Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 13 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Octubre de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

APERTURA

- El C. Presidente Arturo Zamora Jiménez: (11:40 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencias de las y los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 87 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 21 de octubre, correspondiente al primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del jueves dieciséis de octubre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del catorce de octubre de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, el Informe de su participación en la XIV Reunión Interparlamentaria México-España que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, los días 18 y 19 de septiembre de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Plan de Trabajo para el Tercer Año, ambos de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Asuntos Indígenas, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y el Programa de Trabajo para el Tercer Año, ambos de la LXII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Cambio Climático, su Programa de Trabajo correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales, su Informe Anual de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, las actividades realizadas para la verificación de firmas de las solicitudes de consulta popular que le remitió el Senado de la República.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, oficio suscrito por el Magistrado Presidente Víctor Manuel Rivero Alvarez, por el que informa que el 11 de octubre de 2014 quedó instalado dicho tribunal y él fue electo presidente.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del estado de Jalisco, oficio suscrito por el Magistrado Presidente Everardo Vargas Jiménez, por el que informa que el 7 de octubre de 2014 quedó instalado dicho tribunal y él fue electo presidente.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí, oficio suscrito por el Magistrado Presidente Rigoberto Garza de Lira, por el que informa que el 7 de octubre de 2014 quedó integrado dicho tribunal y él fue electo presidente.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio suscrito por el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, por el que informa que en el mes de octubre la Actuaria Eugenia del Carmen Diez Hidalgo y la Embajadora Carmen Moreno Toscano culminan su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4º y 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3º y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2014.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración, los Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de julio y agosto de 2014.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de diversos Senadores, oficio con una "petición para que el Senado de la República conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a la que se refiere la fracción V del artículo 76 constitucional".- El Presidente de la Mesa Directiva con fundamento en el artículo 3 de la Ley Reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución General de la República, sometió a consideración de la Asamblea la procedencia de la solicitud presentada. La Asamblea sin discusión y en votación económica consideró procedente la solicitud. La Presidencia dictó turno a la Comisión de Gobernación. Asimismo, la Mesa Directiva informó que se recibió un texto acompañado por registro de nombres de personas, que tiene que ver con la petición de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Efeméride)

Los grupos parlamentarios acordaron hacer uso de la palabra con relación a la conmemoración del 61 aniversario del voto femenino en México.- Intervinieron las senadoras: Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI; Sonia Mendoza Díaz del PAN; Luz María Beristáin Navarrete del PRD; María Elena Barrera Tapia del PVEM; y Martha Palafox Gutiérrez del PT.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el ejercicio anfibio "Bold Alligator 2014", que se llevará a cabo del 29 de octubre al 10 de noviembre de 2014, en la Costa Este de Virginia, Estados Unidos de América.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 76 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 fracción VI, 82 párrafo primero y 84 fracción V; y se adiciona el párrafo segundo al artículo 82 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Intervinieron los senadores: Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. Fue aprobado en votación nominal por 99 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9º. de la Ley General de Cambio Climático.- Intervinieron los senadores: Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. Fue aprobado en votación nominal por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 43 segundo párrafo, 71 primer párrafo y 78 segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda.- Intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia, por las comisiones, para presentar el dictamen; Isaías González Cuevas del PRI, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Adolfo Romero Lainas del PRD, a favor. Fue aprobado en votación nominal por 84 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Intervinieron las senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo, por las comisiones, para presentar éste y el siguiente dictamen; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor de los dos dictámenes. Fue aprobado en votación nominal por 78 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Sin discusión, fue aprobado en votación nominal por 70 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Con dispensa de primera y segunda lectura y sin discusión, fue aprobado en votación nominal por 80 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el proyecto de convocatoria para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le remitieron las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Fue aprobada en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Martín Orozco Sandoval, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones, en virtud de que solicitan la asignación de recursos para diversos proyectos y deben ser remitidos a la Cámara de Diputados para su consideración en el Presupuesto de Egresos 2015:

 

De la Senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se asignen recursos específicos para la elaboración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos y de los atlas estatales de riesgos, así como destinar recursos para el Fondo para el Cambio Climático.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se asignen recursos suficientes al estado de Coahuila de Zaragoza para mejorar y ampliar servicios públicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015 se asignen mayores recursos al sector salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos para el año 2015, se considere la eliminación de la tasa a la enajenación de gasolinas y diesel, en los estímulos fiscales a las personas que realizan actividades agrícolas o silvícolas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los proyectos hidráulicos que se han puesto en marcha en la entidad y los que quedan pendientes de ejecución dentro del marco del Plan Hídrico contemplado en el Plan Nuevo Guerrero para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar a las instituciones de atención a la salud para la adquisición de mastógrafos, su mantenimiento y la procuración de recursos humanos para el manejo de éstos y de interpretadores de estudios.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las medidas preventivas y necesarias para contener un posible ingreso de ébola en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar políticas públicas, programas, estrategias u acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e implementar una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Zacatecas a implementar las medidas necesarias para prevenir entre la población de adolescentes de la entidad la práctica del "cutting".- Se turnó a la Comisión Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que por el que el Senado de la República extiende una invitación a la Licenciada Alejandra Ancheita, fundadora y Directora Ejecutiva de PRODESC, en el marco de su trabajo a favor de los derechos económicos, sociales y culturales de migrantes, trabajadores y grupos indígenas en México.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, así como a los gobiernos municipales, a que los recursos asignados para la prevención y atención contra el cáncer de mama sean destinados para adquirir unidades médicas móviles equipadas con mastógrafos, restringiendo la compra de utilitarios.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar ante los múltiples daños estructurales que presentan las instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a fin de garantizar el acceso, promoción y difusión de la educación artística y cultural.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Efemérides)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, remitió efeméride en conmemoración del 61 aniversario del voto femenino en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de la Alimentación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de la Alimentación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de la Alimentación y por el Derecho a la Alimentación de las y los mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del LXI aniversario del derecho al voto para la mujer en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo Día Mundial de la Alimentación 2014.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y un minutos y citó a la siguiente el martes veintiuno de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión."

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Administración, con la que remite su plan de trabajo, para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Cultura con la que remite su informes de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual legislatura.








De la Comisión de Seguridad Pública con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual legislatura.








Dos de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con las que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio y su programa de trabajo para el tercer año de nuestra actual legislatura.








Del Senador Sofío Ramírez Hernández, con la que remite su informe de actividades legislativas.








Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, con la que remite el informe de su participación en la Reunión de la Red Mundial Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada el 2 de octubre de 2014, en París, Francia.








De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Lorena Cuéllar Cisneros y Fernando Herrera Avila, con la que remiten el informe de su participación, en calidad de observadores, en la Mesa Redonda de “Protección de la Familia”, en el marco del 27º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 15 de septiembre de 2014, en Ginebra, Suiza.








De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Fernando Herrera Avila, con la que remiten el informe de su participación, en calidad de observadores, en la Sustentación del Informe Inicial de México relativo a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco del 27º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrada los días 16 y 17 de septiembre de 2014, en Ginebra, Suiza.








De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite los informes de sus actividades en las siguientes delegaciones parlamentarias:

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Tratado de Comercio de Armas, en Nueva York, Estados Unidos de América, del 18 al 20 de marzo de 2013.

El Foro Económico Internacional América Latina y El Caribe, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en París, Francia, del 28 al 31 de mayo de 2013.

El Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional, en Nueva York, Estados Unidos de América, del 2 al 4 de octubre de 2013.

El Taller Parlamentario de América Latina “Ratificación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas”, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de abril de 2014.

El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América, los días 10 y 11 de julio de 2014.

El Foro “Por una Economía con Capacidad de Recuperación para una Sociedad Inclusiva,” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en París, Francia, los días 5 y 6 de mayo de 2014.

Y el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios del ECOSOC, en Nueva York, Estados Unidos de América, del 30 de junio al 9 de julio de 2014.








La Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la delegación mexicana que asistió a la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, del 25 al 27 de septiembre del año en curso, en Santiago de Chile.








Del Senador Mario Delgado Carrillo, con la que remite el informe de su participación en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizado los pasados días 2 y 3 de octubre, en París, Francia.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá, el 3 de abril de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2542/14
México, D.F., 16 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1743/2014 signado por el C. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá, el tres de abril de dos mil catorce.

En consecuencia, adjunto al presente:

- Original del comunicado suscrito por el Lie. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

- Copia  certificada del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, y

- Copia simple del informe de Antecedentes del mismo

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

 






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite propuesta de designación del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de ocho años.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2553/14
México, D.F., 15 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 38 y 40 de la Ley del Banco de México, el Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la consideración de dicho Organo Legislativo la aprobación de la designación del C. Roberto del Cueto Legaspi como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de 8 años.

Por lo anterior, me permito remitir, anexo al presente, el expediente que contiene la copia de la documentación de la persona propuesta en términos de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley del Banco de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Asimismo de la Secretaría de Gobernación, se recibió el informe final de la Evaluación al Programa Presupuestario “E005 Protección de los Derechos de los Consumidores y al Desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor”.

2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2534/14
México, D.F., 15 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2014.DGVP.517, el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el Informe final de la Evaluación al Programa Presupuestario "E005 Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor".

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Se recibió del Instituto Nacional Electoral, el informe detallado y desagregado respecto de la solicitud de Consulta Popular presentada por diversos ciudadanos representados por el señor Martí Batres Guadarrama, con lo que da cumplimiento a los artículos 32 y 34 de la Ley Federal de Consulta Popular.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Les comunico que como lo exige el artículo 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, el informe descrito por la Secretaría se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, desde el viernes 17 de octubre.






Señores Senadores, hago del conocimiento de esta Asamblea, que a partir de la recepción del informe referido, la Mesa Directiva acordó remitir de inmediato la petición de Consulta Popular y la respectiva propuesta de pregunta de los peticionarios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Adicionalmente, en respuesta al envío que se le hizo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notificó la admisión a trámite del expediente remitido por esta Cámara, formado en relación con la petición de Consulta Popular en materia energética e informó el turno para su estudio a la Ministra Olga Sánchez Cordero.



Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su informe sobre su situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2013.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

DG080 Octubre 7, 2014

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23, fracción IX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, envío a Usted un disco compacto que contiene el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2013, mismo que fue aprobado por la H. Asamblea General en su sesión ordinaria número 107.

Dicho informe da cuenta de la participación activa del Infonavit dentro de la Nueva Política Nacional de Vivienda delineada por el Gobierno de la República, de su transición a un modelo que prioriza la calidad de vida y el valor patrimonial de los mexicanos y de su contribución a la formación de hogares con valor.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Remítase a la Comisión de Vivienda.






Informo al Pleno que el pasado viernes 17 de octubre, se recibió el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, que nos remitió la Cámara de Diputados, el cual se turnó inmediatamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

CAMARA DE DIPUTADOS








Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de los grupos parlamentarios, daremos paso a una ronda de intervenciones para referirse al bicentenario de la Constitución de Apatzingán.

En este sentido, tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

INTERVENCIONES

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy recordamos al primer documento legislativo en la historia de México. Desde el inicio de la Guerra de independencia en 1810, el movimiento contó con el respaldo de juristas que comprenden la necesidad de dotarla con fundamento jurídico que le permitiera definir sus objetivos y fijarlos en principios que la orientaran.

En 1810, Miguel Hidalgo emitió un manifiesto en el que propone establecer un congreso con representantes de todas las ciudades, villas y lugares del reino, que dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. En 1811, el licenciado Ignacio López Rayón, jefe del movimiento a la muerte de Hidalgo, integró la Junta Suprema Nacional Americana en Zitácuaro, a la que siguió por circunstancias de la guerra el Supremo Congreso Nacional de América o de Anáhuac, en Chilpancingo, bajo el mando de Morelos.

En el año de 1813, la Guerra de Independencia había sufrido graves daños, ya que la mayoría de las provincias que en principio se habían liberado, nuevamente estaban en poder de las fuerzas realistas, por lo que la lucha se había trasladado al sur y oriente de la nación, con la finalidad de obtener una cohesión política y un gobierno independiente.

El 15 de septiembre de 1813, a iniciativa de don José María Morelos y Pavón, se reunieron los representantes de las regiones liberadas en un congreso en la ciudad de Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero.

Los delegados manifestaban sus simpatías liberales, inspiradas en los textos clásicos de la revolución francesa, así como de los recientes debates de las Cortes de Cádiz, de donde había surgido la Constitución Política de la monarquía española del 19 de marzo de 1812.

Debido a la inestabilidad y falta de seguridad para el adecuado cumplimiento de sus fines y ante el acoso de las fuerzas monárquicas, el congreso tuvo que trasladarse a la ciudad de Apatzingán, donde los legisladores emiten y sancionan el Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814, documento histórico reconocido como la primera Constitución de México.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana señala en su proemio: “El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de sustraerse para siempre de la dominación extranjera, y sustituir al despotismo de la monarquía española un sistema de administración que, reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas las cosas por principios tan sencillos como luminosos en que pueda solamente cimentarse una Constitución justa y saludable”.

La Constitución de Apatzingán está compuesta de 2 Títulos y 242 artículos. En este documento se proclama la independencia de México, rechazando la monarquía con la instauración de un régimen republicano de gobierno, donde la soberanía recibe originaria en el pueblo y su ejecución es la representación nacional compuesta por los Diputados elegidos por los ciudadanos, constituyendo el principio de la soberanía popular. Establece la división de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que no deben ser ejercidos ni por una sola persona, ni por una sola corporación. Proclama los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, se abroga el impuesto per cápita de los indios, así como estipula el principio de inocencia en el juicio penal.

Debido a los problemas de la Guerra de Independencia, esta Constitución no pudo ser validada y puesta en aplicación en todo el territorio nacional, solamente en las zonas dominadas por los insurgentes. Se aplicó al ajustar el liderazgo insurgente, a la misma su conducta tanto formal al integrarse el Poder Ejecutivo Supremo Gobierno, establecerse el Tribunal Supremo de Justicia en los términos por ella fijados.

El Supremo Congreso laboró en forma itinerante, hasta la decadencia del movimiento, ya que casi un año después su principal inspirador, don José María Morelos y Pavón fue capturado y fusilado; no obstante, sirvió de inspiración para los subsecuentes documentos legislativos que se han emitido, conservándose gran parte de sus ideales, como son: la justicia, la división de poderes y la soberanía de la nación.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo tema.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenos días a todas y a todos.

Hoy, un día en el que deberíamos estar festejando, un día que conmemoramos 200 años de la primera Constitución para la Libertad de la América Mexicana, que debería ser un día de fiesta, estamos debatiendo entre el estado de derecho, estamos en los grupos parlamentarios, incluso en este recinto con una ausencia generalizada de la gran mayoría, yo diría que del 90 por ciento de los legisladores, para discutir si festejamos, celebramos o no la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Apatzingán de 1814, lo cual me honra que sea yo quien represente a mi grupo parlamentario, puesto que el haber nacido en la cuna de la Constitución obliga a honrar los Sentimientos de la Nación.

Y de eso es de lo que quiero hablarles, de uno de los sentimientos más innovadores para la época, hace 200 años, que fue el número doce, apunta hacia la equidad socioeconómica mediante una moderación de la opulencia y de la indigencia aumentando los salarios de los pobres, que ni el Congreso de Anáhuac, ni ninguna Constitución de otro tiempo había considerado hasta la Constitución de 1917 que formalmente se estipuló, pero que desde Apatzingán fue parte del debate, y tenemos antecedentes.

Hoy podríamos decir que más que nunca debe estar vigente esta Constitución de 1814, el derecho inalienable del pueblo a decidir la forma de su gobierno y, sobre todo, el fondo de que las instituciones y los gobiernos públicos son para la propia felicidad de los pueblos. Así lo estipuló Morelos y los insurgentes en Apatzingán hace 200 años, y así debería ser hoy una premisa de nosotros los legisladores y, obviamente, de los gobiernos locales.

El tener hoy la oportunidad de hablar de varios de los Sentimientos de la Nación, es importante subrayar el 22, relativo a la moderación y la simplificación de las cargas fiscales; la Constitución asignaría al Congreso las facultades de establecer las contribuciones, pero sin retirar los principios en aquel momento que Morelos estableció.

En resumen, hablar de la Constitución de Apatzingán es hablar de la primera iniciativa propia de los mexicanos de independencia, de autonomía en todos los sentidos, de estado de derecho, de origen, de raíces, de independencia de la monarquía española, pero de organización y de forma de gobierno interna. Lo conseguimos hace 200 años, y hoy no es posible ver concretados los esfuerzos ni de los insurgentes y menos aún, los anhelos de la ciudadanía, los anhelos del pueblo.

En esta Constitución para la Libertad de la América Mexicana de 1814, se establecía el carácter de un pueblo autónomo, de un pueblo respetuoso, pero sobre todo, de un pueblo que había tomado la decisión de asumir el costo de tomar las riendas legislativas y ejecutivas de su futuro; y en este momento lo que debemos hacer, más que celebrar los 200 años de nuestra Constitución de Apatzingán, es momento de refundación es momento de hacer un llamado no sólo a las instituciones, sino en general a los poderes.

Vivimos una crisis de estado, la vivimos en Michoacán, la vivimos en Oaxaca, la vivimos en Morelos, la vivimos en el Distrito Federal, la vivimos en Puebla, en Veracruz, en el norte, en Sinaloa, en Sonora.

Es momento de que retomemos los valores de esta Constitución, de que tomemos los Sentimientos de la Nación y que vayamos más allá del propio Pacto Federal.

La crisis que hoy vivimos y que no atañe únicamente a la seguridad, sino también al estado de derecho, que el gobierno federal no ha podido garantizar, ni que el anterior gobierno federal, panista inició; es momento de que recapitulemos, que reconsideremos y hagamos un pacto social, de que demos este paso para que los valores que se implementaron en esta Constitución de Apatzingán, que después se concretaran formalmente y ya desarrollados como Sentimientos de la Nación en 1917, sean efectivos.

Y como hay pocos legisladores, y quienes están, muchísimas gracias, mis respetos para todos. El llamado es a la ciudadanía en general.

A 200 años de festejar, de celebrar que se signara este documento tan importante, el llamado es a que volvamos a organizarnos; un pueblo organizado, capaz e inteligente, que le exija a las instituciones públicas, que tanta sangre han costado al país; resultados, resultados inmediatos, en todos los niveles de gobierno.

Es momento de exigir la libertad, la justicia y la equidad que la Constitución de Apatzingán iniciara.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al mismo tema.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, con su permiso señor Presidente.

Conmemoraremos mañana la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán.

En 1814, el generalísimo José María Morelos y Pavón convocó a los representantes de todas las provincias de la Nueva España a un congreso constituyente a realizarse en Apatzingán, Michoacán. Este acontecimiento representaba la maduración del ideal plasmado en diversos documentos de contar con una patria propia y de un país en el que los mexicanos pudiésemos trazar nuestro propio destino.

Los Constituyentes de 1814 pusieron su mejor esfuerzo para dotar a nuestro país de bases jurídicas, un hecho en verdad relevante, pues denota que en el origen del Estado mexicano había una idea precisa del valor del derecho.

La Constitución de Apatzingán proclamada el 22 de octubre de aquél año, retoma los principales postulados de los Sentimientos de la Nación de Morelos y los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón.

Esta primera Carta Magna representa el instrumento jurídico en el que los mexicanos plasmaron sus ideales y aspiraciones de libertad y de igualdad, así como la construcción de un México independiente.

Morelos, a la muerte de los primeros caudillos de la Independencia, logró mantener vivo el movimiento; además, ante la necesidad de proteger los derechos de los mexicanos, pero sobre todo de establecer límites a los excesos, arbitrariedades e injusticias propias de la época, se abocó a un aspecto de primordial importancia: formar una nación con leyes, administración y representación propia.

En este texto de gran avanzada para la época, se proclama la independencia de la Nueva España, se prohíbe la esclavitud, se eliminan las castas y se establecen aspectos muy importantes de nuestro sistema de gobierno: separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, instituye que la soberanía popular radica en el pueblo, ejercida a través de sus representantes populares.

La aplicación de la Constitución de Apantzingán tuvo lugar sólo en las provincias dominadas por los insurgentes, por eso para 1817 dichos preceptos prácticamente habían quedado en el olvido; sin embargo, por sus disposiciones de carácter republicano, fue determinante para las constituciones posteriores que retomaron los ideales de representación popular y el sentido de la soberanía, principios que están plasmados en los textos constitucionales y legales de nuestro país y que forman parte de nuestras decisiones políticas fundamentales, es decir, de la esencia misma del Estado mexicano.

Hace 200 años se inició el largo y difícil camino para constitucionalizar al país, camino que aún no ha concluido. Nuestra primera Carta Magna nació en una zona donde ahora se protagonizan grandes conflictos; ahí donde se forjó la nación, hoy se sufren grandes tragedias.

Una constitución busca no solo sujetar a gobernantes y gobernados a un marco legal, sino también a construir un sistema institucional que le permita ser operativa. Esto no es posible ante una coordinación débil entre la federación, los estados y los municipios ante los malos manejos, los mecanismos para la asignación y acceso a los recursos, ante el desbordamiento de las problemáticas sociales.

Las carencias sociales y la debilidad institucional se traducen en violencia y corrupción y están produciendo una gran crisis nacional. El fenómeno de las autodefensas, la penetración del crimen y la delincuencia en las instituciones de gobierno, la aguda crisis de Michoacán, Guerrero y otros estados nos deben llevar a replantearnos cuál debe ser el entramado institucional para enfrentar los dilemas sociales, económicos y ambientales de nuestros tiempos.

A 200 años de haberse promulgado nuestra primera Constitución aún hay muchos pendientes que resolver.

Como mexicanos, pero sobre todo como representantes populares tenemos el deber de coadyuvar a que el Senado de la República sea protagonista de la solución de estos pendientes; y son verdadero contrapeso para actuar en beneficio de los mexicanos.

En el marco del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apantzingán, las Senadoras y Senadores de Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso histórico con el estado de derecho originalmente planteado en este histórico documento.

Esto es con las instituciones, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Vega Casillas.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su premiso, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores:

La promulgación de una Constitución Política es uno de los momentos de mayor trascendencia en la historia de cualquier nación.

Una Constitución es la mejor garantía de conquistar una vida civilizada a través de un pacto jurídico, político y social. Siendo el valuarte de nuestras libertades y aspiraciones.

La historia del constitucionalismo mexicano no puede explicarse sin la promulgación de la primera ley fundamental del país independiente, a través del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán.

A 200 años de la promulgación del primer texto jurídico-político que otorgó la categoría de ciudadanos a todos los gobernados, los integrantes del grupo parlamentario del PRI conmemoramos un año más de este importante hecho histórico, pero sobre todo, de vigencia de sus ideales.

Por la naturaleza de cada uno de sus postulados que denotan ideales y aspiraciones de libertad e igualdad, fue determinante para la institucionalización de la independencia de México, situación que en gran medida fue posible gracias al liderazgo de José María Morelos y Pavón, célebre michoacano que logró reunir a los grupos dispersos que habían emprendido la guerra de liberación.

Sin duda, se trata de un documento adelantado a su época. Prueba de ello es que a partir del pensamiento socio-liberal, en sus 242 artículos, establecieron los elementos que posteriormente definirían al Estado mexicano, destacando la soberanía popular, derechos humanos de igualdad, propiedad y libertad; asimismo estableció la división de poderes, la prohibición de la esclavitud y la eliminación de castas.

La historia nos indica que por su carácter republicano, la Constitución de 1814 fue determinante para la Constitución de 1824, de 1857 y para la vigente de 1917.

Por eso, a 200 años de su promulgación, los legisladores debemos de reafirmar nuestro compromiso histórico con las instituciones, la división de poderes y el pleno respeto a los derechos humanos.

México ha tenido y tiene estabilidad porque ha sabido renovarse, porque siempre ha buscado nuevas y mejores metas dentro del orden institucional y dentro de su proyecto nacional.

Los cambios constitucionales son para adecuar la ley fundamental a la realidad y a las aspiraciones de toda sociedad.

Esos cambios son para afirmar nuevos principios, destinados a satisfacer esas aspiraciones y ha mejorar y perfeccionar su realidad.

Al mirar en retrospectiva y constatar el contexto de México de aquella época con el actual, vemos con orgullo que si bien subsisten grandes retos, a través del tiempo hemos conseguido importantes logros, materializando los anhelos vertidos en el Congreso de Anáhuac.

Ante la situación que vive nuestro país, estamos llamados a restablecer nuevos consensos dentro del Estado, que fortalezcan a nuestra nación, a sus instituciones en beneficio de la sociedad como lo hicieran esos hombres ilustres y visionarios en la Constitución de Apatzingán.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Para finalizar, tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El día de mañana se conmemora el bicentenario de la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán.

Desde aquellos remotos tiempos y hasta hoy, la constitución de nuestra lucha por la independencia y la afirmación de una nación soberana, han definido a la libertad y a la justicia como pilares de la República.

En la expresión de Heidegger: “El pasado existe y permanece; y permanece entre nosotros como esencia para desentrañar el porvenir. Eso es lo que sintetiza el éxtasis del tiempo”.

A todos cabe poner en perspectiva el momento histórico, el inicio de la lucha armada, la traición de Acatita de Baján, la continuación de la gesta libertaria en las tierras del sur, la convocatoria de la junta general de Chilpancingo para continuar los trabajos iniciados en Zitácuaro, la expedición del Reglamento del Congreso, la sesión inaugural con la lectura de los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación y la Declaración de Independencia de la América Septentrional, con la que culminó ese año de 1813.

En la amalgama de recurrir al extremo de ofrendar la vida por la libertad de un nuevo pueblo, del naciente pueblo mexicano, y de dar sustento y cause a las ideas y a los ideales de una nación en un documento constitutivo para que los territorios de la gesta por la libertad, el poder se ejerciera a través de la ley en la Constitución de Apatzingán, aún sin que hubiese llegado a tener vigencia plena en un México en vías de independizarse, se logró delinear en perspectiva la imagen objetivo de una sociedad, una nación y un estado moderno, como los que gradualmente y no sin muchos contratiempos y dificultades, habría luego de alcanzarse.

Y es que tras la confección de ese ordenamiento constitucional, subyacían no sólo los anhelos de emancipación, de progreso y de justicia de los mexicanos de ese tiempo, sino también sus luchas emprendidas para concretarlas.

En el sustrato estaban, por supuesto, las ideas libertarias de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa y de las subsecuentes constituciones revolucionarias de Francia, permeados por el pensamiento de los enciclopedistas de Voltaire, de Montesquieu y de Rousseau; de pensadores y hombres de acción del mundo anglosajón como Hume, Locke, Burke y Bentham, así como de Jefferson en este lado del océano y en su profunda huella en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787.

Y sin duda mucho de los principios de la Constitución de Cádiz, en especial lo referente al catolicismo como religión de Estado y lo relativo a la elección de las diversas autoridades vigentes, al menos por algunos años en España y sus colonias, la Nueva España entre éstas, si bien no plenamente observada en las tierras americanas.

De esa vastedad, riqueza y diversidad de ideas y de pensamientos, habrían de abrevar entonces, bajo la égida de Morelos, no sólo los artífices del Decreto constitucional, sino también todos aquellos que les acompañaron en los avatares de un gobierno itinerante y acosado en todos los años previos y posteriores a la expedición de ese Decreto.

Un Decreto que no surge de la nada, sino que fue precedido de una serie de concatenaciones de hechos sumamente significativos bajo el concepto de una total independencia de la corona española para buscar el arribo pleno a la soberanía mexicana.

Es por ello que deseamos dejar constancia hoy, en nuestro Pleno, en el Diario de los Debates, de nuestra gratitud a los constituyentes de 1814, a José María Liceaga, a José Sixto Verduzco, a José María Morelos, a José Manuel de Herrera, a José María Coss, a José Sotero Castañeda, a Cornelio Ortiz de Zárate, a Manuel de Aldrete y Soria, a Antonio José Moctezuma, a José María Ponce de León y a Francisco Argandar, a estos novísimos mexicanos debemos la promulgación de la Constitución de Apatzingán, documento de avanzada para su época, superior en algunos aspectos a sus fuentes francesa, estadounidense y española, en especial por sus postulados de justicia social a favor de la clase menos favorecidas, retomando en esencia los Sentimientos de la Nación que en su punto dos se sostienen al lado de la supremacía de las leyes dictadas por el Congreso, sobre todo el hombre, la necesidad de la contribución de aquellas para moderar la opulencia y la indigencia.

Así, a lo largo de sus dos apartados, 28 capítulos y 242 artículos, la Constitución de Apatzingán conjuntó tanto a algunos de los juristas más preparados y algunas de las mejores plumas de la época como la vivencia de la realidad de la nación. Por ello resulta ser en su reciente vertiente formal y en sus contenidos, un texto de vanguardia con una estructura moderna de sus partes dogmática y orgánica y con concepciones jurídicas a la par de las constituciones de los países más adelantados en su tiempo.

Déjenme sólo mencionar algunos, con su permiso, señor Presidente, de los contenidos básicos de los principios. El pueblo como fuente originaria de soberanía, que se deposita en un Congreso electo por aquel las facultades de dictar leyes y establecer formas de gobierno; el derecho a un debido proceso, la propuesta de inocencia y proporcionalidad de las penas; la igualdad de los ciudadanos ante la ley; el derecho del ciudadano al sufragio para la elección de sus representantes; las libertades de expresión o de imprenta.

Estimada Asamblea, cercanos ya a cumplir los cien años de la promulgación de la Constitución expedida en Querétaro, resulta esencial no perder el sentido y las raíces sólidas del constitucionalismo social mexicano.

En el pensamiento de don Jesús Reyes Heroles, ideólogo del liberalismo mexicano, se entreveran para dar cauce al pensamiento de nuestro pueblo, a partir de la Constitución de Apatzingán de 1814 y las constituciones federales de 1824 y de 1857, hasta desembocar en la Constitución de 1917, la idea libertaria y la idea social, un México libre y de libertades, y un México con justicia y de justicia.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senador Burgos García.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis de la Ley Agraria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 18 BIS A LA LEY AGRARIA

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda, la Ley Agraria representó, en su momento, un parteaguas en la vida institucional, política y social de México, pues el campo, sus hombres y sus mujeres, la propiedad social, la pequeña propiedad, las actividades agropecuarias y la producción agrícola, han sido transcendentales en la historia de nuestro país.

Hace 24 años que entró en vigor esta ley, se dio por terminado el reparto agrario, se modificaron las características de la propiedad social; actualmente las tierras ejidales pueden ser motivo hoy de un contrato de aprovechamiento.

Se crearon los Tribunales Agrarios dotados de plena autonomía y jurisdicción, se creó la Procuraduría Agraria como defensora de los derechos agrarios de hombres y mujeres del campo mexicano, con lo cual existe la posibilidad de crear sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierra.

Continuando con esta evolución, al inicio de la presente administración federal se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, concentrando las atribuciones de la hasta entonces Secretaría de la Reforma Agraria, con nuevas atribuciones que tenían a su cargo otras dependencias.

La Ley Agraria ha regulado las nuevas relaciones jurídicas y sus efectos ha sido motivo de reformas y es constante su análisis, pues la materia agraria es una materia viva demandante, lo cual por formar parte de esta comisión he sido testigo de ello.

Ahora me corresponde aportar una iniciativa más que se ha generado por contacto con grandes amigos, ejidatarios de Oaxaca y del sur-sureste del país. Dice la Ley Agraria que un ejidatario tiene derecho a designar el nombre del sucesor de sus derechos ejidales, pudiendo señalar, incluso, a un tercero, a esto se le llama lista de sucesión.

Si fallece sin dejar lista se aplica el orden preferente que la ley establece, la o el cónyuge, la concubina o el concubinario, los hijos o un tercero que haya dependido económicamente de él.

La anterior ley estableció un procedimiento similar pero contemplaba, además, una disposición que la ley vigente no tiene, la obligación del nuevo adjudicatario por sucesión de sostener económicamente a los hijos menores de edad o incapacitados y a la mujer, si la hubiera, mientras ella no modifique su estado civil.

Con sus adecuaciones estamos proponiendo que esta obligación se incorpore al texto de la ley y se establezca la obligación a cargo del nuevo adjudicatario por sucesión y el derecho para los hijos menores de 18 años o que se encuentre en un estado de incapacidad, y el mismo derecho para la esposa o, en su caso, concubina, de ser alimentados por el nuevo adjudicatario, desde luego con lo que produzca la unidad de dotación.

Por ello proponemos la adición de un artículo bis dentro del capítulo correspondiente a los derechos de los ejidatarios.

Considero que es una cuestión de justicia social, una cuestión que en términos actuales garantiza el interés superior de la niñez, que protege a las mujeres campesinas que padecen en mayor grado de vulnerabilidad respecto a quien haya sido designado nuevo adjudicatario por el fallecimiento del titular.

Debo considerar que si bien tiene una carga económica, ella no rebasará el límite del valor de la producción del nuevo derecho adquirido; y de aceptar la adjudicación porque no tiene carácter obligatorio, sabrá que ese derecho trae consigo obligaciones que el adjudicante dejó de cumplir.

Compañeras y compañeros, presento esta iniciativa pensando en las familias mexicanas que viven en el campo y que con el fallecimiento del ejidatario quedan en un estado de desempleo, la posibilidad de sostener económicamente, ya sea porque es una forma de conservar su parcela y derechos ejidales, o porque se generaría una obligación económica por parte del nuevo adjudicatario.

Solicito también, atentamente, se inserte la misma, señor Presidente, al Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 26 de febrero de 1992, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Agraria,

Que abrogó la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971. La nueva ley en materia agraria derivó de la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó el 6 de enero de 1992,“Sin duda la reforma más profunda en la materia, entre otros aspectos se dio por terminado el reparto agrario, se modificaron las características de la propiedad social; hoy en día, las tierras ejidales pueden ser motivo de cualquier tipo de contrato de aprovechamiento, se suple la Magistratura Agraria, estableciéndose Tribunales Agrarios, dotados de plena autonomía y jurisdicción, se creó la Procuraduría Agraria como defensora de los derechos agrarios de hombres y mujeres del campo mexicano. Actualmente, existe la posibilidad de crear sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras, (se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer párrafo, VII, XV y XVII, se adicionaron los párrafos segundo y tercero de la fracción XIX, se derogaron las fracciones X a XIV y XVI)”1

La vigente Ley Agraria, dentro del Título Tercero  (De los ejidos y comunidades), Capítulo I (De los ejidos), Sección Segunda (De los ejidatarios y avecindados) en sus artículos 17, 18 y 19 regula la facultad del ejidatario de designar sucesor en sus derechos y el procedimiento de sucesión para ese caso, en los siguientes términos:

“Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A uno de los hijos del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Artículo 19.-Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal”.

Esta regulación es similar a la prevista por los artículos 81, 82 y 84 de la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, abrogada por la vigente Ley Agraria; que son del tenor siguiente:

“Artículo 81.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la unidad de dotación y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, de entre su cónyuge e hijos, y en defecto de ellos, a la persona con la que haga vida marital, siempre que dependan económicamente de él.

A falta de las personas anteriores, el ejidatario formulará una lista de sucesión, en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, siempre que también dependan económicamente de él.

Artículo 82.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia

a) Al cónyuge que sobreviva;

b) A la persona con la que hubiera hecho vida marital procreado hijos;

c) A uno de los hijos del ejidatario;

d) A la persona con la que hubiera hecho vida marital durante los dos últimos años; y

e) A cualquiera otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren los incisos b), c) y c), si a fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derechos a heredar, la asamblea opinará quién de entre ellas debe ser el sucesor, quedando a cargo de la Comisión Agraria Mixta la resolución definitiva que deberá emitir en el plazo de treinta días.

Si dentro de los treinta días siguientes a la resolución de la Comisión, el heredero renuncia formalmente a sus derechos, procederá a hacer una nueva adjudicación, respetando siempre el orden de preferencias establecido en este artículo.

Artículo 84.- Cuando no sea posible adjudicar una unidad de dotación por herencia, la asamblea general la considerará vacante y la adjudicará conforme a lo dispuesto en el artículo 72.”

Sin embargo, en el nuevo texto se omitió el enunciado previsto por el artículo 83 de dicha Ley Federal de la Reforma Agraria, que establece la obligación a cargo de quien sea sucesor del ejidatario fallecido, para el caso de que éste haya dejado hijos menores de edad o hijos incapacitados o cónyuge o concubina que necesite alimentos. Dicho precepto es el siguiente:

“Artículo 83.- En ningún caso se adjudicarán los derechos quienes ya disfruten de unidad de dotación.

Esta corresponde en su totalidad a un solo sucesor, pero en todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el heredero estará obligado a sostener, con los productos de la unidad dotación, a los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario fallecido, hasta que cumplan 16 años, salvo que estén totalmente incapacitados, física o mentalmente, para trabajar, y a la mujer legítima hasta su muerte o cambio de estado civil.”

Tal omisión genera la posibilidad de que habiendo hijos menores de edad o en su caso cónyuge o concubina que necesite alimentos, éstos queden en el desamparo si el ejidatario hubiere designado como sucesor a un tercero diferente a sus acreedores alimentarios; y el objeto de la presente Iniciativa es precisamente subsanar esa omisión para que la ley contemple esa protección mínima a favor de los hijos menores y no de dieciséis años como lo establecía la ley abrogada, sino menores de dieciocho años, a favor de hijos mayores de esa edad pero en un estado de incapacidad física o mental; y en su caso, la cónyuge o la concubina que requieran alimentos.

En un marco de convencionalidad, es aplicable de acuerdo con el artículo 1°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989; ratificada por México y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

De sus tres primeros artículos se desprende su definición de niño, que es todo ser humano menor de dieciocho años; que los Estados ratificantes deben respetar  los derechos enunciados en la Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales;  que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; y que los

Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley.

Desde su perspectiva constitucional,  el interés superior del niño se encuentra tutelado por el artículo 4, noveno párrafo,  de la Constitución federal, cuando establece que en todas las decisiones y actuaciones que corresponden al estado mexicano, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; y que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Como una referencia legislativa, la todavía vigente Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, establece en su primer artículo que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Su segundo artículo reitera la clasificación entre niñas, niños y adolescentes, pero todos desde luego, menores de 18 años: “Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.

El artículo 3 establece un supuesto de igualdad para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los principios rectores de esa protección:

Finalmente, el artículo 4 dispone que las normas aplicables aniñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social; y que atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Bajo esta normatividad, se justifica el derecho de los hijos menores de dieciocho años de un ejidatario que fallece y que no fueron nombrados por éste como sucesores de sus derechos, a ser  “sostenidos”, es decir, alimentados por quien fuera designado sucesor de esos derechos. El mismo derecho asiste a la mujer como cónyuge o concubina siempre y cuando requiera alimentos y en tanto no modifique su estado civil. Por ello se propone que en el texto de la Ley Agraria, precisamente en el capítulo relativo a los derechos de los ejidatarios y avecindados, se incorpore dicha disposición mediante la adición del artículo 18 bis.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- SE ADICIONA EL ARTICULO 18 BIS A LA LEY AGRARIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 18 bis. En ningún caso se adjudicarán los derechos quienes ya disfruten de una unidad de dotación.

Esta corresponde en su totalidad a un solo sucesor, pero en todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el adjudicatario estará obligado a sostener, con los productos de la unidad de dotación, a los hijos que dependían económicamente del ejidatario fallecido, hasta que cumplan 18 años, o en caso de estado de incapacidad física o mental, hasta que éste subsista; así como a la cónyuge o concubina que necesite alimentos, en tanto los necesite o cambie de estado civil.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

1 Gallardo Zúñiga, Rubén, Ley Agraria comentada. Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Porrúa, cuarta edición, México, 2014, p. 16.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Pérez Magaña.

Se instruye a Servicios Parlamentarios se inserte el texto en el Diario de los Debates.

Le solicitan de la Secretaría al Senador proponente, si le permiten que se sume a esta iniciativa. ¿Qué dice el Senador Pérez Magaña? Si alguien más lo solicita. También le pedimos a Servicios Parlamentarios tome nota de ello para que se adhiera a esta iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY AGRARIA Y DE LA LEY DE PLANEACION

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo ante ustedes a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto por que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Agraria y de la Ley de Planeación.

Atentamente le solicito que en obvio a tiempo se incorpore al Diario de los Debates la totalidad del contenido de la iniciativa que presento.

Una de las actividades humanas fundamental para el desarrollo de una nación es la producción de los alimentos. El sector primario es de trabajo, proveer los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades básicas, además de soportar cadenas productivas de altísimo valor para la economía y la sociedad mexicana.

Para esta actividad humana, responsable de nutrir y de generar ingresos y bienestar para millones de mexicanos, es también responsable de la sobre explotación y degradación acelerada del medio ambiente.

Muchas prácticas e insumos que se aplican en la cadena alimenticia mexicana se rigen por el mismo modelo que ha causado estos serios desequilibrios, lo que hace que México no sea la excepción en la tendencia mundial.

A principio de este año, y a propósito de la convocatoria del Ejecutivo Federal de acudir a la transformación del campo mexicano, me sumé a varios foros interinstitucionales, temáticos, regionales, estatales, entre otros planteamientos. En todos ellos se ha hecho énfasis en que vivimos una gran oportunidad, apostar por el campo, ya que en el año 2050 será insuficiente la producción alimentaria en el mundo entero.

Organicé también varios foros consultivos en Michoacán y sostuve reuniones con productores, también con los científicos y otros miembros de la sociedad activos en el sector agroindustrial en distintas regiones de mi estado.

Me manifestaron todos con contundencia lo que podemos considerar como los efectos de estos desequilibrios, menos producción y costos incrementables de operación, la sostenibilidad financiera de sustentabilidad ambiental de sector están en riesgo, lo que significa que nuestras fuentes nacionales de alimentos están en riesgo también. Al mismo tiempo manifestaron la necesidad de coordinar fuerzas para lograr un acceso ordenado y eficiente a los mercados tanto nacional como extranjero.

Teniendo en cuenta lo anterior y otras razones que encontrarán en mi exposición de motivos, vengo a proponerles que modernicemos y adecuemos la regulación del sector agroindustrial para reconocer el esfuerzo de quienes se han dedicado por años a estas actividades, pero también para brindar un futuro de certeza a los jóvenes mexicanos que ya no creen en el campo y se están sumando a las estadísticas del fenómeno migratorio y para proteger la producción nacional.

Para que recuperemos y conservemos en adelante los recursos naturales y garanticemos el suministro de alimentos para nosotros y las generaciones futuras, sin generar un impacto presupuestal significativo.

Les propongo entonces, con modificación al artículo 10 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la propuesta de Decreto, es la creación del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, órgano que será responsable de todas las actividades relevantes del sector arrancando por la planeación hasta la ejecución de políticas públicas y programas diseñados para elevar la productividad y la viabilidad financiera y ambiental desde la agroindustria desde la producción hasta la comercialización eficiente.

Para esto reagruparemos y daremos funciones específicas a algunas secretarías, 12 en total, y estaremos pendientes de la creación del órgano de transparencia para que sean 13 dependencias que se encarguen de esta planeación estratégica.

Reagruparemos 32 sistemas y 14 servicios nacionales bajo un sistema nacional de información agroindustrial que hasta ahora están dispersa y no se vinculan las unas con las otras, en el artículo 22 y un servicio nacional de registro agroindustrial, también en el artículo 22.

Este servicio de registro administrará y actualizará el registro único agroindustrial mexicano, padrón único del sector agroindustrial.

Este sistema y este servicio recopilarán y procesarán información para que el centro estratégico tome las decisiones pertinentes en cuanto a la producción agroindustrial nacional.

En el artículo 22 Bis propongo la creación de los tres vectores estratégicos de acción: planeación, implementación y vinculación, y de ejecución. Como su nombre lo indica, cada vector estará encargado de una de las funciones básicas del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano.

Para la comercialización de la producción nacional les propongo que conformemos el intercambio mercantil agroindustrial mexicano en los artículos 104 y 104 Bis, para asignarle como responsabilidad la planeación y ejecución de las estrategias, la comercialización de la producción nacional y que cada productor sepa que lo que produce tiene un mercado seguro.

En el capítulo 11 propongo la creación del Fondo Universal Agroindustrial Mexicano para la administración eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a sostener toda esta operación. Otra de las inquietudes que a mí me han sido presentados en foro y reuniones con actores del sector.

Adicionalmente, en el artículo 3o. modifico y adiciono conceptos, seguridad y soberanía alimentaria, sostenibilidad, sustentabilidad, entre otros, que considero importantes para que esta modernización de la ley tenga más sentido, un mayor alcance y un impacto profundo en la reorganización del sector primario y su agroindustria.

Busco entonces, con esta propuesta, reorganizar un sector de la administración pública que se encuentra atomizado, dándole la importancia estratégica y social a los cambios que necesita el modelo actual.

Elevar la productividad sin incrementar el área dedicada a estas actividades, recuperar y conservar el suelo y el agua, que son estos dos recursos naturales esenciales.

Planear la producción para ordenar el acceso a los mercados y mejorar la estructura de costos de la cadena de valor agroindustrial tanto financieros como ambientales.

Y como beneficios colaterales, están el establecimiento del equilibrio de los ecosistemas involucrados en la producción de alimentos, la reducción de las descargas contaminantes al suelo, al agua y al aire de las actividades agroindustriales con la consiguiente desaceleración de su efecto de calentamiento global; de igual forma, se dan condiciones para promover proyectos productivos y sectores de industrias asociadas como la minería, la biotecnología, la logística y la gestión integral de residuos para la obtención y desplazamiento de materias primas requeridas para el desarrollo de fuentes minerales de fertilización.

En el tema de los organismos genéticamente modificados, propongo una normatividad transparente y clara con los ciudadanos y con los entes reguladores.

Nuestra fuente de alimentos está en riesgo hacia el futuro, pero también tiene una gran oportunidad y es el momento de tomar acción para revertir la tendencia negativa.

Por ello presento esta iniciativa que modifica desde el título de la propia ley como diversas disposiciones de la misma para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo Segundo.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo Tercero.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

Artículo Cuarto.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

Atentamente solicito que en obvio al tiempo se incorpore al Diario de los Debates la totalidad del contenido de la iniciativa que presento.

Es cuanto, señor Presidente, agradezco su atención y me congratular haber presentado esta iniciativa un día antes del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Ojala regule la opulencia y la pobreza.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Calderón Hinojosa. Túrnese el proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos. Se solicita a Servicios Parlamentarios que integre en el Diario de los Debates el documento de manera textual y completa.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de licenciatura en derecho de la Universidad de Cuautitlán Izcali y de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Cuautitlán Izcali, invitados por el Senador Armando Ríos Píter, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Asimismo, se da la más cordial bienvenida al licenciado Daniel Moreno Cruz, Vicepresidente Regional de la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados y a los presidentes del Colegio de Abogados de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Contla y Zacatelco, invitados por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, quienes realizan también una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Sean ustedes cordialmente bienvenidos!

 






Tiene la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para presentar a nombre propio y de los Senadores Silvia Garza Galván y Roberto Albores Gleason una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de desarrollo tecnológico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre propio y de los CC. Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Roberto Armando Albores Gleason)

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenos días compañeras y compañeros:

El día de hoy presento, a nombre propio y de la Senadora Silvia Garza Galván y del Senador Roberto Albores Gleason, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático en materia de desarrollo tecnológico.

Con el motivo de sumar esfuerzos con otras naciones de todo el mundo para la mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro país, se han tomado múltiples medidas legislativas en esta materia.

Los esfuerzos que México ha hecho son reflejo de la implementación de acciones a pasos agigantados que ha posesionado a nuestro país como un Estado que se preocupa por el medio ambiente y que, además, toma medidas para atender la problemática.

A dos año de haberse publicado la Ley General de Cambio Climático, podemos contar con una ley propositiva, la cual ha funcionado para dar los primeros avances en materia de cambio climático.

Sin embargo, la norma jurídica en materia de cambio climático necesariamente debe establecer el objetivo de implementar los avances tecnológicos que se vayan desarrollando bajo una visión de soberanía tecnológica.

Debemos reconocer a la tecnología como pieza clave en la labor de mitigación y adaptación del cambio climático. Lo anterior propiciaría mayor implementación de tecnologías al interior de nuestro país, así como la creación de empleos y, eventualmente, México podría ser un principal exportador de tecnología.

Recordemos que el artículo 80 de la ley nos dice que el fondo para el cambio climático fue creado, y así mismo, en la fracción VI del artículo 82, establece que los recursos de dicho fondo se destinarán a los proyectos de investigación, innovación, desarrollo y tecnología, transferencia de la misma en la materia.

Es decir, el fondo ya cuenta con un monto para ser implementado en el desarrollo tecnológico, el cual debe impulsar la tecnología en materia de cambio climático. Lo que hace falta es tener una ley más vinculatoria en la cual se puedan utilizar dichos recursos.
También es importante manifestar que el Artículo Segundo Transitorio de la ley en comento establece que el país asume el objetivo indicado o metas binacional de reducir para el año 2020 un 30 por ciento de emisiones con respecto a la línea de base, así como un 50 por ciento de reducción de emisiones al 2050. Así como la Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energías limpias alcance, por lo menos 35 por ciento para el año 2024.

Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación deben ser: garantizar la protección al medio ambiente, sustituir de manera gradual el uso y consumo de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía; también garantizar la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de los 3 órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales.

En virtud de lo anterior, proponemos cambiar y volver más inexorable el objeto de la ley, el cual es la base de esta normativa, además de realizar las demás modificaciones que se proponen en este proyecto para obtener una normativa más rígida, con mayores atribuciones y compromisos que permitan buscar una soberanía tecnológica.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa

“De los senadores, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, ROBERTO ALBORES GLEASON, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164ºnumeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 3, 7, 22, 26, 29, 30, 33, 34, 64, 67 Y 93 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país se han tomado diversas medidas legislativas en materia de cambio climático, con la finalidad de sumar esfuerzos con otras naciones de todo el mundo, para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Los esfuerzos que México ha hecho son reflejo de la implementación de acciones a pasos agigantados que ha posicionado a nuestro país como un estado que se preocupa por el cambio climático y que además  toma medidas para atender la problemática.

A dos años de haberse publicado la Ley General de Cambio Climático, podemos contar con una ley eficiente y propositiva, la cual ha funcionado para dar los primeros avances en materia de cambio climático, sin embargo, la norma jurídica atiende inherentemente un vínculo estrecho con el comportamiento humano y en materia de cambio climático necesariamente la legislación también debe atender los avances tecnológicos que se vayan desarrollando.

En la actualidad la tecnología está avanzando de manera muy rápida, al paso de un año la tecnología cambia drásticamente, por ello en primer instancia nuestra Ley General de Cambio Climático debe ser reforzada en materia de desarrollo tecnológico.

La tecnología es pieza clave en la labor de mitigación y adaptación del Cambio Climático, por ello nuestra legislación debe de reforzarse y volverse una normativa sin ambigüedades y con compromisos claros.

Ante la realidad que impera en la actualidad, es necesario contar con normas más claras y directas ayudarían a preservar nuestras riquezas naturales.

Debemos tener una visión de soberanía de tecnológica, no sólo debemos impulsar el desarrollo tecnológico y la trasferencia de tecnología, sino que debemos legislar a largo plazo bajo un eje rector de autosuficiencia tecnológica.

Lo anterior propiciaría mayor implementación de tecnología al interior de nuestro país a favor de la mitigación y adaptación de cambio climático, además resultaría más barato su implementación por que no habría que comprarla e importarla del extranjero, sería una fuente de empleo y desarrollo para los mexicanos y eventualmente México podría ser un principal exportador de tecnología.

Cabe mencionar que en la Ley General de Cambió Climático en el artículo 80 se crea el fondo para el cambio climático y así mismo en la fracción VI del artículo 82, establece que los recursos del Fondo se destinarán a:

● Los proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas, de tal manera que ya se cuenta con un monto para ser implementado en el desarrollo tecnológico.

● En la fracción IV del artículo 102 de la Ley General de Cambio Climático establece que en materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:

La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, de las Entidades Federativas y de los Municipios;

También es importante manifestar lo establecido por los siguientes transitorios de la Ley General de Cambio Climático.

● El artículo transitorio segundo el país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir el año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050. Las metas mencionadas podrán alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de mecanismo de apoyo financiero y tecnológico por parte países desarrollados hacía países en desarrollo entre los que se incluye los Estados Unidos Mexicanos. Estas metas se revisarán cuando se publique la siguiente Estrategia Nacional.

Artículo tercero transitorio Fracción II Inciso c) establece que:

● Para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado en forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles.

● d) Para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, deberán tener constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la solar y la minihidráulica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y

● e) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024.

Por lo que nuestra Ley establece un fondo y metas para el año 2020, estamos a 6 años de esa fecha, debemos redoblar pasos o no se concretarán los objetivos, debemos volver a analizar la Ley y buscar mejorarla.

Impulsar el desarrollo tecnológico cuando contamos con un fondo no implicaría realizar mayores cambios más que reforzar la ley en la labor del impulso tecnológico en materia de cambio climático.

Se debe de garantizar en la ley educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, por lo que es importante cambiar y volver más estricto el objeto de la ley el cual es la base de esta normativa.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO.

UNICO.- Se agregan las fracciones; XI al artículo 3, XXX al Artículo 22,XIII al Artículo 26, XIX al Artículo 29, XXIV al Artículo 30, Se reforman las fracciones; V del Artículo 2, X del artículo 7, I, III, IV, V y VI del Artículo 33, la fracción XI del Artículo 64, la fracción VI del Artículo 67, la fracción I del Artículo 93 y se reforma el inciso b) de la Fracción V del Artículo 34, todos de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

I.

II.

III.

IV.

V. Garantizar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

VI.

VII.

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a X

XI. Desarrollo tecnológico: investigación, innovación, difusión, invención e implementación de nueva tecnología.

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a IX...

X. Garantizar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;

XI. a XXVIII...

Artículo 22. El INECC tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XXIX…

XXX. Apoyar y en su caso, desarrollar, en coordinación con instituciones académicas o de investigación, tecnología que aporte beneficios a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

I. a XII

XIII. Desarrollo tecnológico, el cual coadyuve a la soberanía tecnológica.

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación:

I. a XVIII…

XIX. La investigación, desarrollo e implementación de tecnología para la conservación de los ecosistemas.

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

I. a XXIII…

XXIV. Investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

I. Promover y garantizar la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un medio ambiente sano a través de la mitigación de emisiones;

II.

III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía;

IV. Implementar y promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios;

V. Implementar y promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;

VI. Garantizar la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales;

VII a XVI.

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I. a IV…

V.

a)

b) Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la investigación e implementación de tecnologías limpias en los procesos industriales, que reduzcan el consumo energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero.

c)

VI.

Artículo 64. La Estrategia Nacional deberá reflejar los objetivos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en la presente Ley y contendrá entre otros elementos, los siguientes:

I a X…

XI. Requerimientos nacionales de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, estudios, capacitación y difusión;

XII…

Artículo 67. El Programa deberá contener, entre otros, los elementos siguientes:

I. a V

VI. Los proyectos o estudios de investigación, transferencia y desarrollo de tecnología, capacitación, difusión y su financiamiento;

VII a X…

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, desarrollo e incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; así como promover prácticas de eficiencia energética.

II…

III…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2014.

Suscriben

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Roberto Albores Gleason”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Beristain Navarrete. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, desde su escaño.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente quiero puntualizar que en nombre de numerosas organizaciones que representan a los llamados pequeños contribuyentes, antes así llamados, esta iniciativa se suma a la del Senador Monreal y a la del Senador Orozco, que tienen como objetivo que la contribución que ellos hagan al fisco sea justa y equitativa.

Nosotros proponemos que la contribución de quienes tienen un ingreso neto menor a los 6 millones de pesos anuales, paguen una tasa ascendente que llegue hasta el 2 por ciento. Esto haría que paguen 3 veces más que lo que antes tributaban.

Hay empresas en nuestro país, las grandes empresas, que pagan entre el 2.2 por ciento, y la que más el 8 por ciento, y a veces generosamente el gobierno se los condona.

Creemos que este nuevo régimen de integración fiscal es a todas luces injusto; y es por ello que nosotros insistimos en que se reconozca que forman parte de una economía de subsistencia, de una economía social y no de una economía de mercados.

Ellos han dicho muy claramente: “No nos negamos a pagar, pero que se respete el principio constitucional de proporcionalidad y de equidad”.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con base en el artículo 1, 71 fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La reforma hacendaría aprobada por el Congreso de la Unión el pasado mes de octubre de 2013, ha generado un gran impacto a los dueños y encargados de pequeños comercios y de empresas familiares en toda la República Mexicana, y ha sido uno de los principales temas de preocupación para el comercio organizado.

Se percibe una gran afectación por las nuevas disposiciones fiscales, ya que derivado de ellas no sólo desapareció el Régimen de Pequeños Contribuyentes, sino que se estableció la obligatoriedad de todos los comercios para expedir facturas electrónicas y manejar su negocio en base a sistemas informáticos, pretendiéndose que hasta los dueños de pequeñas tiendas, misceláneas, estanquillos, papelerías, así como comercios de frutas y verduras, pasen al régimen llamado intermedio. La situación se complica, toda vez que hay quienes nunca han tenido a su disposición una computadora, y tampoco conocen los programas y aplicaciones provistas en Internet.

El nuevo Régimen de Incorporación Fiscal derivado de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta afecta a un sector muy importante de la economía, tanto a quienes menos tienen, pero también a la clase media, al grado que muchos dueños de negocios contemplan la posibilidad de cerrar sus puertas, antes que convertirse en delincuentes fiscales y padecer la persecución de las autoridades hacendarias. Al reducirse el número de establecimientos, también se han de perder fuentes de empleo; sumando a ello el déficit de oferta de empleo la cual ha podido ser cubierta.

Especialistas en impuestos de la firma Deloitte aseguran que a la postre la clase media será la más afectada con la llamada reforma hacendaria, pues, sus ingresos se verán reducidos al menos 9%.

Datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indican que sólo con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la enajenación de alimentos para mascotas, a la goma de mascar y al transporte terrestre foráneo, los hogares mexicanos de clase media, gastarán entre 11 mil 902.6 y 22 mil 466 pesos anuales más, es decir de 992 a mil 872 pesos extra cada mes. Esta erogación representa el 5.6 por ciento del gasto al mes del sexto decil, cuyo ingreso promedio es de 10 mil 400 pesos mensuales y representa 6.4 por ciento del gasto mensual del noveno decil, que tiene ingresos mensuales promedio de 22 mil pesos.

De acuerdo con el CIEP la situación se agudiza para la población que vive en la frontera del país, pues, la homologación del IVA en esa zona implicará un alza anual del gasto de los hogares del decil sexto de 12 mil 632 pesos anuales, o mil 52 pesos al mes, que representan 6.0 por ciento de su gasto total mensual. Mientras que la erogación repuntará en 20 mil 829 pesos anuales o mil 736 pesos mensuales para las familias del noveno decil; el equivalente a 6.5 por ciento de su gasto al mes.

El costo de las bebidas carbonatadas (refresco), el pan dulce, el costo de los productos en las loncherías, los restaurantes y también en la gasolina, afecta el consumo de los hogares, hace que la aplicación del IEPS tenga un impacto relevante en el gasto de los mexicanos.

El escenario de consumo para una familia promedio se dificulta, ya que los hogares necesitan aproximadamente 4 por ciento más ingreso para mantener la canasta que consumen al día, en tanto que en la zona fronteriza necesitan un 8 por ciento adicional; aunado al incremento de la inflación. Un hogar de clase media que gastaba 300 pesos a la semana en víveres hace un año ahora gasta 324 pesos, o 326 pesos en la frontera. En México, los deciles de ingreso de los hogares de clase media destinan entre 30 y 40 por ciento de su gasto a alimentos y bebidas, con base en cálculos propios basados en la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2012.

Al interior del rubro de alimentos y bebidas, 27 por ciento del gasto se destina al consumo de productos con contenido nutricional basado en calorías, carbohidratos y grasas, por un monto superior a 811 pesos al mes en promedio por hogar de clase media. En este grupo de productos se encuentran bienes que fueron afectados por el IEPS, entre los que destacan el refresco y el pan dulce.

Eso sin contar con que el primer impacto al consumidor por los gravámenes es una disminución en la capacidad de ahorro y compra de bienes patrimoniales.

Ante este panorama, asociaciones, organizaciones y grupos de la sociedad civil han analizado la situación con el fin de establecer los principales puntos de impacto derivados de la Reforma y generar a partir de ello medidas de atención que por un lado, ofrezcan a los contribuyentes la información oportuna de las nuevas responsabilidades y disposiciones tributarias, y por otra parte, encontrar maneras de influir en la toma de decisiones para sensibilizar acerca de los inconvenientes generados y establecer un marco de diálogo y entendimiento con las autoridades que coadyuve a corregir o mejorar algunas de las disposiciones legislativas y administrativas que están afectando la economía de miles de familias y por ende la economía nacional. 

La verdad es que con este enfoque tributario México se ve como un país débil en la micro economía, pues aun cuando se tengan grandes reservas de petróleo, o de otros recursos naturales, como los minerales, por ejemplo; la situación económica de las familias no se percibe un mayor recurso ni se observan beneficios, y mientras el ciudadano común no tenga seguridad para llevar sustento a su familia no habrá desarrollo real y menos desarrollo sostenido.

No basta con instrumentar talleres o capacitaciones por parte de la institución fiscal para instruir a los contribuyentes y enseñar a aplicar la Reforma. Lo que la población dedicada al comercio, y en general los contribuyentes requieren con urgencia, es de otro marco de contribución. Y toca a nosotros, al Poder Legislativo, dar voz a sus preocupaciones y demandas, y crear ese nuevo marco fiscal, del cual a contribuir ellos no se eximen.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) existen actualmente en el país casi 1 millón de establecimientos clasificados como pequeños comercios que van desde tiendas de abarrotes, tlapalerías, ferreterías, papelerías y recauderías, hasta estéticas y peluquerías. El Pequeño Comercio en el país es un tejido social económicamente activo de más de 1 millón de puntos de venta del cual sobreviven 5 millones de personas en promedio, de manera directa; y abastece a más de 20 millones de mexicanos. Paradójicamente, y a pesar del discurso oficial, son ellos quienes enfrentan el escenario económico más adverso.

La desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen Intermedio, una de las consecuencias de la Reforma Fiscal, obliga a los pequeños comerciantes a tener que reportar ingresos de hasta 11 mil pesos para pasar al régimen intermedio, situación que muchos han expresado difícil por las razones arriba enumeradas, y esto ha causado ya serios estragos y podría llevar a varios comerciantes a desertar del padrón de contribuyentes.

Algo muy lamentable es que, a pesar de lo que se dice en la exposición de motivos de la iniciativa que finalmente se aprobó, los que menos tienen siguen colaborando con los que más tienen, ya que es a las grandes empresas a las que menos se les cobra un impuesto.

La Reforma Hacendaria instrumentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, supone que tiene el propósito de beneficiar a las clases populares, sin embargo, en los hechos, se observa que riñe con ese objetivo. Porque no sólo afecta como se ha dicho a los pequeños comerciantes sino que también están los pequeños productores, las cooperativas, y las pequeñas y medianas empresas.

Para empezar, los comerciantes integrados hasta hace unos meses al régimen de Pequeños Contribuyentes, y los que entran en el rango de medianos, la Secretaría de Hacienda los delimita ahora en una franja de contribuyentes medianos en el que deben de erogar una cantidad para cubrir esa nueva categoría. Esto, sumado al incremento de las tasas máximas en el pago de ISR, afecta directamente a los pequeños comercios como son papelerías, misceláneas y mercerías de barrio, porque los obliga a contratar a un especialista en contabilidad que haga operaciones con una computadora, que no eran necesarias en el pasado. Y lo mismo ocurre con el Régimen Simplificado, que nada tiene de eso en realidad sino que dificulta la operación contable, por lo que igual debe hacerlo un experto el cual se debe contratar.

Para argumentar, los comerciantes de las Centrales de Abasto del país, cuyo objetivo es asegurar la alimentación de la población, por ser el último eslabón de la cadena del sector, enfrentan ahora problemas para su eficaz operatividad debido a las nuevas medidas tributarias que es urgente corregir y modificar a fin de evitar riesgo que afecten finalmente a muchas familias en el país.

Pero no sólo a ellos, la actual cadena social, económica y operativa, que conforma al sector primario está en riesgo, pues, se está afectando de igual modo también a los productores en el campo y a los transportistas. Nada de esto conlleva a mejorar ni siquiera la alimentación de los mexicanos, pues el campo tiene el mismo nivel de abandono, retraso y marginación de hace décadas.

Es sabido que el agricultor promedio de nuestro país se ubica en comunidades que carecen de los servicios más indispensables. Además, técnicamente se enfrenta a condiciones no solo precarias para la siembra de sus productos sino obsoletas, con grave atraso tecnológico. Por lo que toca al transportista, igualmente padece una serie de deficiencias para el traslado de los productos a las Centrales de Abasto, sobre todo en infraestructura carretera y de comunicaciones, agravado por su prácticamente nulo acceso a nuevas tecnologías. Y aun cuando ambos gremios son sujetos a ciertos apoyos dispuestos por las autoridades hacendarias, en realidad están en condiciones de desigualdad, desproporcionalidad e inequitativa para poder cubrir su tasa impositiva.

En cuanto al comerciante del abasto, enfrenta iguales condiciones de atraso en diversos rubros, se le da un trato desigual y las autoridades hacendarias lo colocan al nivel del contribuyente de la industria y del sector mercantil, sin acceso a facilidades tributarias que le permitan cumplir a cabalidad con la responsabilidad que tiene ante Hacienda. Tan simple como que no se les puede exigir a los pequeños contribuyentes que cumplan con los mismos requisitos fiscales que contribuyentes de mayor capacidad económica y administrativa.

Es decir, que como es evidente nada de esto facilita la tributación fiscal, impacta severamente las condiciones generales de los contribuyentes y plantean desequilibrios serios y descontento social.

Con base en lo hasta aquí mencionado y con la finalidad de garantizar los derechos de los contribuyentes en general, pero especialmente los de los pequeños comerciantes, los agricultores, productores del campo y comerciantes de Centrales de Abasto del país, así como cumplir con lo señalado en el artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a la obligación de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, la presente iniciativa propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Se trata no sólo de restaurar el régimen de pequeños contribuyentes sino de mejorarlo y ofrecerle garantías a los ciudadanos emprendedores y trabajadores para su desarrollo y mejor desempeño.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

PROYECTO DE DECRETO

1. Se adiciona el artículo 105 de la Sección I DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES DEL CAPÍTULO II DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

XII. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no exceda de $10’000,000.00 (diez millones de pesos) podrán aplicar las facilidades administrativas que se emitan en los términos del artículo 85 segundo párrafo de esta Ley.

2. Se reforma y adiciona la Sección II REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DEL CAPÍTULO II DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, para quedar como sigue:

SECCION II

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales con el público en general de compra venta, o bien, que enajenen a título oneroso bienes muebles o inmuebles o presten servicios de cualquier índole pagaran el impuesto  sobre la renta en los términos y condiciones establecidos en esta Sección, salvo que los ingresos propios de su actividad empresarial o profesional obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección.

También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:

I. Los socios o trabajadores de personas morales con fines lucrativos o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 esta Ley. También estarán limitadas a tributar en los términos del régimen fiscal regulado en esta Sección, aquellas personas que de conformidad con el artículo antes citado se encuentren vinculadas con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección.

II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección.

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios, inmobiliarios, negocios inmobiliarios

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación.

VI. Los contribuyentes que obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación onerosa de mercancías de procedencia extranjera. En este supuesto, los contribuyentes deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes que deban realizar el pago del impuesto con apego a lo dispuesto en esta Sección, deberán calcular y enterar el impuesto bimestralmente a más tardar en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero posteriores al bimestre correspondiente, aplicando la siguiente tabla  

TARIFA BIMESTRAL

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

% DE APLICACION

0.00

              161,496.00

0.00

161,497.00

              245,568.00

0.25

245,569.00

              329,640.00

0.50

329,641.00

              413,712.00

0.75

413,713.00

              497,784.00

1.00

497,785.00

              581,856.00

1.25

581,857.00

              665,928.00

1.50

665,929.00

              750,000.00

1.75

750,001.00

 EN ADELANTE

2.00

A la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el bimestre que corresponda en efectivo, en bienes o en servicios los gastos y compras necesarios e indispensables para la realización  de su actividad. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso que se generen nuevos empleos se otorgara una deducción de 4 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal elevados al año, por cada uno de los empleos generados. 

Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el artículo 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 120 y 127 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar el importe que el contribuyente deberá pagar por concepto del impuesto sobre la renta por el factor 7.35.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.

En el supuesto en que los contribuyentes efectúen los pagos del impuesto sobre la renta en una temporalidad diversa a la expresada en el párrafo anterior, previo cumplimiento de las formalidades que establece esta Ley, los ingresos y la disminución que les corresponda en los términos del párrafo anterior deberán multiplicarse por el número de meses al que corresponda el pago.

Los ingresos que deriven de la realización de cualquier tipo de operaciones en crédito se considerarán para efectos del pago del impuesto sobre la renta cuando sean debidamente cobrados en efectivo, en bienes o en servicios.

La cantidad límite a la que los contribuyentes deberán sujetarse para poder realizar el pago del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones descritos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, se actualizará anualmente de conformidad con el Indice Nacional de Precios al Consumidor que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto descrito en esta sección, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes

II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación.

III. Registrar en un libro de ingresos y egresos o en su caso en los medios o sistemas electrónicos los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes impresos o por via electrónica y lo podrá utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus inversiones, cuyo importe sea superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.

VI. Presentar a más tardar en del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el importe de la citada contribución en los términos y condiciones establecidos en el artículo de esta Ley. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos o en su caso pago provisional.

Los pagos a que se refiere esta fracción se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre y cuando dicha entidad federativa tenga celebrado un convenio de coordinación para administrar el impuesto materia de esta Ley, y en los términos y condiciones del Régimen. En el supuesto en que la entidad federativa en donde perciba sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio de coordinación, o bien, haya llegado el término del mismo, los pagos correspondientes del impuesto materia de esta ley se realizarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Si los contribuyentes a que se refiere el párrafo primero del artículo de esta Ley tienen establecimientos, sucursales o agencias  en dos o más entidades federativas, enterarán el impuesto sobre la renta bimestralmente en la o las entidades federativas que corresponda, considerando la cantidad que resulte por concepto del impuesto referido en relación con los ingresos obtenidos en cada una de ellas.

El Servicio de Administración Tributaria, y en su caso, las entidades federativas con las que medie convenio de coordinación para la administración de la contribución materia de esta Ley, podrán ampliar los periodos de pago trimestral, cuatrimestral o semestralmente, teniendo en cuenta la rama de la actividad económica, así como la circunscripción territorial de los contribuyentes.

Las entidades federativas con las que la Federación celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto en los términos establecidos en esta Sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar las cuotas fijas para el cobro del impuesto respectivo.

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo de esta Ley.

VIII. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo de esta Ley

Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta Sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las Sección I de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionada Sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente, y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán |llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad límite señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y pagarán el impuesto conforme a las Sección I del presente Capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a esta última Sección, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las Sección I de este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta Sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las Sección I de este Capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta Sección III; en este caso no podrán volver a tributar en esta Sección.

X. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00.

XI. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, cambian su opción para pagar el impuesto en los términos de las Sección I de este Capítulo, cuando expidan uno o más comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, a partir del mes en que se expidió el comprobante de que se trate.

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo anterior, los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate.

XII. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o letra.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes, Fiscales la copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00.

XIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.

Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen a título oneroso la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá ser sujeto del Régimen de regulado en esta Sección, y en consecuencia, deberá enterar el impuesto con apego al régimen que le corresponda en atención a la naturaleza y la finalidad de la actividad empresarial o profesional que desarrolle.

Artículo 113 Bis. Los contribuyentes personas físicas que perciban ingresos por concepto de cualesquiera de los ramos de seguro que componen el esquema integral de seguridad social, así como los beneficiarios de los programas de salud, asistencia y desarrollo social que implemente la Federación en coordinación con las administraciones de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y de aquellas zonas en que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción federal, podrán ser sujetos del Régimen que regula esta Sección, siempre  y cuando el monto de los ingresos que perciban por cualesquiera de las actividades empresariales o profesionales que realicen no rebase de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta Ley. Asimismo, podrán optar por tributar de conformidad con este párrafo los contribuyentes que perciban ingresos de los comprendidos en el Título IV, Capítulo I, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, de esta Ley, siempre y cuando estos ingresos no rebasen el monto de cuatrocientos mil pesos anuales.

Artículo 113 Ter. En el supuesto en que los contribuyentes personas físicas dejen de tributar por cualquier causa de las previstas en esta.

Artículo 113 Quáter. Previo cumplimiento de las formalidades y demás requisitos establecidos en esta Sección, los sujetos de ese Régimen podrán hacer uso de las herramientas electrónicas de que disponga el Servicio de Administración Tributaria para la declaración y el pago del impuesto que corresponda, en ejercicio de los derechos de acceso a la información y tecnologías de la información reconocidos por el artículo 6o. que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a su favor.

3. Se derogan los artículos transitorios IX y XXVI DEL ARTICULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA señalado en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de diciembre de 2013, para quedar como sigue:

I. a VIII. …

IX. (Se deroga)

X. a XXV. …

XXVI. (Se deroga)

XXVII. a XLIII. …

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en esta sección, o cuando se presente cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia en esta sección  de esta Ley, según sea el caso.

Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general. Deberán cumplir con lo señalado en el artículo 112 fracción III de este Régimen.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda será responsable del diseño e implementación de las reformas para el Ejercicio Fiscal que corresponda, y con esta finalidad emitirá las disposiciones y reglas relativas.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto

Sen. Layda Sansores San Román”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra el Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A PRESENTAR ANTE EL PLENO DE LAS CAMARAS DEL CONGRESO LAS INICIATIVAS DE TRAMITE PREFERENTE

(Presentada por el C. Senador Miguel Angel Chico Herrera, a nombre propio y del C. Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestra labor como legisladores del Congreso de la Unión consiste, fundamentalmente, en crear leyes o reformar ordenamientos jurídicos ya existentes que mejoren la dinámica social en todas sus actividades y en todos sus ámbitos.

De igual manera, para impulsar y establecer políticas públicas que resulten eficaces en el aminoramiento y erradicación de problemas sociales, económicos, culturales o de cualquier índole, y con ello facilitar mejores condiciones de vida para nuestra sociedad y elevar su desarrollo.

Para lograr estos objetivos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a los legisladores el derecho para presentar iniciativas para atender las necesidades que México requiere.

Sin embargo, este derecho no solamente lo ejercen los Diputados y Senadores del Congreso, también lo posee el Presidente de la República, así lo contempla nuestra Carta Magna.

Recientemente, el artículo 71 constitucional sufrió una reforma mediante la que se facultó al Presidente de la República a presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiera presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del congreso.

El carácter preferente radica en la trascendencia que el titular del Poder Ejecutivo Federal da a estos instrumentos legislativos por considerar que dichas propuestas impactarán de forma benéfica e importante en el desarrollo del país.

En este sentido, al hablar de trámite preferente, se refiere al proceso legislativo para este tipo de iniciativas, el cual es más ágil y debe resolverse en un tiempo más corto, a diferencia de las demás iniciativas que comúnmente se presentan.

La Constitución, nuestra Constitución, establece que cada Iniciativa Preferente debe ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales.

La Cámara revisora debe discutirlo y votarlo en el mismo plazo.

Al día de hoy, el Presidente de la República puede presentar un máximo de 2 iniciativas preferentes entre alguna de las Cámaras del Congreso. Sin embargo, en la práctica, la actividad que verdaderamente realizan frente al órgano colegiado legislativo, es la de remitir dichas iniciativas para que posteriormente sean materia del respectivo proceso legislativo, también preferente.

Por otra parte, las demás iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo Federal, que no ostentan la característica de preferente, en la práctica también son remitidas para ser sujetas al procedimiento legislativo ordinario.

El reglamento de la Cámara Alta menciona, en su artículo 172, que la presentación de una iniciativa ante el Pleno consiste en una explicación sucinta de su propósito y contenido.

Aquí es donde radica la propuesta de reforma constitucional. Mediante este instrumento legislativo se pretende otorgar al Presidente de la República la posibilidad de presentar, mediante su remisión las iniciativas preferentes, como actualmente se realiza en la práctica o presentarlas mediante su exposición ante el Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso, quedando a su elección hacerlo personalmente o a través del Secretario de Estado que determine.

Esto en razón de la materia o materias que traten y en el entendido que el Poder Ejecutivo de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo, cuenta con las Secretarías de Estado, que gozan de igual rango, sin preeminencia alguna entre ellas.

Los objetivos de la presente iniciativa son:

Primero. Que las Iniciativas Preferentes del Presidente de la República puedan ser explicadas y argumentadas en las tribunas de la Cámara de Diputados o la del Senado de manera amplia y directa ante los legisladores federales, respecto de su contenido, sus beneficios y alcances; toda vez que es el mismo Congreso quien realizará su análisis y discusión sobre su viabilidad.

Segundo. Dada la característica de preferencia de estas iniciativas y de la mayoría de sus procedimientos durante su trámite dotar de igual importancia a su explicación, que también es un acto que forma parte del proceso legislativo preferente.

Por lo anteriormente expuesto, se pretende reformar el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar, mediante revisión o exposición ante el Pleno de algunas de las Cámaras del Congreso, de forma personal o a través del Secretario de Estado que determine, hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o Decreto, pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas”.

A la fecha se han presentado algunas iniciativas para trámite preferente, que después de sufrir su respectivo proceso legislativo, han culminado en importantes reformas, como la reforma laboral, presentado el 1 de septiembre del año 2012, siendo la Cámara de Diputados la de origen.

La de contabilidad gubernamental, presentada el 1 de septiembre del año 2012, siendo esta Cámara la de origen.

Y tercero, la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 1 de septiembre del año en curso, cuya Cámara de origen fue este Senado de la República.

Como se observa, esta figura constitucional se ha implementado con gran eficacia para resolver serias problemáticas en el país que necesitan urgente atención.

Como consecuencia, la presente iniciativa de reforma constitucional involucra reformas al marco jurídico del Congreso.

Por tal motivo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución y en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, la respectiva iniciativa la presentaré por separado.

La colaboración entre los Poderes de la Unión, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha cobrado auge en estos últimos años; muestra de ello fue, en primer lugar, el Pacto por México, que dio pie a que las principales fuerzas políticas, representadas aquí en el Congreso, coincidieran y acordaran proyectos trascendentes para el desarrollo del país.

Y en segundo término, la disposición que ha tenido el Presidente de la República para en el Congreso, en la consolidación de las reformas transformadas de México.

Sigamos colaborando juntos por el bien de la Nación.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito Senador por el estado de Guanajuato, Lic. Miguel Angel Chico Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiereel artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción I del numeral 1 del artículo 8, fracción I del numeral 1 del artículo 76, numerales 1 y 2 del artículo 164, numeral 1 del artículo 169, numeral 1 del artículo 171, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A PRESENTAR ANTE EL PLENO DE LAS CAMARAS DEL CONGRESO LAS INICIATIVAS DE TRAMITE PREFERENTE, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La iniciativa es la primera fase del proceso legislativo. El derecho de formular iniciativas, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecida en su artículo 711 y consiste en la facultad que ésta otorga a determinados sujetos para suscribir iniciativas de ley o decretos:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Actualmente, derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de agosto de 20122, mediante el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política.”, el Presidente de la República está facultado para presentar dos iniciativas de trámite preferente al comienzo de cada periodo ordinario del Congreso.

El carácter preferente radica en la trascendencia que el Presidente de la República da a estos instrumentos legislativos como consecuencia de la facultad que nuestra Carta Magna le otorga para revestirlos con tal distintivo y presentarlos ante alguna de las Cámaras del Congreso por considerar que dichas propuestas impactarán de forma benéfica e importante en el desarrollo del país.

A la fecha, se han presentado tres iniciativas para trámite preferente que, después de sufrir su respectivo proceso legislativo, han culminado en importantes reformas:

1.- La reforma laboral, presentada el 1° de septiembre de 2012, siendo la Cámara de Diputados la de origen.

2.- La Ley de Contabilidad Gubernamental, presentada el 1° de septiembre de 2012, siendo la Cámara de Senadores la de origen.

3.-La Ley General para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, presentada el 1° de septiembre de 2014, cuya Cámara de origen fue el Senado de la República.

La redacción vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alude a la iniciativa preferente, es la siguiente:

“Artículo 71. …

I. a IV. …

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.”3

De lo anterior se desprende que, al día de hoy, el Presidente de la República puede "presentar" un máximo de dos iniciativas preferentes ante alguna de las Cámaras del Congreso. Sin embargo, en la práctica, la actividad que verdaderamente realiza frente al Organo Colegiado legislativo es la de "remitir" las iniciativas de trámite preferente para que, posteriormente, sean materia del respectivo proceso legislativo también preferente, es decir, después de su remisión y recepción, se publican en la respectiva Gaceta parlamentaria, la Mesa Directiva del Senado de la República o de la Cámara de Diputados, según sea el caso, da cuenta de ellas, se les asigna un turno y las remite a las Comisiones legislativas competentes, dependiendo de la o las materias de que traten, para ser dictaminadas y, posteriormente, ser discutidas y votadas por el Pleno, para lo cual cuentan con 30 días naturales, plazo en el que deben concluir con el trámite legislativo en la Cámara que les dio origen. La Cámara revisora cuenta con el mismo término para esta función y después las remite al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, las demás iniciativas que "presenta" el Titular del Poder Ejecutivo Federal, que no ostentan la característica de "preferente", en la práctica también son "remitidas" para ser sujetas al procedimiento legislativo ordinario, es decir, bajo los términos y plazos comunes para procesar las iniciativas suscritas por los facultados en al artículo 71 constitucional. En este sentido, el Reglamento del Senado de la República estable, en su artículo 1734, lo siguiente:

Artículo 173

1. Las iniciativas suscritas por el Presidente de la República, los diputados federales, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se publican en la Gaceta, se da cuenta al Pleno en la sesión inmediata a su recepción y se turnan a comisiones.

Entonces, la única diferencia entre las iniciativas ordinarias, por así llamarlas, y las de carácter preferente es el plazo en los procedimientos legislativos para su trámite.

El Reglamento de la Cámara alta menciona, en su artículo 1725, que:

Artículo 172

1. La presentación de una iniciativa ante el Pleno consiste en una explicación sucinta de su propósito y contenido. El texto completo se publica en la Gaceta y el Diario de los Debates.

2. a 3. …

Aquí, es donde radica el propósito de la presente iniciativa de reforma constitucional. Si bien, el Presidente de la República, en ejercicio de su derecho de iniciativa que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional, puede presentar dos iniciativas para trámite preferente al inicio de cada periodo ordinario, mediante este instrumento legislativo se pretende otorgarle la posibilidad de que pueda “presentarlas mediante su remisión", como actualmente se realiza en la práctica, o "presentarlas ante el Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso”, quedando a su elección “hacerlo personalmente o a través del Secretario de Estado que determine”, esto en razón de la materia o materias de que traten las iniciativas preferentes, en el entendido de que el Poder Ejecutivo de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo, cuenta con las Secretarías de Estado, que gozan de igual rango sin preeminencia alguna entre ellas, tal y como lo establecen los artículos 2° y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal6;

Los objetivos de la presente iniciativa son:

1.-Que las iniciativas preferentes del Presidente de la República puedan ser explicadas y argumentadas en las tribunas de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, de manera amplia y directa ante los legisladores federales, respecto de su contenido, sus beneficios y alcances, toda vez que es el mismo Congreso quien realizará su análisis y discusión sobre su viabilidad.

2.-Dada la característica de preferencia de estas iniciativas y de la mayoría de sus procedimientos durante su trámite, dotar de igual importancia a su explicación, que también es un acto que forma parte del proceso legislativo preferente.

Para mejor ilustración, se presenta un cuadro comparativo en entre el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se propone:

CPEUM

INICIATIVA

Sección II
De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.       Al Presidente de la República;

II.     A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III.   A las Legislaturas de los Estados; y

IV.    A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

Sección II
De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 71.

I.       a IV.      

 

 

 

 

 


El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar, mediante remisión o exposición ante el Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso, de forma personal o a través del Secretario de Estado que determine, hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

 

La colaboración entre los Poderes de la Unión, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha cobrado auge en estos últimos años, muestra de ello fue, en primer lugar, el "Pacto por México" que dio pie a que las principales fuerzas políticas, representadas así en el Congreso, coincidieran y acordaran proyectos trascendentes para el desarrollo del país; y, en segundo término, la disposición que ha tenido el Ejecutivo Federal para con el Congreso en la consolidación de las reformas transformadoras que México requiere.

Finalmente, se hace referencia al segundo párrafo del artículo 717 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a letra dice:

Artículo 71. …

I.       a IV.       …

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

Como consecuencia, necesariamente, la presente iniciativa de reforma constitucional involucra reformas al marco jurídico del Congreso. Por tal motivo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 1 del artículo 1718del Reglamento del Senado de la República, la respectiva iniciativa se presentará por separado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto

UNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 71.

I. a IV.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar, mediante remisión o exposición ante el Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso, de forma personal o a través del Secretario de Estado que determine, hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-A partir de la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo no mayor a 90 días, el Congreso de Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesión del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014.

Senador por el estado de Guanajuato

Lic. Miguel Angel Chico Herrera”.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf

4 http://www.senado.gob.mx/libreria/sp/documentos_apoyo/documentos/Reglameto_Senado.pdf

5 Idem.

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110814.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf

8 Artículo 171
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 7 AL ARTICULO 56 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Buenas tardes. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy someto a consideración de este Pleno del Senado de la República, una iniciativa que tiene que ver con las retenciones indebidas que el gobierno en sus tres órdenes hacen a sus empleados para destinarlos a los partidos políticos.

En los años recientes, se han dado importantes pasos en materia legislativa federal y local para poner estrictos candados al financiamiento de los partidos políticos a fin de terminar con añejas prácticas, como en su momento lo fueron el uso indiscriminado de recursos públicos para las campañas oficialistas la propaganda electoral financiada por el Erario, ya sea federal, estatal o municipal; y en general, el desvío de recursos para fines electorales.

El acto de obligar a un empleado o trabajador del servicio público a realizar aportaciones contra su voluntad, sin fundamento legal y sin orden de una autoridad competente, a favor de una determinada organización o causa, es delito y se configura en el Código Penal Federal.

Muy conocida es la práctica de patrones deshonestos que para evitar responsabilidades laborales para con sus trabajadores, los obligan a firmar hojas en blanco, que luego se convierten en renuncias voluntarias; y en otros casos los hacen firmar con conocimiento de causa estas renuncias.

Compañeros, las cuotas voluntarias para los partidos políticos siguen existiendo; un fraude que aún se comete a gran escala, aprovechando las necesidades y los temores de los trabajadores.

El trabajador, por necesidad de su empleo, ya sea para obtenerlo o como en muchos casos para conservarlo, es una víctima natural y siempre muy vulnerable a los abusos de sus superiores.

El descuento arbitrario de sus percepciones es, quizás, el que más lastima a una persona ya que no solo se le obliga a brindar apoyo a una organización o persona en la que no cree o no le interesa, sino que además es despojado de parte de su salario en contra de su voluntad.

Para ello y para disfrazar de legalidad todo, el patrón o empleador le hace firmar una hoja en donde se establece que la aportación es voluntaria; pero no finjamos, salvo muy pocas excepciones, el empleado, ante las presiones y amenazas de sus patrones, siempre va firmar dicho documento y a guardar silencio.

Como ejemplo práctico y de; lustración inmediata, tenemos el caso de Torreón, Coahuila, donde el municipio le descuenta por vía de sus nóminas el 3.5 por ciento de su salario a más de 800 empleados municipales para destinarlos, esos recursos, al PRI y a la Fundación Colosio.

Desde luego el alcalde salió de inmediato a decir que son cuotas voluntarias, que todos los donantes firmaron las cartas correspondientes; algo que resulta no solo ilegal a la luz de las leyes, sino que además es increíble que los 800 trabajadores hallan estado de acuerdo en sacrificar tan significativo porcentaje de sus salarios para una fundación a la que, seguramente, ni siquiera tienen acceso y no conocen en qué se gastan los recursos.

Estas cuotas son ilegales y contrarias al derecho electoral y laboral, en base a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Las disposiciones con claras y limitativas, donde no están contempladas caso de excepción o situaciones especiales.

Iguales disposiciones podemos hallar en la Ley Federal del Trabajo, en los estatutos o leyes laborales de los estados para profesores o burócratas, así como los códigos y leyes municipales en sus apartados de derechos de los trabajadores.

Si bien es cierto que los partidos pueden establecer cuotas y hasta aportaciones voluntarias para militancia y simpatizantes, también es verdad que dichas aportaciones deben hacerse en forma personal, libre, voluntaria y directa ante los órganos de cada partido. Acciones como la del municipio de Torreón no sólo son contrarias a derecho, sino que vulneran, burlan las garantías individuales de las personas que laboran en la administración pública, toda vez que en extremo es fácil intimidar o amenazar a un trabajador para obligarlo a firmar las cartas de aportación voluntaria.

Sostenemos que las leyes actuales prohíben este tipo de descuentos vía nómina para partidos y organizaciones. Suponer o hacer creer lo contrario establecería un precedente muy negativo y abriría la puerta a un sinfín de abusos contra los empleados de la administración pública federal, estatal y municipal, así como para quienes laboran en organismos autónomos descentralizados y paraestatales.

Asimismo, las fundaciones y asociaciones que de modo formal pertenecen a un partido político y, en su caso, de la militancia, por ende, sería absurdo dejarlas fuera del régimen de control financiero de los partidos. Hemos visto que los gobiernos deshonestos utilizan este tipo de asociaciones y fundaciones para destinarles recursos de los empleados públicos y así evitar la fiscalización que las autoridades electorales realizan a los partidos políticos, por lo que resulta necesario regular su financiamiento.

Compañeros, por todo lo analizado, creemos necesario que la legislación electoral, en materia de partidos políticos, debe ser dotada de mayor certeza a la que posee actualmente para impedir que en el futuro se den prácticas como la expuesta en el presente. Es por eso que someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa para agregar el numeral 7 al artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de obligar a que todas las aportaciones y cuotas que realicen los militantes de algún partido político se hagan en forma personal y directa ante los órganos de dichas instituciones partidistas.

De igual forma, se prevé en esta reforma que en ningún caso estas aportaciones se harán vía nómina o por medio de descuentos salariales de los trabajadores de la iniciativa privada y del servicio público; todo lo cual se aplicará también para las asociaciones, fundaciones y demás organizaciones que legalmente formen parte de los partidos políticos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Salazar Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 






Se concede el uso de la tribuna al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X AL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Con su permiso y de las compañeras y compañeros Senadores presentes:

Efectivamente, vengo a esta tribuna a presentar una modificación al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social en función de la siguiente:

La migración, compañeras y compañeros, como ustedes lo saben bien, es un fenómeno relacionado con las dinámicas globales de generación de riqueza, pero también de exclusión social. En nuestro país esta situación ha brotado con una mayor fuerza ante la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con acciones de fondo ante la complejidad de la situación.

Cifras tomadas, por ejemplo, de una publicación del Instituto Belisario Domínguez, el centro de investigación legislativa del propio Senado de la República, clarifican el tamaño y la complejidad de dicha problemática, veamos algunas:

En el 2010, por ejemplo, a nivel internacional había 214 millones de migrantes, de los cuales 33 millones tenían menos de 20 años.

En América Latina se estimó que en ese año aproximadamente el 23 por ciento de migrantes era un niño, una niña o un adolescente.

En México uno de cada 4 era menor de 20 años y el grueso de la migración hacia Estados Unidos se concentraba entre los 12 y 19 años de edad.

En el 2010 los menores no acompañados repatriados fueron 13,702; en tanto que los acompañados apenas llegaron a 6,733. Y para el año 2013 las cifras son todavía más dispares, 14,178 y 2,893 respectivamente.

Los datos oficiales, compañeras y compañeros, refieren que esta población migrante creció progresivamente durante la última década al pasar de 493 mil personas en el año 2000 a 961 mil en el año 2010.

En virtud de lo anterior creemos, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha claridad también, que no existe hoy en día una política pública eficaz, aunado, también hay que decirlo, a la falta de interés del gobierno por enfrentar esta situación, en gran medida, así lo creo, por la gran cantidad de remesas que representa para nuestro país este sector que aparentemente, así lo siento, es más redituable para el Estado mexicano que el número de migrantes crezca por el aumento, también, de las remesas, en lugar de atajar la problemática con la implementación de acciones que generen las condiciones básicas para que nuestros connacionales no decidan abandonar el país en busca de mejores oportunidades laborales.

En tal sentido, compañeras y compañeros, advertimos que nuestro marco jurídico carece de una normatividad que confronte esta situación con mecanismos distintos a la contención. Por lo que estamos proponiendo herramientas jurídicas que ataquen el problema migratorio con la generación de condiciones sociales que impidan que más mexicanos abandonen el país.

Lo anterior a través de disposiciones que generen una mayor inclusión social en actividades económicas en las propias entidades federativas con un mayor índice de expulsión de inmigrantes, todo esto mediante la creación de programas sociales orientados específicamente a la población susceptible de convertirse en migrante.

A partir de esto, compañeras y compañeros, reafirmamos la idea de que el marco jurídico vigente en el tema migratorio está incompleto y evidencia la ausencia de una política pública formal que se encargue del problema de la expulsión de migrantes desde nuestro territorio.

Nuestra propuesta, creemos, adquiere mayor relevancia, ya que supone en principio la identificación de las entidades federativas de mayor expulsión de migrantes, para ser sujeta a esos programas sociales que coadyuven a la generación de condiciones óptimas para evitar eventuales flujos migratorios. Es por eso que desde el ámbito legislativo creemos, compañeras y compañeros, y por eso proponemos esta iniciativa, que coadyuvaría, sin duda, a enfrentar lo que yo denomino una terrible crisis, pero dándole énfasis a una solución de carácter incluyente y no de contención.

México, compañeras y compañeros, está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas; y por eso creo que tenemos que dejar de lado las políticas públicas que sólo son un paliativo, producto de situaciones coyunturales. Igual que en otras ocasiones, señor Presidente, le agradeceré me obsequie el que la propuesta íntegra que aparece en la Gaceta Parlamentaria también sea incluida en el Diario de los Debates correspondiente a esta sesión.

Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, senador ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X DEL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración es un fenómeno social de afectaciones mundiales que difícilmente se va a erradicar completamente, ya que esta intrínsecamente relacionado con las dinámicas globales de generación de riqueza y exclusión social, así como del resultado de una, cada vez mayor, interconexión económica, social y cultural.

Estas variables se ven caracterizadas por una diversidad de diferenciales en materia de desempeño económico que se traducen en migración laboral identificada a su vez, por la coexistencia conflictiva entre pobreza y  riqueza.

Tal fenómeno tiene una evidente naturaleza estructural que representa un latente y grave riesgo a la cohesión de un orden social mundial.

En nuestro país somos testigos del resultado de estos riesgos, que en últimas fechas han brotado con una mayor fuerza en virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con acciones de fondo ante la complejidad de la situación.

Lo hemos denunciado de forma sistemática. Lamentablemente nuestros llamados como los de muchos actores sociales que prevenían el inminente colapso en el tema migratorio no fueron atendidos con  oportunidad por parte de la autoridad competente y los resultados han quedado a la luz, y sus implicaciones han rebasado el ámbito interno para convertirse en una crisis humanitaria que afecta a varios países del continente. 

Algunas cifras tomadas de una investigación académica que recientemente publicó el Instituto Belisario Domínguez,  nos pueden ayudar a clarificar el tamaño y complejidad de la problemática migratoria:

● En 2010 a nivel internacional había 214 millones de migrantes, de los cuales 33 millones tenían menos de 20 años.

● En América Latina se estimó que aproximadamente 23% del total de migrantes era un niño, niña o adolescente.

● En México uno de cada cuatro era menor de 20 años y el grueso de la migración a Estados Unidos se concentraba entre los 12 y 19 años de edad.

● En 2001 los menores mexicanos repatriados desde Estados Unidos alcanzaron la cifra de 63,756; en 2010 el monto fue de 20,438 y en 2013 bajó a 16,971.

● Con la cifra reportada para el primer trimestre de 2014 se estimó que, de mantenerse la tendencia, para finales del año se tendría una cantidad semejante de menores repatriados a la de 2013.

● Los lugares de cruce hacia Estados Unidos han cambiado y actualmente se observa que los mayores flujos ocurren en las zonas más peligrosas, como son Sonora y Tamaulipas.

● En 2010 los menores no acompañados repatriados fueron 13,702 en tanto que los acompañados apenas llegaron a 6,733. Para 2013 las cifras son más dispares, 14,178 y 2,893, respectivamente.

● Entre las causas de la migración más mencionadas por los mismos menores repatriados fueron: la violencia, la pobreza, la necesidad de trabajo, el incremento de la migración femenina y la reunificación familiar.

● En el proceso mismo de repatriación se señalan violaciones a los derechos humanos de los menores tanto por parte de las autoridades mexicanas como de las norteamericanas.1

Los datos oficiales refieren que la población migrante creció progresivamente durante la última década al pasar de 493 mil personas en el año 2000 a 961 mil en 2010.

En tal sentido, en la República Mexicana se observan ocho entidades federativas representativas de este fenómeno al ser las de mayor expulsión de migrantes: Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Jalisco, Zacatecas y el Distrito Federal.

En virtud de lo anterior, creemos que no hay una política pública eficaz, aunado a la falta de interés del gobierno federal por enfrentar esta situación, en gran medida, lo sostenemos nosotros, por la gran cantidad de remesas que representa para el país este sector de la población que, entendido en está lógica perversa, es más redituable para el Estado mexicano que el número de migrantes crezca para que el dinero que se percibe aumente, en lugar de atajar la problemática con la implementación de  acciones que generen la condiciones básicas para que nuestros connacionales no decidan abandonar el país en busca de mejores oportunidades laborales.

En tal sentido, advertimos que nuestro marco jurídico carece de una normatividad que confronte esta situación con mecanismos distintos a la contención.

Por lo que estamos proponiendo herramientas jurídicas que ataquen el problema migratorio con la generación de condiciones sociales que impidan que más mexicanos abandonen el país.

Lo anterior, a través de disposiciones que generen una mayor inclusión social en actividades económicas en las entidades federativas con un mayor índice de expulsión de inmigrantes, todo esto mediante la creación de programas sociales orientados, específicamente, a la población susceptible de convertirse en migrante.

Para profundizar en la propuesta, es pertinente señalar que incluso nuestra Carta Magna está acotada en el tema.

Lo antes mencionado lo advertimos en el hecho de que el tema migratorio se esboza de manera muy general en la Constitución, en la facultad del Congreso para dictar leyes sobre emigración e inmigración depositada en el artículo 73 fracción XVI.

De este artículo se desprende la Ley de Migración, que no es  más que un marco para regular la inmigración o extranjería en el país y que deja prácticamente fuera el tema de la emigración. 2

A partir de lo anterior, reafirmamos la idea de que el marco jurídico vigente en el tema migratorio está incompleto y sólo está prevista la parte que contiene el fenómeno social que nos afecta indirectamente, es decir, la Ley de referencia lo que hace es dictar la política pública para atender dicha circunstancia en relación a los inmigrantes que recibe México principalmente de países centroamericanos.

Lo que evidencia la ausencia de una política pública formal que se encarga del problema de la expulsión de migrantes desde nuestro territorio.

Asimismo, el artículo 2º apartado B fracción VIII de nuestro Máximo precepto  en lo conducente establece:

Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

En tal sentido, el tema de los migrantes sólo se aborda en lo que refiere a los indígenas, hecho que no es menor indudablemente, pero que si es limitativo ya que no podemos suponer que los flujos migratorios sólo provienen de la población indígena, la realidad es que este fenómeno social afecta a más sectores sociales.

Nuestra propuesta adquiere mayor relevancia, ya que supone la identificación de las entidades federativas de mayor expulsión de migrantes para ser sujetas a programas sociales que  coadyuven a la generación de condiciones óptimas para evitar eventuales flujos migratorios.

Estos programas estarían destinados a crear posibilidades reales para que estos grupos específicos  puedan tener acceso a recursos que los ayuden autogenerar actividades productivas desde una perspectiva social.

Lo anterior se lograría dotando a la Secretaría de Desarrollo Social de las herramientas legales que la obliguen, por razón de ley, a conformar un programa social específico para las entidades federativas que están expulsando el mayor número de connacionales al extranjero.

En este orden de ideas, la Dependencia federal se encargaría de llevar a cabo las acciones de coordinación interinstitucional necesaria para identificar plenamente estas entidades y en consecuencia, a los grupos de población que están emigrando, para poder establecer las ponderaciones que determinen la pertinencia del programa en cada estado susceptible.

Para tales efectos, nuestro planteamiento se orienta en adicionar a la Ley General de Desarrollo Social una disposición específica que de la pauta para la creación de un programa social tendiente a atajar la problemática migratoria desde una política pública eminentemente social, de conformidad con la esencia de la planeación democrática que se estipula en el artículo 26 constitucional.

La crisis migratoria tiene que dar pauta para que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios e impostergables, desde todos los ámbitos que conforman el Estado mexicano, a efecto de combatir dicha crisis de una manera contundente, no se puede seguir tratando este problema de manera secundaria, somos testigos de los lamentables resultados.

Es por eso, que desde el ámbito legislativo proponemos esta iniciativa que, sin duda, coadyuvaría a enfrentar esta terrible crisis, pero dándole énfasis a una solución de carácter incluyente y no de contención.

México esta ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas, tenemos que dejar de lado las políticas públicas que sólo son paliativos producto de situaciones coyunturales.

Debemos de dotar a nuestra sociedad de mecanismos que la dinamicen y la conviertan en una sociedad con una amplia gama de condiciones favorables e incluyentes; condiciones que permitan que los grupos sociales más vulnerables tengan posibilidades reales de insertarse en los procesos económicos básicos y dejar  atrás la política asistencialista. 

Artículo único.- Se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19.  Son prioritarios y de interés público:

I.  a  IX. …

X. Los programas y acciones públicas destinadas a atender las entidades federativas con mayores índices de expulsión de migrantes.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

1 Migración en México: el caso de los niños, niñas y adolescentes mexicanos repatriados,  Mirada legislativa, Núm. 54, agosto de 2014. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

2 Ramírez García, Telésforo y Angel Castillo, Manuel (Coord.), El estado de la migración: México ante los recientes desafíos de la migración internacional, Consejo Nacional de Migración, Primera ed.: diciembre 2012, México.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos. Hágase el registro correspondiente del texto íntegro de la propia iniciativa, por conducto de Servicios Parlamentarios.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de turismo accesible para las personas adultas mayores.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo en materia de accesibilidad y diseño universal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de las Iniciativas antes señaladas, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de las mismas realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para el estudio y dictamen de las iniciativas referidas.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LASINICIATIVAS” se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenta su resolución.

ANTECEDENTES

1.- El 28 de noviembre de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por las Senadoras Ivonne Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, María Verónica Martínez Espinoza y los Senadores Aarón Irizar López, Oscar Román Rosas González, Jesús Casillas Romero.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 22 de enero de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

4.- El 4 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La Iniciativa de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, de fecha 28 de noviembre de 2013, en materia de turismo accesible para las personas adultas mayores señala que la creación del Capítulo de Turismo Accesible en la Ley General de Turismo significa un gran avance para la inclusión de las personas con discapacidad en el disfrute de los sitios turísticos y culturales, no obstante, menciona que quedaron fuera de este beneficio las personas adultas mayores, quienes debido a la edad y las enfermedades que pueden llegar a presentar por cuestiones naturales también requieren de medidas accesibles que les posibiliten disfrutar plenamente de los destinos turísticos y culturales.

Por lo anterior, la legisladora propone modificar la Ley General de Turismo para que se incluya a las personas adultas mayores dentro de los destinatarios del turismo accesible.

Así, propone reformar la fracción VI del artículo 2º de la Ley en comento para incluir, dentro del objeto de ésta, el de facilitar, junto a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible.

A fin de incorporar la participación de las personas adultas mayores en el turismo accesible, la promovente reforma el artículo 18 de la ley en comento para establecer que la Secretaría de Turismo, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad en beneficio de la población con alguna discapacidad, de las personas adultas mayores.

Asimismo, propone que los prestadores de servicios turísticos deban proveer lo necesario para que las personas con discapacidad y personas adultas mayores cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

Finalmente, propone adicionar la fracción IV del artículo 44 para incluir, dentro de las funciones de Fondo a la Actividad Turística, la de ejecutar obras de infraestructura y urbanización, así como realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico, tomando en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores.

Por otro lado, la Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, suscrita por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presentada el 22 de enero de 2014, en materia de accesibilidad y diseño universal, hace referencia a la necesidad de que los servicios turísticos establezcan programas, normas y especificaciones estandarizadas, mismas que para su diseño deben tomar como referencia el modelo de diseño universal con la finalidad de que todos los servicios turísticos puedan considerarse accesibles.

La legisladora señala que es necesario aplicar el modelo de diseño universal, debido a que en diferentes destinos nacionales se tiene un concepto muy general o limitado sobre aspectos de accesibilidad.

Menciona que de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el diseño universal se define como el diseño de productos, entornos programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

La iniciativa de mérito da cuenta que a lo largo del país nos encontramos con museos, teatros, hoteles y demás destinos que son frecuentemente visitados por turistas que establecen como accesibilidad el contar con alguna rampa de acceso o un baño acondicionado para ser empleado por personas con discapacidad motriz cuando no cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para ello, situación que al final los hace inaccesibles.

Debido a lo anterior, propone definir y unificar criterios, dentro del Capítulo IV, artículo 18 de la Ley General de Turismo, respecto a lo que debe entenderse por accesibilidad, con la finalidad de que tanto autoridades y prestadores de servicios turísticos tengan certeza de los alcances y objetivos de la misma, de igual manera propone incluir el concepto de diseño universal para que la infraestructura turística que se desee crear, pueda ser empleada, en la mayor medida posible, por todas las personas.

CONSIDERACIONES

Estas Comisiones Dictaminadoras, reconocen que la facilitación de los viajes turísticos para personas con discapacidad es un elemento primordial para toda política de desarrollo turístico sostenible. Asimismo, señalan que dentro de las estrategias para lograr un “México Incluyente”, en el que se vele por el bienestar de, entre otras, las personas con discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo establece como una línea de acción de la estrategia 2.2.4.1 el asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

Los integrantes de las Comisiones Unidas, coinciden con la promovente de las iniciativas en la necesidad de que la actividad turística sea planeada y diseñada para que pueda ser disfrutada por todas las personas, lo que implica la existencia de pautas de inclusión para las personas con discapacidad.

Es importante señalar que, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México el número de personas con alguna discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total.

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás.2

Siendo los más conocidos tipos de actividad con dificultad el caminar o moverse, el ver, algún tipo de problema mental, el escuchar, el hablar o comunicarse, las limitaciones o dificultades para aprender o poner atención y las limitaciones o dificultades para atenderse por sí mismo.

Estas Comisiones Dictaminadoras comparten con la promovente la importancia de que las personas adultas mayores disfruten plenamente de todos los productos turísticos con los que cuenta México.

Asimismo, reconocen que algunas personas adultas mayores, debido a problemas físicos o enfermedades propias de la edad, se encuentran limitados o impedidos para disfrutar plenamente del turismo, no obstante, quieren señalar que cuando una persona (adulto mayor, joven, adolescente o niño) presenta alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, también forma parte del universo de las personas con discapacidad, por lo que se entiende que todo aquel adulto mayor que padezca algún tipo de dificultad de los señalados anteriormente, formará parte de las personas beneficiarias del turismo accesible, por lo que se consideran inviables las modificaciones propuestas a los artículos2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, que buscaban incluir como población objetivo del turismo accesible a las personas adultas mayores.

Estas Comisiones Unidas quieren señalar que la inclusión de las personas adultas mayores como destinatarios de la población que debe tener acceso al turismo, también se encuentra atendida en la fracción V del artículo 2 de la Ley General de Turismo, la que señala que esta ley tiene por objeto promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos (incluidas las personas adultas mayores) al descanso y recreación mediante esta actividad. 

Estas Comisiones Unidas resaltan la importancia de que se fomente la participación de las personas adultas mayores en el turismo, por lo que establecen que el artículo 23 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala que corresponde a la Secretaría de Turismo: impulsar la participación de las personas adultas mayores en actividades de atención al turismo, particularmente las que se refieren al rescate y transmisión de la cultura y la historia; promover actividades de recreación turística con tarifas preferentes, diseñadas para personas adultas mayores; y, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento de convenios con las empresas del ramo para ofrecer tarifas especiales y/o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura, deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos.

Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que alrededor del 15% de la población mundial, es decir 1,000 millones de personas, vive con alguna discapacidad,3 porcentaje que seguirá incrementándose en los próximos años debido al envejecimiento de los ciudadanos, por lo que consideran prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan accesar al turismo en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Destacan el hecho de que según datos de la SECTUR a un turista con discapacidad le resulta 40% más caro viajar a un sitio debido a sus necesidades de acceso y asistencia. En España, estudios revelan que para el 65.5% de las personas con discapacidad grave, los desplazamientos resultan problemáticos a la hora de hacer turismo. Por transportes, el 69% prefiere utilizar el coche privado, frente al 20.4% que prefiere el avión, el 11% el tren y el 6.5% el autobús, asimismo, señala que por cuestiones de accesibilidad, las personas con discapacidad física suelen alojarse en hoteles de 4 y 5 estrellas, por estar mejor adaptados en materia de accesibilidad, no obstante, no todos los alojamientos enmarcados en este porcentaje cuentan con las condiciones idóneas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Aún no se ha logrado que la oferta turística integre sistemáticamente la accesibilidad universal, además de que existe falta de información sobre los productos y servicios accesibles de las instalaciones turísticas y falta de conocimiento de los prestadores de servicios turísticos sobre las necesidades especiales de las personas con discapacidad.

Estas Comisiones Dictaminadoras, reconocen el esfuerzo del estado de Quintana Roo por crear una playa accesible e inclusiva para todas las personas, la cual cuenta con rampa de acceso, camastros acuáticos, sillas de ruedas acuáticas para niños y adultos, andaderas acuáticas, módulo de servicio y señalización necesaria; así como del estado de San Luis Potosí que puso en marcha el “Programa de Atención de las Personas con Discapacidad a la Actividad Turística de San Luis Potosí”.

Sin embargo, coinciden con la promovente de la iniciativa en la necesidad de que estas acciones se repliquen en más ciudades de nuestro país y se hagan conforme a criterios estandarizados que realmente fomenten la accesibilidad para las personas con discapacidad, razón por la cual consideran conveniente que en la Ley General de Turismo se incorpore la definición de accesibilidad, a fin de que las autoridades y prestadores de servicios turísticos tengan certeza de los alcances y objetivos de la misma.

Así, consideran pertinente que se establezca en la Ley General de Turismo, que por accesibilidad se entienden las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas, como rurales.

De igual forma consideran pertinente incorporar dentro de la ley el concepto de “diseño universal” para que los espacios o actividades que se deseen crear, puedan ser empleados, en la mayor medida posible por todas las personas.

La incorporación del diseño universal en la infraestructura y prestación de servicios turísticos favorece la accesibilidad a todas las personas, con independencia de sus capacidades.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el diseño universal, es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación, ni diseño especializado.

Se debe destacar que este diseño no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten, antes bien, toma en cuenta a todas las personas y se configura en la llave para alcanzar de forma real un turismo para todos.

A fin de mantener la estructura de la Ley General de Turismo, los integrantes de estas Comisiones Legislativas proponen la siguiente modificación al texto propuesto en la iniciativa de mérito.

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO MINUTA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

Artículo 18.La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

 

 

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Para efectos de este Capítulo se entenderá accesibilidad y diseño universal de acuerdo a las fracciones I y X de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

 

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de la personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II.-VIII.

IX. Diseño universal: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación no diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

X.-XXIV.

Finalmente, por lo que respecta a la propuesta de adicionar la fracción IV del artículo 44 de la Ley General de Turismo para incluir, dentro de las funciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; tomando en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores, estas Comisiones Unidas, consideran que no es pertinente incorporar las necesidades de las personas adultas mayores, toda vez que actualmente el Fondo debe incorporar las necesidades de las personas con discapacidad, sin embargo, consideran pertinente modificar dicho numeral a fin de que el Fondo tome en cuenta el diseño universal, pues con ello la infraestructura turística puede ser empleada, en la mayor medida posible por todas las personas. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Unico. Se adicionan la fracción I al artículo 3, recorriéndose en su orden subsecuente las actuales fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII; la fracción VIII al artículo 3 recorriéndose en su orden subsecuente las actuales fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI; se reforman el artículo 18 y la fracción IV del artículo 44, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo3.…

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de la personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos;

III. Atlas Turístico de México: El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y cultural es que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;

IV. Comisión: La Comisión Ejecutiva de Turismo;

V. Consejo: El Consejo Consultivo de Turismo;

VI. Consejo de Promoción: El Consejo de Promoción Turística de México;

VII. Consejo Local: Los Consejos Consultivos Locales de Turismo;

VIII. Consejo Municipal: Los Consejos Municipales de Turismo;

IX. Diseño universal: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

X. Fondo: Fondo Nacional de Fomento al Turismo;

XI. Ley: Ley General de Turismo;

XII. Ordenamiento Turístico del Territorio: Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidades conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medioambiente y asentamientos humanos;

XIII. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley;

XIV. Programa: Programa Sectorial de Turismo;

XV. Recursos Turísticos: Son todos los elementos naturales o artificiales de un lugar o región que constituyen un atractivo para la actividad turística;

XVI. Región Turística: Es un espacio homogéneo que puede abarcar el territorio de dos o más Estados y en el que, por la cercana distancia de los atractivos y servicios, se complementan;

XVII. Reglamento: El de la Ley General de Turismo;

XVIII. Ruta Turística: Es un circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas;

XIX. Secretaría: La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Federal;

XX. Servicios Turísticos: Los dirigidos a atenderlas solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento;

XXI. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socio económicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

XXII. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población, y

XXIII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 44. …

I.-III. …

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad y el diseño universal;

V.-XVI. ...

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de comisiones del Senado de la República, el día 10 del mes de abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”.

1 Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

2 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.

3 Organización Mundial de la Salud, Informe 2011

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 73 constitucionales en materia de justicia para adolescentes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTICULO 18 Y EL INCISO C) DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos de las comisiones dictaminadoras del proyecto de reformas constitucionales una propuesta de modificación al artículo 18 del dictamen.



El texto está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore el texto del dictamen que está a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación de la propuesta de modificación al texto del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, la discusión del proyecto será con la aplicación de la modificación que acaba de ser autorizada por esta Honorable Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento que rige los trabajos de esta Asamblea.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias, señor Presidente. Con su permiso, Honorable Asamblea:

A nombre de las comisiones dictaminadoras, me presento ante ustedes para poner a su consideración el dictamen con proyecto de Decreto que propone modificaciones a los artículos 18 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes.

Dejamos constancia de que este dictamen obedece a las preocupaciones y a las propuestas de las Senadoras Arely Gómez González, Angélica de la Peña Gómez, Hilda Flores Escalera y de los Senadores Alejandro Encinas, Raúl Gracia Guzmán y Roberto Gil Zuarth; y desde luego, nuestro agradecimiento a los puntos del Senador Manuel Bartlett.

El propósito es perfeccionar el espíritu garante de los derechos humanos de nuestra ley fundamental para los menores de edad a quienes se atribuye la comisión o la participación de un ilícito penal.

A su vez, con agrado deseo mencionar, que en el análisis del tema se conjuntaron los esfuerzos de cinco comisiones que son: la de Justicia, presidida por el Senador Roberto Gil; la de Derechos Humanos, presidida por la Senadora Angélica de la Peña; la de Estudios Legislativos, Primera, presidida por el Senador Raúl Gracia; la de Estudios Legislativos, Segunda, presidida por el Senador Alejandro Encinas; y la de Puntos Constitucionales.

A mis compañeras y compañeros integrantes de esas comisiones ordinarias, les expreso mi gratitud por su contribución a que hoy podamos liberar y votar este proyecto de Decreto.

El propósito de las reformas es significativo; fortalecer el orden jurídico para el respeto de los derechos humanos de los menores de edad en conflicto con la ley penal.

Se trata, a juicio de las comisiones dictaminadoras, de un imperativo de congruencia elemental con estos compromisos internacionales y con el objetivo de que todo procedimiento que entrañe conocer y dilucidar la responsabilidad de una persona menor de edad a la luz de la ley penal, se rija por el proceso acusatorio y oral.

Este sistema implicará en la justicia para los adolescentes, el imperio de los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de inmediación; pensándose y actuándose siempre a la luz de otro principio, el interés superior del adolescente, en tanto persona e información que requiere una consideración acorde a esa condición.

En el dictamen sometido a la valoración de ustedes se buscan los siguientes objetivos en la norma suprema.

Primero. Adecuar la sistemática de la norma de los conceptos y lenguajes de carácter garantista de los derechos humanos, a fin de fortalecer su proyección en línea con la reforma en materia de infractores de la ley penal del artículo 18 constitucional de 2005 y de la reforma al sistema de justicia penal de 2008.

Así, nos inscribimos en una línea útil de continuidad para el perfeccionamiento del sistema integral de justicia para los adolescentes, con base en el debido proceso y la distinción de los roles de la autoridad de investigación, enjuiciamiento y ejecución de medidas, como garantía orgánica de los derechos de ese grupo de personas.

Un sistema que distingue y exige instituciones tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.

Segundo. Fortalecer la norma que establece la ausencia de responsabilidad de los menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, y quienes no serán sometidos a rehabilitación por una conducta que no puede ser conocida ni a través del debido proceso y que sólo podrá ser sujeto de asistencia social.

Tercero. Complementar el concepto de la reintegración social y familiar del adolescente a quien se hubieren impuesto medidas de orientación, protección o tratamiento derivadas de la comisión o participación de un hecho que la ley contemple como delito, con el concepto de la reinserción a fin de apreciar las limitaciones y carencias del adolescente infractor con objeto de que, a través de la acción del poder público, puedan superarse unas y otras. En otras palabras, reinsertar, reintegrar y renormalizar, como acciones de las políticas públicas en ese ámbito del Estado.

Cuarto. Homologar en todo el país los umbrales para los procedimientos y mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de medidas, a través del otorgamiento al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes aplicable para toda la república en el orden federal y en el fuero común.

Respetable Asamblea, con base en el estudio de las iniciativas planteadas el trabajo en 5 comisiones ordinarias y por los beneficios para la esfera en protección de los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, es que me permito solicitar de su voto aprobatorio al dictamen en comento.

En la marcha por la progresiva expansión de los derechos humanos, estas reformas son acordes al espíritu de protección y garantía de esos derechos en los adolescentes que son sujetos a un proceso en que se dilucide si han incurrido o no en una conducta que la ley haya establecido como delito.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Burgos García.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento que rige los trabajos de este Senado.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias.

Ante la crisis del sistema tutelar para adolescentes, como se conocía en el siglo pasado, se gestó una nueva corriente de índole garantista acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta nueva doctrina se conoce como la Doctrina de Protección Integral, que tiene, desde la Organización de las Naciones Unidas, fundamentos esenciales que han venido a dar lugar, fundados en el reconocimiento irrestricto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La reforma estructural que México inició en 2005 al artículo 18 constitucional, instruyó a las entidades federativas a implementar para adolescentes entre 12 años cumplidos y menos de 18, en conflicto con la ley penal, el primer sistema de justicia de corte acusatorio en México.

El primer paso para implementar este sistema integral, fue que las entidades federativas y la federación emitieran las leyes reglamentarias del mismo. A partir de entonces, nuestro país empezó a sustituir el sistema anterior llamado Para Menores por el Sistema Integral de Indole Garantista, de modo que las entidades federativas se dieron a la tarea de crear los esquemas que a su entender se ajustaran a las exigencias constitucionales.

Sin embargo, señoras y señores, la mayoría de las entidades federativas no se alinearon al nuevo modelo procesal penal acusatorio especializado.

Los resultados obtenidos en el ámbito normativo han sido, y por decirlo menos, dispares.

Los criterios que las soberanías estatales han adoptado en materia de justicia para adolescentes son verdaderamente heterogéneos y, en algunos casos, incluso contradictorios con el precepto constitucional, lo cual deja en evidencia de la unificación normativa para toda la República Mexicana.

El dictamen de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia; Derechos Humanos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, presentamos ante esta Soberanía, evitará, primero, la dispersión legislativa que hasta hoy genera una gran inequidad en el acceso a la justicia de las y de los adolescentes.

Segundo. La gran incertidumbre jurídica en materia de cumplimiento del derecho individual del debido proceso que de manera especializada y desde el enfoque de los derechos humanos de la niñez debe emprenderse.

Tercero. La gran disparidad que hay entre los estados y el Distrito Federal en las medidas máximas y mínimas de internamiento, lo que hoy genera que por la misma conducta tengamos adolescentes sentenciados en unos estados de la República a cinco años de privación de libertad, mientras que en otros, por el mismo delito, tengan una sanción de privación de libertad de 20 años.

Esta reforma, además, recoge el concepto de derechos humanos reconocidos para los adolescentes por la Constitución, entendiéndose por éstos también los establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte, en función de lo que establece la Constitución en la reforma de 11 de junio de 2011.

Con esta reforma por fin podremos hacer efectiva la atención a niñas y niños a quienes se les atribuye la comisión o participación en un hecho que la ley señala como delito y que de ninguna manera serán sujetos del sistema de justicia para adolescentes; pero que hoy, aun cuando lo dice la Constitución, simplemente no son atendidos, como dice la Constitución, por la asistencia social.

A través de esta reforma podrán ser sujetos de la restitución de sus derechos a través de la asistencia social de las instituciones gubernamentales y, por supuesto, también en los casos que proceda, inscribiéndose de manera individualizada y especializada la atención para que estas niñas y niños puedan seguir un proceso distinto para que ni sigan siendo revictimizados o, en su defecto, puedan seguir el camino de comisiones de delitos.

Hablar de reinserción de las y los adolescentes es hablar del respeto irrestricto de todos y cada uno de sus derechos.

Estamos convencidas y convencidos que es la única manera de lograr una verdadera prevención social del delito, como lo establecen las directrices de la Organización de las Naciones Unidas, a través de medidas que logren que estos adolescentes, que se hayan visto involucrados en el involucramiento de algún hecho delictuoso de haber cometido alguna comisión de delito, lo vuelvan a hacer.

Aún falta la creación y expedición de la ley secundaria que, de ser aprobada esta reforma y como lo mandata el inciso c) de la fracción III de la reforma al artículo 73 que estamos poniendo a su consideración, y que es donde se plasmarán todos los principios rectores que hoy se perfilan en esta reforma y en la que anticipo también ya estamos trabajando en el Senado de la República.

Invito a todas y a todos ustedes integrantes de esta Soberanía para que, además de que se apruebe, requerimos por ser reforma constitucional, votación calificada para reformar estos dos artículos de la Constitución, también en el proceso hacia lo que sigue en el Congreso Permanente, también trabajemos en el diseño de esta ley nacional que crea el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley; y entonces logremos, ahora sí, que esta ley secundaria contenga todos los preceptos que requiere, que debe contener para que pueda lograrse su cometido.

¿Cuáles son éstos?

Pues en primerísimo lugar, la definición de los principios rectores del sistema los derechos de los adolescentes; privilegiar los mecanismos alternativos de solución de conflictos para que quienes lleguen a los procesos jurisdiccionales, sean la menor cantidad de adolescentes y únicamente, como lo dice ya la Constitución y se refrenda con estas reformas, sean por la comisión o participación en hechos irreparables y las condiciones en las que las y los adolescentes cumplirán las medidas que se les habrá de decretar bajo, entre otros principios, el principio de proporcionalidad.

Es cuanto, señoras y señores. Creo que con la aprobación de esta reforma estaremos entrando, también, al cumplimiento y la armonización, como debe de ser, de la Convención sobre los Derechos de los Niños y otros tratados internacionales; y sobre todo ir en congruencia con las reformas del 11 junio de 2011 en materia de derechos humanos.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

De manera muy puntual, toda vez que tanto el Senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, han ya señalado los aspectos sustantivos de esta reforma constitucional que resulta de un proceso legislativo muy singular, porque paradójicamente ésta adecuación constitucional proviene, primero de una reforma a la ley general en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, que obliga también a hacer la adecuación a la Constitución.

Por lo general, siempre es primero la reforma constitucional y posteriormente la adecuación en las leyes reglamentarias, como son las leyes generales.

Aquí avanzamos en un sentido inverso, ya que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dimos un vuelco muy significativo en cuanto al tratamiento de los derechos de la infancia y adolescencia, al dejar atrás el régimen proteccionista y paternalista, para abrir paso y dar lugar a un régimen de garantías, un régimen de garantías que establece que las niñas, niños y adolescentes son sujetos y titulares plenos de derechos; y esos derechos los establecimos en la ley general.

Pero al mismo tiempo se plantea en esta reforma a los artículos 18 y 73 de nuestra Constitución, la necesidad de que se armonice la legislación en esta materia en las entidades federativas. No es sólo una competencia de carácter federal, sino se establece la obligación para que las entidades federativas establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, y que se establecerá con toda precisión en qué casos se atribuirá la comisión o la participación en un hecho que la ley señale y tipifique como un delito.

También hay una nueva armonización en el lenguaje que, incluso, atendiendo las propuestas que nos envió la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, se han considerado y que posteriormente se presentarán para hacer la adecuación.

Cambiar el concepto de "individuo" por el de "persona", modificar la noción de derechos fundamentales por la de derechos humanos, que yo creo que son asuntos muy importantes, porque modifican la visión conceptual del tratamiento debe de tener el sistema de justicia para los adolescentes; y se establece también una nueva modalidad para que sea a través de los juicios orales como se desarrollen y desahoguen estos procesos, estableciendo con toda claridad cuáles son las edades de diferenciación entre niñas, niños y adolescentes; estableciendo que será entre los 12 y los menores de 18 años de edad quienes se consideren dentro del rango de las adolescencias y tendrán tratamientos distintos en los esquemas de reinserción social.

Por supuesto, estableciendo que no podrán ser sujetos de internamiento los adolescentes entre los 12 y los 14 años de edad, lástima que no llegamos al acuerdo de que fuera hasta los 15 años, y que en todos los casos el internamiento de los adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad será siempre con el menor tiempo posible, para enfrentar los temas que impliquen la comisión de algún delito; que por cierto, también atendiendo la propuesta de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, se deja atrás la noción de conductas antisociales para referirse a aquellos casos en donde la legislación considera que se comete un delito.

Y finalmente, la armonización, a la que están sujetos también los estados, nos obligará al Congreso de la Unión para que, una vez publicada esta reforma a los artículos 18 y 73 de la Constitución, en un plazo de 180 días naturales tendremos que publicar toda la legislación en materia de justicia de adolescentes para que esta rija como la norma básica que permita, también, la adecuación en las entidades federativas.

Yo creo que es un avance en materia de reconocimiento de los adolescentes titulares de derechos, en donde se garantiza el respeto pleno a los derecho humanos de los mismos y se cumple con las disposiciones suscritas por el gobierno mexicano y ratificadas por la Cámara de Senadores de los tratados internacionales en la materia. Más aun cuando se harán ajustes a este dictamen atendiendo las recomendaciones de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por ese motivo, llamamos a nuestras compañeras y compañeros Senadores a votar a favor de esta reforma constitucional.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Arely Gómez González, para presentar dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en los términos del artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venía, señor Presidente.

El sistema garantista de los adolescentes debe de ser corrector de todo lo vulnerable y negativo del sistema tutelar.

El día de hoy nos convoca la aprobación de un dictamen relevante para fortalecer la justicia penal de los adolescentes en nuestro país. Recordemos que el 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 constitucional, la cual sin duda es una modificación de trascendencia por los retos que planteó. Establece un sistema integral de justicia aplicable para los adolescentes acusados de la comisión de una conducta tipificada como delito de leyes penales.

Este sistema es concordante con los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niños y, por consiguiente, con el respeto de los derechos humanos de los adolescentes que se encuentran en dicha situación.

El derecho internacional de los derechos humanos, en ocasiones, ha puesto en evidencia los atrasos del sistema mexicano, pero a la vez señala la solución a esos problemas, pues en esencia debemos recoger en el plano interno lo que ya nos obliga en el ámbito internacional.

El sistema integral de justicia para adolescentes representa un cambio de paradigma que refuerza la concepción de los adolescentes como sujetos de derechos; pero sobre todo, permite abandonar el antiguo modelo tutelar.

Se trata de un sistema más justo y proporcional, sustentado en la protección integral de los derechos de los adolescentes, en el marco de un estado de democrático de derecho. Ese sistema integral, implementado en 2005 y que se mantiene en el dictamen que hoy se presenta, constituye una medida muy importante para fortalecer la justicia a los menores; transforma de manera definitiva nuestra concepción de la infancia y la relación de esta con la justicia.

En los últimos años, en nuestro país se han emprendido importantes reformas legales, entre otros fines, para cumplir con los compromisos derivados de instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y, en ese sentido, garantiza su efectiva aplicación.

El sistema integral de justicia para adolescentes plantea retos que se han ido cumpliendo. Sin embargo, estamos conscientes que aún faltan varias cosas por hacer, establecimiento de las diferentes instancias y autoridades encargadas de la implementación del sistema, personal profesional en la función especializado en justicia para adolescentes, profesionalización, capacitación continua y establecimiento del Servicio Civil de Carrera de los operadores del sistema; lugares adecuados para el tratamiento en internamiento cuando ese sea necesario y que siempre deberá tener como finalidad la reinserción y la integración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades; asignación de recursos suficientes para cumplir con los objetivos del sistema, participación de la comunidad en lo que respecta a la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad y a la generación de oportunidades para la efectiva reintegración de los adolescentes a ella.

Y por último, una cuestión fundamental, la sensibilización social para comprender este nuevo sistema y evitar la estigmatización del menor.

Para fortalecer el sistema integral establecido en 2005, hoy se nos presenta la oportunidad de aprobar el dictamen que permita la unificación de la legislación aplicable en la sustancia de los procedimientos penales en todo el territorio nacional en materia de justicia penal para los adolescentes, lo que sin duda permitirá la armonización nacional de los criterios judiciales, brindado, además, certeza a las personas respecto de las normas de naturaleza procedimental a observarse en todo el país.

La unificación de la normativa de justicia penal para los adolescentes, al mismo tiempo coadyuvará al fortalecimiento de la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en el país, además de fortalecer la profesionalización de los operadores del sistema integral, policías, ministerios públicos, defensores y juzgadores, al permitir que se imparta capacitación con criterios uniformes en el país.

Complementariamente, el dictamen que se somete a su consideración parte de la sistemática garantista del proceso penal acusatorio y propone armonizar ciertos principios a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008.

Por ejemplo, se adecua la redacción del párrafo cuarto del artículo 18 constitucional, para que en vez de señalar que se atribuye a los adolescentes la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, se establezca que el sistema integral de justicia para los adolescentes les será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, en el contexto de que se trata de jóvenes de, al menos, 12 años cumplidos y que no han cumplido 18 años al momento de ocurrir el hecho que se les atribuye.

Compañeras y compañeros, la aprobación del dictamen que hoy se somete a su consideración, impulsará la modernización de la procuración y administración de justicia penal para adolescentes.

De igual forma, contribuirá a garantizar la gobernabilidad a través de una justicia accesible, imparcial e igualitaria, que cumpla con todos y cada uno de los principios del debido proceso de un estado democrático de derecho.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Gómez González.

Informo a la Asamblea que está a discusión en lo general. Para lo cual se han inscrito para hacer uso de la palabra los siguientes oradores: Manuel Bartlett Díaz, Carlos Alberto Puente Salas, Angel Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Martínez y Zoé Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Nos hemos inscrito en esta discusión para argumentar nuestro voto en contra.

En primer lugar, es un nuevo atentado contra el federalismo. Una vez más la Cámara representante de los estados está planteando la eliminación de las facultades de los estados del asunto de la penalización de los adolescentes, niños de 12 a 14 años.

 Esa práctica que ya hemos discutido, recuerdo, con el Senador Burgos en otras ocasiones, seguir reformando la Constitución una y otra vez para lo que sea, para establecer que las actas de nacimiento se hagan federalmente para tal cosa como han logrado una mayoría este maridaje entre el PRI y el PAN y en PRD en ocasiones, como han logrado esa mayoría, pues ya se les hace muy fácil reformar la Constitución.

Y se les olvida que la Constitución es el pacto que une a la nación, que tiene valores, objetivos y que no se puede estar tratando como si fuera un reglamento. Y es lo que están haciendo, vamos a quitarle facultades a los estados. La reforma al artículo 73, que por cierto, es el artículo más reformado, es el que le da facultades para legislar en materia de, y ese artículo, al ser reformado, ha permitido lo que el PAN tantas veces reclamó o el PRD, el dominio brutal y la centralización del país, que es uno de los más graves obstáculos para el desarrollo de México, la centralización del país a través de la eliminación de facultades de los estados.

En ese caso, es quitarle a los estados la facultad de regular el tratamiento de su población, infantil adolescente que es fundamental el futuro del estado.

Si yo soy gobernador del estado, yo soy el responsable, y aquí hay muchos aspirantes a gobernadores y exgobernadores, soy el responsable de mi población; ah no, ahora se piensa que porque hay un tratado internacional y "X" y "Z" vamos a hacer que el tratamiento de los niños de 12 a 14 años sea federal.

Y yo digo, ¿por qué? Hacer eso es un abuso contra el federalismo, quitarle funciones a los congresos de los estados, a los gobernadores de los estados y aquí nadie protesta, a nadie le interesa defender sus estados, es la cámara del federalismo.

Ya hemos visto reformas ridículas; y recientemente aquí, recuerden ustedes, que se hizo un foro sobre política exterior, y el Subsecretario de Relaciones Exteriores ya propone que quitemos los principios constitucionales de política exterior porque son obsoletos, si estamos modificando esto, por qué no quitamos los principios de política exterior que son la historia de este país, la defensa de la nación, el fruto de la mejor diplomacia que ha tenido un país como el nuestro, hoy perdida, porque el señor Subsecretario y el Presidente Peña Nieto le parecía muy bonito que los cascos azules tengan a mexicanos yendo a combatir de acuerdo con los intereses del imperio.

Eso es lo que están logrando, que funcionarios, burócratas y reaccionarios sigan reformando la Constitución para tener una Constitución absolutamente neoliberal en la que el estado, los gobiernos y los congresos no tengan ninguna facultad.

De manera que yo sí llamo la atención para que no voten de manera automática las reformas. Una reforma constitucional es algo muy delicado.

Ahora bien.

En cuanto al fondo, este ajuste de los criterios para establecer las normas penales, porque así se llaman, de la adolescencia de todo el país, es homogeneizar que todos somos iguales, y la verdad que es un absurdo; es un absurdo establecer una norma homogénea a nivel nacional cuando las diferencias en los estados son enormes.

Tomemos el caso de Guerrero, tan en moda hoy; y si ven los indicadores de pobreza en el estado de Guerrero de problemas serios en cuanto a la población, entonces vamos a compararlos con los que estén dándose en Sonora o en el norte o en Monterrey, no tiene nada qué ver, son cosas totalmente distintas; ah, pero vamos a hacerlo todo uniforme, porque desde el punto de vista federal todo marcha bien, cuando estamos viendo hoy y la publicidad internacional en sus períodicos señalan que el gobierno de México es un estado fallido.

Eso es lo que salió en los grandes periódicos que felicitaron a Peña Nieto por sus grandes avances en el New York Times, el Washington Post, dice que aquí no hay gobierno, que aquí se ha perdido la gobernabilidad.

Y en consecuencia, las instituciones federales no funcionan; ah, pero vamos a hacerlo federal, porque ahora sí haciendo federal la justicia a menores todo va a estar muy bien.

Se lo quitan a los estados para entregársela a un estado fallido y a una burocracia inútil que está demostrando que no tiene ninguna capacidad para gobernar este país.

Lo que hay que hacer, y es lo que decíamos en comisiones; es promover la educación, que ahí va ya para su privatización de manera acelerada; Peña Nieto ya está listo para privatizar la educación en este país.

El problema de estos jóvenes que están en cárceles o en retenciones o como se les llame, que sigue siendo un objetivo de esta ley, es que no tienen educación, que no tienen trabajo, que tiene situaciones sociales insostenibles.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atacar el problema social, y no encarcelar a los jóvenes o ponerlos en un sistema homogéneo de justicia penal, que así se llama. Es un absurdo seguir haciendo estas cosas.

Lo que nos pasa es que no se atiende a la población. La educación está abandonada y es la educación la que puede salvar; y es el camino de los jóvenes y de los niños que delinquen, lo que no importa, es lo que estamos viendo que se decae la educación, que no avanza la educación, que no hay inversión en educación, y este recuerdo con el sindicato y todas estas cosas que están haciendo no nos importan.

Pero sí eso vamos a hacer, vamos a hacer un sistema penal para niños de 12 a 14 años, para que haya una homogenización en este país, y haya una modernización; porque eso sí, si cae en manos del gobierno federal, va a modernizar todo.

Yo creo que es absolutamente absurdo seguirle quitando funciones a los estados, a los congresos de los estados, a los gobernadores de los estados para establecer estos sistemas en lugar de impulsar la educación y solucionar el conflicto social, la pobreza y la desigualdad, que ese es el problema del que nos debemos de ocupar y no estas modernizaciones que no llevan a ningún lado, sino a seguir menoscabando el federalismo en ese país.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para argumentar a favor.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros:

El dictamen que en este momento se encuentra a discusión, contiene diversas reformas al artículo 18 y al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con las reformas aprobadas, se establece un sistema integral de justicia para los adolescentes, mismo que será aplicable a quienes se atribuya la comisión y participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y sean menores de 18 años de edad.

Este sistema habrá de garantizar la efectividad y vigencia de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico nacional.

Se reconoce que el adolescente es un sujeto de derechos y obligaciones específicos, generados por su condición de personas en desarrollo.

De igual forma, se incluyó en el dictamen que las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que hayan cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social, aclarando que en ningún momento podrán ser sometidos a ningún tipo de sanción penal.

Las formas alternativas de justicia que ya están reconocidas en nuestro derecho, serán aplicables también al sistema de justicia para adolescentes.

Ellos y la sociedad misma podrán obtener los benéficos que en estos mecanismos representan y participan juntos en la justicia restaurativa.

Las reformas señalan que el proceso en materia de justicia para las y los adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal. Esto permite hacer extensivos al sistema de justicia para adolescentes.

Las ventajas que el sistema acusatorio representa: transparencia, agilidad, legitimidad y confianza.

En lo que se refiere a las sanciones, estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y de sus capacidades.

Esta adición es de suma importancia. Buscar la reinserción sobre el castigo es una prioridad, sobre todo en la etapa formativa de los seres humanos.

Al adolescente infractor se le proporcionarán las herramientas para que de nueva cuenta se integre a la sociedad y no sea objeto de segregación.

Formar parte de la solución y ser atendido en su dignidad humana, evitará un resentimiento con el sistema y la sociedad que puede llevar a una reincidencia.

Por su parte, las reformas al artículo 73 constitucional otorgan la facultad al Congreso de la Unión de expedir legislación nacional en la materia de justicia para adolescentes, que al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, respetaría la independencia de los estados, aclarando que al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales respetaría la independencia de los estados, dejando para ellos la materia sustantiva y correspondiendo al Congreso las cuestiones procesales.

Lograr este objetivo, dará mayor certeza jurídica, transparencia y agilidad a los procesos en que se encuentran los justiciables en todo el país.

Como bien se señala en el presente dictamen, el propósito esencial de esta reforma es unificar la normatividad sobre justicia para adolescentes en nuestro país, a fin de evitar, entre otras desventajas, la dispersión legislativa que genera inequidad en el acceso a la justicia y, sobre todo, incertidumbre jurídica en materia de estructura y organización de los sistemas judiciales para adolescentes en cada entidad federativa.

La edificación de la democracia consiste en la construcción de instituciones y garantías en todas las materias.

El garantísmo es la otra cara del constitucionalismo; a través de él se puede lograr la máxima efectividad del sistema de derechos.

Aprovecho también para reconocer el trabajo de las comisiones dictaminadoras, Senadores y equipos técnicos trabajaron arduamente y dieron muestra, una vez más, de su compromiso con los derechos humanos y la democracia nacional.

Como representante del Partido Verde, manifiesto mi voto a favor de este dictamen y los invito a que nos sumemos a dar las bases para el nuevo sistema de justicia para adolescentes; un sistema garantista que prefiere la educación, la salud y el deporte sobre el castigo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.

Compañeras y compañeros Senadores, en el marco de los trabajos que se realizan en este Senado de la República, que incluyen un foro, una cadena humana, se encuentra también una recolecta de fondos a través de un boteo por parte de diversas asociaciones sin fines de lucro, para ayudar a mujeres de escasos recursos. Les invitamos a todas y todos los Senadores a que aporten al boteo que se lleva a cabo en la explanada y con estas aportaciones salvar la vida de madres, hijas, esposas, hermanas y amigas.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna, para hablar a favor del dictamen, el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como lo ha señalado el Senador Manuel Bartlett, reformar la constitución no es cualquier cosa, no es algo que pueda ser producto de la ocurrencia, ni siquiera de la coyuntura.

Pero yo, como integrante Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, no puedo coincidir en esta ocasión con el Senador Manuel Bartlett, toda vez que este ha sido un proceso largo, que además tiene su origen desde la reforma constitucional de 2008.

En ese sentido, se reconocen las posiciones diferenciadas, pero vale la pena, a quienes estamos argumentando a favor de este dictamen, intentar explicar por qué vamos a reformar la constitución, sobre todo en un tema que, quizás, ante la coyuntura en la que nos encontramos, haberlo hecho antes, haberlo hecho con mucho más oportunidad, hubiera evitado algunos hechos violentos que todos lamentamos.

Los 2 objetivos de la reforma a la constitución son para lograr 2 avances fundamentales:

El primero, efectivamente, que se dote al Congreso de la Unión de la atribución para expedir la legislación nacional única en materia de justicia penal para adolescentes.

Y la segunda razón es para establecer un sistema de carácter acusatorio y oral para los adolescentes que estén acusados de haber cometido un delito.

El dictamen lo que está buscando es justamente la unificar la normativa sobre justicia para adolescentes en México; esto a fin de evitar, entre otras desventajas, las dispersiones legislativas que se ha generado y que genera inequidad en el acceso a la justicia y, sobre todo, genera incertidumbre jurídica.

Para lograr la concurrencia de las autoridades federales y estatales ejecutivas en la procuración de justicia para adolescentes, sin duda que es necesario contar con una normatividad que permita la homologación de las penas y de los mecanismos de tratamiento de rehabilitación y reinserción social.

Además, en concordancia con lo anterior, se debe sustentar constitucionalmente la aplicación del proceso acusatorio y oral para los procedimientos de justicia hacia los adolescentes a quienes se les atribuya la comisión de un ilícito penal.

Aquí, con la emisión de esta de legislación única sobre justicia penal para adolescentes, sería posible, como está planteado en la iniciativa que presentó el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, tratar a los adolescentes infractores que sean dependientes de las drogas, de una forma que garantice una previsión específica para su tratamiento en términos de un problema de salud, más que con un eventual internamiento.

Por lo menos en lo que a mí respecta, y la comisión que integramos y que codictaminó esta reforma, tomamos en cuenta dos datos.

Uno de carácter internacional. Y hay que recordar, que en el marco del XLVII periodo ordinario de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en mayo del año 2010, México desde entonces, o sea, hace un poco más de cuatro años, asumió el compromiso de realizar adecuaciones legislativas inherentes, para, y cito, explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su persecución penal o medidas alternativas a la privación de la libertad.

Segundo. Me parece que hay que traer a este debate algunos datos que arroja el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones que tiene el sector salud de nuestro país, que en el dato más reciente que hay a disposición, que es de 2009, indica lo siguiente:

Con información proporcionada por cerca de 6 mil adolescentes infractores, 5,284 para más precisos, se determinó que 24.3 por ciento de ellos, es decir 1,268, cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia; y el robo, que es la actividad delictiva de mayor ocurrencia, 72.1 por ciento que cometen los menores infractores entrevistados; el 68.1 por ciento de quienes cometieron algún robo, lo hicieron bajo la influencia de alguna sustancia; 35 por ciento de mariguana, que es la sustancia más reportada y 29.8 por ciento de alcohol.

Esto está planteado en la iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña, que con la conformación del sistema nacional de justicia integral para adolescentes, plantea que para que éste pueda existir, se tendrá que asignar la facultad al Congreso de la Unión para justamente poder emitir la legislación correspondiente.

De esa manera, es que el internamiento de menores infractores se utilizaría solamente como una medida extrema y, además, por el menor tiempo posible que proceda; y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión de conductas antisociales.

Las formas alternativas de justicia y el internamiento, únicamente como una medida extrema, me parece, resultan fundamentales cómo medidas para comprender las estadísticas de menores infractores en los últimos 10 años, debido a que muestran irregularidad en el número de menores detenidos.

Veamos ahora unos datos de INEGI, que dicen que mientras en el año 2005 el número de presuntos menores infractores fue de 3,737, al llegar el año 2008 esta cifra decreció dramáticamente a tan solo 219 menores infractores; y detonó en sus cifras más altas a partir de 2009 a mediados de la administración federal 2006- 2012, debido a la lucha contra el narcotráfico, llegando a ser detenidos 4,044 menores por el delito de fuero federal en operativos contra la delincuencia organizada.

Lo anterior se traduce a que a partir de 2005, el sistema de justicia para adolescentes, año de la reforma constitucional del artículo 18 en su párrafo quinto, busca que los menores detenidos estén el menor tiempo posible encarcelados o bien, buscar soluciones extrajudiciales, como pueden ser la labor social, las asesorías o tratamientos profesionales, con el fin de evitar internar a los menores dentro de las correccionales.

De esta manera, me parece que es importante mencionar como antecedente a la reforma que hoy se plantea, que el 12 de diciembre de 2005 se publicó una reforma al artículo 19 constitucional y con esta reforma, justamente, se armonizó el texto constitucional con la doctrina de los derechos humanos, la dignidad de las personas como fuente y razón del orden jurídico nacional.

Me parece que con estos antecedentes, se puede entender o ampliar la discusión de la importancia de este dictamen que se está presentando el día de hoy que, reitero, no es cualquier cosa, es una reforma, finalmente, a la Constitución y que conjuga diversas iniciativas de integrantes de diferentes grupos parlamentarios, en diferentes momentos de la historia reciente de nuestro país.

Por eso mi voto en comisiones fue a favor y reiteraré esa conducta cuando vayamos a la votación, invitándolos a hacer lo mismo.

Por su consideración, muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, para alusiones personales, hasta por tres minutos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Hace un momento, el Senador Zoé Robledo, que es un brillante legislador, inteligente, culto, hasta poeta, porque tiene conocimiento de la poesía y nos ha traído aquí temas muy importantes, pero, con todo respeto y cordialidad, cuando dice: no es cualquier cosa reformar la Constitución, bueno, estamos de acuerdo.

Pero voy a demostrar por qué ésta sí es importante; y la verdad es que no me convences, Zoé. No me convence, porque todo eso que dicen ahí, de los principios de que hay que tenerlos el menor tiempo posible recluidos, que hay que ir a medidas alternativas, todo eso lo pueden hacer los estados. No puede ser que estemos quitándole a los estados facultades tan importantes, como el atender a su juventud, que es casi niñez.

Y está perfectamente demostrado que el recluir, aunque sea por muy poco tiempo, como sean delitos graves, está demostrado que lo único que hace es acabar con esa juventud, iniciarla en las reclusiones, en carreras delincuenciales.

No sirve para nada, por eso hay que evitarlo definitivamente, la reforma no lo evita, porque vuelven otra vez, además de un señor Diputado de la Garza, que añade cosas que son de carácter penal. El meter toda esa modernización de los juicios orales como la gran solución, que no hay tal solución; no hay tal solución porque es una imposición norteamericana, es derecho anglosajón, es Perry Mason y todo eso que, y al adjudicárselo a los adolescentes los estás metiendo al régimen penal de los adultos.

Entonces, pero si fuera bueno, pues dejen que lo hagan los estados. Yo digo que muchos de los que aquí están, brillantes Senadores, serán gobernadores, entonces le van a decir: "Fíjate que ahora los niños de 12 a 14 años van a tener un tratamiento que defina el gobierno federal, porque esta es una cuestión uniforme"; y no es la solución, aquí tenemos que pelear por la educación desde preescolar, son generalmente el 90 por ciento jóvenes y niños pobres que no tienen ninguna oportunidad y es la educación la que los puede salvar; y no este moderno sistema de gran oralidad, que ni siquiera va a haber, porque s aben ustedes que no hay dinero para la oralidad, esa es otra fantasía.

Las grandes reformas penales aquí son una fantasía, porque para que haya oralidad tienen que estar los jueces sentados viendo caso por caso, y no hay jueces suficientes, ni dinero; y están pidiendo los gobernadores dinero porque ya les clavaron el sistema oral a fuerza, que es, otra vez, una imposición.

Estamos dejando a los estados sin facultades, entre delegados federales, entre virreyes en Michoacán, entre todas estas cosas, los gobernadores ya no van a tener función alguna. Y el gobierno federal es un gobierno federal neoliberal que está soltando todas las facultades para actuar en su país.

De manera que, es absolutamente absurdo que estemos concentrando las facultades en el gobierno federal, en la centralización del país hasta para atender a los niños, a los jóvenes de 12 a 14 años. Dejemos que los atiendan los gobernadores esa es su responsabilidad y no estar trayendo a la burocracia nacional esos temas que no van a resolver nunca.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Aprovechamos para saludar la presencia de integrantes del Sindicato de Trabajadores Campesinos del municipio de Tlanalapa, del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad, quienes están de visita para conocer nuestro trabajo legislativo.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para argumentar a favor del dictamen.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Yo quisiera señalar las razones por las que el día de hoy mi voto será a favor del presente dictamen; y comienzo con el señalamiento de que esta reforma creo que es muy importante, y parto del tema que ha sido un tanto debatido en esta sesión, que tiene que ver con las atribuciones al Congreso Federal, en el artículo 73, para crear un ordenamiento general en materia de justicia para adolescentes; justamente porque también esto deriva de la reciente aprobación en el Congreso de una legislación penal única en materia procesal penal y creo que, en consecuencia, es importante ser congruentes con esta disposición.

Además de que ya en las comisiones unidas, en donde tuvimos el análisis de los cambios que se iban a realizar, se señaló también la disparidad que existe en los distintos cuerpos normativos en el país. Entonces, creo que este otorgamiento de atribuciones al Congreso General para expedir una legislación única en materia de justicia para adolescentes es un punto favorable, es un punto que va a ayudar a tener más consistencia y, sobre todo, a que se apliquen principios generales de derecho, de respeto a derechos fundamentales y, por supuesto, que se le dará un mejor tratamiento a este régimen del sistema de justicia para adolescentes.

Por otro lado, cabe resaltar otra de las disposiciones que también es importante y que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de los Niños, en donde se han establecido diversas cuestiones, particularmente legislativas, para asegurar que el cumplimiento de estas disposiciones, de estos preceptos que, tratándose de sistema de justicia para adolescentes, pueda llevarse a cabo; y estas disposiciones de esta reforma, que se está sometiendo a consideración del Pleno, retoman justamente estas disposiciones de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Por otro lado, otro de los temas importantes de esta reforma que hoy se pone a consideración del Pleno, tiene que ver con el régimen para adolescentes de 12 a 14 años y la previsión que se da para los menores de 12 años en donde los mismos, ahora señalará esta reforma, solamente podrán ser sujetos de asistencia social; se elimina el términos "rehabilitación" en virtud de considerarse que al ser menores de 12 años, justamente estos adolescentes no podrían ser sujetos a proceso, no se les podría imputar y, por lo tanto, tampoco podrían ser sujetos de rehabilitación.

Yo hice una consideración en el sentido de que ahora que se queda el términos "asistencia social", más que como ser sujetos ellos es una obligación del Estado garantizarles esa asistencia social cuando se advierta la comisión de alguna conducta que, en otra circunstancia, pudiera considerarse como antijurídica y que estos niños puedan tener justamente esa asistencia del Estado.

Queda en los términos que ya he mencionado esta previsión. Se establece también en esta propuesta, que se pone a consideración del Pleno del Senado de la República el que en esta propuesta también se señalan los principios que deben regir para el nuevo sistema, estableciéndose los principios de un sistema acusatorio. Y yo creo que también esto va a ser fundamental para darle más coherencia al proceso de enjuiciamiento, por así llamarlo, porque asumirá los principios de un sistema legal acusatorio.

Se establece en la reforma que se pone a consideración del Pleno el tema del principio de especialidad; y esto resulta fundamental al ser justamente un régimen de justicia que estará destinado a los adolescentes.

Creo que por estas consideraciones y algunas más que han hecho ya los compañeros que me han antecedido en la palabra y que se han pronunciado a favor de este dictamen, es necesario dar un paso hacia adelante y por eso nos estamos sumando a esta propuesta que hacen las comisiones unidas; y reiterar mi felicitación a quienes encabezaron estas propuestas en las comisiones unidas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para argumentar en contra del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

En efecto, es una reforma constitucional importante y por eso mismo nos parece delicado lo que se pretende con la centralización de esta justicia penal, porque es precisamente en los estados de la República donde se conoce de mejor manera la cotidianidad y es precisamente la condición del estado, la condición social en que se encuentre, la que motiva en muchas ocasiones los delitos de los jóvenes.

En México, las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiar comunitarios e institucionales y facilitan que las y los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, trayendo como consecuencia el abandono de su educación escolar a temprana edad se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o adquieran conductas violentas.

Para entender este fenómeno, el de los adolescentes en conflicto con la ley, acusados o declarados responsables por la comisión de un delito, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan dichos adolescentes.

Lo anterior en el sentido de que en la mayor parte de los casos en que un adolescente se ve involucrado en un delito el motivo por el cual se vieron impulsados a realizar el mismo, tiene que ver con necesidades socioeconómicas, mismas que son resultado de las malas políticas económicas de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, en México la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, su edad oscila entre los 15 y 17 años, presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia; por si fuera poco, suelen vivir en entornos violentos. Se trata en definitiva de adolescentes que viven en ambientes de desprotección en los que, por lo general, varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados.

En el año 2005 se llevó a cabo una reforma legislativa que instauró un sistema de justicia penal juvenil garantista acorde con los derechos del niño denominado sistema integral de justicia para adolescentes, el cual tuvo como principal objetivo garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los niños y establecer un sistema de justicia específico para aquellos que presuntamente hayan infringido las leyes penales.

A través de este sistema integral de justicia para adolescentes, se buscó que los adolescentes acusados de algún delito tuvieran acceso a un juicio justo, en el que se respetaran sus derechos fundamentales y, en caso de resultar responsables, pudieran asumir las consecuencias de sus actos a través de una medida socioeducativa que promoviera su reintegración social y familiar y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.

De las principales modificaciones que introdujo la anterior reforma, se destaca la uniformización de las edades mínima y máxima para la aplicación del sistema de justicia para adolescentes, limitando la privación de libertad solo para personas entre 14 y 18 años y como último recurso; así se eliminó esta sanción para los adolescentes entre 12 y 14 años, limitando la aplicación del sistema de las conductas delictivas.

Por su parte, la presente reforma busca, en esencia, establecer la atribución del Congreso General para expedir la legislación única en materia de justicia integral para los adolescentes y que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Lo realmente trascendente para atender el tema de adolescentes que infringen la ley mediante un sistema de justicia penal no debería ser el cambio de nombre, la incorporación de un par de palabras o el rango de una ley municipal, estatal o federal, sino el combate real y focalizado en cada una de las variantes económicas y sociales que inciden en el comportamiento de los adolescentes para realizar cada uno de los hechos delictivos.

El sistema vigente lo que requiere es desarrollar una serie de mecanismos capaces de ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva para la sociedad.

No se debe seguir perdiendo el tiempo en cambios estáticos o protocolarios de una ley, sino que se deben de resolver los problemas de empleo, educación, salud, seguridad pública y alimentación, a los que se ven sometidos los adolescentes, lo que los orilla a delinquir y a distorsionar el papel de la familia como institución fundamental de una sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para argumentar a favor del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Creo que todos, casi todos los Senadores integrantes de estas comisiones unidas, sin duda, que coincidimos en la relevancia que reviste este tema de justicia penal para adolescentes, particularmente en el contexto de máxima protección de los derechos humanos y del interés superior de las niñas y de los niños, que hemos establecido ya en la ley suprema de nuestro país.

Me parece, concretamente, que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, expedida en el 2012, y que quedará de alguna forma abrogada con esta reforma, representó, sin duda, un avance muy importante en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque sentó las bases de un procedimiento que tenía entre sus premisas el principio de mínima intervención, así como el cuidado del honor, de la reputación y la salud física y mental de los menores.

Eso, sin duda, que no fue un asunto menor; y menos aún cuando en nuestro país enfrentábamos, como sin duda seguimos haciéndolo, una situación de descomposición social, en la que desafortunadamente cientos de jóvenes engrosan las filas de la delincuencia organizada, en la que cientos, tal vez miles, de niños y adolescentes ven a los narcotraficantes como ejemplos a seguir y aspiran a convertirse en uno de ellos. Y lo digo porque seguramente ustedes recordarán que hace unos pocos años el país veía con asombro el caso de El Ponchis, un muchacho de apenas 14 años de edad que pertenecía a un cártel del narcotráfico y que, según se dijo en ese momento, participó en robos, homicidios y decapitaciones desde antes de que tuviese los 12 años de edad.

Y, en aquella ocasión, no faltaron las voces de muchas personas que cansadas de tanta violencia, de tanta criminalidad, de tanta impunidad, clamaban porque se le castigara a este joven como si fuese un adulto; y muchos se referían a él con menosprecio, incluso con mucho odio.

Yo estoy convencido, lo digo con claridad, que ese muchacho de 14 años era más bien un síntoma, un triste ejemplo del mal que han hecho tantos y tantos gobiernos omisos ante la violencia y la descomposición, pero también de lo que hemos hecho mal todos nosotros como sociedad.

Y volviendo al tema específico de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que nació precisamente para solventar los vacíos legales y la incertidumbre jurídica que quedaron evidenciados con este caso de El Ponchis, ahora, compañeras y compañeros, estamos por aprobar una nueva disposición acorde con el sistema de justicia acusatorio, pero en el que tendremos, sin duda, la responsabilidad de seguir avanzando en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera particular.

Y como esta reforma es únicamente el fundamento constitucional para la legislación única en la materia, creo que no está por demás conminar desde ahora a las y los Senadores precisamente a eso, a que expidamos una ley que avance en la protección de los derechos de los adolescentes que se vean involucrados en un asunto penal.

Esa será, lo adelanto, sin duda, premisa fundamental del grupo parlamentario del PRD en la construcción de esta nueva disposición.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Primero celebro el que el día de hoy podamos estar discutiendo este dictamen que llevaba un rato en las comisiones, esta Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y soy una convencida de que con este dictamen vamos a lograr sentar las bases para poder fincar un sistema de justicia que vea a los adolescentes señalados en conflicto con alguna disposición del tipo penal, como sujetos de derechos y que reciban las oportunidades que requieran para su reinserción y reintegración social.

Porque es de humanos equivocarse, pero es más humano que desde el Senado de la República podamos brindarles a nuestros adolescentes una segunda oportunidad.

Si se logra a partir de esto, con la reinserción y la reintegración de un adolescente en conflicto con alguna disposición de tipo penal, se va a evitar que caiga en un círculo de violencia que continúe hasta la vida adulta.

¿Qué es lo que estamos viendo hoy en México?

A muchos adolescentes, sobre todo en los estados más violentos, que optan después de salir de estos lugares, optan por dedicarse a la delincuencia organizada y no necesariamente hay oportunidades que le brinde el mismo gobierno de la mano con lo que se pueda construir con sociedad civil.

Dentro de los grandes temas pendientes en materia de infancia y adolescencia, encontramos también el acceso a la justicia y la situación que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley.

En esta realidad a todos nosotros, como Senado de la República, debe comprometernos para seguir actuando con sensibilidad y con mucha responsabilidad.

Hace un par de semanas aprobamos la ley que protege a nuestras niñas, niños y adolescentes; y ahora, además teníamos una enorme deuda con nuestros niños de México, estas reformas son un paso valioso para poderles dar una oportunidad a todos aquellos adolescentes que caen, desgraciadamente, en alguna falta o incluso se involucran con el crimen organizado; es darle una segunda oportunidad y soy una convencida de que también el gobierno tenía un gran pendiente con ellos; y nosotros desde el Poder Legislativo estamos haciendo nuestra labor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor Presidente. Queridas compañeras y compañeros:

Yo quiero sumarme también a la celebración del hecho de que hoy estemos aquí a punto de aprobar este dictamen que yo agradezco el haber compartido con la Senadora Angélica de la Peña, para poder hacer esta iniciativa que hoy por fin, a través de este dictamen, estemos hablando sobre el tema de justicia para adolescentes.

Quiero, por supuesto, hablar a favor de este dictamen; y quiero comentarles a todas y a todos, que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados parte reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros.

En este sentido, es preponderante que el Estado mexicano fortalezca las acciones tendientes a fortalecer las bases del sistema de justicia penal para adolescentes, pues es preponderante que se establezca una perspectiva garantista de derechos humanos que propicie una adecuada reintegración social.

Bien lo decían mis compañeras y mis compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, que de acuerdo con UNICEF, la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado definitivamente la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia.

Además, sabemos que están inmersos en entornos violentos, especialmente en su círculo cercano, y viven en ambientes de desprotección.

Por ello y para ello, es fundamental que como Estado unifiquemos criterios de acción para generar sistemas de información, pero sobre todo, de acción que permitan dar el adecuado tratamiento a las y los adolescentes en conflicto con la ley.

En todo lo señalado, compañeras y compañeros, radica la importancia de esta reforma y la necesidad de impulsar y apoyar todas aquellas reformas que promuevan el respeto integral de los derechos de la adolescencia y su interés superior.

Por todo lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente dictamen y comprometidos a continuar en el trabajo que venga a complementar esta reforma, a fin de abordar desde la transversalidad este tema y, con ello, abonar para su reinserción social y desarrollo adecuado e integral.

Esperando el respaldo de todas y todos a este dictamen, les agradezco muchísimo su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario ndel PRI, para comentar a favor del dictamen, desde su escaño.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

A mí me da mucho gusto que finalmente estemos llegando a esta parte de someterlo a la consideración del Pleno un dictamen que ha transitado por mucho tiempo en altas y bajas, el tema de la justicia penal juvenil o el tema de los menores infractores, se ha tratado de la manera con una violación a los derechos humanos de los adolescentes de la peor manera.

Hay estados que aún guardan el tema tutelar donde se vuelve un monólogo la presencia de los adolescentes. Solamente hay alguien quien imputa una responsabilidad, pero la defensa que debe de tener el adolescente, hombre o mujer, no existía. Yo por eso quiero felicitar a dos de las comisiones que trabajamos, tanto Puntos Constitucionales, como Justicia por esta posibilidad.

Creo que lo que sigue es cerciorarnos de que esto realmente se desdoble a nivel estatal, porque lo que tenemos enfrente solamente es una injusticia lo que hemos cometido con este sector de la población.

En este momento podemos leer las noticias, hemos tenido nombres de adolescentes que le han dado la vuelta al mundo por infracciones altamente graves, y digo altamente graves por la situación en la que se han visto involucrados, por eso creo que después de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que yo espero que pueda transitar en el propósito que tenemos, hoy estamos hablando de un tema que se ha tocado muchísimas veces, pero que hoy tiene un eje rector, desde aquí, desde la parte federal, desde la parte nacional.

Vale la pena subrayar que esta es una omisión que lo único que provocó fue violentar los derechos de nuestros adolescentes y que hoy hay una garantía que tenemos que regularizar, que tenemos al frente.

Ojalá podamos armonizar esta legislación en todos los estados y dejemos de ser omisos en una de las más altas responsabilidades, que son en la vida de los adolescentes.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En virtud de que no hay más oradores, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18, y el inciso c) de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, solicitaron el retiro del dictamen en sentido negativo sobre el proyecto de Decreto que reformaba el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

 






Pasamos a la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 203 del Código Penal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 203 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 203 del Código Penal Federal. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 12 de noviembre de 2013, por el que se desechó el proyecto que reformaba la Ley General de Turismo.

COMISIONES UNIDAS DE TURISMO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se da por totalmente concluido el proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Turismo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura a los mismos.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.








COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.



 

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que ambos dictámenes se discutirán en un solo momento. En consecuencia, está a discusión.

Aprovechamos para dar la más cordial bienvenida a un grupo de vecinos del municipio de San Mateo Atenco, Toluca, Estado de México, paisanos míos, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Hago uso de esta tribuna para poner a consideración de ustedes el dictamen que la Comisión de Agricultura y Ganadería ha emitido y, desde luego, manifestar mi acuerdo y respaldo al mencionado dictamen.

En él se solicita implementar las acciones en el sentido positivo para la creación de un fondo emergente que dé impulso al sector productivo del café en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial como productor de café, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam.

La variedad que produce es la arábica conocida por ese nombre, debido a su origen, se cultiva en los estados de la República Mexicana, siendo Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla los que cuentan con el 84 por ciento de la superficie sembrada; Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit e Hidalgo, el 15 por ciento de la superficie; y Jalisco, Querétaro, Colima y Tabasco, con el 1 por ciento.

Los precios internacionales del café, en noviembre del año pasado, registraron una caída del 37 por ciento respecto a noviembre de 2002.

La variación anual de los precios del mercado nacional para el café presentó una caída del 29 por ciento para el café pergamino del 17 por ciento para el café oro natural y del 26 por ciento para el café oro lavado.

Ahora bien, se tiene que reconocer que los estados del sur-sureste representan menor grado de desarrollo económico y menor infraestructura productiva en relación a los estados del norte del país; y por lo tanto se deben reestablecer políticas públicas que observen estas diferencias.

Ante esta situación, resulta de vital importancia apoyar a la comercialización del café a través de un fondo compensatorio que otorgue apoyos directos al productor, con la finalidad de atenuar, de alguna forma, las pérdidas económicas generadas por los acontecimientos meteorológicos que afectaron en fechas pasadas a las zonas cafetaleras, además de la caída del precio internacional del café.

Indudablemente que en estos y otros productos del campo se ve necesaria la compensación en sus precios; y por ello en la revisión que se está realizando del presupuesto federal 2015, los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados están revisando puntualmente los temas de los fondos de aseguramiento y los fondos en la comercialización, particularmente de ASERCA.

Por lo que había del tema en mención en relación al café, la solicitud respetuosa que estamos solicitando a esta Asamblea, es la aprobación del dictamen favorable para la creación del fondo compensatorio.

Por su voto a favor, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Cota Jiménez.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeras y compañeros.

El posicionamiento a favor del punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tengan a bien realizar acciones en sentido positivo para la creación de un fondo emergente que dé impulso al sector productivo del café de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz.

Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como es de su conocimiento, México se encuentra dentro de los 10 países productores de café a nivel mundial, siendo los principales productores 12 estados, en los cuales se cultiva aproximadamente 700 mil hectáreas dentro de la República Mexicana, por cerca de 500 mil productores; y de estos, los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla cuentan con el 89 por ciento de la superficie sembrada de excelente calidad, gracias a su topografía, altura, clima y suelo.

Aunado a lo anterior, México es el primer productor de café orgánico a nivel mundial.

Dentro de sus programas, la SAGARPA maneja el componente pro-café para su impulso con un monto de 700 millones de pesos; sin embargo, este resulta insuficiente si tomamos en cuenta y en consideración la caída de su precio del 37.7 por ciento y de las exportaciones en un 38 por ciento.

En razón de lo anterior, es fundamental que se apoye a los principales estados productores de café de la región sur-sureste mediante la creación de este fondo compensatorio que otorgue apoyos directos por la cantidad de, por lo menos, 2 mil pesos por hectárea, así como 200 pesos por quintal, siempre y cuando comprueben que fue comercializada su cosecha.

No omito manifestar que el actual el programa de apoyo a fomento productivo del café resulta insuficiente y el cual, según datos publicados por la SAGARPA, año con año va en decremento.

Lo anterior es así si consideramos que los montos, número de productores y hectáreas apoyadas son menores entre lo apoyado en el año 2010 al 2012.

En el caso de Chiapas, en el año 2010, se le destinaron 176.7 millones de pesos; y para el año 2012 sólo 113 millones de pesos.

El número de productores beneficiados fue en el periodo de 2010, de 114 mil 543; y para el año 2012, tan sólo se beneficiaron 54 mil 106 productores.

En lo relativo a apoyo en las hectáreas, en el 2010, fueron 189 mil 659 hectáreas; y para el 2012, sólo 83 mil 904 hectáreas.

En lo relativo al estado de Guerrero, en el año 2010 se le destinaron 27.5 millones de pesos; y para el año 2012, sólo fue de 15.3 millones de pesos.

El número de productores beneficiados fue en el 2010, de 13 mil 838 productores que se beneficiaron; para el año 2012, sólo se benefició a 9 mil 950 productores.

En lo relativo a apoyo a las hectáreas, en el 2010, fueron 26 mil 395 hectáreas, en comparación para el año 2012, que sólo fueron 20 mil 250 hectáreas.

En el caso de mi estado natal, Oaxaca, en el año 2010 se le destinaron 88.1 millón de pesos; y para el año 2012, sólo fue casi el 50 por ciento, es decir, 44.2 millones de pesos.

El número de productores beneficiados, en el 2010, fue de 55 mil 310; y para el 2010, tan sólo se benefició a 28 mil 241 productores.

En lo relativo a hectáreas apoyadas, en el 2010, fueron 87 mil 524 hectáreas; y para el 2012, sólo 44 mil 451 hectáreas.

En las cifras antes mencionadas, claramente se puede advertir que año con año el apoyo a los productores del café se ha visto mermado en casi un 50 por ciento.

Por lo cual resulta de gran relevancia establecer este fondo emergente de impulso al sector productivo del café en los 3 principales estados productores, que aglutina cerca del 90.5, por ciento, de la producción anual.

En vista de lo anterior, mi voto será a favor del presente punto de Acuerdo para que el Ejecutivo Federal implemente políticas públicas que impulsen el fomento del sector productivo del café en mi estado, Oaxaca, y en el estado de Guerrero, Chiapas y Veracruz.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romero Lainas.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen.

Por no encontrarse en el Pleno, se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para argumentar a favor del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Simplemente para reiterar nuestro interés siempre con los temas de la caficultura, como lo hemos hecho desde el inicio de esta legislatura, la necesidad urgente de atender el sector cafetalero en todos los estados del sur-sureste y, en particular, en el estado de Chiapas.

No es un asunto que tenga que ver solamente con el sector agrícola del país, no estamos hablando solamente de un cultivo. Tiene que ver con una estrategia social, económica y ambiental; una estrategia que, incluso, tiene que ver con la gobernabilidad; porque sin café, yo les pregunto, qué van a hacer 181 familias de Chiapas que viven de esto, sin el apoyo que requieren ante situaciones extraordinarias, como el asunto de la roya, esas familias tienen dos caminos nada más: las actividades ilícitas o la migración. Así de simple, Así de claro.

Y así es como hemos pedido ya desde hace mucho tiempo, este fondo extraordinario para el café.

Es un equilibrio frágil, por lo que mantenerlo en operación y en crecimiento, finalmente, siempre se va a traducir en bienestar, en estabilidad, en gobernabilidad para estados como el mío, como Chiapas.

Porque cuando esto no ocurre, cuando no funcionan estos equilibrios, cuando se trastocan, entonces enfrentamos graves pérdidas, enfrentamos mayor empobrecimiento y enfrentamos también inestabilidad social.

Por eso, desde noviembre de 2012 hicimos, en esta misma tribuna, el llamado para atender el problema de la roya del café. Cuando este problema en Centroamérica, ya era considerado una emergencia nacional, en diferentes dispositivos que los países centroamericanos ya habían implementado, y nosotros, nos resistimos a hacer la declaratoria fitosanitaria.

Hoy estamos viendo las consecuencias de esta mala decisión.

Centroamérica prendiendo todas las alarmas y en México todavía no desplegamos ninguna acción extraordinaria.

Insistimos en enero, insistimos en marzo de 2013, con la promoción de puntos de Acuerdo sobre este mismo tema, y nada.

Hoy la Unión Nacional de Productores de Café de Chiapas, estima que ya la roya ha afectado a agosto de este año, 49,897 hectáreas en Chiapas, y ha puesto en riesgo el 20 por ciento de la producción total del estado que más produce café en nuestro país.

Lo que sí está claro, compañeras y compañeros, es que en 2014 vamos a tener una producción más baja de café, que en las últimas cuatro décadas. Y esto supone, por un lado, riesgo en las mermas que suponen hasta el 60 por ciento de lo que tradicionalmente se venía produciendo en zonas como el Soconusco, o como en la zona cafeticultera de Veracruz y, por el otro lado, la pérdida de la oportunidad de, ante buenos precios internacionales del café, nuevamente no vernos favorecidos por esta situación de orden internacional.

A estos problemas y retos de producción se le suman los históricos de comercialización, de fluctuación de precios internacionales; que ya en noviembre de 2013 habían caído 37.7 por ciento y que se han ido recuperando desde esa fecha hasta el día de hoy.

La producción es menor, el precio pronosticado a la baja y el costo de combatir la roya, va a disminuir justamente la rentabilidad.

Hoy se estaba discutiendo en un foro sobre temas de productividad que centramos, por supuesto, en el tema del salario mínimo; pero también volteemos a ver a productores que muchas veces, a pesar de llevar años en esta actividad, no reciben ni siquiera ese salario mínimo.

Hace once meses, el 28 de noviembre del año pasado, junto con los Senadores Benjamín Robles y Sofío Ramírez, propucimos la creación de este fondo emergente que impulse la agricultura de las entidades…

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Permítame, Senador Robledo Aburto.

Para pedirles a las compañeras y compañeros Senadores, podamos atender al orador. Y quienes no son Senadores, nos permitan la realización de esta sesión.

Muchas gracias.

Continúe, Senador Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Le agradezco, mucho señor Presidente.

Y de verdad lamento que este tema no esté en la agenda, porque es un asunto preventivo, es un asunto que va a evitar que eventualmente familias que llevan años dedicándose al café, empiecen a dedicarse a cosas que no queremos que se dediquen.

Por eso y simplemente para concluir, reconozco la actitud, la disposición de la Comisión de Agricultura y de Ganadería, que hayan hecho eco de esta iniciativa y dictamine a favor para exhortar tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implementar políticas públicas que impulsen al sector cafetalero en estas entidades. Y además se promueva la creación de este fondo compensatorio en favor de los productores.

Estamos todavía a tiempo, antes de que una baja más pronunciada de la producción y que el pronóstico a la baja, después del crecimiento del precio, dañe los ingresos y que después nos lamentemos porque en estas entidades, donde hoy, por lo menos en mi estado, donde se respira paz, empecemos a ver qué es lo que salió mal, qué es lo que no hicimos, cuando este equilibrio en la estabilidad social vea vulnerado.

El café en nuestros estados, es sinónimo de gobernabilidad. Yo les pido que nunca lo olviden y, en ese sentido, el voto de todos a favor de este dictamen, representará una señal positiva para la región, que está siempre tan necesitada de alguna buena noticia.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para argumentar a favor del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Quiero, en principio, reconocer la sensibilidad de la comisión para este tipo de temas.

El campo, sostengo, pudiera ser solución y no problema, como en este momento lo estamos viviendo.

Y hoy en Zacatecas, particularmente, además de otros estados como Durango y Nayarit, que son productores de fríjol, seguramente el hecho de escuchar que cuando menos se está atendiendo la principal inquietud que tienen en estos momentos los productores de esta región y de estos estados de la República, frente a un año generoso, un año que con la bendición de Dios espera una buena cosecha; y que la amenaza, como siempre, de un mal precio.

Hoy los productores de Zacatecas han venido padeciendo la descapitalización en los últimos, cuando menos, tres años, dos en particular, el pasado y éste; que por cierto, ojalá la propia comisión tome cartas en el asunto, porque en el ciclo primera-verano de 2012, se les ofreció un precio compensatorio de dos pesos adicionales, mismos que no han sido cubiertos hasta la fecha, y que la enorme necesidad que tienen nuestros productores les vienen bien estos dos pesos por kilo de fríjol que le ofrecieron el ciclo pasado.

Sin embargo, para este ciclo primavera-verano 2014, se espera una cosecha récord; solo en estos tres estados de la República, se está esperando más de 700 mil toneladas de fríjol; y que en la incertidumbre de que no haya un esquema de comercialización, los deja al garete y los deja a merced del coyotaje de nuestro país.

Mi reconocimiento a la comisión, para que cuando menos con este tipo de exhortativas y voluntad pudiéramos atender este problema tan delicado, el del fríjol.

México es la cuna de fríjol, el cual se ha venido cultivando desde hace más de ocho mil años, aproximadamente, es un producto estratégico dentro del desarrollo rural, ya que ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie sembrada a nivel nacional. Así lo indica el número de productores dedicados al cultivo, que sin duda son un importante generador de empleo dentro de la economía en el sector rural. Para Zacatecas es una de las principales actividades agrícola, les diría que la principal.

El cultivo de fríjol es considerado como un producto cultural y estratégico para el desarrollo de nuestro estado y del país.

El precio del frijol en años anteriores era de 18 y hasta 20 pesos por kilogramo, para este año el frijol se está ofreciendo de 9 a 10 pesos por kilogramo en centrales de abastos, según datos del Portal de InfoAserca. El impacto económico para los productores a lo largo de estos años ha sido catastrófico.

En las zonas de riego y con variedades de las llamadas preferentes, el precio del frijol no rebasó ni los 7 mil pesos por tonelada al productor, por lo que es necesario e ineludible que el gobierno federal implemente un programa de apoyo a la comercialización de la cosecha para estos productores.

Así pues, de acuerdo con la información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al cierre del año agrícola de 2013, la producción nacional será superior al millón 108 mil 587 toneladas, en las que destacan como principales productores los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas. Si bien es cierto que la creciente producción de frijol genera que los precios se vayan a la baja, encontramos que el precio pagado al productor sea de 6.50 ó 7 pesos por kilogramo y el grano manchado se esté comprando entre 4 y 5 pesos el kilogramo a los campesinos.

Por otro lado, los precios pagados por el consumidor final, tal y como lo indica esta comisión dictaminadora, son en promedio 87.5 superiores a los precios pagados al productor, lo que muestra que sigue existiendo un amplio margen comercial entre los precios pagados al productor y los precios al mayoreo en centrales de abasto, es en promedio del 31.5 por ciento; y entre el precio al mayoreo y el precio al consumidor final es de promedio de 41.2.

Por lo anterior, se requiere que la SAGARPA, en coordinación con sus homólogas del estado de Zacatecas o de los estados productores de frijol, vigile y promuevan que los productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de su cosecha. De igual manera se implementen programas emergentes de inversión y apoyo a los pequeños y medianos productores de frijol de dicha entidad, de tal suerte que compense un poco la descapitalización que ha sufrido el campo mexicano en estos últimos años.

Es cuanto, señor Presidente, y a favor del dictamen.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Apenas el 16 de agosto celebramos el Día Mundial de la Alimentación; y entre los temas que tenemos que reflexionar, particularmente en México, es revisar si la política destinada al sector agropecuario es la política correcta.

Hace meses el Presidente de la República se propuso a hacer una reforma profunda al campo; una reforma que permitiera que cambiáramos estas circunstancias que hoy viven los cafetaleros, que hoy viven los productores de frijol y que hoy viven los productores de la caña de azúcar, entre otros productores del país.

Esta demanda y esta posibilidad que se planteó, solamente se convirtió en una llamarada, porque no se concluyó el proceso que se inició. Esto obliga a que particularmente estos fenómenos estén llamando a que revisemos cuál es la esencia, efectivamente, de la política que se aplica al sector productivo en nuestro país, particularmente el que tiene que ver con el campo mexicano.

Por eso, ahorita vemos que le pedimos a la Secretaría de Hacienda que asigne 2 mil millones de pesos para atender el problema de los compañeros cafetaleros; pero en verdad ¿qué tipo de medidas vamos a estar tomando cada vez que una contingencia y una problemática de éstas se nos presentan? ¿Hacia dónde estamos encaminando la política de desarrollo rural en nuestro país para que tengamos que estar enfrentando este tipo de problemas?

Esto es un “bomberazo”, que con la sensibilidad, yo siento, de la Comisión de Agricultura hoy se propone un punto de Acuerdo en un sentido negativo para ayudar a dos sectores productivos del país, que son los del frijol y que son los del café.

Y son particularmente, compañeros, regiones de las más marginadas en el país, son productores los oaxaqueños, los chiapanecos, que están en la siembra del café en las regiones indígenas más marginadas de nuestro país, y que de alguna manera hace eminente que empecemos a cambiar nuestra política de diseño de subsidios al campo mexicano.

Por eso, abordar un detalle de esta deformación de la política, habla de qué manera estamos encaminando el desarrollo rural. Seguimos siendo importadores de granos, el frijol, donde aquí lo ha planteado muy bien el Senador Monreal, ha dicho la capacidad productiva que tenemos, y el precio que están obteniendo los productores de frijol en este momento, todo un esfuerzo productivo de meses, se va a la calle porque no hay manera de recuperar precios.

Por eso creo que es necesario que desde las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Autosuficiencia Alimentaria empecemos ya a diseñar nosotros aquí entonces una propuesta. Si el Ejecutivo Federal no está dispuesto a entrarle en ese tema, finalmente cae en la cancha del Poder Legislativo el tener que enderezar una serie de propuestas que vengan a resolver y a mitigar los efectos que el campo de México está padeciendo, como en este caso en productores de café, de frijol, de caña de azúcar, los ganaderos, en fin.

Por eso, compañeras y compañeros, ahora que estamos en esta discusión, yo llamo a que votemos a favor de estos puntos de Acuerdo que permitan que sea una salida y que no convirtamos a veces la acción, la responsabilidad y el compromiso que asumimos como un acto posterior, después de que las cosas pasaron. Revisen los temas que tenemos en este Senado y cada uno de ellos nos va rebasando y no va dando tiempo para que vayamos abordando con responsabilidad las cosas que preocupan.

¿Qué preocupa y qué ha generado más interés en la sociedad? El tema de la inseguridad; y postergamos el tema de la productividad en el campo y el crecimiento de los sectores productivos en nuestro país, y esto es parte de una desarticulación de la política en nuestro país que no se ha logrado en este momento concretar.

Por eso, compañeras y compañeros, creo que es la oportunidad de darle un giro a este tipo de cosas. Está allá en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el año 2015; ojalá y desde este Senado pudiéramos, desde las comisiones, recomendar algunas áreas para fortalecer con recursos, para que podamos atender contingencias con una verdadera antelación y que no nos agarren los ritmos desfasados, como en este momento está ocurriendo con productores de dos ramas productivas, lo que es el café y la caña de azúcar.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Simplemente para manifestar nuestro reconocimiento, nuestro respaldo a la Comisión de Agricultura, que de manera sensible se pronuncia en estos puntos de Acuerdo. Y quiero destacar en este punto de Acuerdo de apoyo y de respaldo a todas y todos los productores de frijol.

En mi estado, Zacatecas, líder en la producción frijolera, este punto de Acuerdo es de suma importancia.

Estoy convencido y seguro que el gobierno federal y la SAGARPA harán eco y recogerán este exhorto que de manera respetuosa emitimos desde este Senado de la República, a ellos y a los homólogos en las entidades federativas, para que puedan acompañar vigilando y promover un precio de referencia, un precio justo para este producto del frijol para todas nuestras productoras y productores.

En el estado de Zacatecas es algo de vital importancia, ya lo mencionaba; un estado en el que se encuentran más de 80 mil productores de frijol, en donde el promedio de producción anual ha venido siendo superior a las 300 mil toneladas pudiendo rebasar las 500 mil en un año bueno, como éste que se está presentando, como ya lo externaba mi compañero y paisano, el Senador David Monreal.

Venimos a respaldar este punto de Acuerdo, porque es muy importante para el desarrollo de nuestro estado, pero también es un punto muy importante para el desarrollo y el abasto nacional de nuestro país en la producción del frijol, no simplemente para Zacatecas, sino también, reiteramos, nuestro respaldo para los otros estados principales productores de frijol con lo son: Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Por su atención, muchas gracias. Y la respaldamos el presente punto de Acuerdo votando a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.

Se concede el uso de la tribuna al Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Unicamente para sumarme al punto de Acuerdo que ha emitido la Comisión de Agricultura en el sentido de buscar mejores esquemas de comercialización del frijol. Aquí se ha dicho ya que esta actividad agrícola es muy importante para varias entidades, entre ellas mi entidad, Durango, junto con Zacatecas, Chihuahua, San Luís Potosí y en otro ciclo Nayarit y Sinaloa, pero en este ciclo que está ya prácticamente iniciando nuevamente la cosecha, hoy la preocupación que tienen los productores es que no ha habido un esquema que les dé certidumbre; y aquí el exhorto a las autoridades federales y a las homólogas en las entidades federativas, tendrá que ser para se busquen esquemas de comercialización que le garantice a los productores que el precio que se les ha generado en cuanto a las expectativas de lo que van a recibir realmente lo puedan hacer oportunamente el subsidio que se ha otorgado para los productores.

Lamentablemente, en muchos casos no les llega a los productores y se los quedan las empresas comercializadoras que son las que han estafado a los productores, por eso la necesidad de que en la Secretaría de Agricultura, a través de ASERCA, con las autoridades locales y las propias delegaciones de la Secretaría de Agricultura, puedan vigilar hoy que está apenas iniciando la cosecha, se pueda tener un esquema que nos permita que haya una vigilancia para que no se le permita, no se le dé la autorización a empresas acopiadoras que han fallado, que han cobrado ese subsidio sin reintegrárselo a los productores donde, en muchos casos, a través de facturas falsas se han beneficiado, y lamentablemente los productores, en algunos casos, no sólo no les han pagado el precio que se había convenido, sino que también tienen problemas para recibir ese subsidio de 2 pesos, que sí están recibiendo una buena parte, hay que reconocerlo. El caso de Durango ha habido un avance muy importante, pero todavía hay muchos productores que no han recibido ni el pago del principal y, desde luego, mucho menos el subsidio.

Por eso, yo me sumo a este punto de Acuerdo que ha generado la Comisión de Agricultura para que podamos estar muy cerca de las autoridades encargadas de este esquema de comercialización para garantizarles a los productores que se les pague en tiempo, que las empresas que se autorice como acopiadoras realmente sean empresas serias y que el subsidio le llegue a los productores y no, lamentablemente, a veces a los intermediarios, quienes haciendo mal uso de facturas, son los que se benefician a costa de que los productores sean los que no estén recibiendo este beneficio.

Yo creo que este es un asunto muy importante en el que debemos de ver no solo el esquema de cómo mejorar la productividad, que este año, afortunadamente, las lluvias han sido benignas, pero que lamentablemente esa expectativa que hoy tienen los productores cuando empieza la comercialización es el momento en el que realmente viene la decepción; y muchos de los productores parte de los insumos los tiene que comprar a empresas que se les obliga a ello, y que cuando le llega, cuando viene la cosecha, tienen que vender inmediatamente, entregar el frijol para pagarle a los intermediarios, a los que proveen los insumos donde el productor se queda nuevamente sin el sustento para él y su familia.

Así es que yo me sumo pues a este punto de Acuerdo, con el objetivo, con el ánimo de que el Senado, a través de la Comisión de Agricultura, esté muy atento, para darle seguimiento a la comercialización, buscando que realmente en esto los productores sean los que se vean beneficiados, conscientes de que se requiere de la participación de las empresas privadas, pero de empresas serias, de empresas que realmente no vayan solo a estafar a la gente.

En ese ánimo, yo me sumo a esta decisión y espero que todas y todos los Senadores podamos respaldar esta inquietud muy legítima de los productos de frijol que, como ya se decía en muchas entidades, es una de las actividades agrícolas más importantes como es el caso de mi estado, Durango.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Aispuro Torres.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, desde su escaño para hablar a favor.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

También para sumarme a esta propuesta y abundar en algunos de los conceptos.

Me parece que el productor de frijol enfrenta muchas dificultades con las plagas, la sequía y los costos. Y un año como éste, en el que se obtiene una cosecha razonable, especialmente en las zonas temporalera,s se enfrenta al mayor problema que es el de la comercialización y, sobre todo, el de la competencia con el extranjero, que de alguna manera está siempre presente buscando hacer dumping para evitar que crezcan los productores en este país y disminuya su mercado exportador, importador para nosotros.

Me parece que este punto de Acuerdo debe llevarse con firmeza y solicitar que la Secretaría de Agricultura mida los cupos y los efectos negativos de las grandes importaciones que hacen los especuladores en detrimento y daño de nuestros productores, especialmente los pequeños, que son muchos, en el cultivo del frijol.

Me sumo con beneplácito en este punto de Acuerdo y todo lo expuesto por mis compañeros Senadores. Me parece más que razonable que este Senado de manera unánime apoye esta causa.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Martínez García.

Desde su escaño, se concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Realmente nunca será ocioso hablar de la premura de que se tomen decisiones favorables para el campo mexicano, pero particularmente en el tema el del frijol, que de tiempos atrás se viene flagelando constantemente el interés de los productores.

Es importante que este punto de Acuerdo que se ha planteado sea votado con urgencia por razones sustantivas del tema.

La verdad es que Sinaloa, al igual que otros estados mencionados, grandes productores de frijol, lo único que han encontrado los agricultores es desaliento y desánimo, y son muy pocos los que ganan y son muchos los que se lastiman.

Aquí habría que considerar algo que tampoco es ocioso repetirlo, de que no se vale que cuando los productores de frijol están por levantar las cosechas, casi en esa misma fecha ingresan importaciones que no se requieren en el país de este producto.

Creo que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía deben de jugar un papel de equilibrio, deben jugar un papel de protección primeramente a los productores de frijol que a las importaciones.

Me sumo decididamente y convoco al igual a mis compañeros a que este tema le demos un tratamiento mayor, porque mayor es el requerimiento de apoyar a los productores del frijol del país.

Gracias, es cuanto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Irízar López.

Desde su escaño, tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos impulsado este punto de Acuerdo que viene específico para el tema de los productores de frijol; pero desde aquí hago un exhorto a los compañeros integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, para que también nos constituyamos en defensores de todos los productores de granos.

Este problema que tienen los frijoleros, luego se ve representado, también, en los productores de maíz, de sorgo; precisamente porque la producción que tienen se encuentran en el momento de la cosecha ante una situación de competitividad, en muchas ocasiones, que es desleal ante introducción de granos del exterior o también, desde luego, por el intermediarismo de los conocidos coyotes que en lugar de aportar los precios justos para los productores, se ven también en un momento de este intermediarismo, en un impacto negativo para los mismos productores.

Desde luego, desde la Comisión de Agricultura nos sumamos a este punto de Acuerdo y en este momento de la votación, también pidiéndoles y exhortándoles a que seamos aliados de los productores no únicamente en el frijol, sino en todos los granos, que esto se ve reiterado en los estados productores de granos, pero también en muchos estados del país que, aunque en pequeñas escalas, también son parte de la producción de granos en la República Mexicana.

Adelante y a constituirnos en defensores de los productores ganaderos de todo el país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Por último, tiene el uso de la palabra el Senador Ismael Hernández Deras, desde su escaño, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Deseo sumarme a este punto de Acuerdo por todas y cada una de las reflexiones que se han hecho en el tema específico de los productores de frijol. Sin duda que año con año los productores de frijol, y diría yo los de caña, los de maíz, los de sorgo, los diferentes productores en el campo, tienen hoy condiciones verdaderamente adversas.

Si hablamos de pobreza, la pobreza que más lacera a este país está precisamente en el sector primario, en el campo.

Creo que en el caso de Durango, que lo conozco a profundidad y el tema de los frijoleros también, de 39 municipios 14 tienen un alto nivel de dependencia económica de lo que acontece año con año en su cosecha de frijol.

Pero este impacto económico que en ocasiones, hay que decirlo con sus palabras, ha estado contaminado desgraciadamente por los comercializadores, con las personas y las empresas que, en ocasiones, sin duda, con vicios de corrupción los únicos que pagan y les va muy mal es a los productores.

Los que menos ganan por producir la comida en este país y los que tienen verdaderas dificultades para comercializar su producto son precisamente los campesinos más pobres de México.

Creo que el tema de los precios internacionales, la apertura de nuestro país en los convenios, en todo lo que hemos podido ir provocando, que exista una interacción económica comercial, deberemos de revisarlo; y creo que estos precios internacionales y las importaciones deberán estar vinculadas con un proyecto de SAGARPA más amplio en el asunto de la reconversión productiva.

En este tema de los frijoleros, ASERCA, en SAGARPA, me consta, que está tomando decisiones importantes para irle informando a los productores con tiempo de los precios y de las posibilidades para comercializar su producto, qué bueno que ya lo está haciendo el gobierno federal así, qué bueno que ASERCA ya lo está haciendo así, qué bueno que SAGARPA está caminando en función de prevenir y de que la reconversión productiva se convierta en oportunidad económica para los campesinos,

Pero creo que siempre hemos vivido, año con año, con el signo de la corrupción, la comercialización del frijol en los estados y, en el caso específico de Durango, estamos en una etapa de sumarnos para pensar en un proyecto más integral, que le dé viabilidad económica de largo plazo a los productores.

Por eso deseo sumarme a este punto de Acuerdo que, sin duda, tiene un gran impacto social y económico con miles de familias de mi estado, Durango.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Hernández Deras.

Hemos agotado la lista de oradores. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Informo al Pleno que la Comisión de Desarrollo Municipal solicitó el retiro del dictamen con punto de Acuerdo en torno a las presuntas irregularidades cometidas con motivo de la adjudicación y contratación de obra pública por parte del municipio de Salamanca.






Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Desarrollo Municipal. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Doy lectura al primer dictamen.








COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Doy lectura al segundo dictamen.








COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Doy lectura al tercer dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los presentes dictámenes. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas con punto de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.








COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

Para hablar a favor de los dictámenes, se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros que restan en este recinto.

En el tema particular que hoy vamos a abordar y que estamos discutiendo, que tiene que ver con la Comisión de Asuntos Indígenas, son dos puntos de Acuerdo que están aquí presentados y que tienen que ver, en primer lugar, con la asignación de recursos al estado de Guerrero para la construcción de un camino que se había comprometido desde el ejercicio 2013 y que en el 2014 no hicieron nada; y que este Senado de la República le haga un exhorto atento al Congreso de la Unión para que se puedan etiquetar estos recursos para ese estado que hoy está muy presente en la mente de todos y que obliga a que vayamos correspondiendo en este sentido.

Son 27 kilómetros del tramo Mártir de Cuilapan-Zitlala, en el estado de Guerrero. Este planteamiento yo creo que va encaminado y es congruente, incluso, con los programas que se vienen aplicando en la entidad, que ha sido castigada y devastada desde el año pasado por los fenómenos meteorológicos, que este año vuelve a sufrir la misma suerte y, que por lo tanto, apelar a la responsabilidad de ustedes es muy puntual, muy oportuno, porque nos va dar la posibilidad de estar al pendiente de acontecimientos como este.

Por otro lado, ha habido de parte de mi compañero, el Senador René Juárez Cisneros, que tengo que reconocer que se ha esforzado porque en el tema de la población afrodescendiente tengamos claro en los programas de la CDI, la discriminación que sufre esta población. Dicen que en México no discriminamos, pero parece que a los negros, como vulgarmente les llamamos, los hemos discriminado porque no entran en la caracterización de los grupos étnicos del país, porque se le dio prioridad en los programas anteriores, en otras décadas del desarrollo de nuestro país, a agrupar las etnias, irlas localizando, ir generando programas para ellos y dejar fuera de este contexto a los grupos afrodescendientes; y es una minoría que está presente en los estados de Guerrero, de Veracruz, que ustedes conocen bien; y que de alguna manera aquí se trata de caminar en dos vertientes:

Primero. El poder establecer un censo para localizar a la población afrodescendiente en estos estados de la República y poder generar los programas para poderlos atender.

Segundo. Que tenga que ver con que la CDI desarrolle programas encaminados y específicos a esta población, porque a la hora de aterrizar las solicitudes de repente, aunque son grupos mestizos en nuestro país, una población mestiza no es objeto de atención en los programas federales, porque no están en ninguna de las tipologías que se han establecido ahí.

Y por otro lado, llamar a la UNESCO para que haga un reconocimiento al aporte que esas culturas han hecho en el caso de México y que generalmente tenemos que recuperar.

Por eso en la Comisión de Asuntos Indígenas se votó por unanimidad este punto que tiene que ver con ser congruentes y respaldar cuestiones prioritarias, urgentes y que tienen que ayudarnos a poder cambiar esta pauta de discriminación que en nuestro país se da; y que no es una discriminación dirigida, que es una discriminación que se va dando por omisión y que los programas, entonces, deben de ser de transversalidad que permitan aprovechar la oportunidad que tenemos de designar recursos en estos programas y atender de manera general a la población.

Por eso, compañeras y compañeros de este Senado, en estos puntos de Acuerdo que ha presentado la Comisión de Asunto Indígenas, vengo a solicitarles que tengan a bien el respaldarlos con su voto aprobatorio.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Presento a consideración de ustedes, un dictamen con pleno propósito de reivindicación social, un dictamen cuyo propósito es exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que incremente el número de programas que promueven el reconocimiento y desarrollo de las comunidades afrodescendientes, tendientes a la preservación de su identidad, sus tradiciones, costumbres, conocimientos y todos los elementos que contribuyen a fortalecer y desarrollar su cultura y su patrimonio cultural, material e inmaterial, pero sobre todo, que generen mejores condiciones de desarrollo social. Además se le exhorta para que se le gestione el Ejecutivo Federal promueva ante la UNESCO el reconocimiento de los aportes culturales de las comunidades africanas en las tradiciones mexicanas y en la construcción de la nacionalidad y la identidad de mexicanas y mexicanos.

A reserva de las observaciones que sin duda dará el Senador y compañero René Juárez Cisneros, autor de la proposición que estudiamos, quiero expresar la importancia que reviste para el Estado mexicano un tema históricamente olvidado, un tema excluido de la dinámica social, un tema en el que como legisladores tenemos mucho qué hacer.

Hace tres años en Durban, Sudáfrica, tuvo lugar la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de su programa de acción suscrito por estados miembros de la ONU.

Destaco algunos de los puntos que se obligaron: que los estados faciliten la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo económico de sus países, y a que se promueva el conocimiento y el respeto de su patrimonio y cultura.

Que apoyados en su caso por la cooperación internacional, consideren favorablemente la posibilidad de concentrar nuevas inversiones en sistemas de atención sanitarias, educación, salud pública, electricidad, agua potable, control del medio ambiente, así como entre otras medidas de acción afirmativa, positiva en las comunidades integradas principalmente por afrodescendientes; que refuercen las medidas y políticas a favor de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, teniendo presente que el racismo los afecta más profundamente, poniéndolos en situación de mayor marginación y desventaja.

En nuestro texto constitucional, a las comunidades afrodescendientes se les aplican las disposiciones del artículo 2o. referente a pueblos y comunidades indígenas por equiparación, ello permite a la CDI aplicar recursos para el desarrollo de comunidades afrodescendientes, identificadas a través de un estudio que ella misma elaboró.

Este apoyo no es suficiente ante a marginación de comunidades afrodescendientes arraigadas profundamente en la explotación de la que fueron víctimas y la discriminación que han sufrido desde su arribo forzoso al continente americano.

Sin embargo, a través de estudios antropológicos a mediados del siglo XX, se ha demostrado la importancia económica, social y cultural de los africanos de América y su devenir histórico en México.

Permítanme citar investigaciones de María Luisa Velásquez y Gabriela Iturralde. La mayor parte de la sociedad mexicana desconoce esta historia y gran parte de estos conocimientos por qué es importante conocer y divulgar el pasado y el presente de las personas africanas y afrodescendientes en México.

¿Para qué nos sirve? Primero, porque tenemos derecho a saber quiénes fueron nuestros antepasados, porque tenemos cierto color de piel, determinados gustos en la comida o ciertas formas de cantar o jugar.

Segundo, porque tenemos una deuda histórica con los miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país a trabajar en el campo y la ciudad, en los gremios de pintores, zapateros, herreros y arrieros que luego, sin duda, llegaron en diferentes franjas de nuestro país.

En la lucha del movimiento independiente e insurgente e, incluso, como gobernante de México independiente, porque los colectivos afrodescendientes o afromexicanos que existen en México demandan su reconocimiento como sujetos de pensión con derechos, entre otras cosas, para la elaboración de políticas públicas en su beneficio.

Por ello a la Comisión de Asuntos Indígenas le interesa poner a su consideración, compañeros, este punto de Acuerdo.

Es una cuestión de observancia de disposiciones internacionales, deriva de un mando constitucional por equiparación; pero la pobreza y la marginación no entienden de eso y es, finalmente, una cuestión de justicia social y de respeto de los derechos humanos.

En segundo término, se presenta ante ustedes la propuesta de mi compañero, el Senador Sofío Ramírez Hernández, un dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos 2015, se considere la aplicación de recursos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la conclusión del camino de 32 kilómetros Mártir de Cuilapan- Zitlala en el Estado de Guerrero.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pérez Magaña.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo estrategias o convenios de colaboración, a fin de que en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre puedan ser aprovechados aquellos elementos que nos eran vendidos y que se encuentran aptos para consumo humano. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; Y
DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL;
Y DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social y de Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Senadores, fueron turnadas para su estudio y dictaminación DOS PROPUESTAS CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS QUE SE EXHORTA A DISTINTAS SECRETARIAS DE ESTADO A CREAR LAS CONDICIONES PARAEL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS QUE SON DESPERDICIADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 numeral 2, 117, 135, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión que suscriben, ponen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en lo siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRAMITE LEGISLATIVO", se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen del Punto de Acuerdo referido.

II. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS”, se sintetizan las consideraciones hechas por el promovente para plantear los alcances de la propuesta.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", esta Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de dictamen.

I. ANTECEDENTES DE TRAMITE LEGISLATIVO

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2013, la Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Economía, a implementar acciones que coadyuven al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

2. Durante la Sesión del día 20 de Agosto de 2013, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Senadores del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinen para el aprovechamiento de alimentos que son desperdiciados.

3. Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictaminación

4. Con fecha 29 de abril de 2013, Mesa Directiva acordó ampliar el Turno de la propuesta suscrita por la Senadora Margarita Flores Sánchez, a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

5. Ambas Comisiones resolvieron analizarlas en forma conjunta, y emitir un solo dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta de la Senadora Margarita Flores Sánchez, plantea un contexto inicial en donde se expone el concepto de seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, como el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana.

Asimismo, refiere la definición de pobreza alimentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar dicha canasta.  En este sentido, refiere también el Informe 2011 de dicho organismo, en donde señala que la población que carece de alimentos aumentó 4.2 millones de 2008 a 2010 para situarse en alrededor de 28 millones de mexicanos.

Así, en opinión de la promovente estamos en un escenario, ante el cual, no debemos omitir su atención, y para ello refiere el esfuerzo que desde el Gobierno Federal se lleva a cabo con la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este punto de su exposición de motivos, converge con la segunda propuesta dictaminada en el presente, misma que además de señalar las características de dicha Estrategia, hace alusión al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente al eje rector México Incluyente, en donde se plantea enfrentar y superar el hambre.

En opinión de ambos promoventes, la Cruzada Nacional contra el Hambre es un proceso participativo de amplio alcance, cuyos objetivos, tomados del decreto de dicha Estrategia, encuentran perfecta concordancia en la finalidad de las propuestas, y son:

1. Cero Hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda

3. Aumentar la producción de alimentos

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre

Así, se llega al planteamiento central, en donde se afirma que en el país los restaurantes y hoteles desperdician 30 mil toneladas diarias de alimentos. Por lo tanto, en su opinión, es conveniente que se generen los mecanismos institucionales para la firma de Convenios con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentado; con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; y con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, para el aprovechamiento de dichos alimentos, en el marco de la Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Finalmente, y con base en el artículo 32-F del Código Fiscal de la Federación y de los artículos 87,88 y 89 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta; ambas propuestas plantean la posibilidad de facilitar el procedimiento administrativo para que a las instituciones que lleven a cabo este tipo de donaciones se les facilite el trámite de las deducciones fiscales pertinentes, de conformidad con el marco normativo.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Ambas propuestas plantean, en primer término, exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Economía, y, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a fin de que establezcan estrategias para la firma de convenios con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentado; con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; y con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; con la finalidad de dar uso a los alimentos que son desperdiciados.

SEGUNDA. De acuerdo con cifras expresadas por el Grupo Técnico de Pérdidas y Merma de Alimentos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en México, el costo de pérdidas y mermas en alimentos asciende a más de 100 mil millones de pesos; cifra con la que se podría alimentar durante un intervalo de tiempo considerable a los 7.4 millones de personas que son objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ambas instituciones señalan que, de recuperarse estos alimentos y se canalizaran a dicha Estrategia, se podría proporcionar cada semana 16 litros de leche a cada familia pobre duran todo un año; 3.5 kilos de papa; 2.6 kilos de cebolla; 5 kilos de jitomate; 7 kilos de pollo; 3.6 kilos de carne de puerco y 4.2 kilos de carne de res.

Con cifras de esta magnitud, quienes integramos la presente comisión dictaminadora, coincidimos en la inquietud de la propuesta, en el sentido de promover medidas que no solo impulse el acceso a la alimentación, sino que deben involucrarse a los diferentes órdenes y entidades de gobierno para desarrollar políticas públicas que hagan llegar alimentos a las personas que viven con algún tipo de pobreza.

TERCERA. Se consideran también válido circunscribir esta propuesta a la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesto que su cuarto objetivo, de manera tácita, señala que deben minimizarse … las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.”.

En este sentido, el Grupo de Trabajo de dicha Estrategia, ya referido, ha señalado que se han llevado a cabo acciones afirmativas para enfrentar el problema, desarrollando, entre otros, una metodología de cálculo sobre el desperdicio de alimentos en el país y el mejoramiento de las políticas públicas en la materia.

CUARTA. Para esta Comisión dictaminadora, es importante, sin embargo, señalar que este tipo de acciones, si bien se encuentran circunscritas a una Estrategia de Política Pública, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, estas deben ser tomadas como complementarias a una visión de Estado que concibe el problema de la inseguridad alimentaria y del hambre, mucho más allá de una problemática socioeconómica, y que debe estar centrada en la dignidad humana y en el marco de los derechos humanos.

Por lo tanto se reafirma el compromiso y deber moral con el principio del derecho a la alimentación reconocido y ratificado por el Estado Mexicano en los distintos instrumentos internacionales, para que las personas tengan acceso a una alimentación, adecuada y a los recursos necesarios para poder contar en forma sostenible con seguridad alimentaria.

QUINTA. En segundo término, una de las propuestas plantea exhortar a la Secretaría de Economía, para que implemente acciones que permitan incluir en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, programas enfocados a modernizar los canales de comercio tradicional, mejorar la logística en las centrales de abasto del país y eficientar el acopio postcosecha.

En este punto, es importante señalar como antecedente, la llamada “Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012”, cuyo objetivo central fue impulsar la reconversión de centrales de abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos que impacten favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto en las mejores condiciones a la población, coordinando los esfuerzos de los sectores público y privado.

Para esta Comisión, es importante tomar este referente, pues se trató de una Estrategia que comprendió una estrategia y líneas de acción acordes con la inquietud del exhorto; por lo tanto, se validará en términos que hagan referencia a los avances que dicha acción haya tenido durante el sexenio anterior.

SEXTA. Finalmente, ambas propuestas coinciden en exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice la posibilidad de flexibilizar los requisitos para incentivar la donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación.

En este punto, es importante señalar que, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecho 26 de enero de 2005, en materia de Beneficios Fiscales, las entidades que den en donación bienes para la subsistencia humana en materia de alimentación a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles y que estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos, llamados bancos de alimentos, podrán efectuar una deducción adicional en sus impuestos por un monto equivalente al 5 por ciento del costo de lo vendido que le hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías donadas en el ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido igual o superior al 10 por ciento; cuando fuera menor, el por ciento de la deducción se reducirá al 50 por ciento del margen.

Asimismo, esto se encuentra establecido, como refieren las propuestas tanto en el Código Fiscal de la Federación como en el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por tanto, se considera viable llevar a cabo el exhorto, en términos de solicitar la información para conocer los procedimientos administrativos que deben llevar a cabo las empresas para recibir tales beneficios fiscales, por un lado, y por otra parte es necesario conocer el impacto presupuestal que estos beneficios darían como resultado.

Por lo anteriormente expuesto, y con las modificaciones debidamente argumentadas, esta Comisión considera aprobar y someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Economía; y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lleven a cabo estrategias y convenios de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; y, con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; con la intención de que, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puedan ser aprovechados aquellos alimentos que no serán vendidos y que se encuentras aptos para el consumo humano.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Economía, implemente programas enfocados a modernizar los canales de comercio tradicional, mejoren la logística en las centrales de abasto del país y hagan más eficiente el acopio postcosecha; y asimismo, remita a esta soberanía un informe detallado de resultados de la llamada “Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012”.

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los 30 días del mes de abril de 2014.

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Desarrollo Social.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a poner a su consideración un paquete de dictámenes que trabajamos en la Comisión de Desarrollo Social, cuyas propuestas me voy a permitir presentarla en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que como ustedes saben, tiene observancia el 17 de octubre de cada año, con el objetivo de sensibilizar a la opinión respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en los países, en particular los países denominados en desarrollo, como el nuestro.

Me parece importante señalar que este año partimos de un serio llamado de atención, puesto que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, identificó que nuestro país ha empeorado su desempeño con respecto al índice de desarrollo humano publicado el año anterior, cayendo una posición.

En el ánimo de sumar esfuerzos y actuar responsablemente como órgano legislativo, presentamos una serie de exhortos sustentados en una visión que pretende fortalecer y aportar a las acciones institucionales en el marco de los principios establecidos en la política nacional de desarrollo social.

Bajo esta lógica, en primer lugar, presentamos un exhorto que llama a informar a debate la ejecución de presupuesto para la superación de la pobreza y sus resultados en el año 2006 a la fecha.

En otro punto, nos dirigimos a la Secretaría de Desarrollo Social para conocer la información detallada sobre las políticas y acciones que el gobierno federal está llevando a cabo para cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, que como ustedes saben, el próximo año cumple su meta temporal.

En materia de alimentación, presentamos 2 propuestas, una que hace un llamado a la SAGARPA y otro a la SEDESOL, para que se informe sobre las acciones que están llevando a cabo para garantizar la soberanía alimentaria y sobre los avances en la producción del campo mexicano de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; y asimismo, sobre este tema, planteamos un exhorto específico sobre el estado de Guerrero, con la intención de que se fortalezcan las medidas que eviten que las regiones más pobres de dicho estado pueda darse un problema de crisis alimentaria en el marco de los fenómenos meteorológicos que se han vivido durante el presente año.

Sectorialmente, en cuestión de personas que se encuentran en situación de calle, hacemos un llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de la administración pública de las 31 entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen e implemente políticas públicas dirigidas para mejorar las condiciones de la población que padece este problema.

En cuestión de infancia, llamamos a la Secretaría de Desarrollo Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a que fortalezcan el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras a través de la capacitación permanente de los responsables y asistentes en materia de desarrollo integral y temprano de la niñez. Es importante señalar que este llamado tiene sustento también en la iniciativa de la UNICEF que promueve el desarrollo de los infantes.

Finalmente, en cuanto al sector de las y los adultos mayores de nuestro país, llamamos a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que lleve a cabo acciones para fortalecer e implementar políticas públicas y programas, con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de este sector.

Aprovecho la oportunidad para reconocer la voluntad de mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de la comisión, para sacar adelante estos proyectos, mismos que estamos seguros contribuirán en las acciones y medidas a favor de las y los mexicanos en situación de vulnerabilidad social.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar el dictamen por la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeros que todavía quedan en el recinto:

Decía yo, y que algunos, muy pocos, ponen atención, este tema que vamos a resolver hoy en este punto de Acuerdo, que tiene que ver para que se aproveche mejor los productos que se producen en el campo, que hay pérdidas y que se llama a las cadenas de autoservicio, a los restaurantes y más, a aprovecharlos para combatir en la Cruzada Nacional contra el Hambre, es una muestra de cómo nuestras políticas de carácter social no han tenido éxito en su aplicación en el país, ni siquiera en el programa emblema de este Presidente de la República, que ha cacaraqueado mucho que la Cruzada Nacional contra el Hambre está haciendo sus efectos. Hoy vemos que los resultados son negativos.

Yo quiero decirles que, en el marco de este planteamiento que se hace, hay cosas que sustentan lo que se está diciendo.

Aquí dice el INEGI que en el mundo se pierde un 30 por ciento de los cereales; entre 40 y 50 por ciento de los cultivos de raíces, frutas y hortalizas; y un 20 por ciento de oleaginosas. En México la pérdida va desde 25 hasta 50 por ciento, según la región donde se produzca; esto significa pérdidas millonarias y los principales afectados son los pequeños productores campesinos.

De los 22 millones de hectáreas en producción, el 80 por ciento está en manos de ejidatarios y comuneros, es decir, está en propiedad social.

Tenemos claro que estos productores deben recibir apoyo para mejorar su producción; tener acceso a tecnología para mejorar su productividad.

Durante los últimos años, los apoyos gubernamentales se han desviado en beneficio de los grandes productores que controlan el mercado.

Aquí les voy a hacer un paréntesis y nada más les voy a dar algunas cifras de lo que maneja el PROCAMPO, ahora conocido como PROAGRO, y que en el año 2012, el PROAGRO, o el PROCAMPO tuvo 14 mil 645 millones de pesos; mientras que en 2013, la cantidad que se entregó fue de 12 mil 54 millones de pesos; las personas beneficiadas, en ese año de 2012, fue de 2 millones 659 mil 931 a un millón 960 mil 129, en el 2013.

Entonces, 699 mil 802 personas dejaron de recibir este apoyo y es una reducción equivalente al 26 por ciento.

El número de pérdidas beneficiarias también se redujo de 2 millones 416 mil 843 millones de hectáreas, lo que significó una reducción del 18 por ciento.

Pero vean cómo se aplicó la lana. En Chiapas, el padrón de 2012, 51 agricultores recibieron un poco más de 5.3 millones de pesos y que cuentan con superficies hasta de 100 hectáreas.

Mientras que para sumar una cantidad similar se necesitaron 855 agricultores que cuentan desde 7 hectáreas hasta media hectárea. Fíjense nada más, para que vean la desigualdad con la que se aplica.

En Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

En el caso de Nuevo León, 64 productores recibieron en conjunto 6.7 millones de pesos; y de alguna manera esto abre, un abanico de ver cómo los recursos públicos se desvían y no se aplican en la manera en que están pensando y estamos beneficiando a los que más tienen, no a los que menos tienen; y esto nos lleva a que, para los pequeños productores, el gran problema es que una vez que logran sus mejores resultados de su cosecha, nos encontramos con los otros problemas que son los de manejo post-cosecha, que ese es el sentido de este dictamen, este manejo implica una serie de actividades no agrícolas, ni ganaderas, son las de acopio, transporte, industrialización, comercialización al mayoreo y al menudeo, para llegar al consumo de los hogares y centros de trabajo.

Se trata, entonces, de tener acceso a los mercados y de que los productores tengan acceso a los mercados para que no haya pérdidas. Y la cuestión es que no hay caminos adecuados para llevar los productos a los centrales de venta. Vean casos como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde se pierde mango, se pierde piña, se pierde la fruta, la naranja, no hay transporte suficiente, no hay orden en los mercados. Hay una tendencia cada vez mayor a la monopolización de los productos del campo, a las compras, al tiempo, a la agricultura, sujeta a mercados monopólicos. Así que una buena parte de las cosechas pueden resultar en más problemas de los que resuelve.

En México en el manejo post-cosecha, se pierde hasta el 30 por ciento de los productos alimenticios. Esto es una cantidad de alimentos que tienen un valor de 96 mil millones de pesos, que estamos perdiendo en el manejo post-cosecha de alimentos.

Estos datos nos los la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centro de Abasto y son muchas toneladas de alimento, de todo tipo, sobre todo granos, legumbres, frutas, verduras, estos alimentos que tienen vida breve. Es ahí donde podemos recuperar cientos de toneladas de alimentos, ahí es donde sin paternalismo estatal podemos influir en la superación de la situación de carencia alimentaria.

Hay un marco institucional. Tenemos que atender los problemas dentro de este marco institucional y buscar las soluciones que más beneficios ofrezcan para la población en general.

Así que hoy estamos proponiendo la creación de un sistema que nos permita recuperar los alimentos que se pierden, porque sabemos que los programas compensatorios ayudan, pero no lo resuelven.

Necesitamos crear instancias de gobierno y organismos sociales para poder hacer frente a estos problemas.

¿Cómo lo podemos afrontar y cómo reducir las pérdidas de alimentos en la fase de manejo post-cosecha?

Hay varias necesidades que contemplar. Nuestro gobierno debe de construir o mejorar los caminos rurales para facilitar la salida de los productos del campo.

Se tiene que otorgar facilidades a los productores para el acceso directo a los mercados, que es en parte donde pierde el productor excelentes cosechas y un tremendo fracaso a la hora de comercializar.

Hay que promover la transformación en sitio. Hoy la Senadora Calderón, presentó una iniciativa para en la Ley de Desarrollo Rural, darle la industrialización a los productos agropecuarios; esa es otra forma de recuperar esta posibilidad.

Hay que poner trabajadores en sitio, para que los productores mejoren sus ingresos y los elementos puedan ser transportados en mejores condiciones; cadenas de frío, centros de frío, centros de abasto y acopio que permita esta recuperación y que se puedan hacer mercados regionales en las diferentes zonas de producción.

Hay que crear un sistema de bodegas y centrales de abasto regional, que es uno de los problemas que a veces hemos dimensionado y hemos analizado aquí en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, cómo la cadena de distribución de alimentos está muy por debajo de lo que país necesita; y hay necesidad de hacer fuertes inversiones para garantizar la presencia de alimentos frescos en el país.

Hay también que promover la creación de los bancos de alimentos que rescaten estos productos en buenas condiciones de consumo y los distribuyan dentro de la población en carencia alimentaria.

Hay que pensar que se abandonen los programas compensatorios. La Cruzada Nacional contra el Hambre ya tiene algunos resultados, pero no se puede pensar, porque la experiencia nos enseña, que este tipo de programas de dar de comer son o pueden ser la respuesta verdadera a problemas mayores.

Las carencias no son una condena, son producidas por una mala distribución de los bienes de la sociedad; son expresión de las desigualdades creadas por el sistema neoliberal; las carencias pueden ser mitigadas por programas compensatorios, pero lo que tenemos que buscar son soluciones de fondo y cambios estructurales; aunque la palabra estructural está tan choteada con las reformas aquellas.

Hay que combatir la desigualdad a través de la creación de oportunidades productivas auténticas. Los programas a los que solo se les cambia el nombre, no son soluciones, es solo demagogia.

Hay que actuar hoy, porque cada día que pasa, hay mayores de desigualdades y eso no permitirá construir una sociedad de bienestar como la que queremos.

Y sigo cerrando con esto, compañeros, hace falta que discutamos, en verdad, todo lo que tiene que ver con la reforma al campo, porque es la única manera de resolver problemas como estos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, por sus sabias palabras Senador Pedraza Chávez.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Obviamente el reconocimiento a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Desarrollo Social, que representa, desde luego, a su Presidenta, a la Senadora Lorena Cuéllar, quien atinadamente nos ha convocado y que hemos resuelto seis dictámenes; seis dictámenes que se están poniendo a discusión en este momento, y que yo quisiera, a nombre de mi grupo parlamentario, no solamente adelantar nuestro voto a favor, sino hacer un par de comentarios, a dos de ellos.

El primero, el que ya se comentó aquí por el Senador Pedraza, es una propuesta de mi compañera, la Senadora Margarita Flores, y que tiene que ver con los alimentos.

El planteamiento que se hace, este exhorto y propuesta que se hace al gobierno federal, a efecto de que se establezca un programa, una acción, una política pública, a efecto de recuperar alimentos, que aparentemente son desperdiciados y que son aptos para el consumo humano, y que se propone sea a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tiene una lógica.

Hay que recordar que este programa es un programa transversal, que no solamente en él participa la Secretaría de Desarrollo Social; y que en reuniones celebradas con la propia titular de esta Secretaría, ha establecido que este tipo de programas son los que se requieren.

Y yo me quedaría, por ejemplo, con el uso que se le pueden dar a estos alimentos que, en muchos de los casos, y sobre todo aquellos que tienen que ver con la producción en el campo y que ya se dijo aquí tienen problemas en muchas ocasiones los productores en el transporte de sus cosechas, en su falta de espacios para almacenamiento y que entonces, bajo esta circunstancia, resulta, dado lo caro que es transportarlo, más conveniente que se desperdicien que pagar el transporte de estos alimentos o el buscar un lugar donde almacenarlos; y que obviamente, ante lo costoso que puede representar este tipo de gastos, pues se prefiere mejor desperdiciar.

La Cruzada Nacional contra el Hambre tendría que establecer entonces programas de transporte y buscar la forma de que hoy que se este impulsando por parte del gobierno federal y derivado de las reformas que en materia educativa establecimos aquí en este Senado de la República, y que también fueron aprobadas en Cámara de Diputados, se puedan establecer ahí, los alimentos en las escuelas de tiempo completo; creo que sería una buena opción.

Ya hay por parte del gobierno federal, de la propia Ley de Ingresos, la reducción, el reconocimiento a algunas empresas, cuando se hacen donaciones, inclusive en especie.

Pero debemos ir más allá, muchos alimentos en restaurantes, en hoteles, en supermercados, todos los alimentos perecederos, prácticamente no sabemos qué pasa con ellos cuando no se consumen. Sabemos que hay algunas asociaciones civiles, como los bancos de alimentos, que de manera aislada están trabajando; pero esto se debe de convertir en una política pública generar en toda la República, a efecto de que en todos los espacios, en todos los lugares donde hay una persona con hambre, puedan acceder a este tipo de alimentos, obviamente bajo la articulación de programas del gobierno federal.

Por otro lado, quiero comentar a ustedes que hay un Acuerdo, que estamos aprobando aquí, que tiene que ver con el tema de los adultos mayores.

Hace unos momentos hubo una discusión larga, en razón del respeto a las personas que por cuestiones raciales son discriminadas.

Y hoy lo que se está proponiendo aquí, y que es una propuesta también de mis compañeras legisladoras, de mi grupo parlamentario, que tiene que ver con las políticas públicas a favor de las personas de la tercera edad.

Y que no solamente tiene que ver ya con la política pública impulsada por el gobierno federal, el Decreto que reduce la edad para el Programa de 70 y Más, que se reduce a 65 y Más, sino que tiene que ver con un aspecto más amplio de respeto a las personas de la tercera edad.

¿Cuántas personas adultas son discriminadas, no solamente por condiciones de su edad, sino inclusive por cuestiones familiares? Es ahí, entonces, donde este exhorto cobra vigencia.

Ya la población adulta cada año va creciendo en nuestro país; y al paso que vamos, seguramente llegaremos a niveles en los cuales los adultos mayores representarán una atención más específica por parte del gobierno federal.

Prácticamente para allá vamos todos. Y no solamente se trata de ver programas asistenciales para las personas de la tercera edad, sino también cómo podemos ir buscando esquemas de una nueva cultura de respeto a las personas adultas mayores, a las personas de la tercera edad que mucho le han dado a nuestro país, que mucho les han dado a nuestras familias y que hoy por hoy pues se encuentran en una situación de desventaja.

Por eso nosotros no solamente habremos de votar a favor de este paquete de dictámenes que presenta la Comisión de Desarrollo Social, sino felicitar a los autores de las mismas por esta visión de velar por la gente más desprotegida, por las personas que están en una circunstancia de cuestiones, de falta de oportunidades y estar en condición vulnerable.

Señor Presidente, es cuanto.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Casillas Romero.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de siete dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social con puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, le fue turnada, para su estudio y dictamen la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LAQUESE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DURANTE EL SEXENIO ANTERIOR, CON OBJETO DE DISMINUIR LA POBREZA EN NUESTRO PAIS Y LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 numeral 2; 117, 135, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión que suscriben, ponen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en lo siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRAMITE LEGISLATIVO", se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen del Punto de Acuerdo referido.

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetizan las consideraciones hechas por los promoventes para plantear los alcances de la propuesta.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", esta Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de dictamen.

I. ANTECEDENTES DE TRAMITE LEGISLATIVO

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 20 de agosto de 2013,  distintos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante esta Cámara, la proposición con Punto de Acuerdo por la que SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DURANTE EL SEXENIO ANTERIOR, CON OBJETO DE DISMINUIR LA POBREZA EN NUESTRO PAIS Y LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta hace referencia a datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en  2012,  que estimaba a la población mexicana en un total de 117 millones 449, 649 habitantes; 51.3% de mujeres y 48.7% de hombres.

Menciona datos sobre el número de hogares y la población total por rangos de edad de 12 a 29 años de edad (31.8%), de entre 30 y 49 años de edad (25.8%) y mayor a 50 años  (20.3%).

Refiere cifras en materia de pobreza y medición de ingreso, para plantear lo desafortunado que, en opinión de los promoventes, resultaron los 6 años de Gobierno  de Felipe Calderón (2006-2012), ya que el ingreso disminuyó en los hogares mexicanos, causando una caída en la capacidad de compra de bienes y servicios.

Señala que en 2006 la percepción trimestral promedio en los hogares de los mexicanos fue de 43 mil 698 y  para el año 2012 la percepción trimestral promedio disminuyó a  38 mil 125 pesos, mostrando una variación negativa de 12.75%.

De acuerdo con la proposición tan sólo para el decil I este indicador mostró una disminución de 10.24% pasando de 7 mil 796 pesos a sólo 6 mil 997 pesos trimestrales.  Por su parte para el decil X (que comprende a la décima parte de los hogares que tienen mayores ingresos) el indicador disminuyó en el mismo periodo un 14.58%, al pasar de 155 mil 715 pesos a 133 mil 003 pesos trimestrales.

Asimismo, la propuesta señala que durante los pasados 6 años, del 2006 al 2012, solamente durante un bienio entre 2006 y 2008 las remuneraciones de los trabajadores con salario fijo crecieron 0.1%, sin embargo en los siguientes 2 bienios se contrajeron en 7.9% y 4.9%. Por otro lado se menciona que el concepto de transferencias (entre las que se incluyen, subsidios gubernamentales o ayuda entre familiares)  se incrementó en 12%.

La propuesta continúa estableciendo los porcentajes de gasto que los hogares destinan a distintos rubros y las diferencias entre estos. Considerando el total de hogares el mayor porcentaje de gasto se da en alimentos, bebidas y tabaco (34%); transporte y comunicación (18.5%); educación y esparcimiento (13.8%). Cuando se establecen diferencias por deciles de hogares los proponentes establecen que: el 10% de los hogares con menores ingresos dedican el 46.4% de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos dedica sólo el 14.4%. Se refiere también que para los deciles más bajos, además del gasto más fuerte que es en alimentos, también sobresalen otros como vivienda y combustibles, 5.8% y en transporte y comunicaciones 9.8%. En contraparte para el decil más alto además de dedicar una quinta parte de su ingreso a educación, a transporte y combustibles también dedican una proporción similar.

Con base en los datos anteriores y ahondando en el significado de estas cifras, los proponentes señalan que el ingreso de los hogares más pobres, ubicados en el primer decil, si bien creció 5.5% en 2 años, apenas alcanzó la cifra de 2 mil 332 pesos mensuales para una familia de 4 integrantes en promedio, lo que expresa un gasto promedio de 78 pesos al día, cantidad insuficiente de acuerdo a los datos sobre el precio de alimentos.

De acuerdo con la propuesta, un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM refleja que 53 millones de mexicanos padecen hambre en nuestro país y aproximadamente 20 millones de habitantes consumen la mitad o menos de los requerimientos mínimos nutricionales, mismos que según la FAO deben ser entre 2 mil 600 y 3 mil calorías diarias.  Los promoventes señalan que la situación se agrava para los menores de edad y la población indígena.

La argumentación continúa con una reflexión sobre los montos presupuestarios  que tuvo la Sedesol durante la administración del ex presidente Felipe Calderón, que fueron en aumento,  pasando el del primer año de 26,572 millones de pesos  en el 2006 a 35,108 millones en 2007. Además, el aumento  entre2006 y 2012 fue de 51, 527 millones de pesos más de presupuesto (en términos reales a precios de 2013), pasando de 46,307.9 millones de pesos a 87,834.1 millones de pesos. Con base en lo anterior, se aduce que a pesar del incremento a los recursos presupuestales, los resultados no fueron los esperados.

Concluye la exposición haciendo énfasis en que la administración actual tiene retos importantes  en relación con el combate a la pobreza ya que la Cruzada Nacional contra el Hambre necesita brindar atención a 7.4 millones de personas  en pobreza extrema y carencia alimentaria. Con este fin, el presupuesto para el combate a la pobreza ha seguido aumentando, en más de 7,400 millones de pesos entre 2012 y 2013 y una bolsa para SEDESOL de 95,251.8 millones de pesos.

Como último punto, advierte que el aumento del presupuesto de 2012 a 2013 se debe a incrementos otorgados a 26 de los 34 programas presupuestarios de la Secretaría, además de 400 millones de pesos adicionales para el nuevo programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.  

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La propuesta tiene como objetivo exhortar a la Titular de la SEDESOL, para que rinda un informe sobre el presupuesto ejercido desde 2006 para disminuir la pobreza en nuestro país y sus resultados.

SEGUNDA. Al realizar el análisis de informes sobre pobreza y medición de ingresos, del CONEVAL, puede notarse que una de cada cuatro personas cayó en situación de pobreza durante los años 2006-2012. Para el 2006 había 46.5 millones de mexicanos en pobreza patrimonial y en 2012 se contabilizó a 61.4 millones, es decir casi 15 millones más.

TERCERA. En cumplimiento de los Artículos 178 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sitio oficial de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, deben publicarse los informes trimestrales del presupuesto ejercido. Dicha documentación no se encuentra disponible para los años 2007 y 2008; lo que fortalece la conveniencia de solicitar el informe de los mismos para evitar contravenir el sentido del Artículo 3 Fracción IX de la Ley General de Desarrollo Social, al mencionar que la Política Nacional de Desarrollo Social se encuentra sujeta al principio de transparencia.

CUARTA. El informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”, publicado por el CONEVAL en el 2013; en México actualmente hay 53.3 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 11.5 millones se encuentran en pobreza extrema.

Si bien el desarrollo social implica muchos otros temas además del combate a la pobreza, para un país con esta elevada cifra de personas en pobreza,  resulta importante contar con un informe que de cuenta de la forma en que se ha venido ejerciendo el presupuesto para el combate a la pobreza para que, desde el ámbito legislativo, puedan llevarse a cabo las medidas en materia de ajuste presupuestal y de políticas públicas tendientes a superación de la misma.

En este sentido, es importante destacar el caso del Programa Oportunidades, hoy Prospera, que si bien tiene un carácter intersecretarial, marca una importante pauta en la manera como se han creciendo los recursos del Gobierno Federal y no así el número de familias beneficiarias.

PROGRAMA OPORTUNIDADES
COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL

AÑO

COBERTURA DE ATENCION

PRESUPUESTO

2006

N/D

12,677 millones de pesos

2007

5 millones de familias

15,538 millones de pesos

2008

5 millones de familias

17,431.9 millones de pesos

2009

5, 049,206 familias

25,909.6 millones de pesos

2010

5,209,359 familias

35,028.2 millones de pesos

2011

5,818,954 familias

35,899 millones de pesos

2012

5,827,318 familias

35,496 millones de pesos

2013

5,845,056 familias

36,719 millones de pesos

2014

5,922,246 familias

39,075 millones de pesos

FUENTE: Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (años 2007 al 2013) Coordinación General del Programa Oportunidades

QUINTA. Las evaluaciones sexenales por parte de especialistas del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, han señalado que 2006 a 2012 la política social no logró los resultados esperados; además de contar con empleos insuficientes y salarios precarios.

En opinión de dicho Centro, señala que si bien en 2006 se registró el nivel más bajo de pobreza medida por ingresos, registrando 13.8% de mexicanos en pobreza alimentaria, cuatro años después este porcentaje se elevó a 18.8%.

El argumento anterior se ve fortalecido con el Informe Evaluación Estratégica de Protección Social en México presentado en 2012 por el Coneval; en donde señaló que los instrumentos de protección social establecidos hasta ese momento no habían sido los más eficaces y eficientes para cubrir los riesgos que disminuyen el ingreso de los hogares por lo que recomendó pensar en nuevas políticas y programas que brindaran protección integral a los individuos y sus hogares.

En suma, para poder llevar a cabo un replanteamiento dela política social, es necesario tener un diagnóstico claro que nos permita aprender de las experiencias pasadas, por lo cual consideramos viable la aprobación de esta propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, y con las modificaciones debidamente argumentadas, esta Comisión considera aprobar y someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que rinda un informe pormenorizado sobre la ejecución del presupuesto para la superación de la pobreza durante el periodo 2006-2012.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que informe sobre la ejecución del presupuesto asignado a dicha dependencia durante los dos años de gestión del actual Gobierno.

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL”.






COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.








COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, le fue turnada para su estudio y dictaminación la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA EN DIVERSOS POBLADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 numeral 2, 117, 135, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión que suscriben, ponen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRAMITE LEGISLATIVO", se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen delos Puntos de Acuerdo referido.

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetizan las consideraciones hechas por el promovente para plantear los alcances de la propuesta.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", esta Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de dictamen.

I. ANTECEDENTES DE TRAMITE LEGISLATIVO

1. En sesión ordinaria de fecha 13 de febrero de 2014, el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la proposición con punto de Acuerdo por el que SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA EN DIVERSOS POBLADOS DEL ESTADO DE GUERRERO.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta se refiere al término “crisis alimentaria” como “aquella situación que se genera en un país o región, donde no es posible satisfacer las necesidades de alimento de las personas” debido a diversos factores entre los que destaca la ocurrencia de desastres naturales.

En este sentido contextualiza la propuesta haciendo referencia a los cuantiosos fenómenos naturales que han afectado a nuestro país en los últimos años, específicamente, la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, que destruyeron los sembradíos de autoconsumo de 13 municipios  enclavados en la sierra de Guerrero, lo que colocó a la región en riesgo de enfrentarse a una crisis alimentaria, que impactaría a más de 20 mil familias damnificadas.

Se menciona que las condiciones de desigualdad que imperan en el Estado de Guerrero, no han tenido la debida planeación siendo que las grandes edificaciones turísticas lujosas contrastan con las que se encuentran en condiciones de pobreza y marginación.

Posteriormente, la propuesta señala que el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, que en su conjunto agrupa a 300 poblados afectados por las lluvias, presentó (a principios de año) una propuesta de plan emergente para el abastecimiento de maíz, frijol y arroz que permitiría a las familias de la zona (donde vive 85% de la población indígena de Guerrero), sortear una posible hambruna que las amenaza en el corto plazo.

En opinión del promovente, sería necesario repartir30 mil 800 toneladas de maíz, 6 mil 161 toneladas de arroz y 6 mil 161 toneladas de frijol  para garantizar la alimentación de la población de la Montaña de Guerrero durante el próximo año, tiempo necesario para el restablecimiento de sus cultivos.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La propuesta alerta sobre el riesgo latente de algunas comunidades en el Estado de Guerrero de que puedan sufrir una crisis alimentaria derivada de los estragos que han dejado los fenómenos naturales.

SEGUNDA. La seguridad alimentaria en México ha sido motivo de preocupación por parte de Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil, desde hace varias décadas, aunque adquirió mayor relevancia a partir de  la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996.

En dicha Cumbre se precisó que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.”

México ocupa el lugar número 35 en seguridad alimentaria de acuerdo con el Indice Global de Seguridad Alimentaria 2014.

TERCERA. El cambio climático, la aridez, los cambios en las temporadas de lluvias, la mayor frecuencia de fenómenos extremos y configuración de nuevas plagas y enfermedades, se traducen en riesgos adicionales y una mayor imprevisibilidad de las cosechas, tal como ha sido referido en distintos informes de la FAO.

De acuerdo con dicho Organismo, la erradicación de la inseguridad alimentaria requiere un rediseño de una política y estrate­gias orientadas a tal fin, en un proceso participativo que considere la multidimensionalidad de la seguridad alimentaria, la institucionalidad que asegure la coordinación y coherencia de las políticas sectoriales y la propuesta de los recursos indispensables.

CUARTA. En el caso del estado de Guerrero, la agricultura sigue siendo la actividad económica más importante en el medio rural, no tanto por la propensión productiva de sus suelos, que es limitada para dichos propósitos, sino por el número de personas dedicadas a la actividad agropecuaria que -de acuerdo con datos del Gobierno del Estado-  se  estima en unas 800 mil que, a través del cultivo de la tierra, producen gran parte de sus alimentos, el de sus familias y el de la población urbana de la entidad y de otros estados.

QUINTA. Distintas estimaciones de la SAGARPA nos dicen que de 6,379,400 hectáreas de que se compone el territorio estatal, el 15.4% (982,427.6) se destinan a la agricultura. En 2007, según el INEGI, la superficie sembrada fue de 841,677.7 hectáreas, de las cuales 82,693 hectáreas son de riego y 758,984.1 de temporal.

La agricultura de riego en Guerrero, aunque antigua, difícilmente llegará a tener la importancia que tiene la de temporal, ya que aun contando con una considerable riqueza hidrológica la abrupta topografía sólo permite practicar esta actividad en el fondo de los valles y en las planicies costeras.

SEXTA. De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) al menos 68 por ciento de la población ha sido afectada alguna vez por un desastre natural, sobre todo las personas que viven en pobreza, que habitan en viviendas precarias y que viven en zonas de alto riesgo, como es el caso de la sierra de Guerrero, razón por la cual resulta consistente que la Secretaría de Desarrollo Social lleve a cabo acciones tendientes a minimizar el riesgo de que exista una crisis alimentaria en el Estado de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto, y con las modificaciones debidamente argumentadas, esta Comisión considera aprobar y someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que informe y fortalezca las acciones que lleva a cabo en los municipios de la Sierra del Estado de Guerrero a fin de evitar una crisis alimentaria; e informe sobre las acciones que en la materia está llevando a cabo en dicha región.

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los 7 días de octubre de 2014

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL”.






COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al cuarto dictamen.








COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al quinto dictamen.








COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al sexto dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, le fue turnada para su estudio y dictamen LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE FORTALEZCA E IMPLEMENTE NUEVOS PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS, ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR TODO TIPO DE VIOLENCIA Y MALTRATO EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, presentada por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 numeral 2, 117, 135, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión que suscriben, ponen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRAMITE LEGISLATIVO", se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen delos Puntos de Acuerdo referido.

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetizan las consideraciones hechas por el promovente para plantear los alcances de la propuesta.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", esta Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de dictamen.

I. ANTECEDENTES DE TRAMITE LEGISLATIVO

1. En sesión ordinaria de fecha 8 de abril del 2014, las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de esta Cámara, la proposición  con punto de acuerdo por la que SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A FORTALECER E IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR TODO TIPO DE VIOLENCIA Y MALTRATO EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta menciona que el garantizar una vida de calidad a las personas adultas mayores es un reto que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación internacional y en las agendas nacionales de la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo durante las próximas décadas.

Asimismo, considera que de acuerdo con los datos de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, llevada a cabo en Nueva York, en 2002, y de la cuál México formó parte, que el porcentaje de las personas de 60 y más años en todo el mundo se duplicará entre los años 2000 y 2050, pasando de 10% a 21%, por lo que se requiere cambios de las actitudes, las políticas y las practicas a todos los niveles y en todos los sectores, para que puedan concretarse las enormes posibilidades que brinda el envejecimiento en el siglo XXI.

Las recomendaciones aprobadas por dicha Asamblea buscan que los gobiernos adopten medidas con arreglo a tres orientaciones prioritarias: las personas de edad y su desarrollo; fomentar la salud y bienestar hasta llegada la vejez y crear entornos propicios y favorables para ese sector de la población.

En opinión de las promoventes, los problemas relacionados con la violencia y el maltrato hacia las personas adultas mayores se están convirtiendo en temas prioritarios de salud pública a nivel mundial, por los impactos económicos, sociales e individuales que estos generan. Disminuir las tasas de morbilidad y de mortalidad causadas por las diferentes formas de violencia o maltrato representa grandes retos para los gobiernos.

Refiriendo datos del INEGI del 2010,  comenta que en México las personas adultas mayores de 60 años representan el 9% de la población total del país, quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.

Asimismo, que en la Encuesta Nacional de Discriminación en México - 2010, 27.9% de este sector de la población ha sentido alguna vez que su edad ha sido factor para que sus derechos no sean respetados, 40.3% describe como sus problemas principales los económicos, 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos y 25.9% los laborales. Todos estos medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de su edad.

Considera la propuesta que la violencia y el maltrato en contra las personas adultas mayores es un problema que se observa en todas las esferas de la sociedad, mismo que se manifiesta, no solo por el daño físico, sino también por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales que traen consigo múltiples consecuencias, pudiendo ocasionar daños irreversibles.

Refiriendo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señala que 60 de cada 100 personas de la tercera edad que ingresan a sus centros gerontológicos, presentan un rechazo o total abandono de sus hijos, carecen de recursos económicos y de medios de supervivencia.

Tomando en cuenta estos factores, se afirma entonces que con el envejecimiento de la población, una gran cantidad de personas adultas mayores, se han vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza.

De igual manera, la propuesta considera que las personas adultas mayores sufren innumerables violaciones a sus derechos fundamentales consagrados en nuestra carta magna, el abandono de este segmento de la población y el maltrato que viven diariamente, principalmente de sus familiares más cercanos, quienes a cambio de proporcionar alimento y un espacio donde vivir abusan de ellos.

Concluye mencionando que estos elementos hacen que el Estado deba ocuparse de la elaboración de programas de prevención y erradicación de todo tipo de violencia, abuso o abandono hacia las personas adultas mayores.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Quienes suscribimos el presente dictamen, validamos las razones y fundamentación manifestadas en la propuesta, en el sentido de que es necesario fortalecer las acciones para atender la problemática que aqueja a los adultos mayores en el país.

Asimismo, consideramos importante y necesario fortalecer las relaciones intergeneracionales, dotando de sentido y responsabilidad la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos que permitan mayor calidad en los servicios sociales y de salud que atienden al sector de los adultos mayores en el país. Una sociedad que dignifica a la vejez es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro

SEGUNDA. Como menciona la propuesta, la demanda de servicios y de atención al segmento de población adulta mayor en nuestro país es cada vez más diversa. De acuerdo con datos del CONEVAL, la población de 60 años y más representa el 9.3% de la población en el país, es decir, 10.9 millones de personas.

Si bien sector es un grupo heterogéneo en cuanto a su situación de vida y necesidades que habrá de atender, es heterogéneo porque no hay una sola vejez, sino múltiples, que responden a diferentes factores: biológicos, sociales, culturales, políticos y económicos, entre otros.

De tal manera, no debe considerarse sólo la edad, sino también las relaciones personales y la interacción social, así como la percepción que en el imaginario colectivo se tiene de esa condición, la vida en las urbes es diferente a la de zonas rurales o de comunidades indígenas. Todos experimentan distintos procesos y por ende, múltiples formas de violencia y discriminación.

TERCERA. De acuerdo con datos del INEGI, seis millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia, 2.7 millones están compuestos por el adulto mayor jefe y sus hijos, y 2.2 millones están integrados por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes, y un millón de hogares que están habitados por adultos mayores solos.

Además, datos del CONEVAL muestran que 2 de cada 10 adultos mayores pueden solventar sus gastos; los ocho restantes viven en situación de pobreza. Situación que es un factor que los arroja inmediatamente a un estado de necesidad e indefensión, volviéndolos aún más vulnerables por falta de recursos y el aumento de gastos constantes en su salud u otras afecciones propias de la edad.

En el caso de los hombres, muchos continúan trabajando aún después de la edad promedio de jubilación, pues las pensiones gubernamentales no son suficientes: 3 de cada 4 varones entre 60 y 64 años están trabajando y 1 de cada 4 mayores de 80 años se encuentra laboralmente activos con empleos de salario mínimo. La mayoría de estos empleos, no cuenta con prestaciones mínimas para el adulto mayor como seguridad social, sueldo base, aguinaldo o seguro contra accidentes, volviéndolo aún más delicado ante la misma sociedad y su entorno.

CUARTA. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, un promedio de 16 por ciento de los adultos mayores mexicanos sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes, sin embargo, este porcentaje constituye solo una estimación, que puede estar lejos de la realidad, debido a la falta de denuncias presentadas. En el mismo sentido, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ha señalado que tres de cada cinco ancianos sufren violencia dentro de la familia.

Otro tipo de maltrato que no se considera, es el abandono. Según el estudio “Prevención de caídas en el adulto mayor en el primer nivel de atención en México”, elaborado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el 62% de los accidentes de un adulto mayor ocurre en casa y 26 por ciento en la vía pública, en muchos de los cuales se requiere hospitalización.

QUINTA. El abandono de un adulto mayor no figura en el Código Penal Federal. En el capítulo séptimo del ordenamiento legal sobre el abandono de personas sólo figura hasta cuatro años de cárcel si se abandona a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a un enfermo. No habla sobre los ancianos del país en ninguno de sus párrafos, aun con las últimas reformas de julio del presente año.

Por otra parte, cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 muestran que en el país las personas adultas mayores integran el cuarto grupo de población vulnerable; y sólo en 17 de las 32 entidades federativas hay legislaciones locales de no discriminación a este sector, dato que demuestra el abandono institucional en el que se encuentra este sector de la población.

SEXTA. La evidencia demuestra que la discriminación a los adultos mayores es un fuerte problema para nuestro país, y que empieza dentro de las familias, ya que se les limita a opinar e incluso los propios hijos los despojan de sus viviendas. Por ello a pesar de las políticas públicas de atención al adulto mayor, emprendidas por los diferentes niveles de Gobierno e Instituciones, existe un déficit de atención hacia ellos, que son maltratados sólo por su edad tanto en ámbitos públicos como privados.

El respeto a los derechos de las personas adultas mayores las coloca en un plano de igualdad en relación con quienes disfrutan de juventud o capacidad para realizar ciertas actividades físicas, que con motivo de la edad puedan verse disminuidas, razones por las que no debería siquiera existir la discriminación de ningún tipo o forma concreta.

Estos derechos están reconocidos por nuestro país tanto en la Constitución como en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores, cuyo propósito es amparar y garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, mismos que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir en caso de ser transgredidos, en cualquier ámbito.

SEPTIMA. En el contexto de una política democrática e incluyente del Estado mexicano, la igualdad debe ocupar un lugar central dentro de la agenda de Gobierno. Esto, además, por el reto del envejecimiento de la población, que marca una serie de demandas adicionales para nuestras instituciones, comunidad y familias.

Dichos retos requieren la participación activa y el empoderamiento de las propias personas adultas mayores para detener la violencia y las violaciones a sus derechos humanos.

Así, quienes suscribimos el presente dictamen,  consideramos viable llevar a cabo el presente exhorto, toda vez que se trata de un tema que requiere distintas acciones para brindar atención a dicho sector de la población que se encuentra en desventaja social, y por ello siendo objeto de violaciones y discriminación continua.

Por lo anteriormente expuesto, y con las modificaciones debidamente argumentadas, esta Comisión considera aprobar y someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que lleve a cabo acciones para fortalecer e implementar políticas públicas y programas con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de las personas adultas mayores.

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los
7 días de octubre de 2014.

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL”.






COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al septimo dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

H. ASAMBLEA:

“A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, le fue turnada para su estudio y dictaminación la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y DE DESARROLLO SOCIAL, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LOS MECANISMOS QUE SE ESTAN APLICANDO PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE ALIMENTOS BASICOS NACIONALES PARA LA ALIMENTACION DE LOS MEXICANOS, presentada por el Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 numeral 2, 117, 135, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión que suscriben, ponen a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRAMITE LEGISLATIVO", se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen delos Puntos de Acuerdo referido.

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetizan las consideraciones hechas por el promovente para plantear los alcances de la propuesta.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", esta Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de dictamen.

I. ANTECEDENTES DE TRAMITE LEGISLATIVO

1.- En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014, el Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la proposición con Punto de Acuerdo por la que SE EXHORTA REPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION; Y DE DESARROLLO SOCIAL, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LOS MECANISMOS QUE SE ESTAN APLICANDO PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE ALIMENTOS BASICOS NACIONALES PARA LA ALIMENTACION DE LOS MEXICANOS.

2.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La propuesta parte de la idea de que la seguridad alimentaria seguirá siendo uno de los retos más importantes para el mundo, ya que hay casi 1,000 millones de personas desnutridas a nivel mundial. Hace referencia al aumento de la población a nivel mundial, razón por la cual la demanda de alimentos crecerá en un 50% en los próximos años.

Menciona que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 estableció dentro de sus objetivos el abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles de origen mexicano;  esto a través del fomento a la producción de cultivos  y productos básicos.

Asimismo, hacer notar que la importación de alimentos junto con la ausencia de acciones concretas para corregir esta situación, hace crecer la brecha de desigualdad en el campo, ya que mientras en algunos Estados del norte del país se da la agricultura tecnificada, en el sureste la agricultura se da en pequeñas proporciones y sin la tecnología apropiada.

De acuerdo con el promovente, el hecho de que el PND 2007-2012 buscara promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y certidumbre de mercados, no es responsable, ya que ha dado como resultado un campo mexicano en abandono.

En opinión de la propuesta, a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para fomentar un escenario de soberanía alimentaria que incluye al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), existen agentes exógenos que no han permitido que se cumplan las metas del programa.

A decir del autor, la presente administración no ha logrado mejorar esta situación, razón por la cual en 2013  se seguía  reportando en distintos medios de comunicación, que México esta muy lejos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, si se consideran los parámetros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La propuesta también es enfática al señalar las insuficientes acciones que ha llevado a cabo el gobierno para mejorar esta situación y se llama la atención a la importancia de promover la inversión pública, privada y/o social en programas y planes para la producción agroalimentaria en todas las escalas.

Por último, es señalada la necesidad de que el gobierno garantice una política económica cíclica que vaya en contra de la actual desarticulación del sector agrícola.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La reforma en materia de derechos humanos que se publicó el 10 de junio de 2011,  modifica el paradigma del quehacer estatal al priorizar expresamente la protección a las personas y la realización de sus derechos como fin y justificación del Estado. 

A partir de esta reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Es a la luz de este nuevo paradigma que  debemos entender  lo señalado por el artículo cuarto constitucional, que señala en su párrafo tercero: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

SEGUNDA. El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que trata el derecho a una alimentación adecuada más extensamente que cualquier otro instrumento internacional.

De acuerdo con la Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Asimismo, “El derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”.

Lo anterior vincula la responsabilidad del Estado Mexicano para garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todas y todos los mexicanos.

TERCERA. En el contexto de la crisis económica mundial y la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos que inició en el periodo 2007-2008, la carencia por acceso a la alimentación fue la única que registró un aumento1.

Posteriormente, de acuerdo con estimaciones de Coneval,  entre 2010 y 2012, la proporción de personas en pobreza extrema, pasó de 11.3 a 9.8 por ciento, lo cual implicó la disminución en casi millón y medio de personas (13 a 11.5 millones); 13.2 por ciento menos que el nivel registrado en 2010. A pesar de esta disminución, las cifras reflejan que  hace falta llevar a cabo mayores esfuerzos para sacar a millones de familias de esta situación.

CUARTA. La estrategia central que ha impulsado el gobierno actual para cumplir con este mandato en relación con el derecho a la alimentación, es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que toma como diagnóstico para su acción el contexto referido, por ello resulta fundamental reconocer que a pesar de las distintas posturas preliminares sobre los resultado de dicha Estrategia, es importante dar una pauta para conocer a fondo los resultados de su operación en términos de soberanía alimentaria.

QUINTA. Considerando que nuestro país cuenta con 30 millones de hectáreas de  tierras de cultivo, y 145 millones de hectáreas  que se dedican a actividades agropecuarias, y que es  nuestra fuente de alimento, no es un asunto menor  conocer las acciones que se planean llevar a cabo para mejorar la situación del campo mexicano, en específico las orientadas a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país.

En el marco del debate sobre la situación del campo mexicano resulta fundamental que el poder Ejecutivo informe a esta soberanía sobre las acciones que está llevando a cabo para garantizar la soberanía alimentaria, así como sobre los avances en la producción del campo.

Por lo anteriormente expuesto, y con las modificaciones debidamente argumentadas, esta Comisión considera aprobar y someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de  las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Social, a que informen a esta soberanía sobre las acciones que están llevando a cabo para garantizar la soberanía alimentaría, y sobre los avances en la producción del campo mexicano de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los
7 días de octubre de 2014.

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL”.

1 Aunque en este periodo seis de las siete carencias identificadas por CONEVAL presentaron una disminución, la carencia por acceso a la alimentación registró un aumento.  Ver: Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Resumen Ejecutivo, Coneval, Octubre 2013.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes de los cuales hemos dado cuenta.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para fijar el posicionamiento de la comisión.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En días recientes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó el índice de tenencia laboral de la pobreza correspondiente al segundo trimestre del presente año. Dicho índice muestra el porcentaje de personas que no pueden acceder a una canasta alimentaria con sus ingresos laborales, las cifras de dicho reporte muestran que a nivel nacional de 2010 a la fecha, se dio una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario de las y los mexicanos, pasando de 1,703.40 pesos a 1,607.50 cuando se ajusta con inflación, y de 1,516.30 cuando se ajusta con el valor de la canasta alimentaria. En otras palabras, los salarios de nuestro país se han deteriorado al grado de que hoy compran un 11.9 por ciento menos de productos de la canasta alimentaria, que en el 2010.

Lamentablemente eso se reproduce con mayores estragos en el estado de Tlaxcala, mismo que tengo el honor de representar ante esta Soberanía y que ocupa la cuarta posición como uno de los estados con el menor ingreso promedio por individuo ajustado con el valor de la canasta alimentaria al ascender a 1,114 pesos por mes, lo que es inferior en un 26.5 por ciento al promedio nacional.

Si bien esto puede tener dentro de sus causas la inercia de los problemas estructurales que nuestra economía padece, en su mayoría son el resultado de una serie de omisiones por parte del gobierno del estado, quien no está interviniendo de manera efectiva para reducir los efectos que castigan la economía de las familias tlaxcaltecas y hacen que las personas hoy adquieran menos con su ingreso.

Es responsable que el gobierno de la entidad no tome medidas ante el crecimiento acelerado de la pobreza, los niveles de desempleo y, ahora, la constante pérdida del poder adquisitivo. Todo apunta a una falta de voluntad para tomar cartas en el asunto, puesto que sólo se tienen respuestas y acciones autoritarias, así como paliativos que mitigan temporal y clientelarmente sus errores.

Como si no fuera suficiente, el estado de Tlaxcala se encuentra también en los primeros lugares en cuanto a la alza de precios de productos de consumo básico como el gas, la carne, el transporte y la electricidad. Y mientras tanto el gobierno local insiste declarando en medios que trabaja a favor de la gente; sin embargo, hay muchos retos por asumir y enormes pendientes en materia económica y social.

A principios del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que Tlaxcala, a pesar de ser el único estado que no tiene deuda, presenta una fuerte contracción de la actividad económica cercana a los cuatro puntos porcentuales. Para enfrentar dichos retos, deben articularse acciones hacia un rumbo que le permita al estado activar su economía y mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Basta de acciones que sólo mitigan temporalmente la pobreza. Es necesario que los actores sociales se reapropien de las acciones del estado en un relevo que no deje proyectos en el vacío. Deben darse herramientas a la sociedad con una visión de estado activo y cívico que fortalezca el vínculo de la población con formas de vida democrática.

Hago un atento y respetuoso llamado al gobierno del estado de Tlaxcala por un retorno de sentido de lo político, donde el estado trabaje para conocer las inquietudes y necesidades de la gente, donde haya propuestas colectivas capaces de establecer los términos de un nuevo contrato social que otorgue certidumbre, apertura y mantenga la esperanza de un mejor porvenir.

Es cuando, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.








COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión. En virtud de no haberse inscrito oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea Asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política remitió 3 Acuerdos sobre modificaciones en la integración de comisiones, sobre el plazo de la convocatoria pública para el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y uno sobre la integración de las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República.

Los tres Acuerdos están disponibles en el monitor de su escaño. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo relativo a la integración de comisiones.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Está a discusión el Acuerdo. Al no haber quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de Comisiones.






Enseguida ponemos a su consideración el Acuerdo sobre el plazo de la convocatoria pública para el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. El documento está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Por no haber quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo que modifica plazos y términos de la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Comuníquese y publíquese en la página web del Senado de la República.






Someteremos a su consideración el Acuerdo que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República en el contexto de su Segundo Informe de Gobierno.



El documento está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República en el contexto de su Segundo Informe de Gobierno. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Aprovechamos para saludar a 18 comisariados ejidales del municipio de Siltepec, en la Sierra Madre de Chiapas, que nos visitan, invitados por el Senador Zoé Robledo Aburto.

¡Bienvenidos!






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva un Acuerdo de la Comisión de Gobernación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, para presentar el Acuerdo que se acaba de anunciar.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente.

La lectura que vamos a dar en estos momentos deriva del receso que tuvimos hoy en la mañana y que este receso llega a una conclusión de un Acuerdo muy importante en el que todos los grupos parlamentarios que integran esta comisión y que están representados, hemos considerado procesar con el propósito de darnos un mayor tiempo en el análisis.

Si me permiten, voy a dar lectura al siguiente Acuerdo de la comisión.

Primero.- Los integrantes de la comisión consideramos que la realidad política y social que se vive en el estado de Guerrero, es en todo momento inaceptable, y expresamos enérgicamente que en el ámbito de sus responsabilidades corresponde a las autoridades llevar a cabo las acciones que sean necesarias para esclarecer los hechos, así como para encontrar a los desaparecidos.

En ese orden de ideas, en el estado de Guerrero podemos observar que las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de las autoridades locales, han hecho necesaria una intervención contundente de las fuerzas federales.

Los lamentables acontecimientos de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que estos hechos han desencadenado, son sólo una muestra más de la falta de capacidad institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de esa entidad.

Sin embargo, ha resultado evidente la falta de atención a las mismas que se refleja en el agravamiento de las condiciones de inseguridad en dicha entidad.

Al Senado de la República en su papel de garante del Pacto Federal, la Constitución le asigna atribuciones en materia política que le permiten participar en diversos grados de la solución de los asuntos internos de los estados en aquellos casos en que se pone en riesgo la estabilidad y la paz social.

Así pues, la Constitución, en su artículo 76, fracción V, confiere al Senado la atribución de declarar cuando hayan desaparecido los poderes de un estado.

Esta figura muestra la situación de que si bien existe un pacto federal que respeta la autonomía de los estados, el Senado, en representación de la federación, cuenta con mecanismos para intervenir y solucionar determinados conflictos internos a nivel estatal para el adecuado funcionamiento y garantía de la estabilidad nacional.

El Senado de la República no puede imponer una situación jurídica a la entidad, sino que únicamente toma conocimiento de una situación de hecho preexistente con la finalidad de tomar las medidas que la propia Constitución prevé, para permitir al estado volver a la normalidad institucional a la brevedad posible.

Con relación a la solicitud de declaración de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, presentada por los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, esta sólo hace referencia a situaciones que tienden a probar de manera genérica la presunta ausencia de estado de derecho, sin vincular esta situación a la acción u omisión de la autoridad.

Por otra parte, se hace referencia únicamente a hechos u omisiones presuntamente atribuibles al Poder Ejecutivo del estado, en tanto que la declaración de desaparición de poderes también tendría efectos sobre los 46 Diputados locales y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, el papel del Senado de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción V del artículo 76 constitucional, se constriñe al tomar conocimiento de hecho de la desaparición de poderes y hacer la declaración respectiva para proceder a designar un gobernador provisional y convocar a elecciones en los términos dispuestos por la ley reglamentaria. Esto es: de ninguna manera la resolución del Senado tiene carácter constitutivo, sino solamente declarativo, no es el Senado el que desaparece los poderes de un estado, sino que únicamente toma conocimiento de esa situación a fin de coadyuvar a que el estado vuelva a su normalidad.

Segunda. Si bien esta comisión dictaminadora se ha hecho llegar de documentales públicos a fin de poder determinar a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado de Guerrero, se encuentran integrados y en ejercicio de sus funciones constitucionales, así como de los hechos que han generado la intranquilidad presente en esta entidad federativa no fueron causados o propiciados por cualquiera de ellos y mucho menos por los tres en su conjunto.

No obstante lo anterior, los integrantes de la comisión consideramos que, ante la realidad política y social que se vive en el estado de Guerrero, es necesario hacer una revisión in situ para constar que la información con la que ya cuenta y que deriva del análisis doctrinal, así como de la revisión técnica sobre los informes y documentos públicos enviados por los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, son del todo ciertos, adicionalmente que el sentir de sus habitantes sobre el mismo así lo es también.

El Senado de la República es un órgano representativo con raigambre e identidad federalista, que constituye ante todo un órgano político entendido como un espacio con facultades de deliberación legislativa, de control de la gestión política y jurisdiccionales en casos específicos, integrado pluralmente para contribuir a dar cauce a la convivencia social armónica tutelada por la ley.

Al expresar la naturaleza política del Senado de la República, debemos reconocer que es en esa naturaleza que la Constitución le otorga la facultad de constatar que han desaparecido los poderes de un estado y declarar que es llegado el caso de nombrar a un gobernador provisional que reconstruya las instituciones constitucionales. El ejercicio de esa facultad debe apegarse estrictamente al orden constitucional y en ello entraña un análisis objetivo y puntual de los hechos, las conductas y los supuestos legales para formular la resolución correspondiente.

Se trata de una función política otorgada y normada por el orden constitucional que exige y reclama una aplicación escrupulosa, objetiva e imparcial.

Tercero. Por lo descrito e informado por los titulares de los órganos Legislativo y Judicial del estado, se desprende que las instituciones de la entidad no han visto vulnerada su integridad y el ejercicio ordinario de sus funciones, ni se encuentran sus integrantes imposibilitados para cumplir plenamente las facultades propias de su encargo.

Sin embargo, es importante resaltar que esta comisión dictaminadora debe hacerse llegar de mayores elementos válidos para constatar que los poderes del estado de Guerrero existen y funcionan adecuadamente, de manera que los acontecimientos hoy vividos en la entidad no han sido perpetrados por estos ni los hechos lo relaciona, responsabilidad civil, patrimonial, administrativa, financiera, penal y política.

Por ello, este acuerdo se deriva de lo siguiente:

Primero. Se solicita al Pleno del Senado ampliar el plazo para que la Comisión de Gobernación conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a que se refiere la fracción V, del artículo 76 constitucional, turnada el jueves 16 de octubre, a más tardar el día 30 de octubre de 2014.

Segundo. Se solicita al pleno del Senado ampliar las facultades del grupo plural formado mediante Acuerdo del día 9 de octubre el año en curso, para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la ciudad de México como en el estado de Guerrero; cotejar la información documental enviada por los titulares de los órganos Legislativo y Judicial de la entidad, así como para verificar el ejercicio y funcionamiento de los poderes públicos en Guerreo.

Senado de la República, a los días 20 del mes de octubre del presente de este año 2014.

Este es el Acuerdo, señor Presidente, que entregamos por parte de la Comisión.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar.

Informo a la Asamblea que en consideración a la hora y el tiempo que lleva transcurrida la sesión, hay un acuerdo por parte de los coordinadores de los grupos parlamentarios para que exista una ronda de posicionamientos de las fracciones parlamentarias e inmediatamente después someter el asunto a votación y realizar en la próxima sesión una amplia discusión para permitir las exposiciones de todos los interesados.

Para referirse a este asunto, los grupos parlamentarios intervendrán en orden decreciente por un tiempo de diez minutos cada uno.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeros Senadores:

El asunto que ventilamos el día de hoy es de la mayor importancia para los guerrerenses, para el país entero y la opinión pública internacional.

Lo que hoy se discute no son solamente las acciones u omisiones que derivaron en los lamentables hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, sino las medidas que deben adoptarse para que los habitantes de dicha entidad puedan regresar a su vida normal.

Estos hechos son el producto de un conjunto de omisiones institucionales por parte de autoridades del estado de Guerrero en el ámbito municipal y del Poder Ejecutivo Estatal, que propiciaron el sistemático daño a la vida, la propiedad y las libertades de los guerrerenses.

El fallecimiento de 3 y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es producto de la falta de garantías del gobierno de Guerrero para proteger sus derechos de asociación, de expresión, de ideas, de libre tránsito, integridad personal y el derecho fundamental a la vida que tienen todos los ciudadanos.

Las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de las autoridades locales, han ocasionado un estado de ingobernabilidad que recientemente hizo necesaria la intervención contundente de las fuerzas federales en el estado de Guerrero.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de un informe especial le advirtió de esta situación, en diciembre del año 2013, al gobernador del estado, a los presidentes municipales, al Procurador de Justicia de esa entidad y al responsable de la seguridad pública, emitiendo una serie de recomendaciones que ni el gobernador, ni ninguna de las otras autoridades han contestado.

Entre otros señalamientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que en el estado de Guerrero prevalece un sistema de seguridad pública que es completamente ineficiente, a pesar del incremento sustancial del 96 por ciento en los recursos destinados a esa entidad federativa aportados por la Federación recientemente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobernador Angel Aguirre recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público, para abonar a la plena vigencia del estado de derecho en las comunidades y municipios de dicha entidad federativa.

El señor gobernador Angel Aguirre Rivero, menosprecio el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con ello permitió que la corrupción y la impunidad continuaran siendo la constante en municipios como el de Iguala, por lo que es necesario que pondere el gobernador dejar el cargo para que se recupere la confianza y el tejido social.

Existen claros motivos para determinar que el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ocasionando con ello un vacío de poder en esa entidad.

Por eso reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución racional en tanto él permanezca en el cargo.

El Acuerdo que el día de hoy se discute no desconoce ni justifica las graves omisiones en que ha incurrido el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero; y sí, por el contrario, deja patente el grave estado de ingobernabilidad en que se encuentra asumida esa entidad, de la cual es principalmente responsable el Poder Ejecutivo estatal y por lo cual consideramos que debe asumir su responsabilidad separándose voluntariamente de su cargo.

Es indudable que en esa entidad se padece una crisis de derechos humanos por el desdén que el Ejecutivo Aguirre ha tenido no sólo a la Constitución, sino a todas las leyes.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI no soslayamos la magnitud de los hechos y por ello nos parece fundamental que todas las decisiones y acciones que tome el Senado de la República se den en un marco de legalidad y transparencia frente a la sociedad.

Por ello apoyamos ampliamente la definición tomada por los integrantes de la Comisión de Gobernación y a nombre de mi grupo parlamentario también solicitamos omitir en el documento correspondiente las consideraciones y ponderaciones relativas al inicio del procedimiento y la parte sustancial del procedimiento que seguramente serán elementos que se estarán valorando en su momento.

En esa misma lógica, los Senadores del grupo parlamentario del PRI extendemos una respetuosa invitación al gobernador del estado de Guerrero para que, con responsabilidad y compromiso, reflexione de lo que es más conveniente para su estado, para que con amplia sensibilidad valore que es mejor para los guerrerenses que para que en función de ello pondere y considere presentar formalmente su renuncia al cargo en los términos del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.

Por tal motivo, solicitamos, señores Senadores, su voto a favor del Acuerdo que presenta la Comisión de Gobernación al tiempo que de forma unánime invitamos a todos los grupos parlamentarios a declarar que deploramos profundamente la actuación del Poder Ejecutivo estatal y lo invitamos a que, en un acto de responsabilidad política, considere seriamente presentar su renuncia al cargo, para contribuir de esta manera al restablecimiento de la paz social en el estado de Guerrero.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

En primer lugar, quisiera decir a nombre propio, y creo que a nombre del grupo parlamentario de Senadores del PAN, que suscribimos casi en su integridad las afirmaciones que ha hecho aquí el representante del PRI.

Después de esta intervención de la argumentación, de la intervención, creo yo que si no se presenta esa denuncia y llegamos al extremo de tener que decidir la próxima semana que es el objeto de este Acuerdo, a más tardar el 30 jueves, la desaparición de poderes, creo que después de esta intervención queda claro que el PRI, cuando menos por los argumentos aquí expuestos, votará a favor.

Primeramente quisiera poner en contexto, porque también debo lamentar una primera intervención que hace una serie de valoraciones que no tiene que ver con lo que vamos a votar ahorita.

¿Qué vamos a votar ahorita? Básicamente a raíz de los acontecimientos del 26 de septiembre, pero a raíz de muchísimos elementos anteriores que se presentan en el estado de Guerrero, el grupo parlamentario de Senadores del PAN presentó el pasado 15 de octubre, miércoles, una solicitud de desaparición de poderes que es una facultad que la Constitución establece en el artículo 76, que son las facultades exclusivas del Senado, en su fracción V, la posibilidad de desaparecer los poderes de un estado.

Nosotros presentamos esa iniciativa el 15 y el Senado en su Pleno el día 16, jueves votó y aceptó el inicio de este procedimiento.

Sin embargo, se buscaba que el día de hoy se definiera en un dictamen exclusivamente a partir de una investigación, una sustentación documental que consistía en solicitarles a los titulares del Poder Legislativo del estado de Guerrero y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero que informaran al Senado, a la Comisión de Gobernación, si existía o no el funcionamiento de esos poderes a su cargo.

No solamente contestaron, en el caso de la Presidenta de la Cámara de Diputados Local contestó con abundancia de información de datos de las sesiones que han tenido, de la asistencia de qué Diputados asistieron a cada uno de los acuerdos que tomaron y lo mismo en el caso, un poquito más, del Supremo Tribunal, su Presidenta, también, ambas se apersonaran aquí, una de ellas ayer entiendo que a las 8:00 de la noche y otra hoy a las 8:00 de la mañana.

Bueno, esa fue la fundamentación que hacía el dictamen; a partir de esos elementos de información se establecía el dictamen.

El PAN solicitó de manera expresa hoy en la mañana que estando, existiendo una ley reglamentaria que se hizo en diciembre de 1978; y que esta ley solamente ha tenido un precedente de aplicación que fue en el 2006 cuando el Senado de la República revisó y analizó la posibilidad de desaparecer los poderes del estado de Oaxaca y resolvió que había todas las condiciones para desaparecer pero que no era políticamente procedente, que tomáramos ese precedente cuando menos hiciéramos una valoración mucho más a fondo y no a partir de dos comunicaciones de los propios interesados.

Y esto es sumamente importante; desparecer los poderes de un estado no es una cosa menor, es un asunto de enorme trascendencia en el país, no puede resolverse sobre la rodilla la no desaparición o la desaparición.

Y para eso tenemos un precedente en el 2006 de integrar una comisión investigadora; el Senado integró una comisión plural, pero para revisar el caso de los normalistas que fueron agredidos y desaparecidos 43 de ellos en las inmediaciones de Iguala el 26 de septiembre.

Y entonces la resolución que se va a votar ahorita tiene una primera consideración, darle un plazo al Senado, que incluye la Comisión de Gobernación, para que este Senado resuelva en torno a la desaparición o no desaparición de poderes, a más tardar el próximo jueves 30 de octubre.

De manera que cuando aquí en tribuna se vinieron a hacer valoraciones de que no tenía sustento, la presentación de los Senadores del PAN no ha sido valorada. No se vale que la Presidencia de una comisión venga a hacer valoraciones a nombre de la comisión cuando ni siquiera se ha dictaminado el caso.

Segundo. Se amplían las facultades de esta comisión que se formó para transformar en una subcomisión que tenga la posibilidad, cuando menos, de ir a una o varias veces a Guerrero a constatar si se dan los supuestos a que establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No quiero meterme en las valoraciones, no es el papel, porque es un tema procedimental, pero no puedo dejar de hacer el que lamentablemente aquí se han venido a meter en consideración.

Para nosotros en el PAN era indispensable, en primer lugar, que la investigación no se hiciera aquí en la ciudad de México a partir de sendas comunicaciones que recibimos del Congreso Local y del Tribunal, en donde nos dicen: sí funcionamos, y lo hacemos muy bien.

Que fuera también a partir de una visita, como se hizo en el precedente de 2006, al estado por la comisión, y que hicieran todas las actuaciones pertinentes para verificar si se dan los supuestos que establece la ley y la propia constitución.

Que esta subcomisión tenga esas atribuciones que hoy se hace en el dictamen.

Que adicionalmente se incorporara en el análisis las recomendaciones y el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hizo en el 2012, y otra en el 2013; son recomendaciones específicas, tanto autoridades federales, porque también debo decir que los delitos fundamentalmente son del orden federal, que se hicieron a las autoridades federales, como a las autorizadores locales.

Si se han o no se han observado, a juicio de la Comisión de Gobernación, tendría que ser al final del día, pero que la comisión investigadora pueda verificar estos datos, insisto.

Tercero. Que puede tener comunicación privada con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para conocer si existen implicaciones y de qué autoridades o a qué niveles, para saber si realmente pueden ejercer la función que les encomienda la propia ley.

Y por último, que se tomen en consideración los documentos, las pruebas y los demás elementos que puedan allegar los ciudadanos.

Precisamente, a raíz del anuncio de la presentación de esta solicitud de desaparición de poderes, un grupo de líderes y de ciudadanos de la sociedad de Chilpancingo, de la capital del estado de la zona caliente, vinieron y se apersonaron al Senado, enviaron por correo electrónico a los vicepresidentes más de 5 mil firmas respaldando la solicitud de desaparición de poderes. Habrá que entrevistarse con alguno de ellos para conocer los elementos de prueba y de valoración que ellos tienen, que sean de los elementos constitutivos para poder dictaminar.

Desde luego que el artículo 2o. de la ley reglamentaria establece que para decretar la desaparición de poderes no es que no existan, no es que físicamente no existan personas; y establece 4 incisos y el segundo tiene que ver con el abandono de funciones, que no estén realizando sus funciones.

En nuestra valoración, en su momento haremos valer, estamos convencidos que la primera función de una autoridad, que es prestar seguridad al ciudadano, es evidente que no de ahora, de años no se está presentando, en eso abonan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en eso abonan las aportaciones que puedan hacer las organizaciones de ciudadanos.

Segundo.- Que no puedan, por incapacidad física, porque es imposible ejercer las funciones cuando ellos propios provocaron que esto suceda, y creo que en Guerrero hay pruebas suficientes de que esto está pasando.

Desde luego que no es la solución a los problemas de Guerrero. El problema particular que es de orden internacional, no solamente se resuelve apareciendo con vida, y si así lamentablemente no fuera, que tengamos seguridad sobre los 43 desaparecidos, pero que sepamos con detalle: ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes lo ordenaron? ¿Quiénes lo ejecutaron?

No es un tema sencillo encontrar que las policías municipales entreguen, aparentemente, a organismos de la delincuencia organizada a 43 estudiantes.

¿Qué motivación tenían?

Tenemos que llegar al fondo de la verdad de este tema, es indispensable para la salud del país. Pero la desaparición de poderes o la renuncia del gobernador, no hay duda que le da un cauce institucional a resolver el grave problema de conflictividad social.

Cualquiera que tenga cualquier información de Guerrero sabe el enorme encono social que las acciones, particularmente las derivadas en contra de los normalistas, han generado en el estado y que lamentablemente desbordan los cauces institucionales. Hay que darle cauce institucional.

La desaparición de poderes es una manera de darle causa institucional a este tema.

El PAN espera, desde luego, que el gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo que no ejerce, que ostenta, pero no ejerce, que le ha hecho la sociedad; que aquí le ha hecho el PRI, que de acuerdo con algunas fuentes, algunos funcionarios del gobierno lo han invitado a aceptar, pero que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero.

Las propias investigaciones pierden credibilidad con la sola presencia del gobernador en su estado.

Yo estoy seguro que a partir de este espacio de tiempo que damos para el jueves, abrimos una ampliación de espacio de reflexión para que el gobernador presente su renuncia y provoque menos daños al estado de Guerrero.

Esa es nuestra intención; pero si no, también con toda firmeza estamos convencidos que la mejor causa institucional es la declaración de desaparición de poderes, que en su momento fundamentaremos en amplitud.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Larios Córdova.

Aprovechamos para saludar la presencia de expresidentes municipales del estado de Querétaro y sus familias, invitados a esta sesión por el Senador Enrique Burgos García.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo entiendo la preocupación de la Comisión de Gobernación para contar con un tiempo adicional y enfrentar con mayor, no solamente responsabilidad, sino con mayor conocimiento de causa, una decisión que va a tener un impacto muy significativo, no sólo para el estado de Guerrero, sino para el conjunto del país.

Y espero que en este lapso de tiempo, de aquí al 30 de octubre, por lo menos nos pongamos de acuerdo de entender cuáles son las facultades y atribuciones del Senado de la República, porque ahí no coincido con el Senador Larios.

El Senado no desaparece los poderes de ningún estado, sino que emite una declaratoria respecto a que los poderes en una entidad han desaparecido; y esto es un asunto muy distinto, se implica una óptica del desempeño legislativo diametralmente distinta, porque justamente, el objetivo de hacer una declaratoria de desaparición de poderes busca eliminar, la valoración política para evitar incurrir en un abuso en el que se pueda afectar la soberanía de una de las entidades de la República. Primera aclaración.

Segunda aclaración. El gobernador no presenta renuncia. Los cargos de representación popular, los puestos de representación popular son irrenunciables.

Tiene que presentar una licencia al Congreso del Estado, que estas licencias, hay quien dice que son temporales o son definitivas; las licencias, todas, son temporales y es facultad del Congreso otorgarla al gobernador en turno que, bueno, ustedes conocen, mi posición al respecto ha sido pública, abundantemente pública en este caso en los últimos días.

Y una tercera y última aclaración, antes de entrar a la reflexión que quiero compartir. En el caso específico de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el estado de Guerrero no se emitió ninguna recomendación, sino que se presentó un informe del cual se hizo llegar copia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto de la situación que guardaba o guarda la presencia de grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, que es un asunto distinto…

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Permítame, Senador Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Zamora, ¿Con qué objeto?

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitar a la Secretaría si son tan amables de dar lectura a lo que dispone el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, es solamente para normar los criterios, si me lo permiten, en función de que efectivamente hay 2 formas de pensar respecto de los cargos que son electorales:

Una, que son irrenunciables; y otra, en donde algunas constituciones de algunas entidades permiten la figura de la renuncia, como es el caso de Guerrero.

Si es tan amable de dar lectura para esto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Vamos a pedirle al Vicepresidente que lea lo que establece, el artículo 80.

- El C. Vicepresidente José Rosas Aispuro Torres: Constitución Política del Estado de Guerrero.

“Artículo 80. El cargo de gobernador constitucional, solo será renunciable por causas graves calificada por las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado”.

Es todo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Vicepresidente Aispuro Torres.

Continúe, Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Yo le agradezco al Senador Zamora, el breviario cultural, pero creo que no aplica en nuestro caso.

Porque el Senado de la República se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no puede intervenir en la interpretación o el ejercicio de una constitución local; e incluso, como lo dice el propio texto de la Constitución Política del Estado de Guerrero, sería siempre y cuando aceptara la renuncia las dos terceras partes del Congreso del Estado.

Pero nosotros nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso es lo que debe normar nuestro criterio; y ahí si se señala, que son irrenunciables.

Gracias, por el breviario cultural. Pero veo que nosotros tenemos claramente limitado el ámbito de nuestras competencias.

Ahora, pero finalmente, creo que ese no es el problema central que estamos discutiendo.

Me preocupa que se postergue de nueva cuenta una decisión sobre el caso de Guerrero, porque la indefinición, la posposición de decisiones, así como la dilación que ha habido en la entrega de resultados de las investigaciones, como en la presentación de los muchachos normalistas que después de tres semanas continúan desaparecidos, pues generan un mayor clima de incertidumbre, de ingobernabilidad, no solo en el estado de Guerrero, porque la indignación y la irritación social que han levantado estos hechos rebasan con mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación nacional, que exige respuestas en las que urge tomar ya decisiones y dar resultados. Porque resulta inexplicable, que después de tres semanas no haya sido posible encontrar a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que fueron secuestrados y trasladados, como lo demuestran los videos, en las patrullas de la policía municipal de Iguala y de Cocula; y en donde hay evidencias, no solamente de las concurrencias de policías municipales con la delincuencia organizada, sino también de las formas de colaboración y como se condujo a este grupo de un lugar confinado a un lugar que, a la fecha, se desconoce.

Por supuesto que en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional hemos discutido este tema, y me reservaré, como está obligado por la ley, a hacer comentarios al respecto. Tarde o temprano conoceremos la verdad de los hechos.

Pero lo que tenemos que asumir, con toda claridad, es que este acto de barbarie y de terror cometido contra estudiantes pobres de la Normal de Ayotzinapa, es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país.

Y que pone en evidencia, no solamente la debilidad de la autoridad municipal o del estado de Guerrero, sino que pone la debilidad del Estado mexicano, el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública en todo los órdenes de gobierno, los problemas de corrupción y de penetración de la delincuencia organizada en las corporaciones policíacas y en todo los órdenes de gobierno.

Porque el primer dato, indudablemente, que sale a la luz pública, es la colisión de la autoridad municipal con grupos delictivos, en donde se presume hoy que, no solamente hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades que no actuaron a tiempo para evitar estos hechos y esta crisis del Estado mexicano. Es algo que ya no podemos seguir escondiendo o tratando de delegar solamente la responsabilidad de los estados.

Ahí está una muy lamentable declaración del Presidente Enrique Peña Nieto, diciendo, en un inicio, ese es un asunto local, lo tienen que resolver, para semanas después atraer la investigación, cuando en gran medida el problema que detona esta crisis es la operación de la delincuencia organizada, vinculada con la actividades de narcotráfico y otras actividades que constituyen delitos de carácter federal que competen al gobierno federal. Y no se trata aquí de venirse echar la pelotita entre los distintos órdenes de gobierno. Hay una crisis del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno.

El propio New York Times, el día de ayer, señala que México vive la peor narcocrisis de su historia y que el gobierno federal ha pretendido minimizarla.

Human Rights Watch ha declarado que ésta es la peor crisis de derechos humanos, después de los atentados y la matanza de Tlatelolco en 1968; o incluso, muchas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por obispos de la iglesia católica han asumido los hechos de Iguala, como un asunto que representa crimen de Estado. Y es el fondo del asunto, que tenemos que discutir.

Porque no solamente es el caso de Iguala, son muchos otros casos que dan cuenta del nivel de descomposición, de violencia, de incertidumbre y de inseguridad que vive en el país.

Las 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.

El asesinato de tres jóvenes, en ciudad Hidalgo, Michoacán, porque no hicieron alto a una señal de la policía municipal.

Los cerca de 25 cuerpos encontrados en el canal del desagüe en el municipio de Ecatepec.

Los abusos de extorsión, secuestro, tráfico de personas, prostitución que se realizan con migrantes nacionales y extranjeros en todo el país.

Y podemos enumerar entidades donde el secuestro, la extorsión y el homicidio han venido incrementándose, no solo ante la falta de una clara estrategia de seguridad pública, sino fundamentalmente ante la ineficacia de los distintos órdenes de la autoridad; a la ineficacia del Estado mexicano, de cumplir con su responsabilidad primigenia, que es garantizar la seguridad y la protección de las personas y de sus bienes.

Iguala es uno de los síntomas de este mal. El peor que hayamos vivido. Y se requieren de respuestas contundentes, firmes e inmediatas del Estado mexicano, siempre con apego a nuestras instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos.

Por eso, lo que hemos planteado es muy claro. Primero, la presentación de los muchachos desaparecidos con vida. “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”

Pero también identificar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, en donde ya hay detenidos, no solamente policías municipales de Iguala y de Cocula, sino también de la gente los grupos delictivos presuntamente vinculados con estos hechos y otro tipo de autoridades municipales.

Pero también hay que deslindar las responsabilidades que por omisión o acción incurrieron autoridades federales y locales, que conociendo de los problemas graves en el municipio, no actuaron con oportunidad y propiciaron el clima que favoreció este acto de terror deleznable para los guerrerenses y para todos y todas las mexicanas.

Por eso se requiere deslindar responsabilidades en autores materiales e intelectuales, en autoridades sumisas, pero también los partidos políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad.

Yo he sido muy crítico en mi partido y he insistido en que las investigaciones vayan a conocer el alcance, la penetración del alcalde del Iguala y de este grupo delictivo, en estructura orgánica del PRD y si hubo financiamiento de alguna corriente, algún dirigente o alguna campaña.

Pero la decisión tomada el día de antier por la Procuraduría General de la República, en donde se desmantela a las policías de 16 municipios, entre ellos el de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, da cuenta de que este cáncer ha corroído a todos los partidos políticos, porque de los dieciséis, once son de otros partidos distintos a los del PRD, y el nivel de colusión y de complicidad con el crimen organizado da cuenta de esta descomposición, que yo digo no solamente es una pérdida de un descrédito profundo de las instituciones, sino que hay una crisis de la ética y de la moral pública.

Tenemos una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a resolver. Queremos una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el gobernador o el Procurador de Justicia del estado, si es el Congreso del Estado, miembros del Congreso del Estado de Guerrero, que se les castigue, no solamente al presidente municipal; que resulta inexplicable su evasión de la justicia, como también es inexplicable que se haya fugado el responsable de la policía municipal de Iguala, siendo quien tenía el mando de los policías que hoy están detenidos; pero también necesitamos ir a fondo de las instituciones federales en los cuerpos policíacos que, por omisiones, han generado esta situación.

Ya no estamos, y con esto concluyo, desde mi punto de vista, en un asunto estrictamente de seguridad pública. Hay un asunto de seguridad interior, primero, por la colisión de autoridades y delincuentes y el nivel de penetración del dinero sucio y de los propios delincuentes en las estructuras de gobierno y en las estructuras políticas.

Pero también ya tenemos un problema de seguridad nacional desde el momento en que reaparecen grupos armados que buscan operar de nueva cuenta, hacer justicia por propia mano y cobrar cuentas, incluso hacer ajusticiamientos contra quienes consideran sus enemigos, lo cual es absolutamente inaceptable y condenable, porque la radicalización de grupos de ultraizquierda favorecen no solamente el surgimiento de los grupos de extrema derecha, sino siempre favorece la intervención autoritaria por parte del Estado, que en lugar de dar un cauce democrático a la solución de estos problemas, opta por la represión y el autoritarismo.

Por eso queremos conocer la verdad, sancionar a los responsables, y que esta investigación no solamente no caiga en la simulación, sino que se evite todo tipo de impunidad, sea el responsable el gobernante, de cualquier nivel que sea, el que haya incurrido en estas irresponsabilidades.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Primero que nada, a nombre de mi grupo parlamentario, consideramos que la realidad política y social que se vive al día de hoy en el estado de Guerrero es inaceptable. Los lamentables hechos y acontecimientos sucedidos en el municipio de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que estos hechos han desencadenado, son simplemente una muestra más de la falta de capacidad institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de esta entidad federativa.

Evidentemente existe una descomposición política en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero hoy se requiere un gobernador, pero se requiere un gobernador fuerte, un gobernador sólido, que sea factor de unión, que sea factor de cohesión.

Un gobernador debe de contar con ese respaldo social, con esa legitimidad de encabezar este gran esfuerzo de la recomposición y reconstrucción del Estado. En las condiciones actuales el Ejecutivo estatal no se encuentra en las mejores condiciones para encabezar este importante esfuerzo.

El actual gobernador del estado de Guerrero, el licenciado Angel Aguirre, fue gobernador sustituto entre los años de 1996 a 1999. Vaya paradoja, a casi 20 años después, tristemente el estado de Guerrero está viviendo nuevamente momentos de tensión social provocados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Ante estos acontecimientos, el gobernador del estado debe de entender que se requiere un cambio de rumbo para que la gobernabilidad y el respeto al estado de derecho regresen a Guerrero. La legitimidad con la que llegó a la gubernatura se ha erosionado gravemente a partir de los actos violentos que se registraron en el municipio de Iguala.

Lamentamos los actos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, y nos pronunciamos porque se redoblen los esfuerzos para localizar a los 43 normalistas desaparecidos. Lo principal en estos momentos es encontrar a los estudiantes de la Normal Rural desaparecidos.

Es prioritario el restablecimiento del orden, salvaguardar la integridad de las personas, brindar seguridad a los ciudadanos y, por supuesto, se otorgue justicia a los normalistas desaparecidos y a sus familiares. Nos pronunciamos por el fortalecimiento de instituciones y consideramos que la permanencia del gobernador Angel Aguirre contribuye a su debilitamiento, genera mayor desconfianza e impide una expedita impartición de justicia.

Por el bien de los guerrerenses, por el bien de México, nos pronunciamos para que, en un acto de responsabilidad política, el gobernador Angel Aguirre presente su renuncia para apartarse del cargo.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.

Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes de distintas licenciaturas de la Universidad Dorados de Oaxtepec, Morelos, encabezados por la directora de la carrera de derecho, licenciada Guadalupe Tenango González, invitados a esta sesión por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT. Con él cerramos la ronda de participaciones.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Me toca terminar esta ronda de participaciones que reflejan claramente una voluntad política de atribuirle a un actor diferente al que se representa. Han pasado tres semanas y nada. Así empezó su intervención el coordinador Preciado cuando planteó la necesidad de que se hiciera algo, aquí está Preciado, y mencionó el diluvio de críticas durísimas de los medios internacionales en donde hasta la OEA participó denunciando al gobierno mexicano y a la situación horrorosa que se ha vivido y que seguimos viviendo.

Ahí Preciado señaló dos cosas, que luego comentamos en la Junta de Coordinación Política, a la que esta vez fui invitado, muchas gracias. Dijo Preciado: “Aquí hay responsabilidades del gobierno local y del gobierno federal”, así fue.

Y en consecuencia, el grupo de Acción Nacional, ante la inacción, la falta de resultados, la tragedia, la desaparición que se continúa, estableció la necesidad de aplicar la Constitución, la desaparición de poderes en el estado, independientemente de su análisis y la salida del Procurador de la República. Ese fue el planteamiento que inició lo que estamos viviendo.

En el curso de los siguientes días se han enfrascado en la desaparición de poderes, pero ya desapareció el compañero Preciado, la exigencia de que el procurador, no lo dije yo, lo dijeron ustedes, sea sustituido, porque ya no ofrece garantías, porque sabía, por qué esto y lo otro, en una magnífica exposición que hizo aquí; ya desapareció la responsabilidad del gobierno federal.

Por otro lado, aquí tenemos otra figura, interesante, otra actitud, algunas ambigüedades y la claridad del Senador Encinas.

Pero lo que hemos visto es que no pasa nada, compañero Preciado, y con todo este peloteo sigue sin pasar nada; y vamos a pasarlo a un periodo posterior, en donde van a ir a averiguar en el estado de Guerrero un grupo de avezados investigadores del Senado para revisar lo que está pasando en el estado, no obstante que ya con una gran velocidad la Presidenta de Comisión de Gobernación ya tiene una serie de documentos, porque les habló, y les dijo, oigan, existen ustedes, o están desaparecidos.

¿Está desaparecido el Congreso?

Pues no, porque le contestaron, y le dijeron, aquí estamos.

¿Está desaparecido el Poder Judicial, señor Presidente?

No, aquí estamos, aquí está mi secretaria y el que guarda los coches, todos están en su lugar, no hay desaparición de poderes; y empieza la evolución de que si procede la desaparición o la constatación de haber sido desaparecidos. Pero el caso es que no pasa nada.

Y la angustia de las familias y la indignación en el país, todo, y en Guerrero, siguen en aumento, y no pasa nada. Vamos a hacer una investigación.

Yo creo que es muy importante, para esta institución que es el Senado de la República, no una agencia representativa de intereses políticos determinados, sino una institución de la República, el Senado tiene que actuar con una gran responsabilidad; porque si no vamos a seguir diluyendo ese estado que Encinas nos describe, en la corrupción, en la ineficacia, etcétera.

La crítica de los medios internacionales es total, y son los que apoyaron a Peña Nieto, la de The Economist, se las recomiendo; también los dos más grandes, The New York Times y Washington Post; y no hablan del presidente de Iguala y sus representantes o del gobernador, que ni lo conocen. El gobierno de Peña Nieto está totalmente rebasado y sus reformas que tanto ellos pidieron están al borde de hacerse agua, porque no tiene un control del país, porque no hay gobernabilidad, porque antes que hacer estas reformas, dicen estos sabios periódicos, se debió de haber encargado de tener un piso, y no nada más abrir y entregar y hacer el maravilloso aeropuerto para que lleguen, ¿y el país?

Vivimos, y lo sabemos, un gobierno que está totalmente divorciado del pueblo de México, totalmente divorciado.

Están en los negocios, en los grandes proyectos moviendo a México en la Bolsa de Valores, en las grandes obras que hacen extranjeros, pero no tiene ninguna vinculación con la sociedad mexicana.

Son gobiernos oligárquicos que no atienden las necesidades del pueblo, están separados del pueblo; y por eso vemos que la educación cada vez va peor.

El caso de estas normales da vergüenza; los tecnológicos sin ningún instrumento para enseñar. Entonces es un gobierno oligárquico, interesado en los negocios y desinteresado de la justicia en nuestro país.

Por eso la prensa internacional, que está cuidando que cuando lleguen las empresas petroleras y eléctricas transnacionales que ustedes aprobaron que vengan, que encuentren un país tranquilo, un país que permita que se apoderen del territorio nacional, que ocupen los territorios que quieran.

Entonces, ese es el reclamo, y no es al gobernador del estado de Guerrero.

No vengo a defenderlo, pero tampoco lo voy a atacar todo el tiempo, ¿por qué? Porque se ha empolvado ya todas las perversiones del gobierno de Guerrero, ya las dijeron aquí del Verde, aquí, por aquí ya está debidamente sacrificado.

Yo les voy a leer también la Constitución, y estamos ahorita de analistas constitucionales para ver quién es el responsable de lo que está pasando en el país. Al que han tratado en la sesión, esa larguísima que dijeron, vamos ahora sí a entrar al fondo de lo que pasó en Guerrero, vamos a que hable todo mundo, y terminaron con un documento ahí en que todos somos responsables, la unidad nacional; todos somos responsables, ustedes son los responsables, nosotros somos responsables, ellos son responsables, todos son responsables; y ¿el presidente de la república, en dónde queda?

O el Procurador, decía aquí el PAN, que ya se les olvidó, se los recuerdo, porque luego hay arreglos que no conocemos, son responsables el gobierno del estado y el gobierno federal sin duda alguna, hombre, por favor, no saquemos al gobierno federal

El Presidente tiene como obligación preservar la seguridad nacional, artículo 89, fracción VI de la Constitución. Lo que significa que es el único responsable de garantizar las condiciones de gobernabilidad, paz y desarrollo en todo el territorio nacional, frente a los factores externos e internos que alteren la convivencia social. El Presidente es el jefe de la inteligencia nacional.

De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional del 31 de enero de 2005, preside el Consejo de Seguridad Nacional y esto es de Seguridad Nacional, no se nos olvide; lo anterior significa que todos los servicios de inteligencia están bajo su conducción y órdenes.

El Presidente tiene la facultad de disponer, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y exterior de la nación, artículo 89, fracción VI de la Constitución. Para tal motivo, cuenta con los medios coercitivos para garantizar el orden público cuando eventos internos lo alteren.

El Presidente tiene la facultad para disponer de la guardia nacional en las entidades federativas con la aprobación del Senado para garantizar la gobernabilidad y la paz, artículo 89, fracción VII y 76, fracción IV de la Constitución.

El Presidente es el jefe de la Seguridad Pública Federal, artículo 21 de la Constitución; lo que significa que a él y a los funcionarios que dependen de él, les corresponde la investigación de los delitos de carácter federal.

De esta suerte, el Presidente tiene los instrumentos jurídicos para conocer, investigar y consignar a las autoridades competentes y a los presuntos responsables por los delitos de carácter federal.

El artículo 108 de la Constitución indica que el Presidente es responsable durante su encargo por delitos graves del orden común y por traición a la patria; los delitos vinculados al crimen organizado y a los delitos contra la salud están reputados con el Código Federal Penal con delitos graves…

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Permítame, Senador Manuel Bartlett. Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pedirle al orador si me permite hacerle una pregunta, un comentario, si se le permitió al Senador Zamora, por qué a mí no se me va a permitir.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: ¿Acepta la pregunta? Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Sí, claro.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Senador Bartlett, no le llamaría usted a todo esto que está sucediendo en el Senado, un teatro, porque yo creo que todos estos acuerdos populares no hacen más que remasterizar la farsa. Quiere decir, mejorar el sonido, matizar la luz, porque la luz que les está viniendo desde el extranjero los está dejando bien lampareados.

Y yo creo que mientras estamos distraídos en estos intercambios, estamos perdiendo el objetivo fundamental: ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa y de quién son estos restos que aparecen en tantas fosas?

Que urge, además, que se informe con veracidad a los padres de familia que protestan, porque les ha dado “reunionsitis” a las autoridades y los citan a encuentros y encuentros, y ellos ya no quieren más encuentros, lo que quieren es encontrar a sus hijos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Sansores, su intervención es para una pregunta.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Sí, sí, ya le pregunté que si ¿no cree que es un teatro? Pero además pedirle si es posible que usted exhorte al Senado a que con urgencia solicitemos medidas cautelares para el Padre Solalinde, quien es un luchador social y que por decir, dar información que nadie quiere oír, pero muchos quieren acallar, podría estar en peligro su vida.

Gracias.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, Senadora Sansores.

Ahora les voy a dar la respuesta, que es larga también. No, no es cierto, vamos a ser muy serios.

Pero lo que dice la Senadora Layda es absolutamente cierto, nos pedimos en este análisis constitucionalista y se nos olvida que están las familias sufriendo, que hay furia, indignación de la población auténticamente. Luego salió por ahí que es la guerrilla o alguna cosa así. No, la población está indignada.

Y luego ahora dice la Senadora Layda que están amenazando al Padre Solalinde, que no tuvieron tiempo de recibirlo en la Procuraduría ayer, no tuvieron tiempo, porque estaban ocupados en quién sabe qué.

Tiene usted razón, yo le pediría al Senado que tengan en cuenta que hay una amenaza a un luchador social conocido, respetado y al que hay que cuidarlo.

Les acabo de leer una serie de artículos para que quede claro….

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: ¿Concluyó su respuesta, Senador Bartlett?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Sí, yo creo que sí, ahora voy a concluir mi intervención.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muy bien. Adelante con su intervención.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Sí, yo creo que sí, ahora voy a concluir mi intervención. Gracias, Senadora Layda Sansores.

Ya les presenté la Constitución. Y no estamos responsabilizando al Presidente de la República, haciéndole a él partícipe de pactos no. Bueno, de pactos sí, pero no de los otros. Estamos responsabilizando de su actuación como Presidente de la República.

Si no lo señalamos, no habrá solución porque él es el responsable de todo esto que he leído yo, desde la investigación y la responsabilidad de aclarar la verdad, que se sabe por ahí, hasta poner en orden al país.

No el orden del terrorismo público estatal o Estado, sino el orden. Necesita el Presidente entender que esas reformas estructurales no son la solución de este país ahorita; él piensa que sí. Si no resuelve el tema de seguridad a nivel nacional, este país está condenado a la implosión. Entonces, no lo escondamos, él es el responsable, él es el Presidente, su dinero le costó, pero los votos los recibió.

En consecuencia, hay que decirle, desde aquí del Senado, qué él es responsable.

Ya del gobernador ya hubo suficientes acusaciones. No me voy a sumar ni tampoco a defender, pero tenemos que tener un Presidente que gobierne con la Constitución en la mano para que haya seguridad, para que haya servicios, para que la pobreza de ese país no engendre más y más actos como éste, eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Presidente de la República dedicado a México, a la población, a los pobres, a la justicia social, más que un señor vinculado con los grandes intereses de las trasnacionales y lo que quiere el imperio en relación a la superficie al territorio nacional. Es lo que necesitamos.

Necesitamos un Presidente de la República. No se lo oculten, no lo protejan. Necesitamos un Presidente y él es responsable de acuerdo con la Constitución.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Hemos concluido la participación de las fracciones parlamentarias. Les recuerdo que en próxima sesión habrá una discusión amplia para que todos los oradores interesados en este tema puedan participar.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo de la Comisión de Gobernación.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que demás iniciativas y las proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL TITULO CUARTO Y LOS ARTICULOS 112 Y 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 417 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 417 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTICULO 417 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 417 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Si un hombre aspira a una vida correcta, su primer
acto de abstinencia es el de lastimar animales.”
León Tolstói

Desde que apareció el ser humano en la tierra ha utilizado las pieles, carne y productos derivados de los animales para su alimento, vestido y vivienda, es decir, el hombre desde siempre ha manipulado a su placer los recursos naturales y ecosistema del planeta tierra. Sin embargo, a través de los años dichas prácticas se realizaron de manera irresponsable e irracional, a tal grado que la industria peletera lucra con las pieles, plumas y otros subproductos animales para realizar abrigos, bolsa de mujer, zapatos, cinturones, etcétera.

La industria peletera cobra anualmente la vida de 20 millones de animales salvajes cazados en trampas y de 40 millones de animales criados en granjas,1 es indiscutible que el hombre es el principal enemigo de los animales pues conacciones como el comercio ilegal y caza de especies han provocado que varios animales se encuentren en peligro de extinción.

Datos de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), señala que es imposible definir la extensión precisa del comercio ilegal de vida silvestre, pero con base a información de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), se calcula que el contrabando de vida silvestre tiene un valor hasta de $EU 10 miles de millones anuales.2

Al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), señala que el tráfico ilegal de vida silvestre ocupa el cuarto lugar en la lista de actividades ilícitas del crimen organizado en el mundo; para México este fenómeno representa una grave amenaza, toda vez que se concentra el 10 por ciento de la biodiversidad de especies de flora y fauna a nivel mundial.3

Datos de la PROFEPA señalan que tan sólo en los años 2013 y en lo que va del 2014, realizó 556 operativos para combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, dicho operativo dio como resultado el aseguramiento de 4,665 ejemplares de vida silvestre, poniendo a disposición del Ministerio Público Federal a 87 personas, por el delito ambiental.

Resultados de Operativos realizados en materia de vida silvestre de 2013 a 20144

Año

Operativos realizados

Ejemplares asegurados

Personas remitidas al MPF

2013

367

4,033

57

2014

189

632

30

Total

556

4,665

87

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), publicó el 6 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación una lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, es importante mencionar que no es una lista de especies en riesgo, sino de especies que “ofrecen oportunidades para dar mayor alcance a los esfuerzos de conservación”;dicha lista fue elaborada con el objetivo de “promover el desarrollo de proyectos para su conservación y recuperación, y con ello la de ecosistemas, hábitat y especies con los que se encuentran asociadas para asegurar la permanencia, integridad ecológica y viabilidad evolutiva de la biodiversidad”.5

El tráfico de fauna silvestre es un delito que se comete en gran parte del territorio nacional, es innegable que varias especies que conforman la riqueza biológica del país se encuentran amenazas por el hombre. Ante tal malestar, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en el año 2012 propuso la lista de especies prioritarias para la conservación en México, la cual está conformada por 376 especies, de las cuales 258 tienen prioridad alta; 91 de prioridad media y 27 de prioridad menor.6

Algunos de los animales considerados en peligro de extinción son el jaguar, la tortuga caguama, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el oso negro, la vaquita marina, el manatí de las Antillas, el lobo mexicano, el conejo de los volcanes y el tapir. Estas especies tienen algunas de las poblaciones con el menor número de ejemplares que van desde los 20 hasta los 12,000 aproximadamente.

Con dichas acciones es innegable que el Estado mexicano está trabajando para contrarrestar el tráfico ilegal de la vida silvestre; sin embargo, todavía hay mucho trabajo por realizar, pues como lo menciona la PROFEPA, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre es el cuarto ilícito que genera mayores ganancias, y por cierto, además de ser un acto de crueldad, constituye una amenaza al equilibrio ecológico.

Las especies mexicanas en el mercado ilegal tienen un costo de entre 6 mil y 45 mil pesos, el costo se incrementa en el mercado internacional, donde puede alcanzar un costo de 500 y 600 mil pesos un ciervo; la guacamaya verde se cotiza en 3 mil pesos, pero su precio en la reventa se incrementa hasta en 400 mil pesos; el loro de cabeza amarilla se llega a cotizar en 300 mil; el tucán pecho amarillo tiene un precio de 600 mil y un por un mono araña pagan hasta 150 mil pesos. Se calcula que por cada loro, perico o guacamaya que es agarrado de manera ilegal, mueren entre cinco y diez durante todo el proceso comercial.

De acuerdo al reporte “Tráfico ilegal de especies silvestres y sus impactos”,7 elaborado por la SEMARNAT, México es una de las 5 naciones con mayor diversidad de vida silvestre en el planeta, al concentrar el 10% de las especies, es el primer lugar en reptiles, segundo lugar en mamíferos, tercer lugar en plantas, cuartos lugar en anfibios y décimo lugar en aves, por ende no es aventurado decir que el país cuenta con un tesoro natural invaluable y que el ser humano ha saqueado. 

La riqueza biológica con la que cuenta México, ha propiciado el comercio y utilización de la vida silvestre de manera ilegal y discriminada, la irracionalidad con la que se sobreexplota la vida silvestre ya es insostenible, se está perdiendo de manera muy acelerada especies nativas, como la paloma de Isla Socorro, el oso pardo o el lobo mexicano8y muchas otras se encuentran en categoría de riesgo.

El tráfico ilegal de fauna silvestre es un problema que se debe atender a nivel mundial, pues dicha práctica no sólo afecta a los animales sino también al ser humano, pues con ella se pone en peligro la vida de los ecosistemas naturales.

Otro tema que no se puede pasar por alto, es el relativo al maltrato de animales domésticos; datos de la asociación civil AnimaNaturalis señalan que 60.000 animales mueren anualmente por maltrato en México,9 qué le espera a la sociedad si se maltratan a seres vivos que no pueden defenderse y en caso de hacerlo son sacrificados. 

Datos de la Asociaciones Protectoras de Animales de México (APASDEM, A.C.), señalan que aproximadamente el 80% de los animales que llegan a los Centros Antirrábicos son para sacrificarlos. Tan sólo en los primeros seis meses del presente año en el Distrito Federal se atendieron 3 mil 175 denuncias de maltrato animal, es decir, un promedio de 17 diarias, cifra superior al del 2013, ya que en dicho año se atendieron 10 denuncias por día.10

Otra radiografía del maltrato animal que prevalece en el país, se encuentra en las redes sociales, en ellas lamentablemente ya se está haciendo común el exhibir fotos o videos de la crueldad con que las personas flagelan a los animales, es indiscutible que se sigue aumentado la violencia y el abandono contra los animales.

Los animales como seres vivos tienen derecho, pues al igual que los seres humanos, sienten dolor y sufrimiento; esto es, tan tienen derechos los animales que existen varios instrumentos internacionales que velan por ellos, por citar algunos ejemplos.

Declaración Universal de los Derechos del Animal;11 adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977 y aprobada por la Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dicho mecanismo, reconoce que todo animal tiene derechos, al nacer iguales ante la vida, en su artículo 2 estipula que: “El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.” Asimismo, contempla que ningún animal debe  animal sometido a malos tratos ni actos crueles.

Tratado de Amsterdam;12 en su apartado de Protocolos, establece el de la protección y el bienestar de los animales, en él se reconoce oficialmente que los animales son seres sensibles y dispone que, al formular y aplicar las políticas comunitarias, las instituciones comunitarias tendrán en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales.

Constitución Europea;13en su artículo III-121, establece que los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los animales como seres sensibles.

En dichos tratados internacionales se establece como premisa que los animales deben vivir sin que el ser humano les cause dolor y que se les satisfagan sus necesidades básicas  y a no ser utilizados como productos, dichos ordenamientos van en concordancia con lo que piensan personas en México, pues  el 94% acepta que los animales tienen derechos, y que poseen valores naturales similares como: la vida, la libertad, la preservación, el trato digno, entre otras.14

Es decir, la mayoría de las personas están consientes del sufrimiento que se les puede provocar a los animales, las mascotas representan un miembro más de la familia, para otros, sólo significan una carga, un gasto, una pérdida de tiempo y de dinero.

En la actualidad es común ver en la calle decenas de perros abandonados, maltratados, lastimados, atropellados. No se ha logrado del todo concientizar a la sociedad mexicana que las mascotas también son seres vivos que quieren, sienten, sufren y extrañan.

Los niveles de abuso que diariamente son denunciados por diversos medios, en especial las redes sociales, hablan de una cultura que menosprecia a las mascotas, con una insensibilidad que los lleva a no sentir compasión por los animales, mucho menos respeto, preocupación o cariño. Ante tal panorama varios Congresos Locales han tipificado en sus leyes el delito de maltrato o crueldad hacia los animales.

Código Penal para el Estado de Colima,  en su artículo 250 estipula multas que pueden alcanzar los 300 salarios mínimos, a quien intencionalmente o cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie de animal doméstico

Código Penal para el Distrito Federal, establece en su artículo 350 Bis, una pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa a quien  realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana y sí ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas.

El artículo 350 Ter, del mismo ordenamiento señala que a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo.

Código Penal del Estado de Guanajuato, en su Capítulo IV Delitos Contra la Vida y la Integridad de los Animales, contempla sanciones de diez a cien días de multa y de sesenta  a ciento ochenta  jornadas de trabajo a favor de la comunidad y  quien, dolosamente cause a mutilación orgánicamente grave de un animal vertebrado, se le impondrá de cinco a cincuenta días multa y de treinta a noventa jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Pero si es responsable de una mutilación se le aplicará de cinco a 50 días de multa y de 30 a 90 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 470 ordena que a quien mediante acción u omisión, realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionarle dolor, sufrimiento o afectar su bienestar, de manera ilícita o sin causa justificada, provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario.

Las sanciones se incrementan si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal; si se utilizan métodos de extrema crueldad; o si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o video graba para hacerlos públicos por cualquier medio.

Derivado de lo anterior la legislación penal federal debe prevenir y en su caso eliminar los riesgos que tiene la sobreexplotación ilegal de la flora o fauna silvestre viva o muerta, al mismo tiempo debe proteger a los animales silvestres en peligro de extinción así como las que no se encuentran en peligro de desaparecer.

La defensa del medio ambiente y la biodiversidad requiere de sanciones más severas a quienes realicen delitos ambientales, en este caso el tráfico y maltrato de animales; por tal razón, se propone elevar de cinco a nueve años de prisión a quien trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados.

Asimismo, las personas que comercialicen o exhiban fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados que no cuenten con el permiso de la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sean sancionadas de la misma manera, esto se llevaría a cabo una reforma al artículo 417 del Código Penal Federal. 

También se plante adicionar un artículo 417 Bis al mismo ordenamiento en la que se estipula una pena de uno a tres años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien de manera intencional por omisión o negligencia realice actos que puedan ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la sobreexplotación de su capacidad física para cualquier fin.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 417 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 417 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

UNICO. Se reforma y se adiciona un segundo párrafo al artículo 417 y se adiciona un artículo 417 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 417.- Se impondrá pena de cinco a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Así como a las personas que comercialicen o exhiban fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados que no cuenten con el permiso de la autoridad competente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 417 BIS.- Se impondrá pena de uno a tres años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien de manera intencional por omisión o negligencia realice actos que puedan ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la sobreexplotación de su capacidad física para cualquier fin.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 417.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Artículo 417.- Se impondrá pena de cinco a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

 

No existe este párrafo

Así como a las personas que comercialicen o exhiban fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados que no cuenten con el permiso de la autoridad competente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

 

 

No existe este artículo

Artículo 417 BIS.- Se impondrá pena de uno a tres años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien de manera intencional por omisión o negligencia realice actos que puedan ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la sobreexplotación de su capacidad física para cualquier fin.

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014

Sen. David Monreal Avila”.

1 Artículo web “Animales para vestir” en Anima Naturalis, consultado el 6 de octubre de 2014, disponible en http://www.animanaturalis.org/p/1461

2 “El comercio ilegal de flora y fauna silvestres, perspectivas de América del Norte” [en línea], consultado el 6 de octubre de 2014, disponible en  http://www3.cec.org/islandora/es/item/2226-illegal-trade-in-wildlife-north-american-perspective-es.pdf

3 Artículo web: “Tráfico Ilegal de Vida Silvestre, Cuarto Lugar de Actividad del Crimen Organizado en el Mundo” en Profepa, consultado el 6 de octubre de 2014, disponible en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5209/1/mx.wap/trafico_ilegal_de_vida_silvestre_cuarto_lugar_de_actividad_del_crimen_organizado_en_el_mundo.html

4 “Tráfico Ilegal de Especies” en Profepa, consultado el 6 de octubre de 2014, disponible en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/436/1/mx/trafico_ilegal_de_especies.html

5 ACUERDO por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 05/03/2014

6 “Propuesta de lista de especies prioritarias para la conservación en México” elaborada por la CONABIO et al. consultado el 6 de octubre de 2014, disponible en http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/pdf/EspeciesPrioritarias/PropuestaEspPrioritarias_ago2012_VerAct_Sept2013.pdf

7 “Tráfico ilegal de especies silvestres y sus impactos”, Seminario de Divulgación Tráfico Ilegal de Especies Silvestres: Una Amenaza Para La Biodiversidad, celebrado el Julio 20, 2012 [en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgioece/2012_sem_trafico_pon01_alow.pdf

8 Véase “Tráfico Ilegal de Vida Silvestre: Desafío Global”, Pro natura, por la gente por la tierra [en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en http://www.pronatura.org.mx/pdf/SuplementoPronatura_No023.pdf

9 Artículo web “El maltrato animal en México, reflejo de una sociedad agresiva” [en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en http://www.gonzoo.com/zoom/story/el-maltrato-animal-en-mexico-reflejo-de-una-sociedad-agresiva-2049/

10 “Atienden 17 denuncias diarias por maltrato animal en DF” en el Periódico El Universal http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/bva-atiende-17-denuncias-diarias-de-maltrato-animal-en-el-df-1023036.html

11 Declaración Universal de los Derechos del Animal [en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en: http://www.filosofia.org/cod/c1977ani.htm

12 Tratado de Amsterdam[en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf

13 Constitución Europea,[en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en http://www.uclm.es/profesorado/jmortega/web%20jmot/WEBCTARIOCUENCA/archivos%20de%20texto/00-1NOR-CONS-part_I_es.pdf

14 “Mexicanos en pro de los animales” en Parametría [en línea]. Consultado el 16 de octubre de 2014, disponible en http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4600






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 218 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO FRACCION VI DEL ARTICULO 218 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al hablar de libertad de expresión de ideas citaremos al artículo 6° Constitucional, y específicamente al rubro de radiodifusión al inciso B, fracción III.1

En esta fracción se establece que la radiodifusión deberá contar con competencia y calidad proporcionando cultura a toda la población, contribuyendo a los fines del artículo 3º Constitucional, es decir, promover la educación.

La educación es un método de conocimiento, que por su contenido social permitirá que la persona se desarrolle adecuadamente en el entorno en el que vive.

Para Samuel Ramos la educación es un problema de interés nacional que no debe subordinarse a las pasiones políticas de partido, porque en él va involucrado el destino de millones de seres humanos, que esperan la preparación adecuada para afrontar la vida en el porvenir.2

La educación es uno de los derechos fundamentales más importantes en nuestro país, hablando de la universalidad del derecho el sujeto estatal obligado a la tutela y el contenido del mismo del derecho público subjetivo.

La educación básica prevista en el artículo 3º Constitucional3 contempla la obligación del Estado a impartir educación a todo individuo, desde este punto aplica la universalidad al no tener distinciones y todos los individuos sin excepción deben tener educación.

Respecto a los derechos públicos subjetivos de la norma impero atributiva, el Estado tiene la obligación de proporcionar educación a los gobernados de manera amplia, a la Federación, Estados y municipios.

La educación contribuye a una armónica convivencia humana, la integridad de la familia, el cuidado de la igualdad del derecho de los individuos, mejorando los ámbitos económico, social y cultural de la sociedad. Así mismo el Estado deberá impartir la educación de manera gratuita, esto de ninguna manera deberá influir en una falta de calidad en la educación, por lo que la formación de docentes también recae en el Estado a través de medidas legislativas y la emisión de planes y programas de estudios.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el rubro de educación se pretende tener un México con educación de calidad propone implementar políticas públicas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.4

Para Sartori la formación de la opinión es como si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por la opinión de los gobernados, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear es: ¿cómo nace y cómo se forma una opinión pública?

Casi siempre, o con mucha frecuencia, la opinión pública es un <dato> que se da por descontado. Existe y con eso es suficiente. Es como si las opiniones de la opinión pública fueran, como las ideas de Platón, ideas innatas.

En primer lugar, la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el conjunto de las opiniones que se encuentran en el público o en los públicos. Pero la noción de opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del público, opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el público es realmente el sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se denomina pública no sólo porque es del público, sino también porque implica la res pública, la cosa pública, es decir, argumentos de naturaleza pública: los intereses generales, el bien común, los problemas colectivos.5

La libertad de expresión es esencial en cualquier régimen democrático, es la posibilidad de que todos los individuos participen en los temas públicos que atañen a la sociedad, así también, crea la opinión pública libre indispensable para dar intercambio de opiniones.

La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de censura, en un doble sentido: a) no se puede censurar a los interlocutores en cuanto sujetos dotados de posibilidad de participar en los debates de la res pública; y b) no se pueden tampoco censurar –al menos de forma previa- los contenidos posibles de la discusión: en principio, todos los temas son discutibles dentro de una democracia y por tanto sobre todos ellos se proyecta la libertad de expresión.

La no censurabilidad de los sujetos tienen carácter prácticamente universal: nadie puede ser privado de la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca; la no censurabilidad de los contenidos, si bien no opera de forma previa, según se acaba de mencionar, si encuentra en el sistema jurídico mexicano algunas limitaciones, como toda libertad, se debe ejercer con responsabilidad y está sujeta a límites. Ahora bien, dichas limitaciones lo son no porque impidan ciertas expresiones, sino porque de ellas se puede desprender algún tipo de responsabilidad; es decir, toda persona puede emitir las expresiones que quiera, pero en algunos casos tendrá que enfrentar responsabilidades.6

Respecto a la libertad de expresión, hay una jurisprudencia que determina:

LIBERTAD DE EXPRESION. RADIODIFUSORAS. CONCESIONES. Conforme al artículo 6o. constitucional, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ello se deriva de que, conforme a la filosofía que inspira nuestra Constitución, el individuo tiene una esfera de derechos que la autoridad no puede tocar, y esa esfera incluye la libertad de expresión, de comunicarse ideas. La libre expresión es básica para que pueda pensarse siquiera en la existencia de un sistema democrático, en el que la soberanía radica en el pueblo, y en el que las autoridades sólo pueden hacer aquello que el pueblo las ha facultado para hacer, en la propia Constitución. Y la inclusión de un derecho en ésta no implica que el Estado lo haya concedido a los ciudadanos, sino que éstos se lo reservaron y decidieron garantizar su ejercicio mediante la inclusión expresa de ese derecho en la propia Ley Fundamental, pues la Constitución otorga la garantía, no el derecho (artículos 1o. y 39). Y esa libertad de expresar las ideas y de comunicarlas, incluye lógicamente también las ideas filosóficas, científicas, artísticas, religiosas, etcétera, y todas las formas y maneras como esas ideas y expresiones artísticas pueden difundirse, lo que incluye la poesía, la música, etcétera. Ahora bien, la libertad constitucional de expresar ideas debe incluir necesariamente la libertad constitucional de utilizar libremente todos los medios de expresión, sean palabras o conductas, en cuanto puedan difundir ideas. Y esto incluye necesariamente también los medios masivos de difusión. Pues sería absurdo, en la sociedad contemporánea, que sólo la palabra hablada o escrita en forma individual estuviera constitucionalmente protegida, dejando al arbitrio o monopolio de las autoridades el uso, a su antojo, de los medios masivos de comunicación modernos, como son la prensa, el radio y la televisión. Y así como sería tiránico pensar que la autoridad legislativa secundaria o que la autoridad administrativa pudiesen limitar el número de publicaciones en el país, o en una región del país, a título de proteger económicamente a los empresarios de las publicaciones limitativamente permitidas, con lo que se favorecería un monopolio de la información, así también resulta contrario a la libertad constitucional, en principio, que se limite el uso de los canales de radio y televisión con vista a proteger el interés mercantil de las emisoras limitativamente permitidas. Sin embargo, como por las características de estos medios de comunicación, el número de canales utilizables tienen un límite técnico, es claro que el Congreso puede reglamentar el uso de esos canales, y concesionarlo, ya que se trata, además, del uso del espacio territorial y del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Y como esos medios masivos de comunicación constituyen una actividad de interés público, el Congreso y las autoridades administrativas deben vigilarla y protegerla, para el debido cumplimiento de su función social. Pero, atento todo lo que se lleva dicho, esa vigilancia y ese cuidado no deben tender a limitar el número de canales en uso, con el objeto de proteger las utilidades mercantiles de quienes han obtenido una concesión, sino que debe ejercerse de manera que puedan ser utilizados todos los canales, independientemente de la conveniencia mercantil de los primeros concesionarios con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas por esos medios, lo cual redundará en beneficio de los fines que se persiguen garantizando la libertad de expresión: una vida democrática más plena, y también una vida más plena en los terrenos artísticos, filosófico de simple diversión, etcétera. Y sólo cuando esos altos fines puedan resultar afectados, es cuando se podrían limitar, razonando esto cuidadosamente, los canales utilizables. Lo que las autoridades deben combatir es el monopolio monocromático de esos medios masivos de comunicación. Y la única razón para prohibir el uso de nuevos canales, o para cancelar las concesiones y permisos de canales en uso, será el evitar que se forme un monopolio que coarte la libertad de expresión, o impedir que los canales utilizables queden en manos de personas poco serias, que pudieran atacar indebidamente la moral o atacar indebidamente la vida privada de las personas, cuando esas personas no sean públicas y cuando los ataques no tengan justificación constitucional. Entender de otra forma la intención de la ley en el otorgamiento de concesiones y permisos, sería darle un contenido contrario a las disposiciones del artículo 6o. constitucional. Por otra parte, cuando se va a otorgar una concesión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe hacer los estudios pertinentes, que deben referirse a los requisitos legales a satisfacer, a la seriedad de la instalación y de su programación y funcionamiento, y sobre todo, a que no se constituyan monopolios monocromáticos de tan importantes medios masivos de difusión, pues aun las estaciones comerciales difunden una ideología ciertamente, de manera directa o indirecta, al través del contenido de sus programas y anuncios. Semanario Judicial de la Federación, 7a. época, Tribunales Colegiados de Circuito, ts. 109-114, 6a. parte, p. 120. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 721/77. Victoria Graciela Alba de Llamas y coagraviados. 25 de enero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Víctor Manuel Alcaraz Briones.

Los medios de comunicación y la libertad de expresión deben tener importancia, ya que llegan a una gran parte de nuestra sociedad, por lo que los locutores y las locutoras quienes tienen a su cargo esta responsabilidad deben estar bien preparados académicamente, y estar en todo momento profesionalizándose.

Por otra parte, hasta el año de 1992 quienes pretendían ser locutores, comentaristas o cronistas, debían someterse a evaluaciones que medirían sus conocimientos y capacidades.

Puntualizando que la Secretaría de Educación Pública, por simplificación administrativa elimino estos requisitos con la publicación del Acuerdo 169 para la Expedición de Certificados de Aptitud de Locutores, de Cronistas y de Comentaristas.

ARTICULO 1°.- En las transmisiones de las difusoras solamente podrán laborar los locutores que cuenten con el correspondiente certificado de aptitud, expedido por la Secretaría de Educación Pública.

ARTICULO 2°.- Se considerará que los locutores cuentan con el respectivo certificado de aptitud y, por lo tanto, podrán laborar en las transmisiones de las difusoras, cuando presenten a estas últimas -en original y copia- los documentos siguientes:

I.- Certificado de haber terminado sus estudios de bachillerato o de secundaria. Quienes presenten certificado de bachillerato se considerarán locutores de la categoría "A", y quienes presenten certificados de secundaria de la categoría "B";

II.- En el caso de cronistas y de comentaristas, en lugar de los documentos mencionados en la fracción anterior, título y cédula profesional en la especialidad respectiva, o bien, certificado de bachillerato y cartas de dos instituciones reconocidas que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate, y

III.- En todos los casos, acta de nacimiento, pasaporte o carta de naturalización, en que se acredite su nacionalidad mexicana.

Las difusoras deberán cotejar los documentos citados, devolver a los interesados los originales y mantener a disposición de las autoridades competentes las copias correspondientes a los locutores, cronistas y comentaristas que les presten sus servicios.

Los locutores, cronistas y comentaristas estarán obligados a presentar los originales cuando lo solicite la difusora, o así lo requieran las autoridades competentes.

ARTICULO 3°.- Los interesados en que se les expida su certificado de locutor, de cronista o de comentarista, podrán presentar su solicitud a la Secretaría de Educación Pública, acompañada de los documentos siguientes:

I. Constancia de haber terminado sus estudios de bachillerato o sus equivalentes, para certificados de la categoría "A", o bien, constancia de haber terminado sus estudios de educación secundaria o sus equivalentes, para certificados de la categoría "B";

II. En el caso de cronistas y de comentaristas, en lugar de los documentos mencionados en la fracción anterior, su título o cédula profesional en la especialidad respectiva, o bien, certificado de bachillerato y cartas de dos instituciones reconocidas que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate;

III.- Acta de nacimiento, pasaporte o acta de naturalización, en que se acredite su nacionalidad mexicana;

IV.- Constancia de alguna difusora que acredite su práctica como locutor;

V.- Cuatro fotografías tamaño credencial, y cuatro tamaño diploma, y

VI.- Comprobante de pago de los derechos respectivos.

Los documentos mencionados en las fracciones I, II, y III deberán presentarse en original y copia. Al entregar el certificado correspondiente, la Secretaría de Educación Pública devolverá los originales de estos documentos.

En caso de que el trámite relativo se haya realizado por correo, el certificado y los originales serán enviados al interesado por la misma vía por la que se recibieron.

ARTICULO 4° Los locutores, cronistas y comentaristas que soliciten a la Secretaría de Educación Pública la expedición de su certificado, podrán continuar laborando en las difusoras, aún mientras se les expide dicho certificado, siempre que previamente hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo 2° anterior.

ARTICULO 5°.- Los procedimientos previstos en el presente Acuerdo no modifican en forma alguna las relaciones laborales que las difusoras hayan pactado con sus trabajadores.

En este contexto si bien es cierto que simplifico administrativamente la obtención del certificado para ejercer la locución, también lo es que se requiere mayor preparación académica, y que cuenten con mayores herramientas para dirigirse en medios de comunicación masiva, cumpliendo con los mínimos indispensables como son el nivel bachillerato o su equivalente o bien licenciatura.

Por lo anterior no podemos permanecer indiferentes con la idea de perder la libertad en el ejercicio profesional, es claro que implica mayor esfuerzo para todos aquellos que pretendan continuar con el ejercicio de la actividad de locutor o locutora, pero también se obtendrán beneficios que permitirán salir del rezago en el que nos encontramos en una sociedad globalizada, que requiere información de calidad.

Así mismo la correcta regulación del ejercicio profesional en nuestro país no es posible en la medida en que no exista un adecuado control del acceso a las profesiones, generalmente se confunde la obtención del grado académico de tipo universitario o de estudios de tipo superior, con la habilitación para el ejercicio profesional, debido a que la transición entre una etapa y otra, es un trámite administrativo denominado Registro de título y expedición de cédula, el cual en ningún sentido implica la certificación de habilidades, aptitudes y conocimientos de los egresados de las instituciones de educación superior, este proceso de habilitación funciona en la mayoría de los países en todo el mundo, y es un medio que además de marcar la transición de una etapa estudiantil a una profesional, por tanto garantiza a la sociedad que los profesionistas que están autorizados para prestar sus servicios profesionales fueron sometidos a una evaluación práctica que respalda sus aptitudes y conocimientos, por lo anterior se insiste que lo mínimo indispensable es tener bachillerato o su equivalente o bien licenciatura, aunado a profesionalización en diversos temas ya que se dirigirán a muchos radioescuchas que serán influenciados por la información que se les transmita.

Concluyendo que toda sociedad tiene un vínculo con la educación y su cultura, por ende existe un compromiso de que aquellas personas que están al frente en los medios de difusión, cuenten con la preparación suficiente para poder proporcionar información de calidad.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

UNICO.- Se reforma la fracción V y se recorre la subsecuente para quedar como fracción VI del Artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 218. …

I.-IV…

V. Tendrá la facultad de expedir los certificados de aptitud a las y los locutores, en dos categorías:

"A" y "B". Los locutores o locutoras de la categoría "A" deberán comprobar que han terminado sus estudios de licenciatura, y los de la categoría "B", los estudios de bachillerato o sus equivalentes y;

VI.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
a 21 de Octubre de 2014

Diva Hadamira Gastélum Bajo
SENADORA DE LA REPUBLICA”.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de educación;

II. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico;

III. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil;

IV. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y

V. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 218. …

I.-IV …

V. Tendrá la facultad de expedir los certificados de aptitud a las y los locutores, en dos categorías:

"A" y "B". Los locutores o locutoras de la categoría "A" deberán comprobar que han terminado sus estudios de licenciatura, y los de la categoría "B", los estudios de bachillerato o sus equivalentes y;

VI.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

1 Artículo 6o.

A. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I.    El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
II.    Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
III.   La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

2 Ramos, Samuel, Veinte años de educación en México, México, Imprenta Universitaria, 1941, pp. 9 y 10.

3 Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

4 Pnd.gob.mx Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

5 Sartori, Giovanni, Homo videns La sociedad teledirigida, Edit. Taurus, Argentina, 1998, p. 69.

6 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, Porrúa, México, p. 373.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por los CC. Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López Brito, José María Martínez Martínez, Martha Elena García Gomez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud)

“Las y los Senadores MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARTHA ELENA GARCÍA GOMEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, todos integrantes de la Comisión de Salud, suscriben con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás  relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos es de suma importancia, y está establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichos preceptos constitucionales dan origen al sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien jurídico tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

Este derecho es social y universal, se debe materializar en la Ley Secundaria sanitaria respectiva. Por ello el tema que incumbe esta propuesta es el servicio de optometría el cual es sumamente importante para la salud visual de miles de mexicanos.

La Optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto y lentes oftálmicas.

El Consejo Mundial de Optometría menciona que; La optometría es una profesión de la salud que es autónoma, educada y regulada, y los optometristas son los profesionales del cuidado primario de la salud del ojo y del sistema visual, que proporcionan un cuidado integral del ojo y la visión, que incluye la refracción y dispensación, detección/diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en el ojo, y la rehabilitación de las condiciones del sistema visual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace mención que debe haber un optometrista por cada 10,000 habitantes. En este tenor hay que hacer mención que México cuenta una población de casi 120 millones de habitantes,  por lo que requiere alrededor de 12,000 optometristas para satisfacer las necesidades de la población.

Datos del Censo Económico del 2009, INEGI registró 9,293 ópticas, adicionalmente contabilizó 614 consultorios de optometría. Es decir, en 2009 existían casi  10 mil ópticas y consultorios.

Cabe mencionar que en 2013, el Registro Nacional de Profesionistas (RNP), de la Secretaría de Educación Pública, tenía registrados 3650 optometristas titulados desde los años 50’s.  Sin embargo, hoy en día para llegar a los estándares internacionales hacen falta al menos 6,500 Licenciados en Optometría para satisfacer la demanda del sector.

Por otro lado, en nuestro país existen 60 millones de personas que necesitan lentes o gafas, pero solo 15 millones las utilizan.Ante el grave déficit de optometristas se ha impulsado la creación de carreras técnicas en CONALEP, en CECATI, en laUniversidad Autónoma de Guadalajara, entre otros centros educativos.

Por su parte, el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) ha impulsado la emisión de  certificados en varias materias, una de ellas  la de refraccionista.

Como ya mencionamos México dista un poco de tener el mínimo de optometristas que hace referencia la OMS. Más del 93% de los profesionales visuales licenciados, técnicos y certificados están empleados y laborando en su sector.

Hay que señalar que los técnicos en optometría egresados de escuelas técnicas como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), o aquéllos que se han certificado bajo normas técnicas de competencia laboral (CONOCER),  no realizan diagnóstico de salud ocular o funcional de los ojos ni de su tratamiento, ellos únicamente realizan exámenes visuales.

Es decir, los optometristas técnicos tienen experiencia y están reconocidos para  la práctica de exámenes de refracción.

A la par cabe señalar que la certificación de competencias implementado por CONOCER,  es el resultado de un proceso a través del cual las personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia, es decir, este se traduce en un documento oficial que sirve de referencia para evaluar y certificar la competencia de las personas.

Los Estándares de Competencia se traducen en parte clave para la certificación de competencias. Por ende, hay que señalar que en materia de optometría, el Sistema de Certificación  de Competencias Laborales con base en las Normas Técnicas  de Competencia Laboral respectivas,  únicamente certifica que las personas son aptas para realizar exámenes de refracción o bien que, las personas son capaces de realizar la adaptación de lentes de contacto.

Por su lado el CONALEP es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos. Para el proceso de certificación se requiere entre otros requisitos realizar servicio social y prácticas profesionales. Es por ello, que es importante la certificación.

En resumen para atender las necesidades que el País demanda, es necesario tomar en cuenta la participación de los técnicos y auxiliares optometristas que tengan sus debidos diplomas y certificados competentes, y con ello dar garantía que un usuario o paciente deba ser atendido por personas preparadas y debidamente certificadas.

Es por lo anterior que se pretende la siguiente propuesta:

LEY VIGENTE

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas, constancias, reconocimientos oficiales o certificados técnicos de competencia laboral, correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas   competentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Artículo79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas, constancias, reconocimientos oficiales o certificados técnicos de competencia laboral, correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Transitorios

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Arquímedes Oramas Vargas.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. María Elena Barrera Tapia






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN LA FRACCION I DEL ARTICULO 2 Y LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONOMICA

(Presentada por las CC. Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

“Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN: LA FRACCION I DEL ARTICULO 2 Y LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 3, AMBAS DE LA LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES  EN MATERIA ECONOMICA.

Exposición de Motivos

El 2 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica la cual tiene como objeto reglamentar lo establecido en el artículo 93 Constitucional en materia de facultades constitucionales del Senado de requerir información a los secretarios de estado, jefes de departamento administrativo, así como a los directores de organismos descentralizados competentes sobre la negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere el propio ordenamiento cuando se relacione con las anteriores.

Es decir, esta ley tiene como objeto reglamentar la facultad del Senado, de allegarse de toda la información necesaria para estar en condiciones de aprobar los Tratados Internacionales en materia económica celebrados por el Ejecutivo Federal. Lo anterior debido a que el Senado no debe ser sólo un órgano de revisión de tratados y acuerdos internacionales ya suscritos por el Ejecutivo Federal, sino que debe estar informado en cada etapa del proceso de negociación a fin de respaldar al Presidente de la República en la instrumentación de los mismos, debido a que los Tratados generan cambios en el marco jurídico interno.

En cuanto a las modificaciones planteadas, cabe señalar que a raíz de las reformas al texto constitucional en materia de Derechos Humanos se transformó el modo de entender el derecho en nuestro país, siendo uno de los principales cambios la inclusión del concepto de Derechos Humanos en lugar del de  Garantías Individuales.

Por lo anterior, y en razón de que el concepto de “garantías individuales” se limita únicamente a los recursos con los que se cuenta para la protección de los derechos, se contempla en la presente iniciativa modificar dicho concepto actualizándolo y ampliándolo de manera que los Tratados Internacionales en materia Económica no sólo deben estar de acuerdo con las garantías individuales sino también con los Derechos Humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, esto con base en el artículo primero Constitucional.

Esta modificación tiene como objeto el armonizar y actualizar nuestra legislación reglamentaria, así como dejar claro que los Derechos Humanos son un aspecto de suma importancia para las políticas de desarrollo de cualquier nación.

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas en la cumbre mundial de 2010, afirmó:

“La paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y los pilares para la seguridad colectiva y el bienestar. Reconocemos que el desarrollo, la paz y seguridad y los Derechos Humanos están entrelazados y se refuerzan mutuamente. Reafirmamos que nuestros valores fundamentales en común, incluidos la libertad, equidad, solidaridad, tolerancia, respeto a todos los Derechos Humanos, respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida, son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”

Desde hace varios años, México ha tenido avances muy significativos en materia de Derechos Humanos desde el ámbito legislativo y judicial; y en materia económica hemos visto a lo largo de estos primeros años de gobierno un importante progreso tanto a nivel legislativo como en la Administración Pública Federal.

Estos avances han sido reconocidos por diversos organismos internacionales como la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo Secretario General José Angel Gurría ha calificado a México como un país de referencia en el mundo por las reformas estructurales emprendidas por el Presidente Enrique Peña Nieto y que estas reformas atraen a los inversionistas internacionales. De la misma manera, la directora Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde también ha señalado que la aprobación de las reformas representa un esfuerzo para resolver las barreras que frenan el crecimiento económico del país. Y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, indicó que hacia mediados del sexenio se notará el efecto de las reformas en el crecimiento del PIB, y que a partir del próximo año la economía crecerá con más fuerza.

Inclusive el Foro Económico Mundial (FEM) en su Reporte Global de Competitividad 2012 – 2013, en el cual se define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y otras factores que determinan el nivel de productividad del país, nos posiciona en el lugar 53 a nivel mundial, avanzando 5 lugares con respecto al mismo reporte del año 2011 – 2012 y con mejoras en 9 de los 12 pilares que conforman dicho reporte.

Sin embargo, los impactos positivos de las reformas se verán reflejados de manera paulatina y aún hay retos importantes para eliminar las brechas de desigualdad y marginación en el país en el corto plazo, a pesar de las acciones concretas emprendidas por el ejecutivo Federal y respaldadas por el Congreso de la Unión.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) señala que “muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna.”

Tomando en cuenta lo señalado por el PND, lo anterior representa una barrera para la productividad y el crecimiento económico del país. El mismo plan reconoce que como objetivo general se busca llevar al país a su máximo potencial en un sentido amplio. Además, reconoce como factores para alcanzar dicho potencial al desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la protección de los recursos naturales, la salud, la educación, participación política y seguridad.

Los Tratados Internacionales en materia económica celebrados por nuestro país tienen como objetivo principal detonar la economía en México, pero esto no debe entenderse sólo en crecimiento económico o mayor ingreso, sino como el compromiso de mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los mexicanos en nuestro país de manera integral.

Este último año nos ha presentado la oportunidad de lograr grandes avances en materia económica, particularmente en el ámbito legislativo con una mayor apertura en los mercados, específicamente en telecomunicaciones y en materia energética.

Si bien es cierto que México ha gozado de una economía sólida a nivel Macroeconómico en los últimos 15 años, los avances de este último año nos consolidarán como una nación próspera, con altos niveles de inversión extranjera que dinamizarán la economía nacional; pero esto debe ser siempre con un pleno respeto a los Derechos Humanos.

Finalmente, es importante señalar que el martes 2 de octubre de 2012, la Cámara de Diputados remitió a esta Cámara de Senadores, la minuta que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, sin embargo dicha minuta no ha sido dictaminada, por lo que solicito se tomen en cuenta éstas modificaciones planteadas en la presente iniciativa y de considerarlo pertinente, se incorporen al dictamen que elaboren las comisiones a las que fue turnada.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Unico: Se modifican y adicionan: la fracción i del artículo 2 y las fracciones I y II del artículo 3, ambas de la ley sobre la aprobación de tratados internacionales  en materia económica.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por tratados lo establecido por la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Estarán de acuerdo con la Constitución General de la República respetando

I.- Los Derechos Humanos reconocidos en los términos de la misma, así como las garantías para su protección.

II…

Artículo 3.- Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:

I.- Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover el desarrollo humano sustentable y la erradicación de la pobreza, y combatir el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país de manera sustentable.

III a la VI…

Transitorio

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a generar acuerdos comerciales para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera mexicana. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMIA A GENERAR ACUERDOS COMERCIALES PARA LA SUSPENSION INMEDIATA DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR ESTADOS UNIDOS A LA INDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA.

“El suscrito, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87 numerales 1 y 2, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno del Senado de la República, la proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se consideran para el rubro azucarero 158.8 millones de pesos para el año 2015.

Se incluyeron 150 millones de pesos que se canalizarán a cubrir el gasto de operación de los nueve ingenios en administración del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), en lo que concluye el proceso de desincorporación de los mismos, debido a que una de las condiciones para la enajenación de las fábricas es que éstas se entreguen como negocios en marcha.

SAGARPA atendió dicho requerimiento con su presupuesto autorizado, otorgando apoyos por 1,500 millones de pesos que permitirán mejorar las cosechas y llevar a cabo acciones de reconversión productiva en los campos cañeros. Dicho apoyo se cubrió en dos partes: En 2013 se cubrieron 1,100 millones de pesos y, en el ejercicio 2014 los 400 millones de pesos restantes, con lo que queda solventada esta problemática.

Por otra parte, el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó de manera preliminar, que el azúcar mexicana recibe subsidios, e impuso un arancel de 14.87% a productores y exportadores mexicanos, así como porcentajes diferenciados a empresas particulares. También, se determinó un arancel de 17.01% al FEESA y de 2.99% al Ingenio Tala y empresas del Grupo Azucarero México (GAM). Sin embargo, la decisión final será conocida en enero de 2015.

El 25 de agosto del año en curso, autoridades de Comercio Estadounidenses dieron a conocer la decisión de establecer cuotas compensatorias a las exportaciones de azúcar mexicana para equiparar el supuesto subsidio, en donde los más afectados serán los ingenios administrados por el gobierno federal a través del FEESA.

En caso de que se mantenga el arancel de 17.01% a las exportaciones de azúcar mexicanas hacia el mercado de Estados Unidos para la zafra 2014/2015, el costo podría impactar en 146.3 millones de dólares, tomando en cuenta que México estaría enviando anualmente a EE. UU. alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas.

Considerando que el valor actual del azúcar de exportación en Estados Unidos es de 26 dólares por libra, y que el máximo arancel es de 17.01%, éste sería de 4.43 dólares por libra o de 97.5 dólares por tonelada.

De no llegarse a un acuerdo, el arancel que se impuso el pasado 25 de agosto se mantendrá, trayendo consigo los efectos negativos que ya se han mencionado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, para que a través de los canales diplomáticos correspondientes, se generen acuerdos comerciales para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera mexicana.

Atentamente,

Sen. Francisco Domínguez Servién”.






De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Avila Ruíz y Carlos Alberto Puente Salas, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física y el Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados el segundo resolutivo.

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general al acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Como parte fundamental para atender estas necesidades el Gobierno Federal propone estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país. Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; es por ello que se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.

El objetivo será el propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las federaciones de las distintas disciplinas, de instituciones públicas y privadas deportivas para estimular la práctica del deporte entre los jóvenes.

En ese mismo orden de ideas plasmadas desde el Plan Nacional de Desarrollo, la actual Ley vigente en la materia prevé la implementación de mecanismos que permitan desarrollar de manera eficiente dichas acciones establecidas al interior del mismo marco legal.

La Ley General de Cultura Física y Deporte estableció como una de sus novedades la creación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, órgano que velará por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales que reciban recursos públicos federales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos, en estricto apego a las disposiciones estatutarias y legales vigentes.

La creación y conformación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva ésta sustentada en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y el capítulo III del Reglamento de la misma.

No obstante la publicación y entrada en vigor del marco jurídico, hasta la fecha la Secretaria de Educación Pública líder de sector y Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no ha realizado las modificaciones al estatuto orgánico de la CONADE que permitan a la misma SEP nombrar a los miembros del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Asimismo la Ley y su reglamento establecen la implementación del Registro Nacional del Deporte (RENADE) como mecanismo de información relativa al control y revisión correspondiente a la existencia y aprovechamiento de estructura e infraestructura deportiva, personas físicas, personas morales; y todas aquellos hechos y actos que se desarrollen en el ámbito de la cultura física y el deporte nacional.

De la misma manera el RENADE requiere de una estructura orgánica que cuente con los recursos humanos y financieros que permitan su correcto desarrollo.

Por otra parte en el ámbito del deporte representativo y dadas las condiciones propias de la competencia deportiva, existen acciones por parte de todos los involucrados en la toma de decisiones, que requieren según la ocasión y circunstancias, de la intervención de un árbitro o intermediario, derivado de alguna controversia.

Para dicha situación la Ley contempló la existencia de la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, Organo Desconcentrado de la SEP, como máxima instancia en el deporte como mediador y garante de la justicia deportiva.

Desde su creación la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, ha venido desarrollándose en circunstancias de una la clara austeridad normativa y operativa, lo cual ha empezado a manifestarse negativamente como un factor  determinante en sus trabajos, los cuales han venido en aumento ante la evolución y desarrollo del marco jurídico en materia deportiva y ante la creciente promoción y defensa de los derechos de nuestros deportistas nacionales.

Es por ello que a fin de proporcionar los medios estructurales y mecanismos financieros a la institución representativa del Gobierno Federal en la materia, así como a la Instancia de Justicia Deportiva, los que suscribimos Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason del Partido Revolucionario Institucional, Daniel Gabriel Avila Ruiz del Partido Acción Nacional y Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México;  proponemos a esta soberanía con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones realice las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mismas que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, así como la implementación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; en términos de lo establecido en los artículos 30 fracción XIII y 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para que al momento de analizar el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015, estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado por el Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; y a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, Organo Desconcentrado de la Secretaría de educación Pública.

Senado República a 21octubre de 2014

Atentamente

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a informar las acciones que ha llevado a cabo a fin de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-059. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México está dentro de la clasificación de países mega diversos, debido a que entre este tipo de naciones se concentra el 70% de la diversidad de especies a nivel mundial, en este selecto grupo de países, además se encuentran Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.

Las características de los países mega diversos, entre otras, son que cuentan con una posición geográfica en donde existe mayor diversidad de especies; cuentan con una historia evolutiva, esto significa que se encuentran en un lugar donde se mezclan la flora y la fauna con diferentes historias, entre algunas características.

Estas riquezas naturales de México, lo posicionan en un lugar privilegiado pero sobre todo de mucha responsabilidad, ya que si bien puede gozar y disfrutar de los recursos naturales, ecosistemas y paisajes, también lo obliga a mantener una estricta vigilancia para la protección y cuidado del ambiente natural.

En este mismo sentido, en diversidad de especies animales México también sobresale a nivel mundial por la gran diversidad con la que cuenta, de acuerdo a la CONABIO, enel país actualmente, se han descrito alrededor de 73,000 especies animales, mientras que en el mundo se han descrito más de un millón, pero se estima que la diversidad es mucho mayor.

Frente a este escenario, el Estado mexicano tiene la obligación de llevar a cabo acciones para preservar esta diversidad en el país. La Ley General de Vida Silvestre, señala en su artículo 3º, fracción XX, que las especies o poblaciones en riesgo son aquellas identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. En el mismo ordenamiento, se establecen una serie de acciones que la autoridad correspondiente debe llevar a cabo a fin de proteger y preservar todas las especies que se encuentran dentro del supuesto en comento.

De acuerdo a la CONABIO, se considera que una especie se encuentra en extinción cuando ocurre la desaparición total de una especie en el planeta. Asimismo, señala que durante la larga historia del planeta han habido muchas extinciones causadas por cambios climáticos, vulcanismo, inundaciones, sequías. Sin embargo, en los últimos años la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna se deben al impacto directo o indirecto de las actividades humanas.

Lo anterior señala la Comisión, es consecuencia de las perturbaciones causadas por las actividades humanas, que disminuyen el área de distribución de las especies y reducen a las poblaciones poco a poco. Cuando las poblaciones son pequeñas su riesgo a la extinción aumenta debido a diversos factores. Las poblaciones pequeñas son más susceptibles a desaparecer por fenómenos naturales como incendios, ciclones, sequías, etcétera; son más susceptibles a la pérdida de variabilidad genética, ya que cada vez están más emparentados.

En cambio, una especie en riesgo son aquéllas que sus poblaciones han ido disminuyendo debido a actividades humanas como la transformación de su hábitat, sobrexplotación, interacciones con especies invasoras, efectos de la contaminación, al punto que se considera necesario protegerlas.

A fin de atender estas problemáticas, en el país, desde 1994 se estableció la Norma Oficial Mexicana Nom-059, la cual tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de listas, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y siendo de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta Norma,1 es decir, es un instrumento para proteger a las especies en riesgo.

Al día de hoy, dicha norma se ha actualizado tres veces: 1994 (16 mayo 1994), 2001 (6 marzo 2002), 2010 (30 diciembre 2010). Después de su primera emisión, han incluido criterios objetivos de inclusión de especies, información mínima necesaria, y mayor precisión en las categorías. Asimismo, se eliminó la categoría “rara”, y se incluyó la categoría “probablemente extinta en el medio silvestre”, se definió el “Método de evaluación del riesgo de extinción de especies silvestres en México.

De acuerdo con el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) 2007-2012, señala que a nivel de especies, además de la pérdida de hábitat, las principales amenazas (para su extinción) son la erradicación y el aprovechamiento irracional de las mismas y la introducción de especies exóticas e invasoras. La diversidad genética se ve amenazada por la introducción de especies exóticas e invasoras, la pérdida de germoplasma y la liberación de organismos sometidos a selección artificial, clonados o modificados genéticamente.2

De acuerdo al PROCER estos son los datos de especies en peligro de extinción:

Grupo

No.

Plantas

981

Reptiles

466

Aves

371

Mamíferos

295

Anfibios

196

Peces

185

Invertebrados

46

Hongos

42

Total

2582

En este sentido, señala que las acciones de conservación de especies dependen no sólo del grado de amenaza o del riesgo que enfrenten, sino también de los recursos que las sociedades están dispuestos a invertir para que esto suceda, aún cuando esta disposición no esté asociada a la vulnerabilidad o importancia relativa de una especie en un sistema.

Es claro que a pesar de contar con un normatividad clara, en el país existe un grave problema en el tráfico de animales, en el impacto ambiental de las actividades humanas y en consecuencia en la extinción de algunas especies.

De acuerdo con la CONABIO, entre algunos de los animales considerados en peligro de extinción se encuentra el jaguar, la tortuga caguama, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el oso negro, la vaquita marina, el manatí de las antillas, el lobo mexicano, el conejo de los volcanes y el tapir; estas especies tienen algunas de las poblaciones con el menor número de ejemplares en México, que van desde los 20 hasta los 12,000 aproximadamente3.

Por otro lado, de acuerdo a información del Programa de Conservación de Especies en Riesgo, señalado anteriormente, entre los primeros diez lugares de animales que se encuentran en peligro de extinción se puede encontrar: Aguila real, símbolo del escudo nacional, el Jaguar, el Lobo Mexicano, la Vaquita Marina, la Tortuga laúd, el Tapir, las Cotorras serranas, el Oso negro, y la Guacamaya verde.

Tan sólo un ejemplo de actividades vinculadas al problema de los animales en peligro de extinción, es que la industria peletera, cobra anualmente la vida de 20 millones de animales salvajes cazados en trampas y de 40 millones de animales criados en granjas,  estas acciones como el comercio ilegal y caza de especies, provocan que muchos animales se encuentren en peligro de extinción.4

En este sentido, es indispensable que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, rinda un informe pormenorizado a fin de saber cuáles son las acciones, estrategias y programas que está llevando a cabo para hacer cumplir la Norma Oficial Mexicana Nom-059 con el objetivo de detener la extinción de animales que ocurre día con día en México, así como evitar que más especies lleguen a estar en situación de peligro de extinción.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a que informe a esta soberanía sobre:

A) Las acciones, programas y estrategias que está llevando a cabo A fin de cumplir con la Norma Oficial Mexicana Nom-059 en cuanto a detener el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción y en riesgo;

B) Las acciones, programas y estrategias que se implementaran para detener el incremento del número de animales en peligro de extinción y en riesgo;

C) Las políticas que ejecutarán para salvaguardar los ejemplares de animales en peligro de extinción y asegurar su existencia dentro de la fauna silvestre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014”.

1 SEGOB, Diario Oficial de la Federación. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010

2 Véase “Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) 2007-2012” disponible en http://procer.conanp.gob.mx/pdf/procer_2012.pdf

3 Redacción, “Las 10 especies que corren más peligro de desaparecer en México” CNN noticas 18-10-2013, disponible en http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/10/18/las-10-especies-que-corren-mas-peligro-de-desaparecer-en-mexico

4 Artículo web “Animales para vestir” en Anima Naturalis, consultado el 6 de octubre de 2014, disponible en http://www.animanaturalis.org/p/1461






Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de cadetes de la Gendarmería Nacional al estado de Veracruz, ante el aumento de la incidencia delictiva. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION, A ENVIAR UN GRUPO DE CADETES DE LA GENDARMERIA NACIONAL AL ESTADO DE VERACRUZ, ANTE EL AUMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA.

“El que suscribe, Senador de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es de su conocimiento, el pasado 22 de agosto del 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó un “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal”, en el que se creó la Gendarmería Nacional.

La nueva corporación está conformada por 5,000 cadetes de la Séptima División de la Policía Federal. Es un nuevo modelo de operación policial que contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial para que los mexicanos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad. La nueva División protegerá la seguridad de las personas y las fuentes de trabajo relacionadas con los ciclos productivos que se encuentren en riesgo frente a amenazas de la delincuencia organizada.

De acuerdo al artículo 17 Bis del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, a la Gendarmería le corresponde generar condiciones de seguridad pública, en las situaciones siguientes:

1. Ante la presencia de la delincuencia organizada o el alto índice delictivo, que amenacen la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de los ciudadanos;

2. Ante la amenaza contra las fuentes de ingresos de las personas, relacionadas con los ciclos productivos, o

3.Ante eventos en los que, por su trascendencia el Comisionado General determine que se requiera de la presencia de esta División para prevenir la comisión de delitos.

En ese sentido, la incidencia delictiva en Veracruz sigue creciendo de forma alarmante, los sectores productivos se están viendo severamente afectados, las personas sufren delitos todos los días que impactan directamente y de manera negativa a su patrimonio, el cierre de negocios ante las amenazas y el cobro de piso de la delincuencia organizada también crece de manera alarmante. Los secuestros son ya cosa de todos los días, por ello la necesidad de la presencia de los cadetes de la Gendarmería es urgente.

De acuerdo al último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva, de enero a julio del 2014, es la siguiente:

ENTIDAD FEDERATIVA

DELITOS REPORTADOS

1. Estado de México

147,355

2. Distrito Federal

105,297

3. Baja California

62,177

4. Jalisco

54,406

5. Guanajuato

54,332

6. Puebla

44,298

7. Tabasco

35,892

8. Chihuahua

34,873

9. Coahuila

30,444

10. Morelos

28,164

11. Veracruz

28,008

Asimismo, en el delito de secuestro, Veracruz ocupa el segundo lugar con más secuestros:

ENTIDAD FEDERATIVA

SECUESTROS

1. Tamaulipas

340

2. Veracruz

111

3. Michoacán

110

4. Estado de México

100

Estas cuatro entidades conforman el 55% del total de secuestros en el país (1,186).Veracruz tiene casi el 10% del total de secuestros en el país. Mientras Veracruz tiene 111 secuestros en lo que va del año, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro y Yucatán tienen 0 secuestros.

Si bien es cierto, Veracruz ocupa el lugar 11 con más delitos reportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, existe una cifra negra altísima de delitos que no son denunciados por falta de confianza en las autoridades.

Aunado a ello, los delitos que sí son denunciados, difícilmente son resueltos por las instituciones de procuración de justicia. Tan sólo por citar algunos ejemplos, el pasado 18 de junio se encontró en quince fosas clandestinas más de 30 cuerpos cadáveres que tienen rasgos de haber sido torturados y asesinados, sin que hasta el momento se tengan resultados de las investigaciones.

Otros delitos de alto impacto se describen en la siguiente tabla:

Fecha (2014)

Tipo de delito

Municipio

Resultado

28 de enero

Secuestro de menores de edad

Coatzacoalcos

Secuestro de dos infantes que fueron encontrados sin vida y los cuales les fueron extraídos órganos del cuerpo.

5 de febrero

Secuestro y Asesinato

Coatzacoalcos

Asesinato de ex reportero policial

Marzo

Robo de autos

Estado de Veracruz

Aumento de 15% de robos de autos reportado por la Asociación Mexicana de Seguros.

15 de marzo

Robo a camión

Cuitláhuac

Robo con violencia a camión que transportaba limones con un monto aproximadamente de $500,000.00

5 de febrero

Secuestro y Asesinato

Coatzacoalcos

Muerte de ex reportero policial

25 de junio

Asesinato

San Juan Evangelista

Asesinato de dos hombres con muestras de tortura.

2 de julio

Secuestro

Coaztacoalcos

Secuestro de niña y su tía. Se activó la Alerta Amber y no ha aparecido hasta el momento.

5 de julio

Secuestro

Boca del Río

Secuestro de menor de edad y empleada doméstica.

14 de julio

Secuestro y Asesinato

Pánuco

Secuestro y asesinato de Alcalde Suplente de Pánuco

10 de agosto

Asesinato

Minatitlán

Asesinato con signos de tortura a empresario integrante de CANACO.

22 de agosto

Secuestro y Asesinato

Coatepec

Secuestro y Asesinato de ex tesorero de Coatepec.

1 septiembre

Secuestro y asesinato

Minatitlán

Secuestro de un joven y su padre, posteriormente apareció muerto el papá del joven.

1 de septiembre

Balacera y detención

Acultzingo

Las autoridades descubren un centro de entrenamiento del grupo delictivo “Los Zetas”. Durante la balacera murieron 3 presuntos delincuentes y se capturaron a otros 33.

2 de septiembre

Balacera

Xalapa

Asesinato de un policía estatal, así como de un presunto delincuente.

En distintas fechas

Privación de la libertad

Acayucan

En varias ocasiones se ha reportado hacinamiento y privación ilegal de la libertad a migrantes en instalaciones del INM.

Estos delitos son solo algunos de los que ocurren día a día en el estado, y para efectos del presente punto de acuerdo, sólo sirven como referencia para que se tenga una perspectiva amplia de la grave crisis de inseguridad que se vive en Veracruz. Como se puede observar, dichos delitos son directamente en contra de las personas, así como sus patrimonios.

Por otra parte, el 1 de septiembre del presente año, elementos de la Gendarmería partieron con destino a los estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas para iniciar operaciones con el fin de “fortalecer el control territorial, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, así como de resguardar sus fuentes de trabajo”. De acuerdo al comunicado de prensa de dicha División de la Policía Federal, la misión del cuerpo de gendarmes, es el “generar condiciones de seguridad ante la presencia de la delincuencia organizada que amenace la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de las personas”. Asimismo, el comunicado de prensa señala que el despliegue se realizó con base a “trabajos de inteligencia, investigación y análisis en materia de seguridad e indicadores socioeconómicos”.

En el presente Punto de Acuerdo, se plasma con claridad que Veracruz requiere urgentemente del cuerpo de cadetes para poder proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ya que como se señaló puntualmente, ocupa el lugar 11 con más delitos denunciados, así como el segundo lugar en materia de secuestros. De las cinco entidades designadas por la Gendarmería, Chiapas no ocupa la lista de los primeros 11 con mayor incidencia delictiva, lo que sí ocupa Veracruz.

Como veracruzano y representante del Estado, me parece fundamental que las acciones que está llevando a cabo de manera eficiente la Secretaría de Marina, con el operativo “Veracruz Seguro” se refuerce con los elementos de la Gendarmería Nacional, ya que las corporaciones estatales y municipales no están contribuyendo en proteger la seguridad de las personas, y toda la responsabilidad está cayendo en los elementos de la Marina.

Hoy más que nunca los ciudadanos en el estado requieren de estrategias de seguridad ante la evidente presencia de la delincuencia organizada, así como de la delincuencia común, que día a día atentan contra la integridad y patrimonio de las personas, por lo que las responsabilidades que fueron otorgadas a la Gendarmería Nacional, son urgentemente requeridas por los veracruzanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se hace un respetuoso exhorto al Secretario de Gobernación, el Lic. Miguel Angel Osorio Chong, para que gire las instrucciones necesarias, a fin de que un grupo de elementos de la Gendarmería Nacional, sean enviados al Estado de Veracruz, ante el aumento de la incidencia delictiva.

Dado en el salón de sesiones, a 21 de octubre de 2014

ATENTAMENTE

Sen.- Fernando Yunes Márquez.






De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir el proyecto para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un informe sobre el proceso de licitación para la construcción de dicha obra, así como el diagnóstico sobre la viabilidad del proyecto en los predios seleccionados y su impacto ambiental. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del Estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 2 de septiembre. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASI COMO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ALGUNAS LINEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ANUNCIADO EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE

Los suscritos, senadores MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA Y MARIO DELGADO CARRILLO, integrantes de la LXII Legislatura en el Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASI COMO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ALGUNAS LINEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ANUNCIADO EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 29 de abril del año 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial mediante el cual se creó el organismo público descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, con el objeto de construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo para el transporte público del Distrito Federal. Posteriormente, el 4 de septiembre de 1969, un convoy hizo el recorrido inaugural entre las estaciones de Insurgentes y Zaragoza.

2. Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 12 Líneas, la más recientemente construida Línea 12 o Línea Dorada que se encuentra parcialmente suspendida.

3. Hace unos meses, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció la ampliación de las Líneas 4, 9 12 y la A del Metro, así como la del Tren México-Toluca. Así mismo, aseguró que ya se había reunido con el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz Esparza, para impulsar las obras.

4. El pasado 2 de septiembre, el Titular del Ejecutivo Federal en el mensaje que ofreció en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno dio a conocer lo siguiente:

“En este rubro, hoy anuncio que el Gobierno de la República, también sumará esfuerzos con los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México para construir otros importantes proyectos de transporte masivo. Y me permito referirlos.

La extensión de la Línea 4 del Metro de Martín Carrera en el Distrito Federal a Ecatepec en el Estado de México; la extensión de la Línea A, del Metro de La Paz a Chalco, en el Estado de México; la extensión de la Línea 9, de Tacubaya a Observatorio, en el Distrito Federal; y la extensión del Metro, de Mixcoac a Observatorio en el Distrito Federal.

En total, estos cuatro proyectos de transporte masivo en el Valle de México tendrán una extensión de 43.5 kilómetros, y mejorarán la calidad de vida de nueve millones de personas. Esto significa que el Sistema de Transporte Colectivo Metro tendrá un crecimiento de casi 20 por ciento.”

5. Ahora bien, con la finalidad de generar certeza en los capitalinos y de garantizar la total transparencia en el diseño, implementación y ejecución de estos proyectos, y al tratarse de proyectos con carácter metropolitano, que incluyen a los órdenes de gobierno de la Federación, las entidades federativas y de los municipios conurbados, es fundamental que se exponga a la ciudadanía todo lo relacionado a los proyectos, que incluye el proceso de planeación, programación, licitación y adjudicación de las obras y la aplicación y destino de los recursos se transparente, entre otros. Sobre todo, debe insistirse en que dichas obras sean planeadas de forma que tanto en la construcción como en la prestación de su servicio se cumplan con los objetivos planteados de movilidad, eficiencia, eficacia, accesibilidad, transparencia y demás principios.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II dispone que es derecho de los senadores, presentar proposiciones ante el Senado.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, como lo es el caso que se plantea respecto a la ampliación de diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo.

TERCERO. Que es imprescindible que las autoridades competentes asuman la obligación de transparentar todo lo relacionado con la planeación y la ejecución de las obras de ampliación del Sistema de Transporte Colectivo y, en su caso, se determine en que forma van a participar, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas involucradas y las delegaciones y municipios en esta obra y que por su carácter metropolitano y regional es de la máxima importancia para el desarrollo no sólo de la región centro sino del país en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemosa consideración del Pleno de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al Gobernador del Estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que remitan un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de algunas de las líneas del Sistema de Transporte colectivo anunciado el pasado 2 de septiembre, así como un informe sobre el proceso de planeación, programación y licitación para la construcción de dichas obras.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a mantener informados a los habitantes de ambas entidades sobre el proceso de ampliación  anunciado el 2 de septiembre al Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal y a establecer una página de Internet con toda la información pública que sea de fácil acceso y consulta para la ciudadanía, que incluya los avances de las citadas obras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Mario Delgado Carrillo”.






Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del premio “Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”; asimismo, destinar un espacio en el Senado de la República para colocar en letras de oro, la siguiente leyenda: “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de los derechos humanos”. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDOPOR LA QUE EL SENADORJORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, A NOMBRE PROPIO Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SOLICITA EN SESION SOLEMNE, REALIZAR UN RECONOCIMIENTO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, POR LA OBTENCION DEL PREMIO “DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 2013”; Y ASIMISMO, DESTINAR UN ESPACIO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA PARA COLOCAR EN LETRAS DE ORO, LA SIGUIENTE LEYENDA: “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS”.

JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, Senador de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Con la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, por la cual se reconoció en nuestra Carta Magna la progresividad de los Derechos Humanos, al incluir expresamente en el texto del artículo 1º el principio pro-persona en la interpretación de las normas jurídicas, aunado a la observancia de los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, se generó todo un nuevo paradigma constitucional, del que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es garante inflexible hoy en día.

2.-  Por ello y ante la contribución excepcional en la protección y promoción de los Derechos Humanos realizada por la Suprema Corte, su Ministro Presidente, Juan Silva Meza, recibió el pasado 10 de diciembre de 2013, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el “Premio Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”, precisamente en el contexto del 65° aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concibiéndose este premio como una de las medidas con las cuales la ONU honra y reconoce a aquellos que han contribuido excepcionalmente en ese campo, que abarca tanto el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como de otros instrumentos de derechos humanos.

3.- Esta, como por todos es sabido, es la primera ocasión en que el Premio se otorga a un tribunal, ya que cada cinco años se concede a individuos u organizaciones, como fue el caso de Nelson Mandela o Martín Luther King, o bien, instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional, lo cual permite equiparar a todos los galardonados bajo el denominador común que los hace garantes de que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean escuchadas y en esa misma medida, se avance en el combate a la impunidad.

4.- Adicionalmente, ante la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército Mexicano, y después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la violación de los derechos consagrados en diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en octubre de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió sobre la manera en la que el Poder Judicial de la Federación, como componente del Estado Mexicano, debía atender las obligaciones internacionales asumidas, al convertirse México en signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5.-El impacto del caso se tradujo, junto con las mencionadas reformas constitucionales de junio de 2011, en el comienzo de toda una nueva época jurisprudencial en México, derivado de lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el certificado en el que se le acredita, que el expediente del caso Rosendo Radilla ya forma parte del acervo reconocido por el programa “Memoria del Mundo”, que lleva un registro del patrimonio documental evaluado por la UNESCO del que también forman parte los archivos de la construcción y caída del Muro de Berlín, el proceso penal contra Nelson Mandela y el Diario de Ana Frank, por citar algunos documentos.

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.-Se realice en sesión solemne, un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la obtención del premio “Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”, invitándose para ello a este recinto legislativo a las Señoras y Señores Ministros.

SEGUNDO.- Se someta a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, destinar un espacio en el Salón de Plenos del Senado de la República para colocar una leyenda en Letras de Oro, que diga: “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS”.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2014

Atentamente

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.






De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión de Israel de expropiar parte del territorio palestino de Cisjordania y hace votos por la reconsideración de esta decisión que pone en peligro las negociaciones de paz. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO LAMENTA LA DECISION DE ISRAEL DE EXPROPIAR PARTE DEL TERRITORIO PALESTINO DE CISJORDANIA Y HACE VOTOS POR LA RECONSIDERACION DE ESTA DECISION QUE PONE EN PELIGRO LAS NEGOCIACIONES DE PAZ.

“Los suscritos, Senadores GABRIELA CUEVAS BARRON y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el QUE EL SENADO CONDENA LA DECISION DE ISRAEL DE EXPROPIAR PARTE DEL TERRITORIO PALESTINO DE CISJORDANIA Y HACE VOTOS POR LA RECONSIDERACION DE ESTA DECISION QUE PONE EN PELIGRO LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 31 de agosto, el gobierno de Israel anunció la confiscación de 400 hectáreas en el área denominada como Gush Etzion, en Cisjordania, precisamente donde el 12 de junio pasado fueron secuestrados y asesinados tres jóvenes israelíes, evento que precipitó la reciente ofensiva militar en la Franja de Gaza. Se trata de una amplia porción de terreno ubicado en la región sur de Belén, en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, que han sido confiscados, alegadamente, en virtud de una ley otomana que data de 1858 según la cual el Estado puede recuperar tierras no ocupadas y no cultivadas. Sin duda, esta es una decisión sin precedentes en el contexto de la colonización de los territorios palestinos que resulta ilegal a la luz de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 298 (1971), 446 (1979) y 465 (1980). Estas resoluciones prohíben a Israel expropiar tierra y propiedades, transferir población y aprobar legislación con la finalidad de incorporar territorios ocupados, alterar la composición demográfica de estos, además de que le exigen desmantelar todo asentamiento, así como detener urgentemente todo proyecto de construcción y establecimiento de los mismos.

En consecuencia, esta determinación, afirmó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, resulta ilegal bajo el derecho internacional y obstaculiza una posible solución duradera al conflicto toda vez que tomar una gran porción de tierra podría abrir el camino hacia la construcción de más asentamientos. Y, sin duda, el proceso de reconciliación podría verse gravemente afectado especialmente después del conflicto que por más de cincuenta días de combate dejó una destrucción sin precedentes y un brutal impacto humanitario.

Distintos gobiernos del mundo se han manifestado ya en contra de esta medida que pone también riesgo el cese al fuego recientemente convenido entre las partes y este anuncio, sostienen algunos, resultará contraproducente para el objetivo declarado de Israel de alcanzar una solución negociada de dos Estados. Peor aún, como advirtió recientemente la Unión Europea, constituye una afrenta contra la decisión de la vasta mayoría de la comunidad internacional en el sentido de no reconocer cambio alguno a las fronteras previas a 1967 que no sea acordado mutuamente entre palestinos e israelíes. Esto es claro para incluso algunos ministros israelíes, como el Ministro de Finanzas Yair Lapid y la Ministra de Justicia Tzipi Livni, quienes han criticado severamente la decisión.

Esta actividad unilateral mina la confianza entre las partes cuando se despliegan esfuerzos para reanudar las pláticas directas de paz, por lo que es indispensable que el gobierno Israel revierta esta decisión tomando en cuenta la necesidad de garantizar su derecho como el de Palestina a vivir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas.

Los asentamientos israelíes, conviene tomar en cuenta, se conformaron a partir de colonias construidas por Israel a partir de 1967 en los territorios obtenidos durante la Guerra de los Seis Días. Si bien es cierto que algunos asentamientos fueron retirados desde los años ochenta y hasta el 2005, de acuerdo con datos de 2011, más de 300 mil colonos viven en los 125 asentamientos existentes en Cisjordania. En 2013, se informó en mayo pasado, el número de colonias judías ilegales en territorio palestino aumentó un 123%. Históricamente, el gobierno de Israel ha echado mano de distintos procedimientos, todos de dudosa legalidad, para tomar el control de prácticamente un 50% de Cisjordania para el establecimiento de asentamientos. Todos los procedimientos, de requisa por necesidades militares, por declaración de la tierra como propiedad abandonada o como expropiación de tierras para necesidades públicas resulta ilegal no sólo en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a las que se hizo ya referencia, sino también por el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativa a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra ratificada por Israel el 6 de julio de 1951. Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República lamenta la decisión del gobierno de Israel de apropiarse parte del territorio palestino de Cisjordania y hace votos por la reconsideración de esta decisión que pone en peligro las negociaciones de paz en esa región.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades israelíes a evaluar y eventualmente reconsiderar esta decisión ante la necesidad urgente de actuar en concordancia con lo establecido por el derecho internacional.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener la posición de rechazo a esta decisión y a presentarla con la vehemencia que exige el caso durante el próximo debate general de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el contexto de su próximo 69 periodo ordinario de sesiones.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2014.

Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar si ha iniciado de oficio alguna averiguación previa en contra de Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza o de quienes resulten responsables por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A INFORMAR SI HA INICIADO DE OFICIO ALGUNA AVERIGUACION PREVIA EN CONTRA DE JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ, EX SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA O DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.

“La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCION por el que se exhorta a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE INFORME A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANIA SI HA INICIADO DE OFICIO ALGUNA AVERIGUACION PREVIA EN CONTRA DE JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ EX SECRETARIO DE FINANZAS  DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, al tenor siguiente:

CONSIDERACIONES

Durante el Gobierno del Lic. Humberto Moreira Valdés y de su sucesor Jorge Torres López del estado de Coahuila de Zaragoza, se presentaron anomalías sobre el ejercicio de la administración pública como. a) La contratación de créditos bancarios sin autorización del Congreso Estatal, y b) La falsificación de documentos para tener acceso a diversos créditos; reconociéndose ambas deudas por el Legislativo con posterioridad a su contratación, lo que incrementó la deuda pública local.

De lo anterior el Congreso de estado, con legisladores en su mayoría afines al partido del Gobernador, autorizó la reestructura de créditos contratados de manera   irregular por la administración estatal hasta por 34 mil millones de pesos, situación que causó debate al interior del Poder Legislativo, principalmente por los partidos de oposición. Parte de la justificación para que se aprobara la reestructuración  fue que el monto de crédito contratado fue para cubrir gastos de inversión pública ya ejecutadas, como la construcción de vías de comunicación, infraestructuras médicas y educativas, entre otras.  Sin embargo, el pasado 6 de octubre de este año, la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado emitió un dictamen, ya aprobado por el pleno, en el que se autoriza la contratación de varios financiamientos hasta por la cantidad de 2,500 millones de pesos para cubrir pasivos existentes.

El monto de 34 mil millones de pesos, objeto de la reestructura financiera mencionada, a la fecha no se ha justificado y transparentado su destino, no obstante que originalmente se mencionó, que se destinaria para la contratación de deuda pública productiva. Actualmente el gobierno de Rubén Morería Valdés, afirma, que aún existen adeudos con proveedores heredados por la administración anterior, lo cual pone en duda la correcta inversión del monto de deuda ya adquirida.

Mientras la ciudadanía ha exigido que se aclare el destino de la deuda pública reconocida por el Congreso de Coahuila, a nivel internacional hemos conocido de las investigaciones que se siguen en los Estados Unidos en contra de exfuncionarios públicos que participaron en el proceso de contratación y reestructura de la deuda citada, entre ellos se encuentra Héctor Javier Villarreal Hernández exsecretario de Finanzas del Estado y Jorge Torres López exgobernador interino, en contra de quienes se giró orden de aprensión por juez competente en la Corte de Corpus Christi, estado de Texas, por el delito de transporte y depósito de dinero robado proveniente de México a los Estados Unidos, habiendo aceptado Villarreal Hernández su responsabilidad en la comisión de tales delitos.

El juez norteamericano que conoce de la causa, aseguró diversos bienes inmuebles y cuentas bancarias a nombre de Javier Villarreal Hernández, tales bienes asegurados no ha sido justificada su procedencia ni su origen, Villarreal Hernández “supuestamente transfirió dinero robado del Estado de Coahuila a una cuenta en Brownsville y más tarde a la cuenta en las Bermudas”, según el comunicado de prensa de la Oficina del Procurador Federal para el Sureste de Texas.

En nuestro país, el Código Penal Federal en su artículo 400 Bis establece el delito llamado Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita donde se describe el tipo penal siguiente:

 “artículo 400 Bis.-Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

 I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o …”

De lo anterior, se desprende la necesidad y obligación de la autoridad competente de iniciar una investigación responsable y a fondo, en contra de quienes resulten responsables por los delitos cometidos en perjuicio del erario del estado de Coahuila, entre estos delitos se puede citar el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objeto de evitar la impunidad y complacencia de servidores públicos irresponsables y corruptos en el manejo de los recursos públicos. Es así que solicito a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre el inicio oficioso de cualquier investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita u otro delito que se hayan cometido por el ex tesorero del Estado de Coahuila y de más personas que resulten responsables por encubrimiento o delitos diversos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, para que informe a la brevedad a esta Soberanía si ha iniciado de oficio alguna investigación por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y otros delitos en contra de Javier Villarreal Hernández ex Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza o quienes resulten responsables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de Octubre de 2014

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones de prevención y contención a nivel nacional ante la aparición de casos vinculados al virus del ébola en nuestro continente. Se turna a la Comisión de Salud.








De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios a que, en el marco de la Resolución 66/170 relativa a la conmemoración del Día Internacional de la Niña, implementen mecanismos y acciones para promover la autonomía de las niñas adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA FEDERACION, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS A QUE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 66/170 RELATIVA A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, IMPLEMENTEN MECANISMOS Y ACCIONES PARA PROMOVER LA AUTONOMIA DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES.

“La suscrita MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 66/170 RELATIVO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA IMPLEMENTEN MECANISMOS Y ACCIONES PARA PROMOVER LA AUTONOMIA DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas décadas, las problemáticas que enmarcan a la niñez y a la adolescencia en México se han visibilizado desde diversos ámbitos, la sociedad civil y la academia han sido fervientes  impulsores de los derechos de la niñez y han visibilizado sus necesidades más fundamentales. No obstante, hoy por hoy las niñas, niños y adolescentes forman parte de las agendas pública y legislativa y en este sentido, es que el Senado de la República se encuentra más comprometido que nunca en fortalecer la protección y garantizar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes a partir de su reconocimiento  como sujetos de derechos.

Si bien es cierto que en México existen casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes, las niñas y las adolescentes se enfrentan a situaciones de discriminación muy particulares no sólo por su edad sino por su condición de mujeres. Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que en 2013, en México, había 19.8 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años, lo que representa el 49% del total de población en ese grupo de edad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2010), 3.6% de la población considera que los niños no tienen derechos por ser menores de edad. No obstante, información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), señaló que de las adolescentes solteras de 15 a 17 años de edad 34.9% declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja. El porcentaje asciende a 39.5% cuando se trata de adolescentes casadas o en unión libre.

Datos de la ENADIS, 2010 indicaron que 11.5% de las niñas declararon que sus  compañeros de escuela les habían pegado alguna vez. Asimismo, el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2011, reporta que del total de niñas y adolescentes que trabajan, 58.2% cubren una triple jornada, ya que combinan el trabajo con la realización de quehaceres domésticos y además estudian.

En materia de trabajo doméstico; del total de población de 5 a 17 años que trabaja en estos servicios, aproximadamente 80% son mujeres. El caso de las adolescentes acrecienta su vulnerabilidad, en primer lugar porque se convierten en trabajadoras invisibles y ello las hace más vulnerables a ser explotadas y al margen de las leyes que garanticen sus derechos. En México, la información del MTI de 2011 exhibe que del total de población de 5 a 17 años ocupada en servicios domésticos, aproximadamente 8 de cada 10 son niñas y adolescentes, esto coincide con el hecho de que en muchas sociedades esta actividad suele considerarse como un tipo de empleo particularmente para las mujeres

La pobreza y la violencia en la niñez y en la adolescencia presentan características muy particulares, ya que tiene una mayor probabilidad de volverse permanentes. Sus posibilidades de reversión son más limitadas y las potencialidades para su reproducción en el futuro son mayores, ambas tienen su origen en la discriminación la cual puede ser entendida como una forma de violencia, ya que niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. En el caso de los niños y las niñas, se consideran prácticas discriminatorias, entre otras, aquellas que obstaculicen las condiciones mínimas necesarias para su crecimiento, desarrollo saludable y para el ejercicio de sus derechos.

Algunos datos para reflexionar la condición de género en la niñez y en la adolescencia en México los encontramos en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, realizado en conjunto por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 2009, el cual establece que 50% de estudiantes de primaria y secundaria piensan que es responsabilidad de las  mujeres evitar el embarazo. Más de la mitad de estudiantes (53%) reporta saber de alguna compañera que ha tenido que abandonar la escuela por estar embarazada en los dos últimos años.40.7% de estudiantes de primaria y 35.2% de secundaria piensan que si les faltan el respeto a una mujer es porque ella lo provoca. Más del 75% en promedio de estudiantes de primaria y secundaria piensan que las mujeres deben aprender a ayudar en casa cuidando hermanitos/as y/o haciendo cosas de limpieza. El 85.7% de estudiantes en primaria y el 79.3% de secundaria piensan que los niños sí deben terminar sus estudios y prepararse para mantener su futuro hogar. Más del 70% de primaria y secundaria piensan que el hombre es el que debe tener la  mayor responsabilidad para llevar el dinero al hogar; así como jugar fútbol y juegos fuertes.

Como se puede observar las niñas y las adolescentes se encuentran más desfavorecidas que los niños y los adolescentes y el hecho estriba esencialmente en que desde la niñez se aprenden y reproducen las desigualdades sociales y por ende se generan limitaciones contrarias a la autonomía progresiva de las niñas y las adolescentes. De acuerdo con el UNICEF, los prejuicios de género menoscaban los derechos de la mujer en otras esferas. Prácticas como el matrimonio precoz o la existencia de servicios inadecuados de la salud producen tasas más elevadas de mortalidad derivada de la maternidad.

En México las niñas y las adolescentes siguen teniendo limitantes para terminar sus estudios debido a obstáculos relacionados con la seguridad, la financiación, las instituciones y la cultura. Incluso aquellas que tienen la posibilidad de asistir a la escuela, se enfrentan a una mala calidad de la educación a aspiraciones reducidas o  tareas domésticas y otras responsabilidades que les impiden asistir a la escuela o lograr resultados adecuados en cuanto al aprendizaje.

La desigualdad de género está anclada en la ideología patriarcal que se sustenta en construcciones culturales basadas en las diferencias de orden biológico: los roles y funciones del género culturalmente legitimados. No obstante es un hecho que las niñas y las adolescentes requieren de herramientas necesarias para potenciar sus capacidades y para que en futuro se conviertan en mujeres productivas para la sociedad. Pensar en que tengamos mujeres participando en todas las esferas sociales es pensar en una sociedad más justa, más igualitaria, sin discriminación y por lo tanto más democrática.

Aunado a lo anterior, debemos recordar que la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, establece la obligación del Estado mexicano de garantizar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes les sean reconocidos a partir de lo que establece la Constitución federal y los tratados y convenciones internacionales suscrito por México. De igual maneta el artículo 4º constitucional reconoce que en todas las actuaciones del Estado en el caso de las niñas, niños y adolescentes el Estado, velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y guiando el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de toda política pública dirigida a la niñez.

En este marco, la Carta Internacional de Derechos Humanos (integrada por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996) constituye el principal instrumento en materia de protección del ejercicio y disfrute de derechos humanos. Estos instrumentos establecen la igualdad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos de todos los seres humanos, a la vez que establece un marco de obligaciones vinculantes entre los estados parte y su ciudadanía.

Aunado a ello es que la Convención de los Derechos del Niño (CDN), establece un reconocimiento importante en materia de los derechos de las niñas, los niños y las personas adolescentes. La CDN combina derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que aseguren una protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, en virtud de que reconoce explícitamente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos (as) titulares de los derechos humanos a partir del principio de autonomía progresiva, así como el establecimiento de responsabilidades compartidas entre sociedad, Estado, gobierno, comunidades y cuidadores, en cumplimiento de los derechos de la niñez.

La CDN establece disposiciones que incluyen derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, el tiempo libre y las actividades culturales, y medidas especiales de protección para todos los niños y las niñas.

Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por 180 estados, establece los derechos de la mujer, su libertad contra la discriminación y la igualdad bajo la ley. Además de que la igualdad de la mujer es fundamental también para la supervivencia y desarrollo de sus hijos, y para lograr familias, comunidades y países sanos.

A partir del 19 de octubre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas con un enfoque de reconocimiento a las diferencias, a las diversidades y a la desigualdad que confrontan las niñas en el mundo y el 11 de octubre, se instituye el Día Internacional de la Niña con la finalidad de centrar la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y las adolescentes y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece como tema “Promover la autonomía de las niñas adolescentes: Poner fin al ciclo de la violencia” y para ello exhorta a los gobiernos, a la sociedad civil y a las instituciones públicas y privadas de los Estados parte a trabajar de manera colaborativa y reafirmar  su compromiso para evitar el flagelo de la violencia contra las niñas adolescentes y  promover su autonomía.

Desde el Senado de la República, las y los legisladores hemos asumido el compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas en el marco de los compromisos adquiridos a nivel internacional por el Estado mexicano y en este sentido el pasado 29 de septiembre aprobamos el decreto que expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto fundamental es:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes  que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Aunado a ello, en la ley se acoge el principio de igualdad sustantiva y se desarrolla un capítulo específico sobre el derecho a la igualdad sustantiva en el cual, niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Así mismo, la ley abarca una serie de acciones afirmativas en cada uno de los derechos a efecto de que se favorezca la igualdad sustantiva de las niñas y las adolescentes que se encuentren en mayor vulnerabilidad por cuestiones de género, entre ellas aquellas que permitan ejercer de mejor manera sus derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, entre otros o establecer mecanismos institucionales orientados al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado promoviendo el empoderamiento de niñas y adolescentes. 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Federación, las entidades federativas y a los municipios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de la Resolución 66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Niña implementen mecanismos y acciones para promover la autonomía de las niñas adolescentes a partir de:

1. Invertir en las adolescentes para dotarlas de destrezas, confianza en sí mismas y opciones de vida a través del núcleo familiar, la escuela, la capacitación técnica y vocacional, y los sistemas de apoyo sanitario, económico y social,

2. Facilitar el acceso de las niñas a la infraestructura, los servicios y la tecnología buscando que respondan a sus necesidades de seguridad, conectividad y movilidad,

3. Coordinar la participación de las niñas adolescentes en la vida cívica, económica y política,

4. Seguir visibilizando la violencia contra las niñas y las mujeres e insistiendo en es totalmente inaceptable tanto en el ámbito privado como en el público y,

5. Mejorar la calidad de los datos, la medición y los fundamentos empíricos relacionados con el empoderamiento de las niñas adolescentes y la violencia contra ellas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014.

Sen. Martha Elena García Gómez”.






De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez y Luz María Beristain Navarrete, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones para fortalecer la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, en materia de fomento al intercambio comercial y de inversiones. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se prevea una asignación de recursos económicos para la construcción del centro de salud con servicios ampliados, en beneficio de los habitantes del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTARESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ESTE HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE CONTEMPLE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ESTE HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE PREVEA UNA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y cualitativa. Estriba en permitir que el organismo de una persona, mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria. Así, al hablar de su importancia, necesariamente se refiereal valor que la salud tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos.

Para ello, resulta indispensable la prestación de los servicios de salud, tanto para la preservación misma de la salud, como para recuperarla. Ambas acepciones indispensables para la adecuada calidad de vida de las personas.

Para ello, la atención primaria cobra especial relevancia, al constituir el núcleo del sistema de salud y por ende, parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país.

En esta atención primaria, los denominados centros de salud juegan un importante papel, al tratarse del centro queatiende a la población en un primer nivel asistencial sanitario y con mayores posibilidades de cobertura territorial del país, a diferencia de otro tipo de clínicas u hospitales. Es por ello, que el fortalecimiento a la infraestructura del Sistema de Salud a través de estos centros de atención contribuye en buena medida al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en los siguientes apartados:

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

Líneas de acción

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Líneas de acción
• Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

En ese tenor, el municipio de CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Jalisco, preocupado por la atención de su población, está haciendo lo conducente para la instalación de un Centro de Salud con Servicios Ampliados, como es el Proyecto Ejecutivo, el estudio de costo-beneficio, incluso la donación a la Secretaría de Salud del predio para concretarlo.

Este proyecto es de suma importancia para los Cuautitlenses, considerando que se trata de un municipio indígena y con altos índices de marginación, que no cuenta con hospital próximo y las condiciones de lejanía y accesibilidad del lugar.

No obstante, para lograrlo es evidente que se requiere de recursos económicos, los cuales, para el caso en concreto de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, su aplicación se vería rápidamente reflejada en beneficio de su población en mérito de los avances que se tienen para el proyecto.

La cantidad que se requiere, según se informa por las autoridades municipales del lugar, asciende a 32 millones de pesos.

Es importante y apremiante apoyar a nuestra población más vulnerable, y en virtud de que para el caso en concreto, la parte restante se traduce a pesos y centavos, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que pudiera contemplarse una asignación de recursos para concretar el loable proyecto de un Centro de Salud para Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015, se prevea una asignación de recursos económicos por al menos 32 millones de pesos para la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, en su primer etapa.

Dado en el salón de sesiones, a 21 de octubre de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A REVISAR SUS TIPOS PENALES DE ABUSO SEXUAL Y DE OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA EN DONDE LAS VICTIMAS SEAN MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES BAJO LOS CRITERIOS INTERNACIONALES QUE ESTABLECEN LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCION INFANTIL Y LA UTILIZACION DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFIA.

“La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia sexual contra las niñas y los niños es una grave violación de sus derechos fundamentales. Una gran proporción de niñas y niños en el mundo sufre violencia significativa. No obstante, el abuso sexual, la violencia física y psicológica y el acoso sexual son formas de violencia que tienen lugar en todos los entornos.

En la mayor parte de los casos, el abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es cometido por una persona conocida por la familia. Sin embargo, la violencia sexual también tiene lugar en la escuela y en otros entornos educativos, tanto por parte de los padres como de quienes fungen como educadores (as). También es frecuente que se produzca en entornos laborales cerrados, como es el caso de las niñas y los niños trabajadores empleados como trabajadores (as) domésticos en hogares de terceros.

El “Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas” realizado por Naciones Unidas en el 2006, señala que las niñas sufren considerablemente más violencia sexual que los niños. La vulnerabilidad de acuerdo con el informe, se da en gran medida producto de las relaciones de poder basadas en el género profundamente arraigadas en la sociedad. Un aspecto fundamental de la violencia contra las mujeres y las niñas es que la violencia se utiliza en las culturas de todo el mundo como una forma de preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre.

Los niños tienen mayor probabilidad de ser víctimas de homicidio y particularmente de la violencia que involucra armas.

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años habían experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. Actualmente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que un niño (a) es abusado sexualmente cada hora. En el caso de México, el Informe Nacional sobre Violencia y Salud realizado por el UNICEF señaló que en 2013 el 62% de los niños y niñas habían sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes habían padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% habían sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. Cifras presentadas en el Foro “Combate a la pornografía de niñas, niños y adolescentes” realizado en el Senado de la República en septiembre de 2013 señalan que México ocupa el primer lugar mundial de pornografía infantil y que cada hora son dos menores abusados sexualmente

Por otro lado, el informe “Maltrato y Abuso Infantil en México: Factor de Riesgo en la Comisión de Delitos (Mayo, 2010)” elaborado por la Secretaría de la Seguridad Pública, explica que México ocupa uno de los primeros lugares entre los países de la OCDE en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años inflingidos principalmente, por sus padres o progenitores. Establece que México registra altos índices de abuso sexual infantil: 77% de las víctimas son niñas, con un promedio de edad de 5.7 años. En todos los casos la víctima conocía al agresor: el hermano (19%), el padrastro (18%), un tío (16%), el padre (15%).

El abuso sexual y el maltrato también se dan en las instituciones educativas, contra estudiantes de preescolar, primaria y secundaria por parte de los maestros, conserjes y otros trabajadores de los planteles educativos. Las denuncias contra docentes y trabajadores se refieren a situaciones de burla, ofensa, agresividad, maltrato, groserías, humillación, amenazas, hostigamiento, insinuaciones, “miradas libidinosas”, grabar y tomar fotos a los alumnos y, exhibir videos de pornografía a los estudiantes. Las denuncias presentadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelan que en los primeros seis meses del ciclo escolar del año 2003 se presentaron 84 casos de maltrato y abuso sexual, sólo en las escuelas de la Ciudad de México. Sin embargo, en los tres primeros meses de 2008 las denuncias sumaron 147 en el Distrito Federal.

En el periodo 2008-2011, la SEP dio a conocer que el número de casos de abuso sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31% en el Distrito Federal. Aunque no existen datos oficiales que permitan saber realmente el número de casos denunciados y atendidos, en un primer reporte esta Secretaría informó que se promedió una denuncia de abuso sexual y maltrato cada dos días de clase, en el primer trimestre de 2008.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el UNICEF, más de 20 mil niñas y niños habían sido explotados sexualmente en México en el 2007, sobre todo en siete ciudades consideradas altamente pobladas, turísticas y fronterizas, donde operan bandas del crimen organizado dedicadas a esa actividad. 70% de los casos de violación, abuso y explotación ocurren en: Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Acapulco Tapachula y Cancún, 80% de estos son niñas de entre 10 y 14 años.

Notas periodísticas1 señalan que sólo 9 de las 32 entidades federativas prevén en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave. Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal tipifican este ilícito como grave sin derecho a fianza, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. Sin embargo, puntualizan que las penalidades no son tan severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual contra un menor de 18 años.

Así mismo, señalan que las entidades que estipulan como grave el ilícito en sus códigos penales estatales tienen como mínimo una penalidad de seis meses y una máxima de 10 años. Las 23 entidades restantes no califican como delito grave al abuso sexual y los abusadores pueden salir bajo fianza, con montos que van desde los tres días de salario mínimo hasta los 1,200 días.

Dada la problemática descrita, es necesario enfatizar que las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos de toda forma de violencia. Y en este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño2 (CDN) establece en su artículo 19 que “Los Estados Parte deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otras persona que lo tenga a su cargo”.

Los artículos34, 35 y 36 de la CDN establecen los derechos de las niñas y los niños a la protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual, incluidas la prostitución y la pornografía; contra el secuestro, la venta y la trata y contra todas las formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Aunado a ello, la CDN ha sido complementada por dos Protocolos Facultativos que proporcionan a los niños y niñas una protección más detallada contra formas particulares de violencia. El Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía3 define estas formas de violencia. También exige a los Estados Parte tipificar estas actividades como delitos y requiere que cualquier participación en estos actos, incluidos el grado de tentativa y la conspiración, sea castigada teniendo en cuenta la gravedad de los delitos. También exige a los Estados cerrar cualquier local empleado para la explotación sexual y la pornografía infantil y confiscar las ganancias económicas de estas actividades, así como cualquier medio empleado para facilitarlas y establece disposiciones detalladas relativas al tratamiento de los niños y niñas víctimas.

La amplitud de las obligaciones ha sido enfatizada por el Comité de los Derechos del Niño (CoDN). El Comité ha identificado en los artículo 2º ,3º, 6º  y 12º  como los que establecen los principios generales. En concordancia con el artículo 2 todos los derechos incluidos en la Convención están a disposición de todos los niños y las niñas sin discriminación alguna,  y se exige a los Estados Parte adoptar todas las medidas que sean apropiadas para proteger a los niños y niñas contra la discriminación.

Aunado a lo anterior el interés superior del niño debe ser una consideración primaria en todas las acciones relativas a los niños y niñas. Siendo así, a todo ente público y privado, tribunal y autoridad administrativa se le exige considerar el impacto de sus acciones en los niños y niñas para asegurar que el interés superior del niño sea considerado de manera correcta (Artículo 3). “(…) la interpretación de lo que se entiende por este principio debe ser compatible con toda la Convención, incluidos la obligación de proteger a los niños contra toda forma de violencia...”4

En México, actualmente la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ratifica este compromiso y establece la obligación de los tutores (Artículo 11) y del Estado (Artículo 13) por velar el cumplimiento de este derecho.

Algunas investigaciones en la materia señalan que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Las cuales, van des de riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, deserción escolar, discriminación, entre otras.

El pasado 29 de septiembre de 2014, fue aprobada en este Senado de la República el decreto que expide la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto fundamental es:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes  que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Aunado a ello, se incluyó en el artículo 47 de esta nueva ley, que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la trata de personas menores de 18 años de edad, el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de la Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad con la finalidad de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Gobernación se realice una estrategia integral de prevención, atención y protección del abuso sexual y otras formas de violencia de la que son víctimas  niñas,  niños y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2014.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

1 Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/28/solo-nueve-estados-violacion-ninos-delito-grave

2 Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, Nueva York. EEUU., 20 de noviembre de 1989, Ratificación: 21 de septiembre de 1990; vigor en México: 21 de octubre de 1990. Entró en vigor internacional el 2 de septiembre de 1990, un mes antes que en México, pues fue firmada por éste el 26 de enero 1990 y ratificada nueve meses después el 21 de septiembre de 1990, una vez ratificada fue aprobada por el Senado el 19 de junio de 1990, según publicación en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.

3 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de os Niños en la Pornografía. ONU, Nueva York, EE UU. 25 de mayo de 2000. Entró en vigor el 18 de febrero de 2002, México lo firmó el 7 de septiembre de 2000, lo ratificó dos años después. El decreto de promulgación se publicó en el DOF el 22 de abril de 2002.

4 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 8






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, a realizar las modificaciones pertinentes a los convenios para la federalización de los servicios de educación profesional técnica, que garanticen la calidad de la educación de la totalidad de los alumnos y los derechos de los profesores. Se turna a la Comisión de Educación.








Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se etiqueten recursos federales al estado de Yucatán, para concluir la construcción del hospital de segundo nivel de Tekax. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas acciones para garantizar la seguridad y salud de los habitantes y trabajadores de las zonas mineras y coadyuvar a resolver las demandas de los trabajadores mineros. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER DIVERSAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LAS ZONAS MINERAS Y COADYUVAR A RESOLVER LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES MINEROS.

“El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108  numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 19 de febrero de 2006 es una fecha que no hay que olvidar, en la mina 8 de Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, ocurrió una explosión de gas metano que cobró la vida de 65 mineros mexicanos. Y no hay que olvidar esa fecha, porque esa explosión fue resultado de una política de abuso hacía los trabajadores por parte de la compañía Grupo México. Un crimen monumental que sigue impune.

Es importante destacar, que días antes a dicha explosión, el gobierno de Vicente Fox comenzó una ofensiva en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero) y sus dirigentes. El 14 de febrero de aquel año, es decir, cinco días antes, resultó electo como vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Minero.

Dos días después, el secretario del Trabajo en turno, Francisco Javier Salazar Sáenz, anuló la elección y determinó que el presidente en funciones continuaría en su cargo hasta diciembre de ese mismo año de 2006, violando los estatutos del Congreso del Trabajo y la libertad sindical. Asimismo, el gobierno federal ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del Sindicato Minero.

Al día siguiente un grupo de personas asaltaron las oficinas del Sindicato Minero, robando documentación y bienes personales de la dirigencia sindical.

El 28 de febrero, Francisco Salazar en su calidad de Secretario de Trabajo, informó que fue destituido Napoleón Gómez y en su lugar había sido nombrado Elías Morales. Esta declaración se basaba en la presunta destitución por dos miembros del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato minero; sin embargo, posteriormente la Procuraduría General de la República comprobó que las firmas de uno de los sindicalistas habían sido falsificadas.

Como respuesta a esos ataques en contra de la libertad sindical, en marzo de 2006 la industria minera a nivel nacional se paralizó al suspender labores de manera simultánea cerca de 250 mil trabajadores mineros y metalúrgicos, pertenecientes a 70 empresas, que se pronunciaron en contra de la destitución de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general, siendo el 18 de marzo ratificado unánimemente en su Convención Nacional.

El embate en contra del Sindicato Minero por parte del entonces gobierno federal y su aliado Grupo México, tuvo muchos frentes y ha quedado claramente detallado en gran cantidad de procesos judiciales que se han abierto al respecto, entre los que destacan encarcelamientos por consigna como el de Juan Linares Montufar, detenido el 2 de diciembre de 2008 y liberado tres años después, el 24 de febrero de 2011.

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, así lo afirmó a medios de comunicación una vez pasadas las elecciones de 2006.

Sin embargo, todos estos ataques han ocultado la verdadera lucha de los trabajadores mineros. Lucha que ha seguido costando muchas vidas mexicanas, porque algunas empresas mineras como Grupo México, se han negado sistemáticamente a cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo al no garantizar ni preocuparse por cumplir con las Condiciones de Seguridad e Higiene de los trabajadores.

Desde el funesto suceso de Pasta de Conchos hasta estos días han ocurrido por lo menos los siguientes eventos donde se han perdido vidas o trabajadores han resultado lesionados:

30 de julio de 2009. En el Pocito Boker hubo un siniestro y quedaron atrapados dos mineros; el 6 de agosto se rescató con vida a Plutarco, lamentablemente su compañero Ramón murió. El ingeniero responsable del mismo no estaba en la nómina de la empresa concesionaria, sino de la Unión Nacional de Productores de Carbón, organización que entre otras actividades, se dedica a “proporcionar” ingenieros para simular la legalidad, a través de proveer “paquetes de inspecciones” y que las empresas puedan evitar multas.

7 de agosto de 2009. Dos mineros resultaron muertos en Coahuila por falta de seguridad industrial en la mina “Lulú” del municipio de Escobedo. Se derrumbaron paredes y techos de la mina. Fallecieron los trabajadores Alfredo Ríos Ramírez y Alfredo Soto Torres.

11 de septiembre de 2009. Murió otro trabajador en el Pocito “Ferber”; no se ha reparado el daño a la familia ni se cubrieron los gastos del funeral. Los dueños de la mina operan a través de una empresa terciaria llamada Minera Zeba y con esa licencia abrieron otros pocitos en los poblados de Agujita y Cloete.

28 de septiembre de 2009. En Charcas, San Luis Potosí, fallece otro trabajador minero en una mina propiedad de Grupo México. A la falta de cumplimiento estricto en las condiciones de seguridad e higiene se le atribuyen este percance.

4 de octubre de 2009. En la zona carbonífera de Coahuila, concretamente en San Juan Sabinas y en Barroterán mueren otros dos trabajadores mineros; una vez más, la falta de condiciones de seguridad e higiene son la razón atribuida a este percance.

25 de abril de 2010. Un trabajador de la sección 11 del Sindicato Minero en Santa Bárbara, Chihuahua muere. La empresa que opera la mina es Grupo México.

20 de mayo de 2010. Jesús Anaya fallece y uno de sus compañeros queda incapacitado al laborar en el Pocito Vertical 4. No se ha indemnizado a la familia de Anaya ni al trabajador lesionado. El Pocito sigue en funciones.

16 de julio de 2010. Accidente grave en Cananea, Sonora como consecuencia de que la Policía Federal tomó las instalaciones en junio de ese mismo año; un trabajador “contratista” o outsourcing, resultó herido, pero las autoridades ocultaron su estado de salud. Suman ya con éste 20 percances por falta de seguridad e higiene desde la ocupación de la mina, es decir, en poco más de un mes.

30 de julio de 2010. Hasta el 5 de agosto, es decir, seis días después se dio a conocer que dos mineros murieron en el Pocito “La Florida” en Múzquiz, Coahuila por inundación de la mina de carbón. Se salvaron 12, pero dos quedaron atrapados.

11 de octubre de 2010. Siete policías federales que se encontraban resguardando la mina de Cananea en Sonora, se precipitaron con todo y vehículo en dos represos, llenos de ácido sulfúrico; uno de ellos murió debido a las grandes heridas y quemaduras que sufrió.

13 de noviembre de 2010. Fallece en Fresnillo, Zacatecas, un trabajador en una mina de Grupo Peñoles.

2 de febrero de 2011. Nuevamente en la mina de carbón “Lulú”, en el municipio de Escobedo, fallecieron los trabajadores Juan Manuel Gómez Gaitán y Daniel Vaquera Contreras. La concesión está a cargo de la Compañía Minera: Siderúrgica de Coahuila, S.A.

Resulta innecesario continuar la relatoría de los casos en los que la vida de los trabajadores mineros ha sido expuesta, por la indiferencia de empresas mineras, como Grupo México.

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, permitieron este tipo de violaciones, lo que trajo consigo que nuestro país incumpliera con sus compromisos internacionales, incumplimiento por ejemplo, al Convenio 87 de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado desde 1950 por México; así lo señaló desde marzo de 2006 la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM).

Asimismo no es posible olvidar que el 17 de enero de 2008, Un equipo independiente conformado por profesionales de la Salud y Seguridad Pública de los países convergentes en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el cual visitó la mina de Cananea en 2007, rindió un informe documentando más de 220 violaciones a las normas en materia de seguridad e higiene en dicha mina, que nunca habían sido atendidas por la empresa ni fiscalizadas por el gobierno federal.

Un hecho aún más grave, es que se han suscitado al menos quince eventos desde 2006, en los cuales los trabajadores han sufrido todo tipo de represión y muerte de compañeros a manos de cuerpos represivos oficiales e ilegales, la lista es también muy larga, destacando las tomas ilegales de la mina de Cananea en Sonora para devolverle el control de la mina a Grupo México.

La persecución política y judicial tampoco se ha quedado atrás. En agosto de 2008, más de 50 dirigentes y 37 agrupaciones de 18 países de América y Europa agrupados en la FITIM, decidieron convocar a un Tribunal Internacional para enjuiciar moralmente al gobierno de México por su descarada persecución política contra los mineros mexicanos, muchos de ellos encarcelados.

En contraste las ganancias de las mineras son exorbitantes. Por ejemplo, la producción en 2006 de la mina de Taxco, alcanzó una cifra de:

● 14,346 toneladas de Zinc

● 995,000 onzas de plata

● 2,119 de plomo

Ascendiendo sus ventas a 42 millones de dólares, logradas gracias al esfuerzo de 406 trabajadores y 59 empleados.

En 2013, Grupo México captó al menos 15,320 millones sólo en el primer semestre del año, y a pesar de la caída de precios superó sus ganancias en 4.6%.

Pero los mineros, gremio tradicional de lucha no han dejado la batalla, el 30 de julio de 2007, se estalla la huelga simultáneamente en tres minas, Cananea en Sonora, Sombrerete en Zacatecas y Taxco en Guerrero. Es decir, dichas luchas llevan más de siete años de haber sino iniciadas.

El conflicto surgió por las siguientes causas específicas:

1. Desconocimiento a la representación sindical por parte de las autoridades federales, violando la autonomía sindical y el convenio 87 de la OIT.

2. Falta de Seguridad e Higiene.

A. Mantenimiento adecuado de equipo y reducción de contaminación ambiental

3. Revisión contractual anual de Ley

Causas que sin duda siguen vigentes; como olvidar que el pasado miércoles 6 de agosto ocurrió un derrame de uno de los llamados “represos de jales” que contenían entre otras sustancias, ácido sulfúrico;  aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado fueron derramados desde la mina y escurrieron hasta llegar a los afluentes del río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora, afectando con ello además de Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.

El derrame de químicos que provino de una mina de Grupo México provocó la muerte de diversos animales silvestres, ganado y la suspensión del suministro de agua a una población afectando a una población de al menos 22 mil personas.

Y ayer nuevamente se dio a conocer que existe una nueva filtración de contaminantes hacia los ríos.

Esto además no es un hecho aislado, con base en las denuncias realizadas por los trabajadores de la sección 17 de la mina en huelga, en distintos puntos en donde minas concesionadas a Grupo México presuntamente ocasionan derrames tóxicos en las aguas del municipio de Taxco, Guerrero.

El pasado 19 de septiembre, el secretario de la sección 17, Roberto Hernández Mojica, denunció que los derrames ocasionados por Grupo México en el municipio de Taxco no son nuevos. Hernández Mojica señaló que los derrames en Taxco anteceden a aquellos ocurridos en los ríos del estado de Sonora. Prueba de esta acusación son los jales mineros existentes en la región de La Cañada, mismos que muestran un gran deterioro que se ha estado manifestando daños a la salud de la población a consecuencia de los tóxicos arrojados al agua de la región. El mismo secretario también informa sobre los esfuerzos que el sindicato  ha realizado para solicitar la cancelación de la concesión a Grupo México en el área, sin resultado alguno.

Ante esta situación, el 22 de septiembre del presente año, dichos trabajadores denunciaron ante medios de comunicación la existencia de un derrame de agua que contiene elementos tóxicos provenientes de una presa interna de la bocamina de la Unidad del Solar 1 en la comunidad de Xochula en Taxco. Dijeron que para poder ingresar a esta área es necesario una caminata a través de jales de desechos mineros, bosque y del mismo río en donde se vierten los desechos. También se denunció un derrame que desemboca en el río Cacalotenango, proveniente de la mina La Concha, en la comunidad de El Frayle. Este derrame ya ha producido enfermedades y contaminación en la zona.

Hace más de un mes, el 20 de agosto, el Congreso en conjunto aprobó un Punto de Acuerdo solicitando la cancelación de la concesión de la mina de Cananea a Grupo México; Asimismo, el gobierno federal actual a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional del Agua, ha denunciado la culpabilidad de Grupo México; sin embargo sigue trabajando.

No es posible que se les permita seguir lucrando de esa manera, prácticamente sin pagar impuestos, y que no se les exija cumplir sus responsabilidades con los trabajadores, el medio ambiente y la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a que dentro del marco de sus atribuciones  realicen las visitas a todas las instalaciones de la empresa Industrial Minera México, parte de Grupo México, a fin de verificar el cumplimiento de su autorización en materia de impacto ambiental en el municipio de Taxco en el estado de Guerrero. En caso de encontrar irregularidades, se proceda a fincar responsabilidades.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que continúe facilitando los trabajos de negociación que hasta ahora ha realizado a favor de los trabajadores mineros de los trabajadores mineros en huelga de Taxco, Guerrero, Sombrerete, Zacatecas y Cananea en Sonora, con el fin de poner fin a una huelga que por siete años ha venido lastimando a los pobladores de la región.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT), se realicen las diligencias conducentes para la suspensión inmediata de los trabajos de la Mina de Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca las acciones necesarias para sea aplicada a cabalidad la normativa vigente y se analice la procedencia del artículo 172 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente a la empresa.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo, establezca un programa de trabajo expedito, con el propósito de verificar y garantizar a cabalidad el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de los trabajadores vigentes en sus contratos colectivos del total del sector minero en toda la República Mexicana.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita un incremento presupuestal para la protección de la vida silvestre. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE

“Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina, al contar con 5 tipos de ecosistemas terrestres, 9 de los 11 tipos de hábitats terrestres (82%, mundial) y 51 de las 191 regiones identificadas. A pesar de ocupar sólo 1.4% de la superficie terrestre, nuestro territorio alberga entre el 10 y 12% de las especies del planeta, lo que nos convierte en uno en el mundo como uno de los de mayor diversidad biológica del mundo, como resultado de nuestra privilegiada posición geográfica, la variedad de climas y su compleja topografía, permite la coexistencia de una cantidad de ecosistemas y especies.

La creación de la Ley General de Vida Silvestre, estableció un mandato a la Federación en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, una de las direcciones estratégicas para el cumplimiento de dicha responsabilidad es la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), una instancia creada para conservar la vida silvestre  y la biodiversidad1. Sin embargo, actualmente la falta de recursos y personal supera ampliamente sus capacidades para cumplir dichas funciones.

La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad promulgados en el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992, fecha posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de la Biodiversidad. Con esta misma intención, el año 2010 fue declarado Año Internacional de la Diversidad Biológica por la 61ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, coincidiendo con la fecha del Objetivo Biodiversidad 2010.

Una proporción significativa de los ecosistemas del planeta ha sido transformada o muestra señales de deterioro como resultado de las actividades humanas. Estos cambios han repercutido inevitablemente en el estado de su biodiversidad, sobre todo en los últimos 50 años, cuando la intensidad de estas actividades se ha incrementado y puesto a muchos grupos y especies en situaciones verdaderamente críticas. Esto ha sido consecuencia de la mayor demanda de espacio, alimento, agua dulce y energía que requieren las sociedades modernas. Actualmente, se reconoce que las principales amenazas a la biodiversidad, tanto en México como en el mundo, son el cambio de uso del suelo (impulsado principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria y urbana), el crecimiento de la infraestructura (construcción de carreteras, redes eléctricas y represas), los incendios forestales, la sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras, la contaminación, el aprovechamiento ilegal y el cambio climático.

Adicionalmente, se presenta el fenómeno del impacto de las especies invasoras se ha considerado en los últimos años como una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad a nivel global. Las especies invasoras afectan a las especies nativas de flora y fauna a través de la competencia, depredación, transmisión de enfermedades, modificación del hábitat y cambios en el funcionamiento de los ecosistemas. En circunstancias particulares, puede ocurrir hibridación con las especies nativas, alterando su acervo genético y, en los casos más graves, producir la disminución de la biodiversidad de los ecosistemas al provocar la extinción de sus especies nativas.

Las vías de introducción de las especies invasoras a los ecosistemas pueden ser: 1) las relacionadas con el sector transporte (tanto por los objetos transportados como por los medios de transporte en sí mismos), que incluye equipo y vehículos militares, productos utilizados para el embalaje y envíos, transporte por parte de empresas que realizan actividades turísticas y movimiento de animales por motivos recreativos, entre otros; 2) el comercio, por los productos animales o vegetales para consumo humano, las plantas acuáticas y terrestres para agricultura, jardinería, horticultura o investigación, entre otros; 3) otras actividades humanas como la deforestación, apertura de carreteras, minería, cambio de uso del suelo, control biológico y la unión de cuerpos de agua previamente aislados; y 4) por fenómenos naturales como corrientes marinas, vientos, fenómenos climáticos extremos (como huracanes e inundaciones) y otros medios naturales para los cuales las especies tienen las adaptaciones morfológicas o conductuales particulares. En nuestro país, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) se encarga del Sistema de Información sobre Especies Invasoras en México (SIEIM), el cual enlista las 357 especies invasoras establecidas en el país además también ofrece un diagnóstico sobre la situación nacional respecto a esta problemática.

El aprovechamiento ilegal de especímenes de la vida silvestre es una actividad que amenaza a la biodiversidad. Además de la cacería furtiva, el aprovechamiento ilegal incluye también la captura, colecta, transporte y comercio no autorizado de ejemplares de la vida silvestre. A nivel de las poblaciones de las especies afectadas, las principales consecuencias por esta actividad son las alteraciones en los tamaños y estructuras poblacionales, en el número relativo de hembras y machos, en su potencial y características reproductivas, en su composición genética y en las repercusiones en el flujo y la dinámica de las cadenas tróficas de las comunidades de las que forman parte.

Se estima que el aprovechamiento ilegal de la biodiversidad genera ganancias que globalmente pueden alcanzar los 20 mil millones de dólares al año, con serios impactos para los ecosistemas y la economía de muchos países. Como resultado de las acciones para combatir esta actividad en México, entre los años 2001 y 2011, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) llevó a cabo el decomiso de 28,266 ejemplares de fauna silvestre. Es importante mencionar que estos datos representan tan solo el tráfico mínimo detectable, debido a que es muy difícil conocer el volumen total real de ejemplares que se trafican ilegalmente dentro y fuera de las fronteras del país.Existen un aproximado de 108,519 especies descritas en México, de las cuales 2,556 están en peligro de extinción, de acuerdo con la CONABIO.

La norma 059 emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) describe tres categorías de riesgo para las especies:

- En peligro de extinción, 475 especies,

- Amenazadas, 896 especies, y

- Sujetos a Protección Especial, 1,185 especies.

De entre los ejemplares considerados en peligro de extinción podemos encontrar el jaguar, la tortuga caguama, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el oso negro, la vaquita marina, el manatí de las Antillas, el lobo mexicano, el conejo de los volcanes, el tapir entre otros.

Según datos de la CONABIO y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las ya mencionadas especies tienen algunas de las poblaciones con el menor número de ejemplares en México, que van desde los 20 hasta los 12,000 aproximadamente.

Los estados que guardan a estas especies en peligro de desaparecer son la Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Jalisco, Yucatán, Durango, Tamaulipas y Coahuila.

Estudios realizados en 2010 por la Alianza para Extinción Cero (AZE), reportaron la localización de 587 sitios en el mundo con una concentración de 920 especies en peligro de extinción, se demostró que México es el país con más lugares críticos a nivel mundial. Dentro del mismo estudio, el estado de Oaxaca ocupó el primer lugar con mayor cantidad de sitios con especies en peligro de extinción en el país. La WWF señala que México es considerado uno de los países con mayor diversidad de especies, ya que cuenta con casi el 70% de la pluralidad mundial y muchas de ellas no se encuentran en otros países.

La protección de la biodiversidad es un obligación del Estado Mexicano asumido frente a la humanidad y una responsabilidad con nuestros hijos y descendientes,  ante la inminente sobrecarga de la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, considero de la mayor importancia que dentro de la discusión de la Ley de Egresos de la Federación 2015, solicitar un incremento del 25% al presupuesto destinado a la protección, conservación de la vida silvestre y en sí, la biodiversidad como una patrimonio de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio correspondiente al año 2015, contemple un incremento presupuestal de25 por ciento en términos reales al ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de fortalecer las funciones de  protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el territorio nacional de la Dirección General de Vida Silvestre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre del 2014.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.

1 La biodiversidad se entiende como según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano.





Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integran en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo aniversario de la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814.

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL DUCENTESIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN, PROMULGADA EL 22 DE OCTUBRE DE 1814

“En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el ducentésimo aniversario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, documento base del constitucionalismo nacional y primer texto en otorgar la categoría de ciudadanos a todos los gobernados. 

A pesar de que nunca entró en vigor en todo el territorio nacional, por la naturaleza de cada uno de sus postulados que denotan ideales y aspiraciones de libertad e igualdad, fue determinante para la institucionalización de la independencia de México, situación que en gran medida fue posible gracias al liderazgo de José María Morelos y Pavón, célebre michoacano que logró reunir a los grupos dispersos que habían emprendido la guerra de liberación. 

Sin duda, se trata de un documento adelantado a su época, prueba de ello es que a partir del pensamiento socio-liberal, en 242 artículos, divididos en dos apartados: I. Principios y elementos constitucionales –carácter dogmático-; y II. Forma de Gobierno –naturaleza orgánica-, estableció los elementos que posteriormente definirían al estado mexicano, destacando la soberanía popular, y derechos humanos de igualdad, propiedad, y libertad. Asimismo, estableció la prohibición de la esclavitud, la eliminación de castas y la división de poderes.

En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza del contexto en que surgió este documento, el cual tuvo como principal objetivo proteger los derechos de los mexicanos a través de límites a las arbitrariedades, excesos e injusticias que prevalecían en aquella época.

En 1811, con las aprehensiones de Miguel Hidalgo y otros caudillos, la causa insurgente se había debilitado, empero bajo el mando del General José María Morelos y Pavón se mantuvo vivo el anhelo de formar una nación con leyes, administración y representación propia. De esta manera, en agosto de ese mismo año, se llevó a cabo la Organización de la Suprema Junta Nacional de América en Zitácuaro, donde se reunieron los principales líderes insurgentes para establecer propuestas que permitieran alcanzar los objetivos de la causa liberal.

En estas discusiones se presentaron los “Elementos Constitucionales”, de Ignacio López Rayón, y aunque sus planteamientos convencieron a la mayoría de los insurgentes, éstos consideraban que se debía tomar en cuenta la postura de todas las provincias. Ante este panorama, José María Morelos y Pavón, Carlos María de Bustamante y Vicente Santa María, propusieron la integración de un Congreso que reuniera a representantes de todas las provincias.

En consecuencia, el 13 de septiembre de 1813 se instaló el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, el cual estuvo integrado por ilustres mexicanos como López Rayó, José Sixto Verduzco, José María Liceaga, Carlos María de Bustamante y Andrés Quintana Roo, entre otros.

Debido a que en 1814, la presión de las fuerzas realistas incrementó considerablemente, el Congreso tuvo que trasladarse a distintas sedes, hasta que se instaló en Apatzingán, donde se llevó a cabo la redacción de la Constitución, acción a cargo de Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel de Herrera.

De esta manera, el 22 de octubre de 1814 bajo un proceso legislativo acelerado, en un mismo día se sancionó y aprobó con el nombre oficial de “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, mismo que tuvo aplicación sólo en las provincias dominadas por los insurgentes, por lo que en 1817, sus preceptos se habían extinguido.

La historia nos indica que por su carácter republicano, la Constitución de 1814 fue determinante para las Constituciones de 1824, 1857 y 1917, por eso a doscientos años de su  promulgación, los legisladores del PRI, además de celebrar un aniversario más de su promulgación, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las instituciones, la división de poderes y el pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, al mirar en retrospectiva y contrastar el contexto del México de aquella época con el actual, vemos con orgullo que si bien subsisten grandes retos, a través del tiempo hemos conseguido importantes logros, materializando los anhelos vertidos en el Congreso de Anáhuac”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

“Día Internacional contra el cáncer de mama

19 de Octubre

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

Uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el de seno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa. Actualmente, la incidencia de este tipo de cáncer es similar en países desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muertes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad. En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2012, se detectó esta neoplasia en más de 408 mil mujeres y se estima que para 2030, se elevará un 46 por ciento (OMS, 2014c; OPS, 2014).

Considerando que este cáncer se puede detectar fácilmente en etapas tempranas y así favorecer un tratamiento, es importante promover la autoexploración mamaria, primer paso para la toma de conciencia de la enfermedad; por ello a nivel mundial, octubre es el Mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y el 19 de dicho mes el Día Internacional contra el cáncer de mama. 

En nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, se deben contemplar tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.

En 2012, el cáncer de mama fue la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más (19.4%) y en las mujeres tres de cada 10 son hospitalizadas por esta causa, en tanto que en los varones representa apenas 1.2 por ciento.

Esta enfermedad no es exclusiva de las mujeres, aunque les afecta más a ellas, debido a sus características biológicas y fisiológicas. Por eso, es importante sensibilizar a toda la población para su identificación temprana, porque el retraso en el diagnóstico adecuado impacta en la sobrevivencia de la persona; los varones generalmente llegan a consulta con cáncer en estadios III o IV, dificultando o imposibilitando el tratamiento terapéutico.

El cáncer de mama, es uno de los cánceres que junto con el cervicouterino, el bucal y el colorrectal tienen tasas de curación elevadas cuando se detectan de forma temprana y se tratan adecuadamente, por tal motivo, un diagnóstico de cáncer de mama no debe significar una sentencia de muerte.

Finalmente, cabe destacar que existen factores de riesgo como la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo que pueden ser modificables por medio del ejercicio, la ingesta de una dieta adecuada, y el control del consumo de las sustancia mencionadas, así como la promoción de la lactancia materna que a largo plazo pueden disminuir la incidencia de cáncer de mama (OMS, 2014b).

Atentamente,

Martes 21 de Octubre de 2014

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. Francisco Salvador Lopez Brito”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 23 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 18:07 horas)

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DIARIO DE LOS DEBATES

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