCIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre de su servidor, y los Senadores Silvia Garza Galván, José Rosas Aispuro y Octavio Pedroza, presento esta iniciativa que modifica el artículo 115, fracción IV, de nuestra Constitución donde en este artículo queda exento del pago del impuesto predial a todos los bienes del servicio público de los gobiernos federales, estatal y municipal.

Hay más de 2 mil 480 municipios, todos diferentes, todos con una similitud, eso sí, en el tema económico; con una carencia financiera importante y, sobre todo, con una dependencia a los recursos federales y que eso no les da la autonomía que requieren para su desarrollo; y en cambio, sí tienen que dar todos los servicios públicos indispensables en cada una de las avenidas, calles, o plazas donde se encuentren cada uno de estos edificios; hay un sinnúmero de bienes inmuebles de los tres niveles de gobierno a los que se les tiene que dar toda la atención municipal, se le exige y, en cambio, no hay ninguna remuneración.

El objetivo de esta iniciativa es incrementar los ingresos de los municipios. Es una iniciativa que ya en varias ocasiones se ha presentado en otras legislaturas y por diversos grupos parlamentarios donde las asociaciones de municipios tanto de PRI, PRD y PAN, que están en la FENAMM, siempre han luchado por ella, donde siempre han impulsado la autonomía y el mayor recurso a los municipios y el impuesto más importante para ellos es el impuesto predial, por lo cual presentamos esta iniciativa.

Les pedimos a los Senadores y Senadoras nos la apoyen, que sobre todo vean hacia otras legislaturas y donde todos sus grupos parlamentarios también han impulsado esta reforma.

La única excepción que hacemos para la aprobación de esta iniciativa es que los bienes destinados exclusivamente a educación, todas las escuelas de todos los niveles, a la salud, los hospitales, clínicas y las casas de la cultura, queden exentas en el pago del impuesto, pero hay estados que tienen un gobierno con unos edificios impresionantes, con edificios de alto valor que no están pagando ninguna remuneración a los municipios, y en cambio la federación, el Estado, sí cobra el impuesto sobre nómina, la federación sí cobra otros impuestos, el Impuesto Sobre la Renta en la retención de los trabajadores; y en cambio estos estados y municipios no le pagan nada, estados y federación, no le paga a los municipios.

Entonces presento a nombre de algunos compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional y esperamos su apoyo en el dictamen de las comisiones.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador MARTÍN OROZCO SANDOVAL ,del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, miembro de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por la fracción II  del artículo  71, así como los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República,  somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar exenciones en materia de impuesto predial, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las normas que se han establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinan el comportamiento de los poderes públicos del Estado, propician o desincentivan su óptimo funcionamiento, así como,  el cumplimiento o incumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

A medida que las normas  facilitan la gestión o desempeño de los poderes públicos, las autoridades públicas cuentan con mayores herramientas y recursos  para atender y dar respuesta a las demandas sociales, por el contrario, cuando las normas obstaculizan el desempeño de aquéllos, el resultado es inverso  al descrito.

Por lo anterior, es indispensable contar con normas que erradiquen  obstáculos y propicien el óptimo desempeño de los poderes públicos del Estado Mexicano.

Actualmente la gestión y el funcionamiento de las autoridades municipales en México están determinados por las normas asentadas en nuestra Carta Magna. Lamentablemente, las administraciones públicas municipales constituyen uno de los órganos más endebles política y  administrativamente del sistema político mexicano.

La situación actual  en que se encuentran los municipios mexicanos se debe en parte a su  dependencia de los recursos económicos provenientes de la Federación, a la baja recaudación de ingresos propios y, a las disposiciones constitucionales  que debilitan la recaudación municipal al establecer exenciones al pago de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Ante este panorama, que mina la autonomía financiera y política de las administraciones públicas municipales y repercute en los servicios que los municipios ofrecen a los ciudadanos resulta necesario proponer la presente iniciativa para modificar las disposiciones constitucionales que  exentan del pago del impuesto predial a  los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios.

El objetivo de la iniciativa radica en aumentarlos ingresos de los municipios  por concepto del impuesto predial, pues de concretarse la reforma los municipios obtendrán mayores ingresos, prestarán mejores servicios públicos,  fortalecerán sus haciendas públicas e incrementarán su autonomía financiera y política.

Robustecer financiera y políticamente a los municipios es una tarea impostergable, al ser las autoridades municipales las más cercanas a la ciudadanía y quienes identifican mejor las demandas sociales, por ello  el Congreso General de la Unión tiene la tarea ineludible de modificar el marco jurídico actual para ampliar las fuentes de ingresos de los municipios. 

Con base en las cifras del Reporte “Finanzas Públicas de los Municipios” correspondiente al  cuarto trimestre del 2012,  elaborado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, durante dicho período el 60% de los ingresos municipales provinieron de las transferencias que los Estados y la Federación enviaron a los municipios.

Respecto a los ingresos propios el reporte mencionado señala que el 17% de los ingresos municipales proviene de los impuestos que cobran los municipios.

Aunado a lo anterior,  el Indice de Información Presupuestal Municipal 2013- publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)- reveló que en  los países pertenecientes a  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los ingresos municipales representan  en   promedio  el 3.9 % de su  PIB.

Sin embargo,  México se encuentra en el último lugar en esta variable, pues el promedio de los ingresos tributarios municipales únicamente equivale al  0.2% de su PIB.

El citado índice, muestra que en los países de la OCDE  en promedio  la recaudación por concepto del impuesto predial equivale al 1% de su PIB. En este rubro México se encuentra muy por debajo de ese porcentaje,  pues la recaudación que realizan los municipios por concepto del  impuesto predial solo alcanza  el 0.1% de nuestro Producto Interno Bruto.

Desde una perspectiva comparada países como Estados Unidos y Canadá recaudan el 2.9 % de su PIB  por medio del impuesto predial; mientras que  Francia y Gran Bretaña recaudan por esa vía  el 2.5% y  1.8% de su PIB respectivamente.

En comparación con países  de América Latina, el impuesto predial de Costa Rica contribuye al 0.23% de su PIB,  Paraguay lo hace con  el 0.3%, Chile con 0.5%, Brasil con 0.4%, finalmente Colombia es el país latinoamericano que más recauda por concepto del impuesto predial, pues la proporción de éste respecto al PIB fue de 0.6%.

Desde otro ángulo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce  tres variables que describen la vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente los municipios de México.

En primer lugar y como parte de un problema  de sostenibilidad financiera,  el PND señala que  “la recaudación de los gobiernos subnacionales (estatales y municipales) es muy baja; en segundo lugar y desde un análisis de política comparada, el documento que encarna el PND evidencia  que  los ingresos  tributarios de los gobiernos locales son aproximadamente una décima parte del promedio de la OCDE; finalmente y desde una perspectiva político-administrativa, el Plan Nacional de Desarrollo enfatiza que  las Entidades Federativas y los municipios requieren de haciendas públicas más fuertes para llevar a cabo sus planes de trabajo.”

Ante el panorama descrito, el PND  estableció que la  Administración Pública Federal debe responder ante la situación  de vulnerabilidad que se encuentran los gobiernos subnacionales a través  de  promover “iniciativas que permitan, por una parte, culminar procesos de descentralización inconclusos, así como revisar aquéllos que requieren esfuerzos regionales, y por otra delinear una redistribución de funciones hacia las entidades federativas y municipios que mejore la atención de la ciudadanía y la promoción de un desarrollo regional equilibrado”

Como estrategias para contrarrestar la debilidad de las instituciones municipales el Plan Nacional de Desarrollo fijó las siguientes líneas de acción: “fortalecer las políticas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo de las entidades federativas y municipios del país” y  “promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr  administraciones públicas estatales y municipales efectivas.”

En síntesis, las estadísticas y argumentos expuestos evidencian que nuestro país tiene un rezago en el cobro del impuesto predial y dejan en claro la gran dependencia de los municipios hacia las transferencias federales y estatales. Con el propósito de revertir esta tendencia la presente iniciativa plantea eliminar las exenciones de las que gozan  los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y Municipios  que hasta ahora les ha permitido de manera inequitativa  evadir el pago del impuesto  predial.

La única excepción del pago del impuesto predial que se mantendrá en el texto constitucional será para los bienes de dominio público que estén destinados a prestar servicios de educación y salud. Con esta medida se pretende que los recursos destinados a ofrecer  los servicios señalados cumplan con su objetivo  principal.

Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar exenciones en materia de impuesto predial

UNICO.-Se reforma el segundo párrafo del inciso c) de  la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115…

I. a IV. …   

a) a c)…

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a  que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, que estén destinados de manera exclusiva a prestar servicios de educación, cultura y salud.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Sen. Martín Orozco Sandoval”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Túrnese a la Cámara de Diputados

Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle respetuosamente tenga a bien inquirir al proponente si acepta el suscribir con él ésta propuesta.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senadora Marcela Torres Peimbert, ¿para el mismo efecto?

Los Senadores Juan Carlos Romero Hikcs y Roberto Gil, ¿también?

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Adelante, muchas gracias.





 

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9o., 10, 25 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros:

Como todos aquí sabemos, en México se reconoce a la educación como un derecho fundamental para alcanzar la plenitud en su vida; y es por eso también que en nuestra propia Constitución, en nuestra ley suprema, se establece que el Estado promoverá y atenderá todas las modalidades educativas, incluida la educación superior.

También establece en nuestro marco jurídico que será responsabilidad de la autoridad federal educativa fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de esta modalidad de estudio.

Señalo todo esto, compañeras y compañeros, porque el objeto de la presente iniciativa es que, en aras de que las y los jóvenes obtengan una educación de calidad que les permita, precisamente, contribuir a solucionar los problemas sociales y económicos de México, sin duda que es imperativo que se empleen los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para lograr, de la manera más eficiente posible, que se cumplan esos objetivos para los que fueron creados tanto el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos como de las demás instituciones de educación educativa superior que imparte el Estado o las entidades federativas.

Y señalo todo esto porque a pesar de que este Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos atiende aproximadamente a 491 mil jóvenes, enfrenta un déficit tanto de infraestructura y equipamiento como en el número de programas de calidad que imparte, así como de profesores que cuenten con estudios de especialización y de posgrado.

En este sentido, lo que buscamos es establecer mecanismos que impidan que la actual crisis económica repercuta, como ha sucedido siempre, de manera negativa en la educación, incluida también la educación superior, estableciendo la característica de irreductibilidad al presupuesto destinado al ejercicio de este derecho, con la propuesta de destinar el 5 por ciento a la noble tarea de la educación, con la finalidad, compañeras y compañeros, de adquirir y dar mantenimiento al equipamiento de laboratorios, al actualizar los libros de especialidad que se encuentran en las bibliotecas de los planteles, a capacitar de manera permanente al personal docente y administrativo y, sin duda, a disminuir el monto de cobre de cuotas o de colegiaturas que se cobran en las universidades o en los institutos tecnológicos a cargo de la federación o de los estados.

Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos de que la educación es el elemento fundamental para el desarrollo personal de todo ser humano; por eso, si me permiten, parafraseando a John F. Kennedy, quisiera recordar aquel señalamiento que vale la pena a propósito de lo que vivimos hoy en día: No hacer, compañeras y compañeros, no hacer las gestiones pertinentes para mantener a nuestros muchachos en la escuela, no solo es una práctica social pobre, es una mala práctica económica y es una pobre práctica gubernamental.

Por eso, compañeras y compañeros, señor Presidente, creemos que hoy las instituciones del Estado mexicano tienen el compromiso irrenunciable por reconciliar el descontento social que ha causado el olvido de nuestros estudiantes.

No necesitamos políticas públicas que distraigan la atención del actual conflicto estudiantil, lo que necesitamos urgentemente es despresurizar la atención que genera en los jóvenes; y una forma, sin duda, de hacerlo, estoy seguro que coincidirán con un servidor, es con más educación y mejores planteles educativos. Le he de rogar, señor presidente, ya que no he entrado en el detalle de la propuesta de los artículos que proponemos modificar, me obsequie el que la iniciativa que aparece en la Gaceta Parlamentaria también quede incluida íntegra en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9, 10, 25 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

En este sentido, Piaget señala que su fin es formar individuos capaces de autonomía intelectual y moral, además de que respeten esta autonomía en el prójimo.

Pero más allá de ello, en México se reconoce a la educación como un derecho humano fundamental para alcanzar plenitud en su vida, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero y la Ley General de Educación en su artículo noveno, establecen que el Estado “promoverá y atenderá”, todas las modalidades educativas, incluida la educación superior, asimismo, establece que es responsabilidad de la autoridad educativa federal “fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas” de esta modalidad de estudio.

La Secretaría de Educación Pública, dentro de sus facultades y atribuciones tiene a su cargo la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), la cual a su vez implementa el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT); sistema constituido por 263 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales, 131 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).

Cabe señalar que, según información de la página de internet del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos1, su misión es “Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana.”

A pesar de que el SNIT atiende aproximadamente a 491 mil jóvenes, enfrenta un déficit tanto de infraestructura y equipamiento como en el número de programas de calidad que imparte, así como de profesores que cuentan con estudios de especialización y posgrado.

Cifras oficiales revelan que la eficiencia terminal de sus alumnos, quienes en su mayoría cursan programas de ingeniería, alcanza 69 por ciento, es decir, tres de cada 10 alumnos que se inscriben no concluyen en tiempo reglamentario sus estudios. Y al menos 8 por ciento de sus estudiantes abandona definitivamente sus aulas antes de graduarse.

El Anuario Estadístico del SNIT 2013 indica que en los institutos creados en la década pasada, la consolidación de su infraestructura y equipamiento aún es insuficiente, pues diversos planteles carecen de laboratorios ligeros y pesados, talleres y áreas deportivas.
Con una matrícula en licenciatura de 486 mil 899 estudiantes, se detectó que sólo 649 de sus planes de estudio son considerados programas de calidad, mientras que un total de 86 alcanzó este reconocimiento en el posgrado, que cursan 3 mil 983 alumnos.

El personal docente suma 26 mil 879 profesores, pero sólo cuatro de cada 10 cuentan con estudios de especialización, maestría o doctorado. De ellos, menos de 50 por ciento se desempeñan como maestros de tiempo completo.

De acuerdo con los datos estadísticos, seis de cada 10 jóvenes que estudian en el SNIT acuden a institutos o centros de especialización federales, cabe señalar que éstos últimos tienen el menor número de programas de calidad, con un total de 250 en licenciatura y cuatro en posgrado.

Así pues, en aras de que las jóvenes y los jóvenes obtengan una educación de calidad, que les permita comprender y contribuir a solucionar los problemas económicos, políticos y sociales de México en general y de sus localidades en lo particular, es imperativo se empleen los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para lograr de la manera más eficientemente posible con los objetivos para los que fueron creados el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos y las demás instituciones de educación superior que imparte el Estado o las Entidades Federativas.

En este sentido, establecer mecanismos que impidan que la actual crisis económica repercuta, como siempre, de manera negativa en la educación, incluida la educación superior, estableciendo la característica de irreductibilidad al presupuesto destinado al ejercicio de este derecho y con la finalidad de adquirir y dar mantenimiento al equipamiento de los laboratorios, actualizar los libros de especialidad que se encuentran en las bibliotecas de los planteles, capacitar de manera permanente al personal docente y administrativo y disminuir el monto del cobro de cuotas o colegiaturas que se cobran en las universidades e institutos tecnológicos a cargo de la federación o los estados.

Porque como dijo Kennedy: “No hacer las gestiones pertinentes para mantener a nuestros muchachos en la escuela, no sólo es una práctica social pobre. Es una mala práctica económica y mala práctica gubernamental.”

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos firmemente convencidos de que la educación es un derecho humano, reconocido tanto en la legislación internacional como en la legislación nacional y estatal y en este sentido, asumimos la educación como un elemento fundamental para el desarrollo personal de todo ser humano e incluso para el desarrollo integral de cualquier país.

Sin embargo, también tenemos claro que no se trata únicamente de  que todos tengan acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, el verdadero objetivo ésta en que la educación que se imparte en México sea de calidad, funcional y socialmente útil para las necesidades específicas de cada persona, de cada comunidad, de las Entidades federativas, y en general de México.

Por ello, consideramos que cualquier situación que vulnere este derecho debe ser atendida por las autoridades competentes de manera urgente, sin cortapisas absurdas y sin pretextos para eludir sus responsabilidades.

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforman los artículos 9, 10, 25 y 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal, así como del deporte.

Artículo 10.- ...

..

I.- a VI.-

VII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía y el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos;

VIII. a X.-

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, será irreductible y no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 5% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

...

...

...

Artículo 33.-

I. a XVI.-

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria; y

XVIII.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos en todos los niveles y modalidades.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Respecto del artículo 25 de esta Ley, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, deberán tomar las previsiones necesarias a efecto de hacerlo efectivo a partir del próximo ejercicio fiscal.

Dado en el salón de sesiones, a 11 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

1 http://www.snit.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

“La suscrita, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 163, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país con una riqueza natural sobresaliente. En nuestro territorio no sólo habita aproximadamente el 10% de las especies del planeta, sino que se encuentran todos los tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitat y 51 de los 191 tipos de eco regiones.1 Esta singular riqueza explica por qué el país ocupa el 12° lugar a nivel mundial por extensión de superficie forestal2, calculada en 138 millones de hectáreas3.

Además de ello, con una extensión de 629,925 hectáreas en el litoral del Océano Pacífico y 647,979 hectáreas en el litoral del Golfo de México o Mar Caribe, México ocupa el 16° lugar en la producción mundial pesquera con 1.46 millones de toneladas4 y el 4° lugar en producción acuícola en la región de América Latina y el Mar Caribe.5

Los recursos hídricos son importantes aunque su distribución en el territorio nacional no es homogénea6. Es importante señalar que en nuestro país, como producto de las lluvias se reciben 1,489 km3/año; de éstos 1,084 km3/año (72.80%) regresan a la atmósfera, 331 km3/año (22.22%) escurren por los 633,000 kilómetros de ríos o arroyos y 74 km3/año (4.96%) se infiltran al subsuelo, recargando a los 653 acuíferos. Asimismo, se reciben 48 km3/año por importación de las 8 cuencas compartidas con Estados Unidos, Belice y Guatemala y de las cuencas mexicanas se exportan 0.43 km3/año.7

Sin embargo, la producción y el consumo de los diversos productos utilizados para el desarrollo de diversas actividades productivas requiere usar una importante base de recursos naturales, lo que aunado a las modalidades de los mismos genera un impacto negativo al ambiente. De hecho, el estudio más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que el costo total del agotamiento y la degradación ambiental en el país representó el 6.9% del Producto Interno Bruto en el año 2011, equivalente a más de 14,351 millones de pesos.8

El impacto que generamos al ambiente no es un asunto menor. Como ejemplo podemos señalar que anualmente se emiten aproximadamente 71.2 millones de toneladas de contaminantes atmosféricos, cifra que incluye contaminantes criterio y precursores de gases de efecto invernadero. Estos están asociados a la muerte de 14,734 personas y a 57 defunciones de niños menores de 5 años.9

Por lo que al agua dulce se refiere, nuestro país padece un preocupante estrés hídrico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en México, en los últimos 60 años, la cantidad de agua disponible por persona ha disminuido cerca de 75%, sobre todo como consecuencia del crecimiento poblacional y de una deficiente gestión del recurso10. En 1950, la disponibilidad de agua per cápita era de 17,742 metros cúbicos por año, pasando a poco menos de 11 mil en 1960 y a menos de 8 mil en 1970.11  En 2010, la disponibilidad por habitante fue de 4,090 m3/año.12 Por otro lado, no debe perderse de vista que en el país actualmente 101 acuíferos se encuentran sobre explotados y aproximadamente el 80% de las aguas residuales que se vierten no reciben tratamiento previo, situación que puede en parte explicar por qué nuestro país tiene una tasa de mortalidad de 9.4 por cada 100 mil niños menores de 5 años.13 A ello se suma el que 9.52 millones de personas no cuenten con el servicio de agua potable y 11.10 millones no tengan sistemas de saneamiento adecuados.14

Por otra parte, la superficie forestal afectada por incendios forestales, que en más del 50% de las ocasiones son provocados por actividades antropogénicas en el año 2013 fue de 413,215.95 hectáreas, de las cuales el 6.82%, es decir 28,170.75 hectáreas correspondieron a renuevo y arbolado adulto.

Respecto al aprovechamiento pesquero, se calcula que en el país “46.3% de los recursos están aprovechándose al máximo, se considera sobre-pesca en el 28.6% y 18.3% colapsados.”15

Lo cierto es que de no garantizar una gestión sustentable de los recursos de nuestros ecosistemas, el país enfrentará un escenario complejo en el corto plazo.

Un indicador utilizado para medir el grado en que los ecosistemas productivos de la Tierra cuentan con la capacidad regenerativa para sostener las demandas de la sociedad es la huella ecológica. Este concepto surgió en la década de los años 90 del siglo XX. Cuando la demanda de recursos naturales excede los límites disponibles se dice que el consumo es no sustentable, por lo que es de esperarse que la disponibilidad de recursos para las especies silvestres sea insuficiente, con el consecuente impacto negativo para la biodiversidad y los servicios que provee, entre ellos los ambientales.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo para la Huella Ecológica (Global Footprint Network), ésta mide “cuánta superficie terrestre (área de tierra y agua) requiere una población humana para producir el recurso que consume y absorber sus desechos usando la tecnología actual.”16

El uso de este indicador, que se mide en hectáreas globales ha ganado espacios importantes, tanto que las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica adoptaron el uso de este indicador para poder cumplimentar lo dispuesto en la Decisión VII/30, concretamente lo relativo al objetivo 4. Promoción del Uso y Consumo Sustentables, la reducción del consumo insustentable de la diversidad biológica de cara al cumplimiento de las metas del año 2010 sobre la reducción de la pérdida de diversidad biológica.

Este indicador también es utilizado por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) para la elaboración del Informe del Planeta Viviente (World Living Planet). La edición 2012 de este informe indica que el Sistema de Cuentas Nacionales de la huella ecológica en un país puede interpretarse como “la demanda humana sobre los ecosistemas en términos de la superficie utilizada para la producción agrícola, pecuaria, forestal, y de zonas pesqueras, así como el área ocupada por la infraestructura y los asentamientos humanos y la requerida para absorber el bióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles.”17 Si bien el agua no puede ser medida en hectáreas globales, existe asimismo el indicador de huella hídrica, que se define como: “el agua total que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país.”18

Sobre los resultados de la edición más reciente del Informe aludido (2014), destaca que el total del número delas especies evaluadas a lo largo de una década en los principales ecosistemas se han reducido en un 52%, como se demuestra en la tabla I. Asimismo, de acuerdo con los indicadores más recientes del Grupo de Trabajo para la Huella Ecológica, en el año 2010 “la biocapacidad total del planeta fue de 12 mil millones de hectáreas globales (1.7 hectáreas globales/persona), mientras que la huella ecológica de la humanidad fue de 18.1 mil millones de hectáreas globales (2.6 hectáreas globales/persona)19. Esto significa que la huella ecológica de la humanidad excedió en 50% la biocapacidad19 del planeta, es decir, que a éste le toma 1.5 años regenerar enteramente los recursos renovables que las personas utilizamos o consumimos en un año.20

Tabla I. Indice del Planeta Viviente (estado de las especies en los principales ecosistemas) 1970-2010

 

 

No. de especies

Porcentaje de cambio

 

Global

Global

3,038

-52%

Temperado

1,606

-36%

Tropical

1,638

-56%

 

Ecosistemas

Terrestre

1,562

-39%

Dulceacuícola

757

-76%

Marino

910

-39%

 

Zonas biogeográficas

Neártica

745

-20%

Neotropical

548

-83%

Paleártica

541

-30%

Afrotropical

264

-19%

Indo-pacífica

423

-67%

Fuente: World Wildlife Fund. 2014. “Living Planet Index FAQ”. World Living Planet Report 2014 Appendix. Global Footprint Network/Zoological Society London. United Kingdom. p. 138. En: file:///C:/Users/Senado/Downloads/wwf_lpr2014_low_res.pdf. Páginaconsultada el 10 de noviembre de 2014.

A nivel nacional, en el año 2008 la huella ecológica de México fue de 3.3 hectáreas globales/persona, mientras que la biocapacidad fue de 1.4 hectáreas globales/persona, lo que nos hace un país deficitario en 1.9 hectáreas globales/persona. Cabe destacar que el componente de la huella ecológica que más se incrementó fue el del área requerida para absorber bióxido de Carbono liberado por la quema de combustibles fósiles, que representa el 51.5% del total de la huella ecológica de México.21 Por lo que se refiere a la huella hídrica, en el periodo 1996-2005 fue de 1,978 m3/hab/año superior en 42% al promedio mundial.22

La huella ecológica de México se ha incrementado. De acuerdo con los datos disponibles del Grupo de Trabajo para la Huella Ecológica, en el año 2009, la huella ecológica de nuestro país fue de 3.4 hectáreas globales/persona, mientras que la biocapacidad fue de 1.4 hectáreas globales/persona, lo que nos hace un país deficitario en 1.9 hectáreas globales/persona.23 Esto quiere decir que estamos utilizando insustentablemente los recursos naturales que requerimos para el desarrollo de nuestras actividades y sustento. Más aún, los datos para 2010 (los más recientes) no son más alentadores ya que de un total de 152 países analizados, la huella ecológica medida en hectáreas/persona para nuestro país ocupa el lugar 49, destacando que la del área requerida para absorber bióxido de Carbono liberado por la quema de combustibles fósiles representa el 55% del total; es decir que, en tan sólo un año ésta se incrementó en 3.5%.24 Por lo que hace a la biocapacidad per cápita del país, ésta ocupa el lugar 77,25 lo cual indica que formamos parte del grupo de países que continúan utilizando insustentablemente los recursos naturales a partir de los cuales muchas actividades productivas se llevan a cabo.

Consciente de lo anterior y convencida de que para contribuir al logro de la meta nacional México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, particularmente en lo que se refiere al crecimiento verde incluyente, propongo una reforma al artículo 17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para garantizar la disminución del impacto ambiental de las actividades que realizan la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación. De forma concreta, proponemos que los manuales a que hace referencia dicho artículo, además de buscar la optimización de los recursos materiales y la reducción de costos financieros, tengan como objetivo la disminución de la huella ecológica que generan las actividades  de los poderes de la Unión.

Desde nuestra perspectiva, las instituciones del Estado mexicano tienen la responsabilidad y obligación de estar a la vanguardia en el impulso de acciones para garantizar un uso eficiente y sustentable de los recursos que utilizan. Y no nos referimos únicamente a los recursos presupuestales, sino a los recursos naturales.

Estamos seguros que la introducción del indicador de la huella ecológica permitirá por primera vez, a estos poderes contar con elementos mesurables, monitoreables y comparables para conocer con exactitud el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y estar en posibilidades de desarrollar acciones para disminuirlo. Cabe señalar que el indicador de huella ecológica cuenta con una serie de estándares cada uno sustentado en una robusta metodología, que permite combinar diferentes huellas ecológicas seleccionadas de acuerdo al enfoque del estudio institucional que se realice. Este necesariamente incorpora el cumplimiento de estándares para productos.

La alusión al concepto de gestión ambiental en la reforma que se presenta obedece a la necesidad de incidir eficientemente en el uso y consumo responsable de los tres órdenes de gobierno. Una gestión ambiental eficiente permite un uso sustentable de los recursos naturales y reduce la huella ecológica. Aunado a ello la gestión ambiental permite un paulatino desarrollo de las capacidades institucionales de estos órdenes de gobierno.

De manera paralela, proponemos señalar que los manuales de sistemas de gestión ambiental incluirán medidas para fomentar el uso de medios electrónicos y adoptar tecnologías y mecanismos que generen un consumo sustentable de energía y agua. Todo ello, de conformidad con la disponibilidad técnica y presupuestal de cada caso.

Es importante señalar que, desde su establecimiento en la LGEEPA en el año 2003, los manuales de manejo ambiental han sido una importante herramienta para reducir los costos ambientales de las actividades gubernamentales. Sin embargo, como se puede apreciar, los manuales de manejo ambiental a que hace referencia el artículo 17 BIS se concentran fundamentalmente en hacer más eficiente el uso de bienes destinados al funcionamiento de las oficinas gubernamentales, pero no en la disminución de la huella ecológica que generan sus actividades.

Mediante el fortalecimiento de los manuales se incentivará a la Administración Pública Federal, al Poder Legislativo Federal y al Poder Judicial de la Federación a hacer un aprovechamiento y uso sustentable no sólo de los recursos materiales que utilizan sino también del agua y la energía eléctrica.

Como señalamos anteriormente, la reforma propuesta es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ya que propicia el cumplimiento de la meta nacional México Próspero al favorecer el crecimiento verde incluyente.

Por otra parte, la reforma propuesta contribuirá a cumplimentar las disposiciones del PND 2013-2018, en concreto la estrategia 4.44.1 relativa a la implementación deuna política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. Ello mediante la promoción del uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

A partir de esta iniciativa también se dará cumplimiento al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, relativo al crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente. El Programa Sectorial contempla al menos tres líneas estratégicas con las que la reforma propuesta es compatible: (1) brindar una mayor atención al tema de producción y consumo responsable en la agenda transversal; (2) la promoción de sistemas eficientes de manejo ambiental y (3) el fomento del gobierno sustentable (consumo de bienes elaborados con estándares de sustentabilidad).

Aunado a lo anterior, la reforma propuesta es congruente con lo dispuesto por la fracción IX del artículo Décimo Primero del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, relativo al fomento de la reducción de uso de papel, a través de la utilización de formas pre codificadas, formatos electrónicos y gestión electrónica de documentos.

Por último, es necesario comentar que la propuesta de reforma al artículo 17 BIS complementa lo dispuesto por el artículo 17 TER que promueve la captación de agua pluvial para utilizarla en baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato. Con ello se reduce la demanda de agua potable y se evita la sobre explotación de mantos acuíferos. Como se aprecia el objeto de este artículo no es hacer un uso eficiente del agua que se suministra a los inmuebles públicos mediante la red hídrica, sino aprovechar el agua de lluvia.

Lo cierto es que la reducción del consumo está estrechamente vinculada a una mejor elección de los recursos materiales que cumplen con criterios ambientales y que tienen beneficios paralelos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de residuos sólidos urbanos.

En atención a lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 17 BIS.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de gestión ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales con el fin de reducir costos financieros, así como la disminución de la huella ecológica de sus actividades.

Los manuales de sistemas de gestión ambiental incluirán medidas para fomentar del uso de medios electrónicos y adoptar tecnologías y mecanismos que generen un consumo sustentable de energía y agua. Lo anterior, de conformidad con la disponibilidad técnica y presupuestal de cada caso.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

1 Neyra González, L. y Durand Smith, L. 1998. “3.3 Causas de la gran biodiversidad de México. “ Biodiversidad. La Diversidad Biológica en México: Estudio de país. México, pp. 66 y 69. En: http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/divBiolMexEPais4.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014.

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2011. “Country Rankings: Forest Area”. En: http://foris.fao.org/static/data/fra2010/III.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014.

3 Comisión Nacional Forestal. 2012. “Superficie Forestal Nacional”. Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009. México, p. 66.

4 FAO. 2012. “Marine Capture: 25 major producer countries.” Global Capture Production Database Updated to 2012. En: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/Overviews/CaptureStatistics2012.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014.

5 FAO. 2012. “Tabla 6. Los diez principales productores acuícolas por regiones y a nivel mundial en 2010.” El Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura 2012. Roma, p. 32. En: http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014.

6 Debido a las características geográficas, orográficas e hidrológicas del país el agua se distribuye de manera desigual a lo largo del territorio nacional, pues casi tres cuartas partes de la población mexicana viven en regiones y comunidades donde el líquido es escaso. Basta decir que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las regiones norte y centro de México, que en 2009 albergaban al 77% de la población, sólo tenían el 32% del agua disponible; En contraste, la región sureste, que albergaba en ese momento al 23% de la población mexicana, gozaba del 68% de la disponibilidad nacional del líquido.

7 Comisión Nacional del Agua. 2013. Estadísticas del Agua en México 2012. “Agua Renovable”. México, p. 13. Comisión Nacional del Agua et.al. 2012. El reto hídrico en México. Una carta de navegación. México, p. 13.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2013. “Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental como porción del PIB a precios de mercado, 2007-2011.” Sistema de cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2007-2011. México, pp. 22 y 46

9 Datos al año 2008. World Health Organization. 2014. Urban Air Pollution Burden of Disease. Data by Country: México. En: http://apps.who.int/gho/data/view.main.100320. Páginaconsultada el 7 de abril de 2014.

10 OECD. 2013. “ExecutiveSummary”. OECD Studies on Water. Making Water Reform Happen in México. París, p. 31.

11 Secretaría de Medio Ambiente y Recursoso Naturales. 2013. ”Disponibilidad Percápita”. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012. Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. México, p. 270.

12 Semarnat, Conagua. 2013. Estadísticas del Agua en México. Edición 2012. México.

13 Gobierno Federal. 2013. “Indicadores de Salud Infantil.” Primer Informe de Gobierno 2012-2013. Anexo Estadístico. México, p. 96.

14 Comisión Nacional del Agua. 2012. “Coberturas a diciembre 31 de 2011”. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2011. México, p. 18.

15 ArreguínSánches, F. y Arcos Huitrón, E. 2011. “La pesca en México: estado de explotación y uso de los ecosistemas.” Hidrobiología. Vol. 21, no. 3, México, p. 431. En: http://investigacion.izt.uam.mx/rehb/publicaciones/21-3PDF/435-462_Arcos.pdf. Página consultada el 8 de abril de 2014.

16 The Global Footprint Network. 2014. “La Huella Ecológica visión general”. En: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/. Páginaconsultada el 8 de abril de 2014.

17 World Wildlife Fund. 2012 “Measuring Human Demand”. World Living Planet Report 2012. Global Footprint Network/Zoological society London. United Kingdom, p. 38. En: http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf. Página consultada el 9 de abril de 2014.

18 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. “Recuadro Huella Hídrica y Agua Virtual”. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental2012. México, p. 273.

19 World Wildlife Fund. 2014 “The Ecological Footprint”. World Living Planet Report 2014. Global Footprint Network/Zoological Society London. United Kingdom, p. 33. En: file:///C:/Users/Senado/Downloads/wwf_lpr2014_low_res.pdf. Páginaconsultada el 10 de noviembre de 2014.

19 Por biocapacidadse entiende la capacidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos utilizables (que demanda la economía humana año con año) y para absorber los residuos generados por los seres humanos utilizando los sistemas de manejo y las tecnologías de extracción actuales.Se mide en hectáreas globales. Ver. The Global Footprint Network. 2014. “Glosario”. En: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/glossary/. Páginaconsultada el 9 de abril de 2014.

20 Idem.

21 World Wildlife Fund. 2012 “Annex: Technical Notes and Data Tables”. World Living Planet Report 2012. Global Footprint Network/Zoological Society London. United Kingdom, p. 144. En: http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf. Página consultada el 9 de abril de 2014.

22 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. Op. Cit. p. 274.

23 The Global Footprint Network. 2014. “National Footprint Accounts 2012.” Ecological Footprint and Biocapacity in 2009. En: http://www.footprintnetwork.org/licensing/download/dl.php?c=%3A8%3D%3E%3F+%22%22%22%2C. Página consultada el 29 de abril de 2014.

24 World Wildlife Fund. 2014. “Table 5. Ecological Footprint and Biocapacity Data Tables ”. World Living Planet Report 2014 Appendix. Global Footprint Network/Zoological Society London. UnitedKingdom. p. 159. En: file:///C:/Users/Senado/Downloads/wwf_lpr2014_low_res.pdf. Página consultada el 10 de noviembre de 2014

25 Idem.





 

Se concede la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

La idea central de elevar a rango constitucional la consulta popular o algún otro mecanismo de democracia participativa, viene precedida en parte porque actualmente la democracia representativa está en crisis y carece de legitimidad ante los ciudadanos.

La semana pasada todo México, así como toda la comunidad internacional, fueron testigos de la solidaridad de todos los mexicanos, pero también se pudieron observar las manifestaciones de protesta, la desilusión de la sociedad e incluso, el repudio de un sector importante en contra de sus autoridades. Sencillamente no se sienten representados por la clase política gobernante.

Un ejemplo bastante claro de que no se quiere escuchar la opinión de la ciudadanía es el lamentable desenlace que tuvieron las consultas ciudadanas promovidas por cuatro diferentes partidos políticos. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la de la Nación de declarar improcedente los primero intentos de consulta popular y con ello echar en saco roto el apoyo de aproximadamente 13 millones de firmas de ciudadanos en su conjunto, permite concluir que nuevamente la voluntad del pueblo mexicano no fue tomada en cuenta, que el interés de las mayorías está subordinado al interés cupular.

Sin embargo, nadie se debe extrañar que el vicio es de origen, la redacción tanto a nivel constitucional como legal en materia de consulta popular nació muerta, este elefante blanco estaba destinado al fracaso, las restricciones constitucionales interpuestas imposibilitan la realización efectiva de una consulta popular.

Más de millón y medio de firmas, validación de las rúbricas por parte de la autoridad electoral, revisión sobre la constitucionalidad de la consulta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, finalmente, la aprobación de la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión.

Bajo esta lógica, es más fácil crear un nuevo partido político que realizar cualquier consulta. Adicionalmente han quedado enumerados los temas que no pueden ser sujetos del escrutinio público u opinión por parte de los ciudadanos.

En primer lugar, porque la materia sobre la cual versará la consulta popular debe ser de trascendencia nacional; y en segundo lugar, porque se debe verificar si dicha materia trata o no sobre algún tema que no pueda ser objeto de consulta de conformidad con el artículo 35, fracción VIII, numeral 3 constitucional. Esto es, la restricción de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de esta República representativa, democrática, laica y federal. La materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

Ahora bien, si la materia de una consulta incide en alguno de ellos, ya en la cancha de la Corte, los Ministros declararán su inconstitucionalidad; de lo contrario afirmarán su constitucionalidad y procederá a revisar que la pregunta sobre la que se pretende hacer la consulta derive directamente de la materia de la consulta, que no sea tendenciosa o no contenga juicios de valor, que emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

Ante este víacrucis procedimental, sólo queda de manifiesto que no se quiere involucrar y no se quiere concienciar a la ciudadanía sobre la realidad y la situación tan delicada por la que el país atraviesa actualmente. Por el contrario, lo único que se busca es maquillar una figura tan relevante como lo es la consulta popular, a fin de que se impida la participación informada y responsable de la sociedad en los asuntos públicos.

De mantenerse los candados ya mencionados, se haría prácticamente imposible someter a consulta popular casi cualquier tema, pues siguiendo la línea argumentativa de la Corte, ¿qué materia no tiene alguna medida, repercusiones directas o indirectas sobre ingresos y egresos del Estado?

Es claro que casi cualquier decisión del ámbito público debe ser acompañada con el respaldo presupuestal para su implementación. Es necesario entender que la participación ciudadana es la columna vertebral de todo régimen democrático; por ende, cualquier toma de decisión pública debe ser tomada por los gobernantes en beneficio del pueblo y si, además, dichas decisiones son acompañadas por el respaldo y la aprobación de la ciudadanía, se podría hablar de la consolidación de la democracia y de un efectivo estado de derecho.

En este sentido, el Congreso de la Unión debe fortalecer la participación de la ciudadanía. Se deben abrir verdaderos espacios en los que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre asuntos públicos directamente en su vida diaria; se deben revisar y adecuar las normas y procesos de manera que incluyan, en la medida de lo posible, la participación activa de los ciudadanos y sus organizaciones.

Es evidente que la sociedad en su conjunto necesita mejores herramientas jurídicas para participar e incidir en las decisiones de la autoridad, así como limitar y controlar el poder público y de paso enfrentar la influencia indebida y perniciosa de los poderes fácticos.

En este sentido, se propone modificar la fracción VIII del artículo 35, donde se plantea la eliminación de la frase "sobre temas de trascendencia nacional", ya que dicha frase da lugar a interpretaciones subjetivas con dicho cambio. Se pretende que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal efectivamente sean objeto de consulta popular, abriendo así el espectro en el que puedan participar los ciudadanos.

Bajo esta misma lógica, se propone modificar el numeral 3 de la fracción en comento, para que las consultas populares no puedan versar únicamente sobre la restricción de los derechos humanos y respecto de la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Con estos cambios, la consulta popular será un recurso de apelación sobre decisiones que emanen del Poder Legislativo o Ejecutivo.

Asimismo, se deroga el segundo párrafo de la fracción VIII, pues resulta contrastante que para la realización de una consulta popular promovida por los ciudadanos se deba reunir un millón y medio de firmas de ciudadanos, dichas firmas sean validadas por el Instituto Nacional Electoral y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la constitucionalidad de la materia en consulta; y además de dichos filtros, el Congreso de la Unión debe aprobarla por la mayoría de cada Cámara de Congreso de la Unión, algo totalmente contrario al sentido original de una consulta popular, pues una minoría estaría decidiendo sobre la mayoría.

Y finalmente, se propone que las consultas populares se celebren 60 días después de que se haya declarado su procedencia, pues al juntar las consultas populares con las elecciones para elegir a un representante de elección popular, aquellas pueden ser utilizadas con fines electorales; es decir, ganar voto para cierto partido político.

Con dichas modificaciones, se plantea que la consulta popular ayude a enriquecer y consolidar a la democracia representativa y de ninguna manera a debilitarla.

Con dicho mecanismo, los ciudadanos tienen en sus manos la inalienable soberanía popular, se legitimarían las decisiones públicas y existiría una mejor relación entre los representantes y los representados.

En resumen, si no se atienden los errores que tiene este falso empoderamiento ciudadano, la única vía que tendrá el pueblo de México ante cualquier descontento o problemática será el ejercicio de su único y legítimo recurso que tienen para ser tomados en cuenta, las manifestaciones, consignas y protesta social.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Etimológicamente el vocablo democracia  deriva de la conjunción de dos palabras: demos, que significa ciudadanos o pueblo, y kratos, definido como poder o gobierno, dichas palabras dieron origen al término demokratia acuñado por vez primera a Herodoto a mediados del siglo V a. C.1

Por lo tanto, la democracia es el poder del pueblo, es un sistema de gobierno por el cual, los ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos eligen a sus gobernadores (democracia representativa), para que estos tomen decisiones en nombre del pueblo.

Al respecto Rousseau, indicó: "no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite pero no la voluntad".2

En este orden de ideas resulta de vital importancia que dentro de un sistema democrático, se establezcan las normas jurídicas que velarán por su buen funcionamiento. Para Norberto Bobbio, las reglas concretas para el funcionamiento del sistema democrático, consistentes en que todos los ciudadanos deberían gozar de sus derechos políticos, el voto de cada uno es igual al de los demás, debe existir una libertad para practicarlo de acuerdo a su libre opinión.

En este sentido menciona Bobbio que:

La única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo que procedimientos.3

En México, se transitó de un sistema presidencial con funciones meta constitucionales, fundado en un partido hegemónico, a un sistema pluralista. En el ámbito de la Ciencia Política, Guillermo O´Donnell y Schmitter Philippe, entienden a la transición como: "el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro".4 Estos autores mencionan que las transiciones inician con la disolución del régimen autoritario al mismo tiempo que se va fundando alguna forma de democracia.

Mauricio Merino, por su parte menciona que hay tres rasgos esenciales para que se lleve a cabo una transición: "el primero se da entre el viejo régimen y quienes obtendrán el nuevo régimen, en donde se establecen las reglas del juego; el segundo es la ruptura abrupta entre un régimen y otro; y el tercero es la construcción de nuevas instituciones".5 Durante la transición se van estableciendo las reglas del juego, con el objetivo de garantizar, ampliar y redefinir los derechos de los individuos; a este proceso se le denomina liberalización política.

En el proceso de liberalización se reconocen el hábeas corpus, derechos de asociación, información, manifiesto, réplica y se amplían libertades para los partidos políticos. Es la fase de la apertura y la tolerancia, pero se considera insuficiente para arribar a la democracia puesto que las prácticas liberalizadoras suelen institucionalizarse y por ende incrementan los costos efectivos y percibidos de una eventual anulación o retroceso hacia el autoritarismo. Por tal razón es necesario que exista un proceso de democratización, que se refiere a:

Aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la ciudadanía son, o bien aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios (p. ej., el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas), o bien ampliadas de modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones (p. ej., las personas que no pagan impuestos, los analfabetos, las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y los residentes extranjeros), o para abarcar problemas e instituciones que antes no participan de la vida ciudadana (p. ej., organismos del Estado militares, organizaciones partidarias, asociaciones de intereses particulares, empresas productivas, entidades educativas).6

En síntesis, el proceso de democratización consiste en incorporar a la toma de decisiones públicas a todos aquellos grupos sociales que se encuentren excluidos, es decir, se deben ir ampliando paulatinamente los espacios de participación ciudadana.

En México existe una transición a la democracia inconclusa, una democracia que no se ha logrado consolidar, si bien es cierto en que las reglas y las instituciones electorales han jugado un papel fundamental, éstas han sido insuficientes, muestra clara de ello es el gobierno mexicano, el cual, difícilmente atiende las demandas sociales, es innegable que el sistema representativo no es representativo a toda la divergencia social, no se les otorga la suficiente voz y voto a sectores como los indígenas, mujeres y jóvenes, entre otras minorías. 

En este sentido, la transición a la democracia ha consistido de pasar de un sistema de partido hegemónico a uno pluralista con cierta competencia electoral, lo que dio como resultado que se tenga una partidocracia que limita a los ciudadanos al voto universal. La democracia en México consiste solamente en partidos políticos, elecciones, candidatos, campañas y encuestas. Sin embargo, la democracia va más allá, es el gobierno de los ciudadanos o, si se quiere, de la opinión pública, pues el voto no es el único medio de legitimación democrática.

Al respecto resulta de suma importancia hacer mención de la "teoría de las elites",  grosso modo, señala que en toda sociedad una minoría es siempre la única que detenta el poder en sus diversas formas frente a una mayoría que carece de él; es decir, los representantes emanados del pueblo se convierten en elites del poder público organizada, poderosa y dominante.

En este contexto los partidos políticos son organizaciones oligárquicas organizadas, los cuales, en México han demostrado, en ciertos casos, su falta de representatividad y su ausencia para promover la participación del pueblo en la vida democrática y no hacer posible el acceso del poder público a los ciudadanos.            

Sin embargo, y a pesar de lo que se piense, los principios democráticos se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3, 25, 26, 27, 39 y 40.

El artículo 3 constitucional en su aparatado II, establece que la democracia es uno de los criterios que orienta a la democracia y que no debe ser vista solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En este orden de ideas, el artículo 25 constitucional estipula que: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".

El artículo 26 constitucional hace referencia en diversas partes de su texto al principio democrático. Indica que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Mención especial merece el artículo 39 constitucional, establece que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno".

Este artículo es el eje recto de la vida democrática de México, pues hace referencia a la participación de los ciudadanos, quienes en todo momento tienen el exclusivo poder soberano, y abre la posibilidad de que los ciudadanos se involucren de manera directa en la toma de decisiones públicas.  

El artículo 40 de la Constitución Política Federal prescribe que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. A su vez, el primer párrafo del artículo 41 de la norma fundamental determina que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

A pesar de que en México el artículo 40 constitucional establece que es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal. El único precepto en toda la Carta Magna que define, o al menos intenta definir, lo que es la democracia en México, es el precepto 3°.

La definición constitucional a la que se hace mención es una acepción evolucionada en relación a los orígenes de dicha palabra y sus derivados, la democracia no es sólo representación, sino es también el gobierno de la opinión pública. La democracia no se debe limitar a la simple decisión del pueblo para subordinar su voluntad a los gobernantes, de ser así, la población estaría arraigada a un ente arcaico.

La democracia es regeneración, implica mucho más que simples elecciones periódicas para cargos de elección popular, es también libertad, asociación y opinión, rigiéndose siempre bajo un Estado democrático, pues sencillamente los países en donde no se respetan las garantías individuales de los ciudadanos y donde la desigualdad social es enorme no pueden considerarse democráticos.

Los sistemas democráticos forzosamente incluyen construcción y elaboración de proyectos nacionales para luchar contra los problemas de los gobernados, transparencia y rendición de cuentas, regiones en donde no se satisfagan las necesidades sociales y donde la pobreza abunde más que la riqueza, se entienden como lugares antidemocráticos, incluso pueden mutar en tiranías.

Derivado de lo anterior, fue como se elevó tardíamente la consulta popular a rango constitucional, el objetivo de este instrumento es instaurar contrapesos a los partidos, gobernantes y legisladores por parte de los ciudadanos, pues con dicho mecanismo ellos son quienes mediante su voto deciden directamente sobre asuntos de trascendencia para la vida pública.

Lo que se pretendió con dicho mecanismo fue que los ciudadanos decidieran sobre temas relevantes en las que tradicionalmente son los gobernantes y legisladores quienes toman las decisiones.

La consulta popular debe estar básicamente en manos de los ciudadanos y no manipulada por los partidos, gobernantes y legisladores, o bien de estos cuando consideran que es una decisión de tal importancia que vale la pena someterla al escrutinio de los ciudadanos, de manera que dicha decisión cuente con suficiente legitimidad.

Sin embargo, para que se lleve a cabo una consulta popular debe pasar por varios obstáculos que fueron impuestos en la LXI Legislatura, y consagrados en la Ley Federal de Consulta Popular validad por la LXII Legislatura. 

Los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, y Revolucionario Institucional, promovieron consultas populares sobre la reforma energética, salarios mínimos y disminución de diputados y senadores plurinominales del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las cuatro solicitudes para realizar consultas populares. Primero rechazó la solicitud del PAN en materia de salarios mínimos; después siguió la solicitud de Morena, relativa a la reforma energética, enseguida la solicitud del PRD sobre el mismo tema y por último la solicitud del PRI.

Con respecto a los temas energéticos y salarios mínimos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la solicitud del PAN en materia de salarios mínimos afectaría a los ingresos y egresos del Estado. El mismo criterio se aplicó con respecto a las consultas planteadas por Morena y el PRD en materia energética, pues la Corte consideró que hacer cambios en el modelo energético recientemente aprobado repercutiría en los ingresos y egresos del Estado.

Las resoluciones de la Suprema Corte fueron en contra del principio pro persona, ante poniendo cuestiones meramente económicas como son los ingresos y egresos del Estado, y vulnerando así el principio anteriormente citado. De mantenerse este criterio se haría prácticamente imposible someter a consulta popular casi cualquier tema, pues ¿qué tema no tendría en alguna medida repercusiones directas o indirectas sobre los ingresos y egresos del Estado? Casi cualquier decisión del ámbito público debe ser acompañada con el respaldo presupuestal para su implementación.

Podría incluso argumentarse que todos los temas de una consulta están obstaculizados por la simple razón de que cualquier política pública o legislación que emane de una consulta popular requiere recursos públicos para ejecutarse. Los diversos sectores minoritarios que ostentan el poder han puesto una cortina de humo con cara de democracia que busca esconder la realidad mexicana, y si no se respetan los procedimientos mucho menos los contenidos, de tal manera que muchas de las decisiones tomadas por los diversos órganos de poder no están encaminadas al desarrollo social.

El engaño democrático en el que se encuentra inmerso el país ha hecho que la población en general haya perdido la confianza en el sistema democrático, de tal manera que lo que se vivió fue una transición democrática de voto, es decir la participación ciudadana se ha reducido a tan sólo votar en cada elección, sin intervenir de alguna otra manera en la democracia, por ello, es fundamental incentivar y abrir espacios de participación ciudadana, que impulse un cambio en el país.

Por su parte, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, mencionó en la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 30 de octubre de 2014 que:

La figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano en el artículo 35 de la Constitución.

La interpretación de los derechos humanos debe ser la más benéfica para la persona, ya que de otro modo, iríamos en contra del sentido de artículo 1º constitucional y de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos.

Es por ello que, la interpretación a las restricciones al ejercicio de un derecho, en este caso, a los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse de manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta; restringir la consulta, me parece, conlleva restringir un derecho humano.7

En consecuencia, de poco sirvió que se recolectaran 13 millones de firmas de los ciudadanos, si la Corte declaró invalidas las consultas ciudadanas. Esto puede crear un desencanto en la ciudadanía, lo cual sería alarmante, ya que la consulta popular es una figura que permite a la población emitir su opinión mediante una participación informada y responsable.

Al anteponer los ingresos y egresos antes que los derechos humanos, daría como resultado que difícilmente se lleve a cabo una consulta ciudadana. La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu republicano nace de la convicción de que el interés público corresponde al interés general. La comunidad democrática proviene de la intervención de los ciudadanos en la vida pública. La recuperación ciudadana de las instituciones implica la ampliación de la democracia representativa, comunitaria y participativa.

Los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente asegurados, junto con los derechos políticos económicos, sociales y culturales. Pues la idea central de elevar a rango constitucional la consulta popular, es complementar a la democracia representativa con mecanismos de la democracia participativa a fin de empoderar al ciudadano en la toma de decisiones públicas.

La participación ciudadana es el derecho que tienen los ciudadanos, las cuales en pleno goce de sus derechos humanos, políticos y sociales pueden expresar su aprobación, rechazo y opinión en asuntos de interés general.

La participación ciudadana es la columna vertebral de todo régimen democrático, pues el pueblo es el titular de la Soberanía y fuente de todo poder público; por tal razón, cualquier toma de decisiones públicas tomadas por los gobernantes debe ser en beneficio del pueblo.

En este sentido el Congreso de la Unión debe fortalecer la participación de la ciudadana, se deben abrir verdaderos espacios en los que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre asuntos públicos que incidan directamente sobre su vida.    

Se deben revisar y adecuar las normas, procesos y presupuestos gubernamentales, de manera que incluyan en la medida posible la participación activa de los ciudadanos y sus organizaciones.

Es evidente, que la sociedad en su conjunto necesita mejores herramientas jurídicas para participar e incidir en las decisiones de autoridad, así como limitar y controlar el poder público y, de paso, enfrentar la influencia indebida y perniciosa de los poderes fácticos.

Por tal razón, el objetivo de la presente reforma es hacer más accesible la consulta popular, es decir, se derogan algunos candados que imposibilitaban la realización de dicha figura de la democracia directa, para que así se avance en la vida democrática del país.

Se modifica la fracción VIII del artículo 35, se propone la eliminación de la frase "sobre temas de trascendencia nacional", ya que dicha frase da lugar a interpretaciones subjetivas, con dicho cambio se pretende que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal, sean objeto de consulta popular, abriendo así el espectro en el que puedan participar las ciudadanos.

Bajo esta misma lógica se propone modificar el numeral 3 de la fracción en comento, los ciudadanos no podrán emitir su opinión en temas de restricción de derechos humanos y de organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada, con estos cambios la consulta popular será un recurso de apelación o impugnación sobre decisiones que emanen del Poder Legislativo o Ejecutivo.

Asimismo, se deroga el segundo párrafo del inciso c, numeral 1 de la fracción VIII, pues resulta contrastante que para la realización de una consulta popular promovida por los ciudadanos se deba reunir más de un millón y medio de firmas de los ciudadanos; dichas firmas sean validadas por el Instituto Nacional Electoral y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Y además de dichos filtros, el Congreso de la Unión debe aprobarla por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, algo totalmente contrario al sentido original de una consulta popular, pues una minoría estaría decidiendo sobre la mayoría.    

Finalmente se propone que las consultas populares se celebren sesenta días después de que se haya declarado su procedencia, pues el juntar las consultas populares con las elecciones para elegir a un representante de elección popular; las consultas podrían ser utilizadas con fines electorales, es decir, ganar votos para cierto partido político o bien desacreditarlo.

En síntesis la consulta popular ayuda a enriquecer y consolidar a la democracia representativa, de ninguna forma la debilitan. Con dicho mecanismo los ciudadanos tendrán en sus manos la inalienable soberanía popular; además se reduciría la partidocracia, se legitimarían las decisiones públicas y existiría una mejor relación entre los representados y los representantes.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR

UNICO. Se reforman los numerales 1°, 3° y 5, fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VII. …

 

VIII. Votar en las consultas populares, sujetándose a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

2o.

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o….

5o. La consulta popular se realizará sesenta días después de que se haya declarado su procedencia;

6o a 7o. …

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

  1. a VII. …

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

  1. a VII. …

VIII. Votar en las consultas populares, sujetándose  a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

 

 

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará sesenta días después de que se haya declarado su procedencia;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila".

1 Véase Berlanga Santos, José Luis. (2010). "Democracia" en Eduardo Villareal y Víctor Hugo Martínez, V. (coord.), (Pre) textos para el análisis político. México: FLACSO.

2 Rousseau, Juan Jacobo. (2004). El contrato social. México: Editorial Porrúa, decimocuarta edición.  Pág. 17.

3 Bobbio, Norberto. (2007). El futuro de la Democracia. México: Fondo de Cultura Económica. Pág.24. 

4 O´Donell, Guillermo y Schmitter Philippec (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario volumen 4, España: Editorial Paidós. Pág. 19.

5 Merino, Mauricio (2003). La transición votada, México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 16.

6 O´Donell, Guillermo y Schmitter Philippec (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario, volumen 4, España: Editorial Paidós. Pág. 22-23.    

7 Contenido de la versión taquigráfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el Jueves 30 de Octubre de 2014, disponible en:  https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/30102014PO.pdf

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el Senador Raúl Morón Orozco, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Sean ustedes cordialmente bienvenidos!

 





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley por la que se Crea la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Cometidos en el Estado de Guerrero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY POR LA QUE SE CREA LA COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Honorable Asamblea:

Quiero iniciar mi intervención con una pregunta que dejo a reflexión de esta ciudadanía.

¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la memoria?

Se podría responder que la memoria es un medio que permite a las sociedades nutrir para el futuro un régimen de respeto y no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

La memoria y los derechos humanos deben de estar vinculados como una forma de evitar que la violación y, en consecuencia, el reclamo se conviertan en un ejercicio vacío que se alimente de sí mismo, en donde se pierda el sustento histórico de los mismos.

Ante la crisis que hoy lastima y tiene en la zozobra a México, es un deber ético y moral del Estado hacer un lugar a la memoria. Sólo a través del reconocimiento y rescate de la verdad podremos volver a levantar el rostro y reconstruir el tejido social de una nación que se desgarra.

Debemos aceptarlo y sólo cumplir con uno de los fines supremos del Estado. Proteger y garantizar la seguridad de su población.

Es incuestionable que ante el mandato de garantizar el derecho a la vida y a la dignidad de todos sus habitantes, hubo en el estado de Guerrero evidentes omisiones y complicidades que derivaron en una tragedia.

La información dada a conocer en las últimas semanas y los datos aportados por la Procuraduría General de la República revelan indicios de una conclusión dolorosa que causa vergüenza y consternación a todo México.

En regiones enteras y municipios del estado de Guerrero las autoridades y gobernantes han incurrido en una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos de sus habitantes.

Ayotzinapa no sólo encarna el dolor de 43 familias, es el símbolo profundo y vivo del horror que ha sufrido un pueblo, porque su tragedia es la de todo México.

Tenemos que hablar de Iguala como una inocultable tragedia nacional, un agravio y una afrenta a cada uno de nosotros, a las instituciones y a los ciudadanos.

Nuestra obligación, la obligación de quienes ocupamos algún cargo de representación popular es alzar la voz y no dejar reclamar por los jóvenes asesinados, por los jóvenes desaparecidos e impedir que el olvido erosione nuestra sed y nuestro reclamo de justicia. Por ello, nuestro deber mínimo apenas útil es recuperar su memoria.

Este es el propósito y objeto de la iniciativa que pongo a su consideración, con la expedición de la Ley por la que se Crea la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Cometidos en el Estado de Guerrero.

Propongo que desde el Senado de la República se contribuya a la explicación de los hechos que tienen al país sumido en la incertidumbre.

El valor de una Comisión de la Verdad no reside sólo en su función testimonial, sino que a través de ésta se emprende un doloroso, pero necesario ejerció de recuperación de la historia de estos jóvenes hoy desaparecidos.

Es una forma de hacer justicia. Sin duda, la verdad revelada expondrá el dolor, el desgarro, pero también la vergüenza.

Es necesario y, precisamente, a través de esta catarsis nacional que se necesita tiempo y espacio, que todos podremos afirmar la importancia y trascendencia de la justicia, de la reparación y, sobre todo, de la garantía a la no repetición.

Es necesario, entonces, hacer visible la dolorosa verdad sobre lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero para que no se olvide y no se repita.

Es necesario reconocerles a los familiares de las víctimas la vulneración de sus derechos como resultado a actuaciones u omisiones de las autoridades, así como el derecho a que se conozca la verdad de lo sucedido y se haga justicia.

Con la institucionalización del derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y a la memoria, la Comisión de la Verdad no sólo deberá restaurar su dignidad, sino también contribuir a la reconciliación social.

El derecho a la verdad es un principio bien establecido en el derecho internacional, cuya trascendencia rebasa la lucha contra la impunidad; es un paso al restablecimiento de la paz.

La experiencia de más de 30 comisiones de la verdad en todo el mundo, durante las últimas décadas, ha demostrado la importancia de ayudar a curar las heridas de las sociedades y a revelar las voces de las víctimas, trayendo a la luz la verdad sobre las violaciones cometidas, sus causas y consecuencias. Se pueden impulsar las reformas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir en un futuro.

Hoy, el derecho a la verdad es reconocido como un derecho inalienable.

Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en 1985 que toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

En este sentido, el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable para todos los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables.

La Comisión Interamericana ha destacado, igualmente, que el derecho a la verdad se relaciona también con el artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella.

Es nuestra obligación recuperar el rostro de nuestros desaparecidos, el convertir en voces claras los murmullos que emergen de la violencia y el darle luz a la verdad.

Es un compromiso de quienes tenemos la obligación de proteger al país de la impunidad no permitir el olvido, ya que si estas acciones no son castigadas y a las víctimas no se les garantiza la verdad, la justicia y la reparación integral, estos actos están condenados a repetirse.

A este deber y obligación responde el contenido de la presente iniciativa. Su urgencia es evidente y se manifiesta día con día.

Las expresiones de todos los sectores de la sociedad reclamando justicia vuelven imperativo contar con una instancia autónoma, con credibilidad y legitimidad de origen, que le permita atender un reclamo que se escucha en todo el país y cuyo eco retumba en el mundo entero.

La presente propuesta concibe a la Comisión de la Verdad como un órgano que puede trabajar con el apoyo permanente de la sociedad y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y que desde su integración asuma su función como instrumento para el esclarecimiento de los hechos violatorios de derechos humanos en el estado de Guerrero.

La Comisión de la Verdad no se limitará únicamente a la descripción de las diversas arbitrariedades, ni a la identificación de los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos, sino que deberá generar condiciones para el reconocimiento de las circunstancias que rodearon los hechos de violencia y que desencadenaron la crisis humanitaria que hoy nos lastima y nos avergüenza.

La Comisión de la Verdad promoverá, además, con base en los informes obtenidos, la reparación integral y colectiva de las comunidades, regiones y, en general, de las víctimas de los distintos hechos que violentaron sus derechos humanos.

En el mismo sentido, contribuirá desde el ámbito de su competencia con los órganos encargados de la procuración y administración de la justicia para determinar el paradero y estado de las víctimas, colaborando a su vez en la determinación de responsabilidades.

Será, también, parte de su objeto el emitir recomendaciones sobre reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención y no repetición, con el fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas constitucionales, legislativas, políticas o administrativas.

Las recomendaciones deben ir encaminadas a crear confianza y cambios positivos que el Estado mexicano tiene que realizar como un proceso de impulso de reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la paz, estimulando el tránsito hacia la reconciliación nacional.

La Comisión de Verdad se extinguirá con la presentación de un informe final que contengan todos los resultados de las investigaciones realizadas sobre lo acontecido.

Senadoras y Senadores, debemos preguntarnos: ¿Cuántos Ayotzinapas más tenemos que tolerar para que cuestionemos a fondo? ¿Si podemos seguir funcionando con la corrupción y con la impunidad? Y ¿Si es hora de quitarnos la venda y asumir nuestra propia responsabilidad, aportando toda nuestra voluntad al cambio que queremos para nuestro país, al que hemos maltratado con indiferencia, eventualmente convertida en olvido?

Seguir culpando a otros, seguir esperando que otros den nuestra lucha, es darle cuerda nuevamente al reloj que marca la cuenta regresiva del próximo Ayotzinapa.

Hoy nuestro país necesita una luz que genere certidumbre para que sea capaz de acabar con esta brutal oscuridad.

Hoy, ya no sólo los discursos de demagogias sirven. Hoy podemos hacer de esta ley una acción puntual de todos nosotros como Senadoras y Senadores de la República. Hoy podemos hacer ese cambio.

¡México, lo siento!

¡México, perdóname!

¡México, gracias!

¡México, te amo!

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita Senadora de la República, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para salvaguardar la paz, las sociedades de todo el mundo continúan experimentando periodos de violencia institucional, caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos. Estos abusos generalizados, que contravienen el marco internacional de los derechos humanos, erosionan la democracia y el Estado de derecho

Por lo cual la única manera de que los esfuerzos para abogar por los derechos humanos sean efectivos es defendiendo los derechos humanos también en casa, por eso todos los sistemas políticos que han pasado del autoritarismo al estado democrático de derecho han hecho un ajuste de cuentas con el pasado, y más concretamente con los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que se han cometidos por agentes estatales.

Estos estados han tenido que trabajar para afianzar la vigencia de la nueva democracia: dar a conocer la verdad de lo ocurrido durante el tiempo que se dieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y después satisfacer las demandas de justicia para buscar posteriormente una reconciliación entre los diferentes actores del conflicto.

El Estado Mexicano al ratificar la mayoría de instrumentos internacionales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ratificado su interés y voluntad en asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de su población y deviene en la obligación de reconocer, respetar, promover, proteger y sobretodo, garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades a toda persona, sin discriminación alguna.

Dicha circunstancia cobra especial relevancia con motivo de la aprobación de la reforma constitucional del pasado 10 de junio de 2011, la cual pone de relieve que esta reforma va mucho más allá del mero reconocimiento de derechos; implica una nueva decisión política fundamen­tal dentro del sistema constitucional mexicano, que impone la necesidad de que todos los órganos del Estado adopten medidas capaces de garantizar la observancia del marco ju­rídico internacional atendiendo al principio pro persona.

Hoy el derecho a la verdad ha ido consagrándose como un derecho inalienable, al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados. En nuestro continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en 1985 que “Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.”1

El derecho a la verdad de las víctimas y los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes según el derecho internacional ha venido adquiriendo una creciente importancia en las últimas décadas. La proclamación del 24 de marzo como “Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”, hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011,2 refleja la crucial importancia que ha adquirido el derecho a la verdad.

Sobre el derecho a la verdad se han construido consensos en la comunidad internacional, basándose en distintas experiencias desde finales de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. En convenciones, tratados, relatorías o jurisprudencia, se resumen criterios, principios, instrumentos y procedimientos a seguir para garantizar este derecho.

La indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la tolerancia de actos injustos, la incapacidad para ver en todo ser humano a nuestro semejante, la indolencia que impiden llamar a la violencia irracional por su nombre, han sido a lo largo de la historia diligentes aliados de las más terribles tragedias humanas y sociales.

Por lo cual no podemos seguir siendo tolerantes a los hechos de graves violaciones a los derechos humanos que hoy reportan los informes de organismos internacionales de derechos humanos3, debemos repudiar todos estos actos de barbarie que nos agraviaba íntimamente a todos los mexicanos y mexicanas y que degradaba nuestra vida en común.

Tal vez si hace tiempo hubiéramos observado con mayor cuidado los acontecimientos que nuestro país está viviendo, no estaríamos lamentando las ausencias irreparables que hoy afligen nuestra conciencia, ni las graves fracturas dejadas en nuestro cuerpo social por estos últimos acontecimientos vividos en Guerrero, hechos que demuestran el desenfrenado menosprecio de la vida humana y de la violación a las leyes elementales de convivencia civilizada.

Y lo que hoy estamos observando en el Estado de Guerrero por desgracia no son hechos aislados, no son acontecimientos que no podamos dejar de ver que se reiteran en otros lugares de nuestro país, hechos que probablemente sean fácil de narrar, a condición de no ver en ellos más que hechos aislados y comunes; y, sin embargo, la realidad es que son hechos intolerables para todo aquel que sepa comprender que en tales acciones se ocultan una verdad atroz, compuesta de padecimientos y abusos inauditos que afrentan nuestra sensibilidad moral y que son un obstáculo invencible para todo intento de edificar una sociedad genuinamente democrática.

Es nuestras obligación, para el Senado de la República y para todos los mexicanos, el recuperar el rostro de nuestros desaparecidos, el convertir en voces claras los murmullos que emergen de la violencia y el darle luz a la verdad, es un compromiso de quienes tenemos la obligación de proteger al país de la impunidad, no permitir que el olvido rija la política actual, ya que si estos actos no son castigados y a las víctimas no se les garantiza la verdad, la justicia y la reparación integral corremos el gran riesgo de que estos actos se repitan.

Louis Joinet, quien abordaría la cuestión del derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de sus familiares con la elaboración de un documento denominado “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”4 instrumento internacional que ha sido reiteradamente recomendado por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha sido ampliamente empleado como referente jurídico tanto por las cortes y los órganos internacionales de derechos humanos, como por órganos estatales y tribunales nacionales, señala:

La lucha contra la impunidad tiene su origen en la necesidad de que se haga justicia, pero no puede centrarse únicamente en ese objetivo: castigar a los culpables. Debe responder a tres imperativos: sancionar a los responsables, pero también satisfacer el derecho de las víctimas a saber y obtener reparación y, además, permitir que las autoridades desempeñen su mandato como poder público que garantiza el orden público”.5

De allí que la lucha contra la impunidad sea perpetua. No se agota con el acto de una sanción, penal o política; debe perdurar, por eso hoy numerosas organizaciones no gubernamentales centran su actividad en lo que se ha llamado la memoria, un auténtico mandato a las sociedades para que hagan de  la cultura de la verdad uno de los fundamentos de su construcción social.

No hay mayor dolor para un familiar que la duda y la incertidumbre acerca del destino de su ser querido. Saber toda la verdad es la mejor manera de que lo que pasó nunca más vuelva a ocurrir. La fórmula verdad-justicia es un aliciente básico para fortalecer la gobernabilidad democrática.

Pero debemos entender que exponer a la luz los pasajes oscuros y doloroso en los que hoy los  mexicanos nos encontramos no solamente consiste en recuperar los hechos y los nombres de quienes fueron en ellos víctimas y victimarios; significa también preguntarnos por las fallas de nuestra sociedad que los hicieron posibles. Si bien no podemos olvidar que la violencia y la injusticia son actos cuyos autores deben ser señalados con exactitud, no podemos negar que los hechos que hemos vivido son vergonzosas manifestaciones de un organismo social lacerado y enfermo.

Esta creciente importancia del derecho a la verdad se ha reflejado igualmente en los ámbitos judiciales nacionales. Así, se ha registrado el desarrollo de una importante jurisprudencia en distintos países, como por ejemplo: Argentina6, Bosnia y Herzegovina7, Colombia8 y Perú9. Altas cortes y tribunales nacionales no solamente han reafirmado el derecho a la verdad sino que también han contribuido a delimitar los alcances de este derecho y su relación con el derecho a la justicia.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido fundando jurídicamente el derecho a la verdad en los derechos a la protección de la ley, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la información, por lo que la doctrina establecida por la Comisión Interamericana a lo largo de varias décadas la ha llevado a instaurar igualmente el derecho a la verdad en la normatividad interamericana de derechos humanos.

En este sentido, la Comisión Interamericana ha indicado que el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables10. La Comisión Interamericana ha destacado igualmente que el derecho a la verdad se relaciona también con el Artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella.

La Comisión Interamericana ha señalado también que, “además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación a los derechos humanos, también la sociedad en general es titular del derecho a ser debidamente informada11. Así, como principio general, la Comisión Interamericana ha considerado que “[t]oda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro12. En ese orden de ideas, la Comisión Interamericana ha concluido que: «El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación»13.

En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que el derecho a la verdad se basa también en el deber del Estado de realizar investigaciones eficaces respecto de las graves violaciones de los derechos humanos. Al respecto, ha recordado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares se desprenden tanto de las normas convencionales de derecho internacional, como de aquellas de carácter imperativo o de jus cogens14. Igualmente, la Corte Interamericana destacó que: «[E]l derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite formal de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables»15.

En esa línea, la Corte ha establecido que las víctimas y sus familiares “tienen derecho a conocer toda la verdad de los hechos16. Asimismo ha precisado que:

«La satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades»17.

Por lo cual no es posible juzgar la validez de todo acto sin un horizonte común de verdad, pues la verdad nos da la certeza de que podemos acceder a un conocimiento cabal de los hechos; sin la capacidad de discernir lo justo y lo bueno, de lo injusto y lo perverso, toda posibilidad de desplegar nuestra existencia y de edificar nuestro destino quedaría cancelada; esto es, no nos sería posible ser propiamente humanos. La verdad engrandece las facultades de nuestra conciencia mientras que toda falsedad o encubrimiento, son siempre obstáculos que nos impiden gozar de una vida digna y plena, y nos incapacita para actuar moralmente como sociedad.

Fruto de este proceso evolutivo del Derecho internacional, varios instrumentos internacionales de derechos humanos fueron codificando el derecho a la verdad. Así, cabe destacar el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, los Principios rectores de los desplazamiento internos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de las Naciones Unidas, entre otros.

Si bien el derecho la verdad ha sido ampliamente reafirmado por órganos intergubernamentales, desarrollado por la jurisprudencia y doctrina internacional y cristalizada en instrumentos internacionales, es imperativo, pues, que asumamos todos juntos la tarea de restituir la verdad de la reciente historia que ha vivido México.

Este 26 de octubre de 2014, se cumplió un mes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, cometida por parte de elementos de  la policía municipal que -como se ha informado por la propia Procuraduría General de la República- actuaban en colusión con un grupo del crimen organizado. Asimismo, se cumplió un mes de la ejecución extrajudicial de tres estudiantes: Julio César Ramírez: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo, y de otras tres personas más, entre ellas un menor de edad. En esos mismos hechos fueron heridos por arma de fuego 20 estudiantes de la Escuela Normal Rural.

Esta urgente situación en materia de derechos humanos que se vive en el estado de Guerrero y a nivel nacional, ha merecido el pronunciamiento de organismos internacionales en esta materia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual desde el 3 de octubre de  2014, solicitó al Estado Mexicano adoptar “las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”18

Hasta la fecha no existen resultados concretos que den con el paradero de los jóvenes, ni el esclarecimiento de los hechos que identifique y aprenda de manera plena a los autores materiales e intelectuales, lo que sin duda, coloca en un nivel de riesgo extremo a las familias, a los estudiantes normalistas y a quienes les acompañan.

Junto con esta situación la Procuraduría General de la República (PGR) informó este viernes que hasta el momento se han encontrado 11 fosas clandestinas en Guerrero, 10 de ellas con cadáveres y una vacía, en las que se han encontrado restos de 38 cuerpos humanos, que aun no han sido identificados, esto es muestra del nivel en el que la inseguridad, impunidad y sistemática violación a los derechos humanos  se ha estado generando en el Estado de Guerrero.

La búsqueda de la verdad implica entonces oír a quienes aún pueden ofrecer su testimonio y encontrar una manera de darles voz a quienes no la tienen. Y al hacerlo así, además de practicar un acto de justicia, estaremos construyendo a favor del derecho a la memoria y el deber de recordar.19 Que en casos como el arriba mencionado son urgentes y necesarios.

Para ello necesitamos crear la herramienta que promueva esta memoria colectiva, la memoria como una conciencia ética que abra las puertas de la comprensión y de la lucidez, y sobre todo, que reivindique la razón como elemento fundamental de una coexistencia pacífica, la experiencia internacional ha demostrado entonces que una medida efectiva es la creación de una Comisión de la Verdad la que favorece las condiciones para el establecimiento de la Verdad y la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos.

Creemos que en México están dadas las condiciones para la creación de una Comisión de la Verdad, que cumpla realmente con las expectativas de las víctimas y sus familiares, y que defina las obligaciones que le competen al Estado mexicano de acuerdo con el derecho internacional.

El tema formulado lleva también a reflexionar sobre la obligación que tiene el Estado para la prevención de las violaciones de los derechos humanos, como claramente lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos que han sentado jurisprudencia en el sistema interamericano: los casos de Angel Manfredo, Velázquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz.

En estos casos la Corte definió un aspecto importante de la obligación de garantía: la prevención de las violaciones de derechos humanos, entendida como la obligación estatal de organizar todo el aparato del Estado de manera tal que se trate de disuadir la violación de los derechos humanos, y cuando ésta se produzca, se investigue, se juzgue a los presuntos autores, se los castigue con penas adecuadas respetando el debido proceso y se repare el daño sufrido.

Esto es en lo que en México también tenemos que trabajar, el Estado debe tomar las medidas razonables para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos, con la instauración de una Comisión de la Verdad estaríamos previniendo futuros actos de violaciones a derechos humanos como los que hoy atestiguamos.

Las comisiones de la verdad forman parte de la obligación moral del Estado con las víctimas y sus familiares para reconocer que los abusos de los que fueron objeto fueron injustificados. Una de las grandes contribuciones ha sido recobrar la memoria histórica a través de la investigación de las violaciones a los derechos humanos que habían sido ocultadas y negadas.

El propósito que animará el trabajo de una Comisión de la Verdad será la búsqueda de la verdad. Por su propia naturaleza, la Comisión de la Verdad carece de atribuciones jurisdiccionales y de facultades para derivar responsabilidades individuales de cualquier índole, por lo que su mandato es esencialmente ético, histórico y académico, enmarcado en los valores que orientan el Estado de derecho, el ordenamiento constitucional y la normatividad internacional vinculante para México, tanto desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, marco propio y característico del trabajo de las comisiones de la verdad.

Las comisiones de la verdad se han establecido en diversos países del mundo como mecanismos no judiciales destinados a elaborar una narración histórica del conflicto, incluyendo sus causas, secuelas y responsabilidades generales. Este mecanismo ha sido usado extensamente como la puerta de entrada de las víctimas en la memoria histórica de las naciones, pues frecuentemente es a partir de sus testimonios que se construye la historia, alejándola de visiones unilaterales, o bilaterales, que privilegian la justificación sobre la verdad libremente expuesta.

Es preciso destacar, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que:

“[…] el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad.

Las verdades históricas que a través de la Comisión de la Verdad se logren, no deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de responsabilidad internacional que corresponda. Se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues tienen todas un sentido y alcance propios.

Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado especial valor a los informes de Comisiones de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados en diversos casos que han sido sometidos a su jurisdicción”.20

Por lo tanto el valor de una comisión de la verdad no reside solo en su función testimonial, ya que a través de este ejercicio no jurisdiccional, libre entonces de ataduras formales, se puede emprender el doloroso ejercicio de mirarse en el espejo de la historia; la imagen que se puede obtener  puede no ser agradable, y la verdad revelada podría agudiza el dolor, el desgarro y la vergüenza. Pero es precisamente a partir de esa catarsis nacional –que necesita tiempo y espacio– que todos pueden percibir la importancia y trascendencia de la justicia, de la reparación y, sobre todo, de las garantías de no repetición.

Es necesario entonces visualizar un panorama amplio de la dolorosa verdad sobre lo que ha ocurrido en el Estado de Guerrero, para que no se olvide y no se repita, reconocerles a los familiares de las víctimas de los hechos de Ayotzinapan y de otros hechos la vulneración de sus derechos como resultado de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos, así como el derecho a que se conozca la verdad de lo sucedido y se haga justicia.

En este sentido la COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO que se propone será un instrumento para esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, para deducir de sus hallazgos las responsabilidades y las medidas para compensar a las víctimas y garantizar la no repetición. Por ello, y sin que sea posible revertir la historia reciente, los legisladores debemos hilar muy fino para establecer condiciones para que la comisión de la verdad en México se perciba como un mecanismo que no convalidará medias verdades, que expondrá lo que tenga que exponer, y que sus integrantes serán elegidos reflejando únicamente la sana intención de basar la paz –estable y duradera– en una historia creíble, y no en las conveniencias coyunturales de algunos cuantos.

Para que este esfuerzo sea fructífero, la propuesta legislativa propone, en primer lugar, crear una COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO que parta de la concepción del derecho a la verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad, en el marco de la violación a los derechos humanos y la violencia generalizada que vive el Estado de Guerrero, esto significa que la Comisión de la verdad no se circunscribe únicamente a la descripción de diversas formas de abuso o daño en ocasión de los hechos que se investigan, ni a la identificación de los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos, sino que también debe generar condiciones para el reconocimiento de las circunstancias que rodearon los sistemáticos hechos de violencia que desencadenaron las crisis en el Estado de Guerrero.

El mandato que se le dar a la COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO, es significativo, su definición se sintetiza en investigar los graves hechos violatorios de Derechos Humanos  a la luz de la normatividad interna así como del derecho internacional público, fundamentalmente a través del derecho internacional de los derechos humanos, conformado por los instrumentos internacionales universales y regionales aprobados y ratificados por México, en los que se establecen las obligaciones de respeto y garantía a cargo del Estado.

Esta Comisión de la Verdad analizara las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos y alianzas que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia institucional y social ocurridos desde del primero de abril de 2011, hasta los hechos acaecidos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Identificara y hará públicas estructuras, lugares de operación y las circunstancias relacionadas con la práctica de violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional y sus eventuales ramificaciones en los diversos aparatos estatales y de la sociedad.

La COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO deberá  promover, con base en los informes obtenidos, la reparación integral y colectiva de las comunidades y regiones, y en general a las víctimas de las distintas violaciones en el marco de la violencia vivida en el Estado de Guerrero.

Contribuirá desde su actividad con los órganos encargados de la procuración y administración de la justicia, al esclarecimiento de los delitos y de las graves violaciones de los derechos humanos, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas y colaborando con la información acopiada y de contexto al esclarecimiento de las presuntas responsabilidades.

Recomendará reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención y no repetición, con el fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas constitucionales, legislativas, políticas o administrativas.

Formular recomendaciones encaminadas a crear confianza en los cambios positivos que el Estado Mexicano tiene que realizar como un proceso de impulsar la reconstrucción del tejido social y de fortalecimiento de la paz y de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional.

Establecerá mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.

Elaborará un informe final que contenga todos los resultados de las investigaciones realizadas sobre lo acontecido en el periodo objeto de las pesquisas, abarcando todos los factores, tanto externos como internos.

Siendo coherentes con la pretensión de esclarecimiento de las causas de la violencia y sus motivaciones, se propone que la COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO se integre, instale y funciones en un periodo de veinticuatro meses calendario para cumplir su función y si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogarse dicho plazo mediante resolución fundada y motivada por un máximo de seis meses más.

Esta Comisión deberá garantizar la suficiente representatividad de los sectores sociales y el compromiso con la verdad, la no repetición, la reconciliación y la construcción del Estado de Derecho. Por tanto, se considera que son necesarios, sin perjuicio del equipo que tendrá que conformarse para el desarrollo del mandato, que esta Comisión debe estar integrada por cinco comisionados que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.

Entre los criterios de selección y las calidades de los integrantes de la Comisión de la verdad se pueden tener en cuenta los siguientes: amplia trayectoria en el trabajo por la defensa de los derechos humanos, enfoque diferencial, alta reputación que genera credibilidad y legitimidad en la sociedad, ética reconocida públicamente, entre otros.

Esta comisión de la verdad deberá trabajar con el apoyo permanente de las organizaciones de víctimas y soportarse en los trabajos que han desarrollado y desarrollan organizaciones sociales, de derechos humanos y académicas.

Para llevar a cabalidad los objetivos que se proponga, es menester hacer hincapié, como lo señala la experiencia de otros países, en que la comisión necesitaría una total independía política, financiera y administrativa operacional, a fin de garantizar la objetividad de las pesquisas, informes y recomendaciones que de allí resulten.

Por último la Comisión contribuirá a retirar los velos que hasta hoy encubren o disfrazan episodios vergonzosos en nuestro país que no deben repetirse jamás y reafirmar la importancia del deber de garantía del Estado en materia de derechos humanos, tal como ha sido claramente establecido por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, y evitar la extensión de la noción de agente violador de los derechos humanos.

Estamos claros que la impunidad se cubre de muchas maneras: de olvido, de engaño, de nuevas represiones, de negaciones de información, etc. Por lo que para nosotros es un deber hacer múltiples y renovados intentos para romper el perverso círculo de la impunidad.

Estoy convencida de que el país requieren para consolidar su proceso democrático demostrar su real compromiso con el respeto de los derechos humanos de todas y todos sus habitantes, por esto es necesario y urgente que los tres poderes públicos de los tres niveles de gobierno nos empeñemos al pronto esclarecimiento de la verdad en relación a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias en los acontecimientos sucedidos en el estado de Guerrero.

La apuesta por el olvido no es ninguna solución por lo que creo que el conocimiento de la verdad de lo ocurrido en el Estado de Guerrero es un compromiso que implica enfrentarse a la verdad. Estamos convencidos de que reconocer la culpa no ahonda las diferencias en una sociedad, sino que más bien ofrece el espacio para que la reconciliación sea posible. Esclarecer estos hechos tan doloroso para el país beneficia a todos, y no hacerlo, además de la injusticia que implica, dejará siempre una herida abierta.

Por lo anterior y sin invadir facultades constitucionalmente concedidas a los Tribunales de Justicia, es obligación de este órgano legislativo, como responsable del control constitucional, promover el bien común de la sociedad facilitando la creación e instauración de una COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el Estado de Guerrero.

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE CREA LA COMISION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACION INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOSHUMANOSCOMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO.

Artículo 1. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral es un organismo de interés público, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión, tendrá su domicilio legal en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, para cumplir con las garantías del derecho a la verdad y a la reparación integral de la sociedad guerrerense en la investigación de los hechos específicos que se indican.

Artículo 2. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral tiene por objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Estado de Guerrero contra la población guerrerense en el periodo del 2011 a la fecha y establecerá medidas de Reparación Integral a favor de las Víctimas Directas e Indirectas de delitos y de violaciones a los Derechos Humanos.

En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará; investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de delitos, y violaciones graves del derecho internacional, contra la población guerrerense o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio del estado de Guerrero.

Artículo 3. El periodo de la investigación de la Comisión, comprenderá del primero de abril de 2011, hasta los hechos acaecidos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Artículo 4. Para todos los efectos se entenderá como delitos y violaciones graves a los Derechos Humanos por lo dispuesto en el Artículo 1° constitucional y a los Tratados Internaciones de protección de los Derechos Humanos y sus criterios jurisprudenciales que son ley suprema conforme al artículo 133 de la Constitución Política Federal vigente. Por tanto, los actos que de ella dimanen se regirán por sus principios y disposiciones.

En el cumplimiento de los fines encomendados por esta Ley, la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral aplicará las normas estatales, nacionales e internacionales que rigen en la materia de su competencia, interpretándolas conforme al principio pro-persona.

De acuerdo con lo anterior, cuando exista duda, las normas se interpretarán a favor de la persona y no de quien ejerce o ejerció autoridad.

Artículo 5. Se entiende por derecho a la Verdad la facultad de las víctimas directas e indirectas de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Este derecho estará regulado en los términos establecidos en el Capítulo V de la Ley General de Víctimas.

Por ser autónomo e inalienable, el Derecho a la Verdad no podrá ser suspendido en ninguna circunstancia, ni declarado estado de excepción.

Artículo 6. El derecho a la Verdad implica la facultad de conocer:

I. Las causas que dieron lugar al trato injusto que recibe la víctima, con el fin de prever su no repetición;

II. Las causas y condiciones relativas a los delitos o las violaciones a Derechos Humanos denunciadas;

III. Los progresos y resultados de la investigación;

IV. Las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos;

V. El contexto en que se produjeron los delitos o las violaciones a Derechos Humanos;

VI. La verdad histórica y jurídica en todos aquellos casos en los que se cometieron o pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad por parte de servidores públicos;

VII. En caso de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de su restos;

VIII. La identidad de los autores materiales e intelectuales.

Artículo 7. Se entiende por derecho a la Reparación Integral la facultad de las víctimas directas e indirectas a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Este derecho estará regulado en los términos establecidos en el Capítulo VI de la Ley General de Víctimas.


Capítulo II

De las facultades y principios que rigen a la

Comisión de la Verdad y Reparación Integral

Artículo 8. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recabar y recibir información y datos relacionados con delitos o violaciones a derechos humanos cometidos en contra de la población guerrerense o personas que se hayan encontrado en el territorio guerrerense, durante los años 2011 a 2014.

II. Realizar las investigaciones y hacer acopio de pruebas que sirvan de base para rescatar la verdad y promover la Reparación Integral, así como la memoria histórica de los hechos vinculados con el objeto de la Comisión.

III. Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos;

IV. Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, así como toda otra circunstancia relacionada con su localización;

V. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que estimen constitutivos de delito y promover las acciones consecuentes, vinculados con el objeto de la Comisión;

VI. Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretenden esclarecer;

VII. Recomendar las medidas de reparación integral para las víctimas directas o indirectas de los hechos constitutivos de delitos o de violación a los Derechos Humanos objeto de la Comisión;

VIII. Proponer un mecanismo compensatorio integral a manera de reparación del daño sufrido por las víctimas directas e indirectas y la sociedad guerrerense en general, que promuevan la reconstrucción del tejido social;

IX. Conformar un registro de personas afectadas por los hechos delictivos y violatorios de derechos humanos durante el periodo objeto de la Comisión y comunicar esta información a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para los efectos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto de la Ley General de Víctimas con el fin de permitir a las víctimas directas e indirectas el disfrute de la medidas de atención y asistencia establecidas en dicha Ley;

X. Promover la participación de la sociedad guerrerense para la aportación de elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos; su estudio y análisis, relacionados con el objeto de la Comisión;

XI. Recomendar las medidas legales, administrativas e institucionales que a su juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que esta Comisión se refiere;

XII. Emitir su programa de trabajo y su reglamento;

XIII. Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, con las recomendaciones pertinentes que el caso amerite;

XIV. Informar a la sociedad, sobre las labores y avances de la Comisión en el desarrollo de sus funciones;

XV. Presentar el informe final ante la sociedad, el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo el cual deberá ser publicado.

Las y los comisionados tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos que directamente tengan conocimiento y que se relacionen con el objeto de esta ley, levantando acta donde conste fecha, hora y los hechos materia de la misma.

Artículo 9. La Comisión actuará siempre de buena fe, buscando que se ponga fin a la impunidad que ha prevalecido.

Cada seis meses harán públicos los avances de los trabajos que no pongan en riesgo las investigaciones en trámite.

Artículo 10. La Comisión contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.

Este será apropiado y suficiente para atender los requerimientos de recursos humanos, materiales y la infraestructura necesaria, para el cabal y correcto cumplimiento de los fines y objetivos de la misma y contará con el total del presupuesto asignado a la duración de su encargo al inicio del mismo.

Rendirá cuentas ante las instancias correspondientes por el manejo de los recursos que sean puestos a su disposición.

Artículo 11. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral gozará de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas.

Artículo 12. La Comisión para el cumplimiento de sus objetivos, deberá realizar las consultas e investigaciones necesarias que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

Las diligencias que realice la Comisión deberán garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias, la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Siendo obligación de las autoridades y servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal proporcionar el auxilio y discrecionalidad necesaria.

Artículo 13. Las autoridades y servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán en términos la obligación que les impone el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en la presente ley entregarán a dicha Comisión toda la información que les solicite y prestar el apoyo que requiera y que esté a su alcance proporcionarle.

Todas las autoridades y servidores públicos deberán poner a disposición de la Comisión los documentos que les requieran y que estén bajo su posesión, y deberán facilitar su acceso a los lugares, a los recintos, instalaciones y todo lo que la Comisión considere necesario revisar o visitar.

Artículo 14. La Comisión podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado.

La Comisión podrá denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate.

Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión Nacional incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará del conocimiento de las autoridades competentes para que sean sancionados de acuerdo con las leyes de la materia.

Artículo 15. En los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, la Comisión deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados.

Artículo 16. Las acciones y diligencias que realice la Comisión, así como las resoluciones y recomendaciones que emita, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán plazos procesales o administrativos alguno.

Capítulo III

De la duración e integración de la Comisión para

el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral

Artículo 17. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral tendrá un plazo de veinticuatro meses calendario para cumplir su función. Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar dicho plazo mediante resolución fundada y motivada por un máximo de seis meses más.

Una vez cumplido el plazo los bienes de que disponga serán puestos a disposición, mediante riguroso inventario, de las autoridades correspondientes.

Artículo 18. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral se integrará por cinco comisionados que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.

Para tales efectos, el Senado recibirá las propuestas de candidatos a comisionados a través de una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos que podrán proponer candidatos.

Con base en dicha auscultación, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable que propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quienes formarán parte de la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral.

Artículo 19. Para ser comisionado se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;

IV. No ser dirigente de partido u organización política en activo, ni servidor público de ninguno de los niveles de gobierno, ni haberlo sido en los dos años previos.

Artículo 20. La Comisión quedara disuelta al momento de presentarse el informe al que se refiere el artículo 8, fracción XIII, o al cumplirse el periodo señalado en el artículo 17.

Capítulo IV

De los Comisionados

Artículo 21. Los integrantes de la Comisión serán comisionados ciudadanos y no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Artículo 22. Las funciones de Comisionado, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas.

Artículo 23. La Comisión tendrá un Comisionado Presidente, electo por los integrantes de la Comisión.

La Comisión tomará sus resoluciones por consensó y en su defecto por mayoría de votos.

Capítulo V

De la Secretaría Ejecutiva y del equipo asesor

Artículo 24. Para la operación de la Comisión, se conformará una Secretaría Ejecutiva, encargada de la coordinación de las tareas administrativas y de la supervisión de los Grupos de Trabajo. Su titular será designado por los Comisionados y actuará en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión y su presidente.

Artículo 25. Para el adecuado y mejor desempeño de sus labores la Comisión contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realizará sus labores.

El personal de la Comisión deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.

Capítulo VI

De los resultados del trabajo de La Comisión

Artículo 26. La Comisión deberá rendir el informe final ante el Pleno del Senado de la República, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial.

Artículo 27. El Informe y las pruebas que la Comisión aporte al Ministerio Público y a las Autoridades Judiciales, servirán para que éstas ejerciten la acción penal que corresponda.

Artículo 28. Para cumplir con lo ordenado en el artículo 3º de la Constitución Federal, el Senado de la República y el Poder Ejecutivo Federal realizaran las acciones legislativas y administrativas necesarias para que la Memoria Histórica que resulte de los trabajos de la Comisión perduren y se traduzca en una medida de satisfacción y no repetición.

Artículo 29. El Gobierno Federal publicara una edición del Informe Final presentado por la Comisión.

Dicha edición también deberá ser distribuida a todas las bibliotecas públicas del País, para su consulta.

Artículo 30. Todos los asuntos no contemplados en la presente Ley, serán resueltos por los Comisionados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión expedirá el Reglamento de la Ley y los lineamientos a que se hace mención en la misma, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Dado en el Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.

1 Sitio de internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,www.cidh.oas.org

2 Resolución No. 65/196 “Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad delas Víctimas” de la Asamblea General de 27 de diciembre de 2011.

3 Memorándum de Amnistía Internacional para el Presidente Enrique Peña Nieto. Ver en:  http://alzatuvoz.org/m2014.pdf

4 El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad ha sido reproducido en el documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add.1 de 8 de febrero de 2005 y están disponible en:http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1.

5 Experto sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de derechos civilesy políticos de las Naciones Unidas, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/6,párr.16.

6 Ver entre otros: Corte Suprema de la Nación, Sentencia de 14 de junio de 2005, S. 1767. XXXVIII, Caso “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, Rol. N° 17.768; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Acuerdo de 1º de septiembre de 2003, Caso Suárez Mason, Rol 450; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Acuerdo de 1º de septiembre de 2003, Caso Escuela Mecánica de la Armada, Rol. 761; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sentencia de 8 de diciembre de 2004, Caso Maria Elena Amadio, Rol 07/04-P; y Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, caso Carlos Aléberto Telleidín y otros - homicidio (Caso Amia), Rol 487-00.

7 Ver entre otros, Cámara de Derechos Humanos: Decisión de 6 de mayo de 2002, Caso No. CH/99/2150, Unkovic c. Federación de Bosnia y Herzegovina; Decisión de 9 de diciembre de 2000, Caso No. CH/99/3196, Palic against Republika Srpsk; Decisión de 11 de enero de 2001, Palic v. Republika Srpska, Caso No. CH/99/3196; y Decisión de 7 de marzo 2003, “Srebrenica Cases”, Casos Nos. CH/01/8365 y otros.

8 Ver entre otros: Corte Constitucional (Sentencias T-249/03 de 2003, C-228 de 2002; C-580/02; C-875 de 2002; C-370/06; C-454/06; C-516/07; C-209/07; C-516/07; C-208/08 C-260/11) y Corte Suprema de Justicia, Sala penal (Decisión sobre recurso de apelación, de 11 de julio de 2007, casoOrlando César Caballero Montalvo / Tribunal Superior de Antioquia).

9 Ver entre otros: Tribunal Constitucional, Sentencia de 18 de marzo de 2004, Caso “Piura – Genaro Villegas Namuche”, Expediente 2488-2002-HC/TC, y Sentencia de 3 de enero de 2003, Expediente No. 010-2002-AI/TCLIMA.

10 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, OEA/Ser.L//V/II.68, Doc. 8 rev 1, de 28 de septiembre de 1986, pág. 205.

11 Informe No. 1/99, de 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480, Lucio Parada Cea y Otros (El Salvador).

12 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, OEA/Ser.L//V/ II.68, Doc. 8 rev 1, de 28 de septiembre de 1986, pág. 205.

13 Informe No. 136/99, de 22 de diciembre de 1999, Caso 10.488, Ignacio Ellacuría y otros (El Salvador), párr. 224.

14 Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párrafos 183 y siguientes.

15 Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 216. Ver igualmente: Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párr. 66, y Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párr. 188.

16 Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153, párr. 164.

17 Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párr. 192

18 El 30 de septiembre de 2014 el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RedGro) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH)  requirieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado Mexicano proteger la vida e integridad personal de los 43 estudiantes desaparecidos, así como medidas de protección para los estudiantes heridos, lo que derivó en que el 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitara al Estado Mexicano: a).-Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; b) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital;c).- Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d).- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

19 Ver, inter alia, el principio 3 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 84,nota al pie 37. Citando Caso Myrna Mack Changv vs. Guatemala; Caso Zambrano Vélez y otros,párr. 128, y Caso La Cantuta, párr. 224.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Arriolla Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa es una propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación y tiene relación con la factura electrónica.

A partir de la reforma fiscal que se aprobó el año pasado y que entró en vigor este primer año, se obliga a los contribuyentes a emitir facturas fiscales y esto se ha prestado a muchísimas cosas que dañan a otros contribuyentes.

¿Cuántas veces alguien, en viaje de trabajo, de negocio, se hospeda en un hotel, aunque este sea importante, y le quedan de mandar por correo electrónico su factura y no le llega, o en cualquier otro servicio?

Peor aún, y este es el propósito central de esta iniciativa, te mandan un correo y te ligan con una página de Internet; y en esa página de Internet, mediante una clave te van a dar tu factura y jamás aparece esa factura.

Ya, por disposiciones generales, se estableció el que el contribuyente pueda solicitar de inmediato una copia impresa de esa factura.

El propósito concreto de…

Señor Presidente, le pido que le llame la atención al Senador Cordero Arroyo.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Adelante. Continúe usted con el uso de la palabra, Senador Héctor Larios.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: El aspecto concreto de esta propuesta de reforma es a que se establezca como infracción el que el contribuyente remita a una página en Internet, dado que esto, para empezar, no tiene la certeza de que tiene el sello electrónico de Hacienda y, en consecuencia no necesariamente, si la emitiera, es válida para el contribuyente.

De tal manera que está presentada la iniciativa y agradezco mucho se turne a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN V, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1 Antecedentes

El pasado 01 de enero de 2014, entró en vigor la denominada Reforma Fiscal que contiene modificaciones a diversos marcos jurídicos, en particular, haremos referencia al Código Fiscal de la Federación que contempla la regulación del “Comprobante Fiscal Digital por Internet”.

El tema de factura electrónica nace como inquietud en el sector privado, sin embargo, el tema se retoma en la iniciativa de la Reforma Fiscal, que envío el Presidente de la República al Congreso de la Unión, como una demanda para la modernización de la Administración Tributaria. La iniciativa en cuanto al Código Fiscal de la Federación (En adelante CFF), planteaba los siguientes argumentos:1

● La introducción de nuevos procedimientos simplificados, que estimulen la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias, y

● El uso de tecnologías de la información y la comunicación, que otorguen facilidades para que los contribuyentes

Así en este proyecto, el Ejecutivo Federal plantea la implementación deluso de los comprobantes fiscales digitales por Internet, con las siguientes ventajas:

● Garantizar que los contribuyentes reciban comprobantes fiscales.

● Reducción de cargas  administrativas y costos de operación para el Servicio de Administración Tributaria (En adelante SAT), y

● Simplificación en procesos contables.

1.2 Datos Oficiales

a) Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con datos dados a conocer por el titular del SAT, en México existe un universo de 38 millones de contribuyentes, de los cuales 1.2 millones de contribuyentes emiten facturas electrónicas.

En países como Chile la facturación electrónica empezó muchos años antes que México, pero solamente 21 mil contribuyentes de un universo de800 mil emiten facturas electrónicas.

Asimismo, el Colegio de México en colaboración con el SAT, realizó un estudio en el que se describe que en los años 2007 a 2009 los contribuyentes presentaron documentos apócrifos en las auditorías que tuvieron una cuantificación de alrededor de los 46 mil millones de pesos, lo que equivale el triple del Proyecto de Presupuesto de Egresos del SAT para el ejercicio fiscal del 2015.

1.3 Marco Jurídico

A) Código Fiscal de la Federación (CFF).

1. Que el CFF dispone en su artículo 29 lo siguiente:

“… Que las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo...”

Por su parte, el artículo 29-A del marco jurídico en comento, dispone que los comprobantes fiscales digitales deberán contener los siguientes requisitos:

a) La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

b) El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

c) El lugar y fecha de expedición.

d) La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

e) La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

f) El valor unitario consignado en número o letra.

2. Infracciones establecidas en el CFF.

EL CFF dispone en sus artículos 83 F VII y 84 FIV que: “…Son infracciones no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el CFF, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Cuando los algún proveedor o prestador de servicios no haga la entrega de la factura electrónica al contribuyente, el SAT está facultado para imponerle multa que va de los $12,070.00 a $69,000.00 pesos.

Y en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días.

B) Normatividad SAT-Actualización del anexo 3 de la Resolución Miscelánea 2014.

En términos generales esta medida dispone que es obligación del proveedor o prestador de servicios, el entregar la factura electrónica a sus clientes por los servicios o bienes que consuman.

“…01/CFF. Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet. No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet.

El artículo 29, primer párrafo del CFF establece la obligación para los contribuyentes de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, para lo cual de conformidad con su fracción IV, antes de su expedición deberán remitirlos al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, es decir, se valide el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A del mismo Código, se le asigne un folio y se le incorpore el sello digital del SAT.

Por su parte, el artículo 29, fracción V del citado ordenamiento prevé que una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le haya incorporado el sello digital a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, por lo que se considera necesario que el contribuyente que solicita el comprobante fiscal proporcione los datos de identificación para generarlo.

En ese sentido, el SAT considera que realiza una práctica fiscal indebida el contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el comprobante fiscal al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

En efecto, dicha práctica se considera indebida, ya que el contribuyente emisor no cumple con su obligación de expedir el comprobante fiscal y tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, ya que traslada al receptor del comprobante fiscal digital la obligación de recopilar los datos y su posterior emisión…”

1.4 Retos del Servicio de Administración Tributaria ante la implementación del “Comprobante Fiscal Digital por Internet”.

Desde la entrada en vigor de esta reforma, el SAT se enfrentó a diversos retos para la implementación del “Comprobante Fiscal Digital por Internet”. Implicaciones que consistieron desde fallas en el uso de la tecnología hasta la desinformación de los contribuyentes.

Ante esta problemática que se venía presentando desde el inicio de este 2014, el pasado 05 de octubre del año en curso, el SAT a través de comunicado de prensa número 129, publicó en su página de internet, un “Criterio no vinculativo” contenido en la actualización del anexo 3 de la Resolución Miscelánea 2014.

Los criterios no vinculativos tienen como finalidad hacer una invitación a los contribuyentes para que realicen determinada aplicación de las disposiciones fiscales que, desde el punto de vista de la autoridad fiscal, resultan “indebidas”.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), “indebido” significa “ilícito, injusto y falto de equidad”. Sin embargo, ello no conlleva el significado de ilegal que, gramaticalmente, quiere decir, de acuerdo con el DRAE: “que es contra ley”.

Retomando el criterio no vinculativo que el SAT emitió para el caso que nos ocupa, se desprenden los siguientes elementos:

“…1. El comprador no debe adquirir su factura mediante acciones como ingresar a un portal para poder obtenerla; es obligación del vendedor emitirla directamente.

2. La publicación de un criterio no vinculativo que establece que la factura electrónica sea entregada al contribuyente sin necesidad de que realice una gestión adicional como ingresar a un portal electrónico.

3. Es obligación del proveedor o prestador de servicios entregar la factura electrónica a sus clientes por los servicios o bienes que consuman…”

1.5 Características de la Reforma

La presente iniciativa propone realizar modificaciones al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación consistentes en:

1) Establecer que aquellos “clientes” a quienes les hubieren retenido contribuciones por haber adquirido bienes o reciban servicios, deberán solicitar de manera inmediata, el comprobante fiscal digital.

2) Establecer de manera obligatoria para el proveedor, la entrega inmediata a sus clientes del comprobante fiscal digital o cuando les sea solicitada de manera impresa, y

3) Atendiendo al carácter “Criterio no Vinculativo” emitido por el SAT, se propone adicionar un segundo párrafo, a la fracción V, del artículo 29 del citado Código, que establezca, que se considerará que el contribuyente emisor no cumple con su obligación de expedir el comprobante fiscal y tampoco con su remisión al SAT, cuando solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

Código Fiscal de la Federación

Vigente

Modificación

 

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

I a IV. …

V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. …

 

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar de manera inmediata en el mismo acto, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

 

I a IV. …

V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes de manera inmediata en el mismo acto, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.

 

Se considerará incumplimiento a esta disposición, cuando el contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el comprobante fiscal al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

VI. …

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación.

Artículo Unico.- Se Reforman el párrafo primero y la fracción V, y se Adiciona un párrafo segundo, a la fracción V, del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar de manera inmediata en el mismo acto, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

I a IV. …

V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes de manera inmediata en el mismo acto, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.

Se considerará incumplimiento a esta disposición, cuando el contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el comprobante fiscal al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

VI. …

TRANSITORIOS
 
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
a 11 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Héctor Larios Córdova”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senador Larios Córdova. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

1 Texto retomado de la “Exposición de Motivos” contenida en la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, enviada por el Presidente de la República al H. Congreso de la Unión, el 08 de septiembre de 2013.




 

Se le concede el uso de la palabra al señor Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Contra del Patrimonio Nacional en Materia de Hidrocarburos y por el que se reforman diversas disposiciones en la materia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL PATRIMONIO NACIONAL EN MATERIA    DE HIDROCARBUROS Y POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CODIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Permítame iniciar por lo que debiera de ser el final y pedir que esta iniciativa que estoy presentando sea turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos a estas tres comisiones. Y lo hago así, porque al final de comentar el tema y los asuntos, se nos olvida solicitarle a la Mesa Directiva hacia donde dirigimos el turno correspondiente, para que sean estas comisiones las que analicen el tema que voy a comentarles esta tarde.

Derivado de la importancia que representa el sector de hidrocarburos para las finanzas públicas, la generación de empleo y la seguridad energética de nuestro país, recientemente México emprendió un camino de reformas constitucionales en este ramo seguido de la aprobación de diversas leyes, a través de las cuales se pretende materializar el nuevo régimen constitucional que cambió el paradigma que imperaba referente al ramo petrolero.

El nuevo marco constitucional posibilita la inversión y el crecimiento de las actividades que forman parte de las áreas estratégicas de la Nación, relacionadas con la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos que, por lo tanto, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética y financiera del país; ya que, aparejado y pese a la vigilancia proporcionada para evitar la extracción ilícita de hidrocarburos, es una realidad que dichas actividades ilícitas se han incrementado gravemente.

Una de las mayores ventajas que representa el robo de hidrocarburos para los delincuentes, es que estos pueden sustraerlos con suma facilidad, mediante las llamadas tomas clandestinas a lo largo de los más 68 mil kilómetros de ductos que tiene Petróleos Mexicanos.

Como un ejemplo de lo que estoy señalando, puedo decirles que el crecimiento en tomas clandestinas detectadas se incrementó de 155 que se tenían detectadas en el año 2000 a 2,600 tomas clandestinas en estos años.

Y también hubo un incremento de personas detenidas por el robo de hidrocarburos y sus derivados. Y a pesar de la dificultad que representa la detención en flagrancia, pasaron de 27 detenidos en el año 2000, a casi mil en el 2013.

Y estas personas, desgraciadamente para México y los mexicanos, obtienen su libertad con cierta facilidad, pues porque este no es considerado un delito grave y, en consecuencia, la penalidad es verdaderamente reducida.

Por esto, estoy proponiendo modificar en el cuerpo normativo correspondiente para que los delitos que se cometan en contra de la Nación en materia de hidrocarburos, el castigo sea acorde al perjuicio que se comete y al riesgo en que se pone a la sociedad civil, a la economía y al medio ambiente, por los peligros que encierra esta actividad.

Estoy proponiendo que vayamos juntos para construir un consenso que permita expedir una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos Contra el Patrimonio Nacional en Materia de Hidrocarburos.

Pretendemos ampliar el catálogo de delitos relacionados con los ilícitos en esta materia, para inhibir su comisión y proteger la economía nacional, la seguridad de las personas y el medio ambiente estableciéndonos en un instrumento único; así como establecer penas severas por la comisión de estos delitos, castigando duramente en estos tipos penales, sobre todo aquellos como el caso del sabotaje y el terrorismo y vinculándolos con la delincuencia organizada, que son quienes se han especializado en el robo, almacenamiento y traslado ilícito de hidrocarburos y de sus derivados.

La presente propuesta también pretende considerar la diversificación de delitos que se cometen en la materia como el transporte ilícito y la falsificación de documentos y otros no considerados en las leyes vigentes, como son los delitos cometidos en altamar.

La comisión de estas actividades repercute en diversos ámbitos, ya que en varias ocasiones se presenta, como ya se ha dicho, un riesgo para las personas, para el medio ambiente y la interrupción del suministro del combustible por el sistema de ductos, situación que obliga a trabajar en la reparación de sitios, afectando negativamente el abasto regional y elevando los costos considerablemente por la necesidad de contar con transporte terrestre.

Además del robo a través de las denominadas tomas clandestinas, se realizan actividades relacionadas con el robo, la extracción y distribución en campos petroleros, terminales de almacenamiento, etcétera.

El robo de hidrocarburos constituye un problema económico muy grave. En el año 2011 se tiene estimado que el mercado ilícito de combustibles ascendió a 23 mil 900 millones de pesos; y en el 2012, a 33 mil 200 millones de pesos.

Se habla de un negocio ilícito que obtiene para el crimen organizado, ni más ni menos, ganancias por más de mil millones de dólares al año.

Amigas y amigos Senadores: La invitación es a reflexionar sobre este tema que tiene una altísima recuperación económica. Que con mucha preocupación vemos que este ilícito ha, desgraciadamente, corrompido a muchos funcionarios en el sector, a algunos los han obligado a realizar conductas que no quieren; y desgraciadamente creo que nuestro andamiaje jurídico se queda muy corto.

La petición es, revísenla, analicémosla juntos en comisiones.

Y se los comento porque, además, este que fue un tema que en mi bancada, en el PRI, establecimos como uno de los 10 temas torales para este periodo ordinario de sesiones.

Les quiero comentar que la Colegisladora ha venido trabajando en reformas aisladas muy importantes, que creo que en el momento de dictaminar en comisiones, debemos tener en consideración debido al documento que hoy nos llega de la Cámara de Diputados con reformas diversas al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal.

Espero contar con la participación de todas y todos ustedes, que veamos que realmente vamos ayudar a México si sacamos una legislación como esta adelante, que hemos sido cuidadosos en su elaboración y que tampoco lo hicimos al margen de las autoridades competentes, consultamos a los especialistas, consultamos a los servidores públicos de PEMEX, trabajamos estrechamente con un grupo interinstitucional, que permitió llegar hoy a un texto, que es el que pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea, de este Honorable Senado de la República.

Por su atención y por el apoyo que quieran darle en las comisiones, anticipadamente, Senadoras y Senadores, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tome nota Servicios Parlamentarios de todos los Senadores que deseen sumarse a esta iniciativa.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Zamora Jiménez: El Senador Manuel Bartlett desea hacerle una pregunta al proponente. ¿Está usted de acuerdo?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Con el mayor respeto, Senador Omar Fayad.

He estado oyendo que estos delitos son en relación con el patrimonio de la nación. Delitos contra la seguridad energética y cosas así.

Yo le pregunto: ¿toma en consideración que ya todos esos ductos o muchos de ellos ya no van a ser de la Nación, sino de las empresas transnacionales?

Entonces, habrá que ajustar muy bien, porque no van ser delitos contra la nación, sino delitos contra la Exxon Mobil o contra la Shell.

Así es que yo le pregunto, nada más para considerar.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, Senador Bartlett Díaz, le agradezco mucho su pregunta y su intervención.

Decidimos que fuera una ley general, porque lo que pretendemos es que haya un nuevo catálogo de delitos y de sanciones específicas para aquello que atenta contra el patrimonio de la nación, que el patrimonio de la Nación son los hidrocarburos, el petróleo, como quedó establecido en la Constitución.

Usted recordará que dimos un gran debate, que el petróleo es de México y de los mexicanos; y cualquier atentado contra el patrimonio de los mexicanos tenemos que revisarlo cuidadosamente.

Hoy el conducto son los ductos de PEMEX; y PEMEX es una empresa productiva del Estado mexicano; y por ende cualquier perforación que se haga a sus ductos está atentando contra lo que hoy es patrimonio de los mexicanos. Si entraran empresas extranjeras o empresas nacionales, empresas que participaran en alguna de las actividades, bueno, lo que estamos sancionando es la conducta de atentar contra el patrimonio de la nación.

Habría todo tipo de figuras delictivas que hoy contempla el Código Penal Federal para poder encuadrar cualquiera de las circunstancias que atentara. Pero en este caso, compañero y amigo, quisimos que fuera una ley general que permita dar los elementos necesarios para prevenir por una parte; pero por otra para sancionar cuando el patrimonio que ase afecta sea el patrimonio de la nación.

Son muchos los recursos económicos, la merma es terrible. Pues imagínense, en 68 mil kilómetros de ductos el crimen organizado se ha apoderado de este mercado; y el crimen organizado ha dispuesto lo necesario a fin de que hoy cualquier banda del crimen organizado parece ser que tiene su sección que tiene que ver con la toma clandestina y el robo de petróleo, el robo de la gasolina, el robo de pipas, el robo de hidrocarburos en general. Y creo que se quedó corto o se quedaron cortas las disposiciones tanto del Código Penal Federal, como el Código Federal de Procedimientos Penales respecto a este delito.

Imagínese, compañero, que hasta hoy no son considerados delitos graves y que con una fianza a quien se roba una pipa no se le considera que es un delito grave. ¿Cuál es el objeto de esta ley general? Bueno, vamos a crear una ley especial de orden público y de observancia general.

Le dije que íbamos a ampliar el catálogo de delitos; pero, por ponerle un ejemplo, las penas por la comisión de delitos, algunas de estas penas que hoy sólo alcanzan las máximas, doce años, se pueden ir a muchos años más, 20, 30, 45 años, dependiendo si se trata de crimen organizado y si se dan los supuestos necesarios para estas penas.

Lo que queremos es que se vincule estrechamente el concepto de crimen organizado; porque hoy se requiere para hacer perforaciones de ductos cierta tecnología y para obtenerla el crimen organizado ha hecho uso de dos mecanismos: por una parte tratar de captar servidores públicos que conozcan ampliamente del tema y, lo segundo, amenazar a servidores públicos o tratar vía la intimidación y vía el secuestro, de allegarse de la información necesaria para perforar ductos. Y perforar ductos implica un riesgo para la ciudadanía, puede haber graves riesgos para las personas y su salud, y puede haber graves riesgos para la ecología. Por eso estamos pensando en imponer penas proporcionales a la cantidad de hidrocarburo que se sustraiga, iniciando con una pena mínima de 5 años de prisión cuando la cantidad sea verdaderamente algo mínimo; no se trata de condenar al ciudadano común, que a lo mejor por una necesidad comete un robo que no pasa de una cierta cantidad.

Pero quien sustrae más de 30 mil litros de hidrocarburos, quien se atreve a llevarse una pipa completa, es evidente que no podemos darle el mismo trato que a quien se lleva 25, 30 ó 100 litros en un bidón de gasolina. Hay que darle el tratamiento como lo que es, que el delito sea proporcional y la pena que se le aplique sea directamente proporcional a lo que sustraigan de hidrocarburos.

No sé si con esto queda satisfecha la pregunta. Agradezco muchísimo.

Gracias, Senadoras y Senadores.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Fayad Meneses. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, como lo ha solicitado el proponente.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de diversas asociaciones de colonos del Distrito Federal, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quienes asisten a este recinto con la finalidad de presenciar una sesión ordinaria del Senado de la República.

¡Sean ustedes cordialmente bienvenidos!





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Luz María Beristain Navarrete para presentar, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI BIS AL ARTICULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre propio y de la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente, Arturo Zamora; con su venia, señora Secretaria. Buenos días Senadoras y Senadores:

Hoy presento una iniciativa a nombre de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático, y a nombre propio.

Esta iniciativa está relacionada con el cambio climático, con la movilidad vial, con la permuta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y con la modalidad de trabajo de oficina a distancia.

El cambio climático es una problemática que ya se ha expuesto en esta tribuna en numerosas ocasiones; sin embargo, todavía no logramos concretar cambios legislativos que transformen la realidad.

Actualmente se están tomando medidas alrededor del mundo para la adaptación y mitigación y nuevos modelos tecnológicos sobre el cambio climático. Por ello, nuestro país no puede quedarse rezagado en sus instrumentos jurídicos para atender esta problemática.

Ante las obligaciones que contiene nuestra Ley General de Cambio Climático y en vísperas de la próxima COP 20 en Perú, debemos redoblar esfuerzos y tomar acciones contundentes, desde el ámbito de nuestras facultades, para adaptar nuestro sistema económico. Como sabemos, el cambio climático está relacionado con diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en este caso es con la materia laboral.

Actualmente los nuevos dispositivos electrónicos, como son las computadoras, tabletas, los teléfonos inteligentes, son poderosas herramientas de trabajo que funcionan eficientemente con la plataforma global del Internet fijo y móvil. Estas herramientas tecnológicas facilitan que el trabajo de oficina pueda desarrollarse desde un celular o desde cualquier computadora, ya que el Internet permite estar en permanente comunicación en tiempo real las 24 horas del día, los 365 días del año, en casi cualquier punto del mundo. Esta herramienta de la era digital permite que el trabajador no se vea en la necesidad de desplazarse físicamente hacia una oficina para cumplir sus labores.

Es importante señalar que este desplazamiento de las personas laboralmente activas se concentra en horarios de oficina, lo que desencadena embotellamientos vehiculares que provocan una gran descarga de gases de efecto invernadero.

La emisión de contaminantes durante las horas pico de tráfico afectan a la población, ocasionándole enfermedades de las vías respiratorias. Asimismo, es una realidad que el transporte público está rebasado por la gran afluencia de personas en las metrópolis mexicanas: ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sólo es necesario observar las dos avenidas principales que rodean al Senado de la República a las nueve de la mañana para percibirlo.

Es importante tomar medidas urgentes y contundentes para brindar alternativas para las ciudades más pobladas de nuestro país y tomar medidas preventivas para que no sucede la misma situación caótica en los demás estados de la República.

Senadoras y Senadores, la problemática es amplia. Es por esta razón que esta iniciativa busca fomentar la modalidad de trabajo a distancia. Sí, trabajo a distancia.

Estas políticas laborales de trabajo a distancia ya se están aplicando en diversas empresas de nuestro país,  donde los empleados realizan sus actividades desde dispositivos móviles.

Esta iniciativa en comento propiciaría beneficios al medio ambiente y a la salud de las y los mexicanos.

De igual forma se reduciría la problemática de las horas pico que provoca estres entre los ciudadanos y la emisión de gases de efecto invernadero.

Resulta importante tomar las medidas necesarias para crear un andamiaje que propicie un cambio de paradigma laboral que permita reducir las emisiones de efecto invernadero y el uso de los vehículos motorizados.

De igual forma, se propone que el patrón promueva la permuta de vivienda con la finalidad de evitar desplazamientos largos del domicilio del trabajador hasta su lugar de labores.

Al establecer, con estas políticas laborales estaríamos dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático. Es momento de sumar esfuerzos contundentes para crear una política integral, en donde toda la nación, para lograr verdaderos cambios trascendentales en la calidad de vida de los mexicanos, nos activemos en este sentido.

Por ello, propongo que se adicione la fracción VI Bis, al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

“Artículo 43.

VI Bis.- Fomentar el trabajo de oficina en casa, a distancia o a domicilio, así como programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo, a fin de reducir desplazamientos, el uso de automóvil y el uso de servicio de transporte público para los trabajadores”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“De las senadoras, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI BIS AL ARTICULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cambio climático es una problemática que atañe a toda la sociedad de todo el mundo, cualquier país es susceptible de verse afectado por los daños que ocasiona el Cambio Climático, de tal suerte que diversas naciones suman esfuerzos día a día para mitigar sus efectos negativos.

Las medidas que actualmente se están tomando alrededor del mundo como por ejemplo el control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero(GEI) hacia las principales industrias contaminantes, así como la investigación, desarrollo e implementación de tecnología para la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo urbano sustentable, implementación de edificaciones verdes, captura de agua pluvial, baños secos, viviendas sustentables, fomento de opciones distintas a las del automóvil, el uso de energías limpias, entre otras más acciones en beneficio al Medio ambiente, están sumando esfuerzos para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Actualmente las nuevas tecnologías como las tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, internet móvil, etc. facilitan que el trabajo de oficina mucha veces se puede hacer desde un smartphone, o desde cualquier otra computadora, ya que el internet nos permite estar conectados con comunicación en tiempo real las 24 horas del día los 365 días del año en casi cualquier punto del mundo.

El vínculo entre el ámbito laboral y el cambio climático es amplio, los empleados al desplazarse de sus casas hacia su lugar de labores, usan principalmente vehículo particular o transporte publico ocasionando embotellamientos en las principales avenidas, provocando una gran descarga de GEI, pero el problema no solo es que emitan contaminantes, sino que afecta a los peatones que caminan en las vías públicas o a los ciclistas que se trasladan en las avenidas, ocasionando enfermedades de las vías respiratorias principalmente.

El exceso de vehículos en circulación ocasiona congestionamientos que afectan a todos los ciudadanos y eleva el nivel de estrés, el transporte público está rebasado por la capacidad de personas que puede transportar.

Es importante resaltar los siguientes considerandos que muestra el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental Edición 2012.

“Las poblaciones que habitan en zonas con elevada concentración de contaminantes están expuestas a un mayor riesgo de contraer enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica. Por ejemplo, existen estudios que han analizado el efecto de las emisiones de partículas sobre la salud de las personas, en los que se plantea que un incremento de 10 μg/m3 de partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5, respectivamente) causan un aumento en la mortalidad de 1.83 y 1.48% respectivamente (García-Suásteguiet al., 2011). Análisis epidemiológicos en Estados Unidos sugieren que existe un incremento de cáncer de pulmón asociado a la exposición a contaminantes atmosféricos y, en particular, a las PM10 y PM2.5

Asimismo se ha reportado que la exposición de mujeres embarazadas a PM2.5 puede generar un déficit en el crecimiento (peso y estatura) de los recién nacidos. El estudio también encontró evidencia de que los fetos masculinos son más sensibles a la exposición a PM2.5 si son expuestos a una concentración promedio de 30 μg/m3, ya que nacen con un déficit promedio de 189 gramos de peso y 1.1 centímetros de estatura, en comparación con los efectos sobre los fetos femeninos cuyo déficit al nacer es de 17 gramos y 0.36 centímetros (Jedrychowski, et al., 2009).

Diversos análisis llevados a cabo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) han encontrado una asociación entre las concentraciones de ozono y el incremento en admisiones hospitalarias por asma. También reportan una correlación entre el incremento de mortalidad en la población total y grupos vulnerables como niños y adultos mayores (GDF, Semarnat, SSA, GEM, 2002).

Para la misma ZMVM se analizó la relación entre la presencia de aductos1, esto es, alteraciones del material genético por la incorporación de compuestos químicos, y la concentración de partículas (PM10) en el aire. El estudio encontró que los niveles de aductos en ADN de células sanguíneas fueron significativamente mayores en la época seca donde la concentración de PM10 fue mayor que en la época de lluvias (García-Suásteguiet al., 2011).”1

En virtud de lo anterior debemos tomar medidas urgentes, en pro de la salud de los ciudadanos mexicanos.

Por otro lado la problemática también permea en otros ámbitos; en el Distrito Federal se ha implementado el uso de transporte público exclusivo para mujeres, porque es tanta la gente que aborda el transporte público que ya no caben en el metro, camión, microbús o trolebús y dada esta sobre demanda se ha presentado acoso sexual en el transporte, llegando a suscitarse tocamientos hacia mujeres.

Debemos atender la problemática desde un aspecto integral, antes de que empeore aún más estas violaciones a la integridad de las mujeres de nuestro país.

Fomentar la modalidad de trabajo de oficina en casa o a distancia como ya se está aplicando en algunas empresas de nuestro país, propiciaría beneficios a la salud y al medio ambiente.

Reduciendo la problemática de las horas pico, el estrés entre los ciudadanos, el acoso sexual en el transporte público y las emisiones de efecto invernadero, lo que se reflejaría de manera positiva en la salud de los ciudadanos.

Lo anterior resulta imperante fomentarlo, toda vez que esa medida ya está determinada en la Ley General de Cambio Climático, estableciendo en el inciso e) fracción II artículo 34 lo siguiente:

“Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I…

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte:

a) a d)…

e) Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores.

f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos.

g) a i)…

IV a VI…”

Con base en lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para crear un andamiaje que propicie un cambio de paradigma laboral, que permita reducir las emisiones de efecto invernadero y el uso de los vehículos motorizados

De igual manera se propone que el patrón promueva la permuta de vivienda con la finalidad de evitar desplazamientos largos del domicilio del trabajador hacia su lugar de labores.

Asimismo podemos encontrar en la ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 Constitucional, lo siguiente:

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno- Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos.

Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación.

Por lo que podemos apreciar en los artículos anteriores, debemos establecer la obligación que se propone en este proyecto, daría pauta a dar cumplimiento por lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, y se seguirían tomando acciones en beneficio de los ciudadanos.

Es momento de sumar esfuerzos para poder concretar una política integral en todo nuestro territorio, ya que sólo de esa manera lograremos cambios trascendentales.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI BIS. AL ARTICULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.

UNICO: Se adiciona la Fracción VI BIS al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I a VI…

VI BIS. Fomentar el trabajo de oficina en casa, a distancia o a domicilio, así como programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo, a fin de reducir desplazamientos, el uso de automóvil y el uso de servicio de transporte público por los trabajadores.

VII a X…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de noviembre de 2014.

Suscriben

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Beristain Navarrete. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda la visita del doctor Julio Lebrún Magde, Presidente del Parlamento Internacional de Educación; así como a la parlamentaria de dicho organismo, Martha Morán Salazar, invitados a esta sesión por el Senador Isidro Pedraza Chávez.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El tema de la discapacidad tiene un significativo incremento en los últimos años, ya sea por profesionistas o también, por la propia sociedad y, en su conjunto, nos refieren que en este modelo social donde los conceptos de la discapacidad se pueden ver por sus causas, sus raíces, nos damos cuenta que no son las limitaciones individuales las más problemáticas, sino las limitaciones de la propia sociedad.

Por eso la inclusión, la aceptación a las diferencias y, también, el poder que ver por la igualdad son principios que nos llevan a proponer que esta problemática de dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente; y cada vez son más las personas, instituciones y asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar sus condiciones de vida para un bienestar personal y de grupo poblacional.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé esta obligación de todas las autoridades para proteger los derechos humanos de todas las personas.

En este contexto, las y los legisladores tenemos la obligación de crear o modificar leyes, a efecto de brindar una mayor protección a este grupo de la sociedad que ya sea de manera directa, permanente o temporal tiene estas limitaciones.

En esa virtud, es importante armonizar el derecho interno con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Por eso es que la iniciativa que presento a la consideración de esta Asamblea es un proyecto de Decreto que reforma y adiciona disposiciones al Código Civil Federal de la siguiente forma.

En donde el actual código puede restringir los derechos de las personas con discapacidad, ya que dicho ordenamiento no se encuentra armonizado con estos instrumentos internacionales; y además, al hablar de juicio de interdicción, que es el procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años que por alguna discapacidad no pueden manejarse en forma autónoma debido a consideraciones y limitaciones de ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismos, lo cual incide a su vez en las decisiones que pondrán o no tomar ya sea con o sin ayuda de alguien m más.

Una vez alcanzada esta mayoría de edad, las personas con discapacidad requieren tomar decisiones sobre su vida, su patrimonio y ejercer también sus derechos. Por lo tanto es necesario determinar en cada caso concreto las decisiones que éstas personas podrán tomar y quienes realicen aquellas que no pueden.

El juicio de interdicción es un procedimiento por el cual se protege legalmente a las personas con discapacidad nombrando, en este juicio, a un tutor que les represente legalmente y a una persona llamada curador, encargada de vigilar el desempeño del tutor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso paradigmático en octubre del año pasado; se trata de un joven con síndrome de Asperger que fue declarado en estado de interdicción a los 19 años de edad en el 2008.

En el 2011 los padres del joven le informaron sobre el juicio que promovieron y él decidió acudir a un juicio de amparo. Alegó que las disposiciones legales que le aplicaron relativas al tema de discapacidad y el estado de interdicción eran contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debido a que el joven quejoso consideró que le violentaban el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica a su dignidad humana, a la igualdad y a la no discriminación; su principal queja fue que no le permitían tomar ninguna decisión cuando él sentía que podía hacerlo por sí mismo.

Finalmente se resolvió un amparo en revisión por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se emitieron los lineamientos que deberán observar los jueces durante este juicio de interdicción.

A la par de la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución complementaria bajo el formato de lectura fácil, en la que se explicó al joven con discapacidad, en diez puntos, en un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y por qué ganó.

Cabe señalar que esta resolución es la primera en el continente en emitirse en un formato de lectura fácil, lo cual constituye un ajuste razonable que ha servido como referencia para varios países de Latinoamérica, ya que Argentina es el segundo país en adoptar la resolución complementaria de lectura fácil, tomando como ejemplo la que emitió nuestra Suprema Corte Mexicana.

La presente reforma pretende dar mayor protección a las personas con discapacidad para alcanzar su plena participación en las alteraciones que le generen de tipo diversidad funcional que presenten, dado que el estado de interdicción es entendido en los estatutos legales como una restricción a su personalidad jurídica, se debe regular meticulosamente en aras de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad en plena armonía con los instrumentos internacionales en la materia.

Las personas que presentan algún tipo de limitación pierden esta capacidad legal para que ante la sociedad puedan defenderse en igualdad de condiciones, con la finalidad de que su opinión sea tomada en cuenta.

Esta reforma pretende garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, con lo que se respetaría su voluntad de tomar sus propias decisiones a través de una persona designada por el juez.

Asimismo, estaríamos dando certidumbre a las personas con discapacidad en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos, a estos derechos de igualdad, a la no discriminación y personalidad jurídica, como principios rectores del estado de interdicción contemplado en nuestra legislación nacional, armonizada con instrumentos internacionales.

Por lo que propongo incluir estos derechos en el texto del artículo 23 del Código Civil Federal, precisamente porque toda persona humana tiene dignidad. Y pido que pueda ser insertado el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Saldaña Pérez. Solicito a Servicios Parlamentarios que se integre al Diario de Debates esta iniciativa en forma textual. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de fiscalización y combate a la corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 22, 73, 74, 79, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FISCALIZACION Y COMBATE A LA CORRUPCION

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Nuestro país está inmerso en una dinámica de descomposición muy grave, las y los mexicanos nos enfrentamos a una delicada situación provocada por la onda corrupción en que vivimos y la ineficacia de los órganos del Estado para combatir estos abusos.

Podríamos decir que el sistema de combate a la corrupción y rendición de cuentas está desarticulado y en una profunda crisis.

Pongo un ejemplo. Este fin de semana se difundió la investigación especial de Aristegui Noticias “la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”; en la que señala que Enrique Peña Nieto tiene en su patrimonio una casa en Las Lomas con un valor de 7 millones de dólares y que fue construida por el Grupo HIGA, una de las empresas que, entre comillas, ganó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro; y que además fue beneficiada en diversas licitaciones en el tiempo en que el actual Presidente gobernó el Estado de México.

La casa que es insulto para una sociedad con una mayoría de sus integrantes que vive en la pobreza, es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa de Grupo HIGA, a la que supuestamente la esposa de Enrique Peña Nieto le paga mensualmente, sin que el inmueble forme parte de los registros patrimoniales de la familia presidencial.

Esta nota se dio en el marco del anuncio que hizo el Secretario de Comunicaciones y Transportes sobre la adjudicación del tren de alta velocidad México-Querétaro al único consorcio participante. Esta adjudicación estuvo rodeada de dudas por tener cargados los resultados a favor de uno de los participantes y el propio tiempo que se dio para preparar sus propuestas a otras empresas interesadas.

La Auditoría Superior de la Federación año con año presenta tomos y más tomos que reflejan la corrupción que impera en los distintos niveles de gobierno, sin que si quiera se revisen algunas cuentas públicas y sin que haya una estrategia para resolver este problema estructural.

Atendiendo esta grave situación es que presentamos esta reforma a nuestra Carta Magna para fortalecer de facultades a la Auditoría Superior de la Federación y sentar las bases para una ley general de combate a la corrupción y sea aplicada por la fiscalía especial creada por la reforma política aprobada en días pasados.

Según Transparencia Internacional, en 2013 México ocupó el lugar 106 de 177 países evaluados en el índice de corrupción que elabora dicha institución. La calificación otorgada a México fue de 34 sobre cien, es decir, reprobado.

Los países mejor evaluados son Dinamarca y Nueva Zelanda, que comparados con México, la corrupción en nuestro país es de tal magnitud que debería merecer atención prioritaria.

Por su parte, el Foro Económico Mundial, en sus últimas evaluaciones, califica la corrupción como la principal limitante para hacer negocios en México, seguida por la inseguridad. Ambos factores están íntimamente relacionados.

La falta de rendición de cuentas y de transparencia son causas que propician la corrupción y, en este aspecto, subsiste un enorme pendiente en la agenda nacional.

Por otra parte, Transparencia Internacional publicó un estudio sobre el nivel de transparencia con que operan las 124 empresas trasnacionales más importantes a nivel mundial, 81 de ellas operan en México; y llama la atención que la calificación promedio que obtuvieron dichas empresas es de 5 de 10 posibles, es decir, en promedio están reprobadas.

La mayoría de las grandes empresas trasnacionales operan con bajos niveles de transparencia. Si a ello se agrega la falta de transparencia y la corrupción que privan en el gobierno, se tiene un caldo de cultivo para que las prácticas de corrupción no sólo no se atiendan, sino que no se ven en ninguna institución y sea un fenómeno creciente.

En el caso de las empresas petroleras, es muy importante que se tome en cuenta su limitada transparencia durante el proceso de licitaciones que se avecina, ya que la transparencia será un factor determinante para que operen con un nivel mínimo de certidumbre los contratos que se les otorguen.

Entre las modalidades de corrupción se pueden mencionar varios ejemplos: el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el desvío de recursos presupuestales, el uso privado de bienes públicos, entre muchos otros más.

En síntesis, la lucha contra la corrupción no puede ser de otra manera que paulatina, sistemática y global; debe ser iniciada y alentada en todos los niveles del poder. Los resultados deben ser medidos, corroborados y a la lista de todos; debe producir rápidamente resultados y castigos ejemplares a quien cometa actos de corrupción tanto públicos como privados, con el propósito de dejar claro ante la sociedad que la lucha contra la corrupción va en serio.

Y entre otros, la Auditoría Superior de la Federación debe contar con las facultades que le permitan prevenir, señalar y sancionar los actos de corrupción. Y esto debe de ser una práctica de Estado que incluya el combate frontal a todos aquellos aspectos que la causen, incluyendo los aspectos económicos, sociales, legales, políticos e institucionales; y no sólo medidas parciales que tienen efectos limitados y aislados.

Esta política también debe incluir el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Senadoras y Senadores, esta iniciativa que pongo a su consideración, la proponemos como un elemento en la estrategia de fortalecer la fiscalización de recursos públicos para mejorar la rendición de cuentas. Se contaría con dos ejes rectores: la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización que tiene la Auditoria Superior de la Federación.

El primer eje se atiende al dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la corrupción a través de una ley general que coordine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno; y establecer que la extinción de dominio también procederá en caso de los delitos derivados de la corrupción.

Proponemos reforzar a la Auditoría Superior de la Federación e implementar un sistema más flexible de fiscalización, eliminando la necesidad de la supervisión se realice año y medio, dos años después, sino que se dote a la Auditoría de mecanismos idóneos para vigilar el uso y el destino de cada peso público en los tres niveles de gobierno y en todos los sectores como el energético, el bancario o el de telecomunicaciones, pero en tiempo real.

Asimismo, proponemos que la información que genere la Auditoría sea pública y que ayude al combate de la corrupción sea revisada y tenga consecuencias hacia los órganos jurisdiccionales.

También se permite incorporar mecanismos de supervisión concomitante con el ejercicio del gasto, de tal forma que sea posible que conforme se desarrolle el ejercicio del gasto, se cuente con información confiable de su manejo.

Se incorpora un Aparatado B al artículo 79 constitucional, con el que se refuerza el sistema de fiscalización a través de una entidad del Congreso de la Unión, al establecer que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tenga facultades de dictamen de la cuenta pública, y esta comisión informe anualmente los resultados de la fiscalización de manera desagregada para corroborar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior y el impacto de las acciones emprendidas.

Por cuanto hace al régimen transitorio, se mandata a la Auditoría la Fiscalía Especializada en materia de Combate la Corrupción y a la Comisión Nacional Anticorrupción para el Combate Integral a la Corrupción, a elaborar un programa de combate a la corrupción, en el que se incluya la atención a los casos en que incurran corporativos, privados e instituciones públicas. Así mismo se busca definir medidas para combatir los conflictos de interés, y elaborar una iniciativa enfocada a reducir explícitamente todos los conflictos de interés eliminar la información privilegiada y limitar las reservas de información a plazos razonables de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

Ojalá pueda tener consenso o mayoría esta iniciativa que solo lleva la finalidad de evitar los desvíos con el presupuesto público que son asunto de todos los días.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 22, 73, 74, 79, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE FISCALIZACION Y COMBATE A LA CORRUPCION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La corrupción y la rendición de cuentas

La Corrupción

La corrupción en los tiempos actuales se presenta como un fenómeno que requiere de una urgente resolución. Las realidades tanto en Latinoamérica con en el mundo nos han mostrado que la corrupción mezclada con la impunidad y la falta de rendición de cuentas ha adquirido dimensiones mayores cuando se une a hechos lamentables que incitan a la sociedad a reclamar gobiernos ineficientes, autoritarios y corruptos.

A la luz de todos los hechos y las acciones que giran en torno a este fenómeno, conviene definir claramente que se debe entender por corrupción, para tener una visión de qué es y a qué tipo de conductas se dirigen los esfuerzos para combatirla.

En términos concretos la corrupción es “el abuso del poder público para obtener beneficio particular”1. Sin embargo la definición de corrupción tiende a variar si se atiende a sus motivaciones y a su impacto. No se puede suponer que la corrupción, aunque tenga una misma esencia, significa siempre lo mismo o tiene las mismas motivaciones e impacto. Los modelos anticorrupción necesitan un punto de vista y un modelo sobre cómo el fenómeno opera en casos particulares.

Una definición más completa para abarcar las variaciones en el espectro de la corrupción sería entenderla como “el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa”, por consiguiente corrupto es el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal. La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: ilícita, ilegal e ilegítima.”2

Conviene señalar que dentro de la corrupción existen dos categorías muy diferentes, la primera de ellas acontece cuando los actos corruptos se cometen “de acuerdo a las reglas” y la segunda cuando se desarrollan “en contra de las reglas”. En el primer caso, un funcionario recibe un beneficio por parte de un particular por llevar a cabo algo que está dentro de sus facultades hacer, o debe hacer, según lo que dispone la ley. En el segundo caso, se comenten actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido proporcionar. Así pues la corrupción “de acuerdo con la ley y contra la ley” puede presentarse en cualquiera de los niveles de gobierno y oscila desde la gran corrupción hasta las más comunes y pequeñas.3

Ahora bien, con el fin de homologar las definición jurídica de la corrupción con la concepción social de la misma y que no se genere confusión a la hora de determinar por parte de la sociedad cuándo se ha cometido un actor corrupto, las personas deben conocer sus causas y el alcance que estos actos tienen en la sociedad. Entre las causas de la corrupción encontramos tres tipos: Causas formales; Causas culturales; y Causas materiales.

Causas de la corrupción

Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término, por lo tanto podemos tener como causas formales la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado, la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional y la inoperancia práctica de las instituciones públicas.

Las causas culturales  hacen referencia a la cultura política de un país, es decir: "el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político. De esta forma permiten delimitar la extensión de las prácticas corruptas. La probabilidad de su ocurrencia y el grado de tolerancia social con que pueden contar. Así pues encontramos cuatro causas culturales las cuales son: La existencia de una amplia tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción. Para algunos casos latinoamericanos, podrían explicarse ciertas manifestaciones corruptas por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común.

Las causas materiales  se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente. De esta forma podemos identificar cinco causas materiales. 1) La brecha existente entre las necesidades reales de control político y las condiciones formales de ejercicio del poder. Un ejemplo de lo dicho: el conflicto permanente entre los aparatos policíacos y los sistemas de garantías jurídicas. 2) La brecha existente entre la dinámica del mercado y la intervención pública. 3) La brecha existente entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. Un ejemplo sería un gremio de industriales que entrega sobornos a algunos miembros del Congreso para que aprueben una ley. 4) La brecha existente entre los recursos de la administración pública y la dinámica social. Y 5) La brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los funcionarios públicos.

Efectos de la corrupción

En adición la corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a los legítimos, lo que a su vez genera consecuencias. Dentro de estas mismas los niveles de impacto de la corrupción son el económico, político y social.  Respecto al aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.

En el plano económico la corrupción tiende a aumentar los costos de los bienes y servicios así como incrementa la deuda de un país. En terreno político la corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Por ultimo en el plano social la corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.

Se ha comprobado empíricamente de manera fehaciente, que la corrupción tiene los siguientes efectos negativos:

Produce una asignación ineficiente de los escasos recursos del Estado,

Origina distorsiones en la asignación y composición del gasto público,

Puede destruir los efectos de cualquier reforma estructural,

Propicia la venta de activos públicos subvaluados a los particulares destruyendo el patrimonio del erario nacional,

Genera privatizaciones corruptas de empresas y bienes públicos, que propician el enriquecimiento de personas y corporativos económicos ineficientes, que a su vez incrementan la ineficiencia global del sistema económico del país. Es decir, produce distorsiones en la asignación de recursos,

Genera una provisión insuficiente de bienes públicos, o cuando menos la ejecución de políticas sociales ineficientes,

Crea severas externalidades sociales negativas, que se originan cuando el Estado deja de cumplir su función. Una externalidad negativa es toda actividad económica, que genera daños a terceros. Una expansión irracional del crédito bancario, puede generar un costoso rescate que paga la sociedad, 

Desalienta la inversión extranjera directa en el país receptor,

Causa efectos redistributivos negativos al generar una transferencia de activos del sector público a empresas e individuos que no son no eficientes económicamente, sino corruptos,

Ocasiona una distribución regresiva del ingreso, de los sectores más pobres a los más acaudalados,

Da lugar a una productividad más baja de la economía y, consecuentemente, a un menor crecimiento económico a largo plazo

Fomenta la informalidad y la economía sumergida al actuar como barrera a la entrada de competidores formales en el sector privado,

Afecta al crecimiento de las industrias del sector privado. Este resultado parece ser independiente del tamaño de la industria. Una vía segura en que la corrupción afecta a las perspectivas de crecimiento económico, es la creación de innovación de productos altamente riesgosos,

Presenta asimetrías sociales y económicas que implican que las empresas pequeñas pagan por concepto de cohecho, mayores porcentajes de su ingreso, comparado con las grandes compañías. Mediante la investigación de pagos de sobornos detectados, las grandes empresas son capaces de obtener beneficios de actividades ilegales pagando un menor porcentaje de sus ventas4,

Conforme se institucionaliza la corrupción, adopta modalidades muy sofisticadas. En este sentido, el cohecho, y el soborno, no son las únicas variantes de corrupción asociada a las grandes empresas, el desfalco por parte de empleados propios, el fraude empresarial y el insider trading (asociada a la información privilegiada) pueden ser igualmente muy dañinos.

La corrupción no es privativa del ámbito público. Existe amplia evidencia empírica, que las empresas privadas son responsables de un elevado volumen de corrupción, equiparable al que tiene lugar en el ámbito del sector público. Algunas situaciones como la cooptación de funcionarios y reguladores de la administración pública, por parte de las empresas privadas son particularmente dañinas para la economía. Frecuentemente, es factible constatar, que las empresas corrompen a funcionarios públicos obteniendo beneficios a partir de fondos públicos. Es un síntoma, de mala administración. Y ésta sólo puede ser mejorada mediante esfuerzos coordinados de gobiernos, agentes económicos y sociedad civil.

Para poder estar en la tesitura de desarrollar un programa efectivo de combate a la corrupción, es necesario aclarar con la precisión debida, su naturaleza y las modalidades con la que se presenta y causa daños sociales y económicos a menudo irreparables.

Si bien las causas de la corrupción son multifactoriales, se hace necesario realizar una taxonomía rigurosa de la corrupción, para ubicar en su exacta dimensión y en orden de importancia, las manifestaciones de corrupción existentes, esto en virtud de que  tienen efectos sociales y económicos diferenciadores, con el agravamiento de que son escasos los recursos para su combate. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace referencia a 11 actos de corrupción:

Soborno de funcionarios públicos nacionales

Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas

Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público

Tráfico de influencias

Abuso de funciones

Enriquecimiento ilícito

Soborno en el sector privado

Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Banqueo del producto de los delitos de corrupción

Encubrimiento, y

Obstrucción de la justicia.

Complejidad de las formas actuales de corrupción

La taxonomía clásica de la corrupción delineada anteriormente, se orienta a tipificar los actos de corrupción en sí, pero no atiende el impacto social y económico, por lo que es necesario identificar una estructura taxonómica de la corrupción, que abarque entre otros aspectos relevantes la magnitud del impacto social y económico, y las dificultades analíticas para su rigurosa detección. 

Una taxonomía de corrupción, tiene que ser derivada forzosamente de la magnitud de los impactos sociales y económicos que su manifestación genera.  Al respecto tenemos la siguiente clasificación:

Corrupción aislada de bajo impacto económico. Esta corrupción tiene que ver con actos individuales de corrupción cometidos por personas o corporaciones, que una vez materializados los eventos, sus consecuencias para la sociedad son mínimas. En esta clasificación entran las 11 categorías de corrupción de la Convención de las Naciones Unidas examinadas en la sección anterior, siempre y cuando se trate de hechos individuales y esporádicos de corrupción de baja consecuencia económico monetaria.

Corrupción sistémica de bajo impacto por evento pero de alto impacto agregado. Esta corrupción tiene que ver con hechos delictivos que se repiten con cierta frecuencia,  pero en el que en cada acto de corrupción realizado, se implican montos de dinero reducidos que sin embargo, a nivel agregado y para un periodo de tiempo determinado, la recurrencia de los delitos de corrupción pueden implicar montos acumulados apreciables.

 Corrupción sistémica explícita de alto impacto directo cuyos efectos en cada acto de corrupción no son duraderos. Esta corrupción tiene que ver con delitos cometidos de manera organizada, por individuos y corporaciones, que se repiten periódicamente o durante un lapso apreciable antes de su detección.  El fraude de Oceanografía a Citigroup es un ejemplo de este tipo de corrupción.   Las operaciones de corrupción en esta modalidad son estructuralmente ilegales, y se ocultan por deficiencias de información, y tienen en sí muy pocos aspectos de legalidad.

Corrupción sistémica implícita de alto impacto directo e indirecto cuyos efectos en cada acto de corrupción son duraderos. Esta corrupción tiene que ver con delitos cometidos de manera organizada, por individuos y corporaciones, que implican violaciones a la regulación económica o su elusión sin que puedan tipificarse en este último caso como actos ilegales, pero cuya consecuencia económica es enorme y es la sociedad quien asume la mayor parte de los costos y no los individuos o las corporaciones  que las cometen. 

Esta corrupción es sistémica y organizada, por individuos y corporaciones que se conocen entre sí y actúan para perpetrarla. Ejemplos de esta corrupción son:

El delito de cuello blanco,

La corrupción pública cometida por la elite burocrática de manera no visible,

El fraude controlado.

Las operaciones de corrupción en esta modalidad tienen aspectos de legalidad y de alto riesgo. 

Corrupción sistémica de delincuencia organizada. Son delitos graves cometidos de manera sistémica por personas y corporaciones, y que son expresamente prohibidos por la ley. Ejemplos, Lavado de dinero; utilidades de operaciones de narcotráfico; y el financiamiento al terrorismo.

De acuerdo al Foro Económico Mundial (FEM)5, el costo estimado de la corrupción en México equivale a 9 por ciento del PIB mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos. De ser exacta esta información, la corrupción implicaría alrededor de dos veces los recursos que recibirá la SHCP para financiar el PEF de acuerdo a la regla de distribución de recursos del Fondo Petrolero establecido en la reforma Energética que equivale a 4.5% del PIB.   Si consideramos que el costo del rescate bancario se aproxima al 15% del PIB entonces el costo de la corrupción en México equivale a dos tercios del costo fiscal asociado al rescate bancario de 1994-1995.

El costo de la corrupción (en ausencia de medidas efectivas de política pública para su combate) es una función no lineal creciente respecto del tiempo.  Esto significa que si no se articula una política pública de combate sistémico contra la corrupción, su dimensión tiende a crecer conforme pase el tiempo, hasta que se torne incontrolable causando con ello un daño social y económico severo, con efectos destructivos en todo el tejido institucional del país.

Además si no se controla la corrupción, las formas con las que se manifiesta y despliega comienzan a ser tan variadas que tornan más difícil su erradicación.  

La rendición de cuentas

El avance democrático de México requiere de órganos de fiscalización autónomos provistos de las facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas públicas. La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización, son factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia, así como una mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio de la gestión pública.

El debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos ocupada cada vez más la atención de los ciudadanos y de los actores políticos, sobre todo en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales. Así como la discusión sobre las transiciones a la democracia dominó el debate político y académico en diversas regiones durante la década de los ochenta y principio de los noventa, el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas ocupa desde hace varios años más atención y recursos a nivel global.

Dado que todo poder, aun siendo legítimo o democrático conlleva el riesgo de ser usado abusivamente en beneficio de quien lo ejerce, surge la necesidad de establecer frenos y controles. El logro de equilibrios y contrapesos entre los poderes y los órganos autónomos es uno de los mayores retos de las democracias modernas. La concentración hegemónica de cualquiera de las partes podría fácilmente derivar en formas de autoritarismo y abuso, mientras que su mutua neutralización generaría parálisis en perjuicio de la sociedad.

La rendición de cuentas es uno de los mecanismos que permite el desarrollo de la democracia, además de la democracia electoral, sin embargo en México, la pluralidad y la alternancia en el gobierno federal, han demostrado no ser elementos suficientes para contar con gobiernos eficaces y honestos. Más aun, ante el hecho de que la democracia electoral no garantiza que los gobernantes electos por el voto popular sean responsables y rindan cuentas de sus actos, es necesaria la presencia de instituciones que los obliguen a ello.

Así, la rendición de cuentas se refiere a la obligación que tienen quienes ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa evaluación. 6 Con un servidor público moral y eficiente, la rendición de cuentas o información de las actividades realizadas estarán revestidas de una gran dosis de certidumbre y veracidad.

En México, las acciones de prevención de la corrupción o el abuso del poder son insuficientes, dado que nuestro sistema político-económico-administrativo ya está enfermo, en qué medida, nadie lo sabe, pero algunos lo manejan ya como una especie de cáncer. De ahí que la rendición de cuentas constituye uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento de una democracia eficaz, al crear condiciones propicias para cerrar el paso a la impunidad gubernamental.

Mediante la rendición de cuentas, las acciones de los gobernantes y servidores públicos pueden ser controladas al someterse al escrutinio público. La sociedad puede evaluar el desempeño de sus gobernantes y decidir, con su voto, la continuidad y la permanencia de un sistema de gobierno determinado. Igualmente importante es que el llamado a cuentas de los gobernantes y, eventualmente, su penalización o remoción, en caso extremo, se lleva a cabo de manera pacífica, con sustento en un marco jurídico e institucional aceptado por todos los actores, incluyendo, desde luego, la propia autoridad gubernamental superior electa democráticamente. 7

Para eliminar la impunidad es necesario que cada funcionario público conozca con claridad sus obligaciones y compromisos dentro de una nueva cultura de rendición de cuentas. Además, es necesario que estos servidores dispongan de los instrumentos y la capacitación adecuados para realizar eficazmente su trabajo. Con el fin de hacer más congruente la acción del gobierno con las necesidades de la sociedad, se necesita un sistema para captar las opiniones de los ciudadanos sobre las obras y los productos que requiere del gobierno. Los resultados obtenidos por la administración pública federal, mediante el sistema de rendición de cuentas, deben ser conocidos por la ciudadanía, tanto los positivos como los negativos. De esta manera se enfrenta a con honestidad a la opinión pública y se promueve la participación de las sociedad en una nueva cultura de responsabilidad compartida y de rendición de cuentas, así como en la conducción del desarrollo nacional. 8

La situación de la corrupción en México

La corrupción es una práctica muy difundida en México y constituye un serio problema que afecta negativamente al desarrollo del país y a la mayoría de sus habitantes.

Según Transparencia Internacional, en 2013 México ocupó el lugar 106 de 177 países evaluados en el índice de corrupción que elabora dicha institución. La calificación otorgada a México es de 34 de 100 puntos posibles; es decir está reprobado. Es conveniente señalar que ningún país evaluado tiene una calificación de 100, los países mejor evaluados son Dinamarca y Nueva Zelanda con una calificación de 91. Esto significa que la corrupción no está erradicada por completo en ninguna parte del mundo; sin embargo, en algunos países como México es de tal magnitud que debería ser un asunto que merecería una atención prioritaria.

Por su parte, el Foro Económico Mundial, en sus últimas evaluaciones, califica a la corrupción como la principal limitante para hacer negocios en México, seguida por la ineficiencia del Gobierno. Ambos factores están íntimamente relacionados.

La falta de transparencia es una de las causas que propician la corrupción y en este aspecto subsiste un enorme pendiente en la mayoría de los sectores mexicanos.

Es muy importante señalar que la corrupción se presenta en múltiples modalidades y en diversos sectores; es decir, no es exclusiva del Gobierno. Recientemente, Transparencia Internacional publicó un estudio sobre el nivel de transparencia con que operan las 124 empresas transnacionales más importantes a nivel mundial, 81 de las cuales operan en México. Llama la atención que la calificación promedio que obtuvieron dichas empresas es de 5 de 10 posibles; es decir, en promedio están reprobadas. Dentro de las empresas consideradas en el estudio sólo una es mexicana: América Móvil de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo y obtuvo una calificación de 4.4. Otras empresas representativas que operan en México que obtuvieron bajas calificaciones son: Honda Motors (1.3), City Group (2.7), Bank of Nova Scotia (3.2), Microsoft (3.5), Wall-Mart (3.8), Coca Cola (4.3), Nestlé (4.4) y HSBC (5.0).

Entre las grandes trasnacionales petroleras, que tan ansiosas están por apropiarse de los hidrocarburos nacionales, a raíz de la reforma privatizadora, destacan Petro China (2.7), Chevron (3.5), Exxon Mobil (4.1), Petrobras (4.6) y Oil& Natural Gas (4.8).

Como puede observarse, la mayoría de las grandes empresas trasnacionales operan con bajos niveles de transparencia, lo que propicia la corrupción. Si a ello se agrega la falta de transparencia y la corrupción que privan en el Gobierno, se tiene un caldo de cultivo para que dichas empresas apliquen prácticas corruptas en México para lograr sus fines, que se centran en la obtención de utilidades.

En el caso de las empresas petroleras es muy importante que se tomen en cuenta su limitada transparencia, durante el proceso de licitaciones que se avecina, ya que la transparencia será un factor determinante para que operen con un nivel mínimo de certidumbre los contratos que se otorguen.

Entre las modalidades de corrupción se pueden mencionar como ejemplos: el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el uso privado de bienes públicos, el castigo al inocente y el premio a quien no lo merece.

No todas las modalidades se han evaluado sistemáticamente, por lo que el fenómeno en su conjunto no tiene un sustento cuantitativo y por lo tanto, en general se estima con base en la percepción que tienen diversos grupos de población, como es el caso del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

En el caso de la corrupción que afecta directamente a los hogares, desde 2001, Trasparencia Mexicana publica el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). La última publicación corresponde al año 2010. De este estudio destacan los siguientes aspectos:

El índice mide la corrupción en 35 servicios públicos que ofrecen los tres niveles de gobierno y empresas privadas.

Se identificaron 200 millones de actos de corrupción, definidos como las veces que la población tuvo que dar “mordida” para realizar un trámite.

El costo promedio de cada “mordida” fue de $165, lo que implicó un costo total para los hogares de $32,000 millones, equivalentes al 14% de su ingreso bruto.

La frecuencia de corrupción se ubicó en 10.3%. Es decir, de cada 100 trámites en 10.3 se tuvieron que dar “mordidas”. Esta cifra es similar a la de 2001, ya que en ese año fue de 10.69.

Esta es sólo una muestra de la corrupción que impera en el país, pero que es a todas luces incompleta para medir el fenómeno en todas sus consecuencias. Existen otras modalidades de corrupción que pudieran tener un efecto mucho mayor que el de las “mordidas”. Por ejemplo, los enormes negocios que se generan con las contrataciones públicas. En especial en los procesos de obra pública y de adquisiciones.

En un estudio de la UNAM, llamado “Reflexiones sobre la Corrupción en México”, que aborda el problema de la corrupción desde un punto de vista teórico, destacan los siguientes aspectos:

La corrupción no es un estado congénito del hombre. No tiene nada que ver con el código genético de las distintas sociedades.
En el caso de México los efectos más desastrosos de la corrupción son: la perversión de la mentalidad de los habitantes, el encarecimiento innecesario de la vida y el debilitamiento constante de las instituciones.

Las causas de la corrupción se pueden agrupar en dos grandes rubros: causas sociales y factores individuales que la propician.

Dentro de las causas sociales se mencionan: una legalidad absurda, una impartición de justicia viciada, el deterioro económico y las grandes asimetrías sociales.

Dentro de las causas individuales destacan la inmoralidad y la ignorancia de algunas personas.

En conclusión, destaca que la corrupción es un problema multifactorial y, en el caso de México, desafortunadamente muy generalizado. Por ello su solución no es sencilla y de corto plazo, ya que para disminuirla, que no erradicarla, se debe actuar en diversos planos, lo que significa atacar de fondo las causas que la producen.

Como parte de la solución, el estudio de la UNAM señala lo siguiente:

En la medida de que las principales causas son de orden social y colectivo, la lucha contra la corrupción debería iniciarse desde la esfera del poder.

En primer término propone la revisión exhaustiva del marco legal existente, a fin de quitarle todos aquellos aspectos que propician la corrupción y agregar sanciones severas para el caso de incumplimiento.

Mejorar significativamente el llamado “estado de derecho” a fin de asegurar que la legislación se cumpla a cabalidad y se aplique a todos, sin excepciones. A este respecto pone el ejemplo del Código Penal, que según el estudio tiene enormes deficiencias que permiten castigar con rigor a los pobres y no aplicarla a los más poderosos. Como este se podrían dar muchos otros ejemplos.

Otro aspecto relevante es el de la reactivación económica. La baja calidad de vida de la mayoría de la población es un caldo de cultivo para la corrupción. Propicia desde la informalidad hasta el delito. Indudablemente que la sola reactivación económica, sin medidas que tiendan a distribuir más equitativamente los beneficios, no ocasionará los cambios que se requiere. De ello se puede concluir que un efectivo combate a la corrupción tendría que incluir, además de los cambios legislativos y un verdadero estado de derecho, la modificación radical al sistema de desarrollo.

En el ámbito individual, se tendría que hacer una verdadera reforma educativa, no como la que se hizo en 2013, que sólo tocó aspectos administrativos, sino la renovación de los programas educativos, poniendo énfasis en el ser humano como parte de una comunidad y no sólo como individuo que tiene como único objetivo logar el “éxito individual” a cómo de lugar.

En síntesis, la lucha contra la corrupción no puede ser de otra manera que paulatina, sistemática y global. Debe ser iniciada y alentada desde los más altos niveles del poder. Los resultados deben ser medidos, corroborados y a la vista de todos. Debe producir rápidamente resultados espectaculares como castigos ejemplares a los grandes corruptos tanto públicos como privados, con el propósito de hacer ver a la sociedad que la lucha va en serio.

Como puede verse, la lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado que incluya el combate frontal a todos aquellos aspectos que la causan y no sólo medidas parciales que seguramente tendrán efectos limitados.

Hasta la fecha no hay, por parte de las autoridades, un plan integral de lucha contra la corrupción, lo que demuestra que no es un tema que esté en la agenda presidencial. Se ha dado preferencia a reformas administrativas que lejos de combatir la corrupción, la propician, como son la reforma a las telecomunicaciones y en especial la energética, de acuerdo con las cuales se promoverá la participación de empresas trasnacionales, que como ya se vio, no se caracterizan por ser transparentes.

Desde ya hace varios años se han hecho algunos esfuerzos aislados tendientes a evitar la corrupción, principalmente en el ámbito gubernamental. Quizá el esfuerzo más relevante ha sido la creación de la Auditoría Superior de la Federación como un órgano dependiente de la Cámara de Diputados, que tiene como propósito fundamental fiscalizar el uso de  los recursos públicos federales. Esta institución adolece de un marco legal que le permita actuar de manera efectiva para realizar su cometido y por ello sus resultados han sido modestos.

Sólo baste señalar que entre 1998 y 2011, la ASF presentó 310 denuncias penales de las cuales sólo han sido consignadas 19.

Otros intentos fallidos para evitar la corrupción gubernamental, en los que se incluyen a empresas privadas que se relacionan con el Gobierno, ha sido la creación de la Secretaría de la Contraloría, actual Secretaría de la Función Pública, en proceso de extinción. Son intentos fallidos porque no han dado resultados y los niveles de corrupción siguen iguales o peores.

El marco normativo es muy amplio, pero ineficiente. Hay diversas leyes que tienen como propósito el combate a la corrupción. Sólo baste señalar, de manera enunciativa:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Además el marco legal se complementa con una serie de leyes locales, reglamentos y disposiciones administrativas que tratan sobre el tema de la corrupción.

Como se puede apreciar, en materia de combate a la corrupción gubernamental, el marco legal es extenso. Sin embargo no ha sido efectivo, puesto que este fenómeno prevalece en todos los órdenes del Gobierno, lo que las propias autoridades reconocen al proponer nuevos ordenamientos y reformas a los existentes.

Aquí habría que preguntarse ¿Es un problema de las leyes o es un problema de su aplicación?

Desde el principio de la actual administración, cuando se firmó el llamado “Pacto por México”, suscrito por las cúpulas de los principales partidos políticos y el Gobierno Federal, se estableció, como uno de los 5 acuerdos fundamentales la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Al respecto señaló que “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, el combate a la corrupción.”

En materia de combate a la corrupción se acordó:

Crear un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de previsión, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá énfasis especial en entidades como Pemex y CFE. (Compromiso 85).

Crear un Consejo Nacional para la Etica Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. (Compromiso 86).

El primer compromiso debería culminar durante el segundo semestre de 2014 y el segundo durante el segundo semestre de 2015.

Además de que era cuestionable que la sola creación de entidades burocráticas resolvería el grave problema de la corrupción, a la fecha no se tuvieron resultados concretos. Como ya se dijo, si no se combaten simultáneamente todas las causas de la corrupción: legislación inadecuada, aplicación correcta de las leyes y sin excepciones, podría ser contraproducente la creación de instituciones que se pueden ir deteriorando.

Por otra parte, el Pacto por México dejó de existir, debido a que, por una parte se trató de un acuerdo cupular que no incorporó a la sociedad y por otra, que los verdaderos propósitos que perseguía el Gobierno ya se cumplieron con las llamadas reformas estructurales neoliberales y dentro de éstas no estaba contemplado el combate a la corrupción, sino sólo como un planteamiento retórico.

El hecho de que el problema de la corrupción continúe y siga estando en el debate público por más de 30 años, es un indicador de que no hay voluntad política para resolverlo, ya que es muy redituable para las autoridades, especialmente para el PRI que, desde sus inicios se ha caracterizado precisamente por ser corrupto. ¿Cuántos casos de enriquecimiento ilícito se han conocido y cuántos se han castigado?

En el Congreso existen un sinnúmero de iniciativas turnadas por el Ejecutivo y elaboradas por diversos legisladores que tienen que ver con el tema de la corrupción. Su trámite y discusión se ha dificultado por dos causas principales: (i) la falta de una verdadera voluntad política para abordar el tema y (ii) la carencia de un plan integral de combate a la corrupción a todos los niveles de la administración pública y de la vida privada.

Casos paradigmáticos de corrupción en México

Oceanografía

Uno de los casos más sonados en materia de corrupción es el vinculado con una serie de irregularidades comprobadas en la celebración de contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos y Oceanografía, S.A. de C.V., dirigida por Amado Yáñez. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en diversos informes de fiscalización la existencia de serias irregularidades en los procesos de contratación de Pemex.

Desde 2005, la Auditoría ha señalado irregularidades en los contratos con esta empresa y volvieron a darse en 2006 y 2008, a partir de la solicitud de la Comisión de Vigilancia debido a la existencia de indicios de irregularidades. De conformidad con un análisis realizado por FUNDAR, encontramos las siguientes anomalías principales:

En 2006, la ASF hizo diferentes observaciones a cuatro de los nueve contratos que PEP firmó con esta empresa.10 Entre ellas, se encuentra la realizada al contrato 418815856, en el que la Auditoría encontró que Pemex no había aplicado las penas convencionales establecidas por atraso de 16 días en la terminación de los trabajos, por un total de 405,800 pesos.

En 2006 la ASF encontró11 que PEP modificó las bases de licitación tras la otorgación de los contratos para adaptarlas a los requerimientos de Oceanografía, cuando la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) lo prohíbe expresamente. Además, ante el hecho de que esta empresa no entregó los informes de cumplimiento de los trabajos contratados, PEP no exigió su entrega ni procedió a la rescisión del contrato. Este mismo año, otra auditoría12 señaló que PEP había sesgado una licitación de la que resultó ganadora Oceanografía13, al no permitir la participación de otros países en la misma.

En 2008, a solicitud de la Comisión de Vigilancia, la ASF revisa varios contratos entre PEP y Oceanografía. Entre otras cuestiones, la auditoría14 reveló que se llevaron a cabo convenios modificatorios de las fechas de inicio de los trabajos sin razones justificadas para ello. Además, también sin justificación y sin existir un nuevo convenio modificatorio, los trabajos no habían sido iniciados ocho meses después.15 Por otro lado, en el contrato 418235843, las facturas presentadas para justificar el pago de los trabajos no contenían la descripción de los mismos, lo que en la práctica impide conocer si realimente se llevaron a cabo. Es decir, ni la empresa ni Pemex pudieron comprobar la provisión de servicios por un total de 662,500 pesos.

En 2011, la ASF lleva a cabo una auditoría a un contrato entregado por Pemex Refinación a las empresas Oceanografía, Blastinaval de México y Proyectos y Medio Ambiente, para la construcción de un muelle en Baja California. Además de señalar un retraso de dos años y nueve meses en el inicio de la obra, una vez iniciada no se habían llevado a cabo acciones para sancionar por un total de 10,444,000 pesos un avance físico a 31 de marzo de 2012 muy por debajo de lo estipulado en el contrato (9.33 por ciento frente al 71.41 por ciento). Pero esto no fue todo, ya que la ASF descubrió que PEP pagó un precio unitario por la realización de sondeos exploratorios sobre el agua superior en 345.7 por ciento al precio original estipulado. Precio que volvió a incrementar posteriormente sin justificación alguna, por lo que por catorce sondeos terminó pagando 3,260,600 pesos de más. 16

Tren de Alta Velocidad México-Querétaro

El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto anunció en su discurso de toma de protesta la decisión de reimpulsar el sistema ferroviario de pasajeros en el país con el fin de conectar diversas ciudades del país. En ese mismo mensaje, anunció que había instruido al Secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en el 2013 la construcción del tren México-Querétaro. Asimismo, anunció los proyectos del tren México-Toluca, el tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, la Línea 3 del Metro de Monterrey, el transporte masivo de Chalco a La Paz, en el Estado de México, y se ampliará el tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara.17

Este proyecto fue incorporado en el Programa Nacional de Infraestructura, al señalar que “con 209.2 km. de doble vía de los cuales 124.7 km de nuevas vías, este proyecto detonará la movilidad de pasajeros por tren, desahogando así la carretera México - Querétaro y fomentando el uso de otros medios de transporte. Con una inversión de 43,580 mdp este proyecto contará con 12 trenes que viajaran a una velocidad promedio de 200 km/h lo cual reducirá el tiempo de traslado de los pasajeros entre las dos ciudades poco más de una hora. Su construcción comienza en 2014 y finalizará en 2017.”18

A inicios de la semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte anunció la adjudicación de este proyecto al único consorcio participante. Esta adjudicación sacó a la luz dudas inquietantes sobre la regularidad del proceso. La primera de ellas es el modo en que este proyecto, no despertara el interés a más participantes. Lo anterior cuestiona en razón a que en el proyecto del interurbano México-Toluca participaron tres consorcios.

Un segundo aspecto es que varias empresas que conocieron las bases de la licitación declinaron participar por el poco tiempo que se estableció para preparar sus propuestas. Trece solicitaron una ampliación de 245 días para elaborar sus proyectos, pero sólo se les concedió un plazo de 60 días, afirmando que era el triple de lo estipulado por la Ley de Obras Públicas. De esta manera resultaba imposible hacer frente a todo lo que requiere una obra de esta clase, desde estudios de suelo, trazado de rutas, estudios financieros, impacto ambiental y urbano hasta planes de operación, estudios de mercado, seguridad, administración y equipos, por mencionar sólo algunos de los aspectos involucrados.

En tercer lugar, el consorcio escogido –formado por las mexicanas GIA, Teya, GHP y Prodemex, las chinas China Railways y CSR y la francesa Systra– estuvo en condiciones de presentar un proyecto ganador, debido a que dispuso de un lapso mucho mayor que otros posibles competidores, pues se les avisó del proyecto en abril de 2013. Por ello, las empresas chinas enviaron a nuestro país 200 técnicos que trabajaron intensamente para cumplir con las fechas que se les pidió originalmente. Ya para abril de este año se integró el consorcio ahora ganador, a pesar de que la licitación no se hizo pública hasta mediados de agosto, es decir, cuatro meses después.

Un aspecto inquietante más es que la propuesta del conglomerado ganador (casi 51 mil millones de pesos) rebasó en más de 20 por ciento la inversión estipulada en la convocatoria original: cerca de 40 mil millones de pesos.19

La adjudicación del proyecto despertó diversas críticas entre la sociedad mexicana. El 6 de noviembre, en una comparecencia en el Senado de la República, el Secretario de Comunicaciones y Transportes defendió de manera exacerbada el proyecto, para que unos minutos después de que terminara la misma, se publicara el comunicado 310, cancelando el proyecto de la siguiente manera:

COMUNICADO: 310 FECHA: 06/11/2014

SE DEJA SIN EFECTO EL FALLO DE LA LICITACION DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MEXICO QUERETARO

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió dejar sin efecto el fallo de la licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro.

Instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a un nuevo concurso.

Se repondrá el procedimiento, dando un tiempo más amplio para ganar absoluta claridad, legitimidad y transparencia: Gerardo Ruiz Esparza.

En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reponer la

convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro.

Con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia, el Ejecutivo Federal determinó se convoque a un nuevo proceso de licitación.

Lo anterior lo informó el Secretario Gerardo Ruiz Esparza al señalar que próximamente se convocará a un nuevo proceso en el que no haya duda y que el proyecto no sea cuestionado, así como que cuente con absoluta claridad.

Ruiz Esparza resaltó que el Presidente de la República tiene la sensibilidad de lograr que el proceso de licitación esté alejado de duda alguna por parte de la sociedad y del Congreso de la Unión.

Asimismo, el Secretario de Comunicaciones y Transportes refrendó que el procedimiento que queda sin efecto siempre estuvo en tiempo y apegado a los términos legales, pero el señor Presidente tiene la sensibilidad de que un proyecto tan importante y de tanto beneficio para la sociedad no tenga duda alguna.

Es la decisión más conveniente que está tomando, de repetir el procedimiento y dejarlo plenamente aclarado, en tiempos y en participantes, concluyó.20

Cabe resaltar que un par de días después de la cancelación de la licitación del Tren, Aristegui Noticias difundió en su sitio de internet, la investigación especial “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”. En este artículo, se señala que el presidente tiene en su patrimonio una casa en Lomas, con un valor de 7 millones de dólares y que fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación de este tren, beneficiada en diversas licitaciones en el tiempo en que Peña gobernó el Estado de México. La casa es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa de Grupo Higa. Es de resaltar que, esta propiedad no ha sido reportada en las declaraciones patrimoniales del titular del Ejecutivo.21

Los signos presentes en este caso demuestran la necesidad de mecanismos más eficaces de rendición de cuentas y fiscalización, de transparencia y claridad en la acción de gobierno. Es necesario contar con mecanismos eficaces que permitan tener un seguimiento claro de los recursos públicos, de su destino y de la manera en que los aplican los servidores públicos y sus vínculos con empresas privadas.

Lineamientos estratégicos necesarios a considerar para el combate efectivo a la corrupción

Se identifican los siguientes:

La dimensión internacional en el combate a la corrupción

Para bien o para mal, México es actualmente, una de las economías más abiertas del mundo. Es irrestricta la liberalización de los flujos comerciales, y la política cambiaria adoptada tiene un sesgo importador (la tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio incentiva las importaciones y desincentiva a las exportaciones, por lo que mantener a estas últimas competitivas sólo puede realizarse con el abaratamiento de los costos laborales).  Adicionalmente, México ha generado un espacio vital al capital trasnacional.  Los flujos comerciales y financieros acrecentados en la economía mexicana, hacen que la corrupción en México tenga entonces una dimensión internacional con los siguientes riesgos:

Incremento de la corrupción en las operaciones transfronterizas,

Utilización acrecentada de los flujos financieros internacionales para cometer ilícitos. Esto a través de lo siguiente:

Banca privada capturada por los poseedores de riqueza patrimonial producto de la corrupción pública,

Utilización de los centros offshore (denominados paraísos fiscales) y de las empresas instrumentales radicadas en el exterior por el sector privado para evadir el pago de impuestos y para radicar los pagos de los sobornos y cohechos.

Utilización de los centros offshore y de las empresas instrumentales radicadas en el exterior por el sector público, para eludir la rendición de cuentas y la fiscalización (ejemplo paradigmático las filiales de Pemex)

Contratación de deuda externa  pública sin mecanismos de rendición de cuentas

Riesgos de financiamiento al terrorismo mediante mecanismos financieros ocultos

Riesgos de lavado de dinero no detectable

Por lo anterior, es necesario comprometer a los gobiernos del mundo por medio de las convenciones internacionales de combate a la corrupción (como la convención interamericana de combate a la corrupción) en aspectos claves como los siguientes:

Insistir por parte del gobierno de México, en la eliminación de la deducibilidad fiscal de los sobornos, que realizan las empresas trasnacionales extranjeras a gobiernos y funcionarios en el país, y aplicar en México las medidas correlativas que se comienza a instrumentar en otras partes del mundo.

Establecer una normatividad general de transparencia y procedimientos de adjudicación para las licitaciones públicas y contratos gubernamentales en las que participen las empresas trasnacionales. 

Hacer obligatorio que los créditos de las instituciones internacionales como el banco mundial, el FMI, y los créditos privados a países, estén sujetos a reformas gubernamentales estrictas contra la corrupción, incluyendo la eliminación más amplia de conflictos de interés.  

Establecer una regulación estricta más estandarizada para los centros offshore y paraísos fiscales en materia de combate a la corrupción. Los centros Offshore son mecanismos cruciales que mueven cuantiosos recursos generados por mecanismos de corrupción sofisticados, además de coadyuvar a la evasión tributaria.

Lineamientos estratégicos internos (para las transacciones domésticas)

Comprometer al gobierno y a las unidades ejecutoras de gasto a combatir la corrupción en los aspectos siguientes:

Erradicar las licitaciones gubernamentales que favorezcan a grupos de interés específicos (cartéles oligopólicos),

Erradicar el cacicazgo fragmentado en las decisiones de asignación de contratos gubernamentales (grandes proveedores que se eternizan sin competir realmente),

Incrementar considerablemente las sanciones, con penas severísimas a las expansiones de los costos de los proyectos públicos aprobados en las licitaciones respecto a los proyectados originalmente,

Eliminar los mecanismos clientelares en los programas de gasto gubernamental de carácter social, 

Incrementar la capacidad de veto en las licitaciones públicas de los testigos sociales y fortalecer la fuerza de vigilancia de las organizaciones sociales no gubernamentales,

Establecer anticuerpos democráticos más poderosos para combatir la corrupción,

Utilizar los mecanismos de tecnologías de información para combatir mecanismos específicos de corrupción de dificultad considerable de detección,

Obligar en la ley y la normatividad a los circuitos financieros para que revelen información anticorrupción de manera coordinada con las entidades gubernamentales, encargadas de la transparencia y el combate a la corrupción

Fortalecer los mecanismos que garanticen aún más el manejo de la difusión de la información sobre corrupción gubernamental y privada por parte de los medios públicos independientes. Forzar a los medios de opinión pública a que no se reprima la difusión de información sobre corrupción en los tres órdenes de gobierno y en empresas privadas, constituyendo una gaceta de información en la Cámara de Diputados con amplia difusión en los medios de opinión pública u hacer partícipe del control al Comité de Participación Ciudadana que se propone en esta iniciativa.

Establecer un grupo de trabajo legislativo con la inclusión de personas independientes, que establezca un programa de trabajo para que el gobierno cumpla en el plazo de un año con las recomendaciones y observaciones pendientes de solventar de todos los convenios internacionales suscritos y firmados en materia de lavado de dinero y de combate a la corrupción.  Y que el gobierno solvente todas las recomendaciones emitidas, incluidas las que emitan todos los órganos de fiscalización en un plazo no mayor a los 6 meses.

Que el gobierno mexicano penalice la práctica del soborno en las transacciones internacionales y nacionales.

La gravedad del momento actual que experimenta México, requiere una política de estado de combate a la corrupción, suscrita por la totalidad de la fuerza política, no debemos de desaprovechar esta excepcional coyuntura histórica.

Las entidades superiores de fiscalización

La tendencia mundial en cuestión de entidades de fiscalización superior muestra que corresponde a los órganos de control autónomos e independientes realizar esta tarea. Al propio Poder Legislativo le interesa un órgano técnico autónomo sin subordinación a los partidos políticos que eventualmente tengan la mayoría en el Congreso.

Cabe mencionar que aunque existe un gran número de países donde los órganos de control tienen vínculos con el legislativo, son pocos aquellos en los cuales el vínculo es de subordinación o que la fiscalización de los actos del gobierno es realizada por un departamento del Congreso. De hecho, en los países donde está en vigencia el sistema de contraloría, que nacen como órganos del Congreso, las entidades de fiscalización superior han evolucionado hacia un modelo donde la fiscalización es ejercida con autonomía aunque mantengan vínculos con éste.22

Así, en la mayoría de los países se adopta el sistema de control con autonomía administrativa, con sus competencias de fiscalización establecidas en la Constitución. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la Oficina de la Auditoría General (GAO), es un órgano vinculado con el Congreso, pero con total autonomía administrativa, financiera y de fiscalización.23

Por su parte en Inglaterra, la NAO también funciona con amplia autonomía. El Contralor General, que sólo deja su cargo a petición de las dos Casas del Parlamento y con el acuerdo de la Reina, ejerce el control legal y económico de los actos del gobierno y nombra al personal de la NAO fijándoles su sueldo y funciones. Todos los informes de auditoría sobre las cuentas del Estado, son dados a conocer al Parlamento y a la opinión pública. La NAO organiza de forma discrecional su plan de auditoría y raramente recibe solicitudes del Parlamento. En lo que respecta a Canadá, el Auditor General dispone de amplia autonomía administrativa y de funciones. Ejerce el cargo durante 10 años, y es prácticamente inamovible en ese período. La Corte de Cuentas de Francia apoya al Parlamento y al gobierno, pero es una organización absolutamente autónoma y sus miembros gozan de las garantías de la Magistratura.

La experiencia latinoamericana por su parte apunta hacia la autonomía e independencia. Sin embargo, éstas no han sido, en la mayoría de los casos, consolidadas. Existe una tendencia a que las Entidades se encuentren ubicadas en el Legislativo, impulsando la división de poderes y la capacidad para fiscalizar al Ejecutivo. 24

Estas entidades se ubican junto al Poder Legislativo, en posición de autonomía e independencia, con sus competencias de fiscalización definidas por la Constitución. Sin embargo, el aspecto decisivo para la eficacia de la fiscalización pública no es tanto su posición formal dentro del sistema, sino la posición real de sus derechos dentro del Estado. Esto es, lo más importante es la independencia y autonomía con que cuente constitucionalmente y en la práctica, el órgano de control externo. Lo que es fundamental y debe representar el objetivo principal de la fiscalización pública, es que la Entidad pueda lograr independencia organizativa, funcional y financiera frente al Poder Ejecutivo, al cual le compete auditar.25

Formas de fiscalización y control.

Las Entidades de Fiscalización Superior analizadas ejercen sus acciones de fiscalización y control de tres formas: previo, concomitante y posterior o ex post. En cada órgano de control se han perfeccionado los mecanismos mediante los cuales desempeñan sus actividades, de acuerdo con las propias necesidades del país.26

Con relación a otros casos, cabe destacar que algunos tribunales han adoptado formas de control previo, pudiéndose citar entre ellos a la Corte de Cuentas de Bélgica (donde el Tesoro solo paga gastos revisados por el órgano de control), Portugal, Italia y Grecia. En los países que adoptan tal modelo, se aplica esa restricción a unos cuantos actos del gobierno, debido a su compleja operatividad y a que en muchos casos puede afectar la oportunidad de las acciones del Ejecutivo.27

Por ejemplo en Italia los contratos de un monto determinado o con ciertas características financieras, son sometidos previamente al Tribunal de Cuentas para su aprobación. Asimismo en Portugal también existe la revisión previa sólo en algunos actos del gobierno y en ciertos contratos de la administración.28

No obstante, la gran mayoría de las Entidades, nunca han adoptado este sistema, especialmente los países con modelo de contraloría, como la GAO, la NAO, Argentina, Chile y Perú. Por su parte, la Corte de Cuentas francesa, tampoco ha aplicado este sistema de fiscalización. 29

Ambito de la fiscalización

Por razones de economía y de especialización, en países cuya actividad fiscalizadora no es muy compleja, es aconsejable que las Entidades abarquen todo el sector público y por tanto, todos los recursos públicos, incluyendo también el ámbito del gobierno local. Así el objeto de fiscalización de las entidades debe ser:

La administración central del Estado: Gobierno central y entidades que dependen de éste y todos los organismos y empresas públicas incluyendo los del sector financiero.

La administración local: Las Entidades asumirán el control de la gestión de los recursos públicos gestionados por las entidades locales y regionales, sin que esta actividad afecte ni vulnere el principio de autonomía local.

Los fondos de cooperación internacional: Las Entidades deberán tener también la competencia para fiscalizar la gestión de todos aquellos fondos y ayudas recibidos de entidades financieras y organizaciones internacionales destinadas a la modernización, democratización, integración, reconstrucción o desarrollo de la zona. Esta competencia deberá establecerse claramente en el texto constitucional o legislativo de cada país, independientemente del destino y uso de tales recursos financieros. 30

Cuadro. Experiencia Internacional en materia de fiscalización

País y Entidad

Tipo de Control

Tipo de fiscalización

Estados Unidos. Oficina de Contraloría Gubernamental  (GAO)

Ex post

Auditorías de regularidad financieras y contables. Evaluación de programas. Auditorías de desempeño. Auditorías de eficiencia, eficacia y económicas. Análisis de impacto de políticas. Auditorías de medio ambiente. Auditorías de legalidad o cumplimiento. Prescripción de normas de control interno.

Canadá
Oficina del Auditor General. (OAG)

Ex post

Fiscalización o dictaminación de estado financieros o cuentas de gobierno. Auditorías de regularidad, financieras y contables. Auditorías de desempeño, auditorías de eficiencia, eficacia y economía, evaluación de programas. Auditorías de medio ambiente.

Colombia. Contraloría General de la República Colombiana

Ex post por excepción ex ante

Fiscalización o dictaminación de estado financieros o cuentas de gobierno. Auditorías de regularidad, financieras y contables. Función de advertencia y permite a la Contraloría General, señalar al sujeto controlado que la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos pueden llevarlo a generar un daño al patrimonio del Estado

Colombia. Auditoría Superior

Ex post

Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de República, de las contralorías departamentales, distritales y municipales

Chile. Contraloría General

 

No goza de personalidad jurídica propia, por lo que actúa con personalidad del Estado; tampoco cuenta con autonomía financiera, de manera que la aprobación y ejecución de su presupuesto se somete a las mismas reglas que el resto de las entidades y servicios públicos. Forma parte del Sistema Nacional de Control, integrado por la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia y las Superintendencias. La toma de razón y registro de decretos y resoluciones, es un procedimiento de control previo, por el cual la GCR verifica el examen de legalidad y constitucionalidad de determinados actos formales de la Administración del Estado, constituyendo así un requisito de validez de los mismos. Evalúa las cuentas y los controles internos, realiza las pruebas de validación pertinentes y verifica el funcionamiento de los servicios.

Argentina. Auditoría General de la Nación. (AGN)

Ex post

Fiscalización o dictaminación de estados financieros o cuentas de gobierno. Auditorías de regularidad, financieras y contables. Evaluación de programas, auditoría de eficiencia, eficacia y economía, y auditoría de desempeño. Auditoría de legalidad y cumplimiento. Auditorías de medio ambiente. Prescripción de normas de control interno. Opinión previa sobre cambios en las leyes y regulaciones sobre la contabilidad gubernamental.

Reino Unido. Oficina de Auditoría Nacional (NAO)

 

Auditorías financieras y de desempeño

1. Autorizar lo relacionado con las finanzas públicas al gobierno desde el Banco de Inglaterra.

2. revisar las cuentas de todos los departamentos gubernamentales y, por consiguiente, reportarlas al Parlamento.

Francia. La Corte de Cuentas (CC)

 

No juzga a los funcionarios electos ni a los servidores acreditados para autorizar pagos y recepción de la Hacienda Pública; sin embargo, sí examina la utilización adecuada de los fondos públicos. Esto se lleva acabo ya sea durante la revisión de las cuentas de las instituciones gubernamentales y de otras corporaciones del Estado presentara por el contador público, o directamente el trabajo de un funcionario público.

Fuente: Elaboración propia con información de Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la Administración Pública en México 1997- 2001. Op. cit. pág. 12

La Oficina de Contraloría General (EUA)

Estructura31

La Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés) es una agencia independiente, no partesana, que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos y su encargo es investigar el uso que el gobierno le da a los recursos asignados por el Congreso a través de:

Auditorías a las operaciones de las agencias de gobierno para determinar si los fondos son empleados de forma eficiente y efectiva.

Investigación de acusaciones de actividades indebidas o ilegales.

Reportar acerca de si los programas de gobierno cumplen sus objetivos.

Llevar a cabo análisis de las políticas de gobierno y ofrecer opciones para consideración del Congreso.

Decretar decisiones legales y opiniones.

A la cabeza de la GAO se encuentra el Contralor General de los Estados Unidos. Este debe ser designado para un periodo de 15 años por el Presidente con ratificación del Senado, de un listado de candidatos propuestos por el Congreso.

Actualmente el Contralor General de Gene L. Dodaro, quien fue designado el 22 de diciembre de 2010. Antes de su designación sirvió como Contralor General en turno desde marzo 2008.

Modificaciones tras la crisis financiera de 200832

Tras la crisis financiera de 2008, el Congreso de Estados Unidos trabajó en dos proyectos. El primero fue la Reforma a Wall Street con el Acta Dodd-Frank y el Acta de Protección al Consumidor. Ambas actas obligan y autorizan a varios reguladores financieros federales a implementar nuevas reglas que fortalezcan la industria de servicios financieros. En consecuencia, la GAO quedó obligada a realizar un estudio anual de las regulaciones a los servicios financieros, bajo la enmienda a la Ley Pública número 112-10.

El estudio debe ser comenzar anualmente en la fecha en la que el Acta cobró vigencia. El estudio debe contenerlos siguientes elementos:

EL impacto de la regulación en el mercado.

Los esfuerzos realizados para evitar duplicidad de funciones o conflicto en la regulación.

Cualquier otro asunto pertinente a las operaciones financieras que el Contralor General considere pertinente.

El reporte debe ser entregado dentro de los 30 días posteriores a su conclusión y debe ser entregado al Congreso, incluyendo una descripción detallada de los hallazgos y conclusiones elaborados por el Contralor General junto con las recomendaciones de acción legislativa o administrativa que sean consideradas apropiadas.

Contraloría y Auditoría General de la República de Colombia

La Contraloría General de la República Colombiana es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que:

ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

….

No obstante lo anterior, el numeral 7° del artículo 5° del Decreto Ley 267 de 200033, expedido por el Presidente de la República, y que dictó normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General le concede en forma expresa una facultad especial:

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.

Lo anterior se conoce como función de advertencia y permite a la Contraloría General, señalar al sujeto controlado que la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos pueden llevarlo a generar un daño al patrimonio del Estado por lo que se hace necesario que reevalúe la forma como está ejerciendo la gestión. Así, queda en libertad el sujeto advertido para asumir o no la alerta efectuada por el ente de Control.34 Es así que, derivado de dicha salvedad, puede entenderse que existe un control fiscal ex ante.

Por su parte, la Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal el cual está a cargo del Auditor de que trata el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia35.

Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de República, de las contralorías departamentales, distritales y municipales.

Las funciones de la Auditoría General de la República, las cuales rigen los destinos de la gestión y de la aplicación de los recursos institucionales, han quedado consagradas en el artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, como las que corresponden al Auditor General de la República. Entre las más importantes en materia de la labor de vigilancia de la gestión fiscal, se destacan las siguientes:

Determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal y el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de la República.

Prescribir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, entre otros, que deberán aplicarse para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y la evaluación del control fiscal interno.

Promover las acciones pertinentes para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las entidades sujetas a su vigilancia.

Recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional las reformas legales que considere necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal.

Solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones a las entidades sometidas a su vigilancia.

Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios o ex funcionarios de las entidades vigiladas que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

Constituirse por sí mismo o por intermedio de abogado, en representación de los intereses de la Nación, como sujeto procesal dentro de los procesos penales que se adelanten contra funcionarios o ex funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, y contra los funcionarios o ex funcionarios de la Auditoría General de la República.

Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, en forma excepcional, sobre las cuentas de las contralorías municipales y distritales, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales, previa solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal; de cualquier Comisión Permanente del Congreso de la República; de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales o de la ciudadanía, a través de los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley. Este control no será aplicable a la Contraloría del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.

Con lo anterior se observa que en la legislación colombiana se tiene un fuerte medio de control fiscal, debido a que el ente encargado de la contraloría nacional es a la vez un ente auditado por un Organismo Autónomo que vigila el cumplimiento de sus facultades y obligaciones.

Contraloría General de la República de Chile

La Contraloría General de la República de Chile (CGR), cuenta con plena autonomía del Poder Ejecutivo y demás órganos públicos y goza de independencia para el ejercicio de sus funciones; es esencialmente un órgano de control de la juridicidad y del debido uso del patrimonio público.

El órgano contralor no goza de personalidad jurídica propia, por lo que actúa con personalidad del Estado; tampoco cuenta con autonomía financiera, de manera que la aprobación y ejecución de su presupuesto se somete a las mismas reglas que el resto de las entidades y servicios públicos. Forma parte del Sistema Nacional de Control, integrado por la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia y las Superintendencias.36

La CGR tiene las siguientes seis funciones encomendadas: de Toma de Razón, Emisión de Dictámenes, Auditoría e Inspección, Control de Personal de la Administración, Contabilidad General de la Nación y Juzgamiento de Cuentas

La función de toma de razón y registro de decretos y resoluciones, es un procedimiento de control previo, por el cual la GCR verifica el examen de legalidad y constitucionalidad de determinados actos formales de la Administración del Estado, constituyendo así un requisito de validez de los mismos. Esta facultad sólo opera para ciertas materias específicas y trascendentes.37

La función de emisión de dictámenes jurídicos es concedida a la CGR para ejercer un control de legalidad mediante la emisión de dictámenes a las normas en materia de su competencia para los servicios públicos sometidos a fiscalización, siendo también obligatorios para la propia Contraloría.

Otra función y una de las más importantes es la de Auditoría e Inspección, por medio de la cual la Contraloría General evalúa las cuentas y los controles internos, realiza las pruebas de validación pertinentes y verifica el funcionamiento de los servicios. A partir de estas revisiones efectuadas de oficio, a petición de la Cámara de Diputados o vía denuncias, se llevan a cabo sumarios administrativos y, en su caso, se proponen las medidas que a su juicio procedan a las autoridades respectivas. La CGR carece por tanto de facultades sancionatorias.

Una función adicional de la Contraloría es la del Juzgamiento de Cuentas, cuyo objetivo es perseguir la responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios o ex funcionarios, a quienes corresponda o haya correspondido la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes del Estado, con el propósito de mantener la integridad del patrimonio público.

La función mencionada está intermediada por un organismo de carácter jurisdiccional de doble instancia, denominado Tribunal de Cuentas, cuyo juez de primera instancia es el Subcontralor General y el de alzada, el Contralor General. El Fiscal de la Contraloría es también parte en este juicio, representando el interés del Estado.

Oficina de Auditoría Nacional del Reino Unido

Estructura38

La Oficina de Auditoría Nacional (NAO por sus siglas en inglés) realiza el escrutinio del gasto público de parte del Parlamento. Sus trabajos de auditoría al gobierno central tienen dos objetivos, 1) reportar al Parlamento los resultados de las auditorías; y 2) ayudar a los encargados de la política pública  a mejorar su desempeño.

La Auditoría está bajo el mando del Contralor y Auditor General (C & AG). El C & AG es un oficial de la Cámara de los Comunes y junto con el personal de la NAO son independientes del gobierno. No son servidores públicos y tampoco responden a ningún ministro.

El actual C & AG es Amyas Morse, designado al cargo el 1º de junio 2009. La designación es un nombramiento dado por orden de su majestad la Reina Elizabeth II a través de una moción del Primer Ministro a propuesta de la Cámara de los Comunes.

El C & AG fue investido con el poder de realizar análisis de “Precio por Resultados” bajo el Acta de la Auditoría Nacional de 1983. El Acta especifica que el C & AG puede examinar la economía, eficiencia y efectividad de cualquier departamento gubernamental o cuerpo relevante que haya usado recursos públicos en su actuar.

Lo anterior se efectúa concretamente en 3 facultades del C & AG:

Decidir si acaso, cuando y como llevar a cabo la exanimación de “Precio por Resultados”.

Determinar si acaso y como reportar los resultados de la exanimación al Parlamento.

Usar su derecho de acceder a documentos y personal, además de investigar cualquier información adicional y explicaciones que sean necesarias.

En la práctica, la auditoría conduce reportes anuales sobre el gasto público e investigaciones particulares cuando se trata de acusaciones de malversación de fondos.

 Todas las auditorías siguen los principios de los Estándares Internacionales de Auditoría del Reino Unido e Irlanda (ISA por sus siglas en inglés). Que en 2009 sufrieron una reforma para las auditorías posteriores al 15 de diciembre de 2010.

Los cambios otorgaron mayor poder al Auditor, a través de:

Acceso a toda la información que le pueda servir a la auditoría para preparar los estados de cuenta de la nación.

Acceso a información adicional que el auditor pida para los fines de la auditoría.

Acceso irrestricto a las personas dentro de la entidad auditada que el auditor considere necesario para obtener evidencia.

La Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México surgió de la reforma constitucional a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política del 14 de julio de 1999, con la finalidad de crear la entidad de fiscalización superior de la federación. A partir de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda y reglamentada en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación39. Su mandato legal consiste en la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior, fortalecer y dar oportunidad a la función de fiscalización sin transgredir el principio de revisión posterior del control legislativo de la administración integral de los recursos públicos establecidos en la Constitución. La revisión de la cuenta pública, de conformidad con el texto legal está a cargo de la Cámara de Diputados y se apoya de la Auditoría. La ASF cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

La ASF fiscaliza el ejercicio de los recursos públicos por parte de los poderes de la Unión, los entes públicos federales y las demás personas de derecho público de carácter federal autónomas por disposición legal. Su facultad es posterior a la gestión financiera, a efecto de verificar que dicha gestión se ajuste a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como al cumplimiento de los programas señalados.

La Auditoría tiene atribuciones puede fincar directamente a los responsables, las indemnizaciones y las sanciones pecuniarias correspondientes y promover ante los órganos o autoridades competentes, las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Fiscalización.

El artículo 79 de la Constitución mexicana establece el esquema general de organización y funcionamiento de la Auditoría a la que denomina Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, perteneciente a la Cámara de Diputados y a la que le concede autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De igual modo le otorga las siguientes facultades:

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.

Por otra parte, es de señalar que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, los objetos de la fiscalización de la cuenta pública son:

Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales;

Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto;

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe;

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y

IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

Fuente: Elaboración Propia con base en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por su parte, el mismo artículo 13 de la citada ley señala que las observaciones derivadas de la fiscalización derivan en dos instrumentos:

Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político.

Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño.

Contenido de la Iniciativa

Antecedentes legislativos

Es de resaltar que esta Iniciativa, recupera en buena medida la Minuta que se encuentra pendiente de dictamen en esta Cámara, procedente de la legislatura anterior en la Colegisladora y cuyo contenido a continuación se compara:

Texto Vigente

Minuta40

Iniciativa

Artículo 22. ...

....

I. ...

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) a d) ...

III. ...

NO SE MODIFICA

Artículo 22. ...

....

I. ...

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos resultado de la corrupción, respecto de los bienes siguientes:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a)Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

b) a c) …

XXII. a XXIII. ...

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;

XXV. a XXVIII. …

No existe correlativo

 

 

XXIX. a XXX. ...

 

 

 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXVIII. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII-B. Para expedir leyes de carácter general para regular la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

XXIX. a XXX. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, combate a la corrupción y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

 

 

 

b) a c) …

XXII. a XXIII. ...

XXIV. Para expedir leyes que regulen la organización autónoma de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;…

XXV. a XXX. …

 

 

 

 

 


Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. …

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

III. a V. ...

VI.   Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

 

 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

 

 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

VII. ...

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a V. ...

 

 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas, así como evaluar las políticas públicas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, dicha entidad podrá emitir las recomendaciones y acciones que procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas tanto de los informes individuales de auditoría como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

...

 

 

 

 

VII. a VIII. ...

 

 

 

 

 

 


Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. …

II Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el  desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

 

III. a V

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas, así como evaluar las políticas públicas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, dicha autoridad podrá emitir las recomendaciones, sanciones y acciones que procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente, para que sea revisada por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas tanto de los informes individuales de auditoría como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones, sanciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

 

VII…

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes;

IX.Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Sección V
De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I.     Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

 

 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

 

 

 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

II.    Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

 

 

 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

 

 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

 

III…

IV…

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

...

...

...

Sección V
De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79. ...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

Sin sujeción a los principios de posterioridad y anualidad señalados en el párrafo anterior, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Asimismo, sin sujeción a los principios de posterioridad y anualidad por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso.

De igual forma, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá, en su caso, realizar evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación, en el ámbito de su competencia, podrá realizar las acciones con las modalidades y excepciones a los principios de anualidad y posterioridad, que se establezcan en la ley de la materia.

...

 

I. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o cesiones parciales de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, con inclusión de los destinados a proyectos de inversión de coparticipación público privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, sin sujeción al principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá previo examen de procedencia, fiscalizar de manera directa durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe individual de auditoría a la Cámara de Diputados y, en su caso, ejercerá las acciones a que haya lugar;

 

 

 

 

 

II. Entregar los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, conforme vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y tendrán carácter público. Los informes individuales de auditoría incluirán el dictamen de su revisión, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la federación que incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública contendrá los elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

...

 

 

 

 

 

En el caso de las recomendaciones las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

...

 

 

 

 

 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que vaya rindiendo los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. ...

IV. ...

...

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin que pueda ser nombrado nuevamente. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

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Artículo 79 .

A. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Sin sujeción a los principios de posterioridad y anualidad señalados en el párrafo anterior, La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización de la cuenta pública a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Asimismo, sin sujeción a los principios de posterioridad y anualidad Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso.

La Auditoría Superior de la Federación, en su caso, realizará evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas.

 

La entidad de fiscalización superior de la Federación, en el ámbito de su competencia, podrá realizar las acciones con las modalidades y excepciones a los principios de anualidad y posterioridad, que se establezcan en la ley de la materia.

 

I. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de las empresas productivas del Estado, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o cesiones de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos  y metas contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, con inclusión de los destinados a proyectos de inversión de coparticipación público privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

 

 

 

 

 

Sin perjuicio del principio de anualidad, La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por esto se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, sin sujeción al principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, esta autoridad podrá previo examen de procedencia, fiscalizar de manera directa durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados; y deberá rendir un informe individual de auditoría a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y, en su caso, ejercer las acciones legales a que haya lugar;

 

 

 

 

 

II. Entregarlos informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia, conforme vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y tendrán carácter público. Los informes individuales de auditoría incluirán el dictamen de su revisión, así como también un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la federación que incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública contendrá los elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

 

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

 

La Auditoría superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que vaya rindiendo los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

 

III. ...

IV. ...

...

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin que pueda ser nombrado nuevamente. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

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...

...

B. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, elaborará un informe semestral  de carácter técnico evaluativo de los resultados de la fiscalización superior en relación a los informes individuales de auditoría que se mencionan en el párrafo anterior, clasificados por  grupo funcional, sectores de gobierno y hacienda, desarrollo económico, desarrollo social y gasto federalizado, para corroborar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría,  incluyendo el impacto o consecuencia de la acción fiscalizadora.

La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a más tardar el  30 de junio del año siguiente a la presentación  del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública evaluando dos vertientes a) evaluación técnica de la fiscalización superior y b) impacto de la acción fiscalizadora.

Los resultados de los informes serán enviados a una Comisión Bicameral, que tendrá que emitir un posicionamiento e instrumentará las acciones necesarias para mejorar la acción fiscalizadora y el marco legal.  La Comisión bicameral emitirá un informe anual breve que de cuenta a la sociedad de las mejoras en los aspectos siguientes:

Impacto de los resultados de la fiscalización en la reasignación presupuestaria;

Mejoras al marco legal de la fiscalización;

Impacto de la acción fiscalizadora;

Impacto en el combate a la corrupción.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

...
I. ...
II. ...
...
...
...
...

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

 

 

 

 

...

III. a IX. ...

Artículo 116. ...

 

 

 

 

 

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I. ...
II. ...
...
...
...
...

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditoría que las entidades estatales de fiscalización deban entregar en las fechas que dispongan sus leyes, tendrán carácter público.

...

III. a IX. ...

Artículo 116. ...

 

 

 

 

 

...
I. ...
II. ...
...
...
...
...

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditoría que las entidades estatales de fiscalización deban entregar en las fechas que dispongan sus leyes, tendrán carácter público.

...

III. a IX. ...

Artículo 122. ...
...
...
...
...
...
A. y B.
C. ...
BASE PRIMERA ...
I. a IV. ...
V. ...
a) y b)
c) ...
...

 

 

 

 

...

d) a q) ...

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...

 

D a H ...

Artículo 122. ...
...
...
...
...
...
A. y B.
C. ...
BASE PRIMERA ...
I. a IV. ...
V. ...
a) y b)
c) ...
...

Los informes de auditoría que la entidad de fiscalización del Distrito Federal deba entregar en la fecha que disponga la ley de la materia, tendrán carácter público.

...

 

d) a q) ...

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...

D a H ...

Artículo 122. ...
...
...
...
...
...
A. y B.
C. ...
BASE PRIMERA ...
I. a IV. ...
V. ...
a) y b)
c) ...
...

Los informes de auditoría que la entidad de fiscalización del Distrito Federal deba entregar en la fecha que disponga la ley de la materia, tendrán carácter público.

...

d) a q) ...

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...

 

D a H ...

El contenido de la propuesta de reforma

La presente iniciativa tiene como ejes rectores la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Por lo que hace al primer eje, la propuesta consiste en dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la corrupción, a través de una Ley General que coordine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Asimismo, se establece que la extinción de dominio también procederá en el caso de los delitos derivados de la corrupción.

Por cuanto hace al reforzamiento de la Auditoría, se busca implementar un sistema más flexible de fiscalización, eliminando la necesidad de que la supervisión se realice de manera posterior y anual, sino que se dote a la Auditoría de mecanismos idóneos para vigilar diversos sectores, como el energético, el bancario o el de telecomunicaciones, en tiempo real. Asimismo, se busca asegurar que la información que genere la Auditoría sea pública y ayude al combate de la corrupción. Es de señalar que la eliminación de estos principios, también permitirá incorporar mecanismos de supervisión concomitante con el ejercicio del gasto, de tal forma que sea posible que conforme se desarrolla el ejercicio del gasto se cuente con información confiable de su manejo.

En el mismo sentido, se incorpora un Apartado B al artículo 79 constitucional, con el que se refuerza el sistema de fiscalización a través de una entidad del Congreso de la Unión, al establecer la Comisión de Vigilancia, la cual informará anualmente sobre los resultados de la fiscalización de manera desagregada para corroborar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría y el impacto de las acciones emprendidas. Este informe será sometido a consideración de una Comisión Bicameral, de manera tal que se da un paso más hacia el control parlamentario de la Auditoría, en razón del engrosamiento de sus facultades de supervisión. Finalmente, se establece el carácter público de los informes que emitan las auditorías estatales y del Distrito Federal a las autoridades.

Marco Transitorio

La presente iniciativa presenta cuatro artículos transitorios. El primero de ellos se refiere a la entrada en vigor de la reserva, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo, se refiere a la elaboración de un Programa, por parte de la Auditoría, la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y la Comisión Nacional Anticorrupción para el combate integral a la corrupción, en el que se incluya la atención a los casos en que incurran corporativos privados.

El Tercero se refiere al establecimiento de diversas medidas para combatir los conflictos de interés, restringiendo la contratación en el caso de que exista conflictos cuando los titulares de las unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las entidades de control directo, de las empresas productivas del estado, de los órganos autónomos, de las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, que hayan prestado servicios a las empresas privadas o sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato con una antigüedad menor a 5 años. Asimismo, que existan funcionarios en los tres niveles inmediatos al titular de cada una de las unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las entidades de control directo, de las empresas productivas del estado, de los órganos autónomos, de las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, que hayan prestado servicios a las empresas privadas o sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato con una antigüedad menor a 5 años y que la empresa  privada tenga relación laboral o societaria con exfuncionarios públicos que hayan ocupado cargos en los tres niveles más altos de la administración pública vinculados con el sector público que pretenda dicha empresa obtener contratos gubernamentales

El cuarto transitorio busca la elaboración de una iniciativa enfocada a reducir explícitamente todos los conflictos de interés; eliminar la información privilegiada, y limitar las reservas de información a plazos mínimos razonables de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Esta propuesta deberá contemplar en la asignación de contratos  de bienes públicos a privados, en la venta de empresas y activos del gobierno a particulares, y en los procesos de resolución de rescates financieros, las siguientes acciones:

Que el Estado reciba las contraprestaciones adecuadas a futuro, derivadas de la asignación de los contratos, licencias, y concesiones celebradas con las empresas privadas, en caso de ocurrir los eventos materiales siguientes: Revaluaciones de los  activos administrados por los privados así como de los flujos objetos de esos contratos.

Que en el caso de la venta de activos y empresas del gobierno (o administradas por entidades públicas) a particulares; antes de su venta, se establecerá una cláusula de compensación monetaria equivalente al 50% del valor de estos activos y empresas, y de las utilidades extraordinarias,  durante los 15 años siguientes a la celebración de la venta. Esto con el propósito de combatir la venta de activos y empresas públicas que se privaticen a precios subvaluados intencionalmente, como ha ocurrido con las privatizaciones de bienes públicos del gobierno de 1991 a la fecha,  y en la que como consecuencia de ello, se destruye patrimonio del Estado, tasado a valor presente neto (flujos descontados).  Esta disposición aplicará a la venta de activos de rescates financieros.

Que en el caso de entidades rescatadas financieramente con recursos públicos, que son solventes e ilíquidas (como fue el caso de Banamex, HSBC, Banorte), a las ganancias y utilidades que obtengan las instituciones apoyadas, el gobierno recibirá mensualmente un porcentaje equivalente al 50% de las utilidades (y ventas de activos), mientras subsista el pasivo gubernamental que sirvió de base al rescate financiero. Si el apoyo del gobierno fue con recursos líquidos, todas las utilidades a futuro de la institución apoyada serán canalizadas íntegramente a resarcir el apoyo fiscal, incluyendo el costo financiero del recurso fiscal erogado.

Será delito grave de corrupción subvaluar los activos operados por los particulares en los contratos de asociación público-privados, así como las utilidades objeto de reparto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente:

INICIATIVA

Artículo Unico: Se reforman los artículos 22, 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

....

I. ...

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos resultado de la corrupción, respecto de los bienes siguientes:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, combate a la corrupción y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

b) a c) …

XXII. a XXIII. ...

XXIV. Para expedir leyes que regulen la organización autónoma de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;…

XXV. a XXX. …

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I.…

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el  desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

III. a V

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas, así como evaluar las políticas públicas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, dicha autoridad podrá emitir las recomendaciones, sanciones y acciones que procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente, para que sea revisada por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas tanto de los informes individuales de auditoría como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones, sanciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

VII…

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes;

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 79.

A. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización de la cuenta pública a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso.

La Auditoría Superior de la Federación, en su caso, realizará evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas.

I. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de las empresas productivas del Estado, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o cesiones de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos  y metas contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, con inclusión de los destinados a proyectos de inversión de coparticipación público privaday los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por esto se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada.

Asimismo, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, esta autoridad podrá fiscalizar de manera directa durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados; y deberá rendir un informe individual de auditoría a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y, en su caso, ejercer las acciones legales a que haya lugar;

II. Entregarlos informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia, conforme vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y tendrán carácter público. Los informes individuales de auditoría incluirán el dictamen de su revisión, así como también un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la federación que incluya una síntesis delas justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública contendrá los elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que vaya rindiendo los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. ...

IV. ...

...

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin que pueda ser nombrado nuevamente. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

...

...

...

B. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, elaborará un informe semestral  de carácter técnico evaluativo de los resultados de la fiscalización superior en relación a los informes individuales de auditoría que se mencionan en el párrafo anterior, clasificados por  grupo funcional, sectores de gobierno y hacienda, desarrollo económico, desarrollo social y gasto federalizado, para corroborar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría,  incluyendo el impacto o consecuencia de la acción fiscalizadora.

La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a más tardar el  30 de junio del año siguiente a la presentación  del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública evaluando dos vertientes a) evaluación técnica de la fiscalización superior y b) impacto de la acción fiscalizadora.

Los resultados de los informes serán enviados a una Comisión Bicameral, que tendrá que emitir un posicionamiento e instrumentará las acciones necesarias para mejorar la acción fiscalizadora y el marco legal.  La Comisión bicameral emitirá un informe anual breve que de cuenta a la sociedad de las mejoras en los aspectos siguientes:

Impacto de los resultados de la fiscalización en la reasignación presupuestaria;

Mejoras al marco legal de la fiscalización;

Impacto de la acción fiscalizadora;

Impacto en el combate a la corrupción.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

...

...

...

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditoría que las entidades estatales de fiscalización deban entregar en las fechas que dispongan sus leyes, tendrán carácter público.

...

III. a IX. ...

Artículo 122....

...

...

...

...

...

A.y B.

C. ...

BASE PRIMERA ...

I. a IV. ...

V. ...
a) y b)

c) ...

...

Los informes de auditoría que la entidad de fiscalización del Distrito Federal deba entregar en la fecha que disponga la ley de la materia, tendrán carácter público.

...

d) a q) ...

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...

D a H ...

Transitorio

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Auditoría Superior de la Federación con el apoyo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y la Comisión Nacional Anticorrupción, presentara a más tardar el 30 de junio de 2015, un Programa de combate integral a la corrupción, en el que se contemple la atención a la corrupción sofisticada (crímenes de cuello blanco, fraude controlado, corrupción sistémica) en que incurran los corporativos privados en su calidad de contratistas y proveedores de bienes y servicios de la administración pública, o derivados de las asociaciones público-privados; esto de acuerdo a las mejores prácticas internacionales que realicen en la materia.

TERCERO. Queda prohibida a partir del 1 de enero de 2015, para toda la administración pública,  la asignación de contratos a empresas en los que se presenten los siguientes casos de conflictos de interés:

Los titulares de las unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las entidades de control directo, de las empresas productivas del estado, de los órganos autónomos, de las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, que hayan prestado servicios a las empresas privadas o sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato con una antigüedad menor a 5 años.

Que existan funcionarios en los tres niveles inmediatos al titular de cada una de las unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las entidades de control directo, de las empresas productivas del estado, de los órganos autónomos, de las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, que hayan prestado servicios a las empresas privadas o sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato con una antigüedad menor a 5 años.

Que la empresa  privada tenga relación laboral o societaria con exfuncionarios públicos que hayan ocupado cargos en los tres niveles más altos de la administración pública vinculados con el sector público que pretenda dicha empresa obtener contratos gubernamentales

CUARTO. Una Comisión bicameral especial del Congreso para el combate a la corrupción deberá presentar a más tardar el 15 de noviembre de 2015, una iniciativa consensada, enfocada a reducir explícitamente todos los conflictos de interés; eliminar la información privilegiada, y limitar las reservas de información a plazos mínimos razonables de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Esta propuesta deberá contemplar en la asignación de contratos  de bienes públicos a privados, en la venta de empresas y activos del gobierno a particulares, y en los procesos de resolución de rescates financieros, las siguientes acciones:

Que el Estado reciba las contraprestaciones adecuadas a futuro, derivadas de la asignación de los contratos, licencias, y concesiones celebrados con las empresas privadas, en caso de ocurrir los eventos materiales siguientes: Revaluaciones de los  activos administrados por los privados así como de los flujos objetos de esos contratos.

Que en el caso de la venta de activos y empresas del gobierno (o administradas por entidades públicas) a particulares; antes de su venta, se establecerá una cláusula de compensación monetaria equivalente al 50% del valor de estos activos y empresas, y de las utilidades extraordinarias,  durante los 15 años siguientes a la celebración de la venta. Esto con el propósito de combatir la venta de activos y empresas públicas que se privaticen a precios subvaluados intencionalmente, como ha ocurrido con las privatizaciones de bienes públicos del gobierno de 1991 a la fecha,  y en la que como consecuencia de ello, se destruye patrimonio del Estado, tasado a valor presente neto (flujos descontados).  Esta disposición aplicará a la venta de activos de rescates financieros.

Que en el caso de entidades rescatadas financieramente con recursos públicos, que son solventes e ilíquidas (como fue el caso de Banamex, HSBC, Banorte), a las ganancias y utilidades que obtengan las instituciones apoyadas, el gobierno recibirá mensualmente un porcentaje equivalente al 50% de las utilidades (y ventas de activos), mientras subsista el pasivo gubernamental que sirvió de base al rescate financiero. Si el apoyo del gobierno fue con recursos líquidos, todas las utilidades a futuro de la institución apoyada serán canalizadas íntegramente a resarcir el apoyo fiscal, incluyendo el costo financiero del recurso fiscal erogado.

Será delito grave de corrupción subvaluar los activos operados por los particulares en los contratos de asociación público-privados, así como las utilidades objeto de reparto.

Dado en el Senado de la República, LXII Legislatura, a 11 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Senturia, JJ. Encyclopedia of Social Sciences, Vol.VI, 1993.En  Michel Rowland. Fundación Esquel, Ecuador. “Visión contemporánea de la corrupción” La hora de la transparencia en América Latina. El manual de anticorrupción en la función pública. Buenos Aires, Argentina. Granica/Ciedla, 1998. Págs. 31-42.

2 Pasquino. Gianfranco. "Corrupción" en Norberto Bobbio (Coord.) Diccionario de Ciencia Política. México.
Siglo XXI editores, 1988, págs. 438-440.En Michel Rowlan. Op. cit.

3 Moody-Stuart, George. The Good Business Guide to bibery, TI, 1994. En Michel Rowlan. Op. cit

4 Los pagos de cohecho parecen ser la principal forma de corrupción empresarial.

5 La Jornada 13 de abril de 2010

6 Solares Mendiola, Manuel. LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA JURIDICA. Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2004. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1327/5.pdf Consultado el 10 de noviembre de 2014.              

7 Solares Mendiola, Manuel. LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA JURIDICA. Op .cit pág. 129.

8 Idem. Pág. 136

9 Los datos de 2001 y 2010 no son estrictamente comparables ya que en 2001 se evaluaron 31 servicios y en 2010, 35.

10 Auditoría 05-118T4L-04-632

11 Auditoría 06-1-18T4L-02-300

12 Auditoría 06-1-18T4L-02-420

13 Contrato 411003807

14 Auditoría 08-1-18T4L-04‐0477

15 Contrato428237849

16 DE LA FUENTE LOPEZ. Aroa, Oceanografía: la punta del iceberg, FUNDAR, 2014

17 “Discurso íntegro del Presidente Peña Nieto a la Nación” en Excélsior, http://www.excelsior.com.mx/2012/12/01/nacional/872692, 1 de diciembre de 2012, consultado el 10 de noviembre de 2014

18 “Programa Nacional de Infraestructura”, en Diario Oficial de la Federación, 29 de abril de 2014, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014, consultado el 10 de noviembre de 2014

19 “Tren México-Querétaro: Inconsistencias” en La Jornada, Editorial, 4 de noviembre de 2014, http://www.jornada.unam.mx/2014/11/04/edito, consultado el 10 de noviembre de 2014

20 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Comunicado 310, “Se deja sin efecto el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México Querétaro, 6 de noviembre de 2014, http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-310-2014_01.pdf, consultado el 10 de noviembre de 2014.

21 CABRERA, Rafael, LIZARRAGA, Daniel, HUERTA, Irving y BARRAGAN, Sebastián, “La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial)” en Aristegui noticias, 9 de noviembre de 2014, http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/, consultado el 10 de noviembre de 2014

22 Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la Administración Pública en México 1997- 2001. Capitulo II La Fiscalización superior en el Ambito Internacional. Instituto Nacional de la Administración Pública. México 2003. pág. 122.

23 Idem pág. 123.

24 Idem.

25  Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la Administración Pública en México 1997- 2001. Op. cit. pág. 124

26 Idem.

27 Idem.

28 Idem. Proyectos de magnitud o alcances relevantes

29 Idem.

30 Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la Administración Pública en México 1997- 2001. Op. cit. pág. 12

31 GAO, “About”. http://www.gao.gov/about/

32 Código de los EE.UU., Título 12, §5496b. GAO study of financial regulations. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title12/html/USCODE-2011-title12-chap53-subchapV-partA-sec5496b.htm

33 Decreto 267 del año 2000, disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9599

34 Concepto 21652 de 2011 Contraloría General de la República, disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43609

35 ARTICULO 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia.
La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal.

36 Organos de fiscalización especializados en la regulación y supervisión de entes privados que prestan los servicios públicos por encargo del Estado. Las Superintendencias están obligadas a enterar su información sobre los entes privados que regula, a la Contraloría General cuando ésta así lo requiera.

37 Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Fiscalización Superior Comparada. Una aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo. México 2005. Pág. 49

38 GAO, “About”. http://www.gao.gov/about/

39 SOLARES MENDIOLA, Manuel, La Auditoría Superior de la Federación: Antecedentes y Perspectiva Jurídica, Serie Doctrina Jurídica, n. 172, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 202
Es de señalar que esta Ley fue abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la licenciatura de ciencias de la comunicación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, invitados por el Senador Javier Lozano Alarcón, quienes asisten a este recinto con la finalidad de conocer los trabajos legislativos.

¡Sean ustedes cordialmente bienvenidos!





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que  se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de febrero de 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó  Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se adiciona la fracción IX al artículo 30 a la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos la iniciativa para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala que el derecho a la vivienda, es un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Agrega que el derecho a la vivienda deber ser un derecho colectivo y social, que al ser reconocido como un elemento de justicia y desarrollo social, permite que el Estado Mexicano garantice políticas de accesibilidad y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho.

Menciona que a pesar de esfuerzos legislativos, la política habitacional aún no se refiere a la vivienda como un derecho, sino que construye su programación anual y sexenal, sin establecer las necesidades de vivienda del País desde una perspectiva de los derechos humanos.

Señala que el modelo actual de la política habitacional, aún es excluyente pues está estructurado en torno a lo que podemos llamar el enfoque de la "financiación", en donde se erige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.

Propone que los organismos de vivienda  se constituyan en reales operadores de una política habitacional descentralizada, coordinada y más abierta a la participación de los distintos actores de la sociedad civil.

Añade que con esta propuesta, se tendría un conjunto de acciones y de actores que concurran al apoyo del desarrollo ordenado de conjuntos habitacionales de bajo costo y de mayores beneficios a la clase trabajadora.

Precisa que para el logro de esta propuesta debe impulsarse la integración de la representación del sector laboral en los órganos colegiados de diseño y dirección de los organismos responsables del desarrollo de las políticas de vivienda en México.

Alude a que con la vigente Ley de Vivienda se redefinieron sustantivamente los lineamientos de la política nacional en la materia, así como los contenidos del Programa Nacional de Vivienda, creándose una estructura de manera ordenada y funcional denominada "Sistema Nacional de Vivienda".

Destaca que el texto legal vigente determinó que el Ejecutivo Federal contara con un Consejo Nacional de Vivienda, que tendría por objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema, y una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones de vivienda.

Menciona que el Estado mexicano, ha implementado políticas habitacionales, creando organismos y mecanismos para dotar de una vivienda a los trabajadores, estableciendo una estrategia para contar con fondos que le permitan cumplir con lo previsto en ley de la materia.

Resalta que en esta estrategia concurren tres figuras, a saber, el trabajador, el patrón y el Estado, quienes participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conformación de los fondos.

Señala que bajo este esquema es necesario que los trabajadores, siendo los beneficiarios directos, participen en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de vivienda, para velar por sus intereses y sus derechos.

Puntualiza que como la vivienda es una garantía constitucional, es preciso que los representantes del sector obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimiento de este mandato establecido en la Carta Magna.

Resalta la importancia de la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro País, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de los programas  de vivienda.

Concluye en la necesidad de que se adicione una fracción IX al artículo 30  de la Ley de Vivienda, para considerar a los representantes de los trabajadores como integrantes del Consejo Nacional de Vivienda.

El Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, es del tenor literal siguiente:

Artículo Unico. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

El consejo se integrará con:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Representantes de los diversos sectores laborales.

TRANSITORIO

Unico. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo principal de la Iniciativa que se dictamina, consistente incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda.

La propuesta legislativa representa una aportación importante para asegurar la participación articulada de todos los factores productivos en las actividades que incidan en el desarrollo de la vivienda.

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras comparten las consideraciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a que resulta indispensable que los trabajadores participen en el diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de vivienda.

La Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda contiene, entre otras, las disposiciones de interés al caso siguientes: 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado (artículo 1, párrafo tercero).

Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda (artículo 3, párrafo primero).

La Política Nacional de Vivienda es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa (artículo 4, fracción X).

La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos: Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades (artículo 6, fracción II).

Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto: Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo de la vivienda (artículo 13, fracción XIII).

El Ejecutivo Federal determinará la forma de integración del Consejo, atendiendo principios de pluralidad y equidad, considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado (artículo 30, párrafo primero).

De las disposiciones legales antes transcritas, se desprenden las proposiciones siguientes:

● La normatividad en materia de vivienda debe aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social.

● La política nacional y los programas en materia de vivienda, deben considerar en su diseño y desarrollo, la concertación con los sectores social y privado.

● La política nacional de vivienda es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos, y medidas de carácter general que se establecen, entre otros propósitos, para la concertación con los sectores privado y social.

● La política nacional de vivienda deberá incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado.

● El Sistema Nacional de Vivienda es un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene, entre otros objetivos, promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo de la vivienda.

● El Ejecutivo Federal en la integración del Consejo Nacional de Vivienda deberá atender a los principios de pluralidad y equidad y considerar la representatividad de los sectores público, social y privado.

Bajo este marco normativo, es atendible la propuesta legislativa de incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda, en tanto que con ello se atiende a los principios de pluralidad y equidad, así como a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de la política nacional de vivienda.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable la propuesta de adicionar la fracción IX al artículo 30  de la Ley de Vivienda, para considerar a los representantes de los trabajadores como integrantes del Consejo Nacional de Vivienda.

Por último, las Comisiones dictaminadoras, por razones de técnica legislativa, estiman pertinente realizar algunas modificaciones de forma al proyecto de decreto propuesto, con el propósito de mejorar la iniciativa de que se trata, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

 Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

 

Artículo Unico. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

El consejo se integrará con:
I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Representantes de los diversos sectores laborales.

Transitorio

Unico. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Artículo Unico. Se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I.  a VIII...

 

 

 

 

 

 

 

IX. Representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

Artículo Unico. Se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I.  a VIII...

IX. Representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, 1 de octubre de 2014.

Comisión de Vivienda.- Comisión de Estudios Legislativos".

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que me voy a permitir leer, señala que el derecho a la vivienda es un derecho establecido, por supuesto, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, por lo cual debe de ser un derecho colectivo y social que, al ser reconocido como un elemento de justicia y de desarrollo social, permite que el Estado mexicano garantice políticas de accesibilidad y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho.

El modelo actual de la política habitacional en nuestro país aun es excluyente, pues está estructurado en torno a lo que podemos llamar el enfoque de la financiación, en donde se rige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.

Por ello, la propuesta es que debe impulsarse la integración de la representación del sector laboral en los órganos colegiados del diseño y dirección de los organismos responsables del desarrollo de las políticas de vivienda en nuestro país.

Con la vigente Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se redefinieron los lineamientos de la política nacional en esta materia, así como sus contenidos y el programa nacional de vivienda, creándose una estructura de manera ordenada y funcional denominada Sistema Nacional de Vivienda.

El texto legal vigente determinó que el Ejecutivo Federal contará con un Consejo Nacional de Vivienda, que tendrá como objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema; y una Comisión Intersecretarial de Vivienda, encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones en esta materia.

Además, el Estado mexicano ha implementado políticas habitacionales creando organismos y mecanismos para dotar una vivienda a los trabajadores, estableciendo una estrategia para contar con fondos que le permitan cumplir con lo previsto, también, en la ley en comento.

Efectivamente, tenemos que seguir trabajando, porque hoy la política nacional de vivienda también incluye acceso a sectores muy importantes de la sociedad que por primera ocasión van a poder gozar de este privilegio; y me refiero, en este caso, a el acceso a créditos dirigidos principalmente a mujeres jefas de familia que por primera ocasión van a tener el acceso a una vivienda que será el patrimonio que puedan también heredar a sus hijos.

Es un esquema de financiamiento que por supuesto no tiene punto de comparación en nuestro país y que, de manera mensual, podrán ellas ir pagando su vivienda y absorbiendo por el Estado mexicano una parte muy importante de este subsidio.

También no podemos dejar de reconocer que hoy se tiene ya un programa específico de acceso a la vivienda para jóvenes. Afortunadamente es hoy una realidad donde, en muchas ocasiones, los jóvenes que viviendo solos o viviendo en familia, tienen que dejar los estudios por no poder cumplir con esta responsabilidad.

La respuesta que ha dado la SEDATU y el gobierno de la República a esta solicitud de los jóvenes hoy también es una realidad, donde se da acceso a la vivienda a jóvenes, a mujeres y hombres que así lo soliciten y que, por supuesto, puedan cubrir y contar con un lote con todos los servicios o bien la adquisición de una vivienda nueva.

No puedo dejar de mencionar las múltiples opciones que tiene hoy quien vive en área rural para poder ampliar, modificar, agrandar o bien, de obtener una vivienda nueva.

Son múltiples los espacios y los programas que se están llevando a cabo y que tendrán que robustecerse con una ley que favorezca su cumplimiento y, sobre todo, que pueda ser exigible por todos y cada uno de los mexicanos.

En esta estrategia, como lo había hoy mencionado, concurren las tres figuras a saber: el trabajador, el patrón y el Estado; en muchas de ellas quienes participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conservación de fondos.

Bajo ese esquema, y sobre todo me refiero a donde son tripartitas la propuesta específica, es que es necesario que los trabajadores, siendo los beneficiarios directos, participen en este diseño de instrumento de las políticas públicas de vivienda, sobre todo para velar por sus intereses y, también, para hacer exigibles sus derechos.

La vivienda es una garantía constitucional. Es preciso que los representantes del sector obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimento de este mandato establecido en la Carta Magna.

Es de suma importancia la intervención, de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro país, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de estos programas.

La normatividad en materia de vivienda debe aplicarse bajo principios de equidad y de inclusión social.

Por lo anteriormente expuesto, es entendible y, por supuesto, la solicitud y la propuesta legislativa de incorporar a los representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales al Consejo Nacional de Vivienda, en tanto con ello se atiende a los principios de pluralidad y equidad, así como la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de la política nacional de vivienda.

Con ello termino, señor Presidente, muchísimas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se concede la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Efectivamente, hago uso de la palabra como parte del grupo parlamentario del PRD en este Senado de la República, pero también como parte de las comisiones unidas como Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, que es una de las dos comisiones que dictaminó, y como promovente, porque efectivamente, el 20 de febrero de este año presentamos a esta Soberanía la propuesta de adicionar la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, como lo ha expresado nuestra compañera, Senadora Presidenta de la Comisión de Vivienda, con el propósito de considerar la figura legal de una representación de trabajadores y de organizaciones sociales dentro del Consejo Nacional de Vivienda, cuya función, como todos sabemos, es ser la instancia de consulta, de asesoría del Ejecutivo Federal, que debe proponer medidas para la planeación, la formulación, la instrumentación, la ejecución y el seguimiento de la política nacional de vivienda.

Por supuesto que quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a las compañeras y compañeros integrantes de estas dos comisiones su apoyo y el de ustedes, de una manera adelantada pedirles su voto a favor.

Esta propuesta lo que pretende, como aquí se ha expresado, es darle concordancia, darle alineación, vinculación y congruencia a otros ordenamientos ya existentes; ya que como se ha manejado en otras ocasiones, la representatividad de los trabajadores debe ser incluida en estos cuerpos colegiados que son, sin duda, tomadores de decisiones.

 Me sumo y reitero que es fundamental que los representantes de los trabajadores de los sectores sindicales estén integrados a dichos organismos, a dichas estructuras colegiadas en el caso particular de diseño, de dirección y de políticas de vivienda, ya que sin duda, compañeras y compañeros, son ellos los actores que deben velar por los intereses de los agremiados, salvaguardando así sus derechos y fortaleciendo sus compromisos y obligaciones.

No me resta más, señor Presiente, compañeras y compañeros Senadores, que recordar, como aquí se ha expresado, que efectivamente la vivienda es una garantía constitucional, por ello los representantes del sector obrero, del sector sindical deben velar por el cumplimiento de dicha garantía de conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna.

Y en este sentido, reitero mi agradecimiento porque esta iniciativa que presentamos en febrero haya sido respaldada por las comisiones unidas y espero que así sea en unos minutos más por este Pleno.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras Senadoras:

Creo que es un tema relevante hablar de la vivienda en nuestro país.

De todos es muy conocido que la vivienda es una garantía constitucional consagrada en su artículo 4o. párrafo siete, donde se subraya que toda familia tiene derecho de una vivienda digna y decorosa.

Faltaría agregarle un poquito más, que sea una vivienda adecuada,.

Las leyes se han hecho para que el pueblo de México y las familias puedan tener un pleno desarrollo social.

La vivienda alberga al núcleo principal de la sociedad, que es la familia, y eso es lo que hoy nos debe de ocupar.

El modelo actual de la política habitacional en nuestro país aún es excluyente, pues está estructurado en torno a los plazos y a la financiación en donde se dirige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de planeación, construcción y reproducción de vivienda.

El derecho a la vivienda debe de ser considerado como mecanismo de desarrollo con vivencia social y fuente esencial de la familia, como yo ya lo había mencionado, que al ser reconocido como tal, permitirá que el estado, en sus 3 niveles de gobierno, garantice políticas de accesibilidad y que, además, sus actores participen en el cumplimiento del estado de derecho.

En este sentido, el texto legal vigente de la Ley de Vivienda establece que el Consejo Nacional de Vivienda tiene por objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema; y una comisión intersecretarial de vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones de vivienda.

Bajo este esquema, es necesario que los trabajadores, siendo los beneficiarios directos, sean considerados dentro del Consejo Nacional de Vivienda, en pro de diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de vivienda para velar por sus intereses y sus derechos.

No debo omitir que en la reunión ordinaria de vivienda, donde emanó el dictamen que hoy se discute, abogué por incluir, además de los representantes del sector obrero dentro del Consejo Nacional de Vivienda, a los representantes de las organizaciones sindicales de nuestro país.

Dicha modificación se realizó con la intención de atender a los principios de pluralidad y equidad, así como a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño, desarrollo y construcción de las políticas nacionales en materia de vivienda.

Por todo lo anterior, es que considero, bajo este marco normativo, se logren los avances necesarios para una aportación significativa en la participación articulada de todas las actividades que incidan en el desarrollo de la vivienda y en beneficio de las familias mexicanas.

Por lo tanto, mi voto será a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Romero Lainas.

En el uso de la palabra la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias, señor Presidente. Amigos Senadores:

Se han señalado muchos aspectos muy positivos; y solicito a cada uno de ustedes la aprobación, por supuesto, de ambas iniciativas que hoy ponemos a su consideración.

Me quiero referir, primero, al dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Vivienda, para integrar a representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional de Vivienda.

Y quiero decirles, con un ejemplo, la importancia que tiene que quienes representan, por supuesto, a los trabajadores y que son la gran mayoría de quienes obtienen un financiamiento para poder tener un patrimonio, como es la vivienda, ven reflejada con la participación de los representantes de los trabajadores.

Ustedes recordarán que hace ya unos años, y aquí no me va a dejar mentir el Senador Isaías, que es el líder de la CROC, es a través de la representación de quienes tienen a los trabajadores que se lograr, por supuesto, en este caso en el INFONAVIT, que la Comisión Nacional de Vivienda promueva la creación de vivienda económica.

¿Por qué? Porque se vio que a través de esta representación muchos de los que cotizaban no alcanzaban a ser sujetos de crédito y eso, por supuesto, les impedía tener una vivienda.

Esta representación que tienen, sin duda, los representantes de los trabajadores, siempre a lo largo del tiempo se ha reflejado, sin duda, en nuevas políticas públicas, en programas con intereses más bajos, en acercar y en darle mejores condiciones de vivienda, por supuesto, a los trabajadores.

Por eso, en el seno de la comisión cuando se presentó esta iniciativa, déjenme decirles que de manera unánime todos los que integramos la comisión estuvimos, por supuesto, a favor de este dictamen, porque sabemos que la participación de ellos hoy en el Consejo Nacional de Vivienda, que es donde se definen, donde se diseñan todas las políticas en materia de vivienda del Ejecutivo Federal, sin duda se verá reflejado, en mayores beneficios y mejores beneficios y en acercar ese derecho a un patrimonio, principalmente, a los sectores de menos recursos económicos. Por eso les pedimos su voto a favor de este dictamen.

Del segundo dictamen, y aquí lo ha señalado, inclusive, el Senador promovente, también de manera unánime en el seno de la comisión, estuvimos todos consientes y valoramos nuestro voto, porque hoy más que nunca, dentro de las características con las que debe de contar una vivienda, hemos visto con los últimos fenómenos meteorológicos, que cuando no existen los asentamientos humanos en zonas que están libres de riesgos, sin duda, las familias pierden prácticamente todo su patrimonio; y no solamente es el patrimonio, sino el riesgo, por supuesto, que significa la pérdida de las vidas humanas, que esos fenómenos meteorológicos pueden ocasionar.

Así que, en el segundo dictamen, lo que aprobamos en el seno de la comisión es que modificáramos las características de la vivienda, para que no solamente pudiéramos decir que sea funcional, que sea accesible, que pueda ser sujeta de escrituración, sino que uno de los aspectos más importantes es que considere la prevención de que no esté ubicada la vivienda en zonas de riesgo. Esa es principalmente la modificación; y lo que estamos buscando con esto, sin duda, es evitar el que muchas familias, que con mucho esfuerzo y sacrificio construyen un patrimonio, cuando tengan que enfrentarse a los fenómenos meteorológicos vea, por supuesto, pérdidas todas estas aspiraciones personales.

Y solamente les quiero dar un dato, para que ustedes vean la importancia de esta aprobación.

Según la SEDATU, en México sólo el 33 por ciento de las viviendas se construyen de manera reguladas; y el otro 67 por ciento se hace de manera irregular y muchas veces, por supuesto, como aquí señalamos, en zonas de riesgo, como son las barrancas, laderas, a la orilla de los ríos, en fin, todas las condiciones que ya vimos que propician que las familias pierdan su patrimonio.

Así que, haciendo un balance, yo quiero solicitarles a todos ustedes, Senadoras y Senadores, el que se sumen a los votos unánimes que tuvimos en el seno de la Comisión de Vivienda para que nos apoyen en la aprobación de ambos dictámenes.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Araujo Lara.

En virtud de que no hay más oradores inscritos sobre este tema, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto al que se han referido los oradores.

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. Remítase a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, para incorporar la figura de riesgo en la normatividad de la materia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de febrero de 2014, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Senadores  Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa establece que el cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas; señalando que se trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionados con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana.

Agrega que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha indicado que los incrementos en la temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas, particularmente en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación, así como en aquellos procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.

Precisa que de las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo y va a tener sobre nuestro planeta, es importante señalar que sus efectos no inciden por igual en todas las regiones del mundo, siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.

Subraya que México no es una excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el País sea una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional.

Destaca que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes, debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo, y son quienes precisamente sufren mayores pérdidas humanas y económicas.

Resalta que a pesar del vertiginoso avance de los satélites, que permiten localizar geográficamente un fenómeno meteorológico, hacer el seguimiento de su trayectoria y predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se pone en práctica un política activa de prevención antes, durante y después de su paso.

Menciona que uno de los pasos más importantes que puede dar un País para mitigar el impacto de los huracanes es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación, que comienza con la compilación de todos los registros históricos de su anterior actividad, determinando la frecuencia y severidad de ocurrencias en el pasado.

Indica que el diseño de medidas de mitigación seguirá a continuación del análisis estadístico y considerará los efectos a largo plazo.

Distingue entre las medidas de mitigación estructurales, de las no estructurales; y que ambas deben considerarse, en todo caso, tomando en cuenta las dificultades de su implementación.

Define a las medidas no estructurales como las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo; y que las medidas estructurales atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales.

Subraya que el riesgo no sólo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los desastres.

Hace un recuento de los daños y afectaciones producidos por fenómenos meteorológicos ocurridos en el País durante los últimos años; y destaca que las autoridades responsables del sector vivienda en México, han reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo, además de que la tendencia estriba en evitarla de conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional por riesgo.

Cita la obra de Omar Darío Carmona, Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos, quien sostiene que la literatura técnica hace énfasis en el estudio de la vulnerabilidad y en la necesidad de reducirla mediante medidas de prevención-mitigación; pero lo que realmente se intenta es la reducción del riesgo; y que el análisis del riesgo puede entenderse de manera general como el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos.

Agrega, siguiendo al autor citado, que una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo en su totalidad, para efectos de planificación, protección y diseño de obras de infraestructura, ha sido común que se defina un nivel de “riesgo aceptable”; precisando que se alude al riesgo aceptable como las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y, usualmente, a cambio de un beneficio inmediato.

Conviene, con el referido autor, que la sociedad, toma sus propias decisiones con base en información fragmentada y proveniente de muchos puntos de vista diferentes; y que las personas simplemente no perciben la amenaza o el riesgo de una manera cuantitativa y que este es el fundamento sobre el cual descansan la mayoría de las normas de construcción sismorresistente y el argumento de las ciencias aplicadas, en cuanto a que el nivel de riesgo aceptable debe ser definido por expertos en el estudio de las amenazas y el comportamiento de los sistemas sometidos a la acción de los fenómenos que las caracteriza.

Subraya que la lección que se ha aprendido con todos los datos que sintetizan a nuestro País con la siguiente frase “México: alto riesgo ante desastres naturales”, es que hay que dar congruencia al marco normativo del sector vivienda, respecto de la severidad del riesgo.

Coincide también con el mencionado autor, que habría circunstancias atribuibles al actuar humano o nexos de culpabilidad y responsabilidad; y que en ese sentido ¿qué tan responsable es el Estado por los desastres?; añadiendo que la respuesta depende de la previsibilidad de tales situaciones y sobre todo de la posibilidad del Estado de evitarle daños a la sociedad.

Enfatiza que lo anterior es la razón por la cual se sigue relacionando intencionalmente el concepto de desastre, con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito; y que en el caso de México, la Ley General de Protección Civil asocia el riesgo a los llamados fenómenos perturbadores.
Afirma que la paulatina migración de la visión “atencionista” o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención-mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias sino la reducción de la vulnerabilidad, ha respaldado la necesidad de hacer ajustes a la legislación para armonizarla con las nuevas concepciones.

Menciona que no es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad.

Señala que el evadir no sólo la responsabilidad jurídica, sino también la responsabilidad política, ha sido una práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos, y que se han dado casos en los que ciertas autoridades gubernamentales, han diluido su responsabilidad, no sólo ante la población afectada sino ante la comunidad internacional.

Expresa que en ocasiones se dice que el desastre ocurrido era factible “prevenirlo”, cuando las consecuencias se sabe, no sólo dependen de la ocurrencia del fenómeno que lo origina, sino de la vulnerabilidad de los elementos afectados; y que desafortunadamente, las condiciones de vida de muchas comunidades, en los países de desarrollo, se asemejan a una situación de desastre y por eso cuando un desastre ocurre tales comunidades no le es fácil discernir los niveles de protección a los cuales tenían derecho de acuerdo a su propia legislación.

Apunta que hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja, que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tienen instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo; y que en la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo, pocas veces se hacen sondeos para averiguar acerca de su cobertura, su recepción y entendimiento.

Reitera que aun cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar desastres es un tema ineludible a la hora de comprender el riesgo, es común no abordar la vulnerabilidad y sólo se menciona como causa de los desastres a las amenazas; y que esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que ocurra un fenómeno intenso, que usualmente se interpreta como algo contra lo cual no es posible hacer algo para evitarlo.

Considera urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector vivienda y área prioritaria para el desarrollo nacional, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de la vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado.

Plantea la necesidad de que las personas tomen conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.

Considera indispensable el reconocimiento del riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos en la Ley de Vivienda, como un conjunto ordenado de “objetos”, procesos, principios y soluciones tecnológicas racionalmente enlazados entre sí con un fin común: evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa en México.

Propone reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos; de igual forma, reformar la fracción I del artículo 6 para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

Considera así mismo reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad que en el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo.

Propone reformar el artículo 71 de la citada Ley, con el propósito de garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo.

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, de conformidad con el altas nacional de riesgos, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 6. ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo principal de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, para incorporar el concepto de riesgo en la normatividad de la materia.

Las Comisiones dictaminadoras comparten las consideraciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a que es necesario contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda, como una medida legislativa para prevenir y mitigar desastres y daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan consideran pertinente formular las precisiones siguientes:

Por definición de su artículo 1, la Ley de Vivienda es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, y tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Por determinación de su artículo 1, la Ley General de Protección Civil tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil.

Por definición del artículo 2, fracción IV y XLVIII de la Ley General de Protección Civil, se entiende por:

Atlas Nacional de Riesgos, al sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.

Riesgo, a los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

Se consideran agentes perturbadores a los fenómenos naturales (geológicos a hidrometeorológicos) o de origen humano (ecológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos) que pueden afectar a un ecosistema y transformar su estado normal en un estado de daño que puede llegar al grado de desastre hasta cambiar su dinámica.

De lo expuesto se sigue que la Ley General de Protección Civil, es el ordenamiento legal encargado de establecer el instrumento denominado Atlas Nacional de Riesgos y de conceptuar la figura del riesgo.

En tal virtud, no corresponde a la Ley de Vivienda normar el Atlas Nacional de Riesgos ni conceptualizar la noción de riesgo.

En este orden de ideas, sería inapropiado que en el marco de la Ley de Vivienda se proponga establecer un Atlas Nacional de Riesgos, y se pretenda ampliar o modificar el concepto de riesgo.

Se considera innecesario aludir al Atlas Nacional de Riesgos en las disposiciones que se pretenden reformar de la Ley de Vivienda, ya que en todo caso la regulación de la figura del riesgo se encuentra normada por la Ley General de Protección Civil.   

Por último, es importante señalar que el tema de la vivienda no es una materia concurrente y por tanto la Ley de Vivienda no tiene el rango de Ley General, por lo que resulta improcedente que en las disposiciones transitorias del Decreto en estudio, se establezcan plazos para que las legislaturas de los estados adecuen su normatividad con la propuesta legislativa materia de dictamen.   

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable incorporar la figura del riesgo en los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, prescindiendo de las referencias al Atlas Nacional de Riesgos.

Así mismo, se estima que es procedente suprimir el contenido del artículo segundo transitorio del Proyecto de Decreto.  

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa las Comisiones que dictaminan, consideran pertinente realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

 Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

 Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, de conformidad con el altas nacional de riesgos, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 6. ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTICULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

 
ARTICULO 6.- ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

ARTICULO 8.- ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno, la zona donde se ubican las viviendas y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

UNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTICULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTICULO 6.- ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo;

II. a IX. ...

ARTICULO 8.- ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a XVIII. ...

ARTICULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 1 de octubre de 2014.

Comisión de Vivienda.- Comisión de Estudios Legislativos”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente.

El cambio climático que está afectando a todo nuestro planeta provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades, tanto económicas, así como sociales, se trata pues de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionadas con todos los ecosistemas y con los diversos ámbitos de la actividad humana.

El panel intergubernamental de cambio climático ha indicado que los incrementos en la temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas particularmente en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación; así como en aquellos procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.

De las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo, es importante señalar los efectos que no inciden por igual en todas las regiones del mundo, siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.

México no es la excepción; su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que nuestro país sea una zona vulnerable, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional.

Es de destacar que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres quienes debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias y ubicadas en zonas de alto riesgo; y son quienes, precisamente, sufren mayores pérdidas humanas y económicas.

A pesar del vertiginoso avance de los satélites que permiten localizar geográficamente un fenómeno meteorológico, hacer su seguimiento de su trayectoria y de predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde la tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se ponen en práctica una política activa de prevención antes, durante y después de este acontecimiento.

Por ello, uno de los pasos más importantes que puede dar un país para mitigar el impacto de los huracanes, es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación, que comienza con la compilación de todos los registros históricos de su anterior actividad, determinando la frecuencia y la severidad de ocurrencias en el pasado.

Hay dos medidas de mitigación: las estructurales y las no estructurales. Ambas deben de considerarse tomando en cuenta las dificultades de su implementación, el análisis estadístico y los efectos a largo plazo.

Las medidas no estructurales son las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo; y las medidas estructurales atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales.

Las autoridades responsables del sector vivienda en México han reconocido esta problemática que, por supuesto, se presenta en la construcción de las zonas en riesgo. Además de que la tendencia estriba en evitarla, en conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional en riesgo.

El riesgo no solo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los desastres.

Se debe migrar de la visión abstencionista o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención, mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias, sino la reducción de la vulnerabilidad.

No es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención y mitigación para proteger a la comunidad.

Evadir no sólo la responsabilidad jurídica, sino también la responsabilidad política, ha sido una práctica común en países pobres en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos. Y se han dado casos en los que ciertas autoridades han diluido su responsabilidad, no sólo ante la población afectada, sino ante la comunidad internacional.

Hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población, es una tarea compleja que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tienen instrumentos de divulgación que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo.

En la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir, en el desastre, y no en la causa, es decir, en el riesgo. Es urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de vulnerabilidad y, por lo tanto, del desastre natural o provocado.

Las personas deben tomar conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.

Es indispensable, contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda, como una medida legislativa para prevenir y mitigar desastres y daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Informo a esta Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los Senadores la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, a favor del dictamen y el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea:

La motivación que dio origen a la iniciativa, que fue dictaminada en sentido positivo por la Comisión de Vivienda, surgió de la preocupación ante los hechos que afectan a miles de familias de manera recurrente. Es cierto que ante los embates de la naturaleza en muchas ocasiones no existe medida que pueda evitarlos; sin embargo, en muchos de los casos en los que se pierden vidas o el patrimonio de las familias, la razón se encuentra en la falta de previsión o la irresponsabilidad de quienes han permitido la construcción de vivienda o el desarrollo de zonas habitadas en lugares en los que el riesgo es evidente.

En los últimos años, el cambio climático ha dado muestras de sus efectos, provocando graves daños en diversas regiones del planeta. Se trata de un fenómeno tan complejo, que sus causas e impactos están relacionados con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana.

México, por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, tiene importantes regiones entre las más vulnerables, ubicando el cambio climático como un asunto de seguridad nacional.

No debemos dejar de reconocer el hecho de que los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes, debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo; y son quienes precisamente sufren las mayores pérdidas humanas y económicas en el país.

Ante esta situación, y ese es precisamente el objeto de la reforma que hoy está a discusión con el presente dictamen, considero que uno de los pasos más importantes para mitigar el impacto de los fenómenos naturales en la población, es el de incorporar la evaluación de riesgo y el diseño de medidas de mitigación a la planificación para el desarrollo de vivienda o zonas habitables.

La realidad es que la magnitud de los daños ocurridos a causa de las lluvias se debe principalmente a que muchos fraccionamientos de zonas urbanas se han asentado en zonas irregulares y en los cauces de ríos. En el 2010, se reconoció que en algunos estados el 80 por ciento de los desarrollos habitacionales se ubican en áreas susceptibles de sufrir algún evento natural catastrófico.

Ente esta situación, con la presente reforma queremos promover que las autoridades responsables del sector vivienda regulen y eviten la construcción en zonas de riesgo. En el siglo XXI la prevención del riesgo de desastres naturales o provocados por el ser humano debe ser una responsabilidad objetiva del Estado mexicano y una tarea de todos.

En este sentido, la prevención debe ser sinónimo de una respuesta por lo sucedido, no por lo que se hizo o se dejó de hacer. Mi reconocimiento a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, por la valoración de la iniciativa y por el dictamen que en sentido positivo hoy se está discusión.

Les convoco a que se ratifique la aprobación en este Pleno y así contribuyamos a que la vivienda digna sea también una vivienda segura.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Isaías González Cuevas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Venimos a favor de este dictamen, en donde la propuesta es de que en el Consejo Nacional de Vivienda se permita la participación del sector laboral, del sector sindical y, desde luego, que nosotros aprobamos esta propuesta, dado de que el sistema laboral mexicano es tripartita, por lo tanto, en esta reforma del artículo 30 de la Ley de Vivienda debe de contemplarse también la participación del sector laboral.

El sector laboral ha venido a proponer modificaciones a la Ley de la Vivienda, para que la vivienda tenga por lo menos dos recámaras, espacios de convivencia, y que cumpla con los estándares nacionales e internacionales. Por lo tanto, para que haya pluralidad, que haya participación de la sociedad en este tema tan importante de la vivienda, para que se cumplan los estándares de vivienda, es importante la participación del sector.

Hemos tenido ya consecuencias en el tipo de vivienda que se ha venido haciendo y, por lo tanto, hay varias viviendas, miles de viviendas abandonadas porque no han sido de calidad.

Por lo tanto, ahí es importante la opinión del sector para completar la opinión de los demás, tanto del gobierno, los representantes del gobierno y del sector empresarial. Por lo tanto nuestra opinión va a favor de la reforma de la fracción IX del artículo 30 de la Ley de Vivienda.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador González Cuevas.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58   del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Les pido a las y los señores Senadores pongan atención y que la sesión de fotografías continúe más tarde, Senador Gándara.





 

PRONUNCIAMIENTO

Señoras y señores Senadores: La Mesa Directiva del Senado y la Junta de Coordinación Política nos han hecho llegar un pronunciamiento de apoyo y solidaridad con el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.



- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Quiero leer una cuartilla a nombre del Partido de la Revolución Democrática.

El pasado lunes 10 de noviembre, el Senador Alejandro Encinas fue objeto de una agresión infame de un grupo de integrantes del Frente Popular Revolucionario en Xalapa, Veracruz.

La agresión contra el Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional es una clara demostración de intolerancia y el nerviosismo que viven los grupos oficialistas que ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio.

Es condenable no sólo la agresión, sino el silencio de las autoridades de Veracruz, encabezadas por Javier Duarte, un mandatario estatal que se ha caracterizado por sus reiterados intentos de censura, su persecución hacia la prensa, por criminalizar la protesta social, por confundir la lealtad hacia el Presidente con la abyección.

Lo sucedido en Veracruz es un signo de retroceso de los tiempos políticos que vivimos, muy propios del autoritarismo que caracteriza a este gobierno estatal, ajeno a la transparencia, a la libertad de expresión y a la pluralidad política e ideológica de nuestro país.

La agresión a nuestro compañero Alejandro Encinas no es un asunto aislado, tan sólo el mismo día de ayer en su cuenta de Facebook, otro joven militante y dirigente del PRI de Huixquilucan, Luis Adrián Ramírez Ortiz, subió comentarios como el de: “Hace falta un Díaz Ordaz para este país”.

La tentación del genocidio y la represión es muy fuerte. Es momento de atajarla y de condenar no sólo las agresiones, sino la reiterada persecución contra líderes y dirigentes políticos que se atreven a decir la verdad y hacer críticas como nuestro compañero que ha hecho, con sus posturas claras y congruentes, una crítica sustentada.

La agresión al Senador Encinas no fue de un grupo inconforme, sino una franca y deleznable provocación armada para lastimar, sin lograrlo, a un dirigente muy importante de la izquierda mexicana.

Nuestra plena solidaridad con el Senador Alejandro Encinas. Condenamos los hechos, solicitamos se investigue a fondo, se deslinden responsabilidades y, sobre todo, hacemos un llamado a restablecer las condiciones de gobernabilidad democrática que hoy más que nunca le urgen al país.

Es cuanto, gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Han pedido el uso de la palabra los Senadores Luisa María Calderón, Javier Corral, Fernando Yunes, Laura Rojas, José Yunes, Layda Sansores, David Penchyna y otros cuatro más.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón, del grupo parlamentario del PAN, desde su escaño.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Agradezco que me dé la palabra y me solidarizo con la expresión de solidaridad, de apoyo y de solicitud de respeto al Senador Alejandro Encinas, especialmente con la urgencia de recuperar la gobernabilidad.

Es cierto que los hechos recientes son dolorosos, inaceptables y que tenemos que encontrar cauce para reconstruir instituciones para que las herramientas con las que el gobierno cuenta para la seguridad, para la prevención y para la justicia tendremos qué enderezarlas y empezar a dar resultados a los ciudadanos.

Se entiende la protesta; pero también es cierto que llegar a acciones que agreden a las personas y a las instituciones tampoco nos llevan a ningún lugar.

Esta mañana, a las 02:11 del día, entraron a las oficinas del Comité Directivo Estatal de mi partido, en Michoacán, destruyeron muebles, lastimaron la institución, violentaron la institución. Sé que ha pasado en otras instituciones; y yo haría un llamado a una mesa de trabajo para ver cómo en plural se restablecen las condiciones de gobernabilidad.

Hay mucha sensibilidad, hay mucho enojo, pero también creo que no podemos permitir que se desborde. Este país es nuestro, en este país vivimos todos, aquí queremos seguir y creo que todos estamos dispuestos a un esfuerzo por recuperar condiciones de gobernabilidad y también por darle respuesta a los ciudadanos, decirles que sí podemos, que sí queremos ser instrumentos de servicio para ellos y reforzar, reacomodar, conformar órganos distintos, nuevos, con la participación de la ciudadanía, de los expertos, para que las instituciones de justicia, de seguridad, de prevención puedan estar al servicio de los ciudadanos y ponernos a caminar como país.

Es un país maravilloso, tiene gente maravillosa. Por lo que estamos pasando nadie quiere seguir pasando; todos, de alguna forma, somos corresponsables y todos tendremos que hacer un esfuerzo y poner lo que pocos sabemos, los que otros ciudadanos pueden saber para restablecer el orden, la gobernabilidad y responderle a los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

En el uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sabe el Senador Alejandro Encinas del reconocimiento que a partir de diferencias sentimos por él varios de los miembros del Parlamento desde hace muchos años. Se trata de un legislador que ha hecho del uso de la palabra y no de la fuerza y menos de la violencia, su principal instrumento de trabajo. Por eso duele más, que a un parlamentario de su categoría, de su experiencia y de su trayectoria y compromiso democrático, se le agreda de esta manera.

Pero esa agresión al Senador Encinas Rodríguez, debe ser analizada por el Congreso en el marco de un ambiente crecientemente complejo y de una atención social en aumento. El reto es que la sociedad convierta su ira y su indignación en participación ciudadana pacífica y que las expresiones de radicalismo verbal no se traduzcan en hechos de agresión personal o de violencia física.

Por eso, así como hemos lamentado los hechos de Iguala y como reconocemos que México está dolido y doliente por una tragedia de esa magnitud, debemos deplorar y rechazar cualquier tipo de violencia. La violencia, incluso de aquellos que quieren desvirtuar, distorsionar el enorme sentido cívico de la insurgencia popular mexicana de los últimos meses. Hay que estar atentos e investigar y llegar hasta las últimas consecuencias frente a hechos que quieren llevar a los ciudadanos pacíficos a ser confundidos con los pocos violentos.

Allí está el hecho de la puerta del Palacio Nacional el fin de semana y la gran lección de la marcha de ese día, la gente supo separarse de los pocos violentos y en minutos estaba limpio el Zócalo de la ciudad de México; quisieron exhibir a los pocos que quisieron confundir la protesta social.

Como ayer un grupo de radicales, de los que se dice, fueron alentados desde las estructuras del gobierno estatal, mandaron también un mensaje de violencia y de radicalismo. Debemos de condenarlo, sí, pero hay que darle seguimiento a estos hechos; pero realmente darle seguimiento porque si no esto va a aumentar, porque el horror está ahí planteado con todo su claridad.

Reciba pues desde la trinchera adversaria, pero con gran reconocimiento a su trabajo, nuestra solidaridad, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral Jurado.

En uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para manifestar, de igual forma, como Senador por el estado de Veracruz, mi solidaridad con el Senador Alejandro Encinas, a quien, además de ser un compañero de varias comisiones, considero a un Senador de los más destacados de esta legislatura; pero también hacer una exigencia clara de que se haga justicia en el caso.

No es la primera vez que esto ocurre en Veracruz. Su servidor y la Diputada federal Leticia López, fuimos privados de la libertad y atados física y verbalmente durante alrededor de tres horas, hace cerca ya de dos años.

En aquel entonces, el Presidente de este Senado, el Senador Ernesto Cordero, hizo lo propio, buscando que hubiera justicia en el tema. A pesar de las denuncias presentadas al día de hoy, no hubo un solo resultado y no queremos que en el caso del Senador Alejandro Encinas, ocurra lo mismo.

La semana pasada, también en Veracruz, el ex candidato del PAN del municipio de Coxquihui, en la sierra de Papantla, fue atacado a balazos, su madre recibió un tiro en la boca, la cual la dejó prácticamente desfigurada, sin dientes y sin la capacidad de habla.

La respuesta fue también la misma, se investigará pero no ha habido un solo resultado. Somos el estado donde más periodistas han sido asesinados en la última década, sin resultado alguno. Y el caso claro es el de la reportera de Proceso, Regina, donde primero se detuvo a una persona, quedó en libertad, se vuelve a detener a la misma persona, pero no hay justicia.

Exigimos desde este Senado de la República que el caso del Senador Alejandro Encinas no sea uno más como en el caso mío y de la Diputada federal, Leticia López Landeros.

Como Senador veracruzano, Alejandro, una disculpa. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro estado, pero estoy seguro de que con la capacidad y la disposición de todos los grupos parlamentarios del Senado de la República, lograremos que este no sea un caso más.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Yunes Márquez.

En uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, desde su escaño.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido, por supuesto, toda la solidaridad, con mucho respeto, con mucha admiración, que en lo personal le tengo al Senador Encinas, con quien he tenido el privilegio de trabajar en diversos temas; y quienes lo conocemos sabemos que si ha de caracterizarse por algo, es precisamente por ser una persona tolerante, una persona incluyente; y por eso mismo hay que condenar fuertemente los hechos.

Y también: creo que vale mucho la pena preguntarnos como Senado. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades en el caso del incendio de la puerta Mariana? ¿Dónde están las autoridades en el caso de este suceso del Senador Alejandro Encinas? ¿Dónde están las autoridades que permiten el bloqueo de casetas, por miedo a que se escale esta tensión social, pero de ninguna manera se puede renunciar a gobernar por temor?

Tenemos un enorme reto como Estado. Ciertamente el Senado no es ajeno a esto, somos parte del Estado; y en ese sentido tenemos también que tratar de colaborar para que se recobre la paz y la seguridad de nuestro país.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

En el uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, señor Presidente.

Agradeciendo la atención respetuosa de las señoras y los señores Senadores, el interés de su servidor es dejar particularmente claro que estas primeras palabras subrayen el interés de destacar nuestra solidaridad, nuestro aprecio y nuestro compromiso de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para quien a lo largo de este tiempo, como Senador, y a lo largo de muchos años, como un íntegro actor político en este país, fue lamentablemente señalado por expresiones violentas en Xalapa, Veracruz. Para el Senador Alejandro Encinas, de parte de las Senadoras y de los Senadores del grupo parlamentario del PRI, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad.

Porque señoras y señores Senadores, Veracruz es, por mucho, más que la noticia de ayer, que al tener como destinatario a un miembro de este Congreso, sin duda lesiona a todos en su conjunto; y todos en su conjunto nos sumamos al exhorto que de manera puntual ha presentado ya a nombre de este organo colegiado, el Presidente de la Cámara.

Veracruz es un pueblo que trabaja todos los días, lo mencionaba hace un momento el propio Senador Encinas, un estado reconocido por su gente, por su calidad, por su hospitalidad, por la forma mesurada y responsable con la que hace política, y es por eso, por lo que significa Veracruz, y por lo lamentable de los acontecimientos de ayer, que asumimos hoy el uso de esta tribuna para aclarar de manera puntual que exigimos que se lleve a cabo una exhaustiva investigación de los hechos para deslindar responsabilidades, para que quede particularmente claro quien promueve este tipo de acciones.

Bajo ninguna circunstancia aceptamos que sea el gobierno del estado, pero no es lo que diga su servidor en esta tribuna o lo que puedan señalar algunos otros desde sus escaños, lo relevante y lo importante es que a través de estas pesquisas se puedan deslindar estas responsabilidades para tranquilidad de todos.

Porque el llamado de las señoras y de los señores Senadores llama mucho a consideración, obliga a hacer un alto en el camino, a reconocer que las cosas no vienen bien y que tienen una situación que las explica y que les genera como origen y es, sin lugar a dudas, el hecho de que cualquier expresión mayor, como la de ayer, mucho mayor, como la que sucedió o ha venido sucediendo a lo largo de mucho tiempo, no reciba castigo y no reciba en este sentido reprimenda con la ley en la mano.

Ayer en Xalapa esto nos consterna a todos, ayer allá en Chilpancingo ya la violencia descarada está lamentando una muerte de un servidor público, también, en la forma de un policía brutalmente golpeado, brutalmente lastimado por expresiones de intolerancia. No importa cuál sea la magnitud y no importa cuál sea el resultado, lo relevante es que este país no puede aguantar, bajo ninguna circunstancia, más expresiones de este tipo y no se pueden alentar ni por consigna política, ni por coyuntura del momento, ni por razones de cualquier otro tipo de ventaja o de posicionamiento.

Este es un tema que nadie se escapa, que no merece este país y que nosotros estaremos, desde el grupo parlamentario del PRI, tratando de menguar con trabajo y con responsabilidad.

Sé que el gobierno del estado, el gobierno de Veracruz hará su parte. Desde el Senado de la República esteremos pendientes a que se cumpla y desde el Senado de la República estaremos siempre reconociendo la trayectoria, la formalidad, el prestigio, la calidad de un excepcional representante popular como lo es el Senador Alejandro Encinas.

Es cuanto, señor Presidente.

 - El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

En uso de la palabra, desde su escañ, la Senadora Layda Sansores San Román del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Reprobamos enérgicamente la agresión contra el Senador Encinas Rodríguez. En este caso es claro que hay sospechas de mano negra, también, por parte del gobierno de Veracruz.Y queremos decir de Alejandro Encinas que él es un hombre respetado, un Senador querido y un ciudadano ejemplar; y hay que felicitarlo por sus buenos reflejos que son envidiables.

Y también quiero agregar nuestra protesta enérgica por la retención ilegal, arbitraria y violenta que hizo la policía del Distrito Federal en contra de estudiantes y ciudadanos que solamente por ser jóvenes fueron detenidos por horas y llevados a la SEIDO; algunos de ellos eran menores de edad y ni siquiera habían estado en la marcha.

Hay que reprobar la violencia, venga de donde venga, pero más si la violencia la promueve el Estado como en el caso de Tlatlaya y Ayotzinapan.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores Ramírez.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor Presidente.

Nosotros, al igual que nuestros compañeros de los demás grupos parlamentarios, nos solidarizamos con el Senador Alejandro Encinas por la agresión de la que fue objeto el día de ayer en Xalapa; pero nos sumamos también al llamado a no especular en las circunstancias bajo las cuales vive nuestro país en estos días; y nos sumamos también al llamado para no alentar estos signos de violencia y que más bien, en esta Soberanía, nos dediquemos a trabajar de manera responsable, construyendo las instrucciones y las políticas que le hacen falta a este país, para que podamos vivir en paz y en pos de un mayor bienestar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Del mismo modo, como lo han expresado algunos de los que me han antecedido en el uso de la voz, solidarizarnos con el Senador Alejandro Encinas. Sin duda es un hecho reprobable. Me parece que se trata de un legislador, como aquí se ha expresado, querido, respetado y, efectivamente, lo sentimos como una agresión a todos. Pero también me parece que es momento de expresar nuestras condolencias a los familiares del policía que ha fallecido desafortunadamente; y también momento para que los legisladores podamos hacer un llamado a evitar especulaciones, a no abonar en un ambiente de más violencia. La violencia no se resuelve con más violencia; y también nuestra responsabilidad está en cada uno de nuestras expresiones, de nuestros dichos y de nuestras actuaciones, si hay alguien que debe de mostrar congruencia entre lo que hace y lo que dice, me parece que somos los propios legisladores.

Muchas gracias, señores legisladores.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

En el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

En primer lugar, quiero agradecer el pronunciamiento que en ejercicio de su responsabilidad y de sus facultades han presentado a este Pleno, tanto la Mesa Directiva del Senado de la República como la Junta de Coordinación Política, el cual comparto plenamente.

En segundo lugar, quiero agradecer las expresiones de solidaridad de mis compañeras y compañeros Senadores de todos los grupos parlamentarios, que desde el día de ayer y en esta sesión han condenado esos hechos y dado muestras de cariño y de solidaridad.

También quiero agradecer las innumerables muestras de apoyo y solidaridad que a través de muchos medios, en las redes sociales, en correos electrónicos, en llamadas telefónicas, han hecho un importante sector de ciudadanos, muchos de ellos, sinceramente me sorprendió llamados algunos de ellos hasta los monitores que nos pone el gobierno del Estado de México en las giras del Estado, hablaron para dar su solidaridad y condenar la violencia, lo cual habla muy bien de cómo debemos enfrentar una situación de esta naturaleza.

 Y quiero simple y sencillamente, señalar mi convicción de que la provocación y la violencia no es la vía para resolver ni dirimir las controversias y las diferencias entre los mexicanos.

Yo tomé una decisión personal, hace ya cerca de 40 años, de asumir la lucha política a través de la vía democrática y la disputa electoral, partiendo del reconocimiento, de la diversidad y la pluralidad que caracteriza a nuestro país y que es el principio fundamental para garantizar la sana convivencia entre las mexicanas y los mexicanos, ese reconocimiento de nuestra diversidad en un ambiente de respeto y de tolerancia; y la provocación no solamente no me hará modificar esa decisión que marcó mi vida y con la cual considero que he sido congruente hasta el día de hoy, sino también la mantendré y seguiré trabajando, porque las provocaciones en momentos de crispación política como la que estamos viviendo, no sólo en Veracruz, en Guerrero o en Michoacán, sino en todo el país, reclaman y exigen de que creemos un ambiente político distinto, que nos permita recuperar la normalidad democrática.

El provocador busca distraer la atención de los problemas centrales.

Distraer del tema nodal, que es el pleno esclarecimiento de los hechos de barbarie que se vivieron en Iguala y las agresiones de que fueron objetos estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Queremos conocer la verdad; y por más provocaciones que pretendan minimizar las grandes concentraciones de miles y miles de mexicanas y mexicanos indignados por esta situación y por el clima lamentable de zozobra, inseguridad e incertidumbre que se vive en el resto del país que quieren un cambio de fondo.

Y también el provocar en este tipo de escenarios, buscan que en lugar de encauzar la energía social a procesos de transformación democrática, se busque la salida autoritaria a la solución de los conflictos.

Yo creo que la tolerancia, la política en su digna y justa dimensión. La construcción de entendimientos debe ser la vía para recuperar la paz y la tranquilidad que se merecen todas las mexicanas y todos los mexicanos; y en ellos seguiré empeñando, al igual que todas y todos ustedes, mis esfuerzos y mi empeño.

Si no nos amedrentamos en los tiempos difíciles, cuando estaba la proscripción y la represión, menos nos vamos a amedrentar contra pequeños provocadores que no tienen conciencia del daño que le están haciendo al país.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

En ejercicio de la responsabilidad de velar por el fuero de las y los Senadores y la inviolabilidad del recinto donde sesiona el Pleno del Senado y la sede en lo general, exhorto en este momento, ya lo he hecho por escrito, en dos ocasiones, lo haré por tercera ocasión, a las autoridades federales, a las del Distrito Federal, a las de los estados de la República, a que ejecuten los mecanismos que garanticen la seguridad para las Senadoras y los Senadores y el personal de la institución, de manera que se procuren condiciones que permitan el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos.





 

Las iniciativas, la excitativa y las proposiciones inscritas en el Orden del Día, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN   Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las últimas décadas, particularmente en los años 80, el efecto globalizador de las economías y las culturas, han generado grandes procesos migratorios en el mundo, a pesar de que este fenómeno se ha presentado a lo largo de la historia del desarrollo de la civilizaciones humanas, en los últimos tiempos se han acentuado los efectos de dichos cambios migratorios.

La migración puede ser concebida como "el desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada, que implica atravesar los límites de una división geográfica".1 Dicho movimiento de los individuos, tiene diversas causas, entre las cuales destaca: persecución política, guerras, y búsqueda de oportunidades de trabajo.

En el caso de México, tiene una larga tradición histórica en cuanto al desplazamiento de sujetos migrantes, específicamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, debido principalmente, a la falta de oportunidades laborales que les aseguren un desarrollo laboral, personal y social adecuado. La convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, en su artículo 2º señala que "se entenderá por trabajador migratorio a toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional."2

En los censos de Estados Unidos realizados en el año de 1900, revelaron que el crecimiento de población de mexicanos inmigrantes en su territorio registró 103,293 personas en dicha calidad migratoria, mientras que para el año de 1910 esta cifra aumentó a 221,915; y para el año de 1920 arrojó como resultado 486,418; mientras que para la década de los años 30 se registró más de un millón de mexicanos.3

Posteriormente y como una de las consecuencias de la segunda guerra mundial, que originó una fuerte escasez de mano de obra en el país del norte, especialmente en la agricultura; la migración de trabajadores mexicanos tuvo un nuevo impulso, y para el 4 de agosto de 1942, comenzó a operar el primer convenio sobre braceros4, del cual miles de mexicanos se vieron beneficiados, posteriormente dicho convenio se refuerza para 1951, el cual siguió operando hasta  el 31 de diciembre de1964. Posterior a esta fecha, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos no ha disminuido, todo lo contrario, ha ido en aumento.

Para el año 2011 residían 11.7 millones de mexicanos en los Estados Unidos, que representaban el 29% de los inmigrantes de ese país, y el 4% del total de la población,5lo que representa en términos reales el problema de la migración en busca de mejores oportunidades laborales.

Las consecuencias de estos flujos migratorios son distintos, generan cambios demográficos importantes, esto se traduce en que "dado que la población emigrante suele ser joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen envejecen al quedar predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad",6 esto significa que en los lugares de destino de la migración aumenta la natalidad, y en los lugares de origen disminuye.

Otro de los efectos de la migración, es sobre los aspectos económicos para los países de origen, como es el caso de México, son las remesas, esto significa ingresos para el país que expulsa a los migrantes en busca de trabajo, convirtiéndose en una fuente importante de entradas tanto para las familias, como para el Estado. En el caso de México de acuerdo con información del Fondo Multirateral de Inversiones, en 2010 se ubicó como principal receptor de remesas en América Latina y el Caribe, con 21 mil 271 millones de dólares, una cifra ligeramente superior a los 21 mil 132 millones de dólares de 2009;7 este flujo de dinero, se ha visto reflejado en la economía nacional al convertirse en inyección de recursos y se calcula que en la actualidad estos ingresos representan alrededor del 2.1 de Producto Interno Bruto.

En cuanto a los efectos sociales de la migración, se pueden enunciar la pérdida de fuerza laboral por parte del país de origen, y ganancias de esa fuerza de trabajo de parte del país receptor, por lo tanto se puede afirmar que es una pérdida de capital humano para México, la gran cantidad de migrantes que año con año cruzan la frontera. Esto no abarca únicamente la mano de obra de sectores poblacionales con bajos índices de escolaridad, también existe una fuga de personas altamente capacitadas que dejan el país en busca de mejores oportunidades, de acuerdo con la CONAPO, revela que "la población migrante mexicana con escolaridad profesional y posgrado casi cuadruplicó su volumen, al pasar de poco más de 114 mil en 1990 a cerca de 443 mil personas en 2005, registrando una tasa de crecimiento anual de 9.4 por ciento en dicho periodo",8 lo que se traduce en el aprovechamiento de parte del país de destino de la creatividad y talento de los jóvenes mexicanos.

Aunado a todo lo anterior, los beneficios para los Estados Unidos, como principal país de destino para los trabajadores migrantes mexicanos son económicos, ya que de acuerdo a información del Sistema de Administración de Seguridad Social de aquel país, desde el año 2000 y hasta el año 2012 había recibido casi 90 mil millones de dólares por conceptos de descuentos a los salarios de los trabajadores que usan un número de seguro social que no coincide con los registros oficiales, debido a su calidad de inmigrantes en la que se encuentran. Esto significa que los trabajadores, aportan a la economía de aquel país, sin  recibir a cambio derechos laborales y de seguridad social. Tan sólo en el año 2010 las familias encabezadas por inmigrantes indocumentados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales.9

En este contexto, es claro que la migración es un problema que por décadas ha lastimado a los miles de trabajadores mexicanos que se ven obligados a abandonar el país en busca de mejores oportunidades de trabajo.

En un mundo inmerso en un proceso globalizador, la dimensión social de la migración comprende "no sólo el acceso a un empleo decente, a la cobertura de salud oportuna y adecuada, a la educación y formación profesional, sino que incluye el conjunto de aspiraciones de las personas a una vida digna y plena, en un entorno apropiado de prosperidad material, donde no existan dudas respecto al respeto de los derechos de las personas".10

Esto representa por un lado, que el Estado mexicano no ha sido capaz de generar el número de empleos necesarios para todos los mexicanos, ni las condiciones mínimas para garantizar el pleno desarrollo de miles de personas que se ven obligadas a buscar empleo y un mejor futuro del otro lado de la frontera, lo cual representa una forma cómoda de deslindarse de la responsabilidad del mandato constitucional señalado en el artículo 123 que a la letra dice: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo", bajo esta premisa, sobre los trabajadores mexicanos que se ven obligados a salir del país en busca de empleo, el Estado tiene toda la responsabilidad.

Una de los problemas para los trabajadores migrantes mexicanos, es la pérdida de derechos laborales, debido a que el país de destino (en su gran mayoría Estados Unidos de Norteamérica), y a consecuencia de la calidad de inmigrantes en la mayoría de los casos, no los legitima para exigir derechos de seguridad social como lo son acceso a servicios de salud, derechos a la jubilación o retiro, entre otros, y por otro lado, en el país de origen (México), tampoco existen obligaciones jurídicas para el Estado a fin de garantizarles derechos relacionados a la seguridad social, de tal manera que en el momento en que el trabajador decide volver al país de origen, es necesario que los compatriotas puedan recibir algún beneficio para su retiro o vejez.

La seguridad social se puede entender como "el conjunto de instituciones, principios, normas y disposiciones que protegen a todos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que pudiera sufrir, y permite la elevación humana en los aspectos psicofísicos, moral, económico, social y cultural".11Por lo tanto, comprende aspectos como salud, vivienda, jubilación o retiro para los trabajadores.

En México la Constitución Política Federal, en el artículo 123, contempla que todos los mexicanos tienen derecho a la seguridad social, la cual contempla accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Sin embargo, estas prestaciones se limitan a los trabajadores que laboran dentro del territorio nacional. Sin embargo, y como ya ha sido mencionado anteriormente, los trabajadores mexicanos radicados en el extranjero quedan excluidos de éstas; si bien es cierto que la riqueza que generan con su trabajo es aprovechada por el país de destino de los migrantes, también lo es que el Estado mexicano ha sido incapaz de generar las oportunidades laborales necesarias para con ellos por tanto, debe crear los mecanismos necesarios para resarcir, en cierta medida, la falta de oportunidades para los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero.

La Ley del Seguro Social en su artículo 6 establece que el Seguro Social contempla régimen obligatorio y voluntario. El primero de ellos, según el artículo 11, comprende seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales. Bajo este régimen se encuentran las personas que trabajan de conformidad a los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, así como los socios de sociedades cooperativas, y las que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes.

Por otro lado, bajo el esquema del régimen voluntario, el artículo 240 de la misma Ley señala que "Todas las familias en México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto, podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del reglamento respectivo".  Dentro de esta modalidad, la Ley contempla la posibilidad de que trabajadores radicados en el extranjero puedan celebrar este tipo de convenios con el Instituto, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 243, que a la letra dice "El Instituto, también, podrá celebrar este tipo de convenios, en forma individual o colectiva con trabajadores mexicanos que se encuentren laborando en el extranjero, a fin de que se proteja a sus familiares residentes en el territorio nacional y a ellos mismos cuando se ubiquen en éste. Estos asegurados cubrirán íntegramente la prima establecida en el artículo anterior."

Sin embargo, bajo este esquema de régimen voluntario, el trabajador mexicano radicado en el extranjero únicamente asegura los servicios de salud para su familia establecida en México, sin contar con la posibilidad de alcanzar prestaciones de retiro, cesantía y vejez, desprotegiendo su futuro y con ello su estabilidad en edad adulta avanzada.

Sin embargo, en el artículo 222 dentro del Capítulo IX, referente a  la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, abre la posibilidad a que los trabajadores que desempeñan sus actividades de forma independiente como pueden ser trabajadores domésticos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, trabajadores independientes, profesionales, comerciantes, artesanos y otros trabajadores no asalariados, esto según lo señalado en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

En este sentido la presente propuesta tiene por objeto que los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero, mediante convenio con el Instituto puedan afiliarse al régimen obligatorio, si no también forjar y con ello garantizar no sólo el derecho de sus familias a servicios médicos o retiro digno, una vez que hayan cumplido las semanas cotizadas requeridas o bien cumplir la edad que la Ley señala para alcanzar dichas prestaciones.

Esta modificación no es otra cosa más que un acto de justicia social, ya que si el Estado mexicano no ha podido garantizar un trabajo digno a los trabajadores mexicanos radicados en el extranjero, lo menos que les puede garantizar es un retiro y asegurarles una vejez digna y con un mínimo de estabilidad económica.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

UNICO. Se adicionan una fracción VI al Artículo 13; un párrafo segundo a la fracción I y se modifica el inciso a) de la fracción II, del Artículo 222, de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue: 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I a IV

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, y

VI. Los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero.

Artículo 222.La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos  interesados. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

Para el caso de los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero a los que se refiere la fracción VI, del artículo 13, de esta Ley, el convenio podrá realizarse ante las representaciones consulares correspondientes.

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I, III y VI del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I a IV

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

 

 


Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos  interesados. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

 

 

 

 

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I a IV

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, y

VI. Los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero.

 

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos  interesados. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

Para el caso de los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero a los que se refiere la fracción VI, del artículo 13 de esta Ley, el convenio podrá realizarse ante las representaciones consulares correspondientes.

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I, III y VI del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Mendizábal, Bermúdez, Gabriela, "Las prestaciones de Seguridad Social para trabajadores migrantes en México y España", México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en www.jurídicas.unam.mx

2 Idem.

3 Esquivel Leyva, Manuel de Jesús, "La migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, biblioteca digital, disponible en:

4 Idem.

5 Véase, "Los mexicanos en Estados Unidos: la importancia de sus contribuciones", Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en http://consulmex.sre.gob.mx/mcallen/images/stories/2013/contribuciones.pdf

6 Véase "Algunos efectos de la migración internacional en los lugares de origen y destino", Consejo Nacional de Población.

7 Idem.

8 Ibídem.

9 Op. Cit. Secretaría de Relaciones Exteriores.

10 Brieño, Alvarez, Jacqueline (coord.), Migración y Seguridad Social en América, (2010), México, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.

11 Briceño Ruiz, Alberto, Derecho mexicano de los seguros sociales, (1992), 2a. ed., México, editorial Harla.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, PARA ESTABLECER CAMPAÑAS DE CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

(Presentada por las CC. Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

“Las que suscriben, Senadoras GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, PARA ESTABLECER CAMPAÑAS DE CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En el grupo parlamentario del PRI, consideramos necesaria la implementación de normas que otorguen a la Procuraduría Federal del Consumidor mayores atribuciones que le permitan hacer efectiva la salvaguarda de los derechos y cultura del consumidor, a la vez de fomentar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Por ello, la verificación de la calidad en los productos y servicios que se realice conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,  debe ser una prioridad de la Procuraduría, no solo como actividad correctiva, sino como acciones preventivas que se traduzcan en un verdadero impulso de la calidad de los productos y servicios que se prestan en el territorio nacional.

La calidad es el conjunto de características del producto que potencialmente pueden satisfacer las necesidades o deseos del cliente, por lo que satisfacción y calidad son tipologías intrínsecamente relacionadas.

La calidad es la manera de ser de un producto, bueno o malo, mejor o peor, en relación con las características que solicita el consumidor. Esto quiere decir, que el consumidor suele juzgar los productos según la calidad, y que de acuerdo con su juicio ubicará al producto delante, detrás o en el mismo nivel que los productos de la competencia. Por lo que, el control de calidad dentro de una empresa tiene el propósito de procurar satisfacer al consumidor, mientras que la valoración subjetiva del control de calidad debe ser la del consumidor.

Los consumidores esperan del producto cierta garantía de calidad; es decir, el cliente espera que el producto: cumpla con la función por la que lo compró, reúna características necesarias que faciliten su empleo y mantenimiento y posea características agradables de presentación.

El control total de calidad permite competir honestamente en el mercado y tiene como efecto a corto, mediano y largo plazo, elevar los niveles de vida en general, tanto para el cliente, como para la empresa que produce los productos que colmarán las necesidades de los consumidores.

Ahora bien, dentro de las facultades de la Procuraduría, se encuentra actuar de oficio para hacer cumplir las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización por lo que respecta a la vigilancia y verificación de productos o servicios, pero la propuesta que se hace en la presente iniciativa es la  implementación decampañas o actuaciones programadas de control de calidad, con la finalidad de prevenir situaciones de inconformidad por parte de los consumidores por lo que respecta a la calidad de productos o servicios.

La prevención se define como la acción y/o efecto de prevenir, es decir, preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prevenir un daño o dar un aviso, por lo tanto, se entiende como una disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un posible riesgo, teniendo como objetivo lograr que un perjuicio eventual no se concrete. También desde el punto de vista de la materia que nos compete, se puede entender como la advertencia a alguien sobre algo o acerca del peligro que le supone la oferta al público de sus productos o servicios.

A partir, de estos conceptos, se puede decir, que prevenir es anticiparse, realizar actos para evitar un daño o un riesgo, lo que tendrá un efecto positivo para los consumidores ya que advertir ante posibles problemas es la solución que debe darse hoy en día.

Las campañas de prevención, sirven para transmitir información acerca de algún tipo de riesgo, de este modo el beneficio será para toda la comunidad a la cual serán dirigidos los productos y servicios.

Por ello, la implementación de campañas de prevención de control de calidad, tiene como objetivo conseguir que los productos y servicios que sean ofrecidos a la población cuenten con la calidad necesaria, así como también evitar inconformidades por parte de los consumidores. Así, se propone que las campañas de control de calidad será dirigido preferentemente a determinados productos y servicios los cuales son: aquellos de uso o consumo común, los que reflejen una mayor incidencia en los estudios estadísticos, aquellos que sean objeto de reclamaciones o quejas en forma recurrente, conforme a los registros de la Procuraduría, y los que en razón de su régimen o proceso de producción y  comercialización, puedan ser más fácilmente objeto de fraude o adulteración.

Los productos y servicios de uso o consumo común son todos los bienes susceptibles de ser adquiridos con frecuencia de forma inmediata y sin necesidad de cumplir con ningún requisito específico por parte de cualquier consumidor, salvo el relativo al pago del precio que tenga fijado. Se incluyen como tales tres tipos: los alimentos, los productos no alimenticios y los servicios; en esta última categoría se incluyen los suministros de telefonía, energía y agua.

Por lo que hace a los productos y servicios que reflejen una mayor incidencia en los estudios estadísticos respecto de la calidad, características e información que presentan, se entenderán como aquellos que de acuerdo a los datos arrojados por las investigaciones, encuestas y monitoreos que son realizadas y difundidas por la Procuraduría Federal del Consumidor a través del boletín de compra, en la Revista del Consumidor y en internet, reflejen mayor incidencia en cuanto a calidad, características e información deficiente que se presenta al consumidor,  conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.

Se entiende por productos y servicios que sean objeto de reclamaciones o quejas en forma recurrente conforme a los registros de la Procuraduría, aquellos que de acuerdo al buró comercial de la Procuraduría tengan un gran número de quejas, ya que dicho buró comercial es una herramienta que permite a cualquier persona, a través de internet, tener acceso a información de las quejas registradas ante la Institución, misma que se actualiza mensualmente y se publica los días diez de cada mes.

Finalmente, los que en razón de su régimen o proceso de producción y comercialización,  puedan ser más fácilmente objeto de fraude o adulteración en perjuicio de los consumidores y hasta de los mismos proveedores de productos y servicios.

Para llevar a cabo las campañas de control de calidad, debe existir coordinación entre las autoridades, la cual se entiende como el instrumento, la organización y modalidades, que tienen como función vincular a los integrantes de las mismas.  En este caso, las autoridades auxiliares en la aplicación y vigilancia son las autoridades federales, estatales y municipales.

Dichas autoridades, podrán participaren la realización de las campañas de control de calidad preventivas, cuando así lo solicite la propia Procuraduría, y se les proveerá de los instrumentos idóneos, requisitos formales, y de la ordenación material de las actividades; toda vez que la esencia de este vínculo resulta decisiva para alcanzar eficiencia y eficacia.

En tanto, se puede considerar, que al existir una coordinación entre las autoridades el objetivo es actuar como fuerza que dirige en un mismo sentido e imprime congruencia en las actividades, en este caso las campañas preventivas.

Por último, cabe mencionar que las campañas de control de calidad son de carácter preventivo, lo que permitirá evitar cualquier problema a los consumidores en lo referente a la calidad. Lo anterior, a pesar de que la Procuraduría pueda en cualquier momento actuar de oficio para la verificación y vigilancia de productos y servicios, ya dicha actuación se efectúa ordinariamente con un carácter correctivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Senado de la República la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que sea adiciona el primer párrafo del artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer campañas de control de calidad en productos y servicios.

Artículo único. Se adiciona el primer párrafo del artículo 96 dela Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 96.- La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito y realizará, en coordinación con las autoridades a que se refiere el artículo 4 de esta Ley,  campañas preventivas y actuaciones programadas de control de calidad, preferentemente tratándose de los productos y servicios siguientes:

a. De uso o consumo común.

b. Que reflejen una mayor incidencia en los estudios estadísticos respecto de la calidad, características e información que presentan.

c. Que sean objeto de reclamaciones o quejas en forma recurrente, conforme a los registros de la Procuraduría.

d. Aquellos que, en razón de su régimen o proceso de producción y  comercialización, puedan ser más fácilmente objeto de fraude o adulteración.

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su  publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL

(Presentada por las CC. Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia)

“Las que suscriben LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA HERRERA ALE y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVICION CIVIL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los niveles de la seguridad en todos los aeropuertos se elevaron a nivel mundial, particularmente en México, por formar frontera con el país vecino.

El gerente ejecutivo para América Latina y el Caribe de Smiths Detection, señala que los centros aeroportuarios mexicanos, Centro Norte y del Sureste, cumplen con medidas de seguridad comparadas con las que cuentan en aeropuertos de primer nivel.

Asimismo indica que las terminales aéreas de Monterrey y Cancún cuentan con lo último en tecnología avanzada y de última generación para detectar explosivos y cualquier otra amenaza, mientras que el aeropuerto capitalino tiene el mejor proceso de inspección de pasajeros en América Latina.

En el 2013, en el día internacional de la Aviación, Alexandro Argudín Le Roy, director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, señaló que México cuenta con un sólido y seguro sistema de aviación, por lo que el compromiso es fortalecer metas como la seguridad operacional, capacidad y eficiencia de la navegación aérea.   

Ahora bien, México al formar parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se sujeta a los mecanismos legales establecidos por la Organización, mismos que benefician en la protección y en la vanguardia de la aviación civil nacional.

Como muestra del compromiso con la OACI, nuestro país ratificó el 18 de marzo de 1983 el Convenio de Chicago1 sobre Aeronáutica Civil Internacional, que entre otras regulaciones, establece en su artículo 35 las restricciones sobre la carga que pueden llevar los aviones, así como las que establezca la Organización de Aviación Civil Internacional.

En ese sentido, la OACI publicó, el 16 de octubre de 2008, el boletín electrónico EB 2008/32 sobre controles de seguridad para líquidos, aerosoles y gases (LAG), la cual el gobierno mexicano adoptó por medio de una Circular Obligatoria CO SA-17.2 10/R3 emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, manteniendo dicha disposición vigente, misma que se publicó el 1 de mayo del presente año.

Dicha circular tiene como objetivo establecer la regulación, en nuestro país, de los artículos prohibidos a introducir por los pasajeros, tripulaciones, autoridades, dependencias gubernamentales, empleados y usuarios en general, ya sea en su persona o en su equipaje de mano a la cabina del piloto y compartimentos de las aeronaves de servicio público, así como su posesión en las denominadas zonas estériles de  los aeródromos civiles de servicio al público para la prevención de actos de interferencia ilícita. 

De dicha Circular Obligatoria se desprende en el numeral 9.82 que está prohibida la introducción de envases conteniendo Líquidos, Aerosoles y Geles, a las zonas estériles de los aeródromos o a través de los puntos de inspección de pasajeros, a menos que se conserven en envases individuales de una capacidad o superior a los 100ml (o su equivalente), sin importar si están llenos o no, todos los envases deben caber sin dificultad en una bolsa de plástico resellable completamente cerrada, de una capacidad no superior a 1 litro (aproximadamente de 20 x 20 cm o su equivalente).

Es importante mencionar que dicha medida tiene como objetivo: 

1.- Evitar el ingreso a las aeronaves de servicio al público de armas y otros artículos que, por su naturaleza, puedan representar un riesgo para la seguridad de la aviación civil o que pudieran ser utilizados para la comisión de actos de interferencia ilícita;

2.- Regular la entrada a las aeronaves de servicio al público, de equipo y herramienta que por su naturaleza constituya un riesgo para la seguridad de la aviación civil, así como el control de dichos artículos para evitar que sean dejados a bordo de las aeronaves;

3.- Establecer la líneas de coordinación entre los concesionarios o permisionarios de los aeródromos, los concesionarios o permisionarios de los aeródromos, los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, prestadores de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como las autoridades civiles y militares, a fin de que se evite la entrada de armas o artículos prohibidos a las aeronaves que prestan el servicio público de transporte aéreo.

Reforzando lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio de publicaciones que realiza, da a conocer las medidas de seguridad para quienes viajan en avión, así como el equipaje que llevan consigo en los aeropuertos, retomando el tema de quienes llevan en sus bolsas de mano líquidos, geles y aerosoles, indicando que solo estarán permitidos para uso cosmético o de higiene personal en envases individuales que no excedan los 100 mililitros, mismos que tendrán que ir dentro de una bolsa de plástico resellable de 20 por 20 centímetros y en una cantidad total no superior a 1 litro. El contenido deberá caber sin dificultad en la bolsa de plástico, que después de la inspección se cerrará completamente.

Por lo que hace al equipaje de mano pueden llevarse hasta cinco litros de bebidas alcohólicas siempre y cuando se hayan comprado en los establecimientos que se ubican en las salas de última espera del aeropuerto, de lo contrario podrá llevarse cualquier cantidad, pero solamente en el equipaje documentado.

Sin embargo, dicha disposición de seguridad, al no estar regulada en la ley de aviación civil, es objeto de abusos por parte de aerolíneas que prestan sus servicios en los aeródromos de nuestro país, cobrando las bolsas resellables para quienes llevan líquidos, aerosoles y gases, ya que de no contar con dicha bolsa no podrían ingresar a las zonas estériles del aeropuerto o llegar a la sala de última espera.   

Asimismo, el hecho de que se regule en la legislación correspondiente sobre el uso de bolsas resellables, o bolsas de mano comúnmente conocidas como cosmetiqueras o neceser, se atiende a que el contenido de la Ley debe ser claro en su texto, a fin de facilitar su entendimiento, así como  el identificar las disposiciones dentro de la estructura legal; y sobre todo, el de contar con un orden al momento de su aplicación. 

Actualmente la Ley de Aviación Civil establecer que el contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio, estableciendo acuerdos o estipulaciones legales lo que da como consecuencia que se crean obligaciones y derechos para ambas partes que se deben cumplir.

Sin embargo, la información que proporcionan las aerolíneas sobre el uso de bolsas resellables es poco o nula, lo cual crea una afectación o molestia en las personas que hacen uso de los servicios aéreos, al establecer de manera más clara los derechos y condiciones para los usuarias que han de viajar evitará contratiempos y mejor cumplimiento de las disposiciones que velan por los usuarios.  

Por ello la importancia de que una de las obligaciones que debe tener el concesionario o permisionario de una aerolínea, es dar a conocer, al momento de que se adquiere el billete o boleto de vuelo, y por cualquier medio, de manera que el pasajero pueda conocer sobre  los objetos que están prohibidos o restringidos al momento de abordar al avión, así como la manera en que estos pueden ser transportados.

La presente propuesta de iniciativa tiene como objeto establecer de manera clara en la Ley de Aviación Civil que, los pasajeros puedan hacer uso de sus bolsas de mano, comúnmente conocidas como cosmetiqueras, al momento de pasar a revisión de seguridad previo a abordar el avión, mismas que tendrán que cumplir con las medidas establecidas en la Circular Obligatoria CO SA-17.2/10 R3, y que en caso de que los pasajeros no cuenten con algún bolso de mano que cumpla con las características de las disposiciones establecidas, sean las aerolíneas quienes deban proporcionar las bolsas resellables de manera gratuita.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 50 DE LA LEY CIVIL DE AERONAUTICA.

Artículo Unico. Se reforma adicionando dos párrafos al artículo 50 de la Ley Civil Aeronáutica, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 50.

Los pasajeros podrán introducir en una bolsa personal de cualquier material no mayor a 20 por 20 centímetros y que sea fácil de abrir y cerrar, misma que deberá ir en el equipaje de mano, los líquidos, aerosoles y geles permitidos por las autoridades del aeropuerto.

En el caso de que el pasajero no haya sido informado sobre la disposición señalada en el párrafo anterior, el concesionario o permisionario de cualquier aerolínea se obliga a dar de manera gratuita una bolsa de plástico resellable descrita en la Circular Obligatoria correspondiente.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aviación, hará las modificaciones correspondientes a la Circular Obligatoria CO SA-17.2/10 R3, a fin de atender lo señalado en el segundo párrafo del artículo 50 de la presente Ley.    

ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará a cabo las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión a 11 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Marco%20Jur%EDdico%20y%20Regulatorio%20Normativo
/Juridico/Convenios/Convenio%20de%20Chicago.pdf

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00%20Aeronautica/CO_SA-17.2_10_R3.pdf





 

EXCITATIVA

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, recibido el 26 de septiembre de 2013.

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le solicito atentamente que con fundamento en la facultad que le confiere el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Segunda, para que dictaminen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III para quedar como “Del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud” y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la actual para pasar a ser  XVII, del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; Minuta que fue turnada a dichas Comisiones el 26 de septiembre de 2013. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 29 de mayo de 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La iniciativa del Dip. Oliveros propone encontrar mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas y programas en la materia de juventud. Así mismo busca que los jóvenes tengan un espacio en el que emitan su opinión y sean escuchados por los actores responsables de las políticas públicas en materia de juventud en nuestro país a nivel local.

El dictamen de la Colegisladora señala que “de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de jóvenes en México equivale a 36.2 millones, lo que representa a más de un tercio de la población total del país, es innegable que la juventud representa para nuestro país una gran área de oportunidad por la que tenemos que trabajar como legisladores”.

Agrega que “en la actualidad son pocos los jóvenes que tienen interés de participar en las organizaciones juveniles, en involucrase en temas de participación ciudadana, lo anterior según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENV2012), misma que señala que cerca del 93% de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6% de los jóvenes les interesa poco o nada la política”.

La Comisión de Juventud de la Colegisladora, considera que para la correcta evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia de juventud es indispensable que los Consejos Ciudadanos existan a nivel local, dado que generan un monitoreo que abona a la transparencia de los procesos gubernamentales locales y a la rendición de cuentas hacia la sociedad y su población objetivo, los jóvenes. Los Consejos Ciudadanos observarían el buen funcionamiento de los programas de su competencia e interés, y colaborarían con las instituciones y Secretarías correspondientes, ayudando así a construir una visión compartida entre el gobierno y la sociedad sobre el desarrollo de los jóvenes mexicanos. Los Consejos Ciudadanos son un complemento necesario a los quehaceres del gobierno, encaminados a incrementar la eficacia del mismo y centrados al interés común de la sociedad. Los Consejos son una adecuada manera de aprovechar conocimientos y recursos de la ciudadanía en favor del interés público aplicando soluciones eficientes a problemáticas sociales.

En ese tenor, la Comisión estimó viable adicionar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para que sea atribución de dicha Institución el celebrar convenios y acuerdos con entidades locales con el fin de promover la integración de Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud a nivel local. Adicionalmente, con el fin de armonizar la ley a la correcta denominación del Consejo Ciudadano, la

Cámara de Diputados reformó el artículo 8 fracción II inciso c, en relación a los integrantes de la Junta Directiva; y modificó la denominación del capítulo III, lo anterior en congruencia con la reforma al artículo 15 y 15 Bis de la misma ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2011.

El 19 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III para quedar como “Del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud” y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la actual para pasar a ser  XVII, del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, turnándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

El 26 de septiembre del mismo año, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la Minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Juventud y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Ha transcurrido más de un año desde que la Minuta fue turnada a Comisiones y éstas no han emitido el dictamen correspondiente, incumpliendo con el mandato que les impone el artículo 212 del Reglamento del Senado de la República.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, Señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito atenta y respetuosamente, que en uso de sus atribuciones, formule la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, formula atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Segunda, para que dictaminen en el plazo señalado por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III para quedar como “Del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud” y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la actual para pasar a ser  XVII, del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Salón de sesiones del Senado de la República a 11 de noviembre de 2014.

Sen. Francisco Domínguez Servién”.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones que corresponda a fin de cuidar la imagen de México y de la ciudad de México, en el orden internacional y ante la visita de representantes de otros Estados. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una campaña masiva, permanente y gratuita de esterilización de perros callejeros a nivel nacional. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar las medidas, campañas y las acciones conducentes para preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable para proveedores y consumidores, salvaguardando los derechos de estos últimos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION, QUE EXHORTARESPETUOSAMENTE A LA PROFECO Y A LA CONDUSEF A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS, CAMPAÑAS Y LAS ACCIONES CONDUCENTES A PRESERVAR LA ORIGINAL Y LOABLE FINALIDAD DEL DENOMINADO “BUEN FIN”, COMO UN PROYECTO PARA INCENTIVAR LA ECONOMIA DE MANERA FAVORABLE PARA PROVEEDORES Y CONSUMIDORES.

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION, POR EL CUAL SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR (PROFECO) Y COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS, CAMPAÑAS Y LAS ACCIONES CONDUCENTES A PRESERVAR LA ORIGINAL Y LOABLE FINALIDAD DEL DENOMINADO “BUEN FIN”, COMO UN PROYECTO PARA INCENTIVAR LA ECONOMIA DE MANERA FAVORABLE PARA PROVEEDORES Y CONSUMIDORES, SALVAGUARDANDO LOS DERECHOS DE ESTOS ULTIMOS; al tenor de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El “Buen fin”, es un evento comercial realizado cada año en México durante un fin de semana del mes de noviembre, que consiste en la promoción  de productos y servicios por distintas empresas con el fin de fomentar el comercio. Para ello recurren a ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio y créditos a meses sin intereses.

Fue inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos de América y la primera edición fue en noviembre de 2011.

La doble finalidad del proyecto fue buena, por una parte pretende reactivar la economía con la cooperación de los sectores privado y público y por otra que el consumidor tuviera acceso a productos y servicios a precios bajos con promociones que no obtendría en otra época del año.

Con la diferencia, de que el “Buen fin” dura cuatro días y el evento estadounidense del “Viernes Negro” dura sólo uno; además de que éste está encaminado a las compras navideñas, mientras que el “Buen fin” pretendió ir más allá al abarcar también productos de satisfacción de necesidades básicas y que en la parte de las compras navideñas, la población pudiera obtener  mejores precios para ahorrar en esas compras para mitigar los impactos por gastos decembrinos.

En 2011, el “Buen fin” se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre, se informa de la participación de más de 220 mil empresas con descuentos de entre el 10 al 80% y ventas por más de 106 mil millones de pesos. Los que los productos más vendidos fueron de las líneas de electrónica, de vídeos, de telefonía móvil y de muebles.

No obstante, de acuerdo a la precepción ciudadana y estudios realizados por investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, a la postre este programa ha llegado a sentirse más como una campaña publicitaria para incrementar la venta de las empresas participantes, en las que se dan los abusos con precios inflados, en otros casos no se ofertan descuentos y solamente se otorgan facilidades crediticias, con los riesgos de engaños y sobreendeudamientos por aprovechar al máximos las “ofertas” y las facilidades.

Definitivamente estos actos y riesgos de consumo empañan las bondades por las cuales fue implementado el referido “Buen fin” en nuestro país, en el que se pretendieron beneficios tanto a los vendedores como a los consumidores del mercado; que de no cuidarse o preservarse en su objetivo, tarde que temprano el “Buen fin” acabaría causando más perjuicios que beneficios, desvirtuando su razón de ser y desapareciendo con lo que se inició como un buen proyecto de los todos los sectores participantes.

Como ya se dijo, ser víctimas de engaño, gasto excesivo y sobreendeudamiento del consumidor son hipótesis muy riesgosas para la economía de las familias y por ende para la economía en general, por lo que a fin de preservar su objetivo original, valdría la pena que las autoridades competentes tomaran medidas a fin de salvaguardar ambas situaciones: La veracidad del “Buen fin” como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable para proveedores y consumidores, como también, a efecto de que la ciudadanía tome conciencia de sus gastos y capacidad racional y saludable de endeudamiento.

Encaminados a lograr objetivos como los descritos, contamos con instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con atribuciones como las siguientes:

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

ARTICULO 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

ARTICULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva;

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 51.- Con objeto de crear y fomentar entre los Usuarios una cultura adecuada del uso de las operaciones y servicios financieros, la Comisión Nacional se encargará de difundir entre los mismos la información relativa a los distintos servicios que ofrecen las Instituciones Financieras, así como de los programas que se otorguen en beneficio de los Usuarios.

Autoridades que evidentemente pueden aportar bastante a preservar el inicial objetivo del denominado “Buen fin”, máxime que para este año, se realizará ya a escasos días, del 14 al 17 de noviembre, en el que se espera que las ventas se incrementen por cuando menos un 10% por encima de ediciones de años pasados y se reitere el famoso sorteo del “Buen fin”. Se trata de un sorteo fiscal sobre el cual informa el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que para el ejercicio de este año los premios se duplicaran de 250 a 500 millones de pesos para llegar a una cifra de ganadores de 150 mil consumidores. El premio consiste en el reembolso de su consumo pagadero al día 24 de diciembre.

Así pues, la propuesta es hacer todo lo posible para blindar el programa del buen, a efecto de preservar su loable y original intención, a través de las instancias competentes para ello, haciendo un exhorto en tal sentido en los términos que del presente documento se desprende.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencia, implementen las medidas, campañas, revisiones aleatorias y todas las acciones conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen fin”, como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable para proveedores y consumidores; protegiendo a estos últimos de abusos y engaños como los denominados precios inflados; así mismo, a efecto de que la ciudadanía tome conciencia sobre gastos excesivos y su capacidad racional y saludable de endeudamiento.

Dado en el salón de sesiones, a 11 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los mecanismos de vigilancia en los planteles de educación básica para el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A FORTALECER LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA EN LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”.

DE LAS SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA,  ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDOREVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, A FORTALECER LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA EN LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Un índice de masa corporal (IMC) de 25 a 29 significa sobrepeso y mayor de 30 obesidad. La OMS advierte que una mala dieta es un factor de riesgo clave en las enfermedades de riesgo cardiometabólicas. No obstante a nivel mundial, la mayoría de los mercados ofrecen una amplia variedad de alimentos y bebidas ricos en grasas.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que en 2012, 29.0% de las niñas y 28.1% de los varones entre 5 a 17 años tenían sobrepeso en México. En cuanto a los datos que arroja  la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), se observó que 26.6% de los niños varones del país sufre obesidad y 20.8% sobrepeso. En las niñas, el porcentaje con obesidad es de 20.2 y el que padece sobrepeso es de 19.7.En la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 19.8 y de 14.6%, respectivamente.

Bajo este panorama desde ya varios años en nuestro país, se han venido desarrollando acciones para combatir los altos porcentajes de obesidad y sobrepeso en la población infantil y adolescente.

Dentro de las acciones que el Estado ha implementado para dar respuesta a este importante reto de salud pública, podemos mencionar las siguientes:

El Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad (ANSA, 2010). En 2010, tras un análisis del grave problema que representan el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, la Secretaría de Salud impulsó la creación del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA).Este acuerdo fue concertado por el Gobierno Federal junto con la participación de la industria, organismos no gubernamentales y la academia.

Así mismo, el 23 de agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica. Dicho documento tiene como propósito “establecer acciones que promuevan una alimentación y entorno saludable e impulsen una cultura de hábitos alimentarios que favorezca la adopción de una dieta correcta para la prevención del sobrepeso y la obesidad”.

Aunado a lo anterior, nuestro actual gobierno federal ha manifestado su preocupación por continuar y mejorar  las acciones para prevenir la obesidad y el sobrepeso en nuestro país, de ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece en su Meta Nacional II. "México Incluyente", Objetivo 2.2. "Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente", Estrategia 2.2.2. "Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población", así mismo, señala entre sus líneas de acción, la relativa a promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Considerando lo anterior, en mayo de 2014, se emitió el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, entre la Secretaria de Educación Pública y la Secretaría de Salud.  Dicho acuerdo es obligatorio para todas las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional y cuyo objeto es promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica se preparen y expendan alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta; encaminar los esfuerzos y las acciones para que en las entidades federativas se regule, de manera coordinada y unificada, la operación de los establecimientos de consumo escolar; impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una formación alimentaria que permita a niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica desarrollar aprendizajes hacia una vida más sana, y propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas, y demás actores que participan en el quehacer educativo para reconocer a la salud como un componente básico en la formación integral de dicha población.

Es de suma importancia reconocer los esfuerzos que a la fecha se han realizado para combatir los altos índices de obesidad y sobrepeso, sin embargo, es necesario que se realice una estricta vigilancia para el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, actualmente emitidos por la Secretaría de Educación Pública y la de Salud.

Cabe destacar que la obesidad es un factor de riesgo para contraer enfermedades como la diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, malestares cardio y cerebro vasculares, aumento de triglicéridos y colesterol; que antes eran exclusivas de adultos y en la actualidad se presentan tanto en niñas, niños y adolescentes.

Estos problemas de salud que actualmente enfrentan las alumnas y alumnos de las escuelas públicas y privadas de nuestro país, en parte se propician por la falta de consumo de alimentos y bebidas cuyos nutrimentos sean los adecuados para generar un desarrollo integral, el logro de mejores aprendizajes y la permanencia  en las instituciones educativas.

Por lo que la alimentación saludable y adecuada en las distintas etapas de la vida, además de ser imprescindible es un derecho humano. Comer no siempre significa estar bien nutrido, por lo que actualmente la nutrición ha tomado una gran importancia en la vida cotidiana de la población infantil, es por ello que resulta indispensable promover la preparación y el expendio de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta, con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad y condición de niñas, niños y adolescentes escolares.

Con base a lo anterior, consideramos que las autoridades de educación de nuestro país sumando esfuerzos para promover una alimentación escolar correcta deberán llevar a cabo una vigilancia permanente y adecuada para el cumplimiento de las de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en los planteles educativos, como medida para combatir los altos índices de obesidad y sobrepeso en nuestro país.

Por  lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno Legislativo de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, A FORTALECER LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA EN LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 11 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.





 

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita que la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dé cuenta al Pleno sobre la facultad exclusiva del Senado de la República para nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Quedó en poder de la Mesa Directiva.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE QUE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA  DE CUENTA AL PLENO DE ESTA SOBERANIA, SOBRE LA FACULTAD EXCLUSIVA QUE DEBE EJERCER EL SENADO DE LA REPUBLICA PARA NOMBRAR POR APROBACION DE DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEMBROS PRESENTES, AL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

“El suscrito DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senador de la República por el Estado de Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El Proceso Electoral 2014-2015 será la primera elección que se llevará a cabo bajo la normatividad electoral derivada de la reforma constitucional en materia política-electoral de 2013. Dicha reforma contempló 56 iniciativas presentadas por Senadores de la República de todos los Grupos Parlamentarios, en las que se plantearon una serie de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma fue aprobada el 13 de diciembre de 2013, y posteriormente, el 22 de enero de 2014 se emitió la declaratoria de constitucionalidad con el voto de 18 Legislaturas de los Estados.

SEGUNDO.- El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

En dicho Decreto, se estableció textualmente en el primer párrafo del artículo DECIMO OCTAVO TRANSITORIO, que: “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo…”.

TERCERO.- También, derivado de la reforma político-electoral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014,la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma que en su artículo SEPTIMO TRANSITORIO, establece que: “Conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el Senado de la República deberá nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de los sesenta días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto…”.

CUARTO.- Ahora bien, desde el 24 de mayo de 2014, fecha en la que inició su vigencia la Ley General en Materia de Delitos Electorales, hasta el día de hoy han transcurrido más de 60 días, dentro de los cuales por disposición legal, el Senado de la República debió nombrar por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, lo cual no ha sucedido.

QUINTO.- Conforme a los artículos 229 y 230 numeral 1, fracciones VII y XI, del Reglamento del Senado de la República, son procedimientos especiales aquellos que realiza el Senado para el cumplimiento de sus facultades exclusivas, dentro de los cuales está la de realizar designaciones que le competan en términos de la Constitución y las leyes; así como realizar las demás funciones y actividades que de manera exclusiva le atribuyan de manera exclusiva la Constitución y las leyes.

Con base en  lo anterior, en el nombramiento que debe realizar el Senado de la República del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, se está frente a una facultad exclusiva y un procedimiento especial que se debe llevar a cabo inmediatamente  que se actualice el supuesto previsto en la ley.

Robustece lo anterior, lo dispuesto por el artículo 255 numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, el cual refiere que le corresponde al Senado hacer los demás nombramientos (distintos a los propuestos por el Ejecutivo Federal) o pronunciarse sobre ellos, conforme lo disponen las leyes respectivas.

En ese sentido, también el artículo 256 numeral 1, de mismo ordenamiento normativo, establece que cuando corresponde al Senado nombrar directamente algún servidor público y no existen disposiciones expresas en la Constitución o las leyes que regulen el procedimiento correspondiente, se está a lo dispuesto por dicho Reglamento.

SEXTO.- Ahora bien, en el artículo 257, se señala expresamente que una vez que se actualiza el supuesto jurídico para que el Senado ejerza  sus facultades de nombramiento respecto de un determinado cargo público, como es el caso que nos ocupa del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República,  “el Presidente da cuenta al pleno y se procede conforme a lo siguiente…”. Situación que no ha sucedido a la fecha del presente documento.

SEPTIMO.- La intención de esta proposición es que las fuerzas políticas integrantes de esta Cámara, se pongan de acuerdo en el procedimiento que se seguirá para tal designación. Habida cuenta que este Senado de la República se encuentra en falta al haber transcurrido más de los 60 días que establecen las disposiciones transitorias de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sin que haya habido algún pronunciamiento o turno a comisiones por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva, sobre la designación del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

OCTAVO.- La importancia de este nombramiento es de suma trascendencia para el País, por las próximas elecciones que se avecinan, y por ende es necesario que se cuente con el perfil adecuado del servidor público que ocupará tan importante función.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Que en cumplimento a la obligación que establece el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República, y actualizado el supuesto instituido en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, respetuosamente la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República de cuenta al Pleno de esta Soberanía, sobre la facultad exclusiva que se debe ejercer para nombrar por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

Senado de la República, a 11 de noviembre 2014

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones correspondientes para proteger la tenencia y la propiedad de la tierra dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul en el estado de Campeche y garantizar la protección de su riqueza natural y cultural. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO,  A FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROTEGER LA TENENCIA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, Y GARANTIZAR LA PROTECCION DE SU RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL.

“El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador del Grupo Parlamentario del PRI a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROTEGER LA TENENCIA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, Y GARANTIZAR LA PROTECCION DE SU RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 23 de mayo de 1989, por decreto presidencial, se declaró a Calakmul, Campeche, como Reserva de la Biosfera con una superficie de 723,185 hectáreas ubicadas en los Municipios de Champotón y Hopelchén, a fin de sujetar la región al régimen de protección dentro del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. Dentro de la Reserva se establecieron dos zonas núcleo denominadas zona núcleo I con una superficie de 147,915 hectáreas y zona núcleo II con 100,345 hectáreas y una zona de amortiguamiento con una superficie de 474,924 hectáreas. La Reserva de la Biosfera de Calakmul se considera la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América y es considerada el corazón del corredor ecológico de la selva maya al dar continuidad ecológica a los bosques de México, Guatemala y Belice, y al permitir la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de procesos ecológicos dinámicos y evolutivos de las especies, así como el mantenimiento de poblaciones de especies con altos requerimientos espaciales como son los animales que realizan migraciones locales (mariposas, pericos, aves acuáticas, murciélagos) y los grandes depredadores con gran capacidad de movimiento como el jaguar y el puma.

Dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul se ubica la Antigua Ciudad Maya de Calakmul, la cual abarca aproximadamente 70 km² y cuenta con más de 6,000 estructuras. Calakmul llegó a ser la capital de un estado regional de aproximadamente 13,000 km² y fue, junto con Tikal, El Mirador y Palenque, uno de los grandes poderes regionales durante el período Clásico de la cultura maya.

Durante la 26 ava. Sesión del Comité del Patrimonio de la Humanidad celebrada en Budapest, Hungría, del 24 al 29 de junio de 2002, la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial con la categoría de Bien Cultural, con base en diversos criterios como el número de estelas conmemorativas que dan cuenta del desarrollo político y espiritual de la ciudad y la buena conservación de los monumentos y espacios abiertos que representan el desarrollo arquitectónico, artístico y urbano en un período que abarca doce siglos. Además, se consideraron diversos criterios naturales. Calakmul es una significativa representación ecológica y biológica de la evolución y el desarrollo de ecosistemas de agua dulce y de las comunidades de plantas y animales terrestres, costeros y marinos. Las selvas de Calakmul son una evidencia de la larga interacción entre el hombre y la naturaleza en la que su composición florística y estructura actuales son en gran parte resultado de las milenarias prácticas agrícolas y silvícolas de los mayas, que conjugan procesos de selección humana y la regeneración de los sistemas naturales, que son prácticas de manejo tradicionales de las comunidades indígenas que aun habitan la región. Es además una importante zona de captación de agua, factor clave en el desarrollo de la cultura maya en la Antigua Ciudad de Calakmul y sus alrededores.

Calakmul contiene los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellas especies amenazadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia de la conservación; aloja 1,569 especies registradas de flores, 48 especies de peces; 19 especies de anfibios; 84 especies de reptiles; 398 especies de aves y 107 especies de mamíferos. Es el hogar de dos de las tres especies de primates, dos de las cuatro especies de desdentados y cinco de las seis especies de felinos que existen en México. Las especies están adaptadas a las condiciones geológicas y naturales particulares, como es la menor disponibilidad de agua y la presencia de humedad, fuego y huracanes.

El área de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul comprende 38 centros arqueológicos denominados: Calakmul, Altamira, Balakbal, Champerico, Dos Aguadas, El Gallinero, El Zacatal, La Muñeca, Los Hornos, Oxpemul, Uxul, Yaxnohcah, Candzibaantún, Cheyokolnah, Chicaanticaanal, El Laberinto, Las Delicias, Las Tuchas Bravas, Los Tambores, Olvidado, Pared de los Reyes, Buenfil, Chanarturo, El Chismito, La Retranca, Los Escalones, Marihuana, Aguada Laberinto, Aguas Amargas, Cerros de Yeso, Chilar, Chumbec, Dos Caobas, El Cerrón, Naachtún Noroeste, Piedra Rota, Puerto México y Villahermosa

Con la inscripción de Calakmul en la Lista de Patrimonio Mundial con categoría de bien cultural realizada en 2002 el área natural protegida se extendió a 331,397 hectáreas más, por lo que la Reserva de la Biosfera de Calakmul abarca a partir de entonces un total de 1,054,582 hectáreas.

El 21 de junio de 2014, durante la 38 ava. Sesión del Comité de Patrimonio de la Humanidad celebrado en Doha, Catar, la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul fue inscrita como Bien Mixto (cultural y natural) convirtiéndose así en el primer sitio mixto de México, el cuarto de América Latina y el treinta y uno del mundo.

Cabe destacar que casi el 40% de la superficie del estado de Campeche pertenece a áreas naturales protegidas al contar con 3 Reservas de la Biosfera Federal: Calakmul, Petenes y Laguna de Términos; 2 Reservas Naturales Estatales: Balamkim y Balamku y 1 Reserva Municipal: El Salto, en el municipio de Candelaria.

Existen tres modalidades de tenencia de la tierra dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul: ejidos, propiedades privadas y terrenos nacionales. Un ejido es una porción de tierra no cultivada y de uso público; una propiedad privada otorga al poseedor los derechos de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de, y dejar en herencia una porción de tierra y un terreno nacional es aquel descubierto, deslindado y medido por comisiones oficiales o por compañías autorizadas para ello, y que no han sido legalmente enajenados.

Las leyes federales, estatales y municipales y los programas de manejo y sustentabilidad se han ocupado de proteger los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Sin embargo, hoy enfrentamos otra problemática que afecta seriamente la integridad de éstas áreas: la coordinación y aplicación efectiva de las leyes vinculadas a los diferentes tipos de tenencia de la tierra que existen dentro de ella y que son susceptibles de generar actos ilegales traslativos de dominio.

Con el nombramiento de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul como Bien Mixto se ha incrementado la inquietud sobre la probable existencia de casos ilegalidad en la posesión de terrenos nacionales. Un claro y recurrente mecanismo que se está suscitando para comercializar terrenos nacionales es su escrituración ilegal creando un contrato privado de compra venta con fecha anterior y con posterior protocolización ante Notario Público, de tal manera que logran registrar, tanto en el Registro Público de la Propiedad como en el Catastro Municipal el contrato ya notariado.

En el Decreto por el que se declara Reserva a la Biosfera Calakmul, en su artículo cuarto dice: “quedan a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología -hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)- los terrenos baldíos y nacionales comprendidos en la reserva de la biosfera Calakmul, no pudiendo dárseles otro destino que el especificado en el presente ordenamiento, incorporándose a los bienes de dominio público de la federación. Dichos terrenos serán inafectables en los términos del artículo 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.”; y en el artículo quinto dice: “los propietarios y poseedores que se encuentren dentro de la superficie de la reserva de la biosfera Calakmul, estarán obligados a la conservación del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología -hoy SEMARNAT-, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 69 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.”

En el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se especifica que: “las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y  jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad  del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques  comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.”

Esta misma Ley, en su artículo 48 dice: “las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Para el caso de zonas núcleo que se ubiquen en zonas marinas deberá limitarse el tráfico de embarcaciones de conformidad con el programa de manejo respectivo.

Asimismo, se deberán regular los aprovechamientos no extractivos de vida silvestre que deberán de ser de bajo impacto, y de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría.

Por su parte, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.”

La política integral de aprovechamiento sustentable que impulsa el gobierno federal incluye de manera prioritaria la integridad de todos los ecosistemas de nuestro país. Para lograr esta integridad, es necesario cuidar los espacios territoriales, no solo a través de la debida protección normativa de los mismos sino que es necesaria una protección coordinada y concurrente entre las entidades de gobierno correspondientes y la sociedad ante el embate de intereses parciales que solo buscan un objetivo particular.

Es necesario proteger la tenencia de los terrenos nacionales, de los ejidos y de las propiedades privadas que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, para lo cual todas las dependencias responsables de la integridad de dichas modalidades de tenencia de la tierra deberán coordinarse permanentemente para poner atención a los casos de escrituración indebida de terrenos nacionales y vigilar que dentro de la poligonal de reserva no se lleven a cabo actividades que no correspondan a las autorizadas dentro de la Reserva.

La SEMARNAT ejerce la facultad federal de establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia federal, como es el caso de la reserva, según lo establece el artículo 5º, fracción VII, y el artículo 6º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. A su vez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como órgano desconcentrado de la SEMARNAT, es la instancia que goza de la atribución de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las ANP, de conformidad con el artículo 45, fracción I, del Reglamento Interior de la SENARNAT.

La problemática señalada en la presente proposición con Punto de Acuerdo se agudiza porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que es la dependencia encargada de la administración de los terrenos baldíos y nacionales, según lo dispone el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su fracción IX, carece actualmente de un inventario de terrenos nacionales, lo cual representa un problema para vigilar y monitorear la propiedad y las actividades que se realicen dentro de estos terrenos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe somete a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Este H. Senado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, realice un inventario de las áreas consideradas como bienes nacionales ubicados dentro de la poligonal de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, a fin de que determinen la situación jurídica de los mismos y, en caso de que existan irregularidades que contravengan las disposiciones legales actúen conforme a derecho.

SEGUNDO: Este H. Senada exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo operativos, de manera periódica, de inspección y vigilancia en los bienes nacionales, así como en los  ejidos y en las propiedades privadas, que se ubiquen dentro de la poligonal de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, con el fin de evitar que se lleven a cabo actividades que no correspondan a las autorizadas dentro de las mismas.

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz”.





 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015, SE PRIVILEGIEN LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, AHORRO PRESUPUESTAL, EFICIENCIA Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE POR EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2015, SE PRIVILEGIEN LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, AHORRO PRESUPUESTAL, EFICIENCIA Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO; ASÍ MISMO SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES PARA QUE, DURANTE EL ESTUDIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, SE PRIVILEGIEN LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, AHORRO PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es de todos sabido, que este año, ha sido muy complicado para la economía nacional, producto de la implementación de una mala reforma fiscal que mantiene como punto central al gobierno como el único capaz de impulsar y generar desarrollo económico.

Los puntos de la reforma fiscal aprobada el año pasado tuvieron como objetivo principal incrementar los ingresos tributarios del gobierno federal, pero no a través de una ampliación de la base recaudatoria sino a través de un incremento en la carga impositiva de los contribuyentes cautivos.

Preocupa que, en el marco de ésta falta de crecimiento económico, no existan pronunciamientos ni acciones claras y contundentes por parte del gobierno federal en cuanto a los criterios de ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.

Lo anterior bajo el argumento de que cuando es posible adecuar sin límite el presupuesto durante el ejercicio fiscal, en automático se desincentiva una planeación correcta del mismo lo que incide directamente en la eficiencia del gasto.

En relación con lo anterior, es preciso mencionar que en nuestro país, aun se concibe al presupuesto como una herramienta de los gobiernos, más que como una herramienta de los ciudadanos. La realidad es que ese presupuesto es en gran medida fondeado con los recursos de los ciudadanos, por lo que su totalidad les pertenece y debe ser implementado y distribuido con los mejores criterios.

Uno de los gastos que representan grandes problemas es el gasto federalizado, este gasto suele ser motivo de importantes adecuaciones y en donde la propia Auditoria Superior de la Federación ha evidenciado la mala gestión de sus recursos. De hecho, una alta proporción de las auditorías que encontraron irregularidades en el uso de los recursos corresponden al gasto federalizado, que incluye a los Ramos Generales 23 y 33, aquellos cuyos mecanismos para adecuar sus presupuestos no se regulan en la normatividad; en este sentido es importante mencionar que los daños o perjuicios que se cometieron en contra de la Hacienda Pública, del patrimonio de los entes públicos o de las entidades paraestatales el 76% corresponde a los ramos 23, 33 y otros que manejan el gasto federalizado.1
En este contexto, es preciso mencionar que en los últimos 10 años nuestro país ha destinado una importante proporción de su Producto Interno Bruto al gasto de capital, en comparación con otros países de nivel de desarrollo similar o de mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, al analizar la evolución del crecimiento económico y de la productividad en ese mismo periodo, no se perciben mejoras significativas en esos ámbitos.

Es decir, en comparación con otros países, en México estamos rezagados. La mala gestión de los recursos invertidos está limitando su rentabilidad, por lo que ese gasto no está jugando el papel que le corresponde para impulsar mejores resultados. Por ello es que se debe reconocer que es necesario se privilegien los criterios de asignación de gasto particularmente las adecuaciones presupuestarias, el gasto destinado a programas y proyectos de inversión.

Además, como un dato, resulta de gran relevancia mencionar la evolución a la alza que ha tenido la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el gasto neto del sector público en donde de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a septiembre dicho gasto aumentó  8.5 % respecto al mismo periodo del  año anterior. El gasto programable en los primeros nueve meses del presente año se incrementó 9.2%, mientras que el gasto corriente y de servicios personales se incrementaron 6.7% y 1.8% respectivamente.2Es así, que en lo que va de la presente administración, el Presupuesto de Egresos de la Federación se ha incrementado en 18%, lo anterior al contrastar lo aprobado en 2013 y lo propuesto para 2015.

Ante estos significativos incrementos, es que los senadores de Acción Nacional buscamos en todo momento que en nuestro país prevalezcan los criterios de austeridad y ahorro y haciendo hincapié en que atravesamos un momento que es decisivo para la vida del país y la economía de todos los ciudadanos,  debemos dar un viraje privilegiando la austeridad y la disciplina, dejando atrás los excesos en el gasto público, es por estas razones que presento el siguiente Punto de Acuerdo, en el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que al momento de analizar, discutir y aprobar el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2015 se privilegien los criterios de austeridad, eficiencia, ahorro presupuestal y racionalidad en el gasto público. Así mismo solicitamos que los Congresos Locales privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal y eficiencia del gasto público al momento de discutir su presupuesto.

Por lo anteriormente expuesto, pongo en consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.

Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta a los Congresos Locales para que, durante el estudio del Presupuesto de Egresos de la entidad correspondiente para el ejercicio fiscal del año 2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal y eficiencia del gasto público.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, a 11 de Noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.

1 Descifrando la Caja Negra del Gasto, México Evalúa.

2 Consulta de Estadísticas oportunas de Finanzas Públicas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Sonora a solicitar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado, realizar las investigaciones correspondientes en relación al probable cobro de dádivas por parte del gobierno del estado de Sonora entre 2009 y 2011 para favorecer a la empresa Bizjet International Sales and Support en la asignación de contratos para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de flota aérea y, en su caso, se sancione a los responsables. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, ASI COMO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACION AL PROBABLE COBRO DE DADIVAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ENTRE 2009 Y 2011, PARA FAVORECER A LA EMPRESA BIZJET INTERNATIONAL SALES AND SUPPORT EN LA ASIGNACION DE CONTRATOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA AEREA, Y EN SU CASO SE SANCIONE A LOS RESPONSABLES. 

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Los servidores públicos tienen la obligación de conducirse de manera eficaz, eficiente y transparente, siempre en un marco de pleno respeto al Derecho así como al interés general. En su artículo 108, nuestra ley fundamental señala que, entre otros, se reputan como servidores públicos al Presidente de la República y a los Gobernadores de las entidades.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, es menester que los servidores públicos se conduzcan bajo el más estricto principio de legalidad, incluidas las leyes y normas relativas al manejo de los recursos económicos públicos.
 
Las anteriores consideraciones adquieren mayor relevancia en virtud de que el lunes 04 de agosto de 2014, en medios de comunicación se dio a conocer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que el ex presidente y ex director de la empresa Bizjet, reconoció haber llevado a cabo el pago de sobornos para que la empresa que representa recibiera trato preferencial en la asignación de los contratos para realizar servicios de mantenimiento y reparación de la flota aérea.

De acuerdo con el gobierno norteamericano, los hechos materia de la declaración ocurrieron entre 2009 y 2011, los servicios autorizados por las autoridades de nuestro país representaron contraprestaciones superiores a los 20 millones de dólares y obedecen a sobornos hechos a funcionarios de los estados de Sinaloa y Sonora, la Policía Federal Preventiva y la Presidencia de la República. 

Aunque las declaraciones han sido desestimadas por los implicados, por la naturaleza de las imputaciones, es fundamental que se lleven a cabo las investigaciones que permitan sancionar a los responsables.

Sin embargo, desde 2012 ya se había dado a conocer la existencia de una probable red de corrupción, situación ante la cual, de acuerdo a medios de comunicación, el Ejecutivo sonorense señaló que no toleraría el mal uso de los recursos de la entidad, es decir, que con antelación ya había tenido conocimiento de lo acontecido.

Derivado de lo anterior el 09 de marzo del año en curso, la Contraloría recibió oficio de la Procuraduría General de la República en relación a una investigación en contra de la empresa BizJet International Sales and Support, por presuntos sobornos ofrecidos a funcionarios públicos estatales entre el 2004 y 2009, para ser favorecidos en la asignación de contratos de mantenimiento a las aeronaves o el suministro de componentes y refacciones. Sobre el particular el titular del Ejecutivo del Estado de Sonora señaló que se debía seguir un proceso, mismo que atendería de manera personal.

Empero, actualmente siguen sin determinarse las penas que conforme a derecho procedan y ahora, además existe omisión por parte de los funcionarios involucrados en los actos de corrupción. De esta manera, es crucial la intervención de la Procuraduría General de la República, institución que por imperio de ley tiene como objetivo contribuir a garantizar el respeto al Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Federal a través de la procuración de justicia federal eficaz y eficiente, observando en todo momento los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.  

En lo que concierne al Gobierno del Estado de Sonora, es preciso señalar que además de estos actos, se ha visto relacionado con diversos asuntos derivados de su mal desempeño, conflictos que van desde irregularidades en el uso y destino de recursos públicos, hasta la limitación de derechos humanos como son el del acceso al líquido vital o al acceso a los servicios de salud.

En consecuencia, la población de la entidad no está de acuerdo con el desempeño del Gobernador panista, así lo muestran los resultados de la “Evaluación Ciudadana sobre Desempeño e Imagen Institucional, Gobierno del Estado Sonora 2014”, elaborada por la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión de la Universidad de Sonora, la cual señala que el 42.5% de las personas encuestadas desaprueba completamente al mandatario y en contraste, sólo el 9.4% lo aprueba completamente.

En el PRI estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por ello es fundamental que los hechos que motivan la presente proposición con punto de acuerdo sean investigados y dirimidos con la mayor celeridad que permita las etapas procedimentales, en virtud de que como hemos referido, los representantes populares, tenemos la obligación de ser los primeros en respetar el derecho vigente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Sonora, para que en el ámbito de sus atribuciones,  solicite al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado realicen las investigaciones correspondientes en relación al probable cobro de dádivas por parte del Gobierno de la entidad entre 2009 y 2011, para favorecer a la empresa BizJet International Sales & Support Inc. en la asignación de contratos para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de flota aérea, y en su caso se sancione a los responsables.

Segundo. El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones realizadas a funcionarios de la Presidencia de la República y Policía Federal que recibieron sobornos de la empresa estadounidense BizJet International Sales & Support Inc., para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves y helicópteros entre 2009 y 2011.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Partido Revolucionario Institucional”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar la asignación de 650 plazas laborales operativas de base definitiva a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 180 al Instituto Nacional de Pesca; y exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se otorgue un mayor presupuesto a dichas dependencias que les permitan cumplir con las atribuciones que la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables les confieren. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado los dos primeros resolutivos y a la Cámara de Diputados el último de ellos.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato a iniciar una investigación en contra del ex gobernador de ese estado por su probable responsabilidad, por acción u omisión, en diversas irregularidades ocurridas en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, durante 2011. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CON OBJETIVIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, INICIE UNA INVESTIGACION EN CONTRA DEL EX GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD, POR ACCION U OMISION, EN DIVERSAS  IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL DURANTE 2011.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

En las últimas décadas la salvaguarda de la niñez se ha convertido en un tema fundamental dentro de la agenda de la comunidad internacional, y México no es la excepción, prueba de ello son los múltiples instrumentos internacionales que al respecto ha suscrito el estado mexicano, como son la Declaración de los derechos del niño; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José Costa Rica); y el Convenio 182 Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, por mencionar algunos.   

En complemento a lo anterior, en nuestra legislación la protección del pleno desarrollo de la niñez encuentra su base en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que establece el interés superior del menor, el cual a la letra, dice:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Si bien es cierto que para poder alcanzar estos objetivos se requiere del trabajo conjunto de sociedad y gobierno, también lo es una de las instituciones más trascendentes es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nacional y los de las entidades, en virtud de que además de tener a su cargo la conducción de políticas públicas en materia asistencial que promuevan la integración de la familia, también lleva a cabo la promoción de acciones tendientes a mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guanajuato, busca fortalecer el desarrollo integral de las personas y las familias a través de acciones efectivas que impulsen la participación organizada, la igualdad de oportunidades, la prevención de riesgos psicosociales, el desarrollo comunitario y la orientación alimentaria, que permita acceder a una mejor calidad de vida.

En consecuencia, debido a la trascendencia de los fines de esta institución, es imperativo que en todo momento se conduzca bajo los principios de legalidad y transparencia. En caso de que éstos se contravengan, sin mayor dilación, las personas responsables deben ser sancionadas conforme a lo establecido en la legislación estatal o federal, según sea el caso.

En este sentido, en días recientes se dio a conocer en medios de comunicación que el Organo de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, detectó diversas irregularidades en el DIF estatal, ocurridas en el año 2011, mismas que en su conjunto ascienden a 52 millones 55 mil 298 pesos.

En términos generales, las irregularidades versan sobre liquidaciones que no correspondían, modificación de contratos incumplidos, retraso en las fechas de entrega pactadas y apoyos sociales no entregados.

Entre otras, las irregularidades que se llevaron a cabo estriban en el manejo inadecuado de los programas alimentarios, en donde en diversas ocasiones se observó el incumplimiento de contratos por parte de las empresas proveedoras. Asimismo, destaca que al hacer la compulsa entre la partida de ayudas sociales a personas y los beneficiarios, se observa que la Dirección de Protección Jurídica Familiar no entregó los apoyos y en otros casos fueron entregados parcialmente a las personas señaladas.

Otro incumplimiento grave señalado por el órgano fiscalizador se presentó en la compra de 7 millones 151 mil 753 piezas de mezcla de dos frutas deshidratadas por siete millones 938 mil 445 pesos a la empresa Productos Serel, S.A. de C.V., en este caso, no se cumplieron las fechas pactadas en el calendario de entrega por dos millones 104 mil 604 pesos, situación que sin duda, se dio en detrimento de la población infantil de la entidad.

A pesar de la gravedad de las irregularidades, en su mayoría, éstas sólo derivaron en observaciones administrativas y civiles. Para dimensionar la magnitud de los hechos, basta decir que además de la probable comisión de ilícitos como es el robo calificado, todas repercuten en las funciones primarias del sistema y, en consecuencia, se traduce en el menoscabo de la niñez de la entidad. 

En consecuencia, para los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es importante una vez que se han constatado diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, todos los responsables sean sancionados conforme a derecho proceda.

En este sentido por la naturaleza del sistema, es crucial que se lleven a cabo las investigaciones conducentes en torno a la participación, por acción u omisión, del entonces gobernador de la entidad, y en su caso, se apliquen las penas y medidas conducentes.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones, con objetividad, eficiencia y profesionalismo, inicie una investigación en contra del ex Gobernador del Estado de Guanajuato, por su probable responsabilidad, por acción u omisión, en diversas irregularidades ocurridas en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal durante 2011.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014.

Partido Revolucionario Institucional”.





 

Del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a remitir un informe detallado sobre las causas por las cuales se otorgó a la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, un contrato de arrendamiento y mantenimiento para los trenes de la Línea 12 del Metro, con un tipo de cambio fijado en 16.75 pesos por dólar. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANIA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE OTORGO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LOS TRENES DE LA LINEA 12 DEL METRO, CON UN TIPO DE CAMBIO FIJADO EN 16.75 PESOS POR DOLAR.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este H. Senado, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las principales ciudades del mundo viven el desafió de la movilidad rápida y segura. Ciertamente el Gobierno del Distrito Federal desde hace décadas ha instrumentado un Sistema de Transporte Colectivo, alternativa que a través de los años se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación para la capital, sus delegaciones y zona metropolitana.

Para atender esta necesidad, de acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo se han construido 12 Líneas y puesto en marcha un parque vehicular de 390 trenes, que está integrado por 4 modelos férreos y neumáticos.

Lamentablemente la llamada Línea Dorada desde su apertura el 30 de octubre de 2012, ha presentado una serie a fallas técnicas, operativas y de gestión, que se traduce en viajes inseguros, lentos y servicios ineficientes que ponen en peligro la vida de miles de usuarios diariamente.

Por múltiples problemas a lo largo de sus 24 mil 475 km, fue necesario cerrar 11 de las 20 estaciones lo que ha generado molestias, pérdidas económicas y de tiempo.

La construcción de la Línea 12 del Metro se ha encontrado inmersa en una serie de irregularidades. Los contratos que celebró el Gobierno del Distrito Federal con diversas empresas han sido poco transparentes y, más grave aún, tienen fallas que costarán al erario público miles de millones de pesos rectificar y poner nuevamente en funcionamiento.

En días recientes el titular de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Abraham Amador Zamora señaló que para la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el año próximo se deben presupuestar más de 500 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario del GDF, durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón se firmó con la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, CAF, un contrato para el arrendamiento y mantenimiento de la citada línea por un monto que asciende a los 1, 588 millones de dólares, con un tipo de cambio fijado a los 16.75 pesos por dólar.

Una cifra alta en comparación con el tipo de cambio registrado en los últimos 15 años para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América pagaderos en la República Mexicana, pues el precio del peso mexicano con respecto al dólar pasó de 9.5190 el 15 de octubre de 1999 a 13.4203 el 15 de octubre de 2014, registrándose la fluctuación más alta en marzo de 2009 donde se ubicó en 15.3517, el cual está por debajo del tipo de cambio contratado por el Gobierno del Distrito Federal.

Con el objetivo de transparentar las operaciones de la construcción de la Línea 12 del Metro y contar con la información sobre todas las irregularidades que llevaron a su cierre parcial, es que el Grupo Parlamentario del PRI solicita a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal –en especial a la Secretario de Finanzas y al Director del Transporte Colectivo Metro–, a que informen a esta Soberanía las causas por las cuáles estos contratos se realizaron a un tipo de cambio de 16.75

Asimismo, a que informe cada uno de los pagos realizados hasta el momento y los programados en un futuro a realizarse a la Empresa CAF para el mantenimiento de los trenes.

Por lo anteriormente expuesto, y preocupados porque se esclarezcan todas las irregularidades que se han detectado en la construcción y el mantenimiento de la Línea 12 del Metro, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. ESTE H. SENADO EXHORTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANIA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE OTORGO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LOS TRENES DE LA LINEA 12 DEL METRO, CON UN TIPO DE CAMBIO FIJADO EN 16.75 PESOS POR DOLAR.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 11 de noviembre del año 2014.

Partido Revolucionario Institucional”.





 

Del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación realizar y remitir un informe integral que señale las irregularidades, afectaciones al erario y los procesos que han llevado a cabo en contra de servidores públicos y particulares por acciones y omisiones relacionadas con la construcción del monumento Estela de Luz, así como los gastos efectuados con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A REALIZAR Y REMITIR A ESTA SOBERANIA, UN INFORME INTEGRAL QUE SEÑALE LAS IRREGULARIDADES, AFECTACIONES AL ERARIO, LOS PROCESOS QUE HAN LLEVADO A ACABO EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES POR ACCIONES Y OMISIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASI COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha señalado en los ejercicios de fiscalización que año con año lleva a cabo diversas irregularidades  en el rubro de obra pública, siendo los más recurrentes los pagos improcedentes o en exceso; el incumplimiento de las disposiciones legales y normativas; la inadecuada planeación y programación de las obras, así como inconsistencias en la formalización de contratos, convenios o pedidos.

Precisamente una de esas obras fue la construcción del Monumento denominado Estela de Luz, el cual tuvo un costo para el erario público de mil 139 millones de pesos, 300% más de los previsto y 743 días para su ejecución, 195% más del tiempo planeado para su entrega.

Con el costo de dicho monumento se pudo haber pagado la deuda de municipios como Tlaquepaque en Jalisco, que tiene una deuda de 797 millones de pesos, de Mexicali, Baja California que asciende a 757 millones de pesos y la de Hermosillo en Sonora, quien debe 734 millones de pesos según cifras de la ASF en agosto de 2012.  A nivel estatal, se pudo haber solventado el 16% la deuda de Baja California.

Para tener presente el contexto en el cual fue creada la denominada Estela de Luz, es oportuno señalar que el 19 de junio de 2006 se llevó a cabo la instalación de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, el cual tenía como objeto construir un monumento representativo de tan relevantes acontecimientos en la historia nacional.

Sin embargo, lo que debió ser una obra de arte única de la arquitectura mundial y pieza inigualable de la ingeniería moderna, debido a la ilegalidad y falta de transparencia con que se manejó el diseño y construcción de este monumento, terminó siendo un poco estético y rodeado de irregularidades y actos de corrupción. 

De esta manera, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México el 15 de enero de 2009 se llegó a la determinación de convocar a un grupo de destacados arquitectos con el propósito de que participaran en el Concurso Nacional del Anteproyecto para la Construcción del monumento conmemorativo.

Como sabemos, en medio de diversas polémicas, el proyecto ganador fue “Estela de Luz”, su edificación presentó una serie de incumplimientos y presuntos actos anti jurídicos. Así después de más de 15 meses de retraso, el 7 de enero de 2012 fue inaugurado uno de los monumentos más controvertidos de la historia contemporánea de nuestro país.

Ante las múltiples inconformidades que se generaron tras la conclusión de esta construcción, la Auditoria Superior de la Federación realizó diversas auditorías encaminadas a corroborar si los recursos públicos que le fueron asignados se ejercieron con eficiencia, eficacia, economía y con base a las disposiciones legales aplicables.

Bajo este contexto, el organismo fiscalizador dio a conocer que derivado de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al periodo 2009-2011, se fiscalizaron las siguientes entidades: Secretaría de la Función Pública (SFP); el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO); I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR Constructora, S.A. de C.V.

De esta manera, la Auditoria Superior de la Federación emitió 106 observaciones, las cuales a su vez produjeron 142 acciones, distribuidas de la siguiente manera: 36 recomendaciones, 5 solicitudes de aclaración, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 86 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y 2 denuncias de hechos.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que entre las irregularidades que quedaron de manifiesto, antes y después de su inauguración, en términos generales estriban en:

● La contratación de diversos servicios con instituciones cuyas atribuciones u objeto social no corresponden al servicio solicitado, o no tienen la capacidad para realizarlo, lo que generó subcontrataciones y procedimientos de contratación diferentes a la licitación pública.

● El pago en exceso en la realización de la obra, especialmente por un notorio sobreprecio.

● Retrasos en la presentación de documentos técnicos para la ejecución de las obras correspondientes, lo que generó demoras y aplazamientos innecesarios.

● Para dimensionar la magnitud de los hechos, basta mencionar que tan solo en lo correspondiente a la cuenta pública de 2010, entre otros, se observaron las siguientes irregularidades:

● De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación en la Cuenta pública 2010, la Estela de Luz presentó un incumplimiento en su construcción  lo que se vio reflejado en una entrega extemporánea de la obra.

● El proceso de licitación presentó una serie de ambigüedades, que van desde el diseño hasta su ejecución, en la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato a la empresa III Servicios S.A. de C.V.

● La empresa PDI/GUTSA, sin justificación recibió pagos adicionales por un monto de 150.3 millones de pesos, por conceptos de cuarzo, ajuste de costos indirectos de concurso, precios unitarios extraordinarios, contraprestación, diferencia de volumen y rendimientos financieros.

● No se cumplió con lo programado, debido a que de los 11,573.44 m² que se construirían sólo se hicieron 8,138.23 m², las áreas que sufrieron modificaciones importantes fueron la plaza del monumento que disminuyó 2,033.88 m²; la cubierta calle leija 324.46 m² y la estela luminosa 258.85 m².

Si bien es cierto que se han llevado a cabo diversas auditorías y acciones judiciales al respecto, para el Grupo Parlamentario del PRI resulta de vital importancia dar seguimiento a este tipo de eventos, a fin de que nadie quede impune de estas acciones que vulneraron al erario público.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. EL SENADO DE LA REPUBLICA SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A REALIZAR Y REMITIR A ESTA SOBERANIA, UN INFORME INTEGRAL QUE SEÑALE LAS IRREGULARIDADES Y AFECTACIONES AL ERARIO, LOS PROCESOS QUE HAN LLEVADO A ACABO EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES POR ACCIONES Y OMISIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASI COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BIECENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014”.

Partido Revolucionario Institucional”.





 

Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del "Día del Cartero".

“EFEMERIDES

PALABRAS DEL SENADOR JESUS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL “DIA DEL CARTERO”, EL 12 DE NOVIEMBRE.

Un cartero, es conocido como una persona que hace de mensajero entre un emisario y un receptor cuando se envían documentos, escritos o paquetes.

En la antigüedad, los carteros eran comúnmente conocidos como “correo” o “emisarios”. Eran personas que recorrían grandes distancias transportando mensajes en forma de cartas.

El día del cartero y empleado postal fue establecido en 12 de noviembre de 1931 en México, como un reconocimiento a la obra social que realizaron y realizan los carteros, llevando los mensajes que esperan en casa los ciudadanos mexicanos.

En la primera parte de la época prehispánica se le denominó “servicio de postas”. Requería de corredores rápidos y fuertes que recorrían grandes distancias. Después en esta misma época se implementó un sistema de relevos en el que se instalaban torres cada 10 kilómetros donde esperaba el relevo. Se llevaba como paquetería joyas, telas y hasta alimentos.

Ya en la época colonial, hacia el año 1579, se implementaba el uso de caballos para que los mensajeros se trasladaran más rápido. Este sistema de implementó primero en Yucatán.

Ya hacia el año 1600, se instalan oficinas postales y se suma el servicio de estafetas o correo especial y diplomático. Para los años 1800 se empezaron a utilizar los buzones, los sobres postales y el uso de estampillas.

En la época actual, se entrega correspondencia en camionetas, motocicletas, bicicletas y a pie y se implementa el uso de la tecnología como el internet.

Es evidente, que independientemente de la evolución del sistema postal mexicano, la comunicación entre personas distantes fue necesaria en todas las civilizaciones. Los mensajeros llevaban noticias, documentos y órdenes militares.

El 17 de Febrero de 1907 el presidente de México,  General Porfirio Díaz,  dio por inauguradas las operaciones del emblemático edificio del Palacio Postal Mexicano, en un acto en el que simbólicamente depositó dos postales con la imagen del palacio. Para 1911, México contaba con mil carteros.

Su día, fue establecido en México por iniciativa del Coronel Ing. Luis G. Franco, el 12 de noviembre de 1931. Tiempo después para ampliar su significación se denominó "Día del Cartero y del Empleado Postal".

En 1922 el Ingeniero y Coronel  Franco fue testigo de la volcadura de un tren que  transportaba 50 millones de pesos oro y una abundante correspondencia militar. A pesar del desastre y la muerte de sus compañeros, dos empleados postales sobrevivientes preservaron el oro y parte de la correspondencia entregándolos íntegramente a las autoridades correspondientes sin pedir ni recibir recompensa. Este comportamiento motivó al Coronel Luis G. Franco a proponer ese día como Día del Cartero.

Es considerado día oficial en México.

Actualmente el Servicio Postal Mexicano cuenta con un aproximado de 10 mil empleados “carteros” que luchan por sobrevivir pese al desmesurado crecimiento del Internet, y más de 20 mil empleados a ese servicio desde la iniciativa privada. A todos ellos, el agradecimiento por dar vida a tan distinguida, histórica e insustituible labor; la de dar vida a la movilidad y desplazamiento de los mensajes, las relaciones y las noticias que los mexicanos intercambian.

Por ello, compañeros Senadores, hagamos este 12 de noviembre un merecido reconocimiento a ese personaje de la vida cotidiana, muy querido por el pueblo mexicano, a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron y hacen posible la posibilidad de la movilidad histórica de los mensajes, los comunicados, y de alguna forma, el sostenimiento de relaciones a distancia para millones de mexicanos.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los carteros y empleados postales mexicanos, el 12 de noviembre en su día.

Dado en la ciudad de México, D.F., a 11 de noviembre de 2014.

¡Muchas felicidades!

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del "Día del Cartero".

“DIA DEL CARTERO.
12 de Noviembre

El Día del Cartero y del Empleado Postal fue establecido el 12 de noviembre de 1931 en México como reconocimiento a la obra social que realizan los carteros llevando los mensajes que esperan los ciudadanos.

Al cartero se le ve como la persona confiable que trae las noticias alegres, tristes, esperadas o inesperadas, cuya misión es llevar los mensajes de forma segura y rápida, de ahí que encarna al medio de comunicación denominado correo, cuyo Día Mundial es el 9 de octubre.

Antes de la llegada de los españoles, en México se utilizaba el servicio de postas que era llevado a cabo por corredores rápidos y fuertes, que recorrían grandes distancias para llevar las noticias de un tlatoani o rey a otro.

Este servicio se estableció durante el Imperio de Maximiliano cuando se empezaron a colocar los buzones y a usar los sobres postales.

En 1910 Porfirio Díaz encargó la construcción del edificio de correos o palacio postal, que se encarga de organizar la correspondencia y todavía está en el centro de la Ciudad de México. Además, en ésta época se agilizó el reparto de la correspondencia gracias al ferrocarril.

A partir de 1579 fue establecido el correo en Yucatán, luego se fundaron las primeras oficinas formales en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato y después se sumó el servicio de estafetas o correo especial y diplomático y surgieron oficinas postales en Aguascalientes y en otras poblaciones.

El 20 de agosto de 1986, por decreto presidencial, se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación. 

De esta forma, el organismo adquiere personalidad jurídica y patrimonio propio y pasa a formar parte de la administración pública paraestatal.

Aunque cada vez aumentan y son más eficientes los medios de comunicación modernos, por esto son menos las cartas personales que se envían por servicio postal, ningún medio ha logrado reemplazar totalmente al sistema de correos que actualmente hace uso de la tecnología a través de su página web.

Ya sea a pie, en bicicleta, en motocicleta o en auto, los carteros de nuestra era continúan realizando su labor, como quiera que sea logran llevar la correspondencia a cada hogar. Por eso en este su día se extiende una cordial felicitación a todos los carteros y empleados postales del país.

Martes11 de noviembre de 2014

H. Cámara de Senadores

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con motivo del Día Nacional del Libro.







 

Del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, ocurrido el 12 de noviembre de 1651.

“EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, OCURRIDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1651 

En el Senado de la República, los legisladores del PRI, conmemoramos el trescientos sesenta y tres aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, célebre mexiquense que es reconocida como una de las mujeres más emblemáticas de la literatura universal e indiscutible precursora de la igualdad de género en nuestro país. 

En el marco de esta celebración, recordamos a la extraordinaria poeta y dramaturga, que en todo momento se distinguió por su inteligencia, valor, carácter y determinación. Bajo este contexto, consideramos que un aniversario más de tan importante acontecimiento, es oportuno llevar a cabo una breve pero sustancial remembranza de los pasajes más representativos de su vida.

Mexicana adelantada a su época que nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, Estado de México, hija de Don Pedro Manuel de Asbaje y de Doña Isabel Ramírez. Durante sus primeros años vivió con su abuelo, Don Pedro Ramírez, donde se creció rodeada de libros lo cual le permitió desarrollarse plenamente, de esta forma a los tres años de edad ya leía y a los ocho ya escribía poesía. 

En contraste a lo sublime de su niñez, en 1956 sufrió el terrible deceso de su abuelo, siendo trasladada a la ciudad de México para quedar bajo el cuidado de su hermana mayor María Ramírez, donde continuó dejando de manifiesto su inteligencia, la cual entre otras cuestiones, la llevó a aprender y dominar el idioma latín en sólo en veinte sesiones. Debido a su inusitado talento, a los trece años de edad la corte virreinal la invitó a servir como dama de la virreina doña Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, y en virtud de que ahí recibió protección del Virrey, pudo continuar con su formación.

Durante esta etapa destaca que debido a sus altos dotes, el Virrey solicitó que un grupo de importantes intelectuales de diferentes facultades la evaluaran, maravillando a todos al obtener resultados brillantes. Posteriormente, en 1667 ingresó al Convento de San José de Carmelitas Descalzas, en donde por problemas de salud sólo pudo permanecer por algunos meses.

Empero su vocación y determinación la hicieron regresar a la vida religiosa, ahora en el Convento de San Jerónimo, donde en febrero de 1669 tomó los votos definitivos y se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz. En el convento, se caracterizó por su devoción, responsabilidad y dedicación al estudio de la ciencia y las letras.

De esta manera, durante el tiempo que permaneció en el convento además de consolidar su formación académica, también logró establecer una forma de vida, una forma de ser, pero sobre todo, una forma de relacionarse consigo misma y de continuar expandiendo sus expectativas. La poetisa mexiquense vivió veintisiete años en el convento, dedicándose al estudio de las ciencias exactas y la poesía.

Después de una vida que tuvo como ejes la libertad y el conocimiento, víctima de una peste de fiebre que atacó al Convento de San Jerónimo, el 17 de abril de 1695 cesó la vida de está mexicana ejemplar, dejando un legado de dimensiones mayúsculas y sentando las bases para terminar con absurdos y arraigados estereotipos, dando paso a la equidad de género.

En el marco de esta conmemoración reconocemos que en su obra está plasmado lo mejor de las letras mexicanas, todo bajo la directriz de la constante inquietud del conocimiento como máxima manifestación de la libertad, de ahí que el legado de esta brillante mexiquense se encuentre conformado por múltiples y excelsos textos de diferentes géneros.

Asimismo, recordamos a la excepcional mexiquense por su ferviente defensa en contra de los estereotipos de la época, por ser una de las máximas exponentes de la literatura del barroco novohispano del siglo XVII, por ser un personaje fundamental en la literatura universal y por ser la última gran poeta de los denominados siglos de oro.

Por lo anterior, es incuestionable que en cada uno de sus textos queda de manifiesto la elocuencia y perfección, que la distinguieron en todo momento, situación que produce en nosotros las más grandes emociones que puede experimentar el ser humano.

En el Grupo Parlamentario del PRI, homenajeamos con profundo respeto y admiración a Sor Juana Inés de la Cruz, precursora de la equidad de género, que con sus acciones dejo de manifiesto que el conocimiento no es ni debe ser exclusivo de los hombres”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 13 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:30 horas.)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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de los Estados Unidos Mexicanos

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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