Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 23

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Noviembre de 2014

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Remite oficio con los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2014. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2014. Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

































































































De los CC. Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Alejandro Tello Cristerna, Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado Carrillo, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Oscar Román Rosas González, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ismael Hernández Deras, Mely Romero Celis, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Pozos Lanz, Hilda Esthela Flores Escalera, Blanca Alcalá Ruiz, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Fidel Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez Hernández, Gerardo Flores Ramírez y Martha Palafox Gutiérrez, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se etiquete la asignación de recursos para la creación y operación del repositorio nacional, así como los recursos que sirvan para fortalecer a los repositorios institucionales, bancos de datos y sistemas de información.













 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: (11:47 horas) Le pido a la Vicepresidencia asuma funciones de la Secretaría e informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señoras Senadoras y Senadores.

- EL C. Vicepresidente Luis Sánchez Jiménez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 86 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 4 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciocho horas con trece minutos del miércoles veintinueve de octubre de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

El Presidente de la Mesa Directiva informó del retiro de la comunicación del Presidente de la República por la que solicitaba autorización para ausentarse del territorio nacional del 7 al 17 de noviembre del año en curso.- El asunto fue retirado de los registros.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficio por el que notifica haber admitido a trámite el expediente remitido por la Cámara de Senadores formado en relación con la petición de consulta popular presentada por los ciudadanos Sadot Sánchez Carreño y César Camacho Quiroz e informa del turno para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas.- Quedó de enterado.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la publicación del dictamen los días 28 y 29 de octubre, en términos de lo que disponen los artículos 193 y 195 del Reglamento, se cumplió con la primera lectura. La asamblea autorizó la dispensa de la segunda lectura. Para la presentación del dictamen, intervinieron los Senadores: José Francisco Yunes Zorrilla, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Raúl Gracia Guzmán, POR LA Comisión de Estudios Legislativos, Primera. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Junta de Coordinación Política hizo llegar un Acuerdo por el que propone el procedimiento para la discusión y votación del dictamen. El Acuerdo fue aprobado por la Asamblea en votación económica. Para la presentación de los votos particulares intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; la Presidencia informó que los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, Héctor Larios Córdova del PAN y Manuel Bartlett Díaz del PT, entregaron los textos de sus votos particulares, los cuales se integraron al Diario de los Debates. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Mario Delgado Carrillo del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y David Penchyna Grub del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: David Monreal Avila del PT, en contra; Juan Gerardo Flores Ramírez DEL PVEM, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; Gerardo Sánchez García del PRI, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, en contra; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor, quien entregó el texto de su intervención para integrarse al Diario de los Debates; Ernesto Cordero Arroyo del PAN, en contra; Blanca Alcalá Ruiz del PAN, a favor; Roberto Gil Zuarth del PAN, en contra; Luis Sánchez Jiménez del PRD, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Layda Sansores San Román del PT, en contra; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; Francisco Búrquez Valenzuela del PAN, en contra; Fidel Demedicis Hidalgo del PRD, a favor; y Manuel Cavazos Lerma del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 y los Transitorios Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo. Propuestas de adición de dos nuevos artículos: 27 y 28; y de tres nuevos transitorios: Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero. Se aprobó el proyecto de decreto en lo general y los artículos no reservados por 86 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. El Presidente de la Mesa Directiva informó que conforme al procedimiento acordado, la discusión en lo particular se realizó de manera temática, en tres rubros, agrupando diversos artículos, los temas fueron: 1. Gasolina y tarifas; 2. Ingresos tributarios y petroleros, y; 3. Deuda, déficit, gasto y transparencia.

En el tema gasolina y tarifas se consideraron los artículos 1, 6, 10, 16, 18, 19, 22 y Primero y Segundo Transitorios. Para su presentación, hizo uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, se admitieron a discusión los artículos. Hicieron uso de la palabra los Senadores: Ascención Orihuela Bárcenas del PRI, en contra; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, a favor; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, en contra; Héctor Larios Córdova del PAN, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, en contra; Salvador López Brito del PAN, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Ernesto Cordero Arroyo del PAN. Las propuestas de modificación no fueron aceptadas. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los artículos 10, 16, 18 y 19, comprendidos en este tema aparecen también en el tema 2, por lo que su votación será hasta desahogar dichas propuestas. Se procedió a la votación nominal de los artículos 1, 6, 22, Primero y Segundo Transitorios. Fueron aprobados en los términos del dictamen por 58 votos a favor y 45 en contra.

El tema ingresos tributarios y petroleros lo conformaron los artículos 2, 7, 10, 12, 16, 18, 19, 25, 26 y Transitorios Quinto, Séptimo y Octavo, así como las propuestas de adición de los artículos 27 y 28. Para su presentación, hizo uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna. La asamblea admitió a discusión los artículos del tema 2, hicieron uso de la palabra los senadores: Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, en contra; Ernesto Ruffo Appel del PAN, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Ricardo Urzúa Rivera del PRI, en contra; Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; y Martín Orozco Sandoval del PAN, a favor. Las propuestas de modificación no fueron aceptadas. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los artículos 2, 12 y 26 también aparecen en el tema 3, por lo que su votación será hasta desahogar dichas propuestas. Se procedió a la votación nominal de los artículos 7, 10, 16, 18, 19 y 25, y los Transitorios Quinto, Séptimo y Octavo. Fueron aprobados en los términos del dictamen por 57 votos en pro y 45 en contra.

En el tema deuda, déficit, gasto y transparencia se agruparon las reservas a los artículos 2, 4, 5, 12, 15, 23 y 26 y al Transitorio Cuarto, y las propuestas de adición del artículo 27 y los Transitorios Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero. Para la presentación del tema, hizo uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada. Se admitieron a discusión los artículos del tema 3. Hicieron uso de la palabra los senadores: Alejandro Tello Cristerna del PRI, en contra; Daniel Gabriel Avila Ruíz del PAN, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, a favor; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor. Las propuestas de modificación no fueron aceptadas. El Senador Ernesto Cordero Arroyo presentó su reserva con relación al tema de transparencia, la cual no fue aceptada. Las propuestas de adición de los dos nuevos artículos 27 y 28;y de los transitorios, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero quedaron desechados, con la votación económica. Se procedió a la votación nominal de los artículos 2, 4, 5, 12, 15, 23 y 26 y al transitorio Cuarto. Fueron aprobados en los términos del dictamen por 58 votos a favor y 35 en contra.

Se declararon aprobados los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 y los Transitorios Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2015, quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015. Se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se recibió de los presidentes y las presidentas de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; de Educación; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, un pronunciamiento respecto a la campaña de desprestigio y difamación a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo derivada de la aprobación de la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

 

De los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Armando Neyra Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo primero del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a dar cabal cumplimiento a lo mandatado por el artículo Unico Transitorio de la reforma del 14 de junio de 2002, del artículo 113, párrafo segundo, en relación con el artículo 1º, párrafo tercero constitucional, así como a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y del Distrito Federal, a armonizar sus respectivas leyes locales con la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre la resolución de la Organización Mundial del Comercio referente a la regla de Etiquetado del País de Origen de la carne, conocida como regla COOL.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el uso del condón femenino y realizar las acciones necesarias para incrementar su uso como método para la prevención de embarazos no deseados y de contagio de infecciones de transmisión sexual.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Organización de las Naciones Unidas un mensaje laudatorio por la resolución que el Consejo de Derechos Humanos adoptó sobre el combate a la violencia y discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las personas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez e Hilda Esthela Flores Escalera, con punto de acuerdo para conmemorar el Día Internacional de la Niña.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo, al Secretario de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar a cabo acciones para garantizar que no se ejerza violencia política contra las mujeres en Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió siete solicitudes de excitativa en relación con los siguientes proyectos de decreto:

1) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 19 de febrero de 2013.
2) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 16 de octubre de 2012.

3) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 18 de septiembre de 2013.

4) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal, del 7 de noviembre de 2013.

5) Por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 21 de abril de 2014.

6) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal, del 11 de diciembre de 2012.

7) Por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de septiembre de 2014.

La Presidencia de la Mesa Directiva emitió las excitativas a las comisiones correspondientes.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa sobre el punto de acuerdo relativo al inmueble de domino público federal de origen, conocido como “Parque Juárez/Zócalo 11 de julio”, ubicado en Tijuana, Baja California, presentado el 4 de marzo de 2014.- El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las tres horas con cuarenta y un minutos y citó a la siguiente el martes cuatro de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: Consulto a la Asamblea, en votación económica…

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permitame, señor Vicepresidente.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres Peimbert.

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera votar en contra del Orden del Día y quisiera argumentar por qué. ¿Puedo pasar al frente?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El Orden del Día no se vota, Senadora, pero la escuchamos con mucho gusto.

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Quiero hacer un llamado, un exhorto y una invitación a acompañar la indignación de mexicanas y mexicanos.

Llevamos cinco sesiones en que el grupo parlamentario del PAN presentó un punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución y no logra discutirse en este Pleno.

El tema tiene que ver con la licitación del tren México-Querétaro. Nadie está en contra de que haya infraestructura en nuestro país, la idea de un tren que transporte ciudadanos de manera eficaz, es maravillosa; el problema está en el fraude de una licitación amañada.

Tenemos ayer al Presidente Peña Nieto, hablando en contra de la corrupción. Y un fraude gigantesco ante los ojos de los mexicanos.

Tiene un monto de casi 60 mil millones de pesos. No hubo licitación, 16 compañías nacionales y extranjeras, las compañías que más saben en el mundo de construcción y operación de trenes, japonesas, italianas, alemanas, francesas, mexicanas, advirtieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del corto tiempo para la realización de un proyecto de esta magnitud.

No se movió un ápice el tiempo de la licitación; 60 días dijo el Secretario de Comunicaciones y Transportes, y no agregaron un momento más.

Todas estas compañías alegan, que no hay tiempo suficiente, para realizar un proyecto de esta magnitud…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senadora, me permite un momento.

Ya hizo usted la objeción a que el asunto no se ha desahogado, aún estando en el Orden del Día, ha seguido con sus planteamientos, sobre el tema mismo. Le rogaría concretar su intervención, para no provocar un debate antes de la etapa de esta sesión donde se atenderá.

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Si, señor Presidente, con mucho gusto.

Sin embargo, en este lugar, creo que estamos para debatir.

¿A qué le temen compañeros, por qué no quieren debatir el tema?

Debatámoslo. Lleva cinco sesiones este tema aquí adentro y no se ha podido debatir.

¿A qué le temen compañeros?, ¿A debatir? ¿A que platiquemos de este acto de corrupción, que está sucediendo en el país y aquí no se puede tocar?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: A ver, Senadora Marcela Torres, el punto está listado en el Orden del Día.

De acuerdo a la dinámica de las sesiones no se ha abordado…

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Cinco sesiones, señor Presidente, y es de urgente y obvia resolución; y es un tema coyuntural…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Así es. Como muchos otros. A ver, vamos a terminar con esta parte…

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz, para que nos haga alusión…

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor presidente, me parece que todos los grupos parlamentarios tenemos asuntos que se han planteado como puntos de Acuerdo que no han sido desahogados por la propia dinámica del Senado de la República.

No, no le tememos, ningún temor, a debatir sobre temas de corrupción. Estamos listos para ello.

El tema es que éste no es el momento procesal oportuno. Y me parece que se debe de respetar, entonces, la forma en el que Reglamento establece el inicio de las sesiones.

Yo le suplicaría al señor Presidente de la Mesa Directiva, que ponga orden, porque si no todas las sesiones van a estar a contentillo de quien decida brincar la reglamentación y de no respetar el Reglamento del Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez Servién.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo aplaudo el tema que está exponiendo mi compañera, la Senadora Marcela Torres, es de importancia a lo que nos ha faltado este Senado de la República, al Fiscal Anticorrupción, que no lo tenemos.

Y yo le pido, señor Presidente, que dado que es un tema de mucha importancia, una rectificación de quórum, porque el tema es tan importante y veamos cómo está este Senado de vacío, bajo la responsabilidad, que todos saben, que hoy es martes y hay sesión.

Le pido una rectificación de quórum, señor Presidente.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Como usted bien lo señalaba al principio de la sesión, más que votar el Orden del Día, lo que es evidente aquí, es una petición de la Senadora Marcela Torres Peimbert para debatir un tema que el día de ayer se concretó, al menos en el tema de la adjudicación; nos referimos a la licitación del tren México-Querétaro que ha generado una gran impugnación.

Hemos escuchado a la Senadora Graciela Ortiz, decir que tienen toda la disposición para debatir este asunto.

Como la adjudicación se hizo ayer, y el planteamiento original, no me interrumpa, respete, por favor, respete a sus compañeros.

Como el planteamiento original del punto de Acuerdo ha sido desfasado, por el hecho de la adjudicación del día de ayer, pues por lo pronto, proponemos al grupo parlamentario del PRI y a la Senadora que tantas ganas tiene de debatir el tema, que pudiéramos priorizarlo, como usted lo ha formulado. Y que se pudiera someter a la consideración del Pleno que este tema sea el primero en discutirse, no importa que los términos planteados originalmente por la Senadora Torres Peimbert se hayan desfasado, podemos actualizar los contenidos de la propuesta con punto de Acuerdo a partir del debate que se privilegie en esta sesión.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Le ruego a la Senadora Torres Peimbert, concluya su intervención.

Y después formulamos una propuesta de desahogo de esta petición. ¿Le parece?

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Bueno.

El asunto, como lo menciona el Senador Corral, de la licitación que nunca se dio.

Las 16 empresas internacionales y nacionales solicitan una ampliación de plazo a más de 60 días, para el tamaño de la obra.

El gobierno mexicano tiene la obligación, por ser dinero público, de contrastar entre varias propuestas, técnicas y económicas, cuál es la mejor y que comparando tome esta propuesta y la ponga en marcha por seguridad de los mexicanos y por la cuestión de los recursos.

Esto no sucede, no hay tal comparación y tal contraste. Y la obra queda adjudicada, porque solamente un consorcio, que además, ahora sospechosamente los medios de comunicación ya nada más mencionan que es un grupo constructor chino. Ya no se mencionan las otras dos empresas mexicanas que entraron en ese consorcio y que van a utilizar estos recursos. Son dos empresas; la primera es de un señor Gerard, que es cuñado del expresidente Salinas de Gortari; y la segunda, de un señor Hinojosa, que tiene una compañía de aviones y helicópteros, etc., que proporcionó todo el transporte aéreo al actual Presidente Peña Nieto, eso ya no se dice en los medios, ya nada más se dice el consorcio chino.

Estas empresas no solo se adjudican la obra, le ponen un copete extra a los 48 mil millones de pesos, que fue el precio que sacó de salida, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este copete extra es de 10 mil millones de pesos arriba, que equivale a la mitad del presupuesto total de mi estado, Querétaro, que para poner en contexto; la Secretaría de Turismo tiene un presupuesto en un año de 6 mil millones de pesos, es mayor al presupuesto total de turismo en el país, 10 mil millones de pesos extras; y se está adjudicando la obra, ayer se adjudicó sin que nadie diga nada.

Me parece indignante, me parece poco digno de este recinto que ni siquiera se haya debatido o tocado el tema; y seguimos ampliando la brecha entre las preocupaciones de los mexicanos y el trabajo que aquí se realiza.

Hago un exhorto, señor Presidente, para que se toque este tema el día de hoy, se discuta y, además, a nombre de mi grupo parlamentario solicitar a la Cámara de Diputados que no se otorgue un centavo a esta obra en tanto no se aclare la opacidad en la que fue llevada a cabo esta adjudicación, porque no se puede hablar ya de una licitación; fue una adjudicación directa pasando por encima de la ley a los ojos de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Sonido en el escaño del Senador Ascensión Orihuela Bárcenas.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Señor Presidente, en virtud de que la Senadora ha hecho alusión al tema de manera formal y de fondo, no solo eso, ha hecho propuestas, yo le solicito a la Mesa Directiva que de por discutido el tema.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sí, Senador Orihuela Bárcenas.

He consultado al grupo parlamentario del PRI, para que dentro del apartado de proposiciones fuera este el primer asunto; ellos me han dicho que no están dispuestos a renunciar a su derecho a ser tocado el primer asunto de ellos; este sería el segundo asunto. Así que con esa razón continuamos con el desahogo de la sesión.

Sonido en el escaño del Senador Corral Jurado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Lo que sí nos interesaría que pudiera desahogar, es que estando en tiempo y forma realizada la solicitud por un servidor y secundada por varios compañeros del grupo parlamentario del PAN, pudiera someterse a discusión del Pleno si aceptan que este tema fuera el primero en discutirse, no solo del tema de proposiciones, sino del Orden del Día de la sesión programada en este Pleno.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral Jurado.

Creo que hay absoluta tranquilidad y madurez para que podamos resolver las cosas. Abrase el sistema electrónico de votación para poner a consideración de las y los Senadores presentes si este asunto es considerado y tratado al arranque de esta sesión.

La afirmativa es porque se modifique el orden del día, la negativa es porque se mantenga en sus términos.

Me ha pedido el Senador Jorge Luis Preciado podamos reabrir el sistema electrónico. Vamos a terminar así esta votación, que por cierto fue poco genuina. Entonces terminemos así.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: El resultado de la votación es el siguiente, señor Presidente: 34 votos a favor y 49 en contra.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Jorge Luis Preciado.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente, cuando se tiene duda sobre la votación cualquier legislador o grupo parlamentario puede solicitar que se haga de nueva cuenta la votación sólo para tener la certeza, lo provee el Reglamento; lo cual yo pediría, Presidente, en virtud de que estuvieron votando varios compañeros a mano alzada no nos queda perfectamente claro el resultado, por lo cual yo solicitaría que se abriera el sistema de votación para rectificar la votación, lo cual está plenamente acreditado por la Ley y el Reglamento.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítame, déjeme, a ver si es posible.

Hay que tener sensibilidad en la conducción. Nos lo está solicitando el Coordinador del grupo parlamentario del PAN, les ruego esa consideración, que nos dé estabilidad en la convivencia del Pleno.

Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos…

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, antes de que se vote, solamente precisar, porque varios Senadores llegaron después, que esta votación es para que se respete el Orden del Día.

Estamos de acuerdo en debatir la propuesta del PAN en el tema de puntos de Acuerdo, darle prioridad, darle profundidad en ese momento, sin alterar el Orden del Día. Entonces, lo que vamos a votar ahorita es el respeto al Orden del Día, nada más.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Es clarísimo lo dicho por la Senadora Dolores Padierna.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente, pero lo que ha dicho la Senadora Dolores Padierna es incorrecto, para no decir que es falso.

Esta propuesta no es para que se respete el Orden del Día, porque el Orden del Día, usted mismo lo dijo, no se vota. Lo que se somete a votación es priorizar en el Orden del Día el tema de la licitación del tren México-Querétaro; es precisamente para modificarlo en el orden en el que deben de ser tratados los asuntos.

Ya sabemos que hay quienes no quieren que el tema se discuta en esta sesión. Si no va a ser en esta sesión será en la otra y, por supuesto, que lo vamos a discutir. Esto que constituye ya, en términos de la opinión pública, uno de los mayores atracos del gobierno de Enrique Peña Nieto, la licitación del tren México-Querétaro.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítanme y terminemos con este asunto.

El voto a favor es para modificar el Orden del Día y para que, como primer asunto, al arrancar esta sesión, se debata este tema.

El voto en contra es para mantener el Orden del Día y para que este asunto se trate en el capítulo de proposiciones cuando le corresponda.

Abrase por tres minutos el sistema electrónico, para recoger la votación.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 35 votos a favor y 52 en contra.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: En consecuencia, no se modifica el Orden del Día. El asunto referido por la Senadora Torres Peimbert se abordará en su momento conforme a este Orden del Día. En el momento en que el desarrollo de la sesión lo permita.

El Acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se apruebael acta de la sesión anterior…

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres Peimbert.

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente, simplemente aclarar y solicitar, el tema se discute el día de hoy, ¿es correcto?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: El tema se discute cuando, de acuerdo al desarrollo de la sesión, corresponda al Orden del Día, que va a ser hoy, sin duda que sí. Es cuando, de acuerdo al Orden del Día, lo permita el desarrollo de la sesión.

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Perdón, no alcanzo a comprender. ¿Es sin duda o es seguro? ¿El día de hoy discutimos, no importa la hora? ¿Si se puede alargar la sesión hasta que se toque ese tema?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Vamos a continuar con el Orden del Día, Senadora Torres Peimbert, y va a desahogarse conforme al desarrollo del mismo.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNANCION

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que del 14 al 30 de noviembre del año en curso se realizará un intercambio de adiestramiento de Operaciones en Selva entre elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano e integrantes de la Legión Extranjera Francesa, que se impartirá a los elementos del Ejército Mexicano en la Guyana Francesa.

2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2636/14
México, D.F., 29 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio 100501, el Gral. de Bgda. D.E.M. Luis Cresencio Sandoval González, Subjefe Operativo del E.M.D.N. de la Secretaría de la Defensa Nacional, comunica que del 14 al 30 de noviembre de 2014 se realizará un intercambio de adiestramiento de Operaciones en Selva entre elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano e integrantes de la Legión Extranjera Francesa, como se indica a continuación:

A. Las delegaciones de ambos países estarán integradas por 31 elementos cada una.

B. El adiestramiento al personal de la Legión Extranjera Francesa, se impartirá en
el Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en Selva y Anfibias en Xtomoc,
Q.R., y a los elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, en la
Guyana Francesa.

C. Su propósito es compartir experiencias y técnicas para incrementar su eficacia y efectividad en el desempeño de sus actividades castrenses.

D. La salida y entrada a territorio nacional de los elementos militares señalados,
será sin portar armamento.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: De la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe anual 2013 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

SECRETARIA DE GOBERNACION

SECRETARIO
México, D. F. a 28 de octubre de 2014
OFICIO No. 100.-149

Distinguido Señor Senador Barbosa Huerta:

Distraigo su fina atención para presentar a Usted el "Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", previsto en el artículo 93 de la Ley General en la materia, que a la letra señala:

" La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional."

No omito manifestarle, que dicho informe contó con la aprobación de todos los integrantes y participantes de los Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de los Organismos Oficiales de Defensa de los Derechos Humanos, que conforman dicho órgano colegiado.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE GOBERNACION

LIC. MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; y de Derechos Humanos.

Solicito a la Secretaría de Asuntos Administrativos pudiera revisar que las personas que estén en este Pleno que no sean Senadores, tengan la acreditación correspondiente, las Senadoras y Senadores que están sentados en la parte alta de esta sede se han quejado que no les permiten tener la concentración adecuada por los comentarios el ruido que están provocando quienes están en la parte de atrás. Así es que instruyo a la Secretaría Parlamentaria lleve a cabo este proceso de manera adecuada y respetuosa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: De la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que envía de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro correspondiente al periodo julio-septiembre de 2014.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social. Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2014. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2014.Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y también adjunta la información por la que se da a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de Banca de Desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

SHCP

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

"2014, Año de Octavio Paz"
Oficio No. 102-B-067
México, D. F. a 30 de octubre de 2014

C. SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2014. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2014.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2013.

Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

EL SUBSECRETARIO

FERNANDO APORTELA RODRIGUEZ”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Remítase la información descrita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica con el que hace llegar su tercer informe trimestral, correspondiente al periodo del 1º de julio al 30 de septiembre de 2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

PRESIDENCIA
Oficio Número PRES-CFCE-2014-161
Asunto: Tercer Informe Trimestral 2014.
México, D. F. a 29 de octubre de 2014.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 12, fracción XXV y 49 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2013, el Titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) deberá presentar trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

En cumplimiento a este mandato, envío el Tercer Informe Trimestral 2014 de la COFECE, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del presente; en disco compacto, así como una versión impresa.

Por último, le informo que en apego al artículo 20, fracción IX de la LFCE, el informe adjunto fue aprobado de manera unánime por el Pleno de la COFECE en la sesión ordinaria del 23 de octubre de 2014.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

ALEJANDRA PALACIOS PRIETO COMISIONADA
PRESIDENTA”.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 7, la fracción I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: De la Cámara de Diputados se recibió el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las CC. Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Presento esta mañana, a nombre propio y de mis compañeras, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo y del Senador Roberto Armando Albores Gleason, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa.

El Congreso de la Unión ha logrado importantes avances en la protección de los derechos de los usuarios. Fue así, con la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se incorporaron capítulos especiales para la protección de los usuarios de los servicios y productos de este sector y se cumplió así con un compromiso pendiente con todos los mexicanos que esperan calidad en la prestación de estos servicios.

Este compromiso nos lleva ahora a revisar las normas que rige la publicidad dirigida a los consumidores, ya que lamentablemente aún se presentan casos de publicidad que se difunde y da lugar a confusiones e inexactitudes en perjuicio de quienes reciben esta publicidad, sobre todo de aquellos que por su edad o condición especial merecen mayor protección de la autoridad.

La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como finalidad promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; y define a la publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen al error al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

Para cumplir satisfactoriamente con estos objetivos, consideramos necesario los Senadores firmantes, que se otorguen más y mejores herramientas que permitan a la Procuraduría Federal del Consumidor actuar con mayor claridad en cuanto a los principios que debe seguir y las conductas que ha de sancionar.

No obstante que la propia ley y los lineamientos emitidos por la Procuraduría que establecen la obligación de revisar y analizar la publicidad de información que se presenta al consumidor respecto de los elementos que ésta debe contener o evitar, no se establecen con claridad los principios básicos que deben observarse en cuanto a la verificación de la publicidad engañosa, por lo que consideramos que la ley de la materia debe establecer los principios obligatorios que ha de observar la autoridad en dicha verificación para evitar que sea calificada de engañosa.

Por ello, proponemos reformar el primer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que en el análisis y verificación de la publicidad la Procuraduría compruebe que se satisfagan tres principios básicos:

El primero de legalidad, que obliga a cumplir lo establecido por la ley.

El segundo de veracidad, que exige el cumplimiento de la verdad en los contenidos publicitarios.

El tercero de autenticidad para que el público pueda reconocer claramente que un mensaje es publicitario y no se confunda con otra cosa.

Por otra parte, en seguimiento a las importantes reformas que este Senado ha aprobado en relación a la protección de la niñez mexicana como destinataria de contenidos de televisión, consideramos indispensable adoptar medidas para que la publicidad comercial se difunda conforme a normas que protejan al público infantil.

El artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece principios básicos en las relaciones de consumo, entre otros, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva y la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Por ello consideramos que la publicidad comercial dirigida al público infantil debe distinguirse claramente de los contenidos de los programas televisivos dirigidos a ese público; por lo que no deben difundirse inmediatamente después del segmento del programa infantil anuncio publicitario alguno cuyos elementos propicien confusión sobre su naturaleza comercial.

Así se plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de que se tenga como engañosa la publicidad dirigida a público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil que genere confusión en el menor, por no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario.

Espero, señor Presidente, compañeras y compañeros, el apoyo y el respaldo a esta iniciativa que tiene una clara intención de seguir avanzando en la protección de los derechos de los consumidores, de los diversos servicios y productos, particularmente aquellos que merecen una atención especial de nuestra parte por su condición de vulnerabilidad ante las estrategias comerciales que cada día se implementan en los medios electrónicos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

"Las que suscriben, Senadoras GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO Y ANA LILIA HERRERA ANZALDO; del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para el Partido Revolucionario Institucional es fundamental la realización de acciones tendientes a salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios y productos diversos, sin importar la modalidad que éstos revistan, ya que lo importante es que la población reciba realmente el beneficio esperado.

Así, hemos logrado grandes avances en esa dirección, como la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se han incorporado capítulos especiales para la protección de los usuarios de los servicios en este sector, cumpliendo así un compromiso pendiente con todos los mexicanos que esperan calidad en la prestación de esos servicios.

Este compromiso nos lleva ahora a revisar las normas que rigen la publicidad dirigida a los consumidores de servicios y productos dirigidos a los consumidores en general, ya que lamentablemente aún se presentan casos de publicidad que se difunde con elementos confusos o inexactos en perjuicio de quienes la reciben.

La Ley Federal de Protección al Consumidor define a la publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

Para los autores O'Guinn, Allen y Semenik, la publicidad engañosa es aquella cuyas características de un anuncio son distintas a las afirmaciones del desempeño de la marca. También se entiende por engañosa la publicidad que silencia datos fundamentales de los bienes, actividades, o servicios, siempre que dicha omisión induzca a error a los destinatarios.

Variantes:

1. Mensajes que contienen expresiones ambiguas, desconocidas o con una variedad de significados que dan lugar al riesgo de que el destinatario interprete el mensaje en un sentido equivocado, distinto a la realidad.

2. Utilización de mensajes que estimulan al comprador a tomar una decisión rápida pero que pasado un tiempo no se llevan a cabo.

3. Utilización de letra pequeña, ilegible o diminuta en los anuncios, con la intención o no, que el destinatario no los perciba o se confunda.

4. Omisión de datos importantes que puedan influir en la decisión del consumidor.

Según lo ha descrito Fernando García Sais Catedrático de Derecho de los Consumidores y de Derecho Empresarial,"la publicidad engañosa en cuanto lesionadora del mercado; esto es, de los consumidores y de las empresas, y no solamente entendida de la manera tradicional como una lesión al consumidor".

García Saispropone el concepto de publicidad engañosa como una práctica anticompetitiva y para ilustrar los elementos consubstanciales del mensaje publicitario, refiere que los elementos objetivos se sujetan al test de la veracidad y son los que deben acreditarse científicamente.

Por lo que hace a los elementos subjetivos de la publicidad, los sitúa como aquellos elementos que no son acreditables (dolo bueno), ya que no son aptas para engañar y solo pretenden enaltecer el producto como una manera de llamar la atención del consumidor.

De acuerdo con el autor, tanto la legislación protectora de los consumidores (Ley Federal de Protección al Consumidor) como la legislación sanitaria aplicable (Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Publicidad, contienen normas que deben ser observadas por los empresarios a efecto de garantizar la veracidad de la publicidad, la ausencia de engaño y de inducción al error.

El mismo Fernando García-Sais, establece que, para determinar si nos encontramos ante una publicidad engañosa, es preciso realizar los siguientes ejercicios:

a) Identificar a quien va dirigida. Es decir, se trata de delimitar el concepto de "destinatario de la publicidad".

b) Disgregar los elementos subjetivos de los objetivos y aplicar el test de la veracidad sobre los elementos objetivos. Los elementos objetivos son los que deben ser comprobables por parte del empresario.

c) Establecer si estamos en presencia de dolo bueno. El dolo bueno lo constituyen aquellas afirmaciones que versan, exclusivamente, sobre los elementos subjetivos de la publicidad.

d) Determinar el sentido que ese destinatario le atribuye a la publicidad. Si dicho significado se aparta de la realidad, de lo que el producto o servicio hace o de sus cualidades.

e)Analizar de manera conjunta el mensaje publicitario: textos, diálogos, imágenes, sonidos, forma de presentación, etcétera.

f)Calificar jurídicamente al mensaje publicitario y determinar si de la interpretación en su conjunto se concluye que (i) falta a la verdad respecto del elemento tangible de la publicidad o (ii) puede inducir al error al destinatario

El artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone que el objeto de dicha ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Así mismo, establece como principio básico en las relaciones de consumo, entre otros, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen; así como la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

De acuerdo con el artículo 32 de la referida Ley, la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

El 24 de julio de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el análisis y verificación de la información y publicidad, emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor , que tienen por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir dicho órgano al analizar y verificar la información o publicidad, con la finalidad de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva.

Conforme al lineamiento SEPTIMO, para la determinación de la publicidad como engañosa o abusiva en términos del artículo 32 de la Ley, la Procuraduría analizará todo el contenido del anuncio publicitario, sin descomponer sus partes integrantes, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros.

Los propios lineamientos disponen que la Procuraduría, verificará que la información contenida y los efectos o beneficios señalados sobre los bienes, productos o servicios publicitados sean comprobables y no se realicen comparaciones entre bienes, productos o servicios que induzcan al error o confusión a los consumidores por no ser comprobables o carecer de objetividad.

De igual forma, prevén que en el análisis y verificación de la publicidad, la Procuraduría vigile que la información no induzca al error o confusión respecto de:

I. Las características, naturaleza, composición, fecha de fabricación, riesgos y manejo del producto, bien o servicio;

II. El valor del producto, bien o servicio y los términos y condiciones para su venta. En caso de que el proveedor incluya el precio en su publicidad, se deberá verificar que se incluya el precio total final;

III. Las condiciones y requerimientos técnicos para el otorgamiento del servicio, así como el monto total, precio y tarifa de los planes o paquetes

IV. Condiciones de la garantía y formas de hacerla valer.

V. Los términos y condiciones de entrega, así como los requisitos para el cambio, devolución o reparación del bien, producto o servicio, o

VI. Los términos, duración, restricciones y condiciones para hacer valer las ofertas o promociones.

No obstante que las normas anteriores establecen una revisión y análisis integral de la publicidad e información que se presenta al consumidor, respecto de los elementos que debe contener o evitar, y que la propia Ley Federal del Consumidor establece en su artículo 1, todo un catálogo respecto de los principios básicos en las relaciones de consumo, no se establecen de igual manera los principios básicos que deben observarse en cuanto a la publicidad, por lo que consideramos que la ley de la materia debe establecer los principios obligatorios que debe cumplir la publicidad para evitar que sea calificada de engañosa.

Dichos principios servirán de base a la Procuraduría Federal del Consumidor para el análisis y valoración que ha de realizar, pues deberá partir necesariamente de su cumplimiento y arribar indefectiblemente a la conclusión que no se ha conculcado alguno de ellos para determinar que la publicidad es válida y legal.

Así, se propone adicionar un primer párrafo al artículo32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, recorriendo los siguientes en su orden, en los términos siguientes:

Artículo 32. En el análisis y verificación de la publicidad, la Procuraduría comprobará que se cumplan los siguientes principios básicos:

Principio de legalidad, que obliga a cumplir lo establecido por la ley.

Principio de veracidad, que exige el cumplimiento de la verdad en los contenidos publicitarios.

Principio de autenticidad, que el público pueda reconocer claramente que un mensaje es publicitario.

Principios que invariablemente deberá considerar la Procuraduría en la revisión de la publicidad, en el ejercicio sus facultades legales y reglamentarias.

Por otra parte, es indispensable adoptar mejores medidas para que la publicidad se difunda conforme a normas que protejan al público destinatario infantil, en seguimiento a las importantes reformas que este senado ha aprobado en relación a la salud de la niñez mexicana.

Recordemos que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, son principios básicos en las relaciones de consumo, entre otros, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva y la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

En este ámbito, es de destacar la referencia que nos otorga el Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud (CODIGO PAOS), el cual se inserta en el marco de la Estrategia lanzada en el año 2005 por el Ministerio Español de Sanidad y Consumo y cuyo objetivo es "disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus consecuencias, tanto en el ámbito de la salud pública como en sus repercusiones sociales".

El Código PAOS nació con vocación de aplicación a la publicidad de alimentos destinada a los menores de hasta 12 años, independientemente de quien sea el anunciante, habiéndose adherido al mismo empresas miembros de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) de ese país, y busca que toda la publicidad comprendida en su ámbito de aplicación llegue a cumplir las normas éticas, los anunciantes estén adheridos y cumplan las normas de aplicación del Código.

Con la aplicación de ese Código se ha conseguido una mejora de la calidad de los mensajes publicitarios dirigidos a los niños como segmento de población merecedor de una especial atención, siguiendo las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre marketing de alimentos dirigido a niños.

Por tanto, el Código PAOS ha supuesto un avance en la regulación de la publicidad infantil, no sólo porque establece los principios que han de regir el diseño, la ejecución y difusión de los mensajes publicitarios, sino también porque fija los mecanismos que garantizarán el control y la aplicación de las normas.

En nuestra legislación, la fracción VII del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, prohíbe al proveedor la utilización de estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población. Esto, además de establecer como conductas graves, aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, es pertinente establecer en la ley especial de protección a los consumidores las normas indispensables para que la publicidad e información dirigida a este público de especial atención, contemple elementos específicos para que se respeten precisamente esos derechos desde el ámbito de la divulgación de información comercial.

Esto, debido a que se ha considerado que los niños y los ancianos, así como los que padecen alguna dolencia física o mental, se convierten en destinatarios de toda clase de abusos publicitarios, que persiguen distorsionar de manera su comportamiento económico, y consiste en utilizar una práctica comercial (la publicidad) para mermar de manera apreciable la capacidad de éste para adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa haciendo así que tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado.

Esto es congruente con lo dispuesto en los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, en cuanto a que en el análisis y verificación de la publicidad dirigida a personas vulnerables, la Procuraduría Federal del Consumidor considerará, las características especiales y la condición de los destinatarios de la publicidad, considerando entre otros el siguiente principio: "No se aproveche de las características propias de su condición, entre otras, las psicológicas o emocionales".

Como lo afirma el catedrático García-Sais, el carácter persuasivo de la publicidad, en ciertos casos, es inteligentemente disimulado por el anunciante, de manera tal que para un consumidor atento y perspicaz pasa desapercibido, y en algunos casos, incluso llega a confundirse con un componente de tipo informativo.

Así, es de considerarse que cuando se difunde publicidad dirigida al público infantil, inmediatamente después del programa infantil que se transmite en ese segmento, donde los elementos o rasgos distintivos de la publicidad guardan similitud o identidad con los de la programación, se genera confusión en la percepción del infante respecto a la naturaleza de la publicidad, incitando de esta forma el deseo de adquisición de un bien o servicio por parte del infante, lo que bien podría catalogarse como "publicidad encubierta" en la medida que oculta –o trata de ocultar— su verdadera esencia (la de ser publicidad), en contraposición al principio de autenticidad del mensaje, y por ello resulta engañosa.

Esto es, la publicidad comercial dirigida al público infantil debe distinguirse claramente de los contenidos de los programas televisivos dirigidos a ese público, por lo que no deben difundirse inmediatamente después del segmento del programa infantil, anuncios publicitarios cuyos elementos propicien confusión sobre su naturaleza comercial, para que no se aproveche indebidamente de la condición de inmadurez que presenta el infante.

Esto, porque la confusión que ocasiona este tipo de publicidad constituye la presentación de mensajes publicitarios ante los ojos de los consumidores sin que éstos puedan identificarlos como tales.

Consecuentemente, se plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, recorriendo los siguientes en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 32…

Se considerará también como engañosa, la publicidad dirigida a público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil, que incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando la inexperiencia o credulidad al causar confusión en el menor por no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Senado de la República la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa

Artículo Unico: Se adiciona un párrafo primero y un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 32. En el análisis y verificación de la publicidad, la Procuraduría comprobará que se cumplan los siguientes principios básicos:

Principio de legalidad, que obliga a cumplir lo establecido por la ley.

Principio de veracidad, que exige el cumplimiento de la verdad en los contenidos publicitarios.

Principio de autenticidad, que el público pueda reconocer claramente que un mensaje es publicitario.

Se considerará también como engañosa, la publicidad dirigida a público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil, que incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad al causar confusión en el menor, por no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.
Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo".

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Ortiz González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Señor Presidente, para sumarme a la propuesta de la Senadora.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Claro que sí. Le ha concedido la Senadora Ortíz González el derecho de adherirse a su propuesta para los Senadores Oscar González y Ascención Orihuela.





 

MESA DIRECTIVA

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva aprobó un Acuerdo por el que se establecen los criterios para la presentación de iniciativas y proposiciones en las sesiones ordinarias.



A partir de esta sesión se aplicará de forma que las iniciativas y las proposiciones podrán mantenerse registradas sólo por una sesión más.

Las que no alcancen a ser presentadas en tribuna en un máximo de dos sesiones, se turnarán a las comisiones para su análisis y dictamen y no volverán a ser inscritas en el Orden del Día.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Minería.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MINERIA SUSTENTABLE

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En efecto, vengo a tribuna a presentar una iniciativa sobre minería sustentable. A lo largo de nuestra historia, la minería ha sido una de las actividades más importantes; y en la actualidad este sector reviste enorme importancia en el desarrollo integral de México. El valor de producción de la industria minero-metalúrgica asciende a 300 mil millones de pesos, lo que representa un 8.5 por ciento del PIB industrial y el 2.9 por ciento del PIB nacional en 2013.

Adicionalmente, de acuerdo a la Secretaría de Economía, todo el sector minero-metalúrgico contribuye con el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Asimismo, este sector tiene una repercusión muy importante en el empleo con casi 2 millones de trabajadores.

Sin embargo, las condiciones de vida de trabajo en que se encuentran no son acordes con los mínimos que se requiere para esta actividad riesgosa. Es así que los mineros trabajan en condiciones infrahumanas.

Durante 2013 la industria minera sumó 6 mil 576 millones de dólares de inversión directa; de esta forma México se encuentra en el primer lugar de América Latina y el cuarto a nivel mundial en inversión para la explotación minera. Con ello, la minería es la quinta fuente de captación de divisas, con un total de 18 mil 356 millones de dólares en 2013, sin que los beneficios de esta industria sean para las y los mexicanos; al contrario, los grandes remanentes del sector van hacia las empresas y a un grupo muy reducido de empresarios mexicanos que exclusivamente saquean nuestros recursos del subsuelo al amparo de las concesiones otorgadas, sin que aporten en beneficio general esta riqueza.

En virtud de lo anterior, quiero destacar algunos puntos.

Desde 1993 a la fecha, en total se han entregado 46 mil 74 títulos de concesión, más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado. Hasta julio de 2013 casi 101 millones de hectáreas estaban concesionadas por medio de títulos mineros, es decir, un 51.41 por ciento del total de nuestro territorio.

Asimismo, según datos de 2012, el 25 por ciento del territorio se encuentra en manos extranjeras, siendo empresas canadienses el 77 por ciento.

Por otra parte, en 2013 el valor de la producción de oro y plata correspondió casi al 30 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica.

La importancia de estos datos es que las grandes empresas mineras, especialmente canadienses, se quedan con el 95 por ciento del oro mexicano, 95 por ciento de la plata y 97 por ciento del cobre; es decir, no se ha detenido el saqueo que México ha vivido en sus recursos minerales desde hace 500 años.

Por otra parte, las empresas transnacionales beneficiaras de esta laxa regulación y entreguismo de concesiones sin coordinación, al igual que el que reciben unos cuantos magnates mexicanos que encabezan la lista de los hombres más ricos del mundo, se identifican con un pequeño grupo de beneficiarios.

En 2013 había 266 empresas minero-metalúrgicas con inversión extranjera, 70 por ciento de origen canadiense, 17 por ciento de origen estadounidense y 3.3 de origen chino, siendo éstos los principales países de origen de estas empresas.

Si bien el sector minero es uno en que tanto empresas como dueños obtienen enormes remanentes económicos, es también uno donde las condiciones de vida de los trabajadores son deplorables, 7 de cada 10 trabajadores reciben un sueldo por debajo de 3.2 dólares canadienses por hora, mientras que en Canadá los mineros reciben 26 ó 30 dólares por hora, es casi diez veces mayor al que reciben aquí los trabajadores mineros.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el informe especial sobre condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila en 2011, señaló que solamente en Coahuila de 2006 a 2011 se habían registrado 124 muertes vinculados a la extracción de carbón en Coahuila.

Desafortunadamente los números de mineros fallecidos, principalmente en los pocitos de carbón, no han dejado de crecer en las últimas fechas.

La Organización Familia Pasta de Conchos reportó en febrero del presente año, en una visita al Senado, que desde el incidente de Pasta de Conchos en 2006, ya sumaban 170 el número de fallecidos en pozos, cuevas, minas, plantas de beneficio y transporte de carbón.

Lo anterior demuestra que los pocitos son verdaderas trampas mortales, por lo que se insiste en el objetivo de prohibirlos y brindar las condiciones de seguridad estándar en la industria que tiene a nivel internacional.

Con relación a los daños ambientales que la industria genera, la propia SEMARNAT informó en septiembre de 2014 que en el país hay 635 lugares contaminados sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras; de ellos 95 por ciento no han sido atendidos. Entre otros, la minera San Javier que opera en San Luis Potosí, la Minera Santa María del Grupo Frisco, el reciente caso de contaminación en Sonora por parte del Grupo México, el derrame de 100 mil 800 toneladas de residuos químicos en la Presa Jales de la Minera Dos Señores, entre muchos otros casos.

Un aspecto clave de esta propuesta es la inclusión del concepto de sustentabilidad que permitirá recuperar los recursos invertidos y, además, generar utilidades no sólo para el sector, sino que va combinado con la Ley Federal de Derechos para que aporten más al erario público y se respete el tanto derecho de las personas como el entorno en las comunidades donde se desarrollan.

Esta iniciativa recupera en buena medida la que presenté el 19 de septiembre del año pasado en conjunto con los Senadores Alejandro Encinas y Layda Sansores, a partir de la inquietud de diversas organizaciones de trabajadores mineros y movimientos contra la minería tóxica, sin que a la fecha haya sido dictaminada por las comisiones a las que fue remitida.

El eje rector de este modelo es que la industria minera se basa en el principio de sustentabilidad, se retoman y ojala sean escuchadas, a través de esta iniciativa, las opiniones de pobladores de las zonas mineras, entregándole a los mismos el poder de decidir sobre el futuro de sus regiones y sus recursos sin que se tenga preferencia a los intereses empresariales que históricamente han manchado al sector.

Se contemplan disposiciones estrictas en materia de mejora de condiciones de vida de los trabajadores, así como sanciones más adecuadas en materia de reparación de daños ocasionados por contaminación ambiental, donde predomina la cancelación de las concesiones y la obligación de reparar totalmente los daños sin que se ponga un límite económico al mismo.

También se reduce el plazo de las concesiones mineras y se imponen candados para la conservación de las mismas, además de dar preferencia a las pequeñas y medianas empresas, lo cual genera mayor competitividad en el sector y se reducirá la concentración de poder y las concesiones del mismo.

En fin, son muchos los puntos que aborda esta iniciativa.

Solamente me resta decir que es el momento de abrir este debate y dar respuesta al clamor de nuestro pueblo que está exigiendo que la minería genere beneficios a sus comunidades, al país y a sus trabajadores y no sólo sea un saqueo de riqueza, una fuente de muertes, de explotación laboral y de ecocidio.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MINERIA SUSTENTABLE, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

A lo largo de la historia de México, la minería se ha caracterizado por ser una de las actividades más importantes. No debe pasar por alto el gran desarrollo de los llamados Reales de Minas, a través de los cuales la Corona Española explotó de una manera avasalladora los recursos minerales de nuestro país. Esta actividad fue el motor que permitió a nuestro país la consolidación de la actividad económica más importante de los territorios de ultramar del entonces Imperio Español, así como un fuerte motor de la Independencia mexicana. De igual modo, la minería fue también de los catalizadores de la Revolución Mexicana con la huelga en Cananea. Con todo, el poder económico que deriva de esta industria, dista mucho de responder a las necesidades de la sociedad mexicana y tan sólo ha rendido frutos a un pequeño grupo.

La última gran pelea en el campo minero se da a partir de las reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales, que impulsados por Carlos Salinas de Gortari, en 1993, eliminó el tope de participación del capital privado en el sector. Posteriormente, se entregaron sin ninguna estrategia integral o responsabilidad social un gran número de concesiones mineras, que empoderaron a personas como Germán Larrea, Alejandro Bailleres e incluso Carlos Slim, y tantas empresas de origen extranjero. Asimismo se eliminaron impuestos a la actividad minera y se redujo la aplicación de regulación a las compañías en materias tan importantes como seguridad laboral o medio ambiente.

Los beneficios a este sector, también se presentaron en la reciente reforma energética, gracias a la cual, las mineras de carbón podrán explotar el Gas Natural o gas asociado al carbón, sin necesitar una licitación para explotar el gas, es decir, se les podrá asignar directamente con sólo pedirlo a la Secretaría de Energía.  En otras palabras, el gobierno hizo los arreglos necesarios y se cedieron los derechos de extraer el gas y enajenarlo para seguir privilegiando a las grandes compañías mineras. Se trata de un premio a la lealtad de las mineras para mantener el sistema, en detrimento incluso del texto constitucional.

Con las acciones recientemente, el actual gobierno pretende perpetuar las condiciones de explotación salvaje y saqueo de recursos de las y los mexicanos en beneficio de los intereses privados. Peor aún, en lugar de establecer mejoras serias de la administración de los recursos mineros para prevenir mayores daños ambientales, a los derechos sociales, laborales e inclusive la vida de quienes llegan a trabar en condiciones extremas, ahora han premiado a quienes han devastado el territorio, entregándoles, contra lo establecido en la Constitución, también el gas.

Es urgente una nueva y mejor regulación que debe impulsarse sin más demoras desde el Congreso de la Unión, la cual debe fungir como un real contrapeso político. Es urgente también que el gobierno federal asuma un papel serio y comprometido. Contrariamente a lo que sucede actualmente, nuestros recursos mineros deben ser una auténtica riqueza nacional que nos permitan reducir la inequidad, impulsar la lucha contra la pobreza y el desarrollo no sólo de los pueblos dedicados a la actividad, sino del Estado en su conjunto. Una reforma seria y comprometida con la población abonaría a la construcción de un Estado con auténtica responsabilidad social, incluyente y con un proyecto sustentable para el futuro de todos los mexicanos.

En este sentido, esta Iniciativa retoma las propuestas de Ley Minera en cuya elaboración participaron diversos movimientos anti gran minería tóxica: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero; el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier;la Asamblea Veracruzana y Defensa Ambiental; los habitantes de San José del Progreso de los Valles Centrales de Oaxaca; los habitantes de Capulalpan, Oaxaca; los habitantes de Morelos agrupados en el Movimiento Morelense en Contra las concesiones  Mineras de Metales Preciosos; pobladores de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán; los representantes de diversos movimientos en contra de la mega minería tóxica de Baja California Sur tales como  Medio Ambiente y Sociedad, Agua vale más que oro; los Barzonistas de Chihuahua; los representantes de Tetela Hacia el Futuro, de Puebla, así como diversos movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas. Dicha iniciativa la presenté el 19 de septiembre de 2013 en conjunto con el Senador Alejandro Encinas y la Senadora Layda Sansores, sin que la misma haya sido retomada por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativas.

No podemos dejar de lado que debido a la coyuntura actual que se vive por la reciente reforma energética, los derrames de sustancias tóxicas en los Ríos de Sonora y el más reciente derrame de 10 mil 800 toneladas de residuos químicos en la presa de jales de la mina “Dos Señores”, ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa, y la tibia acción del Gobierno Federal y Estatal, obliga a retomar los principios de aquella iniciativa pero incorporándole mecanismos de control más duros contra las mineras que actúan bajo sus propias reglas en nuestro país, sin que exista nada que se los impida.

II. RELEVANCIA DEL SECTOR: RIQUEZA MINERAL DE MEXICO

Como ya se mencionó, el sector minero reviste una gran importancia en el desarrollo integral de México. En términos de la economía el valor de producción de la industria minero-metalúrgica(INEGI, 2013) asciende a 200 mil 946 millones de pesos, lo que representa un 8.5 % del PIB Industrial y 2.9 % del PIB Nacional en 2013. Adicionalmente, de acuerdo la Secretaría de Economía todo el sector minero metalúrgico: contribuye con el 4.9 % del Producto Interno Bruto nacional.

Por si fuera poco, el sector minero tiene una repercusión importante en el empleo con 332 mil 501 plazas laborales directas de acuerdo al IMSS (2013). Indirectamente se crearon 1 millón 650 mil empleos en 2013 a través del sector minero. De tal manera que casi dos millones de empleos son directa e indirectamente provenientes del sector que paulatinamente se va entregando a mineras extranjeras, sin que las condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores del sector vayan acordes con las medidas mínimas de seguridad y remuneración. Los mineros trabajan en condiciones infrahumanas, todo al amparo de los Gobiernos Federal y Estatal.

Según la Secretaría de Economía, México ocupa el primer lugar mundial en la producción de plata y se encuentra entre los 10 principales productores mundiales de 16 diferentes minerales como oro, plomo, zinc , cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente.

En cuanto a la inversión en el sector, durante 2013 sumó un total de 6 mil 576 millones de dólares de inversión directa (Canimex) proveniente de la industria minera. De la misma forma, México se encuentra en el primer lugar de América Latina y cuarto en el mundo en inversión para la exploración minera (prácticamente empatado con Chile, Tendencias Mundiales en Exploración de SNL Metals and Mining Ranking 2013-2014 con datos del 2013). La industria minera fue la 5º fuente de captación de divisas con un total de 18 mil 356 millones de dólares, en 2013.

III. MAGNITUD DEL SAQUEO

Dentro de la magnitud del saqueo al que ha sido sometido nuestro país en su historia podemos detectar tres grandes aristas: concesiones; saqueo de oro y plata; y concentración de los beneficios en grandes empresas nacionales y transnacionales.

Hablando de las concesiones, existe falta de transparencia y es urgente que la Secretaría de Economía precise con claridad la información sobre el total de las mismas. Lo anterior se sustenta en los siguientes puntos:

● Más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado(SEMARNAT con datos hasta julio de 2013).La información antes referida señala que casi 101 millones de hectáreas (1 millón 10 mil km2) estaba concesionada por medio de títulos mineros. En total desde 1993 se han otorgado, 46,074 títulos.

● Se estima que para 2014 casi 56% del territorio nacional estará concesionado si consideramos el promedio de anual de superficie concesionada en los últimos años 10 años (56,436 km2 de 2002 a 2012).

● De seguir con esta tendencia, antes de que termine el actual sexenio, el gobierno habrá concesionado el 70% del territorio y puesto en manos privadas toda nuestra riqueza minera. Lo anterior considerando que de acuerdo a especialistas, aproximadamente el 70% del territorio nacional puede ser sujeto de concesiones mineras.

Además de lo anterior, el 25% del territorio está en manos extranjeras, puesto quesolo en 2012 este porcentaje del territorio nacional se encontraba bajo concesiones a empresas mineras extranjeras, 77% a compañías canadienses.

El saqueo de minerales como el oro y la plata representa un daño importante al desarrollo de la economía mexicana. ¿Por qué es grave el saqueo de estos minerales?

En 2013 el valor de la producción de oro y plata correspondió casi a 30% del valor total de la producción minero -metalúrgica (cálculos propios con datos del SIAM, Secretaría de Economía). Durante todo el periodo colonial (1521-1830) se extrajeron en la Nueva España 192 toneladas de oro y 56 mil 144 de plata. La anterior significa que en los últimos 14 años (2000 a 2013 incluyendo el 2000) se extrajo casi 80% de la plata que se extrajo en toda la Colonia y casi 4 veces la cantidad de oro extraído en la misma. Es importante mencionar que durante el periodo colonial, el oro y la plata fueron la principal fuente de acumulación de transferencia y acumulación de riqueza para la corona Española.

Con base en las estimaciones anteriores y “de acuerdo con la estadística oficial (en este caso de la Secretaría de Economía), las grandes empresas mineras –especialmente canadienses– se quedan con 95 por ciento del oro mexicano; 95 por ciento de la plata y 97 por ciento del cobre. La mediana y pequeña minerías se reparten las migajas. El nuevo impuesto de 0.5% a estos metales no resuelve nada y sigue permitiendo el saqueo salvaje de estos recursos. Por si esto fuera poco, los beneficios de la industria minera se concentran en unas pocas manos, en unas cuantas empresas nacionales y transnacionales. La baja distribución de las riqueza y la renuncia a ella por parte del gobierno, acrecienta la brecha de desigualdad que hoy vivimos.

Tres grandes consorcios en el rubro de nacionales han sido los principales beneficiados:

Grupo México: propiedad de Germán Larrea (segundo hombre más rico de México, después de Carlos Slim). Su empresa monopoliza las concesiones en minas de cobre que le han sido otorgadas por gobierno casi de manera exclusiva en los últimos veintidós años.  Además son muchas las muestras de las condiciones desfavorables y de inseguridad en las que se encuentran sus trabajadores. Es clara también la falta de responsabilidad en cuanto a las prácticas de protección al medio ambiente. Entre los ejemplos se encuentran: el fatal incidente en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006, donde murieron 63 mineros o los recientes derrames en el Rio Sonora.

Minera Frisco: pertenece a uno de los hombres más ricos del país y del mundo y quien ha forjado su riqueza en la era neoliberal en México, es decir a Carlos Slim. Es uno de los tres consorcios que dominan y concentran la extracción de oro y plata.

Grupo Fresnillo y Peñoles: propiedad de Alberto Bailleres, otro de los tres hombres más ricos de México de acuerdo la Revista Forbes. Dueño de El Palacio de Hierro, accionista principal de GNP y Médica Móvil. Es otro de los consorcios líderes en oro y plata En esta empresa también se han reportado diversos accidentes que han dañado a los trabajadores, al medio ambiente y las comunidades donde están presentes.

Entre las empresas transnacionales beneficiarias de esta laxa regulación y entreguismos, al igual que en el caso anterior, se identifica un pequeño grupo de beneficiarias, varías de ellas canadienses: Gold Corp. (Canadá); Alamos Gold (Canadá); Coeur d´Alene Mines (Estados Unidos); Gammon Gold Resources (Canadá); New Gold (Canadá); Minefinders Corporation (Canadá); Agnico Eagle Mines (Canadá). Sin embargo, las facilidades que han dado los gobiernos federales para la depredación de la riqueza minera han atraído un amplio número de intereses extranjeros. De acuerdo al “Anuario Estadístico de la Minería Mexicana -2013”, publicado por la Secretaría de Economía, había en el país 870 proyectos con inversión extranjera directa en 2013. Destaca que la mayoría de estos proyectos se concentran en los metales preciosos.

Asimismo, en el mismo año había 266 empresas Minero‐Metalúrgicas con Inversión Extranjera: 70% es de origen canadiense, 17% de origen estadounidense, y 3.3% es de origen Chino, siendo estos los tres principales países de origen de estas empresas.

IV. ASPECTO LABORAL, DAÑO A COMUNIDADES Y DEPREDACION
DEL MEDIO AMBIENTE EXPLOTACION

La situación de los trabajadores mineros no ha cambiado en los últimos quinientos años. De acuerdo a la encuestas de Compañías Mineras 2013 del Fraser Institute, (Survey of mining companies 2013, Fraser Institute), México continúa en los últimos lugares a nivel mundial en: procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad, normas laborales, seguridad, entre otros. La encuesta se aplicó en más de 72 países y 112 jurisdicciones. Se pagan bajos salarios a los trabajadores, a cambio de largas jornadas (hasta 14 horas diarias), hay pocas condiciones de seguridad y realizan su labor en condiciones muy desfavorables de higiene.

Siete de cada 10 trabajadores perciben un sueldo por debajo de 3.26 dólares canadienses por hora, mientras que en Canadá, país con mayor inversión en la minería en México, los mineros reciben una remuneración entre 26 y 30 dólares canadienses por hora, es decir casi 10 veces mayor al que reciben aquí los mineros.

De acuerdo a la CEPAL, desde hace una década la industria minera ha logrado tasas de crecimiento anual que duplican e incluso triplican el crecimiento del Producto Interno Bruto nacional. No obstante, pese al crecimiento minero, la CEPAL señala que en México persisten altos niveles de pobreza en diferentes modalidades, principalmente en entidades donde se ha desarrollado la industria minera como Guerrero y San Luis Potosí, mismas que aportan el 13% y 7% de la producción de oro, respectivamente.

Un importante punto a considerar es la situación de los trabajadores mineros, dado que están francamente expuestos al peligro de ser mutilados o sufrir lesiones serias en diversas partes de su cuerpo, están expuestos incluso a perder la vida en situaciones que emulan la esclavitud.

En el informe de la CNDH, “Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila”, 2011, se señalaba que solamente en Coahuila, de 2006 a 2011, se habían registrado 124 muertes vinculadas a la extracción del carbón en Coahuila. Desafortunadamente los números de mineros fallecidos, principalmente en pocitos, no ha dejado de crecer en las últimas fechas. La Organización “Familia Pasta de Conchos” reportó, en febrero del presente año en una visita al Senado, que desde el incidente de Pasta de Conchos en 2006 ya sumaban 170 el número de fallecidos en pozos, cuevas, minas, plantas de beneficio y transporte de carbón (Incluyendo los 65 decesos en Pasta de Conchos).

Estos datos confirman que los pocitos son trampas mortales. Son minas pequeñas para la extracción de carbón: se llega por un tiro vertical aproximadamente con diámetro de 1.5 metros y cuya profundidad puede llegar a los 100 metros. Los trabajadores suelen ser transportados al interior de la mina con un plástico o “tambo” de menos de un metro de diámetro que es tirado por cuerdas con motores de autos viejos, sin que dichos señalamientos hayan sido tomados en cuenta por las autoridades competentes con el fin de reducir los riesgos laborales en el sector, siendo que, por el contrario, las voces han sido relegadas y prácticamente quedado en el olvido por quienes deberían velar por la mejora en las condiciones de vida y de trabajo en el sector. Incluso en la Reforma laboral de hace dos años, se evitó prohibir este tipo de trabajos.

En materia de daño a comunidades y medio ambiente, de acuerdo con académicos de la UNAM, en todos los Estados que cuentan con actividad minera se registran denuncias a los abusos y las violaciones relacionadas con la destrucción del entorno físico, agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras así como destrucción de manera irremediable de costumbres y forma de vida. Lejos de beneficiarse, muchas comunidades sufren enormes deterioros ecológicos en el subsuelo, atmosfera, suelos y cuerpos de agua.

De acuerdo a información reciente de la SEMARNAT (septiembre de 2014) en el país hay 635 lugares contaminados sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendidos, según datos del Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Asimismo, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (creado desde 2007 por 40 organizaciones civiles de la región para defender los derechos de las comunidades afectadas por la industria extractiva) México prácticamente está empatado en primer lugar de los países de América Latina con más conflictos mineros, 34 corresponden a México, Chile y Perú, que concentran 35 casos cada uno. Estos conflictos se presentan por cuestiones laborales, problemas con comunidades y de contaminación ambiental. Algunos ejemplos son:

● La Minera San Xavier opera fuera de la Ley en San Luis Potosí, causando graves daños en el agua, el ambiente, la salud de la población y las alternativas de desarrollo de la zona.

● El derrame de la Minera Santa María. El Grupo Frisco, dueño de Minera María, ha contaminado, por descuido, con 50 mil toneladas de sales, se desconoce sin son de metales pesados, como Cadmio, Azufre, Aluminio, Arsénico que dañan de manera mortal al ser humano y al ganado.

● El reciente caso de contaminación en Sonora por parte de la minera propiedad de Grupo México, donde 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina de Cananea en aguas del río Bacanuchi en la zona de Río Sonora.

● El caso del derrame de derrame de 10 mil 800 toneladas de residuos químicos en la presa de jales de la mina “Dos Señores”, ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa. 

Desafortunadamente, estos no son los únicos casos que se tienen registrados, otras organizaciones reportan otros efectos negativos y conflictos. Como se puede apreciar este registro de conflictos reflejan con claridad el abuso sistemático que en los últimos años han tenido las mineras sobre el medio ambiente y las comunidades donde se establecen.

Por lo hasta aquí mencionado, la actual situación debe revertirse urgentemente para evitar el crecimiento de la ya larga lista de los abusos de las mineras y que han sido consentidos por el gobierno federal. Los cambios de fondo son impostergables y este debate ser considerado como parte central de la agenda nacional. Como ya se ha señalado, contrariamente a lo que sucede actualmente, nuestros recursos mineros deben ser una auténtica riqueza nacional que nos permita reducir la inequidad, impulsar la lucha contra la pobreza y el desarrollo.

V. LA SUSTENTABILIDAD

Un aspecto clave de esta propuesta es la inclusión del concepto de la sustentabilidad, el cual ha trascendido dentro de las iniciativas públicas y privadas para convertirse en un concepto más allá de “una empresa verde”. La nueva acepción que ha adquirido en el nuevo milenio es el de una empresa-actividad o política que presente mejoras y crecimiento a lo largo de su vida útil, que permita recuperar los recursos invertidos y además genere rédito, siempre en un contexto de respeto tanto a las personas que rodean a la actividad productiva, como al entorno en el que se desarrollan.

Ahondando un poco más en la filosofía que alimenta el concepto, se debe tener presente que ésta existe sólo cuando se encuentran sus tres ejes: ecológico, social y, aunque no parece tan evidente, el social. Cualquier proyecto que no contemple estos tres ejes en sus proyecciones no puede ser considerado sustentable. Por ejemplo, un proyecto que contenga solamente un eje ecológico y económico, puede considerarse viable; un proyecto que tenga un eje económico y un eje social, es un proyecto equitativo. Sin embargo, lo que otorga la calidad de sustentable es la existencia de los tres ejes. Lo que queremos lograr con la presente iniciativa.

De igual modo, la sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos que se tiene a disposición, naturales y económicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Es así que uno de los principales retos que enfrente México es incluir la sustentabilidad como uno de los elementos del desarrollo económico y social.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA MINERIA SUSTENTABLE

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de la Minería Sustentable, para quedar como sigue:

LEY DE LA MINERIA SUSTENTABLE

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría.

Artículo 2. Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes.

Artículo 3.- Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos aplicables, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

Artículo 4.- El Estado garantizará que los mecanismos de extracción y beneficio de los recursos naturales concesibles comprendidos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos preserven el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, permitan condiciones de vida con dignidad para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los derechos humanos.

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I.- Exploración: Las obras y trabajos realizados con el objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;

II.- Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo;

III.- Beneficio: Los trabajos de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a que se somete el material extraído para su posterior utilización y transformación. Preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos;

IV, Cierre de mina: Obras que la empresa minera tiene la obligación de realizar para restaurar, remediar todos los impactos naturales (biológicos, ecológicos y paisajísticos), sociales (referentes a la vida en comunalidad, a servicios comunitarios o pertinentes a la salud de la población), culturales (materiales e inmateriales) y económicos (actividades primarias, secundarias y terciarias) que hayan sido alterados parcial o totalmente por la actividad minera.

V. - Actividad minera: Exploración, explotación, beneficio y cierre de mina.

VI.- Asignación minera: Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría exclusivamente al Servicio Geológico Mexicano para actividades de exploración de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del dicho lote sin que la superficie forme parte de la asignación;

VII.- Concesión minera: Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría para actividades de exploración o explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley  en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro de dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

VIII.- Ley: La Ley de la Minería Sustentable;

IX.- Consulta: Derecho y procedimiento que tienen los pueblos y sus habitantes, a través de sus asambleas y autoridades representativas, para definir la aprobación o negación de un proyecto u actividad que tenga una clara tendencia de incidencia externa y que pretende implementarse en algún lugar del territorio del pueblo o localidad. Este derecho se ejerce a partir de disponer, de manera autónoma, información fidedigna, suficiente, oportuna, objetiva y culturalmente adecuada, con el propósito de generar un proceso de análisis y reflexión entre las mujeres y los hombres de una población, sobre las ventajas y desventajas que puede generar un proyecto u actividad y en su caso, que derive en el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado.

X.- Participación:Derecho y procedimiento mediante el cual el gobierno obtiene el consentimiento o rechazo vinculante de las poblaciones no indígenas, para, en su caso, obtener un acuerdo previo, libre, informado y vinculante para la realización de actividades mineras en sus territorios.

XI.- Licencia social: Consentimiento vinculante otorgado a través de procesos de consulta, por poblaciones y comunidades indígenas, o acuerdo vinculante otorgado a través de procesos de participación, por poblaciones no indígenas, para la realización de actividades mineras.

XII.- Poblaciones directa o indirectamente afectadas: Aquellas poblaciones, indígenas o no indígenas, que se encuentren en riesgo de recibir algún impacto a raíz de la actividad minera.

XIII.- Registro: El Registro Público de Minería;

XIV.- Secretaría: La Secretaría de Economía;

XV.- Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que ya habitaban en el territorio actual del país desde el inicio de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, parte de ellas.

XVI.- Comunidades integrantes de un pueblo indígena: Aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

XVII.- Tajo a cielo abierto: Todo proyecto de explotación de minerales concesibles cuyas actividades se llevan a cabo a la intemperie. Implica la remoción de grandes volúmenes de minerales por medio de excavaciones en franjas horizontales llamadas bancos. Los bancos se remueven en forma descendente a partir del banco que se encuentre en la superficie. Esta técnica de explotación se aplica en yacimientos masivos de gran tamaño, cerca de la superficie, donde los minerales se encuentran diseminados (de baja ley). Se basa en la extracción de todo el material donde se ubica el mineral. Asimismo, elimina la cubierta vegetal, la biodiversidad y el suelo, generando repercusiones irreversibles en el paisaje, la geografía y el medio ambiente, además de serias repercusiones sociales.

XVIII.- Tumbe y relleno: Tecnología de explotación empleada en minas subterráneas, consiste en romper el mineral en diferentes pisos y en sentido descendente, ascendente o con techo en arco. Después que un corte o piso haya sido completamente extraído, se procede a rellenar antes de empezar el nuevo corte en el piso inmediato inferior. Este relleno es el que va ayudar en el sostenimiento del techo del nuevo frontón que se abre. El minado del mineral continúa piso por piso hasta terminar el bloque.

XIX.- Pocitos de carbón: Extracción de carbón mineral en forma rudimentaria en tiros verticales a menos de 100 metros de profundidad.

XX.- Minería artesanal: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones a) posea una capacidad  para remover materiales del subsuelo menor a setecientos cincuenta toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley, inferiores a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXI.- Pequeña minería: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: a) posea una capacidad para remover materiales del subsuelo entre setecientos cincuenta y quince mil  toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley entre quinientos y cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXII. Mediana minería: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: a) posea una capacidad para remover materiales del subsuelo entre quince mil y sesenta mil toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley entre cinco mil y veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXIII.- Gran minería: Cuando la actividad minera satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: a) posea una capacidad  para remover materiales del subsuelo mayor a las sesenta mil  toneladas métricas mensuales; b) obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley,  superiores a veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXIV.- Minería hidráulica: Proceso de extracción de los recursos naturales concesibles que involucre explotación bajo el agua, ya sea en pantanos lagos, glaciares, esteros o el mar comprendido por las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos.

XXV.- Sitio RAMSAR: Alguno de los sitios declarados por el Gobierno mexicano en términos del Convenio de Ramsar.

XXVI.- AICAS: Areas importantes para la conservación de las aves

Artículo 6.- Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

III. Diatomita;

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;

V. Sal gema;

VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;

IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales o a la necesidad prioritaria de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.

Quienes pretendan realizar la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, deberán solicitar la obtención de la concesión minera correspondiente, siempre y cuando realicen lo que corresponde a los términos que esta Ley y su Reglamento señale para su otorgamiento.

Artículo 7.- Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:

I.- El petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso; así como el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

II.- Los minerales radiactivos;

III.- Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos;

IV.- Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto en pequeña escala.

VI.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas.

Artículo 8.- La actividad minera no goza de carácter preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y estará condicionada a que no vulnere los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, así como una afectación al medio ambiente. Sólo se considerará de utilidad pública cuando esta actividad se realice directamente por el Estado, sin la participación de particulares, para beneficio directo de los mexicanos y realizada de una manera responsable con el medio ambiente.

Cada etapa del proceso minero, pero en especial la exploración, explotación, el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, así como las acciones para el cierre de minas, se someterán a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas, y a la participación social y ciudadana para obtener el acuerdo previo, libre, informado y vinculante para poblaciones no indígenas; bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen.

Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría:

I.- Garantizar la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación de manera sustentable;

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de apoyo a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería;

III.- Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas, relacionados con la industria minerometalúrgica;

IV.- Participar con las dependencias competentes, así como con las instituciones de educación superior, de salud, de investigación y organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de los pueblos circunvecinos, así como de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale;

VI.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal, previo acuerdo favorable con la autoridades en materia de medio ambiente y las posibles comunidades afectadas, los proyectos de decreto para permitir la concesión de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación de zonas de reservas mineras;

VII.- Expedir títulos de: a) concesión de exploración, b) concesión de explotación y beneficio y c) asignación minera. Resolver sobre la nulidad, cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas.

VIII.- Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y de las disposiciones de los demás ordenamientos jurídicos aplicables sobre las solicitudes de expropiación o constitución de servidumbre, indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley;

IX.- Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;

X. Solicitar y recibir, con carácter público, información sobre el volumen y el valor de la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, los estados económicos de empresas mineras y metalúrgicas, así como el nombre y razón social de empresas asociadas involucradas en trabajos de explotación, exploración, beneficio y otras tareas relacionadas con las actividades mineras para cada concesión especificando el porcentaje de inversión nacional y el porcentaje extranjero, indicando el nombre y razón social de las empresas con las que mantiene vínculos comerciales, con planes estratégicos, industriales, de investigación, así como el historial de cada una de ellas, sean nacionales o extranjeras

Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre los estados contables de empresas mineras y metalúrgicas;

XI.- Entregar una copia a las poblaciones de todos los informes, registros e inventarios que entregue el concesionario a la Secretaria;

XII.- Integrar una base de datos pública con información pormenorizada y desagregada sobre las concesiones y asignaciones mineras, las personas físicas y morales que ostenten una concesión, las coordenadas geográficas que delimitan las concesiones, la localización de los proyectos de explotación en operación, el historial de los titulares de cada concesión, el tipo y volumen de minerales extraídos, los derechos pagados, información sobre yacimientos e información adicional, según lo disponga el Reglamento de esta Ley.

XIII.- Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última. Esta información será puesta a disposición del público;

XIV.- Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;

XV.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación, beneficio de minerales o sustancias concesibles o cierres de minas e imponer las sanciones administrativas correspondientes, así como realizar las denuncias judiciales que correspondan derivadas de su inobservancia. La Secretaría realizará visitas de inspección periódicas para corroborar el cumplimiento de los deberes y obligaciones;

XVI.- En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente;

XVII.- En conjunto con las Secretarías respectivas, establecer los términos y condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico, laboral y ambiental para la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XVIII.- Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley, y

XIX.- Asegurarse de que las empresas solicitantes de una concesión acrediten que no cuentan con antecedentes, en México o el extranjero, de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social.

XX.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes.

La Secretaría deberá solicitar la colaboración de otras autoridades federales, estatales y municipales para el ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley. Deberá convocar además, a las instituciones de educación superior, de salud, de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 10.- La Secretaría formulará los programas de apoyo a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería, señalados en la fracción II del artículo anterior, y coordinará las acciones necesarias para su ejecución.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por este artículo.

Artículo 11.- Parael mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Servicio Geológico Mexicano tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.

La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Organo de Gobierno y de su Director General.

El Organo de Gobierno estará integrado por:

El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá;

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Un representante de la Secretaría de Energía;

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia;

Tres representantes de las poblaciones afectadas por la actividad minera;

Tres representantes de la sociedad civil organizada entre cuyas actividades se encuentre, entre otras, el tema de la minería;

Un representante de las universidades públicas nacionales.

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa obligatoria del Presidente del Organo de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, tres representantes adicionales de poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por la minería y tres representantes de los sindicatos del sector minero.

Para la validez de las reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Para la designación del Director General, el Presidente de la República someterá una terna a la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Director General por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, debiendo recaer en una persona con título de Geología con experiencia acreditada en el ramo mayor a diez años y que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Director General durará en su encargo cinco años con la posibilidad de ser relecto por una única ocasión.

Las facultades y obligaciones del Organo de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo.

La vigilancia del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Auditoría Superior de la Federación, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Organo de Gobierno. Las atribuciones del Comisario serán las indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico.

Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano se regirán por el apartado A) del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico Mexicano deberá cumplir con las siguientes funciones:

I.- Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para generar conocimientos sobre la composición geológica del suelo, en servicio del desarrollo científico e interés social;

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;

III. Inventariar los depósitos minerales del país;

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica, geohidrológica y minera del país donde será puesta a disposición de la ciudadanía, de manera gratuita, toda la información generada y recopilada por esta entidad;

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo, proveer información del comportamiento geohidrológico, disponibilidad y calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas que podrían ser afectadas por un determinado proyecto minero, y proporcionar su interpretación;

VII.- Cobrar a los concesionarios una contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados para cada lote concesionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

VIII.- Dar a la minería artesanal, así como a la pequeña y mediana minería, asesoría técnica, en términos preferentes fijados por el Reglamento, en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento;

IX. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físico-químicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;

X. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de los minerales y sustancias concesibles y la incorporación y desincorporación de zonas a reservas mineras;

XI. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas;

XII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;

XIII. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio público de información geológica, geohidrológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

XIV. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;

XV. Formar parte del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;

XVI. Proporcionar asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento sustentables, actuales y potenciales, de los recursos minerales;

XVII. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros;

XVIII. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación de forma sustentable y con respeto a la biodiversidad y evitando el uso de sustancias químicas en los procesos de beneficio de los valores metálicos;

XIX. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga;

XX. Certificar reservas minerales a petición del interesado;

XXI. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

XXII. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

XXIII. Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, a través de la historia minera y metalúrgica, sus diferentes impactos económicos, ambientales y sociales, mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los gobiernos de las entidades federativas, y

XXIV. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes, sujetándose estrictamente a las facultades que le otorgan.

Solamente podrá prestar los servicios descritos en este artículo dentro del territorio nacional.

CAPITULO SEGUNDO

De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras.

Artículo 12. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 5, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras de exploración y explotación otorgadas por la Secretaría.

El Servicio Geológico Mexicano participará en las actividades de exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La información obtenida de la exploración a que se refiere el párrafo anterior será propiedad de la nación.

Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.

Los títulos de concesión y de asignación minera y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.

Artículo 13.- Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas:

I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley o de otros ordenamientos aplicables;

II.- Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y

III.- En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia.

IV.- Que no cuenten con antecedentes en México o el extranjero de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social.

En ningún caso podrán otorgarse concesiones en territorios contiguos ni que comprendan una superficie mayor al 5% de las registradas en el Servicio.

Artículo 14.- Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, que no queda incluida en la concesión, pero sobre la cual se determina el perímetro que comprende.

Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros.

La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.

La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del perímetro del lote.

Artículo 15.- Para que sea otorgada una concesión de exploración, el peticionario o concursante previamente tendrá que acreditar haber cumplido todos los siguientes requisitos:

I.- Obtener la licencia social a partir de procedimientos de consulta o participación y con base en los términos establecidos en el capítulo cuarto de la presente Ley;

II.- Demostrar que el uso de suelo concesionado guarda congruencia con la normatividad vigente de los tres niveles de gobierno.

III.- Aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV.- Permiso de construcción y permiso de obras

V.- En su caso, permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de material explosivo en la industria minera que entrega la Secretaría de la Defensa Nacional

VI.- Si la concesión afectara pueblos indígenas, deberá ajustarse también a lo dispuesto en el capítulo tercero de esta ley.

Cuando se trate de una concesión de explotación y beneficio, antes de otorgarse, el peticionario o concursante, además de los requisitos anteriores, deberá contar con las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional del Agua, autorizaciones para el uso de suelo y, en su caso, los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En caso de que se haya negado la licencia social a un solicitante, la Secretaría no podrá iniciar un nuevo proceso de solicitud de concesión sobre los recursos del subsuelo delimitados por ese mismo terreno superficial, hasta que se haya cumplido con un plazo de diez años a partir de la negativa de licencia social.

Artículo 16.- Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Si se presentaran dos solicitudes simultáneas, las poblaciones decidirán a cual proyecto le otorgan la licencia social.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de asignación sobre las de concesión.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, se declarará la libertad de terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Servicio Geológico Mexicano mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.

Artículo 17.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado en o amparado por:

I.- Zonas incorporadas a reservas mineras;

II.- Concesiones y asignaciones mineras vigentes;

III.- Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite;

Cuando se cancelen concesiones, así como cuando se desaprueben o sean objeto de desistimiento solicitudes de concesiones o asignaciones, la Secretaría, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno correspondiente.

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los mismos.

Cuando se cancelen concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción del terreno que se abandone.

Artículo 18.- No se concederán concesiones de exploración o de explotación y beneficio:

I.- Para aquellos proyectos de explotación de mediana y gran minería por medio de los siguientes métodos:

a) Explotación profunda de tajo a cielo abierto

b) Soportados o de tumbe y relleno.

II.- Para aquellos proyectos de explotación minera en pocitos de carbón y pozos en tiros verticales

III.- Para aquellos proyectos que contemplen minería hidráulica.

IV.- A solicitantes que hagan entrega de recursos en dinero o en especie a los habitantes o autoridades de las poblaciones, o que realicen actividades mineras durante el proceso de obtención de los permisos que dispone el artículo 15 de la presente Ley.

V.- Para aquellos proyectos de explotación y beneficio minero, que en sus procesos hagan uso de cianuro y mercurio o provoquen la liberación de minerales y/o sustancias altamente tóxicas como el arsénico, cadmio, molibdeno y otros metales pesados.

VI.- Al solicitante que ostente algún antecedente de violaciones a derechos humanos o falta de responsabilidad ambiental, laboral o social tanto en territorio nacional como en el extranjero.

VII.- En las áreas naturales protegidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, con el propósito de salvaguardar su integridad. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 100 kilómetros, paralela al polígono del área natural protegida. Esta prohibición se extiende a las áreas protegidas de los tres niveles de gobierno, sitios RAMSAR y AICAS.

VIII.- En áreas que por sus bienes naturales son estratégicas para el desarrollo de los pueblos, como bosques y selvas, sitios con biodiversidad y sitios culturales y sagrados de pueblos y comunidades que de forma directa e indirecta puedan ser afectadas.

X.- En zonas contiguas a monumentos públicos, históricos, arqueológicos, zonas rituales para comunidades indígenas, zonas bajo riesgo de contaminación radioactiva, zonas bajo riesgo de contaminación por impactos acumulativos o sinérgicos, así como núcleos poblacionales. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 50 kilómetros establecidos a partir de los límites de estas áreas.

XI.- En zonas de reserva total y parcial, zonas de veda, según lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, en zonas donde la autoridad competente acuse que el volumen de explotación del acuífero, planteado en el proyecto de la concesión y tomando en cuenta el efecto acumulado de otras actividades económicas, rebase su capacidad de recarga.

XII.- En áreas destinadas a la producción de alimentos básicos para la población. Adicionalmente se considerará una franja de protección de 100 kilómetros establecidos a partir de los límites de estas áreas.

XIII.- En áreas de captación de agua de lluvia y recarga de acuíferos que se localizan en las partes altas de las cuencas hidrológicas.

Artículo 19.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias comprendidos en el título de concesión.

I.- Las concesiones mineras de exploración serán otorgadas por un máximo de cinco años improrrogables.

II.- Las concesiones mineras de explotación y beneficio tendrán una duración igual a la expresada y demostrada por la empresa en su proyecto de explotación y beneficio de minerales, mismo que presentará para la adquisición de las diversas autorizaciones, licencias, permisos y similares requeridos por las mismas dependencias e instancias de la administración pública que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones.

El plazo de la concesión no excederá de diez años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando el titular de la concesión solicite un cambio al proyecto de explotación y beneficio, la Secretaría podrá autorizarlo sólo cuando el titular haya concluido las labores de cierre de mina amparadas por el proyecto original y cumplido con las disposiciones del capítulo cuarto.

Artículo 20.- Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El Servicio Geológico Mexicano, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a declarar:

I.- La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;

II.- La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.

Asimismo, la Secretaría deberá informar al Congreso de la Unión sobre los resultados obtenidos por el Servicio Geológico Mexicano dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del informe antes referido.

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad o corporación a reserva minera de la totalidad del terreno que ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.

Artículo 21.- Cuando por utilidad pública cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal someterá a consideración del Congreso de la Unión su desincorporación acompañando de toda la información necesaria para resolver al respecto. Una vez aprobada la desincorporación por el Congreso, la Secretaría procederá a declarar la libertad del terreno amparado.

Artículo 22.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería. De encontrar que la información se erró de manera dolosa, procederá a la cancelación de la concesión a que tenga lugar y fincará las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

CAPITULO TERCERO

De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 23. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen.

De igual manera, tienen derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.

Para el caso de que por alguna causa se destruya, tienen derecho a una reparación justa, que correrá a cargo del responsable y en su caso del Estado, el cual tendrá derecho a repetir en contra del responsable.

Artículo 24. Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando los recursos minerales se encuentren en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias o Entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho.

Artículo 25. Antes de iniciar un procedimiento de consulta, la Secretaría deberá asegurarse, en conjunto con las instituciones científicas, de educación superior, culturales, de salud y organizaciones de la sociedad civil, que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretenden realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Se entiende que se pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades, cuando se pueden presentar los siguientes casos.

I.- Impliquen el desplazamiento de los pueblos;

II.- Se afecten las fuentes de obtención de alimentos para la población, o provoquen daños al bienestar o la salud de las poblaciones;

III.- Disminuya la capacidad de captación de agua para el consumo humano o la producción de alimentos;

IV.- Se afecte la reproducción cultural al destruirse o modificarse parcial o sustancialmente sus lugares sagrados y espirituales;

V.- La actividad minera represente una causa preponderante de migración de los miembros de los pueblos indígenas o sus comunidades.

Bajo cualquiera de estos supuestos, la Secretaría negará automáticamente la solicitud de concesión o el otorgamiento de una asignación minera.

Artículo 26. El Ejecutivo Federal no podrá otorgar ninguna asignación o concesión sobre tierras o territorios indígenas sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

Artículo 27. El consentimiento a que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgado por los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, por medio de consultas que se lleven a cabo a través de las autoridades representativas de dichos pueblos indígenas o sus comunidades y mediante los procedimientos que acostumbran utilizar para discutir y tomar acuerdos sobre los problemas de su interés.

Artículo 28. Es responsabilidad de la Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de asignaciones o concesiones mineras en territorios indígenas. Para llevarla a cabo deberá proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión y acordar con ellos el mecanismo de consulta, así como los objetivos específicos de ella. Este proceso debe llevarse a cabo, con buena fe y sin que medie alguna forma de coacción, garantizándose así una decisión libre.

Se considerará nula la consulta a que se refiere el párrafo anterior cuando se demuestre que el interesado en obtener el consentimiento previo a la obtención de la asignación o concesión influyó de manera dolosa sobre la decisión de los pueblos indígenas o sus comunidades mediante la promesa o entrega de recurso económico alguno.

Artículo 29. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 15 y 25 de la presente Ley, el Ejecutivo Federal podrá otorgar las asignaciones o concesiones mineras. Antes de comenzar las actividades de exploración o explotación que amparen dichas asignaciones o concesiones, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades, y con la participación del Estado, mínimamente todas las siguientes cuestiones:

I.- Las condiciones en que se desarrollarán las actividades de exploración, explotación y beneficio de los valores metálicos;

II.- Las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus tierras, territorios, los recursos naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales;

III.- Las formas de remediar los daños anteriores que pudieran causarse, a pesar de las medidas tomadas y en forma de garantizar que se lleven a cabo, y;

IV.- Los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera, entre los cuales se consideran la posibilidad de asociación de los pueblos o comunidades indígenas con la empresa concesionaria, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 30. Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO CUARTO

De la obtención de la licencia social a partir de los procedimientos
de Consulta y Participación social y ciudadana

Artículo 31.- Se requerirá la obtención de licencia social para:

I.- El otorgamiento de concesiones de exploración y concesiones de explotación y beneficio;

II.- El otorgamiento de asignaciones mineras;

III.- Prórrogas a las concesiones y asignaciones mineras otorgadas;

IV.- Permisos de operación para actividades de beneficio realizadas fuera de los límites superficiales de una concesión minera;

V.- Procesos de transmisión de concesiones si se verifican los supuestos establecidos en el artículo 49 de esta Ley; y

VI.- Para el transporte de insumos, producción y desechos de la minería cuando esta actividad implique riesgos a la salud de la población y al medio ambiente.

VII.- Ocupación de los habitantes de la comunidad de manera preferente en los empleos generados por la actividad minera.

VIII.- Participación de las poblaciones en las ganancias generadas por la minería a partir de cualquiera de los siguientes esquemas:

a) Participación de los habitantes de las poblaciones en un porcentaje de las acciones de la empresa minera que no podrá ser inferior a un porcentaje suficiente para participar con voz y voto en las reuniones de accionistas de la misma.

b) Reparto de un porcentaje de los ingresos netos de la empresa, en un monto que no podrá ser inferior al 5% de los mismos.

IX.- Corresponderá a las y los habitantes de las poblaciones decidir sobre el mejor uso y destino de los recursos recibidos en virtud de los acuerdos.

Artículo 32.- La licencia social a la que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgada por medio de un proceso de consulta o participación donde concurra la población interesada a partir de una convocatoria emitida por la Secretaría. La Secretaría debe garantizar que esta convocatoria tenga plena difusión entre la población potencialmente afectada por el proyecto.

Artículo 33.- Es responsabilidad de la Secretaría la organización y realización del proceso de participación, previo a la entrega de cualquiera de los procedimientos especificados en el artículo 31 de la presente Ley. Para llevarla a cabo deberá garantizar el derecho de las poblaciones a recibir toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión, acorde a mecanismos libres, democráticos y culturalmente adecuados de toma de decisión.

Artículo 34.- Corresponde a la parte solicitante de la concesión o asignación la responsabilidad de presentar a la Secretaría información veraz sobre el proyecto de exploración o explotación y beneficio que promueve, así como de la Manifestación de impacto ambiental, aprobada por la autoridad competente, correspondiente al mismo.

Adicionalmente, se presentará un resumen de cada uno de estos documentos en lenguaje simplificado y comprensible y con traducción a la lengua de la población en cuestión.

Artículo 35.- La Secretaría será responsable de entregar y dar difusión, entre la población potencialmente afectada, de los documentos proporcionados por el solicitante, con sus correspondientes anexos.

Convocará a las dependencias de gobierno, instituciones de educación superior, investigación, salud y asociaciones de la sociedad civil para efectuar el análisis de los efectos de los proyectos presentados por el solicitante sobre la cuenca, el medio ambiente, la economía, la cultura y la salud de todas las poblaciones potencialmente afectadas.

Contará con treinta días naturales contados a partir de la entrega de los documentos por parte del solicitante para garantizar que el contenido de los documentos sea difundido entre la población, así como para hacer efectiva la convocatoria a las distintas dependencias e instituciones.

Artículo 36.- Una vez conocidos los documentos, las poblaciones potencialmente afectadas podrán solicitar de manera autónoma la información necesaria y solicitar la intervención de expertos que revisen la veracidad y pertinencia de la información presentada y que señalen omisiones en los mismos.

Las autoridades deberán otorgar todas las facilidades para que las instituciones y asociaciones a las cuales hace mención el artículo anterior, así como los expertos convocados de manera autónoma por las poblaciones, en conjunto proporcionen información veraz acerca de los efectos del proyecto sobre la población y el medio ambiente.

Esta etapa tendrá una duración de seis meses a partir de la fecha en que la Secretaría haya concluido sus labores de difusión de los documentos.

Artículo 37.- Una vez concluido el proceso de análisis de la información, las poblaciones potencialmente afectadas podrán solicitar:

I.- Proceder directamente a la definición del otorgamiento de la licencia social a través de los procesos de consulta o participación.

II.- Abrir un proceso de negociación con el solicitante y la Secretaría en torno a los términos en que se realizará el proyecto de exploración o explotación y beneficio con el fin de incluir o modificar los mismos. Una vez concluido, se procederá a la definición del otorgamiento de la licencia social.

Artículo 38.- El proceso de negociación al que se refiere la fracción II del artículo anterior tendrá las siguientes características:

I. Deberá realizarse de manera libre, pública y sin que medie forma alguna de coacción.

II. Participarán representantes legítimos de las poblaciones potencialmente afectadas, la Secretaría, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos organizaciones de la sociedad civil y representantes de la parte solicitante.

III. Tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de un año.

IV. Podrá llegarse a un acuerdo que en caso de reflejarse en el otorgamiento de la licencia social será de obligatorio cumplimiento para las partes.

V. El acuerdo deberá contener previsiones sobre los siguientes puntos:

a) Retribución por arrendamiento de terrenos y constitución de servidumbres necesarias para la realización de actividades mineras.

b) Planteamiento de alternativas a las distintas actividades mineras contempladas por el proyecto.

c) Establecimiento de medidas de mitigación, reparación y restauración durante las actividades mineras y en la etapa de cierre de mina. Para ello se establecerán, de común acuerdo, mecanismos de monitoreo del cumplimiento de estas medidas. Los costes serán asumidos por el solicitante.

d) Ocupación de los habitantes de la comunidad de manera preferente en los empleos generados por la actividad minera.

e) Participación de las poblaciones en las ganancias generadas por la minería a partir de cualquiera de los siguientes esquemas:

a. Participación de los habitantes de las poblaciones en un porcentaje de las acciones de la empresa minera que no podrá ser inferior a un porcentaje suficiente para participar con voz y voto en las reuniones de accionistas de la misma.

b. Reparto de un porcentaje de los ingresos netos de la empresa, en un monto que no podrá ser inferior al 5% de los mismos.

VI. Corresponderá a las y los habitantes de las poblaciones decidir sobre el mejor uso y destino de los recursos recibidos en virtud de los acuerdos.

VII. El acuerdo tendrá carácter vinculante hasta que sea otorgada la Licencia social por parte de las poblaciones a través de la consulta o la participación.

Artículo 39.- En caso de poblaciones indígenas, el otorgamiento de la Licencia social se llevará a cabo a partir de un proceso de consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, que deberá respetar las formas de organización y de decisiones comunitarias y los tiempos determinados por las mismas.

Artículo 40.- En caso de poblaciones no indígenas, para cada caso se establecerá un mecanismo de participación de común acuerdo entre las poblaciones, el instituto electoral de la respectiva entidad federativa y la Secretaría, partiendo de las leyes de participación ciudadana del respectivo Estado.

Artículo 41.- La decisión en torno al otorgamiento o la negativa de licencia social tendrá carácter vinculante e inapelable.

Artículo 42.- En caso de que un concesionario quiera implementar algún cambio en el proyecto acordado con las poblaciones, tendrá que cumplir nuevamente con todas las previsiones estipuladas en este capítulo si pretende retener la concesión.

Artículo 43.- Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO QUINTO

De los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras

Artículo 44.- Las concesiones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que amparen con los límites que establezca el título de concesión y las disposiciones que expida el Ejecutivo Federal;

II.- Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia;

III.- Solicitar la constitución de servidumbres de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros.

IV.- Aprovechar, previa concesión, las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

V.- Solicitar a la Secretaría que identifique en la superficie los lotes que amparen la concesión y resuelva controversias entre concesionarios.

VI.- Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;

VII.- Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;

IX.- Solicitar la prórroga, por una sola ocasión, en la concesión de explotación y beneficio acorde a partir de un nuevo proyecto presentado. La duración de esta prórroga no podrá exceder diez años. Para obtener esta prórroga, el solicitante tendrá que cumplir nuevamente con los requisitos del artículo 15. La solicitud de prórroga tendrá que realizarse por lo menos dos años antes de la fecha de terminación de la concesión respectiva.

Artículo 45.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, subsuelo, áreas o zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 46.- La ocupación del terreno superficial con fines de explotación y beneficio de los minerales sólo se realizara mediante convenio con los legítimos poseedores del territorio.

Tratándose de expropiaciones, cuando proceda, la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la resolución respectiva, priorizando la reposición del área afectada, por otra de igual tamaño, procurando que se encuentre en las inmediaciones del terreno expropiado y que presente similares características de calidad de la tierra y presencia de recursos naturales.

Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.

Artículo 47.- Las solicitudes de identificación de superficies procederá cuando el nuevo lote o lotes se encuentre comprendido dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 48.- Está prohibida latransmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven.

Artículo 49.- Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la Secretaría del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.

Artículo 50.- Las asignaciones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen;

II.- Convenir con los legítimos poseedores, a partir de la obtención de la licencia social, la ocupación del terreno superficial o la constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración.

III.- Identificar la superficie que amparen, y

IV.- Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven.

Artículo 51.- Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.

CAPITULO SEXTO

De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones
Mineras y el Beneficio de Minerales

Artículo 52. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I.- Ejecutar y comprobar, con estricto apego al proyecto aprobado, las obras y trabajos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás normas que regulan la actividad minera. ;

II.- Cumplir con las obligaciones fiscales que las leyes y reglamentos en la materia establecen;

III.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

VI.- Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;

VII.- Rendir anualmente a la Secretaría los informes geológicos, estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señala el Reglamento de la presente Ley. Estos informes incluyen información sobre las obras y trabajos desarrollados, estados económicos de las empresas concesionarias, el destino de venta de su producción, información geológica producida por sus trabajos de exploración, entre otros rubros establecidos en esta Ley y su Reglamento.

VIII.- Durante la explotación se llevarán registros e inventarios actualizados del tipo de minerales extraídos y del volumen de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio para cada uno, con el propósito de establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se entregarán, mensualmente a la Secretaría, misma que tendrá la obligación de publicarlos. Esta información le permitirá a la Secretaría estimar los montos a pagar por derecho especial a la minería según lo establecido en el artículo 238 de la Ley Federal de Derechos.

IX.- Permitir en todo momento al personal comisionado por la Secretaría o por otros organismos públicos la práctica de visitas de inspección;

X.- Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe para que sea incorporado en el sistema público de información del propio Servicio;

XI.- Pagar al Servicio Geológico Mexicano, al momento de la entrega de una concesión, una contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados para cada lote concesionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

XII.- Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas asociado o no asociado a los yacimientos de carbón comprendidos dentro del lote que ampara la concesión minera.

XIII.- Acordar la forma de explotación y traslado del gas asociado o no asociado a los yacimientos de carbón mineral en los términos de la Ley de Hidrocarburos.

XIV.- Reparar los daños y perjuicios al equilibrio ecológico y de protección al ambiente, a la salud de la población, a los monumentos culturales e históricos, establecer depósitos para los desechos tóxicos industriales, como cianuro y arsénico y demás propios de la minería. Esta obligación subsistirá por sesenta años posteriores a la fecha de terminación de la concesión.

XV.- Al otorgarse las concesiones de exploración y/o explotación y beneficio, el concesionario estará obligado a constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones mineras y ambientales adquiridas por el mismo, así como el pago de las multas. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a) Para la concesión de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;

b) Para la concesión de exploración y beneficio, en la etapa de construcción y montaje, el 5% de la inversión anual por dicho concepto;

c) Para la concesión de explotación y beneficio, en la etapa de explotación, equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por la Secretaría.

d) Tras ser aprobada por la Secretaría, la póliza deberá mantenerse durante el periodo de vigencia de la concesión, sus prórrogas y por cinco años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo.

e).- La constitución de la póliza no exime al concesionario del cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el costo derivado del incumplimiento de una obligación supere el monto de la póliza, el concesionario estará obligado a cubrir el remanente.

Artículo 53.- La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los productos minerales por obtener.

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería.

Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley. Los informes se publicarán en la página web de la Secretaría y en un plazo máximo de 60 días la Secretaría emitirá resolución respecto a la veracidad de los informes de comprobación, que será pública.

La Secretaría estará obligada a informar al Congreso de la Unión sobre todos los informes a los que se hace referencia en el párrafo anterior en un plazo que no exceda los treinta días naturales contados a partir del recibimiento de los mismos, con el fin de que el Congreso analice la situación en el sector minero.

Artículo 54.- La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:

I.- Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;

II.- Perforaciones;

III.- Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;

IV.- Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;

V.- Análisis físico-químicos;

VI.- Pruebas de experimentación metalúrgica;

VII.- Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;

VIII.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;

IX.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica;

X.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;

XI.- Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;

XII.- Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;

XIII.- Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;

XIV.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y

XV.- Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 55.- La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.

Artículo 56.- Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos por esta Ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un máximo de dos años consecutivos, dentro de un período de cinco años.

Artículo 57.- Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia. En caso de que esta situación se prolongue por más de un año, la medida deberá ser autorizada por el Congreso de la Unión.

Artículo 58.- La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen las disposiciones fiscales.

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento, cuando no se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 59.- Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de veinte trabajadores en los demás casos, con independencia de si estos han sido contratados directa o indirectamente por el concesionario.

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación y beneficio o a quien lleve a cabo estos trabajos.

El concesionario estará obligado para hacer del conocimiento de la Secretaría las normas de seguridad que no se hayan adoptado mediante escrito donde detalle las razones por las cuales las mismas no fueron adoptadas, así como las acciones que llevará a cabo para remediar los posibles daños causados en un plazo no mayor a ocho días naturales contados a partir de que reciba dicha información. La Secretaría, por su parte, deberá cerciorarse de que el concesionario remedie los daños a cabalidad e implemente las normas de seguridad a la brevedad.

Artículo 60.- El informe a que se refiere el artículo 52, fracción X de esta Ley, describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de treinta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los treinta días naturales de que a su vez lo reciba.

Asimismo, la Secretaría deberá remitir el informe a que hace referencia el párrafo anterior al Congreso de la Unión dentro de los siete días naturales posteriores a la entrega del mismo, con el fin de que el Congreso analice la información contenida.

Artículo 61.- El Servicio Geológico Mexicano, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría y al Congreso de la Unión un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señalan las, V, VI, VII y X del artículo 52 de esta Ley.

Artículo 62.- Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:

I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

II.- Solicitar a la Secretaría un permiso de operación para actividades de beneficio realizadas fuera de los límites superficiales de una concesión minera.

III.- Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

IV.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;

V.- Obtener la licencia social a partir de la consulta o participación, además de contar con todas y cada una de las respectivas autorizaciones, licencias y permisos.

VI.- Procesar el mineral proveniente de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros, previo aviso a la autoridad y en condiciones competitivas, hasta por un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y

VII.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría libertad permanente y acceso inmediato cuando se presente la orden de revisión, para que, en ejercicio de sus facultades realice las visitas de inspección y verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 63.- Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:

I.- Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal;

II.- Comprueben estar recibiendo minerales de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, o

III.- Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas.

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Artículo 64.- En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán garantizar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.

CAPITULO SEPTIMO

De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos

Artículo 65.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:

I.- Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley;

II.- Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas;

III.- La concesión que se otorgue violando alguna de las prohibiciones reguladas en los artículos 17 y 18 de la presente Ley.

IV.- La concesión se otorgue sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 15 de la presente Ley,

V.- La concesión se entregue luego de un proceso de otorgamiento de Licencia social viciado por la violación de lo dispuesto en el capítulo cuarto.

VI.- El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno.

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 66.- Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas emanen.

Artículo 67.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I.- Terminación de su vigencia;

II.- Fallecimiento del titular, en caso de ser persona física;

III.- Desistimiento debidamente formulado por su titular;

IV. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la identificación de superficie amparada por concesiones mineras;

V.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 80 de esta Ley,

VI.- Resolución judicial,

Artículo 68.- El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá de inmediato cuando éstos:

I.- Pongan en peligro la vida, salud o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, en observancia al principio precautorio;

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada

III.- Cuando las visitas de inspección realizadas revelen peligro o daño inminente a la salud, seguridad e higiene laboral, medio ambiente o patrimonio cultural material o inmaterial.

La Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos y establecerá las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse las mismas en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

Artículo 69.- Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de la constitución de servidumbre o la nulidad de los convenios establecidos con los superficiarios cuando:

I.- El concesionario no haya obtenido la licencia social de parte de los legítimos poseedores del terreno, para los casos de constitución de servidumbre;

II.- Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;

III.- Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a que alude el artículo 56 de la presente Ley;

IV.- El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;

V.- Se incumpla el pago de la indemnización;

VI.- Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas por los artículos 65, párrafo final, y 67, fracción III, de esta Ley;

VII.- El terreno objeto de las mismas ya esté destinado o sea posteriormente destinado a un uso distinto al de la actividad minera, o

VIII.- Por sentencia judicial.

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.

Artículo 70.- Las nulidades señaladas por el artículo 65, fracciones I, III y IV, así como la suspensión o insubsistencia a que se refieren los artículos 68 y 69, fracciones I a V, se resolverán a petición de la parte afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley.

Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 67, fracción VI, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de sesenta días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.

CAPITULO OCTAVO

Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera

Artículo 71.- La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos que a continuación se mencionan:

I.- Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;

II.- Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;

III.- Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;

IV.- Los acuerdos de generados a partir de los procesos de obtención de licencia social.

V.- La constitución de servidumbres, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;

VI.- Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;

VII.- Las sociedades a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;

VIII.- Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;

IX.- Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y

X.- Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad.

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones VI a X surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I, IV y V a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 72.- Todos los actos a que alude el artículo anterior se inscribirán de oficio.

Artículo 73.- Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar, sin cargo alguno, certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una inscripción determinada.

Artículo 74.- Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 75.- La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.

Artículo 76.- La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitud de concesión y asignación minera. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.

La Secretaría pondrá a disposición de la ciudadanía la Cartografía Minera. Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar planos de la misma sin incurrir en costo alguno.

CAPITULO NOVENO

De las Inspecciones, Sanciones y Recursos

Artículo 77.- La Secretaría, deberá realizar visitas periódicas de inspección, con el propósito de verificar que los minerales extraídos y las cantidades declaradas como extraídas y procesadas, coincidan con lo autorizado en la concesión y con los reportes de la empresa; así como su cumplimiento y apego a la normatividad ambiental, las reglas de seguridad e higiene, de salud y en general toda aquella que deba ser observada para la seguridad del personal, medio ambiente y poblaciones con arreglo a las disposiciones siguientes:

I.- Designará dos o más inspectores, incluyendo como mínimo un inspector elegido por las poblaciones a quienes comunicará su nombramiento y la orden de visita.

II.- Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector; el objeto de la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora de su verificación, misma que no deberá exceder de 24 horas, para que concurra o esté debidamente representada en el lugar de la inspección; si el representante legal no estuviera presente, la diligencia se llevará a cabo, con quien se encuentre en el lugar.

III.- Los inspectores, una vez que se identifiquen, practicarán la visita en el lugar y fecha señalados, ante la persona notificada, su representante debidamente acreditado o quien se encuentre presente. Al proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, los inspectores levantarán acta en la que harán constar lo anterior, firmada por dos testigos, señalados por el mismo visitado y ante su negativa de nombrar testigos, los inspectores señalarán quienes actuarán como tales. En este último caso, se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba en contrario.

IV.- Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban.

V.- Los inspectores deberán rendir a la Secretaría un informe con el resultado de la inspección, en un plazo máximo de quince días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el informe fueran insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección para subsanar las deficiencias de la primera. Esta segunda inspección será llevada a cabo por los mismos inspectores y dos inspectores adicionales, de los cuales uno será nombrado por las poblaciones

VI.- La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, motivará y dictará resolución.

VII.- En casos de urgencia las visitas de inspección podrán ejecutarse en cualquier momento, sin que los concesionarios puedan negarse a recibirlas;

VIII.- Las visitas de inspección no podrán suspenderse y de ser obstaculizadas el inspector estará facultado para dictar medidas de apremio inmediatas y efectivas, incluyendo el auxilio y uso de la fuerza pública.

IX.- Las inspecciones podrán también realizarse por solicitud de la ciudadanía, siguiendo los procedimientos descritos en las fracciones anteriores.

Artículo 78.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional del Agua, La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaria de Salud o cualquier otra entidad que demuestre o acredite interés fundado, en coordinación con la Secretaría, podrán realizar visitas de inspección siguiendo el proceso descrito en el artículo anterior y lo que disponga el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 79.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera, con la multa respectiva o con las responsabilidades civiles y penales a las que haya lugar de acuerdo a la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 80.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I.- Violar lo establecido en el proyecto presentado para obtener las concesiones mineras, los acuerdos alcanzados con los pobladores afectados mediante los procesos de obtención de licencia social y los compromisos establecidos en la manifestación de impacto ambiental aprobada por la autoridad competente.

II.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

III. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

IV.- Incumplir las obligaciones fiscales que las leyes y los reglamentos en la materia establezcan.

V.- Incumplir en el pago de los derechos sobre minería;

VI.- Dejar de cubrir la cuota correspondiente a la póliza de garantía para el cumplimiento de las obligaciones mineras o ambientales y el pago de multas.

VII.- Entregar recursos, en dinero o en especie, a las poblaciones o a las autoridades de los ayuntamientos donde se realizan las actividades mineras, que no estén previstos en la Ley Federal de Derechos o en los acuerdos establecidos en virtud del capítulo cuarto.

VIII.- No cubrir la contraprestación por la información geológica y servicios proporcionados por el Servicio Geológico Mexicano.

IX. No tener vigentes todas las licencias, permisos o autorizaciones que la actividad minera requiere para su funcionamiento;

X.- Violar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente, cuando la violación de estas normas ponga en riesgo la vida de trabajadores o pobladores.

XI.- Cuando no se remunere el trabajo minero o este se realice bajo condiciones de violencia o coacción, o se haga uso de mano de obra infantil.

XII.- Cuando la empresa o los subcontratistas vinculados al proyecto minero, se nieguen al cumplimiento parcial o total de los derechos laborales vigentes en las leyes nacionales y tratados internacionales.

XIII.- No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

XIV.- Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin cumplir con las obligaciones que señala el artículo 62 fracciones II, III, IV y V;

XV.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

XVI.- Recuperar, aprovechar, enajenar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral.

XVII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral,

XVIII.- Reincidir, por segunda ocasión, en alguna de las causales de multa establecidas en el artículo 82 de esta Ley

XIX.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones.

No procederá la cancelación en el caso de lafracción anterior, cuando la sociedad titular de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la misma ocurra. De no subsanarse, la Secretaría promoverá judicialmente el remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será entregado al Servicio Geológico Mexicano.

XX.- Perpetrar o involucrarse de alguna manera en hechos que lleven a la agresión física o moral de personas inconformes u opositoras al proyecto minero del concesionario, así como de personas solidarias o aliadas a las anteriores.

XXI.- Llevar a cabo alguna acción u omisión que conlleve a la división comunitaria o a enfrentamientos entre pobladores con el consiguiente deterioro y ruptura del tejido social.

XXII.- Causen daño ecológico y ambiental que trascienda los límites territoriales establecidos en el título de concesión o perdure en dichos límites por más de diez años.

Las autoridades competentes tendrán amplias facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios que deriven del régimen establecido por esta Ley e imponer las sanciones pertinentes. A los fines de la presente Ley constituyen también infracciones:

a). Falsedad de las informaciones presentadas;

b) Omitir la presentación de informes, registros e inventarios, vencido el plazo legal establecido;

c). Omitir información, entrega de documentación u otras obligaciones que le fueran requeridas por la autoridad competente;

d) Negativa a exhibir libros, información, documentación y/o comprobantes que le fueran requeridos por la autoridad competente.

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda a cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones anteriores, en lo conducente.

Artículo 81.- No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo anterior, respectivamente:

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, así como el pago de la multa que determina el artículo 82, fracción XI de la misma;

II.- El pago de los impuestos y derechos sobre minería omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

III.- Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 45, párrafo segundo, de esta Ley.

Artículo 82.- La persona física o moral que se dedique a actividades mineras podrá ser sancionada con multa equivalente de mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por las infracciones siguientes:

I.- Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;

II.- Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos;

III.- Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

IV.- Violar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, equilibrio ecológico y protección al ambiente, cuando la violación de estas normas no ponga en riesgo la vida de trabajadores o pobladores.

V.- Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por la Secretaría;

VI.- No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada;

VII.- No designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias;

VIII.- Omitir la notificación prevista en el artículo 59, párrafo segundo, de esta Ley, sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación;

IX.- No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

X.- Negarse a beneficiar el mineral de mineros artesanales, así como de pequeños y medianos mineros en condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique, de acuerdo con lo establecido por el artículo 62, fracción VI, de esta Ley;

XI.- Modificar la ubicación o dañar la mojonera o señal que sirva para identificar el punto de partida de un lote minero;

XII. Comprobar extemporáneamente la ejecución en tiempo de las obras y trabajos previstos por esta Ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de cancelación de una concesión minera, y

XIII.- No rendir oportuna y verazmente los informes, registros e inventarios que señalan las fracciones VII y VIII del artículo 52 de esta Ley, en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley.

XIV.- No llevar puntualmente los registros e inventarios actualizados del tipo de minerales extraídos y de la producción en boca o borda de mina y en sitios de acopio, ni de los minerales en bruto y los entregados a las plantas de beneficio o a las de transformación.

XV. Cuando los representantes legales de la empresa minera que, falsamente y a sabiendas, hubieren informado al Servicio sobre la paralización temporal de operaciones, encubriendo un abandono de la concesión minera o de ciertas instalaciones de la misma.

En caso de actividades correspondientes a la gran minería, la multa no podrá ser inferior a ochenta mil días del salario mínimo general vigente del Distrito Federal.

De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta tres tantos del importe de dicha multa.

Para fijar el monto de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.

La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

Artículo 83.- Cuando se ocasione un daño ecológico o ambiental, se viertan desechos industriales en mantos acuíferos, ríos, lagos u otro cauce hídrico, se deprede la flora y la fauna o se cause un daño irreparable para el medio ambiente de la región, la persona física o moral que se dedique a actividades mineras estará obligada a reparar, de manera total e inmediata, el daño causado al medio ambiente, sin que lo anterior exima las sanciones penales y administrativas contenidas en otras disposiciones.

Artículo 84.- Corresponde al titular de la concesión minera o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres y zonas de reservas mineras.

Artículo 85.- La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de sesenta años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

Artículo 86.- Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal tendrá un máximo de 90 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para expedir el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas pertinentes.

CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicará, en lo que no se oponga a la misma, el Reglamento de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá presentar un informe al Congreso sobre las concesiones mineras y el impacto que estas tienen en las comunidades vecinas y en el medio ambiente, con el fin de valorar su cancelación o modificación.

Cámara de Senadores a 4 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

De acuerdo a al Inegi: la industria minero-metalúrgica es la actividad de empresas y/o establecimientos dedicados a realizar uno o varios de los procesos productivos de las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos, cuyo objetivo es obtener productos con valor comercial. (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=remin&nombre=007&c=10981&s=est) 14.2% menos con respecto al 2012.

Muy probablemente en este cálculo se incluya a la minería ampliada (“El concepto de industria minera ampliada se basa en el análisis de  las estadísticas derivadas de la industria minera y la manufactura de  minerales, partiendo de la extracción del mineral hasta la obtención  de bienes de consumo intermedio o de consumo final…Sin embargo, se excluyen las actividades correspondientes a las industrias del petróleo y sus derivados”, INEGI) y otros conceptos relacionados con el sector.

Por ejemplo, el  Sistema de Administración Minera de la Secretaría de la Secretaría de Economía solo se presenta información, en la mayoría de los casos por mes, sobre los títulos de concesiones otorgados pero a partir de 2005.  Es decir, falta información de 12 años de expedición de títulos de concesión además de los datos del 2014 pues solo se presenta hasta 2013.

Cabe señalar que información similar presentó en agosto de 2013, Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin embargo, en esa ocasión el total de kilómetros concesionados se aproximaba a la mitad del territorio pero todavía era menor. No se encontró información de que los datos en el cuadro hubieran sido señalados en medios y se encuentran en la siguiente fuente: Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales, “Títulos mineros otorgados y superficie concesionada”, fecha de acceso, 27 de septiembre de 2014,

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce. Cabe además mencionara que el Sistema de Administración Minera (SIAM) de la  Secretaría de Economía señala que en 2013, se concesionaron  169,564.17 hectáreas (1695.64 km2). Esta información resulta incongruente con las hectáreas concesionadas en otros años presentada por la Semanat, además es imprecisa pues el mismo documento que presenta esta información solo señala superficie pero no la medida concesionada (se supuso hectáreas pues es la medida empleada para otros años en el mismo SIAM). De cualquier forma, apunta la falta de transparencia e inexactitud de los datos de la Secretaría de Economía y que deben ser precisados, ver, Sistema de Administración Minera, TITULOS DE CONCESION MINERA EXPEDIDOS DURANTE 2013, Secretaría de Economía, ´fecha de acceso, 27 de septiembre de 2014, file:///C:/Users/SEVEN/Desktop/Concesiones_ANUAL_2013.pdf

Carlos Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco) en Emir Olivares Alonso,  “Investigador de la UAM lamenta leyes laxas, Concesionado a mineras extranjeras, 25% del país”, La Jornada, fecha de acceso 25 de septiembre de 2014, http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/politica/023n1pol

Emir Olivares Alonso,  “Investigador de la UAM lamenta leyes laxas, Concesionado a mineras extranjeras, 25% del país”, La Jornada, fecha de acceso 25 de septiembre de 2014, http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/politica/023n1pol

Sistema de Administración Minera,  VARIACION EN EL VALOR DE LA PRODUCCION MINERO ‐ METALURGICA EN LA REPUBLICA MEXICANA, Secretaría de Economía, ´fecha de acceso, 27 de septiembre de 2014, http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/vcp_2013

Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas en Arturo Rodríguez García, “Las entrañas del país, saqueadas”, Reportaje Especial, Revista Proceso, 4 de mayo de 2013, fecha de acceso, 20 de junio de 2013, http://www.proceso.com.mx/?p=341063

Carlos Fernández-Vega, “México SA: Riqueza minera: ¿para quién?, Concentración y evasión fiscal, Clase política y ventas de jabón”, México, La Jornada, Martes 10 de mayo de 2011. http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/05/08/la-mineria-en-mexico-un-negocio-para-pocos

Aristegui Noticias.
“Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, 2013, de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas http://www.vanguardia.com.mx/lamineriaenmexicounaindustriadeclaroscuros-2127349.html

  Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila”, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos,  noviembre de 2011.

Por ejemplo, solamente hace menos de un mes,  el 7 de julio del presente año, perdió la vida, Armando Cantú Degollado, trabajador de un pocito de carbón. Una vez más se repiten las pésimas condiciones laborales y la negligencia de las autoridades. Esta mina perteneciente a la empresa MITROSA, había sido previamente emplazada con 26 medidas administrativas por carecer de los documentos necesarios para el Desarrollo Minero (PRODEMI), desde 2009. Asimismo, en el Acta de Inspección Extraordinaria que se hizo con la muerte del minero se encontraron tres violaciones  graves: la empresa capacita a sus trabajadores con entrenamientos de sólo una hora, no tenía  certificado alguno probatorio de que fallecido hubiera tenido capacitación, y en el hecho no se mencionan los nombres ni direcciones de los testigos.  No se explica por qué no se tomaron las medidas correspondientes antes y después del trágico incidente si se conoce de violaciones graves a la regulación.http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/10965-version-de-la-audiencia-publica-con-la-organizacion-familia-pasta-de-conchos-ac.html

Cárdenas, Jaime La Minería en México: despojo a la nación Cuestiones Constitucionales”, núm. 28, enero-junio, 2013, pp. 35-74 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica http://www.conflictosmineros.net/contenidos/23-mexico/16984-hay-635-sitios-contaminados-dice-semarnat http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02024200

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Se recibió del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 137 Bis 5 de la Ley Aduanera, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 137 BIS 5 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

“El suscrito Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 137 BIS 5 DE LA LEY ADUANERA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La entrada al país de vehículos usados provenientes del extranjero que no cumplen con la normatividad ambiental para poder circular, generan una variedad enorme de residuos y emisiones a la atmósfera que causan una extensa degradación del medio ambiente.

Las ciudades fronterizas tienen un mayor número de estos vehículos en circulación, tal es el caso de Mexicali, Baja California, que de acuerdo con una publicación del The Economist, fue ubicada en el tercer lugar en el ranking de las ciudades con peor calidad del aire a nivel mundial1.

El problema se agrava al tomar en cuenta que entre 2005 y 2012 ingresaron al país casi 7 millones de estos automóviles2, que en la mayoría de los casos se encuentran en mal estado y que cuentan con amparos para poder circular incluso cuando no cumplen cabalmente con los requisitos normativos para su ingreso, y en cambio, sí repercuten en la calidad de vida de la población debido a la fuerte contaminación atmosférica que generan.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Mario Molina, los vehículos usados de importación emiten 101% más óxido nítrico, 99% más hidrocarburos y 61% más dióxido de carbono que un vehículo nuevo3.

Por su parte, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) revelan que la contaminación del aire está ligada a 2 millones de muertes al año a nivel mundial4 y a más de 14 mil en nuestro país5.

Múltiples estudios señalan que la gran mayoría de personas expuestas a zonas en las que la calidad del aire no es satisfactoria, principalmente zonas urbanas, experimenta algún tipo de síntoma relacionado con la contaminación atmosférica, como ojos llorosos, tos o ruido al respirar.

Las personas más propensas a sufrir problemas graves de salud debido a la contaminación del aire son aquellas que padecen enfermedades cardiacas o pulmonares; problemas respiratorios como asma o enfisema; mujeres embarazadas; personas que trabajan al aire libre; niños menores de 14 años cuyos pulmones todavía se están desarrollando; ancianos cuyos sistemas inmunes son más débiles y atletas con actividades al aire libre.

Aun para las personas sanas, el aire contaminado puede producir irritaciones o dificultades respiratorias durante el ejercicio o las actividades al aire libre. El riesgo real depende de su estado de salud actual, el tipo y concentración del contaminante y el tiempo de exposición al aire contaminado.

Los niveles altos de contaminación del aire pueden agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, producir más estrés al corazón y los pulmones que deben trabajar más para suministrar oxígeno al cuerpo y dañar las células del sistema respiratorio6.

Por estas razones, nuestro marco jurídico prevé una serie de requisitos y medidas que deben cumplir los vehículos usados que son importados de forma temporal y definitiva.

Para la importación definitiva de vehículos usados se contemplan dos supuestos: 1) la importación de vehículos usados al momento de ingresar al territorio nacional y 2) la regularización de autos usados que se encuentren en territorio nacional de forma ilegal, es decir, que no cumplieron con las formalidades previstas para su ingreso.

Requisitos de importación definitiva de vehículos usados7

Al ingreso a territorio nacional

En territorio nacional

  • Permiso Previo de la SE.
  •  
  • De 8 a 9 años anteriores al año de la importación.
  •  
  • Presentar la constancia que acredite que el vehículo a importar cumple con las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes en su país de origen.8
  •  
  • Importados por los residentes de la franja o región fronteriza norte para permanecer en esas zonas9.
  •  
  • Regularización. Pago de contribuciones y cuotas compensatorias; cumplimiento de obligaciones en materia de regularizaciones no arancelarias (tramitar y anexar el pedimento de importación definitiva).

 

  • Tramitar por conducto del agente aduanal el pedimento de importación definitiva.
  •  
  • Presentar el certificado de cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-200610. El certificado se tramita en los verificentros autorizados para tal efecto en las distintas entidades federativas11.
  •  
  • El agente aduanal deberá verificar si el vehículo se encuentra sujeto al cumplimiento del permiso previo de importación o cupo12.
  •  
  • Pagar los impuestos respectivos (IGI, IVA y el Derecho de Trámite Aduanero).
  •  
  • Garantizar el pago del importe de la diferencia entre el precio del vehículo declarado en el pedimento y el precio estimado fijado por la SHCP13.

 

De lo anterior se sigue que sólo en el caso de la regularización de los vehículos que se encuentran de manera ilegal en el territorio nacional (segundo supuesto), existe la obligación de cumplir con lo establecido en la NOM-041-SEMARNAT-2006, la cual prevé los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono; y el factor lambda como criterio de evaluación de las condiciones de operación de los vehículos.

Por su parte, la fracción IV del artículo 137 bis 5 de la Ley Aduanera prevé como uno de los requerimientos para la entrada en forma legal (primer supuesto), “presentar al momento del despacho aduanero conjuntamente con los documentos aduaneros respectivos, la constancia que acredite que el vehículo a importar cumple con las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes en su país de origen”. Esta constancia es una regulación técnica del extranjero y que se acepta como equivalentes a la regulación nacional.

El problema surge cuando al ingreso no se cuenta con esta constancia, pues la Ley no prevé otra opción equivalente que garantice la protección del medio ambiente en cuanto a los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

En la práctica lo que ha sucedido es que se permite el ingreso de estos automóviles de manera ilegal o mediante la vía del amparo; en este último caso se ha permitido que las unidades ingresen al país sin inspecciones medioambientales e incluso sin pago de aranceles, al otorgar la suspensión del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados14, el cual busca, entre otros puntos, impedir la importación definitiva al territorio nacional de vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características físicas o por cuestiones técnicas, su circulación esté restringida o prohibida; así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente.

Al respecto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que dos jueces federales han otorgado 80% de los amparos que permiten la circulación en México de “basura vehicular” a partir de amparos irregulares que permiten la circulación de vehículos hasta con 30 años de antigüedad. Asimismo, explicó que de acuerdo con sus datos, el parque vehicular del país es de 22 millones, de los cuales 7.5 millones son vehículos de importación usados15.

La irregularidad con la que se otorgaron estos amparos derivó en que el 16 de junio de este año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolviera suspender sin goce de sueldo al Juez Federal Daniel José González Vargas y a Ricardo Arreola Villanueva, ex titular y actual secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, respectivamente; y que ordenara practicar una visita de inspección extraordinaria a dicho órgano ante la presunción de que tales servidores públicos concedieron, fuera de la legalidad, suspensiones tanto provisionales como definitivas a empresas importadoras de autos usados, comúnmente llamados “autos chocolates”16.

Asimismo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que a partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios de Estados Unidos y Canadá, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1.- México podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados provenientes de territorio de otra de las Partes, con excepción de lo siguiente:

a. A partir del 1º de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad;

b. A partir del 1º de enero de 2011, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 8 años de antigüedad;

c. A partir del 1º de enero de 2013, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 6 años de antigüedad;

d. A partir del 1º de enero de 2015, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad;

e. A partir del 1º de enero de 2017, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 2 años de antigüedad;

f. A partir del 1º de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos.

Los automóviles que han ingresado mediante amparo generalmente se encuentran fuera de la norma para poder circular por rebasar la antigüedad permitida en el decreto presidencial en la materia; ello supone el incumplimiento del TLCAN pero también el incumplimiento de las normas mínimas de contaminación previstas por el Estado Mexicano.

En este sentido, existe una obligación constitucional por parte del Estado mexicano a garantizar la protección ambiental, pues se trata de un derecho humano que consagra nuestra Carta Magna para toda la población; por ello es indispensable regular esta materia adecuadamente a través de los ordenamientos jurídicos indicados, tal es el caso de la NOM-041-SEMARNAT-2006.

Además, los artículos 904 y 907 del TLCAN también permiten al Estado Mexicano, como una de las partes, fijar sus niveles de protección ambiental, para lo que puede incorporar una evaluación de riesgo17.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que es posible la adopción de medidas restrictivas al comercio que tengan como objetivo la protección al medio ambiente, siempre que se apoyen en evidencia científica o información técnica destinada a demostrar la idoneidad de la medida adoptada18.

De esta forma, la propuesta que se somete a consideración de esta Soberanía tiene sustento en la NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

Como puede observarse, la importación definitiva de los autos usados ha sido una problemática en nuestro país debido al aumento de vehículos ilegales que con sus emisiones perjudican sustancialmente la calidad del aire en perjuicio de la salud de los mexicanos y de su derecho a un medio ambiente adecuado; al mismo tiempo, contribuyen al fenómeno del calentamiento global, que como es ampliamente aceptado, si no proveemos las medidas para frenarlo o aminorarlo, nuestro territorio padecerá en las próximas décadas los efectos negativos del cambio climático.

Por ello, la presente iniciativa propone modificar la fracción IV del artículo 137 Bis 5 de la Ley Aduanera, con la finalidad de que la “constancia” del país de origen contemple al menos lo previsto en las disposiciones normativas de nuestro país y con ello se acredite la aprobación de los niveles de emisión máxima permisible contemplados en las normas administrativas emitidas por las autoridades mexicanas; ello con el objeto de evitar que ingresen menos autos ilegales cuyas emisiones sean perjudiciales para el medio ambiente.

En suma, se trata de proporcionar alternativas al Acuerdo de reconocimiento de equivalencia de certificados de las regulaciones del extranjero, cumpliendo con lo previsto en la NOM-041-SEMARNAT-2006 o cualquier otra norma reglamentaria o administrativa que salvaguarde la protección al medio ambiente.

Por los argumentos expuestos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 137 BIS 5 DE LA LEY ADUANERA.

Unico. Se adiciona el párrafo segundo a la fracción segunda de la fracción IV del artículo 137 Bis 5 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:   

ARTICULO 137 bis 5.- ….

I. a III…

IV.- Presentar al momento del despacho aduanero conjuntamente con los documentos aduaneros respectivos, la constancia que acredite que el vehículo a importar cumple con las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes en su país de origen, que como mínimo deberán coincidir con las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes en nuestro país.

Para cumplir con lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades mexicanas podrán coordinarse con las autoridades del país de origen, para que esta constancia pueda ser emitida por algún organismo verificador de este país conforme a las disposiciones administrativas mexicanas.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

3 (ASOCIACION MEXICAN DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES) DISPONIBLE EN: http://www.amda.mx/Ultimas-Noticias-2013/contaminan-el-doble-los-autos-chocolate.html*

4 (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD) DISPONIBLE EN: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html 

6 (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) DISPONIBLE EN: http://www.aqmd.gov/forstudents/aire_sucio.html

7 Dichos requisitos se encuentran publicados en la página electrónica de la Secretaria de Hacienda y crédito Publico http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/vehiculos/141_10039.html

8 Ley Aduanera, fracción IV del artículo 137 bis 5.

9 Es de apreciarse que una vez obtenido el “Pedimento de Importación Definitiva”,  > las entidades federativas podrán hacer la regularización a través de las placas y Tarjeta de Circulación, más los requisitos que se establezcan en cada una de ellas.

11 Si bien, se realiza una regularización a través de los verificentros autorizados, para lograr la regulación de los autos que se encuentran de forma ilegal en nuestro país, esto implica una posterioridad, es decir, es un hecho jurídico que se realiza después de la entrada ilegal del vehículo, lo que genera una repercusión a la atmosfera debido a que en el tiempo que transcurra dicha regulación se está contaminado, y ello se puede prevenir si al momento de entrar a territorio nacional el automóvil que no cuenta con verificación de su país de origen, este pueda realizarse en las fronteras, y con los procedimientos mexicanos.

12 En el ámbito de comercio exterior, cupo es el monto de una mercancía que puede ser importado o exportado en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite.

14 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198960&fecha=01/07/2011

15 http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/investigan-a-jueces-por-amparos-8216sospechosos-8217-45698.html

17 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/1.TLCAN.pdf

18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Página: 2435, Decima Epoca, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (No. registro 2004376). Disponible para su consulta en: http://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA"

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de los CC. Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, estimado señor Presidente. Estimadas compañeras Senadoras y Senadores. Muy buenas tardes a todas y a todos.

Efectivamente, esta tarde vengo aquí a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto para promover la conmemoración del Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña. Es importante señalar que junto con una servidora, esta iniciativa es promovida por las Senadoras Lilia Merodio, Cristina Díaz, Claudia Pavlovich, Itzel Ríos de la Mora, Diva Gastélum, Leticia Herrera y María Elena Barrera.

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo". Eduardo Galeano.

La encuesta de 2013 sobre discriminación en la ciudad de México, señala que las personas de talla pequeña son unos de los sectores más discriminados principalmente en el trabajo y en los espacios públicos.

En nuestro país se calcula que existen entre 10 mil y 15 mil personas de talla pequeña como consecuencia de la acondroplasia, siendo reconocidos más de 200 diferentes tipos de enanismo.

La figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades a lo largo de la historia, quienes además viven una situación de rechazo y discriminación por su condición; lo cual, sin lugar a dudas, marca una barrera que les impide su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria tales como el libre uso de los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, andenes, escalones, transporte urbano y muchos otros más que han sido fabricados pensando en hombres y mujeres de talla promedio.

Las personas de talla baja han emprendido desde hace tiempo, a través de una suma de esfuerzos, y quiero decirles que aquí específicamente en el Senado de la República les hemos recibido a diferentes organismos de personas de talla baja, justamente que están demandando esto que hoy estamos proponiendo.

Y ellos en una ardua labor con la finalidad de promover que el día 25 de octubre de cada año se reconozca como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, como una estrategia que permita concienciar y sensibilizar sobre las barreras que enfrentan pero, sobre todo, a impulsar que se propicien las condiciones para lograr su adecuada inclusión.

En este tenor, 19 países se han sumado ya a esta importante iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil.

En México se han realizado notables esfuerzos en el ámbito legislativo. El 12 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para incluir la talla pequeña como una de las causas comunes de discriminación.

Asimismo, el 24 de julio de 2013, diversas Senadoras presentamos una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2, fracción XXI de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de contemplar la talla pequeña como una discapacidad con el fin de abrir las posibilidades y opciones para su integración.

Y finalmente, desde este Senado, el pasado 29 de abril exhortamos al Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones Unidas que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Senadoras y Senadores: es necesario que continuemos con este trabajo a favor de las personas de talla pequeña impulsando todas aquellas medidas que promuevan el acceso real a una igualdad de oportunidades, teniendo como base los retos que enfrentan para desarrollarse en la sociedad.

Por lo que las y los invito, a nombre de quienes estamos proponiendo esta iniciativa, a sumarse a favor del presente proyecto de Decreto que tiene como finalidad que se declare el 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña como un espacio de reflexión en el que todos tengamos la oportunidad de acercarnos, conocer su realidad y, sobre todo, trabajar por su inclusión.

Por su atención, pero sobre todo por su respaldo, les agradezco mucho, estimadas Senadoras y Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA", de conformidad con la siguiente:

CONSIDERACIONES

1. La Asociación GENTE PEQUEÑA A.C., señala que actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo, clasificados de acuerdo con fenotipo y, en un cada vez más importante número de casos, con defectos de genes y/o de sus proteínas.

Cada tipo de enanismo presenta necesidades diferentes, siendo la falta de movilidad uno de los principales problemas, aunado a otros de salud que son adherentes a su condición.

Según estimados, en nuestro país podrían vivir alrededor de 11,000 personas con los padecimientos anteriores, quienes se enfrentan cotidianamente a las barreras que les imponen su entorno social, lo cual les impide su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Sin embargo, hasta el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con un padrón de personas con enanismo en nuestro país, que entre otros, nos permita identificar en qué condiciones socioeconómicas viven, lo que hace más difícil conocer la realidad actual de este sector vulnerable para con ello diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión.

2. A nivel internacional, entre la normativa a favor de las personas con enanismo o cualquier otra displasia tenemos:

● Conferencia Internacional de Derechos Humanos: En la Proclamación de Teherán se exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.

● Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: Señala que son personas con discapacidad "aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2002.

Por su parte, en Latinoamérica hay países que tiene legislación dirigida especialmente a las personas de talla pequeña, como el caso de Colombia y Guatemala.

3. Desde tiempos antiguos la figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades llamándoles (bufones, fenómenos y seres mágicos).

Existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como también limitada información seria sobre la real naturaleza del enanismo.

Las personas de talla baja viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición.

Así, un mundo hecho a la medida de personas altas marca una barrera que impide a las personas con enanismo o talla baja, el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud, entre otras.

Aunado a esto, ven impedidos su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria como el acceso libre a los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las puertas, estantes, mostradores, andenes, escalones, subidas a los automóviles, transporte urbano, baños públicos, ventanillas en los bancos, cinturones de seguridad, y muchos objetos más, que han sido fabricados pensando en hombres y mujeres de talla promedio y no en aquellos a los que muchos llaman "ENANOS" en forma despectiva.

Todo esto causa limitaciones en quienes no alcanzan la medida; algunos, al grado de preferir quedarse encerrados en sus casas, o bien, les es más difícil desenvolverse en su cotidianeidad, necesitan esforzarse más, rodar un banco o taburete, subirse a él y llegar hasta donde se quiere llegar.

Nada es imposible para ellos, con un poco más de esfuerzo, todo lo que deseen lo pueden realizar. Pero no falta quienes miden su inteligencia y capacidad mental, con el tamaño que en estatura logran alcanzar.

Recientemente, se modificó el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el que se especifica que el concepto de "talla pequeña" no será motivo de exclusión. El texto indica que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad.

Asimismo, se presentó en julio del año pasado una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el objetivo de incluir a las personas de talla pequeña en incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México misma que se encuentra en estudio para su dictaminación.

En ese tenor se presentó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República.

4. Estas situaciones tan duras antes mencionadas, han motivado a muchas personas alrededor del mundo a luchar para mejorar la calidad de vida de la gente pequeña; ya sea porque padecen de enanismo, porque algún familiar lo padece o simplemente por un ánimo filantrópico y, por lo mismo, han creado una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda, promover la investigación de la enfermedad o sencillamente proporcionar un espacio de encuentro para la gente pequeña.

En ese sentido, las personas de talla pequeña han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover la Conmemoración del "Día Nacional de las Personas de Talla Baja" el día 25 de octubre de cada año.

La iniciativa surgió en México y se eligió esta fecha en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más relevante a nivel internacional en el rubro.

A esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población para que estas personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público. A los participantes se les distinguirá por un listón verde, en alusión a su significado de vida.

Y tiene como objetivo, crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo.

Es necesario comprender la dimensión que alcanza la necesidad de incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México, situación ligada a la accesibilidad y diseño de espacios, que va desde el uso de un sanitario en espacios públicos, abrir una puerta, apagar una luz o subir a un autobús; tareas que para la mayoría de personas son normales y cotidianas; sin embargo, para la Gente Pequeña son una verdadera proeza, en especial porque en México aún falta por construir la infraestructura que sea accesible para las personas con discapacidad en diversas áreas y ciudades.

Es por lo anteriormente expuesto, que la propuesta de la presente Iniciativa va encaminada a que el 25 de octubre de cada año se declare como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 25 de octubre de cada año, como el "Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña".

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Jose Rosas Aispuro Torres".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero. ¿Para qué asunto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Primero para felicitar esta iniciativa y solicitarles a las autoras el que podamos acompañarlas.

Como Diputado local, en el estado de Jalisco, me tocó estar en la LVII Legislatura, en la que se aprobó precisamente el 25 de octubre como fecha en la que se conmemora el Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña.

Gente pequeña, únicamente por su tamaño físico, pero grandes en ideas, en inteligencia, en sentimientos, que merecen tener, no solamente el reconocimiento de la sociedad, merecen también el que las oportunidades de igualdad que establece nuestra constitución puedan ser vigentes para toda esta gente.

Por eso, además de facilitarlas, solicitarles, si no tienen inconveniente, que me pueda sumar a esta extraordinaria iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero. Senadora Hilda Flores Escalera ¿Acepta la suma de las compañeras y compañeros Senadores Rocío Pineda, Aarón Irizar, Margarita Flores, Ascención Orihuela, Lucero Saldaña y Mariana Gómez del Campo? Solicito a la Secretaría tome nota de todas las Senadoras y Senadores que deseen sumarse a este proyecto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el numeral 6 del artículo 232 y el numeral 8 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL NUMERAL 6 DEL ARTICULO 232 Y EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 238 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Para presentar esta iniciativa, que ya de alguna manera se había esbozado en sesiones anteriores en otro paquete de iniciativas que presenté junto con algunos integrantes del grupo parlamentario del PRD, como los Senadores Dolores Padierna, Mario Delgado y Armando Ríos Piter, tienen por objeto buscar acciones legislativas que sirvan de medidas de regeneración democrática para nuestro país porque, sin duda, hay muchos temas muy relevantes sobre corrupción, sobre minorías, pero va a ser muy difícil que esta tribuna deje de hablarse sobre Ayotzinapa, deje de hablarse sobre Iguala, en mucho tiempo; y para eso son este paquete de medidas que el día de hoy quiero explicar.

Me parece que podemos coincidir que la transición política democrática en nuestro país, al limitarse al asunto de la alternancia partidista, se limitó de una manera muy dramática.

Se confió plenamente que en el funcionamiento de un sistema de partidos con capacidad de autorregulación, entonces México pasaría a un estadío superior de la vida democrática.

A más de 12 años, bueno, ya hoy 14 años de ese hecho, queda demostrado que no era suficiente con mecanismos de autorregulación para que los partidos tuvieran, por generación espontánea, una vocación democrática.

Y en ese sentido, nos estamos entrampando en la disyuntiva entre una representatividad real pura y la insolvencia de los partidos para transitar de las aspiraciones electorales por ocupar cargos que legítimamente tienen, a la insolvencia para asegurar que a las personas que postulan están limpias, que no son delincuentes. De eso se tratan estas 2 iniciativas de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La primera es una adición al numeral 6 del artículo 232.

¿De qué se trata?

Que los partidos queden impedidos de postular o queden prohibidos de solicitar registro aquellos partidos que hayan postulado a un representante popular, que la postre, ya en el ejercicio de su encargo, ya en el ejercicio del poder, sea sentenciado por algún delito.

¿De qué se trata esto?

Sobre todo decirlo, hoy que fue aprendido el exalcalde de Iguala, para ponerlo en términos prácticos, el Partido de la Revolución Democrática, mi partido, con una disposición como ésta, no podría participar en las próximas elecciones de Iguala. Esa sería la sanción al partido, para que de esa manera la revisión de los candidatos sea mucho más puntual, mucho más rigurosa, mucho más seria.

Para poner otros casos. Con una disposición como ésta, el PAN no podría participar en la próxima elección de gobernador de Aguascalientes. O el PAN no podría participar en la próxima elección de presidente municipal de Tapachula.

Para poner otro ejemplo. El PRI no podría participar en la próxima elección de gobernador de Tabasco.

Aquí no se trata de buscar ejemplos partidistas. Es simplemente describir que la insolvencia de los partidos en la elección de los candidatos es un problema que nos atañe a todos y que en esas sanciones está, quizá, la posibilidad de pensar en una verdadera transición democrática que no se agote en la alternancia partidista.

¿De qué se trata de otra modificación?

Es una modificación al artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta lo que plantea es adicionar como requisito para los ciudadanos que pretendan ser candidatos, presentar, ya sea ante el INE o ante los OPLES, en el ámbito de sus competencias, resultados de controles o pruebas de confianza que el propio Instituto Nacional Electoral determine idóneos para los cargos de elección popular que se trate.

Controles y confianzas para los candidatos. Déjenme decirles que esta es una propuesta que el legislador chiapaneco ya hizo alguna vez a su propia normatividad electoral.

En ese caso eran, pruebas de control y confianza, también polígrafo y pruebas de toxicidad, para evitar también otro tipo de conductas en los candidatos.

Se aprobó por unanimidad, fue una propuesta en aquel momento del Partido Acción Nacional, en Chiapas, la asumieron otros grupos parlamentarios del PRI y del PRD en mi estado; y pasó algo muy curioso.

La PGR utilizó su facultad de iniciar una acción de inconstitucionalidad para que esto no ocurriera en la elección inmediata pasada. Acción de inconstitucionalidad, que a la vez la Suprema Corte de Justicia argumentó, de manera favorable y hoy no tenemos ese tipo de pruebas de control y confianza.

¿Qué pasó después? Un alcalde acabó en la cárcel; se hubiera evitado, bueno, posiblemente se hubiera evitar. De eso se trata.

Y por eso creo que está en nuestra responsabilidad seguir planteando estas medidas de regeneración democrática.

Ir tras la credibilidad perdida y entender que la alternancia, que la consolidación política democrática de nuestro país, en ningún sentido se va agotar con las alternancias partidistas o los estados, en el Ejecutivo Federal o en los municipios; ya no está ahí, está el de verdad ponernos del otro lado, sacrificar, ser mucho más rigurosos y salir de esta lógica de solamente ganar espacios de poder, de representación política, con una lógica plenamente electoral, sin fijarnos quiénes son los candidatos.

De eso se trata; y por eso mi invitación es, absolutamente a todos ustedes, a sumarse a esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

"El suscrito, ZOE ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONAN EL NUMERAL 6 DEL ARTICULO 232 Y EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 238, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 21 de octubre, en relación a los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Guerrero, un grupo de ciudadanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil publicaron una carta, dirigida a las autoridades federales con peticiones y recomendaciones para evitar la repetición de hechos.

La carta señala la generalizada indignación frente a la negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención de los hechos, la atención a las víctimas y la procuración de justicia en el caso y responsabilizaron en conjunto a los partidos políticos por evadir su responsabilidad democrática al designar candidatos vinculados a la delincuencia organizada.

Como es bien sabido, una ola de violencia generalizada se desata en nuestro país, sobre todo a comienzos de la década pasada. La masacre de Ayotzinapa es solamente una expresión más de la crisis social que vivimos desde entonces. En efecto, los actos cometidos contra estudiantes campesinos no se pueden entender de forma aislada, de hecho, hace casi ya tres años, elementos de la policía federal, perpetraron un ataque a los estudiantes de la misma Escuela Normal Rural cuando intentaban despejar un bloqueo que mantenían los estudiantes en una de las autopistas más importantes del país, la "Autopista del Sol" para exigir un diálogo con el actual Gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, del cual resultaron muertos dos estudiantes.

Aunado a lo anterior, después del movimiento estudiantil de 1968, el Estado cerró 12 Escuelas Normales Rurales, y a partir de 1994 la presión por desaparecer este modelo educativo se reactivó. Es importante señalar que en el proceso de desaparición de la última Escuela Normal Rural cerrada por el Estado mexicano, participaron dos gobernadores del estado de Hidalgo que actualmente son encargados de la investigación y esclarecimiento de la masacre de Ayotzinapa: Jesús Murillo Karam, actual director de la Procuraduría General de la República y Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación.

La masacre de los normalistas ocurrió en Iguala, a 256 km de la sede de la Normal de Ayotzinapa. El 26 de septiembre, un grupo de normalistas se trasladó hasta Iguala con el objetivo de recolectar fondos para asistir a la marcha del 2 de octubre que se realiza cada año en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco. Resulta paradójico que después de la masacre, una organización de derechos humanos (Human RightWatch) haya considerado que el caso de Ayotzinapa es el ataque a estudiantes más graves desde 1968.

En enero de 2014 el obispo de Saltillo Raúl Vera junto con la "Red Solidaria Década contra la Impunidad"llevaron el caso de violencia en Guerrero, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien emitió recomendaciones al gobierno del Estado. La Red Nacional de Organismos Civiles deDerechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" denunció agresiones a 30 luchadores sociales en Iguala. Las 200 desapariciones registradas en Iguala de 2005 a 2014, contrastan con las 250 desapariciones documentadas por HRW (Human RightWatch) a nivel nacional entre 2006-2012 en su informe de 2013 y con la lista de 26 mil desapariciones reconocidas por la Secretaría de Gobernación entre 2006 y 2012.

Es por todo lo anterior, que es de suma importancia hacer énfasis en que si esto sigue sucediendo es por porque los gobiernos respectivos no han logrado aminorar, frenar ni revertir dicha situaciones; nadie es más responsable por estos hechos que el gobierno en sus tres niveles. Al respecto, cabe citar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, tercer párrafo:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Estas obligaciones constitucionales no deben tomarse a la ligera, toda vez que constituyen las garantías medulares para una verdadera democracia y el apego al Estado de Derecho; si esto no comienza a cumplirse por parte de las autoridades competentes, es menester que se tomen las medidas apropiadas que necesariamente tienen que ver ya no con garantías primarias, sino directamente mecanismos previos que permitan prevenir el involucramiento de las autoridades en actos contrarios a derecho, específicamente que conlleven una responsabilidad penal.

La función pública debe desempeñarse con toda responsabilidad, probidad, compromiso y lealtad a los representados, por ello los partidos políticos deben tener una responsabilidad subsidiaria con todos los servidores públicos que emanen de sus filas.

Es por ello, que cumpliendo con la obligación de representar los intereses ciudadanos y tomando en cuenta lo grave que es la situación en nuestro país, sobre todo lo sucedido con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es que me uno a la indignación con profundo respeto y propongo retomar el planteamiento ciudadano de que cualquier partido político que haya postulado a un representante popular sentenciado por actos criminales durante su gestión, quede impedido de participar en la siguiente elección a ese cargo.

Asimismo, comparto la propuesta ciudadana de establecer de protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos para el próximo proceso electoral. No obstante, lo anterior, más allá de exhortar a los partidos políticos a establecer la obligación a los candidatos de someterse a un control de confianza antes de ser registrados considero pertinente proponer una reforma legal, para constituir esta propuesta en una obligación para futuras elecciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONAN EL NUMERAL 6 DEL ARTICULO 232 Y EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 238, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO UNICO.- Se adicionan un numeral 6 al artículo 232 y un numeral 8 al artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 232.

1. a 5.(...)

6. Quedarán impedidos de postular o de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos que hayan postulado a un representante popular sentenciado penalmente durante su encargo o gestión, para participar en la siguiente elección a dicho cargo.

Artículo 238.

1. a 7.(...)

8. Además de los requisitos señalados en los párrafos precedentes, los ciudadanos que pretendan ser candidatos, de manera previa al registro de su candidatura ante las autoridades competentes, deberán presentar ante el Instituto o los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, los resultados de los controles o pruebas de confianza que el Instituto determine idóneos para los cargos de elección popular de que se trate. Dichos controles o de pruebas de confianza serán determinadas por el Instituto y deberán ser susceptibles de medir con certeza, las condiciones físicas y mentales en que se encuentra un ciudadano que pretenda registrarse como candidato.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. Zoé Robledo Aburto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que las comisiones correspondientes solicitaron a la Mesa Directiva retirar de su discusión del día de hoy el dictamen que reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.

 





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo, para incorporar los conceptos de accesibilidad y diseño universal, para personas con discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de turismo accesible para las personas adultas mayores.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo en materia de accesibilidad y diseño universal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de las iniciativas antes señaladas, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de las mismas realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para el estudio y dictamen de las iniciativas referidas.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS" se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenta su resolución.

ANTECEDENTES

1.- El 28 de noviembre de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por las Senadoras Ivonne Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, María Verónica Martínez Espinoza y los Senadores Aarón Irizar López, Oscar Román Rosas González, Jesús Casillas Romero.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 22 de enero de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

4.- El 4 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La Iniciativa de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, de fecha 28 de noviembre de 2013, en materia de turismo accesible para las personas adultas mayores señala que la creación del Capítulo de Turismo Accesible en la Ley General de Turismo significa un gran avance para la inclusión de las personas con discapacidad en el disfrute de los sitios turísticos y culturales, no obstante, menciona que quedaron fuera de este beneficio las personas adultas mayores, quienes debido a la edad y las enfermedades que pueden llegar a presentar por cuestiones naturales también requieren de medidas accesibles que les posibiliten disfrutar plenamente de los destinos turísticos y culturales.

Por lo anterior, la legisladora propone modificar la Ley General de Turismo para que se incluya a las personas adultas mayores dentro de los destinatarios del turismo accesible.

Así, propone reformar la fracción VI del artículo 2º de la Ley en comento para incluir, dentro del objeto de ésta, el de facilitar, junto a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible.

A fin de incorporar la participación de las personas adultas mayores en el turismo accesible, la promovente reforma el artículo 18 de la ley en comento para establecer que la Secretaría de Turismo, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad en beneficio de la población con alguna discapacidad, de las personas adultas mayores.

Asimismo, propone que los prestadores de servicios turísticos deban proveer lo necesario para que las personas con discapacidad y personas adultas mayores cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

Finalmente, propone adicionar la fracción IV del artículo 44 para incluir, dentro de las funciones de Fondo a la Actividad Turística, la de ejecutar obras de infraestructura y urbanización, así como realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico, tomando en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores.

Por otro lado, la Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, suscrita por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presentada el 22 de enero de 2014, en materia de accesibilidad y diseño universal, hace referencia a la necesidad de que los servicios turísticos establezcan programas, normas y especificaciones estandarizadas, mismas que para su diseño deben tomar como referencia el modelo de diseño universal con la finalidad de que todos los servicios turísticos puedan considerarse accesibles.

La legisladora señala que es necesario aplicar el modelo de diseño universal, debido a que en diferentes destinos nacionales se tiene un concepto muy general o limitado sobre aspectos de accesibilidad.

Menciona que de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el diseño universal se define como el diseño de productos, entornos programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

La iniciativa de mérito da cuenta que a lo largo del país nos encontramos con museos, teatros, hoteles y demás destinos que son frecuentemente visitados por turistas que establecen como accesibilidad el contar con alguna rampa de acceso o un baño acondicionado para ser empleado por personas con discapacidad motriz cuando no cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para ello, situación que al final los hace inaccesibles.

Debido a lo anterior, propone definir y unificar criterios, dentro del Capítulo IV, artículo 18 de la Ley General de Turismo, respecto a lo que debe entenderse por accesibilidad, con la finalidad de que tanto autoridades y prestadores de servicios turísticos tengan certeza de los alcances y objetivos de la misma, de igual manera propone incluir el concepto de diseño universal para que la infraestructura turística que se desee crear, pueda ser empleada, en la mayor medida posible, por todas las personas.

CONSIDERACIONES

Estas Comisiones Dictaminadoras, reconocen que la facilitación de los viajes turísticos para personas con discapacidad es un elemento primordial para toda política de desarrollo turístico sostenible. Asimismo, señalan que dentro de las estrategias para lograr un "México Incluyente", en el que se vele por el bienestar de, entre otras, las personas con discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo establece como una línea de acción de la estrategia 2.2.4.1el asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

Los integrantes de las Comisiones Unidas, coinciden con la promovente de las iniciativas en la necesidad de que la actividad turística sea planeada y diseñada para que pueda ser disfrutada por todas las personas, lo que implica la existencia de pautas de inclusión para las personas con discapacidad.

Es importante señalar que, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México el número de personas con alguna discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total.

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás.2

Siendo los más conocidos tipos de actividad con dificultad el caminar o moverse, el ver, algún tipo de problema mental, el escuchar, el hablar o comunicarse, las limitaciones o dificultades para aprender o poner atención y las limitaciones o dificultades para atenderse por sí mismo.

Estas Comisiones Dictaminadoras comparten con la promovente la importancia de que las personas adultas mayores disfruten plenamente de todos los productos turísticos con los que cuenta México.

Asimismo, reconocen que algunas personas adultas mayores, debido a problemas físicos o enfermedades propias de la edad, se encuentran limitados o impedidos para disfrutar plenamente del turismo, no obstante, quieren señalar que cuando una persona (adulto mayor, joven, adolescente o niño) presenta alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, también forma parte del universo de las personas con discapacidad, por lo que se entiende que todo aquel adulto mayor que padezca algún tipo de dificultad de los señalados anteriormente, formará parte de las personas beneficiarias del turismo accesible, por lo que se consideran inviables las modificaciones propuestas a los artículos2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, que buscaban incluir como población objetivo del turismo accesible a las personas adultas mayores.

Estas Comisiones Unidas quieren señalar que la inclusión de las personas adultas mayores como destinatarios de la población que debe tener acceso al turismo, también se encuentra atendida en la fracción V del artículo 2 de la Ley General de Turismo, la que señala que esta ley tiene por objeto promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos (incluidas las personas adultas mayores) al descanso y recreación mediante esta actividad.

Estas Comisiones Unidas resaltan la importancia de que se fomente la participación de las personas adultas mayores en el turismo, por lo que establecen que el artículo 23 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala que corresponde a la Secretaría de Turismo: impulsar la participación de las personas adultas mayores en actividades de atención al turismo, particularmente las que se refieren al rescate y transmisión de la cultura y la historia; promover actividades de recreación turística con tarifas preferentes, diseñadas para personas adultas mayores; y, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento de convenios con las empresas del ramo para ofrecer tarifas especiales y/o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura, deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos.

Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que alrededor del 15% de la población mundial, es decir 1,000 millones de personas, vive con alguna discapacidad,3 porcentaje que seguirá incrementándose en los próximos años debido al envejecimiento de los ciudadanos, por lo que consideran prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan accesar al turismo en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Destacan el hecho de que según datos de la SECTUR a un turista con discapacidad le resulta 40% más caro viajar a un sitio debido a sus necesidades de acceso y asistencia. En España, estudios revelan que para el 65.5% de las personas con discapacidad grave, los desplazamientos resultan problemáticos a la hora de hacer turismo. Por transportes, el 69% prefiere utilizar el coche privado, frente al 20.4% que prefiere el avión, el 11% el tren y el 6.5% el autobús, asimismo, señala que por cuestiones de accesibilidad, las personas con discapacidad física suelen alojarse en hoteles de 4 y 5 estrellas, por estar mejor adaptados en materia de accesibilidad, no obstante, no todos los alojamientos enmarcados en este porcentaje cuentan con las condiciones idóneas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Aún no se ha logrado que la oferta turística integre sistemáticamente la accesibilidad universal, además de que existe falta de información sobre los productos y servicios accesibles de las instalaciones turísticas y falta de conocimiento de los prestadores de servicios turísticos sobre las necesidades especiales de las personas con discapacidad.

Estas Comisiones Dictaminadoras, reconocen el esfuerzo del estado de Quintana Roo por crear una playa accesible e inclusiva para todas las personas, la cual cuenta con rampa de acceso, camastros acuáticos, sillas de ruedas acuáticas para niños y adultos, andaderas acuáticas, módulo de servicio y señalización necesaria; así como del estado de San Luis Potosí que puso en marcha el "Programa de Atención de las Personas con Discapacidad a la Actividad Turística de San Luis Potosí".

Sin embargo, coinciden con la promovente de la iniciativa en la necesidad de que estas acciones se repliquen en más ciudades de nuestro país y se hagan conforme a criterios estandarizados que realmente fomenten la accesibilidad para las personas con discapacidad, razón por la cual consideran conveniente que en la Ley General de Turismo se incorpore la definición de accesibilidad, a fin de que las autoridades y prestadores de servicios turísticos tengan certeza de los alcances y objetivos de la misma.

Así, consideran pertinente que se establezca en la Ley General de Turismo, que por accesibilidad se entienden las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas, como rurales.

De igual forma consideran pertinente incorporar dentro de la ley el concepto de "diseño universal" para que los espacios o actividades que se deseen crear, puedan ser empleados, en la mayor medida posible por todas las personas.

La incorporación del diseño universal en la infraestructura y prestación de servicios turísticos favorece la accesibilidad a todas las personas, con independencia de sus capacidades.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el diseño universal, es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación, ni diseño especializado.

Se debe destacar que este diseño no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten, antes bien, toma en cuenta a todas las personas y se configura en la llave para alcanzar de forma real un turismo para todos.

A fin de mantener la estructura de la Ley General de Turismo, los integrantes de estas Comisiones Legislativas proponen la siguiente modificación al texto propuesto en la iniciativa de mérito.

TEXTO VIGENTE

TEXTO MINUTA

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

Ley General de Turismo

Ley General de Turismo

Artículo 18.La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Para efectos de este Capítulo se entenderá accesibilidad y diseño universal de acuerdo a las fracciones I y X de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de la personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II.-VIII.

IX. Diseño universal: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación no diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

X.-XXIV.

Finalmente, por lo que respecta a la propuesta de adicionar la fracción IV del artículo 44 de la Ley General de Turismo para incluir, dentro de las funciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; tomando en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores, estas Comisiones Unidas, consideran que no es pertinente incorporar las necesidades de las personas adultas mayores, toda vez que actualmente el Fondo debe incorporar las necesidades de las personas con discapacidad, sin embargo, consideran pertinente modificar dicho numeral a fin de que el Fondo tome en cuenta el diseño universal, pues con ello la infraestructura turística puede ser empleada, en la mayor medida posible por todas las personas.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Unico. Se adicionan la fracción I al artículo 3, recorriéndose en su orden subsecuente las actuales fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII; la fracción VIII al artículo 3 recorriéndose en su orden subsecuente las actuales fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI; se reforman el artículo 18 y la fracción IV del artículo 44, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3.

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de la personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos;

III. Atlas Turístico de México: El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;

IV. Comisión: La Comisión Ejecutiva de Turismo;

V. Consejo: El Consejo Consultivo de Turismo;

VI. Consejo de Promoción: El Consejo de Promoción Turística de México;

VII. Consejo Local: Los Consejos Consultivos Locales de Turismo;

VIII. Consejo Municipal: Los Consejos Municipales de Turismo;

IX. Diseño universal: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

X. Fondo: Fondo Nacional de Fomento al Turismo;

XI. Ley: Ley General de Turismo;

XII. Ordenamiento Turístico del Territorio: Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos;

XIII. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley;

XIV. Programa: Programa Sectorial de Turismo;

XV. Recursos Turísticos: Son todos los elementos naturales o artificiales de un lugar o región que constituyen un atractivo para la actividad turística;

XVI. Región Turística: Es un espacio homogéneo que puede abarcar el territorio de dos o más Estados y en el que, por la cercana distancia de los atractivos y servicios, se complementan;

XVII. Reglamento: El de la Ley General de Turismo;

XVIII. Ruta Turística: Es un circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas;

XIX. Secretaría: La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Federal;

XX. Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento;

XXI. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

XXII. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población, y

XXIII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 44.

I.- III. …

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad y el diseño universal;

V.-XVI. ...

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de comisiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014.

COMISION DE TURISMO".

1 Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.
2 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.
3 Organización Mundial de la Salud, Informe 2011

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Félix González Canto: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, sometemos a su consideración el día de hoy, tiene por objeto reformar la Ley General de Turismo a fin de facilitar la actividad turística para las personas con discapacidad impulsando la adecuación de los espacios turísticos para poder garantizar su accesibilidad.

En México, el INEGI señala que el número de personas con alguna discapacidad es de más de 5 millones, lo que representa más del 5 por ciento de nuestra población total.

Mientras que a nivel mundial el 15 por ciento la población, o sea, cerca de mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad.

Porcentaje que además seguirá creciendo, ya que en los próximos años la población seguirá su envejecimiento natural.

Por ello es prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los atractivos turísticos que México ofrece en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

En la actualidad, para que una persona con discapacidad pueda y quiera viajar, no basta con disponga de tiempo libre, recursos económicos y ganas de hacerlo; la ausencia de barreras, cuando sale de su entorno habitual, es un aspecto fundamental.

Cifras recientes nos muestran que a un turista con discapacidad le resulta 40 por ciento más caro viajar, debido a sus necesidades de acceso y asistencia.

Basta con mencionar que este grupo poblacional suele alojarse en hoteles de cuatro y cinco estrellas, porque están mejor adaptados en esta materia.

Compañeras y compañeros Senadores, estoy convencido de que la actividad turística debe ser planeada y diseñada para que sea disfrutada por todas las personas sin importar su condición. Ello implica que debemos trabajar en la construcción de mecanismos que faciliten el turismo para personas con alguna discapacidad.

Por lo anterior, el día de hoy les pido su voto a favor de este dictamen; el cual, debo mencionar, es producto de dos iniciativas presentadas por la compañera Senadora Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y que tiene por objetivo, primero, que la oferta turística integre sistemáticamente la accesibilidad universal; y segundo, que este incluya en la actividad turística de México, el concepto de diseño universal, para que los espacios o actividades que se pretendan construir puedan ser empleados en la mayor medida posible por todas las personas.

Quiero compartir con ustedes que algunos estados ya están trabajando en el turismo accesible. Por ejemplo, en mi estado, Quintana Roo, en 2013, se inauguró una playa accesible para todas las personas; la cual cuenta con rampa de acceso, camastros acústicos, sillas de ruedas acuáticas, para niños y adultos, módulo de servicio y señalización necesaria.

Otro ejemplo destacable, está en San Luis Potosí. En este estado se puso en marcha el Programa de Atención a las Personas con Discapacidad a la Actividad Turística de San Luis Potosí.

Estas acciones destacables deben replicarse en más ciudades de México, incorporando criterios estandarizados de accesibilidad y diseño universal; razón por la cual es importante, amigas y amigos, su voto a favor de este dictamen.

Con la incorporación de los conceptos de accesibilidad y diseño universal en la Ley General de Turismo, vamos a lograr que los prestadores de servicios turísticos estén conscientes de los alcances y objetivos de los mismos; y en el largo plazo, vamos a poder recibir más turistas que van a gozar de los atractivos que México ofrece.

Asimismo, al establecer que el FONATUR, al realizar obras de infraestructura y urbanización, deba tomar en cuenta el diseño universal, con lo que vamos a lograr que paulatinamente se modifique la infraestructura turística, para favorecer la accesibilidad a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

Compañeras y compañeros, votar a favor de este dictamen, es votar a favor de las personas con alguna discapacidad o con movilidad reducida, para que ellos disfruten más momentos de recreación y esparcimiento; y con ello, realizarán un menor esfuerzo en sus actividades de traslado, hospedaje y diversión en el destino turístico de México que elijan.

Con estas acciones, el Senado de la República refuerza su compromiso de trabajar en favor de quienes más lo necesitan.

Por su atención y apoyo, muchísimas gracias.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador González Canto.

Iniciamos la discusión en lo general. Informo al Pleno que se ha inscrito la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Gracias, señor Presidente.

Quiero reconocer el trabajo que la Senadora Hilda Flores Escalera ha hecho como Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El 17 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley General de Turismo, teniendo como uno de sus principales avances el establecimiento de medidas de inclusión a favor de las personas con discapacidad en todos los ramos de esta actividad.

Bajo ese contexto, la ley contempla un Capítulo IV, denominado "Del Turismo Accesible", que establece que se promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad en condiciones adecuadas, aplicando esta misma disposición para los sitios culturales con influencia turística.

A pesar de que esta medida significa un gran avance para la inclusión de las personas con discapacidad, aun es necesario que los servicios turísticos establezcan programas, normas y especificaciones estandarizadas, en virtud de que actualmente encontramos que en diferentes destinos nacionales se tiene un concepto muy general o limitado sobre aspectos de accesibilidad como puede ser una rampa de acceso o un baño acondicionado para ser empleado por personas con discapacidad motriz, cuando no cuentan las especificaciones técnicas requeridas para ello, situación que al final los hace inaccesibles.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define al diseño universal como la creación de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación y diseño especializado.

Por su parte, entiende la accesibilidad como el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas.

La vinculación entre accesibilidad y turismo es relativamente reciente e implica una planeación, diseño y desarrollo de actividades que incluyen pautas de inclusión respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales para las personas con discapacidad.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 explica las estrategias para lograr un México incluyente, mostrando el camino para lograr una sociedad sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, estableciendo que se deberán crear programas para hacer accesible el turismo a todas las personas.

Es una realidad que existen grandes esfuerzos en la materia y que tanto nivel federal como estatal hay acciones encaminadas a promover y fortalecer al turismo accesible, ampliar su cobertura a los más de 7.7 millones de personas con discapacidad en México y a los mil millones existentes a nivel mundial.

Senadoras y Senadores, por lo descrito anteriormente y la necesidad de que tanto como autoridades y prestadores de servicio turístico tengan una certeza de los alcances y objetivos de la accesibilidad y diseño universal, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen, que se traduce en una medida indispensable para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad al turismo nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Sánchez.

Pregunto a la Asamblea, ¿hay más oradores interesados en este tema? No habiendo más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACION

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Sonido en el escaño del Senador Enrique Burgos García.

- El C. Senador Enrique Burgos Garcia: (Desde su escaño). Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, quiero hacer mención a que la compañera Senadora Mariana Gómez del Campo fue recipiendaria de la condecoración otorgada por el Senado argentino, "Líderes para el Desarrollo: Gobernador Enrique Tomás Cresto".

Así pues una felicitación también para nuestra compañera Mariana Gómez del Campo.

Enhorabuena, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Burgos García.

Este Pleno y la Mesa Directiva se suman a las felicitaciones que ha hecho el Senador Enrique Burgos García.

¡Enhorabuena, Senadora Mariana Gómez del Campo!





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo en materia de pueblos y comunidades indígenas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión dicho dictamen con punto de Acuerdo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En este punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas, está encaminado a firmar un acuerdo entre las instituciones que procuran justicia para que pueda suscribirse un convenio de colaboración y se puedan dar las facilidades de asesoría y de defensa a los indígenas que presentan algún proceso de carácter penal.

Yo quería remitirme a que el Senado de la República exhorta al Poder Judicial, en cada una de las entidades federativas, y aquí quiero que se tome nota, señor Presidente, de hacer un agregado para que esté redactado de la mejor manera y que diga:

"Y del Distrito Federal, a realizar convenios necesarios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los organismos estatales que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas".

Este punto de Acuerdo, compañeros, quiero remontarlos a ustedes a la parte de las injusticias que hemos cometido con la aplicación en esta ley tan ciega que tenemos en nuestro país, que ahora habla hasta de impunidad, pero que donde más se expresan los abusos tiene que ver con los más marginados y, particularmente, con los hermanos indígenas.

Ustedes deben de acordarse de Alberto Patishtán, profesor indígena y activista del estado de Chiapas, que fue privado de su libertad y durante 13 años estuvo acusado de participar en un atentado contra elementos de la Policía estatal y municipal en el estado de Chiapas.

Nada más rápidamente les suscribo cuáles fueron las violaciones a su proceso: se violentó sistemáticamente el principio de asunción de inocencia, su detención se realizó sin orden de aprehensión, las pruebas de acusación fueron obtenidas de manera ilegal y violando derechos fundamentales por lo que son nulas, las declaraciones de los testigos presentaron contradicciones, se permitió que personas no autorizadas fungieran como representantes legales, no tuvo una defensa adecuada por abogado elegido libremente; y él, compañeros, para lograr su libertad, este Senado tuvo que tomar medidas para excarcelarlo.

Jacinta Francisco Marcial, comerciante indígena ñhä-ñhú, otomí, fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, por considerarlas responsables de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación.

Se llevó su juicio sin acceso a intérprete ni a persona alguna que pudiera traducir el horizonte ñhä-ñhú a la acusación que le imputaban a la acusada, entre otras irregularidades. La misma compañera Alcántara, junto con las compañeras, fue condenada a 21 años de prisión y 2 mil días de multa; y hasta mayo de 2014 se ordenó indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de esta compañera.

Lo mismo que Adriana Manzanares Cayetano, que atravesó la misma circunstancia. Rosa López Díaz, indígena de origen tzotzil acusada de secuestro con su esposo, estuvo privada de su libertad durante 6 años, desde mayo de 2007 hasta 2013, en que logró su liberación; y también, entre las cuestiones que destacan de este procedimiento, es que la declaración se realizó sin la presencia de un juez y sin la presencia de su defensa legal, no tuvo acceso a intérprete o traductor conocedor de su lengua y sus costumbres, no recibió atención médica tras la tortura de la que fue objeto, su hijo nació en prisión.

Compañeros, estos datos quise retomarlos para ilustrar de qué manera hace falta que este punto de Acuerdo que está proponiendo pueda hacer posible que los indígenas tengan acceso a la justicia de manera integral, como se le hace a los demás.

Y pega más el asunto de la pobreza y de la discriminación a este sector indígena porque en 2010 había 52.8 millones de personas pobres en la población nacional; en el 2012 este número pasó a 53.3 millones de personas, el 45 por ciento del total en 2 años aumento el número de personas pobres en el país, lo que equivaldría que aproximadamente en dos años a diario 685 personas se sumaron a la población que presenta alguna carencia.

Compañeros, este punto de Acuerdo, que le pedí a la Presidencia que pudiera revisar y retomar el agregado que estamos haciendo, tiene que ver incluso con datos que reporta la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que hay 24 defensores públicos hablantes de lenguas indígenas y que tienen la atención de personas integrantes de los pueblos indígenas.

El Instituto de Defensoría Pública nos decía que había 24 que hablaban 21 lenguas indígenas, entre ellas: huichol, maya, mazateco y náhuatl. Las entidades que mayor destacan por tener incorporada a la Defensoría Pública a defensores hablantes de alguna lengua son Chiapas y Oaxaca.

El Instituto Federal de Defensoría Pública refiere que asumió la defensa de mil 76 personas indígenas en toda la República, de las cuales 959 fueron hombres y 117 mujeres. De esta cifra contrasta con el número de personas indígenas que se encuentran albergadas en algún sistema penitenciario en el país, reportando un total de 8 mil 334 personas indígenas, de esta población 327 son mujeres, 8 mil 7 son hombres; y 7 mil 632 pertenecen al fuero común.

¿Dónde es donde se requiere más este respaldo y este convenio? Precisamente en las entidades federativas donde más se concentra la población indígena, ya que la mayoría de ellos están sujeto a procesos de delitos del fuero común.

El Instituto Federal de Defensoría Pública señala que ya cuenta con un convenio de colaboración suscrito con la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde el 30 de abril de 2014; el objeto es la coordinación y capacitar a los abogados en materia indígena.

Esto, compañeros, amerita que sea aprobado por este órgano legislativo y que se considere la modificación a este punto resolutivo no debe decir solamente al Poder Judicial de las entidades, sino también al del Distrito Federal, porque está dejando fuera en este asunto.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está a favor de este dictamen de solicitar al Poder Judicial de cada una de las entidades federativas a realizar los convenios necesarios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como organismos estatales que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

Es incuestionable que garantizar pleno acceso a la jurisdicción del estado y una debida defensa en los procesos penales para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, constituyen uno de los temas de mayor trascendencia para el Estado mexicano, de ahí la importancia del dictamen que estamos por discutir.

En este sentido, cabe mencionar que tal y como lo refiere la proponente, el Estado mexicano ha llevado a cabo importantes esfuerzos en la materia, prueba de ello es la legislación nacional e internacional en la materia, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, así como la Constitución federal.

En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado en la presente legislatura, es un importante instrumento jurídico que coadyuva con el acceso a la administración y procuración de justicia sin distinción alguna; prueba de ello es el principio de juicio previo y debido proceso que a la letra establece: "Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego a los estrictos derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ello emanen".

Si bien es cierto que de acuerdo a la CNDH hay 8,486 indígenas presos en distintos centros penitenciarios en el país, de ellos 290 son mujeres y 8,196 son hombres, ante esta preocupante situación, durante la presente administración se han llevado a cabo grandes acciones que si bien no han erradicado el problema de una manera total, bajo ningún contexto pueden ser desestimadas.

En otras acciones basta mencionar que tan sólo de enero a junio de 2014, a través del programa de derechos indígenas, se realizaron 3,990 acciones a favor de 195,292 habitantes de comunidades indígenas, mediante las siguientes modalidades de apoyo.

Primero. Se dio atención a indígenas en materia penal y penitenciaria al gestionar la libertad de 714 indígenas, de los cuales 61, son mujeres.

Segundo. Se llevó a cabo la implementación de proyectos para el ejercicio de derechos de acceso a la justicia; se apoyó la ejecución de 474 proyectos de igual número de organizaciones sociales y núcleos agrarios.

Tercero. Se desarrollaron gestiones en materia de entidad jurídica y para el pago de fianzas; y se llevaron a cabo representaciones jurídicas en materia penal y civil, con lo cual se benefició a 81,930 indígenas de 1,446 localidades de 300 municipios en 24 entidades federativas.

Cuarto. También se desarrollaron actividades orientadas a coadyuvar con las instancias encargadas de la operación del sistema de justicia penal para que se respete el derecho al debido proceso de las personas indígenas involucradas en asuntos penales y/o penitenciarios.

Finalmente, en este sentido, se apoyó a 422 intérpretes y traductores de lenguas indígenas, quienes participaron en diligencias ante el sistema de justicia penal, para atender a la población indígena involucrada en asuntos de carácter penal, en el marco del respecto al debido proceso.

Por todas estas razones, estamos a favor del dictamen.

Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Albores Gleason.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores, al pueblo de México:

Uno de los mayores retos que se enfrenta en todo el mundo en materia de derechos humanos, como dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, es el de salvar la distancia que existe entre el discurso de los derechos humanos y las crudas realidades que pueden encontrarse sobre el terreno.

Esta frase materializa la lamentable realidad que viven los indígenas en nuestro país y que ha sido evidente a través de cientos de casos de violación de sus derechos, uno de éstos siendo de los más dañados el de acceso pleno a la justicia.

Sabemos que la ley y la justicia son dos de los ecualizadores más importantes que se tienen en un estado de derecho; a través de medidas legislativas como la que hoy se presenta, debemos demostrar que son equivocadas las afirmaciones que cuestionan las reformas en materia de derechos humanos, al decir que se reconocen derechos que no se pueden ejercer.

La igualdad ante la ley, la no discriminación y las acciones positivas, son derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales que deben regir absolutamente en el actuar de todas las autoridades de nuestro país, primordialmente las que se encargan de la procuración e impartición de justicia.

El principio de igualdad tiene su fundamento en la máxima de los derechos humanos que instituye la igual dignidad de toda persona humana, sosteniendo, tanto por las declaraciones y tratados internacionales en la materia, como por el texto de las constituciones contemporáneas, posteriores a la Segunda Guerra Mundial y un principio de sus congéneres en el ámbito del derecho internacional.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, y la Convención Americana de Derechos Humanos, precisan estos conceptos, inclusive, desde el preámbulo de su texto.

Una noción de la igual dignidad de los seres humanos es aquella que se predica como un valor inherente a toda persona que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable y que implica respeto por parte de los demás, y la idea que las personas son siempre sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo de otros fines.

Las condiciones de vulnerabilidad y marginación que acompañan a las comunidades indígenas constituyen una ventana abierta para el quebrantamiento de sus derechos en los procesos judiciales.

Como legisladores y portadores de la voluntad de millones de personas, debemos de ser conscientes de que la igualdad consiste así en una relación que debe ser justa, ajena a toda arbitrariedad o diferenciación, bajo estos fundamentos las personas indígenas podrán acceder plenamente a la justicia en nuestro país.

Es por esta lógica esencial que votaré a favor del presente punto de Acuerdo, con el objeto de generar acciones que adopten medidas que constitucional y legalmente ya están establecidas y deben ser necesariamente aplicadas en la realidad.

Compañeras y compañeros Senadores, el punto de Acuerdo es de enorme beneficio, ya que aborda el problema asumiendo que ya existe una legislación adecuada para resolver la falta de acceso a la justicia para personas indígenas y solicita a un Poder de la Unión utilice sus facultades actuales para materializar y darle vida a los derechos.

No existe otro instrumento como la igualdad para equilibrar la balanza social; y como sabiamente señaló Aristóteles: "El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley".

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Asipuro Torres: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Esta Presidencia aprovecha para dar la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quienes acuden al Senado para revisar y analizar la forma en la que se desarrolla el proceso legislativo.

¡Bienvenidos, jóvenes!

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Bienvenidos, chicos. Señor Presidente, agradezco que me haya dado la palabra.

Este punto de Acuerdo lo hemos propuesto un poco ante la falta de legislación en los estados.

Cuando se reformó el artículo 2 y se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a sus propias decisiones, a su autonomía; y se legisló también, en un apartado b), para realizar acciones afirmativas sistemáticas para desbalancear el desequilibrio, para reducir las desventajas estructurales, culturales, económicas y sociales de los pueblos indígenas, también se dejó a los estados a que legislaran en particular en la materia de los derechos de los pueblos indígenas.

Con esta decisión, los estados de la República han ido muy lentos en la legislación para los estados, especialmente en materia de justicia y de acceso de los pueblos indígenas a la protección, lo que hace que los números que nos han dicho nuestros compañeros, a pesar de que se les apoye desde la CDI en acompañarlos en los procesos, en muchos estados estén abandonados; en muchos estados no se promueva el trabajo de aprender el derecho desde la lengua de los pueblos indígenas y están muy abandonados.

De tal manera que en algunos estados se han ido haciendo convenios con los órganos de derechos humanos estatales, con algunas delegaciones que hay en derechos humanos nacionales, pero no se ha trabajado suficiente en el Poder Judicial.

De tal manera que a base de puntos de Acuerdo, estamos haciendo exhortos para que los estados acompañen a los pueblos indígenas para que se les proteja en el debido proceso, pero creo que también deberíamos hacer un exhorto a las legislaturas de los estados para que trabajen en poner al día la legislación de justicia para los pueblos indígenas en materia de seguridad.

Y por otro lado, que en materia administrativa se impulse que en las escuelas de antropología se pueda invitar a muchachas y muchachos que hablan la lengua a que estudien derecho, a que las escuelas de derecho también se aprenda esta diferencia cultural, porque desde el lenguaje materno, desde la concepción de su vida en comunidad, los pueblos indígenas tienen una concepción distinta de lo que es bien, de lo que es mal. Ellos, hemos dicho muchas veces, que apuestan más por la comunidad que por la individual.

Así que este es un punto de Acuerdo para, de alguna manera, resanar la falta de trabajo legislativo en algunos de los congresos de los estados en materia de justicia para los pueblos indígenas. Este es un llamado a que en las legislaturas estatales puedan, también, hacer su trabajo y, mientras tanto, que los órganos de derechos humanos y la Suprema Corte de los Estados también pueda hacer convenios que acompañen a los pueblos indígenas y a sus integrantes en sus procesos judiciales y los acompañen para que sean lo menos injusto este trato dentro de los propios procesos y en las cárceles.

Le agradezco, señor Presidente. Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Agradezco al Senador Isidro Pedraza Chávez su comprensión por retirar la propuesta de adición que había formulado en la tribuna hace unos momentos, en virtud de que en el dictamen él considera que su propuesta ya la tiene el mismo dictamen y en virtud de ello retira la propuesta de adición.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de estudiantes de la Universidad de Londres, Campus Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el desarrollo del trabajo legislativo en el Senado.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo, con punto de Acuerdo para dar una mayor cobertura conceptual a la población afromexicana o afrodescendientes.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión el dictamen con punto de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores.

Vengo a esta tribuna a plantear un tema sensible para la sociedad mexicana, que tiene su fundamento en el reconocimiento de la composición pluricultural de nuestra nación y que, si bien es cierto nuestras raíces culturales son originariamente indígenas, las culturas afrodescendientes enriquecieron nuestro universo de la identidad y hoy en día este sector de la sociedad ha quedado invisible a los ojos de las políticas públicas y los programas sociales.

La presencia de población afrodescendiente en Latinoamérica es un hecho innegable, los procesos migratorios ligados al tráfico de esclavos durante el periodo colonial o a procesos históricos y económicos posteriores, dieron pauta a que la población afrodescendiente se integrara progresivamente en la dinámica de cada nación.

Estos procesos han sido complejos e, incluso, en la actualidad existe una polémica respecto a la naturaleza de la relación de los países latinoamericanos y las poblaciones afrodescendientes que, pese a su cuantía y a su influencia en el plano social y cultural, se encuentran en desventaja respecto a la población restante.

En ámbitos como la educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a los servicios públicos en general, como producto de una situación estructural ligada al racismo y la discriminación racional, cuyos orígenes posee una profunda raíz histórica, cultural y política.

Esta situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza se constató en la Conferencia regional de Las Américas, realizada en el año 2000 y en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizadas en Durban, Sudáfrica, en el 2001. A partir de sus resolutivos y las declaraciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, se ha logrado posicionar en la agenda pública sus demandas de reconocimiento y un estándar mínimo de derechos colectivos obligatorio para los estados, sustentando, principalmente, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En este marco, los Estados de América Latina y El Caribe enfrentamos el desafío de producir información relevante y pertinente sobre las condiciones de vida de estos pueblos, como herramienta fundamental para diseñar políticas públicas eficientes que garanticen su efectiva implementación.

Nuestro país reconoce en su artículo 2o. constitucional la composición pluricultural del país.

El establecimiento de una nueva generación de derechos, particularmente los relacionados con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, que derivan de la reforma de 2011 y los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, han dado pauta a diversas acciones para el gobierno federal.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas inició la consulta para la identificación de las comunidades afrodescendientes en México en diferentes entidades de la República.

Si atendemos a dicha consulta, los resultados son tan sólo una aproximación para conocer sus características generales e históricas; pero de ninguna manera proporcionan información estadística que permita entender y atender las diferentes problemáticas sobre discriminación, pobreza, marginación y analfabetismo, entre otras.

De acuerdo al estudio de la guía para la acción pública contra la discriminación y para la promoción de la igualdad e inclusión de la población afrodescendiente realizada, se estima que actualmente habitan en el país más de 400 mil personas. Sin embargo, la cifra no responde a la realidad de este sector poblacional, por lo que es viable que el INEGI amplíe su fase conceptual en el censo intercensal 2015, para que considere más variables y criterios sociodemográficos que permitan identificar de manera puntual las características de este sector de la población.

Sin duda, el reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de nuestros pueblos, permite construir marcos jurídicos que hagan valer los derechos fundamentales del hombre e incluir en las sinergias de la población y políticas públicas y planes de desarrollo de los gobiernos a todos los grupos sociales, etnias y comunidades, con la finalidad de lograr un desarrollo más homogéneo e igualitario dentro de la heterogeneidad.

Reconocer y valorar el patrimonio multidiverso de nuestro país es una oportunidad inmejorable para encontrarnos y reencontrarnos con nuestras raíces y expresiones de la polifacética diversidad cultural que alimenta nuestra identidad a través de la historia material e inmaterial que somos.

Compañeros parlamentarios, los invito a votar a favor de este dictamen, a favor de nuestros hermanos afrodescendientes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

 - El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la FES Acatlán, de las carreras de relaciones internacionales, ciencias políticas y derecho, invitados por el Senador Javier Lozano Alarcón, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tenemos la discusión de seis dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al cuarto dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al quinto dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al sexto dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes con punto de Acuerdo.

Para presentar los dictámenes, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre de la comisión.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Mucha gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

En vista de que la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, nos permitimos ya el de dar resolutivos a esta serie de dictámenes con temas muy en común, me puedo permitir, si así lo considera necesario esta Mesa Directiva, el de tomarme unos minutos de más, toda vez que son muchos dictámenes y que me concediera aproximadamente 12 minutos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Hasta 3 minutos, por favor.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: ¿Hasta 3 minutos? Entonces, voy a darlos separados.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, Senadora.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias.

Digo, los puedo hacer en 3 minutos, pero los puedo dar separadamente. Pero ya tengo la anuencia ¿Es correcto?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, por favor.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, señor Presidente.

Primer dictamen. Está suficientemente documentado que no existe otro país en el mundo que ofrezca la cantidad y diversidad de servicios consulares proporcionados por México.

Nuestro país cuenta, en la actualidad, con 71 consulados en el mundo, de los cuales 50 se encuentran en Estados Unidos y 5 en Canadá.

Nuestras vías foráneas a estos países, ha llevado al servicio exterior mexicano a diseñar herramientas de asistencia y protección consultar para cumplir a cabalidad con el mandato irrenunciable de defender los intereses y los derechos de todos los mexicanos en el exterior.

La protección consultar es entendida como el conjunto de acciones, gestiones y buenos oficios y también internaciones que realiza el personal de las representaciones consulares y diplomáticas en un país, en perjuicios indebidos a la persona, bienes e intereses de sus nacionales en el extranjero. Dicha labor se lleva de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y con apego a las leyes y reglamentos del país donde se solicita dicha protección.

Por otro lado, la asistencia consultar consiste en asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a todo lo que son sus relaciones con las autoridades en los países.

De acuerdo también a la legislación local, la convivencia con la población local sobre sus derechos y obligaciones frente al Estado extranjero en donde se encuentren y, también, sus vínculos y obligaciones en relación con México. En especial, su registro en la oficina consultar correspondiente.

También incluye asesorar jurídicamente a los mexicanos cuando estos lo soliciten, entre otros medios, a través de los abogados, consultores de representaciones, así como visitar a los que se encuentran detenidos, presos, hospitalizados o en desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia.

Además, puede implicar asumir la representación de los mexicanos que por ausencia o por otros motivos están imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses.

Cabe señalar que un requisito fundamental para que la protección y asistencia consulares puedan desplegarse, es que exista previa solicitud del interesado, la cual debe otorgarse de manera voluntaria.

También, nuestros connacionales enfrentan en el exterior una gran diversidad de necesidades, casos específicos y situaciones nacionales, regionales e internacionales.

Reconocemos que, aunque la red consular mexicana cuenta con buenas prácticas que han merecido un reconocimiento internacional, no en todos los casos, ni en todos los lugares los consultados pueden actuar oportunamente, o bien, en todos lo hacen porque su intervención no fue solicitada por el mexicano que lo pudiera requerir.

Recordemos que Lucia Vega era una indocumentada reincidente a quien le fue negada la solicitud de refugio. En el momento en que se supo que sería deportada y justamente cuando fue conducida al centro de detención ubicado en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, Lucía intenta suicidarse.

En la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, estimamos que el caso de la connacional Lucía Vega es uno de esos en los que requerimos que el consulado de México en Vancouver, Columbia Británica, haga llegar a esta Soberanía un informe detallado sobre todas las acciones que llevó a cabo para asistirla a ella y a su familia desde que estuvo enterado de la orden de deportación, así como durante su muerte y el traslado de su cuerpo a nuestro país.

De la misma manera, requerimos contar con información precisa sobre los avances de las investigaciones que están siendo realizadas por la oficina del forense del Ministerio de Justicia de Columbia Británica y de la policía montada en este país, que es Canadá, por el fallecimiento de Lucia Vega.

Dado que Canadá es un socio comercial importante para nuestro país en el que residen 86 asientos, 75 personas de origen mexicano, con este motivo estamos todos obligados a evitar que hechos de la naturaleza como el que se llevó en el intento de suicidio y posterior fallecimiento de Lucía Vega en un centro de detención de Columbia Británica, se repitan.

Para ello es imperante que nuestros consulados continúen haciendo todo lo que sea necesario para proteger a nuestros mexicanos en el exterior.

Gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Solicito a esta Soberanía, favor de manifestarse en pro de este dictamen.

El segundo dictamen por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, tiene que ver con realizar las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar VISAS para los familiares de residentes mexicanos en nuestro vecino país.

Solicito su atención y su apoyo en relación al dictamen que fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, en relación a un tema muy sensible como son los estragos y las consecuencias que viven miles de familias separadas por motivo de la migración de alguno de sus miembros hacia Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades.

Se sabe que actualmente viven en Estados Unidos 11 millones 635 mil 995 mexicanos, de los cuales por lo menos la mitad lo hace en condiciones irregulares, implicando con ello que una vez llegados al país vecino, su situación migratoria les impide regresar a su país de origen para ver, convivir y abrazar a los suyos.

Más allá de la aportación económica que hacen llegar a través de distintos medios y de llamadas telefónicas esporádicas, se ha generado desde hace algunos años un fenómeno que ha demostrado ser dañino tanto para los migrantes que viven allá, como para las familias que se quedan aquí en México.

Familias enteras se encuentran fragmentadas por la ausencia de alguno de sus miembros, lo que puede implicar abandono, orfandad, depresión, desequilibrios, crisis complejas dentro del seno familiar, deserción escolar, filiación a grupos violentos que ofrecen a muchos jóvenes solidaridad y pertenencia; pero, en situaciones extremas, sabemos que la separación familiar también ha orillado a muchos mexicanos que aquí se quedan, a encontrar en el suicidio una solución definitiva en el desamparo.

Diversas situaciones en las que se han combinado crisis económicas y crisis de inseguridad fronterizas, con enfoques segmentados para abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva bilateral, han impedido que en Estados Unidos se consiga el consenso suficiente para formular una reforma migratoria integral.

Ante esta situación, las familias separadas no vislumbran un plazo en el que la reunificación pueda concretarse; y este fenómeno ha demostrado tener un impacto negativo para los que van y para los que se quedan.

Estas familias, también llamadas trasnacionales, intentan superar su realidad a través de la violación a los sistemas de seguridad de Estados Unidos, o lo que es lo mismo, arriesgan su integridad física y vulneran aún más su sistema emocional para ingresar ilegalmente a este país y reencontrarse así con sus seres queridos.

Ante esta situación, y en espera de que un texto de reforma migratoria sea aprobado en Estados Unidos, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones pertinentes a efecto de que se faciliten VISAS temporales o documentos a fines que permitan un reencuentro familiar.

Estamos seguros que en la nueva dinámica de la relación bilateral, la cual se caracteriza por un diálogo económico de alto nivel, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de facilitar la movilidad de los recursos humanos. Este aspecto es congruente con el tamaño de nuestros intercambios en los que México se ubica como el tercer socio comercial con Estados Unidos; el valor comercial de lo que intercambiamos diariamente asciende a 1.35 mil millones de dólares y un millón de personas cruzan nuestra frontera compartida día con día.

Este contexto, estamos seguros debe apoyarse el texto resolutivo que estamos sometiendo a su consideración, para el cual requerimos de su apoyo y aprobación.

"Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América, para que pueda considerar la creación de un tipo especial de VISA, en el caso de separación prolongada de un familiar en los Estados Unidos.

Muchas gracias, por su atención, compañeras y compañeros.

Como ustedes ven, estos dos primeros dictámenes, están estrechamente ligados unos con otros; y definitivamente creemos que nuestras autoridades están haciendo lo conducente, pero creemos que pueden dar el extra para poder resolver este problema que daña a todas nuestras familias.

Familias enteras se ven separadas, niños separados de sus padres, padres separados de sus hijos, de sus nietos y no solo es un problema de separación de familiares, de gente que comparte la sangre, que comparte el amor, sino también de personas que pierden enteramente el poco o mediano patrimonio que han forjado a través de su esfuerzo en el vecino país.

Seguimos con el tercer dictamen, que evidentemente, también, les pido que lo puedan votar a favor. Y es también de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, para un punto de Acuerdo resuelto y presentado, en este caso, por el Senador Gerardo Flores.

Los anteriores, me permito también decir, que son por parte del Senador Sofío Ramírez, que también nos sensibiliza sobre las tremendas consecuencias de esta separación, a la cual hago referencia, la separación de los familiares.

Y por supuesto, también lo de mis compañeras Senadoras y Senadores Zoé Robledo Aburto, Benjamín Montoya y Layda Sansores, mediante el cual fue el primer dictamen que lo resolvimos, a favor. Toda vez que usted tiene toda la razón y muchas gracias por presentarlo.

Y bueno, en el caso del compañero Gerardo Flores, el tercer dictamen, cursa de esta forma

El tema de la migración, en la relación bilateral de México-Estados Unidos, ha estado presente en la agenda constantemente. La importancia, el tratamiento y los enfoques para abordar este problema han dependido de factores regularmente asociados a la crisis económica, que a la vez consiste o coexiste con sentimientos antiinmigrantes exacerbados.

Después del 11 de septiembre del año 2001, diferentes movimientos al interior del país vecino clamaron por recuperar el control de las fronteras, presionando para criminalizar el ingreso y la estadía indocumentada en los Estados Unidos.

En el mismo sentido, el presupuesto para las tareas de control fronterizo y para el levantamiento de un muro, a lo largo de más de más de mil 100 kilómetros en los límites con México, se incrementó sustancialmente.

Junto a estas medidas, se ha registrado un aumento considerable en el número de deportaciones de extranjeros que se han instalado irregularmente en los Estados Unidos.

El 29 de enero del año 2013 en Las Vegas, Nevada, como todo sabemos, el Presidente Barack Obama dirigió un mensaje al pueblo estadounidense con motivo del inicio de su segundo mandato.

Uno de los principales anuncios que hizo, fue que se reconocía la existencia de una coyuntura favorable y un mayor acuerdo entre las organizaciones políticas de los Estados Unidos de América, para proceder a una reforma migratoria integral, que permitiera el establecimiento de un sistema de inmigración legal, consecuente con su herencia como nación de leyes y como un país de inmigrantes.

Recordemos que se hizo referencia, precisamente, a los orígenes, cómo se fundó Estados Unidos, cómo llegaron los primeros pobladores, los famosos "pilgrim" cómo llegaron en el Mayflower, a las costas de Boston, cómo llegaron a Nueva York, y eso ha permitido que Estados Unidos sea precisamente en un contexto que fue llenado, que fue complementado y que ha sido un resultado de una política de integración de gente extranjera, especialmente europeos e irlandeses, para ser lo que es hoy, una potencia, sin duda, que ha podido acoger a muchísimas personas en el mundo.

El 27 de junio del año 2014, el Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó la Ley S-744 o la Ley de Seguridad Fronteriza, que es también una oportunidad económica y modernización fronteriza, como bien dice su título, y la Cámara de Representantes, por su parte, analiza y debate desde hace más un año, una posible reforma migratoria; es decir, está estancada en la Cámara Baja.

Los elementos sobre los que versa la mayor parte de la discusión sobre la reforma migratoria, son los siguientes:

Primero. Canales legales de ingresos a Estados Unidos.

Segundo. Acciones dirigidas a brindar una solución a millones de residentes indocumentados, para que eventualmente puedan regularizar su condición migratoria.

Tercero. Medidas que garanticen la observancia de la Ley Migratoria y el fortalecimiento de la seguridad interna y limítrofe.

A pesar de que un texto de la reforma migratoria sigue en suspenso. La oficina de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ha reconocido que en el año de 2009 al 2013, 2 millones 87 mil 456 extranjeros han sido deportados.

Del universo de los deportados, el 98 por ciento corresponde a la población de América Latina y El Caribe, 88 por ciento son hombres, 29 por ciento han sido clasificados como deportaciones para personas que no son criminales y el 46 por ciento había cometido algún delito menor, como faltas o violaciones del reglamento vehicular.

En el 2012, 307 mil 815 hombres deportados. Al 12.10 por ciento se le decomisaron sus partencias, que es un problema también gradual, decomisar pertenencias de todos aquellos que no solo aportan el trabajo, sino que además les incautan su patrimonio, es verdaderamente muy perturbador; un 11 por ciento fue víctima de agresión verbal; y un 5.6 por ciento de agresión física.

De 44 mil 528 mujeres devueltas, al 6.6 por ciento se les confiscaron pertenencias; mientras que el 8 por ciento sufrió una agresión verbal y el casi 3 por ciento agresión física.

Un segmento importante ha demostrado haber servido a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El principal lugar donde se les arresta es en la calle o en la vía rápida, carreteras, autopistas y caminos.

A la mayoría de los deportados se les ha negado su derecho de apelación.

Durante el mandato del Presidente Obama, el perfil de los deportados se ha modificado sustancialmente en relación a lo que ocurría en años anteriores. Actualmente se deporta a hombres y mujeres de edad adulta, es decir, mayores de 30 años, que han vivido más de un año en Estados Unidos; a hombres y mujeres casados y a jefas de familia.

Las consecuencias de lo anterior están a la vista compañeros. El número de familias separadas se ha quintuplicado y los niños que permanecen sin padres también han aumentado.

Numerosos empleos deben ser abandonados en los Estados Unidos ante las deportaciones masivas y una gran cantidad de trabajadores en situación irregular se ve obligada a aceptar condiciones laborales y salariales en desventaja por temor a ser deportado.

Como reacción al número de deportaciones y a los efectos que éstas originan, las expresiones de organizaciones sociales y de legisladores estadounidenses se han manifestado en aquel país, para solicitar a la administración del Presidente Obama el cese de las deportaciones y la aplicación de medidas para mitigarla mientras un texto de reforma migratoria, emerge del Congreso.

En diversos foros, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hemos constatado que desde el año 2009 miles de mexicanos han optado por el retorno voluntario a nuestro país.

De ahí que hayan solicitado a legisladores estadounidenses a abogar por una mayor coordinación por las autoridades mexicanas; para que se haga saber anticipadamente cómo van a proceder esas expulsiones cuál es el perfil de los mexicanos que regresaran al país y con qué competencias adquiridas regresarán.

Lo anterior para diseñar programas de infraestructura institucional adecuada en México.

Como prueba tenemos que la Subsecretaria Mercedes Paloma Guillén ha estado en múltiples ocasiones en nuestra comisión, así como la comisión que preside nuestra compañera y amiga Ana Gabriela Guevara, para hablarnos hoy precisamente de todas las barreras que han podido existir para lograr una repatriación segura, una repatriación que le garantice, vamos a decir, la valoración y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales y la atención de todos aquellos que por alguna situación lleguen con alguna deficiencia en la salud, es decir, que vengan enfermos. Otras cuando son niños que tengan que estar en los albergues en lo que se encuentran familiares. Otras en la que los connacionales no tienen ningún problema para transitar a sus lugares de origen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, le pediría que concluya por favor su intervención.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Ante la cantidad de expulsiones de mexicanos de Estados Unidos, especialmente los que se les han violado sus derechos humanos, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, se une a la voz de todos aquellos que claman porque estas se detengan de manera inmediata.

Solicito a esta Asamblea sumarse a la aprobación de este dictamen presentado por los Senadores Zoé Robledo, Benjamín Montoya y Layda Sansores.

Primero. El Senado de la República se adhiere a las diversas organizaciones y legisladores del país vecino para exhortar al gobiernos de los Estados Unidos de América a fin de que se frenen las deportaciones masivas de migrantes mexicanos, hasta que la aprobación de un texto de reforma migratoria determine los canales legales de ingreso a este país, así como las medidas que garanticen la observancia de su ley migratoria.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el principio pro persona contemplado en nuestra Carta Magna sea defendido por la red consular mexicana hacia todos los connacionales. En el caso de los migrantes mexicanos que temen por su expulsión de Estados Unidos, el principio de la protección efectiva de la persona implica brindarle la asistencia necesaria a los que han cumplido con trámites y calificado también para la regularización de su estatus migratorio.

Y el último dictamen, señor Presidente, lo voy a hacer, es que están larguitos porque son importantes, discúlpeme usted, si me lo permite voy a leer un condensado del cuarto dictamen; y los últimos dos fueron desechados precisamente porque ya las acciones ya quedaron sin materia.

Sería el cuarto y último que tiene que ver con este mismo tema; y bueno, también solicitar el apoyo para aprobar este dictamen que resuelve el punto de Acuerdo presentado por la Senadora Layda Sansores, respecto a la mexicana Lucía Vega, ya lo dijimos, y me remito nada más a lo último, que es precisamente el voto a favor de este dictamen que condena de manera enérgica las acciones realizadas por el gobierno del estado de Texas, mediante las cuales se convocó a la integración de un cuerpo de la Guardia Nacional y el despliegue de los primeros elementos del mismo en semanas pasadas por el gobernador Rick Perry, lo cual nosotros consideramos que puede convertirse en una crisis humanitaria producto de la llegada masiva de menores migrantes a nuestro país en los meses de junio y julio de 2014, es decir, migrantes que transitan en nuestro país para llegar al vecino país.

¿Qué se solicita? Llevar a cabo acciones de coordinación para la detención de tratantes, de traficantes de delitos conexos encaminados a desalentar los flujos irregulares, incluido el tráfico ilícito para la trata de niñas, niños y adolescentes migrantes, hacer frente a las causas estructurales de este movimiento irregular de menores de edad, así como trabajar para coadyuvar la erradicación de dichas causas, fortalecer las capacidades institucionales de la protección consular. Y los firmantes acordaron cooperar entre sí para destinar recursos suficientes en la implementación de programas de reinserción y reintegración en sus comunidades de origen; y me refiero a autoridades de países de El Salvador, Honduras y México.

Para terminar, le pido a todos los aquí presentes que votemos a favor todos esto dictámenes.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Se le concede el uso de la palabra para hablar sobre los mismos dictámenes, al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

Pido por favor al personal que está en el recinto, que interfiere en las actividades legislativas, que por favor permitan el desarrollo de manera ordenada de esta sesión.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeras Senadoras y Senadoras.

Los temas que estamos tratando en relación con América del Norte son temas extremadamente delicados y son temas extraordinariamente relevantes para nuestros connacionales.

A mí sí me preocupa ver la indiferencia con que los compañeros Senadores están viendo estos asuntos, despreciados allá y despreciados aquí.

¿Cuál es la ruta que deberán tomar nuestros compañeros que no han encontrado en nuestro país la posibilidad de encontrar la alimentación para sus familias?

¿Cuál es la ruta que deberán de tomar los compañeros mexicanos y mexicanas que no encuentran empleo en México? Allá los asesina la Patrulla Fronteriza, allá los encarcelan porque no tienen documentos, allá son producto de la xenofobia y del racismo de Estados Unidos y de Canadá, allá nuestros compañeros son víctimas de la violación permanente de los Tratados Internacionales que Estados Unidos y Canadá han firmado en temas de derechos humanos.

Sin duda que todo esto es grave, pero es más grave todavía que las autoridades nacionales sean omisas. He escuchado con mucha atención las reflexiones que vino a hacer aquí la compañera Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la Senadora Marcela Guerra.

He escuchado con atención pero no he visto mucha atención de mis compañeros Senadores, ha venido a mencionar aquí en el primer punto de Acuerdo que la mexicana, nuestra compatriota, Lucía Domínguez Vega, dicen las autoridades de Vancouver que se suicidó.

¿Saben cuántos días pasaron para que el Cónsul de México en Vancouver diera a conocer esta noticia? 42 días. Las autoridades de Canadá sostienen que desde el principio le avisaron al Cónsul de esta detención, y el Cónsul, como muchos que hoy están en Estados Unidos y que los votamos para que hicieras un trabajo allá en Estados Unidos y Canadá, son omisos ante el dolor de nuestros compatriotas.

Por eso llamo su atención compañeras y compañeros Senadores, si este asunto se confirma, tendríamos que revivir el punto de Acuerdo de la compañera Senadora Layda Sansores, sobre todo el punto tres donde solicita al Ejecutivo Federal para que se haga una investigación al personal integrante de la oficina consular en Vancouver, Canadá, por el comportamiento negativo que han mostrado en este caso.

Yo les pregunto, compañeras y compañeros Senadores: ¿hasta cuándo el Senado de la República va a permitir las omisiones de la gente de Relaciones Exteriores? Acabamos de tener aquí al ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores y fueron muchos aplausos, especialmente del grupo parlamentario del PRI; y les aplaudimos por estas omisiones y les aplaudimos por la indiferencia que están mostrando para atender los casos de los mexicanos que son agraviados en Estados Unidos y Canadá.

Son seis puntos de Acuerdo y todos tratan de lo mismo, de violación flagrante de derechos humanos, todos tratan del abuso cometido por las autoridades de ese país en contra de nuestros connacionales, todos tratan de la xenofobia aberrante de las autoridades de ese país contra nuestros connacionales, todos tratan de la violación recurrente de las leyes internacionales de estas autoridades en contra de nuestros compatriotas.

Es importantísimo que el Senado de México diga un: "¡Ya basta!" Le llame la atención en términos de decirle que no está haciendo bien su trabajo al ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores, se dé la investigación sobre este caso concreto y sobre el Cónsul de Vancouver por la dilación de informar de este caso, que hoy todos lamentamos.

No creo que, a pesar de que algunos están atendiendo otros asuntos, estos puntos de Acuerdo no los votemos por unanimidad. Es necesario que cuando menos en el voto el Senado mexicano muestre su respaldo a estos planteamientos que estamos haciendo desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román. ¿Para qué asunto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más para un breve comentario sobre los dictámenes presentados.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Decirle a la Senadora Marcela Guerra, que son muy alentadores los dictámenes positivos que presentó a nombre de la comisión que ella preside y que coincido también con el compañero Fidel Demédicis por lo importante que es estar del lado de nuestros connacionales; que no estamos criticando la labor de todos los consulados, hay también responsabilidad en muchos de ellos, pero que el trabajo, por ejemplo, del Consulado de Vancouver, deja mucho que desear y avergüenza a este país. Y que lo menos que se puede hacer es investigar, como pidió el forense canadiense.

Que es lamentable que el Secretaría de Relaciones Exteriores en una respuesta automática se haya negado a informar realmente cómo estaban los hechos.

Esperamos que con este exhorto tengamos una respuesta expedita, porque la herida en la familia sigue abierta.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados todos los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad ETAC, Campus Tulancingo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, quienes vienen a este recinto para ser testigo del desarrollo del proceso legislativo que se lleva a cabo en el Senado.

¡Sean ustedes bienvenidos jóvenes estudiantes!





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 84 Y 90 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EL ARTICULO 29 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE INCORPORAR LA FIGURA DEL SALARIO NIVELATORIO

(Presentada por el C. Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Sé que en el país hay más de 9 millones de trabajadores que perciben tres salarios mínimos o menos.

Que el salario mínimo en los últimos 25 años, ha perdido más de 75 por ciento de su poder adquisitivo.

Que a partir de los años 70, recordémoslo, empezó una carrera salarios-precios que no ha parado, solamente se ha atenuado a partir de que se firmaron aquellos pactos de solidaridad, que buscaron detener la carrera salarios-precios, amarrando los precios de la canasta básica con aquel famoso sistema de precio-pacto y amarrando el salario.

Con el tiempo se fueron soltando los precios y el salario ha continuado detenido, con una pérdida de poder adquisitivo que no es, de ninguna manera, reflejo de lo que la Constitución establece de lo que debe ser el salario mínimo.

Dar a ustedes datos y referencias de esta circunstancia del salario me parece, en esto momentos, ocioso. Es de todo conocido el estado que guarda el salario mínimo en la economía nacional pero, sobre todo, en la sociedad y, especialmente, en la clase trabajadora.

Por lo mismo, el salario es prioritario hacer un cambio. Pero tenemos un problema, el salario mínimo se fue convirtiendo en un referente y quedó vinculado a una gran cantidad de ordenamientos.

Hago simplemente la mención, de que hoy las noticias dan cuenta de que un director técnico de un equipo de fútbol, fue multado con tres mil salarios mínimos.

Esa es la condición a la que ha llegado el salario mínimo. Ha servido para toda clase de cosas, lamentablemente para lo que ya no está sirviendo es para remunerar a los trabajadores.

Esta situación no debe continuar. Me parece que ustedes, compañeras y compañeros Senadores, con todas las iniciativas que se han presentado y ésta que agrego hoy, tienen la posibilidad real de modificar este estado de cosas que tienen una grave repercusión social.

La informalidad en las banquetas, la inseguridad, el vandalismo, la enorme desviación juvenil que tenemos de las mejores prácticas de la familia tradicional mexicana, tienen que ver con esta situación.

Hay numerosas citas que hacen nuestros jóvenes referentes a que prefieren estar por fuera de la ley, que estar viviendo de un salario mínimo y de un trabajo que no les da ninguna esperanza de salir de una condición de pobreza.

Por eso, hoy presento una iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo,  de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Seguro Social y de la Ley del INFONAVIT.

La empresa, ha argumentado durante años las dificultades que tiene para crear más empleos y para sostener el que ya tiene. 

Porque ha habido otra circunstancia, el salario mínimo ha servido también como base para fijar numerosos impuestos, incluyendo lo que es el dolor de cabeza de muchos empleadores, cuando el día 17, por falta de liquidez no puede cumplir los pagos al Seguro Social.

Aumentar hoy el salario mínimo en el porcentaje que sea, afectaría con graves repercusiones muchas variables económicas y resultaría como medicina con efectos secundarios nocivos muy riesgosos.

Por esa razón, en esta iniciativa hoy propongo lo siguiente: Que no toquemos el salario mínimo.

Que  el salario mínimo siga siendo el referente en el que se ha convertido para numerosas variables de la vida nacional. Que el salario mínimo ahí quede.

Pero que resolvamos un problema de ingresos de las clases trabajadoras y que mejoremos su ingreso de una manera drástica, sin que por eso se castigue ni a la economía ni al empleador.

Para esto, lo que estoy proponiendo es que se cree una nueva figura paralela al salario mínimo, que es la del salario nivelatorio. Este salario vendría a acordarse entre empleador y trabajador hasta por un salario mínimo adicional. Es decir, aquel que gana 100, 200 ó 250 pesos hoy, podría tener con este acuerdo un aumento de 67 pesos diarios, de inmediato y a partir de que se establezca este acuerdo con la aprobación de ustedes.

Este ingreso adicional no estaría sujeto; y sería el incentivo que tendría el patrón para  pagar este salario, pues no estaría sujeto a cuotas del Seguro Social, del INFONAVIT, a impuestos sobre nóminas y a ningún impuesto; vamos, las cantidad que erogue el empleador llegará íntegra a los bolsillos del trabajador sin ninguna merma.

Esto sería, la presentación que los Fiscos, todos, le darían al empleador, porque sería  deducible al 100 por ciento esta cantidad para fines de Impuesto Sobre la Renta; y los Fiscos ganarían, porque a lo largo de 10 años un 10 por ciento de este salario se va incorporando al salario mínimo y, de esta manera, además de los aumentos anuales, el salario mínimo tendría con este sistema un jalón  hacia arriba, que permitiría un mejor ingreso.

De funcionar este sistema, se podrían agregar cantidades adicionales en los años por venir sin tener ninguna afectación a la economía nacional por los referentes en los que se ha convertido en salario mínimo, con grave afectación inflacionaria y de otras variables económicas nacionales.

Por lo anterior, estoy proponiendo que se hagan, para terminar con esta intervención, reformas a las leyes y artículos como sigue:

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 84 y 90 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificación, percepciones, etcétera, excluyendo el salario nivelatorio establecido en el artículo 90 de esta Ley.

Se reforma el artículo 90 en donde se establece que los patrones podrán pagar un salario nivelatorio a los trabajadores que reciban una retribución menor a tres salarios mínimos.

Por otra parte, el salario nivelatorio no será considerado para el cálculo y pago de las prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, sino únicamente por la cantidad que anualmente se vaya incorporando al salario mínimo.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, adicionando una fracción X para quedar como sigue:

Artículo 27.- …

I a IX. …

X. El salario nivelatorio que el patrón convenga otorgar a sus trabajadores, en los términos del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Tercero.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 29 de la Ley del INFONAVIT para quedar como sigue:

Artículo 29.-…

I. …

Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al momento de su inscripción, excluyendo el salario nivelatorio establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo.

Así pues, compañeras y compañeros Senadores, junto con sus artículos transitorios, los exhorto a que analicen esta propuesta, a que debatamos sobre este tema y a que resolvamos un problema  que está ahí, en las calles, en el campo, en las ciudades y en los pueblos hablando de una manera violenta, con las AK47, con las R15, que se manifiesta de las más variadas formas de frustración e inconformidad de los jóvenes y de la sociedad, toda porque ven la riqueza pasar, pero no les llega en forma de una remuneración justa a su trabajo.

Por todo lo anterior, les pido que nos pongamos a trabajar  sobre este tema que está en la base de los problemas nacionales.

 No tenemos un problema social por sí mismo, tenemos un problema social en estos momentos que tiene una base económica por una mala remuneración que se está haciendo a las grandes masas, porque los acuerdos que se hicieron para la estabilidad de la economía le han dado a la empresa, al empleador posibilidades de hacer negocio y crecer, pero no se ha cumplido el compromiso de darle a los trabajadores la retribución justa por su aportación a la paz laboral en los momentos difíciles que tenía la nación.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Martínez García.

Por contener una propuesta en materia de contribuciones, debe iniciar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. En consecuencia, se remite a la Colegisladora.





 

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y propuestas inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 2 ABRIL “DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”

(Presentada por los CC. Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud)

“Las y los Senadores MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ARMANDO NEYRA CHAVEZ, ARQUIMEDES ORAMAS VARGAS, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, todos integrantes de la Comisión de Salud, suscriben en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 2 ABRIL “DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La salud es un derecho universalmente reconocido y del cual gozamos todos y cada uno de los mexicanos, privilegiado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al insertarlo en su texto otorgándole el rango de derecho humanos. Establecido en el párrafo cuarto del artículo 4º, este numeral se convierte en protector de la materia de salud.

El autismo de acuerdo con lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, es: “un repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma; síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno”.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

Se lo llama "trastorno de espectro" porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos.

Existe un conjunto de trastornos del autismo que se clasifican en tres grupos:

1. Trastorno de la relación social: no se relaciona con el mundo que lo rodea. Su relación es anormal con personas, objetos y animales. No distingue los acontecimientos.

2. Trastorno de la comunicación: cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están afectados (visión, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto) y el modo en que el niño maneja su cuerpo. El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que existen capacidades intelectuales evidentes.

3. Trastorno psíquico: El autismo no es curable pero si tratable. Es por esto que la psicoterapia se perfila como la puerta de ingreso a la "humanización", sobre todo, de coparticipación, de reciprocidad, de altruismo.

Por su parte las características asociadas al autismo se dividen en tres categorías:

1. Comunicación: (biológico) las habilidades de comunicación de las personas con síndrome autista son unas de las de mayores dificultades. El lenguaje expresivo y receptivo son de gran importancia, pero en una persona autista esto parece no serlo ya que ellos no se comunican con los otros, sus respuestas están afectadas por sus sentidos. Más del 50% no tiene lenguaje verbal.

2. Comportamiento: (psicológico) Sus conductas son involuntarias, experimentan dificultades sensoriales por una inadecuada respuesta a los estímulos externos.

3. Socialización: (social) no se relacionan con los demás, no se dan cuenta de las diferentes situaciones sociales, prefieren estar solos. Con ello representando el síntoma más típico del autismo.

En México, se estima una prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos y lamentablemente no existe un seguimiento de incremento a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Lo anterior, repercute directamente en el tratamiento del autismo, mismo que entre más oportuno se presente, mayores son los beneficios y resultados que se obtienen.

Con referencia a la educación de niños y niñas con autismo en nuestro país, ésta es pública y gratuita en los Centros de Atención Múltiple, CAM. Lo anterior a partir de que también pueden ser incluidos en la escuela pública con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). Adicionalmente, pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones privadas u organizaciones no gubernamentales.

Al tenor de lo anterior hay que destacar que los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan intentando incluir a los niños con trastornos del espectro autista. En 2006 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo declaró que México sigue en el proceso de la integración de los niños dentro de las escuelas regulares.

Parte medular de esta propuesta es que se sigan intensificando acciones y estrategias pero también marcar un día de concientización, por ello se hace mención que el 17 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, de acuerdo a la resolución A/RES/62/139, mediante la cual invita a todos los Estados Miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente la conmemoración a este día con miras a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno del autismo, siendo el color azul el que se ha adoptado para crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo.

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo no tiene por único objeto generar comprensión, sino que es una llamada a la acción. Es exhortar a participar en la promoción de programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad de un país más inclusivo de las personas que tienen este padecimiento.

Por ende y replicando este hecho a nivel nacional es que la propuesta de la presente Iniciativa va encaminada a que se declare el día 2 abril de cada año “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.

Suscriben

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Arquímedes Oramas Vargas.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, CON EL FIN DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO CON EL FIN DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los recientes actos de corrupción relacionados con la empresa Oceanografía han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario. Sabemos también que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones, creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos de emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.

Es por eso que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Honorable Asamblea, en el ámbito de sus competencias, presenta esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho, el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos.

En términos generales, la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración pública las mejores condiciones; consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a ciertas bases, formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la mejor, adjudicación, con lo que el contrato queda formalizado; todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad deseada, en dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la administración pública y el cumplimiento estricto de todas las cláusulas de las bases.

La licitación pública es el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional por parte de la Función Pública debido a su versatilidad para la obtención de obras y servicios como producto final resultante de un procedimiento de competencia. Es incluso el esquema oficial para la contratación en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la esencia de la licitación pública en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, que en lo conducente estipulan:

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Podemos observar algunas características que hacen particular a la licitación, tales como su composición a base de actos regulados por normas legales bien definidas, el objeto primordial que tiene de seleccionar a una persona física o jurídica con la que la administración pública celebrará el contrato, y su base fundamental, la selección de aquel que haya ofrecido las mejores condiciones para la administración pública.

En virtud de lo anterior, observamos que con respecto a la característica “mejores condiciones”, es que se puede entrar en debate al momento de aplicarla cuando una licitación pública se lleva a efecto, ya que es esta condición la que ha sido empleada para cometer irregularidades que derivan en posteriores actos de corrupción.

En la mayoría de los casos la administración pública resume las mejores condiciones a un solo factor: el proponente con el precio más bajo; es esta razón la que de manera sistemática ha sido usada para generar actos que beneficien a ciertas empresas que en colusión con funcionarios públicos y con el argumento de obtener el menor monto han defraudado el erario público.

Es claro que el costo más bajo no representa las condiciones más convenientes para la convocante, ya que si no se analiza de manera adecuada la solvencia técnica y económica de las propuestas que representan el menor precio contractual, se pueden llegar a tener problemas de calidad o sobrecostos para la administración pública y para la economía nacional.

Las normas que existen para dar cumplimiento a la ordenanza constitucional en materia de licitaciones y que son las que estamos proponiendo para que sean sujetas a reformas son: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOP); y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASP).

En este orden de ideas, reconocemos, que en estas disposiciones se han dispuesto elementos para dejar de manifiesto que, lo que se busca en el conjunto de “mejores condiciones” que debe de ofrecer a las administraciones públicas, no se puede sujetar únicamente al factor económico como la propuesta más solvente.

Incluso en modificaciones más recientes a la legislación podemos encontrar un sistema de puntuación para calificar las propuestas de  las empresas oferentes en el que el precio figura solo la mitad de la puntuación total para cada propuesta.

Ambos preceptos legales contemplan tres modalidades de contratación, a saber:

● Licitación pública.

● Invitación a cuando menos tres personas.

● Adjudicación directa.

Del mismo modo, los dos ordenamientos establecen que tanto los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles.

Sin embargo, estos elementos que se han diseñado para evitar que se presenten irregularidades y malos manejos en los tres modelos de contratación siguen siendo rebasados y en los tres procedimientos en mención, se presentan y se cometen actos que transgreden la norma.

Por lo que es necesario seguir trabajando en el diseño e implementación de medidas normativas que generen aún más candados para aminorar la corrupción que se presentan en la materia. Acciones encaminadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como, sanciones más efectivas y contundentes que impidan a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los procedimientos de contratación.

Con el objetivo de que los procedimientos de contratación se hicieran más transparentes el 28 de mayo de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a los ordenamientos de mérito. La reforma que nos ocupa, es la que creó el sistema CompranNet; que quedó instituido en la fracción II del artículo 2º de ambas disposiciones, la cual citamos a continuación:

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

Sin embargo, esta serie de reformas no han sido suficientes. Algunas deficiencias que observamos en estos dos ordenamientos jurídicos y que han generado de forma sistemática irregularidades en los procedimientos de contratación en sus diferentes vertientes, son las siguientes:

● Se han creado especies de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las licitaciones con cierta entidad de la administración pública, lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción.

● Se ha limitado la competencia entre los proveedores siendo inexistente un juego entre oferta y demanda.

● Se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública.

● La información que se envía al sistema CompraNet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas.

● Las disposiciones no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema CompraNet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.

En virtud de lo anterior, es que nos propusimos atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.

En adición a lo anterior, buscamos que el servidor público ante factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones quede acotado por razón de ley, para que no tenga margen para realizar acciones corruptas; que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos no haya oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo beneficio particular en detrimento de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo primero.- Se reforman la fracción II del artículo 2º; el segundo párrafo del artículo 22, el último párrafo del artículo 25, el segundo párrafo del artículo 41, el segundo párrafo del artículo 76; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 75, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 80, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Art. 2. ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, VI, el inciso e) de la fracción V del artículo 25, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los artículos 75 y 76, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

III. a XII. ...

Art. 22.-...

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes.

Art. 25.-

I. a VII. …

La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.

Artículo 41. ...

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.

...

...

...

Art. 75.-...

...

Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema CompraNet.

Art. 76.-...

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido, dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.

Art. 80.-

Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece este artículo.

Artículo segundo.- Se reforman la fracción II del artículo 2, el segundo párrafo del artículo 21, el último párrafo del artículo 22, el segundo párrafo del artículo 40, el segundo párrafo del artículo 58; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 57, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 62; todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Art. 2.- ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, el inciso e) de la fracción VI del artículo 22, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los artículos 57 y 58, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado y las notificaciones y avisos correspondientes.

III. a XII. ...

Art. 21.-...

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes.

Art. 22.-

I. a VII. …

La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.

Art. 40.-

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.

Art. 57.-….

Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema CompraNet.

Artículo 58.-

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido, dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.

Art. 62.-

Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los términos que establece este artículo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto.

SEGUNDO.- Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente decreto se realizan a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberán ser implementadas en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 2 BIS A LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

(Presentada por los CC. Senadores Teófilo Torres Corzo y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. TEOFILO TORRES CORZO y SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 2 BIS A LA LEY DEL SERVICIO MILITAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los desastres naturales no precisan ser de gran magnitud para ocasionar graves estragos en el territorio nacional. México, debido a su ubicación geográfica, es vulnerable al impacto de diversos fenómenos naturales y antrópicos, como son la presencia de actividad sísmica y volcánica; la llegada de ciclones, huracanes e inundaciones, o bien, la aparición de incendios y sequías. Por tal motivo, es de suma importancia que los mexicanos cuenten con la preparación y capacitación suficiente para afrontar de manera eficaz los desafíos impuestos por la naturaleza.

Durante el mes de septiembre del presente año, el huracán “Odile” ocasionó en nuestro país importantes afectaciones en asentamientos humanos que abarcaron desde: daños a la economía e infraestructura de la región; desabasto de agua potable y energía eléctrica; presencia de enfermedades, desplazados, damnificados, pero principalmente, la pérdida de vidas humanas.

Más reciente, el pasado 18 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Guerrero y Oaxaca, dieron cuenta sobre la llegada de la tormenta tropical “Trudy”, cuyas secuelas contemplan: el desbordamiento de ríos, la afectación a más de 5 mil viviendas, daños a más de 50 vías de comunicación, la declaratoria de emergencia en100 municipios del estado de Oaxaca y 35 del estado de Guerrero, así como el lamentable deceso de 6 personas.

Pero sin duda, el ejemplo más claro que todos tenemos presente, fue el Terremoto de 1985, el cual rebasó toda proyección de daños estimada, al dejar severas afectaciones sin precedentes en la historia de los desastres naturales en nuestro país. Por tal motivo, en 1986, tras visualizar la impostergable necesidad de perfeccionar los dispositivos de protección civil, se instauró por primera vez en México el Sistema Nacional de Protección Civil.1

La Protección Civil, se define como la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social, a fin de crear disposiciones, programas, estrategias, mecanismos y recursos para aplicar las medidas y acciones necesarias que salvaguarden la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura regional, la planta productiva y el medio ambiente.2

Actualmente, en México la capacitación y medidas de protección civil en los sectores público y privado, son de carácter obligatorio, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Salud; sin embargo, el sector social se encuentra en desventaja, pues adolece de mecanismos oficiales y especializados de difusión en la materia.

Otro elemento fundamental que coadyuvaría a obtener mejores resultados en esta labor, es la instrucción en Primeros Auxilios que comprende el cuidado inmediato, adecuado y provisional prestado a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial. Su objetivo es conservarla vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas; ayudar a la recuperación, y asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial.3

Por lo anterior, debemos garantizar que los mexicanos que conforman el sector social de nuestro país, cuenten con capacitación oficial, segura, gratuita y confiable en estas importantes materias.

Para ello y sin que represente un costo adicional para el Estado, propongo que a partir de la aprobación de la iniciativa que hoy presento, la instrucción en materia de Protección Civil y Primeros Auxilios sea obligatoria para todos aquellos jóvenes y remisos que presten su Servicio Militar Nacional.

Así se aprovecharía la estructura orgánica con que cuenta actualmente esta noble institución, ya que por una parte, se daría cabal cumplimiento a la instrucción militar; y por otra, se generaría un efecto multiplicador de conocimientos entre las nuevas generaciones de mexicanos que realicen su Servicio, lo que contribuirá a ampliarla capacidad de respuesta de la población frente a cualquier evento de esta índole.

Por lo anterior, propongo adicionar un artículo2 bis a la Ley del Servicio Militar, a efecto de permitir que, adicional a la instrucción militar, se brinde capacitación en materia de protección civil y primeros auxilios, a todos aquellos que cumplan su servicio de las armas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 2 BIS A LA LEY DEL SERVICIO MILITAR, PARA QUE A TRAVES DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, SE BRINDE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y PRIMEROS AUXILIOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 2 bis a la Ley del Servicio Militar para quedar como sigue:

Artículo 2º BIS.- De la misma forma y bajo las mismas condiciones, como parte del Servicio Militar, se impartirá capacitación en materia de Protección Civil y Primeros Auxilios, a efecto de que la población cuente con las herramientas necesarias para prevenir y afrontar de mejor manera los desastres naturales.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason”.

1 El SINAPROC, es un instrumento organizado y sistemático de estructuras y acciones de los sectores público, social y privado, con el objeto de prevenir, controlar o disminuir los daños que puedan ocasionar los desastres en un futuro. Actualmente, está integrado por las dependencias y entidades de la administración pública federal, los sistemas de protección civil de los tres niveles de gobierno, grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil; cuerpos de bomberos, medios de comunicación y centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/lgpc.pdf

2 Ley General de Protección Civil, artículo 2. Diario Oficial de la Federación. Junio, 2012.

3 Comité Internacional de la Cruz Roja
http://www.sepbcs.gob.mx/Proteccion%20y%20Emergencia%20Escolar/Primeros_Auxilios.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 16, FRACCION VI DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En fechas recientes ha proliferado el uso de cigarros electrónicos. La entrada en vigor de disposiciones para combatir el consumo de tabaco, provocó esta moda muy extendida Cada día hay más gente en lugares en donde está prohibido el consumo de tabaco, utilizando los también llamados vaporizadores electrónicos, pues afirman que no dañan la salud, lo cual es totalmente equivocado.

En primer lugar, es necesario atender a la Ley General para el Control del Tabaco, misma que contempla en su artículo16 fracción VI, la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco. De ahí que es necesario analizar la manera en que se ha burlado la ley para hacerse de estos cigarros y el uso desregulado en el territorio nacional. Es más, estos productos fueron comercializados por algunos participantes a un Festival Verde realizado en pleno Paseo de la Reforma en marzo pasado, diciendo que es un producto verde, sin humo, sin olor o sin estigmas.

En segundo lugar, nos encontramos frente al problema de salud que representan. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos con forma de cigarro que expulsan nicotina cuando son inhalados y buscan emular la experiencia de fumar. Asimismo, cuentan con un líquido en el cartucho que contiene nicotina, aromas naturales extraídos del tabaco y compuestos humectantes como propilenglicol, los cuales son volatilizados sin que exista combustión, gracias a una batería que los vaporiza. Este vapor saldrá por los cartuchos (filtros), dando una sensación similar a la del cigarro tradicional, aunque contrario a lo que señala mucha gente, el vapor no sólo contiene agua1.La Oficina norteamericana responsable de la autorización de alimentos y medicinas (FDA, por sus siglas en inglés), ya advertía desde 2009 la presencia de químicos tóxicos y cancerígenos, tales como nitrosaminas, anabasina, myosmina, b-nicotyryna2 y dietilenoglicol (usado como anticongelante) en estos dispositivos.3

Un estudio del Nicotine & Tobacco Research de Oxford señaló que el uso de estos cigarros en ambientes cerrados pueden exponer involuntariamente a las personas que se encuentran en el mismo a la nicotina, provocando riesgos para la salud. 4 De igual modo, la doctora Julia Tábara, de la Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña afirmó que las sustancias que contienen estos dispositivos son tóxicas para la salud y ponen en riesgo a los fumadores pasivos. 5 Asimismo, un estudio de la Universidad de Atenas en 2012 mostraba una reducción considerable en la capacidad pumonar de las personas fumadoras y no fumadoras. Las primeras veían un aumento de 182% a 206% en la resistencia de la vía aérea, es decir, que el espacio ocupado en los pulmones se llena de otros elementos que no son necesariamente oxígeno. Por otra parte, las personas que fuman regularmente muestran un aumento de 176% a 220% en dicha resistencia, lo cual no tiene modificación clara en las personas con padecimientos como asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 67

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha indicado que el número de llamadas por envenenamiento relacionado con los cigarros electrónicos subió de 1 caso al mes, en septiembre de 2010 a 215 mensuales en febrero de 2014, lo cual no ocurrió con los cigarros tradicionales8. De igual forma, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, afirma que las sustancias del cigarro electrónico son idénticas a las que lleva el cigarro tradicional, por lo que han demostrado su potencial cancerígeno.9

No debe perderse de vista que estos productos están prohibidos en varios países como Argentina, Australia, Brasil y Canadá; en otros, como Francia y Malta son comercializados de manera similar al tabaco y, finalmente, es tratado como medicamento, en Austria, Alemania, Dinamarca, Eslovaquia y Hungría.10

La salud pública debe ser la ley suprema de la nación. Por ello es indispensable que se tomen medidas eficientes para combatir la entrada ilegal de estos productos en nuestro país, difundir los riesgos que tiene en la salud y combatir su consumo, de manera directa en lugares públicos, especialmente cerrados.

El 28 de mayo del presente año, presenté un punto de acuerdo, por el que solicitaba:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Servicio de Administración Tributaria a que refuerce las medidas para combatir el ingreso ilegal de cigarros electrónicos en el país y se adopten medidas más rigurosas para los distribuidores de los mismos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Comisionado Nacional contra las Adicciones a que implemente una campaña para difundir los riesgos del uso de cigarros electrónicos.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Juntas de Coordinación Política de cada Cámara a que tomen las medidas pertinentes para lograr un ambiente 100 por ciento libre de humo de tabaco y de cigarros electrónicos en sus instalaciones.

En el dictamen que siguió a este punto de acuerdo se contemplaron los siguientes argumentos:

Está plenamente comprobado que la adicción a la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia directa una afectación a la salud, la cual favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las vías respiratorias.

En este sentido, estimados pertinente señalar que los llamados cigarrillos electrónicos son dispositivos con forma de cigarrillo (también hay dispositivos con forma de puro y de pipa de agua) que no contienen tabaco, y que pueden ser utilizados con nicotina o sin nicotina. Consisten en un pequeño depósito o cartucho (en general con nicotina, con saborizantes y otros ingredientes utilizados en la fabricación de los cigarrillos), que mediante un sistema electrónico con una batería recargable –que produce calor- y un atomizador, vaporiza una mezcla con o sin nicotina, propilenglicol y otros compuestos químicos.

Se utiliza inhalando el vapor producido simulando los cigarrillos tradicionales, acción conocida como “vapear”. En los últimos años ha crecido rápidamente la comercialización de estos productos en diferentes países como España, Brasil, Canadá, Finlandia, Israel, Líbano, Países Bajos, Suecia, Turquía y Reino Unido. En la mayor parte de ellos se comercializan con declaraciones de ser inocuos y de facilitar la deshabituación o la reducción del consumo, sin embargo, su seguridad y eficacia aún no han sido demostradas.

Por lo tanto, concluimos que no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o a la exposición al vapor de los cigarrillos electrónicos, entre los que destacan los siguientes:

• A corto plazo, se han hallado efectos fisológicos adversos en las vías respiratorias similares a aquellos asociados al humo del tabaco. Por ello son necesarios más estudios para conocer los efectos a largo plazo.

• Se han econtrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarrillos electrónicos.

• Se han descrito efectos adversos relacionados con el uso de estos productos, algunos severos.

• La utilización de estos productos genera emisión de propilenglico, partículos PM2.5, nicotina y sustancias cancerígenas que contaminan los espacios cerrados.

En este sentido, actualmente no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso intencionado de los cigarrillos electrónicos. En general, los líquidos que contienen nicotina son potencialmente peligrosos ya que la nicotina es tóxica y adictiva. Pero incluso el uso de cigarrillos electrónicos que no contienen nicotina puede tener potenciales efectos nocivos en salud.

A corto plazo, se ha mostrado que después de 5 minutos de utilización de estos productos, aumenta la resistencia de la vía aérea y disminuye la fracción exhalada de óxido nítrico.11 Este patrón de cambios en los mecanismos de las vías aéreas y del óxido nítrico11 exhalado es similar al que se produce después de la inhalación del humo del tabaco.

Los principales ingredientes (propilenglicol, glicerina, aromatizantes) han sido aprobados para su uso en alimentos, pero eso no idica que sean seguros para ser inhalados repetidamente, como ocurre con los cigarrillos electrónicos.

• Propilenglicol: A pesar de ser de uso aprobado y considerado seguro para consumo oral, los valores podrían ser totalmente diferentes por vía inhalatoria, debido a las características de los pulmones12. Algunos estudios han msotrado efectos a corto plazo asociados con la exposición a este producto en espacios cerrados, relacionados con irritación de ojos, garganta y vías respiratorias13. Esta irritación implica un riesgo especialmente alto en personas con patologías de base en las vías respiratorias y fumadores que cambian a cigarrillos electrónicos o combinan ambos consumos. A largo plazo la exposición a propilenglicol se ha asociado con un aumento del riesgo de asma en niños14.

• Glicerina: Al igual que el propilenglicol, es considerada segura para consumo oral pero eso no implica que también lo sea para uso inhalado. Así se ha comunicado un caso de un paciente con neumonía lipoidea relacioanda con el vapor de glicerina de cigarrillos electrónicos.15

• Nicotina: Son conocidas las características tóxicas y adictivas de la nicotina, con efectos en el sistema nervioso central, sistema endocrino, cardiovascular, músculo-esquelético, sistema respiratorio, aparato gastrointestinal, efectos metabólicos, efectos en el feto, etc. Estos efectos se desarrollarán potencialmente también al utilizar los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Así, se han mostrado que su uso acelera el ritmo cardiaco16. Los niveles de nicotina en sangre aumentan cuando se utilizan cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Estos productos parecen liberarla más despacio y a menores niveles que los productos de tabaco convencionales.

• Sustancias cancerígenas: Se han encontrado pequeñas cantidades de nitrosaminas en los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Por otro lado, se han hallado formaldehido, acetaldehído y acroleína en diferentes cigarrillos electrónicos.17 La acroleína se absorbe y un producto de su descomposición se ha hallado en orina de consumidores de cigarrillos electrónicos, aunque en menor medida que después de fumar cigarrillos convencionales. Asimismo, se han detectado en el vapor níquel, cromo, otros metales y partículas citotóxicas que producen insuficiencia respiratoria u otras patologías, estando entre ellas el níquel en mayores concentraciones que en el humo de tabaco.18 Estas sustancias han sido clasificadas como cancerígenas, puesto que no existe un umbral de seguridad para su presencia y no se puede exluir que la utilización de cigarrillos electrónicos pueda aumentar el riesgo de cáncer, incluso si se presentan en pequeñas cantidades.

Con base en estos argumentos, la Comisión Permanente, aprobó el punto de acuerdo en los términos siguientes:

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud que, en un plazo máximo de seis meses, presente los resultados de investigaciones científicas respecto de los posibles daños a la salud que pudiera producir el uso de los cigarros electrónicos, a fin de contar con los elementos suficientes para regular su uso en la República Mexicana.

No obstante, esta resolución de la Comisión Permanente, es claro que, tanto en el dictamen como en el punto de acuerdo se retoman estudios internacionales como los realizados por la Oficina norteamericana responsable de la autorización de alimentos y medicinas (FDA, por sus siglas en inglés), quien ya advertía desde 2009 la presencia de químicos tóxicos y cancerígenos, tales como nitrosaminas, anabasina, myosmina, b-nicotyryna19 y dietilenoglicol (usado como anticongelante) en estos dispositivos20; el contenido en la Nicotine & Tobacco Research de Oxford que señala que el uso de estos cigarros en ambientes cerrados pueden exponer involuntariamente a las personas que se encuentran en el mismo a la nicotina, provocando riesgos para la salud; o de la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Todos ellos exponen los riesgos que conlleva fumar cigarros electrónicos, por lo cual no se entiende del todo por qué dentro del resolutivo del dictamen se propone la regulación del mismo, a pesar de las consideraciones vertidas en el dictamen.

No debe perderse de vista que la COFEPRIS desde hace casi dos años se ha manifestado en contra de la comercialización de los cigarros electrónicos, al señalar que “la importación, distribución, comercialización y venta del denominado cigarrillo electrónico está prohibido por la Ley General para el Control del Tabaco.”2122 Asimismo, ha solicitado a las secretarías de salud de las 32 entidades federativas vigilar el cumplimiento de esta Ley General. Todo lo anterior afirmando que “no hay evidencia científica de que el cigarrillo electrónico sea una efectiva alternativa médica para dejar de fumar, puesto que no existen pruebas de la eficacia y seguridad del producto, por lo que se recomienda no comprarlo”.23 En este sentido se han manifestado Alvaro Pérez Vega, Comisionado de Operación Sanitaria, de la COFEPRIS24, quien incluso reforzó operativos para clausurar comercios que vendían este cigarro, procedente de China y han decomisado más de mil piezas en el DF y Puebla. 25

El artículo 16 de la Ley General es enfática al señalar que está prohibido “Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.” Aquí no existe lugar a interpretación, se habla de los cigarros electrónicos y por ello, debe cumplirse su contenido, a la letra, respetando la máxima de que la salud pública es la ley suprema de la nación, lo contrario nos haría responsables de que continúe el abuso de estos productos y las afectaciones en contra de la salud.

No obstante lo anterior, la confusión que privó en la Comisión Permanente hacen necesario precisar el contenido de la norma, a efecto de prohibir la importación de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, así como de cigarros electrónicos, precisando que éstos tampoco podrán ser objeto de comercio, venta, distribución, exhibición, promoción o producción, lo cual permitirá salvaguardar la salud de la población mexicana. La evidencia científica existente es enorme, por lo que los estudios ulteriores servirán para ampliar las acciones que adopte el Estado mexicano en favor de todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el presente Proyecto de

DECRETO

Artículo Unico: Se reforma el artículo 16 fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 16.- Se prohíbe:

I. a V. …

VI. Comerciar, importar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cigarros electrónicos o cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto

TERCERO. El Ejecutivo Federal, así como los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal deberá realizar, en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las modificaciones reglamentarias necesarias para garantizar el cumplimiento de este decreto.

CUARTO. El Ejecutivo Federal, así como los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal deberá desarrollar, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, una amplia campaña de difusión de los efectos del cigarro electrónico y la prohibición a que hace referencia este Decreto.

Cámara de Senadores a 4 de octubre de 2014

SUSCRIBE

Sen. Dolores Padierna Luna”


1 “Julia Tábara dice que el cigarrillo electrónico "pone en riesgo a los fumadores pasivos"” en lainformación.com, 12 de marzo de 2014, http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/julia-tabara-dice-que-el-cigarrillo-electronico-pone-en-riesgo-a-los-fumadores-pasivos_Xc1OFs3JSIZmZbfkD4hze1/, consultado el 4 de abril de 2014

2 NAVAZO, Beatriz, “Tercer grado al cigarrillo electrónico” en mujerhoy.com, 8 de febrero de 2014, http://www.mujerhoy.com/salud/tercer-grado-cigarrillo-electronico-764540022014.html, consultado el 4 de abril de 2014.

3 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Electronic Cigarettes” en Food and Drug Administration, 22 de julio de 2009,http://www.fda.gov/safety/medwatch/safetyinformation/safetyalertsforhumanmedicalproducts/ucm173327.htm, consultado el 4 de abril de 2014

4 CZOGALA, Jan, et. al., “Second Exposure to Vapors From Electronic Cigarettes” en Nicotine and Tobacco Research, 11 de diciembre de 2013, https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8& ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fntr.oxfordjournals.org%2Fcontent%2Fearly%2F2013%2F12%2F10%2Fntr.ntt203.short&ei=9_0-U_TsIYqysQT_vIGgDQ&usg=AFQjCNFoAMR32hl3hWNXyUvyl2oPYdBI5A&sig2=qycIWw3oY5RJIpkt-24WEQ, consultado el 4 de abril de 2014

5 “Julia Tábara dice que el cigarrillo electrónico "pone en riesgo a los fumadores pasivos"” en lainformación.com, 12 de marzo de 2014, http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/julia-tabara-dice-que-el-cigarrillo-electronico-pone-en-riesgo-a-los-fumadores-pasivos_Xc1OFs3JSIZmZbfkD4hze1/, consultado el 4 de abril de 2014

6 NORDQVIST, Christian, “Electronic Cigarettes Can Harm The Lungs” en Medical News Today, 3 de septiembre de 2012, http://www.medicalnewstoday.com/articles/249784.php, consultado el 4 de abril de 2014

7 SAN JUAN, Pedro, “Los neumólogos alertan de los riesgos cancerígenos del cigarrillo electrónico” en El diario montañés, 20 de diciembre de 2013, http://www.eldiariomontanes.es/rc/20131218/mas-actualidad/sociedad/cigarrillo-electronico-201312181554.html, consultado el 4 de abril de 2014

8 “E-cigarette rule coming 'very soon,' U.S. FDA chief says” en Fox News, 4 de abril de 2014, http://www.foxnews.com/health/2014/04/04/e-cigarette-rule-coming-very-soon-us-fda-chief-says/, consultado el 4 de abril de 2014

9 SAN JUAN, Pedro, op. cit.

10 NAVAZO, Beatriz, op. cit.

11 VARDAVAS CI, ANAGNOSTOPOULOS N, et al. Short-term pulmonary effects of using an electronic cigarette: impact on respiratory flow resistance, impedance, and exhaled nitric oxide. Chest. 2012 Jun; 141 (6); 1400-6

12 WIESLANDER G, NORBÄCK D., LINDREN T., Experimental exposure to propylene glycol mist in aviation emergency training: acute ocular and respiratory effects. Occup Environ Med. 2001 Oct; 58 (10); 649-55

13 MOLINE JM, GOLDEN AL, et al, Health effects evaluation of theatrical smoke, haze and pyrotechnics. 2000

14 CHOU H, SCHMIDBAUER N, et al Common household chemicals and the allergy risks in pre-school age children. PloS One. 2010 Oct 18;5 (10)

15 McCAULEY L, MARKIN C, HOSMER D. An unexpected consequence of electronic cigarette use. Chest. 2012 Apr; 141 (4): 1110.3

16 VANISCKEL AR, EISSENBERG T. Electronic cigarettes: effective nicotine delivery after acute administration, Nicotine Tob. Res. 2013 Jan; 15(1); 267-70

17 GRONIEWICZ ML, KNYSAK J, GAWRON M, et al, Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control. 2013

18 WILLIAMS M, VILLAREAL A, et al. Metal and silicate particles incluiding nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer fluid and aerosol. PLoS One. 2013;8(3):e57987

19 NAVAZO, Beatriz, “Tercer grado al cigarrillo electrónico” en mujerhoy.com, 8 de febrero de 2014, http://www.mujerhoy.com/salud/tercer-grado-cigarrillo-electronico-764540022014.html, consultado el 4 de abril de 2014.

20 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, “Electronic Cigarettes” en Food and Drug Administration, 22 de julio de 2009,http://www.fda.gov/safety/medwatch/safetyinformation/safetyalertsforhumanmedicalproducts/ucm173327.htm, consultado el 4 de abril de 2014

21 COFEPRIS, “El cigarrillo electrónico está prohibido en México: COFEPRIS” en Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/notas_principal/cigar_electr.html, consultado el 4 de junio de 2014

22 RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio, “Y ahora contra el cigarro electrónico” en La Jornada, 1 de noviembre de 2012, http://www.jornada.unam.mx/2012/11/01/opinion/024a1pol, consultado el 4 de junio de 2014

23 COFEPRIS, “El cigarrillo electrónico está prohibido en México: COFEPRIS, op. cit.

24 RUIZ JAIMES, Elizabeth, “El cigarrillo electrónico, un problema de forma” en El Economista, 18 de julio de 2013, http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/07/18/cigarrillo-electronico-problema-forma, consultado el 4 de junio de 2014

25 RODRIGUEZ CALVA, Patricia, “Refuerza Cofepris acciones para la prohibición de cigarro electrónico” en Imagen Radio, http://www.imagen.com.mx/refuerza-cofepris-acciones-para-la-prohibicion-de-cigarro-electronicoconsultado el 4 de junio de 2014





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“La Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 1; 71, fracción I; 72 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Marco jurídico

La Convención sobre la Eliminación contra toda forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) es el principal acuerdo internacional para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, por lo cual se le conoce también como la Convención de las Mujeres. Dicho instrumento se sustenta en tres principios básicos: No Discriminación, Igualdad Sustantiva y Responsabilidad Estatal, tal como lo ha considerado la Abogada feminista Alda Facio.1

Los principios de No discriminación e Igualdad Sustantiva se han constituido en pilares de nuestro orden jurídico. Por su parte, el de la Responsabilidad Estatal, contenido en el artículo 2 de la citada Convención, obliga a los Estados adoptar medidas legislativas, políticas públicas y todas las acciones necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres. Todas estas medidas son consideradas como medidas transitorias de “acción afirmativa”, y se les denomina “medidas especiales de carácter temporal”, con lo cual se fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, resultado de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en el año 1995, tuvo como objetivo incrementar la capacidad y el papel de las mujeres en la sociedad para lograr la plena autonomía, el desarrollo y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las mujeres. Esta Declaración estableció la necesidad de integrar la perspectiva de género tanto en las legislaciones como en los programas, proyectos y políticas públicas de los Estados adherentes. Cabe señalar que es a partir de la adopción de dicha Declaración que toma relevancia la integración de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas y en los presupuestos nacionales en particular.

Posteriormente, con la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing”, se planteó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas y de desarrollo social básicas y en los programas nacionales de desarrollo; asimismo, de incorporar la perspectiva de género en la elaboración, el desarrollo, la aprobación y la ejecución de todos los procesos presupuestarios, cuando proceda, a fin de promover una asignación de recursos equitativa, eficaz y adecuada, así como suficiente para apoyar programas sobre igualdad entre los géneros y promuevan la potenciación del papel de la mujer, a través de los instrumentos y mecanismos analíticos y metodológicos necesarios para supervisar y evaluar dicho proceso.2

Por lo que se refiere al ámbito nacional, el artículo 1º de la Constitución contempla que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Asimismo, es necesario regresar a lo que señala el artículo 4 de la misma Carta Magna, al referir que el varón y la mujer son iguales ante la Ley y de donde se desprenden los lineamientos de una política de paridad entre los géneros.

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece en su artículo 12 que como facultad del Gobierno Federal, la de “garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas; e Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad”.Cabe resaltar que esta disposición se limita a la enunciación de una pequeña porción de las acciones necesarias para la construcción de una sociedad paritaria en materia de género, pues no logra contemplar la transversalidad de la equidad en todo y con ello el cumplimiento real de dicho principio.

Por otra parte, y en el mismo sentido encontramos, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que en el artículo 39 contempla que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, bajo los principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; respeto a la dignidad humana de las mujeres; no discriminación, y libertad de las mujeres.

2. Los presupuestos con perspectiva de género

El análisis de género permite conocer cuantitativamente las consecuencias positivas y negativas de los presupuestos sobre la condición social de las mujeres, en general, y sobre los distintos grupos de mujeres que enfrentan otras desigualdades como la edad, la etnia o el grupo socioeconómico de pertenencia. A partir de estas consecuencias, es posible implementar acciones públicas que beneficien a las mujeres; corregir los efectos no deseados de políticas que han sido insensibles a las desigualdades de género o las necesidades específicas de las mujeres; fortalecer las iniciativas que están dando buenos resultados y usar la herramienta presupuestaria para “acelerar” transformaciones prioritarias para alcanzar la Igualdad Sustantiva.4

Con base en lo anterior resulta claro que los presupuestos constituyen un instrumento económico que permite la concreción de las políticas públicas, expresa la forma en que los gobiernos prevén movilizar y asignar los recursos disponibles, y orienta el gasto público en función de las prioridades de agenda. Es un indicador económico de compromiso político con la sociedad. Aquellos sensibles al género han abierto nuevos caminos para ejercer los derechos humanos y exigir una mayor igualdad de resultados a la gestión pública. Los procesos y las estrategias que marcaron la implementación de las experiencias locales y nacionales de presupuestos sensibles al género, han demostrado que esas experiencias constituyen potenciales herramientas en la democratización del Estado y de las relaciones sociales.5

La organización Fundar ha señalado respecto a la necesidad de los presupuestos con perspectiva de género es necesario pues "busca abrir procesos que faciliten una evaluación de los impactos que el gasto público tiene en los géneros. Como tal, es un esfuerzo por desagregar el presupuesto del gobierno partiendo del impacto que tiene en mujeres y hombres, a la vez identificar los beneficios diferenciados que ofrece a distintos grupos de mujeres y de hombres dentro del contexto social, económico, cultural y político prevaleciente para cada uno de ellos”6

Las iniciativas de presupuestos sensibles al género, como el del Distrito Federal, han tenido que empezar prácticamente de cero en la forma de hacer política pública. Ha tenido que desarrollar estrategias, herramientas y mecanismos para formular los presupuestos, ejecutarlos, monitorear y evaluar su aplicación. Muchas de estas iniciativas han sido producto del impulso de las organizaciones de mujeres, feministas, académicas y políticas, que han puesto en el centro del debate las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres para la planeación de políticas públicas, como eje rector para la captación de recursos y distribución del gasto.

El análisis y ejercicio de los presupuestos públicos con enfoque de género inició en México en 1999 desde la sociedad civil, en el feminismo organizado, ante la necesidad de monitorear programas y recursos relacionados con necesidades de las mujeres. Desde entonces han trabajado para que las políticas públicas tengan en cuenta las condiciones de vida diferente, los roles que desempeñan y las necesidades e intereses diferentes de hombres y mujeres, revirtiendo la tendencia de incorporar únicamente la perspectiva de género en las políticas y en los programas de gobierno, sobre todo en el sector salud. Su primer resultado fue unificar la información diagnóstica (el problema) con el conocimiento de los programas y de los presupuestos destinados a solucionar la problemática seleccionada.7 Asimismo, se logró etiquetar recursos para las mujeres, corrigiendo inequidades identificadas en la asignación de recursos o bien en la atención no adecuada de problemas y/o necesidades específicas.

En el ejercicio presupuestal 2002 y con más fuerza durante 2003, la Comisión de Equidad y Género Federal realizó reuniones con las dependencias de la Administración Pública Federal para hacer seguimiento del gasto etiquetado, con la participación, insumos y análisis de las organizaciones feministas especializadas en el tema. Posteriormente, la Comisión de Equidad y Género presentó una iniciativa de Reformas a la ley de Planeación para solicitar la desagregación del gasto por sexo y edad.9

Fue hasta la LX Legislatura (2007-2009) que se instalaron mesas interinstitucionales con la participación de las organizaciones especializadas y por primera vez en 2008 se logró incorporar un Anexo 9 A al Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado “Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En él se etiquetaron recursos para rubros como: Salud, empoderamiento económico, Educación, Acceso a la Justicia, formación y capacitación, vivienda y vida libre de violencia, entre otros, con lo que se busca garantizar los Derechos Humanos para las mujeres y las niñas.

Por si fuera poco, en el propio Presupuesto 2010, se estableció un capítulo “De la perspectiva de género” con las primeras disposiciones para transversalizar la perspectiva de género en los programas de desarrollo social de la administración pública federal.10 Por otra parte, el Presupuesto 2011, logró que los recursos etiquetados en esta materia aumentara un 36% 2011 es de 36%, sobre todo en salud reproductiva e incluyendo programas: para promover la atención de la violencia contra las mujeres; promover y coordinar las acciones para la equidad de género; fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género y las acciones para la igualdad de género con población indígena, como son el Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres rurales, la Atención a la salud reproductiva y la Igualdad de Género en salud, entre otros programas.

3. El caso del Distrito Federal

No debe pasar inadvertida la experiencia del Distrito Federal en materia de la elaboración de un presupuesto con perspectiva de género. A partir de la realización del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, comenzó una reingeniería del proceso presupuestal, hacia uno basado en resultados. Este sistema fue implementado en 2009 y permitía hacer más eficiente la administración de los recursos y lograr que los programas tuvieran un mejor impacto entre sus destinatarios. De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal adoptó el resultado 13, denominado “Se reducen las Brechas de Desigualdad entre Mujeres y Hombres” por el que se introdujeron 8 subresultados como motor de la acción de todo el Gobierno en su conjunto, a saber:

● Las políticas públicas tienen perspectiva de género;

● Se promueve una cultura de igualdad de género;

● Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad;

● Las mujeres cuentan con servicios oportunos de salud especializados;

● Las mujeres tienen acceso a los beneficios del desarrollo económico;

● Las mujeres tienen acceso a servicios de asistencia e integración social para ejercer sus derechos;

● Se fomenta el desarrollo educativo de las niñas y las mujeres; y,

● La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se atienden eficazmente.

A través de esta nueva estructura se obtienen datos de valor agregado para la mayor comprensión del gasto presupuestario y su vinculación e interrelación con otras tareas de gobierno. De este modo, se garantiza la posibilidad de evaluar de manera eficiente las acciones emprendidas por el Gobierno en su conjunto para consolidar una sociedad igualitaria entre los géneros. Un modo es reconocer el porcentaje que ocupa este resultado en relación al total del presupuesto de cada una de las Unidades Responsables del Gasto y, con ello, evaluar el compromiso de cada una de ellas con el combate a la discriminación en contra de las mujeres, de manera integral frente a todo el Gobierno en su conjunto o frente a la acción de la misma dependencia.

Un ejemplo es lo ocurrido en 2011, cuando sólo diez Unidades Responsables del Gasto habían presupuestado, al menos en una ocasión, un porcentaje mayor al uno por ciento (47.61%) mientras que un 52.38% no lo habían hecho en el periodo comprendido entre 2007 y 2011. Asimismo, se logró conocer que la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad había incrementado su porcentaje destinado al resultado durante todo ese período, aunque de una manera muy marginal, tan sólo 0.17%, lo que no representaba un claro compromiso con el combate a la discriminación por cuestión de género.

Durante 2013, el Distrito Federal ejerció con motivo de este resultado un monto de 1,931.9 millones de pesos, logrando incrementar de manera sustancial lo ejercido con respecto a lo autorizado en un 106.3 por ciento. La Cuenta Pública 2013 afirma que:

Entre las acciones más relevantes a las que se destinaron dichos recursos destacan: la prestación del servicio de transporte preferencial para mujeres “Atenea” y la operación del Programa Viajemos Seguras en el Metro, buscando garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el espacio público; la formación de capacidades institucionales para aplicar la perspectiva de género a través de la impartición de cursos al personal; atención a la salud sexual y reproductiva con la realización de estudios de colposcopia, Papanicolaou y mastografía; becas escolares a estudiantes de nivel básico (primaria y secundaria) que viven en condiciones de vulnerabilidad social en hogares con jefatura de mujeres principalmente; operación de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales; apoyos económicos a mujeres que se encuentran en una situación de violencia familiar; y, operación de las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF), en donde se brinda servicios especializados en materia de trabajo social, psicológica, jurídica y de prevención. Además de servicios para el acceso al empleo y al autoempleo para mujeres emprendedoras.

Todas estas acciones permiten darse cuenta que la acción de gobierno en favor de la igualdad de género no se restringe a programas de capacitación, sino acciones que inciden en todas y cada una de las funciones de la Administración Pública como son transporte, salud, seguridad, procuración de justicia, empleo, educación. Lo anterior supera claramente el alcance de un mero etiquetado de los recursos, sustituyéndolo por una visión integral del problema con diversas maneras de abordarlo, siempre teniendo en cuenta la necesidad de disminuir la brecha existente entre mujeres y hombres en el Distrito Federal.

Aún con este avance, existen varios problemas que subsisten como son la tendencia en el Ejecutivo para integrar recursos en rubros muy grandes, lo cual evita conocer con claridad el destino final de los recursos, y, con ello, dar seguimiento a su ejercicio; o el carácter anual del presupuesto, que obliga a que se realice la misma negociación año con año para etiquetar recursos a programas. Por esta razón, la mayoría de las y los especialistas coinciden en considerarlos un proceso gradual, donde los presupuestos etiquetados constituyen un primer escalón o una primera etapa, hacia la institucionalización, equilibrando, armonizando y haciendo más equitativos los presupuestos nacionales.

No debe perderse de vista, finalmente que otro principio fundamental en el análisis de los presupuestos sensibles al género es el reconocimiento de la contribución económica del trabajo doméstico al bienestar de la sociedad, en opinión de Martha Tagle. De la misma manera, Ana Güezmes expresa que están impulsando iniciativas que desarrollan instrumentos de cálculos de costos que posibilitarían determinar los montos mínimos de recursos necesarios para alcanzar los objetivos de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.Preguntas como ¿cuál es el déficit del gasto en materia de igualdad de género? ¿Cuánto se requerirá para hacer avanzar a la sociedad en su conjunto invirtiendo más decididamente en la mitad de su población? ¿Cuánto pierde la sociedad sino se aprovecha el dividendo producto de la inversión que esa misma sociedad ha hecho en las mujeres? ¿Cuánta inversión es necesaria para atender los compromisos por la Igualdad que ha asumido el Estado mexicano? constituyen grandes preguntas y retos como asignaturas pendientes para el logro de la Igualdad Sustantiva y real entre mujeres y hombres.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I; 72 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo 4 bis. La administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados a través de las Unidades de Administración.

Será obligatorio para todas las Unidades de Administración, la inclusión de programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de género.

Para tal efecto, deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar el enfoque de género y reflejarlo en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad.

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;

III. Fomentar el enfoque de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres;

IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de género;

V. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación. El Instituto Nacional de las Mujeres coadyuvará con las Unidades de Administración en el contenido de estos programas y campañas, y

VII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.

La Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, y con base en la información que proporcionen las Unidades de Administración, remitirá a ambas Cámaras del Congreso de la Unión un informe trimestral de los avances financieros y programáticos de las actividades institucionales contenidas en el Anexo a que se refiera el Reglamento, a más tardar a los 45 días naturales de concluido el trimestre que corresponda.

Este informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice el Instituto Nacional de las Mujeres en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.

Las Unidades de Administración promoverán acciones para ejecutar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 4 ter.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I a VI…

Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. Dichos criterios contemplarán la incorporación de la perspectiva de género respecto a los egresos que se programen.

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

● La exposición de  motivos en la que se señale:

a) a e)....

f) El impacto que tendrá la aplicación de los recursos, así como información desagregada por sexo, grupos de edad, región del país, entidad federativa y municipio, grupo étnico, relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) a m) …

n) Descripción del presupuesto con enfoque de equidad de género, derechos humanos y sustentabilidad, cada uno con un Anexo específico de las actividades institucionales del Resultado correspondiente que realicen las Unidades de Administración;

ñ) a v) …

III. …

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa;

b) Funcional y programática;

c) Económica; y

d) Geográfica

e) Analítica por perspectiva de género.

Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, perspectiva de género, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:

● Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico y género, como por región del país, entidad federativa y municipio o demarcación territorial, grupo de edad, y grupo étnico

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos, a las mujeres, adultos mayores, niñas y niños, adolescentes, personas discapacitadas

y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo tomando en cuenta la perspectiva de género, y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación diferenciada de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I.

II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios:

a)

b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente:

i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, precisando género. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;

ii) a vi) …;

vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad;

viii) Se deberá incorporar el enfoque de equidad de género, y

ix) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno.

Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación oportuna de los recursos y en la operación de los programas. Además contendrán lineamientos que garanticen la generación de información de los resultados de la aplicación de los programas, a efecto de contar con datos precisos y desagregados por sexo, grupo de edad, región del país, municipio o demarcación territorial, entidad federativa y grupo étnico.

Artículo 78. …

En el caso de los programas dirigidos a mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, las dependencias y entidades deberán presentar indicadores de resultados desagregados por sexo, grupo de edad, región del país, municipio o demarcación territorial, entidad federativa y grupo étnico a fin de que pueda medirse el impacto económico y social y su incidencia de manera diferenciada en las relaciones entre mujeres y hombres.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Instituto Nacional de las Mujeres deberá realizar las acciones necesarias para incorporar al Paquete Económico 2016 las disposiciones contenidas en el presente Decreto. Para ello, las Unidades de Administración y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán establecer a más tardar en el mes de febrero de 2015, una mesa de trabajo para la implementación del presupuesto con perspectiva de equidad de género.

Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

FUENTES:

FACIO, Alda, “CEDAW 35 años después”, Comisión de Igualdad y Género, Cámara de  Diputados, Junio 2014,  en: www3 .diputados.gob.mx/camara/content/download/.../10-06-14.pdf, Consultada el 29 septiembre 2014
FUNDAR CENTRO DE ANALISIS E INVESTIGACION, Presupuestos sensibles al género: herramientas metodológicas (2001) en: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/manual-genero.pdf, consultado el 28 de septiembre 2014
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL. Gasto Público en Materia de Género, http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/gasto_publico_en_materia_de_equidad_de_genero, consultado el 8 de octubre de 2014
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL. Panorama General de Progresividad Presupuestal 2008-2011,Comisión Interinstitucional de Género del Distrito Federal,  http://www.inmujer.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/601/12/Panorama_2008_2011.pdf, p. 44
PEREZ FRAGOSO, Lucia, Presupuestos  con Equidad de Género, La experiencia mexicana, en: Presupuesto y rendición de Cuentas con perspectiva de Genero,  en: parlamento.gub.uy/parlamenta/descargas/bbf/ppG.pdf, consultada el día 26 de septiembre  2014
MICHER, Martha Lucia, El Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y mujeres como Herramienta de Política Publica con perspectiva de Género, Comisión de  Igualdad y Género, Cámara de Diputados, 2013
ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones 2000, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/652/08/PDF/N0065208.pdf?OpenElement Consultado el día 29 de septiembre 2014
CAMARA DE DIPUTADOS LXII LEGISLATURA, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, Consultada el día 29 de septiembre 2014.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Cuenta Pública del Distrito Federal 2013, http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo1/Cuenta_Publica_2013.pdf, consultado el 8 de octubre de 2014, p. 175
CUEVAS, Daphne, Foro: “Hacia la Consolidación de los presupuestos públicos con perspectiva de género”, Cámara de Diputados, 2011
GÜEZMES, Ana (Directora Regional  ONU MUJERES)  Foro. “Hacia la Consolidación de los presupuestos Públicos con Perspectiva de género”, Cámara de Diputados, 2011.
1 Alda Facio, CEDAW 35 años después, Comisión de Igualdad y Género, Cámara de  Diputados, Junio 2014,  en: www3 .diputados.gob.mx/camara/content/download/.../10-06-14.pdf, Consultada 29 septiembre 2014
2  Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones 2000, cita http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/652/08/PDF/N0065208.pdf?OpenElement
Consultado el día 29 de septiembre 2014.
4 Ana Güezmes, Directora Regional ONU MUJERES. Foro. “Hacia la Consolidación de los presupuestos Públicos con Perspectiva de género”, Cámara de Diputados, 2011.
5 Ana Güezmes, Obra citada
Lucia Pérez Fragoso, Presupuestos con Equidad de Género, La experiencia mexicana, en: Presupuesto y rendición de Cuentas con perspectiva de Género, en: www.parlamento.gub.uy/parlamenta/descargas/bbf/ppG.pdf, consultado el 8 de octubre de 2014
9 Daphne Cuevas, Foro: “Hacia la Consolidación de los presupuestos públicos con perspectiva de género”, Cámara de Diputados, 2011
10 Martha Lucia Micher, El  Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y mujeres como Herramienta de Política Publica con perspectiva de Género, Comisión de  Igualdad y Género, Cámara de Diputados, 2013
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL. Gasto Público en Materia de Género, http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/gasto_publico_en_materia_de_equidad_de_genero, consultado el 8 de octubre de 2014
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL. Panorama General de Progresividad Presupuestal 2008-2011,Comisión Interinstitucional de Género del Distrito Federal,  http://www.inmujer.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/601/12/Panorama_2008_2011.pdf, p. 44
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Cuenta Pública del Distrito Federal 2013, http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo1/Cuenta_Publica_2013.pdf, consultado el 8 de octubre de 2014, p. 175
Ana Güezmes, Obra citada





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO SEXTO DENOMINADO "DEL PROCEDIMIENTO AL RESULTADO VINCULANTE DE LA CONSULTA POPULAR" Y UN  ARTICULO 279 BIS Y UN 279 TER AL TITULO SEXTO "DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES" DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO SEXTO DENOMINADO “DEL PROCEDIMIENTO AL RESULTADO VINCULANTE DE LA CONSULTA POPULAR” Y UN ARTICULO 279 BIS Y UN 279 TER AL TITULO SEXTO “DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES” DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

● Avances Históricos hacia la Democracia Participativa

La historia política nos ha presentado a lo largo de los siglos la evolución de distintas sociedades, ésta evolución ha dejado una gama amplia de experiencias. Las ciencias sociales que nos ayudan a apreciar esta evolución son la antropología y la sociología, ello lo hacen en conjunto con el estudio de la historia humana; el conocimiento que tenemos a partir de estas ciencias sociales nos permite ver un aspecto central en la organización y evolución de todas las sociedades humanas: la toma de decisiones.

En materia de toma de decisiones tenemos una constante fluctuación a lo largo de un espectro. Este varía de un extremo en donde se concentra el poder en un solo individuo (absolutismo) y que corre hasta el otro extremo donde se encuentra la completa socialización en la toma de decisiones (quizá la esencia más pura de democracia).Desde la historia antigua hasta la era contemporánea podemos apreciar el cambio y desarrollo en las formas en que distintas sociedades se organizan (sistemas comunitarios, monárquicos, republicanos, etc.) y también cómo estas distintas formas de organización manejan la toma de decisiones. La forma en la que distintas formas de organización llevan a cabo la toma de decisiones está estrechamente vinculada con el desarrollo de la misma sociedad, por lo que podemos decir cada sistema tiene su propia justificación histórica.

Tomemos como ejemplo a la monarquía, donde los poderes del estado surgen a partir de una persona. Durante una época donde el peligro de guerra o hambruna eran una constante; cuando el acceso a la educación y a la salud eran la excepción y no la regla; cuando los métodos de producción eran distintos a los que tenemos hoy en día podemos comprender la existencia de una monarquía absolutista, donde el monarca dicta las leyes, ejecuta las políticas de estado y emite juicio y sentencia; todo ello por el bien de sus súbditos.

La estructura monárquica en sí no es absolutista, sino que el absolutismo es una característica que la organización monárquica puede adoptar. Podemos apreciar que hoy en día aún existen de 32 familias reales en el mundo, pero que con el desarrollo de sus sociedades, la toma de decisiones cambió. Hoy en día la mayoría de las monarquías son representativas, donde entra en juego la participación de más entidades en la toma de decisiones. La característica principal de la monarquía representativa es el hecho que el poder en la toma de decisiones se divide entre más individuos, quienes de algún modo son electos para representar la voz de un grupo, es decir aquí donde comienza a manifestarse el carácter democrático de un gobierno.

Al igual que el desarrollo de la sociedad empujó el cambio de monarquía absolutista hacia una monarquía representativa, somos testigos de cómo otros sistemas de gobierno también manifiestan una lucha para avanzar hacia una socialización en la toma de decisiones. El movimiento hacia una mayor representatividad y participación ciudadana no es exclusiva en los sistemas monárquicos, de hecho, también podemos apreciar la misma evolución rumbo a la democracia directa en el sistema que existe de forma paralela a la monarquía, la república. Sería un error relacionar de forma directa al sistema republicano con la democracia. Como la monarquía, el sistema republicano se ha mostrado capaz de concentrar el poder en la toma de decisiones de forma absolutista, la historia del siglo XX fue el siglo en el que el absolutismo republicano vivió su máximo esplendor.

Tenemos como un indicador la Primavera Arabe en 2011 o como un ejemplo más reciente, tenemos el referendo por la independencia de Escocia del pasado 18 de septiembre. Ambos son ejemplos de cómo en el siglo XXI se continúa librando una lucha por el avance de la democracia; por un lado tenemos una manifestación popular para desconcentrar el poder del Estado,  mientras que el otro fue un ejercicio de democracia directa.

Tanto la Primavera Arabe como el referendo escocés son cada uno señal del  desarrollo de cada una de sus sociedades. La Primavera Arabe no surgió desde un grupo guerrillero y clandestino, al contrario, fue la juventud y clase media la fuerza principal que impulsó el cambio regional y  cuyo máximo exponente fue el movimiento que se suscitó en Egipto. En el caso del referéndum escocés, los polos urbanos fueron los principales impulsores a favor de la independencia de Escocia, apuestos a las áreas más conservadoras en donde se impuso el NO.

La lección que la experiencia democrática nos brinda es que a mayor nivel de desarrollo, la ciudadanía comienza a exigir cada vez más participación dentro de las decisiones políticas  de su alrededor. Frente al absolutismo se impuso el clamor por la representación; ahora, hemos alcanzado un punto histórico donde la representatividad comienza a ser insuficiente y de manera justificada. La ciudadanía a nivel global exige un espacio en donde pueda manifestar su elección de forma más directa en las decisiones fundamentales de su país y de su sociedad. En el avance hacia la democracia directa, la sociedad mexicana no es la excepción.

● Democracia Participativa en México del Siglo XXI

México ha sido un país en continua lucha por la democracia. En las últimas tres décadas, la sociedad ha dirigido una gran cantidad de esfuerzos por consolidarla, como fue el Frente Democrático Nacional en 1988, el Plebiscito del 21 de marzo de 1993 en el Distrito Federal e incluso la Coalición por el Bien de Todos en 2006.

El artículo 39 constitucional señala a la letra:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

De lo anterior es claro que el soberano no es más una sola persona, grupo o interés, sino el pueblo, todas y todos los mexicanos. Por esta razón es indispensable establecer mecanismos eficaces para el ejercicio del poder público original por parte del pueblo mismo de forma directa y no sólo por la representación política.

Un avance importante hacia la democracia directa fue la incorporación de las llamadas “cartas ciudadanas” en la Constitución Federal en 2012. El 9 agosto de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política. En ellas se incorporaron figuras tan importantes como las candidaturas ciudadanas, la iniciativa ciudadana y las consultas populares. La consulta popular contenida en la fracción VIII, del artículo 35 constitucional, de la siguiente forma:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Con fecha 14 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII, del artículo 35 constitucional, para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio de la reforma constitucional. Asimismo, la Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo tercero transitorio estableció:

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR
Nueva Ley DOF 14-03-2014

Transitorio Tercero. Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su  entrada en vigor

De lo anterior, se desprende que el plazo para adecuar el Reglamento del Senado de la República feneció el 14 de septiembre, por lo que es ineludible, hacer las adecuaciones correspondientes en la materia, con la finalidad de dar certeza jurídica a la Ley reglamentaria en materia de Consulta Popular.

● El Pendiente Legislativo

En estas condiciones, es indispensable regular el procedimiento que debe seguir el resultado vinculante de la consulta popular para así dar cumplimiento al mandato constitucional, pues este derecho no puede ni debe conculcarse por la falta de regulación expresa.

Sólo se puede dictar un mandato público por una mayoría dentro de una consulta al pueblo y, la respuesta que corresponda a lo consultado, deberá cambiar la percepción social en el sentido de que el poder público realmente no le pertenece a los políticos ni a los detentadores del poder en curso, es decir, el pueblo que no tiene acceso a la decisión de su vida democrática, no vive en un sistema democrático.

Hasta el momento, la normatividad en esta materia no establece procedimiento parlamentario alguno que dé certeza al resultado final de la consulta popular vinculante, por ello, es que esta Cámara y la de Senadores, deben modificar sus Reglamentos para incorporar los mecanismos especiales que le den cumplimiento de manera formal.

En efecto, el Reglamento debe prever el multicitado procedimiento, al considerarse que el Congreso de la Unión es el actor que desde un inicio tiene conocimiento de la pretensión de someter al veredicto ciudadano algún tema de trascendencia nacional, que exprese aspiraciones y necesidades que deberán ser satisfechas por el órgano legislativo y, otros órganos y autoridades del Estado.

En estas condiciones, debemos recordar que la figura de la consulta popular es indispensable dentro de una democracia participativa frente al poder público y, que su naturaleza jurídica legitimará las decisiones del Estado, obligándolo a escuchar al pueblo como titular del poder público, sin embargo, esto no será posible de no establecerse el tratamiento especial que se le debe dar a dicha voluntad popular dentro de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, si éstas no hacen las adecuaciones correspondientes a los instrumentos legales que rigen su vida parlamentaria.

En suma, el resultado de la consulta popular requiere de la existencia de mecanismos parlamentarios que eviten y resuelvan cualquier tipo de conflicto que ponga en peligro la gobernabilidad del país y el interés legítimo de la representatividad de los mexicanos.

No queda duda de que la manera de actuar de la derecha en nuestro país es sumamente selectiva, toda vez que en lo que se trata de la protección a las inversiones y al sector privado o empresarial, se les procuran todas las garantías y libertades de forma preferente. No obstante, cuando se trata de la protección y garantía de los derechos de las y los mexicanos, ya sea en lo individual y en lo colectivo, no se permite más que lo estrictamente mínimo necesario para cumplir, no con los convenios internacionales de derechos humanos, sino para el “contenido democrático y de derechos humanos” de los tratados comerciales y de inversión.

Ejemplo claro del apoyo preferencial a los intereses empresariales sobre los intereses ciudadanos se dio durante el Segundo Año de la LXII Legislatura, cuando en diciembre del año 2013 se dio una expedición casi inmediata a la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, que entre su aprobación en el Congreso de la Unión y la declaratoria de Constitucionalidad, transcurrieron apenas dos semanas. En contraste a la celeridad que se le dio a la reforma energética, la reforma constitucional en materia política electoral, tuvo que aguardar hasta febrero del siguiente año a pesar de que su aprobación en las Cámaras se dio incluso antes que la discusión de la reforma energética.

La materia que actualmente nos preocupa y debe ocupar se trata de la discusión en torno al modo de garantizar la dignidad legislativa y política de México. Hasta ahora el imperante en nuestro país es la inversión como medio principal y casi único del bienestar, en tanto que los derechos humanos son y, deben ser, totalmente el medio y el fin de este bienestar.

De igual forma, en lo que se refiere a los trámites al interior de la Cámara, no se contempla con claridad los tiempos para dictaminar dicha petición, por lo que es posible que la ausencia de respuesta por parte de la Cámara, puede generar una suerte de toma de nota que pretenda hacerse valer como requisito para la validez de la petición. De igual modo, puede ocurrir el caso de que se dé respuesta en un plazo que complique la posibilidad de que se junten las firmas a tiempo para que participen en el proceso electoral inmediato siguiente, vulnerando aún más su derecho.

No hay que perder de vista que el pasado 2 de septiembre, la diputada Aleida Alavés, presentó una iniciativa en el mismo sentido, respecto del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que es indispensable que este cuerpo colegiado asuma la responsabilidad derivada de la Ley Federal de Consulta Popular con la finalidad de brindar certeza a las y los mexicanos respecto de la manera en que su opinión con relación a las consultas populares de 2015 se hará efectiva.

Por tanto, se considera de la mayor importancia que se establezca el trámite que ha de seguir el resultado vinculante de la consulta popular, en esta Cámara, por lo que se propone, adicionar un Capítulo Sexto denominado “Del procedimiento al resultado vinculante de la consulta popular” y un artículo 279 Bis al Título Sexto “De los procedimientos especiales” del Reglamento del Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPITULO SEXTO DENOMINADO “DEL PROCEDIMIENTO AL RESULTADO VINCULANTE DE LA CONSULTA POPULAR”, UN ARTICULO 279 BIS Y UN 279 TER AL TITULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO UNICO: Se adiciona un Capítulo Sexto denominado “Del procedimiento al resultado vinculante de la consulta popular” y un artículo 279 Bis y un 279 Ter al Título Sexto “De los procedimientos especiales” del Reglamento del Senado de la República, como sigue:

CAPITULO VI

Del procedimiento al resultado vinculante de la consulta popular

Artículo 279 Bis.

1. En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifique a esta Cámara que el resultado de una consulta popular verificada durante la jornada electoral inmediata anterior al inicio de la Legislatura en funciones sea vinculante, en términos de lo señalado en el artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular, la notificación deberá ser publicada en la Gaceta Parlamentaria, en un término no mayor a 3 días hábiles, y se observará el trámite correspondiente de conformidad a la naturaleza del asunto objeto de la misma.

2. Cuando el resultado de la consulta popular no alcance el cuarenta por ciento de participación y, por ende, su resultado no sea vinculante, el Presidente de la Mesa Directiva, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta al Pleno y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

3. En un plazo no mayor a cinco días naturales, a partir de la primera publicación de la notificación del resultado de la consulta en la Gaceta Parlamentaria, la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, someterá a la consideración del Pleno, la creación de la Comisión Especial redactora del dictamen que dé cumplimiento al resultado de la consulta popular vinculante. Esta Comisión podrá ser asistida por no más de tres comisiones ordinarias para la redacción del dictamen.

4. La Comisión Especial tendrá un término no mayor a un año para elaborar el dictamen a que se refiere el numeral anterior, observando en todo momento, la trascendencia nacional que reviste el asunto, por tanto, su atención deberá ser de urgente u obvia resolución. En caso de que la consulta haya provenido de la ciudadanía, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 fracción VIII, numeral 1, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá convocarse a las y los representantes a mesas de trabajo de carácter público que deberán ser difundidos con la mayor publicidad. En todo caso, deberán realizarse audiencias públicas y plurales.

5. Una vez elaborado el dictamen, éste será turnado a la Mesa Directiva para que se someta a la consideración del Pleno, por ser un asunto de interés público y de trascendencia nacional, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas a partir de la aprobación del Dictamen por parte de la Comisión Especial. La discusión de estos temas deberá realizarse de lunes a viernes en un horario de 8 a 22 horas y deberá ser difundido a través del Canal del Congreso.

Artículo 279 Ter.

1. En caso de que se reciba de la Cámara de Diputados una minuta que derive de una consulta popular, la Mesa Directiva deberá turnar el asunto de inmediato a las Comisiones dictaminadoras, debiendo publicar la Minuta recibida en la Gaceta Parlamentaria e informar de la misma en la siguiente sesión del Pleno.

2. El proceso de dictamen de la minuta a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse en un plazo no mayor a seis meses, respetando en todo momento el término al que se refiere el artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular y atendiendo las condiciones de horario y publicidad a que se refiere el párrafo quinto del artículo anterior.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Considerando que México requiere de una instancia para regular las instalaciones educativas, con fecha 1 de febrero de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con el objetivo de regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para diversos temas relacionados con la materia.

El Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, en su capítulo primero, establece que “una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera”. Es por ello, que la educación de los ciudadanos debe ser la base en el progreso de la sociedad mexicana.

Igualmente, el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, nos indica que “la práctica sistemática y regular de la actividad física y el deporte es un componente fundamental de la educación integral”, “además de los beneficios para la salud, las actividades físicas y deportivas favorecen la convivencia, la cooperación, la disciplina y otros valores que forman parte del currículo no académico que se ofrece a los estudiantes para una formación integral”. Para lograr el objetivo deportivo que se propone este Programa Sectorial, se apoyaran las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en el sistema educativo.

Asimismo, el Programa Especial de Cultura Física y Deporte 2014 – 2018, se propone como objetivo “mejorar la infraestructura deportiva del país al garantizar la óptima operación tanto de la ya existente, como de aquella que sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al ciudadano”. El propósito es actuar sobre la infraestructura deportiva1, ampliando la red con instalaciones funcionales, austeras, prácticas y seguras destinadas al deporte social. De la misma forma, crear programas sobre la infraestructura existente brindándole el mantenimiento, equipamiento y personal para su operación con calidad. En su punto 3.6, se indica como objetivo el “mejorar la infraestructura deportiva de los centros escolares nacionales, teniendo como líneas de acción:

1. Mejorar las instalaciones escolares existentes

2. Incorporar en la normatividad de construcción de nuevos centros escolares las instalaciones deportivas básicas para la educación física y el deporte escolar.

Tomando en cuenta lo anterior, resaltamos que México es el país en primer lugar con niños con obesidad y sobrepeso, y segundo lugar en adultos, siendo la mala alimentación, el sedentarismo, así como la falta de acceso a alimentos nutritivos, factores determinantes del sobrepeso y la obesidad. Según la Organización Mundial2 de la Salud, “la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo.

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil”.

Según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición3, del Instituto Nacional de Salud Pública, la prevalencia de sobrepeso combinado con obesidad en niños menores de 5 años, fue de 9.7%; en palabras de esta misma encuesta, “la desnutrición en menores de cinco años tiene efectos adversos en el crecimiento, desarrollo y la salud de los menores y tiene efectos en el mediano y largo plazo en el rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades, el rendimiento en el trabajo, y el ingreso laboral en lo adultos, lo que repercute en el desarrollo social”.

En el caso de la población en edad escolar (5 a 11 años de edad), el sobrepeso combinado con obesidad registro un 34.4 %, registrando el sobrepeso por si solo un 19.8 % y la obesidad un 14.6 %. En cuanto a los adolescentes (12 a 19 años de edad), el porcentaje es aún más preocupante, ya que un 35 % de este segmento de población padece de sobrepeso y obesidad, contando con sobrepeso un 21.6 %, y obesidad un 13.3 %; “en el ámbito nacional esto representa alrededor de 6,325,131 individuos entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad”.

Consecuencia de ello, es que dentro de la población que se encuentra en edad de asistir a las diversas instalaciones dependientes del Sistema Educativo Nacional, un gran número de estudiantes sufra de estos padecimientos, los cuales, como se dijo anteriormente, resultan en diversos problemas para la salud así como en dificultades en su vida diaria.

Por otro lado, según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial4, en su punto sobre “Inmuebles: escuelas”, nos señala que de 91,037 inmuebles públicos y privados destinados a fines educativos, 88,034 no cuentan con área para gimnasio; de 89,983 inmuebles públicos y privados destinados a fines educativos, 84,740 no cuentan con áreas para alberca o chapoteadero; de 147,978 inmuebles públicos y privados destinados a fines educativos, 81,596 no cuentan con áreas para canchas deportivas. Como resultado de estas condiciones en las instalaciones educativas, la población estudiantil carece de infraestructura para la práctica sistemática y regular de la actividad física y el deporte, como nos señala el Plan Sectorial de Educación 2013 – 2018.En general, las instalaciones deportivas que existen en las escuelas primarias, se encuentran en mal estado, son inseguras, insuficientes, lo que genera que la actividad física sea de mala calidad o inexistente

Según la Organización Mundial de la Salud, en sus “Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud”5: “a) los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa; b) la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud; c) la actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos”.

Justificación de la propuesta

Después de haber analizado los beneficios que las prácticas deportivas traen al desarrollo integral de las personas, se puede concluir que resulta deseable y necesario atender la problemática. Por lo tanto, esta iniciativa tiene como objetivo incluir dentro de las disposiciones generales de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, lineamientos para integrar infraestructura deportiva funcional en la regulación para la creación de infraestructura física educativa.

En este sentido, con la presente propuesta se plantean tres objetivos

1. Incluir dentro de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a la infraestructura deportiva, ya que en ninguna disposición de la citada Ley, se contemplan los espacios físicos dentro de las instalaciones educativas en las cuales los estudiantes puedan practicar actividades deportivas.

2. Como se mencionó, la población en edad escolar padece de problemas de sobrepeso y obesidad resultado, en parte, de la poca o nula práctica deportiva. Igualmente, se han descrito las diversas ventajas que conllevan la práctica regular del deporte, así como de tener una educación física adecuada. Es por ello, que la política de creación de infraestructura física educativa, debe de ir acompañada de los lineamientos que garanticen una adecuada creación de infraestructura deportiva, conforme a las posibilidades de cada plantel. Esto traería como beneficio, no sólo una práctica saludable del deporte, sino también el fomento de una educación destinada para los estudiantes a efecto de llevar una vida más sana y benéfica para ellos y su entorno.

1. Establecer dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el establecer lineamientos para la construcción, rehabilitación y adaptación de la infraestructura deportiva en los planteles educativos. La falta de inclusión del tema deportivo dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, dificulta el poner énfasis en la construcción de este tipo de instalaciones para la práctica de los deportes en los planteles educativos. La adición de este punto en las atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no solo lo pondría en un punto a tomar en cuenta, sino que lo obligaría a trabajar en la construcción, rehabilitación y adaptación de espacios deportivos, integrando en un mismo organismo la planeación de espacios destinados a la educación con deporte, punto fundamental de esta reforma.

2. Incluir a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que colabore y asesore en la elaboración de los lineamientos para la construcción, rehabilitación y adaptación de la infraestructura deportiva en los planteles educativos.

Con esta adición, la Comisión Nacional del Deporte, la cual tiene dentro de sus facultades “proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, así como del deporte en todas sus manifestaciones”, podrá poner a la disposición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, su conocimiento sobre las políticas que se deben de seguir en cuanto al fomento del deporte e inclusión de la educación física en los centros educativos. Asimismo, la Comisión Nacional del Deporte, aportará su experiencia en cuanto a la construcción, rehabilitación y adaptación de espacios deportivos en los centros del Sistema Educativo Nacional

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

UNICO.- SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO Y UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO SIETE RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE; SE ADICIONA UNA FRACCION XX AL ARTICULO DIECINUEVE RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE; SE ADICIONA UNA FRACCION QUINTA AL ARTICULO VEINTITRES RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios –, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

En el caso de la infraestructura deportiva, ésta deberá satisfacer los lineamientos de construcción, acondicionamiento y rehabilitación establecidos por el Instituto, tomando en cuenta las condiciones generales de cada institución educativa y deberá atender en todo momento el desarrollo de la activación física de los estudiantes.

Para el cumplimiento del párrafo anterior, el Instituto se apoyará por la Comisión Nacional del Deporte.

Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores sociales para optimizar y elevar la calidad de la INFE, en los términos que señalan esta ley y su reglamento.

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

I. a XIX. …

XX. Establecer los lineamientos para la construcción, acondicionamiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva en los planteles educativos.

XXI. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta Ley y su reglamento, así como la Ley Federal de las Entidades Federativas.

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. a IV. …

V. El director de la Comisión Nacional del Deporte

VI. El director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México;

VII. El titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE);

VIII. El secretario técnico del Consejo Nacional de Autoridades Educativas;

IX. Tres integrantes designados por los titulares de los Ejecutivos locales, de conformidad con las reglas que se emitan para tal efecto.

El Director General, el Comisario y el titular del Organo Interno de Control, participaran en las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero no con voto.

Para el apoyo de sus funciones, la Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico quien será propuesto por el Director General.

Los integrantes de la Junta de Gobierno, contemplados en las fracciones I. a X. acreditaran ante la misma a sus respectivos suplentes, que serán de nivel jerárquico inmediato inferior, quienes fungirán como miembros en las ausencias de aquellos.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.


1 El Programa Especial de Cultura Física y Deporte 2014, define la infraestructura deportiva de la siguiente forma: “consiste en la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación, y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional. Es de interés público”.

2 http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

3 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

4 http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/tabulados-adicionales

5 http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf?ua=1





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 80 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 80 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo.

Es por ello que la efectiva observancia del principio de división de poderes supone la verdadera existencia del estado democrático y del ejercicio de las libertades.

Si bien el concepto de división de poderes nos es familiar, se trata de un muy añejo objeto de estudio. Ya en su tiempo, Aristóteles se ocupó del tema, estableciendo una clasificación en la que contemplaba la división del poder político en tres elementos: una asamblea deliberativa que discute los asuntos públicos, un cuerpo de magistrados que equivaldría al poder ejecutivo, y finalmente un cuerpo judicial.

Algunos otros pensadores como Polibio, Bodin, Tomás de Aquino o Puffendorf se ocuparon del tema. Sin embargo, la teoría moderna nace en el siglo XVII con John Locke, pensador inglés quien consideró que la división de poderes no responde simplemente a una especialización de funciones, sino a la necesidad de limitar el poder público para impedir su abuso.

Bajo tal concepción, Locke realizó una división del poder en tres ámbitos, a saber, legislativo, encargado de la elaboración de normas, ejecutivo encargado de aplicarlas, y federativo, encargado de asuntos exteriores y de la seguridad. Como puede verse, en su clasificación Locke no tomó en consideración la función jurisdiccional.

Unos años después, ya en el siglo XVIII, Montesquieu, pensador francés, retomando los postulados de Locke pero también de Aristóteles, sostuvo que la división de poderes garantiza la existencia y ejercicio de libertades.

Es precisamente Montesquieu quien en sus postulados reivindica la función jurisdiccional enarbolada por Aristóteles y posteriormente excluida por Locke, consolidándose así la doctrina de división de poderes que hoy conocemos, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Pero la relevancia histórica de los postulados de Locke y Montesquieu no solamente radica en la comprensión de la necesidad de dividir el poder público, como mecanismo para evitar el abuso que genera su concentración en un solo individuo, sino también en la utilización del propio poder público para limitarse a sí mismo.

Ello constituye el nacimiento del sistema de contrapesos, esencial en todo estado democrático en el que exista una efectiva división de poderes.

Sin embargo, la estricta separación de poderes sostenida por Locke y Montesquieu fue posteriormente matizada, entre otros por Kant y Rousseau, quienes consideraron que dicha separación no es absoluta, pues los poderes o funciones del poder son necesariamente complementarios entre sí en razón de la unidad del Estado como ente.

Según ambos, tampoco implica que uno de los poderes esté impedido para llevar a cabo ciertas funciones de naturaleza propia a la de otro poder. Por el contrario, la realización de actos materialmente distintos a la naturaleza de sus atribuciones es válida y de ninguna manera implica una invasión a la esfera de atribuciones de otro poder.

Cabe mencionar que estos son razonamientos que recoge nuestra doctrina jurídica, y han sido plasmados en una importante cantidad de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, en la historia del constitucionalismo mexicano, el principio de división de poderes la encontramos ya en la Constitución de Cádiz de 1812, producto en cierta medida de la influencia de las ideas de la Ilustración que antes habían dado origen a la Declaración delos Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, misma que influiría de manera decisiva en la Constitución de los Estados Unidos de América, la que a su vez influenció al naciente constitucionalismo latinoamericano.

Posteriormente, la Constitución de Apatzingán en 1814 (que aunque nunca entró en vigor es un texto imprescindible en la historia del constitucionalismo mexicano), el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, la Constitución Federal de 1824, las Bases Orgánicas de 1843 y la Constitución de 1857 plasmaron la división del Supremo Poder de la Federación en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consagrando también la prohibición de que dos o más de dichos poderes se concentraran en una sola persona o corporación.

Cabe señalar que en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 se introdujo además la prohibición de que el Poder Legislativo se depositara en un solo individuo.

Por otro lado las Bases Constitucionales de 1835 y las Leyes Constitucionales de 1836, también conocidas como las Siete Leyes, ambas de corte centralista, recogían el concepto de división de poderes, aunque con la inclusión del llamado Supremo Poder Conservador, facultado para anular cualquier acto emanado de los otros tres Poderes.

La Constitución Política de 1917, por su parte, retoma en su artículo 49 el texto de la Constitución de 1857 y a lo largo de su vigencia ha sufrido únicamente dos reformas que no se relacionan propiamente con la división de poderes, sino con la limitación o ampliación de facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo para legislar en caso de suspensión de garantías y en materia arancelaria.

Es así como la división de poderes, la prohibición de la concentración de dos o más poderes en una sola persona o corporación y la prohibición de depositar el Poder Legislativo en una sola persona, son principios que han estado vigentes durante la mayor parte de la vida de México como nación independiente.

Ahora bien, desde su emancipación del dominio español, nuestro país se inclinó en principio por el establecimiento de un sistema monárquico, aunque muy pronto la realidad planteó la necesidad de un sistema distinto.

Así, con la Constitución de 1824 y producto de la fuerte influencia de la Carta Magna de los Estados Unidos de América, se instauró en México el sistema presidencial, aunque no con total estabilidad. El siglo XIX se caracterizó precisamente por una permanente inestabilidad política y social derivada, entre otras cosas, de las intervenciones extranjeras y de la confrontación entre los conservadores (que propugnaban por el establecimiento de una monarquía en México) y los liberales.

Como resultado de dichas confrontaciones, el sistema presidencial se vio primero restringido con la creación del Supremo Poder Conservador en 1836, integrado por cinco miembros y facultado para anular los actos de los otros tres Poderes, y posteriormente interrumpido con la instauración de una monarquía de 1864 a 1867.

Es así como llegamos al México de la post revolución, regido por la Constitución de 1917, pero marcado por el dominio de un partido hegemónico; inmerso por completo en un sistema presidencialista exacerbado en el que los Poderes Legislativo y Judicial se encontraban sometidos a los designios del Ejecutivo. Un sistema en el que el principio de división de poderes y los contrapesos entre estos no son sino una declaración de principios sin aplicación real.

Tal ha sido la realidad de México en la historia reciente.

Ciertamente un sistema presidencial se caracteriza por el predominio del Poder Ejecutivo; el Presidente como jefe de estado y de gobierno es independiente del Parlamento. Sin embargo en nuestro país esta concepción se ha distorsionado de tal manera que los Presidentes han ejercido su poder de manera abusiva y sin limitación alguna, partiendo de la errónea concepción de que pueden hacer lo que les plazca sin limitación alguna.

El nuestro es un sistema tradicionalmente presidencialista y como bien señala Manuel González Oropeza, el predominio del Poder Ejecutivo es un hecho culturalmente aceptado, aunque en años recientes han sido cada vez más las voces que propugnan por la instauración de un sistema parlamentario.

Sin embargo, a pesar de la tradición presidencialista, debemos reconocer que la lucha contra el autoritarismo ha logrado al paso de los años una apertura democrática en la que tanto el Congreso de la Unión como el Poder Judicial se han fortalecido, a pesar de los constantes intentos regresivos tendientes a centralizar el poder público en la figura del Ejecutivo.

A pesar de ello, los mecanismos de control entre poderes establecidos en nuestra Constitución siguen sin ser suficiente ni adecuadamente ejercidos y la figura del Presidente de la República continúa siendo concebida por muchos como la de un ser omnipotente.

Por ello resulta inconcebible que nuestra propia Constitución sea origen de esta clase de ideas que exaltan a la figura presidencial, al calificar al Poder Ejecutivo como Supremo en su artículo 80.

En un México que, como ya se señaló, ha logrado importantes avances democráticos a pesar de los intentos centralistas y regresivos que en fechas recientes han cobrado fuerza, resulta inconcebible que el texto del artículo 80 de nuestra Constitución se refiera al Poder Ejecutivo de la Federación con un adjetivo que sugiere superioridad, predominio, hegemonía sobre los otros Poderes.

Considerar que el Poder Ejecutivo es un Poder Supremo, resulta una concepción obsoleta y anacrónica que no es acorde a una democracia constitucional moderna.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial desempeñan hoy un papel fundamental en la viabilidad democrática del país y por esa razón es menester que desempeñen de manera efectiva una función de control y limitación del poder público.

Por tal razón la presente iniciativa propone eliminar del texto del artículo 80 de nuestra Constitución el término “Supremo”, de manera que nuestra propia Carta Fundamental proscriba la errónea y arraigada concepción de hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los otros Poderes, concepción que resulta obsoleta incluso dentro un sistema presidencialista moderno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

Bibliografía:
● TENA RAMIREZ, Felipe; Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, 5ª ed. México, 1961.
● FIX ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador; Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Ed. Porrúa, 5ª ed. México, 2007.
VARIOS, México a través de sus Constituciones, Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 2006.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4o. Y 5o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 44 Y LA FRACCION I DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 44 Y LA FRACCION I DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS CUERPOS POLICIACOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYORES INDICES DE MARGINACION Y POBREZA, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias. Uno de los principales cimientos de la seguridad pública lo conforman los cuerpos de policía, cuya razón de ser es proteger la vida, la salud y la tranquilidad de los ciudadanos que conforman la sociedad, en otras palabras velar por el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden.

Los policías en su día a día enfrentan largas jornadas de trabajo, suspensión de días libres y vacaciones –lo que implica una serie de sacrificios y ajustes a su vida privada y familiar-, están expuestos continuamente al escrutinio público, a la crítica social y a las presiones de los medios de comunicación, e incluso hasta la muerte en el cumplimiento del deber. Y sin embargo, una parte importante de los cuerpos policiacos del país perciben sueldos realmente miserables que en nada contribuyen a mejorar las condiciones de vida de estos servidores públicos, lo que en automático debilita la función de la Seguridad Pública que el Estado debe brindar.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México un policía estatal percibe un sueldo promedio de 9 mil 250 pesos mensuales, pero la brecha entre algunas entidades es evidente, mientras un policía de Aguascalientes gana 18 mil 173 pesos, en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país recibe 3 mil 618 pesos (cinco veces menos). En 2010, el estado de Tamaulipas, registró una tasa de homicidios dolosos de 32.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que Aguascalientes tiene una tasa de 6.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Entre las entidades cuya policía estatal tiene mayores sueldos esta Baja California, con 17 mil 636 pesos; Campeche, 13 mil 234; Zacatecas, 12 mil; San Luis Potosí, 11 mil 277; Sonora, 11 mil; Jalisco, 10 mil 091; Querétaro, 9 mil 994, y Nuevo León, 9 mil 460.

Existen 15 estados que pagan salarios a sus policías por debajo del promedio nacional, 6 de estos se ubican en la región Sur Sureste de México (Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), son precisamente los Estados ubicados en esta región los que menos posibilidades tienen de realizar una mejora salarial de sus cuerpos policiales, debido al poco margen de maniobra que tienen con sus presupuestos.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y como primer punto de las cinco metas nacionales destaca “México en Paz”, el cual incluye el fortalecimiento de la seguridad pública a fin de enfrentar el grave problema de inseguridad que tiene el país.

En el mismo sentido, durante la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada en agosto de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en la estrategia de seguridad el primer punto es la prevención del delito, así como atacar las causas sociales y económicas de la violencia y el segundo elemento es aplicar una justicia eficaz.

Señalo lo anterior porque cualquier estrategia o acción que los distintos niveles de gobierno quieran aplicar para mejorar la seguridad pública del país, pasa forzosamente por el hecho de mejorar las condiciones salariales de los cuerpos policiacos. Y aquí nos encontramos con la necesidad de hacer ajustes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ya que este fondo es el principal mecanismo mediante el cual se paga el salario de los cuerpos policiacos en los Estados.

La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII, así como 44 y 45, establece la existencia y el destino de los recursos del FASP con cargo a recursos Federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como parte del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, se pública en el Diario Oficial de la Federación a más tardar los 30 días naturales, siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

El tercer párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal es donde se determina cuáles son los criterios que tiene que tomar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para establecer las formulas y variables que habrán de utilizarse para la distribución de los recursos, el texto vigente señala literalmente que dichos criterios deben ser:

“el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.”

Si verdaderamente queremos posibilitar a los estados de la región Sur Sureste de México, para que estén en condiciones de mejorar el salario de sus cuerpos policiacos, es necesario modificar el artículo 44 de la ley en cuestión, haciendo obligatorio que como parte de los criterios se consideren también los índices de marginación y pobreza de las entidades federativas.

Para complementar este enfoque de apoyo al salario de los policías de los entidades con mayor rezago, de igual manera tenemos que modificar el numeral I del artículo 45 de la misma Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 45 señala que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a:

“ I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración;”

Debe modificarse este numeral para que sea prioritaria la mejora en los ingresos de los cuerpos policiacos de los Estados con mayores índices de marginación y pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

UNICO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44.-

…..

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, así como los índices de marginación y pobreza. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Artículo 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a:

….

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración, así como a la mejora de los ingresos de los cuerpos policiacos de las entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza.”

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 4 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169, 172 numeral 2 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 14 de marzo del año dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.

La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Ahora bien, toda vez que la aplicación de las normas establecidas en la Ley Federal de Consulta Popular le corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia. Es de suma importancia realizar los cambios correspondientes en las normas relacionadas a esta Ley, para obtener una homologación en los términos y de esa manera lograr una eficiencia de mayor entendimiento para su aplicación.

Es por ello que con esta iniciativa se propone reformar los artículos 23 en su inciso r), y el artículo 67 en su inciso o) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que quede expresamente señalada en ésta, la facultad de los Presidentes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de dar el seguimiento y trámite a las peticiones de consultas que se llegaran a presentar.

Es claro precisar que la propia Ley Federal de Consulta Popular establece la participación del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, para dar inicio a los trámites correspondientes en caso de que se presenten peticiones de consultas populares. Esta participación de los Presidentes de las Mesas Directivas radica cuando las peticiones para dicho acto provengan del Presidente de la República, de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, y de los ciudadanos.

Debido a que lo anterior no se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta iniciativa tiene por objeto lograr esa homologación en las normas jurídicas que así lo requieran para lograr una perfección de la aplicación de las reformas recientemente aprobadas en materia político-electoral, y a su vez a lo establecido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa tesitura, la iniciativa tiene como finalidad concretar las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente manera:

ARTICULO 23.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

a) a q). …

r) Dar trámite y seguimiento a las peticiones de Consulta Popular conforme lo establecido en la Ley.

s) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

ARTICULO 67.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

a) a n). …

o) Dar trámite y seguimiento a las peticiones de Consulta Popular conforme lo establecido en la Ley.

p) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

Con las modificaciones planteadas, se garantizará la participación de los Presidentes de las Mesas Directivas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República para un mejor desempeño a favor de las peticiones de las consultas populares, constituyendo con ello un avance significativo en el sistema democrático de México.

Con estas reformas planteadas se tiene como principal fin atender las demandas que los ciudadanos realizan entorno a la necesidad de mejorar de los trabajos legislativos e institucionales, que se encuentran por encima de cualquier interés político y lograr con ello a su vez un perfeccionamiento en las leyes a favor de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un nuevo inciso r) recorriéndose el subsecuente, del numeral primero del artículo 23; se adiciona un nuevo inciso o) recorriéndose el subsecuente, del numeral primero del artículo 67, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 23.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

a) a q). …

r) Dar trámite y seguimiento a las peticiones de Consulta Popular conforme  lo establecido en la Ley.

s) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

ARTICULO 67.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

a) a n). …

o) Dar trámite y seguimiento a las peticiones de Consulta Popular conforme  lo establecido en la Ley.

p) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
a 4 de noviembre de 2014

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)



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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA; EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 14 de marzo del año dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.

La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Ahora bien, toda vez que la aplicación de las normas establecidas en la Ley Federal de Consulta Popular le corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia. Es de suma importancia realizar los cambios correspondientes en las normas relacionadas a esta Ley, para lograr una homologación en los términos y de esa manera lograr una eficiencia de mayor entendimiento para su eficiente aplicación.

Derivado de lo anterior resulta necesario y de suma importancia realizar los cambios respectivos al Reglamento del Senado de la República, ya que como bien lo establece la Ley Federal de Consulta Popular, las peticiones pueden ser solicitadas a cualquiera de las Cámaras.

Con esta iniciativa se propone incluir en el Reglamento del Senado de la República el procedimiento y trámite de las peticiones de consultas populares, ya que con esto se contribuirá al fortalecimiento de nuestra democracia y ofrecerá un desempeño óptimo y eficiente por parte del Senado de la República.

Es por ello que se propone adicionar un numeral tercero al artículo 118, así como adicionar los numerales segundo, tercero y cuarto al artículo 229 del Reglamento del Senado de la República. Para que al efecto señalen:

Artículo 118.

1. …

2. …

3. La Comisión de Gobernación, y en su caso con las comisiones que correspondan, según la materia de que se trate, analizarán y dictaminarán las peticiones de consulta popular, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Artículo 229

1. Son procedimientos especiales todos aquellos que realiza el Senado para el cumplimiento de sus facultades exclusivas; o el ejercicio de funciones de carácter administrativo que le corresponden, ya sea de manera unicameral o conjuntamente con la Cámara de Diputados.

2. En el caso de las peticiones de consultas populares que provengan de los ciudadanos, son facultades del Senado de la República, recibir el aviso de intención, tramitar, en su caso emitir y publicar la convocatoria correspondiente de las mismas en los términos dispuestos por la Ley Federal de Consulta Popular.

3. En el caso de las peticiones de consultas populares que provengan del Presidente de la República o de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, son facultades del Senado de la República, recibir, tramitar, dictaminar, en su caso emitir y publicar la convocatoria correspondiente de las mismas en los términos dispuestos por la Ley Federal de Consulta Popular.

4. Las reglas para la emisión del dictamen correspondiente a las peticiones de las consultas populares, serán las mismas que establece este Reglamento en sus capítulos Cuarto, Quinto y Sexto del Título Séptimo.

De esa forma se logrará que las comisiones responsables del análisis y dictaminación de las peticiones de consultas populares tengan el deber de realizar los trabajos pertinentes a fin de dar entero cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Consulta Popular.

Toda vez que el proceso para el estudio y análisis de las peticiones de las consultas populares no se encuentran regulados en el Reglamento del Senado, esta iniciativa propone incluir las facultades establecidas en la Ley encomendadas tanto al Presidente de la Mesa Directiva como a las comisiones dictaminadoras, para el trámite y desarrollo de las mismas.

Con estas reformas planteadas se tiene como principal fin atender las demandas que los ciudadanos realizan entorno a la necesidad de mejorarlos trabajos legislativos e institucionales, que se encuentran por encima de cualquier interés político y lograr con ello a su vez un perfeccionamiento en las leyes a favor de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un numeral tercero al artículo 118; Se adicionan los numerales segundo, tercero y cuarto al artículo 229; todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 118.

1. …

2. …

3. La Comisión de Gobernación, y en su caso con las comisiones que correspondan, según la materia de que se trate, analizarán y dictaminarán las peticiones de consulta popular, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Artículo 229

1. Son procedimientos especiales todos aquellos que realiza el Senado para el cumplimiento de sus facultades exclusivas; o el ejercicio de funciones de carácter administrativo que le corresponden, ya sea de manera unicameral o conjuntamente con la Cámara de Diputados.

2. En el caso de las peticiones de consultas populares que provengan de los ciudadanos, son facultades del Senado de la República, recibir el aviso de intención, tramitar, en su caso emitir y publicar la convocatoria correspondiente de las mismas en los términos dispuestos por la Ley Federal de Consulta Popular.

3. En el caso de las peticiones de consultas populares que provengan  del Presidente de la República o de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, son facultades del Senado de la República, recibir, tramitar, dictaminar, en su caso emitir y publicar la convocatoria correspondiente de las mismas en los términos dispuestos por la Ley Federal de Consulta Popular.

4. Las reglas para la emisión del dictamen correspondiente a las peticiones de las consultas populares, serán las mismas que establece este Reglamento en sus capítulos Cuarto, Quinto y Sexto del Título Séptimo.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
a 4 de noviembre de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)







 

PROPUESTAS

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo 2014. Se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE HACE UN RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN PARTICULAR, PORQUE SE PRESTA ESPECIAL ATENCION A LA CONTRIBUCION DEL TURISMO AL DESARROLLO COMUNITARIO, A FIN DE DESTACAR SU POTENCIAL PARA DAR OPORTUNIDADES A NIVEL LOCAL, COMO ES EL CASO DE NUESTROS “PUEBLOS MAGICOS”

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE ENTRE OTRAS COSAS,HACE UN RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, EN PARTICULAR, PORQUE SE PRESTA ESPECIAL ATENCION A LA CONTRIBUCION DEL TURISMO AL DESARROLLO COMUNITARIO, A FIN DE DESTACAR SU POTENCIAL PARA DAR OPORTUNIDADES A NIVEL LOCAL, COMO ES EL CASO DE NUESTROS “PUEBLOS MAGICOS”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad a datos de la Organización de Naciones Unidas, el turismo, representa el 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo. Está ampliamente reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales.

Por lo que respecta a nuestro país, la industria turística constituye una de las más importantes fuentes de ingresos. Equivale al 8.4% del PIB y genera cuando menos 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos.

Existen innumerables razones para que México se encuentre dentro de los principales destinos turísticos; en las que se invoca que:

● México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el mundo. Posee 32 destinos declarados así por la UNESCO. Tiene más de 45 mil sitios arqueológicos y los mitos e historia del mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica.

● La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO.

● Tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

● México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo, la FIL de Guadalajara.

● México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial.

● Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos.

● Cuenta con increíbles y paradisiacos destinos de playa.

Pero, para efectos del presente documento, me permito citar que México cuenta además con 83 destinos denominados “Pueblos Mágicos”, ubicados en30 estados de la República Mexicana. Se trata de lugares que han sido testigos de grandes acontecimientos del país o tienen tradiciones, leyendas y una cotidianeidad muy especial. Es una clasificación que exalta el gran potencial turístico ofrecido por las joyas de la cultura y folklor nacional.

El programa “Pueblos Mágicos” fue desarrollado por la Secretaría de Turismo para resaltar el valor turístico de las poblaciones. Este programa le agrega valor a las poblaciones que siempre han estado en el imaginario colectivo y se ofrecen como interesantes alternativas turísticas para visitantes nacionales y extranjeros.

De esta manera, la clasificación de “Pueblo Mágico” para una localidad, es un factor que impulsa su potencial turístico para que éste a su vez se constituya en elemento de desarrollo comunitario, tomando en cuenta, que es la esencia misma de la comunidad la que causa la atracción de visitantes en calidad de turistas. Dicho de otra forma, en ellos se impulsa el desarrollo comunitario a través del turismo.

Esto, a propósito de que el próximo día 27 de septiembre, como cada año, se celebra el DIA MUNDIAL DEL TURISMO, cuyo propósito es divulgar y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo. Pero para este año en lo particular, el marco de esta celebración presta especial atención a la contribución del turismo a uno de los pilares fundamentales para conseguir un futuro más sostenible para todos: el desarrollo comunitario.

Por tal motivo, el tema que se ha elegido para la celebración del Día Mundial del Turismo es “Turismo y Desarrollo Comunitario”, a fin de destacar su potencial para dar oportunidades a nivel local, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones que puedan beneficiar a sus comunidades, con el turismo como un vehículo del desarrollo sostenible.

Razones y circunstancias que evidentemente comparte nuestro país, por eso es de destacar que la Organización Mundial del Turismo (OMT), miembro asociado a Naciones Unidas, conmemorará este año en Guadalajara, Jalisco; el Día Mundial del Turismo, en cuyo marco se realizará el Congreso de Investigación Turística Aplicada, con la participación de los académicos más reconocidos a nivel mundial en el tema de Pueblos Mágicos, que reunirá a los 83 municipios de México que tienen este distintivo.

Esta será la segunda ocasión que se conmemore el Día Mundial de Turismo en México, ya que la primera vez fue en 1989 en Acapulco, Guerrero. En la agenda de trabajo se tiene contemplada la proclamación del Día Mundial de Turismo, con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai.

Así, el Gobierno de la República trabaja para mover a México y cumple con su tarea en materia de turismo; pero más reconfortante es, el que para este año con especial énfasis en el desarrollo de las comunidades. Abordando en una justa dimensión a nuestros pueblos mágicos en el contexto Internacional.

Lo que hace de este año un momento propicio para retomar con mayor auge la promoción de estos destinos, como también de aquellos que merecen el distintivo de “pueblo mágico” y aún no lo tienen, atento a la enorme riqueza histórica, arquitectónica, natural, de encanto, folklor y legendarias tradiciones de nuestro México; para así, lograr el impulso a mas lugares mágicos, con mayores recursos presupuestales con motivo de su clasificación por parte de la Secretaría de Turismo, y que en su momento ello se vea reflejado en la mejoría y desarrollo de sus propios habitantes.

Querétaro y San Luis Potosí están haciendo lo propio y ya alistan a sus candidatos a Pueblos Mágicos. Amealco, Colón y San Joaquín en Querétaro y Alaquines, Armadillo de los Infantes y Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, considerados como los pueblos con mayor potencial.

Sólo esperan las nuevas reglas que emita la Secretaría de Turismo a partir del mismo día 27 de septiembre, para competir con aquellos pueblos del resto de la república que se enlisten para participar, una vez que se emita la convocatoria correspondiente, mediante la cual se espera incorporar a 17 nuevos “pueblos mágicos” al programa.

Así las cosas, como ya se dijo, este debe ser un buen año para los mexicanos que con su extraordinaria cotidianeidad, han mantenido la esencia mágica de sus comunidades. Por ello, la propuesta de que en esta honorable Cámara de Senadores nos pronunciemos en reconocimiento al trabajo realizado por el Gobierno de la República en este tema y exhortemos a los gobierno locales a sumarse a la celebración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO, impulsando a sus comunidades susceptibles de clasificarse como “pueblos mágicos”, a participar de la convocatoria para recibir ese distintivo.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, hace patente un Reconocimiento a la Organización Mundial del Turismo (OMT), por los trabajos realizados en el marco de la celebración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, a conmemorarse el 27 de septiembre del actual, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en particular, porque se preste especial atención a la contribución del turismo al desarrollo comunitario, a fin de destacar su potencial para dar oportunidades a nivel local, como es el caso de nuestros “Pueblos Mágicos”.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, a continuar  con el énfasis que ha emprendido en la promoción de los destinos turísticos de los “Pueblos Mágicos” de México, en reconocimiento a los habitantes que con su extraordinaria cotidianeidad han mantenido la esencia mágica de sus comunidades.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas del país, a sumarse a la conmemoración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, promoviendo la incorporación y reconocimiento de sus comunidades con potencial de “Pueblo Mágico”, a efecto de aprovechar el turismo como elemento para su desarrollo.

Dado en el salón de sesiones, a 4 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una planeación sectorial integral y, a su vez, un análisis amplio de las políticas aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas, reconsiderando la adopción a la política aeronáutica de "cielos abiertos" y creando una estrategia de liberalización, a mediano y largo plazo, de los cielos mexicanos, con el propósito de fortalecer dicha industria y sea competitiva internacionalmente. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.







 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo una revisión integral de su estrategia económica y su política social, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.







 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a realizar las acciones necesarias para decretar como área natural protegida el sistema lagunar de Catazajá. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECRETAR COMO AREA NATURAL PROTEGIDA EL SISTEMA LAGUNAR DE CATAZAJA.

“El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 87 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISION  NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECRETAR COMO AREA NATURAL PROTEGIDA CON LA CATEGORIA DE AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA EL SISTEMA LAGUNAR DE CATAZAJA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De todos los países en el mundo, solo 111 se encuentran situados en los trópicos, entre ellos se encuentra México, por lo que está ubicado en el cuarto lugar de los países megadiversos.

México, junto con Indonesia, Brasil, Nigeria y Australia es uno de los países con mayor superficie de manglar1. Estos representan un ecosistema altamente productivo, con una riqueza biológica y proporcionan una gran diversidad de recursos y servicios ambientales.

Estos ecosistemas son formaciones vegetales en las que predominan distintas especies conocidas como mangles. Los árboles o arbustos poseen raíces áreas respiratorias, llamadas neumatóforos y se desarrollan en las planicies costeras de los trópicos húmedos, principalmente alrededor de esteros y lagunas costeras, cerca de desembocaduras de ríos y arroyos2.

Adicionalmente, son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos y alevines, sostienen gran parte de la producción pesquera y son utilizados como combustible. Poseen un alto valor estético y recreativo,  y actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas.

Se tienen registrados 6,331 complejos de humedales en México, que equivalen a 9´924,624 hectáreas,  y representan el 5% del territorio nacional. De estos humedales, 142 tienen la categoría de humedales Internacionales Ramsar3 (humedales de importancia internacional), entre ellos está el Sistema Lagunar Catazaja.

Los humedales declarados como sitios Ramsar obligan a los Estados declarantes y firmantes de Convenciones, como de Tratados Internacionales, a que se establezca una manejo territorial congruente con el desarrollo sustentable y refleje en la importancia de la planeación gubernamental, como una medida de política económica al invertir recursos suficientes y variados en la consolidación de estos lugares estratégicos para una economía ambiental que le apuesta a la supervivencia presente y futura a partir de la riqueza genética de cada región.

En noviembre de 2006, mediante decreto estatal4 fue declarada Area Natural Protegida sujeta a Conservación Ecológica, conocida como “Sistema Lagunar Catazaja” Su extensión territorial es de 621.00 kilómetros cuadrados que representa el 3.13% de la superficie de la región selva y el 0.82% de la superficie estatal.

Playas de Catazajá es parte de un sistema lagunar que se extiende por cuatro municipios: Playas de Catazajá, La Libertad y Palenque, en Chiapas, y Emiliano Zapata, en Tabasco. 

La dinámica hidrológica del rio Usumacinta es el que ha creado este sistema lagunar. Dicho ciclo favorece el florecimiento temporal de vegetación acuática y subacuática formándose verdaderos invernaderos y criaderos de diversas especies de peces, anfibios, reptiles y mamíferos.

El manatí es un mamífero en peligro de extinción, según la Norma Oficial NOM-059-SEMARNAT-2010, y una de las áreas más importantes para la conservación de la especie en México está en la cuenca del Grijalva-Usumacinta, la cual alimenta un importante corredor de humedales en la llanura costera del Golfo.

Esta categoría se refiere a aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

La zona donde se encuentran los manatís está ubicada en la Región Norte de Chiapas y comprende aproximadamente 16 mil hectáreas de humedales, lagunas y esteros, y en tiempo de lluvia alcanza las 24 mil hectáreas.

Desde 1995, Chiapas, ha realizado diferentes labores en favor de la conservación  del manatí, como el rescate de 17 manatíes varados en la laguna de San Juan, Palenque; la aplicación de cursos y talleres de educación ambiental en la región desde el 2000 y un seguimiento más reciente en el 2005 en los humedales de Catazajá-La Libertad como una de las áreas prioritarias para la conservación y recuperación de la especie en nuestro país.

A pesar de  estas acciones, el Sistema Lagunar Catazajá, no ha logrado monitorear en su totalidad la captura y retención de los manatíes de esta zona. Se han registrado deceso de los mamíferos, el cual se debe a la falta de alimento por el descenso que ha tenido la laguna, a consecuencia de la sequía y la pesca furtiva que se registra.

Esta especie enfrenta peligros como son las redes de los pescadores ilícitos, la contaminación del agua, la propela de las lanchas, los varamientos, el surgimiento de enfermedades infecciosas y la alteración y destrucción de su hábitat.

El Santuario del Manatí en Catazajá podría desaparecer en algunas décadas si no se toman las medidas correspondientes de protección, abastecimiento y coordinación, por lo que se debe trabajar en conjunto, tanto el gobierno federal, estatal y municipal para poder brindar mayor cuidado a esta especie.

Es necesario que las instituciones y dependencias gubernamentales se coordinen para poder trabajar en proyectos de protección a la flora y fauna de esta zona y garantizar la efectiva coordinación entre las dependencias correspondientes, así como en la inversión necesaria  para la protección y conservación de  esta especie.

Cabe destacar que no solo el manatí es una de las especies más importantes en esta zona, hasta el momento se ha reportado la existencia de cerca de 40 especies, donde según las NOM-059-SEMARNAT-2010 ha clasificado a diversas especies en protección especial, amenazada y en peligro de extinción, que a continuación se presentan:

Nombre común

Nombre científico

Estatus según la NOM-059-SEMARNAT-2010

Tortuga jicotea

Trachemys scripta

Protección Especial

Iguana verde

Iguana iguana

Protección Especial

Iguana negra

Ctenosaura similis

Amenazada

Boa

Boa constrictor

Amenazada

Pato real

Cairina moschata

Peligro de Extinción

Cigüeña americana

Mycteria americana

Protección Especial

Oso hormiguero

Tamandua mexicana

Peligro de Extinción

Nutria

Lontra longicaudis

Amenazada

Adicionalmente en el artículo 45 fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala que las áreas naturales protegidas tienen por objeto: “Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial”.

Sabemos que hoy en día el tema del medio ambiente, no es una moda, es una necesidad y por lo tanto un tema de relevancia, que debemos de afrontar y solucionar, por medio de educación ambiental, inversión, monitoreo y la coordinación entre las autoridades tanto federales como estatales y la sociedad civil.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a establecer un esquema de coordinación, colaboración y comunicación con el Gobierno del Estado de Chiapas y Estado de Tabasco y la Presidencia de los Municipios de Playas de Catazajá, La Libertad y Palenque, en Chiapas, y Emiliano Zapata, en Tabasco, a fin de implementar las acciones necesarias para proteger los ecosistemas, flora y fauna silvestre localizada en el Sistema Lagunar de Catazaja, con atención especial a la conservación del manatí.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a realizar los estudios necesarios para declarar el Sistema Lagunar de Catazaja como Area Natural Protegida con la categoría de Protección de Flora y Fauna.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para que en el ámbito de su competencia, promueva la participación de los habitantes, propietarios, gobiernos locales y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, a fin de declarar el Sistema Lagunar de Catazaja como Area Natural Protegida con la categoría de Protección de Flora y Fauna.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
a 4 de noviembre de 2014

Atentamente

Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

1 FAOa. 2007. The world´s mangroves 1980-2005. Nations Forestry Paper 153, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.  FAOb. 2007. Los manglares de América del Norte y de América Central 1980-2005. Informes nacionales. Forest Resources Assessment Programme. Working Paper 137, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.

2 CONABIO. Manglares de México, Extensión, Distribución y Monitoreo, 2013, México.

3 http://ramsar.conanp.gob.mx/

4 Periódico Oficial Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Decreto No. 431. 3 de noviembre de 2006





 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Manuel Bartlett Díaz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Avila, Martha Palafox Gutiérrez y Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrogar el Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ABROGAR EL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISION PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN.

“JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; MANUEL BARTLETT DIAZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DAVID MONREAL AVILA, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, Y LAYDA SANSORES SAN ROMAN por el partido del trabajo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 69, 76 fracción v y 124 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; así como de los artículos 8°, 1 fracción ii, 95, 2, 164, 169, 171 y 172 del reglamento del senado de la república; solicitamos respetuosamente a esta h. asamblea se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, PARA QUE ABROGUE EL DECRETO INCONSTITUCIONAL POR EL QUE SE CREA “LA COMISION PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN”, al tenor del siguiente punto de acuerdo.

CONSIDERACIONES

I. Federalismo

La competencia de los gobiernos estatales en México tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se complementa por sus propias constituciones.

Esta organización política se sustenta en el Federalismo, una técnica constitucional que divide la competencia entre distintos niveles de gobierno. Generalmente, los niveles básicos son el gobierno federal y los estados miembros que forman la federación. Sin embargo, algunos sistemas políticos, como el nuestro, incluyen un distrito federal y municipios. En este tipo de organización  algunas facultades son exclusivas del gobierno federal o del estatal y otras son concurrentes.

Dentro de esta fórmula, todos los poderes no otorgados al gobierno federal simplemente son reservados a los estados o al pueblo.

II. Violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

PRIMERO.-

La Ordenanza del 14 de enero de 2014 –publicada el 15 de ese mes y año en el Diario Oficial de la Federación- denominada: “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán”, infringe diversas disposiciones constitucionales.

Respecto a las atribuciones de los Estados y Municipios las violaciones son las siguientes:

Artículos 40 y 41

1. Se viola la forma federal del Estado, consagrada en los artículos 40 y 41 de la Constitución, mismos que confieren a las entidades federativas soberanía en el ejercicio del poder público en sus respectivos ámbitos territoriales, en el caso de 113 municipios. Y conceden autonomía de decisión y de gobierno como partes integrantes del Estado federal.

El Ejecutivo Federal creó en ese Decreto a una autoridad intermedia entre la Federación, los Estados y los Municipios que no está prevista en la Constitución, es decir, la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, constituye un cuarto nivel de gobierno que carece de todo sustento constitucional, por tanto,  invade los espacios de soberanía, autonomía y libertad del Estado de Michoacán y sus municipios.

Artículo 124

2. Se trasgrede el artículo 124 de la Constitución porque las facultades no conferidas expresamente a los poderes federales corresponden a las autoridades estatales y municipales.  Ninguna disposición de la Constitución confiere atribuciones ni expresas ni implícitas al Ejecutivo Federal para constituir un cuarto nivel de gobierno. 

Artículos 115 y 116

3. Se violan los artículos 115 y 116 que confieren a los municipios y a los Estados atribuciones expresas en materia de seguridad pública en el ámbito territorial que les corresponde.

Respecto a las comunidades indígenas

Artículos 2° y 133 

Así mismo, se violan los artículos 2° y 133 por lo que se refiere a derechos de los pueblos indígenas en su libre autodeterminación que se debe ejercer en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. La  autoridad federal no puede invadir en condiciones ajenas al procedimiento de suspensión de garantías competencias que corresponden a las autoridades locales comunitarias.

SEGUNDO.-  

Artículos 41 y 116

El Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en franca violación a los artículos 41 y 116 con las diversas decisiones que pasan por encima de la soberanía estatal, no sólo en materia de seguridad pública, invade competencias de los tres poderes del Estado de Michoacán y de sus municipios, por tanto, suple facultades exclusivas del Gobernador, entre otras.

Por ejemplo, impone nombramientos de los secretarios del despacho local, tales como el Procurador,  el Secretario de Seguridad Pública y Defensas Rurales que competen al fuero militar.

Participa en las decisiones del Congreso Local como si fuese diputado y tuviese la representación popular derivada de la unción  del voto ciudadano.

Convoca y reúne a jueces y magistrados locales trastocando la independencia judicial. 

Adopta decisiones de los municipios del Estado, principalmente en los que pertenecen a la región de Tierra Caliente.

Calificarlo como Virrey no constituye una expresión ligera ni superficial, pues Castillo Cervantes está por encima de los poderes públicos del Estado de Michoacán y de las autoridades municipales.

TERCERO.-

Respecto a las facultades del Senado de la República

Artículos 76 y 119

La aprobación del Decreto que crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán constituye además una violación al artículo 76, fracciones V y VI de la Constitución en relación con el artículo 119 de la Carta Magna.

En caso de trastorno interno en una entidad federativa, los procedimientos especiales de intervención federal, no están conferidos exclusivamente al Ejecutivo sino a los Poderes de la Unión, tal como indica el primer párrafo del artículo 119 constitucional.

El Senado como Cámara Federal tiene atribuciones para la  desaparición de poderes y en los procedimientos para atender y resolver las cuestiones políticas al interior de los Estados, tal cual está previsto en el artículo 76 fracción V como una facultad exclusiva del Senado de la República.

El Senado de la República no ha participado en procedimiento formal alguno de intervención federal y, por tanto el Ejecutivo Federal carece de competencias para crear un cuarto nivel de gobierno en el Estado de Michoacán.

Referente a las facultades exclusivas del Presidente de la República

Artículo 89

El Ejecutivo Federal carece de facultad para disponer a su arbitrio de las fuerzas armadas, artículo 89 fracción VI de la Constitución y ordenar su intervención en el Estado de Michoacán, sin haber satisfecho los procedimientos de intervención federal de carácter excepcional que establece la Constitución en el artículo 29.

CUARTO.-

Referente a la Seguridad Pública y el uso de las Fuerzas Armadas 

Artículos 21 y 129

Se violentan los artículos 21 y 129 de la Constitución porque las fuerzas armadas no tienen competencias en materia de seguridad pública.

La seguridad pública es una función exclusiva de las autoridades civiles como reza el artículo 21 constitucional. 

Las facultades de auxilio que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varias jurisprudencias, a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública,  siempre deben ser secundarias y estar subordinadas a las determinaciones de las autoridades de seguridad pública de carácter civil en los respectivos ámbitos territoriales.

En el Estado de Michoacán y en general en toda la República, las fuerzas armadas inconstitucionalmente desplazan y sustituyen a las fuerzas civiles de seguridad pública en las tareas de combate al crimen organizado y a la delincuencia común.

QUINTO.-

Referente a las facultades del Congreso para crear empleos

Artículos 73, 74 y 126

El Decreto del Ejecutivo Federal que creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, violenta la competencia del Congreso de la Unión.  De acuerdo con el artículo 73 fracción XI de la Constitución en relación con los artículos 74 fracción IV y 126 de la misma, el Congreso tiene facultad para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.

La institución de la Comisión y su estructura implica la creación de plazas y de presupuestos anexos que no han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, ni los gastos fueron autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En otras palabras, se están ejerciendo recursos públicos inconstitucionalmente, sin que las nuevas plazas fueran autorizadas por el Congreso de la Unión y sin que la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, haya aprobado esas erogaciones presupuestarias. 

SEXTO.-

Referente a los estados de excepción y la Soberanía

Artículo 29 y 40

La actuación del Ejecutivo Federal en Michoacán y de su Comisionado Alfredo Castillo Cervantes implica un estado de excepción que no ha sido declarado constitucionalmente en los términos del artículo 29 de la Carta Magna.

El Ejecutivo Federal y el Comisionado para Michoacán violan no sólo el Pacto Federal, nuestra Constitución, sino que con sus conductas alteran la forma de gobierno democrático, republicano, federal y de Estado como lo contempla el artículo 40 de la Constitución General: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Por tanto, estamos en presencia de un golpe de Estado que es inaceptable en el marco del Estado de Derecho.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETEMOS  A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en pleno respeto a la división de poderes abrogue el  “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán” publicado el 15 de enero de 2014.

Y exigimos el inicio de los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que han socavado el texto constitucional atentando a la soberanía del Estado de Michoacán de Ocampo, con la aprobación, expedición y ejecución del citado Decreto”.

Sen. Javier Corral Jurado”.





 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de salud a la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD A LA ELABORACION DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL CANCER GASTRICO.

"MONICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 103 numeral 2, fracciones III y numeral 3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y aprobación, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD, A LA ELABORACION DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL CANCER GASTRICO; Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE COORDINE PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION, FOMENTO Y REGULACION SANITARIA, Y SERVICIOS DE SALUD PARA LA ERRADICACION DEL CANCER GASTRICO EN EL ESTADO, conforme a la siguientes:

CONSIDERACIONES

El presente punto de acuerdo tiene como objeto atender de manera técnica un problema de salud pública que no se ha discutido, estudiado y tratado, en nuestro país, de manera suficiente de acuerdo a la proporción de las consecuencias negativas que han afectado a la sociedad, estableciendo los criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico.

El cáncer gástrico se ha colocado, a lo largo de un extenso periodo de tiempo, dentro de los primeros tres lugares a nivel mundial de mortalidad, en cuanto a neoplasias se refiere.

Según GLOBOCAN, un proyecto que tiene por objeto proveer estimados de la incidencia, mortalidad y prevalencia de diferentes tipos de cáncer a nivel mundial, en 2008 el cáncer de estómago es el cuarto más frecuente en hombres y el quinto más común en mujeres, teniendo un acrecentamiento en años posteriores.

En el mismo sentido, este proyecto arroja un dato que vincula, de manera importante, a los grupos de mayor pobreza con este tipo de cáncer, ya que en el 2008 el 72.2% de casos registrados se produjeron en países en vías de desarrollo, a diferencia de países desarrollados.

Diversos estudios médicos y sociales no sólo colocan al cáncer gástrico dentro de los primeros tres lugares de mortalidad mundial por cáncer, sino una de las principales causas de muerte en lo general; se habla de aproximadamente 700,000 muertes cada año, cifra que denuncia, de manera evidente, una carencia de atención concomitante a las consecuencias y las crecientes cifras.

Aterrizando las estadísticas y los diferentes datos que arrojan los estudios a nivel nacional, la preocupación aumenta. Las cifras que debemos analizar muestran una especial incidencia de ésta neoplasia en nuestro país, especialmente, en los sectores de mayor pobreza.

La magnitud de este padecimiento es tal, que se ha constituido como la primera neoplasia maligna del tracto digestivo en México.

La publicación Digestive Disease Week, que se realizó en Estados Unidos en el año 2011, integrada por tres de las bases de datos más relevantes para determinar la epidemiología del cáncer en cuestión, arroja datos relevantes en el estudio de ésta neoplasia.

Dicha publicación proyecta que la afectación se presenta con mayor frecuencia en hombres y en sujetos de raza distinta de la blanca. A su vez, los autores indican como factor de riesgo la exposición a la bacteria Helicobacter pylori, la cual crece en la capa mucosa que recubre el interior del estómago humano.

Esta bacteria en forma de espiral, tiene ciertos elementos que le permiten subsistir en el entorno difícil del ácido contenido en el estómago. La bacteria contiene una enzima llamada ureasa, la cual convierte la urea química en amoniaco. Asimismo, la forma en espiral de ésta bacteria, permite penetrar la capa mucosa, la cual es menos ácida que el lumen del estómago, adhiriéndose, a su vez, a las células que revisten la superficie interna del estómago.

El peligro de ésta bacteria a través del tiempo, ha establecido medios de interferir en las reacciones inmunitarias locales, lo que las hace ineficaces en su eliminación.

Un estudio epidemiológico en Turín, Italia, de más de 38,000 pacientes con dispepsia y evaluados para infección por Helicobacter pylori documentó que la prevalencia de esta infección decreció de 36% a 32% entre 1997 y 2008, con un decremento paralelo en la incidencia de Cáncer Gástrico en la misma población entre 2000 y 2008 de 0.0143% a 0.0089%. Los realizadores del estudio concluyeron que es necesario buscar y erradicar la bacteria como medio para reducir la incidencia del Cáncer Gástrico.1

En el mismo sentido, entre los factores de riesgo identificados en un estudio en Finlandia, se encontró un nexo entre los bajos niveles de ghrelina (hormona producida en las glándulas oxínticas del estómago y vinculada con la regulación del apetito) con riesgo incrementado de este tipo de neoplasia, así como de la unión esofagogástrica.

Dentro de la comunidad médica se ha comprobado que el pronóstico más favorable para tratar este cáncer, se da por su detección temprana mediante estudios de escrutinio, por lo que éstas medidas deben de ser contempladas en la realización de la Norma Oficial Mexicana que se solicita en el presente punto de acuerdo.

La endoscopia es actualmente, el estándar reconocido por los médicos para un correcto diagnóstico del cáncer gástrico; sin embargo, existen otros métodos de utilidad como el análisis de metilación aberrante del DNA en dos genes en lavado gástrico como un método para el diagnóstico temprano.

Los factores de riesgo en la formación de este cáncer, según los reportes médicos arrojados por los estudios, se dividen en factores demográficos/ambientales, factores biológicos y hereditarios.

Entre los primeros se encuentran: la edad avanzada, el género, la alimentación pobre en frutas y verduras, la alimentación alta en sal o comidas ahumadas o en conserva y el tabaquismo.

Dentro de los factores biológicos están: la infección por la bacteria Helicobacter pylori, metaplasia atrófica crónica, la anemia perniciosa, y los póliposadenomatosos gástricos.

Entre los factores hereditarios permanecen: los antecedentes familiares de cáncer de estómago, enfermedad de Ménétrier, la poliposisadenomatosa familiar, y la mutación CDH1. 2

Regionalmente por ejemplo, Chiapas tiene como principal causa de muerte por cáncer, el cáncer gástrico y una de nuestras mayores preocupaciones es que cada vez se detecta a edades más tempranas; así lo declaró en una entrevista el otrora Secretario de Salud del Estado, James Gómez Montes en el año 2010.

El cáncer gástrico es el que encabeza la lista de neoplasias malignas en el estado, seguido del cervicouterino y el de mama. De acuerdo a esa entrevista, la estadística oficial de 2011 indica que en Chiapas mueren cada año 2 mil 300 personas por cáncer. Las regiones más afectadas, según la información obtenida en el transcurso de un periodo de 10 años de análisis, se ubican especialmente en la zona Costa, Comitán, Tzimol y Villa Las Rosas.

Quiero enfatizar que dentro nuestro país, con una variabilidad geográfica diversa que influye en la afectación de ésta neoplasia, Chiapas tiene la mortalidad más alta con una tasa de 6.4 por 100 000 habitantes.

El procedimiento adecuado para el tratamiento del cáncer gástrico ha sido materia de un sinnúmero de estudios y análisis, habiendo diversas opiniones médicas al respecto.

La revista de Gastroenterología de México, órgano oficial de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, publicada en el año 2011, incluye un artículo por Heriberto Medina-Francoa en donde establece lo siguiente:

"El único tratamiento con potencial curativo para Cáncer Gástrico es la resección, la cual puede ser endoscópica en casos de CG incipiente o quirúrgica en la mayor parte de los pacientes. En relación con las medidas quirúrgicas, la aparición de la tecnología de mínima invasión se ha explorado casi exclusivamente en países orientales.

Un estudio presentado en la DDW del centro médico City of Hope en Duarte, California, notificó los casos de 75 gastrectomías laparoscópicas (17 totales, 44 distales, seis proximales y ocho en cuña), de las cuales 60 fueron por CG entre noviembre del 2004 y diciembre del 2010. No se registraron conversiones, el tiempo quirúrgico promedio fue de 350 min, la pérdida sanguínea de 200 ml (10 – 1,000 ml) y la estancia hospitalaria de siete días. El mismo grupo presentó en la SSO un grupo más homogéneo de 38 pacientes con CG sometidos a gastrectomía distal laparoscópica, con tiempo quirúrgico de 379 min, estancia hospitalaria de seis días con morbilidad y mortalidad de 11% y 0%, respectivamente. La sobrevida a tres años fue del 69% y se concluyó que la técnica es factible y segura.

Resultados similares informó el grupo del Hospital Lennox Hill en Nueva York de gastrectomías laparoscópicas (22 [56.4%] por CG). En conclusión, la técnica es factible pero sus ventajas muy marginales. En relación con el tratamiento neoadyuvante, un estudio del Memorial de Nueva York presentado en la SSO notificó que de 2,676 individuos sometidos a gastrectomía por CG, 714 (27%) recibieron tratamiento neoadyuvante y de éstos 60 (8%) presentaron respuesta patológica completa. De este grupo, el 23% sufrió recurrencia, 93% dentro de los dos primeros años de seguimiento y 42% en el sistema nervioso central, lo cual es un patrón raro de recurrencia en CG; la sobrevida a cinco años del total de pacientes con respuesta patológica completa fue de 56%.

Resultados contradictorios publicaron dos trabajos presentados en la SSO en relación con la utilidad de la radioterapia (RT) adyuvante en CG: mientras que un estudio del Fox Chase Cancer Center de Pacientes señaló que la RT no incrementa la tasa de respuesta patológica completa ni la sobrevida, pero sí las complicaciones en comparación con la quimioterapia perioperatoria; un estudio poblacional basado en el registro SEER de 16,997 pacientes (20% recibió RT) documentó mejoría en sobrevida global (HR, 0.67) y libre de enfermedad (HR, 0.69) independientemente del tipo de linfadenectomía. Ambos estudios tienen fortalezas y debilidades, aunque su naturaleza retrospectiva hace difícil inferir conclusiones definitivas.

Por último, en cuanto al tratamiento, un estudio italiano con líneas celulares de CG implantadas en el peritoneo de ratones demostró que la quimioterapia hipertérmica es profiláctica para impedir la implantación celular y documentaron su mecanismo molecular y actividad sobre varios sitios genéticos relacionados con adhesión celular. Esta técnica tiene potencial como profiláctico de la carcinomatosis en pacientes con CG avanzado.

Dentro de la misma discusión en la alta frecuencia de lesiones precursoras de cáncer gástrico asociadas a Helicobacter pylori y respuesta al tratamiento en Chiapas, México, la Gaceta Médica de México en el año 2001, publicó un estudio que estableció lo siguiente:

"A seis semanas de aleatorización, 70% de las personas en el grupo de tratamiento activo (100 de 143) fueron negativas para H. pylori en comparación con 4% del grupo placebo (5 de 138), P<0.0001."

Con base en el análisis-de-intención-suero o histología positivo para H. pylori en primera endoscopia, la frecuencia de erradicación fue de 70.0% (62.2 - 77.8, 95% de intervalo de confianza) en el grupo de tratamiento activo y de 3.6% (0.5 - 6.7) en el grupo placebo; P<0.0001.

Los resultados por-protocolo -suero e histología positivos para H. pylori en primera endoscopía- revelaron eliminación del H. pylori en 100 de 131 personas, 76.3% (69.0-83.6) en el tratamiento activo, y 5 de 120, 4.2% (0.6 - 7.8) en el grupo control.

La adherencia terapéutica fue excelente. Más del 90% de los participantes ingirieron el 95% del tratamiento asignado. Los eventos secundarios fueron menores, los más frecuentes: diarrea (17% & 10% tratamiento & placebo, P=0.17) y mal sabor de boca (78% & 30%, P=0.001). No se observaron eventos adversos serios.

Como se puede distinguir de la información anteriormente presentada, existe un alto nivel técnico requerido para emprender las acciones necesarias que den un paso concreto en la erradicación de éste tipo de cáncer. Aunado a lo anterior, la urgencia que exige ésta problemática de salud pública es evidente, y nos obliga a promover acciones específicas de manera expedita. Así, normas técnicas, como lo son las NOMs, han derivado en resultados positivos en casos similares como sucedió con el cáncer de mama.

Por todo lo anteriormente fundamentado, es que propongo a ésta honorable asamblea un Punto de Acuerdo que exhorte a las dependencias competentes –de las cuáles se señalan las imprescindibles-, para investigar, analizar y elaborar una Norma Oficial, con el propósito de acelerar las acciones urgentes en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de una de las neoplasias que más agravia a la población.

En ese tenor, solicito un segundo exhorto para que, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas enfoque un esfuerzo manifiesto en la coordinación de programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y servicios de salud para la erradicación del cáncer gástrico en el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de las autoridades correspondientes, dentro de las cuales deberán estar, por lo menos, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Salud Reproductiva, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la Dirección General de Promoción de la Salud, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Hospitales, la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Perinatología, y el Instituto Nacional de Salud Pública, emitan, en estricto apego a la legislación en la materia, una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del Cáncer Gástrico.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, para que coordine programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y servicios de salud para la erradicación del Cáncer Gástrico en el Estado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo".

1 Revista de Gastroenterología de México 2011.
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90025274&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=288&ty=101&accion=L&origen=gastromexico%20&web=www.revistagastroenterologiamexico.org/&lan=es&fichero=288v76nSupl.1a90025274pdf001.pdf

2 Oncología, Guías Diagnósticas. Acuña Tovar, Manuel. Ed. 2013





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se sugiere al titular del Poder Ejecutivo Federal efectuar las acciones pertinentes para la implementación de un programa de entrega de bicicletas a estudiantes de los niveles secundaria y bachillerato, principalmente a aquéllos que por motivos de traslado se ubiquen en situación de riesgo de deserción escolar. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUESUGIERE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENTREGA DE BICICLETAS A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES SECUNDARIA Y BACHILLERATO, PRINCIPALMENTE A AQUELLOS QUE POR MOTIVOS DE TRASLADO SE UBIQUEN EN SITUACION DE RIESGO DE DESERCION ESCOLAR, ADEMAS DEL IMPLEMENTADO PARA LA ENTREGA DE “TABLETS”.

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUESUGIERE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENTREGA DE BICICLETAS A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES SECUNDARIA Y BACHILLERATO, PRINCIPALMENTE A AQUELLOS QUE POR MOTIVOS DE TRASLADO SE UBIQUEN EN SITUACION DE RIESGO DE DESERCION ESCOLAR, ADEMAS DEL IMPLEMENTADO PARA LA ENTREGA DE “TABLETS”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

En nuestro país ha tenido avances importantes, ya en su cobertura como en aumentar la escolaridad promedio de su población, pese a su enorme dimensión y carga demográfica. No obstante, aún enfrenta grandes retos en términos de acceso y retención.

A pesar de la existencia de una plataforma del gobierno federal que trabaja en distintos ámbitos para que los jóvenes sean retenidos en el sistema educativo, la deserción escolar sigue siendo un problema lamentable.

Por dar algunas cifras, la Secretaría de Educación Pública reportó que más de un millón de alumnos abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar 2012-2013. Por lo que respecta a educación básica, con las siguientes:

Primaria: de los 13.526.632 niños que comenzaron los cursos durante el ciclo escolar 2012-2013, 81,159 dejaron de estudiar.

Secundaria: Comenzaron el período escolar más de 5.8 millones de jóvenes, dentro de los que 309,217 no culminaron.

Bachillerato: La matrícula inicial fue de 3.3 millones de estudiantes, no obstante, el 14.5% de ellos abandonó los cursos. Fue en este nivel que se registraron los niveles de deserción más altos.

Las causas más comunes que de las encuestas se advierten, son la falta de recursos económicos, motivos familiares, apatía, enfermedad, accidente o discapacidad. La mayor concentración del abandono escolar se registra en las grandes ciudades y las zonas rurales de alta pobreza, lo que deja en evidente que el factor económico incide gravemente, y que aún en las demás causas de deserción, también existe cierta incidencia de la carencia económica.

En las zonas rurales, más que en las urbanas, se añade un motivo más de la deserción, que es el atribuible a la falta de transporte escolar, ante las distancias de las escuelas respecto de los hogares de los jóvenes. Una vez más incide el factor económico en esta causa de deserción, dado que aún ante la existencia de transporte, el factor económico redunda además de en los materiales, también en los traslados.

El gobierno federal realiza grandes esfuerzos para tratar de mantener a los estudiantes en sus aulas, por lo que implementa diversos programas y acciones con el propósito de estimular el desempeño y la permanencia escolar, por citar algunos, como los siguientes: Se fortaleció los programas de becas, el de Escuela Segura, de Comedores Escolares, Escuelas de Tiempo Completo, se implementaron servicios de atención médica, psicológica, trabajo social y prevención de adiciones, entre otros. En el caso de comunidades indígenas, mediante el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, se brinda alimentación, hospedaje y actividades extraescolares mediante albergues escolares indígenas. En algunas entidades federativas, los gobiernos locales implementan además subsidios al transporte.

Un programa bastante loable, es el que ha iniciado con la entrega de “tablets” a estudiantes en seis entidades del país, como parte del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, que inició en 2013, para que los sectores más desfavorecidos de la población se incorporen a la cultura digital.

No obstante, para el asunto abordado en el presente documento, el de la falta del transporte o las implicaciones de sus costos, considero oportuno que además pudiera obsequiarse a los jóvenes una bicicleta, principalmente de los niveles de secundaria y bachillerato, que reportan los índices más altos de deserción y donde con mayor énfasis pudiera incidir esta causa de abandono de aulas, principalmente en las zonas rurales del país.

De esta manera, además de contribuir a cerrar camino a la deserción escolar por causa de las distancias y los costos de traslado, se estaría contribuyendo enormemente a fomentar el uso de los medios alternativos de transporte no motorizados. Esto tendría efectos favorables no sólo en materia educativa y de movilidad, sino en la salud y economía de las familias de los jóvenes estudiantes que realizan enormes esfuerzos para que sus hijos cursen sus estudios.

Ya en más de una ocasión se ha implementado este tipo de programas, por ejemplo, en el estado de Jalisco, con la entrega de bicicletas a estudiantes de secundaria y preparatoria que viven en municipios que no pertenecen a la zona conurbada de Guadalajara, con la finalidad de ayudar a la economía familiar y con el propósito de apoyar a los estudiantes que por razones económicas o de transporte sean susceptibles de no continuar sus estudios.

Con la anotación, que si bien es cierto que esta causa de deserción escolar es más recurrente en la zona rural, no implica que entregar bicicletas en las zonas urbanas no sea un excelente paliativo a los impactos económicos del transporte de los estudiantes. Razón por la cual, la propuesta en concreto es la sugerencia de implementación de un programa de entrega de bicicletas a estudiantes, principalmente de aquellos que por motivos de traslado se ubiquen en situación de riesgo de deserción escolar; además del implementado para la entrega de “tablets”.

Propuesta que resulta además, congruente con el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.

Estrategia 3.1.5.

Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.

Estrategia 2.5.1. (…)

Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República sugiere respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, efectuar las acciones pertinentes para la implementación de un programa de entrega de bicicletas a estudiantes de los niveles secundaria y bachillerato, principalmente a aquellos que por motivos de traslado se ubiquen en situación de riesgo de deserción escolar, además del implementado para la entrega de “tablets”.

Lo anterior, como una medida de apoyo a la economía de las familias, contribuir a evitar la deserción escolar por causa de las distancias y los costos de traslado y fomentar el uso de los medios alternativos de transporte no motorizado.

Dado en el salón de sesiones, a 4 de noviembre de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación a explicar la metodología de la contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el gasto de inversión física, que permita comprender el diferencial existente respecto de los datos publicados por INEGI; asimismo, realizar una auditoría especial al gasto que realizan los estados y municipios, en razón de los recursos federales destinados a infraestructura. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A EXPLICAR LA METODOLOGIA DE LA CONTABILIDAD DEL GASTO PUBLICO, CON ESPECIAL ENFASIS EN EL GASTO DE INVERSION FISICA, QUE PERMITA COMPRENDER EL DIFERENCIAL EXISTENTE RESPECTO DE LOS DATOS PUBLICADOS POR INEGI; ASIMISMO, REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL AL GASTO QUE REALIZAN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN RAZON DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA.

FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A QUE EXPLIQUE LA METODOLOGIA DE LA CONTABILIDAD DEL GASTO PUBLICO, CON ESPECIAL ENFASIS EN EL GASTO DE INVERSION FISICA, QUE PERMITA COMPRENDER EL DIFERENCIAL EXISTENTE RESPECTO DE LOS DATOS PUBLICADOS POR INEGI; ASI MISMO, REALICE UNA AUDITORIA ESPECIAL AL GASTO QUE REALIZAN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN RAZON DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan el comportamiento de la inversión, el consumo, las exportaciones e importaciones en lo que va del año, lo cual permite esbozar una conclusión del bajo crecimiento económico en nuestro país, y se lo debemos a  un nivel de consumo privado muy bajo y a una inversión pública escasa.

La inversión pública se canaliza a la producción de bienes que no se producen en la industria privada y cuya producción es fundamental para reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de los bienes producidos en nuestro país.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un incremento en las partidas de inversión física, en donde inexplicablemente la obra pública no se refleja en las cuentas nacionales que mide el INEGI.

Aunado a lo anterior, debo mencionar que en el último reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado se señala que “ La construcción de obras de ingeniería civil, que se refiere principalmente a obras de infraestructura, se mantiene con tasas negativas, lo cual es preocupante puesto que contradice lo que han venido afirmando las autoridades hacendarias en cuanto al dinamismo con que se está ejerciendo el gasto público en general, pero en especial el relacionado con la inversión física, que de acuerdo con los resultados de las finanzas públicas, en julio creció a una tasa anual de 16.4% real y en el periodo enero-julio 28.9%. La preocupación se fortalece cuando se observan los resultados de las cuentas nacionales, en los que se reportó que en la primera mitad del año la inversión pública se contrajo a un ritmo anual de 8.4%” lo anterior resulta inexplicable ya que por un lado la Secretaria de Hacienda reporta que sube el gasto en inversión pero bajan las inversiones públicas según mediciones del INEGI.

El economista Jonathan Heath, habla de dos posibles hipótesis:

“El gasto que reporta SHCP en su reporte mensual de finanzas públicas abarca sólo el gasto federal, mientras que las cuentas nacionales incorporan el gasto público total, es decir, además del Federal incluye el de los estados y municipios. Lo anterior nos lleva a una primera hipótesis: la SHCP ha repartido recursos a los estados y municipios por lo que ya lo apuntaron como gasto, pero resulta que ya ha sido una simple transferencia a los fondos locales, que todavía no se ejerce en obras físicas. Esto pudiera ser parte de la explicación, pero resulta difícil creer que los gobiernos locales no han aprovechado el recurso transferido”.

La segunda hipótesis es que el gasto público simplemente no tiene mucho valor agregado. El hecho de que no pinta en las cuentas nacionales es porque es un gasto ineficiente, plagado de corrupción, burocracia y programas de nulo impacto sobre la actividad económica.”

Esta última hipótesis también la menciona el CEESP en su reporte en donde señala que “si bien la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reporta como ejercido el gasto en inversión física, no se refleja en la inversión total, lo cual puede fortalecer la percepción de la ineficiencia que prevalece en el ejercicio del gasto público”.

De lo anteriormente señalado se puede decir que la explicación más convincente del diferencial existente en las cuentas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el INEGI  respecto del gasto público en inversión física la proporciona el economista Heath de la cual se pueden mencionar dos posibles explicaciones de este fenómeno:

1. Puede ser que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya esté contemplando el crecimiento del gasto en su contabilidad, sin embargo, lo anterior no garantiza que los recursos hayan sido transferidos de manera oportuna. Debo mencionar que recientemente la Federación Nacional de Municipios y la Asociación Nacional de Alcaldes denunciaron retrasos en la entrega de los fondos federales. Dicho retraso de la Secretaría de Hacienda puede provocar que las autoridades municipales no puedan ejercer dichos recursos para obras.

2. El Gobierno Federal está aplicando una política keynesiana que consiste en creer que el gobierno es el único agente económico capaz de generar crecimiento.

De lo anterior se desprende que el Gobierno está gastando de manera ineficiente, y/o existen actos de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos en infraestructura, sobre todo en las partidas destinadas a los estados y municipios.

El Fondo Monetario Internacional señala que “incrementar la eficiencia de la inversión pública es crucial para cosechar todos sus frutos. Por lo tanto, una prioridad fundamental para las economías cuya inversión pública es relativamente poco eficiente debería consistir en elevar la calidad de la inversión en infraestructura mejorando el proceso de inversión pública, entre otros aspectos, mejorando la evaluación, selección y ejecución de los proyectos, y efectuando análisis rigurosos de costos y beneficios.

Así, por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a que remita un informe detallado a la brevedad, en donde explique la metodología de la contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el gasto de inversión física, que permita comprender el diferencial existente respecto de los datos publicados por INEGI.

Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la  Auditoría Superior de la Federación, para que en el ejercicio pleno de sus atribuciones realice una auditoria especial al gasto que realizan los Estados y Municipios, en razón de los recursos federales destinados a infraestructura.

Tercero.- En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se instrumenten los acuerdos y medidas necesarias para efecto de transparentar los recursos destinados a infraestructura.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de América a poner en libertad a los ciudadanos cubanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A PONER EN LIBERTAD A LOS CIUDADANOS CUBANOS.

“La suscrita C. Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A PONER EN LIBERTAD A LOS CIUDADANOS CUBANOS:

CONSIDERACIONES

A lo largo de distintas Legislaturas del H. Congreso de la Unión, se han aprobado sendos Puntos de Acuerdo respecto de la demanda por la libertad de los cinco ciudadanos cubanos detenidos injustamente en cárceles de los Estados Unidos de América, totalmente violatorio de sus derechos humanos más elementales y contrario a la normatividad del Derecho Internacional.

En 2013, a propósito de los 15 años de injusto encarcelamiento de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y de Fernando González LLort y René González Sehwerert, éstos dos últimos ya en libertad, se presentó una Punto de Acuerdo ante esta soberanía con el fin de hacer un respetuoso llamado a las autoridades competentes del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América para que atendiesen la Opinión No. 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como el Pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del Derecho Internacional y el Debido Proceso, que lamentablemente sigue pendiente de dictaminación en la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina.1

En dicho Punto, el Senado se pronunciaba por solicitar respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, para que por razones humanitarias y en estricta justicia, utilizase la atribución legal que le otorga la Constitución de su propio país, para que determinara la inmediata liberación de dichos ciudadanos cubanos.

Cabe señalar que en el año 2012 se presentó un Punto de Acuerdo relacionado con la liberación de los ciudadanos cubanos presos injustamente, el cual después de su análisis en la Comisión de Relaciones Exteriores fue aprobado el 22 de noviembre de ese año2, donde se solicitó a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América que tomasen en cuenta la opinión no.19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, siendo que dicha solicitud fue desoída por dichas autoridades. Asimismo, en febrero de 2013, se presentó en el Pleno de la Cámara de Diputados un exhorto en los mismos términos, mismo que fue aprobado por esa soberanía el 30 de abril de ese año.3

Ahora bien, el próximo 12 del mes y año en curso, se cumple un año más de esa injusta detención y, pese a los reclamos internacionales de diversos Organismos Regionales, Multilaterales y de reconocidas personalidades de distintas áreas de la cultura, la literatura, la política y otras, como Noam Chomsky, Günter Grass, Wayne Smith, John Le Carré, Ramsey Clark, Miguel Barnet, Nancy Morejon, Adolfo Pérez Esquivel y Emma Thompson quienes se han sumado a Voces por los Cinco4, Coalición Internacional de activistas grupos de solidaridad, profesionales del sector jurídico, organizaciones de derechos humanos, políticos, sindicalistas e internacionalistas que luchan por la justicia y la liberación de los Cinco en una nueva campaña internacional que reclama justicia  y libertad para los cubanos antiterroristas encarcelados en los Estados Unidos de América.

Esta Soberanía debe refrendar su posición de demanda por la libertad de quienes hoy permanecen encarcelados, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y Antonio Guerrero Rodríguez, al tiempo que sumarse a las voces de todo el mundo que denuncian no sólo su injusto encarcelamiento sino por la necesidad de poner fin al sufrimiento ocasionado también a sus familiares, pues en estos años de arbitraria condena, sus familias continúan sufriendo la ausencia de sus valiosos hijos, seres queridos han dejado de existir sin la oportunidad de un último encuentro, situación que convierte en más inhumano, no solo la injusta detención, sino la privación de contacto o comunicación con sus familiares.

En esta nueva Jornada Internacional por la Libertad de los Cinco, se destaca como momento culminante, la vigilia que se realizará el día 12 de los corrientes, frente a la Casa Blanca, justo en la fecha que se cumplen los 16 años de injusto encarcelamiento pese al reclamo mundial para que el Presidente Obama les conceda el indulto. De igual manera, será de suma transcendencia el X Coloquio Internacional en apoyo a esta causa que tendrá lugar en La Habana, Cuba, los días 11 y 12 del mismo mes que corre, así como múltiples e innumerables acciones frente a las Embajadas de los Estados Unidos de América, el envío de mensajes a las autoridades estadounidenses, emisión de Declaraciones, actos e iniciativas en demanda de la libertad de los Cinco, a lo que nos sumamos.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República, partiendo de sus valores y principios y congruente con los Acuerdos adoptados por distintas Legislaturas, incluyendo la presente, se pronuncia nuevamente por hacer un exhorto respetuoso al Sr. Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y mediante la aplicación del Habeas Corpus, conceda el indulto y se brinde la inmediata libertad de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y Antonio Guerrero Rodríguez.

SEGUNDO: El Senado de la República acuerda que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se haga llegar al Congreso de Estados Unidos de América, en tanto depositario del Poder Legislativo de dicho país, el presente Acuerdo a fin de que, en el ámbito de su competencia, coadyuve a poner fin a esta injusta situación de encarcelamiento de los ciudadanos cubanos mencionados.

Dado en la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 Sistema de Información Legislativa, disponible en http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=aebfbb53a2df625a572586b354c8f71a&Serial=d3f99454917075a9d909da24058a47fa&Reg=4&Origen=BB&Paginas=15#4

2 Idem.

3 Sistema de Información Legislativa, disponible en http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=aebfbb53a2df625a572586b354c8f71a&Seguimiento=2981202&Asunto=2940949

4 Voces por los cinco, http://voicesforthefive.com/es/





 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones que corresponda para reducir el tiempo que tome la rehabilitación, actualización y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo e informe a esta Soberanía respecto a los datos y estudios técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con el programa de mejoramiento del Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía para que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, promuevan o, en su caso, fortalezcan políticas públicas, acciones y programas que permitan la creación de fuentes de empleo y acceso al mercado laboral para combatir el desempleo juvenil. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A LA DE ECONOMIA PARA QUE EN COORDINACION CON EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROMUEVAN O EN SU CASO FORTALEZCA POLITICAS PUBLICAS, ACCIONES Y PROGRAMAS QUE PERMITAN LA CREACION DE FUENTES DE EMPLEO Y ACCESO AL MERCADO LABORAL PARA COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los jóvenes son uno de los grupos sociales más vulnerables en el país, laboralmente hablando, por la falta de oportunidades a las que se enfrentan, el desempleo y empleos con pocas prestaciones o sin ellas, jornadas laborales largas, falta de posibilidades de ingresar a la educación media superior y superior, así como la pobre calidad educativa en estos dos niveles.

Además, la crisis económica por la que pasa el país, contribuye también al desempleo juvenil, de manera que este sector se ve obligado a renunciar a la búsqueda de un empleo idóneo de acuerdo a sus aptitudes o profesión; por consecuencia, el trabajo informal sin prestaciones con un sueldo bajo y condiciones inadecuadas termina siendo la única opción para desarrollarse laboralmente.

En muchas ocasiones a los jóvenes se les argumenta que quedan excluidos del mercado laboral por la falta de experiencia, ya que las empresas solicitan una práctica profesional mínima, de la cual, este sector poblacional recién egresados de las universidades carece en muchos casos; la única manera de cubrir ese requisito, es que las instituciones educativas públicas y privadas brinden las oportunidades necesarias para que adquieran esa capacitación en empresas, que los empleadores requieren y necesitan.

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países que mayor aumento tuvo en la tasa de desempleo en la población joven desde la crisis económica, al pasar de 7% al cuarto trimestre de 2007 a 10% en el primer trimestre de 2012.1

Así pues, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica  (INEGI), de enero a marzo de 2014, la taza de desempleo en los jóvenes de 20 a 24 años fue de 9.2%, además se observa que un 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con experiencia laboral al momento de buscar trabajo.2

Asimismo, según la Organización Internacional del Trabajo (OTI) en su análisis  sobre la ocupación laboral en el país, indica que el 61.7% de los jóvenes con escolaridad baja, lo hace de manera informal; el 90.3% de los jóvenes con empleo tienen primaria incompleta; 84.3% con  primaria completa son trabajadores informales, y el 44.8% con estudios medio superior y superior se encuentran laborando también de manera informal,3 lo anterior indica que los  jóvenes con escolaridad baja laboran de manera informal, y casi la mitad de jóvenes que cuentan con estudios medio superior y superior también se encuentran laborando en el mismo sector informal, aún cuando su nivel académico es superior.

Sin duda alguna el desempleo juvenil ha aumentando de manera progresiva, durante el segundo trimestre de este año, tal es el caso del Distrito Federal, el cual tiene una tasa 12.6%, Estado de México 11.3%, Durango 11.3%, Tabasco 11.1% y Aguascalientes 10.8%.4

En el país, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), reporta una tasa de desempleo de 4.9%, que equivale a 2 millones 539 mil 69 desempleados; para los jóvenes de 14 a 29 años la tasa de desocupación se ubicó en 8.3%, que equivale a alrededor de un millón 349 mil jóvenes desocupados.5

Estos altos índices de desempleo son consecuencia de la implementación de políticas neoliberales desde hace más de tres décadas en el país, y es innegable que hoy en día los egresados de niveles medio y superior no encuentran ofertas laborales; lo anterior contradice lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”.

La gran problemática del desempleo gira en torno a que los jóvenes están expuestos a ser despedidos con facilidad y en cualquier momento, aunque se cuente con una alta formación académica, debido a que el mayor número de ellos acepta trabajos temporales o empleos de tiempo parcial, que les impide obtener una antigüedad laboral.

También es claro que el desempleo juvenil forma parte de un círculo vicioso, que favorece la producción y la reproducción de la pobreza, dejando a los jóvenes con pocas armas para enfrentar la difícil realidad social y que les permita salir de su situación socioeconómica, a fin de aspirar a una mejor calidad de vida a través de un empleo digno y bien remunerado.

Por tal motivo, para empezar a resolver el problema de desempleo juvenil, es necesario que se establezcan programas en los sectores económicos de “aprendizaje dual”, así lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una nueva modalidad de formación profesional, que permite aprender el trabajo desempeñado en una empresa que se complementa con la formación del centro educativo al que pertenecen los jóvenes, esto con el objetivo de adquirir experiencia y trabajo mejor calificado.

Es necesario que se generen empleos para los jóvenes y que las universidades trabajen para vincular a sus egresados al sector económico productivo; así como mejorar su formación para que las empresas les den la oportunidad de obtener un empleo digno.

Solamente en la medida en que se garanticen oportunidades para los jóvenes, se podrán erradicar algunas de las problemáticas que aquejan al país, de tal manera que se deben fortalecer las políticas públicas y programas dirigidos a combatir el desempleo, creando mayores oportunidades laborales y relaciones con el mercado económicamente productivo, porque invertir en la juventud es apostar al futuro y beneficio del país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y a la de Economía para que en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud fortalezcan los programas y convenios de coordinación entre universidades públicas y privadas con empresas para que los egresados puedan acceder al mercado laboral.

SEGUNDO.- EL Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Secretaria de del Trabajo y Previsión Social para que rinda un informe a esta soberanía sobre los programas que ha implementado para combatir el desempleo juvenil.

TERCERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud para que promueva mayores políticas públicas y programas que permitan la creación de fuentes de empleo y acceso al mercado laboral para los jóvenes egresados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. David Monreal Avila”.

1 Desempleo y Jóvenes, ¿No hay alternativa?, Forbes México, 01 de Mayo de 2014, [En línea] Disponible en: http://www.forbes.com.mx/desempleo-y-jovenes-no-hay-alternativa/

2 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud 2014, consultado, 23/10/2014, [En línea] Disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2014/juventud0.pdf

3 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013. Recuperado el 5 de julio de 2014, de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212725.pdf,

4 DF Entre Las Entidades Con Mayor Desempleo Juvenil, El Financiero, consultado, 27/10/2104, Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/df-entre-las-entidades-con-mayor-desempleo-juvenil.html

5 México, cuarto lugar en desempleo juvenil. Agencia Mexicana de Información y Análisis, 06 de octubre de 2014. [En Línea] Disponible en: http://www.quadratin.com.mx/economia/Mexico-cuarto-lugar-en-desempleo-juvenil/





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno en torno a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO EN TORNO A LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo sus orígenes a finales de los años ochenta, propuesta por Italia.

Posteriormente, en 1993, la Organización de las Naciones Unidas adoptó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, normas que sirvieron de modelo para la legislación de muchos países, ya que proporcionaron lineamientos de políticas públicas sobre la promoción de las oportunidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, dichos instrumentos carecieron del poder jurídico vinculante necesario para que los Estados Parte que las aprobaron se sujetaran a ellas.

Derivado de lo anterior, surgió la necesidad de realizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establecieran obligaciones jurídicas para los Estados que la firmen y ratifiquen.

El propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, retomando una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación, sin necesidad de crear algún derecho nuevo y únicamente expresando los derechos existentes que deberán atender íntegramente las necesidades y la situación de las personas con discapacidad.

Sus antecedentes recientes, relacionados con México, son desde el 13 de diciembre de 2006, cuando el Comité Especial de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de preparar una Convención Internacional amplia e integral para proteger y promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, aprobó el texto definitivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Posteriormente, el 30 de marzo de 2007, el Ejecutivo Federal firmó el documento, enviándolo al Senado de la República para su aprobación y trámite correspondiente, que tuvo efecto el 27 de septiembre del mismo año, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre siguiente, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.

2.- Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual estará conformado por 18 expertos, quienes se encargarán de evaluar los Informes presentados por los Estados Partes.

Dichos informes deberán contemplar las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En ese sentido, dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigor de la Convención (3 de mayo de 2008), los Estados Parte entregarán su primer Informe respecto de las medidas diseñadas e implementadas para hacer frente a la responsabilidad que implica el cumplimiento del tratado internacional.

En virtud de lo anterior, los pasados días 16 y 17 de septiembre, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial de México, aprobando las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

Dentro de estas observaciones se recomienda al Estado Mexicano lo siguiente:

● El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad.

● El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente.

● Recomienda al Estado parte establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión.

● Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.

● Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones.

● Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones.

● Adoptar un plan nacional de atención en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad, y a las instituciones que las atienden.

● Implementar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad.

● Revisar y armonizar su Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas.

● Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación –primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares.

● Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado.

3.- Es una realidad que el Estado Mexicano ha trabajado en favor de la protección integral de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como lo demuestran el mismo Comité al señalar que reconoce la adopción de legislación y de políticas públicas así como los protocolos y directivas con el propósito de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, entre los que destacan:

● La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011);

● La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014);

● La Ley en materia de Telecomunicaciones y de Radiodifusión (2014);

● El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018;

● El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018;

● El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (2014-2018);

● El Programa Nacional para la Igualdad y la No-discriminación (2014-2018);

● El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2013-2018;

● El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad;

● El Programa especial de Migración de 2014; y

● El Protocolo para la Impartición de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.

Adicionalmente a ello, tenemos que reconocer que los esfuerzos continúan y que la presente administración no ha sido omisa a ello, ya que entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo para al actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad1.

Asimismo en materia de inclusión, dentro de sus estrategias, destaca lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Líneas de acción

● Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

● Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

● Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

4.- Es necesario que como Estado trabajemos en la creación, desarrollo y fortalecimiento de las medidas y políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto pleno de sus derechos.

Ello, en virtud de que las recomendaciones realizadas por el Comité de la ONU a México, como Estado, consta de acciones que por la distribución de competencias y ámbitos, competen a los tres órdenes de gobierno, es imperante que conozcan las recomendaciones señaladas y trabajemos en su cumplimentación.

Por lo anteriormente descrito, con el firme propósito de promover el trabajo a favor de las 7.7 millones de personas que viven con discapacidad en México, se somete a consideración del Pleno la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Federación y a las Entidades Federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a publicitar y darle puntual seguimiento a las Observaciones realizadas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.-Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale”.

1 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad




 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos estatales a implementar acciones a favor de la práctica de actividad física y deporte, así como de una adecuada alimentación a fin de combatir y disminuir el porcentaje de obesidad en nuestro país. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES A IMPLEMENTAR ACCIONES A FAVOR DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE, ASI COMO DE UNA ADECUADA ALIMENTACION A FIN DE COMBATIR Y DISMINUIR EL PORCENTAJE DE OBESIDAD EN NUESTRO PAIS.

“La suscrita, Senadora MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Senado de la República LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOS ESTATALES, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES A FAVOR DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE, ASI COMO DE UNA ADECUADA ALIMENTACION A FIN DE COMBATIR Y DISMINUIR EL PORCENTAJE DE OBESIDAD EN NUESTRO PAIS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El próximo 16 de octubre se celebrará el “Día Mundial de la Alimentación”, y desde luego, da origen del presente instrumento parlamentario. Con el objeto de poner en contexto el objeto del presente punto de acuerdo hacemos referencia al informe sobre “DIETA, NUTRICION Y PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS” elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del cual se obtuvo la siguiente información:

● Se ha comprobado que el buen estado cardiovascular y la actividad física reducen significativamente los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud.

● El mejoramiento de los regímenes alimentarios y la actividad física en los adultos y las personas de edad reduce los riesgos de muerte y discapacidad asociados a las enfermedades crónicas.

● En el caso de los niños y adolescentes es necesario implementar medidas complementarias para prevenir la obesidad, tales como:  modificar el entorno para aumentar la actividad física en las escuelas y comunidades, crear más oportunidades para las relaciones familiares (por ejemplo, hacer las comidas en familia), limitar la exposición de los niños pequeños a la intensa publicidad de alimentos ricos en energía y bajos en micronutrientes, y ofrecer la información y las herramientas necesarias para hacer elecciones correctas en materia de alimentación.

2. La OMS, considera como actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Una adecuada actividad física permite contar con un mejor estado de salud, además de que ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles.

Así mismo, ha señalado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6 por ciento de las muertes registradas en todo el mundo) y; estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21–25por ciento de los casos de cáncer de mama y de colon, 27por ciento dela diabetes, y aproximadamente un 30por ciento de las cardiopatías isquémicas.

3. La OMS afirma que un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:

● Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;

● Mejora la salud ósea y funcional, y

● Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso.

4. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene a su cargo el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), el cual se levanta cada tres meses, a partir de noviembre de 2013.Dicho módulo tiene el propósito de generar información estadística sobre la participación de hombres y mujeres de 18 años y más en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su tiempo libre; así como otras características de interés sobre estas actividades físicas, para la formulación de políticas públicas encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos.

5. Mediante boletín de prensa 277/2014, emitido por el INEGI el 26 de junio de 2014, se dio a conocer que en mayo del presente año se levantó por tercera ocasión el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, el cual arrojó como resultado que el 57.6por ciento de la población mexicana de 18 años y más en área urbana es inactiva físicamente (60.2por ciento son mujeres y 39.8por ciento hombres). Así mismo, se señala que 42.4por ciento de la población que es activa físicamente, el 57por ciento son hombres y sólo el 43por ciento son mujeres.

6.- Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por el INEGI en conjunto con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) en noviembre de 2013, dio como resultado que entre las causas que impiden la actividad física se encuentran: el tiempo (57.9por ciento), cansancio después de la jornada laboral (16por ciento) o problemas de salud (13por ciento). Para el 3por ciento de los consultados, la falta de dinero (3por ciento) y la pereza (2.9por ciento) son también razones para no hacer ejercicio.

Así mismo, el director dela CONADE ha señalado respecto a la inactividad física que: “El problema que tenemos tiene su origen en la educación, al tener información clara cuando somos niños, lo haremos bien a lo largo de toda la vida, porque lo aprendimos bien, por eso es importante transmitir esta información a los niños y jóvenes”.

7.- En la publicación de la OMS, titulada “LAS RECOMENDACIONES MUNDIALES SOBRE ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD”, se recomienda que para los niños y jóvenes, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, tareas, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela y las actividades comunitarias. Hay evidencia concluyente de que la actividad física frecuente mejora sustancialmente la forma física y el estado de salud de niños y jóvenes, y sugiere que:

● Los niños de 5–17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.

● La actividad física durante más de 60 minutos reporta beneficios adicionales para la salud.

● La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar actividades vigorosas, en particular, para fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo tres veces a la semana.

8.- De igual forma, recomienda que en los adultos de 18 a 64 años, la actividad física se realice durante el tiempo libreo los desplazamientos (por ejemplo, paseando a pie o en bicicleta) y mediante actividades ocupacionales, es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias; y sugiere lo siguiente:

● Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o un mínimo de 75 minutos semanales de actividad aeróbica vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.

● Para obtener mayores beneficios, los adultos deberían incrementar esos niveles hasta 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.

● Deberían realizar ejercicios de fortalecimiento muscular de los grandes grupos musculares dos o más días a la semana.

9.- Las Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud tienen principalmente por objeto prevenir las enfermedades no transmisibles mediante la práctica de actividad física en el conjunto de la población, y sus principales destinatarios son los responsables de políticas de ámbito nacional.

“En México, 8 de cada 10 personas mayores de 30 años no realiza ninguna actividad física y la clase de educación física en escuelas primarias se realiza una vez a la semana y dura 39 minutos, en promedio y sólo 9 minutos de actividad moderada o intensa. La falta de ejercicio es uno de los principales factores del sobrepeso y la obesidad.”1

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, dispone que es derecho de los Senadores, presentar proposiciones ante el Senado de la República.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

TERCERO.- Que dado que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, consideramos urgente que las autoridades competentes estudien la posibilidad de que en los centros de educación pública se incremente el tiempo destinado a educación física y, en su caso, se implementen acciones permanentes para promover la práctica de actividad física.

CUARTO.- Que el combate a la obesidad y sobrepeso, mediante acciones que fomenten la práctica de la actividad física son un factor determinante para mejorar la salud de miles de mexicanos que en la actualidad no cuentan con un espacio para la práctica de ejercicio o de algún deporte.

QUINTO.- Que del poco porcentaje de las personas que realizan alguna actividad física la mayor parte de ellas lo practican en espacios públicos por lo que es necesario e indispensable que las autoridades federales, estales y municipales, impulsen la creación, y en su caso, amplíen el número de espacios públicos para la práctica de actividad física o de algún deporte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales implementen, y en su caso, intensifiquen campañas de concientización sobre los beneficios que aportan a la salud la práctica del deporte y una sana alimentación.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, impulsen la creación, y en su caso, amplíen los espacios destinados para la práctica de actividad física o deporte, a fin de disminuir y combatir el porcentaje de obesidad y sobrepeso en nuestro país.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a analizar la posibilidad de incrementar el tiempo semanal a la materia de educación física que se imparte en las escuelas públicas, con la finalidad de fomentar la práctica de actividad física, así como de deportes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

1 http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=4049




 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE INTERVENGA SEGUN SUS FACULTADES Y REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REVISAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LA TARIFA DIFERENCIADA DE LAS NAVIERAS DE LA RUTA PLAYA DEL CARMEN-ISLA DE COZUMEL Y SE VERIFIQUE EL CORRECTO APEGO A DERECHO Y EN EL CASO DE ENCONTRAR ALGUNA ANOMALIA POR ACCION U OMISION, ACTUAR EN CONSECUENCIA, ASIMISMO A QUE RINDA UN INFORME DETALLADO DE DICHA REVISION A ESTA SOBERANIA.

“La suscrita, Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, las navieras que prestan el servicio de transporte de ferry en la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel han incurrido en diversas anomalías, inclusive la Comisión de Competencia Económica ya los ha sancionado con anterioridad.

Anteriormente ante la comisión permanente ya se ha solicitado que las navieras establezcan una reducción en sus tarifas y además establezcan tarifas diferenciadas para los habitantes de la localidad, de lo cual la SCT informó que se había incorporado como compromiso presidencial.

Originando una reducción en la tarifa y se estableció una clase de tarifa diferenciada, sin embargo los ciudadanos de Playa del Carmen han denunciado que se les pide una cantidad de alrededor de $100.00 por el concepto de una membresía la cual les permita aplicarles la tarifa diferenciada y sin esta contra prestación no se les permite acceder a la tarifa diferenciada, además de que les piden una serie de documentación que no cuentan, muchas veces los ciudadanos lo ven más como obstáculos para que no se les haga un descuento que como un mecanismo en pro de los ciudadanos, por ello siguen pagando los precios establecidos.

Es necesario establecer tarifas diferenciadas, que faciliten el libre tránsito entre un punto de la república y otro, en este caso entre la isla de Cozumel y Playa del Carmen.

Es importante hacer distinción entre los ciudadanos que viven en la localidad de las personas que usan el ferry con fines turísticos.

Las personas de la localidad lo usan para trasladarse a sus trabajos, a las escuelas, es decir principalmente usan el transporte del ferry para desarrollarse como individuos y buscar mayores oportunidades de vida. En cambio los turistas buscan trasladarse con fines de recreación, en donde ya tienen previsto el gasto del ferry y lo utilizarán en promedio una o 2 veces en su estancia, más que una necesidad de trasladarse satisface fines recreativos.

Además de que reducir las tarifas del ferry fomentaría el turismo a la isla de Cozumel, y sobre todo es importante esclarecer el mecanismo que se emplea por las empresas navieras de Playa del Carmen en beneficio de los derechos de los ciudadanos mexicanos.

Los ciudadanos de Playa de Carmen y Cozumel que más requieren trasladarse, son los ciudadanos más pobres que laboran del otro lado de la isla, los salarios son muy bajos y además con el incremento del IVA a repercutido brutalmente en la economía de los Quintanarroenses, es un momento oportuno para monitorear la tarifa diferencia para concretar beneficios para los ciudadanos que tanto lo requieren.

Es importante mencionar que la Comisión de Competencia Económica ya ha sancionado por prácticas monopólicas, por ello es importante seguir verificando el justo desarrollo de las empresas, en virtud del compromiso presidencial es imperante que las navieras cumplan con la normativa mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga según sus facultades y realice las acciones necesarias para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel y se verifique el correcto apego a derecho y en el caso de encontrar alguna anomalía por acción u omisión, actuar en consecuencia, asimismo a que rinda un informe detallado de dicha revisión a esta soberanía.

Presentado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a crear una campaña de comunicación dirigida a las instituciones federales, estatales y municipales, para desarrollar una cultura de respeto y tolerancia de los servidores y funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades, son grabados por ciudadanos, lo cual no constituye un delito. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CREAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA DESARROLLAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TOLERANCIA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, SON GRABADOS POR CIUDADANOS, LO CUAL NO CONSTITUYE UN DELITO.

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CREAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA DESARROLLAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TOLERANCIA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, SON GRABADOS POR CIUDADANOS LO CUAL NO CONSTITUYE UN DELITO. ESTO PARA DESTERRAR LAS INTIMIDACIONES, AMENAZAS Y AGRESIONES, QUE SI SON UN DELITO, QUE ALGUNOS CIUDADANOS HAN RECIBIDO POR GRABAR ACCIONES QUE CONSIDERAN IRREGULARES EN CIERTOS PROCEDIMIENTOS DE GOBERNABILIDAD, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El uso de las tecnologías de la información y de las redes sociales crearon procesos ciudadanos que se han convertido ya en una cultura de expresión y la acción social. Las herramientas que ha dispensado la inserción de los teléfonos móviles, articulados con redes y sitios de divulgación, están creando una revolución múltiple; una de ellas es la videograbación que ha aumentado su oferta, su demanda y su presencia. El ciudadano, al traer consigo una cámara de video y de fotografía en un teléfono móvil, además de ser utilizado como un artículo de uso doméstico y familiar, ha venido a llenar un hueco gigantesco en las tácticas de protección, de denuncia y de testimonio cívico. Nos referimos a todas esas grabaciones en audio y/o video, que los ciudadanos hacen de la labor de los servidores públicos y que ya son cotidianos en las redes sociales y que funcionan como denuncia. Incluso, estas acciones han logrado la sanción a conductas negativas de quienes están prestando servicios públicos.

2.- Una de las grandes expectativas de la cultura democrática era el abrir las cerradas estructuras políticas de gobierno a los ciudadanos interesados en opinar o denunciar respecto a aquello que tiene un impacto decisivo en su vida cotidiana. El discurso y el pensamiento democrático insertaron en su agenda temática el de la participación ciudadana que desarrolló conceptualmente sus argumentos y su descripción teórica hasta convertirse en un tema nodal en términos de la gobernabilidad democrática y de la gobernanza, por lo menos en su discurso. Uno de los temas de participación fue el de la denuncia, mecanismo que nunca ganó credibilidad pues denunciar siempre fue un ejercicio de riesgo por la posibilidad de las venganzas, vinculado con el de la inutilidad pues la impunidad ha sido y es, uno de temas negros en este país. Por un lado denunciar siempre ha sido un riesgo; por el otro, la impunidad disuelve la denuncia. 

Los ciudadanos, entonces, se decepcionaron. Esto creó, necesariamente, un proceso de acumulación de tensión sobre todo en cuanto a denuncia y opinión de las personas respecto al actuar de sus gobernantes. Parte de esta tensión se está resolviendo, de cierta manera, en las posibilidades tecnológicas contemporáneas: La denuncia ciudadana se ha liberado en gran parte del proceso burocrático que la controla y la administra. Ahora la sanción social, la exhibición en las redes sociales es ya una forma de presión que agiliza la denuncia y logra en muchos casos la inhabilitación del funcionario o servidor público que ha cometido un exceso en su responsabilidad.

3.- Sin embargo, la información en las redes ciudadanas ha mostrado que ciertos servidores públicos reaccionan de forma negativa y agresiva contra ciudadanos que video graban o fotografían sus acciones, tales como detenciones, abusos en procedimientos policiales e incluso en incidentes de tránsito. Los ciudadanos tienen ahora en sus cámaras de video una forma de protección o de vehículo para denunciar atropellos o procedimientos irregulares de los servidores y no pocos han sufrido intimidación e incluso agresión por grabar. Por ello, esta propuesta tiene la intención de proteger estas acciones ciudadanas de grabar irregularidades o abusos ante las reacciones agresivas o intimidatorias de ciertos servidores públicos conminando a las instituciones a crear una cultura de respeto de sus funcionarios o servidores para que toleren y respeten este ejercicio ciudadano que está cobrando un aspecto de cultura de protección y denuncia. Asimismo pretende abrir este tema para legislar sobre el tema y proteger a los ciudadanos que deciden ejercer su derecho de denuncia a través de la grabación de los hechos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CREAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA DESARROLLAR UNA CULTURA DE RESPETO Y TOLERANCIA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, SON GRABADOS POR CIUDADANOS. ESTO PARA DESTERRAR LAS INTIMIDACIONES, AMENAZAS Y AGRESIONES QUE MUCHOS CIUDADANOS HAN RECIBIDO POR GRABAR ACCIONES QUE ELLOS CONSIDERAN IRREGULARES EN CIERTOS PROCEDIMIENTOS DE GOBERNABILIDAD.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a los probables actos de corrupción del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la entidad, a fin de deslindar responsabilidades. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACION A LOS PROBABLES ACTOS DE CORRUPCION DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado mexicano, estos principios permiten tener certeza sobre el uso y destino de los recursos de la federación, conocer los ejes que definen la política del Gobierno y en consecuencia, evaluar el desempeño de los funcionarios públicos.

Al respecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos públicos con los que disponga el Distrito Federal, deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de cumplir los objetivos para los que estén destinados.

En el Distrito Federal, la Contraloría General es la encargada de llevar  a cabo la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México. En lo relativo al adecuado ejercicio de los recursos públicos debe ser tutelado por dicho órgano de gobierno y no ser omiso ante posibles actos de corrupción.

En el  mismo sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un papel importante toda vez que entre sus diversas atribuciones se encuentran aquellas actividades tendientes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando  la legalidad y la sana convivencia.

En contravención a las disposiciones que hemos señalado, el 27 de septiembre de 2014, en medios de comunicación se dio a conocer que en redes sociales se difundió un audio en el cual queda de manifiesto la probable comisión de actos de corrupción por parte del titular de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en relación a hechos que versan sobre la compra de llantas para el parque vehicular de la administración pública de la entidad con sobreprecio.

En el material difundido de manera anónima se escucha una conversación entre dos sujetos, donde uno de ellos le exige al otro que respete el sobreprecio acordado, reclamándole que habían acordado un porcentaje mayor al que pretendían entregarle. Además, en los hechos presuntamente se hace alusión al titular de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 

Cabe mencionar que con antelación a los hechos materia de la presente Proposición, funcionarios pertenecientes a la Oficialía Mayor del Distrito Federal han sido relacionados con actos de esta naturaleza. Al respecto, basta mencionar que después de  investigaciones sobre las licitaciones de toners, del 19 de abril de 2013 y del 28 de mayo de 2014, en agosto del presente año, la Contraloría General del Distrito Federal destituyó a dos servidores públicos.

Si bien es cierto que la autenticidad del audio debe ser corroborada a través de las periciales correspondientes debido a que el mismo se dio a conocer por medio de las redes sociales, también lo es que la suma de indicios de corrupción nos llevan a la plena convicción de que existen elementos suficientes para que se lleve a cabo una investigación integral del desempeño de la Oficialía Mayor.

Ante situaciones de esta naturaleza, las autoridades capitalinas no pueden ser indiferentes, ni mucho menos desestimarlas a priori, por el contrario, en todo momento deben actuar teniendo como eje rector la certeza jurídica de la población. Por estas razones, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que se lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar responsabilidad, o en su caso, para que se apliquen las penas y medidas correspondientes.

Estos principios adquieren mayor relevancia en virtud de que la Oficialía Mayor es la institución encargada del despacho de las materias relativas a la administración y desarrollo de personal; al servicio público de carrera; a los recursos materiales y a los servicios generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a la administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal.

Lo anterior por conducto del Oficial Mayor, servidor público que tiene a su cargo la administración de los recursos materiales y los servicios generales, así como el patrimonio inmobiliario de la administración pública del Distrito Federal. Sin embargo, de acreditarse la veracidad de las conductas señaladas en el audio, no se cumpliría con el mandato que le confiere su encargo.

En el PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, por ello consideramos crucial que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación integral sobre el desempeño de los funcionarios de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Contraloría General, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a los probables actos de corrupción del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la entidad, a fin de deslindar responsabilidades. Asimismo, que se envíe a esta soberanía un informe pormenorizado de las investigaciones correspondientes.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Partido Revolucionario Institucional”.





 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a agilizar los pagos pendientes por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado a favor de los contribuyentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A AGILIZAR LOS PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES.

FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A FIN DE QUE AGILICE LOS PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES; ASI MISMO SE LE SOLICITA DISEÑAR NUEVAS REGLAS QUE PERMITAN AGILIZAR LAS DEVOLUCIONES DEL IVA EN TODA LA CADENA DEL SECTOR PRODUCTIVO, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma propuesta al artículo 2o. de la Ley del IVA ha tenido diversas repercusiones una de ellas es la que implica que el Servicio de Administración Tributaria ha tardado en realizar las devoluciones del impuesto a los contribuyentes (personas físicas o morales) que corresponden al ejercicio de 2013.

Lo anterior lo testifica la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente al señalar que “el SAT ha aplicado procedimientos y criterios para retrasar injustificadamente la obtención de las devoluciones de IVA por parte de los contribuyentes, configurando malas prácticas administrativas”.

En donde las malas prácticas administrativas de la autoridad tiene que ver con problemas como: 1) Información deficiente en el portal de Internet del SAT; 2) Requerimientos extemporáneos o innecesarios y excesivos; 3) Inicio injustificado de auditorías fiscales, entre otros aspectos que de acuerdo con la Prodecon, afectan la estabilidad y el desarrollo de los contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se han pronunciado por reglas adicionales para agilizar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los causantes.

Sin duda alguna, esta medida representará un avance de gran trascendencia en la devolución a empresas de determinados sectores productivos que realizan inversiones importantes en la adquisición de activo fijo.

Es así que la devolución significa un tema importante y sensible para millones de contribuyentes, particularmente para empresas grandes y medianas ante la dinámica que representa la devolución de impuestos, específicamente la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

Si bien es cierto que el Servicio de Administración Tributaria ha agilizado las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, aún continúa con un considerable retraso a empresas a las que aún no se les ha liberado su devolución, y tienen pendientes hasta 12 meses de IVA por devolver.

Este retraso injustificado en las devoluciones de IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria representa un problema que está afectando la estabilidad del sector productivo.

La carga financiera para las compañías que enfrentan este problema es importante por el flujo de efectivo que está detenido, sobre todo en ramos tan importantes como el agropecuario, las empresas maquiladoras e incluso manufactureras del sector automotriz que manejan elevados niveles de inversión.

Lamentablemente  el  tiempo que están demorando las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, está causando efectos preocupantes para la vida y desempeño de las empresas y en general de los contribuyentes.

En este sentido, seguimos recibiendo peticiones de ayuda para interceder ante la autoridad tributaria, en donde desafortunadamente se siguen observando retrasos en las devoluciones del IVA y poniendo en claro riesgo la inversión de los empresarios y atentando contra la generación de empleos.

Así, por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se formula respetuoso exhorto al Servicio de Administración Tributaria a que en pleno cumplimiento con la legislación vigente agilice los pagos pendientes por concepto de Devolución del Impuesto al Valor Agregado a favor de los contribuyentes de toda la cadena del sector productivo.

Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Servicio de Administración Tributaria a conducirse en estricto apego a la legalidad en la aplicación de procedimientos y criterios que permitan cumplir con el proceso de devoluciones del IVA con mayor prontitud.

Tercero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Servicio de Administración Tributaria a diseñar nuevas reglas que permitan agilizar las devoluciones del IVA en toda la cadena del sector productivo.

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2014.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la localización de hidrocarburos y gas lutita de PEMEX que entregará a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la exportación de crudo extra ligero. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA INFORMACION GEOLOGICA ESTRATEGICA SOBRE LA LOCALIZACION DE HIDROCARBUROS Y GAS LUTITA DE PEMEX QUE ENTREGARA A LAS EMPRESAS PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA EXPORTACION DE CRUDO EXTRA LIGERO.

“La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION A LA INFORMACION GEOLOGICA ESTRATEGICA SOBRE LA LOCALIZACION DE HIDROCARBUROS Y GAS LUTITA DE PEMEX QUE ENTREGARA A LAS EMPRESAS PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES; Y LA EXPORTACION DE CRUDO EXTRA LIGERO, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Transferencia de información estratégica

Derivado de la reciente Reforma Energética, cuya legislación secundaria fue promulgada el pasado 12 de Agosto, se determinó abrir el sector de la producción y comercialización de los hidrocarburos y electricidad, reservado como estratégico desde hace 76 años en forma exclusiva para el Estado.

De esta reforma se desprenden varios hechos, como la incursión de privados en la exploración y explotación de petróleo y gas, en la transformación industrial del sistema de refinación y petroquímica, en la distribución y transporte, así como en  la comercialización de los productos y la renta petrolera.

El principal argumento para abrir este importante sector por parte de la mayoría legislativa fue en todo momento que se requiera de “mayor inversión” y que los privados “tienen mayor tecnología y poder de ejecución” para realizar los trabajos en la exploración y explotación en campos y yacimientos tanto en aguas profundas como en la polémica práctica de la extracción del gas shale o lutita, llamada fracking.

Dentro de los cambios más significativos encontramos el relativo al manejo de la información de hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos contempla en su artículo 32 que:

Artículo 32.- Pertenece a la Nación la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de Exploración y Extracción, llevadas a cabo por parte de Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o por cualquier persona.

De esta manera, es claro que la propiedad de la información relacionada con las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos es propiedad de la Nación y no de una empresa en particular. De este modo, es importante mencionar que la Reforma crea el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, bajo la administración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos e integrado por un sistema para recabar, acopiar, resguardar, administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar la información y estadística relativa a:

● La producción de Hidrocarburos;

● Las Reservas, incluyendo la información de reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación;

● La relación entre producción y Reservas;

● Los Recursos Contingentes y Prospectivos;

● La información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y demás, que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y

● Cualquier otra información necesaria para realizar sus funciones, sean las establecidas en esta Ley o en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De igual forma, en dicho numeral, se contempla la obligación de Asignatarios, Contratistas y Autorizados para entregar la información y materiales de campo respectivos, así como la información procesada, interpretada e integrada, que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos, siendo responsables de la calidad, integridad y seguridad de dicha información.

En el mismo sentido, el artículo Noveno Transitorio de dicha Ley refiere la obligación de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y empresas filiales, así como del Instituto Mexicano del Petróleo, de transferir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a título gratuito, toda la información necesaria para integrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley. De igual modo, el mismo artículo dispone que, de inmediato deben realizarse los ajustes necesarios para que la Comisión sea la beneficiaria de los derechos contenidos en los contratos. Asimismo, se establece que la Comisión tendrá acceso irrestricto a la información y activos asociados de Pemex y del IMP.

De este modo, Pemex está obligado a entregar toda la información geológica, sísmica, geofísica y petroquímica que tiene en su poder. Sin embargo, es de advertir que toda esta información le ha costado al Estado Mexicano, a través de Petróleos Mexicanos, años de trabajo así como una gran inversión. Tan solo en exploración en aguas profundas la empresa estatal reportó el año pasado un gasto de  14 mil millones de dólares.

Por otra parte, debe advertirse que el artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia energética contiene un apartado en el que señala expresamente que “en caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de Energía”

Por lo que, realizando una interpretación de todo el orden jurídico en la materia, es necesario que el Estado reciba un pago justo  de acuerdo a las inversiones realizadas en exploración y demás que sirva para obtener los datos sobre la totalidad del territorio nacional. Lo anterior, necesariamente a través de los contratos que se celebrarán con las empresas privadas, principalmente. Esto es, por cada área o yacimiento que sea adjudicado mediante contratos, se deberá contemplar en las contraprestaciones, una que corresponda al justo valor de la inversión realizada por el Estado, a través de Pemex, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.

Pemex ha realizado una inversión -según los datos 2013-, de 17.40 dólares por cada barril descubierto o explorado, por lo que si con la Ronda Cero pierde 5 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es necesario vigilar que el Estado mexicano recupere los 97 mil 400 millones de dólares que la Secretaria de Energía no informó lo cual viola un ordenamiento  constitucional.

Ahora bien, de acuerdo a información proporcionada por Pemex a inversionistas extranjeros, la empresa ha “obtenido información significativa de campos en aguas profundas y ultra profundas en el Golfo de México”, mediante la adquisición de datos sísmicos de tercera dimensión de 124 mil 790 kilómetros cuadrados, la perforación de alrededor de 30 pozos con un éxito comercial superior al cincuenta por ciento, así como un enfoque en el área de cinturón  Perdido (petróleo crudo) y el pozo Holok (gas natural no asociado.1)

Cabe advertir que, aunado a la transmisión de la información señalada con anterioridad, se cederán los resultados de los análisis geológicos y geoquímicos que han identificado seis cuencas potenciales de contener crudo y gas lutita, inicialmente de la Cuenca de Sabinas para identificar reservas posibles de este gas por unos 142 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.2 De igual forma, los análisis geológicos y geoquímicos han identificado, además de la Cuenca de Sabinas, otras cinco formaciones con potencial de contener crudo y gas lutita, que son Chihuahua, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. De éstas, las cinco cuencas de interés para los inversionistas privados para el desarrollo de las lutitas son las de Burgos (que incluye las de la formación Eagle Ford y las lutitas de edad Titoniano), Sabinas (que integra las lutitas de la formación Eagle Ford y de la formación La Casita de edad Titoniano), Tampico (lutita de la formación Pimienta), Tuxpan (lutitas de las formaciones Pimienta y Tamaulipas) y Veracruz (lutita de la formación Maltrata).3

Es de resaltar que en algunas de estas áreas consideradas de gran dificultad por encontrarse en profundidades mayores a 5 mil metros en el subsuelo o ser estructuralmente complejas debido al sobre corrimiento, se considera que las mismas deben ser objeto de la Ronda Uno, aún y cuando Pemex ya realizó costosos estudios en su localización y exploración. 4

Por otra parte, también es de mencionar el área denominada Cinturón Plegado de Perdido en la zona norte del Golfo de México en Aguas profundas, donde también Pemex  ya invirtió una gran cantidad de dinero en  la renta de plataformas y estudios sísmicos  manifiesta la intención de que el Gobierno Federal entregue dos áreas, la primera con una reserva probable de mil 591 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y la segunda con una capacidad de reserva de 3 mil 222 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 5 Todo lo anterior, a partir de las inversiones que se han realizado a través de Pemex durante toda su existencia y que ahora será puesta a disposición de los privados para sus fines mercantiles principalmente.

Al hacer públicos los resultados de la Ronda Cero y anunciar la Ronda Uno, el Gobierno Federal hizo público que ésta estará integrada por 169 bloques, de los cuales 109 corresponden a exploración y 60 a extracción en una superficie de 28 mil 500 kilómetros cuadrados, con una apertura de 91 por ciento para exploración y 9 por ciento para extracción. Esto es, considerar que con la transferencia de información estratégica por parte del Estado mexicano a los privados puedan atraerse más inversiones. Por lo que es necesario conservar, dentro del marco legal vigente, el mayor interés del Estado, consistente en las inversiones realizadas a lo largo de su historia.

2. Importación de Petróleo

Un segundo tema que resulta de gran preocupación para la sociedad mexicana son las recientes  declaraciones del Director de PMI respecto al inicio de la importación de hasta 70 mil barriles diarios de “crudo ligero” proveniente de Estados Unidos a finales de este año para abastecer nuestro sistema de refinación nacional. 6

Lo anterior en razón de que en febrero de este año, Pemex anunció que exportaría en ese mes un cargamento de 500 mil barriles de crudo extra ligero Olmeca y 1.5 millones de barriles de crudo pesado Maya a la India, como parte de la estratégica de diversificación de mercados. Lo que equivale a que Pemex exporta un promedio de 100 mil barriles por día de crudo “Maya” a la India7Asimismo, en enero de 2014 inició la exportación de crudo Olmeca a Europa.8 Al respecto, hemos señalado puntualmente con propuestas, cifras y datos contundentes la inadecuada  planeación en el sector y el modo en que se ha entregado la única carta de garantía con la que cuenta México que es la riqueza petrolera.

Cabe recordar que durante la gira a China de Peña Nieto, el Director de Pemex firmó un acuerdo con la empresa petrolera China Sinopec para surtira esa empresa de crudo Olmeca por un volumen de 30 mil barriles diarios. Los presidentes de ambos países fueron testigos de este acuerdo. 9

En razón de lo anterior, no es comprensible que mientras exportamos petróleo mexicano de muy alta calidad entre 40 y 44 grados API10a todo el mundo, se anuncie la necesidad de importar crudo para garantizar el abasto de nuestras refinerías, bajo el argumento de que nuestro  crudo es muy pesado  y que necesita mezclarse con uno más ligero para obtener una mezcla procesable.

Finalmente, no debe pasarse por alto que en el debate de la Reforma Energética señalé la necesidad de incluir disposiciones para que en todo momento estuviera garantizado el abastecimiento para las 6 refinerías del país, que es el orden de 1 millón 660 mil barriles diarios; sin embargo, la mayoría legislativa no apoyó esta propuesta. Por ello, ahora es necesario hacer la planeación adecuada, antes de firmar contratos y convenios, con un enfoque de seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaria de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informen detalladamente el mecanismo por el que se planea recuperar las inversiones realizadas por parte de Petróleos Mexicanos en las áreas que serán objeto de la Ronda Uno, con la finalidad de retribuir en su justo valor económico a Pemex, de conformidad con lo señalado en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que informen detalladamente la manera en que las áreas que serán objeto de la Ronda Uno garantizarán la producción de crudo requerido para el procesamiento de las 6 refinerías de Pemex, con un enfoque de seguridad energética.

TERCERO. El Senado de la República solicita al Director General de Petróleos Mexicanos un informe completo y detallado sobre las actividades de importación, exportación y venta del Crudo Olmeca que están realizando y que planean hacer.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.


1 PEMEX, “Reforma Energética en México y PEMEX como Empresa Productiva del Estado”, Agosto 2014, http://www.ri.pemex.com/files/content/PEMEX%20SPE_e_140822.pdf, p. 26

2 Rodríguez, Israel, “Pemex traspasará gratis información estratégica a participantes en ronda uno”en La Jornada, 26 de agosto de 2014, p. 15, http://www.jornada.unam.mx/2014/08/26/economia/025n1eco, consultado el 29 de agosto de 2014

3 Idem

4 Idem

5 Idem

6 ALIRE GARCIA, David y MARTINEZ, Ana Isabel, “Mexico's Pemex aims to startimporting light crudethisyear” en Reuters, 28 de agosto de 2014, http://in.reuters.com/article/2014/08/28/mexico-pemex-idINKBN0GS14Y20140828, consultado el 29 de agosto de 2014.

7 “México exporta primer cargamento de crudo extra ligero Olmeca a la India” en Reuters México, 4 de febrero de 2014, http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N0L91TG20140204, consultado el 29 de agosto de 2014

8 GARCIA, Karol, “Pemex iniciará exportación de crudo a Europa”, en El Economista, 6 de enero de 2014, http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/06/pemex-inicia-exportacion-crudo-europa, consultado el 29 de agosto de 2014

9 “Pemex firma acuerdos con China para aumentar exportación de crudo” en La Jornada Jalisco, 6 de abril de 2013, http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/04/06/pemex-firma-acuerdos-con-china-para-aumentar-exportacion-de-crudo/, consultado el 29 de agosto de 2014.

10 La API (American PetroleumInstitute) es una medida de densidad del petróleo.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicaciones respecto a las radios comunitarias y los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA OPINION ESPECIFICA SOBRE LOS EFECTOS ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LOS DERECHOS HUMANOS.

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARAEXHORTARA LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA OPINION ESPECIFICA SOBRE LOS EFECTOS ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACION RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LOS DERECHOS HUMANOS Y REMITIRLA A ESTA SOBERANIA PARA SU CONOCIMIENTO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Es interés de esta representación el respeto y la función noble que dieron y dan vida a las radios comunitarias. El Estado de donde provengo, debido a factores como la pobreza extrema, las enormes distancias entre población y población, la diversidad de lenguas y costumbres y la desatención histórica de las instituciones, las estaciones de radio independientes han sido herramientas de comunicación imprescindible entre las comunidades más pobres de Sonora. En un artículo que redacté hace meses, suscribí que las radios comunitarias tienen voz y carácter propios, son núcleos de difusión de organización comunitaria para sobrevivir ante el histórico abandono del Estado de la población más lastimada y explotada. También permiten difundir demandas y denuncias urgentes de todos los temas posibles, de seguridad, salud, alimentación, emergencias porque legaliza la marginación y la exclusión de indígenas y comunidades. Así, comenté que los párrafos penúltimo y antepenúltimo del artículo 90 del proyecto de dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Telecom) lesionan los derechos de los pueblos indígenas y tienden a minar las radios comunitarias. En la argumentación añadí que el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Adelfo Regino Montes, señaló que se restringe el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión sociales e indígenas a una potencia de 20 watts y a un segmento único del 10 por ciento de la banda de Frecuencia Modulada (FM)”. -"Limita el derecho de los pueblos indígenas a recibir información, toda vez que un pueblo estaría condenado a solo hacer uso de su medio en una porción de su territorio, dejando al resto sin posibilidad de acceder por esta vía a dicha información"- Por ejemplo en la vastedad territorial de Sonora hay poblaciones muy alejadas entre sí que tienen en la comunicación por radio una posibilidad solidaria. Esta ley aumenta su marginación. El Frente por la Comunicación Democrática Capítulo Oaxaca, por ejemplo, emitió también un pronunciamiento al respecto y calificó que "México tiene un sistema mediático discriminatorio. "Por un lado, excluye regiones y comunidades en pobreza así como a sectores de la ciudadanía y a grupos minoritarios; por otro, favorece claramente los intereses económicos y políticos de grupos empresariales. Este trato desigual, constata las insuperables contradicciones democráticas", dijo.

2. El tema ha escalado: dos semanas después del 14 de julio del 2014, día que entró en vigor laLey de Telecomunicaciones y Radiodifusión radios comunitarias fueron desmanteladas en Puebla, otras fueron arteramente atacadas como si la legislación aprobada les otorgara impunidad para amagar. Además la ley solicita una requisitoria inalcanzable para la situación que viven muchas comunidades y el alcance de difusión es limitado. Sin embargo, la movilización se ha activado, el 30 de julio del presente, en Oaxaca se dio una reunión de 35 radios comunitarias agrupadas en la Coordinación Nacional de Medios Libres y Radios Comunitarias. En Puebla, radios comunitarias y redes de información se reunieron en el Encuentro de Comunicación Campesina; asimismo en Morelos se realizó el Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias prepara ante ello cinco amparos contra la Ley de Telcom y contra el desmantelamiento de tales posibilidades comunicativas. (Información del Periódico Liberación octubre 2014).

3. Los medios de comunicación difunden que hay 10 demandas de amparo admitidas en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentadas por radios comunitarias –tanto rurales como urbanas–, comunidades indígenas de Oaxaca y productores de la Asociación Mexicana de Productores Independientes. En los recursos de amparo se presenta una larga serie de implicaciones impuestas por esta ley, entre las cuales destaca la violación del derecho a la libre expresión, además de que atenta contra derechos ya reconocidos a los pueblos indígenas en otra legislación, y pone a las radios de uso social al borde de la desaparición. El abogado Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, quien conduce las demandas, explicó que en el caso específico de los pueblos indígenas se atenta contra su seguridad jurídica y el derecho de estos pueblos a tener medios de comunicación propios, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-sección México; Mardonio Carballo, escritor indígena; Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Luis Fernando García denunciaron que varios de los artículos por los cuales han solicitado el amparo son un verdadero atentado contra las radios comunitarias y los pueblos indígenas. Incluso se prevé el decomiso del equipo que utilicen las radios que operen sin la autorización respectiva, lo cual es una sanción desproporcionada e ilegítima. Entre los artículos impugnados están el 83, que impone un régimen discriminatorio sobre las condiciones de la asignación de concesiones para comunitarios e indígenas frente a concesionarios con fines comerciales; el 85, que permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer de manera discrecional las condiciones para el otorgamiento de concesiones de uso social, violando el principio de legalidad, además del 89, que impone condiciones discriminatorias en las fuentes de ­financiamiento. De total de las demandas, cinco fueron interpuestas por distintas radios comunitarias e indígenas; dos por las comunidades indígenas de Tlacolula y Teotitlán, en el estado de Oaxaca, y el resto por productores independientes. De acuerdo con las fechas de audiencia –unas a finales de este mes y otras más en noviembre–, es muy probable que las demandas de amparo radicadas en dos juzgados distintos queden resueltas en primera instancia este mismo año.

4. Sería muy saludable que esta institución tuviera la cualidad de escuchar sobre los efectos sociales tienen las legislaciones, es una labor de autoanálisis necesaria que, incluso, requiere ser considerada y mensurada por entornos externos con nivel de análisis, específicamente con el tema nodal de los derechos humanos, que esta soberanía se ha encargado de promover. Por ello esta propuesta se dirige a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga la sensibilidad de aportar un análisis puntual sobre el tema de derechos humanos y radios comunitarias y los efectos de la aprobación que las regula.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA OPINION ESPECIFICA SOBRE LOS EFECTOS ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACION RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LOS DERECHOS HUMANOS Y REMITIRLA A ESTA SOBERANIA PARA SU CONOCIMIENTO.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar las acciones pertinentes a fin de dar respuesta puntual a cada una de las recomendaciones emitidas para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres en la entidad. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE DAR RESPUESTA PUNTUAL A CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN CONTRA DE LAS MUJERES EN LA ENTIDAD.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El respeto a los derechos humanos y la equidad de género son dos de las principales preocupaciones del Estado mexicano, prueba de ello es que en la legislación nacional e internacional, existen diversas disposiciones encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos.

En el ámbito nacional, entre otras disposiciones, el artículo 1º de la Constitución Federal señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales suscritos por México, en relación a la equidad de género, establece la prohibición de todo tipo de discriminación, mientras que el artículo 4º, puntualiza que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

En la legislación internacional, entre otros instrumentos jurídicos suscritos por México, se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

A pesar de todos los esfuerzos encaminados a incorporar políticas, planes y programas con una perspectiva de igualdad de género, es una realidad que aún subsisten grandes retos para la plena consolidación de los derechos de las mujeres en los ámbitos: político, social, económico y cultural.

En los últimos años una de las entidades con mayor incremento en casos de violencia de género es Guanajuato, situación que ha generado gran inconformidad entre la población del Estado por la escasa o nula reacción de las autoridades estatales. 

Ante este panorama, el 20 de septiembre de 2014 se realizó la “Marcha por la Paz y por los Derechos de las Mujeres de Guanajuato”, la cual según diversos medios de comunicación se hizo simultáneamente en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Acámbaro, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo, y tuvo como principal objetivo exigir al Gobierno de la entidad el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

Los cientos de manifestantes señalaron que en 2014 han ocurrido 41 feminicidios en la entidad, a los que se suman 73 del año pasado. Asimismo, expresaron su inconformidad por el abuso y hostigamiento sexual en contra de las mujeres en los centros escolares; hostigamiento sexual en instituciones públicas y privadas; el trato indigno en las instituciones hospitalarias; los homicidios por violencia de género; y las agresiones en contra de la libertad de expresión.    

Además, como parte de las actividades realizadas, enunciaron múltiples situaciones en agravio de las mujeres de todas las edades, que van desde el testimonio de mujeres que perdieron a sus hijos por negligencias médicas;  alumnas violadas, y la opacidad e indiferencia de la Procuraduría General de Justicia de la entidad en la investigación de crímenes en contra de mujeres.

Entre las principales exigencias de la “Marcha por la Paz y por los Derechos de las Mujeres de Guanajuato”, se encuentran las siguientes:

● El cese de muertes violentas por razones de género.

● Acceso a la justicia para estudiantes víctimas de delitos sexuales.

● Combatir la discriminación en instituciones públicas por razones de género en contra de las mujeres.

● El reconocimiento y sanción del acoso laboral y hostigamiento sexual en instituciones públicas y privadas.

● El cese de negligencias médicas en centros hospitalarios.

● El cese de casos de violencia en contra de periodistas.

● La reparación del daño a las familias de mujeres víctimas de feminicidio y violencia de género.

Para dimensionar la gravedad del asunto, cabe mencionar que no se trata de un acontecimiento reciente ni aislado, según cifras de la  Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, de 2006 a 2012 fueron denunciadas 2 mil 96 violaciones.

Por otro lado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2000 a 2013, las denuncias presentadas ante las Agencias del Ministerio Público de Guanajuato por el delito de violación, se han presentado de la siguiente manera: 204 en 2000; 269 en 2001; 331 en 2002; 313 en 2003; 261 en 2004; 245 en 2005; 219 en 2006; 187 en 2007; 223 en 2008; 313 en 2009; 399 en 2010; 387 en 2011; 429 en 2012; y 605 en 2013. 

Aunado a lo anterior, en 2014, cada mes los medios de comunicación han dado a conocer diversos acontecimientos relacionados con la violencia de género, que en su mayoría han quedado en la impunidad.

En relación a las recomendaciones que forman parte de las demandas de la “Marcha por la Paz y por los Derechos de las Mujeres de Guanajuato”, es oportuno referir que el 20 de marzo del año en curso integrantes del Centro de las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C. y del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende A.C., presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Guanajuato, por considerar que existen elementos de una violencia sistemática contra las mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres en su carácter de Secretaría Ejecutiva, informó al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la admisión de dicha solicitud, conformando un grupo de trabajo constituido por una representante del Instituto Nacional de las Mujeres, una de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la entidad y dos representantes de una Institución académica de la entidad y dos de una Institución académica nacional.

Una vez integrado, llevaron a cabo el análisis del contexto y situación de Guanajuato y el 10 de julio de 2014, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer entregó al gobierno estatal el informe respectivo, el cual contiene 13 observaciones para el Gobierno de la entidad, y en caso de ser aceptado, de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, deben cumplirse en un plazo máximo de seis meses. 

Entre los principales resultados contenidos en el informe se encuentran los siguientes:

● De 2010 a 2013, las atenciones de la Secretaría de Salud a mujeres lesionadas por violencia intrafamiliar en la entidad ascendieron en 234%, mientras que las atenciones por violencia no familiar en un 111%. En el mismo periodo de tiempo, la violencia física aumentó en 102%, la sexual en 142% y la psicológica en 218%.

● Respecto a la violencia familiar, en el documento se señala que a nivel nacional Guanajuato ocupó el primer lugar en 2010, el segundo en 2011 y de nuevo el primero en 2012 y 2013. En cuanto a la violencia no familiar, ocupa el segundo lugar en 2010, el tercero en 2011 y el segundo en 2012 y 2013.

● En relación a la reincidencia de las agresiones en contra de las mujeres, en Guanajuato hubo repetición en 69.6% de las atenciones donde se detectó abandono y/o negligencia; 59.6% de los casos de violencia física; 80.8% los casos de violencia sexual; 80.1% los de violencia psicológica; y 85.5% de los de violencia económica o patrimonial, mientras que en el territorio determinado en la solicitud de alerta de género, los porcentajes fueron de 70.8%; 61.8%; 81.9%; 83.8%; y 86.2%, respectivamente.

Entre las recomendaciones están realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género, así como fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense; elaborar un Diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; y generar protocolos de actuación especializados que incorporen la perspectiva de género para los cuerpos de policía municipales y estatal.

La naturaleza de este grave problema nos exige actuar de inmediato, de manera coordinada y efectiva. Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, se trata de un fenómeno que debe ser abordado desde todas sus aristas y bajo ninguna circunstancia debe ser observado como algo cotidiano o inherente a la idiosincrasia de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones pertinentes a fin de dar respuesta puntual a cada una de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres en el estado Guanajuato. Asimismo, envíe un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre las acciones que se están instrumentando para solventarlas.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Atentamente

Partido Revolucionario Institucional”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la SEMARNAT y a la SAGARPA a realizar estudios sobre la repercusión y evaluación de las afectaciones del cambio climático a las actividades pesquera y acuícola nacional y se elabore un atlas de riesgos para dichas actividades. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las acciones necesarias para erradicar los secuestros de migrantes en la frontera sur del país y a garantizar una política de asistencia humanitaria en materia de migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.







 

Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe en relación al proceso de licitación para la compra de las luminarias del programa "Iluminamos tu Ciudad". Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UN INFORME EN RELACION AL PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE LAS LUMINARIAS DEL PROGRAMA "ILUMINAMOS TU CIUDAD".

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La prestación de servicios públicos eficientes y de calidad como alumbrado público; agua potable y alcantarillado; limpia; mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; calles, parques y jardines, constituyen tareas indispensables para resolver las necesidades de la población y generar desarrollo social en las 16 Delegaciones que conforman el Distrito Federal.

Dentro de los servicios públicos, es importante poner énfasis en el alumbrado público, debido a que el 15% de los 80 mil puntos de luz de las vialidades primarias no funcionan correctamente y más del 18% de las 405 mil luminarias localizadas en las vías secundarias necesitan ser reparadas. En consecuencia, más de 14 mil piezas deben ser sustituidas, en alrededor de 90 colonias es en donde se presentan los mayores problemas de iluminación, situación que se traduce en escenarios de inseguridad. 

En este contexto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentó el programa “Iluminemos tu Ciudad”; estrategia que tiene como objetivo mejorar el alumbrado público de la capital y beneficiar a más de mil 500 colonias, contempla una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, con el cual se sustituirán más de 330 mil lámparas, generando un ahorro del 280 millones de pesos en luz, gasto que asciende actualmente a mil 120 millones de pesos anuales, evitando la emisión anual de 43 mil toneladas de dióxido de carbono, propiciando el cuidando el medio ambiente.

La administración pública del Distrito Federal, debe garantizar el acceso fiable y universal a este servicio público, así como establecer planes para su mantenimiento y renovación, bajo marcos normativos que posibiliten la rendición de cuentas.

Cabe mencionar, que aunque el programa tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura urbana y el cambio de luminarias en mal estado, el proceso de licitación ha presentado posibles irregularidades, sobre todo en relación a la falta de transparencia en los contratos, montos y fechas de ejecución.

Esta postura ha quedado evidenciada en la decisión que la Secretaría de Obras y Servicios con respaldo de su Comité de Transparencia ha tomado en el sentido de reservar por cuatro años la información sobre la compra de más de 158 mil sistemas lumínicos.

Diversos medios de comunicación han señalado los cortos tiempos en lo que se realizó la licitación “fast track” y que posiblemente estuvo dirigida en favor de las firmas Sola Basic y su distribuidora Axati Internacional.  Así como la falta de información en relación a los espacios en los que serán instaladas las nuevas luminarias, las delegaciones y colonias beneficiarias, asimismo el número de personas que se verán impactadas positivamente por estas acciones, sin faltar los mecanismos de entrega y mantenimiento.

Ante estos acontecimientos, diversos actores han declarado que "No puede haber oscuridad en un proyecto de iluminación” y que "No hay razón para clasificar la información. Si queremos iluminar la Ciudad y lo mejor es hacerlo con transparencia y rendición de cuentas”.

Por todo lo anterior, la Contraloría General del Distrito federal abrió una investigación del caso por posibles irregularidades en la adjudicación de luminarias del programa "iluminamos tu ciudad", ante tales hechos apremia que se den a conocer los avances en dicha investigación y se proceda conforme a derecho para deslindar responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto a fin de tener acceso a la información gubernamental y diversos mecanismos de rendición de cuentas sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que presente ante esta Soberanía un informe detallado en relación  al proceso de licitación en la compra de los sistemas lumínicos y a la Contraloría General del Distrito Federal para que envíe un informe de los avances en la investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de luminarias del programa "Iluminamos tu Ciudad".

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Partido Revolucionario Institucional”.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la federación y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA FEDERACION Y A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FORTALECER ACCIONES PARA LA PREVENCION, DETECCION OPORTUNA Y ATENCION QUE PERMITAN DISMINUIR LOS EFECTOS SECUNDARIOS EN LAS MUJERES QUE PADECEN CANCER DE MAMA, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA.

“La suscrita MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Senadora de la LXII Legislatura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FEDERACION Y A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN ACCIONES PARA LA PREVENCION, DETECCION OPORTUNA Y ATENCION QUE PERMITAN DISMINUIR LOS EFECTOS SECUNDARIOS EN LAS MUJERES QUE PADECEN CANCER DE MAMA, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer de mama, es la neoplasia más frecuente en las mujeres alrededor del mundo. Cada año, la incidencia del cáncer de mama va en aumento debido a diversas causas y factores como lo son, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la urbanización, la herencia, la adopción de modos de vida poco saludables, entre otros. Aunado a ello, las estrategias de prevención no han sido eficaces para eliminar que en la mayoría de los casos de mujeres que padecen cáncer de mama en países de ingresos bajos y medios, se realicen diagnósticos fases muy avanzadas.

Datos de la base de datos Globocan, revelan que en 2012 la incidencia a nivel mundial fue de 1.67 millones de nuevos casos por cáncer de mama, ubicándose como la quinta causa de mortalidad en el mundo. Es por ello, que la prevención del cáncer de mama sigue siendo a nivel mundial una de las grandes deudas pendientes para garantizar la salud de las mujeres.

En México, la incidencia del cáncer de mama de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) reportados en 2012 fue de 13 mil 388 nuevos casos. Cada 90 minutos muere una mujer por cáncer mama, mientras que la Secretaría de Salud diagnóstica cada 30 minutos a una mujer más con este padecimiento.1 Como sabemos, la mortalidad por cáncer de mama ha tenido una tendencia ascendente en los últimos años.

En este marco, es necesario fortalecer los mecanismos de prevención y de detección temprana del cáncer de mama en sus primeras etapas, pues una mujer que lo padece tiene mayores posibilidades de sobrevivir si este es detectado a tiempo.

La prevención del cáncer de mama, implica que las mujeres conozcamos los factores de riesgo de este padecimiento. Si bien los factores de riesgo no suministran toda la información sobre la enfermedad, resultan ser el primer indicativo relacionado con la probabilidad de padecer cáncer de mama.

Algunos factores de riesgo, como la edad o la herencia de una persona, no se pueden cambiar. Otro tipo de factores de riesgo están relacionados con conductas personales tales como fumar, tomar alcohol y la alimentación o la falta de actividad física. Y otros están relacionados con factores cancerígenos ambientales. Algunos factores tienen más influencia sobre el riesgo que otros, y el riesgo de cáncer de seno cambia con el transcurso del tiempo debido a factores como el envejecimiento o cambios en el estilo de vida.

El simple hecho de ser mujer es el principal riesgo de padecer cáncer de mama. Los hombres pueden padecerlo, pero esta enfermedad es aproximadamente 100 veces más común entre las mujeres que en los hombres. Esto probablemente se debe a que los hombres tienen menos hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona.

Como ya mencionamos el riesgo de padecer cáncer de mama, se incrementa conforme la edad aumenta. Aproximadamente uno de cada ocho cánceres de mama se detecta en mujeres menores de 45 años de edad, mientras que aproximadamente dos de cada tres cánceres invasivos del seno se encuentran en mujeres de 55 años o más. 2

Algunos otros factores de riesgo se relacionan con los antecedentes familiares, la raza y el origen étnico, las infecciones mamarias, el carcinoma lobulillarin situ, la menarca temprana, la exposición al dietilestilbestrol, embarazos tardíos (después de los 35 años), terapias hormonales para disminuir efectos de la menopausia, el sobrepeso y la obesidad, entre otros.

Por otro lado, la detección temprana no sólo incluye encontrar el tumor canceroso antes de que comience a causar síntomas y usar métodos que permitan el diagnóstico oportuno de este tipo de neoplasia, pues el tamaño y la extensión de esta enfermedad son algunos de los factores más importantes para establecer el pronóstico de una mujer a que padezca esta enfermedad.

Sin embargo, otro de los obstáculos para la detección oportuna de esta enfermedad es que los médicos de primer contacto deben asumir con responsabilidad los diagnósticos que realizan y ante cualquier duda, enviar a las mujeres con médicas especialistas. Aunado a ello, los oncólogos y radiólogos deben recibir capacitación profesional en instituciones médicas y académicas a fin de brindar la mejor atención para las mujeres que padecen cáncer de mama.

Algunas Organizaciones dedicadas a la Salud a nivel mundial, señalan que las mujeres de 20 a 39 años de edad deben someterse a un examen clínico de las mamas como parte de un examen de salud periódico, realizado por un profesional de la salud preferiblemente cada 3 años. A partir de los 40, deben someterse a un examen clínico de las mamas, realizado por un profesional de la salud todos los años en donde deben ser incluidas las mamografías.

El autoexamen es una opción para las mujeres jóvenes y es muy importante que se les oriente sobre los beneficios y las limitaciones del autoexamen, pues además se debe reportar a los médicos de cualquier cambio que puedan presentar las mamas de manera inmediata.

Por otro lado, la atención de las mujeres que padecen cáncer de mama relacionada con los efectos secundarios que esta enfermedad les causa, resulta muy necesaria y fundamental en el ejercicio de sus derechos a la salud, la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, porque tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, en su instrumento constitutivo,3 la salud, debe entenderse como “el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ya que el goce máximo de la salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, derechos que además se consagran en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, es necesario mirar las circunstancias materiales en que viven y se desarrollan las personas, ya que éstas, expresan el nivel de satisfacción de sus necesidades prácticas e inmediatas y el bienestar de éstas y sus familias. En este sentido, es necesaria la aplicación de la perspectiva de género en cualquier acción, mecanismo o política pública que pretenda garantizar la salud de las mujeres. Ya que la perspectiva de género permite mostrar las diferencias entre mujeres y hombres que no sólo se dan por la condición biológica, sino por las diferencias culturales asignadas a todos los seres humanos.

Es en este marco, que manifiesto la necesidad de atender de manera integral a las pacientes de cáncer de mama, pues hay aspectos psicológicos y emocionales que también deben ser atendidos, por ejemplo, los estilos de afrontamiento ante la enfermedad, las preocupaciones de las mujeres por sus familias, la necesidad de mitigar los efectos secundarios y psicológicos que genera la enfermedad.

Para ello, es necesario tomar en cuenta aspectos fundamentales como lo es la autoconfianza, la estabilidad emocional, la fortaleza, la afectividad positiva y la autoestima, pues diversos estudios e investigaciones científicas, han determinado que el bienestar psicológico de las pacientes con cáncer, es determinante para el afrontamiento de la enfermedad, el restablecimiento total de las pacientes.

En este sentido, resulta fundamental crear mecanismos que permitan mejorar las condiciones anímicas de las pacientes con cáncer de mama posteriores a la intervención quirúrgica y los tratamientos tales como las quiomioterapias, radioterapias entre otras. 

Compañeras y Compañeros senadores:

La vida, es lo más preciado que todo ser humano tiene y definitivamente vale mucho la pena invertir en su cuidado, no sólo porque es una obligación que  el Estado Mexicano tienen con sus habitantes, sino porque es un derecho humano inalienable, indivisible y universal y quienes somos sobrevivientes de esta grave enfermedad, sabemos que el cáncer de mama lacera profundamente a las mujeres que lo padecemos y a nuestras familias.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Federación y a las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias, fortalezcan acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama través de:

1. Campañas de tratamientos capilares para mujeres que padecen cáncer de mama o han perdido el cabello como resultado de los tratamientos para esta enfermedad,

2. Tratamientos psicológicos y de medicina alternativa que permitan mitigar los efectos secundarios del cáncer de mama en las mujeres,

3. Realización de post-mastectomías para las mujeres que hayan padecido cáncer de mama.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud, se incluyan elementos clínicos-psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud que faciliten la mejoría y bienestar psicológico de las pacientes con cáncer de mama.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que a través de las Comisiones de Salud, de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, asignen y etiqueten dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, recursos suficientes que permitan a la Federación y a las 32 entidades federativas realizar acciones que permitan disminuir los efectos secundarios del cáncer de mama, en el marco de los resolutivos anteriores.

CUARTO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a promover convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, radiólogos y médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento integral para el cáncer de mama.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Sen. Martha Elena García Gómez”.

1 Fuente: Centro de Equidad y Género y Salud Reproductiva, 2013 en Milenio.com disponible en http://www.milenio.com/politica/mujer-muere-Mexico-minutos-cancer_0_173382768.html

2 American Cancer Society, 2013 disponible en http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003164-pdf.pdf

3 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de los Representantes de 61 Estados, consultada en http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf el 29 de mayo de 2013





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación a los recursos otorgados por el Estado mexicano a la Refinería Bicentenario. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el costo total de la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el impacto financiero en las finanzas públicas de la entidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, ENVIEN A ESTA SOBERANIA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA REHABILITACION DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASI COMO EL IMPACTO FINANCIERO EN LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA ENTIDAD.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Actualmente una de las más grandes preocupaciones que prevalece en las principales ciudades del mundo es la relativa a la movilidad urbana en virtud de que además de traducirse en traslados rápidos y seguros, también tiene alto impacto en el desarrollo del país. En el caso del Distrito Federal, el Sistema de Transporte Colectivo es uno de los medios más importantes, empero, en los últimos años se ha distinguido por constantes fallas operativas, técnicas y de gestión.

Al mirar en retrospectiva, vemos que el buen funcionamiento que en sus inicios tuvo el Sistema de Transporte Colectivo, forma parte del pasado, situación que en gran medida obedece a la falta de una efectiva planeación estratégica, la incorrecta gestión de los recursos públicos y la ausencia de transparencia.

Son constantes las denuncias de los usuarios, quienes manifiestan que circulan vagones viejos e inseguros; las remodelaciones no son periódicas o son insuficientes; con frecuencia se utilizan vagones sin ventilación y en diversas estaciones reciben un servicio ineficiente.

A pesar de que estas fallas se presentan en todo el Sistema de Transporte Colectivo, desde su apertura la línea 12 del metro se ha distinguido por graves inconsistencias que además de las afectaciones inherentes al servicio, dejan de manifiesto la comisión de conductas antijurídicas y peor aún, de impunidad de diversos funcionarios públicos del Gobierno del Distrito Federal.

Ante este panorama, en todo momento los usuarios han sido los más afectados, primero al no poder recibir un servicio acorde a los estándares de seguridad internacional, y segundo, la pérdida de tiempo en los traslados y el daño a su economía familiar con el cierre de 11 de las 20 estaciones que integran la línea Dorada que se mantiene desde el 12 de marzo de 2014.

Lo anterior ha robustecido el comercio informal, bases de taxi y autos mal estacionados en las inmediaciones de las estaciones sin servicio, peor aún, paulatinamente el personal de apoyo a usuarios de la Red de Transporte de Pasajeros ha reducido en perjuicio de la población.

Desde entonces, lejos de haber avances significativos, se ha ido postergando la reapertura total de la línea 12, al efecto, el 29 de septiembre del año en curso, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, informó que se tiene prevista hasta noviembre de 2015, precisando que se llevará a cabo en tres etapas: Mayo, Atlalilco a San Andrés Tomatlán; Junio, de San Andrés a Periférico Oriente; Noviembre, San Andrés a Periférico Oriente a Tláhuac.

Puntualizó que para poder iniciar la rehabilitación de la línea 12 es necesario sustituir 528 mil piezas, es decir, 200 mil más de las previstas en el diagnóstico presentado por la empresa Systra.

En relación a lo señalado por el Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, el 13 de octubre de 2014, al comparecer ante la -Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del Metro, de la Cámara de Diputados, el Secretario de Finanzas del Distrito Federal se pronunció al respecto.

Durante este acto de rendición de cuentas, el funcionario público manifestó que el Gobierno de la entidad tiene previsto incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015, una partida presupuestal de aproximadamente 500 millones de pesos para sufragar los costos de las 528 mil piezas que se requieren cambiar en la denominada línea Dorada.

Por otro lado, manifestó que ante su eventual aprobación, dicha partida presupuestal no repercutirá en los programas sociales, sin embargo, es fundamental que dichas aseveraciones sean fundadas y motivadas, a fin del correcto ejercicio de los recursos públicos y en beneficio de la población del Distrito Federal.

En cuanto al gasto destinado a la construcción de la línea 12, el propio servidor público declaró que durante el periodo 2007-2013, el Gobierno del Distrito Federal destinó 22,012.1 millones de pesos, el cual fue financiado con recursos federales y con recursos complementarios, los cuales fueron ejercidos por la Secretaría de Obras del gobierno capitalino y el Proyecto Metro, instituciones que en términos totales, ejercieron 3,875.4 millones de pesos y 18,136.7 millones de pesos, respectivamente.

Refirió que desde que la línea 12 fue cerrada en marzo del presente año, se han invertido 250 millones de pesos en el pago del servicio especial de los 250 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, precisando que de esa cantidad, 66 millones se le pagaron y lo restante fueron deducciones en las aportaciones. Aunado a lo anterior, 62 millones para la Secretaria de Obras para el diagnóstico de las fallas y para la rehabilitación.

Bajo este contexto, en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que más allá de los procesos judiciales pendientes, es fundamental que no se siga vulnerando a la población, para ello se deben establecer alternativas viables para dar solución a esta problemática, y por supuesto que todos los implicados asuman la responsabilidad que les corresponde.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015, se incluya una partida presupuestal de esta naturaleza, es fundamental que la misma no trasgreda los programas sociales, ni el desarrollo de otros programas de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las instancias correspondientes, envíen a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el costo total de la rehabilitación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el impacto financiero en las finanzas públicas de la entidad.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Partido Revolucionario Institucional”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el procedimiento que se sigue en contra del proyecto Dragon Mart en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN CONTRA DEL PROYECTO DRAGON MART EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

“La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE A TRAVES DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN CONTRA DEL PROYECTO DRAGON MART EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ESTA SOBERANIA EL AVANCE EN LAS DENUNCIAS PENALES QUE SE DEBEN PRESENTAR POR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS, al tenor siguiente:

I. Antecedentes

1. En el municipio Benito Juárez del estado de Quinta Roo, se estableció un mega proyecto denominado “Dragon Mart Cancún” que contempla la construcción de locales comerciales, bodegas y viviendas en 84 hectáreas. Derivado del proyecto diversas organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación sobre el impacto ambiental a consecuencia de su construcción.

2. En relación al tema, el Senado de la República a través de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, presentaron una serie de proposiciones de puntos de acuerdo para solicitar a las autoridades competentes diversas solicitudes, así como la implementación de acciones con el pleno respeto y apego a las facultades expresadas por la Ley. Bajo este concepto las proposiciones fueron las siguientes:

a) El 20 de noviembre del año 2012, los senadores Luz María Beristain Navarrete y David Monreal Avila, solicitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN) estudios para determinar el impacto ambiental, económico y social; así como informes sobre las evaluaciones y dictamen de las autorizaciones otorgadas por el Gobierno del estado de Quinta Roo y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

b) El 12 de marzo del año 2013 la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, presentó una proposición para crear una Comisión de Vigilancia y transparencia para vigilar la legalidad del proyecto Dragon Mart.

c) El 18 de septiembre del año 2013 los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Luz María Beristain Navarrete, presentamos una proposición para solicitar a varias dependencias de la Administración Pública Federal, el análisis y evaluación del Proyecto Dragon Mart.

d) El 3 de julio del año 2014, el Diputado José Arturo López Cándido, durante el ejercicio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó una proposición para exhortar a la SEMARNAT y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el cumplimiento de sentencias judiciales y, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo correspondiente respecto a las presuntas violaciones a derechos fundamentales.

e) El 21 de abril y 20 de agosto de 2014, se aprobaron varios dictámenes tanto del Pleno del Senado como de la Comisión Permanente que atendieron las proposiciones presentadas.

CONSIDERACIONES

Dragon Mart es un proyecto catalogado como el centro de negocios y cooperación más grande e importante que China pretende desarrollar en América Latina, el cual se encargará de la distribución de productos de origen de ese país por todo Latinoamérica.

Su ubicación se encuentra en la costa a 18 km del sur de Cancún, a 9 km del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 11 km de Puerto Morelos.

Sin embargo, lo que llevó a debate y discusión en este Senado de la República fue el tema ambiental, especialmente la protección de los MANGLARES, los cuales son de suma trascendencia para la vida silvestre, sobre todo, por los servicios ambientales que generan, uno de ellos es su función como filtro natural que requiere la corteza terrestre para soportar su transición con el mar; los manglares son el recurso natural que sostiene gran parte de la producción pesquera como actividad económica y productiva para atender y garantizar parte de la seguridad alimentaria.

Ya ha pasado un año y en la actualidad la PROFEPA sólo ha impuesto multas al proyecto comercial Dragon Mart por daños ambientales, que cabe señalar, no se sabe si ya fueron cubiertas por la empresa.

De manera adicional, la PROFEPA ordenó la aplicación de medidas de remediación y restauración por casi 12 millones de pesos, de las cuales tampoco se conoce información sobre el nivel de cumplimiento que se tiene hasta el momento.

Derivado de la opacidad y falta de información en todas estas acciones y de las presuntas violaciones a las leyes y normas ambientales nacionales, se inició un procedimiento administrativo en contra del proyecto Dragon Mart en el mes de marzo de este año 2014, luego de que un juez otorgara un amparo a la proponente Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Avila Ruiz senadores panistas, quienes reclamamos atender las denuncias ciudadanas que señalaban claras irregularidades en el predio El Tucán, donde comenzó a construirse el polémico centro.

Adicionalmente a través de diferentes procedimientos legales, la PROFEPA  aplicó una sanción económica global de más de $23 millones de pesos por irregularidades en materia ambiental y forestal.

Sin embargo, el polémico proyecto ya tiene establecida una fecha de apertura para el año 2016, lo que significa que inminentemente se hará realidad como centro de exhibición de negocios y materias primas provenientes de China, así como de otros países.

Sabemos que hay daños en los ecosistemas ya que la empresa encargada de elaborar el proyecto no contó con las autorizaciones para la realización de obras, así como dos caminos a humedales y por la afectación de ecosistemas costeros, los cuales, de acuerdo con la legislación vigente (Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales), es factible que constituyan delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Por tanto, el objetivo de la presente proposición es que la PROFEPA de seguimiento a los procesos judiciales y administrativos que corresponden al caso, ya que de no hacerlo incurriría en omisión a lo establecido en el Código Penal Federal,  que a la letra establece:

“Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o

III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.”

Derivado de lo anterior, la PROFEPA es la encargada de atender las denuncias de las personas que conozcan de un hecho ilícito para que a su vez sea también la instancia encargada de presentar al Ministerio Público Federal las denuncias en materia ambiental, siempre que existan elementos suficientes que constituyan delitos conforme al Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, pero también se faculta a las dependencias de la administración pública competentes tanto locales como federales, las cuales deberán proporcionar al ministerio público o al juez, los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias.

Conforme a lo anterior, resulta pertinente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en el ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía, el procedimiento administrativo que se sigue contra el proyecto Dragon Mart, así como el estatus de las denuncias penales interpuestas. Las comisiones del Senado encargadas y competentes de atender el tema ambiental, debemos conocer los avances y acciones que han ejercido las dependencias para proteger al medio ambiente, y en este caso específico a los recursos naturales como el manglar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que remitan un informe a esta Soberanía sobre el estado actual del procedimiento que se sigue en contra del proyecto Dragon Mart en el Estado de Quintana Roo y hagan del conocimiento de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Especial de Cambio Climático, el avance de las denuncias penales que se debieron haber presentado por las irregularidades detectadas, mismas que podrían constituir delitos ambientales de acuerdo a la legislación vigente.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en caso de no haberse presentado las denuncias penales correspondientes, informen a esta Soberanía de forma fundada y motivada las causas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE ESTA EJECUTANDO EN LA PENINSULA DE YUCATAN EN APOYO A LAS COMUNIDADES MAYAS, ASI COMO A FORTALECER LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR UNA CAMPAÑA DE PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO AL LEGADO DE LOS MAYAS.

“La suscrita, Senadora LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La cultura maya conlleva una historia representativa del México prehispánico, reconocida por las riquezas en sus herramientas, piezas de arte, conocimientos medicinales, arquitectónicos, astronómicos y filosóficos, sus conocimientos ancestrales se han reconocido y difundido en todo el mundo, inclusive la obra del “Rabinal Achí” fue declarada Obra Maestra de la tradición Oral e Intangible de la Humanidad, en 2005 por la UNESCO, por lo que su importancia es de gran trascendencia.

Desafortunadamente a partir de la conquista española muchas obras culturales de los mayas fueron destruidas, desde literatura, hasta construcciones, dejándonos solo un poco de lo que fue la civilización maya, aunado a esto nuestro país aún necesita seguir impulsando sus políticas públicas para preservar la cultura maya, evitar que se pierda todos los conocimientos de esta cultura, por lo que se requiere una estrategia intensificada donde se garantice la preservación, rescate y difusión de la cultura maya.

Actualmente la cultura en mención ha hecho que todo el mundo voltee la mirada hacia nuestro país, lo que ha provocado una difusión cultural de todo nuestro territorio, la visita de miles de extranjeros, con fines recreativos y de investigación, hoy por hoy es necesario implementar una estrategia para incrementar la actividad turística, promoción turística y preservación de la cultura maya.

Es menester mencionar que la cultura maya aún se manifiesta en la población mexicana en gran medida en el Estado de Quintana Roo, esto provoca que las lenguas indígenas aún se mantengan en las comunidades.

Por otro lado, las lenguas indígenas más habladas en el Estado de Quintana Roo son:

 

Lengua indígena

Número de hablantes
(año 2010)

 

 

Maya

177 979

 

 

Tzotzil

3 392

 

 

Chol

3 059

 

 

Kanjobal

1 516

 

FUENTE:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

 

Hay 196 060 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 16% de la población de la entidad.

A nivel nacional de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español.1 La cultura maya sigue viva en nuestro país, razón por la cual se debe atender a ese sector de la población, ocasionando la preservación de su cultura.

En la península de Quintana Roo, la sociedad y los pueblos mayas suman esfuerzos para conservar sus costumbres sin embargo en la práctica casi no reciben apoyo del Estado, de tal suerte que ellos solos se ven en la tarea de preservar su cultura. Un ejemplo claro es el del Grupo Cultural HAMBAJ KA’AN el cual realiza rituales acorde al calendario maya, utilizando los solsticios y los equinoccios simbolizando la sincronía cósmica del Universo del cual formamos parte.

Los rituales preservan el modelo cuántico del tiempo percibido desde la cosmovisión prehispánica de la cultura maya aún vigente en la Península de Yucatán.

Los rituales conllevan una gran metodología y logística basadas en la connotación de la cultura maya. Desde el posicionamiento del altar en relación a los puntos cardinales, los instrumentos adecuados para conseguir  la frecuencia rítmica, las flores y cabe destacar que se utiliza la lengua maya durante todo el ritual, así como su simbolismo arquetípico.

El Grupo HAMBAJ KA’AAN  ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura del Reino Unido y fue patrocinado en sus totalidad para oficiar una Ceremonia Maya en Stone Hedge ubicado al centro de Inglaterra, cabe señalar que dicho monumento arqueológico es el de mayor antigüedad en la tierra.

Es por estas razones que es de vital importancia para el Estado de Quintana Roo y para la totalidad de la sociedad mexicana que los programas de la CDI puedan incluir al Grupo Cultural HAMBAJ KA’AN y todos los demás grupos culturales que coadyuven a desarrollar a los pueblos mayas.

Resulta una campaña necesaria, reivindicatoria y cultural, para todos los mexicanos, de tal manera que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe ejecutar las acciones necesarias por medio de sus programas y facultades para brindar apoyo a los pueblos mayas, no solo a un grupo social organizado sino a los más posibles, con miras a ser un México más inclusive e igualitario.

Al reforzar las acciones de la CDI en la Península de Yucatán repercutirá directamente en la vida de los ciudadanos, ya que los pueblos mayas son un buen porcentaje de la sociedad de la localidad.

Por las razones antes expuestas, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que informe a esta soberanía los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas.

Senado de la República, México, Distrito Federal, a de noviembre de 2014

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.





 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reforzar las acciones emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, del estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

De los Senadores María Alejandra Barrales Magdaleno y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia física a sus sesiones de Pleno, así como respecto de las acciones para garantizar, asegurar y ponderar el cumplimiento del principio de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información pública. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A INFORMAR RESPECTO DE LOS CRITERIOS PARA LIMITAR EL ACCESO Y PRESENCIA FISICA A SUS SESIONES DE PLENO, ASI COMO RESPECTO DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR, ASEGURAR Y PONDERAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

“Quienes suscriben senadora MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO Y SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA RESPECTO DE LOS CRITERIOS PARA LIMITAR EL ACCESO Y PRESENCIA FISICA A SUS SESIONES DE PLENO, ASI COMO RESPECTO DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR, ASEGURAR Y PONDERAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, EN ELLAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El derecho de acceso a la información se reconoce a partir de la posibilidad de que todos los ciudadanos se involucren en las actividades llevadas a cabo por el Estado; en primer lugar para allegarse de elementos para la socialización a partir de la formación de opiniones y la deliberación de asuntos públicos con la toma de decisiones informadas, así como para la vigilancia y evaluación del quehacer gubernamental o representativo, en aras del cumplimiento o satisfacción de los fines que se establece esa sociedad. En su doble dimensión, se contempla el derecho de manifestación y/o expresión, siendo a partir de la difusión de esa información como se logrará posibilitar el acceso.

2. Como parte de este principio, diversos tratados han considerado el reconocimiento a partir de normas, con la finalidad de garantizar, desde el orden internacional, la satisfacción del derecho “universalizándolo”, y cumpliendo la función de radiación en el ámbito de los sistemas jurídicos estaduales. De esta manera, por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone el derecho a la libertad de opinión y expresión concomitante al de recibir información y opiniones. Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, también prevé una disposición garantista en semejanza. En el ámbito regional, el artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos enuncia la protección del derecho de expresión en participación con la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones “sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además contempla que su satisfacción no puede sujetarse a la censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley.

3. En adopción de estos principios universales, nuestra Constitución federal reconoció en el artículo 6º el derecho fundamental de acceso a la información1 y expresión; en cuanto a la reforma de 20072 se asignó el carácter obligatorio de publicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u obligación de las autoridades, contemplando además que en su interpretación la prevalencia de máxima publicidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio “Libertad de expresión y derecho a la información. Su importancia en una democracia constitucional”3 destaca que tanto la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos centrales en un estado constitucional, además contempla una relevancia, no solo individual, sino trascendiendo al ámbito colectivo e institucional, asegurándose por ello el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto.

4. Las reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información han girado, a su vez, en torno a la democratización del Estado. Ya desde 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual reconoció que la información en posesión de los órganos del Estado tiene un carácter público; esta característica resulta determinante, ya que la esencia originaria de la información derivada de la actividad estatal es pública, prohibiendo al órgano obligado y a sus funcionarios la disposición libre o discrecional en el manejo y determinación de la información, ya que se reconoce que no conforma un patrimonio ejercible por éste, sino apegado a las disposiciones que sean determinadas en la ley.

En correspondencia con el concepto de gobierno transparente, implica el acceso y conocimiento puntual de las decisiones, políticas y acciones públicas, con la finalidad de generar deliberaciones y resoluciones de problemas que atañen al cúmulo de la sociedad. De esta forma se ha considerado que toda la información en posesión de los órganos que desarrollan actividades públicas, como sujetos obligados, debe atribuir en principio la máxima publicidad de la información.

Como principio esencial para el ejercicio del derecho a la información, la máxima publicidad implica por un lado el establecimiento de un criterio orientador para la actuación de todo ente obligado y, por otro, la posibilidad de acceso en ponderación a la clasificación o reserva de la misma. Sin embargo, también encuentra un reducto de limitación cuando se presentan condiciones que puedan afectar al interés público, para lo cual debe atenderse a su justificación concreta, como excepción,  o “prueba de daño”.

5. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental LFTAIPG, enuncia en los artículos 1º y 2º que la finalidad es garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Por lo que, toda información gubernamental es pública, tendiendo los particulares acceso a la misma, en términos de esta ley secundaria.

Por su parte, en el dictamen4 por el que se expidió la LFTAIPG, de 2002, se estableció que:

“El acceso a la información se sustenta en el derecho a conocer la información de interés público que provenga de los órganos de Estado y de cualquier otra entidad que genere información que afecte el interés general, por lo que resulta un avance el que éste derecho no se restrinja a la información que genere el Ejecutivo, sino que involucra a todos los órganos de Estado, y a quienes hacen el patrimonio público y quienes generen información de interés público.”

Del análisis de la Ley, se desprende que está constituida por tres ejes fundamentales:

El primer eje se refiere a la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de información que les permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados.

El segundo eje de la Ley consiste en el derecho de los particulares de requerir información a los sujetos obligados.

El tercer eje de la Ley se refiere a la creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación.”

En consonancia con esa ratio legis, primeramente habrá de observarse la naturaleza de la información, así como el uso o potencialidad de uso respecto de la posibilidad de afectación a otro derecho, el cual deberá ser salvaguardado por el órgano obligado.  Sin embargo, siempre sujeto a las previsiones que en la materia determine la ley o los criterios que en su caso sean fijados por el ente en virtud de la ponderación constitucional. Es decir no se suprime la posibilidad de limitar la publicidad de la información, siempre y cuando se encuentre justificada en relación a la naturaleza de la misma y a los postulados de orden legal.

6. Se ha descrito5 que dejar en manos del gobierno definir qué es y cómo se cumple el derecho de acceso a la información, estaríamos muy lejos de lo que se ha alcanzado, pues el derecho no ha surgido de forma voluntaria por parte del gobierno, su construcción tiene que ver con procesos de deliberación, persuasión, crítica y presión social.

Es por ello que, debe reconocerse que el derecho a la información no actúa de forma aislada, sino que mantiene un componente asociativo, o de doble dimensión, con otros derechos para su efectividad; tal es el caso por ejemplo del derecho de libertad de expresión o de divulgación de esa información cuando se ejerce por medios de comunicación.

7. Como parte de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en el artículo 28 párrafo vigésimo, fracción VI, se enuncia que el órgano autónomo de la materia deberá cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información, teniendo publicidad en sus sesiones, acuerdos y resoluciones, con las excepciones determinadas en la ley.

La legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, en el dictamen6 por el que se expidió, entre otros, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la parte atinente al acceso a la información y transparencia de la actuación del órgano de telecomunicaciones y radiodifusión, que:

“Uno de los pilares de la reforma constitucional consistió en otorgar certidumbre a las inversiones nacionales y extranjeras en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para lo cual, adicional a una reglamentación precisa y sin vaguedades sobre aspectos regulatorios, también requiere ir acompañada de disposiciones que permitan conocer con claridad los procesos de decisión, por tal razón la Constitución estableció que el órgano de gobierno del Instituto deberá cumplir con principios de transparencia y acceso a la información y que sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público, con las excepciones que determine la ley.”

Como es de apreciarse, tanto en la Constitución federal como en la ley secundaria, la publicidad de las sesiones se estableció como el parámetro básico. Es por ello que la limitación o restricción a esa apertura deber radicar como una excepción, y no como una regla de actuación por parte del órgano. Máxime cuando la LFTAIPG incluye al Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro del catálogo de sujetos obligados.

En lo relativo a la Ley  Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el capítulo V “De las sesiones del Pleno del Instituto, de sus resoluciones, de la transparencia y de la confidencialidad de las votaciones”, se enuncia en el artículo 47 que:

“Las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada.”

“Respecto de los dos párrafos anteriores, solo será considerada información confidencial o reservada la declarada como tal bajo los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.”

Como se observa en el dispositivo transcrito, prima la publicidad de las sesiones del IFT, siendo la excepción, el régimen de privado. Sin embargo, ante la excepción, surge la posibilidad de mantener la secrecía del desarrollo de las sesiones, tal como se consigna en el tercer párrafo del citado artículo 47.

Tal posibilidad se apunta bajo el cumplimiento, previo, de los requisitos que son determinados por la legislación de la materia; es decir, no quedan a la discrecionalidad o apreciación simple del órgano, sino que su determinación pasa por un análisis adyacente al tema o contenido de la información, para su posterior clasificación.

Ahora bien el artículo 49 de la Ley en comento, contiene la obligación de justificar públicamente la privacidad de las sesiones, exponiendo puntualmente las razones para ello:

“Artículo 49. Cuando la información correspondiente a uno o varios asuntos haya sido declarada confidencial o reservada el Pleno acordará la discusión de los mismos en sesiones privadas, justificando públicamente las razones de esta determinación.”

De esta forma, en el cumplimiento de las condicionantes de excepción se conjugan dos elementos sustanciales y, acatables para el ente obligado: en primer lugar para el sano ejercicio de la función pública, debe ponderar o privilegiar el derecho de transparencia y, por otro, debe asegurar que en esa limitación restringa en daño menor la satisfacción de un derecho fundamental, como es el de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad.

Dichos presupuestos de justificación, deben ser observados por la autoridad, en este caso por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sustentándose así el complemento de satisfacción respecto del principio de legalidad y certeza jurídica.

8. De las 43 sesiones del IFT en ninguna se ha permitido el acceso al público, tal como acaeció en relación a los hechos del 24 de septiembre del presente año, donde se restringió el acceso de un medio de comunicación a una sesión pública del IFT.

9. Hasta el momento se carece de información respecto de los criterios con los cuales se ha determinado la restricción a las sesiones, que de conformidad con la legislación aplicable y la Constitución, deben priorizar el carácter público. En relación al hecho descrito en el apartado anterior, el Instituto emitió una comunicación denominada “En relación a algunas solicitudes para tener acceso presencial a las sesiones del Pleno del Instituto”7, refiriéndose en la parte conducente a la justificación, que:

“El carácter público de las sesiones del Pleno, no se debe entender como una presencia física de personas que no pertenecen al Instituto en las sesiones, ni tampoco a su transmisión en tiempo real, sino que se refiere a la información que puede estar contenido en los acuerdos, resoluciones, o en las discusiones de los temas tratados en las sesiones del Pleno del Instituto, ya que es ésta la que rige por principios de transparencia y acceso a la información previstos en la LFTAIPG.”

La pretendida justificación resulta incompleta o confusa, ya que la reserva o limitación no está soportada en cuanto al contenido de la información, sino que se asigna como un carácter inherente a la actuación del órgano en el desarrollo de sus deliberaciones, sumada a la apreciación de que se trata de un ejercicio discrecional del ente obligado.

Otra confusión, es la que se deriva del incumplimiento del referido artículo 49 de la ley de telecomunicaciones, ya que se enuncia para la determinación de una sesión privada deberá justificarse públicamente; justificación que debe atenderse en forma previa, mas no preventiva.

Esto es así, porque tal pareciera que se está adoptando una determinación preventiva, la cual no conlleva una justificación en hechos concretos determinados previamente que hagan el surgimiento de la restricción, sino en la posibilidad futura, ad cautelam a favor del órgano, para el tratamiento de “posible” información contemplada como reservada o confidencial, no en el hecho de que en verdad sí se trata de ese tipo de información o datos que haga que se limite válidamente la publicidad de las sesiones.

Una inconsistencia que se ve en la comunicación del órgano de telecomunicaciones es la que trata de soportar en la razón de que se satisface la pretensión de publicidad cuando se pone a disposición la información, en acto futuro, en su modalidad audio, video o versión estenográfica. Lo anterior es también contrastante con el principio de máxima publicidad y gobierno transparente, pues tal como se ha comentado, se estaría dejando en manos del órgano la definición de qué es y cómo se cumple el derecho de acceso a la información, además “no agotan las alternativas para que los individuos accedan a la información gubernamental, ni necesariamente en todos los casos constituyen la mejor forma de hacerlo”8, generando posibilidad de vulnerabilidad del contenido de los documentos o regateo.

Este orden indeterminado por parte del IFT, genera únicamente la falta de certeza jurídica respecto de su actuación, además posibilita la vulneración sistemática de los derechos de acceso a la información y la transparencia del quehacer público, principios fundamentales reconocidos en Tratados Internacionales y en nuestro orden constitucional de derecho.

10. Si bien el derecho a la información y de expresión, encuentra resquicios normativos de limitación, estos deben ser justificados en el ámbito de la actuación pública de los órganos del Estado, como es el caso del IFT; lo anterior por resultar indispensable para cuestionar, investigar e indagar respecto de la capacidad e idoneidad de los temas de tratamiento y relevancia social, para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, la corresponsabilidad de la asignación y representación pública.  Ello se suscribe dentro del pretendido democrático de nuestro país y de las instituciones, como parte además de la garantía de la sociedad de interactuar y corresponsabilizarse en el ejercicio del poder público, objetivo que se planteó en la instancia del Congreso de la Unión para la actuación, en este caso, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Bajo estas consideraciones, resulta importante conocer los criterios normativos para la determinación de privacidad de las sesiones deliberativas del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones; ello en aras de la democratización de nuestro sistema público, de la garantía de legalidad y certeza jurídica a favor de la población, y como parte de la consolidación de un gobierno transparente y asociado al interés de la ciudadanía.

Ante esto, solicitamos a este Pleno del Senado, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que remita a esta soberanía un informe respecto de los criterios bajo los cuales sustenta la limitación de acceso y presencia física a sus sesiones deliberativas del Pleno.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que remita a esta soberanía un informe respecto de las acciones que lleva a cabo para garantizar, asegurar y ponderar el cumplimiento del principio de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información pública respecto de sus actividades, principalmente aquellas que forman parte de las deliberaciones de Pleno.

Salón de sesiones, a 4 de noviembre de 2014

Suscriben

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Zoé Robledo Aburto”.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_174_20jul07_ima.pdf

3 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/165/165760.pdf

4 http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/spesp.pdf

5 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2465/25.pdf

7 http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/09/Doc-Pleno.pdf

8 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2465/25.pdf





 

De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Gabriela Cuevas Barrón, David Monreal Avila, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos Lanz y Laura Angélica Rojas Hernández, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se suma al punto de urgencia aprobado por la Unión Interparlamentaria sobre “El papel de los parlamentos en apoyo de una respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la epidemia del ébola y adoptar las leyes que permitan responder y prepararse eficazmente para la epidemia del ébola y otras enfermedades infecciosas”. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE SUMA AL PUNTO DE URGENCIA APROBADO POR LA UNION INTERPARLAMENTARIA SOBRE “EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS EN APOYO DE UNA RESPUESTA INTERNACIONAL INMEDIATA Y ENERGICA FRENTE A LA EPIDEMIA DEL EBOLA Y ADOPTAR LAS LEYES QUE PERMITAN RESPONDER Y PREPARARSE EFICAZMENTE PARA LA EPIDEMIA DEL EBOLA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS”; Y SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE ADOPTEN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DICHO PUNTO DE URGENCIA Y SE CONTRIBUYA EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA EVITAR ESTA EPIDEMIA.

“Los Senadores GABRIELA CUEVAS BARRON, MARCELA GUERRA CASTILLO, DAVID MONREAL AVILA, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, RAUL AARON POZOS LANZ, Y LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrantes de la Delegación Permanente del Congreso Mexicano ante la Unión Interparlamentaria en ésta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 109 y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, ponemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por la que el Senado de la República se suma al punto de urgencia aprobado durante la 131 Asamblea de la Unión Interparlamentaria sobre “ELPAPEL DE LOS PARLAMENTOS EN APOYO DE UNA RESPUESTA INTERNACIONAL INMEDIATA Y ENERGICA FRENTE A LA EPIDEMIA DEL EBOLA Y ADOPTAR LAS LEYES QUE PERMITAN RESPONDER Y PREPARARSE EFICAZMENTE PARA LA EPIDEMIA DEL EBOLA Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS”; Y SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE ADOPTEN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DICHO PUNTO DE URGENCIA Y SE CONTRIBUYA EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA EVITAR ESTA EPIDEMIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El continente africano está experimentando una de las peores catástrofes de la salud en su historia. Los países afectados actualmente (Guinea, Nigeria, Liberia, Senegal, Sierra Leona) son el hogar de aproximadamente 250 millones de personas. Más de 7.000 personas ya han sido infectadas con el virus de Ebola, con peligro latente de contagio hacia los países vecinos (República norte Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Costa de Marfil y Malí).

2. El brote del Ebola, surgido en Africa Occidental, se agravó de manera preocupante en los últimos meses, alcanzando numerosas muertes, principalmente de los grupos más vulnerables, incluyendo a los trabajadores de la salud.

3. El 8 de agosto de 2014, la OMS formalmente designó el brote Ebola como una Emergencia de Salud pública de Preocupación Internacional, e hizo un llamado al uso de medidas sobre la prevención de enfermedad, la vigilancia, el control y la respuesta por los 194 Estados miembros.

4. El 18 de septiembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un total de 5,335 casos con 2,622 muertes en Africa Occidental, y 71 casos relacionados con 40 muertes en la República Democrática del Congo. Los muertos incluyen a muchos inspectores de sanidad, y el número de casos excede en número la cantidad de todos los brotes sabidos anteriores.

5. Ese mismo día, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia respecto a la epidemia Ebola – siendo ésta la segunda vez en la historia que ha ocurrido en cuanto a una crisis de salud pública (la primera fue en enero de 2000 en respuesta a la pandemia del VIH/SIDA). El Consejo de Seguridad declaró el brote Ebola en Africa Occidental como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

6. La creación de la Misión para la Respuesta a la emergencia del Ebola (UNMEER) para detener el brote, el tratamiento de los infectados, garantizar los servicios esenciales, presentar la estabilidad y prevenir nuevos brotes, da cuenta del grado prioritario de atención que ha venido recibiendo el tema entre la comunidad internacional. La oficina central de la misión está en Acra, Ghana,

7. En la actualidad, como resultado de las insuficientes inversiones en la investigación, no existe todavía una vacuna, ni tratamiento específico eficaz contra el virus del Ebola para poder hacer frente a esta epidemia.

8. El riesgo de contagio ocasionado por los movimientos de cruce de fronteras, se ha incrementado exponencialmente a partir de la movilidad internacional de personas en contacto con enfermos. Ante la falta de medios adecuados para tratar la enfermedad, la baja calidad en los servicios de salud y la dificultad de acceso a estándares higiénicos básicos, principalmente en las poblaciones rurales, la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria severa y el Consejo de Seguridad de la ONU la ha incluido entre las amenazas más graves a la paz y la seguridad internacionales.

9. De acuerdo a lo expresado por Naciones Unidas, la propagación de este virus puede convertirse en un desastre humanitario de consecuencias incalculables.

10 La epidemia ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública de orden internacional, y como amenaza para la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad.

11. Según el Sr. David Nabarro, Coordinador del Sistema de las Naciones Unidas para el Ebola, tomará de dos a tres meses poner en marcha un sistema de respuesta eficaz.

12. La unión de esfuerzos a nivel mundial para garantizar los apoyos humanitarios para las regiones afectadas.

Por lo anterior, nos sumamos a la preocupación internacional, y en particular de los parlamentos del mundo en cuanto a la atención que deba darse a esta pandemia, y en este sentido se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República se suma a las recomendaciones contenidas en el Punto de Urgencia aprobado en la Asamblea 131 de la Unión Interparlamentaria, sobre “El papel de los Parlamentos en apoyo de una respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la Epidemia del Ebola y adoptar las leyes que permitan responder y prepararse eficazmente para la epidemia del Ebola y otras enfermedades infecciosas” y exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, para que instruya a los Titulares de las Secretarías de Salud, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a todas y cada una de las instancias correspondientes, a que realicen las acciones y gestiones para adoptar dichas recomendaciones y para que se implementen en el territorio nacional, las medidas preventivas que resulten necesarias para evitar que dicha epidemia afecte a la población y se propague en nuestro país.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, para que instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población frente a la eventual propagación de esta enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014

Suscriben,

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. David Monreal Avila.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Laura Rojas Hernández.”